violencia en méxico - artículo de fondo

7/31/2019 Violencia en Mxico - Artculo de Fondo

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a creciente paramilitariza-cin de la violencia organi-zada que vive hoy Mxicoanunciada desde haceaos en diversos medios de

comunicacin nacionales(entre ellosEsquire) y ex-tranjeros es otro sntomade que, en diversos territo-rios, cada vez ms amplios,el Estado mexicano ha de-mostrado su creciente in-

capacidad para proteger la vida humana y la propiedadpblica y privada dentro de sus fronteras.

En la actualidad, se pueden identicar 22 tipos de deli-tos organizados enormemente redituables que cometenlos grupos criminales mexicanos cada vez con mayor fre-

cuencia, como trco y trata de personas, secuestro, extor-sin, fraude electrnico, contrabando, piratera y trcode armas, entre otros. Slo a uno de esos delitos se le de-nomina trco de drogas (ver Tabla 1).

El narcotrco aporta en promedio entre el 45 y el 48 porciento de los ingresos brutos de estas organizaciones; el res-to (entre el 52 y el 55 por ciento) proviene de las gananciasrelacionadas con los otros 21 tipos de delitos. As, incluso siel consumo de drogas en Estados Unidos y Europa se des-plomara a cero de la noche a la maana, estos grupos conti-nuaran en pugna por la captura delEstado mexicano para asegurarse el

abastecimiento de bienes y serviciosilcitos ligados a esos delitos.El hecho de que estas organizacio-

nes no se dediquen slo al narcotrcohace necesario disear una estrategiaque involucre medidas ms complejaspara combatir, al mismo tiempo, la pi-ratera, el trco de armas, la porno-grafa infantil, el trco y la trata deseres humanos, etctera. Claramen-te, el limitarse a asignar ms policas yms soldados para solucionar un vasto

problema empresarial-criminal no hadado frutos en ningn pas. Me imagi-no, adems, que nadie en Mxico esta-r proponiendo legalizar el trco yla trata de personas como s lo hanhecho con el consumo de drogas pa-ra resolver esta situacin. Hoy no seobserva que las autoridades federalesmexicanas cuenten con una estrategiamnima compatible con la diversidady la escala de los crmenes cometidospor estos grupos.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALESa las que me re-ero tienen estructuras que incluyen porciones corruptasdel Estado mexicano y de Estados de otros pases (limtro-fes o no), vastas y mltiples empresas nacionales e interna-cionales legalmente constituidas en los sectores formales

de la economa, algunas organizaciones de la sociedad civily alianzas con grupos criminales en otras 46 naciones defrica, Asia, Latinoamrica y Europa (ver Tabla 2).

En esas 46 naciones hay investigaciones policiales abier-tas y/o reportes de inteligencia nanciera que dan cuentade la presencia de la delincuencia mexicana en:(a) Pases donde establecen una base de lavado patrimo-nial (por ejemplo, Argentina, Chile y Espaa).(b) Pases donde tienen fuentes de provisin de insumospara la posterior produccin/provisin de bienes o servi-cios ilcitos (por ejemplo, Bolivia, Per, China e India).(c) Pases donde establecen una base logstica operativa

para la produccin, transporte y/o provisin de bienes oservicios ilcitos (por ejemplo, Ecuador, Estados Unidos,Guatemala, Honduras y la Unin Europea).

A la delincuencia organizada nacional y transnacionalmexicana se le debe describir en su dimensin real y amplia,como una estructura que incluye a elementos del Estado, delsector privado legal y de la sociedad civil. El reconocimientopblico y ocial de una verdadera radiografa del problemapermitir que se pueda comenzar a disear una estrategiade combate y prevencin acorde con la complejidad que en-

frentan Mxico y la regin.Las organizaciones criminales que

conforman la vasta red multinacionalmexicana compiten en algunas regio-nes y mercados, pero a la vez y aunqueparezca contradictorio, cooperan enotros. Por ejemplo, testimonios y es-tudios de campo dan cuenta de cmoy por qu los grupos rivales de Tijuanay Sinaloa colaboran en bases logstico-operativas en Ecuador. Esta expansininternacional se debe a la incapacidadpoltica del Estado mexicano de impo-ner reglas punitivas y preventivas ne-

cesarias y sucientes.Estos grupos criminales se gestaronhace dcadas en regiones limitadas delpas a partir de mercados ilcitos demenor escala y poco sosticados. Aho-ra, sus descendientes estn entre lascinco estructuras delincuenciales in-ternacionales ms poderosas del mun-do. Grandes imperios patrimonialesen los sectores econmicos legales tie-nen su origen en los 22 tipos de merca-dos ilcitos ms frecuentes que existen

El doctor Edgardo Buscaglia es presi-

dente del Instituto de Accin Ciudadanapara la Justicia y la Democracia, A.C.; di-rector del Centro de Desarrollo de Dere-cho Internacional y Economa; asesor dela Organizacin de las Naciones Unidas;

profesor visitante de Derecho y Economaen el itam (Mxico); y Senior Law and

Economics Scholar en la Universidad deColumbia. Este artculo proporciona unresumen de las evaluaciones de campo delos sistemas judiciales y de inteligencia

nanciera de 107 jurisdicciones legalesnacionales, llevadas a cabo entre 1993 y

2007 como parte de un proyecto acad-mico internacional de campo dirigido porl. Se extienden reconocimientos a los 235

equipos de abogados y economistas den-tro de los 107 pases por su contribucin ala investigacin. Este trabajo tambin seha beneciado de los comentarios hechos

por los colegas durante seminarios y con-ferencias en el Simposium de la Escuelade Derecho de la Universidad de Carolinadel Sur; la Escuela de Derecho del itamyla Procuradura General de la Repbli-ca en Mxico; el St. Anthonys Collegeen Oxford; el Seminario de las NacionesUnidas para Contrarrestar el Terrorismo

y la Delincuencia Organizada (unitar,Madrid, Espaa); la Universidad de Yale;la Reunin Anual en Mxico 2008 de la

Asociacin Latinoamericana y del Caribe

de Derecho y Economa (alacde); y de loscomentarios de tres refers annimos.

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en Mxico, lo que generainmensos retornos econ-micos a estas organizacio-nes que estn dispuestas ajugarse el todo por el todo,

ejerciendo una violenciacada vez mayor para desa-ar al gobierno federal apesar de que ste, parad-jicamente, contina desti-nando desde el ao 2000cada vez ms recursos hu-manos, materiales y nan-cieros a su combate.

QU HA FALLADO

EN MXICO? Cules

estrategias han dado re-sultados signicativos enotros pases para comba-tir y prevenir con xito aestos grupos criminales? Por qu el Estado mexicano noha aplicado hasta ahora esas estrategias exitosas?

Existe un contexto econmico internacional en el queel cruce de fronteras fsicas y el uso de tecnologas avanza-das han permitido no slo la expansin de las actividadeseconmicas legales, sino tambin la del lado oscuro de laglobalizacin: empresas criminales que tracan con sereshumanos y una mayor diversi-

dad de bienes y servicios ilci-tos que hace veinte aos.La oferta y la demanda

mundial de bienes y serviciosilcitos explican parte del creci-miento patrimonial de la delin-cuencia organizada mexicana,que se estima equivale al 40por ciento delpibnacional. Sinembargo, esta oferta y deman-da existe por doquier, y no porello Madrid, Londres y Mos-

c experimentan los niveles deviolencia desenfrenada que vi-ve Mxico. Los grupos crimi-nales mexicanos aprovechanla pauprrima gobernabilidaden su pas para competir, conviolencia y corrupcin, por lacaptura poltica de las entida-des federativas para solidicarsus bases de control patrimo-nial y logstico ligadas a sus 22tipos de mercados ilcitos.

Para enfrentar este con-texto, ya han sido delinea-dos exitosos mecanismosinternacionales legalesy operativos que comba-

ten y previenen la expan-sin de grupos criminalestransnacionales a travs delos Estados y las socieda-des civiles. El marco msacabado para la imple-mentacin de dichas me-didas est plasmado en laConvencin de las Nacio-nes Unidas contra la De-lincuencia OrganizadaTransnacional (Palermo)

y en la Convencin de lasNaciones Unidas contra laCorrupcin (Mrida).

Estas convenciones, le-jos de ser slo instrumentos simblicos, detallan las prc-ticas que han generado resultados ms favorables. Ambashan sido rmadas y raticadas por Mxico y por la mayorade las naciones del mundo. Por lo tanto, deberan haber sidoimplementadas, pues poseen fuerza de ley en el pas.

Sin embargo, no sorprende que la delincuencia organizadamexicana se enfrente a un Estado y a una sociedad civil dbi-

les, que slo han implementado

el 46 por ciento de las medidasconcretas de la Convencin dePalermo y el 23 por ciento de lascontenidas en la Convencin deMrida. Pero, cules son lasmedidas ausentes del marcoinstitucional y social mexicanoque explican la actual debacleen la seguridad pblica?

LOS CUATRO TIPOSde me-didas operativas contenidas en

estas convenciones que no hansido implementadas en las pol-ticas pblicas mexicanas son:(I)Una ecaz coordinacin in-terinstitucional operativa entrelos rganos de inteligencia, Se-cretara de Hacienda, polica,scalas y jueces, que apunteal desmantelamiento patrimo-nial de empresas criminales yempresas legales ligadas a or-ganizaciones delictivas.

1. Actos deterrorismo2. Contrabando de

bienes y serviciosdiversos3. Ejecuciones de fun-cionarios pblicos4. Extorsin5. Falsicacin de dine-ro/bonos/valores6. Falsicacin dedocumentos7. Fraudes de tarjetade crdito8. Homicidioscalicados9.Inltracinpatrimonial10. Lavado patrimonial

(de dinero y otro tipode patrimonio)11. Lenocinio12. Lesiones13. Piratera deproductos diversos14. Pornografa15. Robo de vehculos16. Secuestro17. Trco de armas18. Trco de cigarros19. Trco deestupefacientes20. Trco deindocumentados21. Trco de materialradioactivo22. Trco de personas23. Trata de personas

TABLA 1: TIPOS DE DELITOSORGANIZADOS MONITO-

READOS EN 107 PASES*

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(II) El combate y la prevencin de la corrupcin poltica alms alto nivel, limitando al mnimo la inmunidad de losfuncionarios. Esto debe incluir investigaciones (a travs deunidades autnomas de investigacin patrimonial en cadaentidad federativa, que operen en red con la unidad federal

de inteligencia nanciera), que permitan reunir el materialprobatorio para formular acusaciones y dictar sentenciasjudiciales por delitos de trco de inuencias/conicto deintereses, enriquecimiento ilcito, malversacin de fondos/peculado, encubrimiento, lavado del producto de delitos ynanciamiento ilegal de campaas electorales.(III) Un nivel mucho ms amplio de cooperacin y coordina-cin entre Mxico y otros Estados para incautar y decomisaractivos patrimoniales, ligados a los grupos criminales mexi-canos, en empresas legales nacionales y extranjeras.(IV) Una red nacional deprevencin social del delito

en manos de organizacio-nes no gubernamentales,coordinada por las enti-dades federativas y el go-bierno federal, que abarquefactores de riesgo ligados ala salud, educacin, merca-do laboral, violencia intra-familiar e infraestructurasocial, que explican porqu miles de jvenes siguendeslizndose hacia pandi-

llas y grupos criminales demayor envergadura.La experiencia interna-

cional en 107 pases anali-zados por nuestros equiposde campo indica que el mo-tor de la implementacinsostenible de estos cua-tro ejes de polticas pblicas siempre se constituye sobre unAcuerdo Poltico Nacional y Operativo (es decir, medida pormedida) entre todas las fuerzas polticas de un pas. Sin eseacuerdo ser difcil limitar la impunidad existente. Por ejem-

plo, como parte de la implementacin de estos cuatro ejes, enColombia se proces judicialmente al 32 por ciento de los le-gisladores nacionales. Esto envi una clara seal de cambio dereglas a funcionarios corruptos y grupos criminales.

Como ha sealado este autor en publicaciones pasadas, es-tos cuatro tipos de medidas operan como cuatro ruedas oejes estratgicos que deben instalarse simultneamente paraque un pas pueda echar a andar su sistema de combate yprevencin de la delincuencia organizada. Estos ejes tienenuna fuerte inspiracin en la experiencia de pases que han te-nido xitos parciales en ese campo (Alemania, Estados Uni-dos, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido, entre otros).

AMBAS CONVENCIONES ONUpromueven el uso de tc-nicas especiales de investigacin1, como entregas vigiladas,vigilancia electrnica y programas de testigos protegidos ocolaboradores, y el decomiso de bienes y la recuperacin in-ternacional de activos saqueados por funcionarios corrup-

tos2

. Asimismo, incrementan las capacidades de los Estadosmiembros para interactuar con mayor agilidad al ofrecer unmarco de cooperacin predecible tanto en el plano judicialcomo en el legal, con el propsito de investigar, consignar,procesar y extraditar a las personas, y recuperar patrimoniosligados a funcionarios nacionales e internacionales corrup-tos, incluyendo al sector privado empresarial. Ms an, lasdos convencionesonucontienen medidas3 que le asignan unpapel operativo a la sociedad civil en las reas de prevencinde la corrupcin y la delincuencia organizada4.

Sin embargo, la evalua-cin de la implementacin

de estas dos convencionesonunos indica que Mxi-co est muy lejos de cum-plir en la prctica con losrequisitos operativos y le-gales mnimos. Esta preca-ria situacin contrasta conla de Colombia, en dondehoy se aplican con xito el97 y el 100 por ciento dela Convencin de Palermoy de la de Merida, respec-

tivamente. As, no llamala atencin el que, desde2002, en Colombia se haexperimentado un 273 porciento de disminucin enla frecuencia promediode 17 tipos de delitos or-ganizados (secuestros,

extorsin, contrabando, trco de armas y otros crmenesviolentos de alto impacto).

Pases como Estados Unidos, Francia, Italia y Colombiahan logrado avances importantes en el combate y la preven-

cin de la corrupcin y la delincuencia organizada, debidoa que existen un nmero mayor y ms frecuente de causasciviles y penales contra personas fsicas y morales, en con-traste con Mxico. Estas causas incluyeron consignacionesy sentencias condenatorias enfocadas principalmente a des-mantelar los vnculos patrimoniales de los grupos delictivoscon empresas legales y con actores polticos cuyas campa-as electorales fueron nanciadas por dichas organizacio-nes, precisamente a travs de empresas legales.

Colombia e Italia implementaron amplios programas decombate y prevencin de la corrupcin al ms alto nivel, conresultados concretos que le devolvieron la percepcin ciu- 1.

Convenci

n

dePa

lermo

,Art

.20

.2yArt.27

(b).2.

Idem

,Art

.123.

Idem

.,Art

.31.4.

Idem

.,Art

.8yArt

.9.


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dadana de legitimidad al Estado. Est el casoantes mencionado de Colombia, que desde2002 ha procesado judicialmente al 32 porciento de sus legisladores nacionales, de to-dos los colores polticos, por vnculos con

grupos criminales nacionales y transnacio-nales. Al quitarle los pilares de proteccinpoltica y patrimonial a dichos grupos, es-tos pases han experimentado cadas signi-cativas en la frecuencia con que ocurren los22 tipos de delitos organizados.

Adems, aquellos pases donde los Estadosy las asociaciones civiles (por ejemplo, aso-ciaciones de vctimas y cmaras de comer-cio) han trabajado mano a mano y con xitoen el mbito educativo, laboral, de salud p-blica y de desarrollo social para disminuir

el ujo de jvenes hacia actividades crimi-nales, as como en la prevencin del lavadopatrimonial, han visto dismi-nuir la frecuencia de delitosorganizados. Basta el ejemplode Italia que ya cuenta con laLey 196/06, la cual le ha per-mitido a muchas asociacionesciviles de la mano de gobier-nos locales la reutilizacinsocial de bienes conscadosa la maa.

EN CONTRASTE, EL ESTADO Y LA SO-

CIEDAD CIVIL EN MXICO estn rela-tivamente paralizados en el mbito de lacolaboracin operativa, aunque abundanlos elegantes discursos pronunciados pormiembros de organizaciones de la elite socialy civil, ya sea de vctimas u otros, en hoteleslujosos. Adems, se multiplican los costososobservatorios ciudadanos de bajo impacto yse continan generando propuestas de leyesque no pueden ser implementadas.

Los rganos de inteligencia, la Secretara deHacienda, los sistemas de justicia civil/penal(polica, ministerios pblicos y jueces) y losservicios penitenciarios en Mxico carecen deuna coordinacin interinstitucional, mientrasabundan los cortocircuitos causados por con-ictos de poder y ambiciones personales des-medidas, como los que han protagonizado laSecretara de Seguridad Pblica Federal en suconstante pugna por ganarle espacios a la Pro-curadura General de la Repblica y hasta a lasFuerzas Armadas. Cmo se explica que la Se-

cretara de Hacienda no sea una de las principa-les puntas de lanza para el desmantelamientopatrimonial del entramado criminal oculto enlos ms importantes sectores econmicos delpib? Cuando en un Estado hay un equipo divi-

dido, nunca se gana el partido del combate y laprevencin de la delincuencia.No se puede comprender por completo

la parlisis institucional que vive Mxico sino se reconoce y analiza la pobre goberna-bilidad poltica y econmica reejada en laexpansin de la corrupcin en los sectorespblicos y privados del pas, y cmo esta co-rrupcin al ms alto nivel bloquea (a travsde las legislaturas y del poder ejecutivo) laimplementacin de los cuatro ejes de medi-das que en otros pases han sido exitosos.

Ante un Estado con dbil gobernabilidad,las estructuras de las organizaciones crimina-

les compiten por corromper a los municipiosy entidades federativas para evitar sanciones yganar mayor control de los 22 mercados ilci-tos en Mxico y pases aledaos. Es as comoestos grupos penetran procesos electorales ypartidos polticos con ms frecuencia.

En este contexto, es necesario comprenderque la violencia y la corrupcin imperantes enMxico se vinculan a la naturaleza catica desu transicin poltica. Esta transicin se hadesarrollado sin introducir un mnimo marco

de controles polticos, patrimoniales y admi-nistrativos autnomos que permitan, dentrode un pacto federal, una efectiva rendicin decuentas con premios y castigos para los acto-res y las instituciones que actan en el mbitopoltico (por ejemplo, partidos y sindicatos) anivel federal, estatal y municipal.

Municipios que no dan cuenta patrimo-nial a nadie; entidades federativas con siste-mas judiciales feudales que no estn sujetosa sistemas de vigilancia de sus decisiones o alcontrol patrimonial de sus gobernadores; sin-

Las propuestasde negociar con

los criminales sonuna irresponsabi-

lidad social.

TABLA 2:PASES CONPRESENCIADE GRUPOSCRIMINALES

MEXICANOS*

1. Albania2. Argelia3. Argentina4. Bielorrusia5. Bolivia6. Brasil7. Canad8. Chile9. China10. Colombia11. Corea del Norte

12. Costa de Marl13. Costa Rica14. Croacia15. Cuba16. Ecuador17. El Salvador18. Espaa19. Estados Unidos20. Guatemala21. Guinea Bissau22. Hait23. Honduras

24. India25. Italia26. Marruecos27. Moldavia28. Myanmar29. Nicaragua30. Nigeria31. Panam32. Paraguay33. Per34. Polonia35. Portugal

36. Puerto Rico37. RepblicaDominicana38. Rusia39. Sudn40. Sudfrica41. Tailandia42. Togo43. Tnez44. Ucrania45. Uruguay46. Venezuela

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dicatos paraestatales poderosos; vastas empresas del sectorprivado inltradas por grupos criminales, que a la vez nan-cian campaas electorales; y la presencia de actores polticosde dudoso origen patrimonial compitiendo en los procesoselectorales. Todo este ambiente de baja gobernabilidad po-

ltica es un caldo de cultivo ideal para la captura del Estadopor parte de los grupos criminales. Esta creciente fragmen-tacin y captura criminal del sistema poltico mexicano hadejado a los municipios y a las entidades federativas a la de-riva y a merced de las organizaciones delictivas.

EN UN AMBIENTE DE FRAGMENTACIN POLTICAsiempre existe un aspecto paradjico, que se ha observadoen Mxico desde 2007. Esta paradoja se produce cuando elEstado asigna ms fuerza pblica para slo reprimir mili-tarmente y as neutralizar a las organizaciones criminales.Pero, como consecuencia, estos grupos delictivos generan

ms corrupcin y ms violencia para defender a sus Esta-dos y a sus mercados ilcitos.Mientras los patrimonios criminales acumulados por d-

cadas y ocultos en la economa legal sigan intactos, estas

organizaciones continuarn respondiendo con ms corrup-cin y ms violencia, que son nanciados a travs de dichospatrimonios. A esta situacin se la ha denominado la Pa-radoja de la Sancin Penal.

Como resultado, la delincuencia organizada y la corrup-cin se expanden incluso cuando al mismo tiempo se hanincrementado los castigos para sus integrantes. Slo se rom-pe con esta paradoja cuando se implementa una poltica dedesmantelamiento patrimonial masivo, como lo ha hechoel Estado colombiano que, en seis aos, desde 2003, deco-mis el equivalente a 11 mil millones de dlares de activos

criminales escondidos en la economa legal.En casos como el de Colombia, los grupos criminales vensus patrimonios disminuidos y ya no pueden nanciar en lamisma proporcin la violencia organizada y la corrupcinal ms alto nivel. Hay que recordar que el n ltimo de todaempresa criminal es obtener retornos econmicos legali-zados, y no generar guerras que le son muy costosas.

Con miras a futuro, se debe plantear cul podra ser la re-accin de la sociedad mexicana si contina siendo testigode un Estado carcomido por la corrupcin, cada vez me-nos capaz de garantizar la seguridad pblica y de protegervida y propiedad. En todos los pases que se han estudiado

a lo largo de la historia, cuando se ha visto enfrentada a es-te escenario de decadencia institucional, la sociedad ha re-currido a mecanismos privados de proteccin, de los quesurge el paramilitarismo. Cuando la ciudadana empiezaa reemplazar al Estado con estas organizaciones privadas

con jerarquas y disciplina similares a las de un ejrcito (amenor escala) y que por denicin operan fuera de la ley,la consecuencia es que los diferentes tipos de violencia or-ganizada se expanden, causando un colapso institucionaldel sector pblico cada vez mayor.

Este crculo vicioso culmina en un Estado Fallido. Mxi-co se encuentra hoy en la etapa inicial de esta situacin porla que ya pasaron, parcial o completamente, otros pases deLatinoamrica, frica y Europa. Por ejemplo, Colombia yRusia ambas como consecuencia de sus transiciones y re-formas polticas mal concebidas experimentaron altos ni-veles de capturas de sus Estados por parte de la delincuencia

organizada, lo que llev a una creciente fragmentacin delEstado y a grupos criminales paramilitarizados.Sin embargo, ambos pases, junto con Italia, evitaron el colap-

so institucional que podra haberlos llevado hacia un Estado Fa-llido en los aos 90. Cmo lo lograron?

Ante todo, se puede argumentar confundamento que el catalizador que expli-c la implementacin de medidas duras yefectivas en esos pases fue la llegada deuna crisis sin precedentes que afect a lasociedad en general, y a las elites empre-sariales y polticas en particular, las cua-

les previamente eran cmplices, ya seade manera pasiva o activa, de la corrupcin y del lavado pa-trimonial ligado a los 22 tipos de delitos organizados. Estaselites vieron, impotentes, cmo comenzaban a ser masacra-das sus familias y cmo se desvanecan sus patrimonios dela noche a la maana. Fue entonces que empezaron a pro-piciar reformas en serio.

Los cuatro ejes estratgicos explicados anteriormente,que no han comenzado a ser abordados ni implementadosen Mxico, representan un costo muy alto para las elites em-presariales y polticas que durante dcadas alimentaron almonstruo de la delincuencia organizada. Algunos miem-

bros de estas elites an se resisten a aplicar las medidas msefectivas contra el crimen porque afectaran el confortablestatus quo que tanto los ha beneciado.

ALGUNOS PLANTEAN QUE EL ESTADO NEGOCIE

con los grupos criminales y/o que se legalice la droga, pen-sando que esto ser una solucin mgica. Ms all de que nin-guno de los personajes que proponen estas medidas conoceprofesionalmente el tema, la historia nos demuestra que estaspropuestas son una irresponsabilidad social. Los que siguenestos problemas ms all del relato frvolo, saben que slo lospases que cuentan con una desarrollada capacidad institucio-

Las elites decidirnsumarse a la solucincuando sean vctimasdel mafo-terrorismo.


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nal regulatoria y que poseen un marco preventivo del consumode drogas pueden seriamente considerar legalizar el consu-mo de ciertas sustancias sin que se dispare la demanda de es-tupefacientes entre los menores de edad. Slo tres pases de laUnin Europea (Alemania, Portugal y Pases Bajos) han logra-

do el desarrollo suciente de tales marcos regulatorios para nover aumentos en la demanda tras la legalizacin.En el plano de las propuestas de negociacin entre el Es-

tado y los grupos criminales, nadie ha especicado culesseran los trminos de tal negociacin. Las estadsticas dedetenciones de presuntos delincuentes organizados realiza-das por los gobiernos estatales y el gobierno federal muestranque de los 53 mil 174 detenidos por delitos diversos desde2003 a la fecha, slo 941 pertenecen a la (con)federacinde Sinaloa. Esto supon-dra que toda negocia-cin implicara esperar

que Sinaloa el grupocriminal ms sosticadoy expandido de Mxico enel mundo se consolidems, derrote a sus rivalesy luego negocie con el Es-tado, con lo que los nive-les de violencia que vive elpas disminuiran.

Ciertos personajes dedudosa procedencia po-ltico-patrimonial estn

intentando vender estaestrategia con miras a laselecciones de 2012, ya quesi la violencia disminuye-se, ese logro se le acredi-tara al gobierno en turno.No obstante, la experien-cia internacional indica que toda propuesta de negociacincon grupos criminales representa una ccin poltica conconsecuencias desastrosas. Cabe destacar que, ante la des-esperacin social y la corrupcin reinantes, Italia, Colombiay Rusia (en orden cronolgico) intentaron ensayar la ne-

gociacin con grupos criminales en los aos 80 y 90. El re-sultado fue catastrco y condujo a estos pases al borde deun colapso institucional an mayor.

Estas experiencias demuestran que, de seguirse la va de lanegociacin, Mxico se hundira ms de lo que ya est: ha-bra un colapso de gobernabilidad y se aanzara un sistemamao-crtico y mao-empresarial en el que el grupo de Si-naloa lograra capturar todava ms al poder poltico.

Hay que recordarles a quienes proponen negociar con gru-pos criminales, que el Estado ha sido concebido para proveerbienes pblicos bsicos para toda la poblacin. Contener yneutralizar comportamientos anti-sociales es un bien p-

blico que slo el Estado puede asegurar adecuadamente.Todo Estado tiene el papel fundamental de imponer las re-glas del juego a aquellas personas o grupos que violen la leyy promuevan comportamientos antisociales. Negociar sig-nicara que el Estado cede sus funciones ms bsicas a or-

ganizaciones privadas armadas. Pero asumir este papel noexcluye que el Estado pueda ofrecer amnistas y beneciosprocesales a aquellos que decidan ajustarse a la ley, renun-ciando a la delincuencia organizada.

DE ESTE MODO REGRESAMOSa las nicas medidas efec-tivas conocidas para contener y neutralizar a los grupos crimi-nales: los cuatro ejes estratgicos. Llegar una etapa ms gravede la crisis de violencia en Mxico, cuando las elites comenza-

rn a ponderar el benecioy los costos individuales deseguir con el pacto de im-

punidad vigente, y lo com-pararn con el benecio ylos costos de propiciaruna reforma al sistema decombate y prevencin me-diante los cuatro tipos demedidas concretas.

Esta enfermedad socialy estatal de violencia or-ganizada (sin precedentesdesde la Revolucin) quevive Mxico est azotan-

do cruelmente, por ahora,a las clases socioeconmi-cas ms desprotegidas en elinterior del pas, pero anno ha afectado signicati-vamente y de manera gene-ralizada a la elite poltica y

empresarial que vive relativamente aislada de la violencia enCiudad Jurez, Coahuila, Sinaloa, Durango o Tamaulipas.

La dolorosa experiencia de otros pases indica que las eli-tes empresariales y polticas decidirn ser parte de la so-lucin slo cuando sus exclusivos mbitos profesionales

y privados comiencen a ser demolidos por coches-bom-ba colocados por el mao-terrorismo; cuando sus familiascomiencen a ser masacradas en sus hogares (a pesar de susejrcitos de guardaespaldas); y cuando sus patrimonios co-miencen a desvanecerse de la noche a la maana. Ser en-tonces cuando apoyen a un grupo de actores polticos queempiecen a implementar las medidas ms efectivas de loscuatro ejes explicados en este trabajo.

Hasta ese momento, la historia nos indica que esta pesadi-lla de violencia y desintegracin social continuar en Mxi-co y se expandir para seguir desestabilizando a sociedadesy a Estados de nuestra regin.

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