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V CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ODA-ALC PROYECTO : DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LOS INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”. Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Presentación en el V Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe ODA-ALC Santa Cruz de la Sierra, Bolivia., 4 al 6 de noviembre de 2015.

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V CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ODA-ALC

PROYECTO:

“DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN

ARGENTINA. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LOS INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS

CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”.

Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L.

Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Presentación en el V Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe ODA-ALC

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia., 4 al 6 de noviembre de 2015.

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LOS/AS INVESTIGADORES/AS:

Maximiliano Carrasco (Director), Laura Pautassi (Co-directora), Florencia Antoniou, Javier Aragón, Pilar Arcidiácono, Lorena Balardini, Ángeles Bermúdez, Ana María Bestard, Verónica Carmona Barrenechea, Gustavo Gamalllo, Giuseppe Manuel

Messina, Gonzalo Piasek, Laura Royo y Mora Straschnoy.

PERTENENCIA INSTITUCIONAL:

Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho,

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:

Realizar un análisis de las implicancias de los déficits en materia de producción y acceso a información pública en Argentina en relación al Derecho a la Alimentación Adecuada, y actualizar el cálculo de los Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador.

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i) Sin Ley Nacional de Acceso a la Información Pública

ii) Sin Ley Marco de Derecho a la Alimentación. Sin tratamiento del proyecto de Ley Marco presentado en el Congreso Nacional.

iii) Problemas en la producción de información sobre la situación socioeconómica de la población (INDEC).

iv) Imposibilidad de acceso a los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

v) Acefalía del Defensor del Pueblo y sin fuerte presencia institucional en relación al DaAA,

vi) Dificultades del Congreso Nacional en el ejercicio de su función de control

Limitaciones en el ejercicio de cálculo de Indicadores de Progreso.

ASPECTOS CRÍTICOS EN PRODUCCIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBICA

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A pesar de que el derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en la Constitución Nacional (artículos 1,14, 16, 32 y 33, y 75 inciso 22 ), Argentina continúa sin contar con una ley integral que reglamente el derecho para los tres poderes del Estado.

El Decreto Nº 1172/03 es la normativa que regula el acceso a la información a nivel federal, pero rige únicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y su fuente normativa le resta legitimidad y sostenibilidad.

En el ámbito del Congreso Nacional, en dos ocasiones se intentó arribar a los consensos necesarios para sancionar una ley de acceso a la información, pero en ninguna de ellas hubo un resultado final positivo .

En la actualidad hay más de 10 iniciativas legislativas de los diferentes bloques políticos en el ámbito del Congreso Nacional tendientes a establecer un régimen nacional de acceso a la información pública, y en la Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales, existe una Subcomisión por la Ley de Acceso a la Información Pública que en el mes de junio de este año informó avances en la elaboración conjunta de un texto común que compatibilice los diferentes proyectos.

SIN LEY NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBICA

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El proyecto de Ley Marco del Derecho a la Alimentación con Seguridad y Soberanía Alimentaria, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2013, ha perdido estado parlamentario .

Dicho proyecto resulta relevante en virtud del objeto de la presente investigación, en tanto incluye un apartado específico sobre derecho a la información en materia alimentaria .

En mayo de 2015, se volvió a presentar a iniciativa, pero a la fecha se encuentra sin tratamiento. .

Desde la nueva conducción del FPH Argentina, vinculado con el Proyecto de Ley Marco, se expresó que se volverán a poner en debate los conceptos de Seguridad y Soberanía Alimentaria y que la presentación del proyecto debería articularse en el marco de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación . En la agenda del FPH Argentina 2015, se destacó el fuerte interés hacia la agricultura familiar. Se elaboró un proyecto de ley del Fondo Nacional para las Compras a la Agricultura Familiar.

SIN LEY MARCO DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

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Hace más de dos años que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ha dejado de publicar los datos de pobreza e indigencia en la Argentina, y tampoco se hacen públicos los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que anuncia el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) desde febrero de 2014.

PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA

POBLACIÓN

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Los informes de la SIGEN desde el año 2009 han dejado de exhibirse al público a través de la página web institucional .

Desde entonces, sólo se puede acceder públicamente a los títulos de los informes pero no a su contenido.

Los pedidos de información pública formulados a la SIGEN para acceder a los informes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) fueron rechazados., alegando que se trataba de información secreta y confidencial y que por tanto no podía compartirse con terceros, argumento discrecional y arbitrario, que se aparta claramente de los postulados constitucionales -y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional- que regulan el derecho de acceso a la información.

Asimismo, vulnera el principio de progresividad-no regresividad de los derechos humanos en tanto hasta el año 2009 sí se publicaban los informes, marcando un retroceso y un cercenamiento del derecho a acceder a información pública.

IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LOS INFORMES DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

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El Defensor del Pueblo de la Nación (DPN) continúa acéfalo desde el año 2009 y sin un área específica para el DaAA.

No obstante, la conducción actual de la Defensoría -en cabeza, de modo interino, de su Secretario General, está realizando un seguimiento de casos de “trastornos alimenticios” en el país , y se han impulsado solicitudes de información, fundamentalmente respecto de casos de desnutrición. Así, en febrero de 2015, frente al reporte de diferentes casos de muertes por desnutrición en niños/as, en la mayoría de los casos pertenecientes a pueblos indígenas del Noreste y el Noroeste argentino, la DPN comenzó un trabajo de búsqueda de datos sobre desnutrición, solicitando a la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) y a la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia –ambas bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- la elaboración de una serie de informes con el propósito de conocer cuáles son los datos actuales disponibles sobre casos de desnutrición y si las provincias aportan información al respecto, atento a que el último informe que se había presentado era del año 2013 .

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN. ACEFALÍA Y SIN ÁREA ESPECÍFICA PARA EL DaAA

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DIFICULTADES DEL CONGRESO NACIONAL EN EL EJERCICIO DE SU FINCIÓN DE CONTROL

Entre el 1° de marzo de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 (fecha de corte), se han presentado 18 proyectos legislativos en el Congreso Nacional que han consistido en pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sobre cuestiones vinculadas al Derecho a la Alimentación.

De tales proyectos, 7 fueron presentados en la Cámara de Senadores y 11 en la Cámara de Diputados, y consistieron fundamentalmente en solicitudes de información sobre la implementación de planes y programas (vgr. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria) y sobre situación de desnutrición y mortalidad infantil en Argentina.

Ninguna de las iniciativas contó con tratamiento legislativo. No se pudo acceder a la información requerida.

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Argentina deberá presentar su informe nacional sobre el agrupamiento de derechos que incluye al DaAA, en 2016. La investigación retomó la primera aproximación al cálculo de los indicadores realizada en 2014, con la idea de contribuir desde el ámbito académico con el Estado Argentino en su deber de presentación del informe.Para ello, se relevaron las fuentes de información disponibles, particularmente: a) Bases de datos oficiales de Argentina con información vinculada con los ítems que estipulan los indicadores, b) Estudios empíricos vinculados con los ítems que estipulan los indicadores, conteniendo información estadística sobre datos sociodemográficos y económicos. El relevamiento fue completado con el análisis de fuentes documentales, utilizando los indicadores de progreso y señales de progreso cualitativas.

INDICADORES DE PROGRESO. DESAFÍOS Y ESCENARIO DE OPORTUNIDADES

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Atento a las dificultades en la producción y acceso a información referidas, muchos indicadores no pudieron aún completarse.

Ejemplos: Tasa de desnutrición general (Indicador de resultado sobre la categoría conceptual

“recepción del derecho”) Muerte por intoxicación alimentaria por cada 100.000 muertes (indicador de

resultado sobre la categoría conceptual “capacidad estatal”) Incidencia de casos de intoxicación por ingesta de alimentos (indicador de

resultado sobre la categoría conceptual “capacidad estatal”) Existencia de un Censo Agropecuario (indicador de estructura sobre la categoría

conceptual “capacidad estatal”). Sustitución de cultivos* (indicador de estructura sobre la categoría conceptual

“capacidad estatal”).

*Es para destacar en Estados federales, como Argentina, la existencia de múltiples acciones provinciales que se tornan dificultosas de relevar en su totalidad debido a los diferentes modos de exhibir (o no) información en cada jurisdicción.

INDICADORES DE PROGRESO. DESAFÍOS Y ESCENARIO DE OPORTUNIDADES

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No obstante ello, sí se ha detectado un elevado número de planes y programas en diferentes unidades ministeriales. Se evidenció una superposición de programas y se sumaron nuevos en el año 2015, bajo la misma lógica.

Ejemplos: Unidad para el Cambio Rural (UCAR – Min. Agricultura) Proyecto de Asistencia Integral para el Valor Agregado en

Agroalimentos (PROCAL II – Min. Agricultura). Cambio Rural II (INTA) Régimen de Recomposición del pequeño productor lechero (Min.

Economía) Programa de Estímulo al pequeño productor de granos (Min.

Economía) Sello de la Agricultura Familiar (Min. Agricultura).

Asimismo, en 2015 se destaca como novedad la promulgación de la Ley 27.118 (de Agricultura Familiar)

INDICADORES DE PROGRESO. DESAFÍOS Y ESCENARIO DE OPORTUNIDADES

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Escenario de oportunidades con los Indicadores de Progreso PSS:

Estimular un proceso de evaluación y de medición del cumplimiento de derechos sociales.

Contar con un instrumento útil para el diseño, gestión y evaluación permanente de las políticas públicas sobre DESC.

Creación y adopción de nuevas capacidades estatales que permitan producir y difundir los datos necesarios para dar cuenta de la información que los indicadores requieren (vgr. la capacitación de funcionarios/as para el relevamiento y desagregación de la información necesaria).

i)

INDICADORES DE PROGRESO. DESAFÍOS Y ESCENARIO DE OPORTUNIDADES

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AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (respaldado desde la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre –FAO- y con apoyo de la Cooperación Española), la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y su Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), al cual pertenecen diferentes investigadores/as del equipo.