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Capítulo V Y en Salud… sólo “camaradas”

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sólo “camaradas”

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En marzo de 2004, el ministro de Salud delgobierno del presidente Chávez, RogerCapella, equiparó el evento de firmar pa-ra solicitar el referéndum revocatoriopresidencial con un acto de terrorismo.

Basado en aquella afirmación, consideró justo yapropiado anunciar formalmente el despido masi-vo de los médicos que habían participado en ElReafirmazo, como si no estuviesen amparados porla misma constitución del país. En palabras del pro-pio funcionario:

“quienes hayan firmado contra el presidenteChávez serán despedidos porque se trata de unacto de terrorismo”

“ejecutarán acciones para salir del personalacreditado en centros e instituciones hospitalariasque haya estampado su rúbrica en el denominadoReafirmazo”48

En esa oportunidad, el ministro Capella señalóque el gobierno no podía permitir que los hospi-tales venezolanos estuviesen “llenos de de cons-piradores y terroristas” y que, por lo tanto, losúnicos médicos que prestarían servicios en lasinstituciones hospitalarias del país serían gale-nos “camaradas” comprometidos con el procesorevolucionario49.

Como una forma de justificar la medida, el titu-lar del despacho de Salud indicó que, “seguramen-te”, el presidente de Estados Unidos despediría dela NASA a cualquiera que firmara en contra de él.

Sus palabras textuales fueron: “El terrorismo notiene derecho de conspirar en ninguna parte delmundo. Pregúntese usted si un norteamericanoque trabaje en la NASA puede firmar contra el pre-sidente Bush y seguir en su puesto”. Estas decla-raciones a los medios de comunicación fueron he-chas el 19 de marzo de 2004.

Esto trajo como consecuencia la respuesta inme-diata y formal por parte de quien era el embajadorde Estados Unidos en Venezuela en aquel momen-to, Charles Shapiro. En la correspondencia, que setranscribe al final del presente capítulo, el diplo-mático expresa su sorpresa por semejante compa-ración. Entre otros aspectos, señaló lo siguiente:

“Todo ciudadano estadounidense, incluyendo alos empleados públicos, tiene el derecho constitu-cional de expresar sus ideas. En los EstadosUnidos existe por ley, una demarcación bien visi-ble entre el desempeño de un empleado público ysu orientación política. Un empleado público escontratado para estar al servicio de las políticasdel Estado y no a las del gobierno de turno, lo quegarantiza la continuidad y la responsabilidad den-tro de cualquier organismo de la administraciónpública”.

La respuesta del gobierno estadounidense enpalabras de su embajador demuestra el deseo dedistanciarse de la política de despidos masivospor razones de inclinación política realizada porel gobierno venezolano, puesta en evidencia porlas declaraciones del ministro de Salud.

48. Yolanda Ojeda Reyes, “Roger Capella confirma despidos en la administración pública por razones políticas” ElUniversal, marzo 21, 2004.

49. “Ministro de Salud anunció despido de médicos que firmaron”, El Nacional, marzo 20, 2004.

“quienes hayan firmado contra el presidente Chávez serán despedidos porque se trata de un acto de terrorismo”

Roger CapellaEx ministro de Salud y Desarrollo Social

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Reacciones

El haber comparado un acto cons-titucional con una acción terroristatuvo consecuencias inmediatas. Poruna parte, los gremios médicos or-ganizados reaccionaron de maneracategórica en rechazo a las declara-ciones del ministro. Pero, por otraparte, tales afirmaciones sirvieronpara comprender la verdaderarazón de varias acciones del gobier-no que, hasta ese momento, no te-nían explicación para el gremio mé-dico: los firmantes estaban siendodiscriminados.

El vicepresidente del Colegio de Médicos delDistrito Metropolitano, Rafael Ramos, dijo que lamedida anunciada por Capella era un exabrupto.Advirtió: “No pienso entrar en controversiani con el ministro ni con el Gobierno, pero debe-mos respetar el derecho a disentir (…) No todostienen que pensar igual que yo, tenemos querespetarnos”.50

Por su parte, el presidente de la FederaciónMédica Venezolana, Douglas León Natera, acusó aRoger Capella de intentar violar la Constitución,la Ley del Trabajo y la contratación colectiva delos médicos de la administración pública.Asimismo, quiso recordarle al ministro que losmédicos del país obtienen sus puestos por con-curso, pertenecen al sistema de carrera adminis-trativa y, por último, que todo aquello constituía

una violación al principio de la meritocracia.

Olga Machado, responsable de la Secretaría deAsuntos Laborales de la Federación MédicaVenezolana, también reconoció y rechazó la pre-sión que se estaba ejerciendo en contra de los pro-fesionales del sector. En declaraciones a la prensapublicadas el 22 de marzo de 2004, ella expresósu preocupación y en particular por quienes tení-an cargos de confianza o aquellos que prestabansus servicios como contratados. En su opinión, se-rían estos “los más vulnerables a ser destituidosde sus cargos”.

Sin embargo, en el sector de la salud la cifra decontratados no es nada desdeñable y es que lasinstituciones encontraron en esa figura una for-ma de evitar el contrato colectivo. Según

“Un traidor no puede estar en un cargo de confianza y este Estado tiene una política y una correspondencia con el Gobierno que tiene, donde no hay espacio para los traidores. Los que hayan firmado están botados”

Roger CapellaEx ministro de Salud y Desarrollo Social, marzo 20, 2004

50. Nadia Pérez, “Gremios rechazan despidos de médicos de Min-Salud”, El Nacional, marzo 22, 2004.

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Machado, esa irregularidad se había convertidoen una práctica normal que atentaba contra losderechos de los trabajadores. Los médicos, en-fermeras y demás asalariados terminaban consueldos inferiores a los establecidos en las nego-ciaciones gremiales.

Ya se tornaban más claras las verdaderas inten-ciones detrás de ciertos “descuidos” de la admi-nistración en los hospitales. Por ejemplo, en el es-tado Falcón, en el occidente de Venezuela51, algu-nos médicos no entendían por qué tenían tres me-ses sin pagarles. Luego de las declaraciones delministro Capella comenzaron a investigar y final-mente encontraron que estaban siendo discrimi-nados por haber firmado en favor del referéndumpresidencial. En efecto, sus nombres habían sidoborrados de la nómina de pago y de los puntos decuenta. En otras palabras, se le estaban violandosus derechos por opinar distinto al gobierno y elministro, la autoridad más alta del sistema de sa-lud, lo había anunciado como política de Estado.

Representantes de la Federación MédicaVenezolana y del Colegio de Médicos del estadoMiranda respaldaron a través de un comunicadopúblico a 14 médicos residentes despedidos delHospital Pérez de León, quienes argumentaronque la decisión obedecía a razones políticas.

En el Hospital San Luis y de los Silos de San Luisde Cariagua, estado Falcón, botaron a 27 trabaja-dores. Entre los despedidos figuran 9 auxiliaresde enfermería, 5 choferes, 2 médicos veterinarios,1 médico de salud pública III y 1 odontólogo.

Pero más allá de la discriminación implícita en elpropio despido o la negación del sueldo, los pro-fesionales de la medicina también vieron cercena-das sus oportunidades de formación profesional yascenso. 14 médicos que ganaron concursos paraestudiar posgrados en la Universidad Francisco deMiranda denunciaron haber sido sacados de la lis-ta del Hospital General de Coro, estado Falcón,por haber firmado a favor del referéndum revoca-torio contra el presidente Hugo Chávez. Sólo losque estamparon su rúbrica fueron sacados, deacuerdo con la información. No podía ser casuali-dad y mucho menos después de haber escuchadoal ministro.

Al conocer las declaraciones de Roger Capella, elpresidente de la Sociedad de Médicos Residentesdel centro asistencial, Leonardo Fernández, dijo:“Ante esa evidencia no queda más nada que agre-gar. Está claro que se perdieron las libertades ysólo se sigue la línea de la administración central”.

Todo ello motivó al Sindicato Nacional deTrabajadores de la Salud y a las federacionesMédica y de Obreros de la Salud a presentar unadenuncia por discriminación laboral ante laOrganización de Estados Americanos, la cual fueentregada el miércoles 24 de marzo de 2004.

Llega la discriminación al hospital de Amparo y Cruz

A continuación se presenta el relato de lo vividopor dos enfermeras en un hospital venezolano, enmarzo de 2004. Una había firmado y la otra no.Los nombres de los funcionarios involucrados han

51. Eva Riera, “Médicos en Falcón denuncian represalias por participar en El Reafirmazo”, El Nacional, marzo 27, 2004.

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sido suprimidos para evitarles posterioresrepresalias. Estaban Cruz y Amparo deguardia en un hospital del estado Falcóncuando llegó un niño de 12 años herido denavaja.

Amparo, quien nos relata su testimonioluego de ser despedida por haber firmadocontra el revocatorio presidencial, recuerdala última noche que trabajó como enfermera:

“Me sentí muy deprimida esa noche, y lecomenté a mi compañera Cruz que a pe-sar de que yo había votado por Chávezahora estaba arrepentida porque desde lapresidencia él estaba incitando cada vezmás violencia, y yo tenía que ver las terri-bles consecuencias de ello en mi trabajo.Yo no veo revolución, yo veo guerra quees muy distinto”.

En Barquisimeto, el 20 de febrero de 2003en la concentración popular con motivo delDía de la Federación, había dicho “Nosotrostenemos moral, ellos no tienen moral; no-sotros tenemos bandera, a ellos les quedagrande la bandera, no tienen bandera; nosotrostenemos patria, nosotros tenemos sueños, no-sotros tenemos amor, ellos tienen odio, y el amorse impone sobre el odio. Dios anda con nosotrosporque éste es el camino de Dios, el camino de laredención de los pueblos”.

Amparo recordaba también lo que había dichoel ministro de Salud Roger Capella: “Los únicosmédicos que laborarán en las instituciones hospi-talarias del país serán galenos camaradas com-prometidos con el proceso revolucionario. Los

médicos del país tienen que quitarse la corbata yel flux, para ponerse la bata y salir a luchar por losintereses del régimen y la revolución. El próximopaso será revertir el proceso de descentralizaciónde los hospitales”.

“El terrorismo no tiene derecho de conspirar enninguna parte del mundo. Pregúntese usted si unnorteamericano que trabaje en la NASA puedefirmar contra el presidente Bush y seguir en supuesto”.

“…quienes hayan firmado contra el presidente Chávez serán despedidos porque se trata de un acto de terrorismo”

“…se ejecutarán acciones para salir del personal acreditado en centros e instituciones hospitalarias, que haya estampado su rúbrica en el denominado Reafirmazo”

Yolanda Ojeda Reyes, “Roger Capella confirma despidos en la administración pública por razones políticas,”

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“Mi amiga Cruz me dijo en ese momento queiban a botar a todos los que no éramos chavistas.Recuerdo que me dijo que a mí más rápido por-que había firmado. Sus amigos chavistas le habí-an advertido que no firmara porque eso se iba aconvertir en una cacería de brujas.”

“Pero yo sí firme eso era lo que me dictaba miconciencia. Yo voté por él, pero después de cincoaños de gobierno me he dado cuenta de que nome gusta este Presidente porque no tiene mis va-lores y, además, su gobierno ha sido una gran des-ilusión. Los problemas de corrupción, desempleoe inseguridad están peor… y ahora esto, la lista…Ni hablar de la violencia de la Fuerza Armada y,sobre todo, con las mujeres y periodistas.52 Yo fir-mé para que vayamos a un referéndum revocato-rio, tal como lo dice la Constitución. ¿Por qué ten-go que ser perseguida por eso?”

El 6 de marzo de 2004 decenas de miles deopositores habían desbordado la ciudad deCaracas con una multitudinaria marcha que exi-gió libertad para los presos políticos, condenó laviolación de los derechos humanos y defendió elsistema democrático. Amparo recordó las mar-chas del oficialismo y el uso de recursos públicosen ellas: “No creo que sea legal que para las mar-chas del oficialismo utilicen cientos de autobu-

ses de alcaldías y gobernaciones de todo el país.”

Amparo nunca pensó que le llegaría el día enque la despidieran hasta esa misma mañana cuan-do se le acercó el jefe del departamento y le dijo:“¿Cómo le va Amparo? Quería decirle que debepasar por la Dirección antes de irse”.

Amparo recuerda que trabajó todo el día alte-rada, pensó que a lo mejor la habían visto en laúltima marcha, o la habían escuchado quejándo-se de la situación en la sala de emergencias. Unherido había llegado con dos disparos la otramadrugada y mientras intentaba pararle la san-gre, el hombre no dejaba de maldecir al gobier-no. Los chavistas lo habían herido, contó. Ellatrató de consolarlo diciéndole que eso se iba aacabar. Lo que ella había opinado de la “asquero-sa actitud del gobernador Jesús Montilla53, queno era mentira... pero... ¿Y si la escucharon? ¿Y sila grabaron?”

No podía negar el hecho de que había firmado.Se preguntaba también si lo que escuchaba eraparte del resentimiento de los médicos venezola-nos por la gran cantidad de cubanos que habíanllegado al país para integrar la Misión BarrioAdentro.

52. En el informe publicado por Provea en diciembre de 2005 se establece que: “Los funcionarios del Estadomuestran un comportamiento de asesinos, de matar (...) La probabilidad de que un civil muera en un

'enfrentamiento' es de 95,7%, mientras que para un funcionario policial es de 2,5%; ello significa que por cadapolicía mueren 39 civiles en estas circunstancias, proporción que debería ser de 5 a 1, según estándares

internacionales, orientados a garantizar la excepcionalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza”.

53. Jesús Montilla, gobernador del estado Falcón. Según su antecesor Aldo Cermeño, el 12 y 13 de abril de 2002,Montilla reconoció el gobierno transitorio instaurado por el ex presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.

“Pero cuando se dio cuenta de que el presidente Hugo Chávez estaba regresando al Palacio de Miraflores, sedeclaró en rebelión, mandó a allanar a los medios de comunicación social y a detener a los parlamentarios

regionales así como a los dirigentes de los principales partidos políticos de la oposición, entre ellos Copei, AcciónDemocrática y Bandera Roja” . Nota de prensa Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), miércoles 12 de junio de 2002.

“Pusieron una lista en la cartelera de los que firmaron para decir “sabemos quién firmó”. En muchos hay miedo y laspersonas se han retractado. Lo mío fue algo como de película: un día apareció una lista en la cartelera en la que salía-mos todas las personas que habíamos firmado. No sabíamos quién la puso, todavía no lo sabemos. Lo que faltabaera mi foto, salía mi nombre completo, mi dirección y mi huella. Suplente en el departamento de historia médicas,quedé desempleada, diez meses trabajando con dos hijos que mantener. No creo haber hecho mal, todos tenemosuna manera de pensar, como muchas otras personas no estoy de acuerdo y firmé. No es sólo lo que esta pasando enel país, sino en el hospital donde no hay nada... Las personas se han retractado por el mismo miedo de que es mejorquedarse callado porque peligra tu cargo. Ya sabemos que firmaste, ya sabemos quiénes son”.

Margaret Mijares. Hospital Pérez Carreño, suplente IVSS trabajando en el Pérez Carreño. Fuente: Globovisión: Programa 16.05.04 “Despedidos por Firmar”, conducido por Nathalie Salas Guaitero.

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“Ya me lo había dichouna amiga que tenía con-tacto con los cubanos. Elrevocatorio lo permitiríansólo cuando Cuba pudieraayudar al gobierno deChávez y si había que pos-ponerlo, pues buscarían lamanera”.

Un sondeo, realizado en-tre el 12 y el 22 de marzode 2004 por la firma en-cuestadora GreenbergQuinlan Rosner Research, con sede enWashington, mostró que el apoyo de los venezo-lanos al mandatario bajó de 44% a 36% entre losmeses de noviembre y marzo.

“Encontramos que su respaldo ha declinadoaceleradamente desde finales de noviembre y lahistoria, desde entonces, muestra que sus esfuer-zos han sido bloquear el referéndum”, dijo aReuters el vicepresidente asociado de la encuesta-dora, Mark Feierstein54. (Ver cuadro en capítulo II)

El número de venezolanos dispuesto a firmarpor el referéndum era cada vez mayor. Debido alos retrasos que el CNE le había impuesto a esasalida electoral, cualquier ciudadano que no es-tuviera de acuerdo con el régimen había firmadoya cuatro veces, todas oportunidades para crearla lista que fue y sigue siendo usada contra losdisidentes.

Amparo había firmado todas las veces. Pero lecostaba creer que ella misma -con su rúbrica- lehabía dado al gobierno la soga para que le apre-tara el cuello. “¿Será que las enfermeras tambiénvan a ser cubanas, como los médicos de BarrioAdentro? Tanta politiquería y la gente se siguemuriendo como perros vagabundos en estoshospitales”.55

Al final del día, Amparo fue a la Dirección. Sustemores se hicieron realidad. Estaba despedida.

“Estás despedida”. Esas palabras le seguían re-tumbando mientras esperaba en la cola para to-mar el transporte que la llevaría de vuelta a su ca-sa. Recordaba en ese momento las sabias palabrasde monseñor Baltazar Porras:

“El 'si firmas, estás botado' está a la orden deldía en numerosas dependencias públicas a lo lar-

“quienes hayan firmado contra el presidente Chávez” serán despedidos “porque se trata de un acto de terrorismo”

“Conspirar en ninguna parte del mundo es posible, y si usted quiere hágalo y usted verá cómo queda libremente despedida. Yo le propongo a usted que en la NASA firme contra el gobierno de Bush y declare que está conspirando contra el gobierno de Bush y usted verá si continúa o no”

“Firmar contra Chávez es un acto de terrorismo,” El Universal, marzo 21, 2004

54. Félix Carmona, “Encuesta estadounidense revela caída de popularidad de Chávez”, El Universal, abril 3, 2004

55. Cuatro personas murieron por falta de oxígeno en el Hospital Los Magallanes de Catia el 23 de agosto de 2004,según reportó la prensa venezolana. Para el alcalde metropolitano, Juan Barreto, lo que sucedió en ese centro

hospitalario forma parte de un sabotaje de la oposición.

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go y ancho del país. La multiplicación de trabajostemporales con la exigencia explícita de 'no fir-mar' con amenaza de despido o represalias con-tra algún familiar o persona allegada que laboraen oficinas públicas, llegan a los oídos de todoscomo un sordo lamento. Esta práctica se extiendea llamadas, conversaciones, insinuaciones, de lasque, por supuesto, no quedan 'pruebas', en lasque se conmina a dueños o gerentes de empresasprivadas, a contratistas, etc. de que se atenga alas consecuencias.

No existe peor corrupción que la que pretendeprostituir las conciencias.”

Una década trabajando y ahora esto. Recordóque el día en que fue contratada le dijeron quelos cargos por nómina ya estaban copados y quepor eso la emplearían por contrato. De aquellaforma se ahorraban las prestaciones sociales yotros beneficios de la contratación colectiva enlos hospitales.

Las órdenes de despido para aquellos que habí-an estado a favor del revocatorio del mandato delpresidente Hugo Chávez, habían comenzado. ¿Yahora qué? ¿Qué digo en mi casa? ¿Y de qué va-mos a comer? ¿Qué le digo a mi madre? ¿Me darántrabajo en una clínica? A lo mejor si voy a una ins-titución médica privada, creen que soy chavista yno me dan trabajo...”, recuerda Amparo.

Ya desempleada, se enteró de la investigaciónque adelantaba en Caracas el Consejo Legislativodel estado Miranda, relacionada con el despido de14 médicos residentes de las áreas deTraumatología, Cirugía, Medicina Interna yPediatría del hospital Pérez León. De acuerdo con

los afectados, la orden tendría motivaciones polí-ticas, pues todos habían participado en ElReafirmazo.

El Colegio de Médicos del Distrito Metropolitanoprometió un pronunciamiento. El presidente de laFederación Médica Venezolana, León Natera, re-saltó que no sólo se estaban violando los derechoshumanos y la Constitución, sino también la Leydel Trabajo y la contratación colectiva de los mé-dicos de la administración pública.

León Natera aseguró que podría ascender a 35 elnúmero de médicos despedidos del hospital Pérezde León de Petare, “por haber firmado a favor delreferéndum revocatorio contra el primer manda-tario Hugo Chávez”.

También tenían denuncias sobre otros médicosde los hospitales Miguel Pérez Carreño, DomingoLuciani y del Instituto de Previsión Social delMinisterio de Educación, quienes estaban siendopresionados por razones similares.

¡A retractarse!

Amparo escuchaba las noticias con la devociónde quien espera encontrar la salvación en un li-bro sagrado. Pero esta vez, la “salvación” queencontró le dejó una sensación de náuseas en elestómago.

El presidente de la Sociedad de MédicosResidentes del Pérez de León de Petare, LeonardoFernández, lo dijo muy claro: fueron razones po-líticas y no presupuestarias las que privaron en ladecisión de no renovarles el contrato a los médi-cos. “La directora de personal de la Alcaldía de

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Sucre, María Piccone, nosdijo que no íbamos a sercontratados y que paraseguir en el hospital debí-amos ir al ConsejoNacional Electoral a reti-rar nuestras firmas”.56

“Quiere decir que no sepuede pensar diferente eneste país. No entiendo pa-ra que existe un ConsejoNacional Electoral si sola-mente se puede votar porChávez o perder el em-pleo” -se dijo Amparo,mientras escuchaba quelos médicos habían acor-dado mantenerse en suspuestos de trabajo y pa-sar los casos a laConsultoría Jurídica de laFederación de Médicos deVenezuela57.

El director médico del Pérez de León, NapoleónLazardi, ofreció una explicación oficial: “La norenovación del contrato de estos galenos obede-ce al déficit presupuestario que presenta laAlcaldía del Municipio Sucre, debido a las fuer-tes inversiones que se han realizado en equiposmédicos quirúrgicos (...) Asimismo, la construc-ción de la nueva sede del centro asistencial haproducido un fuerte impacto en los recursosasignados al hospital”.

Asimismo, afirmó: “Este grupo de médicos estádistorsionando las verdaderas razones por lascuales fue adoptada la medida e indirectamenteestá prestándose como arma política a un grupode sindicalistas afectos a la oposición”.

“Comencé a ver todo más claro. La situación ibaen la dirección planeada por ellos, ahora somosterroristas, tal como había dicho el ministro deSalud, Roger Capella.”

El pasado jueves fueron removidos de sus cargos 14 galenos del Pérez de León de Petare,entre ellos, el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes, Leonardo Fernández, quienaseguró que son razones políticas y no presupuestarias las que privaron en la decisión de norenovarles el contrato, vencido desde el pasado mes de enero.

“la directora de personal de la alcaldía de Sucre, María Piccone, nos dijo que no íbamos a sercontratados y que para seguir en el hospital debíamos ir al Consejo Nacional Electoral aretirar nuestras firmas”

Leonardo FernándezPresidente de la Sociedad de Médicos Residentes

Nadia Pérez, “Podrían llegar a 35 los médicos despedidos del Pérez de León,” El Nacional, Marzo 20, 2004

56. Nadia Pérez, “Podrían llegar a 35 los médicos despedidos del Pérez de León”, El Nacional, marzo 20, 2004.

57. Eva Riera, “Médicos en Falcón denuncian represalias por participar en El Reafirmazo,” El Nacional, marzo 27, 2004.

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En opinión de la enfermera despedida, muchagente no había caído en cuenta de lo grave delasunto. “No han entendido que no es simplemen-te un cambio de personal de confianza, comocuando se alternan los partidos de gobierno en unrégimen democrático.”

Ella había visto en la pantalla del televisor a losmédicos del Hospital General de Coro. Dos años te-nían sin haber cobrado el primer sueldo. Esperabanla cancelación de sus salarios ese mes, pero se lle-varon la sorpresa de que sus nombres no figurabanen los diferentes puntos de cuenta por una razón:habían firmado a favor del referéndum.

Henry Ventura, secretario de Salud, salió al pa-so de los médicos: “Hemos dicho que respetamosla ideología de cada quien y que lo único que lepedimos a nuestros empleados es que estén ensus sitios de trabajo y lo hagan bien. Quiero des-mentir la información que anda circulando porahí de que a algunos médicos no se les va a fir-mar un contrato porque no son afectos a esteproceso; eso es falso y pueden quedarse tranqui-los los médicos falconianos. Aquí no se va a per-seguir a nadie”.

Explicó que todo se debía a trámites administra-tivos para la inclusión de los médicos en sus car-gos y que todavía faltaban algunos trámites.Aseguró que “los concursos, en los que no se lepregunta a los médicos si firmaron o no, fueronganados legalmente y, por tanto, se les tenía quefirmar su punto de cuenta”.

Los galenos cursaban estudios de posgrado enlas áreas de medicina interna, cirugía, ginecologíay pediatría del Hospital de Coro.

El presidente del Colegio de Médicos de Falcón,Tomás Alastre, señaló que se mantendrían enconversaciones mientras las autoridades deSalud de la gobernación mostraran intencionesde impedir un pase de factura política a quienesestamparon su rúbrica en contra del primer man-datario.

“Pero en el momento en que se desvíen, dare-mos una respuesta contundente”, dijo.

No era la primera vez que esto sucedía enFalcón. En los hospitales de Tucacas y San Luishabían despedido a más de una decena de em-pleados que solicitaron el referéndum revocato-rio presidencial. Del Hospital San Luis y de losSilos de San Luis de Cariagua, estado Falcón, des-pidieron a 27 trabajadores, cuyos casos están in-cluidos en la denuncia que hicieran el SindicatoNacional de Trabajadores de la Salud y las fede-raciones Médica y de Obreros de la Salud. El ob-jetivo era llegar hasta la Organización de EstadosAmericanos.

Los afectados hicieron llegar a la redacción deldiario El Nacional, como prueba del atropello delque habían sido víctimas, las cartas que dirigie-ron a Henry Ventura, secretario de Salud deFalcón, los directores de los centros de salud,Paúl Bravo y Henry Suárez. Ambos exigían tomarmedidas en contra de los trabajadores y sus fa-miliares “por haber firmado en oposición al pro-ceso revolucionario”.

Entre los despedidos contaron 9 auxiliares deenfermería, 5 choferes, 2 médicos veterinarios,un médico de salud pública III y un odontólogo.

Podría ascender a 35 el número de médicos despedidos del hospital Pérez de León de Petare,“por haber firmado a favor del referéndum revocatorio contra el primer mandatario HugoChávez”

Agregó que también tienen denuncias sobre otros médicos de los hospitales Miguel Pérez Carreño,Domingo Luciani y del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, quienes estaríansiendo presionados por razones similares, aún cuando no se han producido despidos.

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Amparo tenia un consuelo: “Yo no era la únicadespedida y eso me daba esperanzas para luchar”.Ella tenía algo en común con más de 3 millones devenezolanos: todos habían respaldado con su fir-ma la solicitud del referéndum revocatorio.

Como muchos otros, Amparo se aferraba a laesperanza de que ningún gobierno podia excluirtan fácilmente a 25% de los mayores de 18 añosdel país58. La utilización pública de la lista dequienes firmaron dividía a los venezolanos en dostipos de ciudadanos: los de primera, los que esta-ban a favor del gobierno y a quienes se les respe-tarían sus derechos; y “los otros”.

Ella se encontraba en el segundo grupo, entrequienes desde ahora y hasta el fin del proceso re-volucionario son considerados “traidores” por ha-cer valer un derecho previsto en la Constitucióndel país.

Declaración de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanosy la Fundación Andrei Sajarov

04/03/2004

Ante la más reciente oleada de crímenescontra la población civil venezolana, quereclama respeto a la institucionalidaddemocrática, perpetrados por el nuevo as-pirante a caudillo totalitario, HugoChávez, nuestras organizaciones deDerechos Humanos expresan su más firmecondena y, hacen un llamado a la opiniónpública internacional para que rechace demanera categórica este retroceso hacia la

León Natera considera que la actuación de la Alcaldía de Sucre, a la que se encuentra adscritoel centro asistencial, es arbitraria y contraria a la propia Constitución, la Ley del Trabajo yhasta a los derechos humanos de los despedidos.

Douglas León NateraPresidente de la Federación Médica Venezolana

Nadia Pérez, “Podrían llegar a 35 los médicos despedidos del Pérez de León,” El Nacional, marzo 20, 2004

58. Se recolectaron 3.236.320 y de acuerdo con la actualización oficial del Registro Electoral Permanente, en juliode 2003 el total de personas inscritas era de 11.996.066.

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barbarie que, bajo la influencia directade los mandos estalinistas capitaneadospor Fidel Castro desde La Habana, amenazacon someter a toda la sociedad venezolanaa la debacle y al sojuzgamiento tiránico.Los subterfugios y los argumentos menea-ses que está empleando el chavismo enVenezuela son los mismos que, histórica-mente, han empleado otros déspotas queterminaron exterminando a millones de se-res humanos, con el sólo propósito realde perpetuarse en el poder y de crear di-nastías de verdugos. V.I. Lenin, AdolfoHitler, Mao Tse Tung, Benito Mussolini yFidel Castro, entre otros representantesdel bestiario en el siglo XX, han esta-blecido las fórmulas para aplastar todovestigio de estado de derecho democráticoy de libertades públicas.Una nueva ola de nacional socialismo fas-cista y estalinista recorre AméricaLatina, con Hugo Chávez y Fidel Castrofungiendo de comisarios en jefe, como pordécadas recorrió Europa durante el pasadosiglo. Los luchadores por el respeto in-tegral de los Derechos Humanos, en cual-quier lugar del planeta, no pueden perma-necer impasibles ante este nuevo ciclo deregreso a la servidumbre medieval.Vitautas Landsbergis, presidente de laIGFM, ex presidente de Lituania.Alexander Soljenitzyn, ex prisionero delGulag y Premio Nóbel de LiteraturaLech Walesa, ex presidente de PoloniaJanos Kiss, ex presidente del Parlamentode HungríaVáclav Havel, ex presidente de laRepública ChecaSerguei Agrusow, fundador de la IGFM,

Alemania Elena Bonner, presidenta de la FundaciónAndrei SajarovElie Wiezel, Premio Nóbel de la PazHaydée Marín, presidenta del ComitéPanamericano de la IGFMMiroslav Kusy, miembro del Parlamento dela República de EslovaquiaAnton Manolescu, presidente de laComisión de Derechos Humanos delParlamento de Rumania Sergel Grigorianc, Grupos Helsinki deMoscúAdam Michnik, pensador y periodista dePoloniaRicardo Bofill, presidente del ComitéCubano pro Derechos HumanosLee Van Thau, director ejecutivo de laCoordinadora de Derechos Humanos deVietnamSergej Kovaljov, Movimiento Ruso deDerechos Humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH) aprobó el 29 de di-ciembre de 2003 un informe sobre la situación delos Derechos Humanos en Venezuela y luego otrode seguimiento, el 23 de febrero de 200459.

En marzo de 2004, la CIDH, anunció que recibi-ría las denuncias de los atropellos del gobierno encontra de los trabajadores del sector público, que-jas que formarían parte del expediente que cono-cerá la Corte Interamericana de los DerechosHumanos.

En su informe correspondiente al año 2005, laCIDH expresó su preocupación por las respues-

59. http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/indice.htm

Profesión médico, firmante del referéndum revocatorio, con 12 años de labor en el InstitutoNacional de Higiene, en un cargo “de confianza”. Fue despedido y logró su restitución al cargoen febrero de 2005, y nuevamente por razones políticas fue removido del cargo.

ANDRÉS BARRETO RUIZ, C.I. No 4.336.389

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tas que ha brindado elgobierno venezolanoa sus observaciones:“De principal preocu-pación para la CIDHhan sido las conti-nuas expresiones dedesconocimiento delsistema interamerica-no de protección delos derechos huma-nos emitidas por di-versas autoridadesdel Estado. En formaconsistente y a lo lar-go de sus informes derespuesta a la CIDH,el Estado ha sosteni-do que tanto las reco-mendaciones de di-cho órgano interame-ricano como el análi-sis de varios temascontenidos en su in-forme sobre la situa-ción de Venezuela seencuentran en contra-vención con “la sobe-ranía nacional y res-ponden a una concep-ción intervencionistade los órganos del sistema interamericano dederechos humanos que carece de todo funda-mento legal60 […]”

Por su parte, Amnistía Internacional tambiénhizo referencia a la violencia de 2004 en el país ensu informe sobre Derechos Humanos del 12 demayo de 200461.

60. Informe de 2005. Informe de seguimiento sobre el cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela de las recomendaciones efectuadas por la CIDH en el informe

sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (2003)

61. (Venezuela Human Rights under threat, AI Index: AMR 53/005/2004)

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Carta enviada por el embajador de EstadosUnidos en Venezuela, Charles Shapiro, al ex ministro de Salud y Desarrollo Social,Roger Capella

Marzo 26, 2004

Honorable SeñorRoger CapellaMinistro de Salud

Ciudad.-

Estimado ministro Capella:

Con sorpresa, he leído sus declaraciones en dondeasegura que en los Estados Unidos “si un nortea-mericano trabaja en la NASA, no puede firmarcontra el presidente Bush y seguir en su puesto detrabajo”. En vista de que ésta fue una declaraciónpública, me siento en la obligación de corregir suafirmación.

Todo ciudadano estadounidense, incluyendo a losempleados públicos, tiene el derecho constitucional(ver anexo 1) de expresar sus ideas. En los EstadosUnidos existe por ley, una demarcación bien visibleentre el desempeño de un empleado público y suorientación política. Un empleado público es contra-tado para estar al servicio de las políticas del Estadoy no a las del gobierno de turno, lo que garantizala continuidad y la responsabilidad dentro de cual-quier organismo de la administración pública.

De acuerdo con la Ley “Hatch” (ver anexo 2), losempleados públicos estarán protegidos, cuando fir-men peticiones de manera personal; expresen opi-niones acerca de candidatos y temas políticos; ha-gan campañas en pro o en contra de preguntas so-metidas a referendo, enmiendas constitucionales yordenanzas municipales; participen en caravanaso manifestaciones políticas; ejerzan sus derechoslaborales; se afilien y sean miembros activos de unpartido político, entre otras actividades, y el go-bierno no los puede despedir o perjudicar.

Una democracia necesita que su personal civil lesirva a los más grandes intereses del Estado, y nosolamente a los intereses del gobierno de turno.Con las mismas normas del servicio civil, ni a míni a otros empleados civiles gubernamentales dealto rango se nos permite hacer campaña a favorde un determinado candidato aun cuando tene-mos el derecho de votar, basado en la presunciónlegal de que si los jefes pueden hacer campaña,nosotros estaríamos tentados a ejercer presión so-bre nuestros subordinados para apoyar al gobier-no de turno.

Esperando que esta información aclare cualquierduda sobre la materia, se despide,

Atentamente,

Charles S. Shapiro