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Víctimas de masacre de El Mozote atisban justicia
Por Edgardo Ayala
IPS, 16 de mayo, 2017.- Salvo por una casa con paredes agujereadas por ráfagas de ametralladora,nadie diría que El Mozote, esta apacible localidad de El Salvador, fue escenario de una de lasmasacres más horrendas en América Latina 35 años atrás.
“Muchos de los pobladores de este lugar somos descendientes de los que lograron sobrevivir a lamatanza”, contó a IPS la estudiante universitaria Nancy García, de 21 años, oriunda de este caseríode unos 700 habitantes, parte del municipio rural de Meanguera, en el oriental departamento deMorazán.
Archivado desde 1993 en el sistema judicial salvadoreño, el caso, conocido como la Masacre de ElMozote, fue reabierto en septiembre del 2016, en una posibilidad histórica de juzgar a los soldados yoficiales acusados de ser los responsables de aniquilar a más de 1.000 habitantes del pueblo y otraslocalidades aledañas.
“Lloré de tristeza cuando vi allí sentados a los oficiales, me imaginé cuando estabanorganizando y asesinando a mis familiares, mis padres, mi hermanito de 11 años, AdolfoArturo, a mi hermana embarazada”: María Dorila Márquez.
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La reapertura se hizo posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia [1] que en juliode 2016 declaró inconstitucional [2] la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, que impidió procesar lasgraves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto salvadoreño, iniciado en1980 y finalizado en 1992.
Uno de los sobrevivientes de la matanza es Juan Antonio Pereira, de 79 años, quien contaba con 35años cuando los militares incursionaron en Los Toriles, una pequeña aldea cercana a El Mozote.Fueron cuatro días de terror, del 10 al 13 de diciembre de 1981.
Escondido tras unos matorrales, él dijo haber observado cómo los soldados sacaban a punto de fusila varias personas de sus casas, entre ellos miembros de su familia, y las alineaban para dispararlasa mansalva.
“Viera qué triste es estar viendo que están matando a la familia de uno”, dijo a IPS ese campesino.Allí murieron su esposa, Natalia Guevara, de 35 años, y sus dos hijos: José Mario, de 10 años, y RosaCándida, de 14.
Las investigaciones para esclarecer los hechos se habían iniciado en 1990, pero el caso fueamnistiado en 1993.
Ahora, los abogados de Tutela Legal María Julia Hernández [3], del Centro por la Justicia y el DerechoInternacional [4] (Cejil), y residentes del pueblo aglutinados en la Asociación Promotora de DerechosHumanos de El Mozote [5], reiniciaron sus esfuerzos para encontrar a los responsables de lamatanza y llevarlos a la justicia.
Tutela Legal intentó reabrir el caso en 2006, pero la iniciativa fue rechazada precisamente por lavigencia de la Ley de Amnistía.
“No se trata de venganza, ni de ir en contra de la Fuerza Armada, sino en contra de algunoselementos implicados en graves violaciones de derechos humanos, lo que queremos es que noquede impune”, explicó a IPS el abogado Wilfredo Medrano, de Tutela Legal.
El 29 de marzo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, capital deMorazán, realizó una audiencia para notificar a siete militares de alto rango del Ejército salvadoreñoimplicados en los hechos, de los cargos en su contra: asesinato, violación, privación de libertad yactos de terrorismo, entre otros.
Entre esos oficiales se encontraban los generales Guillermo García, exministro de la Defensa(1979-1983), y Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto.
La investigación tendrá como soporte muchas de las pruebas documentales y testimonialesrecogidas ya en el expediente iniciado en 1990.
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“Lloré de tristeza cuando vi allí sentados a los oficiales, me imaginé cuando estaban organizando yasesinando a mis familiares, mis padres, mi hermanito de 11 años, Adolfo Arturo, a mi hermanaembarazada”, narró a IPS la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de ElMozote, María Dorila Márquez, de 60 años, y con 25 cuando sucedió la masacre.
En total, Márquez calculó que unos 100 de sus familiares fueron asesinados, y la cúpula castrenseconsideraba a los habitantes de la zona como colaboradores de la guerrilla del entonces FrenteFarabundo Martí para la Liberación Nacional [6] (FMLN), algo que es rechazado por lossobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin al conflicto, esa guerrilla se convirtió en partidopolítico y gobierna el país desde el 2009, luego de ganar dos elecciones presidenciales consecutivas.
El 6 de mayo, el mismo tribunal notificó a otros tres oficiales, que no estuvieron presentes en laaudiencia anterior, de los cargos en su contra.
“Me pongo mal cuando hablo de esto, recuerdo a mi padre asesinado, tengo tanta rabia… si tuvieramás cerca a esos militares los patearía”, afirmó Santos Jacobo Chicas, de 40 años, nativo del caseríode Cerro Pando, entrevistado por IPS a la salida de esta audiencia.
Él y otros familiares de diferentes víctimas estuvieron en el procedimiento judicial.
“El que dio la orden que pague, que vaya a la cárcel”, acotó.
Narró que los soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, una fuerza de élite formada yentrenada por militares de los Estados Unidos, mataron a un niño de dos días de nacido, hijo de unaprima de él.
“Le pusieron fuego y lo quemaron”, aseguró. Se estima que más de 400 niños fueron ejecutadosbrutalmente durante el operativo.
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Por su parte, Sofía Romero Pereira, de 55 años, y 19 en 1981, sostuvo que al menos 35 parientesfueron ejecutados, entre ellos su padre y cuatro de sus ocho hermanos y hermanas.
Ella escapó de la muerte porque su padre, Daniel Romero, logró sacar del lugar a ella y otros treshijos e hijas, antes de que las tropas entraran a El Mozote, y les llevó a la ciudad de San Miguel, enun departamento vecino.
Pero cuando regresó a sacar al resto de la familia, quedó atrapado en medio de la maniobra militar yya no pudo rescatar al resto: Ana María, de 16 años; Jesús, de 14; María Nelly, de 11 y Elmer, deapenas un año. Ana María fue llevada a un cerro cercano, violada y posteriormente asesinada, contóRomero.
“Por lo menos que digan que ellos fueron, que pidan perdón, yo los perdonaría, cárcel, ¿para qué?”,se preguntó.
Los abogados de Tutela Legal también han solicitado reabrir el caso del arzobispo de San Salvador,Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la catedralcapitalina.
En tanto, el Movimiento de Víctimas del Terrorismo en El Salvador solicitó a la Fiscalía General de laRepública [7] la reapertura de casos de crímenes atribuidos a la guerrilla durante el conflictoarmado.
Entre esos, el asesinato de tres infantes de marina estadounidenses, presuntamente ejecutadoscuando el helicóptero en el que viajaban sobrevolaba el municipio de Lolotique, en el orientaldepartamento de San Miguel, y fue derribado por la guerrilla, en 1991.
También el de otros cuatro infantes acribillados mientras departían en un restaurante de SanSalvador, en 1985, así como los asesinatos de alcaldes y otros funcionarios públicos, y el de niñosafectados por las minas colocadas por las fuerzas insurgentes.
De ser aceptada la petición, implicaría la apertura de un proceso penal contra miembros de la otroracomandancia de la guerrilla y funcionarios del actual gobierno, entre ellos el actual presidentesalvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, quien era parte de la dirección del FMLN.
“Generalmente los que reclaman son víctimas de izquierda… y nosotros somos la voz de las víctimasde la guerra que han sido olvidadas, no solo de la derecha, sino de todos los olvidados”, aseguró aIPS el abogado Fernán Álvarez, de la ese movimiento.
Se estima que los 12 años de guerra en este país centroamericano, con una población actual de 6,3millones de personas, dejó unos 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
---Editado por Estrella Gutiérrez
----Fuente: Inter PressService: http://www.ipsnoticias.net/2017/05/victimas-de-masacre-de-el-mozote-atisban-justicia-en-el-salvador/ [8]
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