XI CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA

CRISIS Y CAMBIO PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍAFacultad de Ciencias Políticas y Sociología,

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, julio de 2013

SALUD, DERECHOS Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS

EN ARGENTINA

Autores:

BORRÁS, Graciela. Lic. en Sociología (Mg). Unidad Integrada Balcarce

INTA - FCA/UNMdP). Argentina. E mail: gborras@balcarce.inta.gov.ar

GARCÍA, Julián. Lic. en Nutrición. Programa de Nutrición de la Secretaría

de Salud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Argentina.

Resumen:

En el presente trabajo se realiza una revisión de las políticas alimentarias implementadas en la

Argentina a lo largo de su historia, se señalan las principales características de los programas

emergentes correspondientes a cada período, y se analizan sus fortalezas y limitaciones.

Para efectuar dicho estudio se considera que: la salud es un bien personal y social -que la sociedad

debe garantizar- , y que el derecho a la salud está ligado a otros derechos humanos como el derecho

a la alimentación saludable, a una vivienda digna, a una educación de calidad etc. Por lo tanto, el

enfoque de derechos considera a las personas en su calidad de ciudadanos, con derechos

económicos, sociales y políticos, que son indivisibles. En razón de ser titulares de derechos, los

ciudadanos son considerados sujetos de derechos y no como personas con necesidades, a las cuales

hay que asistir.

En el caso de la Argentina, el 80% de las muertes son debidas a enfermedades no transmisibles,

donde uno de los factores de riego es la alimentación inadecuada. Sin embargo, no ha se generado

una Política Pública integral, que contemple a la totalidad de la población centrada

fundamentalmente en la prevención y promoción de la salud. Nuestro interés primordial es mostrar

que la problemática alimentaria en el país no está siendo suficientemente visualizada, dado que

1

siguen primando concepciones fragmentadas de la realidad, centradas fundamentalmente en lo

nutricional y focalizadas en los sectores con alta vulnerabilidad social. En consecuencia las

desigualdades sociales se reproducen en el orden de lo alimentario como en el caso de la mayoría

de los comedores escolares y comunitarios sin que muchos de los involucrados, tanto los actores

institucionales como la sociedad, lo adviertan.

Dichos programas alimentarios, son vehiculizados a través de las ayudas alimentarias a las

familias, como la entrega directa de bolsones de alimentos, o mediante bonos o tarjetas sociales

para adquirirlos, o por medio de ayudas presupuestarias a comedores institucionales, como las

escuelas públicas que atienden a grupos en situación de vulnerabilidad social. En el caso de los

comedores escolares, además de ser insuficientes, fomentan y sostienen los hábitos alimentarios de

los sectores populares, abundantes en hidratos de carbono y grasas, si es posible con la presencia de

carne, en donde las verduras y las frutas son escasas, poco variadas o están ausentes. Reproducen la

“comida de pobre” hechas fundamentalmente en la cacerola, monótonas, de bajo costo y rendidoras,

en donde los actores implicados no alcanzan a visualizar otras opciones posibles de cómo repensar

la cuestión alimentaria y sus derivaciones en la salud de la población.

En el marco de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Sustentabilidad de los Sistemas

Agroalimentarios, consideramos que el gran desafío de la Política Social es el de fortalecer a través

de sus programas, el derecho de todas las personas y las familias, a tener acceso a una alimentación

saludable, a la información y la educación alimentaria y contribuir, de esta manera, al desarrollo de

una ciudadanía plena de derechos.

Palabras Clave:

- Seguridad Alimentaria - Programas Alimentarios - Derechos - Ciudadanía –

1. Introducción

En el presente trabajo se realiza una revisión de las políticas alimentarias implementadas en la

Argentina a lo largo de su historia, se señalan las principales características de los programas

emergentes correspondientes a cada período, y se analizan sus fortalezas y limitaciones.

En el caso de la Argentina, el 80% de las muertes son debidas a enfermedades no transmisibles,

donde uno de los factores de riego es la alimentación inadecuada. Sin embargo no se generado una

Política Pública integral, que contemple a la totalidad de la población centrada fundamentalmente

en la prevención y promoción de la salud. Nuestro interés primordial es mostrar que la problemática

alimentaria en el país no está siendo suficientemente visualizada, dado que siguen primando

2

concepciones fragmentadas de la realidad, centradas fundamentalmente en lo nutricional y

focalizadas en los sectores con alta vulnerabilidad social. En consecuencia las desigualdades

sociales se reproducen en el orden de lo alimentario como en el caso de la mayoría de los

comedores escolares y comunitarios sin que muchos de los involucrados, tanto los actores

institucionales como la sociedad, lo adviertan.

En el marco de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Sustentabilidad de los Sistemas

Agroalimentarios, consideramos que el gran desafío de la Política Social es el de fortalecer a través

de sus programas, el derecho de todas las personas y las familias, a tener acceso a una alimentación

saludable, a la información y la educación alimentaria y contribuir, de esta manera, al desarrollo de

una ciudadanía plena de derechos.

2. Seguridad Alimentaria, Derechos y Políticas Sociales

El Derecho Humano a la Alimentación se establece en numerosos tratados e instrumentos

internacionales. En 1948, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el derecho a la

alimentación fue reconocido como Derecho Humano (Art.25.1). En el Pacto Internacional de los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se aborda de manera más exhaustiva (1966). También

está incluido en la Convención de los Derechos del Niño (1989), en las Conferencias

Internacionales de Nutrición de 1992 y de Roma de 1996.

La cumbre Mundial de la Alimentación (1996), declara que la Seguridad Alimentaria a nivel

individual, familiar, nacional, regional y mundial se alcanza cuando: “todas las personas tienen en

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer

sus necesidades alimenticia y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida

activa y sana”. A partir de 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO), considera dos niveles de Seguridad Alimentaria: el primero (macro) para

poblaciones, regiones o países (nivel en el cual se confunde con el concepto de Soberanía

Alimentaria).

Por su parte, el foro paralelo de las organizaciones sociales nucleadas en la Vía Campesina hacen

hincapié en el concepto de soberanía alimentaria y la definen como “el derecho de los pueblos a

definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo”… incluyendo “el derecho de

los pueblos a priorizar la producción agrícola local para alimentar a su población, el derecho de los

campesinos a producir sus propios alimentos, el derecho de los países a protegerse de las

importaciones agrícolas y alimentarias de bajos precios (dumping), la participación de los pueblos

en la definición de la política agraria, entre otros” .

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Sin entrar en consideraciones más profundas, tomamos los conceptos de soberanía y seguridad

alimentaria como complementarios, ya que ambos se refuerzan mutuamente fortaleciendo algunas

“debilidades” propias de cada uno, debido no solo a cuestiones semánticas, sino a los contextos en

que surgieron y evolucionaron, ya que aparecen en algunos discursos como contrapuestos, sin poder

desentrañar aun, las dificultades que tales posturas ocasionan para la comprensión de lo alimentario

en toda su complejidad (sobre todo en lo referido al consumo alimentario en los hogares).

La FAO desde el año 2006 a través de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, promueve

y apoya iniciativas en países que deseen adoptar el enfoque para la Seguridad Alimentaria basado

en los Derechos Humanos, para que adopten medidas legislativas para aplicar el derecho a la

alimentación: varios países han comenzado a elaborar leyes para garantizar el derecho a la

alimentación, como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, México,

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Malawi, Mali, Monzanbique, Uganda, Sudáfrica y Uruguay.

Más recientemente el Parlamento Latinoamericano1, cuenta con la primera ley marco regional de

Seguridad y Soberanía Alimentaria, que reconoce el derecho a la alimentación desde una esfera

supranacional.

Por el lado de la Salud, se ha pensado por décadas que la salud es ausencia de enfermedad.

Comenzado el tercer milenio, se constata una sobreabundancia de teorías sobre la enfermedad y

ausencia de teorías sobre la salud. La región europea de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) ha propuesto definir la salud como “el grado en que una persona o grupo es capaz de

realizar sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y de enfrentarse adecuadamente al

ambiente”.

Desde la Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad

Nacional de Buenos Aires, se la define como: “La Salud es la situación de relativo bienestar

físico, psíquico, social y ambiental –el máximo posible en cada momento histórico y circunstancia

sociocultural determinada-, considerando que dicha situación es producto de la integración

permanente y recíprocamente transformadora entre las personas y sus ambientes humanos, teniendo

en cuenta que estos componentes integran a su vez el complejo sistema de la trama de la vida”.

En este sentido la salud es entendida como:

un fenómeno multidimensional que comprende variables e indicadores de naturaleza

biológica, psicológica, cultural y social.

Se trata de un fenómeno contextual, cuyas manifestaciones se organizan en distintos

niveles de complejidad y jerarquización

1 Entidad que agrupa a los congresos y asambleas legislativas de 23 países de América Latina y el Caribe.4

Es relativa, pues sus manifestaciones en el individuo, el grupo o el agregado social están

condicionadas por factores o atributos que le otorgan singularidad en cada momento

histórico

Implica una situación de equilibrio inestable, o sea en continuo proceso, pues se

manifiesta en distintos grados o situaciones

Es un bien personal y social, asociado al derecho humano que la misma sociedad debe

esforzarse por garantizar o promover. El valor de estar sano no es un asunto meramente

individual.

Partimos de la base que el derecho a la salud así como el derecho a la alimentación, son

derechos ligados a los otros derechos humanos: como el derecho a la alimentación saludable, el

derecho a un vivienda digna, el derecho a una educación de calidad, etc. En este sentido al

ubicarnos más el lado de la salud pensamos que debemos centrarnos fundamentalmente en la

prevención y en la promoción de la salud, que en remediar la enfermedad.

En lo que respecta al derecho a la Alimentación Saludable, el derecho a la información y la

educación alimentaria se encuentran dentro de los derechos humanos que son universales,

indivisibles, inalienables, interdependientes e interrelacionados, en su realización. La plena

realización del Derecho a la alimentación requiere asegurar el ejercicio progresivo de los demás

derechos. Por lo tanto las políticas alimentarias no deben plantearse como meras políticas

asistenciales sino como formas de generar ciudadanía. El enfoque de derechos considera a las

personas en su calidad de ciudadanos, que poseen derechos económicos, sociales y políticos

que son indivisibles, en razón de ser titulares de derechos: sujetos de derechos y no de personas

con necesidades, objeto de asistencia.

3. Modelos de Acumulación, Patrones Alimentarios y Cocinas

Tres hitos marcan los cambios en las estrategias de acumulación presentadas: la emancipación de la

colonia española a comienzos del siglo XIX con la vigencia del modelo agroexportador, la crisis

mundial del año 1929 que marca su fin y el comienzo de la etapa de crecimiento del mercado

interno con la industrialización sustitutiva de importaciones, y el cambio producido a partir del año

1976, a través del golpe militar que instaló en la Argentina políticas neoliberales, que trajo como

consecuencia el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica y social y el

desmantelamiento del Estado de Bienestar (Torrado, 2003). Un cuarto hito en nuestra historia

reciente, lo constituye la crisis económica y social del año 2001, y la posterior recuperación del rol

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del Estado, que marca una nueva etapa con relación a los programas sociales y alimentarios en

nuestro país.

El siguiente cuadro muestra los procesos históricos que marcan las diferentes estrategias de

acumulación que tuvieron lugar en Argentina, y su relación con los patrones alimentarios

establecidos, de acuerdo a los consumos habituales de la población de Buenos Aires, junto con las

cocinas que se desarrollan en los diferentes períodos.

Cuadro 1. Estrategias de desarrollo, patrones alimentarios y cocina en Buenos Aires

Período Modelos de

acumulación

Estrategias de

desarrollo

Patrón

alimentario

Cocinas

1536- 1810 Colonial Mercantil Segmentado Alta y Baja Cocina

1810- 1852

1853- 1929

Librecambio

Liberal

Argentina CriollaDiferenciado

Exococina (francesa)

Endococina (fusión)

Cocina “de olla”

“Asado criollo”

Agroexportador

1930-1975 Sustitución de Importaciones

1945-55: PeronistaUnificado Cocina de fusión

“Asado criollo”1958-72: Desarrollista

1976- 2001

2002 - 2015

Neoliberal 1976-83: Aperturista Ajuste en dictadura

Diferenciado

Exococina (étnica)

Endococina (fusión)

Cocina“de olla”

“Asado criollo”

1983-2001 Ajuste en democracia

Pos-neoliberal 2003- 2015gobiernos democráticos

Fuente: Reelaborado en base a datos presentados por Aguirre (2007) y bibliografía consultada (Torrado, 1995, 2003), (Roffman y Romero, 1974)

A grandes rasgos, podemos decir que en la Argentina, durante el período del Estado Benefactor

(1945-1975), prevalece un patrón alimentario unificado que corta trasversalmente a toda la

sociedad, ya que la población en general, accede a canastas de consumo similares, donde la

diferencia por estratos sociales, se plasma en el acceso a la vivienda, la educación, etc. A mediados

de los 90, las canastas muestran claramente que se han separado dos patrones de consumo con

perfiles propios, diferenciados ya no por la cantidad y calidad como en la etapa anterior, sino por

productos: los diferentes sectores sociales no comen lo mismo, ingieren diferentes productos y los

preparan de manera diferente (Aguirre, 2007). Antes de dicha etapa los comedores comunitarios o

las denominadas “ollas populares”, eran fenómenos aislados y localizados generalmente en lugares

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específicos. A partir de las sucesivas crisis económicas y la creciente desocupación durante la

década de los ’90 se convirtieron en moneda corriente, y perduran muchos de ellos hasta el

presente.

Siguiendo con Aguirre (1997), el rasgo característico del patrón alimentario argentino es su elevada

ingesta proteica, aportada mayormente por alimentos de origen animal. El patrón alimentario (que

determina qué es comida y qué no lo es), es un articulador entre el tener (los alimentos disponibles)

y el desear: no sólo comemos para alimentarnos (para cubrir nuestras necesidades nutricionales)

sino también para saciarnos satisfaciendo un deseo culturalmente determinado: “El patrón

alimentario, es una cadena de significantes que se manifiestan en hábitos alimentarios refractarios al

cambio en el corto plazo, aunque no invariables”. “Seguramente encontramos que los alimentos

que conforman el patrón tienen adecuadas relaciones costo- beneficio en términos nutritivos,

ecológicos y/o económicos, lo que explica su frecuencia y permanencia en los hábitos alimentarios

de la población”. “El significante “carne” es la clave del patrón alimentario argentino”. La

evolución histórica de los precios relativos posibilitó un acceso generalizado de todos los estratos

sociales específicamente a la “carne vacuna”, por lo que “esta fuerte valoración de la carne recorre

transversalmente todo el cuerpo social, cualquiera sea el nivel de ingresos de los hogares”... “la

importancia de la carne vacuna en los hábitos alimentarios se asocia no sólo a relaciones de costo

beneficio adecuadas, sino a operaciones simbólicas de inclusión–exclusión: comer carne es un

modo de ser argentino”.

Hoy nos encontramos con que este patrón alimentario está siendo tensionado por los cambios que

se vienen operando en el ámbito de la sociedad, donde se produce una segmentación por estratos

sociales respecto mismo de la alimentación y empiezan a diferenciarse cada vez más las dietas

típicas de cada sector. Los de mayor poder adquisitivo, por razones de salud, comienzan a alejarse

de las carnes rojas. Sin embargo dentro de las estrategias domésticas de consumo, parecería que las

familias que no pueden acceder hoy en día a las cantidades suficientes de carne vacuna, están

fuertemente insertas en este patrón alimentario, dado que existe una alta valoración de la misma en

los sectores medios y de bajos ingresos, no observándose lo mismo en los de más altos recursos

(Borrás, 2002).

Tal como lo señala Aguirre (2007), los cambios que se observan en la alimentación darán vuelta los

cuerpos de clase: de ricos con cuerpos gordos asociados al bienestar y la salud frente a los pobres

que eran flacos hasta principios del siglo XX, pasamos a observar la gordura de la escasez, en los

pobres y cuerpos flacos, en los ricos. Sin embargo hoy se perfilan la antigua obesidad de la

abundancia y la creciente obesidad de la escasez de los pobres.

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4. Evolución de los Consumos y Factores de Riesgo

La Argentina produce alimentos en cantidad suficiente para alimentar a millones de personas, sin

embargo, su población se encuentra en un estadio avanzado de transición nutricional representado

por la monotonía alimentaria, el consumo de pocos productos básicos (como el trigo, carne vacuna,

aceite de girasol y papa), con una escasa variedad de alimentos y comidas (Britos y Saraví, 2009).

En la actualidad, existe un pasaje hacia los alimentos procesados en detrimento de los alimentos

frescos, que encuentra su lógica en la dimensión espacial de la ciudad, en la creciente participación

femenina en el trabajo asalariado y en el desarrollo de la agroindustria y el supermercadismo

(Aguirre, 2011). Según informes presentados por el Ministerio de Salud de la Nación (2011), dicha

transición consiste en un cambio de los consumos de alimentos más saludables -como las frutas y

las verduras-hacia el consumo de alimentos procesados, que suelen tener más sodio e hidratos de

carbono de rápida absorción, más densidad calórica, menos fibras y menos poder de saciedad. Con a

respecto a los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), realizada por

dicho ministerio en el año 2009, -sobre una muestra de 35.000 personas de todo el país-, el

promedio de consumo de frutas y verduras por habitante en Argentina es inferior a 2 porciones por

día. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) es consumir por día

dos porciones de frutas y tres de verduras (al menos cinco porciones al día, lo que equivale a los

400 gramos). A nivel nacional, en el año 2009 el consumo diario promedio de verduras es de 0,98

y de 1 porción diaria, para el caso de las frutas, cifras que denotan un consumo extremadamente

bajo. En el siguiente mapa, podemos observar el promedio de consumo diario de verduras y de

frutas por grandes regiones:

Mapa 1. Consumo promedio diario de frutas y verduras por regiones en Argentina

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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por el Ministerio de Salud de la Nación (2011)

En los siguientes mapas podemos mirar las disparidades entre provincias, con respecto al consumo

promedio diario de frutas y verduras:

Mapa 2: Consumo promedio diario de

frutas en Argentina (por provincias)

Mapa 3: Consumo promedio diario de

verduras en Argentina (por provincias)

9

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por el Ministerio de Salud de la Nación (2011)

En el caso de las frutas, cuando analizamos los datos por provincias, Buenos Aires, Córdoba y La

Pampa alcanzan el mayor promedio (entre 1,10 y 1,19 porciones diarias). Mientras que para el caso

de las verduras, las provincias de Misiones y Formosa arrojan el mayor consumo diario (de 1,20 a

1,40 porciones diarias). En el mismo estudio se realiza una comparación con los resultados de las

ENFR del año 2005, respecto de la realizadas en el 2009 por regiones, donde se observan cifras

alarmantes que revelan que la prevalencia de consumo de verduras, disminuyó a nivel nacional en

este último período (de 40% a 37,% respectivamente). Como lo muestra el siguiente gráfico dicha

disminución en el consumo de verduras se observa en tres de las regiones de nuestro país

(Pampeana y GBA, Patagonia y Noroeste), mientras que hay un leve ascenso en la región de Cuyo y

Noreste:

Gráfico 1. Prevalencia del consumo de verduras, comparación 2005-2009 (por regiones)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por el Ministerio de Salud de la Nación (2011)

Solo el 4.8% de la población consume al menos las cinco porciones diarias recomendadas por la

OMS. Las provincias de Jujuy y Córdoba, son las que poseen la mayor prevalencia (6,8%),

mientras que Tucumán y Santiago del Estero, los menores (2%). Es importante destacar que, en la

provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata tiene el mayor porcentaje de población que

consume al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras (11%), le sigue la ciudad de Buenos

Aires con el 6,1%.

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A nivel de los datos referidos a la totalidad del país, las mujeres tienen un consumo promedio diario

de frutas y verduras mayor que los hombres (2,07 y 1,87 respectivamente). De igual modo, a mayor

nivel educativo y a mayor nivel de ingresos de la población, aumenta el promedio de consumo

diario de verduras y frutas.

La ingesta insuficiente de frutas y verduras ocasiona, entre otros factores, el 31% de la enfermedad

coronaria, el 19% de los cánceres del tubo digestivo y el 11% de la enfermedad cerebrovascular”.

Otro de los puntos relacionados con la mala alimentación en nuestro país es el sobrepeso y la

obesidad: más de la mitad de la población (53%), presenta exceso de peso (sobrepeso y obesidad).

Con respecto a la obesidad a nivel nacional y en las distintas regiones, se observa un aumento

significativo 3,4% en las ENFR correspondiente al año 2009, en comparación con las realizadas en

el año 2005. La prevalencia nacional a nivel de obesidad llega al 18%, siendo mayor en los sectores

vulnerables con menor nivel educativo e ingresos, aumentando con la edad (hasta los 65 años).

Los siguientes mapas muestran el aumento de la obesidad en las distintas provincias en que se

divide nuestro país en los dos períodos mencionados (2005 vs 2009):

Mapa 4. Prevalencia de obesidad en Argentina en los años 2005-2009 (por provincias)

____________________________________________________________________________________________

Fuente: Elaborado por Ministerio de Salud de la Nación (2011), según datos obtenidos en la ENFR realizadas en los años 2005 y 2009

Es necesario aclarar que por primera vez la Argentina cuenta con datos a nivel nacional de la

evolución de la obesidad y el sobrepeso. Datos que muestran un alarmante aumento de la obesidad

en todo el territorio nacional, donde la mayoría de las provincias (el 61%), poseen una alta

prevalencia de obesidad superior al 18%. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

(CABA) y la provincia de Misiones, muestran los menores guarismos (13,5% y 13,9%

respectivamente).

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Según datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ministerio de Salud de la

Nación, 2007), en los niños y niñas menores de cinco años la baja talla y la obesidad constituyen las

situaciones más prevalentes. Aproximadamente uno de cada diez niños y niñas presentan baja talla

para su edad (8,4%), una relación similar se muestra en términos de obesidad (10,3%). Sin

embargo, al analizar los resultados desagregados de la encuesta, se observan importantes diferencias

entre las regiones del país. En las regiones que poseen los índices socio-económicos y sanitarios

más bajos, como el NEA (Noreste Argentino) la prevalencia de baja talla en menores de 5 años es

del 10,5%, muy superior al obtenido por la región patagónica (6,2%) o en el Gran Buenos Aires

(6,2%), que son las que poseen índices socio-económicos más altos. También se observan algunas

carencias específicas, como el hierro, calcio y ciertas vitaminas fundamentales para el crecimiento.

El peso insuficiente al nacer y la obesidad en edades tempranas, son problemas que comprometen

seriamente el desarrollo infantil y la posibilidad de desarrollar diferentes enfermedades en la

adultez, principalmente relacionadas con el uso y tolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina,

con la hipertensión, el daño vascular y otras vinculadas con el síndrome metabólico.

4. Políticas Alimentarias en la Argentina

Los problemas alimentarios no solo se relacionan con la producción de alimentos y la expansión de

determinado modelo agrícola, sino también con el funcionamiento de toda la economía y el

accionar de las instituciones políticas y sociales que pueden influir de manera directa o indirecta en

la capacidad o incapacidad de la población para adquirir alimentos y acceder a una alimentación

saludable.

En Argentina desde fines del siglo XIX y fundamentalmente en las primeras décadas del XX se

impulsaron desde formas rudimentarias hasta sistemas más formales de ayuda o asistencia

alimentaria. La década del ´30, como reflejo de la crisis económica mundial, pone en evidencia la

necesidad de impulsar acciones y organizar la asistencia social. Sin embargo, recién en la década de

los años ´60, comienzan a generalizarse los programas alimentarios de reparto de alimentos, en el

marco de la política desarrollista que dominan esa época (Britos et al., 2003).

La profundización de las transformaciones iniciadas en el ´90 desemboca en un proceso de

descolectivización de vastos sectores sociales. El nuevo modelo modifica la inserción de la

economía en el mercado internacional, ya que la apertura de las exportaciones condujo a la

“reprimarización de la economía”, lo que produce crecimiento económico pero con aumento de la

desocupación (Svampa, 2005). La reformulación del rol del Estado en dicho período trajo aparejada

la instrumentación de Políticas Sociales focalizadas, como estrategias de contención de la pobreza,

para los sectores excluidos que no pueden integrarse al mercado laboral. En respuesta a esta

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situación, en donde vastos sectores quedan excluidos del sistema productivo, los hogares

comenzaron a sustituir su dieta por otra de menor valor nutritivo, más económica y cada vez más

diferenciada de aquellos sectores sociales de mayor capacidad adquisitiva, aumentando de esta

manera la inseguridad alimentaria.

Para paliar esta realidad se incrementaron los programas alimentarios de reparto, complementación

o suplementación, que fueron implementados casi sin interrupciones por el Estado, acompañado en

ocasiones por la sociedad civil. La entrega directa de alimentos o de bonos para la adquisición de

alimentos para los grupos vulnerables fue un componente casi permanente de la política social

(Britos et al., 2003). La política alimentaria orientada a las familias, que aun hoy día siguen

vigentes, combinan varios programas alimentarios, focalizados en grupos poblacionales en riesgo,

como las embarazadas, los niños, los adultos mayores, donde pueden superponerse programas de

nivel nacional, provincial y municipal. Los más comunes, que se han mantenido hasta la actualidad,

han sido la entrega directa de alimentos a las familias o a través de los comedores escolares o

barriales para los sectores vulnerables. En los últimos años se han desarrollado programas de

transferencias monetarias directas mediante una asignación mensual de dinero donde están

comprendidos también los programas que entregan vales o tickets o tarjetas electrónicas, para la

compra de alimentos.

En el siguiente cuadro se describen los principales programas alimentarios de nivel nacional

implementados en diferentes períodos:

Cuadro 2. Programas Alimentarios en Argentina en diferentes períodos:

Períodos Nombre o denominación del programa

Características – destinatarios.

Entre los años 30 y 80 la política alimentaria es centralizada y autoritaria.

Programa Materno Infantil (PMI) Creación de la Dirección de Maternidad e Infancia. Año 1937- continúa

Destinatarios: universal, madres, niños y adolescentes. Promoción y atención de la salud.Prestaciones: Complemento alimentario de 2 kilos mensuales de leche entera en polvo en el embarazo, puerperio y hasta los 2 años del niño (extendido a 6 años en casos de bajo peso). Financiamiento nacional: centralizado hasta 1992.

Recién a partir de los 80 la cuestión alimentaria comienza a preocupar a la agenda política. El Programa Alimentario Nacional (PAN 1984-1989) de Alfonsín fue el primero a nivel nacional. El desempleo, los ingresos insuficientes y el aumento de los precios de los alimentos, comienzan a verse como centrales en la problemática

Programa Alimentario Nacional (PAN). Año 1984 -1989.La duración del PAN fue establecida en dos años, pero sucesivas prórrogas lo mantuvieron vigente hasta la finalización del mandato de Alfonsín.

Destinatarios: dirigido a familias vulnerables con hijos. Prestaciones: Caja de alimentos secos (dos kilos de harina, leche en polvo, dos kilos de azúcar, dos litros de aceite, tres kilos de fideos, dos kilos de arroz, un kilo y medio de corned beef, lentejas y porotos). Equivalente al 30% del valor calórico mensual necesario para una familia tipo seleccionada en áreas socialmente carenciadas. Financiamiento nacional: compras centralizadas y distribución de cajas PAN en el territorio, por medio de “agentes barriales”. Cobertura: la máxima expansión de la distribución

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alimentaria. alimenticia, que después incluyó algunos medicamentos, llegó a 1.400.000 cajas.

En los 90 se dejan de subsidiar los alimentos en el mercado y comienzan a tomar importancia los programas de asistencia alimentaria (Políticas de Reparación de políticas anteriores. Basada en aspectos nutricionales, concepción estrictamente biológica de lo alimentario, bajo la fusión nutrición-salud y las condiciones socioeconómicas de la población.

Programa Social Comunitario (POSOCO). Año 1991- continúa

Destinatarios: familias vulnerables. Recursos para comedores infantiles y comunitariosFinanciamiento: transferencia por coparticipación a las provincias.

Bono Social SolidariosAño 1989-1991

Destinatarios: Familias vulnerables. Prestaciones: entrega de bonos para la compra de alimentos.Financiamiento nacional e impuestosPor irregularidades se suspende al poco tiempo de su inicio.

Programa Social Nutricional (PROSONU). Año 1972-1992.

Destinatarios: niños en edad escolar de escuelas primarias y jardines de infantes. Integra los recursos del Programa de Comedores Escolares e Infantiles. Financiamiento nacional. A partir de 1992 fueron transferidos a las provincias en conceptos de “fondos coparticipados” y de impuestos recaudados por el Estado Nacional. No fue utilizado por todas las provincias con ese fin.

Programa PROMIN . Año 1993-continúa

Destinatarios: Focalizalizan en menores de 2 a 5 años y en el desarrollo psicosocial de niños pobres. Contempla el fortalecimiento de comedores infantiles y su transformación en Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Capacita a voluntarios. No mejora los contenidos de la alimentación. Financiamiento: entre 1993 a 2005 Banco Mundial. Después con financiamiento nacional

Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI) 1996-2000

Destinatarios: Focalizado en niños de entre 2 y 14 años, de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), de áreas urbanas y rurales con un mínimo de 30% de población con NBI en relación al total del área. Propendió a la autofocalización por la demanda espontánea de los niños a los comedores infantiles hasta convertirlos en Centros de Cuidado Infantil (CCI). Apoyo en equipamiento e infraestructura a comedores comunitarios.Caja PRANI: Envío de módulos alimentarios a las provincias, denominado “módulo refuerzo de dieta”, conteniendo 9 alimentos no perecederos equivalentes a 1250 calorías diarias, destinado a satisfacer el 77% de las necesidades diarias de la población objetivo.Financiamiento nacional.Cobertura: inicial de 102.490 niños de 2 a 5 años en 1995, llegando a 322.565 niños en 1998.

Programa de Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA)Año 1995-2000

Destinatarios: adultos mayores de 65 años sin cobertura ni acceso a la seguridad social. Focalización: se identificó a los beneficiarios a través del Registro Nacional de las personas.Prestación: Entrega de alimentos secos en caja y medicamentos ambulatorios para patologías agudas o crónicas con excepción de medicamentos para programas especiales.Financiamiento nacional, compras centralizadas.Cobertura: meta de alcanzar el 50% de mayores en riesgo (360.000 aprox. en 1995), se alcanzó en 1997 a 175.000 personas.

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Programas de Emergencia durante la crisis económica y social de los años 2000- 2002

Programa de Emergencia Económica (PEA.Año 2001-2003

Destinatarios: niños menores de 14 y 18 años y adultos mayores de 60 años, sin cobertura y en situación de pobreza.Prestaciones: entrega de módulos de alimentos o ticketsFinanciamiento: Presupuesto nacional y transferencias a las provincias.

Programa de apoyo familiar (UNIDOS).Año 2001-2002

Destinatarios: unificación de la población infantil del PRANI y los adultos mayores del ASOMA.Prestaciones: módulos alimentarios, huertas familiares y comunitarias, entrega de medicamentos. Financiamiento: Presupuesto nacional

En el año 2003 en nuestro país se crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) “El Hambre más Urgente” dependiente Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir de la sanción de la ley SAN 25.724. El mismo tiene como objetivo posibilitar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente, acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país, para la población en situación de vulnerabilidad social. Intenta articular los programas existentes y realizar una base única de la población objetivo.

Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR). Año 1995-continua a partir de 2003 dentro del PNSA

Transfiere fondos para la adquisición directa de alimentos, infraestructura, equipamiento y capacitación. Programa de emergencia en sus inicios con financiamiento del Banco Mundial para comedores comunitarios, luego se financia con fondos nacionales.

Programa Nacional de Nutrición y Alimentación

Destinatarios: mujeres embarazadas, niños de 0 a 5 años y adultos mayores de 70 años sin cobertura social y bajo la línea de indigencia.Se sustenta en tres tipos de estrategias: Preventivo (vinculado con las salud materno infantil, el desarrollo infantil, la educación alimentaria, y aspectos bromatológicos), Compensatorio (asistencia directa y promoción de autoproducción de alimentos) y superación (desarrollo de actividades productivas

Programa Pro Huerta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) Año 1995 -continua.

Destinatarios: Dirigido a la población rural y urbana en situación de vulnerabilidad social desde el año 1995, el Pro Huerta, estimula el desarrollo de granjas y huertas agroecológicas familiares, escolares, comunitarias e institucionales, en todo el territorio nacional. Ofrece capacitaciones, asistencia técnica e insumos biológicos para que las familias, grupos o entidades de la comunidad puedan generar sus propios alimentos. Pro-Huerta amalgama la capacitación progresiva, la participación solidaria y el acompañamiento sistemático de las acciones en terreno, resultando estratégicos en su operatoria la intervención activa del voluntariado (promotores) y de redes de organizaciones de la sociedad civil.

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Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía citada: Britos et al. (CESNI, 2003) y Vinocur et al.

(CEPAL, 2004)

De acuerdo al tipo de aplicación de los principales programas descriptos anteriormente, en el

siguiente gráfico se muestra la relación entre los distintos tipos de prestaciones que se han

implementado. De la lectura podemos destacar, que los módulos alimentarios y los comedores

comunitarios y escolares, han sido las mayores prestaciones de la política alimentaria a los largo del

período, observándose una escasa prestación en cuanto a capacitación en general.

Gráfico 3. Prestaciones implementadas por programas alimentarios

FUENTE: Maceira, M. Stechiba, M. Revista Cubana de Salud Pública; 37(1)44-60. 2011

Solo tres de los nueve programas han sido desarrollados desde el ámbito sanitario nacional: el

PRAMIN, el PAN y el PNSA. La mayoría fueron implementados desde el Ministerio o la Secretaría

de Desarrollo Social. Cuestiones que dan cuenta de la dificultad que existe para abordar el problema

alimentario desde un enfoque sanitario. Dichas prestaciones han sido aplicadas fundamentalmente

en la comunidad (38%) y en los hogares (38%). En menor medida estos programas se pueden

ejecutar en la escuela (14%), como en el caso del Pro Huerta y en los Centros de Salud (10%)

(Maceira et al., 2011).

Muchas de prestaciones son discontinuas, ya que no tiene una frecuencia mensual, como en el caso

de los bolsones de alimentos o las tarjetas magnéticas que se retrasan entre 45 a 60 días. También

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pueden existir demora en la transferencia de los fondos debido al incumplimiento de las provincias

en la rendición de las cuentas previas (Britos et al., 2003), o por parte de los municipios, por el

desvío de fondos para otros fines.

4.1. Política Alimentaria dirigida a los comedores escolares y comunitarios2:

Las prestaciones más estables en materia alimentaria en Argentina, han sido los comedores, aunque

dicha modalidad ha tenido muchos problemas para su implementación y continuidad (Maceira et.

al., 2011).

El inicio de la asistencia alimentaria en la Argentina se desarrolla principalmente en el ámbito

educativo y se remonta a la implementación de los primeros comedores escolares y del Programa

Materno Infantil a principios del siglo XX, lo que muestra una creciente preocupación por la salud

integral de los niños. El primer servicio de “copa de leche” en las escuelas, se instala en el año

1906 y en el año 1914, donde se incluye por primera vez en los presupuestos del Consejo Nacional

de Educación, una partida anual para alimentación en escuelas, en todo el territorio nacional.

Es decir que las ayudas alimentarias tienen sus raíces en las escuelas, donde se generan

investigaciones acerca del estado nutricional de los niños, las enfermedades originadas por

carencias y las necesidades alimentarias de los niños para tener un adecuado crecimiento y

desarrollo.

En 1928 se habilitan las primeras cantinas escolares y es en el año 1938 que, por iniciativa del

senador socialista Alfredo Palacios, se sanciona la ley 12.558 de “Protección a los niños en edad

escolar”, donde se abren comedores escolares en todo el país y se subvenciona a las cooperadoras

escolares que tienen a su cargo ayudas alimentarias, como la llamada “la copa de leche” y la “miga

de pan”.

En el año 1945 la Dirección de Ayuda Escolar posibilita la instalación de comedores en todas las

escuelas públicas del país que lo requieran. En el año 1972 el “Programa de Comedores Escolares”,

se generaliza a nivel nacional como una herramienta para aumentar y garantizar la matrícula escolar

y mejorar el rendimiento de los alumnos con déficit nutricional. El programa era financiado y

administrado por el gobierno nacional, bajo la dependencia del Ministerio de Salud y Acción social,

que transfiere a las provincias recursos que luego se los distribuyen a cada escuela. Una evaluación

realizada por el Centro Interamericano de Desarrollo social (CIDES) y la OEA (Organización de los

Estados Americanos) concluye que tales programas:2 Este apartado se extrae del estudio realizado por Britos, O’Donneil, Ugalde y Clacheos (2003): “Asistencia

Alimentaria Escolar. Antecedentes de los Comedores Escolares”, en Programas Alimentarios en Argentina. Centro de

Estudios de Nutrición Infantil, Buenos Aires.17

• No poseen directivas claras respectos de los contenidos de la alimentación escolar a

suministrar.

• No hay una adecuada asignación de responsabilidades institucionales y de instrumentos

operativos que regulen las relaciones entre los organismos nacionales y jurisdicciones

involucradas

• No se programan metas nutricionales por tipo de prestación. Las metas dependen del costo

por ración disponible en cada jurisdicción.

• En la práctica, las escuelas disponen de una amplia discrecionalidad para programar los

menús en función de los fondos que reciben.

• Incertidumbre en la recepción de fondos y discontinuidad del comedor los días sin clase o en

los meses de verano.

• Es insuficiente las prestaciones en calcio y otros nutrientes como la vitamina A. Las

prestaciones de hierro como en “la copa de leche” y refrigerios, tienen una marcada

insuficiencia en relación a su aporte calórico.

En el año 1992. Se produce la descentralización del programa hacia las provincias (fondos

coparticipables). Esto determina una nueva disparidad regional entre diferentes provincias, ya que

hay jurisdicciones mejor organizadas y con más recurso que otras. La modalidad más extendida es

la transferencia de fondos a las propias escuelas, donde los directivos, cocineros o miembros de la

comunidad educativa compran los alimentos y resuelven el menú diario de los comedores escolares.

Una segunda modalidad es la compra centralizada de alimentos a cargo de la provincia, los

municipios o el consejo escolar, y su posterior distribución a cada escuela. Una tercera modalidad lo

constituye la instalación de usinas centralizadas responsable de la compra y preparación de las

comidas para varias escuelas. Finalmente una cuarta propuesta consiste en la contratación a a

empresas gastronómicas privadas que ofrecen el servicio. En la práctica, en una misma ciudad, se

puede observar una combinatoria de algunas de las posibilidades antes detalladas.

Sintetizando algunas de las características de los comedores escolares, Britos (2011), señala lo

siguiente:

• Prestación alimentaria irregular, no sujeta a un marco normativo que establezca metas de

aporte de energía y nutrientes.

• Monotonía en el tipo de menús ofrecidos.

• Contribución nutricional cuyo perfil es similar y no complementario de las deficiencias

conocidas de la alimentación hogareña.

• Sobrevaloración de la prestación de almuerzo en desmedro de otras de importancia

estratégica como los desayunos o meriendas.18

Sumado a lo anterior, por el lado de los docentes existe una tendencia a pensar que los comedores

no deberían ser parte de la institución escolar, ya que consideran, en general, que no es tarea del

docente ocuparse de estas cuestiones. Si bien reconocen la necesidad de tener el comedor en el caso

de tratarse de poblaciones vulnerables, no consideran que este último pueda convertirse en un

lugar de aprendizaje, como parte de la tarea educativa. Por otro lado, tal como se desarrollan la

mayoría de los comedores escolares y barriales de acuerdo a la composición de los menús,

reproducen la comida rendidora de los sectores populares: abundantes en hidratos de carbono y

grasas, si es posible con la presencia de carne, en donde las verduras las frutas son escasas, poco

variadas o están ausentes. Otra situación que es reproducida en la escuela se observa

frecuentemente en los desayunos y meriendas, ofreciendo como acompañamiento de las infusiones

manteca en el pan, facturas y hasta alfajores.

En el caso de los comedores comunitarios funcionan como distribuidores de viandas para que la

comida sea consumida en los hogares o para que la consuman en el mismo comedor. En cuanto a

los rasgos más destacados de este tipo de prestaciones tenemos las mismas características que se

dan en los comedores institucionales: servicio muchas veces irregular, de baja contribución de

nutrientes, escasa complementariedad de las deficiencias de nutrientes respectos de los sectores a

los que van dirigidos y una alta exposición de riesgos higiénicos sanitarios. Estas características

precarias en la organización, gestión de fondos, calidad de la alimentación, condiciones higiénico

sanitarias y afectación de la comensalidad familiar, muestra que los mismos son una respuesta de

emergencia, acotada en el tiempo (Britos et al., 2011). Sin embargo todavía no se conoce el lugar

que estos comedores comunitarios poseen en la actualidad para un sinnúmero de hogares que siguen

acudiendo diariamente en la búsqueda de la comida diaria, hasta convertirse probablemente en un

“delibery para pobres”.

4.2. Reconversión de programas hacia las transferencias de Ingresos:

Los planes alimentarios ejecutados por las provincias y municipios, a través de vales y tickets, son

una modalidad complementaria relativamente nueva, con una cobertura menor que los módulos

alimentarios, que posibilitan que las familias puedan adquirir sus propios alimentos en comercios

preestablecidos. En la actualidad también existen experiencias en algunas ciudades, de entrega de

tarjetas bancarias a los usuarios que reciben aportes mensuales de dinero, que permiten mayor

autonomía por parte de las personas, para la compra de alimentos.

Coexisten otros programas de transferencia de ingresos, que no necesariamente son programas

alimentarios pero que por su importancia es sabido que tiene un gran impacto en el poder

adquisitivo de los hogares vulnerables, y por lo tanto, en la compra de alimentos por parte de las

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familias. Uno de ellos fue el programa de emergencia denominado “jefas/es de hogar” que

comenzó a gestionarse a principio de 2002, como respuesta a la crisis sin precedentes desatada en la

Argentina en el año 2001, como consecuencias de las políticas neoliberales adoptadas en años

anteriores. Sus destinatarios fueron las familias con hijos menores de 18 y jefe/a desocupados.

Cada titular percibía una suma mensual de 150 pesos, con obligación de desarrollar una

contraprestación laboral de 4 horas diarias a cambio (en emprendimientos productivos o como

servicios), aunque esto último, no siempre se cumplió. La forma de implementación fue

descentralizada, y se transfirió la responsabilidad del gasto, la gestión y la ejecución a las provincias

y municipios. Se promovió la autofocalización, es decir la presentación espontánea de los

beneficiarios. Si bien en un primer momento se pensó que su implementación sería universal, al

cerrarse la inscripción en dichos planes a principios del año 2002 -debido a la masiva cantidad de

gente que se presentaba-, se produjeron inequidades, dado que una vez más, aquellos que conocían

los circuitos de la asistencia estatal, se movieron más velozmente y con la necesaria persistencia

para poder ser incluidos en dicho Plan. Muchos de estos planes fueron entregados -ante la presión

del movimiento de desocupados-, a los grupos “piqueteros”, los que promovieron muchas

experiencias de autogestión, orientados fundamentalmente a economías de subsistencia que

permitieron hacer frente a la crisis alimentaria de esos años.

El otro programa de distribución de ingresos lo constituye la Asignación Universal por Hijo (2009)

que consiste en pagos de 460 pesos mensuales para hijos menores de 18 años y de 1500 pesos para

chicos discapacitados. Este derecho les corresponde a los hijos de padres desocupados, o que

trabajan en el mercado informal o que ganen menos que el salario mínimo vital y móvil. El

requisito es que los niños asistan a la escuela, realicen los controles de salud en forma periódica y

cumplan con el calendario de salud obligatoria. En la actualidad 3.500.000 niños y adolescentes

reciben este beneficio y los iguala en derechos a los niños que, por la situación laboral formal de sus

padres, reciben también una asignación familiar por parte del Estado. Esta política redistributiva, la

más importante en su tipo a nivel regional permitió el regreso a la escuela y a los centros de salud

de millones de niños y niñas.

5. Conclusiones

Si bien existen esfuerzos por integrar programas alimentarios y las acciones de distintos

Ministerios, nos encontramos que las políticas alimentarias siguen siendo focalizadas, orientadas

solo a poblaciones en riesgo nutricional y no se ha llegado aún a general una Política Pública

integral, que contemple a la totalidad de la población, ya que la cuestión alimentaria atraviesa

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transversalmente a toda la sociedad y no solamente a los grupos vulnerables. Es así que los

programas alimentarios, sin el sostén de una política integral, vehiculizados a través de las ayudas

alimentarias directas, como la entrega de bolsones de alimentos, o por medio de los comedores

escolares o barriales, además de ser insuficientes, fomentan y sostienen los hábitos alimentarios de

los sectores populares, abundantes en hidratos de carbono (si es posible con la presencia de carne),

pero que carecen de minerales y vitaminas aportadas por las hortalizas frescas y las frutas.

Reproducen las comidas “de pobres” hechas fundamentalmente en la cacerola, económicas,

colectivas, poco variadas y rendidoras, imposibilitando de esta manera reflexionar sobre otras

opciones posibles y cómo repensar la cuestión alimentaria y sus derivaciones en la salud de la

población. Al despojar a la cuestión alimentaria de los aspectos socioculturales que la constituyen,

se desestiman las posibilidades de resignificar estos lugares como aulas abiertas a nuevos

aprendizajes. Como consecuencia los sujetos, asumen un rol pasivo ante lo que les ofrece,

posicionándose como meros receptores de lo que el Estado les provee, sin poder reflexionar sobre

las consecuencias, y por lo tanto sin explorar otros gustos, quedando atrapados en los que se les

ofrece por no haber tenido otras opciones.

El aumento de las enfermedades ligadas a la alimentación, como la obesidad, las cardiopatías, la

hipertensión, la diabetes, etc., muestra la importancia de trabajar sobre la prevención y la promoción

de la salud, y en ese sentido la educación posee un lugar prioritario. Si bien existen lineamientos

curriculares para la capacitación del docente y el posterior trabajo áulico, aun resta mucho camino

por transitar en la escuela, desde la conversión paulatina de los kioscos tradicionales a kioscos

saludables, hasta la necesidad de contar con lineamientos claros y mayor apoyo presupuestario que

garantice la calidad de los menús que ofrecen los comedores escolares y comunitarios.

Hacer solo hincapié en la cuestión del acceso a los alimentos encierra el peligro de soslayar los

aspectos culturales y sociales de la alimentación, ya que podemos afirmar que aun mejorando la

distribución del ingreso esto no necesariamente estará relacionado con una mejor elección por parte

de los hogares, en la selección de alimentos. Si bien existen sectores de la población que no tienen

acceso a los alimentos indispensables, “nada garantiza que si mejoran las condiciones de

accesibilidad hacia los alimentos, las familias realizarían elecciones que tengan en cuenta la salud y

el bienestar. Sabemos que no es suficiente asegurar el acceso a un alimento, si el mismo no es

considerado “bueno para comer”, más aún cuando se desconocen las formas de utilizarlo o

prepararlo. Este aspecto debería contemplarse más aún desde bancarización de los programas, para

que la transferencia monetaria directa y por ende la mayor capacidad de compra de alimentos,

redunde en una alimentación más variada, completa y saludable. El aumento de las enfermedades y

los problemas sociales ligados a la alimentación muestra la importancia de trabajar en la prevención

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y promoción, haciendo hincapié en los aspectos educativos y comunicacionales orientados a toda la

población” (Borrás, 2008).

Mientras que las relaciones sociales y de poder que atraviesan los consumos alimentarios

permanezcan ocultas y en el orden de lo cotidiano, no podrán ser visibilizadas y seguirán actuando

y reproduciendo las desigualdades. El abordaje no puede ni debe ser únicamente biológico o

nutricional, es necesario analizarlo como hecho social complejo, en donde el aporte de las distintas

disciplinas resulta ser fundamental.

Una vez analizados los programas y las tendencias en los consumos alimentarios de los argentinos,

consideramos que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, es poder generar una

Política Pública que permita instalar la educación alimentaria y ambiental, no solo en todos los

ámbitos escolares y comunitarios, sino también acompañando en la ejecución de los programas

alimentarios que ya están en marcha, como un componente fundamental y necesario para que la

población pueda mejorar su calidad de vida y por lo tanto, se constituya en una ciudadanía plena de

derechos.

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