Carta Abierta de la UACUnión de Asambleas Ciudadanas

Respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megamineríaa la Señora Presidenta de la Nación

El jueves 9 de febrero, en el marco de un acto de inauguración, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó pidiendo un “debate responsable y en serio” sobre la minería en Argentina, y plantó un pseudo acto circense en el que un aparente minero ‘despolitizado’ (luego devenido en experimentado militante político) reclama el deseo de “trabajar en paz”. Este señor, llamado Armando Domínguez, es el actual presidente del Partido Justicialista de la localidad de Olavarría y secretario General del gremio que los nuclea, AOMA. Y, según sabemos, hace 25 años que no se pone un casco. Aún así, fue presentado como un obrero común que trabaja en la industria del cemento, minería de canteras, la cual no tienen nada que ver con la megaminería metalífera a cielo abierto, a la que resisten las comunidades afectadas en el norte del país. Desde el momento de esas declaraciones, algunas agrupaciones kirchneristas no han parado de comunicar una serie de falacias que, acompañadas por el ya conocido intento maniqueista de desviar los conflictos a posturas de blanco sobre negro, no hacen más que confundir los puntos focales del conflicto  contra la megaminería en nuestro país. Dado que la lucha de nuestros compañeros y compañeras dispuestos/ as en los cortes de las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán continúa más vigente que nunca, y que somos concientes que luego de la represión violenta, las amenazas no merman, nos vemos obligados a responder a esta cascada de engaños provenientes de las fuerzas oficialistas. Las consecuencias de implementar una actividad propia del extractivismo como la contaminación del agua y del aire, los daños a la salud humana y consecuencias socioambientales (desarticulación de las economías regionales, las migraciones, o el desempleo) son cuestiones serias que no han sido consideradas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al momento de aceptar la instalación de estos proyectos. Las asambleas, en cambio, sí vienen teniendo ese debate serio que tanto se reclama desde hace años a través del trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional.  Es importante resaltar que se trata de verdaderas puebladas que, con sus propios cuerpos, sostienen la lucha por no ser contaminadas, negándose a brindar la licencia social a esos proyectos. Maestros, comerciantes, empleados públicos, niños y niñas, mujeres, ancianos y ancianas, estudiantes. Todos y todas se hacen presentes en esos cortes intentando que el debate serio sea dado desde todas las instancias posibles. En ningún caso, la presencia de ONGs

transnacionales se encuentra detrás de aquellos que llevamos esta protesta, como están intentando instalar ante la opinión pública. Quienes resistimos al saqueo y contaminación de nuestros territorios, somos trabajadores/as, vecinos, ciudadanos, pueblos autoconvocados de modo horizontal y asambleario.   Con hechos como la implementación de la ley antiterrorista, en diciembre de 2011, y las acciones concretas de represión de las manifestaciones pacíficas en cada uno de los cortes realizados, el gobierno nacional no sólo demuestra una connivencia con los poderes locales y provinciales, con intereses mineros, sino que además muestra una iniciativa activa en el intento de acallar las posibles voces divergentes y las luchas sociales que buscan plantear un modelo de país más inclusivo y sostenible para sus habitantes, una sociedad donde los bienes comunes estén a disposición de una vida digna, saludable y sin explotación. La criminalización de la protesta social se viene llevando adelante no sólo de manera mediática (etiquetando a nuestros luchadores sociales con motes de ‘extremistas’ o ‘irreflexivos’), sino también abriendo causas judiciales por delitos inexistentes, encarcelando a compañeros/as con delitos dibujados y reprimiendo con saña a mujeres, niños y hombres que se encuentran defendiendo los Bienes Comunes (mal llamados recursos naturales), que son patrimonio de todos y todas. Estas luchas no comenzaron en el momento en que Clarín las mostró. Fueron los medios de comunicación alternativos quienes durante años las han mostrado y difundido. Los medios masivos sólo han caído, tal que paracaidistas, a mostrar un conflicto que, ya madurado, se encuentra en el momento de respuesta más agresiva por parte del gobierno. Es en este marco que los intentos de la política oficialista por transformar este debate serio sobre la megamineria, en una burda opereta que tendría como principales actores al gobierno y los grandes grupos mediáticos (que aparentemente inventan las imágenes de represión para “desgastar al gobierno nacional”) caen rápidamente cuando observamos la realidad de los hechos. Más allá del oportunismo político de ciertos medios, más allá del sensacionalismo de ciertas coberturas que terminan banalizando nuestras luchas, las mismas son genuinas resistencias populares de larga data; expresan el carácter crítico de poblaciones enteras que se ven amenazadas por el saqueo de sus fuentes de agua, sus tierras y sus medios de vida, en un escenario de grandes asimetrías, donde el poder financiero de las corporaciones encuentra como aliados el clientelismo, la corrupción y la fuerza represiva del Estado en manos de gobiernos que han decidido gobernar para aquellas y donde las empresas periodísticas locales, usualmente funcionan como apéndice del aparato propagandístico de las mineras. Señora Presidenta, no es serio llamar al debate cuando el oficialismo ha vetado sistemáticamente el funcionamiento de las comisiones de minería en el Congreso de la Nación, en el que ‘yacen’ sin pena ni gloria un sinnúmero de iniciativas legislativas para modificar el actual régimen minero. No es serio asumir la defensa del actual régimen de minería transnacional a gran escala, monopolizada por grandes corporaciones extranjeras, exclusivamente orientadas a la exportación de materias primas sin

procesamiento, con gravosos costos ecológicos, en nombre de un ‘proyecto nacional y popular’. No es serio, desde ese posicionamiento político-ideológico, sostener un régimen legal que expresa lo más rancio del consenso de Washington y el neoliberalismo de guerra impuesto por el Banco Mundial en toda América Latina en los ’90, acá aplicado a rajatabla por el Menemato; no es serio hablar de ‘postneoliberalismo’ cuando se da continuidad y se profundizan las increíbles prebendas que la legislación del menemismo (Ley 24.196 y correlativas) le otorgan a las grandes transnacionales mineras, hoy usufructuarias del agua y los minerales de nuestra cordillera. Señora Presidenta, no es serio hablar de ‘políticas de inclusión social’ desde un modelo minero-extractivista con nulo impacto en el empleo y efectos negativos en la matriz energética y productiva del país. No es serio asumir la defensa de una ‘economía de enclave’ en nombre de la ‘industrialización’. No es serio apelar irresponsablemente a sentimientos nacionalistas para embanderar la defensa de la soberanía y usarla en contra de quienes estamos también luchando contra las nuevas modalidades del colonialismo. En su discurso sobre Malvinas Ud. plantea que jamás escuchó “a ninguna ONG ni organización ambientalista hacer críticas al Reino Unido por lo que se está haciendo en las Malvinas”. A  nosotros nos llama muchísimo la atención que no haya nunca escuchado todo lo que hacemos contra la depredación por parte de la petroleras, sojeras y mineras, todas transnacionales, en el territorio nacional dentro del continente. Hemos denunciado que varias de las grandes corporaciones mineras que operan en nuestra cordillera forman parte de los mismos holdings empresariales que hacen exploración petrolera en Malvinas con la licencia de Gran Bretaña. Estamos reclamando la urgente restitución de nuestra soberanía energética, alimentaria e hídrica, hoy erosionadas y amenazadas en manos de grandes corporaciones transnacionales usufructuarias en última instancia del extractivismo petrolero, sojero, minero.

Tampoco es serio convocar al diálogo cuando de antemano se nos estigmatiza y se descalifica como interlocutores acusándonos a priori de ‘ignorantes’, ‘fundamentalistas’, o ‘pseudo-ambientalistas’ que obedeceríamos a otros intereses.

 SE NOS ACUSA DE FUNDAMENTALISTAS PORQUE DECIMOS ‘NO’, PERO NO DECIMOS ‘NO PORQUE NO’. Tampoco le decimos ‘No’ a toda actividad minera, sino a una modalidad específica de explotaciones: los mega-proyectos de minería transnacional a gran escala y extranjerizante. No somos fundamentalistas; tenemos fundamentos, que es distinto. FUNDAMENTALISMO ES DECIR ‘SÍ O SÍ’; ES IMPONER ESTE TIPO DE EXPLOTACIONES A TODA COSTA Y A COMO DÉ LUGAR, AÚN APELANDO AL USO DE LA VIOLENCIA, DEL SOBORNO, LA COOPTACIÓN, EL CLIENTELISMO Y LA REPRESIÓN. ESO ES FUNDAMENTALISMO MINERO. ES CERRAR LOS OJOS A LA

REALIDAD DE LAS CONSECUENCIAS DE ESTE MODELO Y CERRAR LOS CANALES DE DIÁLOGO PARA CON LA PROPIA POBLACIÓN.

Es por todo esto que, vemos la actitud de la señora presidenta como una burla a los pueblos que decimos NO a la megaminería contaminante y saqueante. 

Sí, estamos de acuerdo. Aunque no haya sido serio su llamado inicial, necesitamos ABRIR UN PROFUNDO Y SERIO DEBATE, AMPLIO Y DEMOCRÁTICO SOBRE LA ‘CUESTIÓN MINERA’ CON TODO EL PUEBLO ARGENTINO. NECESITAMOS DISCUTIR QUÉ MINERÍA QUEREMOS, QUÉ MINERÍA NECESITAMOS, QUÉ MINERÍA ES POSIBLE. PERO ANTES, ES IMPERIOSO PARAR LA SANGRÍA ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA QUE SIGNIFICA EL ACTUAL RÉGIMEN MINERO. ES URGENTE SU MODIFICACIÓN.

Urge recuperar la Soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestros cerros, nuestras fuentes de agua y nuestros bienes ambientales no renovables. Urge recuperar la soberanía sobre el Estado y las instituciones de gobierno, hoy completamente colonizadas por las grandes corporaciones mineras. Urge parar la depredación y la represión como ‘política de estado’.

La lucha de las asambleas ha sido fruto de la colaboración, el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres que, concientes del peligro que implica la presencia de estas megamineras transnacionales en sus territorios, han generado formas para defender lo más preciado que tenemos: nuestras tierras, nuestra agua y nuestra vida. Pueden intentar plantar un sinfín de mentiras. Sin embargo el espíritu de quienes luchamos sigue más fuerte que nunca, nuestra convicción de construir un mundo mejor para todos, se fortalece día a día y las ganas de seguir en las rutas, en las calles y en los oídos de la gente no merma.

UAC - Unión de Asambleas Ciudadanas

¡Fuera las mineras de nuestro país!¡Fuera las transnacionales de todo el territorio nacional!

¡Basta de represión al pueblo que lucha!¡No al estado de sitio en Andalgalá!

¡Ni una mina más!

MARCHA DE LOS PUEBLOS POR EL AGUA  Y LA VIDA

Desde hace ya dos meses, los pueblos de varias provincias del norteargentino se encuentran en pie de lucha. Los levantamientos de laspuebladas en Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta y, ahora,Cafayate, han puesto en boca de todos y todas la problemática de lamegaminería y su método depredador.  Con sus fuerzas y su vida, hansostenido bloqueos selectivos y sistemáticos frenando el avance de loscamiones que llevaban materiales para la instalación de estos proyectos,pero también impidiendo la llegada de insumos fundamentales para lacontinuidad de la explotación por parte de empresas instaladas hace más deuna década en nuestro país. Estas medidas son la cristalización de unalucha que se viene gestando hace muchos años, desde la batalla iniciada enEsquel con la consulta popular en 2003, y posteriormente en casi todas lasprovincias cordilleranas, con la presencia permanente de un trabajoreflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversandocon la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo,universidades, llevando adelante medidas de carácter institucional. Estosbloqueos son producto de la construcción continua y colectiva de un debateserio que ha sido, desde sus comienzos, desoído por las autoridadesnacionales y provinciales y los medios masivos de comunicación.

Los pueblos en lucha hemos sabido conseguir éxitos parciales: en 2011, elpueblo de Tinogasta logró frenar el avance del proyecto de explotación deuranio de la empresa Cauldron Energy Ltda. En los últimos meses, pudimoscelebrar el éxito parcial de los pueblos de Famatina y Chilecito, queconsiguieron frenar la instalación de Osisko Mining Corporation, obligandoa la empresa a intentar generar a futuro una “supuesta licencia social”que claramente no tiene. Sin embargo, también asistimos a momentos dondese hace presente toda la violencia represiva de los estados provinciales yel silencio cómplice del Estado Nacional frente a los hechos represivos.

Los discursos de la presidenta hablaron por sí mismos. La apelación a lacausa de las Malvinas fue utilizada para ocultar o minimizar la presenciade las transnacionales que ya se encuentran devastando el territoriocontinental, subestimando la pueblada en Famatina y los diferentesescenarios de conflicto en torno a los bienes naturales que atraviesan elpaís. Asimismo, su discurso sobre la minería sirvió para justificar larepresión en contra de hombres, mujeres y niños/as que se encontrabanponiendo sus cuerpos en los bloqueos de Santa María, Belén, Amaicha yTinogasta, así como también la persecución por parte de infantería, la

Gendarmería y la policía provincial a los/as que se encontraban en elbloqueo de Cafayate.

La frecuencia y persistencia de las protestas, y su consecuente represióndurante los últimos meses evidencian que estamos enfrentando laconsolidación de un modelo extractivo que avanza permanente sobre nuestrospaíses latinoamericanos, priorizando la exportación de materias primas,saqueando nuestros bienes comunes, generando millonarias ganancias paraunas pocas empresas, por sobre las necesidades de nuestros pueblos. Unmodelo productivo que deteriora los diferentes ecosistemas y destruyenuestros suelos, nuestra agua y nuestro aire, afecta sustancialmente laseconomías regionales y la salud de las poblaciones. Un modelo que impone,a nivel continental, un sinnúmero de estrategias legales para acallar anuestros/as luchadores/as. El caso argentino forma parte de una estrategiaimperial para la región. Muchos pueblos de Latinoamérica se estánlevantando en contra de estos megaproyectos, como es el caso de lasmasivas protestas en Perú, Ecuador y Panamá. En todas partes la respuestaes la misma: la represión, la represión violenta, la criminalización y lajudicialización de la protesta.

Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una ciudad en estado de sitio,Andalgalá, donde las fuerzas públicas han liberado la zona para que laspatotas de la empresa Bajo la Alumbrera actúen impunemente amedrentando alos habitantes del pueblo y amenazando con quemar la radio comunitaria “ElAlgarrobo”. En este marco, es de resaltar que sólo gracias al esfuerzo yla lucha de nuestros compañeros/as y el apoyo de las diferentesorganizaciones, con más de 4000 personas en las calles, los cortesejercidos por estas patotas mineras que impedían la entrada de medios decomunicación y organismos de derechos humanos al pueblo, en estado decompleta irregularidad, han sido levantados. Sin embargo, su accionarcontinúa, con el total silenciamiento de los poderes de turno. A la vezque la impunidad también continúa por parte de estas empresas con el usosistemático de inteligencia para espionaje a las asambleas, a través delahora conocido Proyecto X, utilizando los recursos del Estado ypretendiendo de esta manera, desestabilizar el movimiento donde no existencabecillas, como pretenden, sino que es el pueblo diciendo NO!

Estas luchas expresan el repudio a un modelo que extrae, mercantiliza yagota nuestros bienes comunes y que se manifiesta no sólo en laexplotación de la megaminería a cielo abierto, sino que se observa en laconsolidación de una cadena de agronegocios cada vez más concentrada engrandes corporaciones nacionales y transnacionales, en el avance sobre las

tierras de comunidades campesinas, pueblos originarios y poblacionesenteras, en la apropiación privada y la especulación inmobiliaria de losespacios urbanos, en la extracción, saqueo y apropiación de nuestropetróleo, en el agotamiento de nuestras fuentes de agua.

Por otro lado, los hechos ocurridos a lo largo de estos dos meses muestranque la respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sidola represión, la criminalización de la protesta, la amenaza de aplicar larepudiable ley antiterrorista (aprobada e implementada por este mismogobierno nacional que se dice defensor de los derechos humanos).

La respuesta fue la interferencia, desde el pasado 9 de febrero, de laradio comunitaria "El Algarrobo", en Andalgalá, por jugar un rolfundamental en la comunicación de los pueblos de la zona. Esta Radio,junto a muchos otros medios comunitarios, alternativos y populares,vienen siguiendo estas luchas desde sus comienzos. Hoy, la interferenciade la radio continúa.

La respuesta fue, además, estigmatizar, descalificarnos comointerlocutores, acusarnos de ‘ignorantes’, ‘pseudambientalistas’, queresponderíamos a otros intereses corporativos, y ‘fundamentalistas’.

La respuesta ha sido llamar a un “debate serio”, basado en la necesidad decallar nuestras voces, nuestros reclamos y nuestras propuestas, ysostenido con la construcción de mentiras mediáticas y de falsas posturasmaniqueístas.

Además, la respuesta fue institucionalizar la relación de los estadosprovinciales con las empresas, a través de la reunión de gobernadores,convocada por el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, llevadaadelante el miércoles 15 de febrero, cerrando en acuerdos públicos unaalianza que ya había sido garantizada de manera confidencial en losdespachos de los poderes públicos.

Los gobernadores, la presidenta y otros funcionarios confunden los votoselectorales con la “licencia social” a las empresas para dinamitar cerrosy destruir acuíferos. Esto denota, no sólo la fusión de los intereses delpoder político con las empresas, sino también el nivel de impunidad con elque pretenden que les demos un cheque en blanco, para hacer a su antojo ya costas del pueblo al que dicen defender.

Por todo esto, exigimos que nos escuchen.

Exigimos que se vaya la megaminería de nuestro país YA!.

Responsabilizamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, nosólo de asociarse con los intereses mineros que saquean nuestros bienescomunes, implementando un modelo productivo a costa de nuestros pueblos,sino también de la represión llevada adelante sobre cada uno de lospueblos que luchan, de construir falsas campañas mediáticas, de permitirel accionar de patotas paramilitares contratadas por las empresas, dequerer aplicar la ley antiterrorista para con nuestros luchadores ynuestras luchadoras, de reprimir en nombre de la “democracia” que dicendefender.

Repudiamos el financiamiento que nuestras universidades públicas recibende estas empresas. No queremos que nuestra educación se sostenga sobre labase de ganancias producto de la explotación y saqueo de nuestros recursosnaturales y la pauperización de las condiciones de vida de nuestro pueblo.De la misma manera, nos oponemos a que estas empresas se apropien delconocimiento que estos espacios públicos construyen, usando nuestrascapacidades técnicas y humanas para darle continuidad a sus beneficios.

Rechazamos el modelo extractivo, en sus múltiples manifestaciones, que nosestá empobreciendo, contaminando y matando. Y repudiamos la brutalidad ylas amenazas con las que las empresas mineras pretenden avanzar sin más,amparadas por los gobiernos de turno, imponiendo su política de gananciasy destrucción. Llamamos a los trabajadores mineros a sumarse a esta luchacontra las empresas mega mineras.

Exigimos que el punto de inicio para iniciar un “debate serio” sea lasuspensión de las actividades de las megamineras en nuestros territorios.El planteo de un debate requiere de la voluntad real de todas las partes.

Estamos convencidos que esto sólo se vence con la unidad desde abajo. Poreso, lejos de disolver nuestra lucha, estamos más organizados que nuncapara repudiar los hechos de violencia y exigir que los que se vayan seanlas empresas transnacionales todas que contaminan nuestros ecosistemas,nos enferman y saquean nuestros bienes comunes.

Andalgalá, la ciudad que fue concesionadaEl gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano

del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.

 Por Darío Aranda

En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.

El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.

La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población (ver aparte).

Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.

El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.

El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.

La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.

Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.

Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.

Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.

Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.

El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”

Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería, sí a la vida”.

Piquete contra la megaminería(comunidades).

Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.

Por Darío Aranda

“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en

noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.

Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.

El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.

La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.

Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza

científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.

La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.

Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.

Paro obrero en La Alumbrera: “El progreso es sólo para las megaempresas”(comunidades).

En Catamarca, a partir del martes 19, empleados de la minera La Alumbrera comenzaron un paro por 72 horas para exigir mejoras en el salario y en las condiciones laborales. Juan José Cervantes, de la Asamblea del Departamento de Belén, afirmó: “Sabíamos que iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida”. Asimismo, en un comunicado de prensa, la Asamblea El Algarrobo señaló que “ojalá el paro fuera para exigir la protección de la tierra. De todos modos, esta medida deja a la vista la mentira sostenida por la empresas mineras durante años”.

En diálogo con Radio Voces, Juan José Cervantes, integrante de la Asamblea del Departamento de Belén, Catamarca, quien afirmó que “sabemos que hay800 empleados que prácticamente pararon el trabajo y 30 coparon la planta de ingreso. Tenemos información que el repudio es contra la baja de salarios, el tema de los despidos y el maltrato. Estaría bueno que la comunidad se entere. Esto es para nosotros, digamos, un momento histórico. Sabíamos que en un momento iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida, pero la naturaleza siempre tiene un mensaje contra la gente que quiere destruir el mundo”

Respecto a la oferta laboral de la empresa minera La Alumbrera, Cervantes señaló: “Es una fachada porque el Departamento de Belén tiene 28, 30 mil habitantes, la vía de Belén tiene 12 mil habitantes, y tiene 45 empleados la Mina, empleados calificados. Porque los que quedaron tienen título universitario o son técnicos”. Asimismo, aseguró que “todo lo que se incorporó hace 15 años se incorporó cuando les mostraron espejitos de colores, y 200 personas se quedaron sin trabajo después”.

Por último, aseveró: “El tema de los camiones en Belén es tremendo: son de40 a 60 cargas diariamente con contaminantes y ningún político se hace cargo de la situación. O sea que la ruta 40, que es la boca de entrada a la extractiva, es un tema que no para”

Para escuchar el audio completo: http://www.ivoox.com/huelga-obreros...

Comunicado de prensa de la Asamblea El Algarrobo:

Martes 19 de julio de 2011

En el día de hoy, desde las 7 de la mañana, 900 empleados de la Minera Alumbrera están de paro por 72hs exigiendo mejoras salariales. La medida incluye cortes de rutas en varios puntos como ser el PS2 en Andalgalá, en la Ruta 40 en Belén en el empalme de entrada a la minera de donde, según palabras de los mismos empleados, "nadie entra y nadie sale".

La empresa habría respondido con amenazas a sus empleados, sosteniendo que si no vuelven a sus puestos de trabajo serían despedidos.

¿Tanto saqueo e impunidad no les alcanza para darles un buen salario a los empleados?

Minera Alumbrera es el proyecto de minería a cielo abierto más grande de Sud América en estos momentos, extrayendo anualmente cantidades abruptas de minerales declarados y no declarados, contando con beneficios fiscales y dejando sólo una pequeña retribución a los pueblos involucrados en su gestión empresarial,

quienes sufren el saqueo y la continuación de sus ambientes.

Ojalá el paro fuera para exigir la protección de la tierra, que tan generosa es con nosotros, de todos modos esta medida deja a la vista la mentira sostenidas por la empresas mineras durante años, la mentira de progreso y desarrollo, cuando sabemos que menos de 70 empleados corresponden a la cuidad de Andalgalá, cuando hoy podemos ver que ni siquiera es una empresa digna que debería dar mejor calidad de vida a sus empleados.

¿Y en dónde están los gobiernos que sustentaron las mentiras de las mineras?

Deberían dejar de mirar para otro lado y generar trabajo para los pueblos, trabajo sin atentar en contra del medio ambiente, trabajo que les asegure mejor calidad de vida.

Basta de minería!!! Para el pueblo trabajo digno!!! Un trabajo que mata jamás será considerado digno!!!