urabá: neo paramilitarismo, violencia, víctimas y memoria ... · en este caso nos vamos a ocupar...
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Urabá: Neo paramilitarismo, violencia, víctimas y Memoria histórica (II).
Horacio Duque.
Este documento es fruto de un trabajo realizado directamente en los
municipios de Arboletes, Necocli, San pedro de Urabá, Apartado, Turbo,
Chigorodo y Rio Sucio (Choco) y en algunas de sus veredas como Santa Fe de
las Platas en Arboletes, durante el mes de octubre del 2019 sobre la situación
de las víctimas del conflicto y los procesos de recuperación de sus derechos.
En las reuniones y diálogos realizados el contacto se hizo con mujeres en su
gran mayoría.
En el Urabá hay registradas cerca de 400 mil víctimas de la violencia de los
paramilitares, de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y del
Estado. En Arboletes, de amplio dominio de los urabeños y de poderosos
hacendados como William Vélez, hay cerca de 25 mil víctimas; en Necocli, con
fuerte presencia de Fredy Rendón, el alemán, hay cerca de 40 mil víctimas; en
San pedro de Urabá, el santuario de los gaitanistas, las victimas suman más de
35 mil; en Turbo las victimas superan las 100 mil personas; en Apartado llegan
a 80 mil víctimas; en Chigorodo son más de 50 mil; y en Rio Sucio, Choco, la
cifra se acerca a las 13 mil personas.
La situación de las víctimas de la violencia en Colombia es dramática y
aberrante desde la consideración humanitaria. Peor en tiempos de
coronavirus en que el Estado omite sus obligaciones legales para resarcir los
derechos de dicha población.
Son casi 9 millones de personas que han sido objeto de la violencia desatada
por los grupos del neo paramilitarismo o las Organizaciones sucesoras del
paramilitarismo que ni siquiera con la implementación de los acuerdos de paz
pactados con un sector de las Farc ceden en su presión sobre amplios grupos
de la población en las regiones. Las Organizaciones sucesoras del
paramilitarismo OSP1 mantienen su presencia y acción ilegal en importantes
1 Sobre las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3fDx6ll
espacios de la geografía colombiana con la colaboración de los aparatos
armados del gobierno y en complicidad con las castas políticas que dominan el
sistema político nacional y sus expresiones subnacionales o regionales.
En este caso nos vamos a ocupar de lo que ha sido el proceso de la violencia
paramilitar y estatal en la región de Urabá, ubicada en el noroccidente de
Colombia, por supuesto de la tragedia de las víctimas afectadas por el
desplazamiento y despojo de sus parcelas, de igual manera de plantear las
bases de un proceso de memoria histórica colectiva que permita la
recuperación de los derechos de miles de personas que en Urabá fueron y son
golpeadas por la violencia de las oligarquías locales y regionales asociadas a la
industria bananera, al monocultivo de la Palma de aceite, al tráfico de drogas,
al contrabando y a la corrupción con los dineros públicos.
En primer lugar, haremos una breve descripción de la región, sus tres espacios
geográficos más sobresalientes y los municipios que la conforman.
Posteriormente haremos un recorrido histórico de la constitución de la región,
dando prioridad a los factores de violencia social y política.
Haremos énfasis en el papel del paramilitarismo como principal agente de la
violencia y la continuidad de su acción con los grupos neo paramilitares y en la
presencia de los herederos de los bloques paramilitares (Urabeños) que se
mueven en la impunidad bloqueando la restitución de tierras y el
reconocimiento del derecho de las víctimas.
En el análisis de la violencia en el Urabá queremos resaltar la situación
excepcional del exterminio de la Unión Patriótica que fue objeto de asesinatos,
desapariciones y desplazamiento por la acción simultánea de los paramilitares
y los militares de la 17 Brigada.
La construcción de este documento se orienta a generar una base para la
memoria histórica del pueblo de Urabá, a rescatar la resistencia agraria frente
a la intención de las elites regionales de eliminar toda la tradición de lucha y
resistencia de los campesinos y trabajadores de la región.
La región de Urabá.
El Urabá antioqueño es la región bananera y platanera más importante del país
y despensa de esa fruta tropical de varios mercados internacionales. El
agroturismo es una importante actividad económica que complementa la
producción del plátano y el banano2.
Población.
En el Urabá antioqueño se encuentra el 10,5% de la población de Antioquia,
equivalente a 720.000 habitantes.
Subregiones.
La región se divide en tres zonas: una al sur, que limita con el Choco y de
actividades agrícolas y de pesca, con Mutatá como eje de desarrollo; otra zona
es la central, la más próspera en materia económica y con epicentro en Turbo
y Apartadó. El cultivo de banano es el principal renglón de la economía; y la
zona norte, de Turbo hasta Arboletes, con el turismo, ganadería y pesca como
principales actividades.
La parte antioqueña, son once municipios: Arboletes, San Pedro de Urabá, San
Juan, Necoclí; luego está Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó (el eje
bananero); Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte, en la parte sur occidental.
La parte chocoana de Uraba está conformada por los municipios de Acandi, el
Carmen de Darién, Riosucio y Unguía. El Uraba chocoano está ubicado en una
subregión del departamento del Choco conocida como bajo Atrato.
Urabá goza de una ubicación geoestratégica privilegiada, dada su condición de
zona de frontera con Centroamérica y con el interior del país, lo cual ha
favorecido la operación de economías legales (la industria del banano) e
2 Sobre la Región de Urabá ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3fDy7Kb
ilegales (narcotráfico y contrabando de armas). Forma parte del Chocó
biogeográfico, uno de los pocos reductos de biodiversidad que quedan en el
mundo, allí se proyecta la construcción de obras de infraestructura (un nuevo
puerto para facilitar la comunicación con el Pacífico y una vía alterna a Panamá
por el Tapón del Darién).
Uraba es una región que histórica y culturalmente ha sido configurada en
torno a disputas diversas, relacionadas con su potencial de recursos naturales
y económicos, es zona de frontera hacia el norte con Panamá, con océano
pacífico y atlántico y de interés en biodiversidad. Es la quinta zona más diversa
del mundo.
Modernización forzada.
En Urabá se ha dado una “modernización forzada y violenta”, con la
implementación de relaciones laborales, comerciales, empresariales y
capitalistas, basadas en el despojo, la desigualdad y el control territorial3.
Escenario de confrontación armada.
El Urabá ha vivido la confrontación armada de manera dramática, tanto desde
el conflicto político armado entre resistencia guerrillera y Estado, así como en
la implementación del segundo laboratorio paramilitar del país, después de
Córdoba. Parte de sus rasgos han sido la existencia del “Modelo sindical
agrario” mediado por la disputa entre los movimientos guerrilleros, el Estado
y los paramilitares y la consolidación de alianzas con intereses económicos,
políticos y criminales; la región se convirtió en corredor estratégico para el
tráfico de drogas y zona de expansión de los agro combustibles y la minería,
así como la proyección de construcción de una gran urbe portuaria en el siglo
XXI con fuertes inversiones de China en el marco de la Ruta de la seda.
Actividad económica.
En cuanto a la actividad económica de Urabá, si bien la región es conocida por
sus cultivos de banano y plátano (razón por la cual su zona central también es
3 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/35PJbzc
conocida como el Eje Bananero de Colombia), en la zona norte estos cultivos
no son tan notables (con excepción de San Pedro de Urabá). Los municipios de
San Pedro y Arboletes se relacionan más con las actividades económicas del
departamento de Córdoba que las del resto de la región del Urabá, sobre todo
por la estructura vial y su cercanía a Montería como centro comercial de la
región.
Aunque Urabá ha sido considerada desde hace varias décadas como una
región estratégica con gran potencial para el crecimiento económico y el
impulso de diferentes tipos de economía, durante los últimos años, tanto el
Gobierno nacional y los gobiernos departamentales han realizado acciones
dirigidas a articular la región con otras economías regionales e internacionales,
lo que ha entrado en relación con los ya existentes conflictos por la tierra.
Proyecto Gran Darién. En la región de Urabá se está llevando a cabo un
megaproyecto conocido como Plan Gran Darién, que incluye municipios en los
departamentos de Chocó, Antioquia, Choco y Córdoba, entre los que se
encuentran San Pedro de Urabá, Arboletes, rio Atrato y Valencia4.
Hay un Contrato Plan acordado en septiembre de 2012 entre el Departamento
Nacional de Planeación y los gobernadores y alcaldes de la zona intervenida
que suma partidas presupuestales programadas sin mayores aportes del
presupuesto nacional. El proyecto tiene como prioridades estratégicas
mejorar el desarrollo productivo, el desarrollo social sostenible, la vivienda, los
servicios públicos y la conectividad, según la letra de los textos convenidos y
que repiten una retórica oficial sin mayores alcances.
Autopista de las Américas. Otro de los grandes proyectos que se están
desarrollando hoy en día en la región es la construcción de la Autopista de las
Américas, que contará con una longitud de 2.200 kilómetros y tendrá un costo
total de 9 billones de pesos. La autopista comprende la construcción y el
mejoramiento de una doble calzada entre Palo de Letras (frontera con
Panamá) y Paraguachón (La Guajira), pasando por el eje bananero desde El
4 Sobre el proyecto del Gran Darién ver https://bit.ly/3cmT4an
Tigre (Chigorodó) hasta Arboletes. El proyecto fue avalado en 2009 y se estima
que su construcción puede durar entre 12 y 15 años5.
Autopista de la Montaña. La Autopista de las Américas está vinculada a otro
proyecto conocido como Autopistas de la Montaña o de la Prosperidad,
concesión que ejecutaría la construcción de cuatro tramos, uno de los cuales
se trata del desarrollo de un tramo desde Santa Fe de Antioquia hasta El Tigre,
vía de 338 km de longitud, que se estima será terminada en 20246.
Concentración de la propiedad rural. Respecto del coeficiente de Gini de
concentración de tierras se encuentra que en 2013 la región de Urabá tenía
uno de 0.66, por debajo del de concentración de tierras de Antioquia, que era
de 0.78. Más puntualmente, el de San Pedro de Urabá y Arboletes se ubicaban
en ese año en el rango de 0 a 0.629, el más bajo de concentración del
departamento.
Un botín. Urabá se convirtió en un botín no solo por ser un corredor para el
tráfico de drogas y armas. Adicionalmente como lo pudo documentar la Sala
de Justicia y Paz con la memoria USB que entregó ‘HH’ (Heber Veloza) a la
fiscalía, Vicente Castaño desarrolló un megaproyecto de palma en la zona del
Chocó que pretendía abarcar 100.000 hectáreas de tierra y mediante el
despojo a sangre y fuego de las tierras de los Consejos comunitarios de dicha
área geográfica.
Economías ilícitas y usos del suelo. Además de las actividades legales que
caracterizan el uso del territorio en la región, Urabá resulta estratégico para el
desarrollo de actividades económicas ilegales que han incidido en las
dinámicas del despojo en la región y afectan el proceso de restitución de tierra.
Grupos paramilitares, narcotraficantes y grupos armados pos desmovilización
han utilizado la geografía como una oportunidad para beneficiarse de
economías ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, además de participar
5 Sobre esta autopista ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3coVd5l 6 Sobre la autopista de la Montaña ver https://bit.ly/3ctEGNC
en otras no siempre ilegales. Este interés ha influido en la apropiación de
tierras ubicadas en zonas del corredor, que son utilizadas para el transporte
de insumos, armas y estupefacientes desde y hacia los puntos de embarque,
entre ellos la zona de paso por los municipios de Valencia, San Pedro de Urabá
y Arboletes.
Filo de Caballo. Uno de estos sectores es el conocido como Cerro o Filo de
Caballo, colindante con los municipios de Arboletes, Turbo, San Pedro y
Necoclí, que va desde el volcán de San Pedro hasta el corregimiento de Las
Changas en el municipio de Necoclí y que comunica directamente con el mar.
Cerro o Filo del Caballo, había sido talada desde los años 50 por campesinos y
colonos de la región, pero fue despojada por los grupos paramilitares, que
dejaron crecer de nuevo el bosque para esconder laboratorios de
procesamiento del alcaloide, montar los cargamentos de cocaína y llevarlos
hasta el mar sin llamar la atención de las autoridades que también fueron
cómplices de las mafias de las drogas.
El sector del Cerro ha registrado presencia de los jefes paramilitares Castaño,
posteriormente del bloque Elmer Cárdenas de las AUC y actualmente del
grupo armado pos desmovilización Los Urabeños, que controla los laboratorios
de procesamiento de cocaína y las rutas de salida al mar sin que la policía, la
Fiscalía y el Ejército actúen.
El corredor Valencia-San Pedro-Arboletes. Hasta el día de hoy, los grupos
ilegales mantienen un fuerte interés por controlar el corredor de Valencia, San
Pedro de Urabá y Arboletes, a través de la violencia y la cooptación y
sostenimiento de redes criminales. El creciente interés de los grupos,
especialmente los grupos armados pos desmovilización (Urabeños y Oficina de
Envigado), por controlar territorio y población y ampliar su base de recursos a
actividades lícitas como la extracción minera, y la existencia de un mercado
dinámico e informal de venta de la tierra en la región, aumentan la situación
de vulnerabilidad de los reclamantes de tierras cuyos líderes son asesinados.
El mercado de tierras. Los cambios en el uso del suelo y la vocación productiva
actual hacen que exista un alto nivel de ganancia en la intermediación entre
compra y venta de la tierra, función que ya ha sido desempeñada por grupos
paramilitares en años anteriores y que puede ser nuevamente ejercida por
grupos armados pos desmovilización, en particular por Los Urabeños.
La prolongada incursión paramilitar de terratenientes y latifundistas desde
Córdoba.
Al mediar la década del Noventa y tras un nuevo fracaso en la política de paz,
las acciones de la guerrilla y los incumplimientos de los pactos de paz por parte
del gobierno llevó a que desde mediados de los años 90 se diera con mayor
fuerza la presencia de los grupos paramilitares en el norte provenientes desde
Valencia y otros municipios de Cordoba, con el objeto de tomarse ese territorio
y mantener el poder de los grandes hacendados.
Dos patas del paramilitarismo. En estas condiciones surgen dos vertientes
entro de los grupos paramilitares, unos orientados a retomar las propiedades
de grandes hacendados, un proyecto de tipo económico. Y otros, a defender
el territorio del comunismo, un proyecto más de tipo político promovido por
la ultraderecha ganadera y colonialista.
Este último fue orientado desde Valencia (Córdoba) por Fidel Castaño y sus
hermanos (oriundos de Amalfi, Antioquia), quienes llegaron a la zona desde
1987, procedentes del Magdalena medio donde se les conoció por su liderazgo
en los grupos paramilitares de esa región.
Paramilitarismo: actor fundamental. El paramilitarismo es, desde entonces, el
actor fundamental en la configuración regional de Uraba. Pero su papel
predominante en el control territorial no debe dejar perder de vista la
presencia permanente de las Farc en las zonas rurales de los municipios
cercanos al nudo de Paramillo y Chocó y como una expresión de la histórica
resistencia de los campesinos que apoyaban la movilización guerrillera7.
7 Sobre el paramilitarismo ver el texto de María Teresa Ronderos en siguiente enlace https://bit.ly/2WISHQN
Ciclos de la violencia en Urabá.
La clave para la comprensión de la situación socio política del Urabá pasa por
comprender los distintos hitos históricos que en la región han sucedido.
Momentos que estuvieron marcados, hasta bien entrada la década del
noventa, por la búsqueda de un amplio control sobre la política que en Urabá
ha estado fundamentado en dos manifestaciones: la participación electoral y
la resistencia agraria y guerrillera, ambas dimensiones vinculadas a los
conflictos laborales, de tenencia de la tierra y la acción política de los partidos.
La lucha por la política en la región se hace visible a partir de dos etapas que,
por sus condiciones, gestaron conflictos a partir de contextos sociales que con
el tiempo adquirieron bastante complejidad.
La Primera. La primera se extiende hasta 1979, tiempo en el que la
colonización del Urabá atrajo población, líderes sociales, dirigentes políticos,
agentes económicos. Algo que caracterizó esta larga temporada de
colonización y poblamiento fue la configuración de los conflictos sociales como
independientes los unos de los otros.
La segunda. La segunda etapa se inicia en la década de 1980 y en ella los
conflictos se articulan, de tal manera que el conjunto regional adquiere nueva
dinámica y significación.
El surgimiento de la guerrilla revolucionaria.
La guerrilla apareció en el Urabá a finales de los 60 cuando las Farc
expandieron sus frentes en estrecha vinculación con la movilización agraria
asociada a la colonización y la recuperación de tierras en el marco de un
proceso de reforma agraria democrática.
Los colonos del Partido Comunista.
Urabá fue terreno propició por cuanto allí llegaron colonos militantes del
Partido Comunista comprometidos con las banderas de la reforma agraria
democrática quienes habían avanzado en la concientización y organización
política del campesinado para constituirlo como un sujeto revolucionario
comprometido con las banderas del Socialismo marxista8.
A principios de los 70, luego de la división internacional del bloque comunista,
el Ejército Popular de Liberación EPL surge como la estrategia armada del
sector maoísta escindido del Partido Comunista. Bernardo Gutiérrez (quien
posteriormente se articularia al liberalismo siendo nombrado Embajador en
Italia donde muere por su adicción a las drogas), comandante del V Frente
deserta junto con varios de sus hombres y armas y se integra al EPL,
arrastrando consigo las redes y circuitos propios de la clandestinidad que
permitirían al EPL ampliar su margen de acción de Córdoba al Urabá. En los
años 80, tras un replanteamiento político, el EPL se incrusta en el corazón del
eje económico, social, y político con su inserción en los sindicatos y con las
invasiones de tierra en zona rural y en los núcleos urbanos. Con lo anterior el
conflicto guerrillero acaba condicionando la dinámica del conjunto de los
conflictos sociales y el territorio se divide grosso modo entre norte –EPL- y el
sur –Farc-. El eje bananero se convierte así en eje de la disputa entre las Farc y
el Epl.
En la primera etapa señalada anteriormente, la confrontación entre guerrilla y
ejército se dio en un plano estrictamente militar y en un terreno que se
extendió, e involucró, regiones aledañas al eje bananero, o sea su periferia
regional. A partir de la década del ochenta cambian los términos de la relación
y del significado del conflicto entre Estado y guerrillas. El centro de la acción
pasa a dirimirse en el eje bananero y sobrepasa lo puramente militar, pues el
poder político es competido también en el terreno de la movilización de masas
y de la política de paz con una amplia influencia del Partido Comunista y los
sindicatos agrarios clasistas.
8 Sobre la constitución y organización del Partido Comunista en la región de Urabá ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2LjIyod ; https://bit.ly/35MIiYq ; https://bit.ly/2zr5cID ; https://bit.ly/3coJnYS
Las tensas relaciones laborales que se vivieron en el Urabá hasta la
consolidación del movimiento sindical clasista, que logro importantes
condiciones de dignidad laboral, fue un proceso que estuvo atravesado por la
influencia guerrillera y del Partido Comunista, desde luego también del PC ML.
Esa reformulación del trabajo revolucionario de la Izquierda regional, obliga a
los demás actores regionales a redefinirse igualmente: la organización de un
sindicalismo beligerante y masivo bajo el liderazgo guerrillero; el
replanteamiento de los términos en que las FARC hacen presencia en la región;
la organización de un patronato hasta entonces disperso y desentendido de lo
que aconteciera más allá del cerco de su empresa; y un nuevo tipo de
intervención y de papel del Estado nacional en la región.
El enfrentamiento entre sindicatos, que era una tradición en la cultura sindical
del Urabá, se acrecienta con la estrategia del movimiento guerrillero con su
trabajo político de masas, pues al trabajo amplio y legal se sobreponen los
métodos propios de la confrontación militar. Es decir: la persecución sindical
de parte de la oligarquía bananera (apoyados por el Estado) se recrudece y se
legitima debido las acusaciones y señalamientos que los ligan con el
movimiento guerrillero.
Desde luego se da la disputa entre los sindicatos agrarios a raíz de las
diferencias en los enfoques revolucionarios y emancipatorios entre las Farc y
el maoísmo del PCCML.
Este panorama se agudiza al mediar la década del 80. Lo que se observa en
Uraba en 1985, es una reedición de procesos anteriores, pero con los nuevos
actores sociales y populares.
Actuando más como fuerza social la guerrilla del EPL hace las veces de un
Partido político (PCCML) legal que de forma no clandestina recoge cierto
apoyo entre sectores bananeros. Pero luego, cuando fracasa el proceso de paz
de Betancourt vendrá una agudización de la disputa sindical entre los
movimientos de la resistencia campesina guerrillera.
Negociación de paz y reconfiguración del conflicto. La consecuencia del
proceso de negociación de paz es una reconfiguración del conflicto
subregional a partir de la negociación del gobierno con el EPL, puesto que al
no contar el Estado con una estrategia de control del territorio (como ocurre
en la actualidad) que abandono el Epl, son los grupos armados,
particularmente los paramilitares que reciben el apoyo de las Fuerzas
Armadas, quienes se dan a esa tarea. Cambia así sustantivamente la
territorialidad de los actores en armas y la calidad y dinámica del conflicto: a)
Se consolida la estrategia paramilitar para “recuperar” militar, política y
económicamente el territorio a costa de una guerra que, desde los dos flancos
que la agencian, rompe todos los cánones del DIH. B) los reinsertados se
convierten en objetivo militar, situación que condujo a la cooptación
paramilitar de organismos de seguridad el Estado y la creación de Comandos
populares organizados por el Das. Es decir, la paz con los maoístas fue a
medias y el proceso agudizo la confrontación entre las guerrillas de las Farc, el
Estado y las oligarquías bananeras y narcotraficantes de la region.
La conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera contribuyó al cese de
la disputa popular mientras esta alianza guerrillera perduró; alianza que se
materializó, incluso, en la unidad sindical entre los grupos obreros
influenciados, o bien por las Farc o bien por el Epl, en el año de 1989. Pero el
panorama político y la influencia guerrillera en el movimiento obrero dificulta
enormemente la actividad sindical y la actividad económica en la región,
porque esta situación llevo a una creciente “militarización de la política” y
desemboco en una violencia generalizada y difusa.
Antecedentes históricos en la configuración del conflicto armado en el Urabá
antioqueño.
La situación del Urabá antioqueño ha trascendido las fronteras
departamentales para convertirse en una realidad paradigmática en términos
de lo que significa la agudización del conflicto y la degradación de la acción
contrainsurgente en Colombia. La historia del conflicto armado en la subregión
no ha sido escrita de manera satisfactoria quizá porque lejos de ser una
subregión pacificada, el que el paramilitarismo y sus organizaciones sucesoras
consolidase su presencia en los cascos urbanos y las zonas llanas del Urabá y
que la fuerza pública ampliara su radio de acción en las zonas rurales, la
continuidad de los hechos de violencia política, muestran que la situación de
violencia está lejos de superarse, pues el paramilitarismo de los urabeños sigue
actuando a sus anchas asesinando líderes sociales que trabajan por la
restitución de las tierras despojadas.
El control neoparamilitar, se ha hecho extensivo a los más variados ordenes
sociales y se reproduce en la cotidianidad de la región bananera de una forma
tal que es difícil ocultar el carácter funcional que su presencia y jurisdicción
significan para la Fuerza Pública que lo direcciona en su politica de violencia
contra los movimientos sociales.
Una recapitulación de los procesos de pacificación en el Uraba desde los años
80.
Primer momento. El escenario para plantear una salida negociada al conflicto
comienza a crearse desde 1984 con la Operación Urabá que es un plan de
inversiones pensado como herramienta para conjurar los llamados factores
objetivos de la violencia y con los pactos entre el Estado y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Estos pactos adquirieron forma con la firma de la tregua en 1984 y con la
formación de los primeros comités de la Unión Patriótica (UP) en 1985.
Durante unos meses los propósitos por la paz abrieron un espacio propicio
para la tregua y para la negociación. Sin embargo, este propósito no fue sino
el preludio de un periodo en el cual el conflicto en la región se volvió mucho
más complejo y las formas violentas mediante las que se expresaba
adquirieron niveles más agudos y visos inusitados. ¿En qué consistió "lo más
complejo" y "lo más agudamente violento"? De una parte, a los campos del
conflicto pre-existentes (patronos-sindicatos y guerrillas-Estado) se sumó un
tercer campo: el de la disputa entre las organizaciones populares y sindicales
Se buscaba construir hegemonía política en una zona con alta densidad
demográfica y con una población asalariada importante. La resistencia agraria
guerrillera y los grupos maoístas armadas entraron, entonces, en una dura
competencia que adquirió visos más radicales.
Otros factores se suman para hacer del eje bananero el centro del conflicto en
los años ochenta. Desde el decenio de 1960 -época de intenso poblamiento y
de configuración de redes económicas, sociales y políticas-, la agroindustria
convirtió al eje bananero en una zona militarmente estratégica, en tanto
concentraba los porcentajes más significativos de la población y del PIB de la
región, así como a la gran mayoría de la población sindical organizada o
potencialmente en capacidad de serio. Militarmente, las guerrillas
revolucionarias habían reenfocado su interés sobre los ejes económicos
regionales. Además, en Urabá, en el campo laboral bananero, se libraba el
único conflicto en el que se enfrentaban, con algún tipo de impacto en el
ámbito nacional, fuerzas populares regionales organizadas
Estas particularidades regionales de la guerrilla (en este caso históricas) y el
significado peculiar de un territorio específico (el Eje), explican en parte por
qué y cómo la aplicación de esa primera estrategia de paz (la Tregua y sus
condiciones) produjo resultados contrarios a los esperados: el afianzamiento
de un conflicto mucho más complejo, agudo y violento en la región. Expresado
de manera sucinta: en esta coyuntura, los hechos para la paz en la nación
producen efectos de guerra no previstos en Urabá, expresados en la
consolidación de una disputa en el campo popular, en la imbricación de tres
tipos de conflicto en el campo laboral (el laboral, el político-militar y el de los
movimientos populares armados) y en la intensificación del nivel de la
violencia (se disparan las curvas de invasiones, conflicto laboral, acciones
guerrilleras y número de muertos)"
En el segundo momento, el desencuentro entre los factores que motivan y
explican la política de paz en el ámbito nacional y esos mismos factores tal
como se dan en la realidad de los hechos regionales En Urabá, en la coyuntura
que va de 1984 a 1986, fue evidente y, en buena parte, responsable también
de la enorme ampliación del conflicto y de la violencia en la region.
En efecto, en el ámbito nacional primaba una propuesta de diálogo nacional
planteada por el M-19 y una sensación generalizada, en la opinión pública y
entre algunos sectores políticos, de saturación ante la situación de guerra sin
resultados que había lanzado a los candidatos a la Presidencia de la República
(1982-1986) a ofrecer una política de paz. Sin embargo, en Urabá, por el
contrario, los movimientos guerrilleros estaban debilitados y en condiciones
de repliegue estratégico; los dirigentes gremiales no consideraban que la
guerrilla fuera un problema (pero si la delincuencia), pues el represivo Estatuto
de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala había diezmado con
torturas y desapariciones a importantes núcleos revolucionarios de la region.
¿Por qué crece la resistencia guerrillera en Uraba a mediados de los años 80?
Dos características regionales favorecieron el desencadenamiento de un
mayor nivel de violencia en Urabá en esa coyuntura. En primer lugar, las raíces
históricas de las FARC y del Epl en la región y, en segundo lugar, el significado
económico, político y militar que adquirió el Eje bananero.
Históricamente, las FARC y el EPL tenían desde su origen, hundidas sus raíces
en Urabá y este territorio, por tanto, tenía un especial significado
geoestratégico para tales grupos; para el EPL en tanto condición de existencia,
para las FARC por su estrategia politica revolucionaria.
Urabá es una de las regiones estratégicas para ambas formaciones
revolucionarias.
El EPL nace y se consolida en Córdoba-Urabá y mantuvo allí su principal núcleo
de dominio.
En el caso de las Farc, cuando estas se constituyeron en 1966 decidieron
expandir su campo de acción más allá del centro del país y Urabá era una de
las tres zonas a las que se enviaron comisiones especiales de trabajo que
permitió pocos años después el nacimiento del V Frente y de varios frentes
guerrilleros.
Masacres en Urabá.
De acuerdo con información de la Policía Nacional, entre 1993 y 2012 hubo 14
masacres en la región norte de Uraba y en las poblaciones próximas de
Cordoba que dejaron un total de 77 víctimas.
Algunas de ellas fueron la masacre de El Tomate, en el municipio de Canalete,
ocurrida el 30 de agosto de 1988, en la que murieron 15 personas.
El 3 de abril de 1988 ocurrió la masacre de La Mejor Esquina, un corregimiento
del municipio de Buenavista, en donde murieron 28 personas.
El 12 de junio de 1989 fue asesinado el sacerdote jesuita y vicario de la
parroquia de San José de Tierralta, padre Sergio Restrepo Jaramillo.
El 16 de abril de 1990 fueron asesinadas trece personas en Valencia y los
cadáveres aparecieron en la finca Las Tangas.
El 25 de octubre de 1990, en Tierralta, asesinaron a 12 personas, en el barrio
Escolar.
Presencia y acciones de actores armados ilegales en la región de Urabá.
Para este trabajo resulta es importante presentar en detalle la presencia de los
actores armados que desarrollaron y desarrollan su acción política y militar en
el Urabá.
Guerrilla del EPL.
En los años sesenta hizo presencia el Ejército Popular de Liberación. Una de
sus principales reivindicaciones fue la lucha por las reformas agrarias y la
oposición a las condiciones sociales en las que vivían los campesinos de la
zona9.
En los años ochenta como ya se señaló, el EPL mantuvo sin éxito diálogos con
el Gobierno nacional para dar inicio a un proceso de paz. A partir de ese
momento se incrementó la disputa armada en el territorio, al igual que la
presencia de mafias y redes ya relacionadas con el narcotráfico.
9 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/35OTDXT
El 15 de febrero de 1991 el EPL firmó un acuerdo de paz con el Gobierno
nacional y dio origen a un movimiento político conocido como Esperanza, Paz
y Libertad. Algunos reductos del antiguo EPL se sumaron a la guerrilla de las
FARC.
Posteriormente se conformaron los llamados Comandos Populares con el
objetivo inicial de defender al movimiento y atacar las bases sociales de las
FARC. Estos Comandos fueron una de las bases para formar las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de los hermanos Castaño. La
aparición de las ACCU desencadenó una cruenta oleada de violencia durante
los años noventa.
Algunos antiguos miembros del Epl pasaron a formar parte de las filas de las
ACCU y posteriormente de los Urabeños desde finales de 2009 donde realizan
actividades de capacitación y orientación politica.
Las Farc.
El Frente 5 de las FARC hizo presencia en el Urabá desde 1971, especialmente
en el piedemonte de la Serranía de Abibe, y desde allí se expandió hacia Turbo,
Mutatá, Peque e Ituango. En 1982, después de la Séptima Conferencia de esa
organización, se crearon nuevos frentes guerrilleros en toda la región del
Urabá a través del desdoblamiento del Frente 5. Tal fue el caso del Frente 18
en los límites entre Córdoba y Urabá, del cual, a su vez, se desprendió el Frente
47; y el caso del Frente 58, con presencia en Valencia y el sur de Córdoba. En
los inicios de la década del noventa el Frente 5 ya se había desdoblado a través
de nuevos frentes. A los anteriores se agregaron el 34, 36 y 57. Además, las
FARC hacían presencia con la columna Aurelio Rodríguez. En este contexto, en
1993 se creó el Bloque Noroccidental José María Córdoba del que hicieron
parte todos estos frentes guerrilleros10.
Después de la desmovilización del EPL en 1991, se le atribuye a las Farc una
serie de homicidios contra el movimiento Esperanza, Paz y Libertad; entre
10 Sobre la presencia de las Farc en Urabá ver los siguientes enlaces electrónico https://bit.ly/2Wmi3F1 ; https://bit.ly/2LkkQrW .
ellos, la masacre de La Chinita, en la que fueron asesinadas treinta y tres
personas, la mayoría miembros de este movimiento.
Presencia de los paramilitares ACCU.
La presencia de los paramilitares en el Urabá está referida a dos grandes
bloques organizados por los Castaño. Me refiero al Bloque Elmer Cárdenas,
cuyo centro de operaciones eran Necocli y el Norte de Urabá y en el Urabá
chocoano, al mando del Alemán y al Bloque Bananero localizado en los
municipios del Eje bananero, comandado por Raúl Hasbún. Dos estructuras
que tienen en común su naturaleza asesina de campesinos y obreros pero con
perfiles políticos y militares, muy diferentes. Distancia que se explica, en
parte, por el carácter y talante de sus dos comandantes. En el caso del Bloque
Elmer Cárdenas, Fredy Rendón Herrera, conocido con el nombre de guerra del
“Alemán”, que reprodujo estereotipos racistas y masculinos en sus
estructuras, no solo por su origen (oriundo del municipio de Amalfi), sino por
su área de influencia (comunidades afrodescendientes). En el caso del Bloque
Elmer Cárdenas, las consecuencias de su accionar trajeron, no solo la
ampliación de la frontera agrícola, sino que esta se asemejo a una nueva ola
de colonización antioqueña. Cosa que efectivamente, no ocurrió en la
estructura vecina, el Bloque Bananero, donde su violencia adquirió
connotaciones claramente antisindicales, anticomunistas, antisindicales y
fascistas, relacionadas con la protección de economías de enclave de la
oligarquía de Medellín11.
Para analizar estos dos bloques paramilitares es importante acudir, como lo
sugiere Rodriguez, a otros enfoques relacionados con la historia de la larga
duración y con miradas regionales específicas, para evitar el uso de categorías
extranjeras para analizar la violencia privada colombiana; categorías como “los
señores de la guerra” (Duncan), “los empresarios de la violencia” (Romero), “el
vigilantismo”, las “burocracias armadas”, “dictaduras sub nacionales” y
muchas otras más, en realidad, como lo afirma Rodriguez, han servido de
11 Sobre los paramilitares en Urabá ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2WPFQfs ; https://bit.ly/3dslUGm .
marcos teóricos neocolonialistas a las investigaciones sobre el paramilitarismo
y su violencia. Lo cierto es que en casi ninguna ocasión, se ha buscado explicar
el paramilitarismo a partir de procesos, categorías, y teorizaciones fruto de
investigaciones de nuestra historia política, social y económica, plantea.
Las investigaciones disponibles sobre el paramilitarismo, han usado
acríticamente categorías y conceptos que no fueron desarrollados para
nuestras realidades y contextos, especialmente regionales y de larga duración
en nuestra historia. Por el contrario esas categorías surgieron en escenarios
profundamente disímiles al nuestro.
La literatura sobre el paramilitarismo acude, las más de las veces, a enfoques
teóricos, ajenos a nuestra ciencia social.
Los textos clásicos sobre el entendimiento del paramilitarismo hoy parecen
haberse agotado en su enfoque teórico (Medina Gallego). Desde la literatura
que explicó el paramilitarismo como una herramienta de guerra sucia en el
contexto de la guerra fría; es decir como una táctica de guerra anti subversiva
dirigida por agentes estatales; como herramienta de hacendados y
terratenientes en regiones de frontera para enfrentar las agresiones
guerrilleras. Una última tradición vio al paramilitarismo como el brazo armado
de narcotraficantes y renglones ilegales de economías internacionales, a la
manera de administradores de la violencia o empresarios de la seguridad.
Estas tradiciones coinciden en dos factores; i) beben de algún enfoque teórico
extranjero y ii) presentan verdades, pero también límites y sesgos. No sólo lo
narrado en aquellas tradiciones historiográficas es lo que ha pasado. Otras
fenómenos han ocurridos, y la única forma de verlo es cambiando de lentes,
alterando el enfoque. Recientes investigaciones – desde el año 2009, en
adelante- se han desmarcado de las antiguas tradiciones historiográficas, ya
sea a partir de nuevos enfoques metodológicos, o de nuevas marcos teóricos,
han revelado nuevas aristas del fenómeno paramilitar.
El paramilitarismo en el Uraba, se puede homologar a una reciente ola de
colonización antioqueña, y no a la visión de corta duración, que lo identifica
como un ejército ilegal antisubversivo, es la hipótesis que sugiere Rodriguez.
Hay que tratar de interpretar el paramilitarismo de los Bloques Bananero y
Elmer Cárdenas como una forma de neo colonización, liderada por
antioqueños, que con criterios familiares, de parentesco, establecieron
requisitos y prioridades de ingreso al Uraba y verlos menos como los señores
de la guerra o los empresarios de la violencia12.
El contexto del ingreso paramilitar en Urabá.
Entre los años 1981 y 1995 la situación de Urabá, contempla las siguientes
condiciones: expansión y crisis de la agroindustria; orientación de la
colonización hacia el Chocó y la serranía de Abibe; invasiones a tierras urbanas
y suburbanas; y la generalización de los conflictos que desde antes existían.
La irrupción paramilitar marca esta época y su ejercicio de poder y control
social indican la pauta en la dinámica regional. Con el apoyo de ganaderos e
industriales renuentes al boleteo el proyecto paramilitar se origina desde las
áreas rurales y desde allí irradian su acción a las cabeceras municipales. Ellos
mantienen un control y una vigilancia permanente de los espacios, patrullan
las carreteras y controlan las vías de acceso. Sus principales centros de
operaciones estaban en San Pedro de Urabá, Pueblo Bello, Necoclí, parte de la
serranía de Abibe, o sea, en aquellos territorios donde tuvieron asiento las
guerrillas liberales de los años cincuenta.
El ingreso de los Tangueros de los Castaño.
El ingreso de las autodefensas de Los Tangueros desde Córdoba hacia el norte
de Urabá, generó una nueva oleada de violencia alrededor de la disputa por la
salida de drogas al mar. En esta época fueron cometidas las masacres en las
haciendas Honduras y La Negra.
Examinemos en detalle la confrontación de las guerrillas revolucionarias con
las bandas paramilitares asesinas.
A mediados de la década de 1990, los enfrentamientos entre la guerrilla y las
posteriormente conocidas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
12 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3bnHrhK
(ACCU) se extendieron al norte de Urabá, pasando por los municipios de
Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá e incrementando el número de
masacres, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas.
Desde 1999 hasta 2005 las FARC realizaron una contraofensiva contra las
Autodefensas Unidas de Colombia que fue respondida por estos últimos en el
Nudo de Paramillo, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Los
enfrentamientos acarrearon graves consecuencias humanitarias sobre la
población civil, especialmente masacres y homicidios selectivos de líderes
sociales e indígenas de la etnia Embera Katío por parte de los paramilitares.
Los paramilitares de la familia Castaño. Los Tangueros.
A comienzos de la década de 1980, Fidel Castaño se estableció en la finca Las
Tangas, del corregimiento Villanueva a tres kilómetros del municipio de
Valencia, en los límites entre el departamento de Córdoba y el Urabá
antioqueño, para fundar desde allí la agrupación denominada Los Tangueros.
El caso de la finca Las Tangas es emblemático respecto de las formas de
despojo directo que utilizaron varios grupos paramilitares en la región. La
propia estructura de las ACCU, que permitía a sus mandos enriquecimiento
personal, favoreció la apropiación de tierras por medio de una combinación de
acciones violentas y fraude. El ingreso de Los Castaño tuvo relación con la
expansión del narcotráfico en la región.
A finales de los noventas, Los Tangueros tenían presencia en los municipios de
Valencia, Tierralta, Arboletes y San Pedro de Urabá. Desde esa época, la
presencia de grupos paramilitares asociados a los hermanos Castaño se
tradujo en múltiples violaciones a los derechos humanos contra pobladores de
la región, que fueron considerados objetivos militares. La población civil en
general fue convertida en objetivo militar.
Las Tangas.
La finca Las Tangas pasó a ser un centro de entrenamiento de sicarios,
abastecimiento de armas y víveres y lugar para esconder y enterrar cientos de
víctimas que dejaron las masacres cometidas por el grupo en la región. En
1987, Los Tangueros conformaron la primera versión de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y entre 1988 y 1991 cometieron
algunas de las masacres más crueles de entonces, que condujeron al abandono
de municipios enteros por el temor generado en los habitantes. Esta situación
fue propiciada y aprovechada por los narcotraficantes que financiaban el
ejército de los Castaño para comprar, de manera sistemática, algunos de los
predios abandonados a precios muy bajos, hasta convertirse en
terratenientes. Estos pasaron a ser parte de las estructuras sociales y políticas
de las ACCU.
La reorganización de 1994.
A partir de 1994, con la reorganización de todas las estructuras paramilitares
en Urabá, Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador en las
Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) se incrementan
sustancialmente los hechos de despojo y violencia en el departamento, de
forma paralela a la expansión de las ACCU y posteriormente de las AUC.
En este rol militar, anti subversivo, juega un papel sustancial, un ex oficial del
Ejército, Carlos Mauricio Fernández, alias “doble cero” o “Rodrigo Franco”,
formado en la Escuela hemisférica de las Américas. Esta estructura, ahora con
un perfil más político-militar, ofensivo y unificado, inicia, a partir de 1995 una
expansión desde los municipios fronterizos del departamento de Córdoba,
hacia el sur.
En la nueva etapa de la organización hacia Uraba es importante tener en
cuenta algunos factores de contexto político como: La aparición de las
Convivivir, y el ingreso de los Castaño al Urabá; y la formación de las AUC en el
año 1997.
La creación de las Convivir.
Las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia, fueron creadas mediante decreto
ley 356 de 1994, expedido por el presidente Cesar Gaviria. Ya durante el
periodo presidencial de Ernesto Samper, y bajo la dirección directa del
ministro de Defensa, Fernando Botero, se reglamentaron (Resolución 368 de
27 de abril de 1995), con el fin de copiar, tanto experiencias personales del
ministro, como las Rondas Campesinas del Perú (el decreto reglamentario del
decreto ley, estuvo asesorado por el General peruano, y comandante de las
fuerzas militares en el periodo Fujimorista, Nicolás de Bari Hermoza que
posteriormente fue condenado por los homicidios cometidos por el grupo
paramilitar Colina. Dicha normatividad permitía que particulares, con
autorización de la superintendencia de vigilancia, portasen armadas de uso
privativo de las Fuerzas Militares. Esto es, fusiles, metralletas, y toda clase de
armas pesadas, y superiores, así como material de intendencia, campaña y
comunicaciones. Estas organizaciones sirvieron, para que entre 1995 y 1997,
se formaran grupos privados de seguridad, con importantísimo armamento, y
nulo control estatal13.
Dentro del desarrollo del conflicto armado colombiano, el año de 1997 marcó
una ruptura en la violencia reciente. De la mano de la crisis de gobernabilidad
del presidente Ernesto Samper, y el aumento de la ofensiva guerrillera de las
Farc, las ACCU se embarcan en la expansión de su proyecto militar y político a
diversas regiones del país. Esta unión nacional se da a través de la creación de
una estructura federada que engloba a las organizaciones regionales y locales
ya existentes, y que con el ánimo de presionar su reconocimiento como un
tercer actor del conflicto armado, y un estatus político, aumentará la presión
sobre la población civil mediante las masacres. El proceso de federación del
movimiento de autodefensa tiene claramente, varias funciones; i) de oposición
y confrontación a las políticas de negociación política con las FARC o el ELN; ii)
la ventaja para jefes regionales de hacer parte de una organización nacional.
Varios comandantes de estructuras de autodefensa preexistentes a la
formación de las AUC en 1997, han explicado el proceso de creación de la
misma. Sostienen que la organización nacional no fue una estructura, irregular,
ni siquiera informal, sino virtual, queriendo decir con esto, que las AUC, la
comandancia centralizada y jerarquizada de Carlos Castaño era una estrategia
propagandística, pero que al interior de la confederación no era tal.
13 Sobre la creación de las convivir ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2WJMzrr ; https://bit.ly/2SVKd7B .
Es necesario indicar que en el gobierno de Samper y en el de Andrés Pastrana
se presentaron movilizaciones orquestadas por los paramilitares y reconocidos
politicos para impedir cualquier diálogo y negociación con el movimiento
guerrillero. Esta movilización sirvió de pretexto durante el primer proceso de
expansión de los paramilitares del Magdalena Medio, en 1985, quienes
señalaban la política de negociación del presidente Belisario Betancourt como
entreguista. Coincide con la estrategia, que como veremos las ACCU, primero,
y posteriormente las AUC, desarrollaran en el sur de Bolívar, ante la posibilidad
que aquella región fuera usada como espacio para la negociación con el
Ejército Nacional de Liberación. Es decir, desde 1985, hasta el año 2000,
cualquier política de negociación del gobierno nacional con las guerrillas era
vista por los grupos paramilitares como entreguistas y derrotistas, a la cual
respondían con una escalada de violencia para disputar el control territorial a
las fuerzas guerrilleras.
Veamos en detalle los dos bloques paramilitares que operaron en Uraba.
El Bloque Elmer Cárdenas.
Los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte
del Urabá antioqueño, al igual que municipios del medio y Bajo Atrato y del
occidente antioqueño hicieron parte de la jurisdicción del Bloque Élmer
Cárdenas, coordinado por Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, uno de los
hombres de confianza de los hermanos Castaño14.
El inicio del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, se remonta a 1995 cuando en
la zona rural de Urabá se crearon los grupos de autodefensa campesinas
llamados “Los Velengues” y el “El grupo de la 70”. Inicialmente fundado por
Carlos Ardila, era conocido como “Las Defensas” y posteriormente resulta
rebautizado como “La 70”, hasta que fallece uno de sus más reconocidos
integrantes, Elmer Cárdenas, de quien el bloque toma su nombre y queda
comandado por Freddy Rendón, “El Alemán”, oriundo de Amalfi, de donde
también es la familia Castaño. Desde entonces, en 1998 y hasta su
14 Sobre el Bloque Elmer Cárdenas ver https://bit.ly/2WkyzFq
desmovilización, el 8 de septiembre de 2005 es que esta estructura paramilitar
es conocida por todos como BEC.
Así cuenta su comandante los orígenes del bloque: Yo ingreso en las AUC en
Necoclí, en 1995. Allí surge un grupo de autodefensa que dirigía un ganadero
que financiaba al frente 58. Les dijimos, o te pasas a las AUC o te damos de
baja. El acepta y desde ahí comienza el BEC. De hecho, él fue mi comandante
hasta el año 2005, que le mata otro compañero. El nombre del bloque le viene
del propio Elmer Cárdenas, quien muere el 19 de diciembre de 1997 por un
francotirador de las FARC en el río Jiguamiandó. Aunque yo daba la cara, Carlos
Castaño fue siempre el jefe. Comienza así la confrontación en Necoclí y Turbo.
De hecho, conseguimos echar de aquí a la guerrilla. Eso sí, con mucho
desplazamiento. Por otro lado, también presionaba el BB y la casa Castaño. La
guerrilla se fue desplazando al Paramillo y al sur de Córdoba. Nuestra entrada
es orden de Vicente Castaño que nos dice se quedaron sin zona. Tiren hacia
Chocó. De las costa de Córdoba a Chocó hay entre 8 y 20 millas náuticas.
Nuestra primera gran incursión en Chocó es en Vigía del Fuerte, en febrero de
1996.
La incursión en el Uraba chocoano.
Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al
Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se
tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y
desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones
de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y
Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada
XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación
Génesis.
Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte
de Urabá y el Darién chocoano.
Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El
Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento
paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha
relación personal.
La familia Rendón Herrera, además de Fredy, incluye a Don Mario, al Cura y
recientemente se conoció que un cuarto hermano de la familia Rendón
Herrera (además de Fredy, Daniel, Jairo) Luis Fernando “alias Condorito” es
socio en el negocio de tráfico de drogas del “Clan Usuga” en el departamento
de Magdalena y en Santa Marta, donde se encargó de asesinar un alto
directivo de la Universidad del Magdalena.
Los cinco frentes del Elmer Cardenas.
La estructura armada del BEC se organizaba en torno a cinco frentes: “Gabriel
Auai”, “Costanero”, “Norte Salaquí”, “Tanela” y “Pavarandó” y sus municipios
de mayor activismo fueron entre la frontera de Colombia con Panamá y el
conocido como golfo de Urabá, comprendiendo: Arboletes, Dabeiba, Necoclí,
Mutatá, Uramita, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, Murindó en el
departamento de Antioquia; y Carmen de Atrato, Nuquí, Riosucio, Juaradó,
Bojayá, Unguía, Acandí, Bajo Atrato y Medio Atrato en el departamento de
Chocó. Durante su actividad paramilitar, el BEC fue responsable, según el
CNMH, de hasta 13 masacres que se cobraron 70 víctimas mortales, muy
especialmente, en los municipios antioqueños de Mutatá, Dabeiba y Murindó;
y en los municipios chocoanos de Carmen de Atrato, Jurado, Riosucio, Bojayá
y Nuquí. De los nueve municipios en los que se registra presencia paramilitar
del BEC, entre 1998 y 2005, solo en tres de ellos se recoge presencia de la
guerrilla. Una presencia que, no obstante, no es nada desdeñable en las
localidades de Bojayá, El Carmen de Atrato y Riosucio, que acumulan la
mayoría de la treintena de acciones guerrilleras registradas en estos siete
años. Unas acciones guerrilleras que, además, se condensan, en más de dos
terceras partes, a partir del año 2002, lo que invita a cuestionar la capacidad
real de expulsión del BEC sobre el Frente 5 de las FARC allí presente.
Algo similar podría deducirse de la confluencia espacio-temporal entre FARC y
BEC en la región del Urabá antioqueño. Esto, porque solo en tres de los ocho
municipios con presencia paramilitar se registra un activismo notable de las
FARC: Dabeiba, Mutatá y Uramita. Tres municipios que, además, como
sucediera en el Urabá chocoano, van a experimentar una intensificación del
activismo guerrillero entre 2002 y 2005, que es cuando el BEC va decayendo,
poco a poco, en sus niveles de activismo armado.
Un Bloque despojador de tierras de las comunidades afro.
El Bloque Élmer Cárdenas está considerado uno de los principales
despojadores en el Urabá.
Las formas de despojo más comunes en la región fueron el violento, la
utilización de población civil para legalizar el despojo o apropiarse de tierras,
la utilización de instituciones públicas para legalizar el despojo, y la falsificación
de documentos públicos. De acuerdo con pobladores, miembros del bloque
lograron acceder a tierras de población desplazada en el sector conocido como
Filo del Caballo, en el municipio de Necoclí, y en las fincas Boncasito, Mulaticos
y La Fe en el municipio de Arboletes.
Adicionalmente el control territorial de las AUC fue aprovechado por
diferentes actores locales, departamentales y nacionales para consolidar sus
intereses sobre la propiedad de la tierra y actividades como la ganadería, la
agroindustria o la política.
En el caso del Bajo Atrato, ese reinado del “progreso” se ha cimentado en el
despojo de 15 caseríos en el Curvaradó de más de 25 mil hectáreas y en el
Cacarica de 20 mil hectáreas y 413 caseríos, que fueron titulados
colectivamente por gobiernos anteriores.
Las miles de hectáreas sembradas con palma africana en las márgenes de los
ríos Opogadó, Napipí y Bojayá entre otros, se dice que pertenecen a “El
Alemán” aun hoy a través de familiares y testaferros. Sus hombres asesinaron
y desplazaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a
vender sus tierras para sembrar palma.
Durante el periodo 1998/2006 en los municipios donde hizo presencia el
bloque Elmer Cárdenas se contabilizaron 150.098 personas expulsadas.
Rendón no reconoce como nocivo este despojo y desplazamiento sino todo lo
contrario, como una apuesta por el desarrollo. Las miles de hectáreas
sembradas con palma africana en las márgenes de los ríos Opogadó, Napipí y
Bojayá entre otros, se dice que pertenecen a “El Alemán”.
Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, hablan de por lo
menos 22.000 hectáreas que les fueron arrebatadas por los hombres del
Bloque Elmer Cárdenas. La zona de Belén de Bajirá en Mutatá también registra
miles de hectáreas sembradas con palma, las cuales también se dice fueron
tomadas por el Bloque Élmer Cárdenas, y por Vicente Castaño, tras obligar a
cientos de campesinos a entregarle sus territorios. Todo este despojo de
tierras ha sido presentado por “El Alemán” y los hombres de su Bloque como
un proyecto de envergadura social llamado PASO, y que buscaba generar
empresas productivas en zonas alejadas.
Como parte de su estrategia de control de territorio y población, “El Alemán”
promovió una serie de organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
medios de comunicación y empresas que subsisten hoy después de la
desmovilización para blindar el despojo masivo de tierras.
Desmovilización del Elmer Cárdenas en el 2006.
Este bloque se desmovilizó en tres momentos a lo largo de 2006, en los
municipios de Necoclí, Turbo y Unguía (Chocó).
El alemán inicialmente se declaró en rebeldía frente a Carlos Castaño. Sin
embargo, en 2006 empezó su desmovilización en tres fases. El 12 de abril de
ese año entregaron las armas 309 paramilitares en el corregimiento de El
Mello Villavicencio, de Necoclí. Entregaron 220 armas, 186 de ellas largas, 17
cortas y 17 de apoyo. Además de 243 granadas y seis vehículos, entre otros
elementos.
Dieciocho días después, el 30 de abril, se realizó la segunda desmovilización en
el corregimiento el 40 de Turbo. En esta oportunidad 484 hombres y mujeres
hicieron dejación de armas de 360 armas, 332 de ellas largas; 1.207 granadas
y tres vehículos.
La última fase se realizó en el municipio de Ungía Chocó, el 15 de agosto. Allí,
un total de 745 hombres y mujeres pertenecientes al Frente Norte Medio
Salaquí o Frente Chocó, se desmovilizaron, con ellos el máximo comandante
Fredy Rendón. En total 1538 hombres y mujeres del Bloque Élmer Cárdenas se
reincorporaron a la vida civil.
Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las
distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de
las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Cordoba, y no admitió esos acuerdos
por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron
cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004,
como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del
paramilitarismo.
Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del
Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y
acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno
Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del
asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que
llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna
vertebral” de la desmovilización en Urabá.
La idea era desarrollar proyectos productivos para las comunidades, que se
apropien tierras con participación de los ganaderos, dijo García en 2005. Que
con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo.
La política de ‘El Alemán’ era que en cultivos de palma, plátano, caucho y
reforestación participaran las comunidades, obviamente manipuladas por el.
Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de
integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y
a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la
práctica.
En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de
organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el
programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de
paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las
víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios
como patrones.
A través del PASO los paramilitares del Elmer Cardenas consolidaron su poder
económico y establecieron un nuevo orden social capitalista agroexportador.
Documentos consultados y testimonios escuchados indican que el Bloque
Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo
menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006.
Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el
apoyo del gobierno de Uribe Vélez a través de Acción Social y del Plan
Colombia a pesar de sus evidentes relaciones con estructuras paramilitares y
cuestionados inversionistas de la mafia de las drogas.
Bloque Bananeros.
El Bloque Bananero fue un frente paramilitar colombiano vinculado a las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC)15.
Comenzó a actuar a partir de 1995, bajo la comandancia de Herbert Veloza
(HH), con el firme propósito de evitar la proliferación de paros y huelgas de los
trabajadores bananeros de la región, y para lo que, como señala el propio
Veloza, se llegó a actuar en coordinación tanto con la Fuerza Pública como con
las empresas bananeras.
El grupo paramilitar que estuvo a cargo de alias ‘Carepollo’ o ‘H.H.’ tuvo dos
frentes y varios grupos que delinquieron desde Turbo hasta Belén de Bajirá, en
el Urabá antioqueño.
Del primer grupo hicieron parte alias “Salvador”, “Aníbal”, “Trato”, “Estopín”,
“Rastrillo”, “Toronja”, “Bracho”, “Pitufo”, Carlos Mauricio García alias “Doble
Cero”, Jesús Emiro Pereira alias “Huevoepisca”, Lorenzo Córdoba alias
15 Sobre el Bloque Bananeros ver https://bit.ly/3dEXcmh
“Barbas”, Jhon Henao alias “H2”, “Monoleche”, como escolta de alias “H2”, y
Manuel Arturo Salón alias “JL”, como instructor.
El BB, sin embargo, va a ganar fuerza, en 1996, con la duplicación de su
segundo frente, dirigido por Ramón Emilio Hasbún, de manera que ambos
tendrán el encargo de la casa Castaño de controlar el denominado “Eje
bananero”, formado por los municipios de Turbo, Aparatado, Chigorodó,
Carepa, Murindó e, incluso, una parte de Mutatá, Es decir, todas, localidades
de la región del Urabá antioqueño y a lo que suman acciones de control
territorial en el municipio de Tierralta, en Córdoba.
En 2001 apareció, de acuerdo con versiones en la Fiscalía, un nuevo grupo de
paramilitares que inicialmente se llamó Frente Central del Urabá pero que fue
conocido como el ‘Grupo de Nueva Antioquia’. “Estuvo conformado por ‘Los
Tiburones’, ‘Los Buitres’ y ‘Los Cobra 6’, tres grupos de contraguerrilla que se
financiaron con el cobro de impuestos ilegales a los cultivos de teca, y que
delinquió en todos los municipios de Turbo hasta la desmovilización”, dijo la
Fiscalía.
El comando de Los Escorpiones
Ampliemos algo más toda esta historia de la presencia paramilitar en el Eje
Bananero.
En el Urabá antioqueño las víctimas conocieron a los paramilitares como los
“parascos”. Los primeros que llegaron al norte de Turbo así como a Apartadó,
Carepa y Chigorodó, municipios llamados del Eje Bananero, fueron un grupo a
cargo de alias “Doble Cero”.
En esta zona realizaron un operativo llamado “Pulga: pica y salta”, para
combatir a la guerrilla. En 1995 ya tenía control sobre la región.
En su afán por expandirse, los paramilitares abusaron contra la población civil
y asesinaron a víctimas inocentes por vivir en zonas señaladas como de
influencia guerrilla.
El ex jefe paramilitar Hebert Veloza alias “H.H.”, que fue conocido en el Urabá
antioqueño como “Carepollo” o el “Mono Veloza”, contó en versión libre cómo
se unió a los paramilitares de alias “Doble Cero”. En un casa del barrio El
Poblado (en Medellín), Carlos y Vicente me dijeron que me daban trabajo. Yo
hice parte del “Grupo de los 20” que fue enviado al Urabá, contó alias “H.H.”.
Entre el “Grupo de los 20” estuvo alias “Gabriel”, “Estopín”, “Barbas”,
“Wilson”, “Tribilín”, “Úber”, “Tigre”, “Escudero”, “Caimán”, “Carroloco”, “El
Gato”, “Olafo”, “Montador”, “San Pedro”, “Pacheco”, “Negro Fino”, “Caturro”
y su hermano “Barney”.
A finales de febrero, principios de marzo de 1995, fuimos enviados en un
camión desde la Finca La 35 (Córdoba) hacia la vereda El Limón, en el municipio
de Turbo. Allá recibimos material de intendencia y salimos hacia la vereda El
Dos, donde quemamos unas viviendas en retaliación a que no encontramos a
alias “Mocho” y “Tachuela”, dos guerrilleros que estábamos buscando”, es la
versión de HH.
El exjefe paramilitar contó que el “Grupo de los 20” se dividió en dos: uno de
paramilitares rurales que instaló una base en la vereda Monteverde, y otro de
paramilitares urbanos, integrados por siete de ellos, que se llamó el comando
de Los Escorpiones para hacer inteligencia en los pueblos.
Entre 1995 y mediados de 1996 nosotros cometimos muchas masacres. Los
siete nos movilizábamos en tres carros, haciendo recorridos por el Eje
Bananero, confesó alias “H.H.”. La Fiscalía documentó que La Curva del Diablo,
el sector de Codelsa y La Caleta fueron los sitios donde Los Escorpiones
arrojaron los cuerpos de las víctimas.
Las masacres y asesinatos del Bloque Bananero.
Durante su tiempo de vida, el BB fue responsable de 11 masacres y 87 víctimas
mortales, habiendo constancia de tales hechos en todos los municipios
referidos, zona con una importante presencia guerrillera y de la resistencia
agraria.
De hecho, se contabilizan, por ejemplo, veinticuatro acciones en Apartadó,
once acciones en Mutatá, cinco acciones en Turbo, cinco en Tierralta, tres en
Carepa y dos en Chigorodó. Es más, casi tres cuartas partes de estas acciones
se condensan, además, desde el año 2003, coincidiendo con una menor
presión del BB, por un lado, y con una paulatina desaceleración de la violencia
paramilitar, la cual se desactivará por completo, a inicios de 2004, que será
cuando se desmovilice este grupo.
La desmovilización del Bloque Bananero.
El Bloque Bananeros se desmovilizó en la región de Urabá entre 1994 y 2004,
cerca de la frontera con Panamá.
El 24 de noviembre de 2004 con 452 hombres bajo el liderazgo de Ever Veloza
García alias "Hernán Hernández" o simplemente "HH".
Los objetivos de los paramilitares del Bloque Bananeros.
Tal como lo señaló Ever Veloza García, alias HH, el interés de las ACCU y de las
AUC fue la apropiación de estructuras políticas y la usurpación de tierras,
situación favorecida por el tipo de estructura del grupo, que fomentaba el
enriquecimiento personal de sus miembros, especialmente de los mandos.
Las acciones de los paramilitares en el Uraba se orientaron a promover
violentamente con ataques demenciales a la población civil, proyectos
económicos y politicos, bien fuera de los dueños de los ejércitos privados o de
agentes externos a la región (nacional o internacional) afines a los métodos y
objetiva de los paramilitares.
La reconfiguración política de la región se sustentó a partir del destierro de la
población, el despojo de sus tierras y bienes, el disciplinamiento de sus
acciones y comportamientos; la cooptación de los poderes locales y la
cercenación de los liderazgos comunitarios.
El Modelo económico paramilitar.
Una de las consecuencias que las acciones paramilitares han dejado en el
territorio tiene que ver, en consecuencia, con la instauración de un modelo de
desarrollo económico que responde a intereses externos a la región y que se
sustenta en impresentables crímenes de lesa humanidad.
Daño en el tejido social.
Otra de las consecuencias visibles hoy día tiene que ver con las subjetividades
de los habitantes de la zona y sus modelos de socialización por los
paramilitares,
El tejido social comunitario ha sido uno de los elementos de mayor afectación
en Uraba. Lo que implica que la reconstrucción de formas de organización
comunitaria, de socialización, de participación y de relación con el estado
fueron y siguen siendo mediados por las acciones paramilitares.
La victimización generalizada de la población implica, entonces, un enorme
reto para recuperar no solo el tejido social sino también el orden territorial de
la región.
Grupos armados ilegales pos desmovilización. Los Urabeños o Gaitanistas
AGC
Los procesos de desmovilización de grupos paramilitares y el rearme de grupos
armados pos desmovilización fueron simultáneos en el departamento de
Córdoba y en Urabá16.
Surgen Águilas Negras de Don Mario.
En el 2006, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano de alias El
Alemán, creó la agrupación conocida inicialmente como la Banda de Don
Mario o Águilas Negras, que posteriormente se dio a conocer como las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su poder se consolidó en las vías de
Tierralta, Valencia, Arboletes y Turbo, zonas estratégicas para el tráfico de
armas y drogas.
16 Sobre los urabeños ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3dxNO3G
Primero fue conocido como Los Urabeños, después como Clan Úsuga
(patronímico tomado del apellido de sus jefes, entre ellos el actual, Dairo
Antonio Úsuga David alias “Otoniel”), luego como Clan del Golfo, y también se
ha abrogado el nombre de “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, lo que
evidencia su intención de sacar beneficios de actor político, sin serlo.
En el año 2008, el grupo de Don Mario controlaba la mayor parte del
narcotráfico en el país. Tal crecimiento permitió que su grupo intentara
absorber a otros más pequeños, que también surgieron con posterioridad a la
desmovilización de las AUC. Este fue el caso del grupo Los Paisas al mando de
Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, el ala rural de la Oficina de Envigado.
En el año 2009, luego de la captura de Don Mario, el grupo pasó a ser conocido
como Los Urabeños y en el año 2010 logró controlar la mayor parte de los
corredores de movilidad para el tráfico de drogas en el occidente del
departamento de Antioquia, incluyendo el ya mencionado sector Filo del
Caballo, antes en poder del Bloque Élmer Cárdenas. Ante las capturas de varios
mandos, algunos miembros de los Paisas pasaron a integrar el grupo de Los
Urabeños y otros ingresaron al grupo conocido como Los Rastrojos.
Urabeños y control territorial en Uraba y Cordoba desde el 2013.
Los ‘Gaitanistas’ alcanzaron la hegemonía en Urabá a mediados de 2012, luego
de cruentos enfrentamientos con ‘Los Rastrojos’ en algunos de los municipios
del Eje Bananero. Hoy dominan el territorio y cuentan con dispositivos de
control de vías entre los municipios de Mutatá, en el sur, hasta Arboletes, en
el norte. Además, según cuentan en Apartadó, su dominio se extiende hasta la
administración pública, particularmente sobre algunas dependencias que, por
ley, deben velar por los derechos de las víctimas. Tal estado de coacción ha
impedido que se adelanten procesos organizativos fuertes alrededor del tema
de la reclamación de tierras.
En el año 2013, Los Urabeños continuaron teniendo un control mayoritario
sobre los municipios del norte de Urabá y Valencia. De acuerdo con una visita
hecha a Arboletes y varios corregimientos y veredas (Santa Fe de las Platas) en
el 2019, son el actor armado predominante en Necoclí, San Pedro de Urabá y
Arboletes.
Según la advertencia del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del
Pueblo, la presencia rural de Los Urabeños ha sido registrada en
corregimientos como Mata de Maíz, Cocuelo, Santo Domingo, San Rafael del
Pirú, Mieles, Guadual Central, en el municipio de Valencia, y se ha percibido
también en los corregimientos Guasimal, Las Palomas, Santa Lucía, Martinica,
Leticia, San Anterito, Guateque, Nueva Lucía, La Manta y Buenos Aires, en
Montería. En la zona urbana de Montería se ha reportado la presencia de esa
estructura armada en los barrios El Privilegio, Furatena, Villa Paz y Nueva
Esperanza, estratégicos por servir de corredor de comunicación entre los
corregimientos Guateque, San Anterito, Nueva Lucía (hacia Planeta Rica) y con
los corregimientos El Sabanal, Martinica, Santa Lucia y Santa Clara.
Su dominio militar y político se expresa a través de constantes amenazas y
controles que actualizan la memoria del miedo vivido por la población en los
años de presencia de las AUC. Pese a que no se refleja en acciones armadas
sistemáticas, la población reconoce claramente la presencia de Los Urabeños
en los cuatro municipios. Sobre todo en el municipio de Valencia, la población
afirma su temor a transitar por corregimientos como El Guadual, puesto que
Los Urabeños cuentan con una fuerte red de informantes. El paro armado
decretado por este grupo después de la muerte de alias Giovanny fue una
muestra clara del severo control y miedo que logra imponer en las poblaciones
donde tiene presencia
Según información suministrada por la Policía, el crecimiento de Los Urabeños
ha sido significativo entre el año 2012 y 2013, pasando de 1.994 miembros
estimados a 2.366.
¿Qué pasa hoy?
El Clan del Golfo y su control del narcotráfico y de las rutas de la cocaína por
los puertos de Urabá y del Darién representan ciertamente una amenaza.
Aunque en los dos años de la Operación Agamenón contra ese grupo –en
Urabá, Bajo Cauca y el Área Metropolitana de Medellín– se han realizado más
de mil capturas y muchas incautaciones de droga, y en la reciente Operación
Agamenón II se dio de baja al segundo al mando, alias “Gavilán”, todavía no se
ha logrado la captura del objetivo principal: “Otoniel”.
A pesar de las incautaciones, por Turbo y a lo largo de toda la costa del golfo
siguen saliendo cuantiosos cargamentos de cocaína controlados por el Clan,
que además continúa reclutando efectivos, y auspiciando y pagando bandas
de sicarios, en especial niños y jóvenes. De igual manera, el grupo sigue
ejecutando homicidios, entre ellos de líderes sociales y ambientales.
El Estado se ha quedado corto tanto en poner en cintura a ese grupo armado
e impedir sus crímenes como en depurar sus propios agentes y en recuperar
la institucionalidad de Urabá logrando una mayor presencia, integral, efectiva
y reconocida.
Si el gobierno no hace un cambio profundo en el modo de relacionarse con esa
sociedad regional no podrá avanzar con éxito en el Programa de Sustitución de
Cultivos en los municipios limítrofes con Urabá –como Tierralta, Dabeiba,
Ituango y Riosucio– ni garantizar la integridad física de los desmovilizados y sus
familias en los etcr de esos municipios.
Mucho menos podrá garantizar la vida e integridad de los líderes sociales en
dichos municipios y en Urabá, dadas las amenazas del Clan del Golfo hacia
quienes pretendan interferir en las rutas y los negocios o en su control del
territorio y de la población.
Parapolítica en Uraba. El papel de Asocomun.
La dimensión de los procesos por vínculos de politicos con grupos
paramilitares da la dimensión de la capacidad de influencia y control de estos
últimos sobre las instituciones públicas17.
Según versiones libres de los paramilitares que hicieron presencia en la región,
además de la influencia sobre la institucionalidad pública y sobre la clase
17 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2xSsVRH
politica tradicional, estos grupos armados participaron en la creación de
empresas agroindustriales y realizaron negocios con diversas empresas
nacionales y multinacionales.
De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy
difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y
económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés,
haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la
maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso
que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y
que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.
La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió
despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó
organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que
consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales,
respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su
telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto
contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que
siguió tejiendo hasta el día de hoy lazos y respaldos como parte de los
proyectos de reinsersión.
Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces
los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno
Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que
la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la
organización paramilitar fue real y eficaz.
Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica.
La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue
planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían
consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la
Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller.
Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como
Clamor Campesino Caribe.
El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta
organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder
Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un
grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para
convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).
El Alemán ha dicho varias veces que los Promotores de Desarrollo Social eran
muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo
comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían
cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría
ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y
dándoles vida jurídica.
El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un
desmovilizado ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas
como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema
de participación ciudadana, trabajo social.
Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran
“rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y
presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque.
El trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de
acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas,
elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias,
del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90%
de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización, dice un
paramilitar.
Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas
pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se
convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la
complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron
utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según
El Alemán, se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de
Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el
consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal.
Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha
explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías, por cada municipio
de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de
preferencia afín a la ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político
que pudiéramos poner en la contienda.
Desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y
alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del Alemán’”.
En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos
que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo
electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la
Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo
menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales,
diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.
Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar
como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en
Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también
tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el
“Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen
Izquierda de Córdoba).
‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la
Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento
del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue
financiado en un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las
alcaldías.
Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de
elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los
proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su
control. Como declaró un desmovilizado: en el norte de Urabá teníamos
relación con todos los concejales de los municipios del norte con
absolutamente todos, se reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para
gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados
ante el concejo municipal.
Asocomún: ‘Ong de los paras’.
El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a
través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una
organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo
Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ (El Cura), y hermano de
alias ‘El Alemán’.
De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor
central del desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas,
mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales,
económicos, educativos, de salud y ambientales. Para lograr ese propósito
buscó canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y
programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun,
buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e
internacional.
Tulapas Horizonte de Esperanza.
Para el efecto se creó el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la
participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de
Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias
Guardabosques, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la
Presidencia de la República.
Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de
institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así
como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República,
la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), la Organización Internacional de las Migraciones- OIM, la
Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias
empresas de la región.
También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006
como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación
Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos
paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón
Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la
República, en reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de
comunidades.
El papel de German Monsalve en Asocomun, hermano del Aleman.
‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don
Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un
pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que
presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región
de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.
‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño
y era una persona escuchada y respetada en las autodefensas. Estas sospechas
fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó
en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder
por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre Asocomun. El caso del Senador
Valencia D.
Pero es a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerán
los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la
sentencia dictada contra el ex senador Antonio Valencia Duque, quien admitió
sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia
anticipada.
En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el
paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba
la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia
del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.
Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado
por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006,
que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste
renunció por las investigaciones de la parapolítica.
Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con
‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron
acuerdos políticos.
Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios
con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción
Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá.
Asocomún también igualmente recibió fondos del Plan Colombia por vía
indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de
Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID.
Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona
a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la
iniciativa.
Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización,
informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de
Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID
contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización
gestora acompañante”.
Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún
fue desastrosa, dejando a la deriva su participación en la coordinación de las
actividades restantes de la alianza. También denunciaron que Asocomún “no
realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían
establecidos en la zona de la alianza.
Parapolitica en la salud.
Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de
salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud).
Esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el
corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes,
entre el señor ‘Alemán’ y Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente
de la Endisalud iba dar los contratos de promoción y prevención de los
municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de
Urabá.
El papel de William Saleme, ex alcalde de Arboletes.
En la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro,
hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban recursos del
municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del
presupuesto de la salud. Los pagos se hacían a través de la IPS Orsalud, en
Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería18.
La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona dineros que extrajo en
contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y
alcantarillado, el contrato de recolección de basura y hasta el contrato para la
construcción del parque de la no violencia.
El negocio de la Multifruits.
Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón
Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de
plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y
18 Ver https://bit.ly/2YWPFLl
Cia Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y
presencia en su junta directiva.
Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la
escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante
legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se
conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros
principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John
Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez,
Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal
fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.
Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además,
fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula
a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del
2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece
también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar
Elmer Cárdenas.
Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de
Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao de 279
hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la
propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado
por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a
Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34
millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende, pues este paramilitar
había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.
En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer
Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de
Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos
meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora
por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.
El manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo
Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los
denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación
Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros
apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.
Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete
años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional
Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del
2004 por José Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que
la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí y se comprometió a
entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.
Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica
con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de
la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido
de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de
madera por parte de Maderas del Darién S.A.
La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del
2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600
hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo
de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso
Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la
dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach,
representante legal de la compañía.
Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del
Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del
Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente
participación en actividades controversiales, Del Monte, canceló los contratos
con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en
septiembre de 2007.
Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias
‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits.
Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la
alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el
sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.
El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun
en el proceso de comercialización y le agradeció por ser la entidad que
permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo
comunitario de perfil privado.
Plan Colombia: Madera y Caucho.
Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits
y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz
como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió
liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la
disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa
con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y
Comercialización Agropecuaria, Incuagro.
El papel de la paraempresa Incuagro.
Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial
Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de
compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el
programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.
Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en
cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las
empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del
programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá
antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda,
que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y
melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y
Caucho San Pedro.
Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los
que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits
con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el
ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos
paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración,
el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos
caucheras.
Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La
Gironda, surgieron en el 2003 como proyectos pilotos del Programa Familias
Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la
posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe
publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún
como colaborador clave para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y
Necoclí.
Es así como en 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de
USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda
recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas
una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas,
realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que
donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para
fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.
Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los
proyectos de Tulapa, se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se
empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo
de Acción Social. Luis Carlos Restrepo le envió al Aleman un correo en el que
decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia
Restrepo, encargada de la erradicación.
Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen
del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio
Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar
Gaviria.
El papel de Victoria Eugenia Restrepo en el gobierno de Uribe Vélez.
Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa
Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso
dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, Uribe la calificó como la Mamá
de las Familias Guardabosques19.
Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta
de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se
infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los
proyectos del Urabá.
En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de
conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el
comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco
Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo
Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por
posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel
Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue
condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha
venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.
Las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria
Eugenia Restrepo y la mafia. En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba a
las autoridades por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de
coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don
Mario’”.
19 Ver https://bit.ly/3dMuxvJ
Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier
relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba
autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus
relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e
insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la
conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del
PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias
Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no
gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se
presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.
La Sentencia dictada por la Corte Suprema contra el ex senador Ramón
Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la
trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó
que la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente
social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos
ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año
2002.
Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto
agroindustrial. La sentencia de la Corte rastreó la trayectoria de un pacto
donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas
de Valencia.
Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con
instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para
lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto
que, según la Corte, explica por qué posteriormente el congresista tuvo un
inmenso crecimiento electoral en esas localidades. De hecho, los votos
obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones
del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.
El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para
el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que la inclusión del
Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y
Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque.
Desplazamiento, victimas y derechos de las víctimas en Uraba.
Urabá es una de las regiones del país en donde los procesos de desplazamiento
forzado han sido más intensos y continuos desde 1985, cuando se produce el
primer ciclo de desplazamiento en el norte de esa región, hasta el momento
presente.
De manera sistemática, diversos grupos de población (campesinos,
comunidades indígenas y afrocolombianas) han sido forzados a dejar y
abandonar sus territorios ante las órdenes de desalojo, masacres, amenazas y
asesinatos selectivos emanadas de los grupos paramilitares y de los militares
de la XVII Brigada.
En un primer momento estos desplazamientos se concentran en el norte de
Urabá, luego se extienden al eje bananero, y posteriormente al eje Mutatá-
Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte y los territorios aledaños que forman parte
del medio y bajo Atrato. A partir del año 2003 se han producido
desplazamientos en municipios aledaños a Urabá (Ituango, Peque) que
revisten una importancia estratégica por ser puerta de entrada a Urabá y
corredores para el transporte de armas y de coca, cuyo cultivo se expande en
estos territorios y hacia la selva chocoana.
Los motivos del desplazamiento.
Un elemento común en los relatos de los grupos de población es el
establecimiento de una diferencia entre un periodo de relativa tranquilidad
(presencia de la guerrilla agraria y revolucionaria) y la llegada efectiva del
conflicto social y armado por la incursión de los grupos paramilitares y sus
bloques con sus repertorios de exterminio para despojar a los campesinos de
sus tierras y apoderarse de los recursos naturales de la región.
Características de la población desplazada.
La población desplazada y víctima de Urabá presenta las siguientes
características: su desplazamiento se produjo entre los años 1997 y 2002;
proviene de localidades que son epicentro de los desplazamientos en la región:
Apartadó, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Riosucio, Carepa y San Pedro de Urabá;
en su mayoría son personas adultas, entre los 40 y 50 años; es sobresaliente la
presencia de viudas; lo predominante es una combinación entre
desplazamientos individuales y masivos (Riosucio, Saiza).
El 51,4% de la población del Urabá antioqueño, o sea 350.000 personas, se
encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro
Único de Víctimas – RUV – de la UARIV.
Población expulsada.
Según datos la UARIV, entre 1991 y 2013 fueron expulsadas 70.647 personas
en la región.
Valencia fue el que más víctimas reportó, con 24.476, seguido por San Pedro
de Urabá, con 19.146, luego por Arboletes, con 14.812, y después por
Montería, con 12.213. Mientras los principales desplazamientos en Arboletes
y San Pedro de Urabá se presentaron entre 1991 y 1997, Valencia tuvo su
mayor pico en 2001, coincidiendo con la segunda oleada de homicidios en la
región. Esta coincidencia sería el resultado del pico de expansión del proyecto
paramilitar a nivel nacional, fueron los años cuando Jesús Ignacio Roldán, alias
Monoleche, despojó de sus predios a los campesinos del caso FUNPAZCOR. De
igual forma, a partir de ese año alias Don Berna, comandante del grupo Héroes
de Tolová, inició un proceso de expansión, solicitando a través de intimidación,
amenazas y el uso efectivo de la violencia, la venta forzada de los predios
donados por la Fundación.
En el periodo de 1991 a 1996, los corregimientos con la mayor cantidad de
desplazados hicieron parte del corredor del narcotráfico de los grupos
paramilitares hacia Urabá y de zonas de enfrentamiento entre esta agrupación
y las FARC en el sur de Córdoba. Estos corregimientos fueron: Tres Piedras y
Leticia en Montería, seguido por Villanueva y Las Nubes en Valencia, y El
Tomate en San Pedro de Urabá. En el periodo de 1997 y 2002, los
corregimientos que registraron más desplazados fueron Villanueva y Guadual
Central, en Valencia; Leticia y Juraquial, en Montería, y la cabecera municipal
del mismo municipio. Entre los años 2003 y 2007 la lista la encabezaron la
cabecera municipal de Montería, Leticia en Montería, Alto San Juan en San
Pedro de Urabá, y Guadual Central en Valencia. Finalmente, en el periodo de
2008 a 2012 los lugares y corregimientos con más desplazados fueron la
cabecera municipal de Montería, Nueva Lucía en Montería, la cabecera
municipal de Valencia, y El Tomate en San Pedro de Urabá. Aunque desde 2002
no se volvieron a reportar picos de desplazamiento forzado similares al de
2001, llama la atención que durante y después de la desmovilización de las
AUC el municipio de Valencia se mantuvo como el más afectado de los cuatro
priorizados hasta 2009, lo que indica que en ese periodo dicho municipio
continuaba siendo lugar de disputas entre grupos armados irregulares. En
cuanto a la recepción de personas desplazadas en los municipios de Córdoba
se puede anotar que Montería, al ser la capital política y administrativa de la
región, se convirtió en el principal receptor, teniendo en cuenta tanto
desplazamientos intramunicipales como intermunicipales.
Mártires de la restitución de tierras.
En los últimos años al menos 120 reclamantes de tierras han sido asesinados,
de los cuales 32 cayeron en la región del Urabá. Por esos crímenes, apenas una
persona ha sido judicializada.
El despojo de tierras en Uraba.
En el Urabá, la legalización de tierras despojadas quedó al descubierto tras una
revisión a los documentos de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo
(Antioquia), aunque mucho tiempo después de que los primeros defensores
de la restitución lo denunciaran y hasta los exjefes paramilitares lo
reconocieran en sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz20.
20 Ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2WnuPmU ; https://bit.ly/3boBrFN .
Fueron más de 1.400 predios rurales de Apartadó, Arboletes, San Pedro de
Urabá y Necocli los que confirmaron los hallazgos.
Así fueron expropiadas por los paramilitares más de 50.000 hectáreas
pertenecientes a 1.000 familias en Bajirá, Río León, Tumaradó y Mutatá, tierras
que pertenecen a seis familias por todos conocidas —los Builes, los Londoño,
los Sierra, los Quintero—. La mayoría son ganaderías extensivas o cultivos de
palma. Después hubo varios negocios de los que se perdió la pista hasta que
apareció Ciapana, una gigantesca compañía sobre cuyas tierras —unas 15.000
hectáreas— hay 60 reclamaciones vigentes. Hay otras compañías
aparentemente administradoras como El Búho.
Despojo de tierras.
Fue el despojo violento y directo la modalidad predominante bajo la que se dio
la configuración de la tenencia de tierras por los paramilitares en los
municipios de San Pedro de Urabá y Arboletes.
Los principales despojadores en la región fueron grupos paramilitares, que
tenían como objetivo el fortalecimiento de sus actividades económicas –
particularmente el tráfico de drogas– y de su capacidad militar, así como la
consolidación de los corredores geográficos que garantizarían la consecución
de dicho objetivo; su incidencia sobre lo público y su capacidad de cooptación
les permitiría en muchos casos legalizar el despojo de tierras. De igual forma,
el despojo paramilitar y su respectiva legalización habría sido promovida y/o
facilitada por diferentes tipos de actores: militares, para los que el avance
paramilitar representaría una manera de combatir la insurgencia; empresarios
y personas naturales, para quienes la presencia paramilitar garantizó la
posibilidad de mantener y/o extender sus proyectos económicos; y
funcionarios públicos y políticos locales, que facilitaron la recuperación de
terrenos que habían sido adjudicados a campesinos.
En zonas de dominio paramilitar como Urabá existió una estrategia macro
criminal dirigida a forzar el abandono de tierras y su apropiación violenta y
fraudulenta por parte de la empresa criminal dirigida por las AUC y demás
miembros.
En el Urabá antioqueño, el despojo de tierras inició desde la entrada de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a la región en 1994.
Desde este momento es posible identificar dos etapas de despojo paramilitar.
Primera etapa.
La primera se habría dado entre 1995 y 1997, cuando las ACCU se dedicaron a
apropiarse ilegalmente de las tierras de los campesinos de esta región,
atentando contra quienes se resistían a ceder su tierra y ofreciendo sumas muy
bajas a los dueños.
Segunda etapa.
La segunda etapa estaría representada por los despojos ocurridos después de
1997, cuando ya se habían conformado los Bloques Bananero y Elmer
Cárdenas de las AUC.
Los métodos utilizados por estos grupos paramilitares consistían en la
simulación de contratos de compraventa y su protocolización con los legítimos
dueños, previa amenaza o intimidación contra la vida o integridad de los
campesinos. En este sentido, en Urabá el fenómeno se produjo principalmente
por medio de las modalidades de despojo jurídico a través de venta forzada y
ventas a bajo precio. Investigaciones sobre el caso indican que algunos de los
mayores compradores de tierras en la zona fueron Jesús Ignacio Roldán, alias
Monoleche, y Benjamín Alvarado Bracamonte, bajo la intermediación de
Roberto Mariano Ojeda y Guido Vargas.
La apropiación de tierras por parte de los grupos paramilitares en Urabá
responde a motivos militares, económicos y sociopolíticos: la expulsión de las
guerrillas y el debilitamiento del movimiento sindical bananero; servirle de
brazo armado a empresarios bananeros, ganaderos y palmeros que buscaban
ampliar y consolidar sus negocios; y hacerse a rutas estratégicas para el tráfico
de droga y armas, así como el establecimiento de zonas para la producción y
almacenamiento de bienes ilegales.
Víctimas de despojo de la región narran que en los años 1995 y 1996 llegaron
los paramilitares a amedrentar a la población y apoderarse de tierras a través
de ventas forzadas. Según el relato, los integrantes de los grupos armados
presionaban a las familias para que les vendieran sus predios bajo la
intermediación de Roberto Mariano Ojeda Visbal. Esto está confirmado por
declaraciones del empresario bananero Raúl Hasbún y por Ever Veloza García,
alias HH, ambos antiguos comandantes del Bloque Bananero de las AUC.
Afirmaron que cuando ellos estaban operando en la región, los campesinos
tenían que desplazarse de sus tierras por la violencia que se empezó a vivir, y
cuando llegaban a los cascos urbanos, los paramilitares les ofrecían 50 mil
pesos por hectárea de tierra argumentándoles que no iban a poder volver a
sus fincas. HH ha dicho que la mayoría de campesinos, ya fuera por hambre o
por miedo a las armas, recibían la plata de inmediato. Según esta versión, Jesús
Ignacio Roldán, alias Monoleche, fue el paramilitar que más compró tierras
entre San Pedro de Urabá y Turbo para Vicente y Carlos Castaño. Este
procedimiento, en el que un testaferro y un intermediario visitaban al colono,
ofreciéndole un valor muy inferior al del mercado por sus tierras, era la
modalidad más pacífica y civilizada. Pero si el campesino (o inclusive finqueros
ricos) se resistía a irse, empezaban a presentarse amenazas y actos violentos
que no cesaban hasta la muerte del propietario.
Las instituciones públicas contribuyeron a la posterior legalización del despojo
en esta región del país: los grupos paramilitares despojaron a los campesinos
con violencia, y luego vinieron entidades estatales a legalizar el despojo.
Funcionarios del Incora (hoy INCODER), de las oficinas de Registros e
Instrumentos Públicos y notarios cumplieron un papel clave en la legalización
de despojos, usurpaciones, apoderamiento, arrebatamiento y abandono de
predios. La legalización habría sido facilitada por el alto grado de informalidad
en la tenencia de la tierra en la región, es decir, por la carencia de títulos de
propiedad que impliquen derecho de dominio sobre los predios despojados.
Tal fue el caso de Arboletes, donde los paramilitares entraron a la zona
amenazando a los campesinos con el argumento de que las tierras no eran de
ellos y que se las iban a devolver a sus dueños, y más adelante les ofrecían
bajas sumas por la compra de sus propiedades: una parcela por la que ofrecían
$20 millones en el 93, la pagaron a $800.000.
En el caso de buena parte de las tierras despojadas en San Pedro de Urabá, en
la actualidad, estas aparentemente serían propiedad de testaferros de alias
Cuco Vanoy; similar situación se presentaría en Arboletes, donde, según los
entrevistados, los predios despojados pertenecen a testaferros y personas que
se beneficiaron del proyecto paramilitar, más específicamente de políticos
“prestantes” y sus familiares.
En ambos municipios, si bien el uso que se le da al territorio es aparentemente
de ganadería extensiva, líderes de víctimas confirman que las tierras
despojadas forman un corredor estratégico para los grupos paramilitares, con
un papel clave en el almacenamiento y tráfico de drogas. Lo anterior
constituye, entonces, no solo una de las razones por la que en primer lugar
fueron despojados de sus tierras los campesinos, sino también el motivo por
el que se puede prever que los grupos armados pos desmovilización se van a
resistir a que se lleven a cabo procesos de restitución de tierras.
Las tierras en norte de Urabá son un botín de guerra que las AUC les dejaron
como herencia a Los Urabeños.
Los hallazgos de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Teniendo en cuenta las definiciones de la Superintendencia de Notariado y
Registro (SNR) sobre los diferentes modalidades bajo las que se lleva a cabo el
despojo de tierras, es posible señalar que en los municipios de Uraba se
presentaron sobre todo despojos de tipo jurídico, entendidos como aquellos
en los cuales, a través de documentos públicos, se transfiere ilegalmente la
propiedad por medio de la coacción, constreñimiento, falsedad, suplantación,
etc.
Tipos de apropiación ilegal de tierras.
Dentro de esa categoría y para esta zona se registraron las siguientes tipos de
apropiación irregular de tierras:
a. Ventas forzadas, aquella venta que de manera obligada realiza el dueño de
un predio, es decir, venta realizada bajo presión; b. Ventas a bajo precio,
cuando se adquiere un predio por un valor muy inferior a su avaluó comercial
o catastral, aprovechando la situación de vulnerabilidad del vendedor; c.
Suplantación, cuando una persona, fingiendo ser el vendedor, suscribe por
este una escritura de transferencia de dominio; y d. Titulación indebida de
predios, cuando el Incora adjudica un baldío o un predio del Fondo Nacional
Agrario a un campesino, posteriormente le revoca la adjudicación y adjudica
coetáneamente el predio a un testaferro de un grupo al margen de la Ley. Si
bien en los municipios de Urabá ocurrieron los cuatro tipos de despojo
mencionados, los más comunes fueron las ventas forzadas y las ventas a bajo
precio.
Campesinos invaden tierras.
Campesinos del Urabá que se cansaron de esperar que un juez les devolviera
sus tierras, arrebatadas por paramilitares, las invadieron porque dicen que la
justicia no ha sido eficaz.
En el 2017, diez familias del municipio de Necocli, Urabá antioqueño, que
alegaron estar cansados de recibir negativas en las instancias judiciales para
lograr la restitución de sus tierras, decidieron pasar a las vías de hecho y ocupar
varias fincas que reclaman como suyas, pero que en el pasado les fueron
robadas por grupos paramilitares.
El caso muestra las dificultades con las que se encuentran las autoridades para
restituir miles de hectáreas robadas a los campesinos, ya que en algunos casos
la justicia no ha logrado que los paramilitares confiesen el despojo, lo que
dificulta declarar la ilegalidad de muchos títulos.
Palabras como “zona vedada” e “inexpugnable” son constantes entre
funcionarios estatales y de organismos internacionales que tienen entre sus
funciones adelantar trabajos en el norte de Urabá. Todos ellos coinciden en
resaltar el silencio de las víctimas como un factor preocupante, porque
dificulta el diagnóstico de la situación e impide la satisfacción plena de los
derechos de las víctimas.
De acuerdo con algunas versiones la mayoría de los despojados atienden las
indicaciones de ‘Los Gaitanistas’, y prefieren vivir a morir asesinados por
solicitar la restitución de sus predios. Las pocas solicitudes instauradas fueron
presentadas por víctimas que están en otras zonas del país.
En la actualidad, los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y
San Juan de Urabá están entre los más complejos en el país para alcanzar una
restitución plena de predios, tanto jurídica como material. En esas localidades,
el Estado se demorará para hacer una radiografía del despojo. Allá la autoridad
la tienen los Gaitanistas con la complicidad de la policía y el Ejército.
Uno de los casos más dolorosos de toda esta historia violenta del
neoparamilitarismo es el de Juan Pablo Atahualpa Gómez Ruiz, de 28 años de
edad, acribillado el 14 de agosto de 2009 en Arboletes. Sobre él, su padre el
periodista Luis Eduardo Gómez Cubillos escribió en su libreta de apuntes: “Mi
hijo fue en su totalidad bueno. No hizo daños. Nadie, ni los mismos que lo
mandaron asesinar pueden hablar mal de él. Todo por no hacerles caso y que
aceptara lo del grupo y porque no quiso ni se dejó ‘robar’ la moto de su
propiedad empezó el rencor y la envidia”. El 30 de junio de 2011, y tras
investigar de manera exhaustiva el crimen de su hijo y los fenómenos de
violencia en la región, fue asesinado el comunicador. Hoy, sus archivos, son
una prueba irrefutable de los padecimientos de una región sometida a la
ilegalidad.
El Estado está en la obligación de crear las condiciones de seguridad necesarias
para que los reclamantes recuperen sus predios, regresen a ellos, o trabajen
y produzcan de manera rentable. Esa es la única vía para reparar el daño que
produjeron aquellos que se concertaron, con la protección de sectores del
Estado, para robar tierras aprovechándose del poder paramilitar.
El caso Tulapas.
Un caso representativo de despojo en Urabá, que involucra al municipio de
San Pedro de Urabá, es lo ocurrido en la zona conocida como Tulapas,
integrada por ciertos sectores de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro
de Urabá21.
Como ya hemos señalado, las estructuras paramilitares agrupadas en las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del
Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una
vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona
conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo
y Necoclí.
A Tulapas, que había sido bastión histórico del EPL y de las FARC, llegaron las
ACCU en 1994 con la intención de expulsar a la guerrilla y quedarse con el
dominio de la zona. Una vez lograron su objetivo, por iniciativa de Carlos
Castaño, Mancuso y sus hombres iniciaron un proyecto de acumulación de
tierras en la región. Al parecer, la tarea fue encargada a uno de los
lugartenientes de Mancuso, llamado Benjamín Alvarado Bracamonte, quien
compraba tierras a desplazados por precios muy inferiores a los del mercado
y por intermediación de Guido Vargas. Sobre esto, en la Notaría Única de San
Pedro de Urabá está registrado que entre agosto de 1995 y diciembre de 1996,
Bracamonte adquirió un total de 795 hectáreas en Tulapas. En estas
transacciones, Mancuso también quedó con tierras a su nombre. Así mismo,
en la adquisición de estos terrenos en Tulapas por parte de las ACCU participó
como intermediaria entre paramilitares y víctimas una pariente de los
hermanos Castaño, Sor Teresa Gómez. Adicionalmente, una porción de las
tierras haría parte de las propiedades que terminaron a nombre del Fondo
Ganadero de Córdoba entre 1997 y 1998. En 2007, varios años después del
despojo, y con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz,
los campesinos que habían perdido sus tierras en Tulapas se unieron para
iniciar un proceso de solicitud de restitución de tierras. En 2009, un fiscal de
Turbo llamó a declarar a personas que habían sido señaladas como
21 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2WKgWhs .
responsables del desplazamiento forzado, momento cuando empezaron a
presentarse amenazas contra los líderes de restitución de ese caso. En marzo
de 2011, en medio del proceso judicial, fue asesinado en Medellín David Góez,
uno de sus líderes más visibles. En los últimos años el caso ha sufrido varias
demoras, sin que hasta la actualidad se haya emitido la sentencia de
restitución sobre dichos predios.
Esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu
se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.
Mancuso ha dicho que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios
y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue
quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas,
según este ex jefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la
tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se
encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda
Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.
También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido
para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba
destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto
para delinquir y lavado de activos.
Asesinato de líderes sociales.
Desde cuando iniciaron los procesos de reclamación en los municipios
mencionados, y con anterioridad a la Ley de Víctimas, se presentaron las
primeras amenazas e intimidaciones, seguidas por atentados de muerte contra
líderes y comunidades22.
A grandes rasgos, los asesinatos de reclamantes en esta región se
concentraron entre mediados de 2008 y finales de 2011. Los actores
identificados como generadores directos de estas amenazas y otros actos de
violencia fueron integrantes del grupo armado pos desmovilización Los
22 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3dB7cNa .
Urabeños, y en particular los hermanos Úsuga, alias Otoniel y alias Giovanny,
este último muerto por las autoridades a comienzos de 2012.
Los casos en los que se hizo efectiva la amenaza de muerte fueron los de Juan
Jiménez Vertel, asesinado en agosto de 2008 en el corregimiento de El Reposo,
en Apartadó; Benigno Gil, líder reclamante de tierras y presidente de la Mesa
Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008, momento en que Gil,
junto con otros campesinos, habían ocupado unos terrenos de los que habían
sido despojados años atrás en la vereda El Leoncito, en Mutatá; Jaime Antonio
Gaviria, líder reclamante y testigo del asesinato de Benigno Gil, asesinado en
diciembre de 2008 en Chigorodó; Albeiro Valdés, reclamante a quien se le
habían restituido predios en noviembre de 2009, asesinado en mayo de 2010
en la vereda Cirilo vía a Necoclí; Hernando Pérez, líder de tierras que días antes
había estado presente en la restitución y entrega de títulos de propiedad a
familias víctimas de despojo en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo y
David Góez, vocero de 120 familias que reclamaban tierras en Las Tulapas,
asesinado en marzo de 2011. Adicionalmente, otro de los casos de violencia
contra reclamantes de tierras fue el de un líder de la Fundación Forjando
Futuros, quien sobrevivió a dos atentados recibidos después de haber sido
amenazado.
A finales de 2013 se concretaron amenazas e intimidaciones mencionadas por
la población mediante el asesinato del líder reclamante Gildardo Padilla
Ortega, en Valencia, el 17 de noviembre. Padilla, quien había sido víctima de
grupos de autodefensas liderados por Salvatore Mancuso, estaba adelantando
procesos de solicitud de restitución de una finca en la vereda La Rula, en San
Pedro de Urabá, así como de un predio ubicado en el corregimiento de
Macondo, en Turbo. Días antes de su muerte el líder había rendido
declaraciones ante la Unidad de Contexto de la Fiscalía en Apartadó. Otros
hechos victimizantes registrados en el periodo posterior a la implementación
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han presentado en casos como
la vereda Guacamayas, en Mutatá; durante este proceso, que se encuentra
actualmente en etapa probatoria, se han generado amenazas contra cinco de
sus reclamantes. Así mismo, la líder de tierras Beatriz Elena Maestre, vocera
de varios reclamantes en Turbo, recibió un panfleto con amenazas en abril de
2013. Y en junio de 2013 fueron amenazados los representantes de la
Fundación Forjando Futuros y Tierra y Vida, Gerardo Vega Medina y Carmen
Palencia, como también el representante de Tierra y Vida en Apartadó, Manuel
Mercado. Gerardo Vega y Carmen Palencia recibieron en noviembre de 2012
el Premio Nacional de Paz por su labor en el proceso de restitución de tierras.
En el caso de San Pedro de Urabá y Arboletes, a pesar de que la restitución no
se ha iniciado formalmente, según los entrevistados, cuando se ha
mencionado públicamente el tema se han recibido reacciones inmediatas por
medio de comunicados amenazantes. Víctimas y pobladores de estos
municipios aseguran que integrantes de grupos armados han manifestado en
varias ocasiones la inexistencia de inconvenientes frente a las peticiones de las
víctimas en términos de reparaciones económicas o ayuda humanitaria,
siempre y cuando no se aborde el tema propiamente de la restitución.
En Arboletes todo el mundo le tiene miedo al tema de tierras.
La responsabilidad sobre las amenazas contra los líderes de la restitución de
tierras es atribuida a los actores que estuvieron involucrados en el proceso de
despojo paramilitar y que posteriormente recibieron beneficios de este
proceso o que en la actualidad hacen presencia en los territorios despojados.
Estos actores aparentemente estarían generando las amenazas por medio de
Los Urabeños. Los promotores de amenazas son testaferros de líderes
paramilitares y a empresarios ganaderos y bananeros que en la actualidad
usufructúan las tierras despojadas, así como a hombres armados que estarían
siguiendo órdenes de empresarios de la región. Este panorama es descrito, en
el caso del municipio de Arboletes, por un líder de víctimas que relata que,
legalizadas mediante estrategias de testaferrato, las tierras que en algún
momento le pertenecieron a jefes paramilitares ahora son utilizadas por cinco
empresas (o familias como los Londoño, los Quintero).
Escenario de riesgo actual.
A continuación se presentan dos hipótesis de escenarios de riesgo que
permiten identificar los riesgos actuales y potenciales contra líderes y
comunidades reclamantes. Es pertinente aclarar, de entrada, que si bien lo
anterior constituye un componente importante de riesgo para la población
reclamante, la presencia de actores armados ilegales en un territorio
representa un riesgo para la población en general.
En los territorios de Uraba existe en la actualidad un control significativo del
grupo pos desmovilización Los Urabeños, el cual cuenta con abundante
experiencia en el desarrollo de negocios ilícitos, conoce la geografía de la
región y tiene antecedentes en prácticas violentas que encuentran sus
orígenes en la Casa Castaño y en la estructura armada de alias Don Mario. Una
de las razones fundamentales por las que la presencia y control de este actor
armado ilegal sobre el territorio constituye un componente importante en el
escenario de riesgo para las comunidades residentes, es que la región sigue
teniendo la condición de territorio estratégico para el desarrollo de economías
ilícitas, particularmente actividades de narcotráfico, aun cuando los ingresos
de los grupos pos desmovilización también se apoyen actualmente en otras
actividades, como la minería ilegal, el microtráfico y la micro extorsión. A pesar
de los esfuerzos de las autoridades por capturar a sus integrantes, bloquear
los corredores de movilidad y golpear las finanzas de este grupo, Urabá
continúa siendo uno de los puntos estratégicos a nivel nacional para la salida
de drogas hacia el exterior. Como se mencionó en secciones anteriores, el
control de los puntos de embarque de Urabá y de los corredores para llegar a
ellos le da a los grupos armados la posibilidad de lucrarse por diferentes vías,
que incluyen el cobro de cuotas por el transporte de insumos, armas y cocaína
procesada desde y hacia los puertos y el establecimiento de “impuestos” por
la salida de cada kilo de cocaína hacia otros países. A lo anterior se suma el
interés del grupo de cuidar cocinas de procesamiento de coca, armamentos e
incluso fosas comunes de víctimas que dejó la consolidación paramilitar a
finales de los noventa. El alto control del grupo no solo genera riesgos en
términos de las limitaciones que pueden tener los reclamantes para exigir sus
derechos fundamentales y la restitución de tierras, también se corre el riesgo
de que las bajas cifras de violencia derivadas precisamente del fuerte control
de un único actor armado se traduzcan en un diagnóstico equivocado por
parte de los tomadores de decisiones que revisan la situación de
vulnerabilidad de la región. En tanto el control armado no es perceptible por
medio de los indicadores de violencia comúnmente utilizados para dar cuenta
de la situación de seguridad en una determinada zona (índices de homicidios,
desplazamientos, secuestros, atentados, entre otros similares), existe la
posibilidad de que no se tomen las decisiones de política pública acordes con
la situación.
En Urabá el miedo y el terror son uno de los principales instrumentos de
ejercicio del poder de los grupos armados ilegales, los cuales, apelando a
recuerdos de las formas de violencia ejercida en el pasado y diversos
mecanismos de vigilancia y control, logran limitar las manifestaciones sociales,
el lenguaje y la participación política de la sociedad civil en procesos
democráticos. Durante el avance de los procesos de restitución de tierras
surgen riesgos asociados a sus diferentes etapas y a su sostenibilidad en el
tiempo.
El proceso de restitución de tierras, en sí mismo, genera riesgos para los
reclamantes que se puedan ver beneficiados con esta política. Es decir que una
vez la URT llega a las regiones con su oferta institucional, se presenta la
oportunidad de iniciar los procesos de reclamación, pero también es el
momento cuando los actores que se oponen al proceso de restitución
reaccionan por vías de hecho y a través de actos violentos; en muchos casos,
eludiendo los mecanismos legales de oposición que establece la ley de
restitución de tierras.
Al hacer una reflexión prospectiva sobre los factores que podrían incrementar
o contrarrestar los riesgos para los reclamantes en San Pedro de Urabá y
Arboletes en el momento cuando se den por iniciados procesos formales de
restitución de tierras se encuentra que: Primero, se prevé que la ausencia de
instituciones del Gobierno que desempeñan funciones claves en el apoyo y
acompañamiento a los reclamantes durante los procesos de restitución
incrementa los riesgos para esta población. El hecho de que en estos
municipios no existan funcionarios permanentes de la UARIV y la URT tiene
como consecuencia que las entidades no conozcan en profundidad las
condiciones de estos municipios –en materia de seguridad, uso y propiedad
del suelo y del territorio, etc.- y que no se le haga un seguimiento cercano y
constante a los reclamantes y al proceso de restitución. Adicionalmente, se
identifica como factor de riesgo para la población reclamante de estos dos
municipios la falta de voluntad política de funcionarios y políticos locales y
regionales de promover y brindar apoyo a los procesos de restitución y a la
población reclamante. Es evidente el desinterés de los funcionarios en este
tipo de procesos, sospecha de que las entidades (alcaldías, fuerza pública,
UARIV, personerías) son presionadas por los grupos pos desmovilización y de
que persisten alianzas entre despojadores, funcionarios públicos y grandes
propietarios de la región para impedir la restitución y mantener la estructura
actual del uso del territorio. En este contexto, más que la falta de instituciones,
lo que determina el riesgo es que los objetivos de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras no son coherentes con la labor que ejercen los
representantes del Estado a nivel local y regional. En contraste, la experiencia
de procesos de restitución de tierras en desarrollo ha demostrado que las
organizaciones sociales involucradas representan un importante factor de
protección para los reclamantes. Este tipo de organizaciones cumple un papel
fundamental en la intermediación entre los reclamantes y las instituciones,
pero también en la visibilización de los procesos de restitución en curso y la
violencia que se ejerce sobre los líderes, logrando ejercer presión sobre las
instituciones para el avance efectivo de los procesos y la adopción de medidas
de protección en favor de los reclamantes.
Si bien son casos de gran alcance por la extensión de los predios, su historia y
el número de víctimas reportadas, existe todavía un bajo nivel de información
y diagnóstico sobre (i) predios ubicados en zonas altamente controladas hasta
hoy por grupos armados como Arboletes y San Pedro de Urabá y (ii)
despojadores y/o testaferros de los otrora grupos paramilitares y de los
actuales grupos pos desmovilización, que son propietarios o hacen uso de
predios ubicados en la zona objeto de estudio, y actúan como autores
intelectuales y/ materiales de las amenazas y hechos violentos contra la
población reclamante.
La configuración del escenario de riesgo para población y líderes reclamantes
de tierras en los municipios estudiados está atada a tres variables
interrelacionadas: (i) se mantienen hasta hoy la lógica y modalidades del
despojo que determinaron una situación específica de propiedad y uso del
territorio por parte de actores armados y no armados; (ii) el fuerte control
ejercido por Los Urabeños en municipios como Arboletes, San Pedro y
Valencia, y las fallas institucionales de esas zonas, constituyen un factor de
riesgo para cualquier tipo de población residente en estos municipios, lo que
incluye a la población reclamante y a sus líderes —dicha presencia, aunada a
la permanencia de aparentes despojadores, testaferros o propietarios de mala
fe, explican en buena medida las dificultades de implementación de la
restitución e incluso la abstención de algunas comunidades en cuanto a
reclamar o a seguir adelante con el proceso de restitución—; y (iii) el avance
mismo del proceso de restitución puede generar nuevos riesgos sin el
adecuado apoyo institucional, teniendo en cuenta la significativa presencia de
los grupos pos desmovilización, los cuales pueden generarse desde el
momento del registro de la reclamación hasta el proceso de retorno al predio
despojado. La presencia de organizaciones internacionales, sociales y de
víctimas permite visibilizar la agenda de la justicia transicional, de las víctimas
y de la restitución de tierras, y atemperar los niveles de riesgo de la población
reclamante de tierras por cuanto le da reconocimiento a esta población y a sus
casos. Aun así, lograr el apoyo constante de los gobiernos locales frente a las
iniciativas desplegadas sigue siendo uno de los retos por superar en esta
materia.
La política de restitución de tierras enfrenta en los municipios seleccionados
dos grandes dilemas, que definen la situación de riesgo de la población
reclamante: (i) iniciar el proceso de restitución –micro focalización- en zonas
de alto despojo o alto control de los grupos pos desmovilización sin generar
riesgos adicionales para las poblaciones residentes, y (ii) garantizar el avance
efectivo del proceso de restitución y su sostenibilidad en zonas
institucionalmente débiles o vulnerables y con alta incidencia de actores
armados o con intereses vigentes sobre determinados predios. La definición
del riesgo presenta variaciones de acuerdo con el caso y perfil de la víctima así
como con el tipo de actor y el interés que tiene sobre el territorio, por lo que
la utilidad de los indicadores podría ampliarse al tomar como unidad de
análisis el nivel de corregimiento, veredal o predial y profundizar sobre la
fuente de amenaza en cada caso en particular.
Profundizar en la comprensión del uso del territorio, despojo de tierras,
actores armados o con intereses en los predios y violencia a nivel de
corregimientos y veredas permite identificar las dinámicas particulares de
cada una de las zonas más afectadas, los riesgos puntuales y tomar medidas
específicas para prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos de los
reclamantes en escenarios de restitución de tierras. Es importante
comprometer los esfuerzos institucionales en el diagnóstico y micro
focalización de los corregimientos más afectados del norte de Urabá, tales
como La Trinidad, El Guadual, Buenos Aires y la cabecera municipal de
Arboletes así como El Tomate y Santa Catalina en San Pedro de Urabá.
La reclamación de tierras no ha dado un solo paso después de la manifestación
de Necoclí en el 2013. Nada se ha hecho, dicen los dirigentes agrarios de Tierra
y Vida, porque nada se puede hacer. Si se desmovilizaron 5.000 hombres en
2006, hoy hay 10.000. El reclutamiento no ha cesado, aunque las unidades
militares no anden uniformadas ni con armas largas. El control se ejerce con
los mototaxistas, que son verdaderas milicias paramilitares. Las autoridades
militares y civiles identifican los mandos pero ninguna toma medidas para
someterlas. El padrinazgo político e institucional es más fuerte que cualquier
funcionario oficial que decida cumplir sus obligaciones legales. El
paramilitarismo sigue controlando la región. Se les conoce como ‘Los
Urabeños’, pero no se conocen ni siquiera los alias de los mandos. Algunos
hombres están uniformados y armados con fusiles; otros, la mayoría, son
informantes o colaboradores. Hay tres ramas: la militar, que usa armas largas
y cortas; la política, que controla las votaciones y luego a los funcionarios
elegidos, y la social, encargada de obras para la comunidad a través de las
juntas de acción comunal, comités de deportes y otras agrupaciones cívicas. El
reclutamiento de jóvenes se hace por medio de estos organismos y de uno
nuevo: préstamos para pagar los estudios.
Hoy, el neoparamilitarismo de los urabeños está dedicado al narcotráfico y a
cuidar las tierras adquiridas por sus patronos, que en su mayoría están
arrendadas a empresas cuyos verdaderos propietarios son socios. En las
haciendas sólo se encuentran mayordomos y encargados que nada saben de
los dueños.
Hay haciendas como la 33, la 37, El Carmelo, El Volcancito, Las Tulapas, todas
hechas con parcelas arrebatadas a colonos donde se han instalado empresas
ganaderas y madereras, dedicadas al cultivo en gran escala de caucho. En su
conjunto pueden sumar más de 70.000 hectáreas.
¿Cómo se puede reclamar, a quién, en dónde, si las normas que defienden a
las víctimas son prácticamente clandestinas? El Gobierno ha dispuesto un
programa de microfocalización que consiste en un diagnóstico realizado por el
Ejército, la Policía y la Fiscalía para determinar si hay condiciones para
adelantar un registro de reclamantes y proceder a la restitución. Pues bien, en
Turbo se han hecho sólo dos diagnósticos veredales, habiendo 225 veredas, y
la conclusión de las autoridades competentes es que no hay condiciones de
orden público para adelantar el proceso. Sin embargo, si se les pregunta en sus
comandos cuál es la situación de orden público, responden sin vacilar: “Parte
sin novedad”.
El genocidio de la Union Patriótica en Uraba.
De acuerdo con el fallo en el que se documentan los crímenes cometidos por
alias ‘HH’ en la región del Urabá, las acciones en contra de miembros,
simpatizantes y representantes políticos de la Unión Patriótica fueron
sistemáticos y generalizados desde finales de los años 80, y la fiscalía confirmó
la participación y colaboración activa de miembros de la fuerza pública23.
23 Ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2LlFnwp ; https://bit.ly/2YROnRL .
Pero no solo los miembros de este movimiento político se convirtieron en el
principal objetivo del paramilitarismo. De acuerdo con el fallo de la Sala de
Justicia y Paz, la persecución se orientó también a organizaciones sindicales de
la región de Urabá.
De los 88 crímenes que fueron investigados por la fiscalía 17 de Justicia y Paz
en el caso de ‘HH’, ocho hechos tienen como víctimas a miembros de la UP y
22 a sindicalistas bananeros de Urabá.
Con la llegada de la UP a la región de Urabá, una zona con presencia histórica
de guerrillas como el EPL, el ELN y las FARC, los movimientos sociales se
fortalecieron así como los sindicatos, muchos de ellos impulsados por las
nuevas fuerzas políticas fruto de las negociaciones del gobierno de turno y la
guerrillas, lo cual generó reacciones violentas de grupos de extrema derecha
anticomunistas contra los movimientos sociales, políticos y sindicales.
En este contexto, las principales víctimas fueron los miembros de la UP, que
amenazaron con afectar los intereses políticos y económicos de actores legales
e ilegales. Los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica tuvieron la
intención de eliminar a sus miembros y simpatizantes por medio de una
violencia sistemática que resulto de la coordinación de miembros del Ejército
y grupos paramilitares, a través del llamado “plan golpe de gracia”.
Luego de analizar los ocho crímenes cometidos por Helbert Veloza en contra
de miembros de la Unión Patriótica, la magistratura de Justicia y Paz calificó
por primera vez al exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio
político.
Los miembros de la UP asesinados por alias ‘HH’ fueron Vidal Devia Ramírez,
Luis Eduardo Cubides Vanegas, Humberto Pacheco Castillo, Julio César Serna,
Arturo Moreno López, Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David,
Melquisedec Rentería Machado, Edilberto Cuadrado Llorente, Wilton Antonio
Garcés Montaño y Alejandro Valoyes Mena.
El caso del Concejal de la UP Marceliano Medellín Narváez.
El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia
estudiar la demanda de reparación directa que interpuso la familia del
exconcejal de la Unión Patriótica (UP) Marceliano Medellín Narváez, quien fue
asesinado hace 20 años, cuando se desplazaba por la vía que de Apartadó
conduce a Chigorodó, en el Urabá antioqueño.
La Sección Tercera del alto tribunal determinó que este homicidio y el
desplazamiento forzado de sus familiares, aparentemente atribuible a grupos
paramilitares, podría constituir un delito de lesa humanidad, lo que obliga a la
jurisdicción contencioso administrativa a admitir la demanda, pese a haberse
cumplido ampliamente los plazos regulares que tenía la familia de la víctima
para reclamar el derecho a ser resarcidos.
Marceliano Medellín Narváez había sido elegido concejal de Chigorodó por la
UP para los períodos 1992 – 1994 y 1994 – 1996, pero se vio obligado a
renunciar a su curul, dicen sus familiares, por haber recibido amenazas contra
su vida.
Poco después de su salida obligada del cabildo municipal, el dirigente fue
sorprendido por motorizados armados que lo asesinaron a él y a su
acompañante cuando viajaba en un vehículo por la carretera que de Apartadó
lleva a Chigorodó.
En Uraba, cientos de militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados
bajo el llamado “Plan Retorno” (1993), elaborado por el Ejército Nacional, cuyo
propósito era “pacificar” la región. En Urabá, quienes no perecieron en los
atentados, fueron detenidos y acusados de haber perpetrado la masacre de La
Chinita, en la que 36 personas fueron asesinadas, luego de ser acusadas de
pertenecer o simpatizar al desmovilizado grupo guerrillero Ejército Popular de
Liberación. Varios alcaldes y 20 sindicalistas y miembros de la UP fueron
detenidos y sentenciados por “jueces sin rostro” a penas de 40 años de prisión
como responsables de ese crimen. Durante esta misma fase se incrementaron
considerablemente las cifras de las poblaciones desplazadas en zonas de
influencia de la UP. Adicionalmente, aumentó el número de personas y
familias exiliadas.
El total de las condenas por el caso de la Chinita totalizó 1.008 años de prisión,
entre los condenados se encontraba una mujer de 65 años de edad. Si bien los
alcaldes acusados fueron absueltos en la investigación disciplinaria del
Ministerio Público, uno de ellos, Nelson Campos, continuó por años en la
cárcel. Uno de los absueltos, Albeiro Bustamante, regresó a la región y fue
asesinado; las demás personas absueltas se encuentran desplazadas o en el
exilio por temor a ser asesinadas; un matrimonio condenado decidió suicidarse
en las celdas del Complejo Penitenciario La Picota, en Bogotá. En junio de 2005,
la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del proceso y concedió la
libertad a quienes quedaban en prisión.
La persecución a los sindicalistas.
Las otras víctimas del conflicto en la región bananera de Urabá fueron las
organizaciones sindicales que también eran señaladas sistemáticamente como
guerrilleros o simpatizantes de la subversión. En general, las violaciones a los
derechos humanos, y, en especial, la violencia antisindical en Urabá,
reiniciaron en 1985; por ejemplo, la sede de SINTRAINAGRO (sindicato
bananero) fue bombardeada y comenzó el asesinato sistemático a
sindicalistas24.
En el caso del Bloque Bananero que era comandado por alias ‘HH’, los
sindicatos SINTRAINAGRO y SINTRABANANO fueron las principales víctimas.
En la mayoría de los 20 hechos documentados y probados por la fiscalía el
motivo de los homicidios era la actividad sindical de las víctimas.
Los sindicalistas asesinados en la región de Urabá por los paramilitares de ‘HH’
fueron Ernesto Enrique Romero Hernández, Rudolf Reinaldo Martin Paffen
Durier, Severo Mosquera Angulo, Osvaldo Vergara Gómez, María Dolores
Romero Perea, Gustavo Vargas Usuga, Rosmira del Socorro Guisao Castro, Iber
Modesto Rojas Moreno, Elías García Díaz, Dairo Pérez Negrete, Ángel
Humberto Zabala Bejarano, Rogelio Mosquera Palacios, Arcesio Gallego
Lozano , Misael Antonio Moreno Córdoba, Luís Antonio Espitia González,
24 Ver siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/35RmqeA ; https://bit.ly/3cmW7Pz .
Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Jairo Alberto López Manco, Luís Álvaro David
Oliveros, Elkin de Jesús Escobar López y Gustavo Alberto Gutiérrez López.
Por demostrar que en el caso de los sindicalistas como en el de los miembros
de la UP, existió una persecución sistemática y generalizada, la Justicia ha
dicho que los dos casos constituyen delitos de lesa humanidad que no pueden
juzgarse como homicidios aislados sino como parte de una política del
paramilitarismo, con respaldado por miembros de la fuerza pública.
La Comunidad de paz.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un colectivo campesino
constituido el 23 de marzo de 1997 por cerca de 500 campesinos de 17
veredas, quienes decidieron organizarse para hacerle frente al conflicto
armado declarándose neutrales ante la presencia de cualquier grupo armado,
legal o ilegal, que hiciera presencia en sus territorios25.
La Comunidad de paz ha sido un referente de las luchas agrarias de Urabá
razón por la cual ha sido objeto de persecuciones de los paramilitares y los
militares que han desplegado acciones siniestras contra sus integrantes.
Construir la memoria histórica de las víctimas en Urabá.
Un asunto que está pendiente en el territorio de Uraba es el de la recuperación
de la memoria histórica de lo sucedido. Receintemente la JEP determino el
caso 04 para Uraba y Choco con el fin de implementar allí los procesos de
Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Más de 50 mil integrantes de los
Consejos Comunitarios del Medio y Bajo Atrato han sido acreditados como
testigos de los crímenes cometidos en la region.
Construir la Memoria histórica de lo que ha sido la violencia y el despojo en
Urabá es un camino que se debe estructurar y recorrer. En Colombia se han
dado algunos avances en ese sentido en Bogotá, Medellín, Meta y Oriente
antioqueño. En ese sentido queremos aportar en este documento unas
reflexiones iniciales sobre esta dimensión socio política en la formación de una
25 Ver siguiente
subjetividad protagónica del Urabá en la articulación del pasado con las luchas
por la recuperación de los derechos sociales de la población y las víctimas26.
El concepto de memoria. Memoria, memoria colectiva y memoria histórica.
Para todos los que estamos relacionados con los estudios de memoria,
siempre ha sido complicado hacer definiciones precisas sobre algunos
términos que se han entendido simplemente como sinónimos, a saber,
memoria, memoria colectiva y memoria histórica. El problema de la memoria
empezó a ser prioritario para las ciencias sociales desde la publicación de
Materia y Memoria del filósofo francés Henry Bergson en 1896. Este texto,
buscó analizar la relación entre cuerpo y mente, poniendo especial énfasis en
el papel del cerebro.
Los trabajos de Halbwachs, de inicios del siglo XX fueron una de las primeras
respuestas que se pretendieron dar a este tipo de inquietudes desde la
sociología. La historiografía solo abordaría el concepto de memoria en la
tercera generación de Annales (1977-1978), con los trabajos de Pierre Nora y
Jacques Le Golf.
Fue con Halbwachs que la memoria empezó a considerarse una construcción
social, objetando las visiones que la reducían al mero plano individual y dando
a luz el concepto de memoria colectiva.
Este concepto surgió como una propuesta más elaborada de lo que ya había
planteado Durkheim al respecto. Durkheim afirmaba que más allá de la
facultad individual de recordar, la memoria era un problema “vinculado
también con la existencia de afectaciones a nivel colectivo de determinados
acontecimientos relevantes socialmente”, idea que al criterio de muchos
denotó una conciencia por encima de los individuos. Esta posición recibió
fuertes críticas hasta que Halbwachs la complementó. El aporte de Halbwachs
consistió básicamente en reconocer que la memoria rebasaba la
26 En la construcción de un referente teórico sobre el tema de la Memoria Histórica me apoyo en el trabajo de Ivonne Suarez Pinzón del Archivo oral de Memoria de las Victimas de la Universidad Industrial de Santander y en su amplia base bibliográfica y documental de la que destaco el trabajo de José Antequera.
individualidad, pero no negaba por ello la intersubjetividad. Para Halbwachs,
aunque los individuos son los que recuerdan, la memoria es producida en
marcos sociales (espacio, tiempo, lenguaje, familia, religión, entre otros) que
hacen que los individuos no recuerden solos sino en relación con los otros.
Esa interacción que se presenta en grupos con alguna vinculación a
determinados acontecimientos, fue lo que se denominó memoria colectiva:
los individuos no pueden recordar sin apelar a los contextos en los que están
inscritos, y además lo hacen a partir de la estructura de los códigos culturales
que comparten con otros.
Así, el asunto problemático de la memoria colectiva en Halbwachs, no era la
memoria en sí, sino los marcos sociales en que dicha memoria se producía,
pues éstos representarían una preocupación esencial del poder” y no un
simple lujo simbólico.
En la década de 1980, con las conmemoraciones del genocidio nazi, la vuelta a
la democracia en España y el derrocamiento de las dictaduras militares en
América Latina, el asunto de la memoria se asumió como un ejercicio político
y jurídico. Esto determinó en gran parte unas políticas de memoria que, por lo
general, basaron su contenido en la dimensión trágica de la vida sociopolítica.
No obstante, este matiz político que adquirió la memoria no significó la mera
evocación del pasado, ni estuvo motivado solamente por los efectos del
trauma. Tales rememoraciones implicaron darle un sentido (inteligibilidad) a
lo que había pasado, con miras de construir futuro, y esto necesariamente
relacionado con intereses y relaciones del presente, es decir, con interacciones
sociales como interacciones de poder. A partir de esta nueva situación,
emergió entonces la expresión batallas por la memoria, que puso en cuestión
el concepto de memoria colectiva, toda vez que éste sugería una memoria
compartida con cierto nivel de vinculación, una especie de comunidad entre
acontecimientos y grupos sociales. Los nuevos movimientos sociales por la
memoria, se preguntaron entonces cómo la memoria colectiva podía vincular
a toda la sociedad con realidades complejas como las violencias sociopolíticas,
los conflictos armados o las prácticas de sometimiento y violaciones de
derechos fundamentales, pues al interior de la misma cohabitaban víctimas (o
afectados), personas que habían salido indemnes y propiciadores o
victimarios. Las preguntas que hay que plantear son las siguientes ¿quiénes
están dentro del grupo donde se construye la memoria colectiva y qué posición
deben asumir los que están ‘fuera’?
Este debate contó con otro factor: el advenimiento del concepto de víctima.
La promoción progresiva de la víctima empezó a darse en su rol de testigo (es
decir, como portadora de memoria y sobreviviente) en los procesos judiciales
contra el fascismo y el nazismo por los crímenes de lesa humanidad ocurridos
en Europa. En América Latina tal promoción tuvo su aparición tras la brutalidad
que encarnó el terrorismo de Estado. En estas latitudes las situaciones de
horror, en donde la desinformación y la pérdida de evidencias tenían su cuota,
dejaron a las víctimas sin más certezas que su experiencia reciente y sin otro
recurso a la mano que su memoria. Desde los estudios de memoria, entonces,
también comenzó a privilegiarse al sujeto que tuvo una experiencia directa con
los acontecimientos que eran objeto de recordación. Esto generó un problema
que se ha caracterizado como la propiedad intransferible e incompartible de
la memoria, es decir, la vinculación de los conceptos víctima y memoria sentó
la falsa premisa de que la memoria de ciertos acontecimientos sólo podía
pertenecer a quiénes la habían vivido personal y corporalmente, y sólo ellos
podían comprender lo sucedido. Para resolver estas cuestiones apareció
entonces el concepto de memoria histórica: memoria prestada de los
acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado
personalmente, y a la que llega por documentos de diverso tipo. Esta nueva
concepción permitió vincular víctimas y sociedad en general y con ello, tratar
el problema de la memoria y de las políticas de memoria como un problema
social que implica a todos y no solamente a los directamente afectados. Ahora
bien, la justificación de esta vinculación estribó en el presupuesto de que lo
que supuestamente en el presente nos preocupa a todos como sociedad,
depende para su solución de cómo se comprendan socialmente los
acontecimientos que lo originaron en el pasado. Situaciones de violencia
política y conflicto, por ejemplo, donde las sociedades se reestructuran y
reorganizan, rebasarían las consideraciones de las meras víctimas y requerirían
para su salida el concurso de toda la sociedad.
Bajo esta interpretación, la memoria histórica se ha entendido entonces como
un relato generalizado que da sentido y que procura con ello una suerte de
conciliación, en la que principalmente afectados (víctimas) y no afectados
(sociedad en general), se vinculan de alguna manera para superar los
problemas sociales que atañen a todos. Esta posibilidad de la memoria
histórica ha sido la reivindicación más importante, pues si se acepta la premisa
de que la historia la hacen los vencedores, es decir, que hay un despojo de
capacidad de articulación histórica en las víctimas, dicha memoria histórica
emerge, entonces, como recuperación de la capacidad de articulación, de
comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con el
sometimiento. No obstante, la concreción del objetivo de la memoria histórica
solo puede realizarse mediante la transmisión de una narrativa de carácter
general que le dé sentido a un período, no mediante una verdad detallada.
De este modo, el relato en la memoria histórica más que fijarse en el rigor
histórico, debe poner su atención en el aprendizaje que de ella saquen los
miembros del grupo social en los que se extiende la transmisión narrativa.
Cuando este relato se ha aceptado ampliamente en la sociedad,
constituyéndose en verdad hegemónica, tal relato se convierte en una
memoria emblemática la cual fundamenta en mayor medida las políticas
oficiales de la memoria, y determina en gran medida el conjunto de las
iniciativas que existen en cada contexto al respecto, constituyéndose en
núcleo de un régimen de comprensión del pasado, desde el presente. El
problema de un relato que ha sido socialmente aceptado como memoria
emblemática es el siguiente: ¿cómo se destacan determinados aspectos de lo
ocurrido; cómo se les concibe como superados o vigentes; y cómo se atribuyen
responsabilidades y se rescatan valores? No cabe duda que estas
elaboraciones de la memoria son producto de las relaciones de poder, no solo
entre las distintas fuerzas que dominan el espectro político de las sociedades,
sino también entre éstas y sectores con menos incidencia. De ahí que las
narrativas hegemónicas también obedecen a la integración de sentidos sobre
el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas
dominantes, logran elaborar e imponer sus propios marcos interpretativos.
Nunca un régimen de memoria logra uniformizar la evocación del pasado, o
evitar que circulen interpretaciones diferentes u opuestas a sus postulados.
Estos conflictos no invalidan, sino que incluso, cuando no rebasan ciertos
marcos, contribuyen a su reproducción en el tiempo. Justamente la propiedad
distintiva de un régimen de memoria radica en que sus proposiciones
organizan el debate público, se convierten en objeto privilegiado de las luchas
por dotar de sentido el pasado, y moldean, e incluso delimitan, las
interpretaciones divergentes.
Así, los relatos hegemónicos no solo son una imposición desde arriba, sino
también una integración desde abajo; esto es lógico toda vez que estos
aparatos hegemónicos de la memoria necesitan contar con cierta legitimación
de las masas, legitimación que, entre otras cosas, facilita la misma dominación.
Las posibilidades de las víctimas y de la sociedad-víctima ante los escenarios
de la memoria emblemática, son la interpelación a las narrativas hegemónicas,
incidiendo con ello en el debate de las políticas de memoria, no solo
contraponiendo versiones de lo ocurrido, sino también cuestionando las
funciones del relato con respecto a las opciones que éste legitima para resolver
los problemas del presente.
De lo que se trata es que la memoria histórica colectiva contribuya a construir
conciencia autónoma frente a los relatos de los grupos dominantes en la
sociedad. En ese sentido la memoria razonada es un importante elemento de
trabajo.
Apartado, 11 de mayo del 2020.
