XXVII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALESAsociación Española de Ciencia Regional

AREA: Sectores productivos y cambio estructural de las regiones/ Tecnologíae innovación

"TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA: EL PAPEL DELOS CENTROS TECNOLÓGICOS"

Beatriz Plaza

Facultad de CC. Económicas y Empresariales

Universidad del País Vasco

Avda Lehendakari Aguirre 83

48015 BILBAO

Tfno: 946013641

Fax: +34 946017087

e-mail: ebpplinb@bs.ehu.es

Resumen: La adecuada instalación de una tecnología o el diseño de un nuevoproducto -cuando éstos funcionan bien- contribuyen a importantes mejorasproductivas en términos de acceso y gestión de la información, integración de losprocesos productivos, reducción de los tiempos y aproximación de los mercados. Sinembargo, el día a día de las empresas demuestra que la introducción de nuevastecnologías resulta siempre perturbadora, tanto en aspectos organizativos internos(relaciones interdepartamentales, interacción con los cuadros directivos), como enlas relaciones con los clientes (tiempos de espera por ineficiencias tecnológicas,fiabilidad del servicio anta la rápida incorporación de nuevas tecnologías).

En este contexto se debe enmarcar la actuación de la Administración Pública. Laautora analiza en este trabajo algunas de las principales actuaciones desarrolladasen materia de Política Tecnológica y de Innovación por determinados organismos delas Administraciones Públicas, tanto desde una perspectiva conceptual, como delestudio de los sistemas regionales de Centros Tecnológicos que se han mostradomás relevantes en el período 1980-2000.

1

"TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA: EL PAPEL DELOS CENTROS TECNOLÓGICOS"

Beatriz Plaza

1. La actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación en España (I+D+I):Estado de la Cuestión

La posición competitiva de las empresas españolas depende, en gran medida, de los

movimientos tecnológicos mundiales, de las inversiones que realizan las grandes

multinacionales y de la propia actitud proactiva de cada organización frente a los

cambios.

Las grandes inversiones mundiales se están dirigiendo hacia economías emergentes

de Asia. Corporaciones del sector farmacéutico, químico e industria electrónica

vienen realizando inversiones de cuantía en plantas con las tecnologías más

sofisticadas. Como resultado de ello están ya exportando desde aquellos países

productos y componentes técnicamente avanzados.

Existe, en consecuencia, “un cierto peligro de que muchas empresas españolas

pudieran quedarse en un terreno tecnológico intermedio –tierra de nadie- en el que

no tuviesen nivel de diferenciación tecnológica para competir internacionalmente, ni

tampoco costes lo suficientemente bajos para tomar la delantera como fabricantes

eficientes de productos genéricos” (NUENO, P. 1999). La capacidad para innovar se

convierte así en un medio estratégico imprescindible para competir con éxito dentro

de los actuales contextos de gran variabilidad en los mercados y competencia del

sudeste asiático.

Sin embargo, la economía española todavía muestra niveles insuficientes de I+D e

innovación. A pesar de la evolución positiva de los últimos años, los gastos

españoles en I+D no superan el 1% del PIB, frente al 2,5% de los países europeos.

Igualmente, España gasta en innovación menos del 1% del PIB frente al 2,3% del

conjunto de los países de la UE (INE, 1999b).

La participación de las empresas en el gasto total de I+D e innovación representa el

49% (1); este porcentaje también es inferior al de los países de nuestro entorno. A

esta situación hemos de añadir la dependencia tecnológica de las empresas

españolas. La Balanza Tecnológica es claramente deficitaria, con una tasa de

cobertura del 8,3%, es decir, por cada 100 pesetas que importa España en

2

tecnología, exporta tan sólo 8,3 ptas. (MINER, 1997). Este dato es más ilustrativo si

tenemos en cuenta la tasa de cobertura tecnológica de otros países: el 75% en

Alemania, 80% en Gran Bretaña, 77% en Italia y 72% en Francia (OCDE, 1998).

Por otro lado, la actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en

España está fuertemente concentrada en las grandes empresas y en los grandes

organismos públicos de investigación (OPIS). En el sector público, la actividad de

I+D se aglutina en nueve grandes organismos públicos de investigación (2), que

afrontan el 72% de los gastos de I+D de las Administraciones Públicas y el 70% del

personal (INE, 1999b). Este sistema posee serias dificultades para que los

resultados de sus proyectos alcancen el mercado. Los mecanismos de interacción

entre el sector público de I+D y la empresa constituyen, por tanto, una de las

acciones prioritarias de la Política Industrial, tanto para la Administración del Estado

como para la de las Comunidades Autónomas.

En el sector privado, el 6% de las empresas que realizan I+D+I gastan más de 500

Mptas. cada una, concentran el 58% del total de gasto empresarial en I+D y emplean

casi el 50% del personal investigador. Su campo de estudio es principalmente la

ingeniería, tecnología y las ciencias médicas. Estas grandes empresas alcanzan un

alto nivel de autofinanciación, llegando a cubrir el 70% de sus gastos en I+D con

recursos propios.

El 94% restante de las empresas realizan I+D+I de forma discontinua. La mayoría no

percibe con suficiente claridad que la tecnología sea elemento clave para asegurar

la competitividad y no suelen incorporar las nuevas tecnologías hasta que las

consideran maduras. Esta línea de actuación aminora el riesgo de la temprana

adaptación tecnológica pero les impide alcanzar lugares de privilegio en el mercado

(CICYT, 1999).

3

GRÁFICO 1: ESFUERZO TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS POR

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (GASTO INTERNO I+D/VAB cf)

España = 15 mil ptas.38

Gastos internos en I+D/VAB cf industrial

ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: INE (1999a).

La situación investigadora de las empresas varía de una región a otra. Existen

notables desequilibrios entre las Comunidades Autónomas más industrializadas y las

de escasa tradición industrial. Según los datos recientes del INE, las empresas

ubicadas en Madrid, País Vasco y Cataluña concentran el 75% del total de I+D

empresarial, es decir, un porcentaje que está muy por encima de su contribución al

output de productos industriales, cifrada en el 59%. Como contraste, las empresas

de las Regiones Objetivo nº 1 producen el 40% de las ventas industriales y

contribuyen con tan sólo el 19% del total de I+D (Gráfico 1).

En términos absolutos, los sectores que más gastan en investigación, desarrollo e

innovación (I+D+I) son el sector del automóvil, la fabricación de equipo eléctrico y

electrónico, la industria farmacéutica, construcción aeronáutica y la fabricación de

maquinaria y equipo mecánico (Gráfico 2).

En términos porcentuales de gasto en I+D+I sobre facturación, el primer lugar

corresponde al sector aeronáutico, cuyo esfuerzo es notorio ya que destina hasta el

18% de sus ingresos por ventas a los citados fines. El segundo lugar lo ocupa la

industria farmacéutica con un ratio del 13%. Les siguen la fabricación de

4

instrumentos de precisión (9%), otros equipos de transporte (7,69%) y la elaboración

de equipos eléctricos y electrónicos (6,42%).

La situación de las Industrias Manufactureras Diversas (que engloban las

actividades de Joyería-Bisutería, Juguetes, Peletería, Marroquinería y Mueble), la

Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado, y la Industria de la Madera y el Corcho

resulta preocupante por las reducidas cotas de esfuerzo tecnológico que muestran

(Gráfico 2).

2. La Política Industrial de la Administración del Estado en el campo de laI+D+I: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

La adecuada instalación de una tecnología o el diseño de un nuevo producto -

cuando éstos funcionan bien- contribuyen a importantes mejoras productivas en

términos de acceso y gestión de la información, integración de los procesos

productivos, reducción de los tiempos y aproximación de los mercados. Sin

embargo, el día a día de las empresas demuestra que la introducción de nuevastecnologías resulta siempre perturbadora (MUÑOZ-SECA, 1997), tanto en

aspectos organizativos internos -relaciones interdepartamentales, interacción con los

cuadros directivos- como en las relaciones con los clientes -tiempos de espera por

ineficiencias tecnológicas, fiabilidad del servicio ante la rápida incorporación de

nuevas tecnologías-.

Es frecuente que las empresas realicen el estudio del coste directo de la

introducción de tecnología, pero suelen olvidar el cálculo de los costes indirectos, es

decir, los múltiples “añadidos” que generan gastos casi constantes tanto de

soporte como de asistencia. Tras un minucioso estudio en una muestra de

compañías de Estados Unidos se concluyó que los costes indirectos eran 3 veces

superiores a los directos (MUÑOZ-SECA, 1997). En el citado estudio no se tenían en

cuenta las actuaciones formativas para la capacitación de los empleados (3), que

también deben incluirse como costes indirectos.

5GRÁFICO 2: GASTO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) POR SECTORES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA (1997)

6

Gasto I+D+I (miles ptas.)

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

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FUENTE: INE (1999a).

7(*) El sector de Servicios a Empresas y el de Transportes y Comunicaciones no incluyen sus gastos en innovación.

8

En este contexto se debe enmarcar la actuación de la Administración Pública.

A los organismos tecnológicos de adscripción pública -CDTI, centros

tecnológicos, CEEI, centros de diseño- corresponde la misión de ser asesores

independientes, mediando eficazmente entre el consultor privado y la empresa,

de modo que el servicio tecnológico se ajuste a las necesidades de la empresa.

Otro problema pendiente de solución es la búsqueda de recursos financieros

para la cobertura de los gastos de I+D+I. El período de maduración de los

proyectos innovadores es prolongado. Según los estudios realizados por el

CDTI para las empresas españolas, el tiempo de desarrollo del proyecto

requiere entre dos y tres años y medio, y un año adicional para la puesta en

marcha de la producción, es decir, cinco años en total (COTEC, 2000).

Las dificultades para la innovación en España no terminan aquí. El principal

problema para los proyectos altamente innovadores es su reducida rentabilidad

esperada a corto plazo. Aunque las tasas de éxito son similares a las

alcanzadas en otros países, España no dispone de la suficiente masa crítica de

sectores de alto contenido tecnológico que garantice la rentabilidad del

proyecto a corto plazo, ni la explotación a medio y largo plazo de su potencial

de beneficios. Es decir, no existe una masa crítica de clientes innovadores

dispuestos a pagar precios elevados por productos de tecnología puntera.

Es cierto que el mercado único europeo ofrece mayores posibilidades a este

respecto; sin embargo, las barreras lingüísticas, de práctica empresarial y

legislaciones particulares de cada país hacen que los proyectos innovadores

tengan una consideración local hasta bien avanzado en su desarrollo. Esto

explica las reticencias que muestran las sociedades de capital-riesgo privadas

a invertir en proyectos innovadores y su marcada orientación en España hacia

empresas ya consolidadas.

El capital riesgo privado no deja de ser capital y, como tal, procura minimizar el

riesgo. En teoría, se configura la pequeña empresa innovadora con un alto

potencial de crecimiento como el cliente óptimo de las entidades de capital-

inversión. Sin embargo, en la práctica, la inexistencia de un adecuado “rating”

tecnológico que posibilite a las entidades financieras el certero diagnóstico del

riesgo de la empresa demandante de recursos y de su generación de

beneficios futuros, ahuyenta al capital (CDTI, 1997a). Además, como ya se ha

mencionado, España no dispone de un mercado inmediato lo suficientemente

9

grande para la aplicación de tecnologías innovadoras, que procure a las

empresas tecnológicas la obtención de beneficios en un plazo razonable

(COTEC, 1999). Toda empresa tecnológica en su fase inicial de explotación

posee un elevado umbral de rentabilidad, inducido por los elevados costes de

I+D. Por tanto, su viabilidad en el mercado depende de la existencia de un

volumen de ventas crítico, por debajo del cual la empresa incurre en pérdidas

durante un período de tiempo nada despreciable.

Estas limitaciones para atraer el capital riesgo privado no son las únicas. Para

que las empresas innovadoras atraigan recursos financieros no basta con que

sean tecnológicamente avanzadas sino que, además, deben parecerlo. El tema

de la imagen es crucial en el ámbito de la tecnología. Los productos “Made in

Spain” no venden la percepción de "high technology” aunque realmente lo

sean, mientras que, por ejemplo, todo lo “Made in Germany” transmite el

concepto de innovación y calidad, con independencia de que sea así para

todos y cada uno de sus productos. Ante esta situación del mercado

tecnológico español, el capital riesgo privado se muestra muy conservador en

sus inversiones. En España, sólamente el capital riesgo público invierte en

capital-semilla (seed capital) y capital arranque (start-up capital) por el alto

riesgo que este tipo de inversiones entraña, a diferencia del capital privado, que

se muestra excesivamente cauto en sus actuaciones. Este hecho limita

seriamente la gestación de empresas innovadoras y dificulta la consecución de

la masa crítica de clientes de alto contenido tecnológico que garantice la

rentabilidad de los proyectos en un plazo razonable.

Consciente de estas limitaciones, el Ministerio de Industria y Energía (MINER)

había creado a finales de los años 70 el Centro de Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI), de singular importancia, que cuenta en la actualidad con 150

personas en plantilla (4). Su cometido es gestionar y desarrollar la política

tecnológica del MINER mediante la financiación de proyectos de I+D en la

industria, el fomento de la participación de las empresas españolas en los

programas de I+D internacionales y la promoción de la transferencia de

tecnología en el ámbito empresarial. La actividad del CDTI en la financiación de

diversas clases de proyectos de I+D ha ido creciendo en los últimos años. En

2000 (el CDTI) comprometió aportaciones por un total de 31.477,5 Mptas. a

370 proyectos, cuya inversión global en I+D empresarial asociada alcanza los

10

73.147,7 Mptas.. Más de la mitad de estos recursos se destinaron a la

financiación de proyectos en Cataluña (24.4%), la Comunidad Valenciana

(13,7%) y Madrid (13,2%) (Gráfico 3).

Esta distribución de aportaciones del CDTI responde parcialmente a la

concentración territorial que el gasto y los efectivos de I+D tienen en España,

donde un porcentaje significativo se reúne en las Comunidades Autónomas de

Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco, aunque los presupuestos aprobados

del CDTI para el País Vasco disminuyeron considerablemente entre 1995 y

1997, con una ligera mejoría en 1998 y 1999, mientras los de Navarra van en

aumento. Así mismo, casi el 47% de las ayudas del CDTI de 1997-99 se

destinó a las regiones españolas con cierto retraso económico, es decir, las

Regiones Objetivo nº 1 de la jerga comunitaria - se consideran como tales a

aquellas cuya renta per cápita es inferior al 75% de la renta media de la UE-.

GRÁFICO 3: CDTI: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DEL IMPORTE TOTAL DE

LOS PROYECTOS APROBADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1995-96-

97-98-99-2000)

ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: CDTI.NOTA: el rectángulo negro representa la participación (%) de cada región en el VAB industrial.

A su derecha, la participación (%) del importe total de Proyectos aprobados por el CDTI

durante los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 respectivamente.

11

El 20 de diciembre de 1994, la Comisión de la UE aprobó la candidatura del

CDTI para la gestión de las ayudas del FEDER destinadas al desarrollo

tecnológico industrial de las Regiones Objetivo nº 1 durante el período

1994/1999. Entre enero de 1994 y junio de 1999 se han aprobado 588

proyectos, con una movilización de más de 92.222 Mptas. de inversión total en

I+D para las Comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria,

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad

Valenciana, a los que se les ha concedido financiación pública en forma de

ayudas reembolsables por importe de 36.349 Mptas.

La consecuencia más significativa de la implantación de esta ayuda a través

del CDTI ha sido la incorporación de tareas de innovación e I+D en empresas

ubicadas en Regiones Objetivo nº 1, con escasa trayectoria en el ámbito de la

innovación, ya fuera por falta de tradición o por escasez de recursos. Esta

ayuda es aún más relevante si se tiene en cuenta que estas regiones poseen

un marco industrial débil en el que las empresas agroalimentarias representan

nada menos que el 55% de la producción industrial. Conviene en este sentido

recordar que se trata de un sector maduro, de moderado crecimiento debido al

estancamiento demográfico y a los lentos incrementos en la renta familiar, con

una creciente penetración extranjera en el ámbito de la manufactura y,

especialmente, en el de la distribución (PLAZA y VELASCO, 2001).

Con el fin de paliar este efecto, el CDTI proporciona ayudas financieras a las

empresas y les ofrece –lo que aún es más importante- el adecuado soporte

técnico para que lleven a buen término el desarrollo de sus proyectos de

innovación. El CDTI adopta un papel activo y de parte interesada: asiste,

corrige y elabora junto con cada empresa el proyecto tecnológico hasta

convertirlo en un proyecto viable y, por consiguiente, susceptible de percibir las

ayudas (CDTI, 1997b). Un hecho que resulta significativo es que si en el

período 1988-1992 tan sólo el 27% de las empresas asistidas por el CDTI

pertenecían a Regiones Objetivo nº 1, en el período 1993-1997 este porcentaje

asciende al 39%.

El CDTI, en cofinanciación con el FEDER, contribuye también a la

implementación del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 1997-1999 para las

zonas españolas Objetivo 2 –que son, según terminología de la UE, zonas

12

gravemente afectadas por el declive industrial y con un desempleo industrial

superior a la media comunitaria-. El CDTI financia en condiciones privilegiadas

proyectos tecnológicos de empresas ubicadas en esas zonas, que engloban

808 municipios de las regiones del País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid,

Cataluña, Baleares y Aragón. Es destacable que el País Vasco concentra más

de la cuarta parte de la población española que vive en Regiones Objetivo nº 2

(CDTI, 1998).

La internacionalización tecnológica es otro campo de actuación de especial

relevancia. Como hemos venido demostrando, el tamaño del mercado

tecnológico español está por debajo de la masa crítica, por lo que las empresas

innovadoras se encuentran en una tesitura difícil para rentabilizar su tecnología

en un plazo razonable. Para paliar este problema el CDTI ofrece a las

empresas proyectos de promoción tecnológica, su red exterior y los proyectos

IBEROEKA con el objeto de que las empresas puedan explotar

internacionalmente tecnologías desarrolladas por ellas mismas (CDTI, 1997c).

El asesoramiento que presta el CDTI en este ámbito es extremadamente

valioso: explica los medios para patentar en cada país, estudia los

procedimientos y costes implícitos, calcula el precio de mercado de la

tecnología que la empresa ofrece en el país de destino, hace recomendaciones

sobre el cobro (royalties o metálico), así como requerimientos para asegurarse

la confidencialidad, o la determinación de las cláusulas más importantes de un

contrato de transferencia tecnológica (CDTI, 1997c). El CDTI posee una

importante red exterior de oficinas y delegados para la cooperación tecnológica

que permite una rápida y efectiva búsqueda de socios. Entre otras, cuenta con

una oficina en Tokio, denominada SBTO (Spain Business & Technology Office).

Hasta la fecha, las zonas de mayor implantación son Iberoamérica (Brasil,

Chile y Argentina), los países del Mediterráneo sur y este (Marruecos, Egipto e

Israel) y las economías que empiezan a despertar en Asia (China continental,

Indonesia).

13

3. La Política Tecnológica y de Innovación que desarrollan lasComunidades Autónomas: La Red de Centros Tecnológicos

La inadecuada dimensión e insuficiente capital tecnológico de las PYME han

llevado a los Gobiernos Autonómicos a diseñar un sistema propio que

contribuya a elevar el nivel tecnológico de las empresas de su territorio,

adaptándose a sus necesidades. En general, se intenta potenciar la capacidad

local de investigación mediante la creación o mejora de centros de

investigación, laboratorios y otras infraestructuras tecnológicas, bien con un

marcado carácter sectorial, como en la Comunidad Valenciana, o bien con un

despliegue más horizontal, como en el País Vasco. Las Comunidades

Autónomas actúan como promotoras en la creación de infraestructura

tecnológica, mientras que la financiación de estos instrumentos se efectúa con

cargo a los fondos europeos, programas de la Administración del Estado y

financiación autonómica. Hay que resaltar que este tipo de políticas -creación

de Parques Tecnológicos, Centros de Empresa e Innovación, Centros

Tecnológicos …- se desarrolla pensando en el largo plazo.

El aprovechamiento más eficaz del conocimiento científico por parte de la

empresa depende en buena medida de la existencia de los instrumentos

mencionados. Se necesita transformar la Ciencia en ideas y productos

comercializables, de modo que se teja una nueva estructura industrial más

innovadora. Las Comunidades Autónomas provistas de infraestructuras

tecnológicas están mejor dotadas para trasladar los conocimientos científico-

tecnológicos al mercado. No obstante, aunque existan casualidades en los

hallazgos tecnológicos y sus aplicaciones, sólo las aprovechan aquellos que

están preparados.

Los Centros Tecnológicos vienen a cubrir la distancia que existe entre los

centros de creación de conocimiento y la empresa, adaptando su actividad de

I+D+I y servicios tecnológicos a las necesidades específicas de cada empresa-

cliente. El sistema de I+D español desarrolló, por iniciativa de la Administración

Central, los grandes Organismos Públicos de Investigación (OPIS) para

reforzar el sistema científico-tecnológico. Pero las OPIS se han mostrado

ineficaces a la hora de contribuir al día a día de la realidad de la empresa, en

14

parte quizás porque están acostumbradas a cubrir sus necesidades financieras

a partir de los Presupuestos Generales del Estado.

Se trata no tanto de “inventar”, sino de aplicar de modo eficiente las mejoras a

una porción mayor del tejido empresarial. El vertiginoso ritmo del cambio

tecnológico demanda un volumen mayor de investigación de aplicación, de

modo que se acomoden las tecnologías ya experimentadas a las especifidades

de cada subsector. La misión principal de un centro tecnológico es, por

consiguiente, traducir las tecnologías existentes en un conocimiento capaz de

ser empleado inmediatamente por las empresas que contratan sus servicios.

Para solventar esta situación, las Comunidades Autónomas han impulsado la

creación de centros tecnológicos, en su mayoría instituciones públicas sin fines

de lucro (IPSFL). Los centros de investigación de promoción autonómica

representan el 60% del número de organismos públicos de investigación

(OCYT, 1998), aunque su participación relativa en los presupuestos es

considerablemente inferior. La variedad de centros tecnológicos es muy amplia,

tanto en términos de facturación, ámbitos tecnológicos en los que discurren y

sectores para los que trabajan. En la labor de apoyo e impulso a la capacidad

tecnológica de las empresas sobresale la potente Red de Centros Tecnológicos

del País Vasco y, con un modelo bien diferente, la Comunidad Valenciana.

La Red Vasca está compuesta por nueve centros tecnológicos: LABEIN (con

cuatro sedes), CEIT, GAIKER, IKERLAN (del grupo MCC), INASMET (con dos

sedes), LEIA, ROBOTIKER, TEKNIKER y la recientemente creada CIDETEC

(respaldada por sus socios Iberdrola, Cegasa y Bic-Berrilan). Realizan, bajo

contrato, I+D de aplicación para las empresas. Los ingresos por proyectos de

los Centros que configuran la Red ascendieron a un total de 11.204 Mptas. en

2000 (Tabla 1) y la plantilla es de aproximadamente 1.380 personas (de las

cuales el 28% son becarias), lo que nos confiere una idea aproximada de los

esfuerzos que se están desplegando.

15

TABLA 1: INGRESOS POR PROYECTOS DE LOS CENTROS

TECNOLÓGICOS DEL PAÍS VASCO (2000)

Tipo de Proyecto Mptas. %

Proyectos bajo contrato 5.251 46,86Proyectos genéricos-Gobierno Vasco 2.209 19,71Proyectos europeos 1.475 13,16Proyectos otras Administraciones 1.230 10,97Servicios tecnológicosFormación y Difusión

902137

8,051,22

TOTAL 11.204 100

FUENTE: EITE. ASOCIACIÓN VASCA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

TECNOLÓGICA.

Aunque los Proyectos Europeos representen un porcentaje reducido en

términos de ingresos, su significación para la industria es relevante. Según

afirmábamos, la transmisión tecnológica vía instalación de empresas foráneas

es imperceptible en el País Vasco, debido a su escasa presencia. En este

contexto, la participación en proyectos europeos, en colaboración con otros

países, constituye un modo alternativo de acceder a la tecnología necesaria.

Con un modelo bien diferente, la Comunidad Valenciana ha sabido dotarse de

una política tecnológica ajustada a las necesidades de su tejido empresarial,

quizás como consecuencia de los pobres niveles de I+D+I de la que parte su

industria. Las industrias tradicionales allí establecidas (Joyería-Bisutería,

Juguetes, Textil y Confección, Calzado, Peletería y Marroquinería y Mueble)

contribuyen con tan sólo el 2,72% del total de gasto en I+D+I de la industria

española –constituye pues un pobre nivel- (Gráfico 2), cuando su peso en la

facturación oscila el 10% y representan el 18,5% de la población industrial

ocupada (INE, 1998).

Los elementos básicos de la Red Institucional son los 13 Institutos

Tecnológicos, el Parque Tecnológico de Valencia y los 4 Centros Europeos de

Empresas e Innovación (CEEI). Los Institutos Tecnológicos Sectoriales

canalizan el soporte técnico que la PYME necesita para mejorar sus niveles de

calidad, competitividad y desarrollo tecnológico. La Red de Institutos ha

16

asociado a más de 3.000 empresas, cubre prácticamente todos los sectores

industriales valencianos -mueble, cerámica, calzado, textil, juguete, plásticos,

biomecánica, metalmecánica, etc.-, aporta la masa crítica de recursos técnicos

para adecuar los procesos productivos a las posibilidades que abre la

tecnología y facilita la participación directa de las PYME valencianas en

programas y proyectos de investigación transnacionales.

Por su parte, la efectividad de la Generalitat de Cataluña en el campo de la

creación de centros tecnológicos se ha mostrado limitada. El Departamento de

Industria y Energía ha promovido el Laboratori General d`Assaigs i

Investigaciones (LGAI) y el centro tecnológico para el sector automovilístico

IDIADA, con grandes medios tanto en términos de instalaciones como de

presupuesto. Sin embargo, su operatividad cara a las empresas ha resultado

restringida. Las razones son de índole fundacional, pues tanto LGAI como

IDIADA son enteramente públicos, se nutren del Presupuesto de la Generalitat

para su funcionamiento y carecen de la necesaria autonomía de gestión.

Nuevamente, al igual que sucede con las OPIS, la personalidad jurídica del

centro tecnológico y su gestión se perfilan como variables críticas a tener en

cuenta por el gestor de la Política Industrial.

Aunque no se trata propiamente de un centro tecnológico público, puesto que

fue fundado por el Colegio Catalán de Ingenieros Industriales, el INSTITUT

CATALÁ DE TECNOLOGÍA-ICT es el más importante dinamizador tecnológico

de Cataluña. Con una facturación anual en torno a los 2.700 Mptas. y una

plantilla de 155 empleados, coopera estrechamente tanto con las distintas

instancias de la Administración Pública como con los diferentes agentes

económicos y sociales. " En la línea del Desarrollo Tecnológico, ICT dispone de

amplia experiencia en realización de proyectos en los campos de ingeniería

concurrente, visión por ordenador, desarrollo de prototipos, automatización de

procesos, e-business, entornos intranet-extranet-internet y multimedia. Por lo

que se refiere a asesoramiento y formación, la experiencia de ICT es

especialmente significativa en gestión de la calidad, gestión ambiental,

seguridad industrial, tecnologías de la información y de la producción. En el

ámbito de la información, ICT ha desarrollado servicios telemáticos (ICTnet) y

pregunta-respuesta (5)" (FEDIT, 2000).

17

Atendiendo a la personalidad jurídica de los centros de I+D+I, elaboramos un

mapa con el objeto de visualizar las tendencias de cada Comunidad Autónoma.

Para ello hemos recabado los datos de los 52 centros tecnológicos (FEDIT,

1997) cuya figura jurídica responde a la de Institución Pública sin Fines de

Lucro (IPSFL). La distribución de centros de I+D+I públicos por regiones la

aproximamos mediante los datos disponibles de la Red de Laboratorios del

CSIC (6) (1998), a sabiendas de que la Comunidad de Madrid estará

infravalorada dada la concentración de OPIS en la capital que el mapa no

recoge. Con todo, este ejercicio nos permite discernir, de alguna manera, el

grado de orientación hacia el mercado de los centros de investigación de las

diferentes Comunidades Autónomas (Gráfico 4).

GRÁFICO 4: PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS CENTROS DE I+D DE

PROMOCIÓN PÚBLICA: IPSFL VERSUS LABORATORIOS PÚBLICOS

#

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Centros Tecnológicos (IPSFL)(Ingresos 1995)

# 2.000

# 1.000# 200

Proyectos de los Centros de Investigación delCSIC con cargo a fondos nacionales (1995)

160 a 2.450 (5)60 a 160 (2)20 a 60 (3)10 a 20 (1)

0 a 10 (6)

ELABORACIÓN PROPIA. FUENTES: FEDIT (1997).

El sector público de I+D tiene un peso mayoritario en Madrid, Andalucía,

Aragón y Cataluña, con una débil orientación al mercado. Valencia se presenta

como un modelo mixto, con una importante presencia de la red autónoma de

centros tecnológicos, que es decisiva para su estructura industrial. A

continuación, el País Vasco y Navarra, donde el promotor público de ámbito

18

autonómico opta por la creación de IPSFL con autonomía de gestión, en un

intento de aproximarse a las necesidades tecnológicas del mercado.

El cometido de los centros tecnológicos no se limita a realizar I+D+I bajo

contrato, sino que despliegan una actividad más extensa, como es la

formación de técnicos, la vigilancia tecnológica o la gestión para la

obtención de ayudas públicas. Mediante la vigilancia tecnológica, estas

entidades revisan las prácticas organizativas y tecnológicas en los

distintos países para anticiparse a los cambios y, así, tratar de aminorar

el riesgo. Esta vigilancia tecnológica también incrementa las

posibilidades de éxito de los programas de investigación e innovación

que acometen las empresas.Otro aspecto positivo es que los Centros Tecnológicos constituyen un medio

eficaz para acceder a fondos públicos. La complejidad del entramado público

de estímulo al desarrollo de la tecnología, -como son, entre otros, la

preparación de documentación, el seguimiento de los trámites, las

contabilidades específicas a fin de superar las auditorías- dificulta el acceso de

las empresas a las ayudas públicas. La relación con un Centro Tecnológico es

una de las posibles soluciones para superar este obstáculo. Por ser una de las

entidades del sistema de I+D+I operan, según Nueno P. (1999), bajo “ciertas

economías de escala en el seguimiento de los procesos burocráticos, que

..(…).. puede actuar además como agente multiplicador de las posibilidades de

acceso a recursos financieros vía subvención o donación”.

Según un reciente estudio del CDTI, el 40% de las empresas que se benefician

de una ayuda CDTI desarrollan el proyecto en cooperación con un centro

tecnológico (7) (CDTI, 1999). En términos absolutos, la cooperación empresa-

centro tecnológico es más intensa en las Comunidades Autónomas que

cuentan con una mayor infraestructura de centros tecnológicos, es decir,

Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia (CDTI, 1999). En términos relativos, la

colaboración es mayor en el País Vasco: sus empresas se beneficiaron del

12% de los recursos CDTI de 1999 y el 60% de los proyectos aprobados fueron

en cooperación con un centro tecnológico, frente al 40% de la media española

que antes mencionábamos.

19

Así mismo, las compañías de Madrid, Cataluña y el País Vasco son las que

contratan un mayor número de servicios tecnológicos a centros de

investigación ubicados en otros territorios (CDTI, 1999). Y viceversa, sus

centros tecnológicos facturan indistintamente dentro y fuera de la Comunidad

Autónoma. Se puede afirmar, por ello, que el fenómeno de la cooperación

tecnológica ha madurado en mayor medida en estos territorios y, que sus

empresas buscan los centros de investigación que mejor se adecuan a sus

necesidades tecnológicas.

En lo que respecta a los centros sectoriales, cabe mencionar el centro

tecnológico IDIADA, dependiente de la Generalitat de Catalunya y CIDAUT,

centro anejo a la Universidad de Valladolid. Ambos centran su actividad

investigadora en la rama del automóvil. IDIADA provee el soporte técnico para

el desarrollo del producto en el ámbito de la ingeniería, banco de pruebas y

homologación. Las instalaciones se extienden por un territorio de 370 Ha, que

cuenta con 8 pistas de pruebas (entre las cuales figura una pista de alta

velocidad, una pista de fatiga, área de montaña y un circuito de carretera

general), un laboratorio de choque y un departamento de simulación por

ordenador. Sus áreas técnicas incluyen estudios sobre emisiones, motor, ruido

y vibraciones, aerodinamismo, durabilidad, óptica y seguridad pasiva.

CIDAUT, por su parte, constituye un eficaz ejemplo de lo que significa la

colaboración entre la Universidad y las empresas. Está apoyado por las

empresas Antolín Irausa, Atepsa, Cropusa, Fasa, Ibérica de Asientos, Lingotes

Especiales, Michelín y Plásticos Dúrex, y también cooperan la Junta de

Castilla-León, Caja Duero, Caja España, Iberdrola, Parque Tecnológico de

Boecillo y Universidad de Valladolid. Sus proyectos abarcan las fases de

diseño y puesta a punto del proceso pre-industrial. Con instalaciones más

modestas que las de IDIADA, CIDAUT ha llevado a cabo más de 150 proyectos

de investigación desde 1997, realizados por personal universitario según los

encargos de las empresas integrantes.

En un sector de marcado carácter innovador, como el aeroespacial, la

incorporación de nuevas tecnologías, materiales, diseños, ensayos, etc., a los

nuevos desarrollos obliga a una continua labor de investigación. El alto coste

que estas actividades representan difícilmente puede llevarse a cabo

exclusivamente en las empresas del sector. Los proyectos de I+D del sector

20

aeronáutico tienen, además, unos períodos de recuperación de la inversión de

15 a 20 años (CYCIT, 1999). Esto ha motivado, en todos los países de nuestro

entorno, un progresivo acercamiento entre los centros de investigación, la

Administración Pública y la industria aeroespacial, que ha multiplicado los

vínculos y conexiones ya existentes.

La infraestructura pública de I+D en este sector se remonta al año 1942,

cuando la Administración Central creó el Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa. En la actualidad, el

INTA lleva a cabo una política de aproximación de sus investigaciones y

desarrollos, no sólo al sector aeroespacial sino también al resto del tejido

industrial, lo que le ha llevado a participar en la resolución de problemas

tecnológicos de las más variadas actividades industriales, especialmente en el

sector de la automoción. El efecto sinérgico de la actividad aeroespacial sobre

el sector del automóvil provoca un importante flujo tecnológico en disciplinas

tangentes como la investigación en estructuras, materiales y combustión. El

INTA posee su propio Centro de Experimentación y Homologación de

Vehículos, que opera como laboratorio de ensayos y centro de certificación.

Recientemente ha concluido la primera fase del Programa Español dePequeños Satélites con el exitoso lanzamiento de tres Minisat 01. Este

programa, iniciado en 1990, persigue la creación de una plataforma estándar

multiuso de reducido coste de construcción. Su aplicación a las

telecomunicaciones le abre un amplio panorama de mercado (8), con un coste

de construcción al alcance de numerosos países de menor poder adquisitivo. El

proyecto se ha realizado con el concurso de otras OPIS y empresas del sector

privado. En coordinación con el CDTI y la dirección técnica y de gestión del

INTA, Construcciones Aeronáuticas (CASA) asumía el papel de contratista

principal y se responsabilizaba de la construcción de la plataforma del satélite.

De esta forma se pretendía involucrar al mayor número posible de empresas

españolas del sector. Así, han tomado parte del proyecto empresas

colaboradoras y subcontratistas: CRISA (9), encargada de las unidades

electrónicas del subsistema de potencia eléctrica; INDRA, supervisando la

telemedida y el telecomando; SENER, como entidad encargada del control de

asiento del satélite; y TGI (10) e INSA (11), en la red de comunicaciones (INTA,

1998).

21

La actuación de las Comunidades Autónomas en la provisión de infraestructura

de I+D para el sector aeronáutico es reciente. En 1997 comenzó sus

operaciones el Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA) a instancias del

Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Alava y Vizcaya, y el respaldo de

las empresas que trabajan en el sector dentro del País Vasco (12). El CTA

tiene por objeto la certificación de componentes y productos aeronáuticos,

además de estar especializado en tecnologías de ensayo. Dispone de dos

sedes situadas en el parque tecnológico de Miñano (Alava) y Zamudio

(Vizcaya), próximos fisicamente a Gamesa Aeronáutica e Industria de Turbo

Propulsores-ITP (13) respectivamente. Existen, además, dos centros

tecnológicos dentro de la Red Vasca que despliegan una intensa actividad de

investigación en este campo: el CEIT de San Sebastián, que trabaja bajo

contrato para la empresa de aeromotores Rolls Royce, e IKERLAN (del grupo

MCC), que participa en proyectos europeos con la Agencia Espacial Francesa.

En Andalucía, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) está proyectando la

creación de un Parque Aeronáutico a partir de la ya existente empresa de

comercialización Andalucía Aeroespacial SA, ubicada en el parque tecnológico

de La Cartuja (Sevilla). Esta empresa ha sido creada por las principales PYME

del sector andaluz de componentes aeronáuticos (con una participación del

75% del accionariado) y el IFA (25%). Actualmente busca aumentar la cartera

de pedidos de sus empresas a través de los contactos con fabricantes

internacionales de aeronaves (14). Recuérdese que estas PYME surgieron

como resultado de la demanda de la planta que CASA posee en Sevilla.

Existe, por último, una amplia variedad de centros tecnológicos dedicados a la

aplicación de tecnologías del sector agroalimentario (AIMCRA en Castilla-León,

AINIA de la Comunidad Valenciana, ANFACO/CEC OPESCA de Galicia, CTC

en Murcia, CTNCV en Navarra y AZTI del País Vasco) cuyo objetivo es innovar

en un sector caracterizado de suyo por una atonía que es fruto, en parte, de la

atomización empresarial del sector.

22

CONCLUSIONESLos modelos regionales de Política de Apoyo a la I+D+I más ajustados a las

necesidades de sus respectivos territorios son los que vienen desarrollando las

Comunidades Autónomas de Valencia y País Vasco. El primero de ellos, muy

inspirado en el modelo de la región italiana de Emilia Romagna, está basado en

la creación de una Red Institucional de servicios reales a las empresas cuya

opción más destacada es la integración de agentes públicos y privados en un

solo proyecto de desarrollo industrial. Dentro de dicha Red valenciana

sobresalen los Centros Tecnológicos Sectoriales, un ejemplo de imbricación de

intereses públicos y privados bajo la responsabilidad del empresariado. Cuando

las empresas asumen la responsabilidad en la orientación de la investigación y

de la innovación en el ámbito de los procesos y sobre todo de los productos,

las probabilidades de fracaso de los Centros Tecnológicos disminuye

radicalmente, como la historia de los valencianos demuestra fehacientemente.

Además, la participación empresarial es una garantía, quizás la mejor de las

posibles, de la continuidad de este tipo de Centros, al "aislarlos" de los cambios

institucionales dependientes de la esfera política.

Así mismo, la creación de la Red de Centros Tecnológicos ha sido una de las

principales dedicaciones de la política industrial desarrollada por las

instituciones vascas, que han levantado un sistema consistente. Sin embargo,

el tesón del sector público no ha tenido el eco esperado en el colectivo

empresarial, que ha ido casi siempre a remolque de la insistencia y de las

generosas ayudas que el Gobierno Vasco, las Diputaciones y los organismos

dependientes de ambos han distribuido. Del mismo modo, tampoco la

Universidad ha participado en la medida de sus capacidades en la política

tecnológica, aunque en este caso no cabe atribuirle, ni mucho menos, toda la

responsabilidad de su escasa vinculación con la política tecnológica

desarrollada; salvo, quizás, en la insuficiente respuesta ofrecida por esta

Institución a las necesidades del sistema productivo en materia de

investigación (NAVARRO, 1992).

23

NOTAS(*) Este trabajo ha podido realizarse gracias a la ayuda dispensada a los Proyectos deInvestigación UPV 036.321-HA060/96 y UPV 036.321-HA135/98 por la Universidad del PaísVasco.

(1) La participación de las Universidades va en constante aumento, llegando a alcanzar un

33% en 1997. El porcentaje que corresponde a la Administración Pública es del 17% y el de los

IPSFL el 1% restante.

(2) Son OPIS el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de

Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto

Tecnológico y Geominero de España (ITGME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

(INTA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras

Públicas (CEDEX), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR).

(3) La relación de los trabajadores y su positiva adaptación a los cambios constituye un factor

crítico del proceso reorganizativo. Un adecuado y paulatino plan de formación puede resultar

estimulante e incentivador tanto para el operario como para la empresa. Una desacertada

gestión de recursos humanos, por el contrario, puede hacer fracasar todo el plan de mejora.

El proceso deberá de ser paulatino. No en vano todo aprendizaje requiere una atmósfera de

serenidad y sosiego. Sin embargo, la presión sobre los resultados en el día a día pone en

peligro el clima organizativo favorable. Como posibilidad, puede ocurrir que los empleados no

perciban la adaptación tecnológica como una oportunidad de mejora, sino más bien como una

amenaza.

Por ello, la precipitación en la reorganización, lejos de contribuir a la liberación de los talentos,

podría constreñirla y conducir a la empresa a una situación final peor que la inicial. Por

consiguiente, resulta de vital importancia que los cuadros directivos posean un conocimiento

real de la compañía y de sus necesidades, sin dejarse llevar por las intensas corrientes de

deslumbramiento tecnológico y modas de gerencia.

El cometido de los consultores tecnológicos es, pues, ayudar a resolver problemas, no

generarlos; ni, mucho menos, encajar el paquete tecnológico que tienen a la venta en ese

momento. Deben ser de una credibilidad probada, en los que primen los intereses del cliente

sobre sus propios intereses como empresa asesora.

(4) Hoy el colectivo de empresas CDTI representa el 15% de las empresas innovadoras, unas

2.500 empresas según fuentes del INE.

(5) Véase una ampliación del ICT en el capítulo dedicado a la Política Industrial de Cataluña

(ref. PLAZA y VELASCO, 2001).

(6) El CSIC ocupa a unas 8.300 personas, de las cuales 2.100 son calificadas como personal

científico.

24

(7) En los campos de la biotecnología y la farmacia este porcentaje aumenta hasta el 70% por

la necesidad que tienen estos sectores de investigación básica.

(8) La demanda de las tecnologías dependientes de satélites aumenta con una tasa de

crecimiento exponencial. Las telecomunicaciones, los pronósticos meteorológicos o la reciente

incorporación a los vehículos de sistemas de navegación por satélite constituyen algunos de

los ejemplos más comunes del uso de los satélites en la vida cotidiana.

(9) Computadoras, Redes e Ingeniería, S.A. (CRISA) es una empresa española que la

Administración Central crea en 1985. Dos años después la empresa española ABENGOA y la

francesa MATRA MARCONI SPACE adquirían cada una el 50% de las acciones de la

compañía. CRISA centra su actividad en el desarrollo y la fabricación de equipos electrónicos y

software para la aplicación en los sectores aeroespacial (satélites, lanzadores y transporte

espacial), defensa y telecomunicaciones. Sus instalaciones se ubican en el Parque Tecnológico

de Madrid-Tres Cantos, con una plantilla que oscila los 250 operarios.

(10) Tecnología y Gestión de la Innovación (TGI) fue creada en 1990. Con una plantilla de 35

personas, su facturación ronda los 535 Mptas. anuales, de los cuales exporta el 25%.

(11) Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA) fue creado en 1992 por el INTA. Su

actividad se centra en dos grupos: redes de comunicación por satélite y sistemas de

seguimiento de tierra, y servicios “llave en mano” de comunicaciones globales por satélite. Su

facturación anual supera los 3.500 Mptas. anuales y dispone de 300 empleados.

(12) El Centro de Tecnologías Aeronáuticas-CTA ha sido promovido por las empresas Gamesa

Aeronáutica, Industria de Turbopropulsores-ITP, Sener Ingeniería y Sistemas, Burulan,

Metraltec, Nuter, SPA, Talleres Aratz, Fotocorte, Mesima Bilbao, Tecnichapa, Novalti, SK-10.

(13) En el año 2000 el Gobierno Vasco aprobó la concesión de subvenciones por un importe de

5.170 Mptas a ITP, para apoyar su plan de inversiones de 67.000 Mptas. para los próximos

nueve años. Asímismo, decidió conceder ayudas por un importe de 5.500 Mptas. a Fusilajes

Aeronáuticos (FUASA), empresa perteneciente al Grupo Gamesa.

(14) Véase una ampliación sobre el proyecto del Parque Aeronáutico y Andalucía Aeroespacial

SA en el capítulo dedicado a la Política Industrial de Andalucía (ref. PLAZA y VELASCO, 2001).

25

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