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U. 14. XXXIII.

Urteaga, Facundo Ral c/ Estado Na-

cional -Estado Mayor Conjunto de las

FF.AA.- s/ amparo ley 16.986.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1998.

Vistos los autos: "Urteaga, Facundo Ral c/ Estado Na-

cional -Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.- s/ amparo ley

16.986".

Considerando:

1) Que contra la sentencia dictada por la Sala

II de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal que confirm la decisin de primera

instancia -que haba rechazado la accin de hbeas data

deducida por el actor-, ste dedujo recurso extraordinario,

que fue concedido.

2) Que, con sustento en el art. 43 de la

Constitucin Nacional, Facundo Ral Urteaga dedujo accin

de amparo de hbeas data contra el Estado Nacional y/o el

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y/o el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de

"obtener informacin que exista en los Bancos de Datos de

la Secretara de Informaciones del Estado, Servicio de

Inteligencia del Ejrcito, Servicio de Informaciones de la

Armada, Servicios de Informaciones de Aeronutica, Servicio

de Inteligencia de la Polica Federal, Servicio de

Informaciones de la Polica de la Provincia de Buenos Aires

y Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires

y/o cualquier otro del Estado Nacional, de las Fuerzas

Armadas y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,

sobre su hermano Benito Jorge Urteaga, supuestamente

'abatido' el 19 de julio de 1976 en un departamento ubicado

en la localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente

Lpez, Provincia de Buenos Aires...".

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-//- 3) Que el tribunal a quo rechaz la accin con dos

fundamentos: a) la falta de legitimacin activa del actor "en

tanto los datos que pretende recabar no estn referidos a su

persona"; b) la finalidad que se persigue en la presente

accin "no se compadece con lo que surge del texto

constitucional".

4) Que en el recurso extraordinario federal el

apelante cuestiona la interpretacin efectuada por el a quo

del instituto de hbeas data, tanto en lo referente a la res-

triccin de la legitimacin del recurrente, como a la finali-

dad de la accin. Estima que limitar el hbeas data a la ve-

racidad informativa y la legitimacin al propio afectado, re-

ducira este instituto y sus posibilidades de proteccin de

los derechos constitucionales de la persona humana.

5) Que el recurso extraordinario resulta formal-

mente procedente pues se cuestiona la interpretacin de la

garanta consagrada por el art. 43 de la Constitucin Nacio-

nal y el alcance que se le ha asignado ha sido contrario a

los derechos que el recurrente fund en dicha clusula (art.

14, inc. 3, ley 48).

6) Que esta Corte al decidir el 13 de agosto de

1998, sobre la improcedencia de las medidas de prueba reque-

ridas por la Sra. Carmen Aguiar de Lapac -madre de una desa-

parecida- en la causa "Surez Mason, Carlos Guillermo s/ ho-

micidio, privacin ilegal de la libertad, etc.", expres que

"la realizacin de las medidas requeridas implicara la rea-

pertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividadjurisdiccional contra quienes han sido sobresedos definiti-

vamente por las conductas que dieron lugar a la formacin de

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2 U. 14. XXXIII.




-//- la presente causa, por lo que no se advierte el objeto

del solicitado diligenciamento, dado que careca de toda

virtualidad de acumulacin de prueba de cargo sin un sujeto

pasivo contra el cual pudiera hacerse valer". La decisin -

obviamente- limit los efectos de la denegatoria de las

probanzas en el mbito de la mencionada causa criminal,

habiendo quedado expeditas otras vas judiciales o

administrativas.

7) Que en tanto la informacin requerida por el

actor no afecta el objeto de un proceso penal concluido,

resulta necesario determinar si la va elegida en las

presentes actuaciones es procedente a la luz del texto

constitucional, y examinar si la accin intentada se ajusta

a las pautas sealadas en el citado precedente.

8) Que la accin de hbeas data ha sido

consagrada en el art. 43, tercer prrafo, de la reforma

constitucional de 1994, segn el cual "...toda persona

podr interponer esta accin para tomar conocimiento de los

datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en

registros o bancos de datos pblicos, o los privados

destinados a proveer informes y en caso de falsedad o

discriminacin, para exigir la supresin, rectificacin,

confidencialidad, o actualizacin de aqullos...".

9) Que, como principio, corresponde recordar la

doctrina de esta Corte segn la cual la falta de

reglamentacin legislativa no obsta a la vigencia de

ciertos derechos que, por su ndole, pueden ser invocados,

ejercidos y amparados sin el complemento de disposicin

legislativa alguna (Fallos: 315:1492). Esta conclusin

armoniza con la antigua doc

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-//- trina del Tribunal conforme con la cual "las garantas

individuales existen y protegen a los individuos por el solo

hecho de estar consagradas en la Constitucin, e independien-

temente de las leyes reglamentarias" (Fallos: 239:459).

10) Que, asimismo, en particular referencia a la

accin de hbeas data, la lectura de la norma constitucional

transcripta permite derivar con nitidez los perfiles centra-

les que habilitan el ejercicio del derecho all reconocido,

motivo por el cual, la ausencia de normas regulatorias de los

aspectos instrumentales no es bice para su ejercicio, pues

en situaciones como la reseada, incumbe a los rganos

jurisdiccionales determinar provisoriamente -hasta tanto el

Congreso Nacional proceda a su reglamentacin-, las caracte-

rsticas con que tal derecho habr de desarrollarse en los

casos concretos (doctrina de Fallos: 315:1492, considerando22).

11) Que la accin de hbeas data ha sido reconocida

no slo en las legislaciones de diversos pases, sino tambin

por los organismos internacionales que, en sus diferentes

mbitos, han elaborado pautas que contribuyen a integrar la

perspectiva con que ha de ser evaluada la modalidad de su

ejercicio por este Tribunal. As, en trminos generalescoinciden las directrices formuladas por la Organizacin de

Naciones Unidas, la Organizacin de los Estados Americanos,

el Consejo de Europa, e inclusive la jurisprudencia de la

Corte Europea de Derechos Humanos. La amplitud de sus al-

cances, tanto en lo relativo a la exigencia de licitud, leal-

tad y exactitud en la informacin, como en lo que hace al

acceso de las personas legitimadas -conforme con la coinci

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3 U. 14. XXXIII.




-//- dente opinin de estas instituciones y organismos- en-

cuentra limitaciones, fundamentalmente, en razones de

seguridad y defensa nacional.

12) Que en aquel marco constitucional, no

reglamentado an por el rgano competente, corresponde a

este Tribunal delinear los alcances de la garanta

mencionada con razonable flexibilidad, a fin de otorgar al

peticionario la plena proteccin que ella establece, sin

condicionar el ejercicio de aquella potestad reglamentaria

que hasta el presente no ha sido ejercida por el Congreso

Nacional.

13) Que desde la perspectiva indicada, la

interpretacin efectuada por el a quo, si bien prima facie

podra parecer ajustada a la literalidad del texto

constitucional, revela -en conexin con la pretensin aqu

deducida-, un excesivo rigor formal que deja sin proteccin

el derecho invocado por el recurrente que no resulta ajeno

al bien jurdico tutelado ni al propsito del

constituyente.

Debe entenderse, desde este ngulo, que en el

juzgamiento que compromete a una garanta no reglamentada,

se est examinando no una ley sino una constitucin,

destinada por su naturaleza a fijar el marco de la accin

del legislador, con la visin de quien sienta las bases

normativas generales que gobernarn la vida de las futuras

generaciones. Es por ello que la ptica del juzgador no

debe manejarse aqu con estricto apego a las pautas

hermenuticas de quien examina un cdigo, que aspira a

prever todas las contingencias posibles -dentro del alcance

da las limitaciones humanas-, sino con aqullas que slo se

detengan ante lo incompatible

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-//- con el texto y permitan respetar su espritu y finalida-

des. As seal la Suprema Corte de los Estados Unidos de

Norteamrica que, haber previsto los medios por los que el

gobierno podra en el futuro ejecutar sus poderes, habra

implicado cambiar, enteramente, el carcter de la constitu-

cin y darles las caractersticas de un cdigo de leyes ("Mc

Culloch v. Maryland", 17 U.S. 316).

En tales condiciones, debe admitirse la legitima-

cin invocada por el apelante en su calidad de hermano de

quien se supone fallecido, toda vez que la habilitacin para

accionar de un familiar directo con sustento en el derecho a

que se proporcione informacin, aparece en las circunstancias

del caso, como una de las alternativas de reglamentacin

posibles en el marco de una discreta interpretacin del texto

constitucional.14) Que, de acuerdo con lo expuesto, lo afirmado

por la alzada en cuanto a que la finalidad perseguida en la

presente accin no se compadece con el texto constitucional,

se aparta de las constancias de la causa. Ello es as en la

medida en que la presentacin inicial -entre otras peticio-

nes- inclua la de obtener la informacin existente en regis-

tros o bancos de datos pblicos que permita al recurrente es-tablecer el fallecimiento de la persona desaparecida y, en su

caso, conocer el destino de sus restos, es decir, acceder a

"datos" cuyo conocimiento hace al objeto de la garanta de

que se trata.

15) Que en las condiciones expuestas corresponde

reconocer al apelante el derecho a la informacin objetiva

requerida, para lo cual deber disponerse el libramiento de

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4 U. 14. XXXIII.




-//- los oficios necesarios a fin de que los organismos re-

queridos den cuenta de si en sus registros obra constancia

del fallecimiento de Benito Jorge Urteaga y, en su caso, la

localizacin de sus restos.

Por ello, se declara procedente el recurso

extraordinario y se revoca la sentencia con el alcance

sealado en el ltimo considerando. Notifquese y

oportunamente devulvase.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

FAYT (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (por su voto)-

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (por su voto)- ANTONIO BOGGIANO

(por su voto)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (por su voto)- GUSTAVO

A. BOSSERT (por su voto)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (por su

voto).

ES COPIA

VO -//-

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5 U. 14. XXXIII.




-//-TO DE LOS SEORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR

BELLUSCIO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ

Considerando:

1) Que la sentencia de la Sala II de la Cmara

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

Federal confirm la resolucin de primera instancia que

haba rechazado in limine la accin deducida por Facundo

Ral Urteaga con el objeto de obtener datos relativos a su

hermano Benito Jorge Urteaga. Contra ese pronunciamiento,

el actor interpuso el recurso extraordinario federal, que

fue concedido.

2) Que el a quo estim que la finalidad de la

demanda no se compadeca con la regulacin del instituto en

el texto constitucional, que tutelaba a los individuos

frente a la informacin falsa e incompleta a fin de que

pudiesen exigir su supresin, rectificacin o

confidencialidad. Por lo dems, el actor careca de

legitimacin activa puesto que los datos que pretenda

recabar no se referan a su persona y, segn el texto

constitucional, slo el afectado estaba habilitado para el

ejercicio del amparo informativo.

3) Que el recurrente exige una adecuada

interpretacin de la garanta contemplada en el art. 43 de

la Constitucin Nacional. Aduce que la cmara desvirta el

hbeas data, al soslayar que se trata de una especie del

gnero amparo, que persigue no slo rectificar una falsedad

en la informacin registrada sino permitir el acceso a esos

registros, lo cual comporta la obligacin del Estado de

proporcionar los datos que tuviese sobre una persona.

Estima, asimismo,

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-//-que una inteligencia restrictiva respecto de la legitima-

cin transgrede el criterio de amplitud que prim en la Con-

vencin Constituyente y que qued plasmado en el texto defi-

nitivo.


mente procedente pues se encuentra en tela de juicio la in-

terpretacin de la garanta consagrada en el art. 43 de la

Constitucin Nacional, y el alcance que se le ha asignado ha

sido contrario a los derechos que el recurrente fund en di-

cha clusula (art. 14, inc. 3, ley 48).

5) Que la pretensin del actor -que dirige contra

el Estado Nacional, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas

Armadas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires- es ob-

tener datos relativos al destino de su hermano Benito Jorge -qu haba sucedido con l, cul haba sido su destino, dnde

se encontraban sus restos-, supuestamente abatido en julio de

1976, segn noticias periodsticas que habran informado

sobre un episodio violento. Es decir que lo que se reclama no

es la "liberacin del familiar", sino tener acceso a los

datos obrantes en los registros estatales, militares o

civiles, de donde pudiera resultar el destino de su hermanodesaparecido durante las luctuosas circunstancias que vivi

el pas. Tampoco se trata, en esta demanda, de una accin de

persecucin penal contra sujetos concretos, sino de una de-

manda contenciosoadministrativa, que el actor denomina "ampa-

ro de hbeas data", destinada a provocar un pronunciamiento

de los organismos oficiales demandados, esto es, el cese de

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-//-una conducta omisiva que, a juicio del actor, menoscaba

sus derechos constitucionales.

6) Que el planteo del actor no guarda relacin

con la garanta protegida mediante el hbeas data,

instituto que tutela la identidad personal y garantiza al

interesado conocer, acceder a la finalidad y,

eventualmente, rectificar o lograr confidencialidad, de

datos o informes falsos o discriminatorios. Se protege,

pues, una dimensin del derecho a la intimidad, y debe

interpretrselo coherentemente con la garanta consagrada

en el art. 19 de la Constitucin Nacional, es decir, con el

derecho que toda persona tiene a "decidir por s misma en

qu medida compartir con los dems sus sentimientos,

pensamientos y los hechos de su vida personal" (Fallos:

306:1893). No obstante, el nomen juris utilizado por el

demandante no ata al juez, quien debe analizar los hechos

descriptos, la pretensin deducida, y juzgar aplicando el

principio iura novit curia.

7) Que en este orden de ideas, no corresponde la

apreciacin de la accin deducida en el sub lite en el

marco jurdico del especfico amparo informativo, sino en

el del amparo en general, que fue consagrado en la

Constitucin Nacional tras una larga vigencia

jurisprudencial y legal, para la proteccin rpida y eficaz

de todos los derechos constitucionales, a los que se ha

agregado la tutela de derechos y garantas reconocidos en

los tratados o en las leyes.

8) Que el amparo procede contra toda omisin de

autoridad pblica que en forma actual o inminente lesione,

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta, derechos y garantas protegidas. En este orden

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-//-de ideas, el actor es titular del derecho de esclarecer

las circunstancias en que se produjo la muerte de su hermano,

con quien lo une un vnculo parental sancionado legalmente,

que integra su estado de familia y constituye un atributo de

su personalidad cuya tutela se desprende del art. 33 de la

Constitucin Nacional, y, en su caso, el destino dado a su

cadver.

9) Que el art. 33, inc. 1, del Protocolo Adicional

a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo

a la proteccin de las vctimas de los conflictos armados

internacionales (Protocolo I, aprobado por ley 23.379)

dispone que respecto a los desaparecidos "tan pronto como las

circunstancias lo permitan, y a ms tardar desde el fin de

las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscar las

personas cuya desaparicin haya sealado una Parte adversa. Afin de facilitar tal bsqueda, esa Parte adversa comunicar

todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que

se trate". Dentro de ese mbito, el inc. 2, b, de dicho

artculo dispone que cada parte deber "en toda la medida de

lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la

bsqueda y el registro de la informacin relativa a tales

personas si hubieran fallecido en otras circunstancias comoconsecuencia de las hostilidades o de la ocupacin".

En similar sentido, el art. 17, primer prrafo, del

"Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y

enfermos en las Fuerzas Armadas en campaa" dispone, para

supuestos de guerra declarada, que "las Partes en conflicto

velarn por que la inhumacin o la incineracin de los

cadveres, hecha individualmente en toda la medida que las

circunstancias lo permitan, vaya precedida de un atento

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-//-examen y, si es posible, mdico de los cuerpos, a fin

de comprobar la muerte, establecer la identidad y poder dar

cuenta al respecto".

En este contexto internacional y en opinin de la

Corte Internacional de Justicia, los Convenios de Ginebra

de 1949 tienen tanto un carcter consuetudinario como

convencional ya que en gran medida expresan los principios

generales bsicos del derecho internacional humanitario

(C.I.J., "Affaire des activits militaires et

paramilitaires au Nicaragua", Reports 1986, pargrafo 218)

y, junto con los protocolos adicionales de 1977 que los

complementan, constituyen el reflejo del mximo desarrollo

progresivo experimentado por el derecho humanitario en el

mbito internacional convencional (conf. Draper, "Orgenes

y aparicin del Derecho Humanitario", en "Las Dimensiones

Internacionales del Derecho Humanitario", pgs. 81/93,

Instituto Henry Dunant, Unesco, ed. Tecnos, 1990).

10) Que si ello es as en el mbito de los

conflictos armados internacionales, ninguna razn existe

para que iguales criterios dejen de aplicarse en los

enfrentamientos armados de cualquier ndole que puedan

producirse en el orden interno de los pases, ya que las

obligaciones reseadas constituyen la consagracin de

principios generales del derecho que no tienen por qu

quedar limitadas al derecho internacional. Por tanto, la

accin de amparo resulta la va idnea para obtener la

informacin que pueda resultar de la

observancia de los indicados preceptos.

11) Que no resulta bice a las precedentes

conside

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-//-raciones el hecho de que el art. 43, cuarto prrafo, de

la Constitucin Nacional, contemple la accin de hbeas cor-

pus en los supuestos de "desaparicin forzada de personas".

En efecto, habida cuenta el tiempo transcurrido desde que no

se tienen noticias de Benito Jorge Urteaga, no es razonable

imponer al actor la obligacin de reclamar la proteccin de

la libertad fsica del desaparecido, pues ello conducira a

la frustracin de su derecho a conocer la verdad de los he-

chos, en la medida en que pueda constar en registros o bancos

de datos pblicos.

12) Que, cabe sealar que la pretensin del actor -

en la medida en que aqu se concede- es admisible, cualquiera

que sea el nomen iuris adoptado para ser concedido, sin

perjuicio de las consideraciones que, en respaldo de una de

las vas posibles, se formulan en la presente decisin.

13) Que en las condiciones expuestas correspondereconocer al apelante el derecho a la informacin objetiva

requerida, para lo cual deber disponerse el libramiento de

los oficios necesarios a fin de que los organismos requeridos

den cuenta de si en sus registros obra constancia del

fallecimiento de Benito Jorge Urteaga y, en su caso, la lo-

calizacin de sus restos.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordina-rio y se revoca la sentencia apelada con el alcance sealado

en el ltimo considerando. Notifquese y, oportunamente, de-

vulvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.

ES COPIA

VO-//-

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-//-TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

1) Que contra la sentencia dictada por la Sala

II de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal que desestim el recurso de

apelacin interpuesto contra la de primera instancia que

haba rechazado in lmine la accin de amparo de hbeas

data deducida por el actor, ste articul el recurso

extraordinario, que fue concedido.

2) Que Facundo Ral Urteaga dedujo "accin de

amparo de hbeas data" contra el Estado Nacional y/o el

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y/o el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de

obtener datos relativos a su hermano, Benito Jorge Urteaga,

supuestamente abatido -segn publicaciones periodsticas de

la poca-, el 19 de julio de 1976; de conocer cul haba

sido su destino; qu haba sucedido con l; dnde se

encontraban sus restos y, si se confirmaba que haba sido

asesinado, quines haban sido los responsables de esta

decisin y qu grado de responsabilidad le corresponda al

Estado (fs. 2/4).

3) Que el juez de primera instancia rechaz in

limine la pretensin. Examin el contenido del texto

constitucional -art. 43, prrafos 3 y 4- y concluy que

la accin de hbeas data slo poda ser interpuesta por la

persona a quien se refieren los datos que consten en los

registros pblicos o privados, y se encontraba

concretamente dirigida a lograr su supresin,

rectificacin, confidencialidad o actualizacin. Destac

que la va apta para el caso era la previs

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-//- ta en la ltima parte -4 prrafo- de la norma citada,

es decir, el hbeas corpus, "pues aparte de que puede ser

interpuesta por cualquier persona en favor del afectado

(posibilidad que no existe en el marco del hbeas data) se

encuentra especficamente establecida para el caso de desapa-

ricin forzada de personas" (fs. 31/32).

4) Que el a quo rechaz la apelacin del actor,

sobre la base de dos ejes fundamentales. En primer lugar,

destac que la finalidad perseguida en la demanda no se com-

padeca con la que surge del texto constitucional, esto es,

proteger a los individuos contra la informacin falsa o in-

completa, habilitndolos para exigir la supresin, rectifica-

cin, confidencialidad o actualizacin de los datos e impedir

que se haga un uso abusivo o discriminatorio de ellos. Ensegundo trmino, expres que slo el afectado posee legi-

timacin activa para articular la accin, con transcripcin

del texto constitucional pertinente:..."Toda persona podr

interponer esta accin para tomar conocimiento de los datos a

ella referidos..." (fs. 41/47).

5) Que en el recurso extraordinario federal, el

apelante plantea la existencia de una clara cuestin consti-tucional, cual es la interpretacin misma de una clusula de

su texto; califica al hbeas data como un amparo especial, a-

signndole un campo difuso que no consiente un alcance res-

trictivo. En cuanto a la legitimacin, esgrime que el carc-

ter de amparo especial, colisiona con el criterio "de ampli-

tud en la legitimacin que prim en la Convencin Constitu-

yente". Seala que "el hecho de que el constituyente haya

encuadrado esta accin de HABEAS DATA en el marco del amparo

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9 U. 14. XXXIII.




-//- le da un encuadre legal, que debe ser resguardado".

Expresa que la circunstancia segn la cual "se trata de un

amparo especial hace que estn legitimados no slo la

persona fsica sobre la que existen los datos, los

familiares de ste, en caso de ausencia, el defensor de

ausentes, sino tambin personas jurdicas" (fs. 57/57

vta.).


mente procedente, pues se encuentra en tela de juicio la

interpretacin de la garanta constitucional consagrada por

el art. 43 y el alcance que le ha sido asignado result

contrario a las pretensiones del recurrente (art. 14, inc.

3, de la ley 48).

7) Que el instituto en consideracin -hbeas da-

ta-, tiene su fuente en la revolucin cientfico-

tecnolgica que se registr en el campo de la informtica,

lo que hizo posible el procesamiento y distribucin de

datos personales a escala nacional e internacional. Este

tema atrajo la atencin de la Conferencia Internacional deDerechos Humanos llevada a cabo en Tehern, en el ao 1968,

en la que se expuso sobre los peligros que representaba

dicho progreso para esos derechos. Las redes de

telecomunicaciones y las transmisiones nacionales e

internacionales de datos, tambin preocuparon al Consejo de

Europa. La Asamblea Parlamentaria recomend al Consejo de

Ministros el examen de la cuestin y la conveniencia decelebrar convenios internacionales que tengan por finalidad

la tutela de los derechos humanos, con miras a la

aplicacin racional de la informacin al desenvolvimiento

econmico, social y poltico y a la proteccin legal de los

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-//- datos. Su consecuencia fue el Convenio sobre Telecomuni-

cacin Internacional, firmado en 1973 en Mlaga -Espaa-, que

tuvo por complemento el convenio celebrado el 15 de noviembre

de 1985 sobre la proteccin de las personas con respecto al

Tratamiento Automatizado de Datos de Carcter Personal. Por

su parte, en su 45a. sesin del 29 de enero de 1991, la

Organizacin de las Naciones Unidas estableci directrices

para la regulacin de ficheros automticos de datos

personales.

8) Que la proteccin legal se dirige a que el par-

ticular interesado tenga la posibilidad de controlar la vera-

cidad de la informacin y el uso que de ella se haga. En tal

sentido, este derecho forma parte de la vida privada y se

trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes

que integran la personalidad. El seoro del hombre sobre sse extiende a los datos sobre sus hbitos y costumbres, su

sistema de valores y de creencias, su patrimonio, sus

relaciones familiares, econmicas y sociales, respecto de

todo lo cual tiene derecho a la autodeterminacin informa-

tiva. A nivel internacional, y en trminos similares, el de-

recho a la intimidad fue expresamente consagrado en la Decla-

racin Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Polticos, al disponerse que nadie

podr ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de

ataques a su honra o a su reputacin (arts. 12 y 17, res-

pectivamente).

En este mismo mbito, el derecho a la proteccin de

datos fue gradualmente adquiriendo el reconocimiento de

-//-

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10 U. 14. XXXIII.




-//- un derecho individual de carcter personalsimo, tanto

en la doctrina como en la legislacin. As, en las

constituciones de Portugal, en 1976; de Espaa, en 1978; de

los Pases Bajos, en 1983; de Hungra, en 1989; de Suecia,

en 1990, entre otras. Por otra parte, tanto en Estados

Unidos como en la Unin Europea, se limit la proteccin a

las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a su libre circulacin. En efecto, la

Suprema Corte de ese pas, en el fallo "SU v. Morton Salt

Co." (F.338 US 632, 652 de 1950), declar no aceptable que

las personas jurdicas reclamen un derecho a la intimidad

igual que las personas fsicas; y la Unin Europea, en el

Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992,

dispuso que "la Unin respetar los derechos fundamentales

tal como se garantiza en el Convenio Europeo para la

Proteccin de los Derechos Humanos y de las libertades

Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y

tal como resulta de las tradiciones constitucionales

comunes a los estados miembros como principios generales

del derecho comunitario".

9) Que, en consecuencia, el ncleo del tema es

la libertad del individuo frente al procesamiento de datos,

es decir, la proteccin del individuo contra la evolucin

tcnica de la informtica. En tal sentido, la Declaracin

de Derechos y Libertades Fundamentales de 1989, aprobada

por el Parlamento Europeo, reconoce a las personas el

derecho a la intimidad en su art. 6 y les confiere el

derecho de acceso y de rectificacin de los datos que les

afecten en los documentos administrativos.

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-//- En cuanto al control sobre los datos acumulados y

procesados en registros o bancos de datos pblicos y priva-

dos, se trata de un derecho individual reconocido nicamente

al afectado. En rigor, ese derecho tiene tres dimensiones: la

de conocer, la de acceder y rectificar. Lo que los anglo-

sajones denominan: right to know; right to access y right to

correct. Al derecho en s, se lo conoci como habeas scrip-

tum, entre nosotros como hbeas data, y tiene privilegio

sobre el derecho de propiedad de la informacin.

10) Que el hbeas data establecido en el art. 43 de

la Constitucin Nacional, protege la identidad personal y

garantiza que el interesado -l y slo l- tome conocimiento

de los datos a l referidos y de su finalidad, que consten en

registros o bancos pblicos o los privados destinados a

proveer informes. Constituye, por tanto, una garanta frente

a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y

autoriza a obtener su supresin, rectificacin, confidencia-

lidad o actualizacin.

Se trata, pues, de una dimensin del derecho a la

intimidad, en conexin de sentido con el art. 19 de la

Constitucin Nacional; constituye la accin que garantiza el

derecho que toda persona tiene a decidir por s misma en qu

medida compartir con los dems sus sentimientos, pensamiento

y los hechos de su vida personal (caso "Ponzetti de Balbn",

Fallos: 306:1893). Por consiguiente, el hbeas data en tanto

garanta de un derecho individual, personalsimo, slo puede

ser ejercida por el titular del derecho a interponer la

accin, en defensa de aspectos de su personalidad, vinculados

con su intimidad, que no pueden encontrarse a dis-//-

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11 U. 14. XXXIII.




-//-posicin del pblico ni ser utilizados sin derecho;

as, garantiza a toda persona que su filiacin poltica,

sus creencias religiosas, su militancia gremial, sus

antecedentes laborales o acadmicos, no pueden ser

divulgados ni utilizados en su perjuicio por rganos

pblicos o entes privados.

11) Que existen claras diferencias entre la

garanta del hbeas data y el planteo de autos, que no es

otra cosa que el reclamo a los jueces -en tanto guardianes

de las garantas individuales- para que hagan valer lo

establecido en los arts. 14 y 32 de la Constitucin

Nacional: esto es, el derecho a la informacin, que es

preexistente a la incorporacin del hbeas data en nuestra

Ley Fundamental. Otra interpretacin importara aceptar que

el reciente ingreso de este instituto habra incorporado a

la Constitucin el derecho a la informacin sobre los

asuntos pblicos, cuando ste es inherente al sistema

republicano y a la publicidad de los actos de gobierno.

Al respecto, cabe recordar que el art. 2 de la

Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de

Personas, aprobada por la ley 24.556 y con jerarqua

constitucional otorgada por la ley 24.820, establece que:

"Para los efectos de la presente convencin se considera

desaparicin forzada la privacin de la libertad a una o

ms personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por

agentes del Estado o por personas o grupos de personas que

acten con la autorizacin, el apoyo o la aquiescencia del

Estado, seguida de la falta de informacin o de la negativa

a reconocer dicha privacin de libertad o de informar sobre

el paradero de

-

//-

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22/73

-//- la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los

recursos legales y de las garantas procesales pertinentes".

En conexin de sentido con los derechos naturales y

los sentimientos y nexos familiares que se invocan, lo que

prevalece es la necesidad de hacer justicia, de materializar

esa virtud de la sociedad humana que opera como una fuerza

primaria que une al tejido social y legitima la existencia de

las instituciones.

La justicia sigue siendo un imperativo de la con-

ciencia social y moral de la humanidad, que marca avances en

el proceso histrico y en la conducta humana. Lo medular de

ese proceso es la vigencia de un orden jurdico destinado a

mantener la vida en comn, que asegure a los individuos el

seoro sobre s y resguarde su dignidad y su libertad.

No es, pues, el hbeas data, sino la genrica ac-

cin de amparo que esta Corte estableci a partir del caso

"Siri" (Fallos: 239:459) y que la convencin reformadora de

1994 incorpor a la Constitucin Nacional vigente, el medio

eficaz para que el recurrente pueda obtener de los poderes

pblicos y sus organismos de seguridad las respuestas desti-

nadas a conocer los antecedentes que pudieran existir sobre

la situacin de su hermano. En efecto, asiste derecho al

actor a obtener -por esa va-, la informacin que a ese

respecto existiera.

Esta Corte Suprema ha reconocido al amparo como el

remedio para asegurar la efectiva vigencia de los derechos

constitucionales explcitos e implcitos, y como el cauce pa-

ra preservar el juego armnico de las garantas que los pro-

tegen, cumpliendo de este modo con su funcin esencial de

preservar la supremaca constitucional.

-//-

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12 U. 14. XXXIII.




-//- La interpretacin de las disposiciones que

contiene el art. 43 de la Constitucin Nacional, permite

considerar que el recurrente, si bien carece de

legitimacin en cuanto al hbeas data, promovi esta accin

de amparo especial en razn de la desaparicin de su

hermano, presumiblemente muerto en 1976, y los antecedentes

que requiere estn referidos a conocer "cul fue el destino

de su hermano Benito Jorge, qu pas con l, dnde estn

sus restos, si confirma que fue asesinado, quines fueron

los responsables de esa decisin y qu grado de

responsabilidad le cabe al Estado" (fs. 3 vta.). Se trata,

en sntesis, de averiguaciones que pueden subsumirse en el

recurso de amparo, institucin que tiene por objeto una

efectiva proteccin de derechos ms que una ordenacin o

resguardo de competencias (causa M.1883 XXXII "Mases de

Daz Colodrero, Mara Agustina c/ Estado de la Provincia de

Corrientes s/ amparo" del 8 de julio de 1997 y sus citas).

12) Que, en efecto, el encuadre normativo

correcto -aun cuando sea, en todo o parcialmente, ajeno al

planteo de las partes- y que halla su fundamento en la

expresin iura novit curia, es de estricto cumplimiento

especialmente cuando est en juego nada menos que la norma

ms alta del sistema, la Constitucin Nacional.

Por lo dems, la naturaleza consustancial entre

el amparo y el hbeas data surge incontrastable de los

debates suscitados en el seno de la Comisin de Redaccin

de la Convencin Reformadora de 1994, al establecerse la

naturaleza esenciamente asociada entre el amparo

genricamente conside

-

//-

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24/73

-//- rado y el hbeas data. La convencional Roulet seal que

en el tercer punto "...se extiende el recurso de Amparo para

proteger los derechos a la privacidad de las personas, es

decir en lo que se refiere a datos vinculados con las per-

sonas" . Por su parte, el convencional Garca Lema, al refe-

rirse al hbeas data, seal que "...este Amparo, que es una

especie en particular, debe reunir todas las condiciones es-

tablecidas en la regla general, se abre para los casos de co-

mo se lleva una actividad o un registro..." (Obra de la Con-

vencin Nacional Constituyente, Tomo IV, pgs. 4156; 4196).

Finalmente, en las Sesiones Plenarias se defini al instituto

"como una rama especfica del Amparo, nuestra Constitucin se

pone a la altura de los tiempos que corren al incorporar la

garanta del hbeas data, tal como lo vienen haciendo la

legislacin y, en lo atinente al derecho comparado, algunasconstituciones extranjeras y varias constituciones de las

provincias argentinas..." (Convencional Ancarani; op. cit.

Tomo VI, pg. 5877).

Estas circunstancias permitan, sin dificultad, re-

conducir el proceso por la va del amparo genrico, que fren-

te a los actos y omisiones de la autoridad pblica en el mo-

mento histrico en que se sucedieron los hechos, apareca co-mo el quicio adecuado para restablecer el derecho a la infor-

macin, enervado entonces sistemticamente, como lo ha sea-

lado extensamente el Tribunal. Resultaba de la demanda ini-

cial que el principio de la forma republicana y la publicidad

de los actos de gobierno haban sido desconocidos por el

Estado al privrsele al actor de la entrega de "los restos de

su hermano, negndose a brindarle informacin sobre su pa

-//-

7/30/2019 urtiaga

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13 U. 14. XXXIII.




-//- radero..." (fs. 2 vta.).

Todo ello lleva a la conclusin segn la cual

frente a la posibilidad de subsumir el planteo en tan

potente garanta, el rechazo liminar dispuesto en la causa

result de un excesivo rigorismo formal en el razonamiento

de los jueces.

13) Que como se ha recordado en el precedente re-

gistrado en Fallos: 309:1762 -voto del juez Fayt-, en el

perodo en que se sucedieron los hechos que motivaron la

accin intentada, se garantizaba la impunidad mediante "el

ocultamiento de la realidad ante los pedidos de informes y

la utilizacin del poder estatal para persuadir a la

opinin pblica local y extranjera de que las denuncias

realizadas eran falsas y respondan a una campaa

orquestada tendiente a desprestigiar al gobierno". Todo

ello era llevado a cabo en un mbito de clandestinidad,

"que favoreci el sentimiento de impunidad de sus

ejecutores".

Asimismo, se record entonces que el pas

necesitaba "desesperadamente recobrar la fe en s mismo,

as como el sentido de su dignidad, para acabar con la

frustracin, el escepticismo y el colapso moral resultantes

de una larga cadena de acontecimientos...".

De ello se sigue que los derechos humanos en

juego requieren una tutela expedita que, en las

particulares circunstancias del caso, slo puede

proporcionar la accin de amparo. Ello es as, a fin de

posibilitar el ineludible y -a esta altura- impostergable

cumplimiento de la tica de la verdad.

-

//-

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-//- El compromiso del Poder Judicial con el esclareci-

miento de la antedicha realidad histrica, permitir -a jui-

cio del Tribunal- recuperar los sealados valores an en cri-

sis. Y es imperativo, para hacer efectivo ese compromiso,

salvaguardar el derecho sustancial reclamado por el actor,

que encuentra su fundamento -ni ms ni menos- en la ley posi-

tiva de ms alta significacin.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordina-

rio, se deja sin efecto la decisin recurrida y se ordena

dictar un nuevo pronunciamiento. Hgase saber y, oportunamen-

te, devulvase. CARLOS S. FAYT.

ES COPIA

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14 U. 14. XXXIII.




-//- TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI

Considerando:

1) Que la Sala II de la Cmara Nacional deApelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

rechaz el recurso contra la decisin de primera instancia

que desestim in limine la accin de hbeas data deducida

por Facundo Ral Urteaga, con la finalidad de obtener la

informacin que exista en los bancos de datos de los

organismos del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos

Aires y de las Fuerzas Armadas, respecto de su hermano

Benito Urteaga. Contra esta resolucin fue interpuesto el

recurso extraordinario concedido a fs. 73.

2) Que, de acuerdo con lo manifestado por el

recurrente, los diarios "Clarn" y "La Nacin" informaron

en el ao 1976 que su hermano, Benito Jorge Urtega, habra

muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, resultaron infructuosos los intentos que en

aquel momento hizo su familia para confirmar la noticia u

obtener algn dato acerca de su paradero o de la suerte de

sus restos. Por ello, su actual presentacin -que invoca el

derecho a defender la identidad y la dignidad de una

persona y de su familia- tiene por objeto "conocer cul fue

el destino de su hermano Benito Jorge, qu pas con l,

dnde estn sus restos, si se confirma que fue asesinado,

quines fueron los responsables de la decisin y qu grado

de responsabilidad le cabe al Estado".

3) Que en primera instancia la accin fue

desestimada in limine sobre la base de estimarse inadecuada

a los

-//-

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28/73

-//- fines perseguidos, pues, se afirm, ella slo puede ser

interpuesta por la persona a quien se refieren los datos. Si

lo que el demandante pretende es conocer el sino de su herma-

no desaparecido -se expres-, el camino procesal es el del

hbeas corpus, que puede ser interpuesto por cualquiera y que

se encuentra especficamente previsto para el caso de

desaparicin forzada de personas. Con argumentos similares,

la decisin fue confirmada en segunda instancia, al aseverar-

se que la accin excedera el objeto propio del hbeas data,

que tiende a proteger la veracidad de la informacin y a

impedir que se haga un uso abusivo o discriminatorio de los

datos, y colateralmente, debido a que slo el "afectado"

tendra legitimacin activa.

4) Que el recurso extraordinario resulta formal-mente procedente, pues se encuentra en cuestin la interpre-

tacin de la garanta consagrada por el art. 43, prrafo ter-

cero, de la Constitucin Nacional, y el alcance que se le ha

asignado ha sido contrario a la pretensin fundada en dicha

clusula (art. 14, inc. 3, de la ley 48).

5) Que el recurrente sostiene que la interpreta-

cin realizada por la cmara con relacin al bien jurdicoprotegido por el hbeas data es incorrecta, pues omite consi-

derar al instituto como una especie del amparo que se vincula

no slo a la falsedad de la informacin sino con toda forma

de discriminacin y con la obligacin del Estado de pro-

porcionar los datos que posea sobre una persona. En cuanto a

la carencia de legitimacin activa, afirma que el fallo des-

conoce el propio texto constitucional, el cual, al ubicar al

hbeas data en el contexto del amparo -que hoy protege tam-

-//-

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15 U. 14. XXXIII.




-//- bin los intereses difusos-, impide una inteligencia

restrictiva en este punto.

6) Que la vigencia del art. 43, prrafo tercero,

de la Constitucin Nacional debe ser asegurada por los jue-

ces a pesar de la ausencia de reglamentacin legislativa

(confr. la doctrina sentada en Fallos: 239:459). Asimismo,

y en el marco de las acciones de amparo a las garantas

constitucionales, esa tutela se debe efectivizar por medio

de una "accin expedita y rpida" (art. 43, prrafo 1,

Constitucin Nacional), o, en los trminos del art. 25 de

la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, a travs de

un "recurso sencillo y rpido".

7) Que el objeto especfico de la accin

intentada es la obtencin de datos, y por lo tanto, slo

resulta viable mediante hbeas data, es decir, el recurso

tendiente a facilitar el acceso a la informacin en virtud

del derecho consagrado por la norma constitucional

mencionada.

8) Que aun cuando se apliquen las reglas

procesales correspondientes a la accin de amparo, a fin de

garantizar un recurso veloz y sin trabas, ello no alcanza a

transformar el objeto de la pretensin formulada en autos

en el propio de la accin consagrada en el art. 43, prrafo

primero, de la Constitucin Nacional. En efecto, no se

intenta en el sub lite hacer cesar ningn acto u omisin

lesivo de derechos y garantas manifiestamente ilegtimo o

arbitrario, sino que se solicita el acceso a datos, mbito

especfico del hbeas data.

Del mismo modo, resulta a todas luces desviada la

-//-

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-//- ocurrencia del juez de primera instancia sobre la posi-

bilidad de recurrir al art. 43, prrafo cuarto. El hecho de

que el accionante exprese que su deseo final es localizar a

su hermano desaparecido no puede llevar a concluir, maquinal-

mente, que tal propsito debe tramitarse por la va del h-

beas corpus, por ser el medio que est constitucionalmente

previsto para la desaparicin forzada de personas y porque

puede ser interpuesto por cualquiera. Es evidente que si la

desaparicin se produjo en 1976, y despus los diarios infor-

maron de la muerte de Urteaga en un episodio violento, no

resulta recomendable el recurso a una accin destinada a

hacer cesar una restriccin actual e ilegtima de la libertad

ambulatoria. Pero lo que es an ms importante es que lo que

se reclama no es la liberacin del familiar, sino los "datos"

obrantes en registros estatales sobre si la muerte se produjocomo inform la prensa, o si hay alguna otra constancia que

permita iluminar el suceso. La lesin que se invoca no es una

afectacin a la libertad, antes bien, es la carencia de

cierta informacin. Hbeas corpus y hbeas data tienen

funciones diferentes y autnomas. "La aparicin del hbeas

data no puede entenderse como una sustitucin del hbeas

corpus, cuya funcin para la defensa de la libertad fsicasigue siendo plenamente vigente, sino que se trata de una

garanta para nuevas agresiones a otras facetas de la

libertad" (confr. Prez Luo, Antonio Enrique, "Intimidad y

proteccin de datos personales: del hbeas corpus al hbeas

data", en Garca San Miguel, Luis (comp.) "Estudios sobre el

derecho a la intimidad", Madrid, 1992, pgs. 36 y sgtes.,

esp. 44).

-//-

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16 U. 14. XXXIII.




-//- No resultara extravagante pensar, como

alternativa, que la justicia penal es la ms idnea para la

realizacin de una investigacin tendiente a encontrar a

una persona desaparecida en las circunstancias denunciadas.

Pero, ms all de la posible existencia de impedimentos que

obstaculizaran esta va, de todos modos, ella slo cobrara

sentido en tanto el accionante pretendiera activar la

persecucin penal y arribar a la imposicin de una pena. En

cambio, si su objetivo inmediato es "conocer los datos" y

decidir luego sobre ellos, parece claro que, sin sustituir

sus propsitos, no es el proceso penal el que se adecua a

su requerimiento.

9) Que de lo dicho se desprende que la

pretensin de que se trata slo puede ser acogida en el

marco del hbeas data. En este punto, se debe sealar que

el anlisis de los cuestionamientos a la legitimacin

activa depender, en gran medida, de establecer previamente

si lo solicitado se encuentra dentro del mbito de

proteccin del art. 43, prrafo tercero, de la Constitucin

Nacional.

10) Que el instituto del hbeas data est

entraablemente vinculado al derecho a la intimidad, como

un instrumento destinado a evitar injerencias extraas en

la vida privada, pero tambin a fin de proteger el honor,

el derecho a la identidad y a la propia imagen (confr.,

entre otros, Hassemer, Winfried; Chirino Snchez, Alfredo,

"El derecho a la autodeterminacin informativa y los retos

del procesamiento automatizado de datos personales", Buenos

Aires, 1997, pgs. 32 y sgtes.; Prez Luo, op. cit.;

Espinar Vicente, Jos Mara, "La primaca del derecho a la

informacin sobre la

-//-

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32/73

-//-intimidad y el honor", en "Estudios sobre el derecho a la

intimidad", cit., pgs. 36 y sgtes., 46 y sgtes.; Bidart

Campos, Germn, "El derecho de peticin, de acceso a la

informacin y el recurso de insistencia en el derecho colom-

biano", E.D. 166-41).

Sin lugar a dudas, la difusin de herramientas de

caractersticas similares al hbeas data, destinadas a pro-

teger frente al registro indiscriminado de datos personales,

se debi fundamentalmente a los avances tecnolgicos, espe-

cialmente en materia de almacenamiento de datos informticos

(confr. acerca de las diversas vas en el derecho comparado,

Abad Yupanqui, Samuel B., "La jurisdiccin constitucional en

el Per: Antecedentes, balance y perspectivas", en Anuario de

Derecho Constitucional Latinoamericano, publicado por la

Fundacin Konrad Adenauer, Medelln, 1996, pgs. 107 ysgtes.). Es este fenmeno el que desencadena el temor frente

a las posibilidades de "invasin" del individuo no slo por

parte del Estado, sino tambin por los particulares (confr.

Hassemer, Winfried; Chirino Snchez, Alfredo, op. cit., pgs.

13 y sgtes.).

En sus comienzos, la proteccin apareca como nece-

saria slo frente a la posibilidad de difusin de los llama-dos "datos sensibles" (religin, procedencia tnica, ideas

polticas, participacin sindical, situacin financiera, ten-

dencias sexuales, etc.), pero las posibilidades del "cruza-

miento de datos" por medio de las computadoras desvirtu esta

categora, frente a la creciente necesidad de que la tutela

alcanzara a toda clase de informacin.

Este es el proceso que se puede reconocer en la

-//-

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17 U. 14. XXXIII.




-//- evolucin de la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional alemn, que haba sostenido la llamada

"teora de las esferas", segn la cual se estableca una

proteccin diferenciada de acuerdo con el mayor o menor

grado de afectacin de la intimidad, y que fuera elaborada,

especialmente, en la sentencia sobre el "Mikrozensus"

(BVerfGE 27, 1 y sgtes.; acerca de este concepto, confr.

Alexy, R., "Theorie der Grundrechte", 1994, pg. 327). Esta

concepcin restrictiva, fue abandonada en favor de una

tutela considerablemente ms amplia, cuyos basamentos

quedaron sentados en el fallo conocido como "sentencia del

censo" ("Volkszhlungsurteil", BVerfGE 65, 1 y sgtes.). A

esta decisin se le atribuye la configuracin del concepto

de "autodeterminacin informativa" o libertad informtica,

que es reconocido actualmente en forma predominante como el

fundamento del hbeas data en las legislaciones que

contemplan derechos anlogos (confr., en general, Prez

Luo, op. cit., pg. 39; Bidart Campos, loc. cit.; Vanossi,

Jorge R. "El 'hbeas data': no puede ni debe contraponerse

a la libertad de los medios de prensa", E.D. 159-948, esp.

pg. 949; respecto de regmenes legislativos en particular,

Chirino Snchez, op. cit., pg. 181, con referencia a la

Ley Orgnica 5/1992 de Regulacin del Tratamiento

Automatizado de Datos de Carcter personal (LORTAD) de

Espaa; Hassemer, op. cit., pgs. 36 y sgtes., sobre la Ley

Federal de Proteccin de Datos de la Repblica Federal de

Alemania (BDSG) y del Land Hesse (HDSG); Bianchi, Alberto,

"Hbeas data y derecho a la privacidad", E.D. 161-866, esp.

pg. 874, con relacin a la Data Protection Act inglesa, de

-//-

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34/73

-//- 1984, y a la Privacy Act norteamericana, de 1974).

En la "sentencia del censo" ya citada, el Tribunal

Constitucional alemn se expidi con relacin a una Ley de

Censo, votada por el Parlamento [Bundestag], segn la cual, y

a fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos sociales,

se compela a los ciudadanos a responder un interrogatorio

que abarcaba una serie de datos privados. Aunque los datos

eran relevados en forma annima, iban a ser cotejados con los

registrados en los estados federados [Lnder], y ello,

hipotticamente, permitira identificar a sus titulares. El

Tribunal, si bien confirm la validez de la mayor parte de la

ley, oblig a realizar modificaciones en ciertos puntos,

relativos al modo en que se poda autorizar la recoleccin y

almacenamiento de los datos, lo cual signific, finalmente,

que el censo se postergara por cuatro aos con un

considerable costo para el Estado (confr. recensin en Ko-

mmers, Donald, "The Constitutional Jurisprudence of the Fede-

ral Republic of Germany", Durham, Londres, 1989, pg. 332).

El punto fundamental de la argumentacin del Bun-

desverfassungsgericht fue la consagracin de la "autodetermi-

nacin informativa". Segn este concepto es el ciudadano

quien debe decidir sobre la cesin y uso de sus datos perso-nales. Este derecho -se dijo- puede ser restringido por medio

de una ley por razones de utilidad social, pero respetando el

principio de proporcionalidad y garantizando que no se

produzca la vulneracin del derecho a la personalidad (confr.

Hassemer, op. cit., pgs. 162 y sgtes.).

11) Que, de acuerdo con esta concepcin, en un es-

tado de derecho, el ciudadano es propietario de los datos-//-

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18 U. 14. XXXIII.




-//- que sobre l se registren; por lo tanto, ellos deben

estar a su disposicin para que sea l quien decida si los

cede o en qu condiciones lo hace. Segn Hassemer -actual

juez del Tribunal Constitucional alemn, y Comisionado para

la Proteccin de Datos de Hesse [Datenschutzbeauftragter]

durante varios aos-, en los pases con un alto grado de

desarrollo en sus esquemas de derechos fundamentales se ha

convertido en algo natural y evidente que la proteccin de

la privacidad del ciudadano est ntimamente unida al

derecho a la informacin. "La 'freedom of information' es

el gemelo del derecho a la proteccin de datos personales"

(op. cit., pg. 22). Para decirlo con las palabras del

Tribunal Constitucional alemn, "si un ciudadano no tiene

informacin sobre quin ha obtenido informacin sobre l,

qu tipo de informacin y con qu medios la ha obtenido, ya

no podr participar en la vida pblica sin miedo" (op.

cit., pg. 21).

El "derecho al libre acceso a la informacin",

recibido expresamente en nuestro ordenamiento

constitucional en el art. 13, inc. 1, de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos, tambin aparece

claramente vinculado al hbeas data en el derecho comparado

latinoamericano. As, sigue esta lnea la Constitucin

Poltica de Colombia (1991), en cuanto establece, con mayor

amplitud an que el pacto citado, que "Todas las personas

tienen derecho a acceder a los documentos pblicos, salvo

los casos que establezca la ley" (art. 74; acerca de la

aplicacin jurisprudencial de esta norma, confr. la

sentencia publicada en E.D. 166-40, referida a la

autorizacin judicial a un periodista para acceder a

-//-

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36/73

-//- los registros migratorios de entrada y salida del pas

del ex presidente peruano Alan Garca, asilado en Colombia).

Del mismo modo, la Constitucin de 1993 del Per reconoce en

su art. 2, inc. 5, el derecho de toda persona a "solicitar

sin expresin de causa la informacin que requiera, con la

excepcin de aquellas que afecten la intimidad o las que se

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional", dere-

cho que, con su notable amplitud, est garantizado con el re-

curso de hbeas data (art. 200, inc. 3). Tambin la Consti-

tucin Brasilera de 1988 asegura el derecho de informacin

general (art. 5, XIV), por un lado, y el instrumento del

hbeas data, por el otro, para asegurar el conocimiento de

informaciones relativas a la persona impetrante y para

rectificar los datos (art. 5, LXXII).

En la legislacin federal norteamericana, la inter-relacin de la Freedom of Information Act (FOIA, 5 USC Sec.

552) y la Privacy Act (5 USC Sec. 552a) constituye un claro

exponente de la complementacin entre el deber del Estado de

poner a disposicin del ciudadano la informacin que obre en

su poder, y las restricciones a que se lo somete en cuanto a

sus posibilidades en el manejo de los datos con que cuenta

acerca de los individuos. De este modo, la FOIA establece lalibertad de las fuentes estatales de informacin. De acuerdo

con ella, por regla general, el Estado est obligado a sumi-

nistrar la informacin que se le requiera, sin que el solici-

tante deba invocar inters particular alguno, y la negativa

de la agencia estatal a proporcionarla deber estar fundada

en alguna de las excepciones previstas. La Privacy Act, por

su parte, tiene por funcin otorgar a los individuos mayor

-//-

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19 U. 14. XXXIII.




-//- control sobre la obtencin, diseminacin y exactitud

de la informacin sobre ellos registrada en los archivos

del gobierno (confr. "Miller v. United States" (ED NY) 630

F Supp 347; "Vymetalic v. FBI" 251 US App DC 402, 785 F2d

1090). Como se seala en la declaracin de fines de la ley,

el objeto de su sancin fue "conceder al individuo ciertas

salvaguardas contra la invasin de su privacidad personal

por parte de las agencias requirentes".

12) Que tampoco puede sostenerse que aun cuando

el Estado est obligado a proporcionar los datos, si no se

trata de datos personales stricto sensu, no rige la

garanta de la va "expedita y rpida", que slo se le

concede a aquel que, por estar "legitimado", tiene derecho

a los datos sin ms ni ms. Tal argumentacin significara

presentar a la Constitucin negando parcialmente el derecho

a la informacin que intenta conceder en forma amplia, con

la sola limitacin de la proteccin de la intimidad del

dueo de los datos. Por lo dems, en el sub examine, no

existe ninguna razn que permita fundar una restriccin

procesal tal que autorice a reclamar los datos, pero sin

asegurar la celeridad propia de una accin conforme el art.

43, Constitucin Nacional.

13) Que, en consecuencia, y dado que el hbeas

data se orienta a la proteccin de la intimidad, el giro

"datos a ella referidos" debe ser entendido como el

reaseguro del derecho bsico protegido por la norma, como

medio de garantizar que sea el titular de los datos el que

pueda obtener el desarme informativo del Estado, o de quien

fuere, pa

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-//- ra poder decidir acerca del destino y contenido de di-

chos datos. Pero, adems, en tanto el texto constitucional

permite ejercer un control activo sobre los datos, a fin de

supervisar no slo el contenido de la informacin en s, sino

tambin aquello que atae a su finalidad, es evidente que se

trata, a la vez, de un instrumento de control. Por lo tanto,

no es posible derivar de la citada expresin un permiso

genrico para que el Estado se exima de su "deber de informa-

cin", pues ello significara divertir su sentido fundamen-

tal.

14) Que lo solicitado resulta procedente no slo

desde la perspectiva de los controles a los que debe someter-

se el estado de derecho en cuanto a la informacin que reco-

pila sobre sus ciudadanos, sino tambin porque la no exhibi-

cin de los datos solicitados representa en el sub lite unalesin a la intimidad. Como ya lo dijera esta Corte en la

causa "Ponzetti de Balbn" (Fallos: 306:1892), el derecho a

la intimidad tiene una estrecha vinculacin con el derecho a

la libertad (confr. el fallo mencionado, especialmente, con-

siderando 8, del voto mayoritario, y considerando 20 de mi

voto). Idntica relacin se infiere de la frmula utilizada

por la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (art. 11,inc. 2) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Polticos (art. 17, inc. 1), que mencionan la prohibicin de

someter al individuo a "injerencias arbitrarias o abusivas en

su vida privada", o en la de su familia. Con este alcance, la

negativa del Estado a proporcionar la informacin que tuviera

registrada acerca del destino de una persona posiblemente

fallecida, afecta indudablemente la vida privada

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-//- de su familia, en tanto sta ve arbitrariamente

restringida la posibilidad de ejercer derechos tan privados

como el del duelo o el de enterrar a los propios muertos.

Los sentimientos de respeto por la persona fallecida tienen

un intenso arraigo cultural -como con amplitud y fuerza de

conviccin lo destaca en su voto el juez Bossert- que los

hace integrar lo que ha dado en llamarse el "acuerdo

normativo de la sociedad" y que se manifiestan en las

reacciones que se producen a travs del ordenamiento

jurdico frente al fenmeno de la muerte (conf. Hassemer,

Winfried, "Theorie und Soziologie des Verbrechens",

Frankfurt a.M., 1973, pgs. 175 y sgtes.). Baste citar como

claros casos de la significacin jurdica de estos

sentimientos el art. 3357, Cdigo Civil (acerca de la

relacin de esta clase de reglas con ciertos mitos y tabes

culturales, conf. op. cit., esp., pg. 176), o el art. 171,

del Cdigo Penal, con su particular origen histrico.

Recuerda Rodolfo Moreno (h) que esta ltima norma fue

introducida en el cdigo de 1886 como consecuencia de

atentados cometidos en el cementerio de Buenos Aires, que

causaron en su tiempo una gran impresin. La exposicin de

motivos del proyecto de 1891 enumera esos antecedentes y da

los fundamentos del precepto, que fue incluido "para evitar

la impunidad en la repeticin de un hecho anlogo al que

ejecut en Buenos Aires la banda llamada de los 'Caballeros

de la Noche'". Y agrega ms adelante: "Liga a los vivos un

sentimiento de respeto y afecto hacia los restos de los que

fueron seres queridos, y es la libertad de tener ese senti-

miento y ese afecto lo que la ley penal debe garantir con

su

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-//- sancin" (conf. aut. cit., "El Cdigo Penal y sus ante-

cedentes", Buenos Aires, 1923, t. V, pg. 172).

15) Que, por otra parte, rechazar la presente peti-

cin violentara claramente el sentido que en la Convencin

Constituyente se quiso dar a esta regla. De la lectura de la

discusin se advierte que una de las principales razones para

la incorporacin de esta "nueva garanta" fue la experiencia

en violaciones a los derechos humanos facilitadas por el

registro indiscriminado y secreto de datos por parte de las

fuerzas de seguridad, y por la existencia de las llamadas

"listas negras", que cercenaban las posibilidades de trabajo.

El "fantasma informtico", decisivo en los avances en este

campo en la legislacin extranjera, aparece aqu casi como un

argumento colateral (confr. las expresiones de los

convencionales Diario de Sesiones de la Convencin NacionalConstituyente, Santa Fe, 1994, t. IV, pgs. 4051, 4054, 4074,

4110, y especialmente, 4152 y sgtes.).

Cabe recordar que la tensa relacin entre "acceso a

los datos" y "fuerzas de seguridad" es uno de los puntos

crticos para la proteccin intentada tambin en el derecho

comparado. Con respecto al derecho brasilero, dice J. M.

Othon Sidou: "El individuo tiene el derecho fundamental aconocer las informaciones manipuladas y ocultas en los archi-

vos de inteligencia gubernamental, por lo general distorsio-

nadas u obtenidas por mtodos arbitrarios; y a esto apunta el

hbeas data (sin subrayado en el original, aut. cit., "Las

nuevas figuras del derecho procesal constitucional brasileo:

mandamiento de ejecucin y 'hbeas data'", L.L., 1992-E-

1010). El tema tambin result problemtico en la dis

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-//- cusin previa a la sancin de la LORTAD espaola, en

particular, en lo relativo a la oportunidad y necesidad de

regular excepciones para los rganos de seguridad por razo-

nes de defensa del Estado o de seguridad pblica (confr.

Hassemer; Chirino Snchez, op. cit., pg. 181; con respecto

a esta cuestin en el proceso de la reunificacin alemana,

y a los vnculos entre acceso a los datos y procesos de

democratizacin, op. cit., pgs. 31 y sgtes.; 54 y sgtes.).

16) Que en la medida en que lo solicitado

representa el ejercicio de un inters legtimo, y en tanto

ello no vulnera en modo alguno la intimidad de terceros, no

cabe restringir la legitimacin activa del recurrente, con

base en que no se trata de "datos referidos a su persona".

Pues proteger el derecho a conocer todo lo relativo a la

muerte de un familiar cercano ocurrida en las

circunstancias referidas significa, en ltima instancia,

reconocer el derecho a la identidad y a reconstruir la

propia historia, los cuales se encuentran estrechamente

ligados a la dignidad del hombre (confr. mi disidencia en

Fallos: 313:1113, si bien con relacin al derecho del

adoptado a conocer su origen biolgico).

17) Que por las razones expuestas, lo solicitado

por el recurrente se encuentra amparado por el art. 43, p-

rrafo tercero, de la Constitucin Nacional, sin que exista

bice formal alguno para garantizar la procedencia del

hbeas data intentado por la va de la norma citada.


extraordinario y se deja sin efecto la decisin recurrida.

Hgase saber y, oportunamente, devulvase. ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI.

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Urteaga, Facundo Ral c/ Estado Nacional

-Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.- s/

amparo ley 16.986.

-//- TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1) Que la cuestin debatida en autos es sustan-

cialmente anloga a la examinada y resuelta por el

Tribunal, el 13 de agosto de 1998, en la causa S.1085.XXXI.

"Surez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privacin

ilegal de la libertad, etc." -disidencia del juez Boggiano-

, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de

brevedad.

2) Que, adems, es del caso recordar que la

Constitucin "est dirigida irrevocablemente a asegurar a

todos los habitantes 'los beneficios de la libertad', y

este propsito, que se halla en la raz de nuestra vida

como nacin, se debilita o se corrompe cuando se introducen

distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en

obstculos o postergaciones para la efectiva plenitud de

los derechos" (caso "Kot", publicado en Fallos: 241:291, en

especial pginas 301 y 302).

3) Que, en consecuencia, el derecho del hbeas

data puede hacerse valer por cualquier va procesal

razonable, aun la incidental, hasta tanto una ley

reglamente su ejercicio (art. 28 de la Constitucin

Nacional).

cin de sus restos.


extraordinario y se revoca la sentencia. Notifquese y,

oportunamente, devulvase.ANTONIO BOGGIANO.

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23 U. 14. XXXIII.




-//-TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

1) Que el demandante Facundo Ral Urteaga promo-

vi "accin de amparo de hbeas data" -con sustento en lo

dispuesto por el art. 43, tercer prrafo, de la

Constitucin Nacional y en las disposiciones concordantes

de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos- con el

objeto de obtener informacin acerca de los datos que

existan en los registros de diversos organismos pblicos

respecto de su hermano Benito Jorge Urteaga que -segn

expresa- habra sido "secuestrado-desaparecido" o abatido

en 1976 por las fuerzas de seguridad en un departamento

sito en la localidad de Villa Martelli, Provincia de Buenos

Aires.

2) Que el actor sostuvo que el instituto del h-

beas data protege los derechos individuales y las garantas

constitucionales y procura la proteccin del derecho de in-

formacin y a conocer los datos que existan sobre una

persona "muy estrechamente ligada" que posean los bancos de

datos pblicos y privados, que le confiere el derecho, en

este caso particular, a saber cul fue el destino de su

hermano o de sus restos y la eventual responsabilidad que

podra caberle al Estado en el caso.

3) Que, seala el demandante, uno de los objeti-

vos de las juntas militares gobernantes a la poca en que

sucedi la desaparicin de Benito Urteaga fue una poltica

de ocultamiento destinada a impedir la investigacin de los

hechos ocurridos en aquel momento (ver fs. 55 vta.), por lo

que requiere por esta va la informacin necesaria para

cono

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-//-cer el destino de su hermano o, eventualmente, de sus

restos.

4) Que el juez de primera instancia desestim in

limine la accin intentada pues consider que la va adoptada

no resultaba propia para la consecucin de los fines per-

seguidos, pues slo puede ser interpuesta por la persona a la

que se refieren los datos que consten en registros pblicos o

privados y destac que el camino apto para la informacin

requerida se encontraba previsto en la ltima parte del art.

43 de la Constitucin Nacional que prev el remedio del

hbeas corpus para los supuestos de desaparicin forzada de

personas, entre otros casos.

5) Que la Sala II de la Cmara Nacional de Apela-

ciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirm la

sentencia del magistrado de grado y estim que el demandante

careca de legitimacin activa para intentar la accin en

tanto los datos que pretenda recabar no estaban referidos a

su persona y la finalidad que a travs de ella se persegua

no se compadece con lo que surge del texto constitucional.

Contra dicho pronunciamiento, el actor dedujo el recurso

extraordinario de fs. 54/58 que fue concedido a fs. 73/73

vta.

6) Que el recurso extraordinario es formalmente

procedente, pues se encuentra directamente controvertida la

interpretacin de una garanta constitucional consagrada en

el art. 43 de la Constitucin Nacional y aquella inteligencia

ha resultado contraria a la pretensin del recurrente (art.

14, inc. 3, de la ley 48).

7) Que el derecho invocado por el recurrente de

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-//- conocer el destino de su hermano, dado pblicamente

por muerto en 1976, y, en su caso, el de sus restos,

constituye un principio que aparece en toda comunidad moral

(Emile Durkheim, "Las reglas del mtodo sociolgico",

Mxico, Premia Editora, 1987, pgs. 36/37, 48 y sgtes.; Max

Weber, "Economa y sociedad", Mxico, Fondo de Cultura

Econmica, 1996, pgs. 33 y 330 y sgtes.). Cuestionar ese

derecho implica negar que un sujeto posee una dignidad

mayor que la materia. Y ello afecta, no slo al deudo que

reclama, sino a la sociedad civil, que debe sentirse

disminuida ante la desaparicin de alguno de sus miembros;

"una sociedad sana no puede permitir que un individuo que

ha formado parte de su propia sustancia, en la que ha

impreso su marca, se pierda para siempre" (Robert Hertz,

"La muerte", Alianza Editorial Mexicana, 1990,

pg. 91). Es por ello que toda comunidad moral permite y

protege la posibilidad del duelo, ya que a travs de l "se

recobran las fuerzas, se vuelve a esperar y vivir. Se sale

del duelo, y se sale de l gracias al duelo mismo" (E.

Durkheim, "Las formas elementales de la vida religiosa",

Madrid, Alianza Editorial, 1993, pg. 630).

Por ello, sostiene R. Hertz (ob. cit., pg. 102)

que "un ltimo anlisis de la muerte como fenmeno social

consiste en verla como un doble y penoso trabajo de

desagregacin y sntesis mentales, que slo una vez

concluido, permite a la sociedad, recobrada la paz,

triunfar sobre la muerte".

El derecho de enterrar a sus muertos en el marco

del pensamiento judo haba sido concedido an con relacin

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-//- a los condenados a una muerte infamante o a los enemigos

en la guerra (Deuteronomio 21, 22-23 y Flavio Josefo en

similar sentido en La Guerra de los Judos, Obras Completas,

Buenos Aires, Ed. Emec, 1961, Lib. 3, cap. 8 prr. 5, pg.

240) y era juzgado como un castigo terrible el desconocer el

destino de los restos de una persona lo que la asimilaba a un

animal (Jeremas 22,19 y 26,23). La atencin al destino de

los cadveres era considerado como un rasgo distintivo frente

a otros pueblos a los que calificaban como llenos de impiedad

por despreciar el cuidado de aqullos tal como era el caso de

los Idumeos (Flavio Josefo, La Guerra de los Judos, ob.

cit., Lib. 4, cap. 5, prr. 2, pg. 284).

No era distinto el pensamiento griego desde sus

orgenes. Agamenn propona en la Ilada (VI-57-60, versin

de Rubn Bonifaz Nuo, Mxico, U.N.A.M., 1996) que los deIlin deban perecer "sin sepulcro y sin huella" y en la mis-

ma obra se mencionaba la necesidad de que los hermanos y pa-

rientes dieran sepultura a los cadveres como es debido a los

muertos (XVI-455). En similar sentido, Demstenes haca

referencia en su obra Contra Macartatus (57-59) a una ley de

Atenas que dispona que "cuando las personas mueran en los

demos y nadie los lleve a enterrar, deja al Demarca dar no-ticia a sus parientes para levantarlos y enterrarlos...Y para

el caso de que despus de que el Demarca hubiera dado noticia

de la muerte, y los parientes no se hubieran llevado el

cuerpo, el Demarca deber adoptar medidas para levantar y

enterrar el cuerpo."

La muerte en la guerra no era obstculo para la de-

volucin de los cadveres de los parientes que era estimada

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-//- como una medida adecuada a los usos y costumbres de

todo el mundo helnico (ver en tal sentido Iscrates,

Plataicus 55), de modo que eran censurados aquellos que

privaban a otros -incluso a los enemigos- del entierro

correspondiente (Lisias. Contra Eratstenes 21, Mxico,

U.N.A.M., 1989, pg. 52).

La tradicin romana era similar desde sus

orgenes ya que -segn Tito Livio "Historia de Roma" I. 49-

el rey Tarquino fue llamado soberbio porque priv a su

suegro de funerales. Del mismo modo subsisti esa repulsa

por quienes profanaban a los cadveres durante la historia

romana y el Digesto sealaba que "los cadveres de los que

son condenados a pena capital no deben ser negados a los

cognados de los mismos; y esto escribe tambin el Divino

Augusto en el libro dcimo de su vida que l observ. Mas

hoy no se entierran los cadveres de los que son

ajusticiados, sino si se hubiere pedido y permitido; y a

veces no se permite, principalmente tratndose de

condenados por causas de lesa majestad. Tambin pueden ser

pedidos los cadveres de los que son condenados a ser

quemados, a saber, para que se pueda dar sepultura a los

huesos y a las cenizas recogidas" (Ulpiano: Del cargo de

Procnsul, libro IX) y de similar modo Paulo puntualizaba

(Sentencias, libro I) que "los cadveres de los

ajusticiados han de ser entregados a cualesquiera que los

pidan para darles sepultura" (Ttulo XXIV "De cadaveribus

punitorum" del Libro XLVIII del Digesto, citado segn

Cuerpo del Derecho Civil Romano, T. III, Digesto, Versin

de Ildefonso L. Garca del Corral, Imp. de Redondo y

Xumeira, Barcelona, 1897, pg. 811).

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-//- Los orgenes de la tradicin cristiana giran en

torno a la devolucin del cuerpo de Jess por Poncio Pilatos

(sobre ello ver Raymond E. Brown, "The Death of the Messiah.

From Gethsemane to the Grave", Doubleday, Vol. II, The Anchor

Bible reference library, 1994, Tomo 2 y pgs. 1206 y sgtes.,

respecto al trato dado a los cuerpos de los sometidos a pena

capital en Roma, Grecia y Judea) y las reliquias de los

muertos en la persecucin eran tenidas en gran aprecio

(Martirio de Policarpo, XIV, en "Actas de los mrtires",

Madrid, B.A.C. 1974, pag. 276), a punto tal que la reunin de

los cristianos alrededor de las reliquias de los santos y de

las iglesias construidas sobre ellas se convirti en un rasgo

especfico de la civilizacin cristiana (Philippe Aries, "El

hombre ante la muerte", Madrid. Ed. Taurus, 1992, pg. 42).

Se trata de un principio moral reconocido desde laantigedad, el derecho de los familiares de enterrar a sus

muertos, que proviene de leyes no escritas y firmes de los

dioses que no son de hoy ni de ayer sino de siempre y nadie

sabe a partir de cundo pudieron aparecer (Sfocles, Antgo-

na, v. 455-459, ed. Madrid, Alianza Ed. 1997, versin de Jos

M. Lucas de Dios, pg. 185).

Derecho cuya vulneracin configur en todos lostiempos la perpetracin de una impiedad. Es una nocin que el

hombre opone al salvajismo, la contencin de las pasiones

ante las ltimas formas del dolor.

Sobre este anteponer la dignidad humana a los ava-

tares y odios de la poltica y las guerras, no es intil re-

cordar a Jos Luis Romero cuando expresaba ("El ciclo de la

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-//- revolucin contempornea", Buenos Aires, Ed. Huemul,

1980, pag. 208): "El juicio del tiempo sobre cada conducta

puede ser variable en el plano poltico, porque a la luz de

la experiencia es dable ver quin acert y quin equivoc

el camino. Pero el juicio en el plano moral es inequvoco.

Hubo quienes defendieron y quienes menospreciaron la

dignidad humana".

8) Que la existencia de algunos de esos princi-

pios bsicos, el derecho a conocer el destino de personas

desaparecidas y, en su caso, el destino de sus restos,

deben entenderse contemplados en el segundo considerando de

la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre en cuanto dispone "que en repetidas ocasiones, los

Estados Americanos han reconocido que los derechos

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales

de determinado Estado sino que tienen como fundamento los

atributos de la persona humana".

Entre esos atributos se encuentra el derecho a

conocer el destino de aquellas personas con las que existen

vnculos familiares, que es admitido incluso en los supues-

tos de conflictos blicos internacionales.

En efecto, el Protocolo Adicional del 8 de junio

de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

relativo a la proteccin de las vctimas de los conflictos

armados internacionales (Protocolo I) -aprobado por ley

23.379- dispone en su art. 33, inc. 1, que respecto a los

desaparecidos "tan pronto como las circunstancias lo permi-

tan, y a ms tardar desde el fin de las hostilidades acti

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-//-vas, cada Parte en conflicto buscar las personas cuya

desaparicin haya sealado una Parte adversa. A fin de fa-

cilitar tal bsqueda, esa Parte adversa comunicar todas las

informaciones pertinentes sobre las personas de que se

trate". Dentro de ese mbito, el inciso 2 a, del mismo

artculo prescribe que con objeto de facilitar esa informa-

cin cada Parte en conflicto deber "registrar en la forma

dispuesta en el art. 138 del IV convenio la informacin sobre

tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas

o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante

ms de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de

la ocupacin o hubieran fallecido durante un perodo de

detencin" y el apartado b, dispone que cada parte deber "en

toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario,

efectuar la bsqueda y el registro de la informacin relativaa tales personas si hubieran fallecido en otras

circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la

ocupacin".

En similar sentido, el art. 17, primer prrafo, del

"Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y

enfermos de las Fuerzas Armadas en campaa", del 12 de agosto

de 1949, dispone, para supuestos de guerra declarada, que"Las Partes en conflicto velarn por que la inhumacin o la

incineracin de los cadveres, hecha individualmente en la

medida en que las circunstancias lo permitan, vaya precedida

de un atento examen y, si es posible, mdico de los cuerpos y

a fin de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder

dar cuenta al respecto".

En este contexto internacional y en opinin de la

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-//- Corte Internacional de Justicia, los Convenios de

Ginebra de 1949 tienen tanto un carcter consu

urtiaga

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