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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el día martes 30 de Julio de 2019.

Presidencia del diputado Marco César Almaral Rodríguez

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día martes treinta de julio de dos mil diecinueve, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, los siguientes ciudadanos diputados y diputadas: Abelló Jordá Francisca, Almaral Rodríguez Marco César, Bonilla Valverde Yeraldine, Covarrubias González Cecilia, Crespo López José Antonio, Domínguez Nava Graciela, Félix Niebla Gloria Himelda, Flores Gámez Eleno, García Carrera Apolinar, Garzón Aguilar Alma Rosa, González Sánchez Mario Rafael, González Zatarain Édgar Augusto, Guerra Mena Flor Emilia, Hernández Álvarez Faustino, Inzunza Valenzuela Elva Margarita, Iribe Gascón Guadalupe, Jacobo Gutiérrez Sergio, Leyva Ortega Gildardo, López Castro Rosa Inés, López Hernández Mónica, Lora Oliva Horacio, Mascareño Duarte Fernando, Miranda Leal Flora Isela, Montero Alatorre Karla de Lourdes, Moreno Romero Ana Cecilia, Palestino Carrera J. Jesús, Ramírez Guzmán Jesús Armando, Rojo Sánchez Mariana de Jesús, Romero López José Rosario, Rubio Valdez Roxana, Sánchez Peña María Victoria, Torres Navarro Juan Ramón, Valenzuela López José Manuel, Villalobos Seáñez Jorge Iván, Villegas Lobo Pedro Alonso, Vizcarra Flores Florentino, Zárate Valenzuela Beatriz Adriana y Zazueta Zazueta Marco Antonio. Faltado con permiso de la presidencia la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Ocadio García Espinoza.

El diputado Presidente dijo: Con asistencia de 38 diputados y diputadas, existe quórum y da principio la sesión siendo las once horas con treinta y dos minutos.

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día jueves 25 de julio de 2019.

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El diputado Presidente dijo: Para dar cumplimiento con lo que dispone el Artículo 42, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba dicha acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados presentes procedieron a votar de manera económica, votando todos los presentes por la afirmativa.

El diputado Presidente dijo: Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de la sesión del día jueves 25 de julio de 2019.

Asuntos en cartera:

3.- Correspondencia recibida:

* De las Secretarías de Administración Púbica Estatal, remitiendo el informe por escrito sobre la situación que guarda cada Secretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

* General de Gobierno* De Administración y Finanzas* De Educación Pública y Cultura* De Transparencia y Rendición de Cuentas* De Desarrollo Sustentable* De Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de

Sinaloa* De Desarrollo Social* De Agricultura y Ganadería* De Seguridad Pública* De Economía* De Turismo* De Innovación; y* De Obras Públicas* Del Sistema DIF Estatal.

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La secretaría procedió a dar lectura a oficio donde se remiten informes de dichas Secretarías.

El diputado Presidente dijo: Habiendo escuchado la lectura, se instruye a la Secretaría General acusar recibo de enterados.

4.- Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el 3% a que se refiere el Artículo 69 de la Ley de Hacienda y la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa.

La secretaría procedió a dar lectura a dicho acuerdo.

“El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo Número.Único. Se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación

Política del Congreso del Estado de Sinaloa, de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual se establece el porcentaje de 80% para la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 10% para el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado y 10% para la Unidad Técnica de Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización del Congreso del Estado, en atención a los recursos que por concepto de cobro de derechos derivados de la verificación, inspección, fiscalización y control deban recibir con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

Artículos Transitorios Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de

su aprobación.Segundo. La estructura y personal con el que deba operar para

su funcionamiento la Unidad Técnica de Evaluación, se regirá por su Reglamento Interior, el cual deberá ser expedido dentro del siguiente periodo ordinario a partir del 1 de octubre y una vez se haya aprobado el presente acuerdo.

En tanto no sea expedido el Reglamento Interior, el Titular de la Unidad Técnica de Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización, previa aprobación de ésta y de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, podrá contratar el personal estrictamente necesario para el funcionamiento de la misma.

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En atención a lo anterior, dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de octubre, el Congreso del Estado por solicitud de la Comisión y previa aprobación de la Junta de Coordinación Política del Estado de Sinaloa, deberá designar al Titular de la Unidad Técnica de Evaluación de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa.

En tanto lo anterior no suceda, los recursos a que se refiere el artículo único transitorio del acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de fecha 27 de febrero de 2018, se entregarán al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, el cual por este medio se aprueba para todos los efectos legales.

Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de julio del año dos mil diecinueve.”

La diputada María Victoria Sánchez Peña, solicitó hacer uso de la palabra.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada María Victoria Sánchez Peña, Presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dijo: Pido la palabra para expresar que se transparente ese 3% de la obra pública y que se tomen los acuerdos como debe de ser y conforme a la ley. Porque esto no había pasado por el Pleno, era algo que estaba a discreción, donde no hay hasta ahorita transparencia y celebro que ahorita lo vayamos a votar y que de aquí en adelante haya transparencia con ese 3% hacia lo que le corresponde al Congreso del Estado, lo que le corresponde a la ASE y lo que les corresponde a los municipios. Muchas gracias diputado Presidente.

El diputado Presidente dijo: No habiendo más participaciones y habiendo escuchado la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

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Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera económica, votando todos los presentes por la afirmativa.

El diputado Presidente dijo: Por unanimidad de los presentes se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Expídase el Acuerdo correspondiente, comuníquese a los órganos técnicos fiscalizadores dependientes de este Congreso.

Esta Sexagésima Tercera Legislatura da la más cordial de las bienvenidas al grupo del Colegio de Ingenieros Topógrafos y Geodestas de Los Mochis y del Colegio Integral de Peritos Valuadores del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Bienvenidos, están en su casa. Desean ser atendidos por la diputada Flor Emilia Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura.

5.- Primera lectura de dictamen que propone reformar el párrafo segundo del Artículo Primero Transitorio y el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 105 expedido por este H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial de fecha 04 de mayo de 2017.

La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

El diputado Presidente dijo: Habiéndosele dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente.

6.- Primera lectura de dictamen que propone reformar la fracción VIII del Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.



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7.- Primera lectura de dictamen que propone derogar la fracción V del Artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.



8.- Primera lectura de dictamen que propone expedir la Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa.



En este recinto legislativo, casa del pueblo sinaloense, está también con nosotros un grupo de ciudadanos de la Sindicatura de Juan José Ríos, la Coordinadora Ciudadana Pro Municipio A.C., bienvenidos, vienen a dar seguimiento a sus gestiones, al final de la sesión serán atendidos por el diputado Édgar Augusto González Zatarain, la diputada Flora Isela Miranda Leal y la diputada Rosa Inés López Castro.

Bienvenidas y bienvenidos también maestras y maestros evaluados y cesados que solicitan su reinstalación, fueron atendidos previamente por la diputada Flor Emilia Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura y por el diputado Juan Ramón Torres Navarro, también solicitan hablar con su Servidor, lo haré con todo gusto si permanecen al final de la sesión.

9.- Segunda lectura y discusión de dictamen del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, presentado por la Auditoría Superior del Estado.

El diputado J. Jesús Palestino Carrera, desde su curul hizo uso de la palabra y dijo: Diputado Presidente, con fundamento en lo

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dispuesto en los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura a los dictámenes del resultado de la fiscalización superior a la cuenta pública correspondiente, al ejercicio fiscal 2017, presentado por la Auditoría Superior del Estado de: Del informe general ejecutivo; de la Secretaría de Obras Pública; Secretaría de Administración y Finanzas; Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad Pública; y Centro de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Culiacán, hoy Centro Penitenciario “Aguaruto”, correspondiente a la administración pública estatal del Poder Ejecutivo. De los recursos públicos de los entes públicos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales. Del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa; y del Poder Judicial del Estado.

El diputado Presidente dijo: Habiéndosele dado primera lectura a este dictamen, existe la propuesta del diputado J. Jesús Palestino Carrera, para que se le dispense la segunda a este dictamen, así como a los agendados en los puntos del 10 al 13, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueban tales dispensas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.


El diputado Presidente dijo: Por unanimidad de los presentes se aprueban las dispensas solicitadas de la segunda lectura de este dictamen, así como de los agendados en los puntos del 10 al 13, por lo que procede poner a discusión este dictamen.

Posicionamiento del Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión de Fiscalización.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente; diputadas, diputados, público y equipo técnico que está aquí presente el día de hoy, medios de comunicación sean bienvenidos todos a este honorable Congreso del Estado de Sinaloa.

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A inicio de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió comunicado No. 001-2019, informando a la opinión pública la firma de Convenio de colaboración entre Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción.

El objetivo, combatir la corrupción, así como lograr una administración pública eficiente, eficaz y apegada al marco jurídico y al estado de derecho.

Será la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de analizar y evaluar las actividades de las y los funcionarios públicos, así como de proveedores, contratistas y todo aquel que ejerza recursos públicos federales.

Tras la firma de este Convenio entre ambas dependencias, se materializa el proyecto de transformación de Nación con el único sentido de combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

En tanto, el Titular de la Unidad Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló que una de las formas más sólidas de combatir la corrupción es la cooperación, la colaboración y la coordinación interinstitucional.

Actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha firmado Convenios, además del anterior, con los Estados de: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Coahuila y Chihuahua. Si Sinaloa se sumara a este convenio, se crearía un enlace de Unidad de Inteligencia Financiera en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para el intercambio de Información con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Sistema de Administración Tributaria (SAT), y así combatir la corrupción, y que las denuncias por lavado de dinero, y la evasión fiscal se más robusta.

Con ello, se cerraría el eslabón y se daría cumplimiento a la fracción décima, del Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que a la letra hace mención: “Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno”

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Así como, a la fracción IX del Artículo 2, artículo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, que describe lo leído anteriormente.

Ahora nos toca a nosotros como servidores de esta Soberanía parlamentaria y del pueblo de Sinaloa, impulsar este mecanismo de combate a la corrupción en nuestro Estado.

En este contexto, la importancia de no minimizar el estado que guardan los resultados obtenidos de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2017, así como la Información Financiera sobre la Aplicación de los Recursos Públicos de las entidades fiscalizadas, que el día de hoy vamos a someter a votación, sin considerar a los 18 municipios, nada más lo siguiente:

Son 2,748 resultados obtenidos en la revisión y fiscalización superior, y que después de la confronta de los resultados preliminares de la auditoría correspondiente de conformidad con la fracción veintisiete, del artículo 22 de la

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 1,335 resultaron sin observación; 225 con observación solventada y 1,388 con observación:

Por estos 1,388 resultados con observación se determinaron 219 millones 149 mil 675 con 34 centavos, de pliegos de observaciones, cuyas principales irregularidades fueron las siguientes: Pagos de compensaciones al personal que no se encuentran autorizadas en el presupuesto y pagos registrados en la cuenta de honorarios sin contar con el contrato de prestación de servicios. Asimismo en dichas Compensaciones y Honorarios fueron comprobados con recibos elaborados en hoja blanca, omitiendo efectuar retenciones de impuestos y expedir Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso; pagos registrados en la cuenta de reparación de edificio en los que omiten la documentación justificativa que ampare los trabajos realizados; además de gastos que no están soportados con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales y que esté vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); pagos de autocorrección a las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios correspondiente al ejercicio 2014, el cual no se encontraba presupuestado, mismo que no será devuelto por la Tesorería de la Federación, por lo que está considerándose un gasto improcedente; pagos de sueldos a trabajadores que se encuentran

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comisionados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; existen pagos por diversos conceptos con cargo a las partidas de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos, servicios básicos, servicios de arrendamiento transferidos a la Subsecretaría de Administración, servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales, así como la adquisición de un vehículo, en los cuales omiten anexar la evidencia justificativa; pagos por adquisición de vehículos, sin contar con la autorización del Titular del Ejecutivo, tal como lo establece el Artículo 45 tercer párrafo del decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el ejercicio presupuestal, así como para el uso ordenado, eficiente y transparente de los recursos públicos, aplicables a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; pagos de retenciones de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, honorarios asimilables a salarios y honorarios profesionales, enterados por una cantidad mayor a la debida; por haber realizado pagos a trabajadores que no fueron localizados en el área al cual se encuentran adscritos, ni proporcionaron; volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, los cuales resultan de comparar el importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría; volúmenes de conceptos de obra pagados indebidamente, ya que dichos trabajos realizados aún y cuando estaban considerados en el presupuesto inicialmente contratado, actualmente no forman parte integral de la obra ni benefician directa e indirectamente a la población objetivo y; pagos de obra que no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido, entre otros.

Y si a esto le agregamos los resultados de las Auditorías de Desempeño, pues imagínense. Además, una insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando pasivos sin fuente de pago por importe de 2 mil 827 millones 445 mil 413 pesos.

Durante el ejercicio fiscal 2017, la administración del Gobierno del Estado, devengó, o sea ejerció recursos públicos por un monto de 48 mil 960 millones 492 mil 590 pesos, cifras presentadas en el estado de actividades que acompañan el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

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Sin embargo, al verificar la información contable, presupuestal y programática en plataforma de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa en el apartado presupuestal en el formato denominado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su clasificación por Objeto del Gasto por capítulo y concepto por el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 refleja un total del gasto devengado por un monto de 49 mil 234 millones 851 mil 713 pesos con 92 centavos, documento en el cual se determina un subejercicio por 799 mil 411 millones 368 con 10 centavos.

Que de acuerdo al Artículo 2 fracción LVII de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, que a la letra establece:

Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Durante el ejercicio fiscal 2018 la Auditoría Superior de la Federación realizó la Auditoría de Cumplimiento Financiero con Enfoque de desempeño al ejercicio fiscal 2017 con clave 11388-GB-GF al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. La Auditoría Superior de la Federación en su dictamen manifiesta que el Sistema de Evaluación del Desempeño no presenta avances en el Estado de Sinaloa, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultado del gasto federalizado.

En conclusión, la entidad federativa no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado; ello, pese a la revisión en la materia en la cuenta pública 2015.

Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Derechos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley

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General de Contabilidad Gubernamental, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables. Esas son todas las leyes que se violaron por parte de los Entes que estamos presentando hoy.

Yo solo quiero resumir y decirles a todos mis compañeros diputados y diputadas aquí presentes, que toda la discusión se resume solamente en dos acciones, solamente hay dos caminos, los que están porque siga la corrupción en nuestro Estado y los que estamos por combatirla. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente dijo: Recuerdo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que además de los posicionamientos de los diputados que representan grupo parlamentario, pueden participar con base al Artículo 180 los integrantes de la Comisión que elaboró el dictamen, las veces que sean necesarias, hasta por un tiempo de diez minutos.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien dijo: Gracias Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy acudimos a esta tribuna a manifestar justamente la misma postura que hemos venido manifestando en los anteriores dictámenes.

Entendemos que el informe general que aquí se presenta y se discute, es el que contiene una serie de observaciones de carácter técnico que aquí han dado cuenta quien me antecedió en el uso de la palabra, y que fundamentalmente como ya lo hemos dicho, el mismo fue presentado desde el 20 de febrero del presente año, contemplándose una serie de irregularidades por supuestos desvíos que se están pendientes por recuperar una vez que cierre y haya concluido el análisis de su fiscalización.

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Me voy a referir muy concretamente al informe general que de manera sucesiva lo haremos en los siguientes dictámenes, en el cual como ya bien dijo el Presidente de la Comisión de Fiscalización, se observan observaciones pendientes de recuperar por 498 millones de pesos, es decir, alrededor de 500 millones de pesos que se derivan fundamentalmente a números gruesos, en 100 del Gobierno del Estado, en 280 de los municipios, en 88 de los entes públicos paraestatales, y en 22 de los entes públicos paramunicipales.

Casualmente este Poder Legislativo y el Poder Judicial no presentan pliegos, sin embargo los dictámenes también vienen negativos o rechazando el trabajo de la Auditoría.

Déjenme decirles que fundamentalmente el Estado de Sinaloa, también como aquí se ha dicho, ejerce un presupuesto de alrededor de los 50 mil millones de pesos.

¿Cómo funciona la Auditoría? El 92% de todos estos recursos, lo hemos venido diciendo desde diciembre pasado en la discusión del presupuesto, proviene de transferencias federales, de aportaciones, de participaciones, de subsidios, y solamente el 8% proviene de ingresos propios.

Me explico, lo único que la oficina que está aquí atrás, la Auditoría Superior del Estado puede revisar, es el 50%, es decir revisa el 8% de los ingresos propios y el 42% que son de ingresos de participaciones; el otro 50% que son transferencias, reasignaciones, no lo puede revisar porque como también ya se ha dicho, no existe el convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado.

Digo lo anterior porque el otro 50% no quiere decir que no esté auditado, el 92% de los ingresos de este Estado ya los revisó la Auditoría Superior de la Federación y casualmente fue una de las entidades federativas que menos observaciones tuvo en la Auditoría Superior de la Federación.

Las observaciones que aquí se realizan únicamente tienen que ver con las participaciones y los ingresos propios, eso es lo que hay que poner en contexto para saber qué es lo que está fiscalizando la Auditoría Superior del Estado.

Ahora bien, por supuesto que el común denominador, el 70% de todas las observaciones que aquí se han hecho, tienen que ver con deudores de cuentas por cobrar, es decir, existen muchos organismos y

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dependencias del Gobierno del Estado y de los municipios que no cobran las cuentas pendientes, el Hospital Civil, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ahome, de Mazatlán, de Culiacán, tienen pasivos por cobrar de millones de pesos, eso qué quiere decir, que han heredado las cuentas por cobrar y que no van a cobrarle a los deudores que deben los derechos de agua, como en su caso también deben grandes deudores el impuesto predial.

Otro es, como aquí también ya se ha dicho, la falta de documentación o del soporte o de la evidencia física que sustente la obra, y el otro es básicamente los recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley, este es el más grave compañeros, porque estos recursos provienen principalmente de transferencias federales y tienen reglas de operación, es decir, no puede uno en todos los programas agarrar un abonito en lo que le llega el otro recurso y posteriormente resarcirlo.

Quienes han sido alcaldes en esta Legislatura me van a poder entender perfectamente a lo que me refiero, porque ante la imposibilidad de que repercutan o ministren los recursos públicos, pues se tienen que hacer adaptaciones para responder a ciertas necesidades, incluso el día de hoy distintos medios de comunicación han dado cuenta de la asfixia en la que tiene este gobierno federal al Estado de Sinaloa, pues de los montos autorizados en el presupuesto federal, únicamente ha liberado diez millones de pesos al cierre de julio, es decir, no ha ministrado los recursos federales que ejerce, eso qué quiere decir, pues que no puede para gastar y menos evidentemente puede incurrir en responsabilidad de no ejercer el recuso a 31 de diciembre, por la imposibilidad de que no le ha sido ministrado por el gobierno federal.

Consecuentemente compañeras y compañeros, los dictámenes que hoy se someten a consideración, por supuesto que tienen una serie de irregularidades que debe de subsanar el órgano de fiscalización superior, y me voy a referir fundamentalmente a que no establecen en el informe general el status de los órganos autónomos, no me refiero al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, sino a los otros órganos constitucionalmente autónomos que no fueron incluidos en el informe general y que consecuentemente no formaron parte del programa de auditorías que autorizó la anterior Legislatura.

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Evidentemente nos sumamos al llamado para auditar y para que se presenten los informes individuales, en el caso del tiburonario, del INVIES, y de todo los otros informes por denuncias que aquí evidentemente ya se han dado cuenta, pero que consecuentemente la auditoría tendrá que presentar posteriormente a que concluya el trabajo.

Lo que sí no podemos estar de acuerdo compañeras y compañeros legisladores, es que se rechace otra vez más a priori o preliminarmente un trabajo que aún no concluye, como bien se ha manifestado, las valoraciones técnicas que ha hecho la Auditoría Superior el Estado, en las cuales no estamos de acuerdo porque utilizan los mismos criterios para aprobar unos que para desaprobar otros, hemos dado cuenta que esa realidad legislativa está mal, está incorrecta, hay que cambiarla, pero lo que no podemos rechazar es los informes técnicos que se establecen, porque aún no concluye el trabajo de fiscalización.

Si bien es cierto la Cámara de diputados tiene la facultad de dictaminar la cuenta pública, ese derecho le nace hasta el mes de octubre una vez que lo ha analizado la Auditoría Superior de la Federación, incluso la propia Cámara de Diputados ya lo hizo, ya dictaminó y rechazó las cuentas públicas del gobierno de Peña Nieto del año 2016, pero nunca compañeras y compañeros diputados, nunca rechazó ni reprobó los dictámenes que se le presentaron a su consideración, lo único que hizo es en octubre, auditor no estamos de acuerdo con el trabajo que realizó, no la Auditoría, el gobierno federal y sus dependencias.

En este caso el momento procesal oportuno para rechazar las cuentas públicas, tiene que ser hasta que se concluya el trabajo, lo púnico que estamos haciendo al día de hoy es continuar prejuzgando sobre una situación jurídica y de hecho que no está terminada.

Por supuesto que estamos a favor de la transparencia y del combate a la corrupción y es por eso que nos sumamos a los demás puntos resolutivos de los dictámenes correspondientes en las denuncias y en las inclusiones particulares que se ha hecho a través de la Comisión para casos específicos y particulares como lo es el tiburonario en Mazatlán, el INVIES, y otro tipo de instancias que no han sido auditadas por el órgano.

Pero rechazamos rotundamente o reprobamos el rechazo que se le da a un dictamen técnico que aún no está concluido.

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Por lo cual, los invito compañeras y compañeros, a que en lo general podamos acompañar el presente dictamen, pero con la particularidad de evitar los rechazos que son absoluta y estrictamente ilegales. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente dijo: Tiene el uso de la voz diputada María Victoria Sánchez.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, desde su curul dijo: Presidente, con el respeto que me merece, pero hay un acuerdo de los grupos parlamentarios, precisamente de la Junta de Coordinación Política a la cual usted pertenece, para los efectos del posicionamiento general a través de los grupos parlamentarios.

Entonces se prevé la participación de un integrante por grupo parlamentario, y a su vez todos aquellos que formen parte de la Comisión que elaboró el dictamen.

Por lo tanto no procede el otorgar el uso de la palabra a la diputada Victoria Sánchez.

El diputado Presidente dijo: Gracias diputada, yo a usted le he cedido en diversos temas, con base en el Artículo 173, incluso más de una vez, y ahí están los videos, la participación en temas diversos, como es el caso ahorita que es para aclaraciones y correcciones, de hecho ella lo pidió para aclaraciones sobre el tema, no es el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena y no es integrante de la Comisión de Fiscalización, por eso yo a ella no le puedo conceder ni quince minutos porque cierra Morena, y la decisión de quién va a cerrar por parte del grupo parlamentario de Morena no recayó en ella; por otro lado, no es integrante de la Comisión de Fiscalización, por eso no le otorgo diez minutos, con base en el Artículo 173 son los cinco minutos. La sigo escuchando diputada, le cedo el uso de la voz.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, desde su curul dijo: Presidente, en este momento estamos en la etapa de desarrollo del acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política respecto a la participación en lo general de los grupos parlamentarios, no estamos propiamente en la discusión específica de determinado informe individual, de manera generalizado se previó por la Junta de

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Coordinación Política el hecho de que participara un elemento de cada grupo parlamentario, incluso aquellos que no tienen grupo parlamentario.

Pero en este caso, a menos de que Morena cediera su participación como grupo parlamentario, no podríamos otorgar en este momento de la discusión, no así en el momento en donde ya entremos a la discusión del informe individual, en donde lógicamente aplicaría el 173 para aclaraciones.

El diputado Presidente dijo: Gracias diputada, de hecho al interior de la Jucopo hay división de opiniones, porque los acuerdos de la Jucopo no pueden estar encima de la Ley Orgánica, sin embargo para darle fluidez compañera diputada, yo no tengo ningún problema y le pido disculpas a la diputada Victoria Sánchez, para que continuemos.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, desde su curul dijo: Presidente, aquí yo en lo personal sí pienso que se le debe de dar la palabra a la compañera, porque en ciertas ocasiones la diputada Gloria Himelda ha pedido la palabra aun cuando la Jucopo ha quedado de acuerdo que no debe de haber participaciones, entonces lo hace cuando a ellos les conviene y cuando ellos quieren, y aquí no se le debe de cortar ninguna libertad de expresión a ningún diputado como en otras ocasiones lo ha dicho Gloria Himelda, entonces yo sí le pido por favor que la deje participar.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, desde su curul dijo: Reitero Presidente, en el marco de la discusión en lo individual de los informes, ahí cabe la participación de todos quienes queramos hacerlo, no en este momento en donde estamos ceñidos en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para los efectos de la participación, ayer acudí en representación de mi grupo parlamentario a la Junta de Coordinación Política y el acuerdo general fue el que participara un elemento por grupo parlamentario e incluso, reitero, quienes no integran grupo parlamentario.

Pero en este caso no estamos en la discusión específica de ningún informe individual, es la participación general en torno a la discusión que va a versar cada uno de los informes individuales que en lo sucesivo estaremos analizando y en donde sí cabe la participación

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conforme a la ley, no ceñido al acuerdo de la Junta de Participación Política, es el momento procesal el que estamos atravesando en este momento.

El diputado Presidente dijo: La diputada María Victoria Sánchez quiere aclarar, no es para participar, al igual que cedí el uso de la voz a la diputada Gloria Himelda Félix y al diputado Pedro Lobo, adelante diputada.

La diputada María Victoria Sánchez, desde su curul dijo: Presidente, yo agradezco el apoyo del compañero Pedro Lobo, pero me someto al acuerdo que hay en la Jucopo porque creo que los acuerdos se deben de respetar. Gracias.

El diputado Presidente dijo: Gracias. Continuamos con los posicionamientos. A continuación viene la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, viene representando al Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Cecilia Moreno Romero, hizo uso de la palabra y dijo: Con su permiso diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña en esta sesión.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para exponer nuestras consideraciones respecto al informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017.

En primer término, quiero dejar claro que el dictamen que nos presenta la Comisión de Fiscalización tiene como base el informe preliminar que envió la Auditoría Superior del Estado el pasado 20 de febrero, ello implica que en todas las opiniones y consideraciones que encontramos en el dictamen que hoy se presenta a este pleno, no se han tomado en cuenta la información adicional que han presentado los entes auditados y tampoco las aclaraciones ni las solventaciones que han tenido lugar posteriores al 20 de febrero pasado.

Es muy importante aclarar también que la Comisión de Fiscalización no ha sostenido ninguna reunión de trabajo con el personal de la ASE y tampoco ha solicitado que le sea aclarada alguna información y particular relacionada con la cuenta pública o con el

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procedimiento utilizado en las auditorías.Dicho lo anterior, es pertinente destacar que en el año 2017 este

Congreso del Estado realizó diversas reformas constitucionales, particularmente en los Artículos 43 y 53, con, el objetivo de fortalecer a la Auditoría Superior del Estado como órgano técnico encargado de llevar a cabo la función de fiscalización, con base en cuatro principios fundamentales, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Y precisamente estos son los principios que encontramos a lo largo del informe general ejecutivo, que entregó la Auditoría superior del Estado.

En este documento encontramos las entidades a las que se efectuó la auditoría, las áreas claves de riesgo identificadas en la fiscalización, las muestras de gasto público auditado, las acciones derivadas de la fiscalización y la determinación técnica de la aprobación o no de la cuenta pública correspondiente.

De acuerdo con el programa de auditorías 2017 de la ASE, en ese año se realizaron un total de 47 auditorías, de las cuales 38 son financieras, 8 son de desempeño, y una fue auditoría financiera con enfoque de desempeño.

De manera particular, en lo que se refiere a las auditorías financieras, se fiscalizaron un total de 3,170 áreas claves de riesgo, unas corresponden al Gobierno del Estado, otras a los gobiernos municipales, otras más a los entes públicos estatales y antes públicos municipales.

Las observaciones encontradas donde se presume alguna posibilidad de daño o perjuicio a la hacienda pública, el 225 corresponde a aclarar al Gobierno del Estado, 56% a los municipios, 18% a los entes públicos estatales y 4% a los entes públicos municipales.

Sin embargo es importante mencionar, así como lo dijo el diputado que me antecedió, que dichas observaciones han sido solventadas, y recordar que el informe enviado por la ASE corresponde al 20 de febrero y de esa fecha a la actualidad seguramente muchas cosas se han venido aclarando.

Por eso, y de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Auditoría Superior del Estado tiene hasta el 31 de octubre para emitir su informe definitivo, y entonces sí ahí se establecerán las sanciones a que haya lugar.

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Tenemos entonces que el Poder Ejecutivo en su conjunto tiene un total de 396 observaciones que deberá aclarar o solventar, los gobiernos municipales 1,849 observaciones, los entes públicos estatales 818, y los entes públicos municipales 168.

Por ejemplo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2017, el Poder Ejecutivo devengó un total de 45 mil 665 millones, el tamaño de universo auditable fue del 66% del total.

Es decir, 29 mil 822 millones se fiscalizaron de manera directa y minuciosa, una muestra de 10 mil 480 millones.

Esta es una muestra bastante elevada ya que representa casi el 23% del presupuesto total devengado.

Se encontró una irregularidad en 108 millones de pesos, que seguramente se deben de estar solventando; es decir, donde se presume alguna irregularidad es en menos del 2% del presupuesto total.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior del Estado, el informe general ejecutivo incluye la determinación técnica de aprobar la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al 2017, y también presenta la determinación técnica de la cuenta pública de los gobiernos municipales, dando por aprobados a ocho municipios y como no aprobados a diez municipios.

Este es el dictamen que el día de hoy debería de haber presentado ante este pleno la Comisión de Fiscalización, sin embargo no ha sido así, violentando la propia Constitución Política del Estado de Sinaloa, está emitiendo dictámenes diferentes a la dictaminación técnica que presentó la Auditoría Superior del Estado.

Por ello, nuestro grupo parlamentario cuestiona el proceder de la mayoría que integra la Comisión de Fiscalización, misma que está asumiendo funciones y atribuciones que no son de su competencia.

Por ejemplo, en el dictamen se afirma que este Congreso, quien tiene la última palabra, a través de la Comisión de Fiscalización, lo cual es totalmente un absurdo, porque sólo es este pleno de diputadas y diputados quien tiene la última palabra.

Por eso afirmamos que la Comisión de Fiscalización asume funciones que únicamente tiene el pleno, pero ha sido bastante difícil que entiendan este principio, además, con esas atribuciones que asume la Comisión de Fiscalización, también cuestiona el proceder de la

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Auditoría Superior de Estado, cuando éste elabora un programa anual de auditorías, misma que fue debidamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de la anterior Legislatura.

Igualmente, de manera implícita descalifica la metodología utilizada por la ASE para la determinación técnica, sin ofrecer alguna metodología alternativa, y sin externar argumento de ninguna naturaleza.

El rechazo a todo se basa en la simple mayoría numérica que existe al interior de la Comisión de Fiscalización.

A toda costa quieren acabar con este organismo para utilizarlo políticamente.

Por ello, nuestro grupo parlamentario emitirá un voto congruente, rechazaremos el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y apoyamos el informe general de resultados y la determinación técnica que presentó la Auditoría Superior del Estado. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Yo quiero que quede muy claro y que no se quiera engañar a la opinión pública, porque se viene aquí a hablar de que los entes ya solventaron, de que los entes ya cumplieron, que nosotros estamos actuando con ilegalidad, muéstrenme un oficio o acaso están admitiendo que la Auditoría superior del Estado está omitiendo información a la Comisión, porque la Comisión de Fiscalización no tiene ningún documento que la ASE le haya presentado, donde los entes ya hayan solventado.

¿Acaso ustedes tienen información privilegiada que la Comisión no tiene?

Ahora otra, les recuerdo que estamos dictaminando informes, no solventaciones compañeros, no se confundan, son dos cosas distintas, si los entes solventan, que bueno, ahorita estamos dictaminando informes, y sí, por ahí andan ciertos ex Presidentes Municipales, diciendo que también gozan de privilegios para violar las leyes, porque dicen que solventaron en el mes de julio, cuando el período por ley de solventación concluyó en abril.

Entonces de qué se trata, están fuera de la ley, claro que están fuera de la ley, claro que ya no vamos a solapar a ningún bandido,

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nadie va a estar por encima de la ley, y lo que ustedes pretenden como grupo parlamentario es aprobar la ilegalidad en la cual los entes incurrieron cuando violaron las leyes que conforman el marco jurídico de la cuenta pública.

Ya se los he dicho, no es correcto, si realmente queremos que las cosas se hagan con transparencia y de que los entes empiecen a trabajar en función de cumplir con la normatividad que les corresponde, pues vamos haciendo esto en sentido razonado, vamos votando a favor del dictamen de la Comisión de Fiscalización y darle seguimiento juntos a los procesos de todos los servidores y funcionarios públicos que no hayan cumplido en su proceso de solventación. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, en calidad de integrante de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Decirle a nuestro compañero Presidente de la Comisión de Fiscalización que nosotros no estamos confundiendo a nadie, que hemos estado pidiendo que se cumpla con el debido proceso legislativo, en virtud de que efectivamente la ASE envió un informe preliminar, sin embargo el informe definitivo lo emitirá hasta el mes de octubre, y que efectivamente ahorita los entes y los municipios están en un proceso de evaluación, tuvieron un término para solventar, ahorita está la etapa de evaluación y el informe definitivo que emitirá la ASE será en el mes de octubre.

Pero así como usted lo decía, ahí mismo en los trabajos que hicimos en la Comisión de Fiscalización, yo presenté un oficio donde solicité a la Auditoría superior del Estado, que nos presentaran los avances de las solventaciones de los municipios y los entes públicos, y por supuesto que los tenemos, ahí los presenté en la misma Comisión, y le hago un recuerdo, y se me viene a la mente el municipio de Guasave, creo que eran 108 observaciones, de las cuales tenían solventadas alrededor de 95-98 observaciones, alrededor, no me quiero equivocar, pero más menos, y con eso nosotros decíamos que no sabíamos efectivamente si estaban bien o mal solventados, pero era la garantía de audiencia que tienen los municipios y los diferentes entes públicos, y que sería hasta en octubre donde lo he dicho, se emite el informe definitivo y por eso nosotros estábamos diciendo que se estaba

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violentando el debido proceso legislativo, y le pregunto a usted Presidente de la Comisión, ¿Usted si tiene algún oficio que compruebe que usted convocó a la Auditoría Superior del Estado para aclarar o profundizar en base al informe, que legalmente también lo estipula el Artículo 54?

No hay que confundir, aquí venimos a hablar de frente y con ley en mano. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, integrante de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan.

Y hablando de legalidad, la legalidad que mostró el informe que dio la Auditora de la ASE, es ésta, que debería haber sido menos todavía de la cuarta parte de la muestra auditable, del 100% de la deuda, sólo se audita la cuarta parte, se debería de haber hecho.

Sin embargo en los entes del Estado hubo hasta el 5% solamente como prueba auditable, y todavía se suben y presumen que solventaron algo, qué solventaron, si ni siquiera el 5% de la deuda, es lo que ni siquiera han podido solventar hasta la fecha.

Multipliquen el 5% por 8 a la octava potencia, eso es lo que realmente deben, lo cual no les va alcanzar el dinero que tienen ahorita para saldar.

Basándose en el 22.45%, que es la muestra auditable, vean ustedes entonces lo que cada uno de los entes debe, las cantidades que les mostramos son la cuarta parte de lo que en realidad se adeuda.

En otros entes es la octava parte de lo que en realidad se adeuda, con qué cara vienen y qué cinismo vienen a decir que nosotros estamos actuando en ilegalidad, y dan a entender que ellos son los legales, pero para eso estamos aquí, para eso estamos en el grupo parlamentario de Morena, para presentar el erario de la gente, el dinero del pueblo y para eso estamos para defenderlo, claro que somos legales.

Dentro de todo esto, todo lo que se ha hecho ahorita en la Auditoría, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, como es esta muestra auditable, cómo es posible que sea del 22%, ni siquiera la cuarta parte.

Se necesita modificar todas las leyes, muchas de hecho, porque

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están a modo.Entonces hasta ahorita fue así, pero a partir de hoy claro que

Morena tomará cartas en este asunto y va a dejar las cosas como deben de ser, bien hechas. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, integrante de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que obviamente la Comisión ha violado la garantía de audiencia y ha violado el debido proceso, y no se vale decir, como lo dijo la diputada que me antecedió, que somos ilegales.

Nosotros nos estamos apegando a los artículos que tanto la Constitución como la Ley Orgánica están señalando en la ley.

Pero además decirle, demuestre que si no somos legales lo demuestre; pero decirle también que las muestras que nos señala la Auditoría superior del Estado, previamente están autorizadas por la Comisión de Fiscalización y si efectivamente se quiere que se haga una muestra más grande, pues también hay que otorgarle presupuesto para que se tenga más personal en la Auditoría Superior del Estado.

Porque para hacer auditorías y pedir más trabajo, también se requiere de personal que también le cuesta a la Auditoría Superior del Estado.

Por eso nosotros vamos a seguir en la misma tesitura y exigiendo también que se cumpla con que no se violente el debido proceso legislativo, muchas gracias. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Tenemos el oficio que nos turnó la Auditoría Superior del Estado, el día 11 de julio del año 2019, donde nos hizo llegar una copia a todos los diputados integrantes de la Comisión, sobre el avance de los entes en torno a la presentación sobre sus resultados. Tenemos aquí, en esta hoja en ningún momento dice que los entes solventaron, aquí dice que están siendo evaluados apenas, por eso no podemos tomar una determinación que no ha sido emitida por la Auditoría Superior del Estado donde te diga que el ente ya cumplió o no cumplió. Aquí dice muy claramente, vamos a poner el primero, el municipio de Ahome, de 16 resultados financieros solamente están siendo evaluados

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dos; y de obra de 114 están siendo evaluados 10, ese es el avance que va y todavía no ha emitido la Auditoría Superior del Estado un pronunciamiento, por eso no hay que adelantarnos, es decir, yo estoy muy consiente que los entes no van a tener un oficio donde diga que ya solventaron porque eso es mentira, hasta que no haya un finiquito y un pronunciamiento por la Auditoría Superior del Estado haber si solventaron correctamente o no lo hicieron, porque tú puedes llevar papeles pero si esos papeles no son los correctos, los que ellos necesitan para hacerte válida una solventación, pues te lo van a volver a rechazar.

Y también les quiero decir que si ustedes consideran que estamos actuando ilegalmente, pues están en todo su derecho de presentar una queja contra nosotros, pues ya que sea la autoridad competente quien diga si procede o no procede, si estamos actuando en la ilegalidad o en la legalidad, yo creo que ya como lo dije en un principio, hay que irnos a votación, porque toda la discusión se resume solamente en dos caminos, los diputados que están por la corrupción y los diputados que están en contra de ella. Entonces nos podemos hacer pedazos aquí toda la noche, unos diciendo que estamos en la ilegalidad, nosotros comprobando que no, y no avanzamos, cuando lo que urge ya, es que los entes se pongan a hacer su tarea, y que nosotros como diputados hagamos lo propio, y que estamos dictaminando informes, les recuerdo otra vez por enésima ocasión, no estamos dictaminando solventaciones. Ojalá que los entes hayan solventado porque ya tuvieron su periodo, concluyó en abril como les dije, y que su evaluación salga a favor, pues qué bueno, eso quiere decir que están cumpliendo.

Nosotros no estamos queriendo golpear ni politizar este asunto, si lo quisiera hacer ya hubiera dado nombres, pero en ningún momento lo he hecho, yo me he ido sobre los hallazgos que ha habido en los municipios. Por ay hubo ex alcaldes que están diciendo que es una cortina de humo para ocultar que el Licenciado Andrés Manuel López Obrador está quitando programas, mienten, nosotros no tenemos porqué usar cortinas de humo, al contrario yo sí puedo dar nombres de esa persona y decir que desfalcó al municipio con 63 millones de pesos y que si dice que solventó en el mes de julio, pues que nos explique a la Comisión porqué solventó cuando ya no era tiempo, y que nos explique

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la Auditora Superior del Estado porqué le permitió solventar en el mes de julio cuando el periodo concluyó en abril.

Jesús Valdés quiso politizar este asunto, haciendo responsable al Presidente de la República, fíjense nada más. Hay que trabajar ya y hay que avanzar. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente dijo: Si no hay más participaciones, cierra el Grupo Parlamentario de Morena, y viene para cerrar esta fase la diputada Graciela Domínguez Nava, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Graciela Domínguez Nava, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, hizo uso de la palabra y dijo: Con su permiso diputado Presidente. Yo creo que hay que estar tranquilos, esta es una tarea que nos toca atender, más allá de las posiciones políticas, yo los invito a que atendamos la información técnica que nos proporcionaron para tomar las decisiones en esta discusión y votación.

498 millones tan solo en pliegos de observaciones entre todos los entes auditables. ¿Y qué significan los pliegos de observación? Pues que no han podido comprobar cómo lo usaron.

Más de cinco mil millones entre todos los entes auditables con pasivos sin fuente de pago, esos son los números, son los datos duros que nos deben de convocar para determinar cuál es nuestra posición en este tema. Yo creo que hablar de 498 millones pues no es cualquier cosa, preguntémosles a tantos trabajadores que han venido aquí al Congreso para que en el marco del presupuesto se le atienda. Por lo tanto no estamos hablando de algo menor.

Tres mil millones como promociones en responsabilidades administrativas, súmenle, cuánto es el monto observado entre todos los entes auditados, no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero. Y si consideramos que además en el 2017 el presupuesto en el caso del Gobierno del Estado fue de más de 53 mil millones que terminó ejerciendo más de cinco mil millones sin estar presupuestados, en la discrecionalidad, y que por cierto eso tampoco fue revisado por la ASE.

Sé que a muchos les molesta que hablemos de cifras en concreto, pero esos son los números, nos han dicho que no politicemos, que hablemos de los datos duros que están motivando la dictaminación de la Comisión de Fiscalización, pero además, vale la pena analizar el

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discurso y los hechos, nos han dicho que este actual gobierno en el 2017 inició con un programa de austeridad, hoy es momento de contrastar si realmente se ha aplicado esa austeridad, yo solamente voy a citar un caso, se aprobaron 27 millones para el tema de publicidad y se terminaron ejerciendo 365 millones, entonces es momento que los diputados con nuestras facultades revisemos si se cumple con ciertas políticas públicas que se anuncian, ciertas medidas, como la austeridad, pero los hechos nos están diciendo que no es así, ya que entremos a detalle en la discusión aremos más datos de cómo no es verdad que haya un proceso de austeridad, al menos en el ejercicio fiscal 2017.

Diputado Villalobos, la ley no prevé informes preliminares, ni definitivos, lo que si nos mandata la ley es al informe general y los informes individuales, y que éstos los tiene que dictaminar la Comisión de Fiscalización y someterlos al Pleno, no hay ilegalidad en el trabajo que hace la Comisión de Fiscalización. Usted mismo ha reconocido aquí en tribuna, que la ley no está diseñada de manera adecuada para que en el tiempo que la ASE concluya su trabajo este Pleno dé su opinión, y lo hemos dicho todos, el problema es que la ley está así, y por lo tanto actuar de otra manera, al margen de como nos establece la ley, los mecanismos, pues si sería actuar en la ilegalidad. Por eso, aunque hasta el 31 de octubre la Auditoría cierra el proceso, nosotros no podemos violentar la facultad que tenemos que es hasta el 31 de julio para que el Pleno se pronuncie en el tema de los informes de las cuentas públicas.

Por lo tanto, queremos dejar y reiterar una y otra vez que se está actuando en el marco de la ley, y recordar de nuevo que fue la Legislatura pasada con mayoría priista quien hizo esta ley, y que efectivamente es una ley que no sabemos de dónde se inspiraron porque tiene todos estos problemas, y también el presupuestos con el que actuó para hacer estos trabajos de auditoría durante el ejercicio 2017 no lo aprobó esta Legislatura, lo aprobó la anterior Legislatura, entonces, no vengan a decir que la Auditoría no realiza un mejor trabajo porque no se le autorizó un buen presupuesto, ese presupuesto también recayó en la mayoría priista de la Legislatura pasada.

Por lo tanto los invitamos a que reencausemos la discusión y nos guiemos por los elementos que la misma Auditoría dio y que por supuesto fue omisa en muchos temas, fue omisa en muchos asuntos que no revisó, por ejemplo eso de haber usado más presupuesto el

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Gobierno del Estado que lo presupuestado en publicidad, y que es exagerado y que no hizo una revisión de cómo se usó.

Entones los invitamos el Grupo Parlamentario de Morena a que actuemos con responsabilidad, y nuestra responsabilidad es atender las cifras y datos que nos dieron técnicamente la Auditoría a pesar de muchas omisiones. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, por alusiones personales, quien dijo: Gracias Presidente, con su permiso. Qué bueno que quienes me han antecedido en el uso de la palabra finalmente estén llegando al punto que discutíamos hace una semana, y la verdad lo agradezco porque creo que la opinión pública y los medios de comunicación que nos hacen el favor de trasmitir lo que aquí sucede, es importante saberlo. Es perfectamente cierto que la ley en Sinaloa está mal, claro que está mal, lo hemos dicho y hemos coincidido todo, y yo les pregunto compañeros ¿Qué no este Congreso es el facultado para modificar las leyes que están mal? Los invité la semana pasada y les reitero la invitación justamente he planteado iniciativas para modificar el orden constitucional presupuestal y no andar en los bretes que nos tuvieron algunos compañeros en diciembre pasado, para hacerlo acorde con el orden constitucional, claro que la Legislatura pasada cometió errores, ya lo hemos dicho y lo hemos reconocido, y esa denuncia nos tiene que conminar a este Congreso a cambiar la ley, ¿Por qué? Porque en jerarquía constitucional una Ley Orgánica de un Estado, una Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación no puede contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto que le pueden hacer derechos a los entes públicos fiscalizables a quejarse de que las leyes en Sinaloa contravienen a la Constitución Federal, están en todo su derecho que lo hagan, no son quejas, se llaman controversias constitucionales. Si la ley está mal, coincido en que por este año, la legislación de este Estado lo contravenga, modifiquen la Constitución, presentemos una iniciativa para el año que entra no estar en esta situación que no nos conduce a nada, y me explico por qué, ya lo dijo el Presidente de la Comisión, no estamos dictaminando solventaciones, pues nomás faltaba, eso lo hace la Auditoría Superior del Estado, los legisladores no solventan ni auditan, los legisladores aprueban o rechazan dictámenes de la cuenta

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pública, no rechazan ni aprueban informes, si del informe que aquí se deriva, de los números que se han dado cuenta, de las observaciones que la misma Auditoría establece, no se han hecho denuncias penales correspondientes, que se hagan, y si no se hacen por parte del órgano de la fiscalización superior, que se vaya, esa es otra cosa muy distinta, no confundan a la sociedad en que evidentemente el trabajo de la auditoría si lo reconocen en el rechazo o en la no aprobación técnica y no lo reconocen en la aprobación técnica, por eso los dictámenes de la Comisión han sido contradictorios, por eso aprueban lo que la Auditoría desaprueba y rechazan lo que la Auditoría aprueba, no son vencidas, si alguien está en contra del desempeño de la titular del órgano de fiscalización, este Congreso tiene facultades para llamarla a cuentas, ¿cuándo?, cuando finalice el proceso de fiscalización y si existe en los informes preliminares ilegalmente autorizados por las leyes locales, pues llámenla a cuentas, aquí tienen un voto a favor, llamémosla a cuentas, no ahorita, se está prejuzgando a los sujetos pasivos de la ley a los titulares de los entes públicos porque aún no determinan, como aquí también correctamente se ha dicho los finiquitos, las denuncias, los pliegos de observaciones notificados; ahora, si un alcalde desvió recursos y la Auditoría lo aprobó por supuesto que este Congreso tiene facultades para estar en desacuerdo de esa conclusión técnica, y qué creen, si llegan a reprobar las cuentas públicas, no ahorita, en octubre como ya lo hizo el Congreso Federal el 31 de octubre del 2018, al no aprobar la cuenta pública del 2016 del Presidente Peña Nieto, se le notaba muy preocupado bailando, porque lo que tiene que derivar de esa conclusión son acciones penales correspondientes a los encargados de ejercer el gasto público, y ¿Quién lo hace? la Fiscalía General de la República; ¿Quién lo hará en el Estado? La Fiscalía General del Estado.

Podemos y debemos exigir comparecencia al Fiscal y a la Auditora, adelante, pero hagámoslo en los tiempos que la ley mandata, no anticipadamente. Es cuanto Presidente.

El diputado Presidente dijo: Habiendo escuchado los posicionamientos de los grupos parlamentarios y diputados; está a discusión el dictamen en lo general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

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La diputada Ana Cecilia Moreno Romero, se anotó para hablar en contra del dictamen.

La diputada Flora Isela Miranda Leal, se anotó para hablar a favor del dictamen.

El diputado Marco Antonio Zazueta se anotó para hablar a favor del dictamen.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, se anotó para hablar en contra del dictamen.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, para hablar en contra del dictamen, quien dijo: Buenas tardes. Con su permiso diputado Presidente. Nosotros como Grupo Parlamentario del PRI, volvemos a confirmar nuestro voto en contra del dictamen, en virtud de que consideramos que la Comisión de Fiscalización se extralimitó en las facultades para emitir el dictamen que se nos ha sido presentado ante este Pleno.

Pero además que esa Comisión está violentando el proceso que en reiteradas ocasiones lo hemos señalado, porque no se ha cumplido el término para nosotros rechazar o aprobar debidamente. Nosotros lo dijimos en la Comisión de Fiscalización y hoy volvemos a reiterar, porque nos queda claro que cualquier ente debe de tener una garantía de audiencia y que esta concluye y hemos sido muy enfáticos en reiterar que este término concluye el 31 de octubre, por eso el Grupo Parlamentario del PRI está en contra del presente dictamen, por considerar que viola el debido proceso, por considerar que está violando la garantía de audiencia y por considerar que se está extralimitando la Comisión de Fiscalización en las facultades que se tienen. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Flora Isela Miranda Leal, para hablar a favor del dictamen, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

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El informe general del resultado es un resumen del contenido de los Informes Individuales de Revisión y Fiscalización y siendo una síntesis de la actuación del órgano fiscalizador con respecto a la revisión de las cuentas públicas del estado y de los municipios, no debería ser motivo para su discusión, aprobación o rechazo, cuando esa discusión y sus consecuencias se origina en los resultados de los informes individuales.

Carece de sentido aprobar o rechazar el informe general con el contenido resumido de los informes particulares, porque de manera explícita se traduciría en la validación o no de esos informes, cuando incluye la determinación de aprobar o no cuentas públicas que se encuentran supuestamente en ellos, porque menos lógica tiene decidir en un sentido sobre esas cuentas contenidas resumidamente en el informe general y volver a decidirlo o decidirlo de manera contraria en la discusión de los informes individuales que se supone son el resultado real de la revisión de esas cuentas públicas.

El informe general debería ser lo que la auditoría dice que es: un informe general ejecutivo, es decir un documento con carácter informativo y no aparentar lo que no es, es decir un informe diverso de cuenta pública.

El problema es que el Artículo 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado ordena su discusión, aprobación o rechazo junto a los informes individuales y como no señala si debe ser antes o después de los particulares, empeora la situación. Si se aprueba o se rechaza primero que los particulares, evidentemente determinaría el resultado de los individuales, pero si es después, ni sentido tiene que se apruebe o rechace o que siquiera se discuta, porque sólo contiene resúmenes de los individuales, aprobados o rechazados previamente.

El problema es más grave aún, porque si ambos informes se derivan de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, en ninguno de los documentos existe alguna referencia a esa cuenta, al menos no identificada como tal y menos con el contenido que dispone el Artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior. Los individuales sólo disponen incluir el resultado de auditorías, sin clarificar que sean financieras, al desempeño o de obras públicas, mientras el informe general, como queda claro, se limita a ordenar que las que sean, se resuman.

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Esa irracionalidad fue el producto de copiar y pegar para la legislación local algunas de las disposiciones a las que se sujeta el marco de actuación de la Auditoría Superior de la Federación, una reforma de la que por cierto, el ciudadano Roberto Cruz, acaba de escribir que desde el Gobierno del Estado se compraron votos en 300 mil pesos de integrantes de la anterior legislatura, en el afán de entorpecer la revisión de cuentas públicas por la nueva mayoría de este Congreso.

Pero más que copia fue un pegoste autoritaria y convenencieramente impuesto para formalizar la tapadera de la Auditoría a la falta de claridad del gasto, porque se limitó a dejar aquí un informe general que sólo contiene resúmenes de los informes individuales de auditoría, que se suponen se relacionan a la cuenta pública, porque ni siquiera la mencionan y menos la examinan, mientras a nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación debe entregar a la Cámara al menos tres informes parciales para que la Comisión de Vigilancia haga sus conclusiones y comentarios que a su vez sustenten la dictaminación por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con esa información, dicho sea entre paréntesis, el 31 de octubre pasado fue rechazada la cuenta correspondiente al ejercicio del 2016, del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, al encontrarse sin comprobación 103 mil 377 millones de pesos en las dependencia federales y montos sin aclarar por 84 mil 675 millones de pesos por los estados y municipios, entre otros, por cierto el Gobierno del Estado de Sinaloa, con 23 millones 411 mil 200 pesos, del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de los que no se acreditó su destino ni su aplicación.

Por todo eso, el informe general que se discute, sin que vaya a tener ninguna consecuencia para nadie o seguramente por eso, aunque reconoce que el Gobierno del Estado y los municipios no se ajustaron a los criterios señalados en sus presupuestos, para traducirse en probables daños a las haciendas públicas por 498 millones de pesos, apuesta seguramente a la amnesia social, cuando en su apartado de auditorías específicas derivadas de denuncias, se enlistan diversos escándalos públicos que habiendo sido conocidos por este Congreso, no se aportan elementos que permitan al menos conocer que desde el órgano de fiscalización se les da el debido seguimiento.

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Uno de ellos es el relacionado al desvío del ISSSTESIN de 924 millones 151 mil 314 pesos con 71 centavos, integrados por asignaciones presupuestales de los años del 2012 al 2016, que estando destinadas a la construcción de viviendas para el magisterio estatal, en términos de la ley que crea el instituto, la propia dirección general del mismo, aceptó haberlas canalizado a fines ajenos a este presupuesto.

Fue la anterior legislatura la que instruyó a la Auditoría Superior a investigar el caso, atendiendo las denuncias del magisterio en el sentido que el ISSSTESIN se habría apropiado de cinco mil millones de pesos derivados del desvío de las cuotas patronales destinadas a la construcción de viviendas, en los últimos cuarenta años.

La Auditoría Superior entregó al Congreso los resultados de esa investigación el 22 de marzo del año pasado; informó haber auditado las cuotas patronales de 2012 al 2016 y encontrando que en ellos, no fueron aplicados en sus propósitos los 924 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado.

No se ha recuperado hasta ahora ni un solo centavo del desvío, menos se ha profundizado en la investigación de los cinco mil millones de pesos, pero la Auditoría incorpora el caso en el Informe general, materialmente en las mismas condiciones con las que informó el congreso hace más de un año, haber dispuesto cuatro recomendaciones, 158 promociones de responsabilidad administrativa y 63 pliegos de observaciones por probables daños por un monto de 947 millones de pesos.

Si no es obvio que con más de un año de haber demostrado la ilegalidad, la Auditoría no quiere fincar las responsabilidades debidas solicitando resarcir los recursos aplicados en fines ajenos a la ley, al menos lo parece, seguramente en el afán de seguir protegiendo al grupo ENCIMA del ex senador Daniel Amador que desde hace año controla al ISSSTESIN, con todo el apoyo del Gobierno del Estado.

Otros casos, similares, son los que representan el tiburonario de Mazatlán, con pliegos de observaciones incluso originadas desde el 2016, por dos millones 624 mil pesos y entre otros muchos, también de ese año, el de la revisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, ya declarado en vías de extinción, en el que se detectaron daños a la Hacienda Pública Estatal por 63 millones 800 mil pesos, de los que tampoco se informa de responsabilidades mayores, razones todas ellas por las que el Grupo Parlamentario Morena, apoya desde

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luego el dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre el informe general, que incluye por supuesto la exigencia que la Auditoría Superior entregue a este Congreso, un informe de seguimiento a las auditorías practicadas tanto al ISSSTESIN, como al tiburonario y al INVIES.

Debería incluirse la investigación de la denuncia de la compra de votos que acaba de hacer el ex diputado Roberto Cruz, porque ese parece ser ya un vicio que antes y ahora se atribuye al Gobierno del Estado.

Jurídica y moralmente Morena está con todas las facultades y atribuciones para votar a favor o en contra estos dictámenes, Morena se manifiesta a favor del dictamen. Es cuando diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, para hablar en contra del dictamen, quien dijo: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, seré muy breve. Estando y siendo coincidente con quien me antecedió en el uso de la palabra, de todas las denuncias específicas, no solamente del tiburonario de Mazatlán, del INVIES, incluso de una petición que concretamente hizo una compañera nuestra para auditar los gastos de la pasada legislatura, yo creo que todas esas denuncias, esas inclusiones creo que son necesarias y creo que el órgano de fiscalización debe atenderlas, pero, compañeros este informe se presentó desde el 20 de febrero, están como cuando los niños siempre hacen la tarea hasta el último día, exactamente estamos en lo mismo, como la ley ilegal dice que lo deben de aprobar antes del 31 de julio, es por eso que hoy le solicitan a la Auditoría que rinda estos informes individuales del tiburonario y del INVIES en los cuales coincidimos plenamente como solicitudes independientes, pero no como parte de un dictamen correspondiente.

Y déjenme y les digo porqué estoy en desacuerdo entre tantas y tantas cosas, porque establece que debieron de haber presentado por separado los dictámenes de la Administración Pública Federal, la Administración Pública del Estado se compone en centralizada y paraestatal, y los entes que son fiscalizados vienen de alguna manera separados, no se pueden presentar dictámenes adicionales a lo que revisó en el Programa Anual de Auditoría, pero déjenme leerles un poema que viene exactamente en la página 57 del dictamen, y dice así “con relación al informe general, el trabajo de la Auditoría Superior,

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omite demasiada información” no dice cuál ni dice de quiénes, y evidentemente el hecho de establecer medidas cautelares para ejercer la facultad originaria de fiscalización, que tiene esta Comisión, la verdad francamente me resulta preocupante, porque la verdad es que, la facultad originaria de la fiscalización pues la tiene el órgano de fiscalización superior, yo creo que los informes, como ya lo he dicho, no se aprueban o se rechazan porque la ley estatal lo diga, o porque el Artículo 54 de la Ley de Auditoría Superior del Estado lo establezca más tardar el último día de julio; yo creo compañeras y compañeros que el trabajo de la Auditoría plasmado en este informe es un avance del trabajo de auditoría que se ha hecho y el rechazarlo en todo o en parte, lo único que hace es, pues desconocer que existe un trabajo derivado en las observaciones que van a concluir en la materia. Incluso un servidor hizo una propuesta de redacción al interior de la Comisión y que ya no merece la pena plantearla aquí, porque se rechazó de plano en la Comisión de Fiscalización, y que la verdad de las cosas va en el mismo sentido del informe, en el sentido de estar de acuerdo con las observaciones hechas por la propia Auditoría, pero de ninguna manera podemos rechazar un informe porque simple y sencillamente una ley ilegal así lo establezca. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela para hablar a favor del dictamen, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente.

El martes 16 de julio en este lugar y frente a ustedes le pedí al gobernador que desocupara el edificio de la USE, porque como dije entonces y lo sostengo ahora, es la cueva más oscura de todo el territorio sinaloense, en la que el Gobierno del Estado brinda diversos servicios públicos y recibe en ella los impuestos estatales.

Pedí que se desocupara ese edificio, porque a pesar que desde el 22 de marzo, le dije a la titular de la Auditoría Superior, la señora Emma Guadalupe Félix Rivera que investigara la propiedad del inmueble, ella dijo no poder hacerlo porque el dueño era un fideicomiso.

Lo que no dice la señora auditora y eso se lo recordé en la sesión anterior, es que ese fidecomiso está o estuvo representado por quien hoy es el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El nombre de ese fideicomiso es de "fondo de ahorro de los trabajadores" que es la misma identificación de otro fideicomiso, al que

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el Gobierno del Estado le debe mil 32 millones de pesos, según la última cuenta estatal que hoy se dictamina. De que se trata de la misma operación en la que está de por medio el edificio de la USE, eso prácticamente lo dice la misma Auditoría Superior desde las cuentas públicas del 2016, como lo vimos en el proceso de dictaminación de esta cuenta y como lo dice el mismo dictamen en el que se da a conocer la negativa del Gobierno del Estado en entregarle a la ASE, la información de esos fideicomisos.

Y no se los va a dar, porque en el fideicomiso de la USE, aparece como representante el propio Quirino Ordaz Coppel. Eso es un serio conflicto de intereses, una vulgaridad de tráfico de influencias aquí y en China.

Y aunque lo menos que puede ser es una autorenta, por aparecer el gobernador como representante del fideicomiso propietario y al mismo tiempo como arrendatario obligado a pagarse, nada menos que mil 32 millones de pesos o cualquier cantidad, como quiera que sea eso es corrupción.

Por eso digo que si tuviera vergüenza, el Gobernador Quirino Ordaz debería de renunciar.

Y ustedes, señoras y señores diputados del PRI, mal hacen en protegerlo, sabiendo bien que el gobernador está en un gran problema de conflicto de intereses.

Hacen ustedes muy mal, teniendo de tapadera a la señora auditora.

Por eso insisto, que renuncie el gobernador, que aclare su participación en el fideicomiso de la USE, o que desocupe ese edificio. Lo que ustedes quieran hacer primero, pero háganlo ya, porque la justicia llegará, algún día pero llegará, para castigar tanta corrupción, como la que muestra la cuenta pública del Gobierno del Estado el día de hoy.

El gobernador al menos debería aceptar que está en ese fideicomiso de la USE porque se lo ordenó Chuy Aguilar, heredado por Juan Millán y protegido después por Malova, sólo para beneficiar al empresario Eustaquio de Nicolás.

Acéptenlo señoras y señores diputados del PRI; los mil 32 millones de ese fideicomiso no son de los trabajadores estatales, sino de esa camarilla mafiosa representada por el gobernador. Y Sólo por

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eso esta cuenta pública debe ser resuelta en los términos que se dictaminan. Es cuanto señor Presidente.

El diputado Presidente dijo: Pregunto al Pleno si el punto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.


El diputado Presidente dijo: Por unanimidad se considera suficientemente discutido.

No habiendo más discusión del dictamen, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general.

La secretaría procedió a levantar la votación nominal.

Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria Himelda Félix Niebla, Eleno Flores Gámez, Mario Rafael González Sánchez, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Sergio Jacobo Gutiérrez, Rosa Inés López Castro, Mónica López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Fernando Mascareño Duarte, Karla de Lourdes Montero Alatorre, J. Jesús Palestino Carrera, Roxana Rubio Valdez, José Manuel Valenzuela López y Jorge Iván Villalobos Seáñez, votaron en contra del dictamen. El resto de los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa.

El diputado Presidente dijo: Por mayoría de los presentes se aprueba el dictamen en lo general. Está a discusión en dictamen en lo particular, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que deseen participar.

Ningún diputado ni diputada se anotó para intervenir en la discusión en lo particular.

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El diputado Presidente dijo: No habiendo discusión del dictamen en lo particular, se tiene por aprobado. Expídase el decreto correspondiente.

En cumplimiento de lo que dispone el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se pregunta a las diputadas y a los diputados en votación económica si se continúa con la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.


El diputado Presidente dijo: Por unanimidad de los presentes se aprueba continuar con la sesión.

Siendo las 14 horas con 23 minutos el diputado Presidente declaró un receso.

Siendo las 15 horas con 52 minutos el diputado Presidente reanudó la sesión.

10.- Segunda lectura y discusión de dictamen de los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, de la Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de Administración y Finanzas; Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario “Aguaruto”, correspondiente a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo.

El diputado Presidente dijo: Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión. En cumplimiento de lo que señala el Artículo 163, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó al Poder Ejecutivo de las fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estimaba conveniente enviara a un representante para que con voz pero sin voto tomara parte en la discusión. Se pregunta si se encuentra presente algún representante de los entes públicos estatales o municipales.

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Se encontraba presente en el Pleno el Licenciado Carlos Alberto Báez Montes, representante del Ejecutivo del Estado, mismo que no tuvo interés en participar.

El diputado Presidente dijo: Está a discusión el dictamen en lo general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, se anotó para hablar en contra del dictamen.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, para hablar en contra del dictamen quien dijo: Compañeras y compañeros diputados, estimadas amigas, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores que nos acompañan en esta sesión pública del H. Congreso del Estado.

Hoy en esta sesión se ha planteado una falsa disyuntiva, aquí no se trata como equivocadamente se ha dicho, de ubicar por un lado a los diputados o diputadas que están en contra de la corrupción y a las diputadas y diputados que supuestamente están a favor de la corrupción.

Yo lo quiero dejar perfectamente claro, ningún diputado, ninguna diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está por supuesto a favor de ningún acto de corrupción.

Estamos totalmente a favor, lo hemos dicho una y otra vez, de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a fondo y en serio a la corrupción.

El verdadero debate no es ese, el verdadero debate es el que tiene que ver con el cumplimiento o no de la legalidad, ese es el tema que se ha planteado reiteradamente en esta casa legislativa.

Todos nosotros, todos los diputados debemos tener claro, por la función que tenemos en la sociedad, la importancia que tiene el derecho.

De siglos se ha venido planteando un debate, ¿Qué es lo que más le conviene a una sociedad, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Y ha quedado claro que lo que conviene es el gobierno de la ley, por qué, porque la ley es un instrumento civilizatorio, la ley es la que permite que las diferencias sociales, que las diferencias

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políticas no se desborden y no degeneren en anarquía, en caos, en la guerra de unos contra otros; la ley disciplina, limita, ordena la vida colectiva.

Por eso compañeras y compañeros diputados, la política, el trabajo legislativo debe transcurrir siempre por el camino de la ley, la ley es la que disciplina y ordena el quehacer político y el quehacer legislativo.

Comento esto porque nosotros hemos visto con mucha preocupación que desde que arrancaron los trabajos de esta Legislatura, desafortunadamente hemos venido observando con preocupación, insisto, una violación reiterada de la legalidad.

Y un Congreso que no es capaz de hacer valer la legalidad, es un Congreso que no le sirve a Sinaloa.

Hemos insistido muchas veces aquí en tribuna, en Comisiones, que el trabajo que ha hecho la Comisión de Fiscalización, no se ha ajustado en todo al orden constitucional y al orden legal, que la Comisión se ha extralimitado en las atribuciones que la Constitución y la ley consideran.

No voy a insistir mucho en ese debate, lo que sí voy a hacer es entregarle formalmente al Presidente de la Mesa Directiva un documento en el cual explico a detalle todas y cada una de las violaciones que se hacen al orden constitucional y legal, y le voy a pedir al Presidente que de manera íntegra este documento se anexe en el acta de esta sesión.

En estos momentos hace entrega al diputado Presidente de la Mesa Directiva el documento de observaciones.

El diputado Presidente dijo: Gracias diputado Sergio Jacobo.

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, desde su curul dijo: Que se lea el documento.

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez dijo: La secretaría que dio lectura al documento, si ustedes lo consideran, es un documento bastante extenso, yo no tengo ningún inconveniente.

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El diputado Presidente dijo: Se puede anexar al acta de esta sesión. Eso es lo que pidió el diputado Sergio Jacobo.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, solicitó hacer uso de la voz.

El diputado Presidente dijo: Adelante diputada Gloria Himelda Félix.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, desde su curul dijo: Presidente, el diputado ha anexado una serie de información complementaria para ilustrar el debate, son básicamente violaciones legales y procedimentales en el tema de los informes presentados.

Y en base al 191 de la Ley Orgánica, lo que procede es precisamente lo que él solicita dirigido a usted como Presidente de la Mesa Directiva, para que la transcripción íntegra del contenido de este documento se agregue en el acta de la sesión.

Si existiese la intencionalidad de alguno de los miembros de esta Legislatura de conocer el contenido, pues entones tendría que proceder usted como presidente de la Mesa a que la secretaría le diera lectura al mismo, no el ponente.

El diputado Presidente dijo: Adelante diputado Sergio Jacobo, continúe.

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, dijo: Insisto, no comentaré más el tema relacionado con el vicio de origen que hay en el tema de la legalidad, y voy a referirme más bien a las debilidades que observamos nosotros en el dictamen que hoy se nos presenta por parte de la Comisión, en lo que tiene que ver con los informes individuales de diversas Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal y del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.

Lo que puedo decir al respecto es que nosotros observamos una gran debilidad técnica en el dictamen que se nos ha presentado.

Lo voy a decir claramente, no encontramos nosotros en este dictamen ninguna fundamentación, ninguna argumentación sólida, suficiente, para emitir un dictamen en el sentido que lo está proponiendo la Comisión.

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No vemos rigor técnico, vemos expresiones que van a pasar a la historia de los absurdos legislativos por no decir la picaresca política, cuando se expresan por ejemplo cosas como: se aprueba lo rechazado y se rechaza lo aprobado.

En los informes que la Auditoría Superior del Estado entregó a la Comisión, encontramos nosotros información que es la que sirvió de base de insumo para la preparación del dictamen de la Comisión de Fiscalización.

Y quiero dar algunos datos, en general, en todos los informes individuales, encontramos nosotros un pliego de observaciones de alrededor de 108 millones de pesos; de un presupuesto cercano a los 48 mil millones de pesos.

Fíjense bien, estamos hablando de pliego de observaciones de 108 millones, de un presupuesto de 48 mil millones de pesos.

Por supuesto un peso, un cinco, un centavo mal administrado, debe de ser castigado; pero quiero poner en contexto, en dimensión de qué estamos hablando, cando estamos hablando de observaciones de estos informes.

Quiero también comentar que las supuestas conclusiones técnicas de la Comisión pues no son tales, o son bastante endebles.

Voy a citar algunas de las razones, de las causas que la Comisión aduce para modificar la determinación técnica de este informe.

Se habla por ejemplo y van aquí unas perlitas, dice, se omite, escúchenlo bien, se omite la presentación detallada de 250 resultados sin observación, gravísimo, y además se omiten, la justificación detallada de 42 resultados con observación solventada, gravísima la causa.

Otra causa, la adquisición de un vehículo en el cual se omite anexar la evidencia justificativa.

Esos son, entre otros, los argumentos de peso que la Comisión esgrime para llevar a cabo la modificación de la determinación técnica e la ASE.

Otra cosa curiosa, en el dictamen de la Comisión se dice que es improcedente la opinión favorable que da la ASE a tres de los cinco informes, pero luego dice que la opinión desfavorable de los otros dos informes esa sí es positiva.

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O sea, qué vemos aquí, que se toman como referencia los mismos elementos, los mismos criterios, pero hay un uso totalmente parcial, totalmente convenienciero de la información que encontramos nosotros en el informe de la Auditoría Superior del Estado.

Quiero decir además lo siguiente, y lo voy a decir con toda claridad, con toda franqueza, aunque sé que algunas compañeras y algunos compañeros, esto no les gusta.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel, y ahí están los datos, es hoy en día uno de los Gobernadores mejor evaluados en todo el País. Les digo que hay a quienes no les gusta, pero ahí están los datos.

Quiero decir además lo siguiente, en el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la revisión de la cuenta pública 2018, váyanse para atrás, Sinaloa ocupó el primer lugar porque solventó todas las observaciones y no tiene una sola partida pendiente de aclaración ante la Auditoría Superior del Estado.

Las calificadores internacionales, Mudis, Estándar Empurse, han dicho que Sinaloa es el Estado que tiene el primer lugar en lo que tiene que ver con el riesgo crediticio.

Y la misma ASE en su informe da una determinación aprobatoria de la cuenta pública del Gobierno del Estado.

A la luz de estas realidades, por qué entonces el empeño de los integrantes que en forma mayoritaria integran la Comisión de Fiscalización para emitir un rechazo a la determinación técnica de la ASE, qué es lo que justifica, si tenemos un Gobernador bien evaluado, un Gobernador del que el propio Presidente López Obrador acaba de decir que Sinaloa es un ejemplo en el mejoramiento de los indicadores en seguridad pública.

Por qué entonces el afán de reprobar, por qué entonces el afán de modificar la determinación técnica.

Yo encuentro algunas razones, la primera, y lo digo también con el respeto debido, lo comentamos una vez y hoy lo reafirmo, hay en algunas legisladoras y en algunos legisladores, una obsesión enfermiza en contra del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Hay además aquí un espíritu de partido que le hace daño al Congreso y le hace daño a Sinaloa, porque diluye el interés público.

Quiero terminar diciendo nada más que nosotros como integrantes de esta Legislatura tenemos el reto de conseguir el rumbo, todos debemos de ser conscientes que hemos tenido una muy pobre,

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una mediocre productividad legislativa, tenemos que poner fin a la polarización, tenemos que construir a través del diálogo consensos, tenemos que poner por encima el interés de Sinaloa y de los sinaloenses y hacer a un lado el pernicioso espíritu de partido. Es cuanto diputado Presidente.

Se insertan observaciones entregadas por el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, en relación los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, de la Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de Administración y Finanzas; Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario “Aguaruto”, correspondiente a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo, del ejercicio fiscal 2017.

DIPUTADO MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 191 #- la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa1, en el presente acto hago formal entrega a la Secretaría de la Mesa Directiva que usted preside, de documento en el que se hacen constar observaciones formuladas por el suscrito respecto de los Dictámenes remitidos a este Pleno por la Comisión de Fiscalización, en relación a los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 de la Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de Administración y Finanzas; Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Ejecución de )las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario "Aguaruto", correspondientes a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo, así como respecto del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales a su vez fueron remitidos por la Auditoría Superior del Estado a fin de que esta Soberanía estuviera en condiciones de ejercer la facultad que le confiere la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Me permito precisar que el documento de observaciones que presento es anexo a mi intervención en las discusiones de los dictámenes de referencia, por lo que de manera respetuosa y atenta le

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solicito se ordene lo conducente a fin de que se proceda a su transcripción íntegra en el Acta correspondiente a la sesión de la fecha en que se actúa.

Agradeciendo de antemano las atenciones respectivas, reitero mis más atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Función de Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas PúblicasEn los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la

CuentaPública 2017 de la Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de

Administración y Finanzas; Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad

Pública y Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de

Culiacán, hoy Centro Penitenciario "Aguaruto", correspondientes a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo, así como respecto del

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior del Estado otorgó las siguientes determinaciones técnicas:

Ente Público Determinación técnica1 Secretaría de Obras Públicas Cumplió con la normatividad aplicable.

Sentido aprobatorio.2 Secretaría de Administración y Finanzas Cumplió con la normatividad aplicable.

Sentido aprobatorio.3 Secretaría de Turismo Cumplió con la normatividad aplicable.

Sentido aprobatorio.4 Secretaría de Seguridad Pública Incumplió con la normatividad aplicable.

Sentido no aprobatorio.5 Centro de Ejecución de las Consecuencias

Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario "Aguaruto"

Incumplió con la normatividad aplicable. Sentido no aprobatorio.

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Derivado de lo anterior, las determinaciones técnicas contenidas en dichos Informes fueron en el sentido de aprobar el ejercicio de los recursos públicos a cargo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

No obstante lo anterior, la Comisión de Fiscalización de este Congreso del Estado de Sinaloa al emitir el dictamen correspondiente a dichos Informes, propone en su proyecto de Decreto rechazar los informes individuales cuyo sentido de determinación técnica sea aprobatorio y aprobar las que en origen se presentaron en sentido no aprobatorio, sin que se establezca en el dictamen los argumentos y criterios para aprobar en unos casos y rechazar en otros los sentidos de las determinaciones técnicas.

EnteDeterminación.

técnicaPropuesta de la Comisión de -Fiscalización en el Dictamen

1 Secretaría de Obras Públicas Aprobatorio Propone no aprobar el sentido de la determinación técnica

2 Secretaría de Administración y Finanzas Aprobatorio Propone no aprobar el sentido de la determinación técnica

3 Secretaria de Turismo Aprobatorio Propone no aprobar el sentido de la determinación técnica

4 Secretaría de Seguridad Pública No aprobatorio Propone aprobar el sentido de la determinación técnica

5 Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario "Aguaruto"

No aprobatorio Propone aprobar el sentido de la determinación técnica

Como consecuencia, se advierte lo siguiente:I.- Actuación de la Comisión de Fiscalización extralimitándose en

el ejercicio de sus atribuciones.El ejercicio exclusivo de la función de revisión y fiscalización

superior de las cuentas públicas de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y en general del Gobierno del Estado, se encuentra previsto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, el carácter de facultad exclusiva a cargo del Congreso del Estado se encuentra expresamente señalado en la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en cuyo

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párrafo segundo, claramente se señala que la revisión de la Cuenta Pública se realizará a través de la Auditoría Superior del Estado. El artículo 53 de la norma fundamental estatal se encarga de establecer la naturaleza jurídica de dicho órgano técnico y normar el procedimiento de revisión a su cargo.

Como consecuencia de las reformas constitucionales y legales de 2017, mediante las cuales se establecieron los Sistemas Nacional, Estatal y Municipales Anticorrupción, la función de revisión de las cuentas públicas adquiere una connotación fundamental y esencialmente técnica, abandonando el paradigma del ejercicio de la función con un carácter eminentemente político.

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado es la instancia a la cual deben presentarse, por parte de la Auditoría Superior del Estado, los informes de la revisión de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y de los Municipios, así como los informes financieros de las demás entidades fiscalizadas, para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

La Comisión de Fiscalización cuenta con una competencia general prevista en el texto de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en su artículo 71, fracción II; en tanto que su competencia específica, de acuerdo con lo previsto en el mencionado dispositivo, debe ejercerse en los términos señalados en la diversa Ley del Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, específicamente, según lo que se dispone en los artículos 28 a 33. Así, conforme al artículo 30, fracciones 1 y II de la Ley de la Auditoría, la Comisión de Fiscalización, tiene entre sus atribuciones, las obligaciones de recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, el Informe General, así como los informes individuales de la revisión y Fiscalización de las cuentas públicas; y presentar al Congreso del Estado durante el segundo periodo ordinario de sesiones los dictámenes de los informes general e individuales de la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y de los municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y en general del Gobierno del Estado, para su discusión y aprobación en su caso.

Si bien es cierto, la Comisión de Fiscalización, al igual que cualquier otra Comisión permanente del Congreso cuenta entre sus

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facultades y atribuciones generales y comunes la emisión de dictámenes respecto de las iniciativas y asuntos que le sean turnados por el Pleno, las atribuciones específicas en materia de revisión y fiscalización superior revisten un carácter claramente excepcional respecto del resto de reglas generales que se establecen en la Ley Orgánica del propio Congreso, tan es así, que las disposiciones relacionadas con la emisión de los dictámenes respecto de los Informes General e Individuales cuentan con reglas su¡ géneris respecto de su lectura ante el Pleno (artículo 159 de la referida Ley Orgánica), lo cual se refuerza con el hecho de que la competencia específica de la Comisión de Fiscalización se encuentre prevista en una norma jurídica diversa, que lo es la Ley del Auditoría Superior del Estado.

Como autoridad de orden público en el ámbito legislativo, los actos de la Comisión se encuentran invariablemente sujetos al respeto del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que únicamente está facultada para realizar aquello que expresamente le sea señalado por la norma jurídica, y lo que realice dentro de dicho marco deberá encontrarse debidamente fundado y motivado.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 54 Bis A de la Ley de la Auditoría, la Comisión de Fiscalización debe estudiar el Informe General y los Informes Individuales, para posteriormente someter a votación del Pleno el dictamen correspondiente con la anticipación necesaria para que éste lo valore a más tardar el 31 de julio del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el cual debe discutido y en su caso, aprobado o rechazado. El dictamen debe contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión, debiendo acompañar a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión.

La Comisión de Fiscalización puede formular observaciones y recomendaciones a la Auditoría Superior del Estado, las cuales deben incluidas en las conclusiones sobre el Informe General.

En este contexto, la propia norma jurídica establece un procedimiento específico respecto del proceso legislativo mediante el cual se dé trámite al análisis, valoración y aprobación en su caso de los informes de Auditoría, los cuales constituyen en su espécimen un

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conjunto de reglas excepcionales respecto de las reglas generales previstas en la propia Ley Orgánica del Congreso del Estado para cualquier otro tipo de proceso legislativo. De ahí que la Ley señale que el dictamen que emita la Comisión de Fiscalización debe estar sustentado en las conclusiones técnicas de los informes, los cuales de manera concreta se establecen en la determinación técnica en la cual se aprueba o rechaza el ejercicio de las cuentas públicas a nivel técnico, en tanto que, conforme a lo previsto en el artículo 43, fracciones XXII y XXII Bis de la Constitución Local, corresponde al Congreso revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del Informe General del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, así como los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, refiriéndose de manera concreta a que el ejercicio exclusivo esta facultad corresponde al Congreso en su conformación plenaria, no quedando a disposición de la Comisión de Fiscalización la posibilidad de alterar el sentido técnico propuesto en los informes, pues la aprobación o rechazo a los mismos descansa necesariamente en el ejercicio de la función deliberativa a cargo del Pleno.

En el caso concreto, se advierte que la Comisión de Fiscalización, al emitir dictamen rechazando los sentidos aprobatorios, y aprobando los no aprobatorios señalados en los Informes Individuales remitido por la Auditoría Superior del Estado, de manera inconstitucional e ilegal hace suyas atribuciones que únicamente le corresponden al Pleno del Congreso del Estado, excediéndose en el ejercicio de sus facultades.

Con la conducta desplegada por la Comisión de Fiscalización, se violentan en las disposiciones siguientes:

• Los artículos, 16y 116, párrafo sexto de la fracción II de su párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• Los artículos 43, fracción XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;

• Los artículos 70, primer párrafo, 71, fracción II, inciso a), y 103 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa; y

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• Los artículos 30, fracción II, 54 Bis y 54 Bis A de la Ley del Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

La actuación del Pleno del Congreso el Estado de Sinaloa en caso de aprobar el dictamen remitido por la Comisión de Fiscalización, en los términos propuestos por la misma en los que se aparta de la determinación técnica contenida en los informes individuales de auditoria remitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, si bien goza de la facultad para aprobar o reprobar los informes respecto de la revisión técnica de las cuentas públicas a cargo del órgano técnico, es necesario que como acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado con el propósito de que dé cumplimiento principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, en virtud de que si el Pleno aprueba los Dictámenes, automáticamente estaría avalando la actuación arbitraria e ilegal de la Comisión, toda vez que ésta se extralimitó en las facultades que le señalan tanto la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa corno la Ley del Auditoría Superior del Estado.

El dictamen adolece de una deficiente motivación, y la fundamentación no es pertinente ni suficiente para dar sustento al ejercicio arbitrario realizado por la Comisión de Fiscalización. Corresponde exclusivamente a este Pleno aprobar o rechazar los informes remitidos por el órgano técnico de fiscalización, no así la Comisión.

El Congreso del Estado, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las fracciones XXII y XXII Bis de su artículo 43, en relación con el diverso 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa no posee una facultad concentrada para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas. No la realiza en los aspectos técnicos per se, sino que el mismo andamiaje constitucional y legal establecen que esta función se realiza a través de un órgano técnico que es la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La aprobación o rechazo de los informes sobre la fiscalización de las cuentas públicas es apenas una parte de todo el procedimiento de fiscalización y de acuerdo con la ley se centra en la etapa de conclusión de la revisión de la cuenta pública. La Comisión de Fiscalización no tiene facultades para sustituir de manera absoluta a la Auditoría en la revisión técnica de las cuentas públicas.

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II. Deficiencias advertidas en el proyecto de dictamen.El proyecto de dictamen relativo a los Informes Individuales de la

Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y en general del Gobierno del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, y que se propone a este Pleno por la Comisión de Fiscalización adolece de las siguientes irregularidades:

a) Se aprecia una deficiencia generalizada en la argumentación, motivación y fundamentación sostenida por la Comisión de Fiscalización, toda vez que, al rechazar los Informes Individuales y el sentido aprobatorio de las determinaciones técnicas contenidas en el mismo respecto de las Secretarías de la Administración Pública Estatal enlistadas al principio de este escrito, en los cuales en origen proponía a este Congreso la aprobación de la aplicación de los recursos públicos, debió haber fundado y motivado como todo acto de autoridad el sentido de su determinación, para lo cual debió ser sustentado en un profundo estudio técnico financiero, jurídico y contable mediante el cual se explicaran las razones por las cuales no se compartían los criterios y metodología adoptados por la Auditoría Superior del Estado como para proponer la aprobación de los informes sobre la revisión de las aplicaciones de recursos públicos respectivos. Es decir, de existir condiciones evidentes y acreditables de que los trabajos de revisión y fiscalización superior a cargo del órgano técnico fueron deficientemente realizados, y por ende, no atendible las determinaciones técnicas contenidas en sus informes individuales, debió basarse necesariamente en un estudio que, analizando la metodología del órgano técnico, diera cuenta de las deficiencias en el proceso para el otorgamiento de la calificación aprobatoria, y además sustentar mediante metodología diversa respecto del mismo universo y muestras fiscalizadas, que la calificación y aprobación propuesta derivada de la misma, tendrían respecto de una misma matriz de calificación y ponderaciones, calificaciones más bajas que ameriten la no aprobación de los informes, y en consecuencia de las cuentas públicas que con las mismas se avalan.

El dictamen, en tanto que constituye un pronunciamiento formal a cargo de una autoridad de orden público en el ámbito legislativo, forzosamente se encuentra sujeto al principio de estricta legalidad. La

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fundamentación y motivación del mismo, debió contar con una metodología enfocada a demostrar que los criterios adoptados para el otorgamiento de calificaciones y los avales proporcionados al ejercicio de recursos públicos en origen fueron erróneos, sin embargo esta circunstancia no se acredita de la lectura cuidadosa del proyecto remitido por la Comisión de Fiscalización.

b) De manera discrecional, la Comisión de Fiscalización, únicamente retoma de los Informes Individuales de la Auditoría los datos correspondientes a las observaciones formuladas a las Secretarías de la Administración Pública Estatal, haciéndose la distinción de si éstas fueron solventadas o si al tiempo en que se presentaba el Informe ante el Congreso éstas se encontraban sin atender. De manera parcial únicamente retoman las variables que podrían restar una parcialidad de la calificación atribuible a la cuenta pública a cada ente. No toma en cuenta el resto de las variables consideradas por la Auditoría, que contrastadas en su conjunto, y confrontadas con una matriz de calificación y ponderaciones, terminarían por avalar y calificar en sentido positivo con un porcentaje cierto a los ejercicios de recursos a cargo de las Secretarías del Gobierno del Estado.

c) La Comisión de Fiscalización, sin fundar ni motivar de manera correcta y debida sus actos, rechazó el sentido contenido en la determinación técnicas de los informes, cuando la propia legislación, únicamente admite la posibilidad de que al emitir los dictámenes, parta de la base precisamente de los informes individuales y el sentido de sus determinaciones, pudiendo a lo mucho formular observaciones y recomendaciones los cuales deben hacerse constar en las conclusiones técnicas respectivas.

No se advierte en el contenido del dictámenes el que la Comisión haya adoptado una metodología para la variación del sentido de las determinaciones de la Auditoría, limitándose únicamente a realizar un cotejo sobre el cumplimiento de los informes respecto de la estructura mínima que deben contener de acuerdo al artículo 69 Bis A de la Ley del Auditoría Superior del Estado.

Al carecer de parámetros mínimos y máximos para el otorgamiento de una calificación, e incluso, siendo omisa la Comisión respecto de la precisión de la calificación que a su juicio debería corresponderle a cada ente público, propone el dictamen diseñado en

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un contexto de total discrecionalidad, pues sin especificar la argumentación lógica y jurídica relacionada con la selección de datos de los informes, en los antecedentes de revisión de otras Secretarías del Gobierno del Estado propuso al Pleno aprobar aquellos informes cuya determinación reprobaba el ejercicio de recursos, en tanto que, alternamente propone rechazar las determinaciones en que se aprueba el ejercicio de los recursos a cargo de las Secretarías de la Administración Pública del Estado.

d) En la parte medular del dictamen que propone la Comisión de Fiscalización se concentra en el apartado de Conclusiones Técnicas. El texto anterior a este apartado resulta de una selección de transcripciones de las cifras y datos aportados en los informes individuales de auditoría. Los proyectos de dictamen no precisan con exhaustividad los criterios objetivos con base en los cuales fueron seleccionadas las transcripciones. Tras realizar una transcripción de cifras y datos contenidos en el informe respecto las observaciones encontradas por la Auditoría, sin mayor razonamiento previo, el proyecto señala que en base a las particularidades descritas, sin especificar en qué aspectos, deviene improcedente la determinación de la Auditoría.

e) El dictamen es omiso en cuanto a la adopción por parte de la Comisión de Fiscalización de una metodología análoga a la empleada por el órgano técnico para el otorgamiento de las calificaciones. La Auditoría Superior del Estado, sí bien genera en sus informes individuales los indicadores que se retoman en los proyectos de dictamen, éstos apenas resultan ser elementos a ser considerados dentro de una metodología para el otorgamiento de una calificación, que en consecuencia generaría la propuesta de sentido en la determinación técnica. Así el órgano técnico de fiscalización, consideró la aplicación de una metodología propuesta por su Comité de Planeación, en la que los parámetros para la determinación técnica se sustentan en una matriz de calificaciones y ponderaciones. Los dictámenes no parten de una matriz que contenga la escala para la no aprobación y la aprobación de una cuenta pública, por lo que los criterios contenidos en las conclusiones técnicas, al apartarse de una escala de mínimos y máximos, deviene carente de objetividad, y atenta contra el espíritu técnico en oposición a político que debe garantizarse en el marco de la revisión de la cuenta pública.

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El dictamen carece de la enunciación de criterios con características en común, es decir:

• No valora correctamente la atención a los pliegos de observaciones;

• No precisa en qué consiste cada uno de los incumplimientos normativos que toma en cuenta para rechazar las cuentas públicas;

• No posee ponderaciones individuales respecto de los pasivos sin fuente de pago.

• No se prevé cuál sería la calificación verdadera de acuerdo a la matriz de calificaciones y ponderaciones, a juicio de la Comisión de Fiscalización, y con lo cual pudiera válidamente desprenderse que su rechazo a los informes en sentido aprobatorio es consecuencia de que las entidades fiscalizadas no alcanzaron una calificación satisfactoria.

f) El dictamen tampoco alude a la relatoría de reuniones y temas tratados para la aclaración de los informes con el personal técnico de la Auditoría, lo que deja de manifiesto que la función realizada no fue exhaustiva puesto que, los datos que retorna la Comisión de Fiscalización fueron los incluidos en el Informe Individual presentado en el mes de febrero de 2019. Al tiempo en que se discute y analiza el dictamen correspondiente, han transcurrido más de 140 días. La Comisión debió cerciorarse, solicitando a la Auditoría la comparecencia de su personal técnico, a efecto de que se actualizara la información correspondiente, puesto que la situación jurídica de las observaciones en que dolosa e infundadamente la Comisión pretende sostener el rechazo al informe, pudo haberse modificado o se modificó en el transcurso de dicho tiempo a través de solventaciones.

Cabe señalar que el artículo 54 Bis de la Ley del Auditoría señala que en aquellos casos en que la Comisión de Fiscalización detecte errores en el Informe General o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia de su Titular o de otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe.

No se aprecia en el dictamen que la Comisión haya ejercido de

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manera concreta y adecuada esta atribución, de ahí que las variables retomadas de manera parcial en el dictamen para rechazar el Informe, pudieron haberse modificado entre la fecha de presentación del mismo y la de la emisión de su dictamen. Lo anterior da cuenta de la carencia de exhaustividad en el ejercicio de las atribuciones que sí le están expresamente encomendadas a la Comisión de Fiscalización y de ahí deviene el carácter deficiente desplegado por la misma.

El dictamen no contiene la fundamentación ni la motivación pertinente e idónea para la alteración de los sentidos contenidos en las determinaciones técnicas que a su vez se desprenden de los Informes Individual y del General de Revisión y Fiscalización Superior.

Además, el dictamen es omiso de señalar los argumentos técnicos, jurídicos y contables para determinar la no aprobación del ejercicio de los recursos públicos a cargo de Gobierno del Estado, en general, derivado del espécimen auditado, ni señala el esquema mediante el cual pueda tenerse por deficientemente calificadas por la Auditoría a las Secretarías de la Administración Pública Estatal.

De una revisión de los precedentes jurisdiccionales, nuestro alto Tribunal ha estimado que los congresos locales, al rechazar informes relacionados con el aval a una cuenta pública deben sustentarse en un ejercicio de motivación con un rigor y nivel altamente técnico en condiciones análogas a las que obliga en origen la emisión de un informe con determinación técnica a cargo de un órgano técnico auxiliar en el ejercicio la función constitucional de fiscalización superior de las cuentas públicas, situación que no aconteció en el caso que nos ocupa. Esto ha quedado de manifiesto en lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 19/2004, de rubro CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En síntesis, para el suscrito, existe un ejercicio limitado y pobre de fundamentación y motivación del dictamen, visto desde la perspectiva de un acto de autoridad que debe estar sujeto al principio de estricta legalidad; prevalece una serie de violaciones al procedimiento legislativo específico para el ejercicio de la función

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constitucional de revisión y fiscalización superior del ejercicio de los recursos a cargo de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y en general del Gobierno del Estado, el cual en el caso correspondiente a la revisión del periodo anual 2017, con la posible aprobación por parte del Pleno, aun en el ejercicio exclusivo de la potestad de aprobar o rechazar el informe correspondiente, no alcanzaría para purgar dichos vicios procedimentales, acarreando consigo la nulidad de este procedimiento en general.

No compartimos el proceder de la Comisión de Fiscalización, no podemos hacerlo en virtud de que se han materializado vulneraciones graves a los procedimientos que nos señalan tanto la Constitución como la Ley de la Auditoría.

Es postura de este Grupo Parlamentario del que formo parte el hacer un llamado a esta Asamblea en Pleno, a no consentir el ejercicio arbitrario e ilegal de la Comisión de Fiscalización, lo cual de suceder, en nada abonaría a la certidumbre y a la transparencia que deben permear en el ejercicio de la función de revisión de las finanzas de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y en general del Gobierno del Estado. Este Poder Legislativo no debe consentir la alteración a los procedimientos normativamente establecidos.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a martes 30 de julio de 2019ATENTAMENTE: DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Cecilia Covarrubias González, para hablar a favor del dictamen, quien dijo:

Con su permiso diputado Presidente, saludo a todos.Absurdo dice que el diputado que me antecedió, que la Comisión

en el dictamen deje que se apruebe lo rechazado y se repruebe lo aprobado; no es culpa de nosotros diputado Sergio, es culpa de la ineficiencia de la Legislatura pasada que mal hizo una ley que al final del día hoy sí nos permitió estar aquí votando los informes de las cuentas públicas, no es culpa de nosotros.

Yo le quiero dejar muy claro a los diputados que en esta tribuna han hablado de la terminación técnica a la que hace mención la ley

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recién modificada en la Legislatura pasada con respecto de la ASE, es el único Estado en todo el País que habla de la determinación técnica de la ASE, no hay una Ley de Fiscalización en el resto de los Estados del País que marque una determinación técnica, nada más aquí en Sinaloa porque así se les ocurrió a la Legislatura pasada, y hay que verlo, porque ninguna Ley de Fiscalización en ningún Estado dice determinación técnica, aquí nada más hecha a modo para que este Congreso no pudiera aprobar o reprobar o fiscalizar las cuentas públicas del Ejecutivo.

Ha usado la tribuna diputado nada más para descalificar el trabajo de la Comisión de Fiscalización, en ningún momento usa la tribuna para ver cómo se auditaron los dineros de los sinaloenses, nunca tocó a la ASE, jamás, y mire que hay claridad en el desaseo.

Por ejemplo la misma ASE dijo que había pagos registrados en las cuentas de honorarios sin contar con el contrato de prestación de servicios, asimismo en dichas compensaciones y honorarios fueron comprobados con recibos elaborados en hoja blanca, no se le ocurrió mencionarlo.

Se paga en hoja blanca, eso no le vale venir a comentarlo aquí porque pues no le interesa.

Quiero mencionarles y compartirles que hace un momento en el receso que acabamos de tener los diputados, escuché cómo decían algunas compañeras que habían carecido en su niñez.

Me da mucho gusto que la gente progrese y salga adelante, pero es una pena que no les quede nada para hoy que están en otras condiciones económicas mucho mejores, ver por los intereses de la sociedad, porque con tanto desvío de dinero estamos dejando de pensar que aún hay niños que tienen hambre y niñas y familias enteras. Pero bueno, así es la vida, cuando tenemos un precio.

Desde luego que el Grupo Parlamentario de Morena hace suyo este dictamen de la Comisión de Fiscalización de los informes de revisión de cuatro Secretarías y un Centro Penitenciario de Culiacán, correspondiente a la cuenta del Poder Ejecutivo y lamentamos, Sinaloa, realmente lamentaos y es en serio, que se produzca por el desaseo en el uso de los recursos públicos y por revisión a modo, de parte del órgano de fiscalización, un dictamen que echa abajo lo que acaban de venir a presumir, que echa abajo el engaño de tener a uno de los mejores Gobernadores en este País.

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Es sin embargo una consecuencia de las mismas aportaciones de la ASE, nada inventado, todo lo que la Comisión de Fiscalización argumenta lo emitió la ASE, porque evidentemente era inevitable contar otra historia, porque los hechos hablan.

El dictamen de la Comisión rechaza la determinación de la Auditoría con respecto a los informes que da por buenos, por muchas razones la Comisión rechaza el informe de este Ejecutivo, pero una de ellas que debería llamar la atención no sólo del pleno, sino de la totalidad de los sinaloenses, de la totalidad de la sociedad, es ser limitado, por no decir nulo cumplimiento de la responsabilidad de revisar y fiscalizar la cuenta pública.

Responsabilidad de esta Soberanía aún, aunque intentaron separarlo, pero a cargo del órgano técnico facultado por supuesto de la ASE, cuando los informes individuales aportados por referirse a los resultados específicos de Auditoría a cuatro dependencias y un centro penitenciario, ignoran completamente el contenido de la cuenta pública presentada hace un año, misma que va más allá del solo ejercicio del gasto de las cuatro Secretarías auditadas y un Centro Penitenciario.

O sea, lo que estamos diciendo es que hace un año el Ejecutivo presenta su plan de trabajo y nada más se le ocurre auditar a cuatro Secretarías y un Centro Penitenciario, de un montón de ejercicio público, y todavía dicen que este Congreso, pues si fueron la misma Legislatura la que le dijo el año pasado que auditara poquito.

Lo más triste que es donde debió haber gastado de más, ahí le quitó, porque pues destinó 200 millones para el sistema de pensiones, ahí sí le bajó y gastó 62, es una pena y es una casualidad.

Ninguna palabra le dedica la ASE a todas estas puntuales y claras anomalías que ella misma trajo a este Congreso del Estado.

Si en términos del Artículo 47 de la Ley de la Auditoría, la revisión de la cuenta pública tiene por objeto en cuanto al ingreso, verificar que sea recaudado conforme a la ley, en cuanto al gasto por supuesto comprobar que se ajuste a los presupuestos y verificar que la aplicación de los mismos cumplan incluso con los programas de desarrollo.

No hay de todo eso ni una sola referencia, a la ASE le pasa de noche, pero vienen a la tribuna para descalificar a la Comisión y no se toca a la ASE.

Es grave no sólo por eso, sino porque desenmascara la intención

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pues del PRI, y del Gobernador, de apoderarse de la Auditoría Superior con el señuelo de la supuesta autonomía total; quién iría por una autonomía de la ASE, cuando estamos viendo que no responde, cuando previamente instalaron al frente de ella a quien hoy produce estos resultados, y al mismo tiempo literalmente con los pies sinaloenses, produjeron una reforma copiando y pegando disposiciones de la Auditoría Superior de la Federación que hoy nos tienen al Congreso discutiendo en julio informes de cuentas que concluyen en octubre y al mismo tiempo sometiéndolo a los informes de solventación que deberán rendir las entidades fiscalizadas para ser entregadas por la misma Auditoría al inicio de cada período de sesiones.

Por todo eso, diputadas y diputados, lo que en realidad se ofrece como revisión y fiscalización de cuenta pública por parte de la ASE, es gato por liebre, en un afán de ocultar el gasto discrecional y su derroche como el ejemplo que el dictamen del informe general presenta en términos del gasto en comunicación social y publicidad.

A qué me refiero en tema de comunicación social y publicidad, que de 27 millones aprobados para ese rubro, el Ejecutivo termina gastando 365 y quién sabe compañeras y compañeros diputados cuál sea la mayor tomadura de pelo que se quiera hacer, no al pleno, sino a la sociedad sinaloense que es la que importa, cuando desde el PRI y del propio órgano fiscalizador se presume atender la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y su Sistema Nacional de Fiscalización, presentando muestras irrisorias de Auditoría que comienzan por no demostrar nada.

La Auditoría dice haber auditado por ejemplo, lo irrisorio, la Auditoría audita 42 mil 583 pesos para el gasto de comunicación social y publicidad, es decir, sólo más cuesta una publicidad de una sola página que el porcentaje que la Auditoría hace en este rubro.

0.01% la Auditoría audita en el gasto de comunicación social, 0.01% y no les duele eso, ¿no les duele?

Por supuesto que el gasto de infraestructura no se aporta ni los números contenidos en el documento den cuenta pública, no se tomó en cuenta nunca el tomo tres.

Se finge en este caso una ceguera inadmisible y se miente sin recato cuando los informes de auditoría aseguran apegarse a un llamado criterio de entidades cuestionadas para considerar dudas de la sociedad conocida a través de los diversos medios de comunicación

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con respecto al uso de los recursos públicos, porque ha sido público y notorio el beneficio que se otorgan a los mismos, a los amigos, y a otros tantos.

De modo que por los elementos inaceptables como este, por supuesto que la Comisión de Fiscalización no sólo debía rechazar los informes aprobados por la Auditoría Superior, sino también pedirle, porque para eso es el órgano constitucional legalmente facultado, la oportunidad debida en la revisión del gasto público. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, quien dijo: Gracias Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, como ha quedado de manifiesto por mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, de un universo de alrededor de 53,350 millones de pesos, autorizados al Ejecutivo en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, se denota una muestra de alrededor de 498 millones observados, como aquí se ha establecido, equivale prácticamente al 1%, menos del 1%, .9% del total del presupuesto ejercido.

Si nos vamos al ejercido y devengado por el Ejecutivo Federal a través de sus dependencias y entidades, oscila alrededor de 107 millones de pesos, que estas son las observaciones que como aquí se ha dicho, son las que ejercieron las cinco dependencias auditadas, por qué sólo cinco, pues porque la anterior Legislatura estimó sólo cinco, no podemos hacer nada más que a partir de que hoy somos legisladores, de exigirle a la Auditoría, como ya lo hicimos al seno de la Comisión, que amplíe su PAAVI, ¿Qué es el PAAVI? El Programa Anual de Auditorías y Visitas para efectos de las auditorías de los años subsiguientes.

Esto es lo que hay, y de estos 107 millones que fueron observados que fueron observados a estas cinco dependencias, de este universo equivale al 0.2% del monto total del presupuesto.

Pudiera sonar mucho 107 millones de pesos, es mucho, y evidentemente lo distribuyen en las observaciones que ya ha dado cuenta quienes antecedieron en el uso de la palabra y el propio dictamen.

La verdad de las cosas es que el tamaño de la muestra, o poco podemos hacer con el tamaño de la muestra que esta Legislatura no

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decidió.Poco podemos hacer con el número de dependencias y

Secretarías auditadas que esta Legislatura no determinó; pero sí tenemos que circunscribirnos al análisis que hoy nos apunta, el informe de estas cuatro Secretarías, y la verdad es que por lo que hace a la coincidencia del dictamen respecto de las Secretarías con una determinación parcial técnica de no aprobatoria, y me refiero específicamente al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas y a la Secretaría de Seguridad Pública, francamente sí me llama mucho la atención que se hayan encontrado facturas apócrifas y domicilios no localizados.

Esto, señoras y señores es delito, y todo delito debiera perseguirse, por lo cual exigimos desde esta tribuna al órgano de fiscalización superior, que presente las denuncias correspondientes en contra de los funcionarios que presentaron estas facturas falsas y que no tenían domicilios localizados, eso en cualquier revisión normal de auditoría del SAT, es cárcel, y no tiene por qué ser diferente para los funcionarios que presentan gastos del erario a través de este tipo de facturación falsa.

Estas acciones compañeras y compañeros diputados, no interrumpen la fiscalización o no interrumpen el desarrollo ni de las auditorías, ni de las solventaciones, ni de la presentación de los informes parciales que hace la Auditoría.

Y permítanme recalcar el término de parciales, porque justamente aquí tengo en mi poder, el decreto relativo a la revisión de la cuenta pública federal, que daba cuenta en la pasada intervención, del ejercicio fiscal 2016, de la cuenta pública del gobierno del ex Presidente Peña Nieto, la cual fue rechazada por el pleno de la Cámara de Diputados, en la cual se compone justamente de los informes parciales.

¿Cuáles son los informes parciales? Bueno pues esos informes que se presentan desde el 30 de abril, los informes que se presentan por la Auditoría el 20 de febrero y que hoy ilegal, absurdamente estamos dictaminando de manera precia, y así como los dictámenes que se van a presentar en octubre próximo.

Esos tres elementos parciales, preliminares, constituyen los elementos por el cual la Auditoría aprueba o rechaza una cuenta pública y finca responsabilidad a través de los finiquitos correspondientes y de las denuncias que correspondan.

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Ahora bien, estamos discutiendo un informe parcial del Ejecutivo y de las dependencias que aquí se han citado, por eso reprobamos el hecho de que tanto la Auditoría, como la Comisión y este pleno caigamos en el juego de una ley que resulta absurda, por qué, porque no podemos seguir anticipando un juicio de valor que necesaria e ineludiblemente se dará el mes de octubre.

Esta conformación de informes parciales que hoy analizamos, y que a bombo y platillo se grita que hay desvíos multimillonarios por parte de las distintas dependencias, pues sí, si hay observaciones, bastantes creo yo, en el tema de los órganos que la propia Auditoría da por no aprobados y me refiero al Centro de Ejecución y a la Secretaría de Seguridad.

Pero que casualmente en la Secretaría de turismo solamente establece formas o incumplimientos de registros contables, no tiene pliegos de observaciones la Secretaría de Turismo, como sí lo tiene la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas, en donde incluso la Auditoría presume posible daño patrimonial, así lo dice, y justamente lo hace en un apartado que alude a la autocorrección fiscal pro salarios pagados desde 2014.

Es decir, todos aquellos salarios y aquí me voy a explicar y me van a entender muy fácilmente, hay demandas de esta Soberanía, de maestros y de personal precario de salud, que no han recibido las aportaciones correspondientes a los años en que legalmente las debieron haber devengado.

Supongamos que hubiera presupuesto disponible para el año siguiente y que el año siguiente el Ejecutivo Federal, suponiendo que hubiera suficiencia presupuestal para pagarla, pues caería en esta irregularidad también, porque está pagando prestaciones en el 2020, originadas en años anteriores.

Esto es una observación, pero no es un daño patrimonial; si se comprueba que se pagó una prestación anterior derivada del presupuesto. Y les pongo como ejemplo solo ese.

Ahora bien, se habla aquí de los pasivos sin fuentes de pago de deudas del Instituto de Pensiones y también del ISSSTESIN, este tipo de pasivos se originan no en este gobierno ni en el anterior, son pasivos que han sido contingentes, y que el hecho de tenerlos registrados y no pagados, no es una responsabilidad directa para el funcionario, es simple y sencillamente una deuda que se asienta en el registro contable

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y que no se paga.Luego entonces esta serie de observaciones que están

preliminarmente siendo observadas y que a continuación lo haremos en el otro dictamen para los organismos paraestatales y paramunicipales, son susceptibles de ser solventadas en los plazos que acertadamente ha establecido el Presidente de la comisión y que concluyó hace mucho y que evidentemente habremos de exigir cuentas para ver aquellos que pretendieron haber solventado fuera del plazo establecido por la Constitución y las leyes.

Pero eso no le da a esta Cámara la facultad de juzgar el rechazo de tres dependencias con los mismos argumentos con las que desaprueba las otras dos.

Considero entonces compañeras y compañeros, que este informe al igual que el resto de los que hemos analizado, no deben contar con un rechazo o una aprobación, dado que éstos forman parte de un legajo para determinar justamente la negativa, el rechazo, la aprobación de la cuenta pública que habrá de darse el mes de octubre próximo. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado José Rosario Romero López, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña.

Dice la Auditoría Superior del Estado y el PRI no la deja mentir, que su actuación fue regida por las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que a su vez están basadas en normas internacionales, pero reconoce que las fórmulas para determinas cuentas públicas, fueron generadas por ella misma.

Es decir, por su propia iniciativa, lo que seguramente explica sus parámetros para establecer que entre más alto sea el monto de probable daño a la hacienda pública, menor es el castigo que reciben las entidades fiscalizadas, según sus informes.

Sólo con esa lógica se entiende que las cuentas rechazadas del órgano fiscalizador, fueran justamente las entidades económicamente más débiles como los municipios más pobres por ejemplo, donde se ejerce el mayor gasto y en consecuencia el mayor monto observado, el premio sea la aprobación, como ocurre con el Gobierno del Estado y

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ocurrió con los principales municipios.Eso parece favoritismo, por más que el PRI y la Auditoría

aseguren que las normas de revisión se derivan de normas interplanetarias y de más allá en materia de fiscalización.

Este dictamen de la cuenta estatal es una muestra de eso, si no digan ustedes en qué parte del sentido común se encuentra la posibilidad que se pueda dar por buena la explicación de que el Gobierno del Estado tenga con carácter de aviadores, con un costo de 18 millones de pesos anuales, a todos los dirigentes del STASE y el PRI diga que eso está muy bien hecho, como para oponerse al dictamen de la Comisión de Fiscalización que rechaza, cuando la propia Auditoría señala que ese pago es ilegal en términos del Artículo 198 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

O que una obra contratada por la Secretaría de Obras Públicas por 12 millones de pesos, aumente de la noche a la mañana a 127 millones de pesos más, como ocurrió en el municipio de Sinaloa.

O que se tenga que aceptar, así nomás porque sí, que como no había necesidades de la gente que atender, al Gobernador se le ocurrió hacer un estadio de futbol con 460 millones de pesos en Mazatlán.

O porque tampoco había nada que hacer en el Gobierno del Estado, sólo en la propaganda de “Puro Sinaloa”, el Gobernador se dio el lujo de malgastar 365 millones de pesos.

Sólo por esos casos, los indicadores en los que la auditoría dice sustentarse para aprobar la cuenta pública, resultan cuestionables, que el PRI todavía lo defienda diciendo qué tanto es tantito, o que el PAN nos venga a decir que Quirino no acaba de avisar que está solventando, es de plano otra burla.-

Con más razón cuando el informe o más bien los informes que se dictaminan como cuenta estatal, producen otros datos que deberían tener al Tesorero Carricarte, dando explicaciones, como el hecho de apropiarse hasta el día de hoy de 2,300 millones de pesos de cuotas que ha descontado a los trabajadores para ser destinados al Instituto de Pensiones, pero que no se han entregado.

Apropiarse de lo ajeno se llama robo, y eso deberían de saberlo hasta las diputadas y diputados del PRI que se oponen a este dictamen que ciertamente no refiere los 1,300 millones de pesos, porque se limita a observar la cuenta pública del 2017, en el que la apropiación indebida ya sumaba 1,351millones 433 mil 627 pesos con 6 centavos.

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De apropiaciones de lo ajeno, por cierto, abundan las observaciones a la Secretaría de Administración y Finanzas, porque se descontaron a los trabajadores diversos montos, pero no se entregaron en por lo menos los siguientes casos.

11 millones 654 mil 41 pesos con 14 centavos, dirigidas a la empresa Credi Amigo; 28 millones 98 mil 871 pesos con 31 centavos, destinadas a la empresa Prestación, S.A. de C.V., 10 millones 208 mil 941 pesos, que debían entregarse a la empresa Fondo H. S.A. de C.V., 35 millones 800 mil 906 pesos con 15 centavos, por el pago por seguros voluntarios a la empresa Metlife México, 31 millones 344 mil 93 pesos a la empresa Total Credit, sin mencionar que en esa Secretaría se tomaron el atrevimiento de justificar gastos por 221 mil pesos, con facturas a vinos y licores o que 110 vehículos fueron adquiridos sin licitación para beneficiar con 73 millones 735 mil 200 pesos, a la agencia Millenio Motors, S.A. de C.V.

Sin licitación tampoco fue la adquisición de placas y engomados para vehículos pro 7 millones 181 mil 850 pesos.

Que a pesar de todo eso se pida dar por buena la determinación de la Auditoría con respecto de la cuenta pública el gobernador, es un insulto a la sociedad, tanto que la propia Auditoría muestra su confusión por su temeraria determinación, cuando dice que la cuenta de la Secretaría de Obras Públicas es la de este Congreso, como si los 42 millones de pesos que por dos años se repartieron los integrantes de la pasada Legislatura mediante el concepto de ayudas sociales, no fuera otra burla y justificación también, una tomadura de pelo cuando esa repartición indebida de recursos públicos por supuesto que no se sustenta en ninguna ley.

Desde luego que las particularidades observadas en cada entidad fiscalizada hacen insalvable cualquiera de ellas.

Debería de responderse por cierto de quién son las ganancias por 17 millones que produce el comercio en el Centro Penitenciario de Aguaruto, porque se cobran cuotas hasta por el ingreso a los talleres a los reclusos que están ahí supuestamente para readaptarse.

Son ingresos del director o de quien los puso ahí, por qué el PRI se opone a que el Gobernador aclare semejante lucro.

En la Secretaría de Turismo diversas pólizas emitidas durante el ejercicio fiscal 2017 correspondientes a los programas y proyectos de inversión de fomento y promoción turística, no aparecen firmadas por

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las personas responsables de elaborarlas, revisarlas y autorizarlas, entre ellas una fechada el 4 de julio por un millón 200 mil pesos.

Y entre otras cosas, los pagos por nueve millones 925 mil pesos, en diversos conceptos carecen de documentación justificativa, sin mencionar que en la Secretaría de Turismo apareció un comprobante de un pago por 237 mil 135 pesos, a nombre de este H. Congreso del Estado de Sinaloa, de la que no se dan explicaciones.

En la Secretaría de Obras Públicas la propia Auditoría Superior enumera que violó desde la Constitución Política Federal hasta el último de los reglamentos, sin considerar que desde entonces hasta ahora utiliza los recursos públicos no a discreción, sino para favorecer a amigos del Gobernador.

Por esas violaciones a la legalidad con que se aplica el gasto en obras públicas, han sido beneficiados directos el finado ex Gobernador Toledo Corro en Mazatlán, con 340 millones de pesos; y el ex dirigente del PRI, Joaquín Vega en Los Mochis, con 227 millones de pesos, por la remodelación que el Gobierno del Estado les hizo a los estadios que tienen en concesión, con recursos que no salieron del bolsillo de ningún funcionario, sino de los impuestos de los sinaloenses.

De los 667 millones de pesos en el gasto público prácticamente en familia que se han aplicado hasta hoy, 250 millones de pesos corresponden al informe de la cuenta púbica que se dictamina, pero que de manera obvia ni siquiera se mencionan.

Por todas estas razones, nadie en su sano juicio debería de estar de acuerdo con los resultados de la Auditoría, apoyar en todo el caso el dictamen de la Comisión de Fiscalización, es un acto de responsabilidad ética y política. Muchas gracias.




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Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria Himelda Félix Niebla, Eleno Flores Gámez, Mario Rafael González Sánchez, Édgar Augusto González Zatarain, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Sergio Jacobo Gutiérrez, Rosa Inés López Castro, Mónica López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Fernando Mascareño Duarte, Karla de Lourdes Montero Alatorre, J. Jesús Palestino Carrera, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Roxana Rubio Valdez, José Manuel Valenzuela López y Jorge Iván Villalobos Seáñez, votaron en contra del dictamen, votaron en contra del dictamen. El resto de los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa. (19 en contra y 19 a favor)

El diputado Presidente dijo: Con fundamento en el Artículo 198, al haber un segundo empate, se discutirá y votará otra vez el asunto en sesión inmediata, es decir, el día de mañana en sesión extraordinaria se volverá a tocar este asunto, pudiendo haber o habrá dos oradores a favor y dos en contra, con la finalidad de desempatar y enseguida la votación nominal.

Insisto, reitero, de conformidad con el Artículo 198 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

11.- Segunda lectura y discusión de dictamen de los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de los entes públicos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El diputado Presidente dijo: Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión. En cumplimiento de lo que señala el Artículo 163, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó a los entes públicos de la fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estimaban

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conveniente enviaran a un representante para que con voz pero sin voto tomara parte en la discusión. Se pregunta si se encuentra presente algún representante de los entes públicos estatales o municipales.

No se encontraba presente en el Pleno ningún representante de los entes públicos estatales o municipales.

El diputado Presidente dijo: Está a discusión el dictamen en lo general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, se anotó para hablar en contra del dictamen.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra a la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, para hablar en contra del dictamen quien dijo: Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Antes de iniciar mi participación me voy a permitir hacer entrega al Presidente de la Mesa Directiva, sobre las diversas observaciones en cuanto a las violaciones legales y constitucionales, en las que, a juicio del grupo parlamentario ha recaído la Comisión de Fiscalización, esto con fundamento en el Artículo 191 de nuestra Ley Orgánica, y a efecto de dejar constancia para su transcripción que se vaya a emitir de esta sesión.

Compañeras y compañeros, hemos iniciado la discusión de diversos dictámenes.

Ahorita en este punto nos ocupa el dictamen que sobre el informe individual derivado de la revisión de la cuenta pública que hiciera la Auditoría Superior del Estado, respecto a los entes públicos descentralizados paraestatales y paramunicipales, en donde hemos hecho ya entrega de las consideraciones y observaciones respecto a la violación y los alcances en los que de manera sustancial ha incurrido la Comisión de Fiscalización.

Dicho esto, le comentaré que dicho exceso en sus facultades ha contravenido los procesos internos al interior de la Comisión de Fiscalización y he aquí una circunstancia en donde tenemos nosotros que tomar en la mayor prontitud una determinación; una determinación que lo hemos reiterado en diferentes ocasiones y en diferentes

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momentos, nos ha colocado una laguna en la ley, en donde ciertamente se emitió un marco normativo para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado de Sinaloa, en donde era un poco armonizar y también un poco ir en el sentido del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, pero también hacer aquí del conocimiento de todos ustedes lo que ya se ha multicitado.

En este informe preliminar de la Auditoría Superior del Estado, que no es otra cosa mas que preliminar y lo subrayo y lo pongo con letras mayúsculas, porque los entes que hoy estamos en este informe conociendo ya han solventado en su totalidad en el tiempo que la Auditoría Superior del Estado les otorgó de treinta días. Y quiero poner un ejemplo, en el COBAES, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que fue observado durante el ejercicio fiscal 2017 por la Auditoría Superior del Estado, y dentro de los treinta días subsecuentes que le marca la ley y la normatividad aplicable, subsanó en su totalidad todas las observaciones y solventó todos los procedimientos que aquí le han fincado, de aquí compañeros, para muestra un botón de cómo nos estamos extralimitando y cómo estamos rebasando cuando a este momento en que nos encontramos ya la situación de este ente en particular ha cambiado totalmente; y aquí están enunciados los pliegos solventados en su totalidad y que ya obran en el expediente de la Auditoría Superior del Estado; es por eso compañeras y compañeros que estos prejuicios que estamos nosotros de manera anticipada revisando en este momento, reitero, ya fueron salvados, y aquí está la Junta de Agua Potable de Culiacán, la JAPAC, en donde también hay avances sustanciales respecto a las observaciones que recayeron de la observación del ejercicio fiscal 2017 y aquí claramente vemos como sí en una de las observaciones se plasma que se tenían registrados pasivos por 176 millones, pero qué creen, esos 176 millones son derivados de la morosidad de los ciudadanos, es decir son aquellos recibos que se envían uno y otro mes y que estos no acuden, los ciudadanos directamente obligados a cubrir el pago por el servicio de agua potable, no son temas imputables a la Junta de Agua Potable de aquí de Culiacán, son temas imputables al ciudadano que de manera irresponsable incumple con el pago de sus recibos de agua, de esa magnitud es lo que este Congreso está haciendo en este momento, anticipándonos al juicio que habrá de ser en un dictamen final que habrá de emitir la Auditoría Superior del Estado.

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Y aquí nuevamente el llamado, primero a la cordura, la estatura, a la altura de miras, a no tomar estos temas personales, pero sobre todo a no extralimitarnos, porque todos los excesos tienen consecuencias.

Y escuchaba ahorita en otro de los dictámenes señalar que era falso y que Sinaloa era el único lugar en donde se revisaban las conclusiones técnicas en el País, aquí nada mas falso que esto, esta aseveración que se ha hecho por una compañera de esta Cámara de Diputados, porque no solo en Sinaloa se revisan las conclusiones técnicas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 74 fracción VI, párrafo cuarto, que es precisamente de donde derivan y el asidero de la ley en donde está fincada la responsabilidad de fijar en las conclusiones técnicas el posicionamiento.

Aquí quiero hacer un llamado compañeras y compañeros, para que en estos vicios y en estas arbitrariedades que estamos cometiendo derivado de una falta, de una normatividad que realmente nos de la certidumbre de que estamos haciendo lo correcto, no cometamos más errores, errores y vicios que nos pueden traer consecuencias para todos, corresponde a nosotros subsanar, todas las leyes son perfectibles, y si en este momento el marco normativo actual nos tiene colocados en esta tesitura, no anticipemos ni prejuzguemos, mejor ocupémonos de revisar ese marco normativo y corrijámoslo, perfeccionémoslo para que no estemos en fechas futuras tratando estos mismos temas, y que haya la interpretación de unos y haya la interpretación de otros y que lo único que coexista se la polarización; es un llamado a todas y a todos los que integramos este Congreso, a construir juntos la salida propia para abonar en la transparencia, en el combate a la corrupción y en la rendición de cuentas, que eso sí importa a la ciudadanía de Sinaloa. Es cuanto diputado Presidente.

Se insertan observaciones entregadas por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en relación a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos, de los entes públicos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

“Función de Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas

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En los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, de los Entes Públicos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior del Estado otorgó las siguientes determinaciones técnicas:

# Tipo Ente Público Determinación Técnica1 Estatal Colegio de Bachilleres

del Estado de SinaloaCumplió de las disposiciones legales y normativas

2 Estatal Centro de Ciencias de Sinaloa

Cumplió de las disposiciones legales y normativas

3 Estatal Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa


4 Estatal Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte


5 Municipal Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán


6 Municipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne


7 Municipal Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán


8 Municipal Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán


9 Estatal Hospital Civil de Culiacán

Incumplió de las disposiciones legales y normativas

10 Estatal Instituto Sinaloense de Cultura


11 Estatal Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa


12 Estatal Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa


13 Estatal Servicios de Salud de Sinaloa


14 Autónomo Universidad Autónoma Incumplió de las disposiciones

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Intercultural de Sinaloa legales y normativas

Derivado de lo anterior, las determinaciones técnicas contenidas en dichos Informes fueron en el sentido de aprobar el ejercicio de los recursos públicos de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Centro de Ciencias de Sinaloa, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; en tanto que no obtuvieron una calificación aprobatoria los ejercicios del Hospital Civil de Culiacán, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa y la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

No obstante lo anterior, la Comisión de Fiscalización de este Congreso del Estado de Sinaloa al emitir el dictamen correspondiente a dichos Informes, propone en su proyecto de Decreto rechazar los informes individuales cuyo sentido de determinación técnica sea aprobatorio y aprobar las que en origen se presentaron en sentido no aprobatorio, sin que se establezca en el dictamen los argumentos y criterios para aprobar en unos casos y rechazar en otros los sentidos de las determinaciones técnicas.

# Ente Público Determinación Técnica

Propuesta de la Comisión de

Fiscalización en el Dictamen

1 Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa

Aprobatorio Propone no aprobar el sentido de la determinación técnica

2 Centro de Ciencias de Sinaloa


3 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.


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4 Instituto de Cultura Física y el Deporte


5 Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.


6 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.


7 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Culiacán.


8 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán.


9 Hospital Civil de Culiacán


10 Instituto Sinaloense de Cultura


11 Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa


12 Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa.


13 Servicios de Salud de Sinaloa.


14 Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.


Como consecuencia, se advierte lo siguiente:

I. Actuación de la Comisión de Fiscalización extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones.

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El ejercicio exclusivo de la función de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los entes públicos se encuentra previsto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, el carácter de facultad exclusiva a cargo del Congreso del Estado se encuentra expresamente señalado en la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en cuyo párrafo segundo, claramente se señala que la revisión de la Cuenta Pública se realizará a través de la Auditoría Superior del Estado. El artículo 53 de la norma fundamental estatal se encarga de establecer la naturaleza jurídica de dicho órgano técnico y normar el procedimiento de revisión a su cargo.

Como consecuencia de las reformas constitucionales y legales de 2017, mediante las cuales se establecieron los Sistemas Nacional, Estatal y Municipales Anticorrupción, la función de revisión de las cuentas públicas adquiere una connotación fundamental y esencialmente técnica, abandonando el paradigma del ejercicio de la función con un carácter eminentemente político.

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado es la instancia a la cual deben presentarse, por parte de la Auditoría Superior del Estado, los informes de la revisión de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y de los Municipios, así como los informes financieros de las demás entidades fiscalizadas, para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

La Comisión de Fiscalización cuenta con una competencia general prevista en el texto de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en su artículo 71, fracción II; en tanto que su competencia específica, de acuerdo con lo previsto en el mencionado dispositivo, debe ejercerse en los términos señalados en la diversa Ley del Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, específicamente, según lo que se dispone en los artículos 28 a 33. Así, conforme al artículo 30, fracciones I y II de la Ley de la Auditoría, la Comisión de Fiscalización,

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tiene entre sus atribuciones, las obligaciones de recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, el Informe General, así como los informes individuales de la revisión y Fiscalización de las cuentas públicas; y presentar al Congreso del Estado durante el segundo período ordinario de sesiones los dictámenes de los informes general e individuales de la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y de los municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los Entes Públicos Estatales y Municipales, para su discusión y aprobación en su caso.

Si bien es cierto, la Comisión de Fiscalización, al igual que cualquier otra Comisión permanente del Congreso cuenta entre sus facultades y atribuciones generales y comunes la emisión de dictámenes respecto de las iniciativas y asuntos que le sean turnados por el Pleno, las atribuciones específicas en materia de revisión y fiscalización superior revisten un carácter claramente excepcional respecto del resto de reglas generales que se establecen en la Ley Orgánica del propio Congreso, tan es así, que las disposiciones relacionadas con la emisión de los dictámenes respecto de los Informes General e Individuales cuentan con reglas sui géneris respecto de su lectura ante el Pleno (artículo 159 de la referida Ley Orgánica), lo cual se refuerza con el hecho de que la competencia específica de la Comisión de Fiscalización se encuentre prevista en una norma jurídica diversa, que lo es la Ley del Auditoría Superior del Estado.

Como autoridad de orden público en el ámbito legislativo, los actos de la Comisión se encuentran invariablemente sujetos al respeto del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que únicamente está facultada para realizar aquello que expresamente le sea señalado por la norma jurídica, y lo que realice dentro de dicho marco deberá encontrarse debidamente fundado y motivado.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 54 Bis A de la Ley de la Auditoría, la Comisión de Fiscalización

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debe estudiar el Informe General y los Informes Individuales, para posteriormente someter a votación del Pleno el dictamen correspondiente con la anticipación necesaria para que éste lo valore a más tardar el 31 de julio del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el cual debe discutido y en su caso, aprobado o rechazado. El dictamen debe contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión, debiendo acompañar a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión.

La Comisión de Fiscalización puede formular observaciones y recomendaciones a la Auditoría Superior del Estado, las cuales deben incluidas en las conclusiones sobre el Informe General.

En este contexto, la propia norma jurídica establece un procedimiento específico respecto del proceso legislativo mediante el cual se dé trámite al análisis, valoración y aprobación en su caso de los informes de Auditoría, los cuales constituyen en su espécimen un conjunto de reglas excepcionales respecto de las reglas generales previstas en la propia Ley Orgánica del Congreso del Estado para cualquier otro tipo de proceso legislativo. De ahí que la Ley señale que el dictamen que emita la Comisión de Fiscalización debe estar sustentado en las conclusiones técnicas de los informes, los cuales de manera concreta se establecen en la determinación técnica en la cual se aprueba o rechaza el ejercicio de las cuentas públicas a nivel técnico, en tanto que, conforme a lo previsto en el artículo 43, fracciones XXII y XXII Bis de la Constitución Local, corresponde al Congreso revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del Informe General del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, así como los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, refiriéndose de manera concreta a que el ejercicio exclusivo esta facultad corresponde al Congreso en su conformación plenaria, no quedando a disposición de la Comisión de Fiscalización la posibilidad de alterar el

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sentido técnico propuesto en los informes, pues la aprobación o rechazo a los mismos descansa necesariamente en el ejercicio de la función deliberativa a cargo del Pleno.

En el caso concreto, se advierte que la Comisión de Fiscalización, al emitir dictamen rechazando los sentidos aprobatorios, y aprobando los no aprobatorios señalados en los Informes Individuales remitido por la Auditoría Superior del Estado, de manera inconstitucional e ilegal hace suyas atribuciones que únicamente le corresponden al Pleno del Congreso del Estado, excediéndose en el ejercicio de sus facultades.

Con la conducta desplegada por la Comisión de Fiscalización, se violentan en las disposiciones siguientes:

Los artículos, 16 y 116, párrafo sexto de la fracción II de su párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Los artículos 43, fracción XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;

Los artículos 70, primer párrafo, 71, fracción II, inciso a), y 103 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa; y

Los artículos 30, fracción II, 54 Bis y 54 Bis A de la Ley del Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

La actuación del Pleno del Congreso el Estado de Sinaloa en caso de aprobar el dictamen remitido por la Comisión de Fiscalización, en los términos propuestos por la misma en los que se aparta de la determinación técnica contenida en los informes individuales de auditoría remitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, si bien goza de la facultad para aprobar o reprobar los informes respecto de la revisión técnica de las cuentas públicas a cargo del órgano técnico, es necesario que como acto de autoridad se encuentre

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debidamente fundado y motivado con el propósito de que dé cumplimiento principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, en virtud de que si el Pleno aprueba los Dictámenes, automáticamente estaría avalando la actuación arbitraria e ilegal de la Comisión, toda vez que ésta se extralimitó en las facultades que le señalan tanto la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa como la Ley del Auditoría Superior del Estado.

El dictamen adolece de una deficiente motivación, y la fundamentación no es pertinente ni suficiente para dar sustento al ejercicio arbitrario realizado por la Comisión de Fiscalización. Corresponde exclusivamente a este Pleno aprobar o rechazar los informes remitidos por el órgano técnico de fiscalización, no así la Comisión.

El Congreso del Estado, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las fracciones XXII y XXII Bis de su artículo 43, en relación con el diverso 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa no posee una facultad concentrada para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas. No la realiza en los aspectos técnicos per se, sino que el mismo andamiaje constitucional y legal establecen que esta función se realiza a través de un órgano técnico que es la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La aprobación o rechazo de los informes sobre la fiscalización de las cuentas públicas es apenas una parte de todo el procedimiento de fiscalización y de acuerdo con la ley se centra en la etapa de conclusión de la revisión de la cuenta pública. La Comisión de Fiscalización no tiene facultades para sustituir de manera absoluta a la Auditoría en la revisión técnica de las cuentas públicas.

II. Deficiencias advertidas en el proyecto de dictamen.

El proyecto de dictamen relativo a los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, de los Entes Públicos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales, correspondientes al ejercicio fiscal

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2017, y que se propone a este Pleno por la Comisión de Fiscalización adolece de las siguientes irregularidades:

a) Se aprecia una deficiencia generalizada en la argumentación, motivación y fundamentación sostenida por la Comisión de Fiscalización, toda vez que, al rechazar los Informes Individuales y el sentido aprobatorio de las determinaciones técnicas contenidas en el mismo respecto de los entes públicos enlistados al principio de este escrito, en los cuales en origen proponía a este Congreso la aprobación de la aplicación de los recursos públicos, debió haber fundado y motivado como todo acto de autoridad el sentido de su determinación, para lo cual debió ser sustentado en un profundo estudio técnico financiero, jurídico y contable mediante el cual se explicaran las razones por las cuales no se compartían los criterios y metodología adoptados por la Auditoría Superior del Estado como para proponer la aprobación de los informes sobre la revisión de las aplicaciones de recursos públicos respectivos. Es decir, de existir condiciones evidentes y acreditables de que los trabajos de revisión y fiscalización superior a cargo del órgano técnico fueron deficientemente realizados, y por ende, no atendible las determinaciones técnicas contenidas en sus informes individuales, debió basarse necesariamente en un estudio que, analizando la metodología del órgano técnico, diera cuenta de las deficiencias en el proceso para el otorgamiento de la calificación aprobatoria, y además sustentar mediante metodología diversa respecto del mismo universo y muestras fiscalizadas, que la calificación y aprobación propuesta derivada de la misma, tendrían respecto de una misma matriz de calificación y ponderaciones, calificaciones más bajas que ameriten la no aprobación de los informes, y en consecuencia de las cuentas públicas que con las mismas se avalan.

El dictamen, en tanto que constituye un pronunciamiento formal a cargo de una autoridad de orden público en el ámbito legislativo, forzosamente se encuentra sujeto al principio de estricta legalidad. La fundamentación y motivación del mismo, debió contar con una metodología enfocada a demostrar que los criterios adoptados para el otorgamiento de calificaciones y los avales proporcionados al ejercicio de recursos públicos en origen fueron erróneos, sin embargo esta

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circunstancia no se acredita de la lectura cuidadosa del proyecto remitido por la Comisión de Fiscalización.

b) De manera discrecional, la Comisión de Fiscalización, únicamente retoma de los Informes Individuales de la Auditoría los datos correspondientes a las observaciones formuladas a los entes públicos, haciéndose la distinción de si éstas fueron solventadas o si al tiempo en que se presentaba el Informe ante el Congreso éstas se encontraban sin atender. De manera parcial únicamente retoman las variables que podrían restar una parcialidad de la calificación atribuible a la cuenta pública a cada ente. No toma en cuenta el resto de las variables consideradas por la Auditoría, que contrastadas en su conjunto, y confrontadas con una matriz de calificación y ponderaciones, terminarían por avalar y calificar en sentido positivo con un porcentaje cierto a los ejercicios de recursos a cargo de los entes públicos.

c) La Comisión de Fiscalización, sin fundar ni motivar de manera correcta y debida sus actos, rechazó el sentido contenido en la determinación técnicas de los informes, cuando la propia legislación, únicamente admite la posibilidad de que al emitir los dictámenes, parta de la base precisamente de los informes individuales y el sentido de sus determinaciones, pudiendo a lo mucho formular observaciones y recomendaciones los cuales deben hacerse constar en las conclusiones técnicas respectivas.

No se advierte en el contenido del dictámenes el que la Comisión haya adoptado una metodología para la variación del sentido de las determinaciones de la Auditoría, limitándose únicamente a realizar un cotejo sobre el cumplimiento de los informes respecto de la estructura mínima que deben contener de acuerdo al artículo 69 Bis A de la Ley del Auditoría Superior del Estado.

Al carecer de parámetros mínimos y máximos para el otorgamiento de una calificación, e incluso, siendo omisa la Comisión respecto de la precisión de la calificación que a su juicio debería corresponderle a cada ente público, propone el dictamen diseñado en un contexto de

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total discrecionalidad, pues sin especificar la argumentación lógica y jurídica relacionada con la selección de datos de los informes, en los antecedentes de revisión de otros entes propuso al Pleno aprobar aquellos informes cuya determinación reprobaba el ejercicio de recursos, en tanto que, alternamente propone rechazar las determinaciones en que se aprueba el ejercicio de los recursos a cargo de los entes públicos.

d) En la parte medular del dictamen que propone la Comisión de Fiscalización se concentra en el apartado de Conclusiones Técnicas. El texto anterior a este apartado resulta de una selección de transcripciones de las cifras y datos aportados en los informes individuales de auditoría. Los proyectos de dictamen no precisan con exhaustividad los criterios objetivos con base en los cuales fueron seleccionadas las transcripciones. Tras realizar una transcripción de cifras y datos contenidos en el informe respecto las observaciones encontradas por la Auditoría, sin mayor razonamiento previo, el proyecto señala que en base a las particularidades descritas, sin especificar en qué aspectos, deviene improcedente la determinación de la Auditoría.

e) El dictamen es omiso en cuanto a la adopción por parte de la Comisión de Fiscalización de una metodología análoga a la empleada por el órgano técnico para el otorgamiento de las calificaciones. La Auditoría Superior del Estado, sí bien genera en sus informes individuales los indicadores que se retoman en los proyectos de dictamen, éstos apenas resultan ser elementos a ser considerados dentro de una metodología para el otorgamiento de una calificación, que en consecuencia generaría la propuesta de sentido en la determinación técnica. Así el órgano técnico de fiscalización, consideró la aplicación de una metodología propuesta por su Comité de Planeación, en la que los parámetros para la determinación técnica se sustentan en una matriz de calificaciones y ponderaciones. Los dictámenes no parten de una matriz que contenga la escala para la no aprobación y la aprobación de una cuenta pública, por lo que los criterios contenidos en las conclusiones técnicas, al apartarse de una

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escala de mínimos y máximos, deviene carente de objetividad, y atenta contra el espíritu técnico en oposición a político que debe garantizarse en el marco de la revisión de la cuenta pública.

El dictamen carece de la enunciación de criterios con características en común, es decir:

No valora correctamente la atención a los pliegos de observaciones;

No precisa en qué consiste cada uno de los incumplimientos normativos que toma en cuenta para rechazar las cuentas públicas;

No posee ponderaciones individuales respecto de los pasivos sin fuente de pago.

No se prevé cuál sería la calificación verdadera de acuerdo a la matriz de calificaciones y ponderaciones, a juicio de la Comisión de Fiscalización, y con lo cual pudiera válidamente desprenderse que su rechazo a los informes en sentido aprobatorio es consecuencia de que las entidades fiscalizadas no alcanzaron una calificación satisfactoria.

f) El dictamen tampoco alude a la relatoría de reuniones y temas tratados para la aclaración de los informes con el personal técnico de la Auditoría, lo que deja de manifiesto que la función realizada no fue exhaustiva puesto que, los datos que retoma la Comisión de Fiscalización fueron los incluidos en el Informe Individual presentado en el mes de febrero de 2019. Al tiempo en que se discute y analiza el dictamen correspondiente, han transcurrido más de 140 días. La Comisión debió cerciorarse, solicitando a la Auditoría la comparecencia de su personal técnico, a efecto de que se actualizara la información correspondiente, puesto que la situación jurídica de las observaciones en que dolosa e infundadamente la Comisión pretende sostener el rechazo al informe, pudo haberse modificado o se modificó en el transcurso de dicho tiempo a través de solventaciones.

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Cabe señalar que el artículo 54 Bis de la Ley del Auditoría señala que en aquellos casos en que la Comisión de Fiscalización detecte errores en el Informe General o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia de su Titular o de otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe.

No se aprecia en el dictamen que la Comisión haya ejercido de manera concreta y adecuada esta atribución, de ahí que las variables retomadas de manera parcial en el dictamen para rechazar el Informe, pudieron haberse modificado entre la fecha de presentación del mismo y la de la emisión de su dictamen. Lo anterior da cuenta de la carencia de exhaustividad en el ejercicio de las atribuciones que sí le están expresamente encomendadas a la Comisión de Fiscalización y de ahí deviene el carácter deficiente desplegado por la misma.

El dictamen no contiene la fundamentación ni la motivación pertinente e idónea para la alteración de los sentidos contenidos en las determinaciones técnicas que a su vez se desprenden de los Informes Individual y del General de Revisión y Fiscalización Superior.

De una revisión de los precedentes jurisdiccionales, nuestro alto Tribunal ha estimado que los congresos locales, al rechazar informes relacionados con el aval a una cuenta pública deben sustentarse en un ejercicio de motivación con un rigor y nivel altamente técnico en condiciones análogas a las que obliga en origen la emisión de un informe con determinación técnica a cargo de un órgano técnico auxiliar en el ejercicio la función constitucional de fiscalización superior de las cuentas públicas, situación que no aconteció en el caso que nos ocupa. Esto ha quedado de manifiesto en lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 19/2004, de rubro CUENTA PÚBLICA, EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL

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ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En síntesis, para la suscrita, existe un ejercicio limitado y pobre de fundamentación y motivación del dictamen, visto desde la perspectiva de un acto de autoridad que debe estar sujeto al principio de estricta legalidad; prevalece una serie de violaciones al procedimiento legislativo específico para el ejercicio de la función constitucional de revisión y fiscalización superior del ejercicio de los recursos a cargo de los entes públicos, el cual en el caso correspondiente a la revisión del periodo anual 2017, con la posible aprobación por parte del Pleno, aun en el ejercicio exclusivo de la potestad de aprobar o rechazar el informe correspondiente, no alcanzaría para purgar dichos vicios procedimentales, acarreando consigo la nulidad de este procedimiento en general.

No compartimos el proceder de la Comisión de Fiscalización, no podemos hacerlo en virtud de que se han materializado vulneraciones graves a los procedimientos que nos señalan tanto la Constitución como la Ley de la Auditoría.

Es postura de este Grupo Parlamentario del que formo parte el hacer un llamado a esta Asamblea en Pleno, a no consentir el ejercicio arbitrario e ilegal de la Comisión de Fiscalización, lo cual de suceder, en nada abonaría a la certidumbre y a la transparencia que deben permear en el ejercicio de la función de revisión de las finanzas de los entes públicos. Este Poder Legislativo no debe consentir la alteración a los procedimientos normativamente establecidos. Culiacán Rosales, Sinaloa, a martes 30 de julio de 2019. Atentamente, Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.”

El diputado Vicepresidente en calidad de Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Marco César Almaral Rodríguez, como

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integrante de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: Con su permiso diputado Presidente. Estamos en tiempos de máxima transparencia y rendición de cuentas, son prioridades nacional al igual que combatir la corrupción e impunidad.

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura; distinguido público que hoy nos acompaña y que nos sigue por redes sociales; amigas y amigos periodistas de los diversos medios de comunicación.

Combatir la corrupción e impunidad, buscar la transparencia y rendición de cuentas, no debe ser un eslogan, debemos ser congruentes entre el decir y el hacer.

Soy vocal de la Comisión de Fiscalización, como integrante de ella vengo a hablar con argumentos sólidos; la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Fiscalización, que por cierto por su importancia y la cantidad de trabajo, sin dejar de reconocer por supuesto la importancia que tienen al igual todas las comisiones, es decir las otras veintiséis, esta Comisión de Fiscalización es la única que tiene siete integrantes por la cantidad de trabajo y por lo que representa vigilar debidamente la aplicación correcta y honesta de los recursos públicos del juez supremo, el pueblo de Sinaloa.

Este es un documento sólido, robusto que emitió la Comisión de Fiscalización, consta de 60 páginas, tienes fundamentación jurídica, consideraciones, análisis del informe y conclusiones técnicas, pero voy a leer de manera muy sencilla otros artículos para conocimiento general que los que demandan a través de su voto que seamos buenos servidores públicos, el pueblo de Sinaloa.

Artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado: “Las Comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de Ley, los proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados por la Mesa Directiva para elaborar, en su caso, los dictámenes correspondientes”.

Artículo 71. Las Comisiones Permanentes, además de lo establecido en el artículo anterior, tendrán las siguientes atribuciones:

II. La Comisión de Fiscalización, en los términos que establece la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

Artículo 148, quinto párrafo: Los dictámenes podrán proponer la resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio. Fue lo que hicimos

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dentro de la Comisión de Fiscalización, porque al igual que las otras veintiséis, tienen facultad, atribución y obligación por supuesto de dictaminar.

Me remito a la Ley de la Auditoría del Estado, título tercero, de las relaciones con el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado sigue vinculada a este Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, se quedaron a un voto de desvincularla, de manera ilegal, porque se iba a violar el 116 de la Carta Magna.

Capítulo único, de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización en el ejercicio de sus funciones, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de febrero del año siguiente, los informes al de la presentación de la cuenta pública, el informe general, así como los informes individuales de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas; recibimos informes no dictámenes; quien dictaminó fue la Comisión de Fiscalización.

Y luego dice, la fracción II. Presentar al Congreso del Estado durante el segundo periodo ordinario de sesiones los dictámenes de los informes general e individuales de la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y de los municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los Entes Públicos Estatales y Municipales, para su discusión y aprobación en su caso.

Este documento sólido, robusto, legalmente, me voy a ir a los datos duros que nos dio la propia ASE, en la página 27 dice “en la revisión practicada se determinó que los pliegos de observaciones los cuales se toman como referente para medir el impacto en la fiscalización, ascienden a 110 millones 859 mil 721 pesos con 33 centavos, es decir, casi 111 millones de pesos. Me voy a ir a algunos casos más concretos, porqué decidimos con base en la ética y en datos duros, tomar la decisión de no aprobar o de reprobar ciertos entes públicos estatales y municipales. Por ejemplo, Centro de Ciencias, enfrenta pasivos sin fuente de pago por 10 millones 742 mil 926 pesos. Dos, de los 10 millones 742 mil pesos de cuentas por pagar a corto plazo, no se cubrieron 5 millones 116 mil al fondo de retiro de los trabajadores. Tres, no pagó un millón 773 mil 628 pesos del ISR sobre producto del trabajo y de 115 mil 902 pesos del ISR asimilados a

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salarios. Cuatro, se canceló un adeudo por más de 624 mil pesos del que no se muestran comprobaciones del pago.

Cinco. No implementó el mecanismo de presupuesto basado en resultados.

COBAES, con recursos del propio COBAES se pagó la fianza para asegurar su manejo por parte del Director General, lo cual es incorrecto, es ilegal; sus adquisiciones por 18 millones 395 mil pesos no fueron registrados en su libro de inventarios; la compra de diversos bienes por 10 millones 399 mil pesos carece de formalidades que incluyen su recepción. Pagó de manera extemporánea 15 millones 700 mil pesos de impuestos sobre nóminas. Pagó recargos por más de 600 mil pesos debido al pago extemporáneo de impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016. Enfrenta pasivos sin fuente de pago por 58 millones 895 mil 334 pesos; en la captación de los ingresos propios no emite el comprobante fiscal digital; se hicieron 289 pagos a 108 trabajadores que ocupan plazas con categorías no autorizadas por dos millones 61 mil pesos.

El ICATSIN, también hay una serie de irregularidades. Es cuanto diputado Presidente.

El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien dijo: Solamente para una pequeña aclaración. La diputada que nos antecedió en la palabra, la diputada Gloria Himelda, pues viene aquí y nos dice que los entes ya solventaron, que ya les salió un finiquito, el hecho que la Auditoría Superior del Estado reciba la documentación, eso no quiere decir que a se haya solventado; eso tiene que quedar claro, y lo he repetido muchas veces. Pero lo que yo quisiera saber es, como dice que la JAPAC ya solventó, les voy a leer un pedacito del informe que presenta la Auditoría Superior del Estado. “La Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2017, ejerció recursos públicos por concepto de servicios financieros bancarios y comerciales, por un importe de 28 millones 644 mil 704 pesos con 66 centavos, del cual se seleccionó un monto de 5 mil 736 millones 825 pesos 25 centavos, que representan el 20.03% del recurso ejercido; se verificó que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos que su contabilización estuviera respaldada con un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso que

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reuniera los apartados con la documentación justificativa del gasto; así como del procedimiento de adquisición y de como del procedimiento de adquisición y de control interno para esta partida, además del pago a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia.

Resultado número 80 con observación. Se realizaron pólizas de egresos, mediante las cuales realizaron el pago de facturas emitidas por el proveedor AXXA Seguros S.A de C.V., por concepto de póliza de seguro empresarial número GSA100930300, observándose que el comprobante fiscal digital por internet CFDI impreso por un importe de 2 mil 831 millones 081 pesos 29 centavos, se encuentran cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria, o sea, ejercieron el recurso, pagaron, en las pólizas está que se pagó pero en el SAT está que se canceló esa operación, a dónde fueron esos más de 2 mil millones de pesos, que es casi el presupuesto del municipio de Culiacán al año, ¿Y ya lo solventó? creo yo que tendríamos que tener más datos para poder afirmar que ya se solventó lo que la Auditoría Superior del Estado observó, cuando es incorrecto decir que se solventó cuando apenas está en la evaluación, una cosa es que la Auditoría haya recibido los documentos, pero eso no te exime ya de ninguna responsabilidad, al contrario, apenas va a empezar su evaluación.

Que no se quiera engañar a la sociedad, ahorita también por aquí se dijo que el dinero observado en el presupuesto estatal que era muy bajito, que estábamos hablando de 107 millones a un recurso que se devengó de casi 50 mil millones de pesos, pero no queramos confundir a la sociedad, es muy distinto la muestra auditada con la muestra fiscalizada, estamos hablando que solamente se fiscalizaron 10 mil millones de pesos, e hicieron falta 107 millones de pesos.

Ya no queramos aquí seguir discutiendo lo mismo, ya por favor. No han solventado los entes, están en evaluación. Que quede claro, que la JAPAC no ha sido exenta de nada, y tampoco el COBAES, no nos consta que la solventación sea un hecho, ya no hay que seguir aquí tratando de confundir al ciudadano, hay que hacer las cosas como deben de hacer. Es cuanto diputado Presidente.

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Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria Himelda Félix Niebla, Eleno Flores Gámez, Mario Rafael González Sánchez, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Sergio Jacobo Gutiérrez, Mónica López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Fernando Mascareño Duarte, J. Jesús Palestino Carrera, Roxana Rubio Valdez, José Manuel Valenzuela López y Jorge Iván Villalobos Seáñez, votaron en contra del dictamen. Las diputadas Rosa Inés López Castro y Karla de Lourdes Montero Alatorre, no se encontraban en el Pleno al momento de la votación. El resto de los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa.

El diputado Presidente dijo: Por mayoría de los presentes se aprueba el dictamen en lo general. Está a discusión en dictamen en lo particular, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que deseen participar.

Ningún diputado ni diputada se anotó para intervenir en la discusión en lo particular.

El diputado Presidente dijo: No habiendo discusión del dictamen en lo particular, se tiene por aprobado. Expídase el decreto correspondiente.

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12.- Segunda lectura y discusión de dictamen del informe individual de la revisión de fiscalización superior de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El diputado Presidente dijo: Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión.

En cumplimiento de lo que señala el Artículo 163 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó a este Poder Legislativo de la fecha de la discusión de estos dictámenes, a fin de que si lo estimaren conveniente enviaran un representante para que con voz pero sin voto tomara parte en la discusión.

Por lo que se pregunta si se encuentra algún representante del Poder Ejecutivo en esta sesión.

Está a discusión el dictamen en lo general, las y los diputados que deseen intervenir deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

Para hablar en contra del dictamen, la diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, por lo que se le concede el uso de la voz.

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, hizo uso de la voz y dijo: Con su permiso, Diputado Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación, distinguida concurrencia.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha revisado de manera minuciosa el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa.

Debemos decir, de entrada, que advertimos dolo y mala fe en la mayoría que integra la Comisión de Fiscalización de esta 63 Legislatura.

Es evidente que se trata, a toda costa, de deslegitimar el trabajo profesional y riguroso de la Auditoría Superior del Estado, como lo hemos venido señalando a lo largo de las discusiones que en el seno

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de la propia Comisión de Fiscalización, primero, y en el Pleno, después, hemos sostenido.

No tiene otro significado la posición irreductible de la mayoría en la Comisión de Fiscalización, que ha hecho caso omiso de todas las determinaciones técnicas de la ASE.

Es evidente, que no hubo una decisión de hacer una revisión rigurosa de los documentos preparados por la Auditoría Superior del Estado.

Aquí no importó la transparencia ni la rendición de cuentas. Aquí sólo importó el afán revanchista, que aprovechando su condición de mayoría, pasó por encima de cualquier otra consideración para imponer sus propósitos.

Así lo ha hecho notar nuestro Grupo Parlamentario en estos días. Así ocurre cuando se actúa con un criterio partidista y se instrumentalizan las instituciones para exhibir sin sustento a los adversarios, quienes en esa lógica pasan a ser considerados como enemigos.

El Poder Legislativo, que debe ser por antonomasia el espacio del diálogo, de la reflexión, de la tolerancia, corre el riesgo de erigirse por obra y gracia de una actitud intolerante, en tribunal acusatorio cuyo único propósito parece ser el ajuste de cuentas.

En las denominadas "conclusiones técnicas" de la Comisión de Fiscalización, se establece que ésta "no comparte la opinión de la Auditoría Superior sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por parte de la entidad fiscalizada, toda vez que del análisis del mismo Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior se desprenden además algunas particularidades.

Cabe mencionar que las únicas particularidades que se desprenden del diagnóstico son 43 acciones de las que resultaron 33 acciones sin observación, 8 con observación solventada y 3 que es el resto con observaciones.

En ninguno de los 3 casos con observaciones existe presunto daño patrimonial al erario del poder legislativo y en resumidas cuentas en octubre próximo al concluir la etapa de evaluación tienen el deber de remitir a este congreso el dictamen final de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2017.

Por todo lo anterior, y dado que no hay voluntad ni compromiso de la mayoría de la Comisión de Fiscalización para revisar con rigor y

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seriedad los documentos aportados por la Auditoría, nuestro Grupo Parlamentario rechaza el Dictamen que nos presenta la Comisión, y votaremos en congruencia con lo establecido en el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización realizada por la Auditoria Superior del Estado y de su determinación técnica, correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Legislativo por el Ejercicio Fiscal 2017. Es cuanto, Presidente.

Para hablar a favor, el diputado José Antonio Crespo López, dijo: Bueno, nuevamente me toca estar compartiendo con ustedes pequeñas informaciones que nos mandó la ASE, como información para que aprobemos o desaprobemos estas cuentas.

Y qué creen, me tocó abrir la caja de pandora porque en esta ocasión me va a tocar hablar de números, cosas reales.

De los nueve mil 860 resultados de la revisión practicada a los organismos descentralizados de participación estatal y municipal, los informes entregados por la Auditoría Superior destacan entre otras acciones, 31 recomendaciones, 2 solicitudes de aclaración, 43 Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 937 promociones de responsabilidad administrativa y 204 pliegos de observaciones, los cuales implican probables daños al erario estatal y/o municipal por 110 millones, 859 mil 721 pesos.

Si bien, por un lado la Auditoría Superior emite opiniones favorables de los informes correspondientes al Centro de Ciencias, Cobaes, Icatsin, Instituto Sinaloense del Deporte, la Universidad Autónoma Intercultural, el Instituto de la cultura Mazatlán, la Junta de Agua Potable de Ahorne, la Junta de Agua Potable de Culiacán y la Junta de Agua Potable de Mazatlán y opiniones contrarias en lo que respecta al Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto de Infraestructura Física Educativa, el dictamen que se somete a votación, precisa un sin número de irregularidades que es importante que este pleno conozca, por lo menos las más importantes, para su valoración.

En el Centro de Ciencias, destacan entra otras: No haber cubierto 5 millones 116 mil pesos al Fondo de Retiro de los trabajadores.

No pagar un millón 773 mil 628 pesos de ISR Sobre Producto del Trabajo y de 115 mil 902 pesos de ISR asimilados a salarios.

Enfrentar pasivos sin fuente de pago por 10 millones 742 mil 926

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pesos.No aportar información sobre el número de plazas ni de su

tabulador salarial.En el Cobaes, pagar con recursos públicos, la fianza de su

director Mario Arredondo, para poder manejar recursos públicos.No registrar en sus inventarios, adquisiciones por 18 millones

395 mil pesos.Carecer de formalidades en la recepción de compra de diversos

bienes por 10 millones 399 mil pesos.Pagar de manera extemporánea 15 millones 700 mil pesos de

Impuesto Sobre Nóminas.Pagar recargos por 622 mil pesos debido al pago extemporáneo

de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Enfrentar pasivos sin fuente de pago 58 millones 895 mil 334 pesos.

Pagar intereses moratorios por 168 mil 94 pesos, por pagos extemporáneos al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y al Fondo de la Vivienda.

No emitir Comprobante Fiscal Digital, en la captación de los ingresos propios.

Los contratos de 72 trabajadores de honorarios cuentan con fecha posterior a la vigencia del servicio prestado.

Carece de documentación justificativa y de evidencias del servicio prestado, el pago de 240 mil pesos por concepto de Elaboración de Plan Interno de Protección Civil para 24 Planteles

Se pagaron 170 mil pesos por concepto de Honorarios por Auditoría, pero no se aportaron evidencias del servicio.

No se brindaron evidencias del servicio prestado por el proveedor Iribe Grenier y Asociados Contadores Públicos S.C., por concepto de Honorarios Profesionales, por los que se pagaron 111 mil 360 pesos.

No se aportaron evidencias del servicio prestado por un pago de 254 mil 400 pesos al proveedor Gnozin Navarro Barreras, por concepto de "Capacitación para la generación de un funcionamiento eficaz y eficiente del personal directivo" y "Liderazgo Consciente".

Se omitió documentación justificativa, en el pago de 223 mil pesos al proveedor Ambrocio Mojardín Heraldez, por concepto de Asesoría profesional por la impartición de talleres "Ambientes escolares

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positivos"No se aportaron evidencias de los servicios prestados por la

empresa ADS, S.C., por concepto de servicios jurídicos en materia laboral, por los que se pagaron 696 mil pesos.

En el Hospital Civil, no se aportó documentación comprobatoria de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo por 15 millones 367 mil pesos.

Enfrenta pasivos sin fuente de pago por 124 millones 496 mil pesos.

No emitió Comprobantes Fiscales Digitales por recursos que recauda por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

Se hicieron compras directas por 5 millones 688 mil 745 pesos. De los Proveedores por pagar a Corto Plazo, con una suma de 119 millones 175 mil, se careció de soporte de 6 millones 923 mil 599 pesos registrada a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras la documentación de una deuda 63 millones 83 mil 599 pesos con Innovaciones Hospitalarias de México S.A. DE C.V. sólo soporta 13 millones 282 mil.

Aparecieron cancelados ante el SAT los Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por el proveedor Informática y Desarrollos de Sistemas, S.C., por concepto de elaboración de sistema manejo integral hospitalario por los que se pagaron mensualidades de 265 mil 384 pesos.

Se careció de contrato de prestación de servicios profesionales en la promoción de un juicio contra el ayuntamiento de Culiacán para cobrarle 20 millones 152 mil 69 pesos por concepto de recaudación del 5 por ciento Pro-Hospital Civil.

Se hicieron pagos por 52 mil 562 pesos a una trabajadora por honorarios y otra persona ajena al hospital, para un viaje a Uruguay, del que no se aporta documentación justificativa.

No se presentó evidencia documental justificativa que ampare el pago de un millón 783 mil realizados a 34 trabajadores de honorarios asimilables a salarios durante el ejercicio 2016

En el Icatsin, al ISSSTE, FOVISTE y el SAR no se pagaron 8 millones 50 mil retenidos a trabajadores.

Careció de documentación justificativa en relación de las personas aseguradas, unidades o planteles es el pago de 184 mil 205 pesos, del pago de Seguro Multimodal Empresarial y Seguro de

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Accidentes Personales Colectivo Escolar.En el Instituto Sinaloense de la Cultura, no se contó con su

Programa Anual de Adquisiciones.Careció de requisición y órdenes de compra por bienes

adquiridos con un millón 881 mil pesos.No pagó 8 millones 569 mil pesos de ISR.Enfrenta pasivos sin fuente de pago 20 millones 999 mil 719

pesos.36 trabajadores de base también tienen contrato de honorarios.Careció de contratos el pago de diversos servicios por 5 millones

672 mil careció de contratos.En el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa,

se adeuda al ayuntamiento de Culiacán 9 millones 786 mil 542 peso de Impuesto Predial.

Adjudicó de manera directa 266 contratos de obra.En el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, se

cubrieron 7 millones 418 mil a 84 trabajadores, de honorarios asimilables a salarios sin evidencia documental justificativa que los soporte.

Careció de documentación justificativa del gasto, el pago por un millón 115 mil por concepto de alimentación para los deportistas participantes en el campamento del 24 al 30 de julio para la detección de talentos de centro de alto rendimiento.

En la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, desde 2016 acumula deudas por cobrar a corto plazo por 7 millones 743 mil 573 pesos.

Careció de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 92 millones 474 mil, en diversos bienes registrados.

Adeuda al Infonavit 2 millones 526 mil 864 pesos.Enfrenta pasivos sin fuente de pago 6 millones 889 mil 432

pesos.Carece de documentación comprobatoria y justificativa, ingresos

por 4 millones 326 mil.Su pago de asesorías tiene las siguientes características:No se presenta evidencia de trabajos por concepto de Apoyo

para la Realización de Gestiones y Trámites en Diversas Dependencias del Estado por los que se pagaron 92 mil 915 pesos a la firma Asesoría Profesional Seraspro, S.A. de C.V.,

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No se presenta evidencia de trabajos concepto de Supervisión y Apoyo en la Ejecución de las Bases sobre la Elaboración del Diagnóstico para la Creación de la Plataforma del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal Indaabin, por los que se pagaron 268 mil 619 pesos.

No se presenta evidencia de trabajos pagados con 69 mil 600 por concepto de Servicios de Asesoría Jurídica, a favor de Grupo Ifesco, S.C.

No se presenta evidencia de trabajos pagados con 34 mil 800 por concepto de Taller de Capacitación y Actualización en Tecnologías Informáticas para el Personal Directivo Unidad Choix, a favor de Serviconstrucciones Profesionales Integral Lavaren, S.A. de C.V.,

No se presenta evidencia de trabajos pagados con 29 mil pesos por concepto de Programa Permanente de Actualización por Módulos Integrales para Docentes y Estudiantes Avanzados de las Áreas Jurídica, Contable y Administrativa a la empresa de Asesoría Contable, Administrativa y Jurídica Rochester y Asociados S.C.

En Sepdes, se adeuda 21 millones 445 mil 87 pesos al proveedor Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V.

En deudas con proveedores a corto plazo no se aporta documentación comprobatoria por importe por 2 millones 910 mil 950 pesos.

No se presentan evidencias de dispersión económica por escuela en la entrega de 19 millones de pesos en insumos alimenticios para la preparación de las comida en escuelas de tiempo completo.

El pago de 3 millones 274 mil 540 pesos provenientes del Programa Nacional de Inglés 2017 carece de facturación y de evidencia justificativa del gasto.

Por concepto de pago de Congresos y Convenciones, la Coordinación Estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa cobró entre el 23 de noviembre del 2016 al 16 de enero de 2017, un millón 392 mil 924 pesos, sin que se presentaran evidencias de los trabajos realizados.

Permanecen sin recuperar 20 millones 687 pesos provenientes del ejercicio 2015, de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.

No se aporta comprobante fiscal digital por internet del pago por 4 millones 141 mil al proveedor Cometa Mercantil, S.A. de C.V.

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No se cubrieron al FOVISSSTE 50 millones 412 mil pesos retenidos a trabajadores.

No se cubrieron 25 millones 995 mil pesos a Caja de Ahorros FIGLOSNTSA retenidas a los trabajadores.

No se licitó la contratación proveedor Deri Mex, S.A. de C.V., por concepto de servicio integral de pruebas de laboratorio de análisis clínicos para Hospitales Generales, Integrales de Especialidad y Centros de Salud, por 31 milllones,666 mil 666 pesos con 66 centavos.

No se licitó la contratación del proveedor Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., por concepto de servicios de mezclas terapéuticas y parenterales para el Instituto de Cancerología, Hospital General de Culiacán, Hospital de la Mujer y Hospital General de Mazatlán, por 30 millones de pesos.

No fue licitada la contratación del proveedor Cometa Mercantil, S.A. de C.V., por 123 millones 833 mil 715 pesos, por concepto de materiales, accesorios y suministros médicos.

De manera directa también se adjudicó la compra por 24 millones 149 mil 570 pesos al proveedor INFRA, S.A. de C.V., por concepto de suministro de gases medicinales para Hospitales Generales e Integrales y de Especialidad de los Servicios de Salud de Sinaloa.

Se adjudicó además de manera directa el contrato por 7 millones 536 mil pesos al proveedor Soluciones Integrales Cardiológicas, S.A. de C.V., por concepto de adquisición de insumos.

En el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, sin autorización de su comité de compras, se adquirieron Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, por un millón 795 mil.

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne se registran pasivos sin fuente de pago por 45 millones 625 mil 145 pesos.

Registra un adeudo a la CONAGUA, por 72 millones 21 mil pesos por concepto de derechos de agua.

Enfrenta cuentas por cobrar por 75 millones pesos.En Junta de Agua Potable de Culiacán, se acumulan Cuentas por

Cobrar a Corto Plazo 176 millones 720 mil 708 pesos.Los registros contables y las relaciones de los mismos, según su

inventario guardan una diferencia 92 millones 414 mil 294 pesos.En el registro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo en 2017,

se detectaron facturas expedidas por diferentes proveedores con fecha

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del ejercicio fiscal 2018, por 10 millones 475 mil pesos.En la Junta de Agua Potable de Mazatlán, sus cuentas por cobrar

ascienden a 211 millones 310 mil 382 pesos.Carece de Comprobante Fiscal Digital el anticipo de 3 millones

256 mil para la adquisición de 37 vehículos terrestres marca Toyota,Tiene retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por 13

millones 886 mil de los que corresponden y no aporta evidencias de trabajos realizados para el cobro de 211 mil 584 por concepto de "anticipo de ingeniería de re conversión e incrementos de flujo de 20 LPS a 60 LPS en Cerritos".

Por las anteriores evidencias, las diputadas y diputados de Morena apoyamos el dictamen de la Comisión de Fiscalización con relación a los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Entes Públicos Estatales y Municipales.

Quiero hacer la pequeña aclaración que estas cuentas son más claras que el agua, porque vienen directamente de la ASE y por tal motivo considero que todos los diputados estemos conscientes y no tengamos que pelear, nada más simple y sencillamente hablar con la verdad para poder acabar con la corrupción y la impunidad aquí en México.

Muchas gracias.

El diputado Presidente dijo: Gracias diputado, tiene la palabra desde su curul para aclaraciones, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Bueno, nada más para hacer una aclaración al Diputado Crespo, que estuvimos muy atentas de su larga y exhaustiva participación, sin embargo decirle que el discurso, la participación que hoy y la discusión que hoy estamos haciendo, es del Poder Legislativo, no de los Entes Públicos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Para Municipal, ese punto ya se trató anteriormente y ahorita estamos en la discusión del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa.

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El Diputado Presidente dijo: Muy bien, pregunto al Pleno si el punto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.




La Secretaría procedió a levantar la votación nominal.

Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria Himelda Félix Niebla, Sergio Jacobo Gutiérrez, Eleno Flores Gámez, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Mónica López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Fernando Mascareño Duarte, J. Jesús Palestino Carrera, José Manuel Valenzuela López y Jorge Iván Villalobos Seáñez, votaron en contra del dictamen, Roxana Rubio Valdez, Rosa Inés López Castro, el resto de los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa. (13 en contra y 23 a favor del dictamen).

El diputado Presidente dice: Con 23 votos a favor y 13 en contra, por mayoría se aprueba el dictamen en lo general.

Habiéndose aprobado el dictamen en lo general y constando éste de un solo artículo, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos I y V del Artículo 168 de la Ley Orgánica el Congreso del Estado, se tiene por aprobado en lo particular el dictamen, expídase el decreto correspondiente.

13.- Segunda lectura y discusión de dictamen del informe individual de la revisión de fiscalización superior de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

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El diputado Presidente dijo: Habiéndosele dispensado la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión. En cumplimiento de lo que señala el Artículo 163 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó al Poder Judicial de la fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estimaren conveniente enviaran un representante para que con voz pero sin voto tomara parte en la discusión.

Por lo que se pregunta si se encuentra algún representante del Poder Judicial en esta sesión. No habiendo representante se continúa con el procedimiento.

Está a discusión el dictamen en lo general, las y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

Ningún diputado ni diputada se registró para participar en la discusión, por lo que el diputado Presidente dijo: No habiendo discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general.

La Secretaría procedió a levantar la votación nominal.

Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria Himelda Félix Niebla, Sergio Jacobo Gutiérrez, Eleno Flores Gámez, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Mónica López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Fernando Mascareño Duarte, J. Jesús Palestino Carrera y José Manuel Valenzuela López, votaron en contra del dictamen, las diputadas Roxana Rubio Valdez, Rosa Inés López Castro, y el diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez no estaban presentes al momento de la votación, el resto de los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa. (12 en contra y 23 a favor del dictamen).

El diputado Presidente dice: Con 23 votos a favor y 12 en contra, por mayoría se aprueba el dictamen en lo general.

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Habiéndose aprobado el dictamen en lo general y constando éste de un solo artículo, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos I y V del Artículo 168 de la Ley Orgánica el Congreso del Estado, se tiene por aprobado en lo particular el dictamen, expídase el decreto correspondiente.

14.- Clausura.

El diputado Presidente declaró: Agotados los asuntos en cartera, se clausura la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos, y se cita a las diputadas y a los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, a sesión extraordinaria para el día de mañana miércoles treinta y uno de julio de 2019, a la hora de ley. (Campanazo)

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