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VOZ EN ALTO: 70 periodistas se expresan sobre la libertad de expresin en el PerINSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD
Periodistas se expresansobre la libertadde expresinen el Per70
VOZ EN ALTO
Sondeo de opinin 2013
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VOZ EN ALTO: 70 periodistas se expresan sobre la libertad de expresin en el PerINSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD
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VOZ EN ALTO:70 periodistas se expresan sobre
la libertad de expresin en el Per
Coordinador de la investigacin:Luis R. Alarcn Ll.
Estadstica:Ivn Morales Ch.
Aplicacin de cuestionario:Red de Correspansales IPYS
Diseo y diagramacin:Jhonatan Larrea C.
Abril de 2013
www.ipys.org
Jr Colina 109, of. 402, Barranco - Lima
Telfonos: 511 12474465511 12473194
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lgunos elementos sui generis conguran, de un tiempoa esta parte en el pas, una plataforma para que las
libertades informativas adolezcan an de algn grado
de irrespeto, violacin y agresividad en su contra. Esta
conguracin se ha dado y sigue dando de un modo progresivo,
nunca de un modo totalmente claro, e incluso frente a garantas
formales como lo son el mismo estado de derecho como nacin
democrtica y un cuerpo legal favorable en puntos especcos,
de tal suerte que es difcil ubicar un antes a lo que hoy puede
resultar el es de esta situacin.
Contrario a lo que inicialmente puede suponerse, entre la
democracia pre dictadura que supuso el gobierno de Alberto
Fujimori (1990 - 2000), y este periodo oscuro de nuestra
vida poltica reciente no existen diferencias notables en un
indicador inequvoco de agresiones contra la prensa, el nmero
deasesinatosa periodistas. Desagregando un conteo que recoge
cifras de periodistas asesinados a 2011 tenemos que entre1982 a 1989 se asesin a 25 periodistas y entre 1990 a 2000
a 28 (Consejo de la Prensa Peruana, 2011). Pero ledo aislado
1 Monitor de Libertad de Expresin del IPYS.
PER:
ESCENARIO Y ACTUAR
DE LA LIBRE EXPRESIN
ALuis R. Alarcn1
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ese indicador nos expone ante a un espejismo: es bien sabido
ahora que el Fujimorismo soterr una forma de manipulacinde medios, comprando sus lneas editoriales a algunos de sus
propietarios y editores, con lo que nalmente la libertad de
expresin sufri de hecho, para su mala historia, un duro e
indito revs.
Cuando tras el Fujimoratola democracia retornal Per, hace ya
13 aos, la libertad de expresin tena razones para respirar aires
ms puros.Eso se dio, al no haber al menos un sistema funesto que
como estrategia se propusiera,y lograra en muchos casos, coartar
a la prensa. Sin embargo, ya se haba posicionado en las mentes
de muchos polticos lo sencillo que poda signicar manipular
medios y periodistas, algo que sobre todo ocurre al interior del pas.
Polticos que pueden usar el poder del dinero para tentar la pluma o
el silencio de comunicadores eventualmente molestos, los poderes
mismos del estado como Fiscala y Poder Judicial para buscar acallar
a quienes los investigan y critican, e incluso echar mano de una
oferta de matones a sueldo que amedrentan y hasta pueden mataren su nombre, sin que ellos como autores intelectuales tengan que
ensuciarse las manos ni conocer el peso de la justicia.
Dinero en mano
No hay necesidad, sin embargo, de llegar a niveles explcitos
de amedrentamiento, fustigacin o asesinatos para someter a
la prensa. Hay siempre la posibilidad de idear ecuaciones ms
sutiles, de construir escenarios ms crebles, aunque igual de
ilusorios para aplastar el desenvolvimiento de las libertades
informativas.
Usando dinero como agente catalizador, no pocas autoridades
tienen instaurados programas de compra de publicidad desde
sus entidades pblicas que camuan su vocacin restrictiva hacia
una prensa que una vez pagada por cuotas de avisaje entienden
que lo que deben haceren realidad estomar posicin de defensa
de la gura pblica contratante, y hasta agredir a sus opositores e
incluso a otros periodistas independientes, sus colegas, adversos
a la autoridad. Un estudio latinoamericano de 2008 expuso
respecto a Per cmo un ministro de vivienda compr coberturas
favorables en tres diarios capitalinos y lo es usual que gobiernoslocales destinaran fondos publicitarios con los mismos nes (ADC
y Open SocietyJustice Initiative, 2008: 23 - 47).
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terminan siendo voceros de sus gestiones, o sea pasan a ser medios
gubernamentales, amparndose en la ausencia de una Ley de mediospblicos, que aun conoce slo de anteproyectosy contraviniendo lo
sealado por Alfaro (2009): el sustento de todo medio pblico es
que siendo estatal sea democrtico y no servil a un gobierno.
De igual manera, en
este intercambio de
roles, hayno pocos
hombres y mujeres
de prensa ahora
en cargos pblicos
como autoridades
elegidas. Ms fuera
de la capital del Per, en ciudades donde tentar un cargo como
autoridad poltica se impulsa desde los medios y los periodistas
de radio sobre todo, y de TV, en segunda instancia, son guras
pblicas reconocidas.
Los polticos manejando directa o indirectamente medios distorsionan
el sentido del verdadero periodismo y el papel de la prensa y la libre
La perniciosa costumbre de ciertos polticos de comprar el favor de
medios de comunicacin y periodistas no es nueva en el pas, comotampoco la pronta respuesta de estos malos periodistas ante el
aceitado que les signica recibir dinero a cambio.2 Y a decir de los
entendidos, no ha conocido un declive en los ltimos aos, sobre
todo al interior del pas, donde es comn que en entidades pblicas
y privadas haya grupos de periodistas adeptos a regmenes, partidos
y empresas privadas a las que facturan por servicios de publicidad.
Los 10 corresponsales del IPYS, que operan a la largo del pas,
coincidan en eso con ejemplos especcos de sus respectivas
localidades en una cita que los convoc a todos en enero pasado
(IPYS, 2013).
Cambio de roles
Lo que parece relativamente nuevo es una gura de intercambio
de quehaceres entre polticos y periodistas: varias autoridades
hacindose de medios privados va testaferros (porque el artculo
25 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisin, Ley 28278,impide a autoridades pblicas, una vez electas, solicitar autorizacin
para prestar servicios de radiodifusin)o de medios pblicos que
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Los polticos manejando directa o
indirectamente medios distorsio-
nan el sentido del verdaderoperiodismo y el papel de la
prensa y la libre expresin.
2 El Tunche en la novela de Mario Vargas Llosa, Pantalen y las visitadoras (1973) es un periodista agresivo al inicio con las autoridades y luego dcil cuando obtiene un benecio econmico.
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expresin; se centran en erigirse como guras pblicas bien hechoras,
disfrazan realidades y evitan vigilancia y scalizacin efectiva a suactuar. Con ello, se trastoca la doble dimensin de la importancia
de libertad de expresin en un Estado de Derecho: 1) cada individuo
pudiendo expresar, compartir y difundir opiniones, informacin e
ideas, y 2) la sociedad toda gozando en general de acceder y conocer
esas informaciones y opiniones, en lo que siempre insisten los
rganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH),
y que recogen en un anlisis Mio, Del Campo y Bertoni (2012: 9).
A su turno, una vez en el poder,el accionar de las autoridades
antes periodistas es rara vez destacable y algunos incluso
terminan,ahora del otro lado de la orilla, siendo expuestos y
auscultados por sus otrora colegas, enfrentados a ellos y no
pocas veces, evidenciando falta de tolerancia, agredindolos
tambin, en una espiral de nuevas agresiones (IPYS, 2013).
A juicio
Otra forma que cobra cuerpo en las tipologas de agresiones
a la libre expresin en el pas es la judicializacin de procesos
Desde la autoridad
De hecho, en el pas la autoridad instaurada ya en
el poder -sea un poltico de carrera un comunicador
de origen o que provenga de cualquier otro ocio- es
un agresor en potencia y de hecho contrala libre
expresin. Los reportes del IPYS de los ltimos aos
lo constatan en nmeros: Del total de alertas anuales
21.7% en 2010, 29.92 % en 2011 y 23.15% en
2012, slo por citar los tres ltimos aos, describan
agresiones de parte de autoridades y funcionarios.
A las cifras hay que sumar otras agresiones
provenientes delos efectivos de seguridad y la de
desconocidos de estas autoridadescontratados para
actuar bajo sus rdenes.
Es la tradicin en el Per, la poca tolerancia de la
autoridad pblica a la scalizacin de la prensa. Esaintolerancia se da, y siempre ms al interior del pas,
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en general y se conecta con la poca apertura haciael consenso, la falta de transparencia; porque no hay
en la mayora de las autoridades un entendimiento
real de los conceptos de gobernanza, gobernabilidad
y gobernabilidad democrtica, bajo cuyos principios
desplegar las funciones para las que fueron elegidos,
contrario a lo que propone la teora al respecto
(Gobernasia, 2006).
Si la autoridad es renuente a la labor de la prensa que
investiga y scaliza es porque el Per an dista de
manejarse en situaciones ideales de gobernanza en
los trminos propuestos por Wagner (2008: 46): []
orientada al consenso, ser participativa, equitativa e
inclusiva, asegurar el estado de derecho, responsable,
abierta a la rendicin de cuentas, transparente,
efectiva y eciente. Uno de los principales efectos de
este tipo de gobernanza es la posibilidad de reducir lacorrupcin pblica []
contra periodistas. Un reporte del IPYS que recoga sus alertas
registradas entre enero a julio de 2012, dio cuenta de 18 casosjudiciales en los que un periodista representaba, tristemente, el
rol de actor principal como acusado; la cifra haca el 23% de las
79 agresiones reportadas al referido mes. En los primeros cuatro
meses de este ao, 2013, y siempre como fuente en nuestras
alertas, la cifra es de 9 sobre 24 agresiones, ms de la tercera
parte. La judicializacin contra periodistas es ya el segundo
tipo ms frecuente de agresin contra periodistas en el Per,
precedido solo por los ataques fsicos.
Entre otros casos emblemticos de judicializacin contra
periodistas y medios de los ltimos aos estuvo el sonado caso
de La Voz de Bagua. Su licencia le fue retirada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 8 de junio de 2009.
Para el retiro de la licencia se argumentaron irregularidades
tcnicas en su licencia y se abri proceso legal a sus titulares.
Sospechosamente, el retiro de la licencia se produjo tras el
violento enfrentamiento entre indgenas y fuerzas del Estado, enun episodio de resistencia y violencia conocido como el Baguazo,
del cual la radio informaba abogando por los naturales.El 19 de
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agosto de 2010, el MTC decidi restituir la licencia a la radio.Tras
ocho procesos administrativos o judiciales ganados, hasta 2011,losdos juicios contra la titular de la autorizacin de la radiose
archivaron recin en 2012.
Los casos de Paul Garay y Hans Andrade son los ms resaltantes
ocurridos en 2011. A Garay se le conden a
tres aos de crcel y pagar una alta suma de
dinero en un proceso judicial oscuro, motivado
por una venganza al haber investigado a un
juez y a un scal en Coronel Portillo, Ucayali.
Tras meses de lucha y defensa de varios
gremios, en lo que arduamente apoy el IPYS,
el periodista fue liberado. A Andrade, un juez
de Chepn, en La Libertad, lo conden por reproducir en su
noticiario de TV una acusacin hacia un poltico hecha por un
tercero y no por l.
Entre otros casos relevantes de procesos judiciales contraperiodistas en 2012, el IPYS alz su voz cuando el 5 de junio de
2012, el director de Diario 16, Juan Carlos Tafur, y el periodista
Roberto More, fueron sentenciados por un juez en Lima a dos
aos de prisin suspendida y a pagar 60 mil soles en favor delgeneral (r) Antonio Ketin Vidal Herrera, quien los demand por
presunta difamacin agravada, en un juicio plagado de quejas
sobre su debido proceso.
En el pas, en realidad, se puede llevar a
juicio a un periodista con suma facilidad
por motivos varios y encontrar buen
eco en scales y jueces: en 2010 un
poltico, entonces ministro, querell por
difamacin a un columnista de un diario
capitalino que haba satirizado sobre l
y un ao ms tarde, al terminar 2011,
recibi una condena de dos aos de prisin suspendida; en
2012, la regidora de una municipalidad querell a la directora
de un noticiario radial del interior del pas porque permiti en
su programa a unos dirigentes vecinales recordar sus procesos
por presunta corrupcin;a inicios de 2013, el redactor de unsemanario de investigacin fue requerido por un juzgado penal,
en el marco de una sentencia condenatoria que se le impidi
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En el pas, se puede llevar
a juicio a un periodista con
suma facilidad por motivosvarios y encontrar buen eco
en fscales y jueces.
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impugnar, a pagar el equivalente a 2400 dlares de reparacin
civil a favor de una autoridad universitaria, en un plazo de cincodas so pena de ir a prisin por un ao. De todos estos casos se
ha alertado en su momento en la web del IPYS.3
Roberto Pereira (2012), abogado experto en el tema y asesor del
IPYS, ha reexionado: en el Per la libertad de expresin se ve
mellada en los ltimos cuatro o cinco aos cuando cada vez ms
autoridades pblicas y funcionarios llevan a juicio a periodistas
por presuntos delitos de difamacin y calumnia, lo que supone
una desproporcin del sistema penal que debe reservarse para
delitos mayores.
Los funcionarios y autoridades pblicas no slo no sopesan lo que
signica la exposicin de sus actos (pblicos, no privados), y la
crtica natural que como tales deben tolerar, sino que tambin hay
en muchos jueces y scales desconocimiento de los principios que
sobre otros derechos y ante ciertos entornos, protegen la libertad de
expresin. As, tenemos que el Ministerio Pblico y el Poder Judicialresultan acogiendo denuncias a periodistas se les procesa, se les
encarcela incluso, fuera de toda proporcin (Pereira, 2012).
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Muchos medios, pocos dueos
En el pas existe alguna concentracin de medios distribuida
entre algunos grupos econmicos, si bien no puede hablarse
ciertamente de un monopolio, lo cual es prohibido por la
Constitucin vigente. La tenencia de seales de radio y TV es
limitada por la Ley de Radio y Televisin (2004) que entre otros
puntos limita el acaparamiento de seales al 30% del total de
frecuencias disponibles (asignadas o no) en una banda por
localidad. La propiedad de diarios, revistas o medios escritos no
se rige por ninguna ley especca.
A 2012, el mapa de concentracin de medios se delineaba
en cuanto radio y TV as: De las 1259 televisoras formales
contabilizadas por el MTC, 343 emisoras de TV pertenecan al
estado (IRTP) repartidas en todo el pas; el grupo Panamericana
Televisin SA manejaba 89 televisoras y Radiodifusora 1160,
contaba con 67. En radio, las estaciones sumaban 3273, de las
cuales 109 pertenecan a la Corporacin Radial del Per S.A.C,77 a la Asociacin Cultural Bethel, de corte religioso no catlico,
y 57 a Radio Panamericana S.A. (CONCORTV, 2012: 6 - 9).
3 Los citados casos motivaron alertas en su momento, y en varios en ms de una ocasin.Ver: www.ipys.org/alertas
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Los grupos de poder en medios en el pas son conocidos: A
2011, el grupo El Comercio manten aun predominio en la prensanacional, maneja cinco diarios (El Comercio, Per.21, Trome,
Gestin y Depor) y tiene adems el 70% de participacin en Plural
TV, dirigiendo de ese modo las lneas editoriales de Amrica
TV y de Canal N, en seal abierta y por cable, respectivamente.
El grupo ATV, controlado segn trasciende por un broadcaster
extranjero, acenta su posicin de dominio en cuanto a TV de
seal abierta (Red Global Televisin, La Tele y, recientemente
Per TV). En cuanto a radio, en el mercado tienen predominio
los grupos Radio Programas del Per RPP (con seis emisoras),
Corporacin Radial del Per (con ocho emisoras), y el grupo de
origen provinciano Corporacin Universal (Acevedo, 2011).
La radio y TV en el pas pueden ser pblicas o privadas, pero
ya en trminos reales ambos medios son porcentualmente
privados. De hecho, slo haba a 2012 en el Per 60 radios
(0.18% del total de radios)y 34 televisoras pblicas (2.70%
del total de televisoras). Estos medios pblicos pertenecen amunicipalidades (83%), universidades estatales (13%), algunos
gobiernos regionales (2%) y al IRTP (2%). Tambin segn la
Ley, la radio y la TV pueden constituirse de acuerdo a uno de
tres nes: comercial, educativo o comunitario. La realidad,sin embargo, se constrie slo a comerciales y educativas en
proporciones de 8 sobre 2 en radio y 6 sobre 4 en televisoras.
A 2012, slo haba una radio y ninguna televisora comunitarias
(CONCORTV, 2012: 12 - 19).
La TV y la radio son los medios que ms penetran en los hogares
peruanos (99% y 95% a 2010, respectivamente), incluso relegando
a la internet a la que los peruanos son menos afectos como se
baje en clase social (CONCORTV, 2011: 3). Como han recogido,
Lanza y Buquet (2011: 10), al estudiar la concentracin de medios
en Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
la Organizacin de Estados Americanos (CIDH - OEA) sostiene
que la radiodifusin sigue siendo la fuente ms importante de
informacin para la mayora de los pueblos del mundo y que
la promocin de la diversidad debe ser el objetivo primordial
de la reglamentacin de la radiodifusin. Los investigadores
citan el artculo 12 de la Declaracin de Principios de la Libertadde Expresin de la CIDH: Los monopolios u oligopolios en la
propiedad y control de los medios de comunicacin deben estar
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sujetos a leyes antimonoplicas por cuanto conspiran contra la
democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura elpleno ejercicio del derecho a la informacin de los ciudadanos.
Acevedo (2011) ha establecido que el alto nivel de concentracin
meditica en el Per congura una barrera de carcter estructural
al pluralismo y
limita seriamente
la libertad de
expresin, ya
que sta noes un derecho
exclusivo de los
principales grupos
mediticos ni de sus periodistas. Y aade una pieza ms a este
rompecabezas: el carcter centralista del sistema de medios
en el Per, en virtud del cual las cadenas de radio y televisin
con sede en la capital transmiten ms del 90% de contenidos
producidos o programados en Lima.
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Transparencia y secreto
El Derecho de acceso a la informacin pblica tiene en el pas un
cuerpo legal que parte desde la Constitucin de 1993, se cimienta
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, 27806,
y su modicatoria, 27927, sistematizadas en el Texto nico Ordenado
aprobado por Decreto Supremo 043 -2003-PCM, y se ajusta con su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. Adems,
el Cdigo Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237, en su ttulo
IV ampara este derecho mediante el proceso de Habeas Data.
La promocin del derecho de acceso a la informacin apelando sus bonda-
des pro la construccin de una democracia sostenida y operativa ha sido
asumida inmediatamente tras su sancin desde algunas ONGs,como el
IPYS. Una dcada despus, sin embargo, la operatividad en su uso ha sido
poco exitosa ya sea por los ciudadanos en general, acaso por los periodistas
en particular y sobre todo por restricciones al interior de las propias enti-
dades pblicas, en general,renuentes a implementar procesos reales de
transparencia y a entregar la informacin pblica que se les ha solicitado.
El alto nivel de concentracin
meditica en el Per confgura una
barrera de carcter estructuralal pluralismo y limita seriamente
la libertad de expresin.
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Un importante diario, quiso ser ms optimista, sobre
dimensionando que la norma haya sido usada en oportunidadescruciales, y que a fuerza de aplicarse la ley se convierte en cultura.
Pero dan cuenta que entre 2003 y 2011 los recursos de hbeas
data llegados al Tribunal Constitucional (TC) fueron casi 10 mil.
(La Repblica, 2012: 4). Vale reexionar que si un caso de acceso a
la informacin pblica llega hasta el mximo tribunal constitucional
del pas, es porque en primer lugar el pedido no ha sido atendido,
lo que supone, en apariencia: 1) una violacin al derecho, y/o
2), porque connota imprecisiones tanto en el entender de los
solicitantes como en las autoridades y funcionarios.
Un balance ha sido abordado por el IPYS con motivo de los 10 aos de
promulgada la Ley el ao pasado. Sin triunfalismos se ha insistido en
que persiste un serio problema en la vigencia del derecho de acceso
a la informacin pblica y en las obligaciones de transparencia del
Estado, as como que los avances para aplicar la ley no han sido sino
formales sino ms bien de bien precaria sostenibilidad (IPYS, 2012).
Ante los incumplimientos, las personas deben recurrir al Poder
Judicial a travs del proceso de hbeas data. Es un mecanismo
de cumplimiento signicativamente oneroso en recursos y
oportunidad. Sobre todo porque algunas investigacionesmuestran que a pesar de obtener sentencias favorables,
las personas tienen serias dicultades para ejecutarlas.
El ciudadano no se ha beneciado realmente de la ley. Al ser
obligado a ir al Poder Judicial para que le amparen sus solicitudes
de informacin, se le impone un largo y costoso camino, una
penalidad para acceder a un derecho, cuya satisfaccin si no es
inmediata deviene muchas veces en irreparable (IPYS, 2012).
Hoy el IPYS promueve la creacin de una entidad autnomaque vele realmente por el Derecho de acceso a la informacin
pblica, como se hace entre otros pases como Mxico y Chile.
Heridos de muerte
Espaciados sin un patrn temporal aparente, los asesinatos a
periodistas ocurren en el pas cada cierto tiempo. Desde 1982 hasta
la fecha, la sumatoria supera las seis decenas. Cada asesinato,una historia con rostro de hombre o mujer en ejercicio periodstico;
cada asesinato, un drama propio, sobre todo para los deudos si
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atendemos que la polica rara vez llega a encontrar a los verdaderos
culpables tras sus muertes y con ello pocas veces la justicia puedecastigarlos como se debiera (IFEX ALC, 2012: 29 - 33).
A falta, sin embargo, de un patrn temporal aparente en estos asesinatos,
en los ltimos aos s parece haber una tipologa preferida de periodistas
candidatos a ser asesinados: ejerceral interior del pas, conducir un
espacio de radio y/o TV, y ser investigador y crtico a la gestin de alguna
autoridad en problemas por casos de evidente corrupcin.
Un recuento de los ltimos 10 aos: Antonio de la Torre Echeandadiriga y conduca unnoticiario en una radio ancashina:fue
asesinado el 14 de febrero de 2004, mientras se trasladaba a
su hogar. Alberto Rivera Fernndez, de Coronel Portillo, muerto
el 21 de abril de ese mismo ao, un da despus de criticar dura
y directamente a un polmico alcalde, Luis Valdez Villacorta.
Miguel Prez Julca, conductor de un informativo radial en Jan,
asesinado el 16 de Marzo de 2007 por dos sujetos armados que
le dispararon a quemarropa, y ante su esposa y dos hijos.
Tres aos sin asesinatos a periodistas sacaron al pas de
tristes tablas mundiales y alent la presuncin de que la msagresiva manera de agredirlos poda desterrarse del todo.
Pero en 2011 se volvi a abrir la cuenta y, siempre del interior
del pas, tres periodistas cayeron abatidos: Julio Csar Castillo
Narvez, de la Libertad (3 de mayo); Pedro Alfonso Flores Silva,
de Ancash (8 de septiembre); y Jos Luis Oquendo Reyes, de
Ica (14 de septiembre).4
Modus operandi similares, calcos de una misma macabra
plantilla: uno o varios matones a sueldo los interceptaroncerca a sus casas, les dispararon a sangre fra, y sin dejar
rastro tras de s sino slo testimonios sueltos. Los asesinatos
se dieron en un contexto de creciente inseguridad ciudadana
y violencia, en la que contratar sicarios es relativamente
accesible en el pas. Tras algunos meses, o un ao, es cierto,
algunos de estos autores materiales han sido identicados,
procesados y encarcelados, pero nunca los cobardes autores
intelectuales.
4. De todos estos casos y su seguimiento hay amplio despliegue en la web del IPYS (www.ipys.org)y otras como del Concejo de la Prensa Peruana (www.consejoprensaperuana.org.pe)
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Una sombra se cierne
Si la ponderacin que muchos jueces y scales hacia la libre expresin
es pobre en el pas, eso ocurre tambin en otro poder del estado, el
legislativo. Cada cierto tiempo cuando se renueva el parlamento u
ocurre un hecho que supone un exceso deontolgico se suelen presentar
proyectos desde la ley, y especcamente desde
la ley penal, que querindolo o no proponen
limitar la libertad de expresin en sus distintas
manifestaciones, (Pereira, 2013).
Se trata, en efecto, de debates que se
traducen en proyectos y aunque no resultan,
afortunadamente, aprobados denuncian un
espritu de cuerpo contra la libre expresin.
En junio de 2010, la Comisin de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso de la Repblica aprob por unanimidad el Proyecto de Ley
No 3621/2009 que propona sancionar penalmente a los directoresde medios de comunicacin que difundieran contenido obsceno o
pornogrco. Conocida como la Ley Belmont, si bien era motivada por
preocupaciones de orden moral, la iniciativa acababaencerrando, sin
ms, slo censura previa. El proyecto no prosper.
El Proyecto de Ley No 4581/2010, Ley que modica los delitos contra
el honor, se dirigi en su momento a sancionar la injuria racista
proponiendo modicar el artculo 130 del Cdigo Penal. Para Pereira
(2013) su nalidad legtima, en tanto la injuria
racial puede estar relacionada a los discursos de
odio, se dilua porque tcnicamente no se perl
adecuadamente y terminaba por proponer una
afectacin ilegtima a la libre expresin.
El 5 de julio de 2011, el Presidente de la Corte
suprema, Csar San Martn Castro, remiti al
Congreso de la Repblica un proyecto de ley que plante, en la prctica,
sancionar con pena de crcel la difusin de comunicaciones obtenidas a
travs de la interceptacin telefnica ilegal. Ante la presin de la prensa
y de organizaciones civiles, incluyendo el IPYS, el magistrado
retir pronto el proyecto.
Uno de los proyectos de ley ms polmicos fue sin duda la llamada
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Se trata de debates que se
traducen en proyectos y
aunque no resultan aprobadosdenuncian un espritu de cuerpo
contra la libre expresin.
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Ley Bedoya o Ley mordaza. Pretenda sancionar hasta con cuatro
aos de prisin efectiva la mera difusin de contenidos obtenidos
ilcitamente independientemente de su inters pblico.
Para varios analistas El Proyecto de Ley, que fue aprobado en el
Congreso de la Repblica, en diciembre de 2011, pretenda blindar
a polticos en circunstancias de presunta corrupcin, precisamente
en un pas en que por medio de la exposicin de contenidos
obtenidos por interceptacin telefnica, o audio o video ocultos,
se ha evidenciado corrupcin. El Proyecto de Ley fue observado
por el presidente Humala y aunque la Comisin de Justicia delCongreso insisti en ella, ya no se someti al pleno.
La llamada Ley del Negacionismofue promovida por el Poder Ejecutivo
que envi el Proyecto de Ley al Legislativo el 28 de agosto de 2012, y
fuenumerada 1464/2012-PE. Ya fue aprobada por la Comisin de Justicia
y Derechos Humanos y espera ser debatida en el pleno del Congreso. La
ley del Negacionismopropone la incorporacin de un artculo al Cdigo
Penal que establece que busca castigar con penas de entre cuatro aocho aos a quien pblicamente apruebe, justique, niegue o minimice
los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas[]
15
establecidos en una sentencia judicial rme.
Pereira (2013) ha analizado que aunque es motivada por un inters
legtimo-la lucha contra el terrorismo- ataca un tema perifrico que tiene
que ver con la defensa de la memoria, que no constituye bienes jurdicos
ni penales. La manera cmo se plasm a travs de su frmula, pone en
riesgo la libertad de expresin y concretamente el derecho de todos para
analizar y criticar resoluciones judiciales -en este caso a sentenciados
por terrorismo-afectando, por ejemplo, la crtica acadmica y literaria.
En estos momentos en discusin, el Decreto Ley 1129, estableceprohibicin absoluta a difundir y acceder a informacin relacionada
con la Defensa Nacional, invirtiendo la regla constitucional por la que
toda la informacin que maneja el estado es en principio pblica y slo
la excepcin es privada. Lo ms grave es que un artculo seala que
quien quebrante esa prohibicin incurre en delito con lo cual en estricto
la prensa queda imposibilitada para difundir informacin de Defensa, a
pesar de que pueda tener altsima relevancia pblica, (Pereira, 2013).
El artculo 12 del Decreto Ley en cuestin, por el que un periodistapodra recibir una pena mxima de 15 aos, ha merecido una demanda
de inconstitucionalidad de parte de la Defensora del Pueblo.
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Secretara de Salud.
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RESUMEN
propsito de la conmemoracin del Da Mundial de la
Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2013, el IPYS realiz
una encuesta a setenta periodistas de once ciudadesdel pas, para sondear su percepcin sobre la libertad
de expresin desde su propia experiencia y con el propsito de
dialogar sobre un tema gravitante para la democracia.
Aunque el Per no registra hoy los niveles de censura,
persecuciones, y acosos a medios y a periodistas como de otras
pocas, ni se producen asesinatos de informadores en el nivel
de otros pases de la regin, hay una problemtica que puede ser
percibida en sus diversos matices por las siguientes entrevistas.
He aqu su libre expresin.
A
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l estudio Voz en alto: 70 Periodistas se expresan sobre
la libre expresin en el Per se empez a delinear
en enero de 2013. Un mes ms tarde se tena un
cuestionario de encuesta, su instrumento central, el
que fue validado por los diez corresponsales del IPYS a lo largo
del pas, para nalmente tener la versin de 16 preguntas que
se aplicara hacia nes de marzo y principios de abril recientes.
El sondeo se plante sobre tres dimensiones: autodiagnstico (si
ha sentido mellada su libertad de expresin como periodista, si
la ha visto mellada en otros, etc.) evaluacin (cmo calicara la
libertad de expresin en el pas, cmo calicara el rol del Estado
en la defensa de la libre expresin, el de los medios, de las ONG,
de los propios periodistas, etc.) y necesidades (qu cree que se
requiere para mejorar la libre expresin en el pas, qu debera
hacer el estado y el gobierno, cul sera el rol de los medios de
comunicacin mismos, etc.). Luego se plantearon las preguntas:
once de respuesta cerrada y cinco de respuesta abierta.
Los setenta cuestionarios del sondeo fueron aplicados a diezperiodistas de Lima y a seis periodistas de cada una de las ciudades
en las que operan los corresponsales del IPYS: Arequipa, Ayacucho,
LOS PERIODISTAS
Y SU EXPRESIN SOBRE
LA LIBRE EXPRESIN
E
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Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, Huaraz, Juliaca, Iquitos, Tingo Mara
y Trujillo. Como el nmero de periodistas es incierto en el pas5, se
trabaj con una muestra no probabilstica de sujetos colaboradores.
El estudio ltr a los periodistas segn sexo, edades y tipo de medio.
El 67.1% de los entrevistados fueron varones y el 32.9%, mujeres.
Las edades que contempl el estudio se agruparon en cuatro
intervalos; el grupo
ms numeroso fue
de periodistas cuyas
edades oscilaban
entre 36 a 44 aos
(34.3%), seguido del
grupo de 27 a 35
(32.9%).
El grueso de los periodistas trabajaban exclusivamente en prensa
(31.4%); grupo al que sigue los de TV (24.3%) y los de radio (15.7%).
Un nmero importante, sobre todo de provincias, fueron periodistas
que se desempean en ms de un tipo de medio (24.3%), y hubo
aun ya muy poco nmero para comunicadores de web (2.9%) y en
otras instituciones como ONG o entidades cvicas (1.4%).
21
5 Hay al menos tres gremios de periodistas en el pas, cada cual manejando cifras distintasy superpuestas, pero adems muchos periodistas de hecho no agremiados.
El estudio fltr a los
periodistas segn sexo, edades
y tipo de medio. 67.1% de los
entrevistados fueron varones y
el 32.9%, mujeres.
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1. Ha sufrido alguna accin que pudo
limitarsu libertad de informar?
Siempre 5.7 %
15.7 %
68.6 %
8.6 %
1.4 %
Con relativa
frecuencia
Alguna vez
Nunca
NR/NO
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2. Denunci haber sido vctima de acciones
que pudieron limitar su libertad de informar?
27.1 %10 %
11.4 %
12.9 %
34.3 %
10 %10 %
S, en medios
S, en ms de una
instanciaNo denunci
S, ante el estado
S, ante una ONG NR/NO
S, en gremio
periodstico
-
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3. Percibe un contexto agresivo para la libertad
de expresin en el pas?
17.1 % 37.1 % 40 % 2.9 % 2.9 %
Siempre Con relativafrecuencia
Nunca NR/NOAlgunas
veces
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12.9%
20
%7.1%
32.9%
7.1%
8.6%
21.9
%
4. Percibe que las agresiones son denunciadas?
S, en mediosS, ante el estado
S, en gremio periodstico
S, ante una ONG
S, en ms de una instancia
No denunci
NR/NO
-
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5. Percibe en su zona de trabajo, que existe sujecin de los
periodistas y/o medios de comunicacin al poder poltico oeconmico de los gobiernos nacional, regional y/o local?
Siempre
Con relativa frecuenia
Algunas veces
Nunca
NR/NO
21.4 %
42.9 %25.7 %
8.6 %1.4 %
-
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6. Cmo evala hoy el estado de la libertad
de expresin en el pas?
8.6 % 58.6 %
28.6 %2.9 %
Muy gravePrecario
Bueno
Optimo
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7. Qu o quin cree que es el principal responsable
de que la situacin de la libertad de expresinest en el pas as como est?
El estado / gobierno
Los medios
Los periodistas
Las ONGS
Los gremios periodsticos
Otro
NR / NO
7.11.4
2.9
14.3
48.614.3 38.6
%
%
%
%
%
%
%
-
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8. Qu o quin cree es la principal mejor inuencia para
la libertad de expresin en el pas actualmente?
4.3 %
15.7 %
35.7 %
41.4 %
14.3 %
1.4 %
4.3 %
Las polticas de estado/ gobierno
Los programas de ONGs
Los periodistas
Las nuevastecnologas
Las acciones de gremios
Otro
NR / NO
-
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9. Qu o quin cree es la principal peor inuencia para la
libertad de expresin en el pas actualmente?
Las polticas de estado/ gobierno
Los programas de ONG
% % % % %%
Los periodistas
Las acciones de gremios
Otro
NR / NO
71.4 % 1.4 % 11.4 % 4.3 % 8.6 % 11.4 %
-
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Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado
NR /NO
10. Respecto al pasado, la libertad de expresin en el pas
54.3 %
37.1 %
7.1 %
1.4 %
-
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11. Cree que en un futuro, la libertad de expresinen el pas
Habr mejorado
Estar igual
Habr empeorado
NR /NO
47.1 %
32.9 %
15.7 %
4.3 %
0 25 75 10050
-
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12. Brevemente, dganos cul considera el principalproblema de libertad de expresin en el pas.
Los propios medios se someten al poder
y estos a su vez someten a los periodistas.
Faltas ticas en el periodismo y la libertad
de expresin.
Polticas de estado y de estado para impulsar
la libertad de expresin, opinin y el ejercicio del periodismo.
Manejo de la publicidad estatal, por lo general es arbitrario
y solo accesible a los medios poco crticos.
La libertad de expresin es limitada por el tema econmico
y por la falta de un organismo que vigile y sancione.
7.1 %
7.1 %
24.3 %
10 %
8.6 %
Cinco respuestas abiertas principales (editadas y agrupadas por su sentido comn).
-
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13. En general, qu es lo principal que debe ocurrir paraque la libertad de expresin sea plena en el pas?
Que exista independencia, libertad de prensa y acceso a la informacin pblica.
Una norma que regule la publicidad del estado, mayor vigilancia en el cumplimientode la ley de transparencia.
El periodista debe cumplir su rol y no dejarse presionar.
Independencia y respeto recproco de poderes.
Que los periodistas denuncien sin temor los casos de corrupciny otros; adems que las leyes los protejan para evitar represalias.
14.3 % 11.4 % 10 %8.6 %
7.1 %
Cinco respuestas abiertas principales (editadas y agrupadas por su sentido comn).
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14. Qu debera hacer el estado / gobierno respecto a lalibertad de expresin en el pas?
Respetar, crear mecanismos de defensa y generarnormas ms claras y no criminalizar la libertadde expresin.
Crear un organismo que vigilela libertad de expresin.
Reconocer a todos los gremiosy/o instituciones periodsticas.
Establecer leyes que coadyuven al respetoa la libertad de expresin y sancionar a losque hagan lo contrario.
Respetar las expresiones de los periodistasy medios si estos tiene que ver con el bien comn,
la verdad y la justicia.
25.7 %
14.3 %
7.1 %
7.1 %
7.1 %
Cinco respuestas abiertas principales (editadas y agrupadas por su sentido comn).
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15. Qu deberan hacer las ONGS respecto a la libertadde expresin en el pas?
Impulsar talleres, conferencias, capacitaciones y actualizacionespara reforzar al gremio de periodistas.
Afnar iniciativas y elaborar proyectos con objetivos precisos que toquenproblemas fundamentales y que comprometan a los actores principales.
Emprender medios de comunicacin libres de las ataduras econmicaspara que se conviertan en alternativa de expresin.
Colaborar y vigilar el cumplimiento de la libertad de expresin.
Mantener un centro de vigilancia y comprometerse con la institucionalidad del pas.
7.1 %22.9 % 11.4 % 7.1 % 5.7 %
Cinco respuestas abiertas principales (editadas y agrupadas por su sentido comn).
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16. Qu deberan hacer los periodistas respecto a lalibertad de expresin en el pas?
Capacitarse continuamente en la profesin, ser lealesa ella en su profesin y poner en prctica su tica.
Trabajar y respetar la tica periodstica y exigir respeto
a lo que la Constitucin establece a favor del periodismo.
Evitar excesos, regirse con pautas ms claras sobreel debido proceso en este ofcio.
Unirse para defender la libertad de expresin , con unaorganizacin , de un modo ms consecuente.
Organizarse mejor en colegios profesionales yen sindicatos de ancha base.
14.3 %
12.9 %10 %
8.6 %
7.1 %
Cinco respuestas abiertas principales (editadas y agrupadas por su sentido comn).
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DESCRIPCIN
e acuerdo al sondeo, casi siete de cada diez periodistas
reconocen haber sufrido en carne propia alguna accin
que limit su libre expresin. Poco ms del 30% nodenunci tales abusos y cuando s lo hacieron preeron
usar los propios medios en un orden de tres sobre diez encuestados.
Los mismos periodistas perciben que a sus colegas o al sistema de
libre expresin en general, se le atropella con frecuencia o algunas
veces (es casi el 80% de sus respuestas), y que son los propios
medios la mejor plataforma para denunciar tales agresiones,
seguidos de los gremios periodsticos.
En ms de cuatro de cada diez respuestas, los entrevistados
opinaron que los medios de comunicacin y los periodistas se
subordinan a un poder poltico o econmico, y al de los gobiernos
nacional, regional o local.
Seis de cada 10 encuestados dicen que el estado de lalibre expresin
en el pas es precario, si bien casi el 30% evala que ese estado
es, en general, bueno. Virtualmente la mitad de los encuestados
cree que el estado o gobierno es el principal responsable de la
situacin de la libre expresin en el Per.
D
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Los entrevistados sealan que la principal mejor inuencia para
libertad de expresin son las nuevas tecnologas, segn el
41.4% de sus respuestas. Al preguntarles por la peor inuencia,un 71.4% opina que son las polticas de estado/gobierno.
Ms de la mitad de los periodistas, creen la libertad de
expresin en el Per ha mejorado.Aunque
para un porcentaje signicativo (37.1%)
es simplemente igual.Mientras que el
47.1% abriga la esperanza que la libre
expresinmejorar para el futuro, el 32.9%piensa que no habr cambios.
Cul es el principal problema de la
libertad de expresin en el pas? Casi una cuarta parte de los
entrevistados dice que el que los propios medios se sometan
al poder sometiendo a su vez a sus periodistas. As, un 14.3%
demanda independencia y libertad prensa como mayor acceso a
la informacin pblica; un 11. 4% pide normatividad que regulela publicidad estatal y ms vigilancia en la ley de transparencia; y
un 10% aconsejan a los colegas cumplir con lo suyo y no aceptar
presiones.
Qu debera hacer el estado / gobierno
con la libertad de expresin? La cuarta
parte pide respeto y crear mecanismos
de defensa y generar normas ms clarasas como descriminalizar la libertad de
expresin. A las ONG los encuestados
solicitan capacitacin que refuerce el
gremio, y a los periodistas capacitarse continuamente, ser leales
a la profesin y actuar con tica.
Los entrevistados sealan que
la principal mejor inuencia
para libertad de expresin son
las nuevas tecnologas, segnel 41.4% de sus respuestas.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio, hay una percepcin de que
buena parte de las limitaciones actuales a la libertad
de informar proviene de los mismos medios. Una mayor
proporcin de encuestados hace esa observacin, lo
que coincide con un reclamo de mayor independencia por partede medios y periodistas.
Un amplio sector cree que la libertad de expresin es an
precaria, la mayora reconoce que ha mejorado y puede avanzar
ms todava.
Los encuestados advierten sobre el papel central del gobierno
en el mantenimiento de la libertad de expresin y las nuevas
tecnologas son vistas como las herramientas ms favorablespara su desenvolvimiento.
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