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AMPARO EN REVISIÓN 693/2017

QUEJOSA: PEGASO PCS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

RECURRENTES: PEGASO PCS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE DICHO INSTITUTO

PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: EDUARDO ROMERO TAGLEColaborador: Moisés Coca Sánchez

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Vo. Bo.Señor Ministro:

VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión

693/2017; y,

RESULTANDO:Cotejó:


PRIMERO. Hechos que dieron origen al presente asunto. De

las constancias que integran el presente expediente, se advierte que

los hechos relevantes son los siguientes:

- El siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes concedió a la empresa

mercantil Pegaso Comunicaciones y Sistemas, sociedad anónima

de capital variable, un Título de Concesión de Bandas de Frecuencias

del Espectro Radioeléctrico para la prestación del Servicio de Acceso

Inalámbrico Fijo o Móvil en la Región 7, de la cual forma parte el

Estado de Guanajuato1.

- De igual manera, el veintidós de abril de dos mil cinco, la



de capital variable, un título de concesión para usar, aprovechar y

explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el

acceso inalámbrico fijo o móvil, con cobertura en la región 7, de la

cual forma parte el Estado de Guanajuato2.

- Asimismo, el veintidós de julio de dos mil diez, la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes concedió a la empresa mercantil

Pegaso Comunicaciones y Sistemas, sociedad anónima de capital

variable, un título de concesión para usar, aprovechar y explotar

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos

determinados en los Estados Unidos Mexicanos, con cobertura en la

región 7, de la cual forma parte el Estado de Guanajuato3.

1 Fojas 198 a 206 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.2 Fojas 210 a 218 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.3 Fojas 220 a 225 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

2


- En el mismo sentido, el ocho de noviembre de dos mil diez, la



de capital variable, un título de concesión para usar, aprovechar y

explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos

determinados en los Estados Unidos Mexicanos, con cobertura en la

región 7, de la cual forma parte el Estado de Guanajuato4.

- Con motivo de la fusión de la empresa mercantil Pegaso Comunicaciones y Sistemas, sociedad anónima de capital variable,

con la diversa Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable; el

diecinueve de diciembre de dos mil trece, mediante oficio **********, el

Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la enajenación de

acciones y la cesión de diversos derechos y obligaciones, entre otros,

los contenidos en los títulos de concesión referidos en líneas

precedentes; definiéndose con el carácter de concesionaria a Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable5.

- El cuatro de septiembre de dos mil catorce, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el Estatuto Orgánico del Instituto

Federal de Telecomunicaciones, en el que se prevé la facultad de su

Unidad de Cumplimiento, para sustanciar los procedimientos

sancionatorios por infracciones a las obligaciones establecidas en las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, aplicables en

materia de telecomunicaciones.

4 Fojas 227 a 232 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.5 Fojas 233 a 254 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

3


- Entre el dieciocho de enero y el siete de febrero de dos mil

quince, en ejercicio de sus facultades de monitoreo, vigilancia,

supervisión y control técnico de las emisiones radioeléctricas, la

Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó la evaluación de

los servicios de telefonía, SMS e internet en la ciudad de León,

Guanajuato, mientras se desarrollaba la, coloquialmente denominada,

“Feria de León”.

- El veintiuno de enero de dos mil quince, la Dirección General

Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico advirtió diversas

inconsistencias vinculadas a la red de PEGASO, en el servicio de

telefonía, detectándose eventos fallidos en las tecnologías GSM (2G)

y UMTS/GSM (3G/2G).

- Por tal motivo, el diecinueve de junio de dos mil quince, en el

expediente administrativo **********, el Instituto Federal de

Telecomunicaciones dictó el acuerdo de inicio de procedimiento de

imposición de sanción en contra de Pegaso PCS, sociedad anónima

de capital variable, por incumplir los niveles de calidad para el servicio

local móvil, en la ciudad de León, Guanajuato6.

- Seguidos los trámites correspondientes, el veintitrés de

octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, en su XXIV Sesión Ordinaria, dictó resolución

en la que se determinó imponer una multa a Pegaso PCS, sociedad

anónima de capital variable, por el equivalente al 1% de sus ingresos

6 Fojas 255 a 274 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

4


acumulables en el ejercicio fiscal dos mil catorce, por la cantidad de

$********** (**********)7.

SEGUNDO. Demanda de amparo indirecto. El veintiséis de

noviembre de dos mil quince, Pegaso PCS, sociedad anónima de

capital variable, presentó demanda de amparo indirecto en contra de

los actos y autoridades siguientes:

1. Del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones se

reclamó:

A. La resolución de veintitrés de octubre de dos mil quince,

dictada dentro del expediente **********, a través de la cual se resolvió

el procedimiento administrativo de imposición de sanción incoado en

contra de la quejosa.

B. La multa impuesta dentro del expediente **********, por la

cantidad de $********** (**********).

C. La aplicación del Plan Técnico Fundamental de Calidad del

Servicio Local Móvil emitido por la Comisión Federal de

Telecomunicaciones y publicado en el Diario Oficial de la Federación

el treinta de agosto de dos mil once, en especial el Resolutivo Primero

numeral 3.1.

D. La aplicación de la Metodología de Mediciones del Plan

Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, emitida por

la Comisión Federal de Telecomunicaciones y publicada en el Diario

7 Fojas 339 a 411 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

5


Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil doce, en

especial los numerales 5.3 y 7.2.

E. La omisión de decretar de oficio, la caducidad del

procedimiento de inicio de sanción en términos de lo dispuesto en el

artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento, de aplicación

supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

2. Del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, se reclamó:

- La emisión y aprobación de los artículos 298, inciso B),

fracción IV, y 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

catorce de julio de dos mil catorce.

3. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se

reclamó:

- La sanción, promulgación y publicación del Decreto por el que

se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y

la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia

de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce; en particular

los artículos 298, inciso B), fracción IV, y 299 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6


4. De cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclamó la aplicación y ejecución de las normas

respecto de todos los actos reclamados.

5. De cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclamaron los efectos y consecuencias derivados

de los actos reclamados.

6. Del Administrador Local de Recaudación del Norte del

Servicio de Administración Tributaria, se reclama:

- La inminente ejecución de la multa impuesta a la quejosa, en

el Resolutivo SEGUNDO de la resolución reclamada al Instituto

Federal de Telecomunicaciones, por la cantidad de $********** (**********).

El asunto se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia

Administrativa Especializado en Competencia Económica,

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de

México y jurisdicción en toda la República, donde se registró con el

número de expediente 1703/2015, y mediante acuerdo de once de

diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de

amparo8.

TERCERO. Sentencia del juicio de amparo. Seguidos los

trámites correspondientes, el diez de enero de dos mil diecisiete, la

Juez de Distrito celebró audiencia constitucional9, y dictó sentencia

8 Fojas 425 a 426 del tomo I del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.9 Fojas 1862 a 1863 del tomo II del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

7


que se terminó de engrosar el veintisiete de marzo siguiente 10, en la

cual determinó lo siguiente:

- Sobreseyó respecto del acto reclamado relativo a los efectos

y consecuencias de la resolución reclamada de veintitrés de octubre

de dos mil quince, toda vez que resultaron inexistentes.

- Sobreseyó respecto del Titular de la Unidad de Cumplimiento

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dado que no se le

atribuyó acto alguno conforme con lo expuesto en el considerando

segundo de la sentencia.

- Sobreseyó respecto de los actos reclamados relativos al

monitoreo y acuerdo de inicio de procedimiento, toda vez que

consideró que se trataba de actos intraprocesales.

- Sobreseyó respecto del artículo 45, fracción IV, del Estatuto

Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, toda vez que

la quejosa carecía de interés jurídico.

- Negó el amparo, en relación con los artículos 298, inciso B),

fracción IV, y 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, por lo siguiente:

1. En relación con la violación al principio de legalidad, la Juez

consideró que el concepto de violación relativo era infundado,

porque si bien tales disposiciones remiten a otros ordenamientos,

10 Fojas 1864 a 1955 del tomo II del expediente relativo al juicio de amparo indirecto **********.

8


constituyen tipos en blanco lo cual los hace previsibles y es

razonable.

2. Respecto del principio de igualdad, la juzgadora declaró que

era infundado el argumento correspondiente, porque existe una

justificación de trato con base en la hipótesis que regulan las

fracciones A y B del artículo 298; la primera supone un menor daño

en el ejercicio del servicio concesionado y, por ello, la posibilidad de

sancionar con apercibimiento por única ocasión, pues las hipótesis

que sanciona versan sobre el incumplimiento de presentación o

presentación extemporánea de documentos referentes a la actividad

que realiza. Mientras que, en el inciso B), no acontece la

circunstancia descrita, porque las infracciones sancionables redundan

en actividades que entorpezcan o restrinjan arbitrariamente el servicio

concesionado, en perjuicio de los usuarios, lo que indudablemente

encuentra una base de afectación mayor, por lo cual la diferencia de

trato se encuentra justificada, en la medida en que no es posible

sancionar con un mero apercibimiento cuando la conducta no sólo se

traduce en el incumplimiento a una de sus obligaciones sino permea

en los usuarios a quienes presta servicios.

3. Se consideró inoperante el argumento referente a que el

artículo 299 viola el principio de igualdad porque éste exige

razonabilidad en la diferencia de trato; sin embargo, en el caso no

existe diferencia que deba ser analizada, porque la multa establecida

en el citado precepto para cualquier sujeto es el equivalente al uno

hasta el tres por ciento de sus ingresos.

9


4. Asimismo, la Juez de Distrito determinó que era infundado que los artículos reclamados violen la garantía de prohibición de

penas inusitadas, excesivas, trascendentales y desproporcionales,

porque se trata de multas que oscilan entre un mínimo y un máximo,

ya que no son desproporcionales porque respecto del bien jurídico

tutelado, el fin es garantizar la prestación de los servicios de

telecomunicaciones, con apego a lo establecido en los planes

técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el

Instituto; de igual forma resolvió que era inoperante que sea

desproporcional ateniendo al número total de llamadas cruzadas por

el concesionario frente a las que fueron materia de la muestra, porque

tal argumento se centra en cuestiones particulares.

5. La Juez de Distrito consideró que era infundado que los

preceptos reclamados sean arbitrarios por imprecisos, porque de la

interpretación gramatical y funcional del artículo 299 de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se advierte que,

contrariamente a lo señalado por la quejosa, no existe omisión en la

precisión del periodo de ingresos materia del cálculo de la sanción

impuesta, pues ésta corresponde al último ejercicio fiscal en que se

haya incurrido; y determinó que era inoperante que se deba gravar

sobre aquellos ingresos que únicamente provengan del servicio

prestado, porque estima que el artículo 299 excluye los obtenidos de

una fuente de riqueza extranjera y los gravables si se encuentran

sujetos a régimen fiscal preferente para efectos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta; sin embargo, ello no ocasiona que se deban

considerar únicamente aquéllos que provengan del servicio prestado,

sino más bien que no fueran excluidos tales ingresos y entonces se

gravara sobre un universo mayor. Pero, además, la capacidad

10


económica y capacidad contributiva son conceptos diferentes, por lo

que el artículo 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión no es incongruente con el diverso 16 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, pues mientras el primero atiende a la

riqueza de una persona, el segundo atiende a su obligación de

contribuir al gasto público y es susceptible de ser gravado por el

Estado.

- Negó el amparo, en relación con el artículo 45, fracción III, del

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al

considerar que la fracción reclamada no es violatoria del principio de

reserva de ley, pues únicamente precisa uno de los métodos por los

cuales ese órgano ejercerá sus facultades de comprobación.

- Asimismo, negó el amparo en relación con el Plan Técnico

Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil y de la Metodología

de Mediciones, pues de la pericial en estadística ofrecida se advirtió

que la totalidad de peritos estuvo de acuerdo con que la fórmula, a

través de la cual se obtuvo dicho resultado, era correcta. De igual

forma, la Juez determinó que era infundado que el numeral 3.7 del

Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil se

oponga a lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque su campo de regulación

atiende aspectos diferenciados, pues mientras el primero delimita la

metodología de medición, el segundo expresa el alcance de los

ingresos que habrán de considerarse para la imposición de

sanciones.

11


- Finalmente, concedió el amparo respecto de la resolución de

veintitrés de octubre de dos mil quince, a través de la cual se impuso

a la quejosa una multa, básicamente porque la Juez de Distrito

consideró que habían caducado las facultades de la responsable para

resolver el procedimiento sancionatorio, pues considerar que

postergar el plazo para formular alegatos interrumpe el plazo para

que opere la figura de la caducidad, sería en detrimento de la

impartición de justicia pronta y expedita.

CUARTO. Recursos de revisión y resolución del Tribunal Colegiado. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa y

las autoridades responsables, Pleno, Titular de la Unidad de

Cumplimiento y Director General Adjunto de Vigilancia del Espectro

Radioeléctrico, todos del Instituto Federal de Telecomunicaciones,

interpusieron recursos de revisión11, en los que, en esencia, alegaron

lo siguiente:

1. Recurso de revisión interpuesto por la quejosa:

- Primer agravio. La sentencia impugnada es ilegal por falta de

exhaustividad, congruencia e indebida motivación, en relación con el

estudio de inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B), fracción IV,

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Juez de Distrito efectuó el estudio de constitucionalidad

correspondiente, con base en un argumento de previsibilidad formal

de la conducta sancionable, cuando el reclamo toral de Pegaso fue la

inseguridad jurídica que genera la porción normativa combatida, por

11 Fojas 3 a 84 y 85 a 170, respectivamente, del toca en que se actúa.

12


la imprevisibilidad material del bien jurídico tutelado en cada norma

regulatoria, cuyo parámetro de sanción oscilará entre el 1%y 3% de

los ingresos acumulables de la concesionaria.

- Segundo agravio. La sentencia recurrida es ilegal por

indebida motivación, en relación con el principio de igualdad, respecto

del estudio relativo a los artículos 298 y 299 de la Ley Federal de


La indebida motivación la constituye la conclusión de la Juez de

Distrito, relativa a la justificación objetiva que existe entre las hipótesis

de sanción establecidas en el inciso A) de aquéllas contenidas en el

inciso B), ambos del artículo 298 de la Ley Federal de


Causa agravio el análisis efectuado por la Juez en relación con

la justificación de trato diferenciado entre los incisos A) y B) del

artículo 298 referido en el párrafo anterior, pues parte de una falsa

premisa consistente en que las hipótesis establecidas en el inciso A)

no generan consecuencia alguna en el usuario mientras que aquéllas

establecidas en el inciso B) sí las generan; asimismo, la juzgadora

refiere dogmáticamente que las hipótesis contenidas en el inciso A)

versan “sobre el incumplimiento de presentación o presentación

extemporánea de documentos referentes a la actividad que realiza”.

- Tercer agravio. La sentencia recurrida es ilegal por indebida

motivación e incongruencia, al interpretar incorrectamente el principio

de proporcionalidad en relación con el análisis efectuado respecto de

la constitucionalidad de los artículos 298, inciso B), fracción IV, y 299

13


de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y

desatender la causa de pedir de la quejosa.

En relación con el estudio del argumento de “multa excesiva”, la

Juez de Distrito incurre en la incongruencia externa de justificar la

constitucionalidad de las normas impugnadas con base en la

consideración de que en el artículo 298, inciso B), se establece un

parámetro mínimo (1%) y uno máximo (3%) de los ingresos

acumulables del concesionario infractor, por lo que no es excesiva la

multa pues el quantum de la multa se determinará a partir de los

elementos establecidos en el artículo 301 de la Ley Federal de


Contrario a lo argumentado por la Juez, la quejosa no se dolió

de la falta de parámetros para la fijación de la sanción pecuniaria,

pues su causa de pedir se refiere a la desproporcionalidad abstracta

del parámetro mínimo del 1% de los ingresos acumulables.

Si bien, el legislador goza de un amplio margen de atribuciones

para diseñar los tipos administrativos de la manera más eficaz

posible, lo cierto es que no puede desatender el mandato que se le

impone en el artículo 22 de la Constitución Federal, relativo a respetar

el principio de proporcionalidad de las sanciones, para lo cual debe

considerar no sólo la gravedad del delito cometido sino la magnitud

real del daño causado con la conducta específica que estima

sancionable y el margen mínimo a partir del cual se individualiza la

sanción.

14


En otro aspecto, la recurrente afirma que le agravia que la Juez

de Distrito haya modificado la causa de pedir respecto del argumento

relativo a que –a partir del supuesto no consentido– de que sea

constitucional establecer la base de la sanción a partir de los ingresos

acumulables, el artículo 299 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión debiera haber establecido que

serían computables aquellos ingresos relacionados con la prestación

del servicio o concesión directamente vinculado con la infracción

cometida, pues no hay razonabilidad para únicamente excluir los

ingresos de fuente de riqueza en el extranjero y aquéllos derivados de

un régimen fiscal preferente y dejar de excluir más ingresos.

Contrariamente a lo expresado, la Juez Federal consideró que la

quejosa había reclamado que deben incluirse los ingresos

provenientes de una fuente de riqueza extranjera o ingresos sujetos a

un régimen fiscal preferente “y entonces se gravará sobre un universo

mayor”, replanteando completamente la causa de pedir.

La juzgadora confundió el mandato del Instituto Federal de

Telecomunicaciones de verificar el cumplimiento de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión y la prestación de los servicios

de telecomunicaciones en condiciones de calidad con el bien jurídico

tutelado por el sistema normativo impugnado, cuando debió atender a

la norma regulatoria que fue aplicada.

- Cuarto agravio. La sentencia recurrida es ilegal por indebida

motivación en relación con el análisis efectuado respecto de la

constitucionalidad del artículo 45, fracción III, del Estatuto Orgánico

del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

15


Es indebida la motivación que considera la Juez de Distrito, al

efectuar una interpretación sistemática de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para reconocer la

constitucionalidad de la porción normativa del estatuto orgánico

impugnado. En términos de lo expuesto en el escrito inicial de

demanda, la quejosa no inadvirtió las referencias que la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión hace de los monitoreos; sin

embargo, dichas referencias son para actuaciones específicas.

Es ilegal la interpretación sistemática que efectúa la Juez para

concluir que los monitoreos son una especie de verificación, y que su

finalidad es acorde con “el fin del Estado de verificar el servicio

concesionado por éste en manos de los particulares”. La recurrente

afirma que le agravia que se haya calificado de inoperante el

argumento relativo a que no fue llamado a la práctica del monitoreo,

pues la Juez de Distrito reformuló la causa de pedir y dejó de advertir

que de lo que se dolió la quejosa es que el elemento distintivo entre el

ejercicio de las verificaciones y los monitores es precisamente la

posibilidad de que designen testigos y estén presentes en la

diligencia.

- Quinto agravio. La sentencia recurrida es ilegal por indebida

motivación e incongruencia, en relación con el análisis efectuado

respecto de la constitucionalidad del Plan Técnico Fundamental de

Calidad del Servicio Local Móvil y de la Metodología de Mediciones.

En relación con la inconstitucionalidad de los numerales 3.1. del

Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil y 5.3.

de la Metodología de Mediciones, agravia a la recurrente la

16


incongruencia externa de la Juez de Distrito, a partir de la cual

consideró que la causa de pedir de esta concesionaria partía de

calificar como un acto de molestia a los monitoreos, para de ahí

derivar el reclamo de inconstitucionalidad de las normas regulatorias,

al no permitir ejercer la garantía de audiencia y defensa previo a la

emisión del acto.

En relación con la inconstitucionalidad de los numerales 5.1. y

7.2. de la Metodología de Mediciones, la recurrente afirma que le

agravia la indebida motivación y valoración probatoria que efectuó la

Juez al concluir que la quejosa no acreditó que la muestra de 1200

llamadas no fuera representativa de la calidad del servicio local móvil

a nivel nacional.

En relación con la incongruencia entre el Plan Técnico

Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil y la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, la quejosa alega que le causa

agravio que la juzgadora haya considerado que en la medida en que

ambos instrumentos versan sobre aspectos diferenciados, no existe

violación constitucional alguna. Contrariamente a lo razonado por la

Juez, si se considera que la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión abrogó a la ley anterior, la cual estaba expresamente

vinculada con el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio

Local Móvil como norma aplicable en caso de incumplimiento de ésta,

ello implica que debe existir correspondencia entre los ámbitos

temporales y espaciales de las normas para que no exista una

incongruencia en su objeto y finalidades.

17


En relación con la incongruencia entre el numeral 8.1. del Plan

Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil y los

artículos 291 y 292 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, la recurrente se duele de la consideración de la Juez

de Distrito relativa a que, a su decir, es una interpretación sistemática

del Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, a

partir de la cual concluyó que la porción normativa impugnada no

confiere la elegibilidad de facultades en los términos aducidos en la

demanda de amparo.

- Sexto agravio. La sentencia recurrida transgrede los

principios procesales de congruencia y exhaustividad, al no observar

el principio de mayor beneficio y no conceder el amparo con los

efectos más protectores.

El monitoreo en cuestión se realizó sin existir un programa

trimestral de medición, en el que se determinaran las condiciones,

localidades y extensión de las pruebas que se realizaron, lo que hace

ilegal la resolución reclamada. De igual forma, la resolución

reclamada es ilegal, pues se basó en una prueba de cargo que

contenía mediciones que contravenían el Plan Técnico Fundamental

de Calidad del Servicio Local Móvil y la Metodología de Mediciones al

situarse en la zona de influencia de la Feria Regional de León, que

constituía un evento extraordinario.

- Séptimo agravio. La sentencia impugnada es ilegal por

indebida motivación en relación con el estudio de los temas de

legalidad, relativos a i) la omisión de la autoridad responsable de

practicar visitas de verificación; ii) la caducidad de las facultades del

18


Instituto para dictar el acuerdo de inicio de procedimiento; iii) la falta

de competencia del Titular de la Dirección General Adjunta de

Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, para proponer el inicio del

procedimiento administrativo sancionador.

Asimismo, la sentencia recurrida está indebidamente motivada y

es internamente incongruente, pues es incorrecta la conclusión

relativa a que no se configuró la caducidad para emitir el acuerdo de

inicio de procedimiento. En el mismo sentido, la resolución recurrida

carece de una debida motivación, en relación con la incompetencia de

la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico

para proponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

2. Recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables, Pleno, Titular de la Unidad de Cumplimiento y Director General Adjunto de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, todos del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

- Primer agravio. La Juez de Distrito llevó a cabo un incorrecto

análisis de los hechos materia del amparo, en perjuicio de las

autoridades responsables y en contravención de lo dispuesto en los

artículos 74, fracciones I, II y IV, y 76 de la Ley de Amparo, en

relación con lo dispuesto en los diversos 14 y 16 de la Constitución

Federal.

En la resolución recurrida existe incongruencia interna, respecto

de lo sostenido por la Juez de Distrito en los considerandos Octavo y

Noveno, pues en tales apartados la Juez genera incertidumbre a la

19


autoridad responsable, dado que, por una parte, establece que el

monitoreo no es un acto de molestia (considerando Octavo) y, por

otra, señala que dicho monitoreo es un procedimiento que debe

concluir con la emisión de una resolución, en la que se determine la

situación jurídica del particular, y que esa actuación está sujeta a los

plazos procesales respectivos (considerando Noveno), lo que implica

que sí se trata de un acto de molestia y que es susceptible de

caducar.

Por tanto, si no existe procedimiento o proceso respecto del

cual se modifique la esfera jurídica de un particular, es dable concluir

que no puede operar la caducidad, pues dicha figura jurídica se

entiende como la consecuencia de la falta del ejercicio de un derecho

y, respecto de la autoridad, como la sanción o consecuencia por la

inactividad procesal (entendida como la controversia entre la

autoridad y el particular) que tiende a nulificar la instancia, sin afectar

las pretensiones de fondo.

En ese orden de ideas, el monitoreo, lejos de considerarse un

procedimiento respecto del cual no puede operar la caducidad, éste

solo se encamina a la comprobación técnica de los parámetros de

calidad del servicio de telefonía de los concesionarios que prestan

sus servicios en una misma zona de cobertura, por lo que atendiendo

a su propia naturaleza, no se trata de un procedimiento dirigido a

ventilar controversia alguna o el desahogo de actos procesales

derivados de la interacción de la autoridad y particular que culminaran

con una resolución definitiva, en el que se respetaran las

formalidades esenciales del procedimiento.

20


- Segundo agravio. Existe incongruencia externa en la

sentencia recurrida, en lo relativo al contenido del considerando

Octavo, pues en éste se realiza una valoración de pruebas novedosas

que no fueron ofrecidas en el procedimiento de origen.

Causa agravio la indebida valoración de la prueba pericial con la

cual se pretendió controvertir el tamaño de la muestra del tráfico de

llamadas que ocurren en la red del concesionario y la metodología

para su obtención; pues basta hacer una lectura del acto reclamado y

de la demanda de amparo para advertir que se introducen cuestiones

que no fueron planteadas en el procedimiento de origen y generan

inseguridad jurídica a la autoridad responsable, dado que la sentencia

que se recurre no puede considerar aspectos que no fueron hechos

valer en el momento procesal oportuno.

- Tercer agravio. La sentencia recurrida transgrede lo previsto

en el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues lo determinado por la

Juez de Distrito es contrario a los criterios sostenidos por el Poder

Judicial de la Federación; como lo son los relativos a admitir alegatos

en un proceso, según las tesis de rubros: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”12 y “AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA”13.

12 Octava Época; registro: 205679; instancia: Pleno; tipo de tesis: aislada; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; núm. 53, mayo de 1992; materia(s): común; tesis: P. LV/92.13 Séptima Época; registro: 232627; instancia: Pleno; tipo de tesis: aislada; fuente: Semanario Judicial de la Federación; volumen 115-120, primera parte; materia(s): común, administrativa.

21


Asimismo, de los criterios relativos al derecho al debido

proceso, que incide en los procedimientos administrativos seguidos

en forma de juicio, según las tesis de rubros: “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”14 y “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”15.

De igual forma, respecto de los criterios relativos a la finalidad

de los alegatos y su función dentro de la garantía de audiencia, según

las tesis de rubros: “ALEGATOS DE BIEN PROBADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN”16 y “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES PARA RESPETARLA”17.

En ese sentido, lo determinado por la Juez de Distrito también

es contrario a los criterios sostenidos por el Primer y Segundo

Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa,

Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y

Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y

jurisdicción en toda la República, en particular lo considerado en los

amparos en revisión **********, **********, **********, **********, en los

14 Décima Época; registro: 2005716; instancia: Primera Sala; tipo de tesis: jurisprudencia; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; libro 3, febrero de 2014, tomo I; materia(s): constitucional; tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.).15 Novena Época; registro: 200234; instancia: Pleno; tipo de tesis: jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo II, diciembre de 1995; materia(s): constitucional, común; tesis: P./J. 47/95.16 Novena Época; registro: 172838; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; tipo de tesis: jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXV, abril de 2007; materia(s): administrativa; tesis: I.7o.A. J/37.17 Séptima Época; registro: 239419; instancia: Tercera Sala; tipo de tesis: aislada; fuente: Semanario Judicial de la Federación; volumen 217-228, cuarta parte; materia(s): común.

22


que se resolvió que el plazo de diez días para emitir la resolución

correspondiente debe computarse una vez concluido el plazo

establecido en el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, para formular alegatos.

Finalmente, la Juez de Distrito pasó por alto que al resolver el

diverso juicio de amparo **********, ya había concedido el amparo a la

misma quejosa, al haber considerado que operó la caducidad del

procedimiento sancionador; no obstante, tal determinación fue

revocada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia

Administrativa, Especializado en Competencia Económica,

Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de revisión

**********, en el que se determinó que para iniciar el cómputo de la

caducidad debió contarse a partir de que concluyó el término

otorgado a la empresa quejosa para formular alegatos, en tanto que,

en el procedimiento administrativo sancionador es aplicable la figura

jurídica contenida en el artículo 56 de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo.

Asimismo, las autoridades responsables, Pleno, Titular de la

Unidad de Cumplimiento y Director General Adjunto de Vigilancia del

Espectro Radioeléctrico, todos del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, y la parte quejosa interpusieron recursos de

revisión adhesiva18, en los que, en esencia, alegaron lo siguiente:

3. Recurso de revisión adhesiva interpuesto por las autoridades responsables, Pleno, Titular de la Unidad de Cumplimiento y Director General Adjunto de Vigilancia del

18 Fojas 171 a 228 y 229 a 255, respectivamente, del toca en que se actúa.

23


Espectro Radioeléctrico, todos del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

- Primer agravio. En el cuarto agravio de la recurrente quejosa,

se señala que la sentencia recurrida es ilegal por indebida motivación,

en relación con la constitucionalidad del artículo 45, fracción III, del

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Afirma que la autoridad responsable carece de atribuciones legales

que le permitan llevar a cabo monitoreos; no obstante, la autoridad

responsable cuenta con atribuciones expresas para llevar a cabo el

monitoreo del espectro radioeléctrico y, contrariamente a lo

argumentado por la recurrente, en los artículos 15, fracción XLIV, y

191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se

establecen las atribuciones necesarias de dicha autoridad

responsable.

- Segundo agravio. En el quinto agravio de la quejosa

recurrente se señala que toda vez que las mediciones de calidad del

servicio se efectuarán sin previo aviso a los concesionarios, se impide

que éstos sean citados a efecto de corroborar la práctica u ofrecer

pruebas de descargo en las diligencias de monitoreo, lo que

constituye una medida irrazonable y desproporcional, con el fin de

verificar la calidad del servicio; sin embargo, los trabajos de monitoreo

y vigilancia del espectro radioeléctrico, para analizar el

comportamiento de determinado servicio o tecnología que se lleva a

cabo por parte de la Dirección General Adjunta de Vigilancia del

Espectro Radioeléctrico, no constituye un acto de molestia y no puede

deparar perjuicio alguno a la quejosa.

24


- Tercer agravio. En el quinto agravio de la quejosa recurrente

se señala que, en la sentencia recurrida se transgreden los principios

procesales de congruencia y exhaustividad de las sentencias, por no

observarse el principio de mayor beneficio y no conceder el amparo

con los efectos más protectores; no obstante, tales argumentos son

inoperantes, toda vez que la quejosa recurrente solo ahonda en los

argumentos de su demanda de amparo, sin cuestionar las razones

jurídicas que llevaron a la Juez de Distrito a sobreseer en un aspecto

y negar el amparo en otro.

- Cuarto agravio. En el séptimo agravio de la quejosa

recurrente se señala que la sentencia recurrida carece de una debida

motivación en relación con que: 1) No existe omisión de practicar

visitas de verificación, ya que la Dirección General Adjunta de

Vigilancia del Espectro Radioeléctrico tiene facultades para

monitorear; 2) No se configuró la caducidad para emitir el acuerdo de

inicio del procedimiento; y 3) La Dirección General Adjunta de

Vigilancia del Espectro Radioeléctrico no es competente para

proponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Tales argumentos carecen de sustento, pues el Instituto Federal

de Telecomunicaciones tiene por objeto la regulación, promoción y

supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro

radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las

redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios

de radiodifusión y de telecomunicaciones, y para tales efectos ejerce

las atribuciones previstas en el artículo 15 de la Ley Federal de


25


4. Recurso de revisión adhesiva interpuesto por la quejosa:

- Primer agravio. La etapa previa a la emisión del acuerdo de

inicio del procedimiento administrativo sancionador es susceptible de

caducar ante la inactividad procesal del Instituto recurrente, lo que

acredita lo infundado del primer agravio del recurso de revisión

interpuesto por las autoridades responsables.

- Segundo agravio. Las pruebas ofrecidas por la quejosa son

admisibles y fue correcto que la Juez de Distrito las valorase, sin

perjuicio de que su análisis fuera indebido; pues los dictámenes

periciales en ingeniería de las telecomunicaciones y estadística son

medios probatorios que encuadran en el segundo párrafo del artículo

75 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, son elementos de prueba

admisibles en términos del diverso 119 de la propia ley.

- Tercer agravio. Fue correcta la determinación de caducidad

respecto del procedimiento administrativo sancionador, ante lo cual,

fue adecuada la concesión de la protección constitucional.

Tales recursos se turnaron al Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,


México y jurisdicción en toda la República, donde se registraron con

el número de expediente **********.

26


En sesión de ocho de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal

Colegiado de Circuito Especializado dictó una resolución19, a través de

la cual resolvió que:

- Deben quedar firmes, por no haberse expresado agravio en su

contra, los sobreseimientos decretados en los considerandos tercero

y quinto de la sentencia recurrida, en relación con los siguientes actos

reclamados:

1) Los efectos y consecuencias de la resolución en la que se

impuso multa a la quejosa, atribuidos a las autoridades señaladas

como responsables, pertenecientes al Instituto Federal de

Telecomunicaciones.

2) La realización de mediciones y la propuesta de inicio de

procedimiento sancionatorio.

3) El artículo 45, fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto

Federal de Telecomunicaciones.

4) La aplicación del artículo 45, fracciones III y IV del Estatuto

Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como de

los numerales 5.3 y 7.2 del acuerdo P/060612/288, por el que se

expidió la “Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión

Federal de Telecomunicaciones emite la metodología de mediciones

del Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil”,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio

19 Fojas 297 a 349 del cuaderno del amparo en revisión 59/2017, del índice del Tribunal Colegiado.

27


de dos mil doce, atribuido al Titular de la Unidad de Cumplimiento del

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

- El juicio de amparo procede respecto de los siguientes actos:

a) La expedición, aprobación, promulgación, sanción y orden de

publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de

dos mil catorce, en específico los artículos 298, inciso B), fracción IV,

y 299.

b) La emisión y aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto

Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el cuatro de septiembre de dos mil catorce, en específico

el artículo 45, fracción III.

c) La aprobación del acuerdo P/130711/291, por el que se

emitió la “Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión

Federal de Telecomunicaciones expide el Plan Técnico Fundamental

de Calidad del Servicio Local Móvil”, como cuerpo normativo y en

específico los numerales 3.1, 3.7. y 8.1, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el treinta de agosto de dos mil once.

d) La aprobación del acuerdo P/060612/288, por el que se

expidió la “Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión

Federal de Telecomunicaciones emite la metodología de mediciones

del Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil”,

como cuerpo normativo y en específico los numerales 5.3. y 7.2.,

28


publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio

de dos mil doce.

e) La resolución en la que se impuso multa a la quejosa, dictada

en el expediente administrativo de sanción **********, aprobada

mediante acuerdo **********, en sesión de veintitrés de octubre de dos

mil quince.

f) Los efectos y consecuencias de la resolución en la que se

impuso multa a la quejosa, atribuidos al Administrador

Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal 1 (hoy Ciudad

de México).

- Toda vez que subsiste el problema de constitucionalidad, en

relación con los artículos 298, inciso B, fracción IV y 299 de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se ordenó la

remisión de los autos a este Alto Tribunal.

QUINTO. Trámite ante esta Suprema Corte. Una vez que se

recibieron los autos del presente asunto, mediante acuerdo de treinta

de junio de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente determinó que

este Alto Tribunal asumiría su competencia originaria para conocer del

recurso de revisión; ordenó el registro del asunto con el número de

amparo en revisión 693/2017; turnó el expediente para su estudio al

Ministro Eduardo Medina Mora I., por lo que ordenó su envío a la

Sala de su adscripción y, finalmente, ordenó notificar al Agente del

Ministerio Público de la Federación20.

20 Fojas 258 a 262 del toca en que se actúa.

29


Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, el

Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al

conocimiento del asunto y, por tanto, ordenó remitir el expediente

relativo a su Ponencia para la elaboración del proyecto de resolución

respectivo21.

Finalmente, el proyecto de sentencia fue publicado de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de

Amparo en vigor; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver

este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de

Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos

Primero y Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, emitido

por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se

interpone contra la sentencia dictada por una Juez de Distrito en un

juicio de amparo indirecto en materia administrativa, especialidad de

esta Segunda Sala, sin que resulte necesaria la intervención del

Pleno de este Alto Tribunal.

21 Foja 564 del toca en que se actúa.

30


SEGUNDO. Legitimación, procedencia y oportunidad. Estos

aspectos no serán materia de análisis por esta Segunda Sala, pues el

Tribunal Colegiado Especializado que previno en el conocimiento del

asunto, determinó en su resolución de ocho de junio de dos mil

diecisiete, que los recursos de revisión principales y adhesivos

resultaban procedentes, estableciendo que fueron interpuestos dentro

del plazo legal correspondiente y por partes legitimada para ello.

TERCERO. Estudio de fondo. A continuación se analizan los

agravios vertidos por la parte quejosa en su recurso de revisión

principal, relativos a los temas de constitucionalidad propuestos en el

juicio de amparo, de conformidad con lo siguiente:

A. Tipicidad:

Esta Segunda Sala procede al estudio de los planteamientos

constitucionalidad propuestas por la parte quejosa, de los cuales, por

cuestión de metodológica, se analizará en forma preferente el

primero de los agravios sintetizados oportunamente, pues tal

planteamiento está encaminado a demostrar la ilegalidad de lo

resuelto en la sentencia recurrida respecto de la constitucionalidad del

artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, planteamiento que, de resultar

fundado produciría un mayor beneficio para la quejosa, al demostrarse

que la conducta reprochada a la ahora recurrente no está prevista en

la normatividad22.22 Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUÉLLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES” (Novena Época, Registro: 179367, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la

31


El agravio en estudio es infundado porque como se concluyó en

la sentencia recurrida, el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se complementa con

lo previsto en ese mismo ordenamiento y las demás disposiciones de

la materia, a efecto de integrar el tipo; por ende, ese precepto no viola

los principios de legalidad, seguridad jurídica, taxatividad o tipicidad.

Como preámbulo, debe indicarse que de los principios de

legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el

principio de tipicidad o taxatividad, conforme con el cual la conducta o

infracción debe estar prevista en una ley en sentido formal y material,

lo que exige el establecimiento claro y preciso de los elementos

necesarios para que el gobernado esté en posibilidad de conocer en

forma cierta sobre la conducta que puede generar una sanción. Así se

desprende de la jurisprudencia siguiente:

“NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. Si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 3/2005, Página: 5).

32


penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso”23.

En cuanto a la tipicidad o taxatividad de la conducta, cabe

agregar que en sesión celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

seis, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006, el Pleno de

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en torno a

ese principio, sobre el cual se determinó lo siguiente:

La pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad administrativa, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas penales; no obstante, la elección entre pena y sanción administrativa, no es completamente disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, en sede constitucional.

El principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones.

La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.

Para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no bastaría con una tipificación confusa o indeterminada que condujere a los gobernados a tener que realizar labores de interpretación,

23 Novena Época, Registro: 167445, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: P. /J. 33/2009, Página: 1124.

33


para las que no todos están preparados, y de esa manera tratar de conocer lo que les está permitido y lo que les está vedado hacer; por ello es esencial a toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, lo que está proscrito es que la norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficiente formulación.

El principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón.

Para dar continuidad a esta necesidad de certeza de la ley y seguridad jurídica, el juez, en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, no tiene más que asegurarse de conocer el alcance y significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal, para superar las deficiencias de la norma.

Dada la convergencia de los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley en el diverso principio de legalidad, se infiere que el segundo de los mencionados no se circunscribe únicamente a los actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos; esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado; por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio de tipicidad significa fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la infracción estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio de legalidad reconocido por el artículo 14 de la Ley Fundamental, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de sanciones, por imprevisibilidad de la infracción que no tenga un claro apoyo legal, debe considerarse

34


absolutamente proscrita en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele.

Las anteriores consideraciones dieron como resultado las

jurisprudencias P.J. / 100/ 2006 y P.J. / 99/ 2006, que llevan por rubro,

respectivamente: “TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS”24 y “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”25.

Es importante destacar que en ese precedente se refirió que

tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador

resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva

del Estado o ius puniendi, entendido como la facultad que tiene éste

de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos

y, conforme a ello y de un análisis integral del régimen de infracciones

administrativas, se desprende que el derecho administrativo

sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en

general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por

las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los

objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés

colectivo.

24 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 1667, registro 174326. 25 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo: XXIV, Agosto de 2006, página 1565, registro 174488.

35


En este orden, por sanción administrativa debe entenderse un

castigo infligido por la administración a un administrado como

consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este

castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la

imposición de una obligación de pago de una multa, arresto, etcétera.

La sanción administrativa cumple —en la ley y en la práctica—

distintos objetivos, ya sean preventivos o represivos, correctivos,

disciplinarios o de castigo.

Así, el valor superior perseguido mediante el principio de

tipicidad es la configuración de uno de los valores superiores del

orden jurídico, que previene la realización de actos autoritarios e

ilegales por parte de las autoridades encargadas de vigilar el

cumplimiento del orden jurídico.

Respecto de la forma de aplicar el principio de tipicidad dentro

del procedimiento administrativo sancionador, es importante destacar

que en la invocada jurisprudencia P.J./99/2006, se indicó que “…dada

la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación

constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador

puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la

traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda

hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas

garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida

en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el

desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo

administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y

asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando

los principios sancionadores propios para este campo de la potestad

36


punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido

tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho

penal…”.

Cabe señalar que si bien las sanciones administrativas se rigen

por el principio de exacta aplicación de la ley, el cual constituye un

derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden

criminal, tal principio alcanza a las sanciones administrativas, en

cuanto a que no se podrá aplicar a los gobernados una sanción de

esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley relativa y,

por ende, la garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse

no sólo al analizar la legalidad de una resolución administrativa que

afecte la esfera jurídica del particular, sino también al resolver sobre la

constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria.

Sin embargo, si bien al procedimiento administrativo

sancionador le son aplicables los principios que el derecho penal ha

desarrollado en tanto en ambos se trata de una manifestación de la

potestad sancionadora del Estado, también es cierto que esa

aplicación no resulta irrestricta, pues para ello es menester que los

citados principios sean útiles y pertinentes para la imposición de

sanciones administrativas en lo que no se opongan a las

particularidades de éstas, es decir, la traslación de los principios

penales a los ilícitos administrativos no puede operar en idénticos

términos o con iguales alcances.

Las anteriores consideraciones son acordes con lo que sostuvo

el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal al fallar la contradicción de

37


tesis 200/201326, en sesión de veintiocho de enero de dos mil catorce,

en la que se señaló que si bien los principios penales, como lo sería

en este caso el de tipicidad, aplican al procedimiento administrativo

sancionador, esta aplicación debe realizarse bajo la óptica de cada

caso en concreto.

Sentado lo anterior, es conveniente citar el contenido del artículo

cuya inconstitucionalidad se analiza, el cual dispone:

“Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por:IV. Otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo (…)”.

Del precepto transcrito se obtiene que el incumplimiento de lo

previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,

sus reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos

fundamentales, la normativa emitida por el Instituto Federal de

Telecomunicaciones y de las concesiones y autorizaciones cuando no

tengan una sanción específica, se sanciona con una multa de entre el

1% y el 3% de los ingresos del concesionario.

Lo expresado nos conduce a que en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión existen dos tipos de conductas

sancionables, un primer grupo de conductas perfectamente

26 De la que derivó la jurisprudencia por contradicción tesis P./J. 43/2014 (10a.), de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES” [Consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 41 de la Décima Época].

38


identificadas por el legislador y con sanciones específicas y un

segundo grupo de infracciones no identificadas en forma

pormenorizada pero igualmente sancionables con multa la cual oscila

entre los porcentajes precisados.

En efecto, en el primer grupo, el legislador se dio a la tarea de

identificar ciertas conductas específicas, las cuales destacó y detalló

en forma relevante, conforme con lo siguiente:

Conducta Sanción aplicable Fundamento legalPresentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información

Multa por el equivalente de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario o autorizado

Artículo 298, inciso A), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

Contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados


Artículo 298, inciso A), fracción II, de la Ley de Telecomunicaciones

Incumplir con las obligaciones de registro establecidas en esta Ley


Artículo 298, inciso A), fracción III, de la Ley de Telecomunicaciones

Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a Internet

Multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado

Artículo 298, inciso B), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

Contratar en exclusiva, propiedades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión, en contravención a las disposiciones aplicables u órdenes emitidas por la autoridad


Artículo 298, inciso B), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización cuyo incumplimiento no esté


Artículo 298, inciso B), fracción III, de la Ley de Telecomunicaciones

39


sancionado con revocaciónCelebrar acuerdos que impidan ofrecer servicios y espacios de publicidad a terceros

Multa por el equivalente de 1.1% hasta 4% de los ingresos del concesionario o autorizado

Artículo 298, inciso C), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

Ofrecer de forma discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad


Artículo 298, inciso C), fracción II, de la Ley de Telecomunicaciones

No observar los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas, conforme a la normatividad aplicable


Artículo 298, inciso C), fracción III, de la Ley de Telecomunicaciones

Establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo terminal del usuario con otros concesionarios que operen redes de telecomunicaciones


Artículo 298, inciso C), fracción IV, de la Ley de Telecomunicaciones

No cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley relacionadas con la colaboración con la justicia


Artículo 298, inciso C), fracción IV, de la Ley de Telecomunicaciones

Proporcionar dolosamente información errónea de usuarios, de directorios, de infraestructura o de cobro de servicios


Artículo 298, inciso C), fracción VI, de la Ley de Telecomunicaciones

No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones

Multa por el equivalente del 2.01% hasta 6% de los ingresos del concesionario o autorizado

Artículo 298, inciso D), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o autorizados con derecho a ello


Artículo 298, inciso D), fracción II, de la Ley de Telecomunicaciones

Interceptar información que se transmita por las redes públicas de

Multa por el equivalente del 2.01% hasta 6% de los ingresos del concesionario o

Artículo 298, inciso D), fracción III, de la Ley de

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telecomunicaciones, salvo que medie resolución de autoridad competente

autorizado Telecomunicaciones

Realizar modificaciones a la red sin autorización del Instituto, que afecten el funcionamiento e interoperabilidad de los equipos


Artículo 298, inciso D), fracción IV, de la Ley de Telecomunicaciones

No establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones de los usuarios


Artículo 298, inciso D), fracción V, de la Ley de Telecomunicaciones

Contravenir las disposiciones o resoluciones en materia de tarifas que establezca el Instituto


Artículo 298, inciso D), fracción VI, de la Ley de Telecomunicaciones

Incumplir con los niveles de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico establecidos por el Instituto


Artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley de Telecomunicaciones

Prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización

Multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora

Artículo 298, inciso E), fracción II, de la Ley de Telecomunicaciones

Interrumpir, sin causa justificada o sin autorización del Instituto, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos.

Multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora

Artículo 298, inciso E), fracción II, de la Ley de Telecomunicaciones

En cambio, cualquier otra conducta diferente de las

expresamente precisadas en el punto que antecede y que implique el

incumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus reglamentos, disposiciones

41


administrativas, planes técnicos fundamentales, la normativa emitida

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las concesiones y

autorizaciones, se sanciona con una multa de entre el 1% y el 3% de

los ingresos del concesionario o autorizado.

Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de fecha dos de

diciembre de dos mil ocho, se expresó en cuanto al tema de las

infracciones y sanciones, lo siguiente:

“…Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones establecido en el Título XIII debe quedar claro que se incorpora con claridad la verificación y el procedimiento para imponer sanción de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción de esta Ley, de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa.

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones establecidas en la Ley…”.

Por su parte, en el dictamen de las Comisiones Unidas de

Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y

Cinematografía, y de Estudios Legislativos, de cuatro de julio de dos

mil catorce, se expresó:

“… La Iniciativa propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores, homologándolo al esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. El esquema de salarios mínimos solo aplicará en el caso que no se cuente con la información de los ingresos del infractor.

Se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las

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sanciones que van de las más bajas a las más altas. En un apartado diferente, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión, ya sea de manera inmediata o cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario por lo menos en dos ocasiones por cualquiera de las causas previstas en dicho apartado.

Para la graduación del monto de la sanción, propone que se atienda a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y, en su caso, a la reincidencia, en cuyo caso se podrá duplicar. …El artículo 28 constitucional prevé que la ley se establezca un esquema efectivo de sanciones.

Para cumplir dicho mandato constitucional, el presente Proyecto de Decreto propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores, a fin de homologarlo con el esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica, aunado a que con el esquema basado en salarios mínimos se corría el riesgo que al momento de imponer la sanción, ésta podría ser de tal magnitud que se excedería incluso, los ingresos del infractor.

Los porcentajes de ingresos permiten imponer sanciones de manera equitativa, ya que la sanción que se llegue a imponer, incluso la máxima, será proporcional a los ingresos del infractor, lo que evita que llegue a ser ruinosa, tal como lo prohíbe el artículo 22 constitucional.

Las sanciones por porcentajes de ingresos evitan la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de la sanción y al mismo tiempo cumplen su función de ser ejemplares, a fin de inhibir la comisión de nuevas infracciones.

Para establecer sanciones por porcentajes, se debe contar con la información de los ingresos del infractor, por ello se prevé la facultad del Instituto de requerir al infractor tal información con apercibimiento que de no proporcionarlo, se optará por un esquema de salarios mínimos, el cual se diseñó en función de ingresos.

Además, en el presente Proyecto de Decreto establece que las conductas infractoras se clasifican en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. …Con respecto a los porcentajes de sanción, estas Comisiones Dictaminadoras establecieron un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión.

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Es importante señalar que sobre este aspecto el Secretariado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos respecto del régimen de sanciones opinó de la siguiente forma:

“El Secretariado de la OCDE celebra que el régimen de sanciones contemple penalidades ajustadas a los ingresos del operador. Sin embargo, las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296 E, Y 2.5% para las de radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306 C). Recomendamos aumentar las multas a 10% o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu ‘convergente’ de la Ley”.

Si bien la recomendación de la OCDE es la imposición de sanciones elevadas, estas Comisiones Dictaminadoras, bajo un criterio que atiende a la necesidad de dar instrumentos al órgano regulador para hacer cumplir sus determinaciones y regular adecuadamente a los regulados, pero también, considerando que las multas no deben ser de tal magnitud que su imposición impacte en la economía de los infractores: optaron por un sistema intermedio entre los montos propuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal y los montos recomendados por la OCDE, plasmándolos de un mínimo a un máximo, considerándolos suficientes para ser efectivos, correspondiendo a la autoridad su graduación atendiendo a las circunstancias del caso.

Sobre este tema, se realizó una revisión amplia de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Por principio, las modificaciones incluidas en el presente dictamen revisan diversos supuestos de sanción que propiciaban inseguridad jurídica, ya fuera porque estaban redactados en forma incompleta o equívoca, bien porque podían poner en duda el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión y al derecho a la información, o bien porque era necesario reubicar algunos supuestos a fin de reagruparlos en otros incisos y así dar mayor proporcionalidad a las multas que lleguen a imponerse.

Correlativamente, se han revisado integralmente los montos de las sanciones, en el sentido de incrementar en todos los casos los porcentajes punibles respecto de los ingresos de las personas que incumplan la legislación aplicable, lo que inhibirá con mayor fuerza cualquier conducta presuntamente infractora por parte de los particulares.

Como se mencionó, una de las preocupaciones más importantes de estas Comisiones en materia de sanciones "es que las mismas no sean un instrumento represivo o inhibitorio contrario al derecho humano a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución y que incluso fue objeto de reforzamiento en la reforma en materia de telecomunicaciones del 2013, así como evitar que, por medios indirectos o a través de interpretaciones subjetivas de buena o mala fe por parte de la autoridad, se vulnere, limite o restrinja este derecho humano esencial, que además ha sido determinante en la evolución política y democrática del país…”.

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Finalmente, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de

Comunicaciones y de Radio y Televisión, de ocho de julio de dos mil

catorce, se manifestó:

“…De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado.

En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento.

Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión...”.

Del proceso legislativo descrito puede afirmarse que el sistema

de infracciones administrativas establecido en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión se construyó sobre la base de la

gravedad de las infracciones, para lo cual el legislador estableció

sanciones menos gravosas para las conductas que estimó de menor

trascendencia, y mayores sanciones para las infracciones más graves.

Dentro de este sistema —como se ha indicado— el legislador

identificó claramente algunas conductas; sin embargo, hubo algunas

que no describió en forma expresa, sino sólo hizo una remisión

genérica a “…otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las

disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás

disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o

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autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el

presente capítulo…” (artículo 298, inciso B), fracción IV).

Esta disposiciones contienen una cláusula abierta mediante la

cual es posible definir una conducta sancionada con base en lo

previsto en la propia ley, o bien, en alguna otra norma, es decir, se

trata de una de remisión que debe ser completada con alguna otra

disposición jurídica, lo cual corre a cargo de la autoridad legalmente

competente, quien deberá emitir el acto concreto en forma escrita,

fundada y motivada, lo cual implica hacer una debida correlación entre

las normas para completar la conducta o tipo, así como a los aspectos

fácticos de cada caso, pero siempre atendiendo a lo previsto en la ley

por cuanto hace a la integración de la infracción a sancionar.

Esto es, la porción normativa que se examina establece como

supuesto de infracción una conducta que requiere de un complemento

previsto en el propio ordenamiento y en sus disposiciones

reglamentarias; así, para quedar plenamente integrada necesita ser

complementada con otro precepto para poder integrar la conducta

infractora normativamente prevista y que será sancionada con multa

prevista en el inciso B), fracción IV, del artículo 298 de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión; ello, pues el supuesto de

hecho sancionado no aparece descrito en su totalidad sino que debe

acudirse, como se dijo, a otra norma.

A través de las normas que contienen una cláusula abierta, el

legislador propicia una interpretación sistemática del ordenamiento y

de las normas reglamentarias y administrativas que de él derivan, en

tanto que esas disposiciones no pueden ser apreciadas fuera del

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contexto al que pertenecen, pues su sentido debe ser completado por

otras disposiciones pertenecientes al mismo sistema, por lo que es

necesario hacer un ejercicio constructivo para determinar su efectivo

alcance; en específico, los supuestos infractores que sanciona; sin

que ello implique una inobservancia a la exigencia de seguridad

jurídica y del principio de legalidad dado que, como se ha apuntado,

esa regla no exige un análisis fragmentado o aislado de la norma, sino

únicamente mira a que la conducta que es condición de la sanción se

contenga en una predeterminación clara y precisa, de tal forma que

permita a las personas la previsibilidad de las conductas y evite la

arbitrariedad de la autoridad.

Esto es, no existe impedimento para que se establezca como

conducta infractora el incumplimiento a obligaciones previstas en otras

partes de la ley o en reglamentos derivados de esa ley u otras normas

administrativas, pues existe una relación racional entre ellas, lo que

permite inferir su contenido con certeza suficiente, pues la intención

del propio legislador fue privilegiar el cumplimiento, entre otros

aspectos, de cualquier norma o disposición que rija a las

telecomunicaciones, las cuales —de acuerdo a la propia ley—

constituyen una regulación técnica de observancia obligatoria

expedida por las dependencias competentes.

Sobre todo porque las facultades de la autoridad administrativa

quedan acotadas al impedir actuaciones arbitrarias o caprichosas,

toda vez que no se le permite realizar una determinación unilateral y

libre de lo que debe considerarse como conducta infractora, sino que,

para ello, debe atender a la directriz que prevé la propia norma

combatida, es decir, sustentarla en el incumplimiento de una

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obligación expresamente prevista en alguna disposición legal,

reglamentaria o administrativa que rija a las telecomunicaciones, lo

que basta para respetar el derecho de seguridad jurídica, porque, se

insiste, el legislador cuenta con la facultad de establecer en una sola

disposición, o en varias, o remitir a otras de distintos ordenamientos,

como disposiciones de carácter general, los elementos esenciales de

la conducta, así como la forma, contenido y alcance de la infracción,

siempre y cuando no quede margen para la arbitrariedad de las

autoridades encargadas de imponer la sanción correspondiente, para

lo cual basta realizar una interpretación sistemática de todos ellos,

que produce que el gobernado esté en posibilidad de conocer la

conducta que puede constituir infracción y las sanciones a las que se

hará acreedor por situarse en la hipótesis punitiva respectiva.

Un ejemplo de integración de conductas infractoras conforme

con esa cláusula abierta es lo previsto en el artículo 291, segundo

párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión27,

conforme con el cual los concesionarios, autorizados y cualquier

persona relacionada, están obligados a permitir a los verificadores del

Instituto Federal de Telecomunicaciones, el acceso al domicilio de la

empresa e instalaciones. Esta conducta no está expresamente

prevista en el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión; sin embargo, su incumplimiento se sanciona conforme

27 “Artículo 291. El Instituto verificará y supervisará, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, las disposiciones que deriven de ella, así como de las condiciones y obligaciones establecidas en las concesiones, autorizaciones y demás disposiciones aplicables.Para tal efecto, los concesionarios, autorizados y cualquier persona relacionada, estarán obligados a permitir a los verificadores del Instituto, el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades, información y documentación para que realicen la verificación en los términos de la presente Ley, incluidos los acuerdos y contratos realizados con terceros que estén relacionados con el objeto de dichas concesiones o autorizaciones”.

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con lo previsto en el inciso B), fracción IV, de ese precepto pues

corresponde a una obligación claramente establecida en la ley.

Es importante destacar que en el caso concreto, el complemento

de lo previsto en el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentra en el

“Plan Técnico Fundamental de Calidad en el Servicio Local Móvil”; por

ende, para la debida integración de una conducta administrativa

sancionada ante el incumplimiento de lo previsto en dicho Plan es

necesario apoyarse tanto en ese precepto, como en la parte

conducente del acuerdo o autorización otorgado al particular y en el

artículo 298, inciso B), fracción IV, de la citada ley, pues de esa

manera se integra la conducta específicamente sancionada y la multa

aplicable ante el incumplimiento desplegado por el particular infractor.

En este orden, la conjunción de los referidos preceptos no

representa una arbitrariedad por parte de la autoridad legislativa, ni

crea inseguridad jurídica en torno a la conducta que se contempla

como infractora, ya que mediante la remisión contenida en el artículo

298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión a los deberes u obligaciones previstos en la normativa

aplicable, es posible conocer el vínculo claro y preciso entre esos

preceptos y determinar la obligación a cumplir, así como la infracción

ante su desacato.

Esto ocurre porque ante la remisión legislativa a las demás

violaciones en que pueda incurrirse conforme a las disposiciones

aplicables, debe acudirse a las que establezcan alguna obligación,

cuya inobservancia resulta en la comisión del ilícito administrativo, con

49


lo cual se establece la conducta irregular sancionada; de ahí que el


Telecomunicaciones y Radiodifusión no transgrede el principio de

tipicidad por el hecho de no precisar las conductas constitutivas de

infracción, pues el referido numeral debe relacionarse con los diversos

preceptos de la materia, con lo cual no se deja al arbitrio de la

autoridad la causa de la imposición de una sanción determinada y el

gobernado conoce cuáles son las conductas que se consideran

infracciones, respetando así el principio de tipicidad; esto, con

independencia que se prevean en diversos preceptos del

ordenamiento jurídico; de ahí lo infundado del agravio expuesto. Al

caso es aplicable el criterio siguiente:

“TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a aquellos del derecho penal sustantivo como el de legalidad y, particularmente, al de tipicidad, que exige una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Sobre esa base, cuando la norma que contiene el supuesto de infracción establece: ‘las demás violaciones a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias’ o expresiones similares, no vulnera el principio de tipicidad, siempre que la conducta de reproche se desprenda de la propia legislación o de sus disposiciones reglamentarias y permita al gobernado su previsibilidad, evitando con ello la arbitrariedad de la autoridad administrativa al establecer una sanción”28.

Con similares consideraciones, esta Segunda Sala resolvió en

sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis —por

28 Décima Época, Registro: 2013245, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXXVI/2016 (10a.), Página: 919.

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unanimidad de cinco votos— el amparo en revisión 796/2016, en el

cual se analizó la constitucionalidad del artículo 71, apartado C,

fracción V, de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo

contenido era similar al de la norma ahora reclamada29.

B. Proporcionalidad de la base:

A continuación se analiza la porción del tercer agravio, en la

cual la recurrente cuestiona la conclusión contenida en la sentencia de

amparo en cuanto a que el artículo 299 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión es constitucional a pesar de que

la base para imponer sanciones (ingreso acumulable) no guarda una

relación con la verdadera capacidad contributiva del sujeto a quien se

sanciona.

Los agravios aducidos son inoperantes por las razones que a

continuación se expresan.

En primer término, es importante precisar que si bien la

recurrente aduce violación a lo dispuesto en el artículo 22

constitucional por estimar excesiva la base de la multa que prevén los

preceptos reclamados (ingreso acumulable), también lo es que de la

lectura a los conceptos de violación y a los agravios que ahora se

examinan, se desprende que en realidad pretende demostrar la falta

de proporcionalidad de ese elemento; esto porque considera que al

cuantificarse las sanciones con base en el ingreso acumulable, no se

29 “Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Secretaría de conformidad con lo siguiente:C. Con multa de 2,000 a 20,000 salarios mínimos por:V. Otras violaciones a disposiciones de esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella emanen…”.

51


atiende a la verdadera capacidad del sujeto, pues para que ello

ocurra, en su caso, sería necesario atender a la utilidad fiscal (ingreso

acumulable menos deducciones autorizadas, menos pérdidas

fiscales), lo que denota que realidad pretende evidenciar la falta de

relación entre la base para sancionar y la capacidad del infractor,

aspecto que en está encaminado a demostrar la falta de

proporcionalidad entre esos elementos (relación entre base y la

capacidad del sujeto).

Ahora bien, el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, transcrito en el

apartado que antecede establece que las infracciones a lo dispuesto

en ese ordenamiento y a las disposiciones que de él deriven se

sancionarán por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con multa

por el equivalente del 1% (uno por ciento) hasta el 3% (tres por ciento)

de los ingresos del concesionario o autorizado por violaciones a la ley,

a los reglamentos, disposiciones administrativas y otros.

Por su parte, el artículo 299 reclamado prevé en su primer

párrafo, que los ingresos a que se refiere el diverso 298 serán los

acumulables. El primer párrafo de esa disposición se reproduce a

continuación:

“Artículo 299. Los ingresos a los que se refiere el artículo anterior, serán los acumulables para el concesionario, autorizado o persona infractora directamente involucrado, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si estos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente para los efectos del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior (…)”.

52


También es importante indicar que el artículo 1° del

ordenamiento materia de análisis dispone que su objeto es el de

regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro

radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a

la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la

comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de

interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la

convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las

audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos

sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los

derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución

Federal.

Se trata entonces de un ordenamiento federal correspondiente a

la materia de las telecomunicaciones, que no regula cuestión alguna

de carácter tributario.

Precisado lo anterior, como se anunció, los argumentos

aducidos por la quejosa son inoperantes en virtud de que éstos

tienden a evidenciar que la sanción consistente en multa calculada

con base en ingresos acumulables prevista en los preceptos

reclamados, transgrede el principio de proporcionalidad; sin embargo,

no se trata de una hipótesis normativa de carácter tributario y, por

ende, los planteamientos hechos valer en ese sentido son

equivocados.

En efecto, es verdad que el artículo 299 utiliza el concepto

ingresos acumulables para el cálculo de la multa que a su vez prevé el

diverso 298, inciso B), del propio ordenamiento reclamado, empero,

53


su mención se entiende como un parámetro de carácter económico

porque es un referente del resultado de la actividad que lleva a cabo

el sujeto sancionado. En otras palabras, corresponde a una dato

económico producto de la actividad que en su caso, realiza el sujeto

de la ley.

Esto explica que el legislador haya acudido a ese concepto

porque se convierte en la herramienta con base en la cual la autoridad

administrativa puede llevar a cabo una valoración objetiva para la

determinación de una sanción consistente en multa.

Si partimos de esa base, se tiene que el uso de este término en

la Ley reclamada no obedece a razones de carácter fiscal, sino que,

como se apuntó, es un parámetro objetivo, real y regulado 30,

características que lo hacen razonable y, por lo tanto, es un

instrumento que no permite a la autoridad administrativa calcular la

multa a que se refiere el artículo 298, inciso B), con base en criterios

subjetivos o discrecionales, lo que implica a su vez, que acudir a la

figura de ingreso acumulable brinda seguridad jurídica a los sujetos

del ordenamiento, porque en caso de aplicación de una sanción de

carácter económico con apoyo en los preceptos reclamados, la

autoridad partirá de una base objetiva y real, con lo que se evitan

decisiones arbitrarias.

En consecuencia, la referencia a ingresos acumulables no

significa que el examen de la disposición deba llevarse a cabo en los

términos que plantea la recurrente, es decir, respecto de figuras

propias del derecho fiscal, ya que el uso de ese concepto no es de

30 Esto porque el ingreso acumulable se encuentra regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

54


carácter tributario y, por lo mismo, no rige lo dispuesto por el artículo

31, fracción IV constitucional.

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, la tesis que a

continuación se reproduce:

“MULTAS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En las multas por infracciones administrativas no es necesario tomar en cuenta la capacidad contributiva, la proporcionalidad ni la equidad tributarias, generalmente aplicables al estudio de las contribuciones, porque son de distinta naturaleza, pues derivan del incumplimiento a normas administrativas y, en ese orden, si se alega violación a tales principios el argumento relativo resulta inoperante”.

De acuerdo con lo razonado, ha lugar a declarar inoperantes los

agravios aducidos en contra del artículo 299 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuanto incluye el concepto de

ingreso acumulable.

C. Violación al artículo 22 constitucional:

Finalmente, otra porción del tercer agravio es fundada, según

se explica enseguida.

En tal porción, la recurrente alega que en la sentencia recurrida

no se abordó la totalidad de los planteamientos respecto de la

pretendida inconstitucionalidad de los preceptos reclamados de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Lo anterior, toda vez que una de las líneas argumentativas de la

quejosa en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

55


Radiodifusión consistió en la falta de relación entre las conductas sancionadas por el artículo 298 de esa norma, la gravedad o daño

causado con la conducta y las sanciones ahí establecidas, lo que se

traduce en un desfase entre tales aspectos.

Así las cosas, es necesario precisar que en la sentencia

recurrida, la Juez de Distrito expresó lo siguiente:

“El Pleno de la SCJN ha establecido que las disposiciones de observancia general que prevén sanciones administrativas pecuniarias en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo no pueden considerarse inconstitucionales, en virtud de que la autoridad cuenta con un parámetro para su individualización.En el caso, de la interpretación literal del artículo 298 de la LFTR, se advierte que la infracción que contempla corresponde a un mínimo del 1% y como máximo el 3% de los ingresos acumulables del concesionario.En ese sentido, el artículo 301 de dicha ley, establece que para determinar el monto de dicha multa, se debe considerar la gravedad de la infracción provocada, la capacidad económica del infractor, la reincidencia y en su caso, las atenuantes de la sanción, como el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio.En conclusión, del análisis sistemático de tales preceptos, se determina válidamente que, por un lado, la multa establecida en el artículo 298 oscila entre un mínimo y un máximo, por otro, que para determinar qué porcentaje de ese rango se debe determinar al infractor, se deberán considerar los elementos revistos en el diverso 301 de la ley.En esa medida, contrario a lo que aduce la quejosa, los preceptos reclamados no pueden declararse inconstitucionales”.

Como puede apreciarse, al sintetizar y analizar lo alegado en los

conceptos de violación, la Juez no realizó pronunciamiento alguno en

cuanto a la cuestión de constitucionalidad planteada por la quejosa en

cuanto a la relación entre la conducta infractora y la sanción aplicable

pues se limitó a estudiar el planteamiento atinente a que el ingreso

acumulable permite que las sanciones impuestas sean diferentes en

cada caso concreto.

56


En efecto, en el recurso de revisión, la recurrente señala que en

relación con el estudio del argumento de “multa excesiva”, la Juez de

Distrito incurre en la incongruencia externa de justificar la

constitucionalidad de las normas impugnadas con base en la

consideración de que en el artículo 298, inciso B), se establece un

parámetro mínimo (1%) y uno máximo (3%) de los ingresos

acumulables del concesionario infractor, por lo que no es excesiva la

multa pues el quantum de la multa se determinará a partir de los

elementos establecidos en el artículo 301 de la Ley Federal de


Contrario a lo argumentado por la Juez, la quejosa no se dolió

de la falta de parámetros para la fijación de la sanción pecuniaria,

pues su causa de pedir se refiere a la desproporcionalidad abstracta

del parámetro mínimo del 1% de los ingresos acumulables.

Al respecto, la quejosa añadió que si bien, el legislador goza de

un amplio margen de atribuciones para diseñar los tipos

administrativos de la manera más eficaz posible, lo cierto es que no

puede desatender el mandato que se le impone en el artículo 22 de la

Constitución Federal, relativo a respetar el principio de

proporcionalidad de las sanciones, para lo cual debe considerar no

sólo la gravedad del delito cometido sino la magnitud real del daño

causado con la conducta específica que estima sancionable y el

margen mínimo a partir del cual se individualiza la sanción.

Luego, si como se ha evidenciado, en la sentencia de amparo se

omitió analizar el referido planteamiento —de lo cual deriva lo

fundando del agravio—, entonces, de conformidad con lo previsto en

57


la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, procede abordar el planteamiento en cuya omisión incurrió la Juez de Distrito.

Para abordar el planteamiento contenido en el tercer concepto

de violación, debe tenerse en consideración tanto el bien jurídico

protegido31, como lo expresado en el proceso legislativo de tal

ordenamiento.

Con relación al bien jurídico protegido, la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión “…tiene por objeto regular el

uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las

redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura

activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la

prestación de los servicios públicos de interés general de

telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los

derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de

competencia y libre concurrencia en estos sectores…”32, para la

consecución de los fines y el ejercicio de los derechos establecidos en

los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con la interpretación hecha por el Pleno de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de

Inconstitucionalidad 26/2006, respecto del artículo 27 constitucional, el

espectro radioeléctrico es un bien de uso común que, en términos de

31 “AGUAS NACIONALES. LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, ATIENDE A PARÁMETROS DE RAZONABILIDAD CONSIDERANDO EL BIEN JURÍDICO QUE SE PRETENDE PROTEGER” (Décima Época, Registro: 2000712, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. XLI/2012 (10a.), Página: 1345).32 Conforme a su artículo 1° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

58


la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de

dominio público de la Federación, lo cual implica que para su

aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o

permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente

establecidos33.

Lo anterior implica que ese bien requiere una protección

especial por parte del Estado, por lo cual, el eventual incumplimiento

de las normas relacionadas con su protección exige el establecimiento

de sanciones tendentes a su salvaguarda y a desincentivar su

afectación; es decir, la imposición de sanciones respecto de

conductas que atenten en contra del espectro radioeléctrico tiene una justificación constitucional consistente en la protección de un bien limitado y propiedad de la nación cuyo aprovechamiento está reglado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión.

Esto es, la ley en comento busca la protección de diversos

derechos y bienes jurídicos previstos y tutelados constitucionalmente;

por ende, las conductas que atenten en contra de esos derechos y

bienes, exigen el establecimiento de sanciones que guarden relación

con el bien jurídico protegido.

33 “ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO” (Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P. /J. 65/2007, Página: 987).

59


En este sentido, como se ha expuesto oportunamente, del

proceso legislativo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente:

El sistema de sanciones se estructuró sobre la base de la gravedad de las infracciones, para lo cual el legislador estableció sanciones menos gravosas para las conductas que estimó de menor trascendencia, y mayores sanciones para las infracciones más graves.

El legislador identificó claramente algunas conductas, las cuales describió expresamente en el artículo 298 de la Ley de Telecomunicaciones; sin embargo, hubo algunas que no describió en forma expresa, sino sólo hizo una remisión genérica a “…otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo…” (artículo 298, inciso B), fracción IV).

El sistema de sanciones atiende a porcentajes bajos —respecto de los sugeridos por la OCDE— pero en razón de una base amplia como lo es el ingreso acumulado del infractor, con lo cual se busca inhibir las conductas sancionadas.

En la estructuración del sistema sancionatorio el legislador identificó cinco grupos de sanciones.

En cuanto al último de los aspectos indicados, esto es, la

creación de cinco grupos distintos de sanciones, éstas pueden

identificarse del modo siguiente:

Importe de la sanción (multa) Fundamento legal1. Entre el 0.01% y hasta 0.75% de los ingresos acumulables

Artículo 298, inciso A), fracciones I, II y III.

2. Entre el 1% y hasta el 3% de los ingresos acumulables

Artículo 298, inciso B), fracciones I, II, III y IV.

3. Entre el 1.1.% y hasta el 4% de los ingresos acumulables

Artículo 298, inciso C), fracciones I, II, III, IV, V y VI.

4. Entre el 2.01% y hasta el 6% de los ingresos acumulables

Artículo 298, inciso D), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII.

5. Entre el 6.01% y hasta el 10% de los ingresos acumulables

Artículo 298, inciso E), fracciones I y II

60


A efecto de analizar el argumento propuesto por la quejosa, es

prudente hacer algunas consideraciones, atento a lo siguiente:

De conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos34, están prohibidas las penas o

sanciones excesivas. Si bien la terminología empleada en la norma

constitucional pareciera estar referida a la materia penal dado que

habla de pena y delito, lo cierto es que tal norma es aplicable para

todas las normas que establezcan sanciones, con independencia de la

materia de que se trate, pues en realidad lo que se procura es la

proporcionalidad entre la conducta y la sanción aplicable. Así se

obtiene del criterio siguiente:

“PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional”35.

34 “Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado…”.35 Décima Época, Registro: 160280, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 3/2012 (9a.), Página: 503.

61


Por ejemplo, en materia penal dicho principio procura que delitos

como las lesiones sean sancionados en menor medida que el

homicidio simple, o que el homicidio doloso, pues claramente las

consecuencias de una conducta y otra producen efectos distintos, por

lo que sería desproporcionado imponer una mayor sanción para las

lesiones que para el homicidio en cualquiera de sus modalidades36.

Dentro de las formas del derecho punitivo del Estado no sólo

encontramos al derecho penal, sino que también es posible la

imposición de sanciones de naturaleza no penal, como son las

correspondientes al derecho administrativo sancionador, el cual tiene

sus propios principios constitucionales, pero esto no excluye la

posibilidad de acudir a los principios del derecho penal, ya que ambos

derivan de la potestad punitiva del Estado. Así lo consideró el Pleno

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia

P./J. 99/2006, que indica:

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas

36 “HOMICIDIO CALIFICADO. EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ LAS PENAS APLICABLES A QUIENES COMETAN ESE DELITO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” (Novena Época, Registro: 165791, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCXXVIII/2009, Página: 282).

62


manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal”37.

Sin embargo, no todos los principios del derecho penal son

aplicables al derecho administrativo sancionador, pues como se ha

dicho, éste tiene sus propios principios constitucionales, de tal suerte

que los principios rectores de la materia penal aplican a la materia

administrativa con ciertas modulaciones38.

Incluso, en materia de telecomunicaciones, el Pleno de este Alto

Tribunal ha estimado que principios como el de legalidad deben

modularse, pues al tratarse de normas administrativas derivadas del

modelo del Estado Regulador, ese principio no implica que

necesariamente deba existir una ley precedida que sea la medida de

sus disposiciones de carácter general, pues constitucionalmente, de

existir una inactividad legislativa sobre la materia, el órgano regulador

podría emitir dichas disposiciones y autónomamente lograr validez si

37 Novena Época, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 99/2006, Página: 1565.38 “FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” (Décima Época, Registro: 2011291, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. VI/2016 (10a.), Página: 1294).

63


no exceden las delimitaciones internas del indicado artículo 28

constitucional. Así se obtiene del criterio siguiente:

“INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). A SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MODULADO CONSTITUCIONALMENTE POR EL MODELO DE ESTADO REGULADOR. Si bien a las disposiciones administrativas de carácter general emitidas por el IFT no les son aplicables los principios del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sí lo son a los reglamentos del Ejecutivo, lo cierto es que les resulta aplicable el principio de legalidad, pero de una manera modulada, acorde al modelo de Estado Regulador, para reflejar la intención del Constituyente de depositar en aquél un poder de creación normativa suficiente para innovar o configurar el ordenamiento jurídico exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia. En este sentido, en primer lugar, cabe precisar que, con motivo de los artículos 73, fracción XVII, 6o. y 28 constitucionales, a las disposiciones aludidas del IFT les resulta aplicable el principio de subordinación jerárquica con las leyes, entendido de una forma diferenciada acotada a la expresión del artículo 28 constitucional, que establece que las facultades de éste deben entenderse conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes; atendiendo a su carácter diferenciado, este principio no implica que necesariamente deba existir una ley precedida que sea la medida de sus disposiciones de carácter general, pues constitucionalmente, de existir una inactividad legislativa sobre la materia, el órgano regulador podría emitir dichas disposiciones y autónomamente lograr validez si no exceden las delimitaciones internas del indicado artículo 28; no obstante, de existir una ley en la materia y un cuerpo de disposiciones administrativas de carácter general, debe concluirse que ambas fuentes no se encuentran en paridad, pues las normas administrativas de carácter general del IFT se encuentran en un peldaño normativo inferior, por lo que en caso de conflicto deben ceder frente a la ley; luego, deben respetar la exigencia normativa de no contradicción con las leyes. Sin embargo, esta modulación exige reconocer la no aplicación del principio de reserva de ley, ya que su función es inhibir lo que busca propiciar el artículo 28, vigésimo párrafo, fracción IV, constitucional, esto es, la regulación propia de un ámbito material competencial para desarrollar un cuerpo de reglas que avance los fines estructurales y de protección de derechos a la libertad de expresión y acceso a la información en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en un espacio independiente de las presiones políticas que impulsan el proceso democrático, así como de los intereses de los entes regulados. Por tanto, por regla general, en sede de control ha de avaluarse la validez de las disposiciones de carácter general del órgano regulador a la luz del principio de legalidad, considerando que, de los dos subprincipios que lo integran, sólo el de subordinación jerárquica de la ley resulta aplicable de una forma diferenciada (atendiendo a la exigencia de no

64


contradicción) y no el de reserva de ley, a menos de que en el texto constitucional se disponga expresamente lo contrario”39.

Con relación a las multas excesivas, esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha estimado que tienen tal carácter las

sanciones que no atienden a las posibilidades económicas del

infractor con relación a la gravedad de la conducta punible, es decir,

cuando no exista una relación razonable entre la conducta reprochable y la sanción procedente, en razón de la gravedad y

efectos que cada conducta produce, de tal suerte que cuando la

irregularidad es de gran trascendencia, la sanción sea

considerablemente excesiva y, por tanto, que sea significativa; a

contrario, si la conducta infractora es menor, entonces la sanción

igualmente tendrá que ser inferior. Al caso cobra aplicación el criterio

siguiente:

“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda”40.

39 Décima Época, Registro: 2010669, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 48/2015 (10a.), Página: 34.40 Novena Época, Registro: 200347, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/95, Página: 5.

65


Sentado lo anterior, debe reiterarse que el artículo 298 de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece cinco

rangos o categorías diferentes de sanciones, todas referidas a un

porcentaje del ingreso acumulable del infractor.

El primer grupo de sanciones, es decir, las que oscilan entre el

0.01% y hasta 0.75% de los ingresos acumulables del infractor,

corresponde a las conductas previstas en el artículo 298, inciso A),

fracciones I, II y III; es decir, a:

I. Presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información.II. Contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados.III. Incumplir con las obligaciones de registro establecidas en la Ley.

El segundo de los montos de sanción (entre el 1% y hasta el

3% de los ingresos acumulables) procede cuando se realiza alguna de

las conductas previstas en el Artículo 298, inciso B), fracciones I, II, III

y IV, es decir:

I. Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a Internet.II. Contratar en exclusiva, propiedades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión, en contravención a las disposiciones aplicables u órdenes emitidas por la autoridad.III. Incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización cuyo incumplimiento no esté sancionado con revocación.IV. Cualquier otra violación a lo previsto en la Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo (este es el supuesto que se consideró actualizado en el caso).

El tercer rango de sanciones (de entre el 1.1.% y hasta el 4%

de los ingresos acumulables) se aplica cuando se realiza alguna de

66


las conductas descritas en el artículo 298, inciso C), fracciones I, II, III,

IV, V y VI, de la Ley, a saber:

I. Celebrar acuerdos que impidan ofrecer servicios y espacios de publicidad a terceros.II. Ofrecer de forma discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad.III. No observar los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas, conforme a la normatividad aplicable.IV. Establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo terminal del usuario con otros concesionarios que operen redes de telecomunicaciones.V. No cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley relacionadas con la colaboración con la justicia.VI. Proporcionar dolosamente información errónea de usuarios, de directorios, de infraestructura o de cobro de servicios.

En el cuarto rango de sanciones aplicables, es decir, aquellas

que oscilan entre el 2.01% y hasta el 6% de los ingresos acumulables

del infractor, se encuentran las conductas siguientes (previstas en el

artículo 298, inciso D), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, de la Ley):

I. Incumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones.II. Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o autorizados con derecho a ello. III. Interceptar información que se transmita por las redes públicas de telecomunicaciones, salvo que medie resolución de autoridad competente. IV. Realizar modificaciones a la red sin autorización del Instituto, que afecten el funcionamiento e interoperabilidad de los equipos. V. No establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones de los usuarios. VI. Contravenir las disposiciones o resoluciones en materia de tarifas que establezca el Instituto.VII. Incumplir con los niveles de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico establecidos por el Instituto.

Finalmente, en el quinto rango o categoría, es decir, aquellas

conductas que se sancionan con las infracciones más altas (entre el

6.01% y hasta el 10% de los ingresos acumulables del infractor),

67


encontramos las conductas previstas en el artículo 298, inciso E),

fracciones I y II, de la Ley, a saber:

I. Prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, oII. Interrumpir, sin causa justificada o sin autorización del Instituto, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos.

Como puede apreciarse, en el primer rango se sancionarán

infracciones de menor trascendencia o impacto para las

telecomunicaciones y las cuales no afectan directamente la utilización

o aprovechamiento del espectro radioeléctrico; por el contrario, se trata de infracciones de carácter meramente formal o técnico, como lo es la presentación extemporánea de avisos, reportes,

documentos o información, o bien, el incumplimiento de las

obligaciones de registro.

El segundo rango de sanciones corresponde a infracciones cuya

trascendencia deja de ser meramente formal o de carácter técnico

(homologación de equipos, la cual no afecta la prestación del servicio

ni el aprovechamiento del espectro), pues se imponen respecto de

conductas que afectan los derechos de terceros (bloquear,

interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho

de cualquier usuario del servicio de acceso a Internet), el desacato a lo dispuesto por la autoridad (contratar en exclusiva, propiedades

para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones o

radiodifusión, en contravención a las disposiciones aplicables u

órdenes emitidas por la autoridad) o la inobservancia de la normativa aplicable (concesiones o autorizaciones cuando ello no

genere la revocación y el incumplimiento de lo previsto en la Ley, los

68


Reglamentos, las disposiciones administrativas, planes técnicos

fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto).

Como puede apreciarse, las conductas sancionadas con ese

rango de multas ya no corresponden a aspectos meramente formales

o infracciones menores, sino que se refiere a la afectación de terceros

y al incumplimiento de los diversos tipos de normas y actos aplicables;

de ahí que se trata de infracciones de mayor entidad jurídica y, por

tanto, las multas procedentes son superiores a las previstas en el

primer rango.

El tercer rango de sanciones se impone respecto de conductas que afectan la prestación de los servicios y no generan condiciones de competitividad (celebrar acuerdos que impidan

ofrecer servicios y espacios de publicidad a terceros; ofrecer de forma

discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad; establecer

barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo

terminal del usuario con otros concesionarios que operen redes de

telecomunicaciones; proporcionar dolosamente información errónea

de usuarios, de directorios, de infraestructura o de cobro de servicios),

o bien, de conductas dañinas para la salud de las personas (inobservar los límites de exposición máxima para seres humanos a

radiaciones electromagnéticas) o bien, el desacato a las obligaciones impuestas en la ley y relacionadas específicamente con la colaboración de la justicia.

El cuarto rango de sanciones está previsto para infracciones las

cuales ya afectan la calidad de los servicios de telecomunicaciones (incumplir con las obligaciones en materia de

69


operación e interconexión de redes de telecomunicaciones o realizar

modificaciones a la red sin autorización del Instituto que afecten el

funcionamiento e interoperabilidad de los equipos; incumplir con los

niveles de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico establecidos

por el Instituto); generan falta de condiciones de competitividad (ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o

autorizados), afectan el derecho a la privacidad de las comunicaciones (interceptar información que se transmita por las

redes públicas de telecomunicaciones o no establecer las medidas

necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las

comunicaciones de los usuarios), generan ventajas económicas y falta de competitividad (contravenir las disposiciones o resoluciones

en materia de tarifas que establezca el Instituto).

Finalmente, el quinto rango de sanciones corresponde a las conductas que se busca a toda costa no se presenten y, de suceder,

que la sanción sea totalmente inhibitoria de nuevas infracciones de

esa índole, pues esas conductas se consideran como las que mayor afectación general en el espectro radioeléctrico y en la prestación de los servicios de telecomunicaciones (bienes tutelados), como

lo es la suspensión injustificada del servicio o el uso indebido de ese

bien finito y limitado de la Nación.

Sentado lo anterior, es conveniente reiterar que la conducta

reprochada a la quejosa consistió en la violación de lo previsto en el

“Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil”, en

virtud de que durante la celebración de la denominada “Feria de

León”, se detectaron eventos fallidos en la prestación el servicio, por

lo que se estimó procedente aplicar la sanción prevista en la fracción

70


IV, inciso B), del artículo 298 de esa Ley, por tanto, se impuso la sanción equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos

acumulables de la persona moral infractora, la cual corresponde a la

mínima legalmente posible para las conductas previstas en esa

porción normativa.

Claramente la conducta reprochada no corresponde a alguna de

aquellas expresamente descritas en el artículo 298 de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión; por el contrario, se trata de

una conducta no prevista expresamente en esa norma, pero que es

sancionable a partir de lo establecido en otros preceptos normativos y

con base en la fracción IV del inciso B), del citado numeral, siendo

sancionable con una multa que oscila entre el 1% y hasta el 3% del

ingreso acumulable del infractor.

Esto es, las conductas que pueden configurarse a partir de lo

previsto en la fracción IV, inciso B), del artículo 298 de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión pueden ser muy variadas y

distintas respecto de aquellas expresamente consideradas por el

legislador en los inciso A), fracciones I, II y III; B), fracciones I, II y III;

C), fracciones I, II, III, IV, V y VI; D), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; y

E), fracciones I y II, todos del artículo 298 de la Ley, lo cual puede

significar que entre las conductas derivadas del ejercicio de

integración por parte de la autoridad sancionadora a partir de

cláusulas abiertas o tipos administrativos en blanco, se encuentren

conductas cuya gravedad sea de gran significado y trascendencia, y

otras que resulten irrelevantes o se refieran a aspectos de mucha

menor importancia o produzca efectos nocivos ínfimos o irrelevantes;

sin embargo, invariablemente, todas esas conductas serán

71


sancionadas con el mismo porcentaje de multa, es decir, entre el 1% y

hasta el 3% del ingreso acumulable del infractor.

Como se advierte, la porción normativa que se analiza presenta

algunas circunstancias particulares respecto de las demás conductas

sancionables y que están previstas con otros porcentajes de sanción

ya sean menores, o bien, mayores, pues a diferencia de lo previsto en

el artículo 298, inciso A), fracciones I, II y III; B), fracciones I, II y III;

C), fracciones I, II, III, IV, V y VI; D), fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; y

E), fracciones I y II, de la Ley, en la fracción IV del inciso B) de ese

precepto, la conducta no está expresamente prevista, sino que como

se ha indicado, es una norma que requiere de un ejercicio de integración normativa para establecer el tipo administrativo o deber

normativo eventualmente sancionable.

Esta particularidad permite que las conductas sancionables que se configuren con base en el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la ley en comento (las cuales consisten en el incumplimiento

de lo previsto en la ley, reglamentos, disposiciones administrativas,

planes técnicos fundamentales, disposiciones emitidas por el Instituto,

las concesiones o autorizaciones) puedan tener alcances diferentes.

Es decir, al existir la posibilidad de configurar muy variadas

conductas infractoras a partir de la normativa aplicable a la materia, el

resultado de cada una de esas conductas será muy diferente en cada

supuesto y, por tanto, no es posible predeterminar que, en todos los

casos que el deber incumplido (construido a partir de la normativa de

la materia) generó una afectación idéntica y, por tanto, que la sanción

72


deberá oscilar invariablemente entre el 1% y el 3% de los ingresos del

infractor; esto pues es posible que esas conductas integradas a partir

de cláusulas abiertas tengan una consecuencia o efecto muy grave

(en cuyo caso será necesario imponer una sanción ejemplar de

magnitud considerable), o bien, efectos mínimos que sólo ameriten el

imponer sanciones menores en su cuantía.

Es cierto que de conformidad con las fracciones I y II del artículo

301 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión41, para determinar el monto de las multas aplicables, la autoridad debe atender tanto a la gravedad de la infracción, como a la capacidad económica del infractor; sin embargo esto no implica que pueda

determinar el porcentaje de sanción que le parezca más adecuado en

cada caso; en realidad esta posibilidad sólo faculta a la autoridad a atender a los montos mínimos y máximos previstos en cada fracción del artículo 298 de la Ley, lo que implica que cuando se

estima incumplida alguna obligación derivada de la integración

normativa, en ejercicio de lo previsto en el citado artículo 301, la

autoridad sólo podrá determinar si aplica una sanción entre el 1% y el

3% del ingreso acumulable del infractor (por ser el aplicable para ese

tipo de conductas).

Lo anterior se traduce en que, invariablemente, la multa mínima será del 1% del ingreso acumulable, incluso en aquellos

casos en que la infracción configurada pueda consistir en el

41 “Artículo 301. Para determinar el monto de las multas establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:I. La gravedad de la infracción;II. La capacidad económica del infractor;III. La reincidencia, yIV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse”.

73


incumplimiento de aspectos formales o técnicos; es decir, supuestos

de menor relevancia fáctica o al orden jurídico y afectación mínima al

bien jurídico protegido (espectro radioeléctrico). Igualmente, en caso

de que la conducta infractora —configurada a partir de normas en

blanco o cláusulas abiertas— genere afectaciones considerables y

afecte en forma importante el uso del espectro radioeléctrico, la

autoridad administrativa también sólo estará en posibilidad de imponer

una multa máxima de hasta el 3% del ingreso acumulable del

infractor, esto aun cuando los efectos de ese actuar puedan ser de

gran relevancia fáctica o al orden jurídico y de mayor afectación al

bien jurídico protegido.

Cabe indicar que por lo que respecta al máximo de la sanción

procedente, es decir, el 3% del ingreso acumulable del concesionario,

autorizado o infractor, no procede realizar análisis alguno pues

aunque éste se encuentra contenido (como tope superior de sanción)

en el artículo 298, apartado B, fracción IV, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cierto es que, por una parte,

la quejosa no cuestiona ese porcentaje (dado que no fue el aplicado al

caso concreto) y, por otra, en el caso, la multa se individualizó en el

equivalente al 1% del ingreso acumulable de la ahora quejosa; es

decir, en el porcentaje mínimo legal, el cual es el que la quejosa está

en posibilidad de cuestionar y es el que considera violatorio de lo

previsto en el artículo 22 constitucional; por ende, esta Sala sólo se

ocupará del límite inferior de sanción previsto en el referido precepto

legal.

En el caso se estima que la multa mínima (del 1%) prevista en el


74


Telecomunicaciones y Radiodifusión es contraria al numeral 22 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque se trata

de un rango mínimo de sanción el cual resulta excesivo al permitir que

cualquier conducta construida a partir de la normativa aplicable

(cláusulas abiertas o tipos administrativos en blanco) sea sancionada

con base en la misma proporción mínima (1% del ingreso

acumulable), sin atender a la conducta en particular y a los efectos

que ésta produce (frente al bien jurídico protegido), a efecto de

imponer una sanción que resulte razonable y corresponda con la

afectación causada.

Al respecto, debe hacerse notar que el 1% del ingreso

acumulable que como multa mínima se prevé para las conductas a

que se refiere el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es superior a la multa mínima

aplicable para otras infracciones como las establecidas en las

fracciones I, II y III del inciso A), del propio numeral (cuyo rango de

sanción oscila entre el 0.01% y hasta el 0.75% del ingreso

acumulable), siendo que eventualmente, las conductas configuradas

con base en tipos administrativos en blanco puedan igualmente tener

la misma gravedad o afectación del bien jurídico tutelado; es decir, en

ciertos casos, la magnitud de esas infracciones derivadas del ejercicio de integración normativo puede llegar a ser la misma que las infracciones expresamente previstas en el primer inciso de ese precepto y, no obstante ello, el legislador les asignó una sanción mínima superior (1% del ingreso acumulable), con lo cual

se evidencia que en algunas ocasiones, la sanción mínima aplicable

es excesiva por no atender al tipo de afectación generada con cada

conducta específica; es decir, la sanción mínima aplicable a las

75


conductas a que se refiere el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, será la misma en todos los casos, al margen de la verdadera afectación causada

por la infracción y la trascendencia, menoscabo o puesta en riesgo del

bien jurídico tutelado que cada conducta particular pudo generar.

Dicho de otro modo, dado que existen conductas no previstas

expresamente por el legislador (pero sí en la ley y demás normativa

aplicable) cuyo incumplimiento es susceptible de sanción conforme al


Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales pueden ser muy

variadas, entonces los efectos generados por cada una de esas

conductas particulares serán igualmente distintos, generando

diferentes grados de afectación al bien jurídico protegido (espectro

radioeléctrico); sin embargo, el referido precepto legal establece a

esas conductas diferentes, un mismo porcentaje mínimo de sanción

(1%), lo cual impide distinguir el grado de afectación producido con la

conducta sancionable.

Cabe precisar que (aunque no es objeto de pronunciamiento por

esta Sala según se indicó oportunamente), respecto del rango

superior de sanción previsto en el artículo 298, inciso B), fracción IV,

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (3%),

cuando la conducta atribuida genera una afectación

considerablemente mayor al bien tutelado, el artículo 303 de la citada

76


norma42 prevé la procedencia de un porcentaje de sanción más

elevado.

Esto es, en los casos previstos en el artículo 303 de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando la conducta

reprochada se integre con base en lo previsto en la normativa de la

materia de telecomunicaciones (ley, reglamentos, acuerdos,

42 “Artículo 303. Las concesiones y las autorizaciones se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:I. No iniciar la prestación de los servicios dentro de los plazos establecidos, salvo autorización del Instituto;II. Ejecutar actos contrarios a la Ley, que impidan la actuación de otros concesionarios con derecho a ello;III. No cumplir las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización en las que se establezcan expresamente que su incumplimiento será causa de revocación;IV. Negarse a interconectar a otros concesionarios, interrumpir total o parcialmente el tráfico de interconexión u obstaculizarla sin causa justificada;V. No cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 164 de esta Ley;VI. Negarse a la retransmisión de los contenidos radiodifundidos en contravención a lo establecido en la Ley;VII. Cambiar de nacionalidad o solicitar protección de algún gobierno extranjero;VIII. Ceder, arrendar, gravar o transferir las concesiones o autorizaciones, los derechos en ellas conferidos o los bienes afectos a las mismas en contravención a lo dispuesto en esta Ley;IX. No enterar a la Tesorería de la Federación las contraprestaciones o los derechos que se hubieren establecido a favor del Gobierno Federal;X. No cumplir con las obligaciones ofrecidas que sirvieron de base para el otorgamiento de la concesión;XI. No otorgar las garantías que el Instituto hubiere establecido;XII. Cambiar la ubicación de la estación de radiodifusión sin previa autorización del Instituto;XIII. Cambiar las bandas de frecuencias asignadas, sin la autorización del Instituto;XIV. Suspender, total o parcialmente, en más del cincuenta por ciento de la zona de cobertura, sin justificación y sin autorización del Instituto los servicios de telecomunicaciones por más de veinticuatro horas o hasta por tres días naturales tratándose de radiodifusión;XV. Incumplir las resoluciones del Instituto que hayan quedado firmes en los casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas;XVI. En el caso de los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad relativa a la retransmisión de señales de televisión a través de otros concesionarios, revocándose la concesión también a estos últimos;XVII. Incumplir con las resoluciones o determinaciones del Instituto relativas a la separación contable, funcional o estructural;XVIII. Incumplir con las resoluciones o determinaciones del Instituto relativas a desagregación de la red local, desincorporación de activos, derechos o partes necesarias o de regulación asimétrica;XIX. Utilizar para fines distintos a los solicitados, las concesiones otorgadas por el Instituto en los términos previstos en esta Ley u obtener lucro cuando acorde al tipo de concesión lo prohíba esta Ley, oXX. Las demás previstas en la Constitución, en esta Ley y demás disposiciones aplicables.El Instituto procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y autorizaciones en los supuestos de las fracciones I, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII, XVI y XX anteriores. En los demás casos, el Instituto sólo podrá revocar la concesión o la autorización cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario por lo menos en dos ocasiones por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones y tales sanciones hayan causado estado, excepto en el supuesto previsto en la fracción IX, en cuyo caso la revocación

77


circulares, lineamientos técnicos, concesiones, permisos,

autorizaciones), aunque se trata de una conducta sancionable a partir

de cláusulas abiertas (tipos administrativos en blanco) a la que

ordinariamente correspondería —conforme al artículo 298, inciso B),

fracción IV, de la ley de la materia— una sanción de entre el 1% y

hasta el 3% del ingreso acumulable del infractor, concesionario o

autorizado (en los términos oportunamente expuestos), el legislador

previó que, ante la gravedad y trascendencia de la conducta, el

porcentaje de sanción aplicable fuera superior, por lo que en la parte

final de citado artículo 303 hizo una remisión al inciso E), del artículo

298 de la Ley, al cual corresponde un porcentaje de sanción entre el

6.01% y hasta el 10% del ingreso.

Lo expuesto revela que el legislador consideró que las

conductas integradas a partir de tipos administrativos en blanco cuyos

efectos nocivos fueran de gran magnitud y trascendencia, serían

sancionados con un porcentaje del ingreso superior al que

ordinariamente les correspondería (pues pasaría de entre el 1% y el

3% al 6.01% y hasta el 10%); esto, en aras de procurar una relación

entre las conductas integradas a partir de tipos administrativos en

blanco y las sanciones aplicables, de tal suerte que cuando una de

esas conductas produzca efectos realmente graves o cause una

afectación de gran magnitud al bien jurídico tutelado o lo ponga en

riesgo, la sanción aplicable será superior a la que ordinariamente

correspondería a una conducta integrada a partir de tipos en blanco.

procederá cuando se hubiere reincidido en la misma conducta prevista en dicha fracción. En estos casos, para efectos de determinar el monto de la sanción respectiva, se estará a lo dispuesto en el inciso E) del artículo 298 de esta Ley”.

78


En cambio, por lo que se refiere al límite inferior de la sanción

prevista en el inciso B) del artículo 298 de la ley en comento (1%), el

legislador no contempló la posibilidad de que las conductas a que se

refiere ese inciso produzcan efectos menos lesivos, o bien, sean de

menor entidad jurídica y, por consiguiente, que esas conductas

puedan sancionarse con un porcentaje de ingreso menor al 1%, como

ocurre, por ejemplo, con las conductas previstas en el inciso A) de esa

norma y la sanción que les resulta aplicable (entre el 0.01% y hasta el

0.75% del ingreso).

Esto es, tanto jurídica como materialmente es posible que las

conductas a que se refiere el inciso B), de la fracción IV, del numeral

298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tengan

menores consecuencias o produzcan jurídicas ínfimas respecto de

otras conductas que están expresamente descritas en el artículo 298

de esa norma y, por tanto, que igualmente ameriten sancionarse en

menor magnitud; es decir, con base en un porcentaje de ingreso

menor del asignado por el legislador (1%).

Es decir, las conductas a que se refiere el artículo 298, inciso B),

fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

podrían tener efectos análogos, equiparables, similares o, incluso,

menores que las conductas descritas en el inciso A), del artículo 298

en comento y, por tanto, lo adecuado es que se sancionen en menor

porcentaje que las conductas cuyos efectos son más graves y

lesionan en mayor medida al bien jurídico tutelado; sin embargo, el

legislador impidió esa posibilidad al tasar la sanción aplicable en un

mínimo del 1% del ingreso, lo cual desatiende a lo previsto en el

artículo 22 constitucional pues se traduce en una sanción excesiva al

79


desatender a la relación que debe existir entre la conducta, las

consecuencias producidas y la sanción aplicable.

En este sentido, el legislador debió prever la posibilidad de que los efectos producidos por ciertas conductas indebidas sean menores a los causados por las conductas en cuyo rango de sanción estableció el porcentaje de multa para las infracciones derivadas de tipos administrativos en blanco —como lo hizo

cuando esas conductas tienen efectos más dañinos, al hacer en el

artículo 303 de la ley, una remisión a la sanción prevista en el inciso

E) del artículo 298—; sin embargo, en forma indebida, se limitó esa

posibilidad y, por tanto, se dio la posibilidad de sancionar conductas

cuyos efectos sean lesivos, en el mismo porcentaje mínimo que

aquellas que pueden generar efectos mayores en el bien tutelado.

Bajo las consideraciones expuestas, esta Segunda Sala concluye que el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es inconstitucional en la porción normativa que establece un porcentaje de sanción mínima del 1% del ingreso del infractor, autorizado o concesionario, pues sanciona en el mismo porcentaje mínimo tanto a las conductas que producen efectos poco dañinos, como a aquellas que causan una seria afectación jurídica o material, por lo que tal porcentaje de sanción mínimo resulta excesivo al no poder analizarse la conducta particular atribuida y los efectos causados por ésta, a efecto de determinar la afectación causada y así imponer una sanción en un porcentaje aún menor al 1% del ingreso del infractor.

80


Esto es, el precepto en comento limita o encajona las múltiples

conductas a que se refiere el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un rango

mínimo determinado de sanción que no necesariamente atenderá a la

gravedad de la infracción, impidiendo valorar si la conducta

reprochada y los efectos por ella producidos son o no de una entidad

menor que justifique la imposición de una sanción de menor

proporción al 1% del ingreso del infractor, autorizado o concesionario.

Así, para que la norma analizada no resulte contraria al artículo

22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —al

menos por lo que respecta al monto inferior ahí previsto— se requiere

de una relación entre la conducta imputada, la afectación producida y

la sanción aplicable, la cual no existe en la especie pues entre los

efectos producidos por la conducta reprochada y la sanción aplicable

existe una discrepancia que se manifiesta en la imposibilidad de imponer sanciones menores al 1% del ingreso acumulable del infractor, a pesar de que la afectación sufrida en el bien jurídico tutelado sea ínfima o menor.

En razón de la conclusión alcanzada, al resultar inconstitucional

el porcentaje mínimo de sanción previsto en el artículo 298, inciso B), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, únicamente por lo que hace a las conductas a que se refiere el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la citada ley, entonces procede otorgar el amparo en contra del referido precepto, únicamente en lo que se refiere a la porción normativa en la cual se establece el porcentaje mínimo de sanción del 1% del ingreso.

81


Cabe precisar que ante el vicio de inconstitucionalidad advertido

en la norma reclamada, el alcance del presente fallo se traduce en

dejar insubsistentes tanto la resolución reclamada como primer acto de aplicación de esa norma, así como el procedimiento correspondiente; sin embargo, si en lo sucesivo la autoridad

sancionadora (mediante otros procedimientos) estima que la quejosa

incumplió con alguna obligación sancionable conforme a la fracción

IV, del inciso B), del numeral 298 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, al determinar el porcentaje

mínimo de sanción procedente, podrá acudir al porcentaje mínimo

previsto en el inciso A) del artículo 298 de la Ley, es decir, el 0.01% del ingreso del sujeto sancionado43.

Lo anterior obedece a que el once de junio de dos mil trece se

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o.,

7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, mediante el

cual —a través de la reforma hecha al artículo 28 constitucional— se

estableció que “…La ley establecerá un esquema efectivo de

sanciones…”, de lo cual se sigue que fue voluntad del Poder

Constituyente sancionar las conductas contrarias a la normatividad en

materia de telecomunicaciones, en aras de proteger un bien del

dominio público la Nación (como lo es el espectro radioeléctrico); por

43 La remisión por integración del porcentaje mínimo precisado del 0.01%, no implica el ejercicio de la potestad legislativa por parte de este órgano jurisdiccional, sino que se trata de un ejercicio de integración normativa a partir del vicio de inconstitucionalidad advertido y en aras de atender a la voluntad expresa del creador de la norma; lo anterior porque fue voluntad del legislador establecer expresamente ese porcentaje como el mínimo aplicable en la materia, ya que así lo dispuso en el artículo 298, inciso A), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunado a que tal determinación genera seguridad jurídica tanto a quienes participan en el sector de telecomunicaciones como a la sociedad, ya que así se conoce el porcentaje mínimo de sanción aplicable en la materia en aras de garantizar el cumplimiento de los mandatos previstos a nivel constitucional.

82


ende, la precisión que antecede permite el cumplimiento de un

mandato de carácter constitucional.

Finalmente, no escapa a esta Segunda Sala que subsisten

agravios vertidos en ambos recursos principales, los cuales están

relacionados con aspectos de legalidad, sin embargo, dado el sentido

alcanzado en párrafos precedentes, resulta innecesario el estudio de

tales argumentos ya que el beneficio obtenido no podría mejorarse, en

razón de que el efecto del amparo, en términos de los criterios

citados, se traduce en la no aplicación futura de la norma

inconstitucional (al menos por lo que hace al porcentaje mínimo de

sanción aplicable a las conductas construidas a partir de tipos

administrativos en blanco, en los términos expresados).

Por su parte, en virtud de lo fundado del argumento analizado y

ante la concesión del amparo en los términos precisados, resulta innecesario devolver los autos al Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,


México y jurisdicción en toda la República, para que se ocupe de los

restantes planteamientos vertidos en las revisiones principales, así

como en las revisiones adhesivas, ya que ante la conclusión

alcanzada, estas últimas han quedado sin materia44.

44 “REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE” (Novena Época, Registro: 174011, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 71/2006, Página: 266).

83


En los mismos términos se pronunció esta Segunda Sala, al

resolver en sesión de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, los

amparos en revisión 1121/2016 y 692/2017.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a

Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable, en contra del

artículo 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión.

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable, en contra del artículo

298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, por las razones y los alcances precisados.

CUARTO. Han quedado sin materia los recursos de revisión

adhesivos.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución,

devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad,

archívese el toca como asunto concluido.

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Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros

Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo

Medina Mora I. (ponente). La señora Ministra Margarita Beatriz Luna

Ramos emitió su voto en contra de consideraciones.

Firman el Ministro Presidente y Ponente, con el Secretario de

Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 8º, 23, 24, fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, vigente a partir del día siguiente, se pública esta versión pública en la cual se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

85

· web viewde capital variable, un título de concesión para usar, aprovechar y...

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