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XXVI Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para Universidades de las Américas Santiago, Chile 14 al 17 de Julio de 2008 Libro Final

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XXVI Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para

Universidades de las Américas

Santiago, Chile 14 al 17 de Julio de 2008

Libro Final

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2

Declaración de Santiago DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD: EL

RETO DE LOS ESTADOS DE LAS AMÉRICAS

Los miembros de la Organización de los Estados Americanos que participan del

XXVI Modelo de la Asamblea General, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, los días

14, 15,16 y 17 de julio de 2008, con el objetivo de analizar la crisis de representatividad

dentro de las instituciones y afrontarla a partir de la cooperación multilateral, para el

fortalecimiento de la democracia en las Américas,

REAFIRMANDO, que la Carta de la OEA reconoce que la democracia

representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que

uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa;

SEÑALANDO que la Carta Democrática Interamericana reconoce que la

democracia es un derecho de los pueblos, y que entre los elementos principales de la

democracia representativa se encuentran las elecciones periódicas, libres y basadas en el

sufragio universal;

TENIENDO PRESENTE los principios que surgen de la III Cumbre de las

Américas realizada en Québec en el año 2001 que sirvieron de base para establecer la Carta

Democrática Interamericana;

REAFIRMANDO los principios que surgen del programa de gobernabilidad del

Programa de Gobernabilidad en las Américas, adoptada en la Asamblea General mediante

la AG-RES (XXXV-O-05);

CONSIDERANDO:

Que sólo existe una verdadera representatividad política en la medida en que los

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3

derechos no sólo se garanticen, sino que también se permita su ejercicio pleno;

Que la igualdad de oportunidades, indispensable para la vida en sociedad, es la

condición imprescindible para las sociedades democráticas representativas;

La imperiosa necesidad de replantear la forma en que sirven a la sociedad las

instituciones, los sistemas políticos y los sistemas electorales;

La descentralización como herramienta idónea para el empoderamiento;

La imperiosa necesidad de reforzar la credibilidad y la confianza por parte de la

ciudadanía en las instituciones democráticas;

Que la corrupción es uno de los mayores riesgos de las democracias representativas;

Que la educación cívica es la base de la participación ciudadana,

DECLARAN:

1. Que para lograr una mayor representatividad, credibilidad, participación y

legitimidad política en la sociedad, es necesario avanzar en reformas políticas y

electorales.

2. Su compromiso en incrementar la cantidad y calidad de programas de formación

política y preparación de líderes, de manera de promover la inclusión efectiva y no

discriminatoria de mujeres, jóvenes, minorías étnicas y poblaciones marginadas, en

el marco de optimizar la democracia participativa en toda la sociedad.

3. Promover la vinculación efectiva de Organizaciones No Gubernamentales y de la

sociedad civil con el trabajo de los Estados, para facilitar la acción conjunta de éstos

con los partidos políticos, para el reposicionamiento de las demandas ciudadanas

tanto en los procesos de legislación, como en la creación de políticas públicas.

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4

4. Su compromiso en al búsqueda de fórmulas y estrategias para lograr un equilibrio

entre democracia representativa y participación ciudadana, fomentando y/o

fortaleciendo nuevas instituciones políticas ligadas a la sociedad civil.

5. Que la legitimación de las instituciones políticas implica dar a éstas un mayor

fortalecimiento, transparencia e inclusión, dirigida al desarrollo integral.

6. Combatir la corrupción mediante nuevas estrategias y el respeto de los acuerdos

vigentes, incluyendo especialmente la Convención Interamericana Contra la

Corrupción y su mecanismo de seguimiento (MESISIC).

7. Su compromiso de promover la educación cívica en valores y prácticas

democráticas, con el propósito de desarrollar conocimientos y habilidades en la

población para la vida en democracia y el pleno goce de sus derechos humanos y

libertades fundamentales.

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5

ÍNDICE DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN EL XXVI MOEA PARA

UNIVERSIDADES SANTIAGO, CHILE – 14 AL 17 DE JULIO DE 2008

Número Resolución

Título

País(es)

Universidad(es)

Página

CG-1

Cooperación para la Prevención de la Violencia Transnacional y las Pandillas Delincuenciales

Belize Universidad de Antioquía

(Colombia)

18

CG-2 El Lavado de activos como crimen organizado transnacional

Bolivia Universidad de San Buenaventura (Colombia)

22

CG-3 Medidas de Cooperación entre Estados para la consolidación de la seguridad hemisférica y el combate de la delincuencia organizada transnacional.

Colombia Universidad Católica de Chile

28

CG-4 Delincuencia organizada transnacional y su efecto en las democracias.

El Salvador Universidad de Concepción

(Chile)

32

CG-5 Cooperación hemisférica para prevenir el crimen organizado transnacional y su efecto en la democracia.

México UNINORTE (Colombia)

35

CG-6 Crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias.

Uruguay Universidad Diego Portales (Chile)

36

CG-7 Consolidación de la lucha interamericana contra el crimen organizado transnacional

Surinam Universidad de los Andes

(Colombia)

42

CG-8 Programa contra la lucha organizada transnacional en el hemisferio.

Antigua y Barbuda Universidad del Desarrollo

(Chile)

47

CG-9 Crimen Organizado trasnacional y su efecto en las democracias

Argentina Universidad Católica de Valparaíso

(Chile)

51

CG- 10

Mecanismos de Cooperación para combatir el crimen organizado transnacional realizado a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Estados Unidos ICESI (Colombia)

56

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6

CG- 11

Proyecto para la disponibilidad de información para las primeras líneas de lucha contra la delincuencia transnacional

Guatemala Baylor University (Estados Unidos)

61

CG-12

Crimen transnacional organizado y sus efectos en la democracia.

Guyana Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (Rep. Dominicana)

65

CG-13 Crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias.

Grenada

Universidad Central de Chile

69

CG-14

Promoción del plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional

Chile Pontificia Universidad

Javeriana (Colombia)

74

CG-15 El control financiero como estrategia de monitoreo de los delitos que se derivan del crimen organizado transnacional.

Costa Rica Universidad Nacional de Colombia

78

CG-16

Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los estados en asuntos relacionados con la producción, el consumo y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Ecuador Universidad Militar Nueva Granada

(Colombia)

81

CG-17

2010 Año Interamericano de la prevención y lucha contra el crimen organizado.

Canadá Universidad Católica de Chile

87

CG-18

Cooperación para combatir los grupos criminales transnacionales a través de la lucha contra la corrupcion y el narcotráfico para el fortalecimiento de la democracia.

Brasil EAFIT (Colombia)

92

CG-19

Fortalecimiento de redes societales en la prevención del crimen organizado transnacional.

Panamá Universidad Alberto Hurtado (Chile)

98

CG-21

Crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias.

Santa Lucía Pontificia Universidad Católica

de Temuco (Chile)

101

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7

CG-22 Crimen organizado transnacional y sus efectos en las democracias.

Perú Universidad Nacional de Luján

(Argentina)

104

CG-23

Mecanismos para compartir experiencias relativas a la prevención de los delitos transnacionales.

República Dominicana

Universidad Lomas de Zamora (Argentina)

107

CG-24

Responsabilidad compartida y seguridad multidimensional: Ejes rectores de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Paraguay Universidad Nacional del Rosario (Argentina)

111

CG-25

Portal web ciudadano contra el crimen transnacional organizado: un aporte al fortalecimiento de la democracia.

Barbados Universidad de Chile 116

CG-26 Crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias.

Trinidad y Tobago Universidad San Martín de Porres

(Perú)

121

CG-27 Prevención y erradicación del blanqueo de capitales del crimen organizado transnacional.

Saint Kitts and Nevis

Universidad San Sebastián

(Chile)

127

CG-28 El crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias

Nicaragua Universidad Bernardo O'Higgins

(Chile)

130

CG-31 Crimen organizado transnacional y su efecto en las democracias.

Haití Univ. Estadual de Sao Paulo (Brasil)

134

INDICE LIBRO FINAL PRIMERA COMISIÓN

Número Resolución

Título

País(es)

Universidad(es)

Página

I-3

Educación política: Un aspecto clave para el fortalecimiento de nuestras democracias.

Barbados Universidad de Chile 139

I-4

Calidad y financiamiento de los partidos políticos

El Salvador Universidad de Concepción

(Chile)

144

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8

I-11

Integración y participación política de los pueblos indígenas.

Dominica Universidad Católica Silva Henríquez

(Chile)

149

I-12 Calidad y financiamiento de los partidos políticos.

Santa Lucía Pontificia Universidad Católica de Temuco

(Chile)

154

I-13 Transparencia y financiamiento de los partidos políticos.

Honduras UNERMB (Venezuela)

158

Argentina Universidad Católica de Valparaiso

(Chile) Brasil EAFIT

(Colombia) Canada Universidad Católica

de Chile Mexico UNINORTE

(Colombia)

Suriname Universidad de los Andes

(Colombia)

GT-I-5

Cooperación hemisférica para la promoción y el fortalecimiento de los valores democráticos en los partidos políticos.

Uruguay Universidad Diego Portales (Chile)

161

Bolivia Universidad de San Buenaventura (Colombia)

Colombia Universidad Católica de Chile

Costa Rica Universidad Nacional de Colombia

Panamá Universidad Alberto Hurtado (Chile)

Paraguay Universidad Nacional del Rosario (Colombia)

GT-I-6

Los partidos políticos como instituciones necesarias para el fortalecimiento de la democracia.

República Dominicana.

Universidad Lomas de Zamora

(Argentina)

166

GT-I-7 Foro Interamericano sobre partidos políticos: Fortalecimiento a la democracia de las Américas

Trinidad y Tobago Universidad San Martín de Porres

(Perú)

170

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- 9 -

9

Ecuador Universidad Nueva Militar Granada

(Colombia) Jamaica

Universidad Sergio Arboleda

(Colombia) Antigua y Barbuda

Universidad del Desarrollo

(Chile) GT-I-8

Calidad y financiamiento de los partidos políticos

Grenada

Universidad Central de Chile

181

Nicaragua,

Universidad Bernardo O'Higgins

(Chile) San Vicente y las Granadinas

Universidad Católica Silva Henríquez

(Chile) GT-I-9

Calidad y financiamiento de los partidos políticos.

Venezuela Universidad del Pacífico (Chile)

185

Estados Unidos ICESI (Colombia)

Guyana

Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (Rep. Dominicana)

Perú

Universidad Nacional de Luján

(Argentina)

GT-I-10

Sistemas para la certificación y el buen funcionamiento partidario

Saint Kitts and Nevis

Universidad San Sebastián

(Chile)

191

ÍNDICE LIBRO FINAL SEGUNDA COMISIÓN

Número Resolución

Título

País(es)

Universidad(es)

Página

II-1

Cooperación para el intercambio de experiencias exitosas de acción frente a desastres naturales: El Rol fundamental de la participación ciudadana.

Barbados

Universidad de Chile 196

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10

II-2

Desastres naturales: Cooperación para replicar modelos exitosos de prevención y respuesta e intercambio de experiencias.

Bolivia Universidad de San Buenaventura (Colombia)

200

II-3 Desarrollo de programas educativos para la prevención de desastres naturales.

Chile Pontificia Universidad Javeriana

(Colombia)

205

II-5

Desastres naturales: Cooperación para replicar modelos exitosos de prevención y respuesta, e intercambio de experiencias.

El Salvador Universidad de Concepción

(Chile)

208

II-6 Rerum Novarum: Los Refugiados Ambientales

República Dominicana

Universidad Lomas de Zamora

(Argentina)

211

II-10 Desastres naturales: Cooperación para replicar exitosos de prevención y respuesta, e intercambio de experiencias.

Nicaragua Universidad Bernardo O'Higgins

(Chile)

217

II-11

Estatuto interamericano para constituir reservas económicas de atención y acción inmediata contra el desastre natural de gran escala.

Jamaica Universidad Sergio Arboleda

(Colombia)

223

II-13

Desastres naturales: Cooperación para replicar modelos exitosos de prevención y respuesta, e intercambio de experiencias.

Venezuela Universidad del Pacífico (Chile)

226

II-14 Prevención y respuesta en desastres naturales

Honduras UNERMB (Venezuela)

230

II-16 Intercambio de modelos exitosos de gestión local de riesgo.

Costa Rica Universidad Nacional de Colombia

234

Ecuador Universidad Militar Nueva Granada

(Colombia) Grenada Universidad Central de

Chile Guatemala Baylor University

(Estados Unidos) México UNINORTE

(Colombia)

GT-II-7

Cooperación para el intercambio de experiencias, fortalecimiento de modelos ambientales y de gestión, para la prevención y respuesta de los desastres naturales en el hemisferio.

Perú Universidad Nacional

238

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- 11 -

11

de Luján (Argentina)

Antigua y Barbuda

Universidad del Desarrollo

(Chile) Belice Universidad de

Antioquia (Colombia)

Brasil EAFIT (Colombia)

Colombia Universidad Católica de Chile

Estados Unidos ICESI (Colombia)

Guyana Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (Rep. Dominicana)

Paraguay Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Suriname Universidad de los Andes

(Colombia) Trinidad y Tobago

Universidad San Martín de Porres

(Perú)

GT-II-8

Cultura de la prevención: Cooperación hemisférica para la prevención, asistencia y restauración ante desastres naturales

Uruguay Universidad Diego Portales (Chile)

242

San Vicente y las Granadinas

Universidad Católica Silva Henríquez

(Chile) Santa Lucía Pontificia Universidad

Católica de Temuco (Chile)

GT-II-9

Integración como un medio efectivo para prevenir y responder frente a desastres naturales

Saint Kitts and Nevis

Universidad San Sebastian

(Chile)

249

Canadá

Universidad Católica de Chile

GT-II-12

Desastres naturales: Cooperación para replicar modelos exitosos de prevención y respuesta, e intercambio de experiencias.

Panamá Universidad Alberto Hurtado

252

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12

(Chile)

INDICE LIBRO FINAL TERCERA COMISIÓN

Número Resolución

Título

País(es)

Universidad(es)

Página

III-1

Energía Eólica como potencial fuente energética para Latinoamérica

República Dominicana

Universidad Lomas de Zamora

(Argentina)

258

III-2

Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA; y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI): Integración Energética Regional: Situación, Oportunidades y Desafíos

Granada Universidad Central de Chile

261

Estados Unidos

ICESI (Colombia)

GT-III-3

Estrategias de integración energética para promover el desarrollo sostenible del hemisferio.

Belice Universidad de Antioquia

(Colombia)

264

III-4

Eficiencia energética para la integración

Nicaragua Universidad Bernardo O'Higgins

(Chile)

269

Paraguay

Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Trinidad y Tobago

Universidad San Martín de Porres

(Perú) Chile Pontificia Universidad

Javeriana (Colombia)

El Salvador

Universidad de

Concepción (Chile)

GT-III-5 Promoción de la integración y la seguridad energética en el hemisferio.

Colombia Universidad Católica de Chile

272

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- 13 -

13

Honduras UNERMB (Venezuela)

Guyana Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (Rep. Dominicana) GT-III-6

Integración energética regional: Alianza común entre los estados americanos para el desarrollo energético.

México UNINORTE (Colombia)

277

III-7

Ampliación de la situación de intercambio energético a nivel regional a través del establecimiento de políticas arancelarias

Argentina Universidad Católica de Valparaíso

(Chile)

279

Antigua y Barbuda

Universidad del Desarrollo

(Chile) Bolivia Universidad de San

Buenaventura (Colombia)

Brasil EAFIT (Colombia)

Canadá

Universidad Católica de Chile

Dominica Universidad Católica

Silva Henríquez (Chile)

Jamaica Universidad Sergio Arboleda

(Colombia) Saint Kitts and Nevis

Universidad San Sebastián

(Chile) San Vicente y las Granadinas

Universidad Católica Silva Henríquez

(Chile)

282

GT-III-8

Cooperación energética regional y vinculación de la sociedad civil

Uruguay Universidad Diego Portales (Chile)

III-9 Las Alianzas Bilaterales y Multilaterales como Mecanismo para Fortalecer la Integración Energética del Hemisferio.

Ecuador Universidad Militar Nueva Granada

(Colombia)

288

III-10 Búsqueda de una cohesión energética en América y creación en de un bloque solidario.

Venezuela Universidad del Pacífico (Chile)

292

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- 14 -

14

Surinam

Universidad de los Andes

(Colombia) GT-III-11

Recomendaciones para una integración energética regional viable y eficiente.

Santa Lucía Pontificia Universidad Católica de Temuco

(Chile)

294

Barbados Universidad de Chile

Costa Rica Universidad Nacional de Colombia

Guatemala Baylor University (Estados Unidos)

GT-III-12

Promoción de métodos para mejorar la integración, cooperación y rendimiento hemisférico de energías renovables.

Panamá Universidad Alberto Hurtado (Chile)

297

INDICE LIBRO FINAL CUARTA COMISIÓN

Número Resolución

Título

País(es)

Universidad(es)

Página

IV-1 Necesidad de incrementar el presupuesto de la OEA para combatir en forma eficiente el narcotráfico

Antigua y Barbuda

Universidad del Desarrollo

(Chile)

304

IV-2

Sobre escala de cuotas, fondo regular y medidas frente a la incapacidad de pago de los estados derivada de desastres naturales.

Grenada Universidad Central de Chile

308

IV-3 Manejo eficiente del presupuesto destinado a las comunidades indígenas del hemisferio.

México UNINORTE (Colombia)

313

IV-4

Cooperación de la sociedad civil internacional para el incremento del presupuesto de la organización.

República Dominicana

Pontificia Universidad Católica Madre y

Maestra (Rep. Dominicana)

316

IV-7 Necesidad de incrementar el presupuesto para responder a los nuevos retos de la organización.

Perú Universidad Nacional de Luján

(Argentina)

320

IV-8 Vulnerabilidad y desarrollo sustentable. San Vicente y las

Granadinas Universidad Católica Silva Henríquez(Chile)

323

IV-10 Estabilización de colaboraciones corporativas.

Guatemala Baylor University (Estados Unidos)

327

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15

IV-11 Necesidad de mejorar el cumplimiento del pago de cuotas de los países miembros

Nicaragua Universidad Bernardo O'Higgins

(Chile)

331

IV-12 Necesidad de incrementar el presupuesto para responder a los nuevos retos de la organización.

Santa Lucía Pontificia Universidad Católica de Temuco

(Chile)

334

Argentina Universidad Católica de Valparaíso

(Chile) Bolivia Universidad de San

Buenaventura (Colombia)

Colombia Universidad Católica de Chile

Costa Rica Universidad Nacional de Colombia

GT-IV-6

Medidas para reunir pagos atrasados y redistribuir el presupuesto destinado a afrontar los nuevos retos de la organización

Suriname Universidad de los Andes

(Colombia)

337

Barbados Universidad de Chile

Paraguay Universidad Nacional del Rosario (Argentina)

Ecuador Universidad Militar Nueva Granada

(Colombia) Trinidad y Tobago

Universidad San Martín de Porres

(Perú)

GT-IV-9

Creación de nuevos fondos voluntarios específicos para responder a los nuevos desafíos del hemisferio

Uruguay Universidad Diego Portales (Chile)

343

Brasil EAFIT (Colombia)

Canadá Universidad Católica de Chile

Chile Pontificia Universidad Javeriana

(Colombia) GT-IV-13

Eficiencia en la distribución del presupuesto para responder a los nuevos retos de la organización

Estados Unidos ICESI (Colombia)

347

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- 16 -

16

Venezuela Universidad del Pacífico(Chile)

Panamá Universidad Alberto Hurtado

(Colombia) GT-IV-14

Necesidad de incrementar el presupuesto para responder a los nuevos retos de la organización

Saint Kitts and Nevis

Universidad San Sebastián

(Chile)

351

Belice

Universidad de Concepción

(Chile) El Salvador Universidad de

Concepción (Chile)

GT-IV-15

Necesidad de incrementar el presupuesto para responder a los nuevos retos de la organización.

Guyana Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (Rep. Dominicana)

355

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- 17 -

17

Comisión General

Libro Final

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- 18 -

18

CG-1 COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

TRANSNACIONAL Y LAS PANDILLAS DELINCUENCIALES

Comisión: General Punto único del Temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Belize

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08) “Prevención de la delincuencia y la

violencia en las Américas”;

Las resoluciones AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08) “Promoción de la Cooperación

Hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas”; AG/RES. 2144 (XXXV-O/05)

“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas”; AG/RES.

2247 (XXXVI-O/06) “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las

pandillas relacionadas con actividades delictivas” y AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07)

“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas”;

La Resolución AG/RES. 2164 (XXXVI-O/06) “Programa Interamericano sobre

Educación en Valores y Prácticas Democráticas”;

CONSIDERANDO

Que la delincuencia y la violencia en nuestro hemisferio afectan directa e

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19

indirectamente el desarrollo social, económico y político de nuestros Estados;

Que la pobreza, la inequidad, la falta de educación y la exclusión social, entre otras

causas, podrían crear condiciones que lleven al surgimiento de pandillas delictivas;

RECORDANDO que las pandillas delictivas constituyen un problema de seguridad

transnacional, que atenta contra la desarrollo social y económico y vulnera las democracias

de los Estados Americanos;

AFIRMANDO que las pandillas delictivas se presentan en diversas modalidades y

particularidades, inclusive con formas violentas de comportamiento y vinculación creciente

al tráfico ilícito de armas, al consumo y tráfico ilícito de drogas, a la extorsión y a otros

delitos;

REAFIRMANDO que las pandillas delictivas fomentan la violencia en el

hemisferio y vulneran a su vez los derechos humanos y las libertades fundamentales de

todas las personas;

ENFATIZANDO que la prevención de la violencia en todas sus formas y en

particular en el surgimiento de las pandillas delictivas es la forma más apropiada para

disminuir el tamaño e impacto de las pandillas delictivas;

TENIENDO EN CUENTA que la Educación es fundamental para la Democracia,

según el entendimiento dado por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ya

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- 20 -

20

que la educación debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz, y de ésta forma

materializar la democracia;

RECORDANDO que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las

Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno enfatizaron su preocupación por el problema

de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno

económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades

en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible;

DESTACANDO la necesidad de los Estados de cooperar estrechamente entre sí y

de adoptar una estrategia regional de cooperación para el tratamiento de las pandillas

delictivas;

RESUELVE

1. Instar a los Estados miembros a la cooperación multilateral sobre avances internos

en cuanto a la prevención de la violencia nacional y transnacional y el surgimiento

de pandillas delincuenciales.

2. Exhortar a los Estados miembros a implementar acuerdos trasnacionales de

cooperación, al igual que políticas internas gubernamentales y legislativas, que

permitan el desarrollo de mecanismos de prevención y control de crímenes

trasnacionales, orientados a la educación para la prevención de la violencia y del

surgimiento de las pandillas delincuenciales en niños y jóvenes.

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- 21 -

21

3. Exhortar también a los Estados miembros que promuevan acciones orientadas a la

rehabilitación y reinserción social de todos los que hayan formado parte de

pandillas delictivas,

4. Encomendar a la Secretaría General que, a través del Departamento de Seguridad

Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y en coordinación con las

demás áreas pertinentes presente una propuesta para la discusión de la estrategia

regional del tipo de cooperación mencionado y de igual forma apoye en su

elaboración.

5. Reiterar su convencimiento de que lo encomendado al Consejo Permanente, realtivo

a crear un Grupo de Trabajo que sustituya al Grupo de Contacto Integrado por los

Estados Miembros interesados o particularmente afectados por el fenómeno de las

pandillas delictivas, que se encargue de elaborar una estrategia regional de

promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de las pandillas

delictivas, que tome debidamente en cuenta las presentaciones de los organismos

del Sistema interamericano y las intervenciones de los Estados durante la Sesión

Especial dedicada a analizar el fenómeno de las pandillas delictivas, por medio de la

Comisión de Seguridad Hemisférica, es una salida ideal para avanzar en la

disminución de dicho fenómeno.

Países cosignatarios: 1. BOLIVIA 2. URUGUAY 3. COLOMBIA 4. SANTA LUCÍA 5. BARBADOS

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22

CG-2

EL LAVADO DE ACTIVOS COMO CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Comisión: General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Bolivia.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las Resoluciones AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2116 (XXXV-O/05) y

AG/RES. 2189 (XXXVI-O/06), “Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en

el hemisferio”;

La Resolución CP/RES.908 1567 XXXVI - O/06), “Plan de Acción Hemisférico

contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, mediante la cual el Consejo Permanente

aprobó el citado documento el 25 de octubre de 2006;

La Resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07), “Ejecución del Plan de Acción

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”;

Las Resoluciones AG/RES. 2274 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2357 (XXXVIII-

O/08), “Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad”;

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DESTACANDO:

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres protocolos adicionales, el Protocolo

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el Protocolo para prevenir,

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo

contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y

municiones”, como el marco jurídico del Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional;

La Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Conferencia

Especial sobre Seguridad en México en octubre de 2003, mediante la cual, los Estados

miembros condenaron la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las

instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre la sociedad y renovaron el

compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el Estado de derecho y la

cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado;

RECORDANDO:

Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirmaron los Estados

miembros que la democracia representativa es una condición indispensable para la

estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio, y que la cooperación para

enfrentar las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, las preocupaciones y otros

desafíos también se fundamenta en valores compartidos y enfoques comunes, incluyendo el

pleno respeto de la democracia, el derecho internacional, los derechos humanos y las

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libertades fundamentales;

Que en la Declaración de La Florida de junio de 2005 sobre “Hacer realidad los

beneficios de la democracia”, se resalta que cada uno de los sectores de la sociedad puede

contribuir a alcanzar los beneficios de la democracia a través de un crecimiento económico

equitativo que propicie la inclusión social y la movilidad social, el desarrollo integral y la

distribución de ingresos;

RECONOCIENDO:

La importancia de que los Estados miembros mejoren y fortalezcan las medidas

orientadas a erradicar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, que en algunos casos

propician que los grupos vulnerables sean víctimas de las acciones de la delincuencia

organizada transnacional;

CONSIDERANDO:

Que la nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance

multidimensional e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas,

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio;

Que las oportunidades de la globalización son aprovechadas por los grupos

delictivos que intervienen en actividades ilegales y que se trata hoy de un fenómeno

verdaderamente transnacional de difícil detección y neutralización;

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Que el lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo

que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce, y tales

actividades criminales pueden ser narcotráfico, tráfico de armas, actos de corrupción

administrativa y cualquier modo de crimen organizado;

Que el lavado de activos tiene efectos terribles sobre los países porque evita la

detección de actividades criminales, provee nuevos recursos a las actividades delictivas,

distorsiona los mercados financieros y altera la actividad económica real,

RESUELVE:

1. Promover entre los Estados miembros la necesidad de controlar el secreto

bancario conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado y en virtud del principio de no

intervención.

2. Solicitar a la Secretaría General que continúen las acciones necesarias

tendientes a la implementación de los aspectos señalados en el Plan de Acción Hemisférico

contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

3. Exhortar a los Estados miembros a brindar su firme apoyo político al

Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CICAD sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas

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y Otros Delitos Graves y proveer el apoyo institucional para su apropiada aplicación, de

conformidad con la legislación nacional de cada Estado.

4. Solicitar al Consejo Permanente que, bajo la visión de Seguridad

Multidimensional a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, continúe elaborando,

en coordinación con los órganos, organismos y entidades pertinentes de la OEA,

incluyendo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y el Comité Consultivo de la

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), entre otros, estrategias

coordinadas y planes de acción integrados relacionados con las nuevas amenazas,

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica, de conformidad con la

Declaración sobre Seguridad en las Américas, atendiendo el componente social y ambiental

de manera destacada.

5. Alentar a los organismos regionales tales como Grupo de Acción Financiera

GAFI, Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC y Grupo de Acción Financiera de

Sudamérica GAFISUD para que sigan desempeñando tan importante rol de veedores del

sistema financiero internacional.

6. Instar a los Estados Miembros a adoptar tratamientos legales y

jurisprudenciales acordes con lo acordado en el Reglamento Modelo de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD sobre Delitos de Lavado de

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Activos Relacionados con Delitos Graves, considerados crímenes organizados

transnacionales.

7. Exhortar a los Estados miembros a que fortalezcan las medidas de control

administrativo para prevenir el lavado de activos en el sistema financiero y de la economía

real, tal es el caso de la bolsa de valores, banca extraterritorial, seguros, casinos,

profesiones liberales, casas de arte y movimiento de dinero en efectivo o títulos valores a

través de fronteras

8. Invitar a los Estados miembros a ampliar la categoría de delitos previstos

dentro de los ordenamientos internos, como subyacentes del delito de lavado de activos.

Países consignatarios:

1. DOMINICA

2. MÉXICO

3. GRENADA

4. BELIZE

5. PARAGUAY

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CG-3

MEDIDAS DE COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN

DE LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA Y EL COMBATE DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADDA TRANSNACIONAL

COMISIÓN GENERAL Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la Delegación de: Colombia

VISTOS

La Declaración de Bridgetown sobre el Enfoque Multidimensional de la

Seguridad Hemisférica (AG/CG/doc. 15/02), “la Seguridad en el Hemisferio abarca

aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”;

El “resumen de recomendaciones para el propuesto plan de acción contra la

delincuencia organizada transnacional” (CP/CSH- 667/05)

La resolución CP/RES. 908 (1567/06) de 2006 donde el Consejo Permanente de

la OEA asume y aprueba el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada

Transnacional;

RECORDANDO

Que uno de los principales motivos de la existencia de las Organizaciones

supranacionales es el aseguramiento de la seguridad mundial;

Que las Naciones Unidas, en el artículo 2 de su Carta fundamental declaran que

uno de sus propósitos esenciales es “afianzar la paz y seguridad del continente”;

Que estos objetivos son compartidos por la OEA, el Derecho Internacional y los

Derechos Humanos;

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CONSIDERANDO

Que las naciones americanas adhieren a la democracia como el régimen de

gobierno que por excelencia protege y promueve los derechos fundamentales del ser

humano;

Que esta promueve y respalda la libertad de acción de los individuos, para lo

cual el establecimiento y resguardo de la seguridad de los habitantes del continente es un

requisito básico;

Que el desarrollo integral del ser humano dentro de los marcos del Estado de

Derecho le compete a Estados y organizaciones supranacionales;

RECORDANDO

Que, por estos motivos, uno de los objetivos principales de las naciones

americanas es resguardar, conservar y afianzar la seguridad en el continente;

Que los esfuerzos por derrotar el terrorismo y el crimen organizado han estado

dentro de los propósitos e intenciones de la Organización de los Estados Americanos desde

sus inicios;

Que entre los desafíos de mayor relevancia que hoy presenta el continente se

encuentra el afianzamiento de la seguridad hemisférica;

TENIENDO EN CUENTA

Que es de imperiosa necesidad que la Organización prosiga con una

perseverancia y empeño aún mayor en la lucha contra el crimen organizado;

Que por la mayor relevancia de los procesos globalizadores las

responsabilidades en estos temas no son propias de cada Estado sino que son compartidas;

Que la acción concertada de los Estados es vital para la prosecución de estos

objetivos;

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Que los resultados de estos tendrán una mayor eficiencia, alcance y efectividad

con un trabajo en conjunto;

Que no sólo es de interés de este continente mantener su seguridad sino que es

una estrategia mundialmente compartida por todos los Estados que conforman la

Comunidad Internacional;

Que la sociedad civil, hoy con más capacidad y más desarrollada que nunca,

exige por medio de la organización y la manifestación pública el establecimiento en la

agenda de temas de seguridad;

Que se nos presenta como principal desafío el evitar trastocar las libertades

civiles y los derechos políticos de la ciudadanía continental;

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados a aumentar el esfuerzo realizado en la detección y

neutralización de los recursos que se utilizan en estas actividades delictivas, ya que,

atacando directamente a la logística de estas organizaciones, se restringe significativamente

su capacidad de acción.

2. Invitar a los Estados miembros a apoyar los acuerdos internacionales, como

el Plan de Acción Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que

busquen limitar y erradicar el crimen organizada transnacional

3. Alentar a los Estados a que fortalezcan su capacidad de acción y respuesta

frente a este tipo de amenaza, combinando elementos jurídicos y de inteligencia.

4. Hacer un llamado a que los Estados más vulnerables a este tipo de

organizaciones trabajen en la consolidación de un mayor nivel de institucionalidad para así

que asegurar un Estado de Derecho constituido, con un imperio de la ley efectivo.

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5. Fomentar medidas para aumentar la confianza entre los Estados Miembros y

en la región, favoreciendo mecanismos que apunten a una mayor transparencia. A modo de

sugerencia se presentan las siguientes iniciativas:

a) Creación de una base de datos única nacional, para el caso de armas

de fuego, municiones, explosivos y sus competentes, en la cual se ingrese toda la

información sobre armas incautadas, hurtadas, traficantes, rutas, modus operandi,

etc. La especificación detallada de estos será de responsabilidad de cada Estado

dependiendo de sus necesidades de seguridad y atendiendo a la realidad específica

de cada uno de ellos.

b) Esta base de datos será compartida entere los Estados por medio de la

Secretaria de Seguridad Multidimensional, dependiente de la Secretaria General,

para así planificar una estrategia conjunta donde estos confluyan compartiendo las

distintas experiencias, con sus respectivos éxitos y fracasos, con el fin de establecer

las medidas óptimas para enfrentar las amenazas derivadas del crimen organizado

transnacional.

6. Animar a los Estados miembros a establecer estrategias económicas, en

cuanto a la fomentación de los sectores industriales y de servicios, con el fin de:

a) Disminuir la tasa de desempleo, para evitar que la población en riesgo social

se vea tentada a participar o colaborar en el crimen transnacional organizado por falta de

oportunidades laborales legales.

b) Disminuir los niveles de pobreza, a través del establecimiento de políticas

sociales que ayuden a las familias en condición de extrema pobreza a lograr los estándares

mínimos de vida, priorizando el acceso a los servicios básicos, como lo son salud y

educación, para evitar su posterior adhesión a estas organizaciones ilegales.

Países cosignatarios: 1. COSTA RICA 2. ESTADOS UNIDOS 3. CHILE 4. PERÚ 5. EL SALVADOR

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CG-4

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión: COMISIÓN GENERAL Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: El Salvador.

LA ASAMBLEA GENERAL

PREOCUPADA porque la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada,

en diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y

desafíos de naturaleza diversa, entre otros, la delincuencia organizada transnacional;

RECONOCIENDO que la delincuencia organizada transnacional, en sus diversas

manifestaciones, presenta una seria amenaza a la estabilidad de los regímenes democráticos

en la región,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08), “Ejecución del Plan de Acción

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la cooperación

Hemisférica”;

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TENIENDO PRESENTE:

Las conclusiones y recomendaciones la Séptima Reunión de Ministros de Justicia, o

de Ministros o Procuradores de las Américas (REMJA VII), que se llevó a cabo en

Washington, DC en abril de 2008;

La resolución CP/RES. 908 (1567/06), “Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional”;

Que la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional y sus tres Protocolos complementarios constituyen el marco jurídico de la

cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada transnacional,

RESUELVE:

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho,

aprueben, adhieran o ratifiquen, según corresponda, la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos complementarios, el

“Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”, el “Protocolo para

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”, y el

Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y

Componentes y Municiones”.

2. INSTA que Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho,

firmen, ratifiquen o adhieran, según corresponda a la Convención Interamericana sobre

Asistencia Mutua en Materia Penal.

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3. EXHORTA que los Estados Miembros, con pleno respeto a sus ordenamientos

jurídicos internos, adopten la legislación, procedimientos y mecanismos jurídicos que

aseguren la aplicación de las convenciones antes citadas.

4. SUGIERE que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para

implementar el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada

Transnacional.

5. INVITA que los Estados Miembros presenten a la Secretaría General un

diagnóstico de sus necesidades de asistencia técnica y capacitación para el combate a la

delincuencia organizada transnacional.

6. Encomendar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que informen

al cuadragésimo período de sesiones sobre la implementación de la presente resolución.

Países cosignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. ECUADOR

3. GUYANA

4. CHILE

5. BELIZE

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CG-5

COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PARA PREVENIR EL CRIMEN ORGANIZADO

TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LA DEMOCRACIA

Comisión: General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: México

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolución AG/RES. 1650 (XXIX-O/99), “Cooperación Hemisférica para

Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo”,

La resolución AG/RES. 1789 (XXXI-O/01), AG/RES. 1877 (XXXII-O/02) y

AG/RES. 1964 (XXXIII-O/03) todas tituladas “Apoyo a la labor del Comité Interamericano

contra el Terrorismo”;

RECORDANDO:

El Informe Hemisférico de Evaluación del Progreso del Control de Drogas, período

2005-2006, producido por el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que fue

adoptado por la Asamblea General de la OEA, reunida en Medellín, Colombia, en la

primera semana de Junio 2008

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REAFIRMANDO:

La necesidad de lograr mayores avances aún en el combate a la producción y al

tráfico ilícitos de drogas y delitos conexos, tales como el lavado de activos, el tráfico de

armas de fuego, y el desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas a canales

ilícitos;

CONSIDERANDO:

Que la delincuencia organizada transnacional, pone en peligro la estabilidad y

seguridad de las sociedades, deteriora la democracia y el desarrollo social, político y

económico de la sociedad;

Que la delincuencia organizada trasnacional facilita la ejecución de actividades

delictivas, como el lavado de dinero, la trata y tráfico de personas, el tráfico de drogas y

armas; socava la legitimidad del gobierno y la confianza pública, entorpece y desvía el

desarrollo económico y dificulta las transacciones comerciales,

RESUELVE:

1- Instar a los Estados miembros a generar mayor cooperación en la lucha contra

actividades delictivas, que están amenazando la democracia y la estabilidad de

nuestras naciones, tanto a nivel nacional, como a nivel regional,

2- Crear, desarrollar y mantener procesos de confianza mutua para enfrentar la

criminalidad organizada.

3- Diseñar estrategias de carácter global que hagan énfasis en el perfeccionamiento y

desarrollo de políticas internacionales, que regulen las problemáticas del terrorismo

y el crimen organizado en la sociedad, que a su vez afectan a la democracia en el

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hemisferio.

4- Instar a la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) a que facilite el

diálogo permanente entre los Estados miembros a fin de adoptar medidas

preventivas que enfrenten las amenazas terroristas emergentes, cualesquiera sea su

origen, tales como las actividades de los grupos terroristas internacionales y las

amenazas a la ciberseguridad.

5- Que entre los programas de implementación de la Comisión Interamericana contra

el terrorismo, se cree un proyecto para concientizar a la sociedad, sobre sus

derechos y deberes, con el fin de ejercer una labor contigua con las fuerzas del

orden, y enfrentar con mayor eficacia los actos criminales

6- Enfocar el próximo período de sesiones en el delito y la concientización ciudadana;

basándolo en la declaración de Washington aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 7 de marzo del 2008.

Países cosignatarios:

1. BELIZE

2. JAMAICA

3. CHILE

4. SURINAME

5. CANADÁ

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CG-6

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión: General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Uruguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Las resoluciones AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2396 (XXXVIII-

O/08), AG/RES. 2421 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2378 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2398

(XXXVIII-O/08), que establecen medidas de fomento de la confianza, la seguridad y la

transparencia en las políticas de defensa y seguridad;

Que dichas medidas tienen como propósito contribuir a aumentar la estabilidad,

salvaguardar la paz y la seguridad hemisférica e internacional y consolidar la democracia;

Que se le encomendó a la OEA el mandato de buscar los elementos de acción

colectiva necesarios para enfrentar el flagelo social del Crimen Organizado Transnacional,

REITERANDO:

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Que todas las personas son iguales ante la ley, y que tienen los derechos y deberes

consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;

Que los crímenes transnacionales atentan contra estos derechos básicos del hombre,

ESTABLECIENDO:

Que el disfrute de los derechos básicos y las libertades fundamentales, así como el

desarrollo de la humanidad, son aspectos esenciales de la democracia;

Que los países miembros de la OEA debemos cooperar en la protección de tales

derechos;

Que es imperante la necesidad de contar con datos precisos sobre formas de

operación y financiamiento de aquellos grupos que debilitan nuestra institucionalidad

democrática,

RECORDANDO:

Que el informe conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito y del Banco Mundial (Informe N.º 37820 (2007)), refiere a la delincuencia y la

violencia como un problema que afecta el desarrollo y que se manifiesta de diferentes y

múltiples formas: el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, el

lavado de dinero, la corrupción, el secuestro, los robos y los hurtos,

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REAFIRMANDO:

Lo pactado en el Plan de Acción Hemisférica contra la Delincuencia Organizada

Transnacional aprobado por el Consejo Permanente mediante la resolución CP/RES. 908

(1567/06), con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional

dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional,

VISTOS:

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional y sus tres protocolos adicionales: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de

Migrantes por Tierra, Mar y Aire; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata

de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra la Fabricación y el

Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones,

RESUELVE:

1. Reafirmar la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional establecido en

anteriores resoluciones, en que los países miembros se comprometen a luchar contra

el flagelo social que impide el desarrollo y el funcionamiento adecuado de las

instituciones en democracia.

2. Incentivar el refuerzo de los mecanismos y prácticas de transparencia de los Estados

miembros, con el fin de evitar los actos de corrupción, fortalecer las instituciones

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democráticas y ayudar en la identificación del financiamiento de grupos Criminales

Transnacional.

3. Combatir a partir de compromisos de cooperación entre los Estados miembros al

surgimiento del terrorismo, que es una de las posibles consecuencias de los actos de

crímenes organizados transnacionales y cuyo impacto es el debilitamiento del

Estado de derecho.

4. Encomendar a los Estados miembros que cooperen en compartir información sobre

grupos de Crimen Organizado Transnacional, en conformidad con los objetivos que

hoy nos reúnen.

5. Incentivar el fortalecimiento de sistemas de vigilancia fronterizos, para prevenir el

uso de las vías limítrofes como corredor de drogas.

6. Reiterar la necesidad de concretar los acuerdos logrados en las Conferencia de

Santiago, San Salvador y Miami, cuyos objetivos incluyen el fomento de la

seguridad y confianza en la región, y el resguardo los derechos básicos de la

población en cuanto al problema del tráfico fronterizo de sustancias ilícitas.

Países cosignatarios:

1. EL SALVADOR 2. PARAGUAY 3. BELIZE 4. ARGENTINA 5. ESTADOS UNIDOS

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CG-7

CONSOLIDACIÓN DE LA LUCHA INTERAMERICANA CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Comisión: General Punto UNICO del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: República de Surinam

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/ RES. 1967 (XXXIII-O/03), “Transparencia y Fomento de la

Confianza y la Seguridad en las Américas”;

La declaración CICTE/DEC.1/03, “Declaración de San Salvador sobre el

Fortalecimiento de la Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo”;

La declaración CES/dec. 1/03 rev. 1, “Declaración sobre la Seguridad en las

Américas”;

La resoluciones AG/RES: 2026 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2116 (XXXV-O/05) y

AG/RES. 2189 (XXXVI-O/06), “Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional

en el Hemisferio”;

La resolución AG/RES. 1731 (XXX-O/00), “Apoyo a la Convención de las

Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional”;

EXHORTANDO la importancia de la Carta Democrática Interamericana, y el

esfuerzo que todos los países miembros deben desplegar para su cumplimiento, y el

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fortalecimiento de los gobiernos democráticos constitucionales y sus instituciones;

CONSCIENTES que el crimen transnacional organizado comprende el tráfico de

drogas, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, las pandillas

delincuenciales, las conexiones de la delincuencia organizada con el terrorismo, el

secuestro, el delito cibernético, el tráfico de migrantes, y la trata de personas;

RECORDANDO que la delincuencia transnacional organizada en todas sus

manifestaciones constituye elementos desestabilizadores de la democracia, de la

gobernabilidad, de la paz y de la seguridad; por lo que deben ser combatidas de manera

firme y contundente por los gobiernos de las Américas;

CONSIDERANDO que el terrorismo atenta contra los valores y principios que

sustentan el orden interamericano y contra las instituciones democráticas y libertades

protegidas y promovidas por la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y

otros instrumentos internacionales;

RECONOCIENDO que para enfrentar las nuevas amenazas trasnacionales se

requiere continuar desplegando esfuerzos por consolidar los gobiernos democráticos

constitucionales y sus instituciones, el estado de derecho y las soberanías nacionales;

RECONOCIENDO TAMBIÉN que la coordinación, reflexión, e integración de las

capacidades del sistema interamericano, y todos los países miembros es un factor

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fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional;

RESALTANDO la labor desempeñada por la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Consultivo de la Convención

Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Comisión Interamericana de

Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Red Hemisférica de

intercambio de información para la asistencia jurídica mutua en materia penal, la Reunión

de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), el

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra

la Corrupción (MESICIC) , el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y , la

Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional (CEDOT); consientes

que la clave no está en la creación de nuevos organismos, sino en el fortalecimiento

continuo y creciente de los ya existentes;

CONSIDERANDO que no existe una concepción compartida en el hemisferio sobre

la mejor forma de enfrentar la delincuencia organizada transnacional, una uniformidad

conceptual, jurídica y de cooperación, aspectos que han jugado a favor de grupos delictivos

transnacionales;

TENIENDO EN CUENTA las dificultades previstas por algunos Estados acerca de

la cantidad de medidas legislativas requeridas para la ratificación de la convención de

Palermo y sus tres protocolos, y su aplicación en el ámbito nacional, dadas las exigencias

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técnicas y económicas que dicho procesó requiere ;

RESUELVE:

1. Instar la cooperación y coordinación por parte de los estados miembros con

los diferentes organismos encaminados a la resolución de la problemática aquí tratada:

Secretaria de Seguridad Multidimensional (SMS), el Comité Consultivo de la Convención

Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Comisión Interamericana de

Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Red Hemisférica de

intercambio de información para la asistencia jurídica mutua en materia penal, la Reunión

de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), el

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra

la Corrupción (MESICIC) y, la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada

Transnacional (CEDOT);

2. Que la vinculación directa que existe entre el terrorismo y el tráfico ilícito

de drogas, el tráfico ilícito de armas y otras formas del crimen organizado transnacional

complican en mayor medida la coyuntura, y son el motor que usan los grupos terroristas

para financiar y apoyar sus actividades, por lo tanto los estados con el apoyo de la OEA y

diferentes organismos multilaterales, deben encaminar sus acciones en interrumpir dicho

ciclo, enfrentándose así no al terrorismo per se, sino también a los factores que lo alimentan

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3. Recomendar el uso de estrategias colectivas, para fortalecer la capacidad

institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias, concretando

acuerdos internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan.

4. Revisar políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas

tales como la asistencia jurídica mutua y el derecho nacional aplicable; así como crear una

uniformidad conceptual y jurídica, que potencialice y facilite el accionar internacional en

contra del crimen transnacional organizado.

5. Solicitar la elaboración y difusión de informes nacionales, el fortalecimiento

de la cooperación interestatal, buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones

multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir

conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el tráfico de

personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético

6. Exhortar la ratificación por parte de todos los países miembros, de la

convención de Palermo y los tres protocolos que de esta se derivan. Es necesario el apoyo

internacional a aquellos países que presentan dificultades legislativas por razones técnicas

y/o económicas, por medio del fondo especial de asistencia técnica creado en la sede de la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el año de 2004.

Países cosignatarios:

1. ESTADOS UNIDOS 2. MÉXICO 3. GRENADA 4. GUYANA 5. DOMINICA

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CG-8

PROGRAMA CONTRA LA LUCHA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

EN EL HEMISFERIO

Comisión General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO la importancia de la Declaración sobre Seguridad en las

Américas, adoptada en la Conferencia Especial sobre seguridad, celebrada en ciudad de

México en Octubre de 2003, donde los Estados miembros enfatizaron la necesidad

impetuosa de tomar acciones contra las amenazas que representa la delincuencia organizada

transnacional para la estabilidad y seguridad de los Estados del Hemisferio, que se ve

inquietada cada vez que surge una nueva forma organizada de delincuencia más sofisticada

en su actuar;

RECORDANDO que en aquella ocasión se declaró una nueva concepción sobre la

seguridad que “es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las

nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del

Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la Consolidación de la

paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto,

la promoción y la defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el

respeto a la soberanía nacional”;

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PREOCUPADA porque si bien cada uno de los Estados del Hemisferio tienen

características propias, también es indudable que comparten dificultades comunes como lo

es el crimen transnacional;

RECORDANDO TAMBIEN que en la Declaración sobre Seguridad en las

Américas los Estados Miembros condenaron la delincuencia transnacional, por que atenta

contra las instituciones de los Estados funcionando como un multiplicador de otras formas

de violencia y crimen, trayendo como consecuencia la destrucción de la cohesión social e

impidiendo la participación ciudadana en los asuntos de la comunidad; renovando por tanto

el compromiso de mantener una visión global de seguridad ligada al desarrollo y a la

democracia, en virtud de la gran importancia que tiene la participación ciudadana para

desbaratar el crimen organizado;

RECONOCIENDO la importancia de prevenir y combatir la delincuencia

organizada transnacional dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra

la delincuencia Organizada Transnacional ( Convención de Palermo) y sus tres protocolos;

TENIENDO PRESENTE:

La resolución AG/2026 (XXXIV-O/04) “Lucha contra la delincuencia organizada

transnacional en el Hemisferio”, la cual dio las bases para tratar este tema en la

organización; y

La resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07) “Ejecución del plan de acción

Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional”,

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RESUELVE:

1. Impulsar a los Estados Miembros en considerar como prioritario la

adhesión o ratificación de la Convención de Palermo, así como sus protocolos adicionales

para formar un marco de referencia conceptual en la materia, fortaleciendo de esta manera

el marco jurídico interno.

2. Alentar a los Estados Miembros a mantener un papel activo en la lucha

contra la delincuencia organizada transnacional en sus diversas formas y adoptar

mecanismos prácticos de cooperación a nivel hemisférico.

3. Formar un Grupo Técnico a cargo de la Comisión de Seguridad Hemisférica,

encargado de recopilar información proporcionada por los Estados Miembros, cuya función

principal será la de analizar dicha información y de acuerdo a ello formar Comisiones de

Trabajo tomando en cuenta las necesidades de cada Estado Miembro.

4. Realizar un catalogo por cada Estado Miembro con las principales formas de

delincuencia organizada que los afectan , así como los medios con que cuentan y las

necesidades principales, debiendo de ser entregado a la Comisión de Seguridad Hemisférica

en un plazo no superior a 5 meses contados desde la implementación de la presente

resolución.

5. El Grupo Técnico elaborará un informe de acuerdo al análisis de los datos

proporcionados por los Estados Miembros y realizara una agenda de trabajo, a realizar por

Comisiones de Trabajo divididas de acuerdo a los delitos transnacionales que los afectan, la

designación de estas Comisiones de Trabajo así como los temas que abordaran estará a

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cargo del Grupo Técnico.

6. Formadas todas las Comisiones de Trabajo, se exhortará a los Estados

Miembros según las comisiones en las cuales hayan sido designados para asistir a una

Primera reunión donde se discutirá las distintas propuestas de planes de acción

internacionales para combatir de manera integrada el crimen organizado transnacional,

dicha reunión estará encomendada a la Comisión de Seguridad Hemisférica quien la

prepara.

7. Alentar en esta Primera reunión a la creación de un Sistema de Protección de

Testigos y Ciudadanos Colaboradores con los procesos de erradicación de organizaciones

ilícitas y mafias relacionadas con los delitos que afectan a la Comisión Respectiva.

8. Instar a que cada Comisión de Trabajo considere reunirse una vez al año con

el fin de ver los avances y nuevas necesidades, para buscar la forma de satisfacción de estas.

9. Profundizar la cooperación en el área y ayudar a los países miembros de las

comisiones respectivas económicamente menos capaces para poner en práctica los

acuerdos, teniendo presente el respeto mutuo y soberanía de los Estados.

Países cosignatarios:

1. SURINAME

2. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

3. TRINIDAD Y TOBAGO

4. SAINT KITT AND NEVIS

5. SANTA LUCÍA

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CG-9

CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

COMISIÓN GENERAL Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: ARGENTINA

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

La resolución AG/RES. 2116 (XXXV-O/05), “Lucha contra la Delincuencia

Organizada Transnacional en el Hemisferio”, en especial la creación de la Comisión

Especial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (CEDOT), ordenada por la

misma resolución;

La resolución CP/RES. 908 (1567/06), “Plan de Acción Hemisférico Contra la

Delincuencia Organizada Transnacional”, producto de la finalización de los trabajos

encomendados a la CEDOT;

La resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07), “Ejecución del Plan de Acción

Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”;

TENIENDO PRESENTE:

Los compromisos asumidos en las últimas tres Cumbres ordinarias de las Américas,

en especial el Plan de Acción acordado en la Tercera Cumbre en los puntos de: i) lucha a la

corrupción; ii) combate al problema de las drogas y iii) crimen organizado trasnacional; y el

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Plan de Acción acordado en la Cuarta Cumbre en relación a los puntos de: i) tráfico ilícito

de migrantes; y ii) fortalecimiento de la gobernabilidad democrática;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional

Organizada, sus respectivos protocolos e instrumentos normativos mundiales e

interamericanos afines, junto a la preocupación planteada por diversos Estados miembros

por su rápida adopción al interior del continente, manifestada, al menos, en las resoluciones

AG/RES. 1731 (XXX-O/00) y AG/RES. 1776 (XXXI-O/01), ambas de “Apoyo a la

Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional”;

La creación, mediante la Orden Ejecutiva 05-13 rev. 1, del Departamento de

Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública, el cual es responsable de coordinar,

entre otros asuntos, los esfuerzos de la Secretaría General de la Organización de Estados

Americanos (OEA) en temas relacionados con la prevención del delito y la lucha contra la

delincuencia organizada transnacional;

RECOMIENDA:

1. A todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que, si las

circunstancias sociales, culturales y políticas lo ameritan, considerar la posibilidad de

adoptar una política de reducción de daños, con el objetivo de disminuir los graves

perjuicios y costos derivados del uso y abuso de drogas sin recurrir a su erradicación

forzada. Esto podría implicar, entre otras medidas, el fomento del desarrollo alternativo que

en estos momentos aconseja la Comisión interamericana para el Control y el Abuso de

Drogas, como también, la consideración de la legalización de ciertas drogas que hacen

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redituable el crimen organizado transnacional, de forma tal de optar por el consumo seguro,

controlado y regulado en vez de su utilización descontrolada. Implica además la búsqueda

de la legalidad en sectores donde la ilicitud, como característica de la conducta tipificada,

ya no se justifique, con el objetivo de eludir el arraigo de estructuras mafiosas a nivel de la

sociedad americana.

2. A los Estados miembros fomentar la participación de toda la comunidad en el

combate contra la delincuencia organizada y paralelamente a esto el desarrollo de políticas

preventivas, que eviten el surgimiento y expansión de estructuras y células criminales.

3. A los Estados miembros flexibilizar la legislación que regule el secreto bancario de

manera tal de hacer más expedita y eficiente, en toda hipótesis, la investigación y la

persecución de ilícitos vinculados al crine organizado transnacional. Esto se aplicara sin

perjuicio de los instrumentos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes.

RESUELVE:

1. Recomienda crear una comisión técnico asesor de los Estados miembros que

dependa conjuntamente de la SMS (Secretaría de Seguridad Multidimensional) y la

CEDOT (Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional); en materia de

formulación de políticas preventivas y represivas del crimen organizado transnacional

poniendo énfasis en las primeras. Dicha comisión técnica, cuyos miembros serán

designados por el Secretario General de la Asamblea, fomentará la creación de equipos

especializados en la lucha contra el crimen organizado transnacional en cada uno de los

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Estados miembros de acuerdo a la idiosincrasia y facultades económicas y jurídicas de cada

aparato estatal, con el cuidado de no vulnerar las facultades de otros órganos especializados

de la OEA en la materia, como la Comisión Internacional para el Control del Abuso de

Drogas y asimismo respetando los instrumentos internacionales generales y particulares que

s encuentren vigentes y los ordenamientos jurídicos nacionales.

2. Instar, fehacientemente, al fortalecimiento de los controles fronterizos por medio de

un trabajo común entre países limítrofes, siendo esencial para ello la celebración de

convenios particulares entre los Estados, forma tal de tener presente la diversas variables

que atañen al límite fronterizo en cuestión sin discutir el respecto a los derechos esenciales

que emanan de la sola naturaleza humana y los acuerdos internacionales bilaterales y

multilaterales vigentes.

3. Sugiere que los efectos e instrumentos del delito, obtenidos por medio de la

incautación y el decomiso, sean destinados al financiamiento de la creación de la comisión

técnica asesora señalado en el punto 1 de la parte resolutiva de esta resolución, o para la

compensación del fondo correspondiente que haya sido utilizado para el financiamiento de

éste. Este punto sólo se aplicará para aquellos operativos internacionales destinados a

desbaratar bandas de crimen organizado que impliquen un esfuerzo conjuntos de diversos

Estados americanos, sin perjuicio de aquellos Estados miembros que pretendan entregar

dichos efectos del delito sin que hubiese un esfuerzo internacional de por medios y sin

perjuicio también de los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes.

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4. Invita a crear un fondo especial destinado a financiar los costos que involucren esta

resolución. Dicho fondo se compondrá de acuerdo a lo señalado en el punto 3 de la parte

resolutiva, como también por cuotas provenientes de países donde las políticas de

erradicación y lucha contra el crimen organizado, planteadas por la Organización de Estado

Americanos, hayan alcanzado éxito. La calificación de dichos países será efectuada por la

comisión técnica mencionada en el punto 1 de la parte resolutiva de esta resolución y, el

monto de las cuotas señaladas será determinada, por la Comisión de Asuntos

Presupuestarios y Administrativos del Consejo Permanente, teniendo en especial

consideración la situación económica del país. Tanto la calificación de los países como el

monto de la cuota, deberán actualizarse cada cuatro años.

Países cosignatarios:

1.- BARBADOS

2. VENEZUELA

3. URUGUAY

4. JAMAICA

5. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS.

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CG-10

MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA COMBATIR EL

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL REALIZADO A TRAVES

DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Comisión: General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Los Estados Unidos de

América.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos;

La resolución (CP/RES. 908 (1567/06), ”El Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional”, mediante la cual se adoptó el Plan de Acción

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y se creó el Grupo Técnico

sobre Delincuencia Organizada Transnacional;

La resolución AG/RES. 2274 (XXXVII-O/07), “Seguimiento de la Conferencia

Especial sobre Seguridad”;

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La V Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales Sobre Delito Cibernético,

celebrada el 20 de noviembre de 2007 en la ciudad de Washington DC;

La VII Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de

las Américas (REMJA), que tuvo lugar del 28 al 30 de abril de 2008, en la Ciudad de

Washington;

La resolución AG/RES.2379 (XXXVIII-O/08), “Ejecución del Plan de Acción

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación

Hemisférica”;

CONSIDERANDO:

Que la Organización de Estados Americanos cumple una función trascendental

para combatir el crimen en sus formas tradicionales y prevenir las futuras, protegiendo y

fortaleciendo la democracia;

Que el crimen organizado transnacional, definido de acuerdo a la Convención de las

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, afecta gravemente la

democracia en los Estados del hemisferio atentando contra el derecho a la libertad, a la vida

y contra la representatividad e instituciones democráticas;

Que una de las características principales de los procesos de globalización, es la

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aparición de Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (NTIC), las cuáles

son hoy en día la herramienta más poderosa y efectiva que facilitan la ejecución y logística

de los grupos criminales organizados transnacionales, de esta manera se fortalecen,

afectando a la seguridad y al comercio internacional, e facilitando la impunidad de los

criminales transnacionales, por lo cual se requiere de la cooperación y coordinación para

hacer frente al crimen organizado Transnacional.

Que a través del uso de Técnicas de Información y Comunicación (TIC) más

avanzadas por parte de grupos criminales organizados, se cometen crimines más efectivos e

impunes, afectando el debido funcionamiento de las instituciones democráticas y la

gobernabilidad de cada uno de los Estados Miembros;

Que la lucha contra el crimen organizado transnacional perfeccionado a través de

las NTIC es ardua y constante, siendo necesario la existencia de una cooperación

coordinada, adecuada y rápida entre Estados Miembros para combatirlo, esto es,

compartiendo la información e investigaciones, estableciendo acciones armonizadas entre

todos los Estados involucrados y apoyos para el mejoramiento de las capacidades técnicas,

dentro de los limites de la soberanía de cada Estado;

RESUELVE:

1. Solicitar la cooperación horizontal y triangular de los Estados Miembros para combatir

el crimen organizado transnacional, entendiéndose éste en los términos de la

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Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

(Convención de Palermo), realizado a través de las nuevas tecnologías de la

información y comunicación (NTIC), con el fin de fortalecer las instituciones

judiciales de los Estados Miembros por medio de capacitación actualizada,

herramientas efectivas para aplicar la ley y la creación de regímenes internacionales

de cooperación jurídica entre los Estados del hemisferio que permitan a las

autoridades judiciales de cada uno de estos colaboración mutua, respetando siempre la

soberanía de cada uno de los Estados y el principio de la no intervención.

2. Solicitar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que

tenga en cuenta dentro de la próxima reunión del Grupo Técnico sobre Delincuencia

Organizada Transnacional, las recomendaciones del Grupo de Expertos

Gubernamentales en Materia de Délito Cibernético, con el propósito de prevenir la

utilización de las NTIC como herramienta para la ejecución de crímenes

transnacionales y elaborar medidas, procedimientos y técnicas especiales de

investigación efectivas para contrarrestar el uso de las NTIC para comisión del

crimen organizado transnacional.

3. Solicitar a la Secretaría General, que preste toda la colaboración técnica y

administrativa para la recopilación de todas las recomendaciones y conclusiones del

Grupo de Expertos Gubernamentales en materia de delito cibernético, con el fin de

incluirlas dentro del programa de Trabajo del Grupo Técnico sobre Delincuencia

Organizada Transnacional.

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4. Solicitar a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de ser parte de

mecanismos de cooperación o intercambio de información ya existentes con relación

al delito cibernético, tales como el Grupo Punto de contacto de 24 horas/7 días a fin

de remitir o recibir información sobre crimen organizado realizado a través de las

NTIC.

Países cosignatarios:

1. PERÚ

2. CANADÁ

3. COSTA RICA

4. COLOMBIA

5. BRASIL

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CG-11

PROYECTO PARA LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LAS

PRIMERAS LÍNEAS DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

TRANSNACIONAL

Comisión General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Guatemala

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en el artículo

29 del sexto capítulo que “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o

la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por [ . . . ]

cualquier otro hecho o situación que ponga en peligro la paz de América, los Estados

Americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima

defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados

especiales, existentes en la materia”;

RECORDANDO:

El propósito de utilizar los medios tecnológicos y de información para facilitar la

cooperación entre gobiernos y asociaciones civiles establecidas en el Plan de Acción de

Québec (2001);

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RECONOCIENDO:

Los principios de mantenimiento de la soberanía nacional al tiempo de luchar contra

la delincuencia transnacional expuestos en la Convención de las Naciones Unidas contra el

Crimen Organizado Transnacional (2000),

VISTO:

Lo resuelto por el Comité de Seguridad Hemisférica de la OEA en su Proyecto de

Resolución, Ejecución del Plan de Acción Contra la Delincuencia Organizada

Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica (CP/CSH-997/08 rev. 2)

(2008); y

TENIENDO EN CUENTA:

Los objetivos de transparencia y de responsabilidad propuestos por el Presidente de

Guatemala, Álvaro Colom en su Plan Cien Días,

RESUELVE:

1. Reconocer el progreso hecho por los Estados Miembros de la OEA en lo que

se refiere a la ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (2007), que promueve la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus

protocolos.

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2. Promover la participación activa de todos los Estados Miembros de la OEA

en el cumplimiento del proyecto de resolución “Ejecución del plan de Acción contra la

Delincuencia Organizada Transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica,”

que fue aprobado en la sesión del 12 de mayo del 2008.

3. Establecer un sitio en Internet que tenga como propósito informar a las

autoridades de todos los países del hemisferio y a los representantes del Grupo Técnico

sobre Delincuencia Organizada Transnacional sobre la situación específica de cada país, y

sobre los métodos que el Grupo Técnico sobre Delincuencia Transnacional a encontrado

útiles para luchar contra dicha delincuencia. Dicho sitio tendrá las siguientes modalidades:

1. Un administrador general designado por el Grupo Técnico sobre

Delincuencia Organizada Transnacional.

2. Encargados en cada país, designados por el gobierno nacional, que se

ocuparán de obtener información pertinente a la transparencia de negocios,

lucha contra el crimen transnacional, dentro de su territorio nacional gracias

a investigaciones nacionales, investigaciones hechas por Organizaciones no

gubernamentales (ONG) e informes de los ciudadanos.

3. El encargado del país tendrá por responsabilidad enviar la información

recaudada al administrador general cada seis meses.

4. La logística y el establecimiento del encargado del país será bajo el control

y el designio de los países mismos.

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5. Al recibir los informes, el administrador general se ocupará de hacerlos

disponibles en el sitio creado.

6. El administrador general también se ocupará de la publicación, en el sitio, de

la información transmitida por el Grupo Técnico sobre Delincuencia

Organizada Transnacional

4. Que este proyecto sea financiado con donaciones voluntarias de los Estados

Miembros de la OEA, ONG que apoyan este proyecto y donaciones voluntarias de países

observadores.

Países consignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. GUYANA

3. BRASIL

4. PARAGUAY

5. CHILE

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CG-12

CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO Y SUS EFECTOS EN LA

DEMOCRACIA

Comisión General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Guyana

LA ASAMBLEA GENERAL,

Tomando en Cuenta:

La resolución AG/RES 1563 (XXVIII¨-O/98), que promocionó la “Reunión de

Expertos Gubernamentales sobre la Lucha contra el crimen y la prevención de la

Delincuencia”, realizada en Medellín, Colombia, en el año 1999, la cual tuvo como

objetivo fundamental “definir los parámetros y lineamientos en los cuales se puede

desarrollar eficazmente la cooperación interamericana en cuanto se refiere a prevenir la

corrupción y la impunidad, así como ofrecer las bases para que la Organización de Estados

Americanos (OEA) pueda desarrollar un programa multilateral en este campo y en todo el

hemisferio;

La Declaración sobre Principios Rectores de la Reducción de la Demanda y

Medidas de Fomento de la Cooperación Internacional en la lucha contra el Problema

Mundial de Drogas, promulgada durante el XX Periodo Extraordinario de Sesiones (XX

PES) de la Asamblea General de la ONU en 1998, cuyo fin fundamental fue diseñar planes

estratégicos a mediano y largo plazo, para contrarrestar los problemas que causa el tráfico

ilícito de estupefacientes y sustancias controladas (psicotrópicos), así como el blanqueado

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de activos provenientes de esta práctica y otros delitos adyacentes,

La resolución AG/RES 1656 (XXIX-O/99), “Modificaciones al reglamento modelo

de la comisión interamericana para el control del abuso de las drogas sobre delitos de

lavado de dinero producto del trafico ilícito de estupefacientes y delitos conexos”, versando

sobre sostenimiento, promoción, lucha y prevención del crecimiento de actividades ilícitas

de trascendencia transnacional y disminución de la corrupción de los estados como efecto;

El II Informe del Secretario General de FLACSO 2006, “El Crimen Organizado

Internacional, una grave amenaza a la Democracia en América Latina y el Caribe”, que

versa sobre la problemática que representa en los diversos países que conforman el

hemisferio el auge e influencia de organizaciones delictivas de trascendencia internacional

que debilitan el sistema democrático de los pueblos de la región amenazando la paz, la

estabilidad y atentando contra los derechos humanos;

La resolución AG/RES. 1999 (XXXIV-O/04), “Convención Interamericana Contra

la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones Explosivos y otros

Materiales Relacionados” aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 8 de junio de

2004, la cual reitera la imperante necesidad de que todos los Estados miembros cooperen y

tomen las medidas apropiadas para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el trafico

ilícito de armas de fuego y otros materiales relacionados, por los nocivos efectos que ponen

en riesgo tanto la seguridad como el bienestar de cada Estado y de los pueblos, su

desarrollo social, económico y su derecho a vivir en paz,

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CONSIDERANDO:

Que constituyen el tráfico de armas, la trata de persona y el narcotráfico, así como el

blanqueo de capitales, los pilares de las redes de criminalidad organizada que socava la

dignidad Estatal.

Que la democracia es un valor universal que fortalece, sostiene y garantiza un real

Estado de Derecho, el cual se ve vulnerado y erosionado por la intimidación, la amenaza, la

violencia, corrupción entre otros factores no menos graves que incorporan los grupos

delictivos organizados en Latinoamérica y el caribe , así como en el resto del mundo;

Lo establecido en el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados

Americanos "que la democracia representativa es condición indispensable para la

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región" y que tiene como objetivo fundamental

"promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no

intervención";

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados Miembros a que asuman un compromiso político, social, y

educativo sostenido en invertir en programas de reducción de delito, promoviendo

la integración social y económica, fortaleciendo las estructuras familiares y

haciendo a las comunidades más seguras.

2. Exhortar a los Estados Miembros asumir una responsabilidad conjunta en el

combate, prevención y erradicación de redes de Delincuencia Organizada

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Transnacional a través de la promoción de políticas que reafirmen la estabilidad, la

democracia, el imperio de la Ley y el Estado de Derecho.

3. Exhortar a los Estados Miembros a fortalecer la cooperación hemisférica para

combatir, prevenir y erradicar el consumo, producción, tráfico ilícito de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su distribución, así como los delitos

conexos a estas actividades.

4. Reconocer la necesidad de que los países miembros de esta Organización

armonicen su derecho interno, con el fin de asegurar una coordinación adecuada en

las políticas de combate contra el crimen organizado de la trata de personas, sin

menoscabo de las medidas que cada Estado haya adoptado en su territorio.

5. Exhortar a los Estados miembros a bregar por la integración en la lucha contra los

crímenes transnacionales organizados, ratificando el estatuto de la Corte Penal

Internacional, de manera que toda persona que cometa un crimen de los previstos en

dicho estatuto y su sistema judicial interno no haya tipificado el mismo en su

normativa penal, no quede eximido de responsabilidad y sea debidamente juzgado

por la jurisdicción universal.

Países cosignatarios: 1. GRENADA

2. PARAGUAY

3. GUATEMALA

4. PANAMA

5. SAINT KITTS AND NEVIS

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CG-13

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Grenada.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

establece que la “democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad,

la paz y el desarrollo de la región” y, que en el Artículo 2(b) señala que uno de los

principios en los que OEA se funda dice relación con “promover y consolidar la

democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”;

Que el Artículo 2(a) de la Carta señala que dentro de los principios de la Organización

de Estados Americanos se encuentra “afianzar la paz y la seguridad del Continente”;

CONSIDERANDO:

Que la resolución AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04) “Lucha contra la delincuencia organizada

transnacional en el Hemisferio”, sentó las bases para tratar este tema dentro de la Organización;

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Que la resolución AG/RES. 2116 (XXXV-O/05) “Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el Hemisferio”, creó la Comisión Especial sobre Delincuencia

Organizada Transnacional (CEDOT), bajo el amparo del Consejo Permanente, como

mecanismo para elaborar un plan de acción contra la delincuencia organizada transnacional,

utilizando la Convención de Palermo y sus Protocolos como punto de referencia;

Que la resolución CP/RES. 908 (1567/06) del Consejo Permanente, establece el Plan

de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el fin de

prevenirla y combatirla dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra

la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres protocolos

adicionales: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres

y Niños y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus

Piezas y Componentes y Municiones;

RECORDANDO:

La resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07) “Ejecución del Plan de Acción

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”;

La resolución AG/RES.2379 (XXXVIII-O/08) “Ejecución del Plan de Acción

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la

Cooperación Hemisférica”;

La resolución AG/2397 (XXXVIII-O/018) “Preocupaciones Especiales de Seguridad

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de los Pequeños Estados Insulares del Caribe”;

PREOCUPADA:

Que la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por

amenazas tradicionales y por estas nuevas amenazas, las cuales producen efectos negativos

sobre el desarrollo, la paz y seguridad, generando un debilitamiento del Estado y su

soberanía;

Que la Delincuencia Transnacional Organizada genera ingobernabilidad, socavamiento

del Estado de Derecho, la pérdida del Monopolio del uso de la fuerza, un Debilitamiento

Institucional y, una Inhibición en el accionar del sistema judicial, que se traduce en abusos

contra los derechos humanos y reducción en el apoyo a la democracia; y

RECONOCIENDO:

Que el Crimen Transnacional Organizado y en particular el tráfico de drogas son

problemas que trascienden las fronteras nacionales. La solución a la inseguridad y los

desafíos sociales y económicos de este fenómeno son imposibles de lograr sólo en el

ámbito nacional, por lo tanto deben ser abordados a través de la acción conjunta y

coordinada de los Estados Miembros de la Organización;

Que existen diferencias en cuanto a los recursos de los Estados miembros para

controlar y castigar las acciones delictuales dentro de sus territorios, así como para aplicar

las reformas legales necesarias en pos de la cooperación regional,

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72

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados Miembros que aún no hayan adherido o participado, según sea

el caso, al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la Comisión

de Seguridad Hemisférica de OEA, a participar de dicha instancia.

2. Instar a los Estados Miembros a mantener un rol activo en la lucha contra la

delincuencia organizada transnacional en sus diversas expresiones y a adoptar las

medidas necesarias para implementar el Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional en sus respectivos países.

3. Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), la Comisión

Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Interamericano

contra el Terrorismo (CICTEC) y La Junta Interamericana de Defensa (JID) continúen

con la asistencia técnica y la formulación de programas de capacitación o estratégicos

que permitan fortalecer la respuesta de los Estados Insulares del Caribe ante éstas

amenazadas y, de igual manera, hacerlo extensivo a todos aquellos Estados que así lo

requieran.

4. Recomendar la creación de mecanismos de cooperación en el área específica del

Crimen Transnacional Organizado y que entre otros aspectos considere:

a) Metas calendarizadas y mensurables a través de la creación de un Centro Estadístico,

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b) El establecimiento de una entidad policial conjunta que se asemeje y pueda establecer

relaciones con sus homólogas de otras regiones y,

c) La creación de programas regionales destinados a prevenir y reinsertar a grupos

delictivos (como pandillas juveniles) dentro de la sociedad.

Firma países cosignatarios:

1. GUYANA

2. BOLIVIA

3. ESTADOS UNIDOS

4. TRINIDAD Y TOBAGO

5. BRASIL

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CG-14

PROMOCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN HEMISFÉRICO CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Comisión: General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: CHILE

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2026 ((XXXIV-O/04) “Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el Hemisferio”, que estableció bases para trabajar el tema en el

seno de la Organización;

La resolución 2116 (XXXV-O/05), “Lucha contra la delincuencia organizada

transnacional en el Hemisferio”, mediante la cual se creó la Comisión Especial sobre

Delincuencia Organizada Transnacional (CEDOT), con el apoyo del Consejo Permanente,

como mecanismo para elaborar un plan de acción contra la delincuencia organizada

transnacional, utilizando la Convención de Palermo y sus Protocolos como punto de

referencia;

La resolución CP/RES.908 (1567/06), “Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional”, en la cuál se establecen las directrices centrales

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en materia de lucha contra le delincuencia organizada transnacional como un problema

regional;

CONSIDERANDO:

Que los principios jurídicos americanos son una condición necesaria para la seguridad

y la paz, y que la paz se funda en la justicia, el orden moral y en el bienestar de los pueblos

en torno a la efectividad de la democracia para la realización internacional de la justicia y

de la seguridad;

Los diferentes trabajos presentados en el seno de la Organización sobre la

Delincuencia Organizada Transnacional, y las reflexiones y propuestas hechas en dichos

trabajos;

La importancia del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada

Transnacional como instrumento para combatir delitos que afectan a los Estados miembros,

a las sociedades y a la región en general;

La importancia que tiene para los Estados Miembros la lucha contra todos aquellos

elementos que pongan en riesgo la estabilidad democrática del continente, así como el

desarrollo económico y social de los países que lo integran;

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RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados Miembros a seguir con atención las disposiciones del

Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como forma

de proteger los principios que orientan a la Organización;

2. Invitar a los Estados Miembros a ratificar los diferentes instrumentos

jurídicos establecidos en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional,

en aras de ratificar el compromiso de los Estados para garantizar el bienestar de la sociedad;

3. Invitar a los Estados miembros a implementar los mecanismos normativos

adecuados para combatir la delincuencia organizada transnacional, recordando la soberanía

de cada uno en los asuntos de su territorio;

4. Exhortar a las autoridades competentes en cada uno de los Estados

Miembros a desarrollar un Sistema Unificado de Información para la lucha contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, en aras de facilitar la cooperación de las

autoridades estatales en la materia;

5. Solicitar la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios evaluar

la viabilidad para el financiamiento de un Sistema Unificado de Información para la lucha

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contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con apoyos voluntarios de los Estados

miembros;

6. Mantener un juicioso seguimiento a la ejecución del Plan de Acción

Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, analizando y evaluando sus

resultados e identificando posibles instrumentos que permitan combatir con éxito la

delincuencia organizada.

7. Declarar la importancia que tiene para los Estados Miembros la lucha contra

la delincuencia organizada transnacional y todo aquello que pueda poner en riesgo la

estabilidad democrática y la paz de la región.

Países cosignatarios:

1. CANADÁ

2. BRASIL

3. COLOMBIA

4. COSTA RICA

5. GUATEMALA

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CG-15

LA CONTROL FINANCIERO COMO ESTRATEGIA DE MONITOREO DE LOS

DELITOS QUE SE DERIVAN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Comisión General Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Costa Rica.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos con todas sus reformas;

El reglamento modelo sobre el control de lavado aprobado por la Asamblea General

de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1992. Art. 9. Y anexo en la que se

estipula la creación de unidades de inteligencia financiera en cada Estado, siguiendo para

ello los criterios establecidos por el grupo Eqmos;

Convención Interamericana contra el terrorismo del 2002, suscrita en Brigadas-

Barbados, el 6 de marzo de 2002 que mediante su artículo 40 prevé la erradicación de la

financiación del terrorismo, apelando los mecanismo diseñado por el GAFI, GAFISUD,

CAFIC y CICAD;

Memorando de Cartagena de 2000, que asimila el GAFISUD

CONSIDERANDO:

Que el crimen organizado internacional agrupa a innumerables delitos que afectan a

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manera estructural los sistemas democráticos de nuestros países miembros y que son un

obstáculo para el desarrollo de nuestras naciones;

Que es un tema prioritario para la OEA en el nuevo orden mundial, y que no puede

ser un tema meramente circunscrito al fortalecimiento de mecanismo de seguridad y

defensa, sino que debe basarse en mecanismo preventivos de control, que actúen como

observadores permanentes y permita el diseño de estrategias más efectivas de cooperación

entre nuestros países;

Que en el marco del Trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la OEA en

Medellín- Colombia del 1 al 3 de julio del 2008, se dictaron las resoluciones AG/RES. 2354

(XXXVIII-O/08) que contempla un mecanismo de evaluación multilateral (mem) de la

comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD). AG/RES. 2379

(XXXVIII-O/08) ejecución del plan de acción contra la delincuencia organizada

transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica. AG/RES 2381 (XXXVIII-

O/08) convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. AG/RES. 2380 (XXXVIII-

O/08) promoción de la cooperación hemisférico para el tratamiento de las pandillas

delictivas; que tienen que ver de manera directa con la problemática en mención y reflejan

la importancia del tema para la Organización.

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80

RESUELVE.

1. Realizar una conferencia especializada anual organizada por la Comisión

Intereamericana para el Control del Abuso de Droga (CICAD) y el Comité

Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); para que se evalúen con la

GAFISUD los avances de la materia de control financiero a los impactos

económicos del crimen organizado transnacional;

2. Convocar al comité jurídico interamericano, para que en cumplimiento de sus

funciones y con el apoyo de la CICAD promuevan que se vinculen al GAFISUD

los estados miembros de la OEA que aún no lo han hecho para buscar un modelo

de control y cooperación más efectivo y beneficioso para los países miembros;

3. Instar al Comité Jurídico a partir de la evaluación planteada en la conferencia

especializada, a la realización del estudio los tipos penales más recurrente en

materia de crimen organizado transnacional, e incluir en el plan de acción las

medidas jurídicas que esta instancia considere viables para el control de los

mismos como prioridad para su erradicación.

Países Cosignatarios:

1. ESTADOS UNIDOS

2. COLOMBIA

3. CHILE

4. DOMINICA

5. VENEZUELA

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CG-16

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LOS

ESTADOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN, EL

CONSUMO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS.

Comisión: General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Ecuador

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El capitulo I de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en

particular en sus artículos 1 y 2;

El capitulo VI de la Carta Democrática Interamericana, en particular el artículo 27;

La Declaración de Managua para la promoción de la Democracia y el Desarrollo

(AG/DEC.4 (XXIII-O/93)) donde los Estados Miembros expresaron su convencimiento de

que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión

renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una

estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá

la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras

democráticas en el Hemisferio;

El capitulo VII del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD), en particular su artículo 19 (en especial los apartados b, h e i);

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CONSIDERANDO:

Que en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el

Desarrollo, los Estados miembros expresaron su convicción de que la misión de la

organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de

sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y

creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar

las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

Que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, es una

entidad de la Organización de los Estados Americanos establecida por la Asamblea General

de acuerdo con el Artículo 52 de la Carta de la Organización, que goza de autonomía

técnica en el ejercicio de sus funciones contra el Consumo, la Producción y el Tráfico

Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, dentro de los límites impuestos por la

Carta de la Organización, por su Estatuto y su Reglamento;

Que las actividades aprobadas por la (CICAD) para ser ejecutadas por la Secretaría

Ejecutiva se encuentran financiadas por: a. Las partidas asignadas por la Asamblea General

y por b. Las contribuciones voluntarias al Fondo Específico de la CICAD aportadas por los

Estados miembros que la integran, por los otros Estados miembros de la Organización, por

los Observadores Permanentes, por otras Organizaciones Internacionales o por donantes

privados;

Que en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en abril de 1998 se creo un

mecanismo de evaluación multilateral (GTI-MEM), que formula recomendaciones

periódicas a los Estados miembros a efectos de mejorar su capacidad de controlar el tráfico

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y el abuso de drogas y reforzar la cooperación multilateral a través de la confianza mutua,

el diálogo y la cooperación hemisférica;

RECONOCIENDO:

La imperante necesidad de establecer nuevos espacios y mecanismos que conlleven

a coordinar estrategias y proyectos de acuerdo a las nuevas necesidades de los Estados

Miembros, a través del intercambio de experiencias e información continua y constructiva

en asuntos relacionados con el consumo, la producción y el trafico ilícito de estupefacientes

y sustancias psicotrópicas;

Que el desarrollo de actividades y programas mediante tratados, acuerdos y

contactos con organismos técnicos, gubernamentales, no gubernamentales e

intergubernamentales que se ocupen de actividades similares a las de la CICAD, resultara

apropiado para cumplir los con objetivos de la Estrategia Antidrogas al fomentar la

coordinación y la cooperación orientada a fortalecer y desarrollar políticas nacionales y

regionales referidas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos;

Que el consumo indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas plantea una

seria amenaza para la humanidad y la estabilidad de todos los Estados y que las redes

criminales del narcotráfico son una amenaza para la gobernabilidad de las estructuras

políticas, económicas y ponen en riesgo la soberanía y la seguridad del Estado;

La importancia que dentro de las agendas nacionales cada Estado Miembro le ha

conferido a un tema como la lucha contra el Crimen Organizado transnacional, y la

necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional como herramienta para

combatir la amenaza que dicho fenómeno representa para la seguridad del hemisferio;

Que dentro del Crimen Organizado Transnacional una de las actividades ilícitas que

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mas ha afectado y desafiado la seguridad y democracia de los Estados Miembros es la

referente al producción, consumo y trafico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas; y que además dicha actividad facilita el ejercicio de otras actividades ilícitas

como la trata de personas, el trafico ilícito de armas, la corrupción, el secuestro, la

extorsión, entre otras.

RESUELVE:

1. Agradecer y exhortar el compromiso adquirido por los Estados Miembros,

agencias y organismos nacionales y multilaterales, fundaciones, instituciones y empresas

privadas y publicas en la ardua labor de lucha frontal contra el consumo, producción y

trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2. Reconocer el excelente papel desempeñado por la CICAD como una

organización que ha obtenido respeto internacional debido a su personal profesional y a su

firme propósito de sostener un dialogo constructivo con los Estados Miembros y facilitar y

conducir la aplicación de estrategias antidroga en el hemisferio.

3. Exhortar a que los gobiernos en conjunto con los Ministerios de educación y

el aporte de empresas privadas sigan financiando tanto la educación publica como

proyectos de investigación de niños, jóvenes y adultos en pro de generar mayores

oportunidades de estudio y capacitación de la sociedad, alejándola así del consumo de

drogas y sus actividades conexas.

4. Instar a la creación de un grupo especial de trabajo permanente o temporal

bajo el control del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD, cuya función

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esté encaminada especialmente a supervisar los esfuerzos que realice cada Estado Miembro

en la implementación de programas y campañas que lleven un mensaje de los costos

económicos, humanos y sociales de producir, consumir o traficar con drogas a nuestros

niños y adolescentes en sus colegios y universidades, buscando con esto combatir y

prevenir el consumo de drogas desde la niñez.

5. Invitar a los Estados Miembros a que permitan dentro de sus territorios

expandir el programa de control de consumo, producción y trafico ilícito de estupefacientes

y sustancias psicotrópicas a través de visitas continuas de Grupos de Expertos del

Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) que formulen recomendaciones periódicas a

efectos de mejorar la capacidad estatal de controlar el trafico y el abuso de drogas y

demostrar el compromiso individual y colectivo tanto de los países como de la región en

general en cuanto a progresos alcanzados y esfuerzos realizados para combatir este

problema.

6. Reafirmar a los Estados Miembros la importancia de continuar creando

programas de responsabilidad compartida y acción integral entre estado y sociedad a través

de cursos, seminarios y talleres que busquen la prevención, tratamiento, rehabilitación y

atención posterior de aquellos individuos que han hecho un uso indebido de estupefacientes

y sustancias psicotrópicas.

7. Impulsar a los Estados Miembros a incrementar en la medida de lo posible

sus contribuciones en efectivo y en especie a la CICAD para incrementar y fortalecer los

esfuerzos y programas de la organización e incentivar así mismo la creación de alianzas

estratégicas entre agencias internacionales y la industria con el fin de crear redes

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interamericanas que permitan aumentar las oportunidades de empleo y la competitividad y

productividad de actividades licitas sobretodo en el sector rural de países como Colombia,

Ecuador, Perú y Bolivia, restándole así atracción al negocio de la producción y el trafico de

estupefacientes y ayudando con esto a que disminuya la oferta y demanda de drogas en el

resto de la región.

Países Consignatarios:

1. BOLIVIA

2. VENEZUELA

3. DOMINICA

4. EL SALVADOR

5. CANADÁ

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CG-17

2010 AÑO INTERAMERICANO DE LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO

Comisión: General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Canadá

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el Informe Anual del Consejo Permanente (AG/doc. 3790/01) y el Informe

Anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

(CP/doc.3427/01);

TENIENDO PRESENTE ASIMISMO las resoluciones AG/RES. 1619 (XXIX-

O/99), AG/RES. 1706 (XXX-O/00), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01) y AG/RES. 2293

(XXXVII-O/07), todas ellas: “Promoción y respeto del Derecho Internacional

Humanitario”;

TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2144 (XXXV-O/05),

“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas”, y el

informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

OEA/Ser.L/XIV.1CICAD/PDJT/doc.5/05, “Sobre pandillas delictivas juveniles

transnacionales: Características, importancia y políticas públicas”;

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CONSIDERANDO:

Que aún continúan presentes en la región, notables y persistentes casos de

violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, gozando muchos de sus

perpetradores de impunidad y protección al amparo de guerrillas y otros grupos delictuales

organizados;

Que de acuerdo a lo constatado por la Carta Democrática Interamericana en su

artículo 7° los derechos humanos gozan de un “(…) Carácter universal, indivisible e

interdependiente (…)” y que como tales están “(…) consagrados en las respectivas

Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de

derechos humanos”, se sigue que la promoción, respeto y protección de los derechos

humanos es un deber jurídico prioritario de los Estados;

Que de conformidad al artículo 8° del mismo instrumento, “Los Estados Miembros

reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos

humanos (…)”, dichos Estados han declarado expresa voluntad de obligarse a actuar para

hacer más fuertes los instrumentos interamericanos que protegen dichos derechos;

Que dicha acción se perfecciona comúnmente de modo más eficaz y eficiente a

través de la firma y ratificación de instrumentos internacionales ad-hoc, y mediante la

implementación de sus disposiciones, las que sirven al efecto de una real protección;

Que actualmente existen mecanismos e instancias adecuadas para la protección de

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tales derechos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional y sus Protocolos;

Que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, la Convención

Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de

la CICAD representan contribuciones importantes a la lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el Hemisferio;

Que además han de tenerse presentes las conclusiones y recomendaciones de la

resolución AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) que reconoce la complejidad y el enfoque integral

sobre la problemática del crimen organizado, y las aristas de prevención, apoyo social,

respeto y protección a los derechos humanos que el tratamiento del problema debe tener;

Que asimismo, algunos Estados miembros, a la fecha no han concurrido a la

ratificación de todos los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Resolución A/RES/55/25;

Que existe la necesidad de reforzar aún más la lucha contra la delincuencia

organizada transnacional conforme a los compromisos asumidos por los Jefes de Estado y

de Gobierno en la Segunda y en la Tercera Cumbres de las Américas;

Que en la Tercera Cumbre de las Américas los Jefes de Estado y de Gobierno

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reconocieron la importante contribución que representarían, para la lucha contra el crimen

organizado en las Américas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen

Organizado y sus tres protocolos; y

Que los Estados miembros de la OEA pueden cumplir un papel fundamental en el

fortalecimiento de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada

transnacional;

SE RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros a que, de conformidad con su ordenamiento jurídico

interno e instrumentos internacionales vigentes en cada Estado, adopten los

mecanismos permanentes y coordinados de acción emanados de la Convención de las

Naciones las Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

facultativos, e instar a los Estados que no han ratificado todos sus Protocolos, a hacerlo,

a fin de reforzar sus sistemas legales, judiciales y administrativos, para combatir el

crimen organizado.

2. Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la OEA, según

corresponda, que en colaboración con los Estados Miembros y de conformidad con los

recursos financieros disponibles y las normas y procedimientos aplicables en la materia:

a. Elabore programas de asistencia técnica a través del Centro Internacional

para la Reforma de la Ley Penal y la Política de Justicia Penal (ICCLR), en

colaboración y asistencia financiera del Centro Internacional para los Derechos

Humanos (ICHRDD), con el objeto de promover entre la comunidad académica

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91

regional la adopción y aplicación de instrumentos internacionales de combate contra el

crimen organizado.

b. Instruya al Comité Jurídico Interamericano (CJI) a incluir en su informe

anual del año 2009 un estudio sobre las normas comunes de procedimiento de los

Estados miembros, referidas al tratamiento jurídico de la extradición de prisioneros y

personas procesadas por crímenes organizados, a fin de que los Estados miembros

adopten sus conclusiones y adecuen sus sistemas legales, judiciales y administrativos a

las recomendaciones emanadas de dicho informe.

c. Lanzar una campaña mediática e informativa, siendo responsabilidad de cada

Miembro cumplir con este objetivo y que cada cual lo oriente hacia su realidad local.

3. Deplorar de manera enérgica las acciones de los grupos armados que actúan

al margen de la ley, en cualquier país de las Américas, que se han formado a partir del

crimen organizado, por considerar que dañan el régimen democrático y el libre ejercicio

de los derechos humanos.

4. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que el año 2010 sea declarado por ella el año de la “Lucha en contra el crimen organizado”, siendo éste un año clave para combatir el crimen organizado en la región con el objeto de concientizar a la sociedad civil de los perjuicios que trae hacia la estabilidad de los países que este tipo de ilícitos proliferen en los Estados.

Países consignatarios

1. HONDURAS 2. CHILE 3. COLOMBIA 4. DOMINICA 5. ECUADOR

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CG – 18

COOPERACIÓN PARA COMBATIR LOS GRUPOS CRIMINALES

TRANSNACIONALES A TRAVÉS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Y EL NARCOTRÁFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACÌA

Comisión: General Punto ÚNICO del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de La República Federativa del

Brasil.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Presidente de la Comision Especial sobre Delincuencia Organizada

Transnacional (CE/DOT/56/06);

La resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07) Ejecución del plan de acción

hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional;

La resolución AG/RES. 2320 (XXXVII-O/07) Programa Interamericano sobre

Educación en Valores y Prácticas Democráticas;

La resolución AG/RES 2288 (XXXVII-O/07) Acceso a la información pública:

fortalecimiento de la democracia;

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La resolución AG/RES 2222 (XXXVI-O/06) Cooperación entre los Estados

Miembros en la lucha contra la corrupción y la impunidad;

La resolución AG/RES. 2189 (XXXVI-O/06) Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el hemisferio;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo);

La resolución AG/RES. 1458 (XXVII-O/97) La Estrategia Antidrogas en el

Hemisferio;

La Convención Interamericana contra la Corrupción;

CONSIDERANDO:

Que las corrientes globales actuales, materializadas en la interdependencia entre los

Estados y la apertura de sus fronteras, coexisten con la pobreza y la falta de equidad de

nuestras sociedades. Facilitando así, el actuar de los grupos delictivos transnacionales

permitiéndoles el establecimiento de alianzas estratégicas para acceder a los mercados,

diversificar sus actividades ilícitas y neutralizar a competidores legales e ilegales;

Que el crimen organizado transnacional en sus diversas formas, se vale de actos de

corrupción para la materialización de sus propósitos; que esto afecta de manera negativa la

cohesión de las sociedades, debilitando así la estabilidad política, económica y social y

disminuyendo la confianza de los ciudadanos en el sistema que gobierna su vida diaria;

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Que el tráfico de drogas está relacionado con otros tipos de delitos graves como la

trata de personas, la falsificación de documentos, el mercado negro de armas y el lavado de

activos, lo que sirve a organizaciones criminales trasnacionales como fuente de

financiación de sus actividades violentas;

Que la difusión de la información pública y la libre expresión de ideas por parte de

todos los actores de la sociedad, generan respeto por la diversidad de opinión, propician una

cultura de paz y fortalecen la democracia;

TENIENDO PRESENTE que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación

de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es un instrumento que

permite a los Estados Miembros que la ratificaron, promover su implementación, dar

seguimiento a los compromisos asumidos en ella y facilitar la realización de actividades de

cooperación técnica, intercambio de información, experiencias, prácticas óptimas y

armonización de legislaciones;

RECORDANDO que en la Declaración de Mar del Plata, los Jefes de Estado y de

Gobierno se comprometieron con que “el crecimiento económico sostenido, con equidad e

inclusión social, es una condición indispensable para crear empleo, enfrentar la pobreza

extrema y superar la desigualdad en el Hemisferio” y que para ello “es necesario mejorar

la transparencia y el clima de inversión en nuestros países, acrecentar el capital humano,

estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, promover la

responsabilidad social de las empresas, y alentar tanto el espíritu de empresa como una

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vigorosa actividad empresarial”;

REAFIRMANDO la educación como la mejor alternativa para la prevención,

tratamiento y rehabilitación de las personas que hacen parte de los grupos criminales

transnacionales. Que a su vez es considerada por la Organización como un “medio eficaz

para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y de esta

forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones”;

RESALTANDO la importancia que tiene el Programa Interamericano sobre

Educación en Valores y Prácticas Democráticas, el cual contribuye a generar y aportar

información para el fortalecimiento y desarrollo de metodologías pedagógicas para la

educación en valores y prácticas democráticas, los derechos humanos y la paz,

RESUELVE:

1. Invitar a los Estados Miembros, según sea el caso, para que consideren firmar,

ratificar o adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional, celebrada en la ciudad de Palermo en diciembre de 2000, para

que ésta pueda finalmente constituirse en un referente legal para el tratamiento de la

delincuencia organizada trasnacional.

2. Instar a los Estados Miembros a luchar contra la corrupción y la impunidad,

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entendiendo que “la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo

de la región”. Así mismo expresar que la cooperación internacional es esencial para detener

a los miembros de grupos criminales transnacionales y a los funcionarios corruptos.

3. Invitar a los Estados Miembros suscriptores de la “Convención Interamericana

contra la Corrupción”, a participar en el “Mecanismo de Seguimiento de la

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción” (MESICIC),

considerándolo un espacio propicio para el intercambio de información, experiencias y

prácticas óptimas acorde con las legislaciones nacionales.

4. Alentar a los Estados Miembros para que junto con el sector privado, las

asociaciones empresariales, los sindicatos, las instituciones académicas y las

organizaciones de la sociedad civil de sus regiones, instauren, promuevan y desarrollen

iniciativas de responsabilidad social dirigidas al mejoramiento de los servicios de

educación formal y no formal, especialmente aquellos de las zonas con altos niveles de

delincuencia y violencia.

5. Estimular a los Estados Miembros para que en asocio con el sector privado

generen oportunidades laborales que tengan como beneficiarios a los integrantes de los

grupos criminales trasnacionales en proceso de rehabilitación.

6. Encomendar a la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) la

creación de un programa de monitoreo dirigido al fortalecimiento de las políticas

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nacionales de seguridad fronteriza en la reducción de la oferta de drogas ilícitas a través de

las fronteras terrestres.

7. Poner a disposición del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la

Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), el territorio brasilero para la

realización del Primer Foro Interamericano cuyo tema central esté orientado a la discusión

de medidas prácticas y eficaces de prevención y lucha contra la corrupción, en el cual

participen representantes gubernamentales, del sector privado, de las asociaciones

empresariales, de las instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil.

8. Invitar a las Comisiones de Seguridad Hemisférica, Interamericana Contra el

Abuso de Drogas (CICAD), y de Asuntos Jurídicos y Políticos, y a la Secretaria General a

que informen sobre el cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su

trigésimo noveno periodo ordinario de sesiones.

Países Consignatarios:

1. CHILE

2. CANADÁ

3. GUATEMALA

4. GRENADA

5. ESTADOS UNIDOS

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CG-19

FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIETALES EN LA PREVENCIÓN DEL

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Comisión: Comisión General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Panamá

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08), “Ejecución de Plan de Acción contra

la Delincuencia Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación

Hemisférica”;

La resolución AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08), “Prevención de la Delincuencia y

la Violencia en las Américas”;

CONSIDERANDO:

Que la delincuencia organizada es un fenómeno disociador que impacta en todos los

ámbitos de la vida social;

Que la globalización ha entrañado el fortalecimiento del crimen organizado y de las

nuevas redes que se estructuran en torno a este fenómeno;

Que, a consecuencia de lo anterior, se ha producido una transnacionalización de

grupos criminales organizados, haciendo de las fronteras de los Estados un límite cada vez

más permeable a su accionar;

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Que el crimen organizado atenta contra la vida democrática y socava las bases de

los sistemas políticos, al pretender influir en las actividades de los Estados como un medio

de acción para la consecución de sus fines;

Que la cooperación internacional es un ejercicio irrenunciable para el combate

efectivo de la delincuencia organizada transnacional y, por tanto, se requiere del

compromiso y participación de los Estados para el control efectivo de dicho problema;

Que la sociedad civil tiene un rol relevante en la construcción de una comunidad

segura y que, desde ella y con ella, gobiernos y autoridades locales pueden establecer redes

sociales integrales de protección,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros a considerar el problema del crimen

organizado transnacional como un asunto de preocupación hemisférica, a fin de impulsar la

elaboración de programas de investigación que orienten y fortalezcan la labor de los

gobiernos y organismos de justicia.

2. Destacar la responsabilidad social que, en un contexto globalizado, compete

a los medios de comunicación, enfatizando los riesgos que sus actividades connotan y

promoviendo su uso responsable.

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3. Fortalecer la cooperación internacional de las policías de los estados

miembros, a través de mecanismos de desarrollo y fortalecimiento de planes conjuntos de

acción contra el crimen organizado transnacional, que connote la conformación de un

personal especializado en el área del crimen organizado transnacional.

4. Instar a los países miembros a establecer acuerdos que faciliten los

procedimientos de extradición de personas que se encuentren implicadas en casos de

organización criminal, de forma tal de acelerar y optimizar las investigaciones y procesos

judiciales, respetando a plenitud la soberanía de cada Estado y su respectivo ordenamiento

jurídico.

5. Fortalecer los vínculos entre Estado y sociedad civil, procurando la

participación de organizaciones sociales orientadas a la prevención del crimen como de

aquellas enfocadas a la educación e inclusión de niños y jóvenes en situación de riesgo

social.

6. Promover la generación de redes de cooperación social, a través de la

coordinación de la sociedad civil y las policías nacionales en tareas orientadas a la

prevención del crimen a nivel comunitario.

Países consignatarios:

1. HONDURAS

2. BARBADOS

3. GUYANA

4. JAMAICA

5. SAN KITTS Y NEVIS

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CG – 21

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión General Punto UNICO del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: SANTA LUCIA

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resolución AG/RES. 1723 (XXX-O/00)” Fortalecimiento de la probidad en el

hemisferio y seguimiento del programa Interamericano de Cooperación para combatir la

corrupción”

La Resolución AG/RES. 2026 (XXXIV - O/04) “Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el hemisferio”, Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 8 de junio de 2004.

La Convención de la Organización de Naciones Unidas de 1988 – Convención de

Viena.

La convención de la Organización de Estados Americanos contra la Corrupción.

La Convención de la Organización de Naciones Unidas contra el Crimen

Organizado.

CONSIDERANDO:

El crimen transnacional más contingente y preocupante en América es el tráfico de

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drogas. Éste es la base y fundamento de otros crímenes que afectan nuestra sociedad

continental, por lo que es necesario buscar mecanismos de cooperación internacional que

ayuden a atacar este problema.

Además de atacar el narcotráfico, es necesario evitar la producción de drogas, que

muestra una preocupante impunidad, no por la inexistencia de políticas a su respecto, sino

por la inaplicabilidad de éstas. Consecuencia de lo anterior es que el tráfico de drogas haya

tenido un notable aumento en nuestros países, con corrupción en los organismos públicos,

gran nivel de pobreza y falta de educación en la población y, alta demanda de drogas

ilícitas por parte de los países no productores.

Si bien las causas pueden ser variadas según la realidad de cada uno de nuestros

países, es necesario atacarlas todas, por lo que debemos buscar una solución a través de la

cooperación internacional.

Nuestras democracias están siendo afectadas, como también la tranquilidad de

nuestra población y la seguridad jurídica de nuestros Estados. El tráfico de drogas

empobrece aún más a nuestra gente, afecta su salud, y más preocupante aún sus

distribuidores están ejerciendo influencia dentro del poder político.

RESUELVE:

1. Realizar programas de educación sobre el peligro del tráfico y consumo indebido

de drogas, sus efectos e implicancias en las personas y sociedad, como modo de prevención

en especial del consumo.

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2. Fortalecer las políticas para evitar la producción y tráfico de drogas.

3. Elaborar nuevas medidas contra la corrupción, respetar los acuerdos vigentes

a su respeto y propender a la aplicación de la normativa vigente como la Convención

Interamericana contra la Corrupción.

4. Fortalecer el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA, para que

autónomamente, siga con sus funciones de evaluador, no de modo de intervenir en los

asuntos internos, sino en la aplicación de los parámetros establecidos para la lucha contra el

crimen organizado transnacional, manteniendo intacta nuestra soberanía.

Países cosignatarios:

1. BELIZE

2. COLOMBIA

3. SAN VICENTE Y LAS GANADINAS

4. BARBADOS

5. SAN KITTS Y NEVIS

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CG – 22

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SUS EFECTOS EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Perú

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA);

La Carta Democrática Interamericana;

La Declaración sobre la Seguridad de las Américas;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional

CONSIDERANDO:

Que uno de los principios fundamentales de la Carta de la OEA es afianzar la paz y

la seguridad del continente; y que el mismo es un foro multilateral para el fortalecimiento

de las democracias;

Que es trascendental que los Estados Miembros de la OEA fomenten el debate y la

cooperación internacional como medio de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; y que

a través de una política de seguridad social preventiva es posible enfrentar todos los

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desafíos que generan los problemas de criminalidad de modo más eficiente;

Que el principio de integración de los Estados Americanos en el marco del Capítulo

VI, artículo 28 de la Carta de la OEA; supone el deber de cooperación y solidaridad ante un

acto de agresión;

Que el crimen organizado transnacional amenaza la soberanía de los Estados, la

legitimidad de sus políticas e instituciones así como a su economía;

RESUELVE:

1. Adoptar las medidas necesarias que permitan hacer cumplir los principios

expresados en la Carta de la OEA acerca de afianzar la paz y seguridad del

continente por medio de la unión y solidaridad. Para tal fin se sugiere realizar

seminarios periódicos promovidos por la OEA.

2. Reconocer la importancia de la participación de todas las instituciones nacionales y

supranacionales que tienen responsabilidad en la materia, en el sentido de buscar la

complementación de aquellas; haciendo hincapié en la promoción y fortalecimiento

de la prevención contra el crimen organizado.

3. Reforzar la coordinación entre la sociedad civil y los Estados, sobretodo en lo que

hace a la reinmersión social y la contención de grupos antes delictivos.

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4. Instar a los Estados Miembros de la OEA a renovar y afianzar su compromiso de

combatir el crimen organizado transnacional con miras de consolidar la seguridad

de todo el hemisferio.

5. Reforzar la capacidad de la OEA en la lucha contra el crimen organizado

transnacional para que preste asistencia a los Estados Miembros en esas tareas,

consolidando el accionar de los organismos y de las instituciones ya creadas en cada

uno de dichos Estados.

6. Generar un flujo continuo de información desde los Estados Miembros hacia la OEA sobre

las manifestaciones particulares del crimen organizado en cada uno de ellos. Esto es con el

fin de lograr una visión unificada de todo el continente que incluya tanto la generalidad

del crimen como los casos concretos de cada Estado Miembro, para que sea compartido

con el resto de los países, y así evitar la transnacionalidad de los procesos involucrados.

Países consignatarios:

1. ESTADOS UNIDOS

2. REPÚBLICA DOMINACA

3. COLOMBIA

4. JAMAICA

5. SAN KITTS Y NEVIS

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CG -23

MECANISMOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS RELATIVAS A LA

PREVENCION DE LOS DELITOS TRANSNACIONALES

Comisión: General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República Dominicana

La Asamblea General,

VISTO:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, según surge de su

artículo 2, en el que se establece entre sus fines y propósitos; la promoción, por medio de la

acción cooperativa, del desarrollo económico, social y cultural; como así también el

afianzamiento de la paz y la seguridad del continente, para lograr el pleno desarrollo

democrático de los pueblos del Hemisferio;

Que como surge del art. 3 de la misma Carta, y en armonía con el art. 1 de la Carta

Democrática Interamericana, se entiende que la solidaridad de los Estados americanos

requiere la organización de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de las

democracias representativas, constituyendo este fin, responsabilidad común y compartida

de los Estados Americanos;

Que de la Declaración del Milenio de la ONU, surge que la democracia es un valor

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universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su

propio sistema político, económico, social y cultural, y su participación plena en todos los

aspectos de la vida, así como también se subraya el derecho de las personas a vivir en

libertad y con dignidad, libres de la pobreza, el temor y la desesperación;

Que el crimen organizado transnacional afecta profundamente a la democracia, ya

que le produce un desprestigio sustantivo, limitando su goce, con la consecuente dificultad

de una efectiva participación política, incrementándose la impunidad de los actores que

usan la corrupción, todo ello en un contexto de una democracia debilitada, afectando de

este modo a la seguridad, amenazando la paz y la estabilidad de los Estados;

Que los niveles de cooperación actual han alcanzado numerosos logros en materia

de lucha contra el crimen organizado transnacional; sin perjuicio de lo cual, debemos

avanzar aún más en este sentido, procurando mejorar la coordinación y el intercambio de

información para concretar este objetivo;

Que tal como surge del art. 1 de la Convención contra la Delincuencia Organizada

Transnacional de la ONU, la cooperación internacional cumple un rol fundamental dado el

carácter global del fenómeno de la delincuencia criminal organizada;

Que los delitos transnacionales se fueron gestando al amparo de la clandestinidad,

sin espacios únicos de desarrollo y comisión, circunstancias que generaron en los Estados la

necesidad de crear mecanismos legales propios para enfrentar las consecuencias de esas

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conductas reprochables que iban apareciendo bajo diferentes denominaciones y formas;

Que en consecuencia y como corolario de todo lo expuesto,

RESUELVE:

1. Proponer a los Estados que pongan a disposición de los organismos técnicos de la

OEA, toda la información que se considere pertinente, a efectos de prevenir delitos de

naturaleza transnacional, mediante la creación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de

información, a través de la implementación, en el marco de los organismos técnicos de la

OEA, de una base de datos que se nutriría con las experiencias de los Estados, en la cual se

incorporarían tanto las dificultades encontradas, como los logros obtenidos y los

mecanismos para resolverlos.

2. Sugerir a los Estados miembros que, en caso de ser necesario para cumplir los

fines de esta resolución, adapten sus legislaciones internas a los estánderes establecidos en

los tratados internacionales existentes, con el fin de colaborar y cooperar

internacionalmente en la prevención, erradicación y sanción de los delitos transnacionales.

3. Encomendar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos,

que instruya a la Comisión de Seguridad Hemisférica para que ésta adopte tales funciones,

dentro del ámbito de su competencia.

4. Extender este intercambio de información y cooperación con Estados no

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miembros de la OEA, y con organizaciones internacionales con competencia en la materia,

a efectos de articular con éstas políticas sobre la materia.

5. Esta resolución será ejecutada con los recursos asignados en el programa-

presupuesto de la organización y otros recursos, invitando a los Estados Miembros, a los

Observadores Permanentes, así como a las personas o entidades públicas y privadas

nacionales e internacionales que lo deseen, a efectuar contribuciones voluntarias a efectos

de respaldar la ejecución de la misma.

Países cosignatarios:

1. PERÚ

2. GUATEMALA

3. SAN KITTS Y NEVIS

4. EL SALVADOR

5. COLOMBIA

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CG – 24

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL:

EJES RECTORES DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUANCIA ORGANIZADA

TRASNACIONAL.

Comisión General Punto ÚNICO del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República del Paraguay

LA ASAMBLEA GENERAL,

PREOCUPADA porque la seguridad del hemisferio se ve progresivamente afectada

por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, en particular la delincuencia

organizada trasnacional, las cuales impactan de forma negativa contra las instituciones del

Estado, atentan contra el correcto desempeño y la consolidación de la democracia en el

continente y afectan a las diferentes sociedades nacionales;

TENIENDO PRESENTE:

La Declaración sobre Seguridad en las Américas adoptada en la Conferencia

Especial sobre Seguridad que se celebró en México en Octubre de 2003, en donde los

Estados miembros reconocieron la importante contribución que representa la Convención

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de

Palermo) y sus tres protocolos y ,asimismo, condenaron la Delincuencia Organizada

Trasnacional con el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el

estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado;

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La Resolución 2116 (XXXV/O/05) de “Lucha contra la Delincuencia Organizada

Transnacional en el Hemisferio”, mediante la cual se creó la Comisión Especial sobre

Delincuencia Organizada Transnacional (CEDOT), bajo la égida del Consejo Permanente,

como mecanismo para elaborar un plan de acción contra la delincuencia organizada

trasnacional;

Las conclusiones y recomendaciones de la reunión de expertos gubernamentales

para considerar la conveniencia de elaborar un Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada los días 18 y 19 de abril de 2005, en

Washington D.C., las cuales entre otros aspectos establecen que es aconsejable desarrollar

dicho plan de acción, teniendo en consideración el marco legal, las estrategias nacionales y

colectivas;

El Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional

aprobado por el Consejo Permanente mediante la resolución CP/RES. 908 (1567/06) con el

fin de prevenir y combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, y ejecutado por la

resolución de la Asamblea General AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07);

CONSIDERANDO:

A la delincuencia organizada trasnacional como una de las principales amenazas a

la seguridad hemisférica ya que afecta de manera grave, constante y creciente a los Estados

y sociedades de las Américas;

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El carácter transnacional del crimen organizado y su poder para desafiar a las

autoridades estatales en su intento por afrontar y combatir esta amenaza dentro de las

fronteras nacionales;

La importancia de la concertación, la cooperación y el multilateralismo como

acciones indispensables para eliminar definitivamente el crimen organizado transnacional

del hemisferio;

Que la Convención Interamericana contra la Corrupción identifica dicha práctica

como un instrumento que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar

sus propósitos y que, además, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Trasnacional tipifica a la corrupción como un delito que debe ser sancionado y

penalizado, debido a que su presencia erosiona las capacidades de control estatal y los

regímenes democráticos, facilitando la comisión de otros crímenes.

La problemática del crimen organizado trasnacional desde una perspectiva

multidimensional de seguridad como único medio de combatir tanto las causas como las

consecuencias que dicha amenaza trae aparejada,

RESUELVE:

1. Solicitar a los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la

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114

Organización vinculados directa e indirectamente en la lucha contra la delincuencia

organizada trasnacional: la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Consultivo de la

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Comisión

Interamericana de Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Red

Hemisférica de intercambio de información para la asistencia jurídica mutua en materia

penal, la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las

Américas (REMJA), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y el Comité Interamericano contra el

Terrorismo (CICTE), a trabajar mancomunadamente con el Grupo Técnico sobre

Delincuencia Organizada Trasnacional en el marco del Plan de Acción Hemisférico con el

fin de aunar los esfuerzos y recursos al interior del sistema interamericano en la lucha

contra dicha amenaza.

2. Alentar a los Estados Miembros a consolidar la cooperación y el

multilateralismo en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y a generar espacios

de vinculación entre actores civiles relacionados con dicha amenaza tales como

organizaciones de la sociedad civil, entidades privadas, entre otros.

3. Exhortar a los Estados Miembros a informar de manera inmediata al Grupo

Técnico sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, a través de sus representantes

permanentes en la Organización, cualquier acto de corrupción enmarcada en el accionar de

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la delincuencia organizada trasnacional, que atente contra las instituciones estatales y el

estado de derecho, con el objetivo de dar a conocer las diferentes formas en las cuales este

delito se expresa.

4. Solicitar al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Trasnacional del

Plan de Acción Hemisférico que continúe enfatizando el aspecto multidimensional que

adquiere el crimen organizado trasnacional para no considerar esta amenaza únicamente

desde una perspectiva judicial y penal.

5. Recordar que todos los esfuerzos destinados a combatir la Delincuencia

Organizada Trasnacional deben realizarse bajo el principio de Responsabilidad Compartida.

Esto significa que las actividades de la Delincuencia Organizada Trasnacional deben

atacarse teniendo presente el carácter transfronterizo de las mismas, en razón de lo cual

resulta imperioso actuar compartida y solidariamente.

Países cosignatarios:

1. URUGUAY

2. NICARAGUA

3. GUATEMALA

4. GUYANA

5. SANTA LUCÍA

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116

CG – 25

PORTAL WEB CIUDADANO CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

ORGANIZADO: UN APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Comisión: GENERAL Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Barbados

LA ASAMBLEA GENERAL

VISTAS:

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de

noviembre de 2000;

La resolución AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04) "Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el hemisferio";

La resolución AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08) “Ejecución del plan de acción contra

la delincuencia organizada transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica”;

CONSIDERANDO:

El artículo 6 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, el

cual establece que “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio

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desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el

pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de

participación fortalece la democracia.”

La Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las

Américas; en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación

reconocieron, como se establece en la Declaración de Bridgetown, que las amenazas,

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y

de alcance multidimensional, y que el concepto y el enfoque tradicionales deben ampliarse

para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos,

económicos, sociales, de salud y ambientales;

REITERANDO:

La necesidad de crear conciencia e informar sobre el alcance, características, y

riesgos del Crimen Transnacional Organizado; capacitar a los representantes

gubernamentales y no-gubernamentales para identificar victimas de éste problema; asistir y

proteger a las victimas; así como recolectar información relevante y regionalmente

compatible; estimular la cooperación regional y el intercambio de información estadística;

fomentar el desarrollo de políticas y leyes contra el Crimen Transnacional Organizado; y

coordinar procedimientos operativos en su contra.

RECORDANDO:

Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Conferencia

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Especial sobre Seguridad, que se celebró en la ciudad de México en octubre de 2003, los

Estados Miembros condenaron la delincuencia organizada transnacional, porque atenta

contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades,

renovando, por tanto, el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno,

el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada

Estado;

TENIENDO EN CUENTA:

Que la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma,

por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de

naturaleza diversa, entre otros, la delincuencia organizada transnacional, así como por la

complejidad y diversificación creciente de las actividades de los grupos delictivos

organizados;

CONSCIENTE:

Del potencial impacto negativo de los actos del Crimen Organizado Trasnacional,

en la estabilidad y seguridad de todos los Estados del Hemisferio.

TOMANDO NOTA:

Que en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar

mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para

promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y

ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

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119

RECONOCIENDO:

Que las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas de las actividades

del Crimen Transnacional Organizado establecen la necesidad urgente de fortalecer la

cooperación para prevenir y combatir más eficazmente esas actividades en los planos

nacional, regional e internacional.

RESUELVE:

1. Implementar un sistema de intercambio de información que permita recopilar los

documentos, informes e investigaciones que provengan de los Organismos Públicos,

privados, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades del hemisferio y

expertos sobre Crimen Organizado Transnacional.

2. Difundir, por medio de un Portal Web Ciudadano administrado por la Secretaría de

Seguridad Multidimensional, información orientada a la Sociedad Civil, que

permita:

• Identificar las causas de los problemas sociales, culturales y económicos,

generados por el Crimen Transnacional Organizado en todas sus formas.

• Sistematizar y publicar información relevante sobre el Crimen Organizado

Transnacional en los idiomas oficiales de la Organización de Estados

Americanos, además del holandés, para así estimular la cooperación regional

y el intercambio de información estadística.

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3. Incentivar a los Estados Miembros a compartir experiencias respecto de las acciones

que realicen para combatir el Crimen Organizado Transnacional, fomentando así la

cooperación multilateral para identificar y replicar buenas prácticas

4. Promover la creación e implementación de convenios de cooperación cuya finalidad

sea mejorar la orientación a las víctimas y estandarizar la información con

parámetros de calidad en materias de prevención y combate al Crimen Organizado

Transnacional en los que participen los Estados Miembros y Organizaciones de la

Sociedad Civil.

5. Solicitar a los Estados Miembros y/o Estados Observadores Permanentes fondos

voluntarios que permitan la realización plena y efectiva de este proyecto.

Países consignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. TRINIDAD Y TOBAGO

3. ARGENTINA

4. PANAMÁ

5. GUYANA

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CG-26

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión: GENERAL Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Trinidad y Tobago

LA ASAMBLEA GENERAL

VISTO el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, aprobado por el Consejo Permanente mediante la resolución CP/RES. 908

(1567/06) con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional dentro

del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres protocolos adicionales: el Protocolo

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el Protocolo para Prevenir,

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y

Municiones;

RECORDANDO:

Que, en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la

Conferencia Especial sobre Seguridad, que se celebró en la ciudad de México en octubre de

2003, los Estados Miembros condenaron la delincuencia organizada transnacional, porque

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atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras

sociedades, renovando, por tanto, el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco

jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la

soberanía de cada Estado;

Que, la Carta Democrática Interamericana establece que “los pueblos de América

tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” y

que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los

pueblos de las Américas”;

TENIENDO EN CUENTA:

La resolución AG/RES. 2026 ((XXXIV-O/04) “Lucha contra la delincuencia

organizada transnacional en el Hemisferio”, la cual sentó las bases para tratar este tema

dentro de la Organización;

La resolución AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07), “Plan de acción hemisférico contra

la delincuencia organizada transnacional”

La resolución AG/RES. 2379 (XXXVIII-O/08), “Ejecución del plan de acción

contra la delincuencia organizada transnacional y fortalecimiento de la cooperación

hemisférica”.

La resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08), “Promoción y Fortalecimiento de

la Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”.

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CONSIDERANDO las conclusiones y recomendaciones de la Sexta Reunión de

Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA

VI), que se llevó a cabo en Santo Domingo,2006.

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones

publicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como contra el desarrollo

integral de los pueblos.

CONSIDERANDO que el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana

establece que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio

desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el

pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de

participación fortalece la democracia”;

REAFIRMANDO:

Que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia

de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la

gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa;

La solidaridad y la cooperación interamericana como una forma efectiva de

promover y fortalecer la gobernabilidad democrática en los respectivos países;

RECONOCIENDO la importancia de que los Estados Miembros mejoren y

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fortalezcan la democracia y el desarrollo , ya que son afectadas y amenazada por el crimen

organizado transnacional.

PERSUADIDOS de que el combate contra el crimen organizado internacional

fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones en la economía, vicios en la

gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECOMIENDA:

1. Acoger con beneplácito las disposiciones del Plan de Acción Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, el cual tiene como propósito principal promover la

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos por parte de los Estados

Miembros de la OEA.

2. Reafirmar que la lucha contra el crimen organizado internacional es un

compromiso fundamental y un deber mutuo entre los Estados de las Américas, como

garantía del ejercicio de la democracia y la consolidación de sus instituciones, la

gobernabilidad y el fortalecimiento del estado de derecho, ya que este, constituye una

amenaza a la seguridad de los Estados, socava las instituciones públicas y privadas y

obstaculiza el desarrollo de los pueblos.

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3. Reconocer que, el combate al crimen organizado posee una dimensión muy

importante en la formación de principios que rigen nuestra región, ya que busca por medio

del reforzamiento de las capacidades legales y de la institucionalidad democrática el

establecer sociedades con valores, principios y mecanismos que refuercen las capacidades

democráticas conjuntamente con mejores instrumentos para enfrentar este flagelo a la vez

que se impulsa el desarrollo y la participación.

4. Exhortar a los Estado a que consideren la ratificación y aplicación de los actuales

convenios internacionales relativos a la lucha contra la corrupción.

5. Alentar a los estados miembros de la OEA a mantener activo la lucha contra los

crímenes organizados transnacionales y tiendan a evaluar el impacto de este fenómeno en

las democracias, diseñando mecanismos capaces de enfrentarlo con éxito. De esta manera

se permitirá establecer y evaluar el grado de riesgo y amenaza que este fenómeno le

representa.

6. Fortalecer los mecanismos nacionales tendientes al perfeccionamiento de las

legislaciones, para así poder avanzar hacia la consolidación de sistemas legales que brinden

seguridad a la ciudadanía.

7. Instar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes que sigan

contribuyendo al Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia,

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8. Requerir el apoyo de la Unidad para la Promoción de la Democracia – UPD, en el

desarrollo de programas dirigidos a la sociedad civil, en donde se les concientizará sobre la

importancia de su participación activa en el mantenimiento de la democracia.

9. Encargar anualmente a los estados a remitir al organismo competente la

presentación de los avances y resultados de políticas que estos apliquen para la reducción

de los efectos del crimen organizado transnacional en sus democracias.

Países consignatarios:

1. URUGUAY

2. DOMINICA

3. GRENADA

4. PANAMÁ

5. ARGENTINA

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CG-27

PREVENCION Y ERRADICACION DEL BLANQUEO DE CAPITALES DEL

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Comisión General Punto UNICO el Temario

Proyecto presentado por: Saint Kitts y Nevis

La Asamblea General:

VISTOS:

La Convención de Viena de 1988 “Convención de las Naciones Unidas contra el

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, artículo quinto reconoce el

decomiso como una medida para que los Estados miembros a través de sus autoridades

competentes puedan ejercer cualquier acción en relación al “blanqueo de capitales”,

entendiendo que las partes no podrán negarse a aplicar las disposiciones de este tratado

amparándose en el secreto bancario. Dicha disposición de carácter internacional se

constituye en el marco general de vinculación jurídica para que la comunidad internacional,

ya sea miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificando la

Convención de Viena, o Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos se

adhieran a dicho marco legal, el cual desarrolla una política global contra el lavado de

activos;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional

Organizada, “Convención de Palermo”, en la búsqueda de obtener una declaración

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multilateral contra delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales y la

cooperación para la identificación y captura de dichas organizaciones;

La “Segunda Conferencia Ministerial sobre la Cooperación Internacional contra el

Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional”, Declaración de Panamá;

REITERANDO que el terrorismo en cualquiera de sus formas, origen y destinos, no

se justifica, afecta el goce de derechos y garantías fundamentales consagrado en diversos

instrumentos regionales e internacionales, así como constituye una amenaza permanente a

la paz, la seguridad de los Estados, instituciones y organismos, y afecta a los principios y

valores democráticos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática

Interamericana;

RECORDANDO la necesidad de combatir el terrorismo en evidente cooperación

entre los Estados con pleno respeto a la normativa que rige al derecho internacional que

incluye el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional

humanitario;

TENIENDO EN CUENTA que principalmente los Estados con menos control

financiero interno o con mayor liberalidad en entidades financieras podrían eventualmente

ser objeto del delito de “Blanqueo de Capitales” para fortalecer el crimen organizado;

TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de las disposiciones emanadas del

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“Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI), que trabaja junto a la OEA/CICAD,

en la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del

Terrorismo”, y el trabajo de GAFISUD y GAFIC.

RESUELVE:

1. Promover la discusión de la adopción de medidas para combatir el delito de

“Blanqueo de Capitales o Activos” como modo de limitar financiamiento a organizaciones

criminales y terroristas, dentro de las legislaciones de cada Estado.

2. Recomendar que los Estados miembros incorporen a su respectivo ordenamiento

jurídico otras sugerencias y propuestas emanadas de organismos de carácter internacional

como el GAFI, GAFIC y GAFISUD, entre otros.

3. Instar a los Estados a legislar e incrementar la cooperación internacional para la

incautación y decomiso de activos en los procesos de “Blanqueo de Capitales”.

4. Apoyar a otros Estados, otorgándoles información sobre actividades financieras que

puedan ser actual o potencialmente consideradas como “Blanqueo de Capitales”.

Países cosignatarios: 1. SURINAM 2. TRINIDAD Y TOBAGO 3. JAMAICA 4. PANAMÁ 5. GRENADA

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CG-28

EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: NICARAGUA

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas los

Estados del Hemisferio declararon que la nueva concepción sobre la seguridad “es de

alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas,

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las

prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y

a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de

los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”;

TENIENDO PRESENTE: El Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia

Organizada Transnacional, aprobado por el Consejo Permanente mediante la

resolución CP/RES. 908 (1567/06) con el fin de prevenir y combatir la delincuencia

organizada transnacional dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres

protocolos adicionales: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,

Mar y Aire, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

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especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos

de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones;

CONSIDERANDO: “Que el crimen organizado controla una cantidad importante de

dinero, pudiendose calcular entre quinientos mil millones y uno punto cinco mil millones

de dolares los cuales fueron blanqueados en el año 2000 como parte de la accion del

crimen organizado, el cual tiene un objetivo esencialmente económico y para poder recibir

estos recurso ocupa la extorsión y la violencia, como instrumentos fundamentales”; (fuente:

“Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales” El crimen Organizado Internacional)

La mayoría de los países de América, tienen problemas de crimen organizado

trasnacional que con el proceso de integración comercial y apertura económica, diluyen las

fronteras tradicionales, políticas;

La proliferación de actividades ilegales, tales como el tráfico de drogas, armas,

personas, instrumentos financieros, sustancias ecológicamente peligrosas, objetos

arqueológicos, el contrabando, la prostitución, entre otras más y todo ello hace que se

fortalezcan y diversifiquen las mafias de delincuentes organizados;

El crimen organizado transnacional, que amenaza la seguridad y la prosperidad de

los estados y que se dedican a adulterar el curso normal de las vidas y a destruir la cultura

cívica de las sociedades, burlando las leyes, los valores y la moral de los pueblos;

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RECOMIENDA:

1. Que solo la cooperación internacional permite respuestas positivas y efectivas.

En este sentido el promover y desarrollar profundamente el multilateralismo y

robustecer la institucionalidad regional y global es crucial para que en el futuro

podamos enfrentar con fuerza el crimen transnacional.

2. Que la construcción de regímenes internacionales y el establecimiento de

tratados y normativas que permitan la implementación práctica del intercambio

de experiencias que sirvan de base para adecuar las legislaciones de los países,

limitar su accionar y generar políticas que busquen su erradicación se constituye

en una herramienta esencial, la cooperación interestatal posee un amplio espacio

para avanzar.

3. Surge la necesidad de realizar un abordaje hemisférico del problema de manera

tal que se comparta la información disponible, que se faciliten las

investigaciones, dictando leyes armonizadas entre todos los países involucrados

y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos

especializados en este fenómeno para así lograr en un futuro cercano la

homologación de las legislaciones, la estandarización de indicadores y

metodologías, la actualización coordinada de datos y la puesta en práctica de una

campaña de concientización y transparencia que facilite la comprensión y

sensibilización del tema, en decisiones políticas y empresariales.

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4. Que las políticas públicas frente a la delincuencia sean especialmente

cuidadosas con las particularidades específicas de las poblaciones en las que

convive el crimen organizado, no permitiendo que la presentación pública de la

delincuencia ponga énfasis excesivos en la población extranjera ni

criminalizando de hecho a grupos étnicos o nacionales concretos.

5. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad

Hemisférica, fortalecer el Grupo de Trabajo encargado de cordinar la creacion

de un organismo dedicado a combatir el crimen organizado transnacional, para

asi alcanzar esfuerzos verdaderos en prevencion e inteligencia, conocer su

modus operandi y evitar que se puedan producir provecho del dinero

Países cosignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. GRENADA

3. PARAGUAY

4. PANAMA

5. ARGENTINA

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CG-31

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SU EFECTO EN LAS

DEMOCRACIAS

Comisión General Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: HAITI

Preámbulo

La Asamblea General,

VISTOS:

Las medidas y acciones registradas por los órganos, instituciones y entidades de la

Organización de los Estados Americano en materia de combate al crimen transnacional y en

defensa de la democracia y establecimiento de los valores expresos en la “Carta

Democrática Interamericana” y en la “Carta de la OEA”;

Las resoluciones anteriores de la Asamblea: “Declaración sobre seguridad en las

Américas”, “Cooperación para la seguridad hemisférica” (AG/RES. 1415 (XXVI-O/96)),

“Solidariedad global en asuntos hemisféricos” (AG/RES. 1501 (XXVII-O/97)), “Confianza

mutua en las Américas” (AG/RES. 1500 (XXVII-O/97)); “Lucha contra la delincuencia

organizada Transnacional en el hemisferio” (AG/RES. 2026 (XXXIV- O/04), AG/RES.

2116 (XXXV- O/05) y AG/RES. 2189 (XXXVI- O/06)); así como las resoluciones

firmadas en las Naciones Unidas por los miembros de la OEA como la Convención de

Palermo y sus respectivos protocolos;

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RECONOCIENDO el esfuerzo de los Estados miembros de la Organización hasta el

fomento de la democracia en continente y que el crimen tiene impacto profundo sobre la

democracia y sobre la seguridad ciudadana;

CONSIDERANDO que hay una tendencia a la diversificación y sofisticación de las

actividades ilícitas de los grupos trasnacionales como resultado de la globalización y de la

tecnología, bien como un crecimiento de los países afectados por el crimen;

RECORDANDO ASIMISMO en entendimiento del concepto de seguridad

multidimensional que amplia la comprensión de las amenazas hasta las no tradicionales y

considera nuevos desafíos transnacionales que demandan cooperación hemisférica;

TENIENDO EN CUENTA que los ciudadanos de las Américas tienen en derecho de

sentirse protegidos y que es función de los gobiernos mantener la seguridad, esta que es

desafiada por las actividades del crimen organizado, como el tráfico de personas y drogas;

DESTACANDO que la insatisfacción pública debido a la inseguridad era falta de

credibilidad democrática

REAFIRMANDO la necesidad de implementar medidas conjuntas contra el crimen

transnacional;

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RESUELVE:

INSTAR a los Estados miembros a incrementar su trabajo en conjunto con la Corte

Interamericana de los Derechos Humanos para que esta comisión proponga medidas sobre

la trata de personas en consonancia con las resueltas por la Comisión Interamericana;

INVITAR a loa Estados miembros que ejecuten las medidas discutidas en ámbito

de la OEA en la cuestión del combate al terrorismo por medio de la implementación de

mecanismos preventivos y educativos, proponiendo un entrenamiento de la OEA a todas las

instituciones de policía de todos los Estados miembros a través de la Comisión de

Seguridad Hemisférica. La iniciativa sería útil para que se logre integridad y coordinación

de los proyectos y acciones de nuestros gobiernos;

SOLICITAR que los países que aún no han ratificado los Convenios Internacionales

de la ONU sobre el crimen organizado lo hagan a la brevedad;

FORTALECER del intercambio de informaciones entre los centros y agencias de

inteligencia de nuestros Estados y cooperación efectiva de las policías en zona de frontera,

con coordinación de proyectos y acciones para combatiré el tráfico de acciones y drogas;

INCREMENTAR el compromiso de los gobiernos en la promoción de la seguridad

ciudadana, reducción del crimen, la violencia y en la contención de conflictos, teniendo en

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137

cuenta que estas medidas mejoran la credibilidad de las instituciones públicas y, en

consecuencia, generar fe en los gobiernos democráticos.

Países cosignatarios:

1. SANTA LUCÍA

2. JAMAICA

3. BRASIL

4. SURINAME

5. GUATEMALA

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XXVI Modelo de la Asamblea General de la

Organización de Estados Americanos para

Universidades de las Américas

Primera Comisión

Libro Final

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I-3

EDUCACIÓN POLÍTICA: UN ASPECTO CLAVE PARA EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS DEMOCRACIAS

Comisión: Asuntos Jurídicos y Políticos. Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Barbados

LA ASAMBLEA GENERAL

RECONOCIENDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos

reconoce que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad,

la paz y el desarrollo de la región,” y que uno de los propósitos esenciales de la OEA es

“promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no

intervención”;

Que según la Carta Democrática Interamericana el Artículo 2º el ejercicio efectivo

de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes

constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente,

ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden

constitucional.

En su artículo 3º establece “son elementos esenciales de la democracia

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades

fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la

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celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y

secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y

organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”;

Que en su artículo 5º explicita que el fortalecimiento de los partidos y de otras

organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención

especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al

establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus

actividades.

Que el artículo 6º establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones

relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y

fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Que el artículo 23º establece que los Estados Miembros, en ejercicio de su

soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y

desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones

preliminares para ese propósito

REAFIRMANDO, la resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) “Promoción y

fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”

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VISTA la resolución AG/RES. 2395 (XXXVIII-O/08) “Aumento y fortalecimiento

de la participación de la sociedad civil en las actividades de la Organización de los Estados

Americanos y en el proceso de las Cumbres de las Américas”,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08)

“Declaración de Medellín: juventud y valores democráticos” y AG/RES. 2423 (XXXVIII-

O/08) “Programa interamericano sobre educación en valores y prácticas democráticas”,

REAFIRMANDO la resolución AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08) “Acceso a la

información pública: fortalecimiento de la democracia”,

REAFIRMANDO la solidaridad y la cooperación interamericana como una forma

efectiva de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática en los respectivos países;

TENIENDO EN CUENTA las desigualdades económicas y sociales que muchos de

nuestros países enfrentan, representando un desafío para el afianzamiento y consolidación

de la democracia y, que la relación entre dinero y política es uno de los componentes más

complejos que debe enfrentar la construcción de una efectiva democracia dentro de los

países miembros.

CONSIDERANDO que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las

ONG, contribuyen a la labor de los órganos y organismos del sistema interamericano

dentro del proceso de consolidación de la Democracia representativa, contribuyendo a la

consolidación de la institucionalidad política.

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RESUELVE:

1. Proponer la creación de un Grupo de Trabajo Intersectorial de carácter permanente,

conformado por múltiples especialistas, permitiendo el carácter tanto técnico como

político de este organismo, destinado a:

1.1 Realizar foros de carácter semestral potenciando la formación política de

los diferentes líderes de los Partidos Políticos u organizaciones sociales de

los Estados Miembros, y en el cual se analicen, propongan y planifiquen

las instancias necesarias que promuevan y fortalezcan la participación

ciudadana.

1.2 Promover la incorporación de Universidades y Centros de Estudios, de los

Estados Miembros, para crear distintos mecanismos que desde la academia

fortalezcan y permitan optimizar el poder legislativo.

1.3 Confeccionar documentos que sinteticen las distintas actividades y

estudios que realice este Grupo de Trabajo Intersectorial, los que serán

publicados en el portal web de la OEA, en todos los idiomas oficiales,

contribuyendo al acceso de la información pública como mecanismo de

formación ciudadana dentro del proceso democrático.

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2. Promover que los Gobiernos incorporen en la creación, planificación e

implementación de políticas públicas el empoderamiento ciudadano ayudando a que

sociedad reconozca, respete, valore y promueva la democracia representativa como

factor básico de la vida en sociedad.

3. Elaborar informes de evaluación de resultados anuales de la gestión Grupo de

Trabajo Intersectorial, los que serán distribuidos a los Partidos Políticos y a

Organizaciones Sociales de los Estados Miembros, y que sean publicados en el

portal Web de la OEA, lo cual permita fortalecer la democracia de cada Gobierno

mediante el acceso libre y gratuito a información pública de gran utilidad para la

sociedad.

4. Asegurar que las acciones y programas propuestos en esta resolución se lleven a

cabo de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la

Organización y otros recursos.

Países Consignatarios:

1. ECUADOR

2. EL SALVADOR

3. VENEZUELA

4. CANADÁ

5. HONDURAS

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I-4

CALIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Comisión: Asuntos Jurídicos y Políticos Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: EL SALVADOR

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados

Americanos, establece que la democracia representativa es condición indispensable para la

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

TENIENDO EN CUENTA que la Carta de la Organización establece como uno de

los propósitos fundamentales de la Organización la consolidación de la democracia

representativa, con el debido respeto al principio de no intervención;

RECONOCIENDO que la base de la democracia representativa es el

fortalecimiento de instituciones fundamentales como el respeto por los derechos humanos,

el control de la labor política, la publicidad y probidad del accionar público, el libre acceso

a la información y la debida regulación de la actividad de los partidos políticos;

DESTACANDO la resolución AG/RES 1554 (XXVIII – O/98), reiterada en la

resolución AG/RES 1612 (XXIX – O/99), que consigna la latente preocupación de los

Estados Miembros “en cuanto a que el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa,

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principio fundamental consagrado en la carta de le OEA, pueda verse expuesto a

contribuciones que vulneren la integridad de los procesos electorales”;

CONSIDERANDO que el garantizar una regulación adecuada del flujo de recursos

a los partidos políticos, tanto en el período entre campañas, como en éstas últimas, es

fundamental para su consolidación como instituciones democráticas.

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2418

(XXXVIII-O/08) “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: FORTALECIMIENTO

DE LA DEMOCRACIA” que reafirman el libre acceso a la información pública como

requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia;

RECORDANDO TAMBIÉN que la declaración de Nueva León afirma que “El

acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas

constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición

indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los

derechos humanos”;

RECONOCIENDO que el acceso a la información no sólo se circunscribe al aparato

público como tal, sino que también a todas aquellas instituciones que directa o

indirectamente tengan intervención en el desarrollo político de los Estados Miembros;

DESTACANDO que la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4

que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las

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actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión

pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa;

CONSIDERANDO que el acceso a la información, tanto del funcionamiento como

del financiamiento de los partidos políticos por parte de la ciudadanía es uno de los

principales mecanismos de control de estos, elemento fundamental de la democracia

representativa;

CONSIDERANDO TAMBIÉN que la justificación del derecho de toda persona a

acceder a información de los partidos políticos, reside en el principio mismo de la

publicidad y probidad del accionar público, acrecentándose aún más en aquellos casos en

que se autoriza la deuda política u otra forma cualquiera de subsidio estatal para dichas

instituciones;

CONSIDERANDO ADEMÁS las vastas experiencias aportadas por Estados

Miembros que avalan la estrecha relación existente entre el desarrollo del control vigilante

por parte de la ciudadanía a los partidos políticos y el incremento en la calidad de los

mismos;

TENIENDO EN CUENTA que la calidad de los partidos políticos se demuestra en

su capacidad de representación, no sólo en favor de sus afiliados sino en beneficio de la

comunidad plena; y

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RECONOCIENDO ADEMÁS el esfuerzo de los Estados Parte de la Convención

Interamericana Contra la Corrupción, reflejado en la adopción de disposiciones legislativas

que eviten el financiamiento de partidos políticos con fondos provenientes de fuentes no

aprobadas ni por las leyes que imperan a tales partidos, ni por la colectividad en su

mayoría, tales como el narcotráfico,

RESUELVE:

1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros en el desarrollo de la

democracia representativa, a través del fortalecimiento y reconocimiento de la labor de

los partidos políticos como instancia de participación ciudadana.

2. Reafirmar también el valor trascendental de la transparencia y probidad

como principios del financiamiento de los partidos políticos.

3. Alentar a los Estados Miembros a desarrollar instancias que desarrollen y

aseguren dichos principios, con mecanismos que promuevan tanto la publicidad de la

fuente de los ingresos de los partidos políticos, como la rendición de cuentas de sus

gastos.

4. Exhortar a los estados miembros a crear instancias de reflexión conjunta que

analicen de manera íntegra sobre los principales problemas que aquejen a los partidos

políticos y que repercutan en las personas.

5. Alentar a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos

(OEA) a continuar e incrementar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y su

erradicación de toda actividad política.

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6. Recomendar a los estados miembros recoger en sus legislaciones los

principios aquí manifestados, mediante la adopción de prácticas óptimas en cuanto a la

regulación del financiamiento de los partidos, con motivo de evitar los vicios y abusos

que dañan los sistemas políticos.

7. Encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) con el

apoyo de la Secretaría General, el fortalecimiento de la labor y la reformulación del

Foro Interamericano sobre Partidos Políticos de acuerdo con los recursos asignados en

el programa- presupuesto de la organización.

Países consignatarios:

1. HAITI 2. REP. DOMINICANA 3. PÁNAMA 4. BARBADOS 5. GRENADA

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I-11

INTEGRACION Y PARTICIPACION POLITICA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Primera Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de DOMINICA

CONSIDERANDO:

Que un sistema político y jurídico debe nacer a partir de las necesidades e intereses de

los pueblos y que, por lo tanto, éste para ser realmente democrático debe responder su

realidad particular y local;

a) Que es fundamental que los pueblos indígenas tengan una participación activa y

directa dentro de las diversas instancias gubernativas y políticas y puedan contribuir

y enriquecer la democracia desde su propia visión de mundo, ejerciendo sus

derechos que en calidad, tanto de individuos como de colectividades, les son

reconocidas de acuerdo al artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana;

b) Que es un derecho de los pueblos consagrado en los artículos 18 y 19 de

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

participar en las decisiones gubernamentales y en la generación de las leyes y

normas que los van a regir;

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c) Que los pueblos indígenas tienen el derecho de libre determinación y en virtud de

éste determinan libremente su condición política y persiguen libremente su

desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo con el numero 2 de la

Declaración y Programa de Acción de Viena. Y que el mismo número agrega que la

denegación del derecho de ejercer su soberanía constituye una violación de los

Derechos Humanos y subraya la realización efectiva de este derecho;

Que las diversas organizaciones sociales, étnicas y culturales, han jugado un rol

fundamental historia y actual en las conquistas económicas, sociales y políticas en

beneficio de los sectores marginados y aquellos que se encuentran en la extrema pobreza;

Que sus reclamaciones no se reducen a lo económico sino también a reivindicaciones

culturales e identitaria;

La importancia de crear o fortalecer mecanismos en los sistemas para facilitar el acceso

igualitario a la representación política, principio expresado en el artículo 3 de la Carta

Democrática Interamericana;

Que los altos niveles de analfabetismo aún persisten y que éstos se encuentran

concentrados en los sectores indígenas, y que éste constituye un grave obstáculo al

desarrollo trasparente e informado de los procesos democráticos, y un obstáculo

permanente al acceso igualitario a los procesos decisorios;

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Que la integración y cooperación de los pueblos que comparten una misma historia y

los mismos problemas sociales resulta clave para la superación de las desigualdades

sociales y que el respeto por los derechos fundamentales, individuales y colectivos, es

condición esencial para la justicia, la democracia y la paz social,

VISTOS

De la Carta Democrática Interamericana:

Artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros,

el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su

ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres,

justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del

pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e

independencia de los poderes públicos”.

Artículo 9: “La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la

discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como

la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los

migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,

contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.

De la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representares

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elegidos por ellos en conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de

adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fon de obtener su

consentimiento libre, previo e informado.

RESUELVE:

1.-Instar a los Estados miembros a desarrollar espacios de participación política

parlamentaria y canales institucionales que reconozcan y representen a todos los sectores

políticos y culturales de la región otorgándoles voz y voto a los no representados y a

aquellos marginados políticamente y a las minorías que no poseen participación política,

sin discriminación de raza, sexo o condición, y, en especial, a los pueblos indígenas que se

encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, cuyos requerimientos culturales y

políticos no están siendo satisfechos y otorgarles una representación en cuanto pueblos

originarios y fundantes de toda nuestra Latinoamérica;

2.- Invitar a los Estados a crear instancias intermedias de participación ciudadana,

de acuerdo a sus posibilidades, para promover la integración política de los sectores

marginados y aquellos de extrema pobreza, incentivando a la solución de los conflictos a

nivel local, con el fin de satisfacer de mejor manera los intereses y requerimientos de los

sectores no mayoritarios y no representados directamente.

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3.- Promover, a través de la Secretaría General de la OEA, la realización de

programas de educación y alfabetización dirigidos a fomentar la participación política de

los pueblos indígenas y el desarrollo libre, transparente e informado de los procesos

democráticos.

Países consignatarios.

1. ANTIGIA Y BARBUDA

2. BOLIVIA

3. BARBADOS

4. GRENADA

5. COSTA RICA

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I-12

CALIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Primera Comisión Punto UNICO del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: SANTA LUCÍA.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2410 (XXXVIII-O/08), Seguimiento de la Convención

Interamericana contra la Corrupción y del Programa Interamericano de Cooperación para

Combatir la Corrupción;

La resolución AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08), Acceso a la información pública:

fortalecimiento de la democracia;

La resolución AG/RES. 2428 (XXXVIII-O/08), Modernización y uso de las

tecnologías electorales en el hemisferio. (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada

el 3 de junio de 2008);

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CONSIDERANDO:

Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción señala que ésta “socava la

legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la

justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, resulta de gran importancia

fortalecer la probidad y la buena fe dentro del conjunto de países miembros de la OEA para

pugnar de forma unida y comprometida, a través de los medios de intercambio de

experiencias y de formas, contra la corrupción;

Que, los partidos políticos deben ser instituciones representativas de todos los

sectores de la sociedad civil, inspirando los nuevos tiempos de cambios y de progreso para

los países de la región;

Que el libre acceso a la información pública y el fortalecimiento de las tecnologías

de la información y comunicación (TICs), y los medios de comunicación, contribuyen a

fortalecer la gobernabilidad, la democracia y la credibilidad ciudadana en las instituciones

públicas, creando un ambiente de transparencia e inclusión en los procesos públicos y

democráticos. Estos mecanismos constituyen además una herramienta fundamental para

facilitar la rendición de cuentas y la fiscalización de los gastos electorales, así como la

transparencia sobre las fuentes de financiamiento de los partidos políticos;

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RESUELVE:

1. Reiterar la importancia de fortalecer la Convención Interamericana contra la

corrupción y su mecanismo de seguimiento e invitar a los países a implementar las

disposiciones de éstas con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de

Asuntos Políticos de la OEA.

2. Instar al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a modernizar las

estructuras del Estado, a modo de obtener cambios positivos en la gestión pública o

partidos políticos teniendo en cuenta los principios de transparencia y probidad, al

establecimiento de diseños institucionales que viabilicen la fiscalización eficaz en materia

de gasto electoral y posibiliten transparentar las fuentes de financiamiento de los partidos

políticos. Pudiendo para ello establecer los mecanismos que cada Estado considere

pertinentes de acuerdo a su realidad específica.

3. Instar a los países miembros a fortalecer los mecanismos internos de control en la

práctica de la política, a la penalización de la corrupción en este ámbito y a implementar

mecanismos de seguimiento y evaluación del progreso de estas medidas.

4. Invitar a fortalecer la legislación interna sobre el acceso a la información en

cuanto al financiamiento de los partidos políticos y sus gastos electorales, vigorizando el rol

preponderante de la sociedad civil como ente fiscalizador en esta materia. Pudiendo para

esto implementar el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a través

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de las cuales se haga pública dicha información.

5. Solicitar al Consejo Permanente y su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos

con e apoyo de Departamentos; de Modernización del Estado y Gobernabilidad, y de

Observación y Cooperación Electoral. Llevar a cabo un estudio con recomendaciones a los

Estados Miembros sobre los mecanismos más adecuados de financiamiento de

organizaciones políticas y campañas de partidos. Este estudio y las recomendaciones

incluidas deberán presentarse y discutirse en una Sesión Especial del Consejo Permanente

sobre el tema, con la participación de expertos en la materia.

Países consignatarios:

1. GRENADA

2. SAINT KITTS Y NEVIS

3. COLOMBIA

4. EL SALVADOR

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I-13

TRANSPARENCIA Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Primera Comisión Punto UNICO del temario

Propuesta de Resolución Presentada por la delegación de: Honduras.

ASAMBLEA GENERAL

VISTOS:

La Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia

representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

La Carta Democrática Interamericana dispone que el fortalecimiento de los partidos

y otras organizaciones políticas es prioridad para la democracia;

El articulo N º 4 de la Carta Democrática Interamericana que dicta: “Los

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las

actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión

pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa;

Las resoluciones “AG/RES. 2195 (XXXVI-O/06) “Fortalecimiento de los partidos y

otras organizaciones políticas para la gobernabilidad democrática” y la AG/RES 2422

“Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta Interamericana”;

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CONSIDERANDO

Que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia

como lo señala la Carta Democrática Interamericana, teniendo en cuenta la importancia de

estos para la gestión de responsabilidades gubernamentales- democráticas mediante la

canalización de las demandas ciudadanas; razón por la cual se deberá prestar atención

especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al

establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiamiento de sus

actividades.

Que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes

ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y

a la libertad y a la solidaridad,

Que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento

económico, social y cultural de los pueblos

RESUELVE:

1.- Fortalecer el Foro Interamericano de Partidos Políticos, para que apoye a los partidos

políticos en la implementación de un registro histórico durante su proceso de gestión, para

ofrecer una fuente fidedigna de información y garantizar su transparencia.

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2.- Instar a los países miembros a crear y/o fortalecer mecanismos de rendición de cuentas;

para promover la elaboración de informes por parte de partidos políticos,, donde expresen,

de forma detallada, los gastos generados durante sus campañas electorales; estimular el uso

de los medios de información electrónica para divulgar la información relativa a los gastos

de las campañas; sancionar a los partidos políticos que no cumplan con la entrega de los

informes de gastos generados el transcurso de su proceso electoral.

Países Consignatarios:

1. VENEZUELA

2. HAITI

3. PANAMA

4. BARBADOS

5. NICARAGUA

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GT-I-5

COOPERACION HEMISFÉRICA PARA LA PROMOCIÓN Y EL

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS EN LOS

PARTIDOS POLÍTICOS

Primera Comisión Punto ÚNICO del temario.

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Argentina, Brasil, Canadá,

México, Suriname, Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolución AG/RES. 2195 (XXXVI-O/06) Fortalecimiento de los partidos

políticos y otras organizaciones políticas para la gobernabilidad democrática;

La resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) Promoción y fortalecimiento de la

democracia: seguimiento de la carta democrática interamericana;

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos

establece en su preámbulo “que la democracia representativa es condición indispensable

para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y determina que uno de los

propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia

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representativa dentro del principio de la no intervención”;

RECORDANDO que el artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana dispone

que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para

la democracia. Además, que se deberá prestar atención especial a la problemática derivada

de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen

equilibrado y transparente de financiación de sus actividades;

RECONOCIENDO el rol trascendental e insustituible, que cumplen los partidos

políticos para el buen funcionamiento de la democracia representativa;

Que los partidos políticos son intermediarios directos entre las demandas sociales y

la acción del Estado, canalizan en su organización y acción necesidades colectivas,

debiendo tender siempre al bien común;

Que en términos generales en los países del Hemisferio, los partidos políticos

enfrentan una crisis de credibilidad por parte de los ciudadanos.

Que los partidos políticos, para mejorar su calidad, deben realizar procesos de

modernización tendientes a una mejor comprensión de las necesidades sociales actuales que

justifican su existencia; de tal manera que respondan a los desafíos que plantea a su

funcionamiento los nuevos procesos y fenómenos de la actualidad, esencialmente

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cambiantes, y en constante evolución;

Que medidas tendientes a mejorar u optimizar el funcionamiento,

organización, programas políticos, financiamiento y transparencia en los partidos políticos,

mejoran su calidad; y por tanto, contribuyen a fortalecer la democracia representativa, e

incentivar la confianza y participación ciudadana;

REAFIRMANDO que uno de los propósitos de la Convención Interamericana

contra la Corrupción es promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados

Miembros a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar,

sancionar y erradicar los actos de corrupción;

TENIENDO PRESENTE que en la estructura de la Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos, la Subsecretaría de Asuntos Políticos se enfatiza

la importancia de promover la democracia, a través de actividades como la observación de

elecciones, el fomento de buenas prácticas de financiamiento de la política, y el apoyo a la

reforma de partidos políticos y la modernización legislativa; y

TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS la importante trayectoria de la Organización

de los Estados Americanos como observador internacional de los procesos electorales en

diferentes países del Hemisferio,

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RESUELVE:

1. Invitar a los Estados Miembros a fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio

de los derechos políticos, e incentivar el fortalecimiento de los partidos y

organizaciones políticas, con el fin de ejercer una verdadera democracia

representativa.

2. Reformar y desarrollar el Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP)

como un mecanismo de participación, cooperación e información entre los Estados

Miembros, con el fin de fomentar la participación activa y la modernización de los

partidos políticos, mediante la inclusión de los nuevos objetivos y visiones de los

partidos políticos actuales.

3. Invitar a los países signatarios de la Convención Interamericana Contra la

Corrupción (CICC), representados en el Comité de Expertos de su mecanismo de

seguimiento, el MESICIC, y de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a estudiar la

posibilidad y los medios, para incluir el tema de “La problemática de la corrupción

en el financiamiento de la política”, dentro de sus deliberaciones y a fomentar la

aplicación de los instrumentos de cooperación que surjan de éstas.

4. Instar a los Estados Miembros a que adopten regulaciones en materia de

transparencia y acceso a la información pública y a que establezcan mecanismos de

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165

control y vigilancia al financiamiento de los partidos políticos, campañas y procesos

electorales, con el fin de asegurar el manejo de sus finanzas, evitando la corrupción

y el riesgo de influencias indebidas. Asimismo, invitar a todos aquellos Estados en

los que la normatividad sobre este tema ya este vigente, a promover su

cumplimiento y a aplicar las sanciones respectivas.

5. Fortalecer y apoyar las Misiones de Observación Electoral de la Organización de

Estados Americanos (MOE) en los países del Hemisferio, con el propósito de

asegurar la integridad, imparcialidad y confiabilidad del proceso electoral,

enfatizando especialmente la transparencia en el manejo de las finanzas de los

partidos, contribuyendo así a generar una atmósfera de confianza pública y a alentar

la participación de la ciudadanía.

6. Solicitar a la Asamblea General que brinde constante seguimiento a esta resolución

y al trabajo que realicen los organismos que en ella se vinculan, con el objetivo de

prevenir y evitar el financiamiento inadecuado de los partidos políticos y garantizar

la calidad de los mismos, logrando su eficiente contribución a la democracia en el

Hemisferio.

Países Consignatarios: 1. CANADÁ 2. BRASIL 3. MEXICO 4. URUGUAY 5. ARGENTINA

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- 166 -

166

GT-I-6

LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO INSTITUCIONES NECESARIAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Comisión: Primera Punto ÚNICO del temario

Propuesta de resolución presentada por el Grupo de Trabajo compuesto por las

delegaciones de: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá Paraguay, República

Dominicana.

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la

democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz, la justicia

y el desarrollo social de la región;

Que la Carta Democrática Interamericana enumera los elementos esenciales de la

democracia representativa y afirma que el fortalecimiento de los partidos y de otras

organizaciones políticas es prioritario para la democracia;

Que la democracia representativa solo puede entenderse en el contexto de la

garantía del fortalecimiento de los partidos políticos, y estos dentro del margen de la

igualdad de condiciones para su funcionamiento;

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167

Que la equidad de género es un requisito indispensable para el desarrollo de la

justicia social, y que los Estados de America Latina han consentido en ello especialmente

desde la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de

1995;

La vigencia de las problemáticas abordadas en las reuniones anuales del Foro

Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP);

Que en la declaración de Medellín “Juventud y Valores Democráticos” AG/DEC.57

(XXXVIII-O/08), LOS Estados Miembros se comprometieron a implementar medidas

dirigidas a fomentar la educación para la democracia y promover las condiciones favorables

para una participación política plena y efectiva por parte de los y las jóvenes dispuestos a

involucrarse en las decisiones que atañen a su propio desarrollo, consolidando la

democracia en el hemisferio;

RESUELVE:

1. Instar a los estados miembros a desarrollar y ampliar programas educativos que

contribuyan a fortalecer a preparación y formación de ciudadanos capacitados para

ejercer sus derechos políticos. Tales programas deberán tener como objetivo la

preparación y formación de los ciudadanos y ciudadanas, desarrollando aptitudes

necesarias para elegir y ser elegidos, y promoviendo instancias de formación en

participación política.

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168

2. Enfatizar la importancia de que los estados armonicen sus respectivas legislaciones

internas con los principios internacionales sobre equidad de genero, respecto a la

participación dentro de las distintas estructuras políticas, consagrados los diferentes

instrumentos internacionales, en particular la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, a efectos de que estos sectores tradicionalmente sub

representados no solo sean objeto de políticas publicas, sino también participes en la

formación de las mismas.

3. Instar a los estados miembros de la OEA a que instrumenten en la regulación de sus

partidos políticos mecanismos que aseguren la representación efectiva en las

estructuras partidarias de los y las jóvenes, para la plena y efectiva participación de

ellos en la vida publica, expresando sus ideas e interviniendo activamente en los

procesos de toma de decisiones que generan las agendas de los partidos políticos.

4. Exhortar a los estados miembros a estimular la participación política de

representantes de pueblos indígenas, grupos étnicos y sectores excluidos de la

sociedad en la vida política, para que su inclusión garantice asimismo el tratamiento

de sus necesidades y especificidades en todos los ámbitos sociales y políticos.

5. Solicitar al Comité Jurídico Interamericano proponer pautas para el fortalecimiento

o la creación de legislación sobre transparencia y financiamiento de los partidos

políticos, con el objeto de favorecer la democratización de los mismos.

6. Instar a los países a crear mecanismos o instancias de rendición de cuentas para

supervisar el origen, volumen y destino de los recursos, en dinero o en especies, con

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169

que las organizaciones políticas financian su funcionamiento ordinario y su

campaña electoral, respecto de sus legislaciones nacionales y con el espíritu de la

Convención Interamericana Contra la Corrupción.

7. Reiterar a la secretaria general que a través de la Sub Secretaría de Asuntos

Políticos, continúe con el fortalecimiento del Foro Interamericano sobre partidos

Políticos, como mecanismo de coordinación de los esfuerzos en esta materia;

mantenga la oferta de programas de asistencia técnica a los estados que así lo

soliciten, para promover el fortalecimiento de las organizaciones políticas, elevar la

transparencia en la financiación de la política y mejorar la capacidad de estas

organizaciones para ejercer sus funciones como voceros y representantes de los

ciudadanos.

8. Hacer un llamado a los estados miembros, observadores permanentes y otros

donantes, a fin de que efectúen contribuciones voluntarias para las actividades

planteadas en cumplimiento y seguimiento de esta resolución.

9. Solicitar al consejo permanente que informe a la asamblea general sobre el

cumplimiento de esta resolución, a cual será ejecutada de acuerdo con los recursos

asignados en el programa-presupuesto de la organización y otros recursos.

Países Consignatarios:

1. REPUBLICA DOMINICANA

2. BOLIVIA

3. COLOMBIA

4. COSTA RICA

5. PARAGUAY

6. PANAMA

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170

GT- I-7

FORO INTERAMERICANO SOBRE PARTIDOS POLITICOS:

“FORTALECIMIENTO A LA DEMOCRÁCIA DE LAS AMÉRICAS”

Primera Comisión: Asuntos Jurídicos y Políticos Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Chile, Trinidad y Tobago,

Ecuador, Jamaica

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS la resolución AG/RES. 2195 (XXXVI-O/06) sobre el “Fortalecimiento de

los Partidos Políticos para la Gobernabilidad Democrática”;

La resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) “Promoción y Fortalecimiento de la

Democracia: Seguimiento a la Carta Democrática Interamericana”; y la resolución CP/doc.

4010/05 “Los partidos políticos ante el desafío del Financiamiento y la Inclusión de

Sectores Sub representados”;

TENIENDO EN CUENTA la "Declaración de Santiago sobre Democracia y

Confianza Ciudadana: un nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas"

(AG/DEC.31XXXIII-0/03) que dispone la necesidad de fortalecer los partidos políticos al

ser estos los intermediarios de las demandas ciudadanas en una democracia representativa,

como factor esencial para el funcionamiento del sistema político democrático, y la

necesidad de fomentar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones

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171

democráticas y organizaciones políticas;

TENIENDO PRESENTE los mandatos hemisféricos sobre fortalecimiento y

modernización de los partidos políticos conferidos por los Estados Miembros, tanto en la

Declaración de Québec, aprobada en la Tercera Cumbre de las Américas, como en la Carta

Democrática Interamericana;

CONSIDERANDO que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 5

establece que el fortalecimiento de los Partidos Políticos y de otras organizaciones políticas

es prioritario para la democracia;

RECORDANDO la importancia de la equidad en la contienda político-electoral a

través de un régimen de financiación transparente y equilibrado, y que no puede existir una

democracia fuerte sin sistemas de partidos políticos plurales, fuertes y eficientes;

RECONOCIENDO la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos

Políticos (FIAPP), el cual tiene como puntos principales: el fortalecimiento de la

democracia, la gobernabilidad, la pluralidad de los Partidos Políticos, su financiamiento,

gerencia y reforma, aumentando la participación política y la transparencia de los mismos

en el hemisferio; destacada en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria

de Monterrey;

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172

RESUELVE:

1. Reafirmar el mandato contenido en la resolución AG/RES. 2195 (XXXVI-O/06)

“Fortalecimiento de los Partidos Políticos y otras Organizaciones Políticas para la

Gobernabilidad Democrática”, principalmente los referentes a la importancia de

consolidar el rol de los partidos en un sistema democrático y la transparencia en el

manejo de los recursos de los partidos políticos, para garantizar un buen ejercicio y

funcionamiento de la democracia;

2. Respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos dirigidos a aumentar la

participación política de los ciudadanos, el fortalecimiento y modernización de los

partidos políticos mediante la adopción o las reformas a las leyes sobre la materia, y

a mejorar la eficacia, la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas de

los órganos de representación política, como elementos esenciales para el

fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción;

3. Exhortar a los Estados al desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de

fiscalización de la financiación política, a nivel interno, con participación de la

sociedad civil, a fin de fomentar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en

las instituciones democráticas y organizaciones políticas, garantizando así la

transparencia, y la legitimidad de los procesos electorales;

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173

4. Instar a los Estados miembros a desarrollar mecanismos para garantizar la eficiencia

del uso de los recursos públicos destinados a la financiación de campañas

electorales;

5. Instar a la Secretaria General, a través de la Secretaria de Asuntos Políticos a

realizar las acciones siguientes:

a. Promover cursos de capacitación en gerencia política y promoción de

liderazgos dentro de los partidos políticos y demás actores;

b. Promover el diálogo multisectorial, el intercambio de experiencias e

información, y el fomento del aprendizaje conjunto para contribuir a los

procesos de fortalecimiento de los partidos políticos;

c. Involucrar a la comunidad académica a la promoción del estudio y educación

sobre asuntos políticos, como mecanismo para fortalecer la democracia en

las Américas;

d. Promover el fortalecimiento de los canales de comunicación con otros

organizaciones del Sistema Interamericano, y otros organismos de la OEA, y

con esto propiciar el trabajo conjunto que contribuya a la solución de los

problemas relacionados con la calidad y el financiamiento de los Partidos

Políticos, que aquejan a los Estados miembros de la Organización.

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174

6. Solicitar al Consejo Permanente informe a la Asamblea Permanente sobre los

avances logrados en cumplimiento de esta resolución.

Países consignatarios:

1. TRINIDAD Y TOBAGO

2. JAMAICA

3. CHILE

4. ECUADOR

5. BARBADOS

6. GUANTEMALA

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181

GT-I-8

CALIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Comisión: Asuntos Jurídicos y Políticos Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda, Grenada

ASAMBLEA GENERAL

TENIENDO EN CUENTA la Resolución AG/RES. 2351 (XXXVII-O/07), “Las

Organizaciones de la Sociedad Civil y la Protección de los Derechos Humanos y la

Promoción de la Democracia” aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de

junio del 2007, del Trigésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de Panamá del 3 al 5

de Junio 2007;

TENIENDO EN CUENTA, la resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08),

“Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática

Interamericana” aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008;

RECORDANDO la resolución AG/RES. 2195 (XXXVI-O/06) “Fortalecimiento de

los partidos y otras organizaciones políticas para la gobernabilidad democrática”;

RECORDANDO, la resolución AG/RES. 1782 (XXXI-O/01) “Promoción de la

Democracia” aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001;

CONSIDERANDO:

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182

Que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana adoptada el 11 de

Septiembre del 2001 señala que: “Son elementos esenciales de la democracia,

representativa, entre otras, el respeto a los derechos humanos y las libertades

fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la

celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y

secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y

organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”;

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), consigna en su

preámbulo que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad,

la paz y el desarrollo de la región, a la vez que establece que uno de los propósitos

esenciales de la Organización es promover y consolidar la democracia representativa dentro

del Principio de la No Intervención;

TENIENDO EN CUENTA, Que la Carta de la Organización de Estados

Americanos consagra en sus principios, artículo 3 letra d, “La solidaridad de los Estados

Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de

los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”;

TENIENDO PRESENTE los objetivos establecidos por la Organización de Estados

Americanos en el establecimiento del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP)

una iniciativa de estimular el debate sobre los retos que afectan a las organizaciones

políticas y partidos de todas las tendencias ideológicas;

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183

CONSIDERANDO: La conveniencia de consolidar los vínculos de cooperación y

coordinación entre los órganos políticos de la Organización y las áreas de la Secretaría

General, así como con los diversos órganos, organismos y entidades del sistema

interamericano, tal como el Comité Jurídico Interamericano, con miras a profundizar el

estudio de los temas de la agenda hemisférica en materia de promoción y consolidación de

la democracia representativa,

CONSIDERANDO: Que la existencia de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de

la OEA, creada con sus departamentos para la Cooperación y Observación electoral,

Modernización del Estado y gobernabilidad, y la Sustentabilidad Democrática y Misiones

Especiales, manifiesta el compromiso de la entidad con la democracia, como su piedra

angular y con respecto al Estado de Derecho y los derechos Humanos

RESUELVE:

1. Reafirmar la importancia de contribuir a crear las condiciones sociales

necesarias para que todos y cada uno de los miembros de la comunidad logren su mayor

realización integral posible con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en los

instrumentos jurídicos internacionales.

2. Reafirmas la consagración del Principio de Solidaridad de los Estados

prescrito en el Artículo 3 letra d de la Carta de Organización de los Estados Americanos

como mecanismo de fundamental búsqueda de soluciones;

3. Solicitar al Consejo Permanente la realización de una Sesión Especial, con el

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184

apoyo de la secretaría de Asuntos Políticos con el objeto de:

3.a) Debatir sobre la calidad y financiamiento de los Partidos Político con

participación de expertos que ofrezcan elementos y recomendaciones sobre las principales

problemáticas que atraviesan y sobre las formas mas adecuadas para fortalecer la calidad de

los Partidos Políticos, promoviendo la transparencia y los mecanismos de rendición de

cuenta;

3.b) Preparar un documento, con el apoyo de la secretaría de Asuntos

Jurídicos y Políticos, que contenga las conclusiones y recomendaciones resultantes de esta

Sesión Especial para la consideración de ésta en la próxima reunión de La Asamblea

General

4. Solicitar a la Secretaría General que por medio de la Secretaría de Asuntos

Jurídicos y con el apoyo del Comité Jurídico Internacional prepare y presente un

documento de recomendación sobre mecanismos jurídicos relativos al tema de

financiamiento de campañas políticas, que sirva a los países miembros para la formulación

de normativas nacionales en la materia, Con el objeto de promover La Transparencia y

Probidad en el ejercicio de la Política en los países del hemisferio.

Países consignatarios:

1. ESTADOS UNIDOS

2. CANADA

3. BOLIVIA

4. SURINAM

5. PARAGUAY

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185

GT- I-9

CALIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Primera Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Nicaragua, San Vicente y

Las Granadinas, Venezuela.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) “Metodología para el Cálculo de

la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización”

Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de

2007;

La Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05), AG/RES. 2057 (XXXIVO/04),

AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) “Sobre democracia representativa y participación

ciudadana”;

La Resolución AG/RES. 2422 (XXXVIII-O/08) “Promoción y Fortalecimiento de la

Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana” Aprobada en la cuarta

sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008;

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186

La Resolución AG/RES. 2164 (XXXVI-O/06) “Programa Interamericano sobre

Educación Valores y Prácticas Democráticas” Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006;

La Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo

(AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), en la cual los Estados Miembros expresaron su

convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e

indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que la puesta

en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos

valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las

estructuras democráticas en el Hemisferio.

CONSIDERANDO:

Que los Estados Miembros son conscientes de los problemas que afectan a las

hermanas naciones americanas debido a la poca participación y la falta de interés en los

procesos electorales;

Que la actividad democrática requiere que cada uno de los actores en el proceso sea

consciente de su relevancia dentro del sistema electoral;

Que en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana se señala que la

participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un

derecho y una responsabilidad, que es también una condición necesaria para el pleno y

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187

efectivo ejercicio de la democracia. Y que promover y fomentar diversas formas de

participación la fortalece;

Que la participación ciudadana debería venir de la mano con la integración de

género. Según la Carta Democrática Interamericana, que en el artículo 28 menciona: los

Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras

políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y

ejercicio de la cultura democrática;

Que acorde el articulo 16 de la Carta Democrática Interamericana se expresa que

“la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo

del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los

pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance

de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las

personas que pertenecen a las minorías.”;

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su

artículo 13 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección”;

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188

Que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye

el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

RESUELVE:

1. Apoyar al fortalecimiento del Foro Interamericano de Partidos Políticos con el fin

de incentivar a nuestras naciones hermanas a fomentar la participación electoral, para

asegurar su calidad democrática y considerar los temas tratados en la Convención

Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en la cual se establece la necesidad de

adoptar cuanto antes un instrumento que promueva y facilite la cooperación internacional

para combatir la corrupción en el ejercicio de las funciones publicas específicamente

vinculados con dicha actividad.

2. Instruir a la Secretaría General ya que a través del trabajo conjunto entre la

Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) y los grupos de trabajo: grupo de trabajo

encargado de elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el racismo y toda

forma de discriminación e intolerancia y el grupo de trabajo encargado de elaborar el

Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y la

Secretaría de Asuntos Políticos se promueve el incremento de la participación de la mujer,

los indígenas y demás minorías discriminadas en el ámbito político, fomentando políticas

de no exclusión y asegurando el cumplimiento de las resoluciones que haga la Asamblea

General, buscando la consolidación de la igualdad en nuestra región.

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189

3. Solicitar a la Secretaría General que con la participación del Foro

Interamericano de Partidos Políticos (FIIAP), el Departamento de Educación y Cultura, la

Comisión Interamericana de Educación (CIE), el Consejo Interamericano para el Desarrollo

Integral (CIDI) y el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Practicas

Democráticas, se estudie la creación de un programa para desarrollar modelos que permitan

asesoramientos a Colegios y Universidades con el fin de enseñar y hacer participes a niños

y jóvenes de su real aporte a la sociedad democrática y los hagan conscientes de los

cambios que pueden realizar en ellas. De esta manera fomentar valores democráticos y

contribuir a formar ciudadanos integrales desde los niveles más básicos de escolaridad.

4. Instar a los Estados Miembros a instrumentar y/o fortalecer órganos internos,

que regulen temas relacionados con el financiamiento de la política, para incrementar y

fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, como una de las formas para

fiscalizar los problemas de corrupción política, asociados a financiamiento de origen

ilícito, como lo son el lavado de dinero, el narcotráfico, la extorsión, trata de blancas u

otros.

5. Solicitar a la Secretaría General y a los Estados Miembros identificar

recursos para apoyar las iniciativas que apoyen esta resolución, sin perjuicio de las

contribuciones adicionales voluntarias que realicen aquellos miembros que posean

excedentes dentro de sus presupuestos, además de recursos provenientes de cooperaciones

externas y donaciones especiales que no comprometan la libertad de decisión y acción de

cada entidad.

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6. Apoyar las iniciativas de los países miembros para fortalecer o crear

mecanismos de acceso a la información pública, siendo el eje central la transparencia y la

probidad de los diversos organismos gubernamentales en cuanto a su financiamiento y

decisiones que afecten al bien común.

Países consignatarios:

1. HONDURAS

2. JAMAICA

3. HAITI

4. BOLIVIA

5. CHILE

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GT-I-10

SISTEMAS PARA LA CERTIFICACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

PARTIDARIO.

Comisión: primera Punto UNICO del temario

Programa de resolución presentado por las delegaciones de: ESTADOS UNIDOS,

GUYANA, PERÚ, SAN KITTS Y NEVIS

ASAMBLEA GENERAL

VISTO:

La Carta Democrática Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados

Americanos (OEA);

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo numero 7;

La Convención Interamericana contra la Corrupción;

La Declaración sobre seguridad en las Américas (2003)

La resolución AG/RES. 2195(XXXVI-0/06). “Fortalecimiento de los partidos

políticos y otras organizaciones políticas para la gobernabilidad democrática”.

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192

CONSIDERANDO

Que la corrupción vinculada a la política genera instituciones débiles provocando

desconfianza, escepticismo y crisis de legitimidad, así como desinterés de muchos

ciudadanos en apostar a la democracia como modo de vida;

Que los problemas relacionados con la calidad y financiamiento de los partidos

políticos surgen por la debilidad o inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas;

afectando negativamente los principios básicos de la democracia representativa, tales como

la transparencia y la probidad;

Que la participación y control de los ciudadanos es condición sine qua non para

asegurar la transparencia y probidad de los partidos y las organizaciones políticas como sus

actores; factores primordiales de la democracia representativa;

Que la educación y la información adecuada son pilares fundamentales de toda

sociedad civilizada y por ende un vehiculo necesario para promover los fundamentos e

ideales que persigue la democracia representativa;

Que los partidos políticos constituyen la piedra angular de las democracias

representativas, puesto que funcionan como canalizadores de las demandas de los

ciudadanos y tienen como fin velar por dichas demandas, para los pueblos de las Américas,

tal como lo estipula la carta democrática Interamericana: “el fortalecimiento de los partidos

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193

y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia representativa” y

también: “se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos

de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente

de financiación de sus actividades.

RESUELVE

1. Solicitar a la Secretaria de Asuntos Jurídicos y con el apoyo de la Secretaria de

Asuntos Políticos, realizar recomendaciones para la creación de mecanismos de

certificación partidaria con fines contables y de control de carácter hemisféricos

adscrito a la OEA, con el fin de garantizar la legalidad y transparencia de los fondos

recibidos en cada partido, para que de esta forma se pueda brindar a los ciudadanos

la oportunidad de confiar en un sistema político mas eficiente, confiable y

democrático. Las funciones de ese mecanismo incluirían entre otras:

a. Asegurar la calidad de los partidos mediante la certificación partidaria.

b. Integrar a la sociedad civil en el monitoreo y control partidario,

manteniendo el tema de las finanzas de los partidos en la mira del

publico, promoviendo de esta forma la transparencia.

c. Recopilar las mejores prácticas de financiamiento en las Américas y de

esta manera poder recomendar y/o aconsejar a los Estados formas

óptimas o mecanismos legales que podrían llegar a implementarse

encada estado para asegurar una financiación transparente, de tal forma

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194

que se promueva la inclusión de la sociedad civil en los procesos

políticos.

2. Instar a los Estados miembros a fortalecer los sistemas de rendición de cuenta con

el fin de que permitan el control del ingreso y egreso de fondos; contribuyendo a

evitar vicios, las malas practicas y el ingreso a los partidos de dineros obtenidos a

partir de negociaciones de carácter ilícito, y los conflictos de interés en el manejo de

los recursos públicos.

3. Invitar a los Estados miembros a instaurar, en su caso, las clases de educación

cívica y política en el sistema educativo, con el fin de promover la cultura política

desde la vida académica, para que la sociedad civil desde la juventud pueda

interesarse e integrarse de manera activa en los asuntos políticos.

Países consignatarios:

1. ANTIGUA Y BARBUDA

2. GRENADA

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195

XXVI Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para Universidades de las Américas

Segunda Comisión:

Seguridad Hemisférica

Libro Final

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196

II-1

COOPERACIÓN PARA EL INTERMCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS

DE ACCIÓN FRENTE A DESASTRES NATURALES: EL ROL FUNDAMENTAL

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Segunda Comisión Punto UNICO del Temario

Resolución presentada por la delegación de: BARBADOS

LA ASAMBLEA GENERAL.

VISTOS:

La resolución AG/RES 1682 (XXIX-O/99), “Mecanismos de la OEA para la

reducción de los desastres naturales”;

El Proyecto de Resolución “Reducción de los Desastres Naturales”, aprobado por la

Comisión en su reunión celebrada el 14 de mayo de 2002

El Informe de la Comisión de Seguridad Hemisférica con respecto a las

Recomendaciones del Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales

(CIRDN);

CONSIDERANDO:

Que en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados

Americanos, establece en su articulo 15 “ …que es esencial que los Estados del Hemisferio

implementen políticas y estrategias de protección del Medio Ambiente, respetando los

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197

diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de

futuras generaciones”;

Que es fundamental la cooperación entre los Estados miembros de la organización

de Estados Americanos para la prevención y respuesta ante los Desastres Naturales del

Hemisferio.

ALERTANDO:

Que los Estados Miembros pertenecientes a las regiones del Caribe y el Golfo de

México son profundamente vulnerables a sufrir los embates de Desastres Naturales y que la

población han sufrido las mayores consecuencias.

REAFIRMANDO:

La necesidad de anticiparse a los Desastres Naturales y Planificar políticas de

prevención y salvataje en caso de emergencias trabajando en conjunto con el Gobierno y la

Sociedad Civil.

RECONOCIENDO:

La existencia de Organismos institucionales encargados de apoyar a las

consecuencias de los desastres naturales y su importancia en éstos temas como la

Asistencia para las situaciones de Emergencia (convención), Fondo del Comité

Interamericano para la reducción de desastres (FONDEM), así como la cooperación

existente entre los distintos Estados Miembros.

TENIENDO PRESENTE:

El Acuerdo tomado en la Conferencia Mundial Sobre la Solución de Desastres

Naturales que convocó la Asamblea General de Naciones Unidas.

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198

RESUELVE:

1. Promover la realización de un Seminario de “Seguridad Hemisférica para el

intercambio de Información y experiencia en prevención y tratamiento de Desastres

Naturales” para difundir información entre los Estados Miembros sobre los orígenes

y consecuencias de los Desastres Naturales, además compartir modelos de política

pública sobre la temática e identificar buenas prácticas de planificación urbana y

asentamientos.

2. Invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocidas por la Organización

de Estados Americanos, al Seminario. Con una especial participación en la

discusión de los modelos de políticas públicas.

3. Fortalecer la planificación urbana y de asentamientos humanos mediante la

participación de la sociedad, considerando las recomendaciones del Seminario sobre

reducción de desastres naturales para la Organización de Estados Americanos y sus

respectivos organismos subsidiarios, de manera de reforzar la idea de construcción

de refugios para huracanes y ciclones, principalmente en las zonas afectadas de los

países de los Estados Miembros.

4. Publicar, por diferentes medios de comunicación, un documento que comprenda las

principales experiencias, formas de prevención, mecanismos de reacción ante los

desastres y métodos de solución, documento que será enviado a cada estado

miembro del sistema de la Organización de Estados Americanos.

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199

5. Incentivar a la totalidad de los Estados miembros de Organización de Estados

Americanos a la creación de un sistema de voluntariado de acciones de prevención

y tratamiento de desastres naturales a nivel hemisférico para enfrentar problemáticas

relacionadas con la materia.

Países Consignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. SAINT KITTS AND NEVIS

3. ECUADOR

4. CHILE

5. HONDURAS

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200

II-2

DESASTRES NATURALES: COOPERACION PARA REPLICAR MODELOS

EXITOSOS DE PREVENCION Y RESPUESTA E INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS.

Comisión: SEGUNDA Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: BOLIVIA

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La Resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) que establece como título

“Reducción de Desastres Naturales, Gestión de Riesgos y Asistencia en Casos de Desastres

Naturales y otros Desastres”;

La Resolución AG/RES. 2184 (XXXVI-O/06) que hace mención a la “Reducción de

Desastres Naturales y gestión de riesgos”;

DESTACANDO:

Que el Documento AG/doc.4753/07 realizado en virtud al Trigésimo Séptimo

Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos, menciona como

eje primordial la obligación de los Estados miembros de proteger y mejorar el medio

ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras, con el fin de

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201

fortalecer la democracia regional y de contribuir a la estabilidad política;

Que el informe anual del Consejo Permanente de la Asamblea General

AG/doc.4698/07 corr. 2) hace referencia, en uno de sus apartes, a la gestión realizada por la

Comisión de Seguridad Hemisférica respecto a la disminución y prevención de los

Desastres Naturales;

CONSIDERANDO:

Que en la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar de Plata en Noviembre

de 2005, se ratificó el compromiso de los Estados miembros por mejorar la capacidad

Nacional y regional de mitigación de los riesgos de los desastres naturales e implementar

sistemas de alerta temprana y mejorar las capacidades de recuperación de desastres;

Que el desplazamiento de la población generado por diferentes factores económicos

y socio-culturales, es causante de la inadecuada disposición geográfica de nuevas viviendas

en zonas de alto riesgo;

Que el Artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana constituye como eje

primordial de los Estados del Hemisferio implementar políticas y estrategias de protección

del medio ambiente y el desarrollo sostenible;

Que el Artículo 14 de la Carta Democrática Interamericana, establece que los

Estados miembros de la OEA acuerdan examinar periódicamente las actuaciones de la

Organización encaminadas a fortalecer el desarrollo integral y el diálogo en las naciones;

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202

Que el Artículo 32 de la Carta de la OEA, consagra como función primordial de los

Estados miembros, la cooperación interamericana de acuerdo con sus recursos y

posibilidades;

RECONOCIENDO:

Que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, tienen

gobiernos democráticos que deben propender por mantener la seguridad y el bienestar de

sus habitantes con un mínimo vital;

Que es necesario fortalecer la educación en los pueblos vinculados

democráticamente a la Organización de los Estados Americanos, con el fin de hacer más

óptima y eficaz la gestión de los sistemas de prevención y atención de desastres naturales,

RESALTANDO:

Que es importante concienciar a la población de los Estados miembros acerca de las

consecuencias de la no protección del medio ambiente convirtiéndose a su vez en una

amenaza antrópica promotora de futuros desastres naturales;

Que es importante la reducción urgente de vulnerabilidad de los Estados miembros a

los peligros naturales, por medio del desarrollo de estrategias nacionales, para prevenir y

mitigar los Desastres Naturales;

Que las Naciones que conforman la Organización de Estados Americanos, deben

tener conocimiento de que uno de los principales causantes de los desastres naturales, es el

cambio climático y que deben asumir con seria responsabilidad la tarea de reducir su

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203

efectos,

RESUELVE:

1. Fortalecer el compromiso de los Estados miembros para mejorar la capacidad

regional y nacional de reducir la vulnerabilidad al riesgo de peligros naturales

promoviendo el uso de Energías Limpias Renovables, Conservación de Bosques y

Agricultura Orgánica e implementando sistemas de alerta temprana,

2. Invitar a los países miembros a la creación necesaria de un Institución Nacional de

Prevención y Atención de desastres que tenga como función primordial integrar

instituciones públicas y privadas en busca de la coordinación nacional durante el

denominado “ciclo del desastre” (antes, durante y después).

3. Instar a los Estados miembros, a mejorar la educación de sus pueblos con el fin de

optimizar la gestión de los sistemas de atención y prevención de desastres.

4. Reiterar a las naciones vinculadas democráticamente a la OEA, la urgente

supervisión y vigilancia de los sistemas de organización territorial a nivel nacional

para crear mecanismos de ubicación y organización de la población situada en zonas

de alto riesgo.

5. Promover al interior del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres

Naturales (CIRDN) la función de suministrar, coordinar, observar, capacitar y

educar; las actuaciones de las instituciones mencionadas.

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204

6. Encomendar al Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia

(FONDEM) destinar el cinco (5%) de su presupuesto para el fortalecimiento de las

Instituciones Nacionales de Prevención y Atención de desastres.

7. Solicitar a la Secretaría General que presente un informe en Trigésimo Noveno

periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General, sobre los avances en el

cumplimiento de la presente resolución.

Países Consignatarios:

1. BELICE

2. BRASIL

3. TRINIDAD Y TOBAGO

4. JAMAICA

5. VENEZUELA

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205

II-3

DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÒN DE

DESASTRES NATURALES

Comisión de Seguridad Hemisférica Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de CHILE

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2114 (XXXV-O/05) “Reducción de Desastres Naturales y

Gestión de Riesgos”;

La resolución AG/RES. 2397 (XXXVIII-O/08) “Preocupaciones Especiales de

Seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe”;

La resolución AG/RES. 2398 (XXXVIII-O/08) “Fomento de la Confianza y la

Seguridad en las Américas”;

La resolución AG/RES 1926 (XXXIII-O/03) “Los Derechos Humanos y el Medio

Ambiente en las Américas”;

La resolución AG/RES. 1821 (XXXI-O/01), “Los efectos socioeconómicos y

ambientales del cambio climático en los países del Hemisferio”,

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206

CONSIDERANDO:

El informe elaborado por Chile y Argentina en el Tercer Foro referente a las

Medidas de Confianza y Seguridad acerca del cambio de enfoque en los documentos

bilaterales desde “medidas de fomento de la confianza y la seguridad” a “medidas de

cooperación e integración”;

Que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 15º señala que uno de los

factores que contribuye al fortalecimiento de la prevención de desastres naturales en donde

especifica “Que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de

protección del medio ambiente (…) para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las

futuras generaciones”,

Que se instó a la modernización al Consejo Interamericano para el Desarrollo

Integral (CIDI) para que prolongue y siga instruyéndose en el tema de desastres naturales, y

recomendó a la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) que

siga auxiliando con la Secretaría General para conseguir recursos para los Estados

Miembros en sus esfuerzos para atenuar el impacto de los cambios climáticos,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros de la Organización para que implementen

dentro de su sistema educativo programas enfocados a la prevención de desastres naturales,

desde el nivel de educación parvularia hasta el nivel de educación media y técnica

profesional, para lograr a largo plazo concienciar a la sociedad del riesgo que corre la

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207

población en caso de un desastre natural.

2. Exhortar a todos los Estados miembros a cooperar en las tareas del Órgano

Consultivo Conjunto de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) y la Comisión

Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI)

sobre Reducción de Desastres Naturales y Gestión de Riesgos.

3. Ofrecer la cooperación del Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio

del Interior de Chile (ONEMI) para conformar el comité de expertos de desastres naturales

y poder contribuir con toda su experiencia en la formulación de programas enfocados a la

prevención de los desastres naturales.

Países Consignatarios:

1. REPUBLICA DOMINICANA

2. TRINIDAD Y TOBAGO

3. HONDURAS

4. BARBADOS

5. COLOMBIA

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208

II-5

DESASTRES NATURALES: COOPERACION PARA REPLICAR MODELOS

EXITOSOS DE PREVENCION Y RESPUESTA,

E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Comisión: Seguridad Hemisférica Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: EL SALVADOR

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El “Plan Interamericano Estratégico para Políticas sobre Reducción de

Vulnerabilidad, Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres” (IASP) (CP/doc.3737/03);

La resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) , “ Reducción de Desastres Naturales,

Gestión de Riesgos y Asistencia en casos de Desastres Naturales y otros Desastres”;

CONSIDERANDO:

Que a pesar del intenso trabajo realizado, año a año, debemos lamentar miles de

muertes en nuestra región a causa de la devastación causada por los diversos desastres

naturales que asolan nuestros Estados miembros;

Que ningún esfuerzo es suficiente cuando se trata de la prevención, reducción y

gestión del manejo de desastres naturales;

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209

RECORDANDO:

La resolución AG/RES. 2114, (XXXV-O/05), sobre “Reducción de desastres

naturales y gestión de riesgos”,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad

Hemisférica, persistir en la integración de los mecanismos americanos existentes en materia

de desastres naturales y ver la posibilidad de lograr una mayor coordinación efectiva de

éstos.

2. Reafirmar la relevancia que tienen en nuestra región en materia de

información, prevención y educación en materia de desastres naturales la Agencia Caribeña

de Respuesta a Emergencias en Casos de Desastre (CDERA), el Centro para la Prevención

de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité Andino para

la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).

3. Solicitar a la Secretaría General, reafianzar los lazos internacionales con

organismos especializados en materia de prevención, reducción y gestión de riesgos en

materia de desastres naturales como la “Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la

Seguridad” (GMES) perteneciente a la Unión Europea, y el “Centro de Desastres para el

Pacífico” (PDC).

4. Instar a los Estados Miembros a una mayor inversión y cooperación

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210

tecnológica en materia de prevención y reducción de desastres naturales.

5. Proponer a los Estados Miembros el incremento de la investigación en el

área de reducción y mitigación de desastres naturales en los centros universitarios de la

región.

6. Sugerir a los Estados Miembros incentivar, mediante la creación de becas

universitarias, la especialización de profesionales y técnicos en materia de desastres

naturales.

7. Proponer a los Estados miembros el mejoramiento de la prevención sobre los

desastres naturales por medio de sus programas educativos gubernamentales.

8. Encomendar a la Secretaría General tomar contacto con los medios de

comunicación regionales para ver la posibilidad de que se transmita propaganda sobre

prevención y reacción a los desastres naturales en forma gratuita, para lograr una mayor

preparación de la sociedad civil ante las catástrofes naturales.

Países Consignatarios:

1. PERÚ

2. COSTA RICA

3. BOLIVIA

4. VENEZUELA

5. CANADÁ

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211

II-6

RERUM NOVARUM: LOS REFUGIADOS AMBIENTALES.

Comisión: Segunda Punto Uno del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República Dominicana

LA ASAMBLEA GENERAL,

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por las severas y devastadoras

consecuencias causadas por los diversos desastres naturales ocurridos en la región, entre

los cuales pueden mencionarse las temporadas de huracanes, el Fenómeno del Niño,

inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos, erupciones volcánicas y maremotos, que

se han traducido en un sinnúmero de pérdidas, tanto de vidas humanas como materiales,

sufridas por los Estados Miembros;

CONSCIENTE de que una de las principales consecuencias negativas que los

desastres naturales acarrean es el de la aparición de los llamados “refugiados ambientales”

quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por estar técnicamente

desprotegidos desde el plano jurídico, tanto a nivel internacional como regional, puesto que

la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de

1967, no prevén la causa ambiental como motivante del status de refugiado; y por lo tanto,

se hace imperiosa la necesidad de revisar dicho concepto para poder ampliarlo a las nuevas

realidades sociales determinadas por los factores que resultan del deterioro del medio

ambiente;

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212

RECONOCIENDO los avances que al amparo del desarrollo progresivo se han

llevado a cabo internacionalmente a partir de diversas resoluciones de la Asamblea General

de Naciones Unidas, en especial la Resolución 428 (V), y a nivel regional, con la

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Declaración de Cartagena

sobre Refugiados de 1984, el documento “Principios y Criterios Para la Protección y

Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América

Latina (CIREFCA-1989), la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas

Desplazadas de 1994, la Declaración y Plan de Acción de México de 2004 para fortalecer la

Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, el Informe de la Primera

Sesión Especial sobre Temas de Actualidad del Derecho Internacional de los Refugiados de

la CAJP (CP/CAJP-2570/08 rev. 1 cor.1); así como con la doctrina y jurisprudencia

emanada, respectivamente, de las recomendaciones y observaciones generales de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos;

RECORDANDO que de conformidad a lo expresado en la Declaración de

Seguridad de las Américas, nuestra actual concepción de la seguridad en el Hemisferio es

considerada de alcance multidimensional, transnacional y de naturaleza diversa, pues el

concepto y el enfoque tradicional se ha ampliado con el objeto de abarcar aquellas nuevas

amenazas, que surgidas de la actual coyuntura internacional, incluyen aspectos políticos,

económicos, sociales, de salud y ambientales;

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213

CONCIENTE de la interrelación, interdependencia e indivisibilidad existente entre

el medio ambiente, los derechos humanos, el mantenimiento de la seguridad y la paz en la

región y el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos, ya que en definitiva, la

estabilidad política, económica, social, de salud y ambiental son parte integral e inseparable

de la seguridad del Hemisferio; y en consecuencia, la protección del medio ambiente es

esencial para generar la prosperidad y la sustentabilidad de nuestras economías y para

garantizar el pleno goce de los derechos humanos fundamentales;

RECORDANDO la Resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) y las resoluciones

adoptadas con anterioridad en materia de reducción de desastres naturales, gestión de

riesgos y asistencia en casos de desastre, a fin de reducir la vulnerabilidad de nuestros

Estados Americanos frente a los peligros y desastres naturales antes mencionados, y en

particular, sobre el asunto de los refugiados ambientales;

SOSTENIENDO la necesidad de continuar el fortalecimiento de los mecanismos

existentes en la materia, así como el aggiornamiento de los instrumentos jurídicos y

estrategias apropiadas para hacer frente a estas preocupaciones que requieren una continua

y renovada atención en el sistema interamericano;

Y TENIENDO PRESENTE las Resoluciones AG/RES. 2296 (XXXVII-O/07),

AG/RES. 2232 (XXXVI-O/06), AG/RES. 1762 (XXX-O/00), AG/RES. 1832 (XXXI-

O/01), AG/RES. 1892 (XXXII-O/02), AG/RES. 1971 (XXXIII-O/03) y AG/RES. 2047

(XXXIV-O/04) en materia de refugiados, y las Resoluciones AG/RES. 1819 (XXXI-O/01),

AG/RES. 1896 (O2), CP/CAJP-1897/02; CP/CAJP-1998/02 en materia de medio ambiente

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214

y derechos humanos,

RESUELVE:

1. Declarar que en vista de la experiencia recogida con motivo de los consecuencias

acaecidas a raíz de los desastres naturales ocurridos en la región, se hace necesario encarar

nuevamente la extensión del concepto de refugiado y ampliar sus ámbitos de protección.

De este modo, la definición de refugiado recomendable para su utilización en el Sistema

Interamericano, es aquella que además de contener los elementos de la Convención de

1951, su Protocolo de 1967 y en la Declaración de Cartagena de 1984, considere también

como refugiados a las personas que han sufrido un desplazamiento forzado -sea temporario

o permanente- de su hábitat tradicional a razón de que su vida, seguridad o libertad han sido

amenazadas a causa de la ocurrencia de desastres ambientales; sea provocados por la

naturaleza o por el accionar del hombre.

2. Solicitar en los términos del artículo 64.1 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y de conformidad a lo resuelto en la opinión consultiva OC-1/82 de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ésta emita una opinión consultiva relativa

a la posibilidad de aplicar el concepto de refugiado y las obligaciones internacionales

asumidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de

1967, a la luz de las disposiciones de los artículos 1, 2, 6, 7, 11, 16 y 27 de la Declaración

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 4.1, 5.1 y 5.2, 17.1, 19, 21.2,

22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la

protección de los derechos fundamentales de los refugiados.

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215

3. Solicitar al Consejo Permanente, que requiriendo la participación de todos los

órganos competentes de la OEA en materia ambiental, seguridad, desarrollo y derechos

humanos, consultando a los Estados Miembros, y en cooperación con el Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organice una sesión especial a

efectos de discutir políticas de cooperación aplicables en materia de refugiados

ambientales.

4. Encomendar al Consejo Permanente que presente un informe sobre la

implementación de esta resolución al próximo período ordinario de sesiones de la

Asamblea General.

5. Solicitar al Secretario General que brinde todo el apoyo necesario para la

ejecución de la presente y que transmita la misma al Secretario General de las Naciones

Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los demás

organismos subregionales e internacionales competentes en la materia, a fin de recibir su

colaboración para su cumplimiento.

6. Esta resolución será ejecutada con los recursos asignados en el programa-

presupuesto de la organización y otros recursos, invitando a los Estados Miembros, a los

Observadores Permanentes, así como a las personas o entidades públicas y privadas

nacionales e internacionales que lo deseen, a efectuar contribuciones voluntarias a efectos

de respaldar la ejecución de la misma.

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216

Países Consignatarios:

1. HONDURAS

2. COSTA RICA

3. GRENADA

4. VENEZUELA

5. BARBADOS

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217

II-10

DESASTRES NATURALES: COOPERACIÓN PARA REPLICAR MODELOS

EXITOSOS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA, E INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS.

Comisión Segunda Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Nicaragua

ASAMBLEA GENERAL,

ENFATIZANDO que el detrimento de la Biodiversidad de las distintas Naciones

afecta la Seguridad y funcionamiento de los Ecosistemas y que el deterioro del Medio

Ambiente afecta la calidad de vida de los habitantes, con el aumento de los niveles de CO2

(Dióxido Carbono) en la Atmósfera, (GEI, Gas del Efecto Invernadero);

ENFATIZANDO el compromiso adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno en

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de

Kyoto (Japón, 1997); y su modificación en la cumbre de Toyako, Japón, 2008;

REITERANDO los acuerdos de los Jefes de Estado y de Gobierno adoptando en

“Plan de Acción” de la Tercera Cumbre de las Américas (Québec, Canadá 2001),

enfatizando principalmente la “Estrategia para el Manejo de Desastres”;

RECORDANDO que, la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en Ciudad

de México, (México 2003) los Estados de las Américas se comprometieron a promover y

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218

fortalecer la paz y seguridad del Hemisferio y a través del Programa Interamericano para el

Desarrollo Sostenible, manifestaron su inquietud por los desastres naturales y los

originados por el hombre;

RECORDANDO ADEMÁS la Conferencia Mundial sobre Reducción de los

Desastres, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Kobe, Japón 2005), en

el cual se reconoció la “Declaración de Hyogo" y el Marco de Acción de Hyogo, para el

año 2005-2015;

TENIENDO PRESENTE el vasto marco jurídico de la Comisión Centroamericana

de Ambiente y Desarrollo (CCAD), creada en San Isidro de Coronado, Costa Rica en 1989;

RECORDANDO las resoluciones adoptadas por la Organización de los Estados

Americanos con anterioridad sobre el tema de la Reducción de los desastres naturales

[AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1885 (XXXII-

O/02)] y sobre mecanismos de la OEA para la reducción de los desastres naturales

[AG/RES. 1803 (XXXI-O/01), AG/RES. 1755 (XXX-O/00)],

RESUELVE:

1. Que, con respecto a los Desastres Naturales causados por amenazas de origen

natural (Inundaciones, huracanes, ciclones, sismos, maremotos, granizo, sequías, tormentas

tropicales, tornados, erupción de volcanes, avalanchas, etc.)

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219

• Reforzar y Homologar un Sistema Preventivo de carácter Permanente en la Región,

mejorando los sistemas ya existentes, (Observatorios Vulcanológicos, Sistemas de

monitoreo Geofísico, Redes Sismológicas, Atlas de Peligros climáticos y

metereológicos, etc.) apoyados con nuevos mecanismos técnicos , de

financiamiento, intercambio de conocimientos científicos y formación redes de

Expertos con países Lideres en innovación, investigación y educación avanzada de

América y la Unión Europea, junto con adquirir nuevas implementaciones y

monitoreos (sensores remotos, SIG, herramientas de comunicación, traducción de

información científica, etc) y continuar las Acciones conjuntas de instituciones

como CCAD, CEPREDENAC, CRRH... En el intercambio de mejores Prácticas y

Prevención de Desastres, perfeccionando mecanismos de seguimiento, evaluación y

rendimiento de métodos utilizados por estas.

• Conseguir que la población logre una base sólida en información (folletos,

publicaciones educativas, medios de comunicación, programas académicos,

respuestas en escuelas, etc.) y la opción de protección respecto a las Zonas de

Riesgos geológicos e hidrometereológicos, delegar en la población funciones y

responsabilidades en temas medio ambiéntales, promover Programas de simulacros

y sistemas de evacuación y reacción oportuna evitando que se asienten en lugares de

riesgo, Planes de Contingencia y como actuar en caso de Alerta temprana, logrando

que las personas tomen acciones para mejorar la seguridad.

2. En relación a los Desastres Naturales provocados por acciones de la humanidad (tala

indiscriminada de árboles, incendios forestales, vertimiento de sustancias sólidas, líquidas o

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220

gaseosas al ambiente, contaminación atmosférica, combustibles fósiles en las actividades

industriales y el transporte, emisión de Gases de efecto invernadero (GEI)....):

• Incentivar el reemplazo de combustibles fósiles, por energías Renovales más

Limpias y económicas (Biocombustibles, proyectos Hidroeléctricos, geotérmicos,

eólicos, Biomasa...) certificando Proyectos bajo el Modelo de Desarrollo Limpio

(MDL) (Protocolo de Kyoto).

• Continuar con los esfuerzos para la disminución de Gases de Efecto Invernadero

(GEI) (principalmente Metano y Dióxido de Carbono), aprobando , implementando

y financiando Proyectos como el sistema de “Secuestro de CO2” (almacenamiento

en tierra o mar) evitando que llegue a la Atmósfera; minimizar los Residuos sólidos

en cantidad y peligrosidad, fomentar Plantas de Reciclaje y Tratamientos y elaborar

Programas sobre nuevos desarrollos y novedades en la Industria de Envases y

Embalajes, logrando sustentabilizar la utilización de materiales Biodegradables.

3. Promover Sistemas de Inversión con Instituciones Financieras Internacionales y

Países de mayor Progreso que se interesen en la prevención y mitigación de Desastres

Naturales;

• Solicitar cooperación a Instituciones Financieras Internacionales, tales como; el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), principales

acreedores de deudas externas, que flexibilicen sus Programas Económicos con

países afectados por un desastre Natural cuyos daños sean altamente onerosos

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221

costearlos, proponiendo una condonación de intereses de la Deuda Externa, o la

repactación de esta, logrando así que la utilización de esos recursos ahorrados

financien los gastos internos, priorizados por la situación de emergencia.

• Generar nuevas fuentes de Financiamiento y así fomentar en la comunidad

Internacional el Biocomercio y valorización de recursos Bioquímicos y servicios

Hidrológicos identificando y ejecutando proyectos demostrativos de “Pagos por

Servicios Ambientales” (PSA), recolectar información, identificar criterios y

formular recomendaciones sobre la valoración económica de Servicios

Ambientales. Unificar los marcos legislativos sobre PSA en el ámbito nacional o

regional, fiscalizar la entrega de dinero a los fines correspondientes (de lo contrario

retrotraer el acuerdo además de una sanción),y un sistema de seguimiento.

Conjuntamente implementar Programas de Asistencia Social efectivos que impidan

la respuesta de los ciudadanos de menos recursos motivados por su frustración por

priorizar la inversión en el Medio Ambiente por sobre sus necesidades, siendo

necesaria la colaboración del país que financia el proyecto.

• Fomentar el sistema de Transacción de “Bonos Blancos” entre los Estados del

Hemisferio, que son la aplicación a la eficiencia energética de los Bonos de

Carbono propios del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que instauró el

protocolo de Kyoto para la reducción de Gases de Efecto invernadero (GEI).

4. Considerar Estrategias globales para atraer a la Comunidad Internacional:

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222

• Propiciar el Dialogo entre autoridades Medioambientales de los países del área,

organizando reuniones con los Representantes de las Direcciones o Comisiones de

Medio Ambiente de los países de la Unión Europea para definir y aplicar Políticas e

Instrumentos de Incentivos en el marco de una Producción más Limpia.

• Reafirmar y consolidar la autodeterminación de la América en sus relaciones

externas, mediante una estrategia única que favorezca y amplíe la Participación de

la Región en su conjunto, en el ámbito Internacional uniendo esfuerzos entre

comisiones locales de emergencias con entidades como la Organización de las

Naciones Unidas y la Cruz Roja.

Países Consignatarios:

1. GRENADA

2. SAINT KITTS AND NAVIS

3. VENEZUELA

4. EL SALVADOR

5. PANAMÁ

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223

II-11

ESTATUTO INTERAMERICANO PARA CONSTITUIR RESERVAS

ECONÓMICAS DE ATENCIÓN Y ACCIÓN INMEDIATA CONTRA EL

DESASTRE NATURAL DE GRAN ESCALA

Segunda Comisión Punto UNICO del temario

Resolución presentada por la delegación de: Jamaica

LA ASAMBLEA GENERAL

VISTA:

La Resolución AG/RES. 1327 (XXV-O/95) modificada por la Resolución AG/doc.

3209/95 que estableció el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de

Emergencia (FONDEM);

La Resolución AG/RES 2314 (XXXVII-O/07) denominada “Reducción de

Desastres Naturales, Gestión de Riesgos y Asistencia en casos de Desastres Naturales y

otros Desastres”;

TENIENDO EN CUENTA:

Que el continente americano, presenta una constante recurrencia sísmica y actividad

volcánica. Y que varias zonas son propensas a las tormentas tropicales y corredor de

huracanes y adicionalmente existe un sistema de montañas y cuencas hidrográficas que

hacen de la región vulnerable a deslizamientos e inundaciones;

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224

Que a las anteriores condiciones naturales debe agregarse la pobreza y la inequidad,

así como las altas tasas de crecimiento demográfico, las fallas en la planificación urbana, la

deforestación y el deterioro del medio ambiente;

DESTACANDO:

Que la ayuda oficial y la cooperación internacional representan un invalorable

instrumento para la atención de los desastres;

Que los anteriores recursos tienen como objetivo principal contrarrestar las

consecuencias nefastas de los desastres naturales para los países que los padecen, que al

momento de producirse un desastre de gran escala en el continente americano, los recursos

del FONDEM se canalizarían a atender solamente una pequeña parte del desastre natural;

RECONOCIENDO:

Que los desastres naturales además de causar grandes pérdidas humanas, también

provocan pérdidas materiales y económicas;

Que el problema es la desproporción en la que los países se ven afectados respecto a

su producto interno bruto, ya que los países en desarrollo sufren más las bajas que los

países ricos haciendo vulnerables a las entidades en vías de desarrollo, exponiéndolos a la

creciente pobreza;

Que la acumulación y el mantenimiento de adecuadas reservas monetarias es vital

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225

para garantizar la estabilidad económica y financiera de los países pertenecientes a la OEA;

Que los desastres naturales generaron en el continente americano pérdidas humanas

y millonarias en los últimos años causando una grave secuela adolecida con desempleo,

pobreza y falta de oportunidades.

RESUELVE:

1. Instar a los Estados a través de sus gabinetes ministeriales de hacienda, para

la constitución de reservas monetarias, equivalentes al 1.5% de su crecimiento económico

según su Producto Interno Bruto para cada año, como complemento indispensable para

contrarrestar las emergencias económicas subsecuentes a los desastres naturales.

2. Recomendar a los Estados miembros con mayor crecimiento económico

aplicar el principio de solidaridad a favor de las naciones en desarrollo ante la eventualidad

de un desastre natural en mayor escala.

3. Asesorar a los Estados miembros para que estos adopten estrategias y planes

de contingencia para mitigar los efectos de un desastre natural a gran escala.

4. Orientar a los Estados para que instruyan y capaciten a los diferentes

representantes de la sociedad civil en estrategias de mitigación de los desastres naturales.

Países consignatarios: 1. EL SALVADOR

2. VENEZUELA

3. SURINAME

4. COLOMBIA

5. TRINIDAD Y TOBAGO

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226

II-13

DESATRES NATURALES: COOPERACION PARA REPLICAR MODELOS

EXITOSOS DE PREVENCION Y RESPUESTA, E INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS

Segunda Comisión Punto UNICO del temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Venezuela.

Asamblea General,

Vistos:

El Informe del Consejo Permanente sobre la creación de un solo comité permanente

para abordar los desastres naturales y otros desastres y las recomendaciones

correspondientes contenidas en dicho informe AG/Res 2314 (XXXVII-0/07);

Teniendo Presente:

Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN);

Que el CIRDN asumirá asimismo las responsabilidades y funciones del Comité

Interamericano para Situaciones de Emergencia bajo el Fondo Interamericano de Asistencia

para Situaciones de Emergencia (FONDEM);

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227

Considerando:

Que dentro de los factores de riesgo, que existen en el continente, debido a sus variedades

geográficas, señalaremos los siguientes, de origen,

• Hidrometeorológico (tormentas, inundaciones, huracanes)

• Geológico (terremotos, deslizamientos, erupciones);

Que el incremento de la temperatura planetaria por el efecto Invernadero, que esta

generando la alta concentración de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de similar

comportamiento en la atmósfera terrestre, se está manifestando directamente y en estos

momentos sobre la zona más cálida del planeta que corresponde al trópico entre los 23º de

latitud norte y sur, debido a la incidencia perpendicular de los rayos solares durante todo el

año, lo que provoca sequías, mayor número y aumento del grado de huracanes, aumento en

el nivel de las aguas del mar por efecto del descongelamiento;

Que en imágenes satelitales utilizadas por especialistas, se observa como masas de aire

cargadas de humedad están penetrando al territorio venezolano desde Colombia, como

también se han presenciado los terremotos que afectaron a los países andinos en años

anteriores, las tragedias vividas en territorio chileno por erupción de volcanes, que son

consecuencias del calentamiento global;

Que por consecuencia, se debe fomentar la educación de todos los Estados Americanos

para la prevención y la capacidad de reacción ante los desastres naturales;

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228

Que de acuerdo a los datos físicos naturales, vemos que los suelos mas abundante son los

Inceptisoles, cuya capacidad para absorber agua es relativamente muy baja, lo cual y en

cierto modo para una precipitación intensa facilita la activación de procesos erosivos;

Resuelve:

1. Instar a que los Estados Miembros presten mayor apoyo a la CIRDN;

2. Solicitar al Consejo Permanente estudiar la creación de un cuerpo dentro de la

CIRDN que se encargue de generar, promover y gestionar, simulacros y difusión, que

fomente la prevención y capacidad de reacción de la sociedad civil, frente a los desastres

naturales;

3. Establecer por parte de CIRDN en conjunto con cada nación, como primer paso, el

proceso de difusión, con el fin de entregar información, en relación a cómo se producen,

cómo afectan a cada localidad los desastres naturales y la correcta capacidad de prevención

de estos, que compete a cada nación, como también la entrega de información a la

comunidad civil de otro tipo de desastres naturales que afectan a otras naciones del

continente;

4. Establecer la difusión sobre los desastres naturales en relación etárea;

5. Crear un mes Interamericano de Prevención de Desastres Naturales, en donde se

difundan, materias de prevención y capacidad de reacción de desastres naturales, a la

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229

sociedad civil, encabezado por la CIRDN, en donde se explique cómo se producen, cómo

enfrentarlos, y qué instituciones se encargan de coordinar a las naciones, en estos temas,

por medios, como la televisión (publicidad, programas que tengan relación a estos temas),

diarios, trípticos, ferias.

6. Crear por parte de CIRDN en conjunto con cada nación, simulacros para que la

sociedad civil, experimenten en la práctica los conocimientos preventistas que se han

difundido con anterioridad.

Países Consignatarios:

1. JAMAICA

2. BOLIVIA

3. REPUBLICA DOMINICANA

4. HONDURAS

5. GUATEMALA

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230

II-14

PREVENCION Y RESPUESTA EN DESASTRES NATURALES

Comisión de Seguridad Hemisférica. Punto único del temario

Propuesta de Resolución Presentada por la delegación de Honduras.

La Asamblea General

VISTO:

El compromiso de Santiago, en 1991, en que los Estados Miembros de la OEA

manifestaron su decisión de iniciar un proceso de consulta sobre seguridad hemisférica, a la

luz de las circunstancias regionales y mundiales, desde una perspectiva actualizada e

integral de la Seguridad y el Desastre.

Los informes de la Organización de Estados Americanos con Seguridad Hemisférica.

CP/CSH/INF.11/02.

El informe del Consejo Permanente de la asamblea General, específicamente el punto que

se refiere a los trabajos de la comisión de Seguridad Hemisférica sobre reducción de

Desastres Naturales (AG/DOC./07); y

El Plan Puebla – Panamá, propuesta presentada por los Consejos Nacionales miembros del

Consejo Indígena de Centroamérica a los mandatarios de los 8 países de la región

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231

Mesoamericana en Junio de 2002, quien a partir del 28 de Junio de 2008 se denomina

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Donde promueven un fondo para

recuperarse de los desastres naturales que afectan estas Naciones.

CONSIDERANDO:

El gran compromiso que asumió la OEA, especialmente la comisión de Seguridad

Hemisférica en la coordinación de la cooperación entre los órganos relacionados con los

diversos aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio incluido los desastres naturales y

los originados por el hombre, en el marco de la declaración sobre seguridad en las

Americas;

Que existe una gran cantidad de tipos de desastres naturales como: Maremotos, Huracanes,

Erupciones Volcánicas, Olas de Calor, Deslizamientos de Tierra, entre otros, que cada día

afectan de manera más frecuente al planeta en general, dejando como consecuencias

grandes pérdidas humanas y económicas, así como también trayendo consigo otros tipos de

desastres naturales como: Epidemias y Hambrunas;

Que durante muchos años Centroamérica ha sido golpeada por las catástrofes naturales:

Huracanes en Honduras y Nicaragua, Terremotos en el Salvador y más recientemente

Inundaciones en Costa Rica; tragedias que en la mayoría de los casos no tienen cobertura

de seguros y por ende acarrean grandes perdidas económicas y materiales para las

Naciones;

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232

Que los Gobiernos de cada región Ejecutan planes de prevención de Desastres Naturales,

por separado, mas no de forma conjunta;

RECONOCIENDO

El aporte prestado por Institutos que abordan esta disciplina como: Internacional Institute

For Applied Systens Análisis (IIASA) de Austria, Prevention Consortium, Earth Institute

de la Universidad de Colombia, y la Universidad de Kobe en Japón, así como organismos

de la ONU como el Banco Mundial; Ocho A (cooperación para ayuda humanitaria), la

Estrategia Internacional para la Resolución de Desastres (EIRD), así como oficinas

especiales en el Banco Mundial, la CEPAL y el BID.

RECOMIENDA:

1. Solicitar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales

(CIRDN), por medio de su grupo de trabajo para la Financiación de Reducción de

Desastres Naturales, la creación de un fondo asegurador de Desastres Naturales que pueda

beneficiar a los países miembros de la OEA, de tal forma de recuperar las pérdidas

materiales ocasionadas por estos tipos de fenómenos en los pueblos de América.

2. Solicitar ayuda financiera al Banco Mundial y al Banco Interamericano de

Desarrollo para la reconstrucción de estos países, en dado caso que el fondo ordinario y de

reserva se agote.

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233

3. Crear equipos de trabajo multidisciplinario entre la OEA, el Banco Mundial, el

Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, donde el sistema de evaluación y control,

sea a través del monitoreo constante en los lugares donde ocurran los desastres naturales.

Países Consignatarios:

1. BARBADOS

2. PANAMÁ

3. REPUBLICA DOMINICANA

4. CANADÁ

5. VENEZUELA

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234

II-16

INTERCAMBIO DE MODELOS EXITOSOS DE GESTIÓN

LOCAL DE RIESGO

Segunda Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Costa Rica

LA ASAMBLEA GENERAL,

REITERANDO:

La importancia de reducir los riesgos y la vulnerabilidad ante los desastres naturales

mediante el uso apropiado de prácticas de desarrollo sostenible;

La necesidad de fortalecer las actividades de planificación y gestión de desastres

naturales de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de responder con mayor

eficacia ante el reto que representan los mismos;

CONSIDERANDO:

Que la reducción y mitigación en forma efectiva de los desastres naturales

dependen de un alto grado de preparación, movilización y coordinación de los gobiernos en

todos los niveles territoriales;

Que los sistemas de Gestión Local de Riesgo basados en las comunidades

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235

demuestran ser una alternativa viable y exitosa que requiere ser más profundizada y

difundida en el Hemisferio;

TOMANDO EN CUENTA:

Que la AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) resuelve en su numeral 1, “Reiterar los

mandatos de la resolución AG/RES. 2184 (XXXVI-O/06) y mantener como una prioridad

de alto nivel el tratamiento del asunto de reducción de desastres naturales, gestión de riesgo

y asistencia en casos de desastres naturales y otros desastres”, lo que implica el

otorgamiento al tema de la debida prioridad en la agenda interamericana,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados Miembros de la OEA a enlazar los Sistemas

Nacionales de Prevención y Atención de Desastres Naturales, con los gobiernos y

comunidades locales, como estrategia para ir adelantando un enfoque integrado a nivel

interamericano.

2. Confiar a la Secretaría General de la OEA que, por medio de la Secretaría

Ejecutiva para el Desarrollo Integral a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible,

se promueva activamente la socialización de experiencias de gestión local de riesgo a fin de

compartir, intercambiar y replicar modelos exitosos entre los Estados Miembros.

3. Encomendar al Consejo Permanente de la OEA que, con la colaboración de

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236

la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) en cumplimiento de sus labores

propias, convoque para el primer semestre de 2009, una reunión de Altas Autoridades

Nacionales en materia de Gestión de Riesgo, con amplia participación del sector privado,

entidades y organismos subregionales, nacionales e internacionales, y organizaciones no

gubernamentales, comunitarias y en general de la sociedad civil, cuyo objetivo sea

específicamente la difusión de experiencias de gestión local de riesgo.

4. Encargar a la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) que

adelante la identificación de las experiencias más exitosas de gestión local de riesgo del

sector comunitario, producto de la reunión de Altas Autoridades Nacionales señalada en el

numeral anterior de la presente resolución.

5. Solicitar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales

(CIRN), en coordinación con la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD), la

elaboración de una propuesta de implementación del Sistema Interamericano de Gestión

Local de Riesgo, con el establecimiento de un grupo de expertos regional y una red

interamericana de líderes comunitarios para la gestión de riesgo.

6. Encomendar al Consejo Permanente y a la Secretaría General para que se

realicen las actividades mencionadas en la presente resolución, de conformidad con los

recursos asignados en el programa - presupuesto de la Organización y otros recursos.

7. Requerir al Consejo Permanente que presente un informe sobre el estado de

la implementación de la presente resolución al cuatrigésimo período ordinario de sesiones

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237

de la Asamblea General de la OEA.

8. Pedir al Secretario General que transmita la copia de la presente resolución

al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos

subregionales correspondientes.

Países consignatarios:

1. HONDURAS

2. VENEZUELA

3. REPUBLICA DOMINICANA

4. GUYANA

5. ANTIGUA Y BARBUDA

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GT-II-7

COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS,

FORTALECIMIENTO DE MODELOS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN, PARA

LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE LOS DESASTRES NATURALES EN EL

HEMISFÉRIO

Comisión: Seguridad Hemisférica

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: ECUADOR, GRENADA,

GUATEMALA, MEXICO y PERU

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La Resolución AG/RES. 2372 (XXXVIII-O/08), “Coordinación del Voluntariado en

el Hemisferio para la Respuesta a los Desastres Naturales y la Lucha Contra el Hambre y la

Pobreza – Iniciativa Cascos Blancos”, en la cual se resolvió invitar a los Estados Miembros

que así lo deseasen a designar Puntos Focales para la Iniciativa Cascos Blancos así como a

instar a estos a asignar recursos a la gestión interna de desastres naturales;

La resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) “Reducción De Desastres

Naturales, Gestión De Riesgos Y Asistencia En Casos De Desastres Naturales Y Otros

Desastres”;

Las resoluciones AG/RES. 1351 (XXV-O/95), AG/RES. 1403 (XXVII-O/96),

AG/RES. 1463 (XXVII-O/97), AG/RES. 2018 (XXCIV-O/04), AG/RES. 2165 (XXXVI-

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239

O/06) y las declaraciones AG/DEC. 45 (XXXV-O/05) y AG/DEC. 55 (XXXVII-O/07);

DESTACANDO el importante aporte que representan los mecanismos de

cooperación internacional para los países que sufren desastres naturales con el fin de lograr

una subsanación económica y humana dentro de sus territorios;

TENIENDO EN CUENTA la vulnerabilidad que presentan los distintos países del

hemisferio frente a los distintos desastres naturales como huracanes, terremotos,

inundaciones, tornados, tormentas tropicales y erupciones volcánicas, entre otros, y como

estos generan un impacto negativo tanto en el desarrollo económico y humano de dichos

países, sobre todo entre aquellos que presentan menos capacidad financiera para sortear

dichos escenarios;

CONSTERNADOS por la pérdida de vidas, la destrucción de propiedad e

infraestructura importante, las perturbaciones de la actividad económica y el consiguiente

empobrecimiento de regiones enteras a causa de los desastres naturales;

CONSIDERANDO el Artículo 31 de la Carta de la Organización de Estados

Americanos (OEA) (1948), en el que los Estados Miembros de la OEA afirman las

responsabilidades de cooperación interamericana para el desarrollo integral;

RECORDANDO la carta de la misión permanente de la República de Argentina

ante la reunión del Órgano Consultivo Conjunto -OCC- en el que se propone el

establecimiento de un equipo permanente de consulta en desastres naturales;

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240

RESUELVE:

1. Reiterar el apoyo a la Iniciativa Cascos Blancos y de Voluntariados locales

como un mecanismo sumamente valioso de respuesta y de prevención en casos de

desastres, la lucha contra el hambre y la pobreza, y que merece ser profundizada y ampliada

hacia el resto del hemisferio entregando la ayuda logística y de infraestructura necesaria en

el caso de aquellos países que no puedan llevar a cabo dicha tarea.

2. Reiterar el apoyo a la propuesta hecha por la delegación de Argentina ante la

reunión del OCC el 26 de abril de 2006, el cual consiste en que se evalúe la posibilidad de

instalar en el ámbito de la Asamblea General un equipo permanente de consulta encargado

de diseñar y acompañar la instalación de un equipo de respuesta OEA en casos de desastres.

3. Instar a la Secretaría General para que apoye la iniciativa de crear una

Comisión Especial encargada de establecer contacto con Puntos Focales de los países, con

mayores avances en el tema de desastres, para tratar temas de prevención y respuesta a

desastres naturales. Especialmente aquellos con mayores avances tecnológicos, de gestión,

inteligencia e información en el área, con el objetivo que los países miembros de la OEA

mejoren sus métodos de prevención y respuesta.

4. Alentar a los Estados Miembros, para que incentiven una mayor

participación de la sociedad civil, a través de instituciones especializadas, en la difusión de

prácticas exitosas en la prevención de desastres naturales, y contemplando el uso de las

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).

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241

5. Exhortar al Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres

Naturales (CIRDN) que dirija el grupo de Preparación y Respuesta de Desastres Naturales

de manera tal de desarrollar un sistema de alerta denominado “Sistema Integral de Gestión

de Alerta” (SIGA), al que le corresponderá llevar a cabo acciones específicas durante una

emergencia de causa natural, de manera de otorgar y agilizar la ayuda y asistencia necesaria

durante los desastres naturales.

6. Solicitar que el financiamiento de esta ultima propuesta provenga del Fondo

Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM), el cual

considera como objetivo primordial el coordinar la ayuda frente a los desastres naturales en

el Hemisferio.

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242

GT-II-8

CULTURA DE LA PREVENCIÓN: COOPERACIÓN HEMISFERICA

PARA LA PREVENSIÓN, ASISTENCIA Y RESTAURACIÓN

ANTE DESASTRES NATURALES

Comisión: Segunda Punto ÚNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de Antigua y Barbuda, Belice, Brasil,

Colombia, Estados Unidos, Guyana, Paraguay, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones adoptadas con anterioridad sobre el tema de la reducción de los

desastres naturales y gestión de riesgos AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2184

(XXXVI-O/06) y AG/RES. 2114 (XXXV-O/05), sobre el tema de la reducción de los

desastres naturales AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03) y

AG/RES. 1885 (XXXII-O/02), AG/RES. 1821 (XXXI/ O/01) y sobre mecanismos de la

OEA para la reducción de los desastres naturales AG/RES. 1803 (XXXI-O/01) , AG/RES.

1755 (XXX-O/00), AG/RES 1682 (XXIX- O/99) y AG/RES 1327(XXV-O/95), y

Que la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, Canadá en el 2001,

examinó la posibilidad de fortalecer la cooperación regional y la capacidad nacional de

cada país para desarrollar estrategias más integrales, promoviendo el intercambio de

información y mejorando los requerimientos como un esfuerzo por mitigar la amenaza de

los desastres naturales;

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243

Que la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en

noviembre de 2005, resalto el compromiso asumido por los Estados Miembros, de mejorar

sustancialmente la capacidad nacional, regional y hemisférica de mitigación de riesgos para

implementar sistemas de alerta temprana, mejorar las capacidades de recuperación de

desastres, reconstrucción y resiliencia, en colaboración con instituciones regionales

relevantes, y explorar con las instituciones regionales e internacionales relevantes el

desarrollo coordinado de sistemas público-privados de seguros eficaces contra riesgos de

catástrofes;

Que la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en

Kobe, Hyiogo 2005, puso de relieve la necesidad de aumentar la resiliencia de las naciones

y las comunidades ante los desastres, señalando la existencia de deficiencias y retos

particulares, entre las cuales se hace referencia a la gestión de los conocimientos y

educación, enfatizando en la necesidad de establecer una cultura de seguridad;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA:

Por la devastación y los daños que se evidencian de manera creciente en los Estados

Miembros de la Organización, causados por los cruentos desastres naturales que generan

graves pérdidas de vidas humanas, inestabilidad financiera, perturbaciones sociales,

destrucción de patrimonio cultural y daños a la propiedad;

Por el impacto desfavorable de los desastres naturales sobre el desarrollo

socioeconómico de los países y regiones afectadas a largo plazo;

Por la importancia de reducir la vulnerabilidad de nuestras sociedades frente a los

peligros naturales mediante la promoción de la cooperación y el desarrollo de estrategias,

dotando a la población de herramientas y conocimientos necesarios para actuar ante las

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244

posibles catástrofes.

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se

establece a la seguridad en el continente y a la cooperación para el desarrollo económico,

social y cultural como los propósitos esenciales de la Organización para los Estados

Miembros;

Que los desastres naturales tienen un impacto negativo del desarrollo socio-

económico sobre los Estados Miembros;

Que la prevención y la gestión del riesgo son temas centrales en los esfuerzos por

promover el desarrollo de la Región;

Que la vulnerabilidad de los Estados Miembros frente al deterioro ambiental, la

pobreza, el crecimiento urbano descontrolado, las malas políticas de desarrollo y los débiles

sistemas de prevención amplifica las consecuencias de los desastres naturales;

Que el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) cuenta con un monto de 10 millones de dólares para apoyar a los

países en actividades como la identificación de riesgos de amenazas naturales, la

preparación de proyectos de prevención de catástrofes y el diseño de inversiones de

prevención o mitigación en zonas de alto riesgo.

REAFIRMANDO la importancia de reducir urgentemente la vulnerabilidad de los

Estados Miembros ante los desastres naturales mediante el desarrollo de estrategias

nacionales para la reducción de estos, la asistencia mutua, la cooperación técnica y planes

de ordenamiento territorial.

ACOGIENDO CON BENEPLACITO que la reducción y mitigación de forma

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245

efectiva depende de un alto grado de preparación, movilización y coordinación por parte

del gobierno en todos los niveles, así como el sector privado y demás organizaciones de la

sociedad civil.

RECORDANDO ASI MISMO:

Que la nueva cultura sobre riesgos y desastres naturales ha de fraguarse en la

familia, la escuela, los centros de trabajo, y la sociedad civil en general;

La necesidad de integrar el sistema educativo a los esfuerzos para reducir el efecto

de los desastres, de forma de obtener resultados al largo plazo, comprendiendo la escuela y

la universidad como instituciones con un alto potencial para influenciar a la ciudadanía,

RESUELVE:

1) Recalcar que la cooperación y la colaboración entre los Estados Miembros es el

primer paso para una efectiva acción frente a los desastres naturales.

2) Instar a los Estados Miembros a incorporar programas integrales de educación y

capacitación a la población civil, en coordinación con el BID, el Fondo Panamericano de

Desarrollo, el Departamento de Educación y Cultura de la Secretaria Ejecutiva para el

Desarrollo Integral, entre otros.

3) Solicitar a los Estados Miembros que:

a) Promuevan un compromiso profundo para incorporar temas de prevención

sobre la reducción de los desastres en los programas educativos:

I) Continuar estimulando la formación de docentes en la reducción del

riesgo y los desastres, por medio de una currícula actualizada y orientado sobre

estos temas, que permitan una cultura de desarrollo y prevención;

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246

II) En el plano de las instituciones escolares primarias y secundarias,

incorporar en los planes de estudio temas tendientes a la capacitación de los

estudiantes para que cuenten con las herramientas necesarias con el objetivo de

prevenir y reaccionar frente a los desastres;

III) En el plano universitario, estimular la formación de planes,

proyectos y programas que orienten la investigación hacia la determinación de la

recurrencia, ubicación, magnitud, efectos y demás características de las amenazas

naturales, sociales y técnicas que causan los desastres y la manera más eficaz para

reducir la vulnerabilidad y el riesgo.

4) Solicitar al Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica

y a los Estados de la Región, mediante sus dependencias entendidas en la materia, que dé a

conocer a la ciudadanía diversos modos de prevenir colaborar y ser parte de las estrategias

de prevención, a través de mecanismos de difusión tales como: talleres del BID, campañas

publicitarias, conferencias y afines sobre posibles causas, y/o simulacros.

5) Estudiar y apoyar a través del Comité Para la Financiación de Reducción de

Desastres Naturales del CIRDN, el Banco Mundial, y el BID, los proyectos de

investigación y desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan la prevención y

respuesta frente a dichas catástrofes.

6) Reconocer la labor realizada por el BID en alianza con instituciones internacionales

como la misma Organización de Estados Americanos (OEA), en el plano de acción del

BID para Desastres Naturales del año 2000.

7) Recomendar a los Estados Miembros que en colaboración con el Fondo para la

Prevención de Desastres Naturales del BID, evalúen la planeación urbana y rural en sus

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247

respectivos territorios desarrollando programas de reforestación, control a la ocupación de

suelos y códigos de construcción más seguros con el fin de reducir la vulnerabilidad de la

población y la economía ante un desastre natural.

8) Invitar a los Estados Miembros a firmar y ratificar la Convención Interamericana

para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres, y a participar activamente en el proceso

de elaboración del Tratado de Desastres Naturales que se está desarrollando en la Comisión

de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas.

9) Encomendar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales

(CIRDN) el trabajo mancomunado con los Estados Miembros y la Organización

Panamericana de Salud (OPS) en el desarrollo e implantación de modelos de acción

inmediata para la reducción y la no propagación de enfermedades en caso de desastres

naturales.

10) Reconocer con beneplácito los trabajos realizados por la Agencia Caribeña de

Respuesta a Emergencias en Casos de Desastre (CDERA), El Centro de Prevención de los

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité Andino para la

Prevención y Atención de desastres (CAPRADE), y otros Centros Nacionales de los

Estados Miembros, a la vez que exhortar la conformación de nuevos organismos regionales

y subregionales tendentes a emular labores similares.

11) Invitar a los Estados Miembros, en atención al irrestricto respeto de su soberanía, a

simplificar los controles y trámites necesarios, para llevar a cabo, en conjunto con las

Organizaciones Internacionales, la efectiva y eficiente realización de las tareas de asistencia

de ayuda humanitaria, bajo los lineamientos planteados por la Cruz Roja Internacional.

12) Promover en los Estados Miembros prácticas efectivas de responsabilidad social -

ambiental dentro del ámbito empresarial, que involucran acciones de gestión de riesgos,

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248

incentivándolas mediante el otorgamiento de beneficios tributarios por asistencia

voluntaria, en particular materias referidas a la prevención de asistencia en el caso de

desastres naturales.

13) Solicitar a la Secretaría General que informe sobre el cumplimiento de la presente

resolución a la Asamblea General en su trigésimo noveno período ordinario de sesiones.

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249

GT-II-9

INTEGRACION COMO UN MEDIO EFECTIVO PARA PREVENIR Y

RESPONDER FRENTE A DESASTRES NATURALES

Comisión Segunda. Punto UNICO del Temario

Propuesta de delegaciones integrada por los siguientes países: SAN VICENTE Y LAS

GRANADINAS, SANTA LUCIA, SAINT KITTS AND NEVIS.

La Asamblea General,

RECONOCIENDO que la integración en materia de seguridad hemisférica juega un

rol de suma importancia al momento de prevenir y mejorar las respuestas ante los desastres

naturales u ocasionados por el hombre.

Teniendo en cuenta los importantes avances que cada Nación ha hecho, en forma

particular respecto a los desastres naturales, y la calidad de sus expertos y científicos, y al

real interés de cooperar con los Estados de la región, en situaciones de emergencia.

CONSIDERANDO los últimos desastres naturales acaecidos a nivel mundial y sus

grandes costos en vidas humanas y materiales.

Deseando el bienestar presente y futuro de nuestros pueblos, e intentando minimizar

los índices de vulnerabilidad ante las catástrofes naturales.

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250

VISTOS:

La AG/RES. 1682 de 1999, que reconoce la necesidad de fortalecer el papel de la

OEA en la reducción de desastres y en los preparativos y actividades de socorro frente a

los mismos. Ellos resolvieron en su punto 1 “fortalecer las actividades de la OEA de

planificación y gestión de situaciones de desastres para hacer frente con mayor eficacia a

los cada vez más frecuentes desastres naturales que afectan al hemisferio, en estrecha

coordinación y cooperación con otros mecanismos regionales, nacionales e

internacionales”.

La declaración de Santa Cruz de Diciembre del 2006, plasmada de CIDI

/RIMDS/DEC.1/06, en su considerando II, Nº 25 Expresa: “Afirmamos nuestro

compromiso de fortalecer las políticas publicas y las estrategias que reduzcan los riesgos

de desastres naturales a través de un enfoque integrado”.

RESUELVE:

1. Ampliar y mejorar la institucionalidad existente, para que trabaje bajo la temática

de seguridad hemisférica entendiendo por esta “un cuerpo normativo jurídico y cultural

conformado por un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan las

formas de intercambio social”, para reestructurar esta institucionalidad se proponen los

siguientes pasos:

a) La creación de un mapa de categorización de desastres naturales de América Latina

y el Caribe (MACADE), el cual tiene como finalidad dar cuenta de los distintos

riegos y desastres que cada nación padece. De esta forma el conocimiento, de los

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251

desastre será una información manejada por organismos, estados e instituciones

privadas.

b) La creación de un seminario que cuente con la participación de todos los

organismos privado y estatales, los cuales permitan uniformar categorías, de

definiciones de conceptos que están relacionado con los fenómenos naturales, y

definir lo que se comprenderá por vulnerabilidad (riesgo y amenaza) y desastre

natural.

Países Consignatarios:

1. BELICE

2. ANTIGUA Y BARBUDA

3. TRINIDAD Y TOBAGO

4. SAINT KITTS AND NEVIS

5. SANTA LUCÍA

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252

GT-II-12

DESASTRES NATURALES: COOPERACIÓN PARA REPLICAR MODELOS

EXITOSOS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA, E INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS.

Segunda Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: Canadá y Panamá

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) “Reducción de desastres naturales,

gestión de riesgo y asistencia en caso de desastres naturales y otros desastres”;

Las Recomendaciones sobre reducción de desastres naturales para la Organización de los

Estados Americanos y sus Órganos Subsidiarios. CP/CSH-666/05 rev. 1;

El Proyecto de resolución: Reducción de desastres naturales y gestión de riesgos

CP/CSH-706/05 rev. 3;

El Proyecto de resolución Reducción de Desastres Naturales, Gestión de Riesgos y

Asistencia en Casos de Desastres Naturales y otros Desastres (Presentado por la

Presidencia) CP/CSH-885/07 rev.2;

El documento OCC/DN/doc.5/06 rev 3 “Aprobación del Estatuto enmendado del

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253

Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales”;

El documento OCC/DN/doc.4/06 rev3 “Aprobación del Estatuto enmendado del

Fondo Interamericano de asistencia para Situaciones de Emergencia”;

El documento OCC/DN/doc.9/06 rev.2 “Reducción de desastres naturales y gestión

de riesgos”;

RECONOCIENDO:

La importancia de organismos internacionales como el Comité Interamericano para

la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN), así como también del Fondo

Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM), que han sido

pilar fundamental al momento de dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad frente a

desastres naturales que han asolado a los Estados miembros;

El trabajo realizado por el Órgano Consultivo Conjunto de la Comisión de

Seguridad Hemisférica (CSH) y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) sobre Reducción de Desastres

Naturales y Gestión de Riesgos, los cuales se han enfocado principalmente en actividades

destinadas a trabajar en la implementación inmediata de las recomendaciones acerca de la

gestión sistemática de riesgos, incluida la identificación reducción y transferencia de

riesgos, dirigidas a la OEA y sus órganos subsidiarios, así como también a desarrollar una

metodología de financiamiento orientada hacia la prevención de desastres naturales y la

reconstrucción y recuperación en caso de que estos se produzcan.

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254

CONSIDERANDO:

El rol preponderante que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus

organismos que se desempeñan en reafirmar la importancia y la urgencia de realizar una

política conjunta de los Estados Miembros para mitigar los efectos de los desastres

naturales y el calentamiento global;

Que la resolución AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07) toma nota de la importancia que

tiene una preparación, acción efectiva y coordinación de los países, junto al sector privado

y a la sociedad civil, en el marco de un interés común de los Estado Miembros orientado a

reducir las consecuencias sociales, materiales y humanas de ambas problemáticas que

afectan a la región Americana;

La exitosa labor de la Red Interamericana de mitigación de desastres (RIDM) en la

preparación, respuesta y socorros frente a desastres naturales y la formación de redes para

el intercambio de conocimientos e información con el objetivo de implementar medidas

eficaces y sólidas para actividades de reducción y prevención de la vulnerabilidad;

Que los países más vulnerables frente a los desastres naturales, son también los más

vulnerables en términos económicos, debido a que no cuentan con las medidas precautorias,

ni de defensa frente a los desastres naturales, por lo tanto, los planes tendientes a erradicar

la pobreza y salir del subdesarrollo se ven anulados por la respuesta de emergencia de los

recursos financieros estatales hacia las consecuencias producidas por los desastres

naturales;

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255

RECORDANDO:

El compromiso nacional adquirido por lo Estados miembros en el Plan de Acción de

la IV Cumbre de las Américas, respecto a la Cooperación Hemisférica, en la que se señala

que se deberá mejorar sustancialmente la capacidad nacional, regional y hemisférica de

mitigación de riesgo para implementar sistemas de alerta temprana que sean rentables y

robustos, y mejorar las capacidades de reducción de desastres y reconstrucción, en

colaboración con las instituciones regionales relevantes, así como también explorar con las

instituciones regionales e internacionales relevantes el desarrollo coordinado de sistemas

público-privados de seguros de riesgos de catástrofes.

RESUELVE:

1. Reiterar a los Estados Miembros la importancia de aunar políticas para tomar

acciones, medidas de prevención, de control y de reacción, y consolidar un sistema de

financiamiento propio a largo plazo a fin de abordar los desastres naturales y otros

propuestos en la aprobación del estatuto enmendado del Fondo Interamericano de

Asistencia para Situación de Emergencia del año 2006.

2. Instar a los Estados Miembros a la formación de un organismo a nivel Continental

dirigido a coordinar y unificar los esfuerzos de los distintos organismos ya existentes,

especializado en el diagnóstico y análisis de los desastres naturales en la región, que se

ocupe de mitigar la vulnerabilidad de los mismos además de fortalecer los sistemas de

monitoreo de fenómenos naturales y antropogénicos para la emisión de alerta temprana e

identificación de los puntos más vulnerables, tanto para la población como para la

infraestructura.

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256

3. Capacitar a los organismos locales encargados de la prevención y respuesta frente a

los desastres naturales en cada uno de los Estados Miembros; con el objetivo de asegurar la

existencia de sistemas adecuados de prevención de riesgos en relación con las localidades

más vulnerables y sistemas de respuesta ágiles y eficientes.

4. Asesorar a los organismos locales en la preparación de campañas de difusión

destinadas a crear conciencia de las graves consecuencias que conllevan los desastres

naturales, a fin de preparar a la población para que tomen las medidas necesarias de

prevención y reacción.

5. Fomentar la integración y establecer lazos de cooperación entre los Estados

Miembros, ayudando a coordinar a los organismos de prevención y respuesta, para

responder de forma coordinada frente a desastres naturales comunes, compartir modelos

exitosos de prevención, acción e investigación para la disminución del impacto de los

desastres naturales y potenciar la ayuda mutua.

Países Consignatarios:

1. COLOMBIA

2. URUGUAY

3. PERÚ

4. TRINIDAD Y TOBAGO

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257

XXVI Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para

Universidades de las Américas

Tercera Comisión:

Libro Final

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258

III-1

ENERGÍA EÓLICA COMO POTENCIAL FUENTE ENERGÉTICA PARA

LATINOAMÉRICA

Comisión: Tercera Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República Dominicana

La Asamblea General,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 1464(XXXVI – 0/96) y AG/RES. 2239(XXXVI – 0/06),

“Libertad de Comercio e inversión en el hemisferio”;

La resolución AG/RES. 1438(XXXVI – 06/96), “Relación entre la comisión

especial de Comercio y el Consejo para el Desarrollo y Integral”;

TENIENDO EN CUENTA que la cooperación económica es parte de la promoción

y consolidación del ordenamiento democrático y constituye responsabilidad común y

compartida de los Estados Americanos;

Que el área de ciencia y tecnología ha sido considerada como área prioritaria

durante el proceso de Cumbres de las Américas, reafirmando el plan estratégico de

cooperación solidaria 2002-2005;

CONSIDERANDO que conforme al artículo 94 de la Carta de la OEA y al artículo

1 del Estatuto del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), éste es un

órgano de la OEA y tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados

miembros con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular contribuir a la

eliminación de la pobreza crítica;

Que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó la necesidad

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259

de elaborar combustible alterno a los fines de que no aumenten los productos alimenticios

usados en la elaboración de biocombustibles;

Que los Estados Americanos deben afrontar con eficacia los procesos de

globalización y retos del comercio y el desarrollo, teniendo en cuenta que el crecimiento de

la economía mundial exige mayores esfuerzos para consolidar un equilibrio en la

distribución de beneficios;

Que uno de los Objetivos del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral a nivel

político, está dirigido a fortalecer y promover el diálogo sobre políticas para compartir

información entre los Estados Miembros;

Que en la Declaración de Nueva León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas,

los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron el papel de las organizaciones de la

sociedad civil y su contribución a la buena gestión publica y reafirmaron la importancia de

consolidar nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva entre Gobiernos,

organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, y distintos sectores de la

sociedad civil para que trabajen a favor del desarrollo y la democracia;

Que los líderes del hemisferio alentaron la participación de la sociedad civil en el

proceso de Cumbres de las Américas, para el cual acordaron institucionalizar los

encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el sector privado,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que contribuyan al crecimiento económico, la

creación de empleos y la reducción de la pobreza en sus respectivos países mediante la

creación de mecanismos legales apropiados para facilitar la inversión pública y privada en

la producción e instalación de energía eólica, a efectos de equilibrar la producida por

biocombustibles en Latinoamérica.

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260

2. Encomendar a la Secretaría General de la OEA que, dentro de sus capacidades,

apoye los esfuerzos de los Estados Miembros que realicen tanto inversión pública como los

que incentiven la de las empresas y/o asociaciones que tengan como objeto la producción,

instalación, uso y venta de la energía eólica y de la producida por biocombustibles.

3. Diseñar estrategias que motiven la participación de las comunidades académicas

en las actividades de la OEA y sus Estados miembros, que estudien, investiguen e

incentiven la importancia del uso, la producción e instalación de energía eólica como

mecanismo alterno a la producida por biocombustibles, mediante la creación de estímulos

elaborados en el marco del Consejo Interamericano para la Educación, Ciencia y Cultura.

4. Fomentar el intercambio de información entre instituciones educativas,

impulsando la creación de redes de cooperación académica encaminadas a asesorar y

formular recomendaciones cuando fueren solicitadas por los organismos constitutivos de la

OEA.

5. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General sobre el

cumplimiento de esta resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos

asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Países consignatarios:

1. GRENADA

2. CANADÁ

3. ECUADOR

4. MEXICO

5. JAMAICA

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261

III-2

Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las

Actividades de la OEA; y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI):

Integración Energética Regional: Situación, Oportunidades y Desafíos

Tercera Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de la República de Grenada.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/DSEC.52 (XXXVII-O/07), AG/RES.2304 (XXXVII-O/07) y

AG/RES.2305 (XXXVII-O/07), “Declaración de Panamá”. Trigésimo Séptimo Período

Ordinario de Sesiones, aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 5 de junio de

2007.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) en conjunto con los

países miembros está consciente de que el desarrollo económico y social, y la conservación

del medio ambiente son complementarios y forman parte de las metas esenciales de los

Estados Miembros de la OEA;

Que la energía es un recurso primordial para el desarrollo sostenible y que el acceso a

energía diversa, confiable y segura es de fundamental importancia para un crecimiento

económico;

TENIENDO EN CUENTA:

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262

1. Que el desarrollo desigual entre los países de América Latina es un contexto que la

región debe asumir dentro del debate para integración energética;

2. El potencial energético de la región como una ventaja comparativa en cuanto a la

disponibilidad de energía primaria;

3. Que para poder avanzar en integración –y sobre todo para el establecimiento de un

mercado energético regional– es necesario considerar las economías y los mercados

energéticos mundiales, es decir el marco en que se implementaran las políticas;

RECOMIENDA:

1. Reconocer la importancia de adquirir una política energética que se enmarque dentro de

una política de integración económica amplia en donde se incorporen organismos

multilaterales, se involucren actores no estatales y se prioricen nuevas tecnologías y

recursos renovables de una manera compatible con una sensibilidad social y el cuidado

medioambiental;

2. Reconocer la necesidad de fortalecer el desarrollo sustentable en base a una estrategia

energética que incorpore el uso de energías renovables y limpias que permitan mejorar

la competitividad en todos los sectores de la economía y ampliar la cobertura de los

servicios energéticos para fortalecer el desarrollo social;

3. Solicitar a la Secretaria General que, en coordinación con otras instituciones y expertos

convoque a mesas de trabajos donde se:

a. Profundice el debate entorno a las reformas nacionales e internacionales

necesarias para una integración energética regional

b. Discuta sobre la necesidad de favorecer los objetivos de largo plazo que

fortalezca la cooperación económica y técnica en el ámbito regional e

internacional.

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263

c. Desarrolle el diálogo para la creación y fortalecimiento de mercados

energético regional, donde se promueva la eficiencia y conservación

energética para el desarrollo sostenible.

d. Estudie las necesidades de infraestructura necesarias para la formación de

mercados energéticos regionales y su desarrollo sustentable.

Países consignatarios:

1. CANADÁ

2. ANTIGUA Y BARBUDA

3. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

4. REPÚBLICA DOMINICANA

5. ARGENTINA

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264

GT- III-3

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA PARA PROMOVER EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HEMISFERIO

Comisión: Tercera Punto Único del temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA y BELICE

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organización de Estados Americanos y La Carta Democrática

Interamericana;

La Declaración de Panamá: AG/DOC.4750/07 CORR. 1 - Energía para el

Desarrollo Sostenible, Ciudad de Panamá, Panamá. 3 al 5 de junio de 2007;

La resolución AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06) “Apoyo a la utilización de fuentes de

energía nuevas y renovables”;

Las Recomendaciones del IV Foro del Sector Privado de la OEA: AG/INF.410/07 -

"Energía para el Desarrollo en las Américas: El rol de las Alianzas Público-Privadas - 31

de mayo al 1 de junio de 2007;

La resolución AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07) “Declaración de Panamá: energía para

el desarrollo sostenible”;

La Resolución AG/RES. 2201 (XXXVI-O/06) “Plan Estratégico de Cooperación

Solidaria para el Desarrollo Integral 2006 – 2009”;

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265

El Informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas;

El Plan de Acción de La Cuarta Cumbre de Las América - Mar del Plata, Argentina,

2005;

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

CONSIDERANDO:

Que la energía es un recurso fundamental para el desarrollo de los pueblos y que las

acciones que posibiliten una integración regional en este campo, redundan en servicios de

energía asequibles, efectos positivos en el combate a la pobreza y el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población;

Que los Estados Miembros reconocen la necesidad de encontrar el equilibrio entre

el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección ambiental dentro del

concepto de desarrollo sostenible, ya que estos son interdependientes y se refuerzan entre

si;

Que en las metas en materia de desarrollo integral incluidas en el Artículo 34 de la

Carta de la OEA, se propone una industrialización acelerada y diversificada; estabilidad en

el nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenible; nutrición

adecuada por medio del incremento de la producción y la disponibilidad de alimentos; y la

promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción del sector

público;

Que la Resolución CIDI/CIDS/RES. 2(III-O/02) subraya la necesidad urgente de

todos los Estados miembros de establecer medidas de adaptación y mitigación de los efectos

del cambio climático en las Américas, incluyendo la promoción de la gestión de riesgo,

energía renovable, y alternativas de energía eficiente;

Que los altos costos de la energía ocasionan una situación financiera que compromete

significativamente los recursos con los que cuentan los Estados Miembros para impulsar sus

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266

programas de desarrollo integral prioritario;

Que el aumento acelerado de la utilización de fuentes de energía renovables, podría

contribuir en gran medida al logro del desarrollo sostenible;

Que el plan de acción de la Cuarta Cumbre de Las Américas recomienda “La

investigación, el desarrollo y la adopción de fuentes renovables de energía y el despliegue

de tecnología en energía mas limpia y eficiente” como una estrategia que promueve el

desarrollo sostenible;

REITERANDO:

Las diferentes y valiosas iniciativas de cooperación e integración energéticas

existentes en la región, basadas en la solidaridad y la complementariedad;

RECONOCIENDO:

Que La Carta Democrática Interamericana establece que un medio ambiente sano

es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la

democracia y la estabilidad política; y en su Artículo 15 plantea que el ejercicio de la

democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente;

RATIFICANDO:

El Compromiso de propiciar, en el hemisferio, un ambiente de cooperación entre

Países; estimulando la participación de todos los entes activos, tales como el sector

privado, la sociedad civil y las instituciones regionales e internacionales, con miras a

fomentar el desarrollo de estrategias que promuevan la eficiencia energética, la energía

sostenible, asequible y segura para todos los pueblos de las Américas.

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Americanos a promover la cooperación y la integración

de los mercados energéticos del continente, incrementando el comercio energético,

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267

diversificando la oferta de energía y replicando modelos exitosos desarrollados en

otros Estados Miembros.

2. Invitar a los Estados Miembros a desarrollar programas que incentiven la

explotación y el uso adecuado de los recursos naturales, en aras de conseguir

suministros energéticos renovables y no renovables, tales como el petróleo, el gas

natural, la energía hídrica, solar y geotérmica; de tal manera que se disminuya la

vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios y la oferta de energéticos del

hemisferio, para que, al mismo tiempo, se contribuya al desarrollo sostenible del

continente.

3. Encomendar a los Estados del hemisferio, el apoyo continuo a los procesos

de integración económica y comercial a nivel regional, subregional y bilateral; tal

como acuerden las respectivas autoridades responsables de comercio en el

hemisferio, teniendo en cuenta la participación de los entes activos en este proceso,

tales como sector privado, sociedad civil y la cooperación de las instituciones.

4. Hacer un llamado al Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano

Para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y a las Instituciones locales e internacionales

de financiamiento, para que en su condición de prestadoras de servicios, comprendan

el proceso y los beneficios que trae una integración energética en cualquiera de sus

niveles, de tal manera que posibiliten la obtención de fondos para proyectos

integrados de energía y desarrollo propuestos en los diferentes Estados del

hemisferio.

5. Solicitar a la Secretaria General y al Consejo Interamericano para el

Desarrollo Integral (CIDI) que, en cooperación con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE),

desarrollen y promuevan programas de sinergia entre el sector publico y privado, en

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268

donde se tenga como principal objetivo la investigación y preparación para la

implementación de fuentes renovables y eficientes de energía.

Países cosignatarios:

1. MEXICO

2. COLOMBIA

3. CHILE

4. BARBADOS

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269

III-4

“EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA INTEGRACION”:

Comisión: Tercera Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Nicaragua

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 1464 (XXXVI – 0/96) y AG/RES. 2239 (XXXVI –

0/06), “Libertad de Comercio en el Hemisferio”

La declaración de Panamá AG/DEC.52 (XXXVII – 0/07), la cual reconoce el

potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética en el Hemisferio, con

miras a lograr la máxima eficiencia.

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de cambiar la matriz energética, basada

principalmente en la necesidad de los recursos energéticos renovables con que cuenta cada

nación.

CONSIDERANDO

Que la cantidad de recursos energéticos en la región son suficientes para responder la

demanda energética, sin embargo estos se encuentran distribuidos de manera desigual en

las subregiones;

Que existen recursos energéticos complementarios en la región aún no

aprovechados y que podrán implementarse a través de la integración energética en

beneficio de los Estados Miembros;

Que es necesario el suministro estable y seguro de energía, para alcanzar el

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270

desarrollo sostenible de la región, para lo cual debe garantizarse la seguridad energética;

Que las relaciones regionales y subregionales con base en organizaciones, acuerdos,

asociaciones estratégicas y solidarias de largo plazo entre los países, deben responder y

sujetarse al desafío del suministro estable y seguro de energía;

Que las medidas de eficiencia energética aportan de manera importante a: satisfacer

la demanda creciente, fomentar la integración, contribuir a la seguridad de abastecimiento y

minimizar el impacto ambiental en los países de la región;

Que existe la necesidad de establecer normas técnicas, aspectos regulatorios de

carácter energético además de programas que promuevan la eficiencia energética en los

Estados de la región.

RESUELVE

1. Consolidar e institucionalizar la eficiencia energética en las políticas nacionales.

2. Establecer alianzas estratégicas energéticas regionales, para la promoción del desarrollo

sostenible y la seguridad energética.

3. Promover la existencia y armonización de las normas técnicas, aspectos regulatorios y

comerciales, relativos a los temas energéticos y a los programas de eficiencia energética

en los Estados Miembros.

4. Exhortar a los organismos de cooperación internacional para que, en coordinación con

los organismos regionales de energía, brinden un decidido apoyo a los países en la

planificación e implementación de programas nacionales de eficiencia energética.

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271

Países consignatarios:

1. VENEZUELA 2. ANTIGUA Y BARBUDA 3. JAMAICA 4. REPÚBLICA DOMINICANA 5. MÉXICO

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272

GT-III-5

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA EN EL

HEMISFERIO

Tercera Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: República del Paraguay,

República de Trinidad y Tobago, República de Chile, República de El Salvador,

República del Perú, República de Colombia y República de Honduras.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible “Cumbre de la Tierra” y el Plan de Acción de Río de Janeiro

“Agenda 21” en sus capítulos 9, 10 y 18, 1992;

El Protocolo de Kyoto suscrito en 1992 dentro del marco de la Convención Marco

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de la Cumbre de la Tierra de Río de

Janeiro;

La Declaración de México “Energía: Eje de la Integración y el Desarrollo Sostenible

del Hemisferio”, 5ta. Reunión Hemisférica de Ministros de Energía, 2001;

El Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, Mar del Plata, 2005;

La Resolución AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06), “Apoyo a la utilización de fuentes

de energía nuevas y renovables”;

La Declaración de Margarita, “Construyendo la integración energética del sur”, 1ra.

Cumbre Energética Sudamericana, 2007;

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273

La Declaración AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07), de Panamá, “Energía para el

Desarrollo Sostenible”;

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce la

importancia del Desarrollo Integral, inspirada en los principios de la cooperación y de la

solidaridad para avanzar en los campos económicos, sociales, educacionales, culturales,

científicos y tecnológicos;

Que la Integración Energética promueve lazos de cordialidad entre los Estados del

hemisferio y fomenta el desarrollo como elementos centrales para garantizar la

gobernabilidad regional;

Que la eficiencia, combinación y complementariedad en la utilización de todas las

fuentes de energía, se constituyen como retos fundamentales para el desarrollo integral y

sostenible de los países;

Que el Plan de Acción para el Medio Ambiente y el Desarrollo “Agenda 21”

promueve procesos participativos de la sociedad civil para su puesta en práctica, haciendo

hincapié en el desarrollo, eficiencia y consumo racional de energía como factores

esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones sin descuidar el medio

ambiente y abogando por la reducción de los efectos perjudiciales sobre el mismo;

Que el Desarrollo Sustentable es considerado como desarrollo económico, social y

ambiental que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades;

Que la necesidad y la urgencia de transitar otros caminos en el mundo del consumo

energético derivan de constatar que el problema de fondo no es el consumo en sí mismo,

sino sus pautas, las formas dominantes de sus prácticas y los efectos que las mismas

producen;

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274

Que el uso y gestión razonable de las fuentes de energías renovables y no

renovables deben ser tomados como bases fundamentales de todo proyecto de Integración

Energética;

Que el Derecho Internacional y la cooperación hemisférica deben estar siempre

presentes en cualquier ámbito de debate como principios rectores de toda negociación

entre las naciones que conforman esta Organización,

CON LA PREOCUPACIÓN que el acceso a la energía en la actualidad ha adquirido una

gran dificultad, debido a su alto costo, como también a la más creciente demanda,

condicionando áreas críticas de la producción, transporte y transferencia de bienes y

servicios, afectando el crecimiento económico del Hemisferio,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaría General que, en coordinación con el Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), y éste, a través de su Departamento de

Desarrollo Sostenible de los Estados Americanos, continúe ampliando los escenarios de

difusión acerca de la energía renovable tal como lo ha venido haciendo con la Reunión

Interamericana de autoridades nacionales y expertos sobre energía para el Desarrollo

Sostenible en las Américas, la Iniciativa de Energía Renovable en las Américas, (EREA), y

la Alianza para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética (Renewable Energy and

Energy Efficiency Partnership´s);

2. Fomentar la promoción y el desarrollo de energías renovables, teniendo en

cuenta las potencialidades en recursos naturales del hemisferio, aprovechando dicha

promoción como motor de la integración regional.

3. Aunar los esfuerzos de los Estados de la región para incentivar la integración

energética mediante el estudio del establecimiento de una red eficiente de distribución

energética común.

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275

4. Solicitar cooperación técnica al CIDI en la ampliación de la investigación

acerca de la complementación gradual de combustibles provenientes de fuentes de energías

renovables en las matrices energéticas de los Estados miembros.

5. Instar a los estados miembros, que a través de sus órganos competentes,

lleven delante políticas de evaluación de impacto ambiental entendido éste término en su

sentido integral, esto es, social, económico y ambiental entre otros.

6. Articular los esfuerzos de inversiones del sector privado en proyectos de

integración en producción de energías renovables junto con la distinguida participación del

BID entendiendo que su presencia legitima dichos proyectos, teniendo en cuenta que la

Sociedad Civil conoce de sus rigurosas exigencias medio ambientales y sociales.

7. Promover el desarrollo de políticas y proyectos de energía sustentable en

colaboración con el sector privado con el fin de incrementar la utilización de la energía

renovable, la eficiencia y la seguridad energética en la región. Para tal motivo es necesario

fomentar la colaboración entre los sectores público y privado a fin de capacitar al recurso

humano en el intercambio de información científica, en prácticas óptimas de gestión

ambiental, en temas relacionados con la normativa vigente y con el desarrollo energético.

8. Exhortar a los Estados Miembros a promover y fortalecer las normas

nacionales con el fin de incluir en la educación en todos sus niveles y de manera

transversal, los patrones que permitan un consumo responsable y sostenible en materia

energética.

9. Solicitar al CIDI que realice estudios tendientes a determinar cuales son los

aspectos centrales que todo Plan Energético Nacional debería contener con miras al

mediano y largo plazo, de manera tal que se cree un modelo de plan el cual pueda ser

utilizado por los países miembros de la OEA como un referente. Éste plan debería ser

adaptado y complementado con la realidad económica, social y ambiental de cada país y

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276

con los recursos naturales que cada uno disponga.

10. Encomendar a la Secretaría General la publicación anual de un informe que

detalle el cumplimiento y avance de los planes energéticos que cada Estado Miembro está

llevando adelante en la región.

11. Instar a los Estados Miembros a iniciar las gestiones pertinentes para la

celebración de una Convención en materia de integración y seguridad energética en el

marco de la realización de la Quinta Cumbre de las Américas “Asegurando el futuro de

nuestros ciudadanos mediante la promoción de la prosperidad humana, la seguridad

energética y la sostenibilidad ambiental”.

Países consignatarios: 1. COLOMBIA

2. PARAGUAY

3. CHILE

4. PERÚ

5. SAN SALVADOR

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277

GT-III-6

INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL: ALIANZA COMÚN ENTRE LOS

ESTADOS AMERICANOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO.

Comisión: Tercera Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Guyana

México

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

AG/DEC. 52 (XXXVII-0/07) DECLARACIÓN DE PANAMÁ: ENERGÍA PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE (Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria,

aprobada el 5 de junio de 2007);

AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06) “Apoyo a la utilización de fuentes de energía nuevas

y renovables”; (Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio

de 2006);

RECORDANDO:

El artículo 31 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos OEA, sobre

cooperación interamericana;

TENIENDO EN CUENTA:

Las dificultades en materia energética de algunos países de la región y la necesidad

de un acuerdo de integración energética que mejore sus condiciones insatisfechas;

REAFIRMANDO:

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278

La importancia de reducir urgentemente la vulnerabilidad de los Estados Miembros

a la integración energética y enfrentar estos problemas mediante el desarrollo de

estrategias nacionales para la reducción del consumo de energía, la asistencia mutua, la

cooperación técnica y planes de ordenamiento territorial;

RECONOCIENDO:

La necesidad de continuar el fortalecimiento de las actividades de planificación y

gestión de Organización para responder con mayor eficacia a los frecuentes desastres de las

situaciones energéticas en el Hemisferio,

RESUELVE:

1. Instar a los estados miembros de la OEA a definir como prioridad la adecuación del

Sistema Energético, para la gestión eficiente de riesgos en caso de desastres

naturales.

2. Promover el diálogo y compromisos económicos entre los Estados de la región para

el aprovechamiento de los Recursos Naturales.

3. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), que convoque

para el primer semestre de 2009, una reunión de Altas Autoridades Nacionales en

Materia del Control del Crecimiento del Consumo energético y Gestión de Riesgos,

con la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y de la

sociedad civil, con el fin de compartir las experiencias en los modelos exitosos de

prevención y respuesta en casos de desastres Naturales con miras a actualizar los

planes nacionales existentes.

Países consignatarios: 1. DOMINICA 2. REPÚBLICA DOMINICANA 3. NICARAGUA 4. USA 5. HONDURAS

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279

III-7

AMPLIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INTERCAMBIO ENERGÉTICO A NIVEL

REGIONAL ATRÁVEZS DEL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS

ARANCELARIAS.

Tercera Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Argentina

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 1973 (XXXIII-O/03) “Comercio e integración en las

Américas”

La “Tercera Cumbre de las Américas Declaración de la ciudad de Quebec” en el

punto relativo a: el reconocimiento de la energía como una de las bases para el desarrollo

económico, la prosperidad de la región y el mejoramiento de la calidad de vida.

El “Plan de Acción II Cumbre de las Américas” en los puntos: Cooperación

Energética Regional, Promoción de políticas y procesos que faciliten el comercio, el

fomento a la creación y fortalecimiento de sistemas regulatorios transparentes y predecibles.

La Declaración de Santiago de la Segunda Cumbre de las Américas en el

reconocimiento de la importancia del desarrollo de vínculos energéticos entre nuestros

países. En la integración energética, basada en actividades competitivas y transparentes;

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280

TENIENDO EN CUENTA:

El Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas respecto de la Cooperación

Energética Regional en el que los gobiernos se comprometen a: promover políticas y

procesos que faciliten el comercio de los productos, bienes y servicios relacionados con el

sector energético. Promover políticas y procesos que faciliten el desarrollo de

infraestructura. Promover políticas y procesos que faciliten el comercio de los productos,

bienes y servicios relacionados con el sector energético. Fomentar la creación y

fortalecimiento de sistemas regulatorios transparentes y predecibles, que tomen en

consideración las necesidades de las partes. Apoyar políticas y programas para estimular el

desarrollo de energía renovable y energía eficiente;

La “Declaración de la ciudad de Quebec en la Tercera Cumbre de las Américas”

donde se reconoce la importancia de la energía como una de las bases fundamentales para el

desarrollo económico, la prosperidad de la región y el mejoramiento de la calidad de vida

donde los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se comprometen a desarrollar

iniciativas de energía renovable y a profundizar la integración energética, perfeccionando

los marcos regulatorios y su aplicación, y promoviendo los principios del desarrollo

sostenible;

CONSIDERANDO:

La situación de crisis energética que viven actualmente muchos de países de las

Américas, la constante alza del precio de materias primas, el avance significativo en la

utilización de biocombustibles y las mejoras realizadas en el desarrollo de tecnologías que

potencien el uso de combustibles renovables no contaminantes;

La importancia de un intercambio económico multilateral sin: subsidios,

restricciones arancelarias, técnicas desleales, etc. Además de promover el intercambio

económico, los convenios multilaterales y ampliar los convenios bilaterales;

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281

Que no se puede omitir la influencia de la Industria energética en el desarrollo

económico de la región por lo que es primordial darle a esta la industria el mercado más

dinámico posible siempre que se encuentre dentro de los parámetros que presente cada país

de acuerdo a la autodeterminación de los pueblos,

RESUELVE:

1. Instar a Los Estados Miembros a la celebración y ampliación de tratados

multilaterales a modo de favorecer la diversidad de fuentes y la integración

energética regional.

2. Invitar a los Estados miembros a establecer, a través de legislaciones, una

regulación clara, precisa y estable que permita brindar seguridad a la industria

energética nacional e internacional, entregando de esta forma toda la información

necesaria para el correcto funcionamiento del mercado energético.

3. Exhortar a los Estados miembros a incentivar la diversidad de fuentes energéticas

con especial interés en las fuentes de energía renovables y priorizando éstas al

momento de legislar en materia energética.

Países consignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. BARBADOS

3. ECUADOR

4. GRENADA

5. NICARAGUA

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282

GT- III-8

COOPERACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL Y VINCULACIÓN DE LA

SOCIEDAD CIVIL

Comisión: Tercera Punto único del temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Antigua y Barbuda, Bolivia,

Brasil, Canadá, Dominica, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas,

Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución [AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06)] “Apoyo a la Utilización de Fuentes

de Energía Nuevas y Renovables”;

La Declaración de Panamá AG/DEC 52 (XXXVII-O/07) “Energía para el

Desarrollo Sostenible”;

La Declaración de Margarita y su Plan de Acción en el marco de la Cumbre de

Energía en América del Sur;

La Declaración de Santa Cruz de Bolivia del año 1996;

La resolución 1915 XXXIII-O/03 “Aumento y fortalecimiento de la participación de

la sociedad civil en las actividades de la OEA”;

La resolución AG/RES.2210 (XXXVI-O/06) que adopta el “Plan Estratégico de

Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009”;

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283

CONSIDERANDO:

Los principios y propósitos de la Carta de Bogotá, como también el derecho

soberano de nuestros países miembros a la conservación, desarrollo y uso sostenible de sus

recursos energéticos;

La necesidad de trabajar en conjunto en un tema fundamental para el desarrollo de

mediano y largo plazo;

Que la protección del medio ambiente es esencial para la producción energética y el

fortalecimiento económico y social de la región, con el fin de prestar un servicio eficaz,

seguro y necesario para la sociedad civil;

Que la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio de la

democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente, permitiendo

la implementación de políticas y estrategias de protección del mismo; respetando los

diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las

generaciones futuras;

RECORDANDO que el desarrollo sostenible busca un equilibrio entre el

crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Por tanto, la energía es

un factor fundamental para lograr los objetivos en materia de desarrollo sostenible, de este

modo, es menester la utilización de todas las fuentes de energía, especialmente la energía

renovable, que se ajusta al concepto de desarrollo sostenible, como la solar, eólica e

hidráulica, acompañada de una eficiencia energética, es decir, una adecuada administración

de la energía, obteniendo un ahorro, tanto económico como medioambiental;

TENIENDO EN CUENTA los esfuerzos realizados por los Fondos Hemisféricos de

Energía y Transporte Sostenible (FHET) destinados a fomentar los proyectos para el uso

eficiente de la energía, la aplicación de energía renovable no convencional y el transporte

urbano limpio y eficiente;

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284

DESTACANDO que la cooperación entre el sector público y privado y otros

sectores de la sociedad, de acuerdo con la legislación nacional de cada Estado Miembro,

contribuye al desarrollo de la agenda energética de América;

RECONOCIENDO la importancia que desde la Carta de Bogotá se le ha dado a la

integración regional, como uno de los objetivos del Sistema Interamericano, y a partir del

cual se han orientado los esfuerzos y se han tomado las medidas necesarias para acelerar

el proceso de integración con miras a la conformación de un mercado común

latinoamericano en el corto plazo;

RECONOCIENDO la necesidad expuesta en la Declaración de Panamá de obtener

y utilizar todas las formas de energía que estén en armonía con la vida y la naturaleza,

preservando el aire, el agua y la tierra, que proveen el alimento y el hábitat indispensables

para todos los seres vivientes;

Que la protección del medio ambiente es esencial para la producción energética y el

fortalecimiento económico y social que de la región, con el fin de prestar un servicio eficaz,

seguro y necesario para la sociedad civil;

VALORANDO el esfuerzo de los Estados Miembros por incluir dentro de sus

legislaciones disposiciones de carácter vinculante que buscan fortalecer el uso de energías

renovables y limpias en beneficio de la Sociedad Civil; pretendiendo que los sectores

productivos tomen conciencia de los problemas asociados con el calentamiento global y el

uso indiscriminado de los combustibles fósiles;

REAFIRMANDO la importancia dada al Desarrollo Sostenible en el séptimo

Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el

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285

cual garantiza la sostenibilidad del Medio Ambiente a través de una utilización inteligente

de los recursos naturales;

TENIENDO EN CUENTA las proyecciones para el milenio hechas por el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); en las cuales se

evidencia un escenario desalentador en materia ambiental. Crisis que se manifiesta en un

detrimento de la red energética y la calidad de vida de los habitantes del Hemisferio,

siendo necesaria la adopción de nuevas estrategias que mitiguen los impactos que pueda

tener el deterioro del medio ambiente;

DESTACANDO los esfuerzos de los Estados Miembros dentro del marco de la

Iniciativa de Energía Renovable en las Américas (EREA) y el Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA), por lograr un medio ambiente más sano mediante

la generación de estrategias que permitan la incorporación progresiva de otras fuentes de

energía más limpias;

TENIENDO PRESENTE que la Organización de Estados Americanos (OEA)

establece el Desarrollo Sostenible como “aquel que conduzca al crecimiento económico, a

la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”;

RESUELVE:

Destacar la integración energética regional como un mecanismo esencial para

alcanzar un desarrollo sostenible en el hemisferio.

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286

Reconocer que el calentamiento global y la crisis energética afecta al hemisferio

como un todo, siendo necesarias la adopción de medidas que mitiguen los efectos adversos

que esto conlleva.

Fomentar en los Estados Miembros la promoción de campañas educativas, con el

fin de lograr un compromiso social frente a la problemática medioambiental y energética.

Fortalecer la investigación en materia energética y la colaboración de todos los

Estados Miembros, para el intercambio de experiencias, asistencia técnica y cooperación

tecnológica con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible; a través del uso de energías más

limpias, eficientes y responsables.

Instar a la comunidad hemisférica para que elaboren e implementen proyectos de

energías alternativas teniendo en cuenta las capacidades y características particulares de

cada Estado Miembro.

Solicitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

que fortalezca la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la

ejecución de proyectos energéticos en beneficio de la región.

Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que dé

seguimiento a la presente resolución y haga un informe pertinente en la XXXIX sesión de

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Países Consignatarios:

JAMAICA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

URUGUAY

BRASIL

ANTIGUA Y BARBUDA

SAINT KITTS Y NEVIS

BOLIVIA

CANADA

DOMINICA

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288

III-9

Las Alianzas Bilaterales y Multilaterales como Mecanismo para

Fortalecer la Integración Energética del Hemisferio.

COMISIÓN: Tercera Punto UNICO del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: ECUADOR

VISTOS:

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos

(OEA);

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos: Grupo de Trabajo

Encargado de la Negociación del Proyecto de Declaración de Panamá “Energía para el

Desarrollo”;

Resolución AG/DEC. 52 (XXXVII-O/07): Declaración de Panamá: Energía para el

Desarrollo Sostenible, (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de

2007);

Resolución AG/INF.410/07 del 14 junio 2007, titulada: Recomendaciones del IV foro

del sector privado de la OEA, “Energía para el desarrollo en las Américas: el rol de las

alianzas público-privadas”;

Resolución AG/RES. 1438 (XXVI-O/92), del Consejo Interamericano para el

Desarrollo Integral (CIDI) "Relación de la Comisión Especial de Comercio con el Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral" (CIDI/doc.4/96);

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289

Resolución (AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06) titulada “Apoyo a la Utilización de Fuentes de

Energía Nuevas y Renovables”. (Aprobado el 27/04/07).

RECONOCIENDO:

Que la energía es un recurso fundamental para el desarrollo sostenible de los países, y

que el acceso a la energía es prioridad para el logro de un crecimiento económico en las

Américas;

Que la región posee importantes recursos energéticos, que constituyen un potencial para

mejorar los niveles de eficiencia energética, necesarios en los procesos de

complementariedad;

Que los procesos de integración constituyen un elemento esencial para el hemisferio;

Que existe la necesidad de armonizar las normas técnicas y aspectos regulatorios

relativos a los programas de eficiencia energética en los países de la región.

CONSIDERANDO:

Que la integración energética beneficia a todos los países de la región, ya que

contribuye a satisfacer la demanda creciente, contribuye a la seguridad de abastecimiento y

minimiza el impacto ambiental en los países de la región;

Que las relaciones regionales y subregionales con base en asociaciones estratégicas, se

enfrentan a limitaciones que obstaculizan un mayor grado de integración;

RESUELVE:

1. Afirmar la determinación de los Países Miembros de la OEA, de desarrollar e

invertir en las infraestructuras energéticas a nivel nacional y regional con el fin de

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290

facilitar la disponibilidad y el acceso a la energía, así como protegerlas y avanzar en

la integración energética regional.

2. Apoyar esfuerzos de integración existentes tales como: PETROCARIBE, La

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),

el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Sistema de Interconexión

Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), El Consejo Energético de

Sudamérica (CES), entre otras;

3. Exhortar a los países miembros para que fortalezcan los procesos de integración

energética vigentes con el objetivo de mejorar las condiciones de

complementariedad entre las regiones;

4. Persuadir a los países a que fomenten una mayor institucionalización en materia

energética por medio de políticas nacionales, subregionales y regionales con el fin

de fortalecer la seguridad y la eficiencia energética regional;

5. Instar a los Estados miembros para que incorporen en sus políticas nacionales los

principales componentes de la integración energética regional y de esta manera

realizar una aproximación real a la armonización de las normas técnicas, aspectos

regulatorios y comerciales, relativos a los temas energéticos y a los programas de

eficiencia energética en los países de la región;

6. Iniciar un estudio de factibilidad para el desarrollo de un mecanismo de solución de

controversias en el comercio de energía, que estaría a cargo de la Comisión Especial

de Comercio (CEC) del CIDI.

7. Crear espacios de dialogo que permitan desarrollar un programa de cooperación

para transferir experiencias exitosas de países de la región.

8. Reafirmar el apoyo a los países en el uso de energías renovables, en el marco del

desarrollo sostenible.

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291

9. Proponer reuniones periódicas, que se realizaran una vez por año en el marco del

CIDI, con el objetivo de realizar un seguimiento a la presente resolución.

Países consignatarios:

1. VENEZUELA

2. ARGENTINA

3. REPÚBLICA DOMINICANA

4. PERÚ

5. PANAMÁ

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292

III-10

BÚSQUEDA DE UNA COHESIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA Y CREACIÓN

DE UN BLOQUE SOLIDARIO.

Comisión: Tercera Punto UNICO del temario

Propuesta de resolución presentada por la delegación de: La República Bolivariana

de Venezuela.

La Asamblea General,

VISTOS:

La primera Cumbre Energética Sudamericana realizada en Isla Margarita

(Venezuela) denominada “América Latina tras integración energética”;

La Declaración de Panamá: AG/DOC.4750/07 CORR. 1 – Energía para el

desarrollo sostenible, Ciudad de Panamá, Panamá. 3 al 5 de junio de 2007;

La resolución AG/DEC. 2201 (XXXVI-O/06) “Plan Estratégico de

Cooperación solidaria para el Desarrollo Integral 2006-2009”.

CONSIDERANDO,

La difícil situación energética que afecta a los pueblos de América;

Que nuestro conocimiento sobre la crisis energética reflejada en la

disminución de yacimientos fósiles, donde la sobreexplotación de estos recursos han

provocando la reducción de las reservas estatales;

RESUELVE:

1. Promover la toma de conciencia de la crisis de energía que se vive a nivel

mundial, para que nuestro continente funcione integrado en un sistema energético;

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293

2. Poner a disposición de los países miembros de la OEA recursos económicos

y tecnológicos, para explorar alternativas energéticas sostenibles;

3. Destacar la importancia de la creación de un bloque energético unificador en

la región, para ir en ayuda de los países más perjudicados, y así promover la solidaridad

como eje central de este bloque;

4. Instar a los Estados miembros más beneficiados en cuanto a materia

energética, a fortalecer el comercio de energía con los países menos beneficiados;

5. Fomentar el desarrollo de una economía estable para los países de América,

con el fin de generar capital para la futura inversión en el desarrollo de proyectos de

energías renovables;

6. Remarcar la importancia que tiene la OEA en la futura implementación y

desarrollo del bloque solidario, siendo este el ente promotor de una equidad y paridad

dentro de los Estados miembros.

Países consignatarios:

1. HONDURAS

2. NICARAGUA

3. ECUADOR

4. JAMAICA

5. EL SALVADOR

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294

GT-III-11

RECOMENDACIONES PARA UNA INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL

VIABLE Y EFICIENTE

Tercera Comisión Punto I del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Surinam y Santa Lucía.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La “Declaración de Panamá: Energía para el Desarrollo Sostenible”, en ocasión del

trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 3 al 5 de junio de

2007, Panamá;

Las recomendaciones del IV foro del sector privado de la OEA “Energía para el

Desarrollo en las Américas: El Rol de las Alianzas Público-Privadas” (AG/INF.410/07);

Las resoluciones AG/RES. 2388 (XXXVIII-O/08) “Segunda Reunión de Ministros

y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI”, AG/RES. 2253

(XXXVI-O/06) “Apoyo a la utilización de fuentes de energía nuevas y renovables”, y

AG/RES. 1981 (XXXIV-O/04) “Fortalecimiento de los mecanismos del diálogo político

para el desarrollo integral”.

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce el derecho de

cada Estado “a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y

económica” y el principio de no intervención en los asuntos externos e internos de un

Estado;

Que las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados

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295

americanos deben ser resueltas por medio de los procedimientos pacíficos contemplados

en el Capítulo V de la Carta de la Organización de Estados Americanos;

Que la Carta Democrática Interamericana proclama el cuidado al medio ambiente

como requisito para el desarrollo sostenible de los pueblos y futuras generaciones;

Que en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas,

los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen que “las políticas económicas y sociales

coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la desigualdad de

oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar

una sociedad más justa” y se comprometen con “el perfeccionamiento del funcionamiento

de los mercados, a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes”;

Que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, los

Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su “compromiso de combatir la pobreza, la

desigualdad, el hambre y la exclusión social para elevar las condiciones de vida de nuestros

pueblos y reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas”;

Que los países miembros muestran un gran compromiso con la cooperación e

integración regional;

Que la Resolución CIDI/CIDS/RES. 2 (III-O/02) exalta la necesidad de los países

miembros a tomar medidas que disminuyan los efectos del cambio climático, en donde a su

vez se contempla como medida la gestión de energía renovable;

REAFIRMANDO que los Estados americanos están comprometidos con el

desarrollo integral y la mitigación de pobreza;

REAFIRMANDO ADEMÁS el papel indispensable que cumple la energía en el

mejoramiento de las condiciones de vida de la población;

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296

RECALCANDO los compromisos de los Estados miembros frente a temas como el

desarrollo sostenible, integración energética regional, la protección ambiental y el cambio

climático reflejados en el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, la

Declaración y el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en

Quebec;

INSISTIENDO en la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de todos los

recursos energéticos de los que dispone la región;

CONSCIENTES de que la distribución de la gran riqueza energética del continente

americano es asimétrica;

DESTACANDO la necesidad continental de disminuir su dependencia de los

recursos energéticos no renovables pues éstos son limitados y afectan en mayor grado al

medio ambiente, teniendo un impacto notorio en el cambio climático;

DESTACANDO TAMBIEN la conveniencia de lograr la autosuficiencia energética

de las Américas;

TENIENDO PRESENTE que el desarrollo de programas de energías renovables ya

se está llevando a cabo exitosamente en la región;

RECORDANDO que la abundancia de cuencas hidrográficas le otorga un gran

potencial hidroeléctrico a la región;

RESALTANDO los esfuerzos realizados por los países miembros de la

Organización del Tratado Amazónico en el manejo de los recursos hídricos comunes;

CONSCIENTES de que el desarrollo de programas de biocombustibles, entre otros

factores, está generando aumento de precios en los alimentos y poniendo en riesgo la

seguridad alimentaria;

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297

SUBRAYANDO que en varias subregiones existe procesos de integración

energética en desarrollo;

TOMANDO NOTA de la Declaración de Margarita realizada por los Jefes de

Estado y de Gobierno suramericanos en el marco de la Primera Cumbre Energética

Presidencial Sudamericana en 2007;

CONSIDERANDO que el desarrollo de mercados y acuerdos energéticos regionales

eficientes necesita de la existencia de instituciones y marcos regulatorios estables y

compatibles;

TENIENDO EN CUENTA que el trabajo coordinado entre las autoridades

energéticas nacionales, las empresas estatales y los empresarios privados puede ser un gran

aporte al progreso del sistema energético regional;

RECONOCIENDO la importancia del intercambio regional de estrategias y

tecnologías como elemento dinamizador e integrador del sector energético;

CONSCIENTES de que es necesario fortalecer la infraestructura energética

regional, en especial las interconexiones internacionales y la infraestructura de los países

que disponen de menores recursos para este fin;

VALORANDO la labor realizada a nivel latinoamericano por el Departamento de

Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos, gracias a su Iniciativa

de Energía Renovable en las Américas (EREA) de promover el desarrollo y uso de energía

renovable, asesorar a los países miembros en el área de política energética y establecer

redes regionales de energía limpia,

RESUELVE:

6. Reafirmar que cada Estado americano es soberano y autónomo en el manejo de sus

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298

recursos energéticos.

7. Ratificar que la integración energética es un requisito indispensable para el

desarrollo integral de todos los pueblos de las Américas.

8. Destacar que el Derecho Internacional y los buenos oficios son el único medio

reconocido de solución a los posibles conflictos por recursos energéticos entre los

países miembros.

9. Urgir a los países miembros a que dispongan de los mecanismos necesarios para

que sus programas de desarrollo energético, en especial de biocombustibles, no

pongan en peligro la seguridad alimentaria regional.

10. Hacer un llamado a todos los Estados americanos a participar en la búsqueda de

soluciones conjuntas frente a los desafíos energéticos del continente, prestando

especial atención al mejoramiento del acceso de la población más aislada a la

energía, la exploración de nuevas y más eficientes fuentes energéticas y el impacto

de la fabricación de biocombustibles en los precios de los alimentos.

11. Invitar además a los países del continente a incluir durante la elaboración de sus

planes energéticos elementos que, además de satisfacer las necesidades internas de

energía, contribuyan a la integración energética continental.

12. Hacer un llamado a la implementación de mecanismos que fomenten la cooperación

y el intercambio energético de los distintos Estados americanos de acuerdo con el

potencial de cada uno.

13. Incentivar a los países que cuentan con grandes recursos energéticos a estrechar sus

vínculos con aquellos países de desarrollo medio y bajo que carecen de recursos

energéticos, especialmente en la cuenca del Caribe, mediante el trabajo en planes de

desarrollo energético conjuntos.

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299

14. Garantizar que los programas de desarrollo energético no amenacen la preservación

del medio ambiente, en especial de aquellos ecosistemas claves para mitigar los

efectos del cambio climático como lo son los glaciares, el Amazonas y las selvas

húmedas de Centroamérica.

15. Promover la implementación de políticas públicas que estimulen un mayor

desarrollo y uso de energías renovables como la geotérmica, solar, eólica,

mareomotriz y biomasa.

16. Invitar al sector privado a que continúe participando en el desarrollo de la

integración energética regional.

17. Respaldar el desarrollo de nuevos proyectos de generación, transmisión y

distribución de energía de origen estatal, privado o mixto que respeten las

legislaciones nacionales, minimicen su impacto medioambiental y sean de utilidad

para la integración regional.

18. Solicitar a la Secretaria General, en colaboración con los países miembros, la

formulación de estrategias subregionales que apunten a un manejo integrado y

sostenible del potencial hidroeléctrico de las cuencas transnacionales.

19. Invitar a los países miembros a que sigan contribuyendo con la Iniciativa de Energía

Renovable para las Américas a través del Departamento de Desarrollo Sostenible

OEA/DDS.

20. Solicitar igualmente a la Secretaria General el estudio de factibilidad para la

realización de un Foro en el cual los países interesados en el desarrollo e

implementación de energías renovables puedan compartir sus experiencias y

promover la creación de proyectos de esta naturaleza en sus naciones. El

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300

financiamiento de este foro puede obtenerse de aportes de las empresas privadas y

estatales del sector.

21. Encargar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) la creación de

una comisión que estudie y revise los estatutos regulatorios del mercado energético

de cada país miembro, con miras al establecimiento de estándares de regulación

energética en el hemisferio. Es importante recordar que los países se acogerán a los

estándares de manera voluntaria. Además es deseable en el trabajo de esta comisión

la colaboración de las autoridades energéticas nacionales y de los organismos que

también han trabajado el tema como el BID, OLADE e IIRSA.

Países cosignatarios:

1. TRINIDAD Y TOBAGO

2. PARAGUAY

3. HAITI

4. SANTA LUCÍA

5. CHILE

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297

GT-III-12

PROMOCION DE METODOS PARA MEJORAR LA INTEGRACION,

COOPERACION Y RENDIMIENTO HEMISFERICO DE ENERGIAS

RENOVABLES

Tercera Comisión Punto UNICO del Temario

Resolución presentada por el grupo de trabajo conformado por las delegaciones de

Barbados, Costa Rica, Guatemala, Panamá.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La Resolución AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07) “Informe de la Primera Reunión

Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del

CIDI”,

La Resolución AG/RES. 2253 (XXXVI-O/06) “Apoyo a la utilización de fuentes de

energía nuevas renovables”

La Resolución AG/RES. 2304 (XXXVII-O/07), “Fortalecimiento de la cooperación

técnica para el desarrollo integral”.

RECORDANDO

Que en la Primera Cumbre de las Américas, la cual tuvo lugar en el año 1992 en

Miami, Estados Unidos, se plantea una Alianza para el uso sostenible de la energía, en la

que los gobiernos se comprometieron a fomentar la cooperación para el desarrollo de la

industria de la energía en el hemisferio, compatible con las estrategias nacionales de

energía al costo menor.

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298

Que en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en el año 1998 en Santiago,

Chile, se establece un Plan de Acción con objeto de asegurar el desarrollo sostenible de la

energía y de ampliar la integración energética, promoviendo así, el “…impulsar, dentro del

plazo más breve posible, políticas y procesos que faciliten el desarrollo de infraestructura,

incluso a través de las fronteras internacionales, para acentuar la integración de los

mercados de energía” , y de la misma manera, “…respaldar políticas y programas que

estimulen el desarrollo de energía renovable y del uso eficiente de energía”.

CONSIDERANDO

Que la Declaración de Santa Cruz + 10 AG/RES. 2312 (XXXVII-0/07), declara en

su número 19, el compromiso de los Ministros y altas autoridades responsables del

desarrollo sostenible a “…promover y fortalecer políticas, leyes y mecanismos de

cooperación e integración regional que fomenten la participación pública y gobernabilidad

democrática como elementos importantes del desarrollo sostenible. Promoveremos la

transparencia institucional, la equidad de género y la igualdad de oportunidades para todos

los grupos vulnerables”, asimismo, que el Programa Interamericano para el Desarrollo

Sostenible (PIDS) establece dentro de sus estrategias de acción en su punto 3.6, la

promoción de la energía renovable y la eficiencia energética.

Que la Declaración de Nueva Orleáns , de la Cuarta Reunión Hemisférica de

Ministros de Energía reconoce “…la importancia de apoyar la integración regional y el

desarrollo de una infraestructura de energía sustentable”; asimismo, en la Quinta Reunión

Hemisférica de Ministros de Energía, los ministros “…reconocieron la necesidad de crear y

consolidar marcos de regulación transparentes y estables, con la finalidad de establecer un

clima favorable para un desarrollo compatible con del Sector Energético en el hemisferio”.

Que la Declaración de Panamá de Energía para el Desarrollo Sostenible, AG/DEC.

52 (XXXVII-0/07), aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de

Delegación de los Estados Miembros, establece que “…la energía es un factor fundamental

en la que se debe invertir en las infraestructuras energéticas a nivel nacional, subregional y

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299

regional con el fin de facilitar la disponibilidad y el acceso a la energía, así como

protegerlas y avanzar en la integración energética subregional ”; considerando así mismo,

la necesidad planteada por dicho documento de “…continuar avanzando en la integración

de los sistemas y redes de energía y en el estudio de la posibilidad de armonizar las

regulaciones entre los Estados Miembros”.

Que en el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata,

Argentina en 2005 se estableció la necesidad de “favorecer la investigación, el desarrollo y

la adopción de fuentes renovables y eficientes de energía y el despliegue de tecnología en

energía más limpia y eficiente de fuentes renovables de energía incluyendo, entre ellas,

aquellas que fomenten el uso intensivo de mano de obra, las cuales, junto con la promoción

del desarrollo sostenible, abordando las preocupaciones por el cambio climático, permiten

reducir la pobreza”.

TENIENDO PRESENTE

El papel que está jugando el Mecanismo de Desarrollo Limpio en la presentación de

proyectos para la utilización de energías renovables para promover la reducción de

emisiones de carbono y metano, facilitando la generación de tecnologías que no perjudican

el medio ambiente.

Que en la Declaración de Margarita, se expresa que “el proceso de integración

energética involucra como actores principales al Estado, a la sociedad y a las empresas del

sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los países, las

necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial”,

RECONOCIENDO

Que la participación de la sociedad civil es de vital importancia para materias de

fuentes energéticas ya que son ellos los que se constituyen como receptores principales de

cualquier política publica relacionada con la materia, además de entregar legitimidad a las

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300

decisiones gubernamentales en la implementación de diseño de las políticas publicas

conforme lo requiere el modelo democrático;

La lucha contra la pobreza y la desigualdad como objetivos fundamentales de la

OEA, tiene como herramientas elementales una matriz energética diversificada que permita

el crecimiento de todos los Estados;

RESUELVE:

1. Reconocer los esfuerzos realizados por los Estados Miembros en el marco de

la Iniciativa de Energía Renovable en las Américas.

2. Instar al CEPCIDI, a los Estados Miembros, al sector privado y a los

inversionistas, a los Estados Observadores y las organizaciones de la sociedad

civil a establecer vínculos y lazos de cooperación en materia energética;

3. Generar y fortalecer mercados regionales, para aunar esfuerzos en la

implementación de políticas en el Hemisferio y continuar avanzando en los

sistemas y redes de energía.

4. Instar a los Estados Miembros a que la generación de energía renovable

encuentre un lugar central en sus agendas políticas y Planes de Desarrollo a

través de aspectos claves incluyendo:

a) Marco regulatorio a fin de fortalecer la institucionalidad y, con eso,

disminuir la incertidumbre para los nuevos inversionistas en los

proyectos de optimización de los recursos energético,

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301

b) La reinversión de los ingresos obtenidos a través del mercado de carbono

en proyectos de generación de energía renovable que vinculen a los

diversos sectores de la sociedad de forma incluyente.

5. Instar la consolidación de mecanismos que permitan la conformación de

conglomerados industriales que emanen de los propios Estados Miembros, en

zonas especiales que gocen de beneficios tarifarios en energía, que incorporen a su

proceso productivo, acorde a las ventajas competitivas de cada Estado y su visión

de desarrollo sostenible; en el marco de una incorporación optima de los recursos

energéticos en el desarrollo industrial regional.

6. Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

que continúe promoviendo la cooperación para aquellos países que buscan

adoptar medidas de energía renovable, subrayando a los países que cuenten con

menos recursos, a través de los siguientes mecanismos:

a) Asistencia y asesoría técnica y científica

b) Intercambio de información y experiencias

c) Investigación, la elaboración y capacitación para la

implementación de tecnologías en materias energéticas

7. Reconociendo la importancia de la diversificación de la matriz energética y

de la realización de proyectos de infraestructura e interconexiones

multinacionales, con el fin de fortalecer la seguridad energética, y de esa

manera:

a) Asegurar la fiabilidad del abastecimiento energético

b) Lograr una mayor cobertura energética hacia el sector rural por medio de la

extensión de líneas de transmisión y distribución a fin de contribuir a mitigar la

pobreza.

c) Promover la adopción de mecanismos alternativos de generación de energía

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302

renovable en comunidades marginadas

8. Encomendar al FEMCIDI la promoción de mecanismos de financiamiento

para la promoción de buenas prácticas en materia de cooperación e integración

energética.

9. Facilitar la divulgación de las acciones en materia de integración energética y

energía renovable entre la sociedad civil.

Países consignatarios:

1. ANTIGUA Y BARBUDA

2. GUYANA

3. BARBADOS

4. PANAMÁ

5. COSTA RICA

6. GUANTEMALA

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303

XXVI Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para

Universidades de las Américas

Cuarta Comisión

Libro Final

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304

IV-1

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DE LA O.E.A. PARA

COMBATIR EN FORMA EFICIENTE EL NARCOTRÁFICO

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Antigua y Barbuda

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE la resolución adoptada en la XXXI Asamblea General de

la OEA San José, Costa Rica, 3-5 de junio de 2001 AG/RES. 1778 (XXXI-O/01) “Informe

anual de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas”;

RECORDANDO la Declaración de Panamá, en la II Conferencia Mundial sobre

cooperación internacional contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional

(Mayo del presente), en la que se pide a la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la

Oficina contra la Droga y el Delito que continúe sus actividades para cumplir en virtud de

su mandato, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de prevención del terrorismo;

TENIENDO PRESENTE TAMBIEN que la ubicación geográfica y condición

insular, y su considerable tráfico marítimo y aéreo hacen que, Antigua y Barbuda, y sus

aguas territoriales se consideren conductos y sitios de transbordo para el comercio

internacional de drogas, facilitando además un suministro local de drogas ilícitas;

RECONOCIENDO que la evaluación de las virtudes y defectos de los servicios

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305

existentes, como asimismo las dificultades que implica el establecimiento de eficaces

sistemas y servicios de atención de las necesidades identificadas, resultó evidente que

carecemos de la capacidad necesaria para controlar el tráfico, la oferta y el uso de drogas

ilícitas y dispensar servicios de tratamiento y rehabilitación;

TENIENDO EN CUENTA que la Región del Caribe, incluida Antigua y Barbuda,

se consideran un importante conducto de transbordo de drogas ilícitas a Estados Unidos y

Canadá, y a Europa;

RECONOCIENDO que nuestros pequeños países, con precaria infraestructura, a

pesar de sus grandes esfuerzos carecen de una eficiente capacidad para evitar su alta

vulnerabilidad del espacio aéreo, terrestre y marítimo, pasando a ser uno de los destinos

elegido por los narcotraficantes para lograr sus objetivos;

ENFATIZANDO que Antigua y Barbuda ha comenzado a crear un marco destinado

a una política nacional anti drogas, cuyos objetivos principales son intensificación de los

programas de prevención, intervención y tratamiento para los nacionales del país de todas

las edades, eliminación de la corrupción y promoción de la integridad entre los funcionarios

públicos y el personal de seguridad publica, revisión de la reglamentación de la actividad

bancaria para reducir la posibilidad de blanqueo de capitales, intensificación de los

programas de seguridad cautelar y manejo de actividades terroristas, y capacitación de

personal apropiado y adquisición de tecnología de vanguardia en materia de cumplimiento

coercitivo de la legislación anti-droga;

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306

RECORDANDO ADEMÁS que desastres naturales imprevisibles que han

afectado a Antigua y Barbuda, ha obligado a desviar fondos públicos para la reparación de

infraestructura y suministro de alivio a personas necesitadas, reduciendo la capacidad del

Estado de financiar programas anti drogas y de vigilar las aguas territoriales a los efectos de

la interdicción de las drogas ilícitas y el control del tráfico de éstas; y

DESTACANDO la continua labor de conformidad con los mandatos de la Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con sede en Viena y de la

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en la prestación de

asistencia técnica, el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, así como el

constante apoyo prestado con el fin de que los Estados puedan dar cumplimiento a las

obligaciones derivadas de los instrumentos universales contra el terrorismo y la

delincuencia organizada transnacional,

RECOMIENDA:

1. Que la CICAD prosiga con lo acordado en la Asamblea de Costa Rica, en el

sentido de actualizar la estrategia Antidrogas en el Hemisferio, apoyando el fortalecimiento

de Mecanismos de Evaluación Multilateral, como asimismo continuar desarrollando

proyectos de cooperación dirigidos a la prevención y reducción de los cultivos ilícitos;

2. Instar a los Estados Miembros a que amplíen y mejoren la infraestructura

necesaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación, además de continuar con la

erradicación del problema del narcotráfico en el continente americano;

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307

3. Resulta primordial que la OEA disponga de mayores recursos que le permita

cumplir con los uno de los nuevos retos fundamentales de este mileno que es la lucha

contra la proliferación y tráfico de drogas ilícitas, el gran flagelo de nuestras sociedades;

4. Que los Estados miembros voluntariamente aporten o aumenten sus aportes,

según corresponda, a la CICAD para así hacer posible un desarrollo más eficiente de los

programas y apoyos necesarios a los países que lo requieran. Esto a fin de controlar y evitar

la proliferación de nuevos cultivos de tráfico de drogas ilícitas, especialmente a países

como Estados Unidos y Canadá, que, debido a la solidez de sus economías, los sitúa como

blanco principal y permanente de los narcotraficantes, incidiendo directamente en su

beneficio; y

5. Instruir al Secretario General de la Organización a prestar toda la

colaboración con los servicios de Secretaría necesarios para el desarrollo de las acciones

indicadas en esta recomendación con los recursos que cuente y que se lograrán con esta

propuesta.

Países consignatarios:

1. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

2. HONDURAS

3. HAITÍ

4. NICARAGUA

5. VENEZUELA

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308

IV-2

SOBRE ESCALA DE CUOTAS, FONDO REGULAR Y MEDIDAS FRENTE A LA

INCAPACIDAD DE PAGO DE LOS ESTADOS DERIVADA DE

DESASTRES NATURALES.

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Grenada

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) que “Establece una nueva metodología para

el cálculo de la escala de cuotas para el financiamiento del fondo regular de la organización”;

La resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00) de la Asamblea General y enmendada

mediante la resolución AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) que “Establecen medidas destinadas

a alentar el pago oportuno de cuotas por parte de los estados miembros”;

La resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07) que establece el “Programa presupuestario de

la Organización para 2008, cuotas y contribuciones para el FEMCIDI”;

La Resolucion AG/RES. 2437 (XXXVIII-O/08) sobre “Lineamientos para el programa-

presupuesto de la organización 2009”;

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309

RECORDANDO:

Que de conformidad a lo señalado en la “Declaración de Seguridad de las Américas,

los estados miembros expresamos nuestra preocupación por los desastres naturales que

afectan a los Estados del Hemisferio y causan daños más profundos en los Estados más

vulnerables y nos comprometimos a reforzar los mecanismos interamericanos existentes y a

desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para mejorar y ampliar la capacidad de

respuesta de la región en la prevención y mitigación de los efectos de estos desastres”;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 55 de la Carta dispone que “La Asamblea General establece las

bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento

de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la

determinación de éstos de contribuir en forma equitativa”;

Que el artículo 102 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ("Las Normas

Generales"), adoptadas por la Asamblea General, establece que “las cuotas serán anuales.

Las cuotas al fondo regular se pagarán en los plazos establecidos durante el año respectivo

y se considerarán adeudadas desde el primer día del ejercicio fiscal a que correspondan”;

Que la Tercera Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Nivel Responsables de

las Políticas de Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana a Nivel

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310

Municipal en el Hemisferio, celebrada en Recife, Brasil, en octubre de 2005, expresó en la

Declaración de Recife su preocupación por el impacto de los desastres naturales sobre

cuestiones relacionadas con la gobernabilidad democrática, tales como los esfuerzos por

reducir la pobreza y lograr un desarrollo más inclusivo para reducir la desigualdad social y

regional;

Que el Informe de la Primera Reunión del Comité Interamericano para la Reducción

de los Desastres Naturales (CP/CSH-926/07) señala que en los últimos 30 años, los

desastres han afectado en la región a unos cuatro millones de personas por año, con 5.000

pérdidas de vidas y causando US $ 3.200 millones en pérdidas materiales”;

Que la ocurrencia de Desastres Naturales puede afectar la capacidad de pago de

cuotas de los países miembros; y

Que el monto total asignado para el año 2008 ya presenta un aumento de 6 millones

de Dólares Americanos, que equivale a un 7.4% respecto del año anterior,

RESUELVE:

1. Respetar la escala de cuotas asignadas a los Estados Miembros por la

Organización para el periodo 2009 – 2011.

2. Mantener durante el ejercicio fiscal del año 2009 el mismo monto de

recursos financieros de la Organización por concepto de Fondo Regular fijado para el año

2008, es decir, US$ 87.500.000 (ochenta y siete millones quinientos mil Dólares

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311

Americanos).

3. Encomendar al Consejo Permanente estudiar la creación de una Comisión

que elabore y ejecute medidas de exención o disminución del pago de la cuota regular

obligatoria asignada a los estados miembros, con la posibilidad de renovar este beneficio en

años sucesivos, ante la ocurrencia de desastres naturales que afecten gravemente su

economía y capacidad de pago. El consejo permanente deberá además:

a). Redactar el estatuto que rija aquella comisión, e indicar a su vez las normas

que deberían ser modificadas de la legislación vigente para el adecuado

funcionamiento de la misma.

b) Establecer los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos

adecuados para que la Comisión creada desarrolle su labor adecuadamente.

c) Solicitar al Comité Interamericano sobre la Reducción de Desastres

Naturales (CIRDN), un informe que permita determinar en que medida los

desastres naturales afectan la economía de un Estado miembro y limitan su

capacidad de pago.

d) Presentar a la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de la

Organización los resultados del estudio encomendado para su discusión y

votación.

Países consignatarios:

1. JAMAICA

2. ESTADOS UNIDOS

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312

3. PANAMÁ

4. CANADÁ

5. REPÚBLICA DOMINICANA

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313

IV-3

MANEJO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL HEMISFERIO

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: México

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

(AG/CP/doc.xxxx/08). “El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de

los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2009”;

AG/RES. 2368 (XXXVIII-O/08) "Proyecto De Declaración Americana Sobre Los

Derechos De Los Pueblos Indígenas";

(GT/DADIN/doc. 334/08) Informe sobre el estado actual del proyecto de la

declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

CP/RES. 817 (1319/02); El fondo especifico para apoyar la elaboración de la

declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas;

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314

AG/RES. 1757 (XXX-O/00); Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de

cuotas;

RECORDANDO:

El esfuerzo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos-COIDH- para

contar con un financiamiento adecuado dentro del programa-presupuesto de la

Organización;

RECONOCIENDO:

El interés de la Organización de Estados Americanos – OEA- por promover y

proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas;

Los esfuerzos de la Organizaciones de Estados Americanos –OEA- por lograr

objetivos de desarrollo integral apoyando el desarrollo de sus recursos humanos;

Los aportes financieros efectuados por observadores permanentes, como también

por parte del Banco Interamericano De Desarrollo, y la comisión europea;

RESUELVE:

1. Reafirmar que sigue siendo prioridad adoptar medidas para alentar el pago oportuno

de cuotas, para así poder cumplir con los objetivos de la Organización en el

Hemisferio.

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315

2. Establecer un fondo especial, dentro del presupuesto general, para el desarrollo y

fortalecimiento de organizaciones indígenas existentes en el hemisferio, en vista de

apoyar la declaración Americana sobre el derecho de los pueblos indígenas.

Países consignatarios:

1. NICARAGUA

2. SANTA LUCÍA

3. BOLIVIA

4. COLOMBIA

5. ECUADOR

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316

IV-4

COOPERACION DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL PARA EL

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República Dominicana

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA, la Resolución 2353 (XXXVII-O/07), PROGRAMA – PRESUPUESTO DE

LA ORGANIZACIÓN PARA 2008, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA EL

FEMCIDI 2008 de la Asamblea General, aprobada el 5 de junio de 2007;

CONSIDERANDO,

Que la Carta de la OEA, en sus artículos 1 y 2; la Carta Democrática

Interamericana, en sus artículos 1 y 11 y el preámbulo de la Convención Americana sobre

los Derechos Humanos reconocen los principios democráticos para la estabilidad, la paz y

el desarrollo de los Estados miembros, con el objetivo esencial de generar nuevas

propuestas de financiamiento para la Organización, tendientes a sustentar correctamente

dichos principios;

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317

Que el respeto por la dignidad humana, reconocido en las distintas Convenciones

Internacionales, conforma uno de los pilares fundamentales para la protección y garantía de

los Derechos Humanos;

Que la autonomía financiera de la OEA es un indicio y un instrumento de

protección de sus competencias y de la efectividad de su personalidad jurídica;

Que las crecientes exigencias y necesidades que presentan actualmente los Estados

miembros de la OEA requieren de una incesante solidaridad, colaboración y la

implementación de proyectos que garanticen el cumplimiento de los principios de las

democracias representativas y el respeto por los Derechos Humanos;

Que la necesidad de incrementar los recursos para afrontar nuevos objetivos de esta

Organización constituye una realidad que implica un compromiso de todos los Estados

miembros, siendo de vital importancia poner en marcha un plan de recaudación de aportes

voluntarios, requiriendo para ello la participación de la Sociedad Civil Internacional;

Que resulta imperiosa la atención de los Estados miembros en la creación de

incentivos tendientes a favorecer el surgimiento de ONGs con el objetivo de estimular una

mayor participación de la Sociedad Civil en el escenario social;

Que el rol actual de las ONGs y la Sociedad Civil ha experimentado un efecto de

expansión considerable y ha adquirido una creciente relevancia en el escenario social, tanto

en el plano interno como en el ámbito internacional;

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318

Que la participación de las nuevas generaciones constituye un elemento de

relevancia en el aporte de ideas para la creación de recursos tendientes a optimizar los

ingresos para el presupuesto de la Organización,

DECLARA,

1- La necesidad de articular en el ámbito interno de cada Estado miembro,

mecanismos tendientes a lograr una labor conjunta a las ONGs, mediante políticas de

colaboración en el cumplimiento de los fines específicos para los cuales cada una fue

creada.

2- El deseo de que cada Estado miembro ofrezca un sistema de ventajas visibles a

las ONGs, a efectos de lograr que las mismas realicen aportes a los Estados para ser

destinados directamente a la OEA.

3- La sugerencia a cada Estado miembro de asumir un rol activo en la toma de

conciencia en todas aquellas entidades que se encuentren en la posibilidad de cooperar para

el cumplimiento de los nuevos retos de la OEA.

4- La intención de estimular la colaboración de entidades académicas para la

realización de actividades de esa índole, para lo cual es imprescindible la inclusión de las

Universidades, ámbito idóneo para esta propuesta y en coordinación con el Estado

miembro al cual pertenezca la entidad, a efectos de articular valores humanos y

económicos.

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319

5- La solicitud de considerar fuentes de ingresos tales como: establecer aumentos

sobre los sobre los ingresos derivados de crear un sistema de venta de sellos; del mismo

modo, fomentar las donaciones privadas.

7- Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General sobre el respeto

de los Estados miembros por esta declaración, la cual deberá ser considerada a los

efectos de arbitrar los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de los

objetivos propuestos en el marco de esta Organización.

Países cosignatarios:

1. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

2. JAMAICA

3. BRAZIL

4. GUYANA

5. EL SALVADOR

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320

IV – 7

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO PARA RESPONDER A

LOS NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Perú

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El documento AG/doc 4873/08, “Informe anual del Secretario General a la

Asamblea General 2007”, “Resultados presupuestarios y financieros de la SG/OEA”;

La resolución CP/CAAP-2892/07, Informe sobre Captación de Fondos:

“Observadores Permanentes”;

CONSIDERANDO:

Que la actualidad social, económica, y política del hemisferio presenta desafíos

cada vez más profundos y complejos para la Organización de Estados Americanos (OEA);

Que la potencial insuficiencia de recursos amenaza el correcto y eficiente desarrollo,

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321

implementación y continuidad de los programas y proyectos llevados a cabo por la OEA;

Que el contexto económico internacional ofrece a varios de los Estados

Miembros oportunidades de crecimiento que hace tiempo hubieran resultado impensadas;

TENIENDO EN CUENTA:

Que los aportes realizados por los países miembros se retribuyen por medio de la

OEA en medidas y proyectos orientadas al desarrollo global de los mismos;

Que es facultad y función de la Comisión de Asuntos Administrativos

presupuestarios proponer las políticas concernientes al ámbito presupuestario, y de

informar periódicamente acerca de los resultados de las mismas

RESUELVE:

1. Instar en el marco de la cooperación hemisférica a los Estados Miembros que en sus

últimos resultados económicos hayan tenido un crecimiento económico

extraordinario, definiendo este, como los beneficios logrados en una cuantía

considerable de manera no planificada y no contempladas en sus proyecciones

financieras, como consecuencia del contexto económico internacional, a realizar

aportes adicionales a la cuota correspondiente y a sus contribuciones actuales. El

monto aportado fijado sea del 3% de los resultados extraordinarios de los miembros

contribuyentes y que seria asignado al Fondo Regular.

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322

2. Fomentar una política de expansión en la cantidad de Observadores Permanentes,

reconociendo que sus contribuciones son vitales para garantizar los recursos

voluntarios de la OEA.

3. Agradecer a los Estados Miembros por el esfuerzo que realizan para poder cumplir

con el pago de sus cuotas correspondientes.

Países consignatarios:

1. BRASIL

2. PANAMÁ

3. ESTADOS UNIDOS

4. PARAGUAY

5. SANTA LUCÍA

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323

IV- 8

VULNERABILIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: San Vicente y las Granadinas

LA ASAMBLEA GENERAL.

PREAMBULO:

Surgen tras el cambio de siglo los siguientes problemas:

Desarrollo Sustentable, cambio climático global y vulnerabilidad, tales problemas pese a

sus dimensiones, contemplan menores recursos para su investigación y gestión de aquellos

problemas propios del siglo XX tales como Defensa y Seguridad.

VISTAS:

Programa-presupuesto de la Organización para 2005, cuotas y contribuciones para

el FEMCIDI 2005 AG/RES. 2059 (XXXIV-O/04)

Programa-presupuesto de la Organización para 2006, cuotas y contribuciones para

el FEMCIDI 2006 AG/RES. 2157 (XXXV-O/05)

Programa-presupuesto de la Organización para 2007, cuotas y contribuciones para

el FEMCIDI 2007 AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06)

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324

Programa-presupuesto de la Organización para 2008, cuotas y contribuciones para

el FEMCIDI 2008 AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07)

RECORDANDO que el Secretario General, en su discurso al Consejo Permanente

en diciembre de 2005 definió cuatro áreas prioritarias: derechos humanos, democracia y

gobernabilidad, desarrollo integral y seguridad multidimensional, y que esas áreas han sido

reconocidas desde entonces como “los cuatro pilares” de la Organización;

TOMANDO EN CUENTA: que la vulnerabilidad, es posible comprenderla como la

probabilidad de que una comunidad sufra perdidas humanas y daños materiales al quedar

expuesta a una amenaza natural, teniendo en consideración, entre otras, el grado de

fragilidad de sus infraestructuras, de viviendas y actividades productivas, el grado de

organización, los sistemas de alerta y, el desarrollo político institucional. Por lo tanto es

posible deducir que las causas del nivel de vulnerabilidad son múltiples y complejas, pero,

sin duda, los altos índices de pobreza y marginalidad, exclusión socioeconómica y deterioro

del ambiente, son algunos de los factores primordiales que incrementan la vulnerabilidad

frente a los desastres naturales. Es así que el bajar estos grados de amenazas se hace

necesario y obligatorio para evitar un posible desastre;

TOMANDO NOTA que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período

extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la

metodología para el establecimiento de las cuotas de los Estados Miembros para financiar

el programa-presupuesto para el año 2009;

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325

CONSIDERANDO:

Que la resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07) encomendó a la Secretaría

General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de programa-presupuesto del

Fondo Regular para 2009 por una suma para la cual el Secretario General pueda demostrar

que existe financiamiento, pero que no exceda los US$87,5 millones;

Que, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Carta de la OEA, la Asamblea General

aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la

cuota con que debe contribuir cada uno de los gobiernos al sostenimiento de la

Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la

determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

Que la Organización tiene el mandato de dar preferencia a las prioridades definidas por sus

miembros, dentro de los límites de los recursos disponibles;

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo al artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario

General… redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a

otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los

servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los

gastos presupuestados para dichos servicios o programas”;

Que es importante mantener una cultura de austeridad, eficiencia, transparencia y prudencia

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326

en el uso, ejecución, y manejo de los recursos de la Organización;

PROPONE:

1. Apoyar las iniciativas nacionales y regionales que promuevan la educación para

la sustentabilidad.

2. Promover el intercambio de profesionales y experiencias exitosas entre los

países de la región en materia de Sustentabilidad y Vulnerabilidad.

3. Promover fondos concúrsales que atiendan la Vulnerabilidad el cambio

climático global, coordinados por FED.

Países Consignatarios:

1. REPÚBLICA DOMINICANA

2. ANTIGUA Y BARBUDA

3. HONDURAS

4. SANTA LUCÍA

5. ESTADOS UNIDOS

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327

IV – 10

ESTABILIZACION DE COLABORACIONES CORPORATIVAS

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: República de Guatemala

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO

Capitulo II Articulo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos

(OEA) que dice “La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad

comunes de los pueblos del Continente”;

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la OEA en Articuló 2 enumeró ocho propósitos esenciales,

incluyendo “Afianzar la paz y la seguridad del Continente. . . Promover, por medio de la

acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. . . y Erradicar la pobreza

crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del

hemisferio” los cuales requieren programas que deben aumentarse de acuerdo con eventos

cambiantes;

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328

RECORDANDO:

La Declaración de Margarita donde queda declarado “Nuestro compromiso de

redoblar esfuerzos, a nivel nacional, para trabajar en forma conjunta con administraciones

municipales y regionales, el sector privado y demás actores de la sociedad civil, para lograr

una distribución más equitativa de los ingresos y aumentar las oportunidades económicas

de nuestros pueblos. En este sentido, reconocemos el potencial que tienen las economías

locales y regionales como motor de crecimiento;

NOTANDO:

La importancia del Plan de Acción de Québec, el cual nos urge a “[Promover]

mecanismos que incorporen métodos de manejo y reducción de riesgos en las inversiones

de desarrollo públicas y privadas” (2001); y

CONSCIENTE:

De La Declaración de Nuevo León (2004) donde reconocemos “la importancia de la

participación del sector privado en el logro de nuestros objetivos,

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329

RESUELVE:

6. Tomar nota de los resultados del Grupo de Trabajo de Expertos convocado para

desarrollar una Propuesta de Metodología de Cuotas para 2009 y años subsecuentes

por su trabajo con y la establecimiento de una nueva metodología de cuotas.

7. Establecer un Grupo de Trabajo de Expertos debajo de la Comisión de Asuntos

Administrativos y Presupuestarios con el nombre de “Grupo de Trabajo de Expertos

para estabilizar las Colaboraciones Corporativas.”

8. Que dicho Grupo de Trabajo de Expertos para estabilizar las Colaboraciones

Corporativas :

A. Investigue como la OEA puede usar Colaboraciones Corporativas en

colaboración con los objetivos de la OEA,

B. Este compuesto de dos expertos de cada estado miembro,

C. Sea presidido por un experto que el Secretario General designe,

D. Comience trabajando el 1 de septiembre de 2008 y

E. Presente un informe a la Comisión de Asuntos Administrativos y

Presupuestarios para 1 de septiembre de 2009.

9. Sugerir que el programa sea financiado por donaciones voluntarias de los estados

miembros, los observadores permanentes, la sociedad civil y los bancos de

desarrollos (por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Caribe de

Desarrollo).

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330

Países consignatarios:

1. SANTA LUCÍA

2. NICARAGUA

3. PANAMÁ

4. SURINAME

5. ARGENTINA

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331

IV - 11

NECESIDAD DE MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CUOTAS DE

LOS PAISES MIEMBROS

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Nicaragua

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), donde La Asamblea General, adopto una

nueva “Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento de la

Organización”;

Programa Presupuesto 2009- , donde “El Consejo Permanente de la Organización de

los Estados Americanos”, a través de la Comisión de “Asuntos Administrativos y

Presupuestarios”, acuerdan el “Fondo Regular Tope Presupuestario y Financiamiento”

(Para discusiones preliminares);

CONSIDERANDO:

Que el 14 de febrero del 2008 en el Consejo Permanente de la Organización

de los Estados Americanos”, se establece el “Programa Presupuesto 2009- Fondo regular

Tope Presupuestario y financiamiento”. Donde se aprueba el aumento de un 3% de las

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332

cuotas de los países miembros. Ergo no es viable un futuro aumento de las cuotas para

incrementar el presupuesto;

Que según el Informe sobre el cumplimiento con el pago de cuotas de acuerdo con

la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), Modificada por la resolución AG/RES. 2757

(XXXV-O/05), contamos con 15 países miembros deudores. Esto es que veremos como

reflejo del incremento del 3% de las cuotas, un futuro incremento de morosidad de los

países miembros que ya son deudores y posiblemente se ensanchara la lista de morosidad en

el pago de cuotas por parte de países actualmente pagadores;

Que esta comisión se ha visto en la necesidad de incrementar el presupuesto de la

Organización de Estados Americanos, esto respetando nuestra carta estructural, que nos

insta al desarrollo de los Estados miembros y no tomar la adopción de medidas que tiendan

a empobrecer, retrasar, o dañar el desarrollo y crecimiento de los Estados miembros,

RESUELVE:

1. La mejora del flujo de caja de la Organización de los Estados Americanos a

través de la realización de acuerdos de planes de pago con los países que se encuentren en

una situación de morosidad y que no hayan establecido un repacto de sus deudas.

2. Se encomiende a la “Comisión de Asuntos Administrativos y

Presupuestarios” la elaboración de un programa de planes de pago acorde a la capacidad de

cada país deudor.

3. Que la ejecución del estudio de este programa no sea en un plazo mayor de 1

año a contar del presente.

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333

4. Que la aprobación del programa del programa de planes de pago con la

iniciativa de re pacto de deudas se realice por esta comisión exclusivamente.

5. Que aquellos países que cumplan fielmente con sus planes de pago se sujeten

al beneficio de un proyecto condonación de parte los intereses de su deuda de cuotas

impagas.

6. Instruir a la “Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios” ha

realizar un estudio de factibilidad de condonación de los intereses la deuda de los países

miembros.

7. Que mencionado estudio de condonación de los intereses de la deuda sea

ejecutado en 2 años a partir del presente.

8. Ejecutado el estudio y realizados los programas de condonación de los

intereses de las deudas, sean beneficiados los países cumplidores de los programas en un

plazo no mayor a 5 años a partir del presente.

Países consignatarios:

1. SAINT KITTS AND NEVIS

2. ANTIGUA Y BARBUDA

3. VENEZUELA

4. SANTA LUCÍA

5. MÉXICO

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334

IV – 12

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO PARA RESPONDER

A LOS NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: Santa Lucía

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Que, de conformidad con los Artículos 54 y 55 de la Carta de la OEA, la Asamblea General

aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la

cuota con que debe contribuir cada uno de los gobiernos al sostenimiento de la

Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la

determinación de éstos de contribuir en forma equitativa,

CONSIDERANDO:

Que es necesario, para la consecución de los propósitos esenciales de la Carta de la

Organización de los Estados Americanos, contar con los recursos que le permitan a la

Organización realizar dichos propósitos;

Que es necesario tener en cuenta la vital importancia que juega el presupuesto en un

organismo como éste, donde cada colaboración, ya sea voluntaria o de cuota, nutre y da

vida a la Organización, lo que crea un puente entre las ideas planteadas y la viabilidad de lo

expuesto en los proyectos y resoluciones acordadas;

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335

Que es indudable que en la actualidad han surgido nuevas situaciones y retos a los

cuales la Organización debe responder, por lo cual un aumento de presupuesto es

indispensable para abordar de una buena manera los nuevos desafíos que se presentan;

Que el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo

Integral (FEMCIDI) se constituye con las contribuciones voluntarias de los Estados

Miembros y tiene por objeto contribuir al financiamiento de los programas, proyectos y

actividades de cooperación de carácter nacional y multinacional que se realicen en el marco

del Plan Estratégico;

Que, es necesario desarrollar una estrategia de obtención de recursos que

complemente los importantes esfuerzos de los Estados Miembros, a fin de que se fortalezca

la capacidad de FEMCIDI para financiar un mayor número de proyectos;

RECOMIENDA:

1. Aumentar el límite presupuestario del programa-presupuesto para el año 2010 en un

3%, monto que estimamos acorde con las necesidades que es necesario cubrir, tomando

en cuenta la capacidad de aporte de cada país miembro de la organización.

2. Instar a los gobiernos miembros de la Organización a que continúen pagando sus cuotas

y a la vez instar a aquellos que no se encuentran al día en dichos pagos a que lo hagan a

la brevedad.

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336

3. Instar a los gobiernos miembros de la Organización y a los miembros observadores a

que aumenten (en monto o en periodicidad) sus aportes voluntarios al FEMCIDI.

4. Solicitar a la Secretaría General que examine la posibilidad de celebrar acuerdos de

asociación con otras organizaciones, que permitan obtener recursos mediante el cobro

por la prestación de servicios, u otros medios.

5. Encomendar a la Secretaría General la búsqueda de nuevos mecanismos que permitan la

obtención de recursos, y que se mejore la captación de los ingresos provenientes del

cobro de intereses y alquileres.

Países consignatarios:

1 BELIZE

2. NICARAGUA

3. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

4. HONDURAS

5. EL SALVADOR

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337

GT-IV – 6

MEDIDAS PARA REUNIR PAGOS ATRASADOS Y REDISTRIBUIR EL

PRESUPUESTO DESTINADO A AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS DE LA

ORGANIZACIÓN

Cuarta Comisión: Asuntos Administrativos y Presupuestarios

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

COSTA RICA

SURINAME

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El “Informe sobre el Cumplimiento con el Pago de las Cuotas”

CP/CAAP/INF.16/08, de acuerdo con la Resolución AG/RES 2157 (XXXV- O/05);

La Resolución AG/RES 1757 (XXX- O/00), “Medidas Destinadas a Alentar el Pago

Oportuno de las Cuotas”;

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338

La Resolución AG/RES. 2437(XXX VIII- O/08), “Lineamientos para el programa

presupuesto de la Organización 2009”;

El “Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos en la Organización de

Estados Americanos, OEA” de 30 de septiembre de 2007;

CONSIDERANDO:

Que actualmente dieciocho Estados miembros se encuentran en situación regular A

(quince por haber pagado la totalidad de sus cuotas y tres al haber acordado por escrito un

plan de pagos con la Secretaría General). En situación regular B no se encuentra ningún

Estado, mientras que sólo hay un país considerado al día en su obligación. Por lo tanto,

44,1% de los Estados miembros se encuentran en una situación de atraso en sus cuotas, sin

tener pactado un plan de pagos con la Secretaría General;

Que conforme al Informe sobre el cumplimiento con el pago de las cuotas

CP/CAAP/INF.16/08 existe un saldo por concepto de balance adeudado por un total de

USD $51.398.302, para el año 2008;

Que los derechos y beneficios reportados a los países miembros por la Organización

de Estados Americanos, deben ser correlativos al cumplimiento de sus obligaciones con el

organismo, tanto en la observancia de sus principios y normas, como en sus compromisos

económicos;

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339

RECONOCIENDO:

Que en la actualidad la Organización de Estados Americanos se encuentra

enfrentada a nuevos retos en materias sociales, políticas, energéticas y medioambientales.

Para enfrentarse a ellos se necesitan los recursos que permitan hacerlo de una forma

efectiva, lo que hace necesario reconsiderar la forma de distribución del presupuesto;

Que la principal fuente de financiamiento de la Organización proviene de las cuotas

que aportan los Estados miembros al Fondo Regular, obligaciones que no han sido

cumplidas de manera adecuada por los mismos;

TENIENDO EN CUENTA:

Que la forma en que los Estados miembros aportan sus cuotas a la Organización,

plasmada en el articulo 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en

donde se afirma que “La Asamblea General establece las bases para fijar la cuota con que

debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en

cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de estos de

contribuir en forma equitativa”;

REAFIRMANDO:

Que de acuerdo al Presupuesto de la Organización para el año 2008, por concepto

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340

de cuotas al Fondo Regular se debe recaudar la suma de USD $76.107.000,

RESUELVE:

1. Reconocer y resaltar la acción de aquellos Estados que han cumplido

oportunamente con el pago de las cuotas al Fondo Regular de la Organización de Estados

Americanos;

2. Exhortar a los Estados miembros a hacer uso de las medidas contenidas en el

anexo A de la Resolución AG/RES 1757 (XXX- O/00), “Medidas Destinadas a Alentar el

Pago Oportuno de las Cuotas”; tales como realizar el pago por medio de moneda nacional,

bienes inmuebles u otros activos importantes de cuotas atrasadas por más de cinco años,

entre otras.

3. Adicionar al numeral 1 de la parte B del anexo A de la resolución AG/RES. 1757

(XXX-O/00), “Medidas Destinadas a Alentar el Pago Oportuno de las Cuotas”, los Estados

en situación B y considerados en situación regular, a fin de ampliar el beneficio por el

descuento de pronto pago a todos aquellos que no se encuentren en mora, de manera que el

numeral quede de la siguiente forma:

a. Los Estados Miembros que se encuentren en situación regular A, situación

regular B o considerados en situación regular al 1 de enero de 2009 y que hayan

pagado su cuota para el año fiscal corriente al 30 de abril de ese periodo, tendrán

derecho a los siguientes descuentos: el 3% de la suma pagada el 31 de enero y el 2%

de la suma pagada entre el 1 de febrero y el 30 de abril. El descuento se aplicará a

las cuotas correspondientes al siguiente ejercicio fiscal;

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341

4. Adoptar las siguientes medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las

cuotas:

a. Sólo aquellos Estados Miembros que estén "en situación regular" o "sean

considerados en situación regular" son elegibles para hacer uso, ya sea en calidad de

anfitrión o patrocinando eventos sociales o culturales en el Salón de las Américas y

en otras instalaciones de la Secretaría General sin estar obligados a reembolsar al

Fondo Regular, por medio de la Secretaría General, el total de los costos operativos

asociados con ese uso; sin embargo, esta disposición no se aplicará al uso de

aquellas instalaciones destinadas para la celebración del día patrio del Estado

Miembro o la semana del país.

b. Salvo lo previsto expresamente en el artículo 81 de la Carta, únicamente aquellos

Estados Miembros que están "en situación regular" o "sean considerados en

situación regular" podrán ser elegidos como presidentes o vicepresidentes de las

comisiones de los Consejos o podrán tener miembros de sus delegaciones

desempeñándose en dichas posiciones.

c. Únicamente aquellos Estados Miembros que se encuentren "en situación regular"

o "sean considerados en situación regular" podrán postular candidatos para los

cargos de Secretario General o de Secretario General Adjunto, y sólo los nacionales

de los Estados Miembros que se encuentren "en situación regular" o "sean

considerados en situación regular" podrán ser elegidos para dichas posiciones.

d. Sólo aquellos Estados Miembros que se encuentren "en situación regular" o "sean

considerados en situación regular" podrán postular candidatos para el Tribunal

Administrativo y la Junta de Auditores Externos, y únicamente los nacionales de los

Estados Miembros que se encuentren en "situación regular" o "sean considerados en

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342

situación regular" podrán ser elegidos para dichas posiciones;

5. Recomendar a la Secretaria de Administración y Finanzas que redistribuya el

presupuesto de la Organización de Estados Americanos, orientándolo a priorizar la

inversión destinada a enfrentar los nuevos retos de la Organización;

6. Invitar a los Estados miembros a aceptar la redistribución del presupuesto

orientado a afrontar los actuales desafíos de la Organización de los Estados Americanos.

Países consignatarios:

1. ARGENTINA

2. BOLIVIA

3. COLOMBIA

4. COSTA RICA

5. SURINAME

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343

GT-IV- 9

CREACION DE NUEVOS FONDOS VOLUNTARIOS ESPECIFICOS PARA

RESPONDER A LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL HEMISFERIO

Cuarta Comisión: Asuntos Administrativos y Presupuestarios

Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Paraguay, Barbados, Ecuador,

Trinidad y Tobago y Uruguay.

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El boletín de pagos: Elementos de un Borrador de Escalas de asignación de Cuotas

en Términos Porcentuales, para 2009 y Subsecuentes;

El Proyecto del Programa-presupuesto de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) para el año fiscal 2009, presentado por el Secretario General el 1 de

abril de 2008 (AG/CP/doc. XXXVIII/08);

El Informe sobre Captación de Fondos: Observadores Permanentes, realizado en

concordancia a lo dispuesto en la resolución AG/ RES.2353 (XXXVII-O/07);

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344

CONSIDERANDO:

La realidad de los Estados Miembros y su imposibilidad de financiar los

mecanismos necesarios para que La Asamblea General pueda dar respuesta satisfactoria en

el abordaje de los nuevos desafíos del Hemisferio;

La necesidad de contar con los recursos necesarios para diseñar y ejecutar cualquier

política que establezca la OEA;

Que el “informe sobre Captación de Fondos: Observadores Permanentes”,

presentado por el Departamento de Relaciones Externas en cumplimiento con la resolución

AG/RES.2257 (XXXVI-O/06) declara que durante los últimos 8 años, los Estados

Observadores Permanentes han contribuido con más de US$ 87 millones para programas y

actividades de la Organización, señalando la urgencia de la OEA para “…continuar con sus

esfuerzos de acercamiento a los países donantes para: reforzar y aumentar la cooperación

existente; identificar nuevas áreas de interés común y oportunidades adicionales de

cooperación; demostrar las ventajas comparativas de las donaciones multilaterales vis a vis

las bilaterales; y para fortalecer la imagen de la OEA como el principal foro político en la

región…”;

Que con la creación del Foro del Sector Privado de la Organización de Estados

Americanos en 2005 se ha logrado poner énfasis en la necesidad de aumentar el dialogo

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345

publico-privado en las Américas, ya que es evidente la necesidad de llevar adelante

políticas concertadas entre ambos sectores facilitando así la cooperación para propiciar el

desarrollo de los Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Reiterar a los gobiernos de los Estados Miembros, que la Organización

solamente puede cumplir con sus objetivos a través del aporte de estos,

volviéndose fundamental el cumplimiento del pago de sus respectivas cuotas así

como de sus atrasos.

2. Encomendar a la Secretaría General el estudio de la posibilidad de crear nuevos

fondos específicos de aporte voluntario destinados a aumentar la capacidad de

respuesta de la organización ante los desafíos actuales que enfrenta el

Hemisferio. Dichos fondos de aporte voluntario estarían destinados a percibir

contribuciones de los Estados Miembros y Observadores de la Organización, así

como de personas públicas o privadas, nacionales o internacionales.

3. Tener presente que las contribuciones de carácter privado no deben significar en

ningún caso la injerencia de actores externos a la organización en cuestiones que

atañen solo a esta, ya que el modo de utilización de dichas contribuciones estaría

regulado por la Secretaría de la OEA.

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346

4. Encomendar a la Secretaría General que distribuya dichos fondos entre sus cinco

Subsecretarías, de forma eficiente y de acuerdo a las prioridades y necesidades

de la Organización.

Países Consignatarios:

1. GRENADA

2. BELIZE

3. PERÚ

4. HONDURAS

5. ANTIGUA Y BARBUDA

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347

GT-IV–13

EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA RESPONDER A LOS NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: BRASIL

CANADA

CHILE EE.UU

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La propuesta del Secretario General para el programa-presupuesto del año fiscal

2009 (AG/CP/INF.573/08 corr. 2);

Las resoluciones AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07) que puso limite al presupuesto

para el año 2009;

La AG/RES. 2437 (XXXVIII-O/08) que aprobó los lineamientos para el programa-

presupuesto de la organización 2009;

La resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), en la cual se insta a los países miembros

para buscar medidas para el pago oportuno de las cuotas establecidas;

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348

CONSIDERANDO:

Que las competencias propias de la incidencia de los temas presupuestarias

es tarea de la Secretaría General y de la Comisión de Asuntos Administrativos y

Presupuestarios (CAAP), así como el desarrollo de planes para la distribución eficiente de

los recursos a las diferentes dependencias de la Organización, tales como misiones y

organismos;

Que la región afronta un grave problema revaluacionista, que afecta directamente

las arcas de la Organización y de este modo impide el buen uso de los recursos propios

dentro de sus planes de trabajo;

Que para la elaboración de los techos presupuestarios, desde 2009 debe tenerse en

cuenta la de cuotas propuesta por la Comisión de Expertos del CAAP; y

Que los principales pilares de las finanzas públicas son la eficiencia y eficacia para

satisfacer las necesidades de la Organización;

RESUELVE:

TECHO PRESUPUESTARIO

1. Mantener los parámetros contemplados por la secretaria General en su informe para

el presupuesto de 2009, con el fin de conservar los techos presupuestarios

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349

establecidos y, de esta manera, lograr estabilizar las diferentes cuentas de la

organización. (GASTOS, INGRESOS)

INCREMENTO DE LAS CUOTAS

2. Evitar un crecimiento sustancial del esquema de cuotas de la organización con el fin

de favorecer los intereses de todos los miembros y, de esta manera, evitar un

aumento desmedido de la morosidad y del imperante fenómeno de los intereses que

el atraso conlleva.

3. Reiterar el apoyo incondicional de los países ponentes, a través de una contribución

voluntaria del 0.001%, más una contribución voluntaria de Canadá y un ajuste de su

morosidad por parte de Brasil.

REVISION DEL PRESUPUESTO

4. Solicitar a la CAAP la creación de un grupo de trabajo, que tenga como objetivo

realizar un informe de desempeño administrativo y fiscal de los diferentes órganos

de la Organización de Estados Americanos, con el fin de encontrar las principales

falencias tanto administrativas, como presupuestales y así poder hacer entrega de

recursos de manera efectiva a las dependencia que más lo requieran.

5. Promulgar la práctica del ejercicio de planeación estratégica dentro de la

Organización, con el fin de que cada organismo pueda identificar de manera clara

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350

sus principales objetivos y cuanto dinero requiere para cumplirlos, seguido por una

evaluación de las acciones del organismo y del buen uso del presupuesto asignado.

PROBLEMATICAS PRESUPUESTARIAS

6. Instar a los países a generar mecanismo que controlen el efecto reevaluacionista en

las economías del Hemisferio.

7. Invitar al grupo de Contadores de la Organización, para que presente un informe de

los efectos del fenómeno reevaluacionista en el esquema presupuestarios de la

Organización.

VARIOS

8. Alentar a los países miembros de la Organización, para que continúen con el pago

juicioso de sus cuotas, y a cancelar las cuotas atrasadas con el fin de consolidar una

balanza positiva para cada año fiscal.

Países consignatarios:

1. GRENADA

2. ANTIGUA Y BARBUDA

3. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

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351

IV – GT – 14

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO PARA RESPONDER

A LOS NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cuarta Comisión Punto UNICO del Temario

Propuesta de Resolución presentada por las delegaciones de: Venezuela

Panamá

Saint Kitts and Nevis

Antigua y Barbuda

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La carta de la Organización de Estados Americanos establece en su artículo

34 “la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio

desarrollo, son entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral”,

La resolución AG/RES. 2172 (XXXVI -0/06), “Aumento y fortalecimiento

de la participación de la sociedad civil en las actividades de la organización de los

Estados Americanos y en el proceso de cumbres de las Américas”,

La resolución AG/RES. 1 (XXXIV –E/07), por medio de la cual la Asamblea

General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, adoptó una

nueva “Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento

de la Organización”,

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352

La resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07), la nueva metodología de

cálculo se aplicará para asignar las cuotas porcentuales de los Estados Miembros

correspondientes a los años 2009-2011,

La carta de la Organización de Estados Americanos establece en su artículo

tercero, como uno de sus principios bases que “la cooperación económica es

esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente”,

La carta de la Organización de Estados Americanos establece en cuanto a los

derechos y deberes de los estados miembros que estos son “jurídicamente iguales,

disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales

deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para

asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de

derecho internacional”,

El artículo 32 de la carta que establece que “La cooperación interamericana

para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse preferentemente a través

de organismos multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida

entre Estados miembros, Los Estados miembros contribuirán a la cooperación

interamericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y

posibilidades, y de conformidad con sus leyes”,

CONSIDERANDO:

Que dentro de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos

constituye un organismo regional y que su papel principal es permitir un diálogo

civilizado, que es necesario para la paz y la seguridad hemisférica,

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Que existen importantes desafíos que el pueblo americano debe enfrentar

para superar las distintas dificultades que hoy lo aquejan,

Que es preocupación de la Organización de Estados Americanos resolver los

conflictos regionales para conseguir el bienestar y el desarrollo integral de los

estados, en base a principios como el de cooperación y solidaridad entre estados

consagrados en el artículo 30 de la Carta de la Organización,

Que el Fondo Regular es la base financiera de la Organización de Estados

Americanos y constituye su principal instrumento de ayuda y de cooperación

internacional en el hemisferio.

RESUELVE:

1. Fomentar un crecimiento con equidad e igualdad en nuestros estados, por lo

tanto se invita a todas las naciones hermanas que estén en condiciones de hacerlo,

sigan nuestro ejemplo, para llegar a tener una región justa y democrática en donde

nadie quede fuera de este crecimiento.

2. Instar a los estados miembros a iniciar un debate transparente y de vasto

alcance sobre la situación financiera de esta organización, emprendiendo un

ejercicio a través del cual identifiquen, primero, qué actividades y entidades de la

OEA requieren financiamiento adicional y, luego, determinen con precisión cómo se

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354

debe gastar, con fecha estimada para su realización el primero de diciembre de

2008.

3. Instar a la organización a que estudie la posibilidad de buscar fondos a través

de donaciones voluntarias, provenientes de la Sociedad Civil y de privados, con la

limitación a estos últimos que sus aportes sean proporcionalmente menores a las

contribuciones de la Sociedad Civil.

4. Brindar a cada estado la posibilidad de aportar una cuota voluntaria

independiente de la que le corresponde por poseer el carácter de miembro,

señalando este el fin para lo cual la brinda, la cual no sería vinculante ni superior al

valor de la cuota obligatoria correspondiente al estado respectivo. Bajo ninguna

circunstancia este aporte voluntario debe servir de fundamento para que el Estado

donante se atribuya más derechos de los que les corresponde.

Países Consignatarios:

1. GRENADA

2. EL SALVADOR

3. TRINIDAD Y TOBAGO

4. PANAMÁ

5. SAINT KITTS AND NEVIS

6. VENEZUELA

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355

GT-IV - 15

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO PARA RESPONDER A

LOS NUEVOS RETOS DE LA ORGANIZACION

Cuarta Comisión Punto único del Temario

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: BELIZE

EL SALVADOR

GUYANA

VISTO el informe del Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

(CAAP) sobre las recomendaciones del Grupo de Expertos convocado para proponer una

metodología de cálculo de la escala de cuotas de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) (CP/CAAP-2929/07),

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 55 de la Carta de la Organización, le compete

“…establecer las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los

Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de

los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa…”

Que la OEA, es un organismo multinacional, cuyo principal objetivo es crear un

sistema interamericano más estable, solidario y confiable en todo ámbito de la sociedad,

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356

abarcando tanto lo político, jurídico, económico y social, donde los principales pilares son

el desarrollo y la seguridad.

Que el financiamiento de la organización es de vital importancia para el

cumplimiento de sus objetivos, pues esta subsiste prácticamente de las cuotas de los

Estados Miembros; donde el principio que impera esta materia es la capacidad de pago de

los países consignatarios, por lo que las situaciones excepcionales en que atraviesen los

Estados, siempre se deberá tomar en cuenta.

Que el presupuesto anual de la OEA corresponde en forma nominal a 87,5 millones

de dólares constituidos por cuotas que han sido reajustadas por el costo de vida (COLA) los

últimos dos años, y que el atraso en el pago de las cuotas ha mermado el Fondo Regular de

la organización, disminuyendo en consiguiente, la capacidad de acción de la OEA, que se

satisface cabalmente gracias a la responsabilidad fiscal de aquellos Miembros que han

cumplido plenamente con el pago de las cuotas.

Que el aumento de las cuotas se hace indispensable, para que esta capacidad de

acción no se pierda y se mantenga en el tiempo, para así dar un pleno cumplimiento a los

objetivos y principios de la organización.

Que este aumento en las cuotas no puede, sino fundarse en un consenso unánime de

todos los Estados Miembros, en que la escala de cuotas corresponde a la realidad específica

de los países que integran la organización, donde el desarrollo de los Estados, conforman

extremos disímiles, de la más amplia longitud.

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357

Que, de acuerdo con el artículo 60(b) de la Carta de la OEA, la Comisión

Preparatoria transmitió a la Asamblea General un informe sobre el proyecto de programa-

presupuesto de la Organización para 2009 (AG/CP/doc.XXX/08), junto con sus

recomendaciones.

Que de acuerdo al “mensaje del Secretario General de la OEA en ocasión de la

presentación del proyecto de programa-presupuesto de la organización para el año 2008”

AG/CP/INF.565/07, en que insta a la creación de una comisión ad-hoc para el estudio de la

reajustabilidad de los aportes a la organización.

Que el Secretario General en el mensaje AG/CP/INF.565/07 de 30 de marzo de

2007 señala los principales retos a ser enfrentados por la OEA, los cuales conforman los

pilares de nuestra organización.

TENIENDO PRESENTE

El “Programa-presupuesto de la organización para 2008, cuotas y contribuciones

para el FEMCIDI 2008” (AG/RES. 2353 XXXVII-O/07).

Que la asamblea en su trigésimo sexto periodo ordinario de sesiones, por medio de

resolución AG/RES 2257 (XXXVI-O/06) decidió, entre otros, “solicitar al secretario General

que convoque en el segundo semestre de 2006 al grupo de expertos que iniciara la

consideración de la metodología para definir la nueva escala de cuotas de los Estados

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358

Miembros y que presente el informe al consejo permanente”, lo cual nos indica la necesidad,

ya en ese entonces, consensuada de los países miembros, de aumentar dichas cuotas.

Que, posteriormente la Asamblea General, en su trigésimo séptimo periodo ordinario

de sesiones celebrado en junio de 2007, aprobó la resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07)

en la cual se convoca a un periodo extraordinario de sesiones a mas tardar el día 14 de

diciembre de 2007 para que adopte una metodología de asignación de cuotas a los estados

miembros que entrara en vigor en el año 2009 y será aplicada los años subsecuentes.

Que durante agosto de 2007, se reunió el grupo de expertos de los estados miembros y

acordó mediante documento GTT/MEC/doc.5/07 rev.1 poner a consideración de la comisión

de asuntos administrativos y presupuestarios (CAAP) y a través de dicha comisión, del

consejo permanente, una metodología para el calculo de la escala de cuotas para ser

considerada por la Asamblea general en los términos del mandato contenido en la resolución

AG/RES, 2353 (XXXVII-O/07)

Las recomendaciones del grupo de expertos convocado para proponer una

metodología de cálculo de la escala de cuotas de la OEA, detalladas en el documento

GTT/MEC/doc.5/07 rev.1.

La recomendación de base de cálculo de escala de porcentajes del Grupo de Trabajo

Técnico convocado para proponer una metodología de calculo de la escala de cuotas de la

OEA, aumentando dichos aportes de forma proporcional a lo que ahí se indica para cada

uno de los países (CP/CAAP-2927/07 rev.2).

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Los objetivos de la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00) denominada medidas

destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas

RESUELVE:

1. Recomendar un incremento del presupuesto para el Fondo Regular de la

Organización de Estados Americanos, teniendo como base de cálculo la escala de

porcentajes que recomienda el Grupo de Trabajo Técnico convocado para proponer una

metodología de calculo de la escala de cuotas de la OEA, aumentando dichos aportes de

forma proporcional a lo que ahí se indica para cada uno de los países (CP/CAAP-2927/07

rev.2).

2 Hacer presente la necesidad de encomendar a la Comisión Permanente que estudie:

a) El porcentaje en que debe ser incrementado el presupuesto actual correspondiente

al Fondo Regular, para que la OEA pueda hacer frente a los nuevos desafíos antes

señalados.

b) El porcentaje de reajustabilidad correspondiente al año siguiente de su estudio.

Ambos estudios deben propender a la equidad, teniendo en cuenta las diversas

realidades financieras de los Estados Miembros.

3. Encomendar al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) la posibilidad de un incremento del

“Fondo de Capital de Becas y Capacitación de la OEA”, destinado exclusivamente a

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transformarse en un estímulo para aquellos Estados Miembros que se encuentre en una

situación regular tipo A o B según el documento AG/doc.4872/08.

Países consignatarios:

1. VENEZUELA

2. JAMAICA

3. REPÚBLICA DOMINICANA

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