vulnerabilidad social y polÍticas pÚblicas...

“Vulnerabilidad social y políticas públicas en Argentina”

Centro Estratégico para el Crecimiento y el Desarrollo Argentino - CECREDA

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VULNERABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARGENTINA

Nombre y Apellido: Sabrina Améndola, Sebastián Concetti, Fiorela Giménez, Gabriela

Issasmendi y Francisco Soria.

Afiliación institucional: Centro Estratégico para el Crecimiento y el Desarrollo

Argentino (CECREDA) www.cecreda.org.ar

Palabras clave: vulnerabilidad - pobreza - desigualdad - inclusión - políticas públicas.

Objetivo Principal

Analizar la sociedad argentina de los últimos doce años en relación a los

procesos de vulnerabilidad e inclusión social y evaluar el impacto de las últimas

medidas tomadas en estos aspectos.

Objetivos secundarios:

1. Analizar las diferentes condiciones de vulnerabilidad que se presentan en la

población.

2. Definir las condiciones de inclusión social necesarias para lograr la inserción de

los grupos vulnerables.

3. Detallar las políticas públicas más representativas llevadas a cabo y cuyo objeto

es garantizar la inclusión social.

http://www.cecreda.org.ar/



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Índice

Introducción ..................................................................................................................... 3

Marco teórico ................................................................................................................... 4

a- Vulnerabilidad ....................................................................................................... 4

b- Inclusión social ...................................................................................................... 6

c- Políticas públicas .................................................................................................. 9

Contexto histórico .......................................................................................................... 12

a- Etapa peronista ................................................................................................... 12

b- Etapa neoliberal .................................................................................................. 13

c- Etapa pos-neoliberal ........................................................................................... 15

Análisis de políticas públicas más significativas de la actualidad ............................. 17

Conclusiones ................................................................................................................... 24

Bibliografía ..................................................................................................................... 25



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Introducción

Este informe tiene como objeto el análisis de los diferentes procesos de

vulnerabilidad e inserción social en la sociedad argentina de los últimos quince años. A

su vez, el estudio de algunas de las políticas públicas más importantes llevadas a cabo

con la meta de generar acciones de modificar la situación actual de vulnerabilidad.

Primeramente, comenzaremos con una definición teórica del concepto de

vulnerabilidad social que nos permita ubicarnos conceptualmente dentro de la

problemática que se pretende reflexionar. De esta forma, otorgaremos una mirada

teórica que defina claramente el tema desarrollado y analizado, en sus diferentes

aplicaciones, esto se debe a que tratamos con un concepto amplio, distinguiendo los

casos apropiados a la realidad nacional.

Luego, continuaremos con el desarrollo de las condiciones necesarias para la

inclusión social, éstas deberán permitir hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad

anteriormente definidas. De esta forma, mencionaremos las estrategias apropiadas para

llevar adelante medidas que favorezcan una inclusión social, jamás dejando de lado el

papel que debe ejercer el Estado. Vinculado a esto, como clave para garantizar la

inserción social, presentaremos las políticas públicas destinadas a atacar el problema en

cuestión; así es como, destacaremos las cinco políticas llevadas a cabo por el Estado

nacional en la última década.

Nos ha parecido apropiado realizar una breve contextualización histórica que nos

permita diferenciar etapas paradigmáticas que más impactaron en la sociedad argentina,

tanto socio-económica como políticamente. Se han tomado tres etapas que marcaron la

historia argentina en términos socio-económico, a saber:

Etapa peronista

Etapa neoliberal

Etapa kirchnerista/pos-neoliberal

Se realizó un relevamiento de las políticas públicas más significativas en la

actualidad en la sociedad argentina, englobándolas en cuatro grandes ejes que son:

Políticas públicas de asignación

Modificaciones del sistema previsional

Políticas laborales

Políticas educativas y culturales



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Como conclusión del informe, reflexionamos acerca de las medidas tomadas, sus

repercusiones, consecuencias, críticas y posibles modificaciones. Así es como,

realizamos una incipiente recomendación acerca de las medidas necesarias para

profundizar las políticas implementadas, como también las que pueden ser efectivas y

apropiadas en el futuro.

Marco teórico:

a) Vulnerabilidad social

El concepto de vulnerabilidad social refiere a los niveles de percepción de

indefensión, incertidumbre e inseguridad a los que se encuentra expuesta una

comunidad determinada, estos factores de riesgo representan un detrimento de sus

condiciones de vida. Este concepto responde, tanto a términos de grados de sensibilidad,

como a las posibilidades de adaptación a tales factores. Al referirnos a “sensibilidad”,

insinuamos cuán susceptible es el bienestar de una comunidad ante un cambio o

permanencia de las condiciones del entorno en el que desarrolla sus actividades.

El otro aspecto de la vulnerabilidad, está referido a la capacidad de adaptación

que tiene una comunidad en relación a los costos que le significa esa adaptación, ya

sean pérdidas económicas, deterioro de la salud psicofísica, mayor dependencia social,

entre otros. En este sentido, afirmamos que existen dos dimensiones de la vulnerabilidad

social. Por un lado, una dimensión externa de riesgos, shocks y estrés a los que una

comunidad está expuesta; en ella se manifiestan los grados de volatilidad del entorno, el

desamparo institucional del Estado, etc. Por el otro, una dimensión interna de

indefensión, representada por la incapacidad para poder lidiar con los cambios, evitando

costos significativos -ya sea por falta de medios, de estrategias, de inseguridad-.

Sumado a lo anterior, junto a la noción de vulnerabilidad debe delimitarse a

“qué” es vulnerable la comunidad. Tradicionalmente, el término ha tenido relación con

enfoques vinculados a nociones económicas, ambientales, desastres naturales y con la

salud física y mental de los individuos. Sin embargo, en los últimos años se ha

comenzado a ahondar con respecto a la vulnerabilidad social, psicosocial, jurídica,

política, cultural, demográfica, entre otras aristas. De esta manera, la vulnerabilidad

puede ser entendida como un proceso multidimensional, en la medida que afecta tanto a

individuos, grupos y comunidades en distintos planos de su bienestar, de diversas



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formas y con diferentes intensidades; vinculado a la vez al desamparo institucional

desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni a cuidar (Busso, Gustavo; 2001). La

distribución regresiva del ingreso, junto a la precarización laboral y la desocupación,

generan un aumento de la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión, con una

profundización de las desigualdades existentes. De manera tal que, existe una

vinculación directa entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la

participación del sujeto en las redes de sociabilidad y en los sistemas que lo “protegen”

y lo “sostienen” de las contingencias de la vida. Es por ello que, la ausencia de

participación en actividades productivas, junto al aislamiento relacional y la

incertidumbre respecto del futuro, pueden generar lo que Robert Castel denomina,

desafiliación. (Pérez Soto, Guillermo- Romero, Mariel; 2007)

A partir de lo expuesto, planteamos el nivel de vulnerabilidad como dependiente

de varios factores, los cuales se relacionan tanto con los riesgos de origen natural y

social como, así también, con los recursos y estrategias de que disponen los individuos,

hogares y comunidades. Dichos recursos, serán relevantes para prevenir, reducir y

afrontar los choques externos. Así es como, la noción analizada centra su atención en la

existencia y posibilidad de acceso a las fuentes y derechos básicos de bienestar como,

entre otros, el trabajo, ingresos, tiempo libre, seguridad, patrimonio económico,

ciudadanía política, identidad cultural, autoestima, integración social. (Busso, Gustavo;

2001)

Nos vemos en la obligación de aclarar que el término vulnerabilidad social no es

un equivalente de la pobreza. Es un concepto más amplio y a la vez más específico. Más

amplio porque existen otros tipos de vulnerabilidad que no necesariamente están

vinculados con la situación de pobreza; podemos distinguir por ejemplo situaciones de

vulnerabilidad en áreas de poder, de salud, de medioambiente, etc. La vulnerabilidad no

es una situación de carencia o de necesidad, sino de exposición e indefensión frente a

riesgos. Al mismo tiempo, esta noción es más específica porque -sin lugar a dudas- la

situación de pobreza expone a una comunidad a riesgos, pero el concepto de

vulnerabilidad busca superar la homogeneidad del concepto de “pobreza” y especificar

dentro de este grupo la heterogeneidad de situaciones por las cuales se ven afectados.

Cada grupo particular, dentro y fuera de la categoría de pobreza, está sometido a cierto

nivel de vulnerabilidad.



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Sin embargo, las aproximaciones de vulnerabilidad específicamente “social” han

hecho énfasis en las dimensiones económicas y sociales; de forma más precisa: en la

inserción de las comunidades en los mercados laborales y en el grado de fragmentación

social que afecta a esa misma población. De esta manera, se abordan las dos principales

dimensiones del término analizado: por un lado, el acceso al mercado de trabajo - como

el medio más efectivo para adquirir insumos y diseñar estrategias a fin de enfrentar

eventuales riesgos- y, por otro lado, el grado de inscripción social, que no sólo otorga

acceso a bienes y servicios sociales, sino que también permite acceder a más

oportunidades “de salida” ante una eventual crisis (es decir, ante un riesgo).

“Se percibe así que la precariedad del trabajo o la desocupación y la

debilidad de las redes relacionales están a menudo asociadas y

aumentan los riesgos de deslizamiento de la vulnerabilidad en lo que

he denominado la desafiliación, es decir el acoplamiento pérdida de

trabajo-aislamiento relacional. Tanto más cuanto la fragilidad de la

estructura familiar va frecuentemente aparejada a situaciones de

deterioro de las redes de sociabilidad popular” (Robert Castel)

b) Inclusión Social

Para evaluar y reflexionar sobre inclusión social primero se debe elaborar una

estrategia de desarrollo nacional, la cual se vincula inmediatamente con el tema trabajo.

En definitiva, se trata del fortalecimiento del rol del Estado como garante de la cohesión

social. La inclusión social es una cuestión política, económica y cultural, toda respuesta

debe ser general y abarcativa; implica trabajar por sectores o grupos sociales

homogéneos para mejorar las acciones que den respuesta a los reclamos u objetivos de

los mismos.

“En cuanto a la inclusión señalan que implica acción solidaria,

destinada al conjunto de diferenciaciones dramáticas, con un objetivo

común: pensar desde la conciencia de un destino común que

resignifique el concepto de Nación. En ese sentido el trabajo es visto

como eje de inclusión social clave. Una estrategia de desarrollo basada

en el trabajo, incluye dignidad, participación, ser parte de una

comunidad que construye. Implica educación y salud, para que no se

produzca la fragilización.” (Romero, 2005: 129)



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Por su parte, Daniel García Delgado enumera y caracteriza seis condiciones para

la inclusión social:

Contar con un desarrollo de mediano plazo, equitativo y productivo de carácter

especulativa y concentrador. La Argentina debe presentar tasas altas de

crecimiento y éste debe darse en forma sostenida.

Establecer una política social que no sea de contención exclusivamente.

Distinguir la visión puramente de contención y compensación (asistencia) a

sectores vulnerables –enfoques de necesidades-, donde el modelo no se preocupa

por integrar, por empoderar, sino por contener y despotenciar. Se debe construir

una visión más integral de la inclusión, que trabaje desde un enfoque ciudadano,

de derechos y que debe estar íntimamente relacionada con: políticas de ingresos

universales, aumentos de los salarios, seguridad alimentaria, el trabajo como

cuestión central, la dignidad, la pertenencia, la identidad y todo lo que significa

para los individuos la reconstitución de la trama social.

Apuntar a una recuperación de la política y del Estado, de una renovación

institucional. Aquí también es importante la producción cultural -de sentido-,

relacionada intrínsecamente con las acciones que realicemos o no a partir de las

industrias culturales. La construcción de valores no es un problema

exclusivamente del ámbito privado y/o estatal, y es importante reforzar la

responsabilidad de los medios de comunicación, en especial en su compromiso

con la construcción de una sociedad cohesiva.

La estrategia no debe ser únicamente nacional, debe articular lo nacional con los

espacios y características regionales.

Este desafío debe ser emprendido tanto por el Estado como por la sociedad civil.

Es decir, por mucha voluntad política que exista en un gobierno, las acciones

realizadas en un período corto de tiempo no resuelven las cuestiones sociales de

forma completa; tampoco lo hacen las polìticas públicas estatales o el mercado

exclusivamente. Sino que se requiere de la participación de organizaciones de la

sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales –ONGs-, gremios,

movimientos de desempleados, redes de ONGs de desarrollo, Pequeñas y

Medianas Empresas –PYMEs-, empresarios, cámaras comerciales, entre otros).

Depende de la capacidad de aprovechar oportunidades del momento. En este

sentido, es estimulante y esperanzador que la Argentina esté saliendo de la crisis



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con más democracia y con mayor expectativa de los ciudadanos. (García

Delgado, 2005: 85-93)

De esta manera, tomando este marco teórico, a mediados de 2003 se realizó el

Seminario Permanente sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social,

un encuentro entre políticos, académicos, expertos, empresarios, sindicalistas y

dirigentes de la sociedad civil, con el objeto de repensar los modos de

producción de solidaridad en la sociedad. En este espacio, se plantearon una

serie de ideas necesarias para hacer frente a la inclusión social, a saber:

La necesidad de un proyecto nacional. Se enfatiza el requisito indispensable de

elaborar un nuevo modelo de país, para lo cual se torna imprescindible, como

instrumento de integración: la Constitución o la reformulación del proyecto

nacional.

Un paso previo: el Pacto Social. Éste, debe ser capaz de impulsar un cambio

cultural y simbólico, lo cual requiere trabajar en la búsqueda de consensos y

reconstruir ámbitos de mediación donde se acuerden variables claves para el

mediano plazo y controles acordes.

El rol del Estado en este contexto: se hace referencia a la necesidad de la

refundación del Estado, se considera que su recomposición es un esfuerzo

cultural.

Reivindicación del rol de la política y de su papel como agente de redistribución

y regulación del poder.

La importancia de un proceso de descentralización. Se debe contemplar la

formulación de estrategias de desarrollo local con enfoque regional, teniendo en

cuenta la elaboración de las políticas a implementar en forma conjunta -entre

decisores y actores-.

La regionalización. Se subraya que no se puede conformar un estado regional sin

un estado nacional, con lo cual, surge la necesidad de un cambio cultural

importante. No hay nación sin región.

A su vez, se prioriza la elaboración de un modelo que abarque la educación

formal e informal. La educación debe comenzar desde los primeros años.

En relación a las políticas sociales, se expresa la necesidad de enfocar la mirada

hacia políticas universales, integrales, plantear estrategias de desarrollo acordes

a la situación real (que debe ser tomada como punto de partida) con el propósito



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de la reafiliación social a través del trabajo, con participación activa de todos los

involucrados.

Las propuestas se centran en: dar forma a un proyecto nacional, crear un

Consejo Económico Social, la construcción de un observatorio de empleo de la

producción y las ocupaciones y, entre otras, garantizar un crecimiento

económico sostenido con equidad. (Romero, 2005: 129-134)

c) Políticas Públicas

Una de las claves de la reconfiguración de las políticas públicas, que abra la

puerta hacia la inserción social, está en el proceso de focalización de las políticas

sociales que -lejos de ser universales- delimitan un grupo social vulnerable al cual se

debe direccionar su asistencia. En ese sentido, el Estado no aparece como un “garante

de derechos”, sino como un asignador de recursos siempre escasos, que jamás logran

inscribirse con la carátula de “derecho”. Claro que, el hecho de que el Estado se haga

presente en el territorio, es el resultado de la acción colectiva de las clases populares que

presionan sobre diversos actores del sistema político (funcionarios, dirigentes

partidarios, ONGs, etc.).

En materia de políticas sociales y, respecto a la aplicación que se hace de las

mismas, se debe diferenciar de manera clara dos vertientes. Gracias a las palabras de

Daniel Arroyo se puede entrever la precisión de estas dos actitudes:

“Durante muchos años en nuestro país el debate en torno a cómo

debían encararse las políticas sociales se resumía en dos posturas: a)

los que consideraban que el Estado tenía como tarea dar pescado, esto

es, hacer asistencia y garantizar el acceso a los bienes básicos por

parte de la población más vulnerable y b) los que consideraban que lo

que había que hacer era enseñar a pescar. Esta última postura aparecía

como superadora de la primera ya que no sólo apuntaba a la asistencia

sino también a la promoción, a generar capacidades para que la gente

pudiera mejorar su condición social.” (Arroyo, 2005: 119)

Sin embargo, Arroyo halla una forma superadora de esta dicotomía:

“Ya no se trata sólo de dar pescado o enseñar a pescar. La función de

las políticas sociales es garantizar que haya peces en la laguna. No es

sólo dar asistencia y generar capacidades, se trata de articular lo social



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y lo económico de modo tal que aquel que tira la caña tenga algo que

pescar. No sólo hay que garantizar el capital humano (las capacidades)

y el capital social (las condiciones para asociarse), hay que

complementarlo con el capital económico, con el financiamiento de

actividades productivas que generen trabajo e inclusión social.”

(Arroyo, 2005: 120).

Dentro de este contexto, se puede dar cuenta de la importancia de las políticas

públicas en el abordaje de la vulnerabilidad social, entendiendo a las mismas, como una

toma de posición del Estado frente a una determinada "cuestión" socialmente

problematizada (Oszlak y O' Donnell, 1982).

Entonces, retomando lo expuesto acerca de la vulnerabilidad, es de suma

importancia comprender el rol fundamental del Estado como protector frente a los

riesgos derivados de la realidad social desigual. De esta forma, el Estado dirigirá sus

acciones a políticas vinculadas a la salud, la educación y la generación de empleo, entre

otras. A pesar de la intervención estatal, será necesario el acompañamiento y

participaciòn de los sujetos de derecho a quienes va dirigida la política pública en

cuestión.

Hoy por hoy, observamos una mayor presencia del Estado en la sociedad; ésta se

ha dado gracias a diversos factores, tales como la recuperación del proceso de

industrialización -que fue destruido durante los ‘90s-, así como subvenciones a servicios

y diversas asignaciones sociales que tienen como finalidad otorgarle derechos a aquéllos

que viven en entornos vulnerables. Así es como, si tomamos algunas de las políticas

sociales llevadas a cabo en estos últimos doce años, entrevemos el proceso de

intervención social y los sentidos que las enmarcan.

Aún así, es necesario atender una serie de problemáticas en las que el Estado

debe interceder para profundizar las políticas públicas. Como punto de partida se deben

reconocer tres grandes problemáticas que tienen que ser articuladas con las políticas

públicas y sociales y, de esta manera, construir un sistema integral de financiamiento

que cubra al conjunto de los excluidos. Daniel Arroyo enumera y detalla las tres

dificultades:

Primera, la presencia de pobreza de tipo estructura; ésta se halla vinculada a las

condiciones previas del mercado laboral, las fuertes carencias en términos de

infraestructura y el bajo capital humano, social y cultural.



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Otra problemática es la consolidación de un sector informal dinámico, que se

encuentra en permanente contacto con el mercado laboral pero que, como

característica intrínseca presenta falta de capacitación y se halla por debajo de la

línea de la pobreza.

Por último, la existencia de un sector que trabaja en condiciones muy precarias,

inestables y con remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades

básicas. (Arroyo, 2008: 264)

Siguiendo con el análisis de Arroyo, el autor resalta los logros que se han dado en

estos años en relación a las grandes problemáticas sociales y el redireccionamiento de la

economía. En base a ello, plantea la necesaria aceptación de las limitaciones existentes,

la urgencia de implementar medidas capaces de proteger a los grupos vulnerables y el

requisito de no perder de vista los lineamientos estratégicos trazados. Para ello,

menciona tres grandes líneas para un sistema integral de política social:

Financiamiento para la institución de un Ingreso Básico, éste consistiría en un recurso

incondicional garantizado para todos los ciudadanos, sin requisito ni contraprestación

alguna más que la de ser ciudadano argentino.

Un financiamiento realmente masivo de parte del sector financiero formal, con

la finalidad de apoyar al segmento del autoempleo. Esta medida englobaría a

todos aquellos que trabajasen en el marco de la economía sociall. Es decir, que

el joven que estudia tornería, lo haga con el torno que utilizará después en la

empresa.

El diseño de un sistema de reentrenamiento laboral y de fuerte acompañamiento

al proceso de reinserción laboral en empleos genuinos, orientado a los que están

en el mercado laboral en situación precaria, para que puedan tener un trabajo

decente, con derechos sociales garantizados y salario digno. (Arroyo, 2008: 265-

267)

Contexto Histórico

a) Etapa peronista

Históricamente la sociedad argentina vivió fuertes procesos de integración

social. Consolidados a partir de los primeros gobiernos peronistas, los sectores

populares serán integrados al sistema político como pueblo-trabajador-peronista y al



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sistema social como obreros asalariados, en un momento de auge del modelo de

industrialización por sustitución de importaciones.

“Los resultados de este sistema de integración marcaron las

modalidades de acción colectiva de manera duradera. En primer lugar,

el sistema estabilizó los mundos populares de la manera en que

acabamos de evocarlo. En segundo lugar, facilitó la identificación del

pueblo y el trabajo, con una receptividad del discurso peronista que

organizaba los temas de la dignidad y del reconocimiento social

alrededor de la figura del pueblo trabajador. Por último, hizo posible

un tipo de politicidad en la cual la acción colectiva podía organizarse

sobre la base de una estrategia de conquistas sociales que podían ser

representadas bajo la forma de derechos adquiridos y que podían

materializarse en las instituciones públicas. Es en esta lucha por

derechos que el movimiento peronista ocupó un lugar central entre las

identidades populares (lo que fue posible mediante el asistencialismo

gubernamental, la acción de los sindicatos y el control de diferentes

niveles de Estado). Es por estas vías que las clases populares pudieron

articular la acción colectiva en un repertorio más o menos unitario en

el que era posible combinar una lucha orientada tanto por la conquista

de nuevos derechos como por la defensa de derechos amenazados.”

(Merklen, 2005: 48)

De forma paralela, producto de la necesidad de consolidar una identidad

nacional y gracias a la masiva inmigración europea de fines del siglo XIX, desde el

gobierno surge la necesidad de implementar un sistema de educación pública. Con esta

intervención en el área educativa y de manera prematura en comparación con los otros

países latinoamericanos, el Estado logró incorporar prestaciones sociales a todos los

ciudadanos, tipo de financiamiento de la política social que cobraría especial fuerza

luego de la segunda posguerra. (Isuani, 2008)

Así, comparada con otros países de América Latina - y más allá de los sucesivos

golpes de estado, la inestabilidad endémica de su régimen político y los consecuentes

cierres periódicos del sistema político a la participación de las masas- la Argentina

mostró un desempeño inigualable en la integración social a través del trabajo asalariado

y la sindicalización masiva. Los gobiernos peronistas, en especial los dos primeros -los

de 1946-1952 y el de 1952-1955-, dieron origen a la acción colectiva de inserción de las



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clases populares; este fenómeno se construyó gracias a la garantía del trabajo, a las

sucesivas conquistas y derechos sociales adquiridos que, a su vez, favorecieron un

mayor grado de inclusión social.

Luego de la Segunda Guerra Mundial y, de la mano del peronismo, se

profundizaron las políticas sociales intervencionistas por parte del Estado, cuyos

beneficios –además de ser gratuitos- son brindados a toda la sociedad; ejemplo de ellas,

enumeramos el crecimiento de las instituciones de atención médica, inversiones para el

crecimiento de organismos públicos, profundización de servicios de obras y previsión

sociales, entre otras. Entonces, se da comienzo a un período que, hasta la década del

’70, se caracteriza por los altos niveles de integración y cohesión social, todo gracias a

un modelo de sociedad que le asignó un peso significativo a la presencia de clases

medias y asalariadas. (Hintze, 2006)

b) Etapa Neoliberal

El golpe de estado de 1976, a manos de un sector cívico-militar, instaura un

nuevo modelo de acumulación y concentración de capitales, destruyendo

paulatinamente el modelo de industrial-sustitutivo. A su vez, reformó el anterior Estado

benefactor-populista, reemplazándolo por un Estado orientado a la satisfacción de los

intereses de los grandes grupos de capital concentrado y del sector financiero.

Ya en democracia, las leyes de Convertibilidad y de Reforma del Estado,

profundizan extremadamente la transformación socio-económica iniciada en los ‘70s.

Además de las leyes nombradas, el gobierno de Carlos Menem toma diversas medidas

que contribuyen a sumergir aún más al país en una vorágine neoliberal, como ejemplo

de ellas nombramos: la liberalización del comercio exterior, desregulación de los

mercados, flexibilización laboral, privatizaciones. Estas decisiones, crearon un

escenario difícil para la aplicación de políticas sociales que devinieran en inclusión

social.

Durante esta década se produce un deterioro general de las condiciones de vida

de la población, hay aumento casi sostenido de los índices de pobreza e indigencia.

También, se ocasionan fragmentaciones al interior de la clase trabajadora y se observa

una tendencia hacia la caída de los salarios. En términos de Maristella Svampa, este

nuevo modelo impuso una “modernización excluyente”, si bien en un primer momento

aumenta la productividad y hay un crecimiento económico, este período se ve



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acompañado por una escasa generación de empleo, aumento del desempleo y un

deterioro creciente de las condiciones de trabajo. En 1995 en el marco del “efecto

tequila”, el crecimiento se estanca, comienza la recesión y se hacen vivibles los límites

del modelo.

Se proponen tres estrategias referidas a reformar el Estado: focalización,

descentralización y privatización. Los argumentos a favor de la focalización afirmaban

que con el modelo de la política social -instaurado luego de la Segunda Guerra Mundial-

no se llegaba a los sectores más pobres sino a los sectores obreros organizados y las

clases medias. Por esta cuestión, resultaba necesaria la focalización del gasto público en

estos sectores, dejando en las propias manos de trabajadores sindicalizados y clases

medias las resoluciones de cuestiones de las que antes se encargaba el Estado. Para esto,

era considerado fundamental la privatización para librar recursos y la descentralización

que lograría un mayor acercamiento de la gestión al beneficiario. (Isuani, 2008)

A partir de 1995, los conflictos no son ya producto de la resistencia a la

implementación de las reformas, sino a las consecuencias estructurales de la aplicación

de las mismas y es por esto que desde el Estado se implementa la ayuda social directa a

desocupados: el Plan Trabajar, sería la respuesta más importante que daría el Estado

ante la conflictividad social y, a través de él desviarían los reclamos originales de

empleo.

Luego, al asumir la presidencia Fernando de la Rúa, comienzan a modificarse las

estrategias del gobierno frente a la conflictividad social. En un primer momento, se

profundizan las medidas neoliberales, y a su vez, se reducen los planes sociales; estas

disposiciones traen como consecuencia una explosión en las acciones colectivas,

aumentando los cortes de ruta y las manifestaciones contra ellas. Ante este desenlace, el

gobierno desiste de la estrategia de no concesión y no reconocimiento y vuelve a

incrementar el número de planes sociales con el objetivo de contener la protesta social.

c) Etapa Pos-neoliberal.

Pero el cambio fundamental -en término de políticas sociales- se produce luego

de la caída del gobierno de la Alianza y los sucesivos recambios presidenciales; es

decir, con la presidencia de Eduardo Duhalde, quien asume el 2 de enero del 2002. Este

último, se propone recomponer la autoridad política estatal para que, junto a la

estabilización de la economía, se pudiese llevar a cabo la asistencia masiva a la



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emergencia social, satisfacer al menos algunas demandas de los desocupados y reducir

la conflictividad social.

Es así que se lanza como política social fundamental, en mayo del 2002, el Plan

Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, éste consiste en la asistencia a través de un

subsidio monetario de $ 150 (ciento cincuenta pesos) mensuales para los desocupados.

Esta política social se transformó en la política de mayor magnitud en el país y cuya

obtención requiere, a cambio, una prestación de entre cuatro y seis horas semanales, ya

sea en trabajo o capacitación, finalización de estudios primarios o secundarios y

formación en diversos oficios.

A partir del 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, comienza un proceso de

reparación y reconstrucción del Estado, éste, se ve profundizado con los gobiernos de

Cristina Fernández de Kirchner. Así es como logran modificar paulatinamente un

Estado que se hallaba ausente en la producción nacional industrial, que propiciaba un

sistema económico favorable sólo a los más poderosos, poco eficaz a la hora de

garantizar derechos básicos para el resto de la población, que se deshizo –endilgándole

al mercado- de numerosos espacios de la vida social (prestaciones de salid, educación,

jubilación) y que sólo se dedicaba a “compensar” con recursos de inferior calidad a

aquellos que resultaban ser los perdedores de ese orden neoliberal. Los perdedores, han

llegado a serlo porque el propio Estado no ha garantizado su derecho al trabajo,

primordial vía de articulación de la acción colectiva de las clases sociales para acceder a

otros beneficios.

Así es como, estos gobernantes debieron hacerle frente a un país con una alta

fragmentación de los sectores asalariados, al descenso del poder adquisitivo, a un nuevo

sector conocido como “nuevos pobres” (nacido ante la caída y empobrecimiento de un

sector de la clase media); a su vez, se dio la emergencia de un sector informal de

significativas dimensiones, se consolidó la pobreza estructural. Toda esta realidad

social, se veía coronada con una alta homogeneidad en la cúspide de la pirámide:

sectores concentrados de la economía y clases medias en ascenso vinculadas a las

nuevas dinámicas de desarrollo del mercado y a las profesiones liberales y gerenciales

presentaban una vida de despilfarro y comodidades.

Entonces, observamos lo que Svampa define como un conglomerado

heterogéneo de actores sociales, entre los cuales se encuentran sectores de la “antigua”

clase trabajadora, grupos pertenecientes a los pobres “estructurales”, así como aquellos



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otros que constituyen la abultada franja de los “nuevos pobres” y “empobrecidos”,

provenientes de sectores medios o medios-bajos.

Bajo esta situación comienza el análisis de los últimos doce años de la

Argentina, una situación de vulnerabilidad de varias capas de la sociedad, centrados en

el individualismo, la competencia y los símbolos del consumo.

“Dos fenómenos se encuentran en el origen de esta regresión. El

primero es el proceso de desindustrialización continuo que atravesó

todo el período, con una disminución drástica de los obreros entre las

clases populares. El segundo fenómeno se refiere a la reducción del

sector público, proceso que se inicia igualmente a partir de 1976 y se

acelera en los años noventa con el programa integral de privatización

de las empresas públicas y de achique directo del tamaño del Estado.

Por un lado, este retiro del Estado provocó una importante reducción

del número de funcionarios, lo que amputó drásticamente su presencia

en las clases populares; por otro lado, esto último se tradujo en un

cambio profundo de la relación de las clases populares con el Estado y

con la política.” (Merklen, 2005: 47)

En 2003 se da comienzo a un proceso de recuperación de los logros alcanzados

por el peronismo. En primer lugar, se emprende una política de derechos humanos cuyo

objetivo es sanar las heridas causadas a raíz de la última dictadura cívico-militar. A su

vez, se aboga por la recomposición de la sociedad salarial, que constituye un soporte

material e institucional, un complejo entramado de relaciones sociales, prácticas

sindicales y estatales, altamente institucionalizadas que protegían al trabajador, y que

situaban al individuo asalariado como miembro de un colectivo social cohesionado, con

una identidad y una ubicación social específica en el conjunto social.

La importancia de la sociedad salarial está definida en las palabras de

Svampa: “Fue sobre todo bajo la forma contemporánea de la sociedad

salarial, consolidada luego de la Segunda Guerra Mundial, como se

resolvió, al menos temporariamente, el dilema planteado por

Durkheim, a saber, cómo crear un tipo de vínculo capaz de asegurar la

cohesión social y, al mismo tiempo, promover la autonomía

individual. En efecto, la sociedad salarial impulsó la creación de

protecciones colectivas (un valor agregado respecto de la visión liberal



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del orden contractual) y redujo también el riesgo del individualismo

negativo, asegurando la cohesión social.” (Svampa, 2009: 12)

En el análisis del keynesianismo que realizó Bruno Théret, el autor demuestra

cómo se integra al funcionamiento económico total a los trabajadores y a las clases

dominadas. “En cuanto al modelo keynesiano, éste busca englobar dentro de la sociedad

a todo los individuos, integrarlos al conjunto de los asalariados, en una visión salarial

integradora en la que todo individuo debe poder vivir del crecimiento económico (del

mercado).” (Théret, 2008: 81)

Al mismo tiempo, Robert Castel también destaca la importancia que tiene la

sociedad salarial descripta. “La sociedad salarial no es solamente una sociedad donde la

mayoría de la gente es asalariada; es también una sociedad en la cual las garantías y los

derechos que fueron construidos a partir del trabajo asalariado, se aplicaron

prácticamente a todos los miembros de esa sociedad, incluidos los no asalariados,

incluidos los no trabajadores.” (Castel, 2005: 33)

Análisis de Políticas Públicas más significativas de la

actualidad

Con el objetivo de mencionar y dar cuenta de las políticas públicas más

importantes que se presentan actualmente, hemos agrupado sólo las de mayor impacto y

repercusión en cuatro grandes grupos:

En primer lugar, mencionamos las políticas públicas que están relacionadas con

la asignación de diversos recursos a sectores específicos de la población, y/o la facilidad

para acceder a determinados bienes.

Luego, nombramos las modificaciones efectuadas en el sistema previsional,

destacando como primera medida la estatización de las Administradora de Fondos de

Jubilaciones y Pensiones (AFJP), el sistema previsional privado que funcionaba en el

país. Este hecho, implicó una reestructuración del sistema previsional en el traslado del

afiliado e incorporación de nuevos beneficiarios que no podían acceder al mismo bajo la

anterior estructuración del sistema.

En tercer lugar, ubicamos las políticas laborales y de incentivo al empleo, a su

vez, sumamos los proyectos generados para micro emprendimientos y PYMEs. El



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objetivo principal es mejorar el ingreso de la población vulnerable (personas, familias y

grupos en situación de pobreza), impulsar espacios asociativos para un mejor desarrollo

local y generar capacidades para el desarrollo laboral.

Por último, las medidas de fomento a la educación, ya sea en finalización de la

educación básica como de incentivo para continuar con los estudios a nivel

universitario, el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas para la educación. Y la

ley que regula los medios de comunicación, modifica la estructuración de los mismos y

sus dueños, otorgándole la posibilidad a nuevos actores de que participen y generen

contenidos.

Políticas Públicas de

Asignación

Asignación Universal por Hijo para protección social –

AUH (2009)

Asignación por Embarazo para protección social (2011)

Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la

Vivienda Única Familiar – PRO.CRE.AR Bicentenario

(2012)

Programa de Fomento al Consumo y la Producción

Nacional “Ahora 12” (2012)

Modificaciones del

Sistema Previsional

Estatización de las AFJP: Sist. Público de Reparto

Integrado Previsional Argentino –SIPA (2008)

Plan de Inclusión Previsional (2005)

Ley de Movilidad de las Prestaciones del Régimen

Previsional Público (26.417) (2008)

Programa de créditos para jubilados y pensionados:

Programa Argenta (2012)

Fondo de Garantía de Sustentabilidad –FGS (2007)

Políticas Laborales

Plan Ingreso Social con Trabajo – “Argentina Trabaja”

(2009)

Proyectos Socioproductivos “Manos a la obra” (2003)

Microcréditos

Monotributo Social

ProEmplear (2014)

Políticas Educativas y Conectar Igualdad (2010)



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Culturales Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –

LSCA (2009)

Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina –

PROG.R.ES.AR (2014)

Plan de Finalización de Estudios Primarios y

Secundarios FinEs

Estas políticas sociales representan a grandes rasgos los nodos más significativos

de una extensa red de políticas sociales que han sido implementadas en las cuatro

categorías. No obstante, también es importante observar todas ellas en su conjunto,

interactuando como parte de un mismo sistema que opera sobre la multidimensionalidad

de la vulnerabilidad social.

Antes de pasar a analizar las consecuencias objetivas de estas políticas, es

importante destacar su valor simbólico. La primera observación que destacamos, sin

lugar a dudass es la mayor preocupación y presencia del Estado en los asuntos

concernientes a la cuestión social; esto otorga la garantía de un primer y amplio marco

de contención para la población en su totalidad. De esta forma, el Estado otorga

garantías monetarias y hace más accesible ciertas estrategias sociales para el desarrollo

de las capacidades personales y/o sociales de los ciudadanos. La población ya no se

encuentran a la mera deriva de los movimientos de un mercado completamente

anárquico, sino que las contingencias del mismo se ven aminoradas por la acción estatal

y las seguridad que éste ofrece. Por lo tanto, más allá de los respaldos materiales,

simbólicamente, el sistema de políticas sociales ofrece un campo de desarrollo

estratégico para la población mucho más fiable. Es un paso fundamental en cuanto a la

disminución de la vulnerabilidad social, la cual se presenta en primera instancia,

recordemos, como una percepción de la población.

A partir de la implementación de las políticas públicas citadas, se ha

transformado radicalmente la sensibilidad con respecto a los factores externos y a los

internos (como los costos de adaptación a nuevas coyunturas). El entramado de políticas

públicas que apuntan a la integración fue construido en base a una sociedad que

presentaba altos niveles de exclusión social y desempleo estructural. La lógica

implementada en ese entonces apuntaba a dar remedio al escenario socioeconómico

heredado de la crisis del 2001. En este sentido, podemos identificar el Plan Jefes y Jefas

de Hogar Desocupados y el Plan Manos a la Obra, las cuales intentaban proporcionar



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una asistencia inmediata a los más damnificados y una inserción incipiente. Estos planes

fueron implementados en un contexto donde el mercado de trabajo no estaba en

condiciones de absorber los grandes contingentes de mano de obra desempleada. Nótese

que el plan “Manos a la Obra” hacía esfuerzos por desarrollar una economía social

alternativa, en el marco de un desarrollo local; es decir, como los espacios de

integración luego de la crisis eran casi nulos, estos planes intentaron construir áreas de

contención de emergencia fomentando emprendimientos que tuviesen como principio la

inclusión social y el desarrollo local. Y por su parte, el Plan Jefas y Jefes no se

constituyó como universal, sino que estaba focalizado a beneficiarios desempleados con

hijos menores de edad a su cargo y la única contraprestación requerida era la

participación en actividades de capacitación o comunitarias. Es decir, los beneficiarios

eran aquellos sectores más vulnerables por carecer de los medios necesarios para

desarrollar estrategias de sustentabilidad adecuados. Así, se daban los primeros pasos

hacia una reconstrucción del mundo laboral, pero aún las condiciones macroeconómicas

no daban posibilidades de desarrollar una inserción laboral lo suficientemente fuerte

como para generar nuevas redes de sociabilidad.

Una vez puesto en marcha el crecimiento económico del país, la lógica de las

políticas públicas comenzaron a abandonar cada vez más su carácter asistencial para

empezar a incorporar una proyección a largo plazo mediante lógicas de inclusión más

consistentes. Una de las vías de inserción social más marcadas fue la educación: el Plan

FinEs, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR.) y el

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, son proyectos que se encuentran

directamente relacionados con la educación pública y están inscriptos en la misma

lógica de universalizar el acceso a la educación como un derecho de todos los

ciudadanos. Claramente se invirtió la lógica trabajocéntrica previamente practicada y se

buscó la reinserción laboral por medio de la capacitación a través del sistema educativo.

Ésto no sólo permite la formación de una futura generación de trabajadores, sino que

también aporta a la construcción de lazos y redes de sociabilidad para los jóvenes.

Por otro lado, las asignaciones fueron abandonando su sesgo focalizado e

incorporaron cada vez más beneficiarios hasta llegar a modelos con una tendencia más

universal como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Esta

vez, a diferencia de la lógica anterior, los programas incluían contraprestaciones no

monetarias relacionadas con la salud y la educación de los niños y jóvenes beneficiados



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por el programa (articulándose profundamente con los planes orientados a la educación

anteriormente nombrados). Aquí la proyección a largo plazo es significativa por cuanto

los principales beneficiarios son una generación que aún no se encuentra

económicamente activa. A su vez, la ayuda económica vuelve a reforzar los lazos de la

población con derechos y garantías que el Estado provee, como es el sistema educativo

y el sistema de salud públicos. También, debe considerarse dentro de este conjunto

mayor de cobertura de asignaciones, la modificación del sistema provisional argentino;

a través de ella, no sólo el Estado vuelve a encargarse de él, sino que en el proceso

incorpora a millones de trabajadores jubilados no registrados –esto, gracias al Plan de

Inclusión Previsional-.

Debe sumársele a las políticas de asignación de recursos, los diferentes planes de

incentivación al consumo como son el plan “Ahora 12”, el lanzamiento de la tarjeta

Argenta o el programa de Precios Cuidados, lo cual refuerza significativamente las

políticas que enumeramos en el anterior párrafo.

Los diferentes planes de asignación y las políticas de reinserción educativa

aportaron, notablemente, a la disminución de la tasa de actividad. Los beneficiarios

encontraron un respaldo económico suficiente que permitió poder invertir su tiempo en

educación sin preocuparse por perder sustentabilidad. No obstante, si bien el número de

títulos secundarios otorgados aumentó, eso no significó una garantía de inserción al

trabajo formal. Las políticas de asignación y de educación lograron disminuir la

vulnerabilidad social al asegurar un sustento económico básico a las familias, lo cual

redujo los costos de adaptación a las diferentes coyunturas que se les presentaban día a

día y garantizó el acceso a la educación y la salud para los más jóvenes; es decir,

trabajaron sobre los factores internos de la vulnerabilidad social. No obstante, los

factores externos, las causas coyunturales de la vulnerabilidad social -aquellas que no

dependen del uso estratégico de los recursos de los que dispone la población, sino del

marco en donde se desarrollan esas estrategias- sigue siendo un problema a resolver.

Varias políticas apuntan a la modificación de estos factores externos, pero su impacto

avanza de un modo mucho más reducido que otras políticas, lo cual provoca un

desfasaje que, indirectamente, compromete el buen desempeño de todo el sistema de

políticas sociales. Pero primero abordemos las políticas sociales que tienen como

objetivo palear la problemática de los factores externos de la vulnerabilidad social.



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El más claro factor externo es el mundo económico, específicamente, el mercado

laboral. Ya hemos aclarado que el ingreso a un trabajo estable es clave a la hora de

disminuir la vulnerabilidad social junto con la composición de redes de sociabilidad.

Durante los ’90s y luego de la crisis del 2001, el mercado laboral se caracterizaba por

tener una demanda muy reducida pero muy calificada de mano de obra. Paralelamente,

se formó un mercado laboral informal que creció descomunalmente a lo largo de la

década menemista, absorbiendo mano de obra desocupada y empleándola en puestos de

trabajo sumamente precarios, sin garantías jubilatorias o de obras sociales y con salarios

paupérrimos.

Las políticas sociales puestas en práctica a principios del siglo XXI apuntaron

hacia el desarrollo de la economía social, enfocadas especialmente en lograr un alcance

local (que ya había tenido sus primeras apariciones esporádicas durante los ‘90s pero a

modo de organizaciones vecinales espontáneas). Actualmente, los incentivos del Estado

a los microemprendimientos siguen vigentes a través del otorgamiento de microcréditos

y gracias al impulso de la nueva categoría tributaria de monotributo social, ésta permite

la incorporación de actividades históricamente excluidas al mercado formal. Tampoco

debemos olvidar de nombrar, la formalización de trabajos que, anteriormente, no eran

reconocidos como tales (el trabajo doméstico, por ejemplo). De esta forma, se logró

aumentar el mercado formal de trabajo ganándole terreno al mercado informal; aunque,

de igual forma, todavía persiste la constancia de una alta tasa de trabajo no formalizado.

Definitivamente se han llevado a cabo políticas laborales que apuntan a disminuir la

volatilidad del mercado, elevando el salario mínimo vital y móvil, implementando el

Plan de Regularización del Trabajo, reforzando la capacidad de negociación sindical a

través de nuevos convenios colectivos y legislando e implementando la Ley de

Ordenamiento Laboral, etc. Pero la actual economía del conocimiento está atravesada

por una fuerte competitividad, que se traduce en una marcada estratificación laboral,

donde un porcentaje de trabajadores logra ser absorbido por el mercado formal y otro se

ve obligado a recurrir a los mercados informales, donde no hay acceso a los nuevos

beneficios, y la situación de explotación y precarización laboral impide su crecimiento

profesional. La situación generada por la inclusión educativa se ve así obstaculizada por

un mercado laboral que aún no logra absorber a una gran masa de trabajadores

disponibles, y aún cuando éstos cuentan con títulos secundarios completos, no tienen

por ello garantía alguna de formar parte del mercado laboral formalizado. Esto, en cierta



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forma, genera una devaluación de las acreditaciones escolares, pues la oferta de mano

de obra con secundario completo supera grandemente a la demanda.

Otro elemento a considerar dentro de la categoría de factores externos que

perjudican a la sensibilidad de la vulnerabilidad social es la situación actual de la

vivienda y hábitat urbano, espacios donde la población desarrolla todas sus actividades.

Durante los ´90s, la cuestión de la diferenciación social en torno a la posesión de una

vivienda fue creciendo y, para el 2001, la población trasladada hacia las villas urbanas

había aumentado significativamente. El problema de la vivienda ha sido abordado a

nivel nacional a través del lanzamiento del programa PRO.CRE.AR. No obstante, este

programa no resuelve las dificultades relacionadas con la tierra y el acceso a los

mercados inmobiliarios, uno de los más volátiles y repleto de halagüeñas

especulaciones. El PRO.CRE.AR otorga créditos para la construcción o refacción de

una vivienda, pero no sortea las dificultades de adquirir un terreno o una residencia.

Este problema de inaccesibilidad al mercado inmobiliario (agravado a su vez por el

problema de los ahorristas que invierten en propiedades y no las ponen en movimiento

en el mercado inmobiliario) genera, a su vez, un crecimiento continuo de los

asentamientos villeros, que atrae un sinnúmero de otros problemas -como es el

surgimiento de un mercado inmobiliario informal extorsivo o la falta de servicios

esenciales como aguas, cloacas, electricidad, transporte y movilidad, gas, seguridad,

etc.- que no pueden ser resueltos desde la perspectiva del PRO.CRE.AR.

Conclusiones

A lo largo de este escrito, hemos demostrado la multiplicidad de factores y de

aspectos que son englobados en el término “vulnerabilidad social”, haciendo especial

hincapié en las diversas políticas públicas que han llevado a cabo los gobiernos para

intentar solucionarla. A su vez, demostramos que -dependiendo de la concepción de

vulnerabilidad social de los mandatarios de turno- las políticas estarán direccionadas

hacia determinados factores, sin tener, necesariamente, en consideración todas las

aristas que devendrían en la inclusión social.

Así es como, concluimos que es de suma importancia tener en cuenta los

sectores vulnerables a los cuales atender. También, comprendemos que es imposible

que una política pública de inclusión sea realmente incluyente si no tiene en cuenta la



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diversidad en la que vive el sujeto de derecho, que éste debe ser empoderado y el Estado

debe asegurar sus garantías y derechos y, a su vez, que no es suficiente con brindarle

una suma de dinero; sino que, para palear la vulnerabilidad, se requieren de muchas más

medidas políticas que tomen en cuenta las particularidades regionales, etarias y de

género.

También, vemos necesario resaltar la importancia del trabajo asalariado como

uno de los factores más importantes e inmediatos que influyen en la inclusión social, así

es como, dentro de la reseña histórica de la política socio-económica de la Argentina,

destacamos su importancia a partir del surgimiento del peronismo

Al mismo tiempo, al realizar un breve repaso por las políticas públicas y sociales

llevadas a cabo por el kirchnerismo, damos cuenta de los avances y diferencias con

respecto a las décadas neoliberales precedentes. Pero, a su vez, intentamos entrever las

falencias y la falta de profundización en algunos aspectos, todo en aras lograr una

mayor inclusión social. Obviamente, debemos aclarar que lo destruido gracias a las

medidas neoliberales, no puede ser reconstruido en un simple abrir y cerrar de ojos;

tenemos en consideración que son medidas a largo plazo de las que no se obtienen

consecuencias inmediatas.

Así es como, a través del análisis, notamos la falta de un ajuste con respecto al

programa PRO.CRE.AR, el cual no da respuesta a los problemas relacionados con la

dificultad del ingreso al mercado inmobiliario y de la compra de tierras. A su vez, aún

queda como gran conflicto a solucionar la urbanización de las villas, donde no hay

servicios, las condiciones necesarias de vivienda no están cubiertas y el acceso de

servicios de salud (ambulancias, por ejemplo) es prácticamente imposible.

A su vez, a través de la clasificación de los planes y políticas sociales en los

grupos descriptos (políticas públicas de asignación, modificaciones del sistema

previsional, políticas laborales y políticas educativas y culturales), damos cuenta de la

acción coherente que el gobierno ha llevado a cabo para incluir a las comunidades

vulnerables, acción que da cuenta de un ataque constante a las injusticias y

desigualdades económicas y sociales vividas por los argentinos y argentinas.



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