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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPÚBLICA
TEMA:
Análisis Jurídico del Código Orgánico Administrativo (COA) y su incidencia legal en el ordenamiento ecuatoriano vigente.
AUTORA: JIMÉNEZ CHÁVEZ YADIRA MARICELA
TUTORA: Dra. ÁLVAREZ TAPIA MILENA ELIZABETH
Tulcán - Ecuador
2020
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
DRA. ALVAREZ TAPIA MILENA ELIZABETH, en calidad de tutora del Trabajo
de grado designado por disposición de UNIANDES, certifico qué la estudiante
Srta. JIMÉNEZ CHÁVEZ YADIRA MARICELA, egresada de la FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA, CARRERA DE DERECHO, ha cumplido con su trabajo de
grado, previa a la obtención del título de ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE
LA REPÚBLICA, con el tema “Análisis Jurídico del Código Orgánico
Administrativo (COA) y su incidencia legal en el ordenamiento ecuatoriano
vigente.”, el cual ha sido desarrollado conforme a los lineamientos académicos
de la Institución, por lo que se le aprueba el mismo.
Es todo cuanto puedo indicar en honor a la verdad, facultando a la interesada
hacer uso de la presente, así como también se autoriza a la presentación para
la evaluación por parte del jurado respectivo.
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA
Yo, YADIRA MARICELA JIMÉNEZ CHÁVEZ, estudiante de la Carrera de
Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados
obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del
TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÙBLICA, son
absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por
lo que son de mi exclusiva responsabilidad.
Declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85
del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte
pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido
por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o
técnicos, proyectos profesionales y consultaría que se realicen en la Universidad
o por cuenta de ella.
Tulcán, febrero de 2020
DEDICATORIA
Este trabajo de grado se lo dedico a mis padres Alfonso Jiménez y Rubí Chávez
quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido cumplir hoy una
meta más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía de no
temer a las adversidades porque Dios está conmigo siempre.
A mis hermanos Robinson, Mireya y Mayerli Jiménez Chávez por su cariño y
apoyo incondicional, durante este proceso estudiantil, por estar conmigo en todo
momento, gracias a toda mi familia porque con sus consejos y palabras de
aliento hicieron de mí una mejor persona y de una u otra manera me acompañan
en todas mis metas.
También quiero dedicar este trabajo de grado a mi hija Areliz Mikeyla Quemac
Jiménez, al padre de mi hija Anderson Quemac y finalmente a toda mi familia,
por apoyarme cuando más lo necesito, por extender su mano en momentos
difíciles y por el amor brindado cada día.
AGRADECIMIENTOS
En Primer lugar, quiero agradecer a Dios, a mis padres por haberme dado la
vida, quienes con su bendición llena siempre mi vida y a toda mi familia por estar
presentes siempre.
De igual manera agradezco a la universidad “UNIANDES” donde gracias a sus
docentes forme sueños y metas que hoy los veo realizados, en especial a la Dra.,
Milena Álvarez quienes con la enseñanza de sus valiosos conocimientos hicieron
que pueda crecer día a día como profesional.
Finalmente, mi gratitud a todas las personas que me han apoyado en toda mi
carrera y mi vida personal.
ÍNDICE
CONTENIDO PÁG.
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1
Antecedentes de la investigación ....................................................................... 1
CAPÍTULO I ....................................................................................................... 8
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 8
1.1. Antecedentes de la investigación. ............................................................ 8
1.2. Actualidad del Derecho Administrativo - Principales conceptos expuestos
por los autores a nivel nacional e internacional. ............................................... 13
1.2.1. Actualidad, Aportes y limitaciones en el área del conocimiento del
Derecho Administrativo. ................................................................................... 17
1.3. Actualidad Ecuatoriana del Derecho Administrativo. .............................. 19
1.3.1. La necesidad del principio de seguridad jurídica en la legislación
ecuatoriana. ..................................................................................................... 19
1.3.2. El Derecho Administrativo Ecuatoriano ............................................... 21
1.3.3. Características del Código Orgánico Administrativo ............................ 27
CAPITULO II .................................................................................................... 40
2. Marco Metodológico. ................................................................................. 40
2.1. Paradigma y tipo de investigación. ......................................................... 40
2.1.1. Paradigma asumido (cuantitativo o cualitativo). .................................. 40
2.1.2. Modalidad y tipos de investigación según la finalidad y objetivos de la
misma. 40
2.1.3. Procedimiento para la búsqueda y procesamiento de los datos. ......... 41
2.2. Métodos teóricos .................................................................................... 44
2.3. Métodos Empíricos ................................................................................ 45
2.3.1. Observación Científica ........................................................................ 46
2.3.2. Validación por vía de Expertos............................................................ 46
2.3.3. Técnicas e Instrumentos ..................................................................... 46
2.3.4. Resultados del diagnóstico de la situación actual. .............................. 47
2.4. Análisis e interpretación de los resultados.............................................. 54
2.5. Resumen de las Principales insuficiencias detectadas con la aplicación
de los métodos. ............................................................................................... 55
CAPITULO III ................................................................................................... 56
3. Propuesta de solución al problema............................................................ 56
3.1. Nombre de la propuesta: ........................................................................ 56
3.2. Objetivos. ............................................................................................... 56
3.3. Elementos que la conforman. ................................................................. 56
3.4. Explicación de cómo la propuesta contribuye a solucionar las
insuficiencias identificadas en el diagnóstico. .................................................. 56
3.5. Aplicación práctica parcial o total de la propuesta. ................................. 57
3.5.1. Introducción. ....................................................................................... 57
3.5.2. Desarrollo. .......................................................................................... 57
3.6. Conclusiones ......................................................................................... 65
3.8. Bibliografía
3.9. Anexos
RESUMEN
El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Análisis Jurídico del Código
Orgánico Administrativo (COA) y su incidencia legal en el ordenamiento
ecuatoriano vigente.”, se enmarcó dentro de la novedad científica del Derecho
en razón, que por medio de su elaboración fue posible establecer objetivos
claros, y fundamentar teóricamente conceptos básicos del Derecho
Administrativo y describirlos a profundidad, esto por medio de la inducción,
además, se usó métodos descriptivos y jurídicos para el entendimiento de la
ciencia del derecho administrativo y el desenvolvimiento que este tiene en el
medio de las instituciones públicas, en cuanto a la metodología, los métodos
empleados, fueron el pilar fundamental para extender el desarrollo del ensayo,
cuya información en su contenido es la más actualizada a la fecha de
presentación del mismo, por ser uno de los principales documentos en los cuales
se plasmó la información recogida de varios meses de trabajo, con ayuda de
profesionales capacitados para el desarrollo de la investigación y producción de
conocimiento mediante la investigación, se describió métodos como el análisis
documental de procesos administrativos, así mismo como cuadros comparativos
entre la normativa anterior y la actualmente vigente, que ayudó a establecer
formas de adaptarse al nuevo procedimiento. Es decir, se realizó una
argumentación jurídica para poder establecer parámetros de debate y al mismo
tiempo aportar con la perspectiva y estudio del Código Orgánico Administrativo.
Las tendencias del constitucionalismo actual generan en todos los Estados
establecer modelos garantistas de los derechos incluso en el campo
administrativo tomando en consideración que el Derecho Administrativo tiene
una esencia estatal de legalidad privilegiada para el poder.
ABSTRACT The present research work whose topic is "Legal Analysis of the Organic
Administrative Code (COA) and its legal impact on the current Ecuadorian
ordinance", is framed within the scientific novelty of Law because it has been
through its elaboration It is possible to establish clear objectives, and theoretically
base basic concepts of administrative law and describe them in depth, this
through induction, in addition to using descriptive and legal methods for
understanding the science of administrative law and the development that it has
in the middle of the public institutions, regarding the methodology, methods used,
were the fundamental pillar to extend the development of the essay whose
information in its content is the most up-to-date as of the presentation of the
same, as it is one of the main documents in the which reflects the information
collected from several months of work, whit the help of professionals trained for
the development of research and knowledge production through research,
describing methods such as the documentary analysis of administrative
processes, as well as comparative tables between the previous regulations and
current regulations, helps to establish forms of analysis for the new process. That
is, a legal argument was made to establish debate parameters and at the same
time contribute to the perspective and study of the Organic Administrative Code.
The tendencies of the current constitutionalism will generate in all established
states guaranteed models of rights even in the administrative field taking into
consideration that administrative law has a state essence of privileged legality for
power.
1
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la investigación
El presente trabajo de investigación es importante porque representa uno de los
más novísimos textos escritos a raíz de la entrada en vigencia del Código
Orgánico Administrativo, cuerpo normativo del cual se desprende la potestad de
organizar al Estado como tal, es así que, el análisis del mismo cuerpo implica
realizar observaciones y precisiones con los más altos estándares de aplicación
de métodos y técnicas investigativas, las cuales exigen la conformación de
estructuras a cumplirse por parte del investigador, por lo tanto, el primer enfoque
que debe desarrollarse es tomando como centro el Plan Nacional de Desarrollo,
es así que dentro de los objetivos nacionales de desarrollo, en su eje uno,
Derechos para todos durante toda la vida, en sus objetivos, garantizar una vida
digna con iguales oportunidades para todas las personas, Afirmar la
interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas,
Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la
protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e
interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y
todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza.
El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el
sistema económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad,
generar empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la
riqueza; además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural
integral. Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la
participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social basada en la
transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y
calidez, abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz,
posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. (Consejo Nacional de
Planificación, 2017, pág. 13)
2
La investigación actualmente exige en el Ecuador estar apegada al Plan Nacional
de Desarrollo que para los años del 2017 al 2021, se denomina el Plan Nacional
“Toda una Vida”, por ello, dentro de los ejes de justicia se promueve derechos,
que está básicamente ligado con todas y cada una de las reformas, dentro del
tema que se trata en la presente investigación, si bien es cierto, no se toma
directamente dentro de los ejes , este se desarrolla dentro del marco de la buena
gobernanza y reformas de la normativa vigente, impulsando la eficacia y agilidad
en todos los procesos que se encuentran gestionándose a nivel nacional, ya que,
conforme a los estudios realizados con anterioridad al presente, los cuales se
expondrán dentro del desarrollo capitular del mismo. Hay que tomar en cuenta,
que el Plan Nacional de Desarrollo toma puntos fundamentales para analizarse
en la investigación de temas innovadores, en tal sentido, se debe interpretar el
siguiente grafico presentado por el Plan Nacional Toda Una Vida;
Fuente: Consejo Nacional de Planificación, 2017
3
Situación Problémica
La transformación a partir del nacimiento de la República manifiesta en el cambio
de Constitución un hito histórico, que realiza todos los esfuerzos al cambio del
clásico estado oligárquico, es así que, la creación del Código Orgánico
Administrativo establece fuertes señales de un modelo de Estado nuevo,
confirmando la realidad a la cual el Estado ecuatoriano ha tomado como forma
de gobierno en calidad jurídica. Por lo cual, el momento de beneficiarse con la
explosión e innovación de derechos de las personas sobre el Estado, pone en
auge las nuevas teorías administrativas a nivel de un Estado descentralizado,
que gobierna de manera eficiente para la obtención de mayores beneficios a sus
administrados, así mismo, su responsabilidad se extiende hasta todos los
servidores públicos con potestad estatal, descrito en el Plan Nacional en los
siguientes términos:
Al quiebre del siglo, la Revolución Liberal irrumpió ante la exacerbación del
carácter conservador de un Estado administrado por élites terratenientes
contrarias al progreso. La Constitución de 1906 plasma un proyecto de
vanguardia para la época que llevó al país de lleno al siglo XX, a través de un
proceso paulatino de avances constantes y también de retrocesos: un proceso,
en fin, en el que las masas se incorporaron en la política y en el que hubo una
expansión progresiva de la base ciudadana, aunque no necesariamente de todos
los derechos. (Consejo Nacional de Planificación, 2017)
Definitivamente, es claro de un proceso constitucional de la época, que en nada
se parece a los avances, que se ha tomado a raíz de la institucionalización de
los Estados de Derechos y Justicia Social, además, de los Estados que se
encuentran en la búsqueda de la adecuación formal y material de la normativa
para beneficio del ser humano, siendo esta, la máxima de la Constitución del
2008, en donde los aspectos políticos son regulados por el Derecho, en lo que
concierne a la temática a desarrollarse, es muy importante tomar en
consideración, que la actual Constitución obliga a la normativa a transformarse
en este sentido, tal y conforme se debe hacer cuando un Estado funciona en
base a un bloque de constitucionalidad, razón por lo cual se debe tomar en
cuenta que todo lo manifestado lleva a desarrollarse en el campo del Derecho
de la siguiente forma:
4
Se debe profundizar el impulso a la productividad, la diversificación productiva y
la bio-economía. Por lo tanto, una iniciativa de esta magnitud implica nuevos
pactos en lo político, social, ambiental, fiscal y cultural, en torno a un proyecto
común de largo plazo. Se requiere la promoción de un desarrollo territorial
equilibrado, la soberanía alimentaria y energética, la sustentabilidad ambiental,
el Buen Vivir rural integral, el intercambio justo y la estabilidad económica.
(Consejo Nacional de Planificación, 2017)
Asimismo, con el antiguo régimen administrativo que ha sido transformado se
figura que, se daba de manera estática y centralizada la formación de decisiones
administrativas tomando en consideración el Estatuto Régimen Jurídico
Administrativo Función Ejecutiva (ERJAFE), pero a medida de la entrada en
vigencia del COA, el Estado ecuatoriano y todas sus instituciones que utilizan los
actos administrativos propios del Estado, para relacionarse con los
administrados toma una relación más fluida y eficaz en la conformación de
planificaciones, ejecución y evaluación, con lo cual se optimiza la capacidad de
trabajar del mismo Estado y como consecuencia se obtiene un mayor flujo de
beneficios en razón del tiempo, lo cual no se daba con la normativa anterior.
Con relación a la administración del sector público concretamente, analiza varios
factores que como antecedente del debate de juristas de renombre dentro del
campo administrativo intervino el Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien
realizó el debate acerca del Código Orgánico Administrativo, de ahí que, puntos
principales los introdujo a su blog, dicha página Web del Instituto permite a los
estudiosos del Derecho estar en conexión con temas de actualidad nacional,
dentro de todos los campos que se desarrollan en el actuar diario de las ciencia
en la que el Derecho no es la excepción, es por esto que, se rescata
principalmente, que según el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, 2019)
“Para Isaac Claver, jurista español, manifestó que los ciudadanos necesitan de
un Código que regule la relación entre los mandantes y el Estado; y que la tutela
jurídica sea transparente”, ya se había manifestado anteriormente que el
Derecho Administrativo en el Ecuador, tiene tendencias españolas y francesas,
por lo cual se hace importante esta opinión, no solo porque enfoca dichos
antecedentes, sino que brinda una comunicación directa con el neo
constitucionalismo, al mencionar que, la relación es entre los mandantes y el
5
Estado, ambos organismos abstractos pero que hacen correcto uso de la
ubicación del poder y la potestad pública.
Según Gabriela Obando, Magíster en Derecho Administrativo, este instrumento
jurídico prioriza que los ciudadanos exijan cuentas claras a la administración
pública, y que cumplan los principios que demanda el Código, la capacidad de
participación del ciudadano hace posible que el Derecho Administrativo
encuentre un enfoque hacia la democracia participativa, es decir, que vincula a
varios de los mecanismos del Estado al igual que fomenta las relaciones
interinstitucionales, como lo evoca los mandatos
constitucionales. Apreciaciones que pueden ser vistas como una visión positiva
de los direccionamientos y disposiciones que brinda el COA, en cierta medida,
se puede manifestar que la revisión de todos y cada una de las opiniones
entrelaza visiones de un constructivismo jurídico desde la descomposición del
pensamiento complejo, y llevado a la evolución de las épocas actuales, por esta
consideración se comprueba que dicha construcción podría causar grandes
debates en el cambio de paradigma que significa la sincronización de la dirección
de las instituciones del Estado, a través de la normativa administrativa, entre una
confrontación de lo pasado y lo actual.
En cuanto a las opiniones contrarias, si se puede decir que los argumentos
esgrimidos que “a decir del constitucionalista Rafael Oyarte, el COA presenta
graves problemas jurídicos como el tiempo de la prescripción de las infracciones,
esto podría ocasionar problemas en la evacuación de causas” (IAEN, 2019,s/p),
situaciones como la prescripción deben retratarse en varios documentos
desarrollando que se observe una investigación profunda para así emitir un juicio
de valor que permita discernir un objetivo que solucione alguna contrariedad que
pueda tener una norma nueva, tomando en cuenta que la construcción normativa
del Ecuador siempre tiene que ver con una refundición de la normativa con
legislaciones de otros países semejantes, una de las opiniones más crudas
dadas en el debate fueron la que “ el jurista Edgar Neira, dijo que ‘los códigos
expedidos en las dictaduras protegían mejor el derecho de ciudadanos que las
normas del COA” (IAEN, 2019,s/p), entendiéndose que para (universojus, 2019),
refundición es;
6
Reforma substancial de una obra ajena, antigua por lo común, a fin de mejorarla,
adecuarla al estilo, conocimientos y lenguaje actuales, o para utilizar el
argumento o los datos que contenga. Constituye un relativo plagio, leal; y excede
derechos al autor de la refundición, que no puede impedir nuevas adaptaciones
o refundiciones, siempre que no sean imitaciones de la suya.
Este criterio a nivel del Derecho convierte a los cuerpos normativos o estructuras
diseñadas a partir de una estructura anterior en una construcción que no puede
ser considerada similar, en esencia, sino que cuenta con sus particularidades
pero por el carácter antiguo que estas codificaciones u obras tienen se hace
necesario actualizarlas, sin ser consideradas como atentados a la propiedad
intelectual de cada persona o grupo de personas que hayan diseñado dicha obra,
lo mismo pasa con la codificación de la legislación en países que por sus
condiciones de relación o cercanía, pueden ser susceptibles de formalizar una
idea política en jurídica para el ordenamiento y la convivencia de la sociedad, fin
último del derecho el cual persigue un orden.
Con el diseño de un ensayo en donde se argumente jurídicamente la incidencia
que tiene el Código Orgánico Administrativo en el ordenamiento legal vigente en
el Estado ecuatoriano, se logrará establecer un análisis de carácter jurídico que
permita realizar conclusiones, en las cuales el diseño legislativo actual ha
evolucionado, de manera en la que transforma al Estado y le establece
responsabilidades ante los administrados, de manera constitucional y apegada
a instrumentos internacionales, en donde la observancia del debido proceso
limita el poder desmedido que históricamente el Derecho Administrativo
concedía a las instituciones estatales, en la forma que describa de manera
lógica, coherente y racional la evolución que dicho cuerpo legal le brinda al
ordenamiento, así mismo, como de manera subsidiaria dicho diseño de ensayo
manifestara un instrumento de estudio y fuente de conocimiento para posteriores
análisis y proyectos de investigación.
PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Con el análisis jurídico del Código Orgánico Administrativo (COA), contribuirá
en la incidencia legal en el ordenamiento ecuatoriano vigente?
7
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN.
Objeto de investigación. - Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
Campo de acción. - Código Orgánico Administrativo
IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.
Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en el Ecuador.
OBJETIVO GENERAL
Analizar jurídicamente el Código Orgánico Administrativo (COA) y su incidencia
legal en el ordenamiento ecuatoriano vigente, bajo el enfoque del principio de
seguridad jurídica y evolución del Derecho Administrativo en el Ecuador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fundamentar teóricamente sobre las características que presenta el Código
Orgánico Administrativo (COA) y su incidencia legal en el ordenamiento
ecuatoriano vigente;
2. Diagnosticar incidencia legal del Código Orgánico Administrativo en el
ordenamiento ecuatoriano vigente a través de métodos y técnicas de
investigación;
3. Argumentar jurídicamente la incidencia legal de la vigencia del nuevo Código
Orgánico Administrativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente.
4. Validar la propuesta por la vía de expertos.
8
CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1. Antecedentes de la investigación.
Precisar un estudio acerca de las nuevas tendencias y perspectivas del Derecho
Administrativo constituye uno de los pilares fundamentales de la academia, más
aun cuando estas tendencias y perspectivas se transforman en normas de
carácter vigente en la sociedad, el Derecho Administrativo es uno de los más
antiguos a nivel de positivización por el carácter de supremacía del principio de
legalidad, destacándose en este sentido como uno de las fuentes de formación
de los Estados y distintas instituciones a través del transcurso del tiempo, con la
entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo en adelante COA, el
Estado ecuatoriano a partir del 07 de julio del 2018, debe afrontar las nuevas
tendencias del derecho administrativo por lo que corresponde realizar su análisis
y cuestionamientos, además de emitir criterios que contribuyan a su desarrollo,
situación por la cual las instituciones de educación superior han precisado
estudios y comentarios del mismo, sin que estos se asemejen al presente en
razón de temática y fundamentos a analizarse.
De los distintos repositorios Web de diversas instituciones de educación
superior, existen trabajos que giran alrededor del COA sin que se asemejen al
presente, sin embargo, corresponde destacar los aspectos principales del
investigador, y que cuentan con aportes técnicos del mismo; uno de ellos es el
desarrollado bajo la temática “Relevancia jurídica de la motivación de los actos
administrativos en materia de contratación pública”, temática desarrollada por
Juan Marcelo Huaca Escobar. Dentro del Programa de Maestría en Derecho de
la Contratación Pública, donde se destaca lo siguiente:
Los efectos jurídicos de la ausencia de motivación es la indefensión de las partes
contractuales, y que sean declaradas nulas, con la sanción a los responsables.
La motivación es la relación directa entre los fundamentos de hecho y de
derecho, conforme prescribe el art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de
la Republica y el Art. 100 del Código Orgánico Administrativo. (Huaca, 2017, p.
03)
9
Dicha temática mencionada con anterioridad, manifiesta claramente la ubicación
especifica dentro de la materia y el aspecto que analiza; sin embargo, en nada
se topa un análisis jurídico en la legislación vigente, sino que hace un análisis
documental de las adjudicaciones ya realizadas, tomando en consideración que
es un estudio de jerarquía superior ya que ha desarrollado en programas de
maestría, he ahí la valía como antecedente dentro da la presente investigación,
dicha investigación tiene fuente en la contratación pública, es decir que el Código
Orgánico Administrativo, tiene incidencia en fomentar la motivación de
adjudicación de la cosa pública, es por dichos hechos que fomenta la elaboración
del derecho desarrollado en el campo administrativo, considerando que es por
medio del COA que se logra establecer parámetros de motivación a nivel de las
diferentes autoridades, de las instituciones públicas o representantes del Estado
en sus pronunciamientos.
Por otro lado, en cuanto al análisis jurídico del Código Orgánico Administrativo,
cabe resaltar también estudios realizados en un orden similar a la presente
investigación y de todos aquellos que se encuentran en los diferentes
repositorios a nivel nacional, uno de los que se considera de fundamental
importancia como antecedente es el realizado bajo la temática de “La Aplicación
del COA a los Procedimientos Sancionatorios del Consejo de la Judicatura”,
trabajo realizado por José Francisco Parra Laborda, previo a la obtención del
título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, que
en lo principal señala que:
La actuación de la Función Judicial se encuentra regulada por el Código
Orgánico de la Función Judicial, dentro de la norma orgánica en mención se
establece el Régimen Disciplinario para los servidores judiciales y particulares,
encontrándonos con la particularidad que en su artículo 119 niega la facultad de
recurrir las decisiones tomadas por el Pleno del Consejo Nacional de la
Judicatura en materia disciplinaria. Posteriormente se expide el Código Orgánico
Administrativo, dentro de su ámbito de aplicación regula el ejercicio de la Función
Administrativa del Sector Público incluyendo la Función Judicial, dentro del cual
encontramos el procedimiento administrativo sancionador, el cual reconoce la
facultad de interponer recursos en sede administrativa. (Parra, 2019, p.17)
10
Ahora bien, el conflicto de dos leyes especiales descritas la una en el campo
institucional como lo es el Código Orgánico de la Función Judicial y la otra en el
campo de especialidad de la materia administrativa como el Código Orgánico
Administrativo, manifiesta que en cuanto al procedimiento administrativo
sancionador se apertura el acceso a otro recurso, que en criterio de este autor
es lo correcto, para la presente investigación y como una breve opinión se
considera que el COA al asumir que todas las decisiones de las instituciones del
Estado son recurribles hasta los tribunales de lo contencioso administrativo, se
puede brindar una verdadera autonomía del poder judicial, en cuanto al análisis
del trabajo anteriormente descrito, ya que el órgano administrativo como es el
Consejo de la Judicatura debe mantenerse al margen de las decisiones
jurisdiccionales y los llamados a sancionar son los mismos jueces
jurisdiccionales de órgano superior.
Con lo anteriormente descrito, en cuanto a la presentación de los antecedentes
de esta investigación, lo que hace es dar mucho más realce a la presente en
razón de la obligación de la academia en permanecer dentro del radio de acción
de la innovación y el análisis que permitan solventar las necesidades y despejar
las dudas de la sociedad, donde la academia se desarrolla, en estas
circunstancias son fuente de crecimiento y evolución social, en cuanto a
investigaciones realizadas alrededor del COA, es menester describir el trabajo
realizado por el Doctor Víctor Granda Aguilar, sobre el proyecto del Código
Orgánico Administrativo, este trabajo fue realizado en el año 2016, como un
papel universitario, en el cual se describe la estructura que en su tiempo tendría
este Código Orgánico Administrativo, tomando en consideración que, a la
actualidad se mantuvo la misma estructura descrito en la siguiente forma:
El proyecto de Código Orgánico Administrativo se encuentra estructurado en
cuatro libros: el primero destinado a las personas y la administración pública en
el que se involucran principios administrativos, las relaciones de las personas
con la administración pública, la organización administrativa de la administración
pública, los órganos colegiados, el ejercicio de las competencias y la actividad
jurídica de la administración y el acto administrativo. El segundo libro se refiere
al procedimiento administrativo, a la potestad resolutoria, al silencio
administrativo, a la impugnación, a la ejecución de las decisiones administrativas
11
y al procedimiento administrativo ordinario. El tercer libro regula los
procedimientos especiales, entre lo que se encuentran el sancionador, los
reclamos y recursos tributarios y la ejecución coactiva y el cuarto libro norma la
responsabilidad extracontractual del Estado. (Granda, 2016, pág. 5)
La estructura del COA, en cuanto al análisis realizado a su texto que fue
sometido a debate, toma varias aristas que deben ser examinadas a lo largo del
presente trabajo investigativo, tomando en cuenta que el COA en si constituye
un hito para el Derecho Administrativo ecuatoriano, claro está, que centraliza
todos los actos de carácter administrativo en una sola normativa, deja en claro
que dichos actos deben obedecer al bloque de constitucionalidad, el cual es el
objetivo del mismo administrando, es decir, cumplir con los derechos del
administrado, para así, respetar el poder constituyente mediante el poder
constituido, mismo que, genera gran debate en la actualidad principalmente en
países con gobiernos de corte socialista, en el cual la intervención de las
instituciones públicas se consideran excesivas.
Una de las máximas controversias generadas en el campo del estudio del
Derecho Administrativo a nivel del Ecuador constituye el silencio administrativo,
que no es de distinta manera desde la publicación y entrada en vigencia del COA
en el país, ya que se entabla un debate dentro de lo que corresponde a la
supremacía constitucional, rescatando que el COA es uno de los proyectos de
normatividad administrativa actualizado a la Constitución de 2008 del Ecuador,
superando el corte neoliberal, pero manteniendo la estructura orgánica española
originaria de la división administrativa del Estado, desde el origen de la República
como tal.
Es así, que se indica el estudio realizado por Rodrigo Francisco Riofrio Ortega,
el cual presenta la temática de “El Silencio Administrativo en el Código Orgánico
Administrativo y su inconstitucionalidad”, realizado en el año 2019, en el cual
principalmente señala su estudio en base a qué:
La importancia del objeto estudio en esta investigación jurídica es un problema
derivado del Derecho Público, que se denomina: “El SILENCIO
ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO
Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”, y se sustenta en la necesidad de acatar lo
12
que dispone la Constitución de la República del Ecuador acerca del Derecho de
Petición y la obligación de la Administración de proporcionar una respuesta
debidamente fundamentada y de manera oportuna, considerando que la función
pública se encuentra al servicio de la colectividad y que los servidores públicos
deben cumplir sus deberes y obligaciones, de manera eficaz y eficiente frente a
los reclamos presentados; así mismo las Leyes que regulan el Silencio
Administrativo en nuestra normativa vigente. En el desarrollo de este trabajo de
titulación también se ha demostrado que el Silencio Administrativo se encuentra
en contradicción frente al mandato imperativo del Derecho de Impugnación,
como lo dispone el Art. 173 de la Constitución que sostiene, que los
administrados gozan de la facultad de impugnar los actos administrativos, ya sea
ante la sede Judicial o ante la misma Administración y el deber de dar una
respuesta a toda petición presentada y las consecuencias que la omisión podría
acarrear. (Riofrio, 2019, pág. 2)
Dentro de la temática del Silencio Administrativo asumido desde el Código
Orgánico Administrativo, es en parte contradictorio con algunos de los derechos
que asisten a los administrados, pero solucionable conforme a las reglas de
interpretación constitucional, es así que, mientras la jerarquía de la Constitución
prevalezca conforme las teorías del derecho generalmente aceptadas, es
improbable que un derecho sea vulnerado en este sentido, ya que desde la
perspectiva constitucionalista el poder radica en el pueblo, esto es lo que hace
que el derecho administrativo sea efectivo, pues bien, la potestad de administrar
radica en todo un organismo abstracto de personas que por democracia indirecta
formula leyes que son puestas en vigencia, para el funcionamiento de la
sociedad como núcleo de desarrollo estatal, que en contexto desarrollado del
problema del silencio administrativo, corresponde a ser la preocupación de la
premura en dar contestación a las peticiones dadas por sus mandantes.
Conforme a lo determinado por la Constitución de la República del Ecuador,
desde el 20 de Octubre del año 2008, se encuentra vigente una nueva
Constitución la cual goza de toda la modernidad en adopción de Derechos
Humanos, y máximas en beneficio del Ser Humano, por lo cual todo el Estado
se encuentra sometido al poder imperativo constitucional que protege al hombre
por encima de todo poder abusivo del Estado, esto lo hace fomentando el
13
desarrollo del mismo en cuanto a su calidad de vida, la misma que persigue una
finalidad a nivel personal y social.
1.2. Actualidad del Derecho Administrativo - Principales conceptos
expuestos por los autores a nivel nacional e internacional.
Para iniciar el estudio de los principales conceptos que se propende a entender
dentro del campo de la Administración es de la potestad pública ya que significa
el poder con el cual se ejecuta las disposiciones legales, tomando en
consideración que es a través de la administración que se ejercita el derecho y
se obtiene la satisfacción de justicia, entendiendo para esto que potestad es:
Potestad equivale a poder, poder para actuar (así, potestad sancionadora
reglamentaria, expropiatoria, autoriza). Es una cualidad que no poseen los
sujetos privados. A partir de ahí, la competencia, que es la medida de la potestad,
es la concreción de la potestad de un órgano administrativo concreto. (Trayter,
2017, pág. 173)
En consecuencia, dicho poder debe estar distribuido en la competencia, además
de considerar atribuciones a los servidores públicos dotados de esta potestad,
siendo una responsabilidad extracontractual del Estado para decidir justamente
y proporcionalmente sobre el caso concreto traído a colación, es así que “El
Estado es un ente que ostenta soberanía, implica autoridad, y se traduce en la
potestad de decidir, en los asuntos que le son propios; el Estado constituye una
persona jurídica, y por ende, un sujeto de derecho.” (Benalcázar , 2017, págs.
33-34), dicho Estado como sujeto de Derecho constituye un ente abstracto, es
decir, que es todos y uno al mismo tiempo, con lo cual su preocupación principal
debe de ser el interés general sobre el particular, no debe ser entendido como
un ente supremo de derecho que prevalece frente a su constitución orgánica,
entendiéndose que dicha persona( Estado) existe por la existencia de los miles
de mandantes que lo constituyen, y funcionan a través de los órganos de poder
público, o en palabras de Rafael Oyarte;
El Estado tiene Poder, un Poder que debe ser ejercido para cumplir con la
finalidad para la cual fue creado, este no se justifica por sí mismo sino en pro del
cumplimiento de su finalidad, así el constitucionalismo consiste, principalmente,
14
en lograr el proyecto político de la Nación, para lograr, por este intermedio, uno
de los fines instrumentales del Estado al que organizan. (Oyarte, 2015, pág. 62)
Es decir, para la normativa tratada dentro del presente trabajo de investigación,
el Estado es un instrumento más de ejecución de planificaciones realizadas y
provocadas por medio de actos administrativos, cualquiera que sea su carácter,
es así que se debe observar de donde proviene la cultura administrativa del
Ecuador.
La cultura jurídica y normativa administrativa del Ecuador tiene su origen en el
derecho administrativo español y este en el derecho francés; en la última década
se emitió una numerosa legislación de la materia. Como hitos históricos se
encuentra: en 1967, se crea el Tribunal Contencioso Administrativo; el 31 de
marzo de 1994, se publicó en el Registro Oficial No. 411 de 31 de marzo de
1994, el Decreto Ejecutivo No. 1634, que creo el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), que regula las entidades de la
función mencionada, como un reglamento autónomo, conforme lo ordenado en
el Art. 40 de la Ley de Modernización del Estado, expedida el 31 de diciembre
de 1993. En la última década, se han implementado muchas normas que regulan
temas de derecho público. (Torres, 2017, pág. 22).
Desde el punto de vista histórico el COA constituye un hito del derecho
administrativo en el Ecuador, considerando que han transcurrido más de tres
décadas desde el primer ordenamiento administrativo, en el Ecuador
considerando que la gobernanza y las estructuras normativas del derecho han
evolucionado rápidamente a partir del siglo XIX y XX, es así que la necesidad de
fortalecer la estructura administrativa que representa el movimiento de las
instituciones públicas para el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos, era de
especial necesidad, no solo para acercar al Estado a un ordenamiento más
conectado con la realidad, sino también, para adecuar de manera material y
formal todos y cada uno de los actos jurídico de los cuales depende el Estado
desde la perspectiva de la legalidad, se debe observar que el campo del Derecho
Público se cumple estrictamente con el principio de legalidad, esto es
constitucionalmente manifestado a partir del 2008, es decir la necesidad era
imperante en razón de brindar movilidad jurídica en el campo de la generación
de actos administrativos que respondan a la actual demanda, incluso con las
15
consideraciones observadas para la creación del Código Orgánico
Administrativo se han logrado evidenciar carencias en el cumplimiento de plazos
y términos; pero, que a comparación con el anterior régimen administrativo, no
constituyen mayores faltas, que pueden ser retomadas a través de bien
pensadas reformas se debe brindar especial importancia a lo que se manifiesta
a continuación;
El Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, se
publicó en el registro oficial 536 de 18 de marzo del 2002, posee 215 artículos,
2 Disposiciones Generales, 3 Disposiciones Finales, 10 Disposiciones
Transitorias y 3 Disposiciones Finales, regula el ámbito de la función ejecutiva.
El ERJAFE, en sus artículos 5, 80, 82, 84 refieren a la potestad reglamentaria de
la Presidencia de la Republica, cuyos actos normativos surten efectos desde su
publicación en el Registro Oficial y excepcionalmente desde la fecha de su
expedición, define la competencia administrativa como la medida de la potestad
que corresponde a cada órgano administrativo. Y finalmente enuncia la potestad
sancionadora detallando sus Principios, así como detalla las atribuciones de
cada una de los organismos de la función ejecutiva en forma detallada, el artículo
192 señala que el principio de legalidad es la base de la potestad sancionadora.
El COA tiene como objeto, el ejercicio de la función administrativa del sector
público, de todas las funciones del Estado, a diferencia del ERJAFE solo en la
función ejecutiva (art.1); los artículos 42.4, 5,56, 7 señala como objeto del COA:
los procedimientos administrativos, reclamos , recursos administrativos en sede
administrativa, responsabilidad extracontractual del Estado, potestad
sancionadora, disciplinaria y la coactiva; de acuerdo al artículo 14, rige el
principio de juricidad y legalidad en las actuaciones administrativas, la potestad
discrecional se utilizara conforme a Derecho. (Ortega, 2017, págs. 1-9).
Una de las principales distinciones fundamentales que se debe destacar de la
antigua administración administrativa es la dispersión de normas administrativas
que establecían cada una de las instituciones públicas, al no contar con la
normativa orgánica, que ha sido un reto planteado de codificación que el Ecuador
ha asumido a raíz de la publicación y puesta en vigencia de la Constitución de la
República del Ecuador, es así que como ejemplos codificadores que cubran
todos los frentes del Derecho, así como materias especiales se observa la
publicación del Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de
16
Procesos, así como la aspiración de la construcción de un Código Orgánico de
Trabajo, tratando de unificar las normas y no observar la dispersión causante de
graves antinomias que no permitían un flujo del derecho y por lo tanto una
consecución de buen vivir en relación con las exigencias planteadas al Estado,
es así que el Código Orgánico Administrativo, manifiesta claramente
establecerse como un unificador del derecho procesal administrativo, en razón
de dichas metas planteadas por el Estado ecuatoriano.
Según el principio de responsabilidad previsto en el artículo 15, el Estado
responde por las personas que actúan en el ejercicio de una potestad pública;
las potestades discrecionales, observan los derechos individuales, el deber de
motivación y la razonabilidad. (Art. 18); por el ejercicio de la potestad de
organización, la Presidencia puede crear, reformar o suprimir los órganos de la
función ejecutiva (Art. 45.1); las potestades exorbitantes de la administración se
sujetara al régimen de contratos administrativos (Art. 76.4; la potestad de revisión
se ejerce de oficio o por pedido del interesado (Art. 106); la potestad revocatoria,
a través de lesividad, caduca a los tres años desde que se notificó el acto
administrativo (Art. 116), la potestad reglamentaria corresponde al Presidente
(Art 129); los procedimientos de la potestad sancionadora y la coactiva son
especiales (Art. 134), la potestad sancionadora caduca, en caso de en el plazo
de seis meses, sino se notifica al interesado. El artículo 179, manifiesta que la
caducidad de la potestad termina el procedimiento administrativo, Articulo 201.5.
(Costa, 2017, pág. 5).
Partiendo de dicho análisis y la actualidad abordada por los autores en el anterior
artículo es obligatorio tomar en consideración observar definiciones tales como
“La Autotutela no es una institución de la Teoría General del Derecho, por lo tanto
no es solo peculiar del Derecho Administrativo puesto que tiene una gran
importancia en relación con el ámbito de defensa de los derechos” (Oelckers,
2017), es decir que no solamente se observa en el Derecho Administrativo la
Autotutela, de la cual se ha referido en el presente trabajo como uno de los
alcances que realiza la reforma al derecho administrativo ecuatoriano ya que
esta misma constituye el abordarse como protección a todos y cada uno de los
campos de la administración del derecho y el ejercicio de la justicia mediante
actos dotados de juricidad, por lo cual se hace efectivo el goce de los derechos
a través de las instituciones del Estado, es así como la organización estatal toma
17
un matiz tuitivo, para abordar la temática administrativa de forma que considere
a todos y cada uno de los actores vinculados dentro del ejercicio y función de las
instituciones del Estado, considerando que “el hecho que la administración se
beneficie de la Autotutela no significa que su actuación no este ajustada, en
último término al control de los tribunales” (De la Cuadra, 2017, pág. 6), como
seguridad jurídica del análisis de los actos realizados por el poder, en función del
equilibrio de poderes al que puede acceder quien se considere vulnerado en sus
derechos.
1.2.1. Actualidad, Aportes y limitaciones en el área del conocimiento del
Derecho Administrativo.
El problema de Análisis Jurídico del Código Orgánico Administrativo (COA) y su
incidencia legal en el ordenamiento ecuatoriano vigente, se describe
fundamentalmente en cuanto a los cambios que este nuevo cuerpo jurídico
realiza dentro del andamiaje jurídico, dentro de un bloque de constitucionalidad,
así mismo la adecuación formal que se ha realizado en base a las garantías
básicas del debido proceso tendencia neo constitucional, la limitación del poder
estatal que históricamente no había sido tratada, ya que el derecho
administrativo como tal presenta atribuciones potestativas del Estado que
históricamente no se habían admitido como tal dentro de los procesos y
procedimientos, dichas descripciones apuntadas en un orden estructurado para
su estudio.
El análisis jurídico que se requiere es a través del desarrollo de criterios por el
cuerpo normativo del Código Orgánico Administrativo que está compuesto de un
Libro Preliminar, y Cuatro Libros que se desarrollan en base a las personas y las
administraciones públicas, el procedimiento administrativo, los procedimientos
especiales y la responsabilidad extracontractual del Estado, observado a través
de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia,
evaluación, juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad, racionalidad,
motivación, tipicidad, irretroactividad, confianza legítima y seguridad jurídica.
Además, se debe entender el carácter de obligatoriedad que describe en
diversas instituciones en las cuales el procedimiento administrativo ha pasado a
18
ser parte del COA ya que reforma algunos procedimientos dispersos de las
instituciones públicas esto es el Código Orgánico General de los Procesos, Ley
Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica
de Servicio Púbico, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Código Orgánico de la
Función Judicial, otras por el contrario han sido derogadas totalmente a
destacarse tales como; todas las disposiciones concernientes al procedimiento
administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía
administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la
prescripción de las sanciones que se han venido aplicando, y una de las más
antiguas como lo es la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, este último
que tenía ya en la actualidad cargas obsoletas e inaplicables a las tendencias
modernas, otras normas que han sido desplazadas o derogadas parcialmente
por el COA entre las principales tenemos; El Código Orgánico Monetario y
Financiero, Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y de
Descentralización.
Se debe considerar que se ha eliminado el Recurso de Reposición previsto en el
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
reconociendo únicamente la apelación y el extraordinario de revisión, y que
ahora la taxatividad de las causales son la base de resolución, la mayoría de
disposiciones del COA aplican también para la Contraloría (excepto el segundo
libro), que para solicitar facilidad de pago a una institución pública se deberá
rendir una caución del 20% de la deuda total, la obligación de las
administraciones de reparar daños si se los hubiese ocasionado, además que
las actuaciones administrativas se distinguen cinco que son el acto
administrativo, acto de simple administración, contrato administrativo, hecho
administrativo, acto normativo de carácter administrativo, en si la vigencia toma
realce a partir de la disposición final que manifiesta que “El Código Orgánico
Administrativo entrara en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados
19
a partir de su publicaciones el Registro Oficial” (Código Orgánico Administrativo,
2017, pág. 83); mediante (RO-2S 31: 7-jul-2017).
Existen características tales que deben profundizarse como la personalidad
jurídica con la que cuenta el Estado, además de la regulación a los cuerpos
colegiados y su ejercicio de las competencias delegadas dentro de la
administración, además de avances en cuanto a la delegación en sectores
estratégicos, la condena del abuso del Derecho que se puede presentar por los
administrados, las actuaciones previas de las cuales puede ser precedido, el
procedimiento administrativo, la competencia brindada a autoridades judiciales
como el establecimiento de medidas cautelares o de protección por el juez de
contravenciones, la aplicación de la proporcionalidad en las sanciones de
infracciones, además de la manifestación clara de la prescripción de las mismas,
establecimiento claro para la actividad coactiva del Estado, la calificación del
daño para establecer procesos de responsabilidad extracontractual del Estado,
la característica de reconocimiento de especialidad a la materia tributaria y de
propiedad intelectual, siendo el COA norma supletoria para el procedimiento,
soluciones ante el conflicto de competencias administrativas en fin cada uno de
los puntos descritos anteriormente deben ser analizados en razón del avance
que promete el nuevo cuerpo normativo, y si responde a todas las necesidades
de la actualidad, ante un mundo que jurídicamente debe establecerse conforme
al desarrollo de la sociedad que regula.
1.3. Actualidad Ecuatoriana del Derecho Administrativo.
1.3.1. La necesidad del principio de seguridad jurídica en la legislación
ecuatoriana.
El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, constituye el pilar
primordial del ejercicio de la justica dentro de nuestro País, y es donde se
sustentan varios principios constitucionales es así que un importante Jurista
sostiene que:
La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de
Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección
estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento
20
jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus
destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su
aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se
presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho,
como la proyección en las situaciones personales de las garantías
estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. (Perez, 2000, pág.
28)
La seguridad cumple su rol “como una exigencia objetiva de regularidad
estructural y funcional del sistema jurídico, a través de sus normas e
instituciones…” (Perez, 2000, pág. 107)
Es importante mencionar cuales son las amenazas en contra de la seguridad
jurídica, en tal aspecto podemos encontrar dos, las teóricas que eran propuestas
por estudiosos del derecho y las fácticas, que consistían en la perdida y claridad
de las normas, que en estos últimos tiempos han aumentado considerablemente.
Desde esta perspectiva los legisladores dentro de la Constitución de 1998 y
posteriormente en la del 2008 han insertado este derecho al cual lo han
establecido así:
Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a
la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Constitución de la
República de Ecuador, 2008, pág. 53)
Este derecho constitucional se lo ha enlazado con las normas procedimentales
es así que el Código Orgánico de la Función Judicial COFJ, en su artículo 25, se
define al principio de seguridad jurídica como:
Art. 25.- Principio de seguridad jurídica. - Las juezas y jueces tienen la
obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás
normas jurídicas. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, pág. 8)
21
De lo anotado se basa en que el principio de seguridad jurídica, exige la
existencia de normas claras, previa, públicas para que los administradores de
justicia las apliquen, es así que nadie puede alegar falta de ley o norma con la
finalidad de justificar la vulneración de un derecho.
Sobre la seguridad jurídica es necesario comprender lo siguiente:
“(…) si nadie es capaz de fijar lo que es justo, alguien tiene que establecer
lo que debe ser Derecho; y si el derecho debe cumplir la función de poner
un término a la pugna de las concepciones jurídicas contrapuestas por
medio de un fallo de poder autoritario, hay que otorgar el establecimiento
del derecho a una voluntad que sea capaz de hacerlo cumplir en contra
de toda concepción jurídica que se le oponga. Aquel que es capaz de
hacer cumplir el derecho demuestra que está llamado a establecerlo…”
(Zavala, 2012, pág. 221)
Es claro entender que la seguridad jurídica se encamina hacia la protección de
derechos, estructuración de las normas jurídicas y el efectivo funcionamiento de
los Poderes públicos, permitiendo de esta manera brindar dentro de los Estados
democráticos una gobernabilidad estable, tanto en el ejercicio de la potestad
pública y el funcionamiento de instituciones de justicia.
1.3.2. El Derecho Administrativo Ecuatoriano
En razón de lo reciente que se presenta el Código Orgánico Administrativo, es
de relevancia para la presente investigación, lo que manifiesta Monserrat
Barrero, perteneciente al estudio jurídico Quevedo & Ponce, en lo principal del
análisis realizado sobre los efectos que envuelve la entrada en vigencia del COA,
este análisis realizado con fecha 17 de Julio del 2018, en lo principal señala en
lo concerniente a las disposiciones transitorias, derogatorias y generales, en el
siguiente sentido.
En cuanto a las disposiciones transitorias debe rescatarse que a partir de la
vigencia de la ley, esto es el Código Orgánico Administrativo se toma salvedades
clásicas de la vigencia de la misma, un argumento clásico del corte romano en
cuanto al derecho, y que en esta ocasión al ser el Ecuador un Estado fundado
22
sobre las bases del Derecho Administrativo clásico no es la excepción al
manifestarse como los “efectos de las disposiciones transitorias, silencio
administrativo y acceso a la prestación de servicios electrónicos”, es así que lo
más relevante a destacar en este sentido es que:
Las peticiones iniciadas por la persona interesada, con anterioridad a la
publicación del código, para obtener una autorización prevista en el
ordenamiento jurídico, sobre los que no haya recaído un acto administrativo en
el plazo de seis meses, contados desde el 7 de julio de 2017, concluirán,
por silencio administrativo positivo, produciendo un acto administrativo presunto.
(Barreno, 2018)
Se debe considerar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano a nivel
administrativo destaca una figura importante para el mismo efecto como lo es el
silencio administrativo, esto se debe tomar en cuenta en aquellos procesos que
se han efectuado antes de la entrada en vigencia del COA, en razón de que los
plazos y términos para el mismo han variado conforme a la anterior ley, el silencio
administrativo produce un efecto positivo cuando se da por aceptado lo solicitado
en función de la no contestación a la petición realizadas por el usuario.
produciéndose ya la existencia de un acto administrativo tal como lo califica la
ley, en lo concerniente a los procedimientos administrativos se puede rescatar
que:
Los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la administración, con
anterioridad a la publicación del código, sobre los que no haya recaído un acto
administrativo en el plazo de seis meses, contados desde el 7 de julio de
2017, caducarán. El órgano competente, con arreglo a este código, podrá iniciar
nuevamente el procedimiento administrativo, si la potestad pública no ha
caducado. (Barreno, 2018)
Se debe examinar particularidades del Derecho como conceptos esenciales de
prescripción y caducidad, ya que la caducidad tiene connotaciones diferentes a
la prescripción dada por la ley, esto en el sentido lato de ser totalmente diferente
a que se pierda todos los efectos de exigencia del cumplimiento de una
obligación, es decir que la potestad administrativa puede permanecer e
23
intentarse el ejercicio del acto proponiendo un nuevo acto, que no sea caduco,
de los aspectos más relevantes en este tenor de efectos se puede distinguir que:
acorde al Art. 207 del nuevo Código, el Silencio Administrativo positivo se
produce transcurridos 30 días sin que se haya notificado la decisión que lo
resuelva, el acto administrativo presunto que resulte del silencio, será
considerado como título de ejecución en la vía judicial, con los siguientes
requisitos: 1) Solicitud de ejecución una declaración, bajo juramento, de que no
le ha sido notificada la decisión dentro del término previsto, 2) Acompañará el
original de la petición en la que aparezca la fe de recepción. no serán
ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios
inconvalidables o nulos, el juzgador declarará la inejecutabilidad y ordenará el
archivo de la solicitud. (Barreno, 2018)
El título de ejecución cuando se produce el acto administrativo produce una
disyuntiva al llevarse a cabo vía judicial, ya que implica recurrir a otra norma
procesal, pero se deja claro el avance a nivel de agilidad del sistema procesal
como medio de realización de justicia, es así que debe observarse una posible
homologación en el presente tramite ya que el órgano judicial competente debe
ser nombrado por la ley, sin embargo el COA deja hasta la lectura abierto esta
competencia en sede administrativa.
En cuanto a los efectos de las disposiciones derogatorias debe considerarse tal
como se describe en párrafos posteriores que extiende un plazo para que las
disposiciones anteriores que constaban en la ley sean derogadas
completamente, teniendo que manifestarse irretroactivo, a partir de la
publicación en el Registro Oficial, es así que para continuar con el desarrollo del
presente trabajo se distingue que los efectos de las disposiciones derogatorias,
como debe entenderse desde un punto de vista meramente jurídico dichas
reformas y disposiciones sean estas generales o transitorias, son un mecanismo
perfecto para describir la evolución, estática o regresión de una normativa o un
conjunto de normas que conforman un Código, cabe resaltar que uno de los
mayores logros del Código Orgánico Administrativo es el de unificar en un código
los efectos y procesos que se deben tomar en sede administrativa, claro está
con excepcionalidades propias de cada ley que obedece a un estándar único
24
que ha sido tomado en consideración por el legislador, por lo que para concretar
de manera específica en los cambios ya realizados y puestos en vigencia
corresponde citar que para el presente proyecto de investigación se considera
los puntos tomados de diversos juristas, mismos que han acopiado en la
siguiente tabla las principales características y varias normativas del Código
Orgánico Administrativo, desde un estudio profundo y adecuación a la misma se
presenta la siguiente tabla:
Derogatorias COA
✓ Se hallan derogadas todas las disposiciones que se han venido aplicando, concernientes a: i)
procedimiento administrativo; ii) procedimiento administrativo sancionador; iii) recursos en vía
administrativa; iv) caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción de las
sanciones; v) otras disposiciones generales y especiales que se opongan a este código.
✓ Se halla derogada la Ley de Modernización del estado desde el 7 de julio;
✓ Se hallan derogaron todas las disposiciones relacionadas con especiales valoradas desde el
7 de octubre de 2017;
✓ Se hallan derogadas varias normas del Código Orgánico Monetario y Financiero, de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones, de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos
y Células y del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
Efectos de las disposiciones reformatorias
✓ El Código reforma el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Orgánica de Comunicación,
la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica Del Sistema De Contratación Pública, La Ley
Orgánica De La Contraloría General Del Estado y El Código Orgánico De La Función Judicial
✓ La disposición reformatoria primera, numeral 5, agrega el Art. 370 a del Código Orgánico
General de Procesos y dispone que para la ejecución por silencio administrativo de un acto
administrativo presunto: i) el juzgador convocará a una audiencia en la que oirá a las partes, ii) al
accionante está obligada a 1) Demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para
que la administración resuelva su petición, mediante una declaración bajo juramento en la solicitud de
✓ Ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal, 2)
acompañar a la demanda el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción.
✓ La Disposición Reformatoria Séptima, reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, en
el 217 añadiendo que corresponde a los jueces del contencioso administrativo conocer y resolver, de
manera unipersonal, los conflictos de competencia que surjan entre órganos administrativos que
carezcan de un órgano superior que dirima la competencia en el Art. 231 al agregar entre
las competencia, de los jueces de contravenciones distritales, la de conocer las medidas
provisionales de protección y medidas cautelares previstas en el código orgánico administrativo; añade
como función del pleno del Consejo de la Judicatura, en el Art. 264 núm. 8, el literal e) que le
permitirá establecer o modificar el funcionamiento de los tribunales contencioso administrativos y
contencioso tributarios, que, podrán conformarse por jueces de manera unipersonal o pluripersonal,
como sea necesario y reemplaza las disposiciones relativas a los órganos auxiliares de la función
judicial: depositarios, síndicos y liquidadores de costas.
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia.
25
La derogación de las normas expuestas anteriormente, se debe a la
modernización del Derecho Administrativo en el Ecuador, para lo cual se hace
énfasis en el desarrollo de dicha normativa en concordancia con la
modernización de las instituciones públicas, es así que lo que anteriormente
regia para algunas instituciones ha sido depurado en razón de concentrar una
refundación procesal de la norma, ya que como se lo realizo para materias no
penales, constitucionales y electorales por medio del Código Orgánico General
de Procesos, se lo ha estructurado de manera formal en el Código Orgánico
Administrativo en relación a la sede administrativa, tomando en cuenta la
amplitud del Derecho Administrativo este se cuela en las instituciones del Estado
ya que todas y cada una de ellas pese a contar con reglamentos y disposiciones
directas para cada institución tienen la generalidad de ser administradas por la
Función Ejecutiva del Estado, tomando en consideración las salvedades que
describa la ley.
Es así que en cuanto a las Disposiciones Generales de la materia se debe
promover que, las mismas son:
Se obtendrá el Registro Único De Operadores Económicos (RUOE) del Registro
Único de Contribuyentes. todas las administraciones que requieran datos de
estos operadores para fines de registro o control deberán utilizar el (RUOE) para
dichos fines, quedando prohibida la creación o expedición de nuevos registros.
(Barreno, 2018)
Es decir el principio de identidad se extenderá más allá del NUI, lo cual es
perfectamente entendible ya que la personalidad jurídica tiene otras
características de identificación, además de que es factible la creación del
RUOE, debido al enlace a futuro con las nuevas tecnologías, por tal situación “se
deberán utilizar los datos de identificación de cada ciudadano como mecanismo
único de identificación electrónica, que se obtendrá de la dirección general de
registro civil, identificación y cedulación.” (Barreno, 2018), tomando en
consideración dichas postulados generales con carácter de ley, manifiesta
claramente que el cruce de información entre instituciones del Estado se
extiende a medida de cada reforma, siendo una legislación digital, en el campo
del Derecho Administrativo.
26
En el ámbito tributario, son aplicables, las disposiciones contenidas en el Código
Orgánico Tributario y demás normativa vigente, no obstante, de ello, las
disposiciones del presente código se aplicarán de manera supletoria, con
excepción de lo previsto en el Artículo 185 del Código Orgánico Tributario relativo
al remate de bienes. (Barreno, 2018)
Es importante tomar en consideración lo expuesto anteriormente, ya que brinda
una particularidad en la materia administrativa observando la histórica disyuntiva
que tiene el Derecho Administrativo del Derecho Tributario, que por respeto al
texto emitido por el autor denomina al Código Tributario como orgánico, tomando
en consideración que la denominación correcta es Código Tributario, en razón
de que es una norma especial si bien es cierto, pero abarca toda la materia
tributaria en su desarrollo de otras normas ordinarias a partir de esta, pero no
adquiere una codificación orgánica, motivo por el cual se debe acudir a
denominaciones doctrinarias que ha dado el estudio del Derecho para la misma
se define como orgánico, pero sin alterar la función que tiene para ser guía
imperativa del comportamiento humano y del Estado en sociedad; así mismo se
muestra en cuanto a la propiedad intelectual ya que:
Acorde a la Disposición General Cuarta, en el ámbito de la propiedad intelectual,
son aplicables, las disposiciones contenidas en el i) Código Orgánico de la
Economía Social de los conocimientos, creatividad e innovación, ii) las normas
de la Comunidad Andina de Naciones y iii) demás normativa vigente, iv) el
Código Orgánico Administrativo es norma supletoria; (Barreno, 2018)
De las aportaciones realizadas por los diferentes autores que se han revisado
dentro de la realidad de la actualidad ecuatoriana y el sector administrativo donde
se desarrolla, es importante que se analice también que “los bienes inmuebles
que están en posesión material de buena fe, no interrumpida, de las
administraciones por más de cinco años, pasan a ser de propiedad de las
administraciones posesionarías por mandato de la ley” (Barreno, 2018),
lógicamente el mandato de la ley para establecer un correcto inventario de
bienes de las instituciones del estado quienes han destinado presupuesto para
su mantenimiento y que dichos bienes representan una mayor agilidad en la
prestación de servicios debe ser parte de estos tenedores de buena fe,
27
entendiéndose que ninguno sale del patrimonio del Estado solo la ley optimiza
recursos en razón de que se posean los bienes que ya llevan tiempo en
prestación de servicio en dependencia de una institución, así esta pertenezca a
otra la cual no la utiliza, la norma imperativa reza que “los Registradores de la
Propiedad deben inscribir las transferencias de dominio, previo a auto expedido
en Sumario con notificación al interesado, en caso de que este y su domicilio
sean identificables” (Barreno, 2018), el mandato de ley es de carácter inmediato
para la ejecución de la misma lo cual es óptimo en lo que concierne a determinar
que tenga un carácter de obligación para la cooperación interinstitucional en el
Estado y se reduzca la acumulación de bienes que resultan obsoletos o en
desuso cuando existen instituciones que las necesitan y las requieren, lo que se
debe estudiar son los efectos posteriores para evitar lo antes manifestado, es
decir; se realice un inventario general de todos aquellos bienes en desuso que
han resultado luego de la puesta en vigencia del COA y de dichas disposiciones,
para que, se proceda a la optimización de la misma.
1.3.3. Características del Código Orgánico Administrativo
Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos
que conforman el sector público. Las personas son titulares del derecho a la
buena Administración Pública, que se concreta en la aplicación de la
Constitución, los Instrumentos Internacionales, la Ley y este Código. Las
personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto
en la Constitución, las Leyes y el Ordenamiento Jurídico en General y las
decisiones adoptadas por autoridad competente.
La Función Legislativa aprobó este cuerpo normativo en el año 2017 en el mes
de junio el día 20, en el Registro oficial Número R.O. 31 Segundo Suplemento.
Generalidades:
1.- El COA contiene 5 libros: Un Preliminar, y 4 que comprenden: 1) Las personas
y las administraciones públicas, 2) Procedimiento Administrativo Común, para
todas entidades públicas, 3) Procedimientos Especiales para el ejercicio de la
potestad sancionadora;4) Responsabilidad Extracontractual del Estado. 5)
Impugnación de los Procedimientos; 6) La Ejecución Coactiva. 7) Establece los
28
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia,
evaluación, juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad, interdicción
arbitrariedad, racionalidad, motivación, tipicidad, Irretroactividad, confianza
legítima y seguridad jurídica
2.- En el Art. 2 señala que el COA regula el “ejercicio de la función administrativa
de los organismos que conforman el sector público”, señalados en el Art. 225 de
la Constitución, el Art. 42 señala el ámbito de aplicación, Procedimientos
Administrativos, Ejecución Coactiva, a los Órganos y entidades del sector
público, incluyendo a los GADs y exceptuando las empresas públicas que tienen
normas especiales (Art. 43); abarca todo el sector público: gobiernos autónomos
descentralizados (GADS), Función Ejecutiva (administración pública central),
presidente, vicepresidente, ministerios, organismos adscritos a los ministerios, y
para la administración pública institucional (Aduanas, Contraloría, Procuraduría,
Banco Central, etc.),
3.- En las Disposiciones Derogatorias Primera y Novena se deroga, todas las
disposiciones relativas a procedimientos y las que se opongan, así se deja sin
efecto, leyes reglamentos o resoluciones, a través de las cuales se aplicaban
otros procedimientos en los Organismos Públicos y todas las normas que
contradigan sus disposiciones: de esta forma se deroga la Ley de Modernización;
deroga varias normas del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización COOTAD, Código Orgánico Monetario y
Financiero COMF, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Ley Orgánica de
Empresas Públicas, Ley Orgánica de Comunicación, LOSEP .
4.- Las normas sobre Procedimientos Administrativos tienen que aplicarse
desde su vigencia, por otro lado el COA da dos años plazo para que las
autoridades expidan normas de aplicación del COA, en el ámbito de cada
entidad, referente a su estructura, gestión de procesos internos, cumpliendo con
el mandato de “Identificar, modificar y fusionar las entidades u órganos
administrativos cuyas competencias se superpongan, dupliquen o puedan ser
ejercidas de mejor manera con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia,
29
efectividad y economía”, establecido en la DISPOSICION TRANSITORIA
CUARTA numeral 3), siendo deber de las autoridades públicas tomar múltiples
medidas internas de aplicación del COA, conforme lo señala sus Disposiciones
Transitorias.
5.- En cuanto a los recursos: se elimina el de reposición, la apelación se debe
formular ante la máxima autoridad del órgano del que nace el acto impugnado,
en el término de diez días de notificado el acto impugnado; el recurso
extraordinario de revisión se interpone contra de la resolución, bajo causales
taxativamente señaladas.
6.- Sobre los derechos de las personas, el COA, establece en su Art. 31, el
derecho que tienen los ciudadanos a la “buena administración pública”,
aplicando los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución,
Convenios Internacionales y normativa vigente.
7.- El Art. 89 del COA, sobre las actuaciones administrativas, distingue cinco: 1.
Acto Administrativo; 2. Acto de Simple Administración; 3. Contrato
Administrativo; 4. Hecho Administrativo; y, 5. Acto Normativo de Carácter
Administrativo.
8.- Los Arts. 90, 95, refieren al gobierno electrónico, se considera a la sede
electrónica, como la dirección electrónica única, uso de la firma electrónica,
gestión de los archivos, a través de soportes digitales; los Arts. 90, 91, 92 y 93,
orientan a que la administración pública gestione información relacionada con
los Servicios Públicos, sus Trámites y Procedimientos Administrativos a través
de las plataformas digitales y con la emisión de documentos electrónicos; se
define expediente administrativo y al expediente electrónico (Arts. 145 y 146)
(COA).
9.- El Art. 31 enuncia el Derecho a la Buena Administración Pública, el derecho
al Debido Procedimiento Administrativo; el Art. 33, señala el deber de abstenerse
de conductas abusivas del derecho; que aparece cuando la conducta del
administrado, causa daño a terceros o al interés general (Art. 40).
30
10. El Estado posee personalidad jurídica única en sus relaciones
internacionales, pero también se le reconoce personalidad jurídica en sus actos,
contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno, a la Administración
Pública Central, las Empresas Públicas y otras creada por la Constitución y la
ley (Art. 46) del (COA); se precisa la representación administrativa y judicial, se
establece regulaciones de los cuerpos colegiados y se regula el ejercicio de las
competencias en la delegación dentro de la administración.
Aspectos más importantes:
✓ Se puede delegar, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de
servicios públicos (Art. 74).
✓ El Art. 89 del Código Orgánico Administrativo enlista las actuaciones del
poder público: Acto administrativo (Art. 98), Acto de Simple Administración
(Art. 120), Contrato Administrativo (Art. 125), Hecho Administrativo (Art.
127), Acto Normativo de Carácter Administrativo (Art. 128).
✓ Se define a la persona interesada, titular de derechos, que acredite
intereses legítimos individuales y colectivos e invoque derechos
subjetivos (Art. 149), así como al tercero interesado (Art. 151).
✓ El procedimiento termina por Acto Administrativo, Silencio, desistimiento,
abandono, caducidad, terminación convencional e imposibilidad de
continuar (Art. 201). En el plazo de un mes, desde que termina la etapa
probatoria, se debe dictar el Acto Administrativo (Art. 203). El abandono
se da cuando han transcurrido dos meses sin impulso (Art. 212).
✓ El Procedimiento Administrativo podrá estar precedido de actuaciones
previas para conocer las circunstancias del caso, sin que pueda
sobrepasar los 6 meses, sin pena de que caduque el ejercicio de la
potestad sancionadora o determinadora (Arts. 175 y 179). Las medidas
cautelares señaladas en el Art. 180 solamente las puede ordenar un
juzgador de contravenciones, cuando no se ha iniciado el proceso. El
órgano administrativo puede ordenar medidas provisionales de
protección, que deberán ser, en un máximo de 10 días, confirmadas,
modificadas o levantadas en la decisión de iniciación del proceso (Art.
31
181). Una vez iniciado el procedimiento, el funcionario puede ordenar las
medidas cautelares descritas en el Art. 189.
✓ El Ejercicio de la Potestad sancionatoria, prescribe al año para
infracciones leves, a los tres años para las graves y a los cinco años para
las muy graves (Art. 245).
✓ Las sanciones prescriben en el mismo plazo de caducidad de la potestad
sancionatoria (Art. 246). Al inicio del procedimiento se pueden adoptar
medidas cautelares (Art. 251). La carga de la prueba corresponde a la
Administración Pública y el Órgano instructor impulsará el Procedimiento
(Arts. 256 y 257).
La Coactiva
El título de crédito es base del Procedimiento Coactivo, tiene como fuente títulos
ejecutivos, catastros, cartas de pago, asientos y registros contables y cualquier
instrumento público que pruebe la existencia de la obligación (Art. 262). Se
precisa que el derecho de crédito de la Administración también se origina en el
Acto Administrativo cuya eficacia no se encuentre suspendida (Art. 266).
Sin orden de cobro no puede el empleado recaudador iniciar el Procedimiento
coactivo (Art. 262). No cabe impugnación en Vía Administrativa del Acto
Administrativo que se origina a partir del requerimiento al deudor para el pago
voluntario (Art. 263)
Cuando la obligación está representada en un título de crédito, el deudor puede
reclamar administrativamente en contra de los requisitos del título o el derecho
de la administración para su emisión (Art. 269). Se define lo que se entiende por
obligación exigible (Art. 267). Se establecen dos fases dentro del procedimiento
coactivo: a) preliminar (Art. 271), en la que procede el órgano ejecutor a realizar
lo que le corresponde en virtud de la orden de cobro notificada por el órgano
competente, pudiendo la orden de cobro efectuarse en el mismo acto
administrativo en el que se declara la obligación; en esta fase se dan facilidades
de pago al deudor; b) fase de apremio (Art. 279), en la que se emite la orden de
pago inmediato para que el deudor pague o dimita bienes, una vez que ha
vencido el plazo para el pago voluntario, pasándose al embargo (Art. 282) y al
remate (Art. 295), con la venta directa de bienes (Art. 319) y las tercerías
coadyuvantes y excluyentes (Art. 323 y 324).
32
El deudor solamente puede oponerse a la ejecución coactiva mediante la
interposición de la demanda de excepciones ante los jueces de lo contencioso
administrativo (Arts. 327 y 328), sin que la demanda suspenda el proceso. Al ser
la ley aplicable, no faculta a los jueces de coactiva para vincular al juicio coactivo
a personas jurídicas comerciales, sus accionistas, hijos de accionistas y contra
quien se presuma sean sus dueños;
Responsabilidad extracontractual del Estado
El Art. 15, aplica la responsabilidad objetiva del Art. 11 de la Constitución; los
Arts. 330 y 331 del COA enuncian el concepto de ·” daño calificado” (Art. 334) y
del nexo causal entre éste y la acción u omisión de la Administración Pública
(Art. 333), el ciudadano afectado no necesita agotar el Reclamo Administrativo,
para demandar (Art. 341); en la vía administrativa, la persona tiene el término de
90 días para reclamar (art. 340).
La acción de repetición se sustanciará según el trámite ordinario del COGEP
(Art. 344); establece la responsabilidad de los servidores públicos, por la
deficiente prestación u otorgamiento de servicios deficientes y de los prestadores
de servicios públicos impropios, a través de concesiones y delegaciones
otorgadas por el Estado; el Art 330 del COA se establece los presupuestos para
su configuración, tal como se describe en el Art. 331;
En las Disposiciones Finales Tercera y Cuarta, se señala que en materia
tributaria, propiedad intelectual el COA se aplicará supletoriamente. En las
disposiciones transitorias se establecen normas de obligatorio cumplimiento por
parte de las Administraciones Públicas para modificar los sistemas
administrativos. Se reforman cuerpos legales, como: COGEP, para aplicar el
silencio administrativo; Ley de la Contraloría, Ley de Empresas Públicas sobre
competencia coactiva; el COFJ sobre medidas cautelares y depositarios.
El Código Orgánico de la Función Judicial es reformado, se incorpora otra
facultad del juez de contravenciones, en cuanto se agrega un numeral al 231 que
indica:
“Conocer las medidas provisionales de protección y medidas cautelares
previstas en el Código Orgánico Administrativo para ser ejecutadas previa
autorización judicial."; se reemplaza el capítulo II del título VI" Órganos Auxiliares
33
de la Función Judicial", regulándose disposiciones generales respecto de las
depositarías y depositarios judiciales, sindicas y síndicos, liquidadoras y
liquidadores de costas.
En relación a las acciones contenciosas, el COA afecta el Art. 326, numeral 4 del
COGEP donde se reconocen las acciones especiales a demandarse en la
jurisdicción contencioso administrativa: "
El procedimiento administrativo general en el COA
El Código Orgánico Administrativo no ofrece una conceptualización del
Procedimiento Administrativo por lo que, para determinar a qué etapa
generacional pertenece, es necesario caracterizarlo a través de su articulado.
Los Reclamos Administrativos, las controversias que las personas puedan
plantear ante las administraciones públicas y la actividad de la administración
pública para la que no se prevea un procedimiento específico, se sustanciarán
en Procedimiento Administrativo. De esta manera el Art.134 del Código Orgánico
Administrativo establece el carácter general y supletorio del Procedimiento
Administrativo que regula.
Los principios que condicionan todo el procedimiento los agrupa el legislador en:
generales, de la actividad administrativa en relación con las personas, de las
relaciones entre las Administraciones Públicas y específicamente del
Procedimiento Administrativo. De entre ellos se reconocen principios de
formulación clásica tales como eficacia, eficiencia, jerarquía, buena fé,
racionalidad jurídica e irretroactividad. También se encuentran presentes en el
COA el principio de participación de la ciudadanía, el de transparencia en las
actuaciones, el de corresponsabilidad y complementariedad y el de colaboración
entre las administraciones los cuales corresponden a la tercera generación de
procedimientos. No es objetivo de este trabajo caracterizar cada uno de estos
principios, sobre todo si se tiene en cuenta que han sido analizados una y otra
vez por la doctrina y que se encuentran presentes de una forma u otra en la
mayoría de las legislaciones sobre Procedimiento Administrativo a nivel mundial.
34
La doctrina es casi unánime al señalar las fases del Procedimiento Administrativo
de primera generación. Las variaciones, en esencia, se refieren a la
denominación de las mismas, no a su contenido. Algunos autores como Alberti
(2013) seccionan el cauce procedimental en cuatro: iniciación, que da comienzo
al procedimiento; instrucción, encaminada a verificar los hechos que constituyen
presupuestos de la resolución; decisión, donde es adoptada la resolución y la
fase integrativa de eficacia, en la cual se realizan los actos necesarios para que
la resolución produzca efectos. (pág. 315). Por otro lado, Santamaría (2009) en
cambio señala a la iniciación, la instrucción y la terminación. (pág.2)
El Procedimiento Administrativo del COA contempla tres fases: inicio, prueba,
terminación y ejecución; aunque en algunos casos procede la realización de
actos previos. Estas etapas, con ligeros matices, coinciden con las que señala la
doctrina para el procedimiento administrativo de primera generación. El
procedimiento tiene una función adjetiva, de aplicación del Derecho para la
consecución de un resultado ya previsto en la norma, no se busca el consenso
de los interesados, no se propicia adecuadamente la cooperación público-
privada ni la participación a pesar de ser principios establecidos en la legislación.
Culmina con la ejecución forzosa, sin que se contemple la supervisión y el control
de las decisiones tomadas, lo cual es una seria limitación si se tiene en cuenta
que en los modos de actuar de la Administración moderna se requiere control ex
ante y ex post como garantía de la buena Administración y de la legalidad.
Se configura un procedimiento que desembocará de manera inevitable en una
de las posibles Actuaciones Administrativas previstas en el Art. 89, en relación
con el segundo párrafo del Art 134. del COA: Acto Administrativo, Acto de Simple
Administración, Contrato Administrativo, Hecho Administrativo o Acto Normativo
de contenido Administrativo. Cabe resaltar que el legislador intentó superar la
concepción tradicional en la que el procedimiento solo podía terminar a través
de un Acto Administrativo. Sin embargo, si se analiza cada una de las opciones
que brinda el referido Art. 89, cuestión que se desarrollará en una investigación
posterior; cabría preguntarse si en dicha formulación quedan incluidos los
procedimientos que no están conformados para terminar en una decisión como
pueden ser, por ejemplo, los que realiza la Administración para la obtención y
35
tratamiento de información. Una interpretación extensiva de la figura saco
contenida en la última oración del segundo párrafo del Art. 134 del Código
Orgánico Administrativo “(…) la actividad de la Administración Pública para la
que no se prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en Procedimiento
Administrativo”; puede dar espacio, quizás, a la actuación administrativa menos
formal. Esta estaría conformada por los pasos previos que en muchas ocasiones
realiza la administración tales como tratos preliminares, sugerencias,
aclaraciones, consultas, la elaboración de softlaw, entre otros.
El Procedimiento Administrativo refrendado en el COA se desarrolla como cauce
para la aplicación de la ley sustantiva, operando de manera accesoria a esta, sin
dejar oportunidad para la utilización del procedimiento como vía para la
búsqueda de la solución ideal, en situaciones tan variables, que no pueden ser
previstas por el legislador. Sin dudas se trata de un tipo procedimental que busca
el respeto de los derechos de los ciudadanos y que se adopten decisiones
imparciales por el órgano que corresponde, garantizando el control sobre la
potestad discrecional de la administración; pero no la dirección de esta. En el
escenario actual además de una administración rígida que ordene a través del
imperium, se requiere de una administración colaborativa que promueva la
interrelación de los factores público- privado, nacional- internacional, partes-
interesados; de modo que se logre la solución que verdaderamente sea la más
apropiada, incluso cuando esta no esté establecida en la norma con anterioridad.
Los procedimientos administrativos más modernos Blumann y Dubouis (2012)
se encaminan hacia la razonabilidad y eficacia de las decisiones, procuran tener
en cuenta todos los elementos, permeados de transparencia y participación de
modo que más que un control de la potestad discrecional de la Administración,
el procedimiento deberá actuar como un instrumento de dirección del poder.
(pág. 29)
Al referirse a la distinción entre los procedimientos administrativos más
modernos y los clásicos, Barnes (2011) señala que los primeros reflejan,
necesariamente, otras facetas de la vida de la administración que por tradición
son preferidas (pág. 119). Así, para que las leyes de procedimiento
administrativo proyecten la realidad contemporánea, deberán contener
36
preceptos que regulen como actúan los sujetos privados cuando realizan
actividades de interés general en relación a terceros; la actuación de la
Administración en circunstancias de sometimiento al Derecho Privado y la acción
administrativa más allá de los límites territoriales del Estado. Es claro que en un
contexto globalizado se persigue que un determinado país cumpla con un
ordenamiento en relación a otro país y, de esta forma los individuos afectados
puedan disponer de un procedimiento administrativo de control y transparencia
que permita la defensa de sus intereses, (Gordillo, 2009, pág. 47)
El procedimiento administrativo establecido por el COA no hace referencia a la
actuación de la Administración en el plano internacional, ni define cual será la
actuación administrativa en las ocasiones en que la Administración se encuentra
sometida al Derecho Privado. Esta norma no se extiende a la formulación,
desarrollo, diseño, control y supervisión de políticas públicas, a pesar de que se
encuentra previsto en el Art. 85 de la Constitución, en el que además se
especifica que se garantizará la participación de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades.
De lo anterior se colige que el procedimiento administrativo regulado en el COA
presenta una institución con caracteres de las tres generaciones
procedimentales, con signos evidentes de modernización sin que sean
suficientes pues no se incluyen los nuevos modos de actuar de la Administración
signados por la gobernanza, la cooperación y la coordinación en su máxima
expresión y en todos los escenarios posibles.
Para concluir, el procedimiento administrativo es capaz de adaptarse
estructuralmente a las exigencias de cada momento histórico. Así también,
cuenta con un núcleo duro que lo ha caracterizado desde que se desarrollara
como categoría jurídico-administrativa, aunque muestra especial sensibilidad a
los condicionamientos políticos y económicos de dominan en cada momento
histórico. Por ello, a la vez que se reserva en su individualización más clásica,
se transforma y progresa incorporando nuevos elementos caracterizadores.
Asimismo, la evolución histórica de esta institución demuestra la existencia de
tres generaciones procedimentales nacidas de la necesidad de adaptarse a los
cambios en los modos de actuar de la Administración. Estas generaciones no
37
son excluyentes, sino que conviven en los ordenamientos jurídicos. La
regulación del procedimiento administrativo general en el COA constituye un
acierto que ha contribuido a la seguridad jurídica de la ciudadanía a partir del
logro de la uniformidad de criterios en cuanto a fases, principios y otros
elementos de esta institución, así como la supresión de la disgregación de
normas que existían en esta materia. En el procedimiento administrativo
regulado por el Código Orgánico Administrativo se incluyen características de las
tres generaciones procedimentales, sin embargo, se requiere incorporar a este
texto legal elementos que permitan reconocer otros ámbitos en los que la
Administración moderna interactúa; las nuevas formas de gobernanza signadas
por la colaboración público- privada, la función sustantiva del procedimiento para
que este actúe como mecanismo de dirección de la actividad administrativa y la
formulación, diseño y control de políticas públicas con la participación de todos
los actores.
Disposiciones Reformatorias
Reformase en el Código Orgánico General de Procesos, las siguientes
disposiciones: 3. Sustituyese el número 4 del artículo 326 por el siguiente: "4. las
especiales de:
El pago por consignación atando la o el consignador o la o el consignatario sea
el sector público comprendido en la Constitución de la República.
La responsabilidad objetiva del Estado.
La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado, conforme
con la ley.
Las controversias en materia de contratación pública.
Las demás que señale la ley”.
Disposición Transitoria Séptima del COA
Reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art. 217, el numeral 15
pasa a ser el numeral 16; y, se añade el siguiente numeral 15: "15. Conocer y
resolver, de manera unipersonal, los conflictos de competencia que surjan entre
órganos administrativos que carezcan de un órgano superior que dirima la
competencia; así como se agrega en el Art.231 a continuación del numeral 4, el
numeral 5 que indica: "5. Conocer las medidas provisionales de protección y
medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Administrativo para ser
ejecutadas previa autorización judicial….", finalmente agrega en el art. 264.8 8,
38
después de la letra d); lo siguiente: “(…) e) Establecer o modificar el
funcionamiento de los Tribunales Contencioso Administrativos y Tributarios,
que…podrán conformarse por jueces de manera unipersonal o pluripersonal(…);
es decir se faculta a que como atribución del organismo de administración,
organización y dirección de la función judicial, se abra paso a los jueces
unipersonales en materia contencioso administrativa.
Podemos concluir con las siguientes conceptualizaciones
✓ Las Potestades Administrativas, tiene una base constitucional y legal.
✓ Es objetivo del legislador, la vigencia de leyes que regulen caminos de
solución, para los conflictos entre ciudadanos y Estado; lo que cristaliza
los postulados del Art. 173 de la Constitución: “(…) los
✓ Actos Administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser
impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los
correspondientes órganos de la Función Judicial”, la existencia de un
adecuada legislación de la organización de la función pública y los
procedimientos, recursos de impugnación, reducirá, el número de
conflictos judicializados, que deben atenderse ante el ámbito judicial;
obteniéndose una solución previa al litigio judicial, que también
beneficiará a los usuarios, personas, consumidores, co contratantes,
empresas y en general quienes entran de una manera u otra en relaciones
con las entidades públicas.
✓ El Código Orgánico Administrativo, busca ordenar la institucionalidad
administrativa los plazos para recurrir varían, se elimina el recurso de
reposición, las potestades o prerrogativas públicas, se confirman, las
facultades exorbitantes del Estado se reconocen.
✓ Siendo los contenidos del Derecho administrativo, las potestades públicas
y sobre todo los específicos del Código Orgánico Administrativo, es
necesario fomentar su estudio, análisis y discusión en el medio
académico, foro de abogados, servidores públicos, poderes públicos, a fin
de que al entrar en vigencia plena, exista un conocimiento adecuado de
quienes deben ejecutarlo, tanto desde el lado de quienes ostentan el
ejercicio de la función y potestades públicas, como de los ciudadanos y
personas que son objeto de beneficios y perjuicios por parte del ejercicio
del poder público.
39
✓ El objetivo del mejoramiento normativo de la estructura organizativa,
procedimientos, recursos y procesos orgánicos de las instituciones
públicas, deben y puede ser orientados en beneficio de la sociedad,
economía y fortalecimiento de los derechos y garantías de las personas y
de lo que en doctrina se denominan administrados.
40
CAPITULO II
2. Marco Metodológico.
2.1. Paradigma y tipo de investigación.
2.1.1. Paradigma asumido (cuantitativo o cualitativo).
El proyecto de investigación se fundamenta en las modalidades de la
investigación cuantitativa y cualitativa. La primera porque se fundará en análisis
estadísticos proporcionados por organismos rectores de las instituciones
públicas en lo concerniente a actos administrativos, la segunda se llevará en
razón de la descripción de la naturaleza, características y generalidades del
Derecho Administrativo, en este sentido, se analiza el criterio el cual manifiesta
que la modalidad de investigación es:
En las investigaciones científicas se puede adoptar las modalidades
paradigmáticas cualitativa y cuantitativa, en dependencia del problema y de la
base científica que le sustentan, y de los métodos aplicados. La tendencia actual
es la de valorar la modalidad de la investigación mixta como cuali cuantitativa,
con el predominio de una de estas modalidades paradigmáticas. (Gómez, y
otros, 2018, pág. 46)
Es decir, que para obtener resultados que es el fin del aspecto metodológico se
debe mantener coherencia entre la modalidad de tipo dual que ha sido
manifestada anteriormente siendo esta mixta, prevaleciendo el modelo
cualitativo en este caso en razón de que las apreciaciones de los métodos son
más apegadas al aspecto de la descripción numérica, ya que para la presente
se cuantificara las opiniones de personas apegadas o relacionadas con el
derecho administrativo tomando estructuras estadísticas para realizarla.
2.1.2. Modalidad y tipos de investigación según la finalidad y objetivos de
la misma.
Siguiendo con la descripción que se debe realizar a la metodología la modalidad
o paradigma ha sido descrito de manera profunda en el anterior epígrafe, así que
de manera igualmente concreta se considera a explicar el tipo de investigación
a realizarse, tomando en consideración que existen dos tipos de diseños
41
constituyéndose en experiméntales y no experiméntales, por la naturaleza del
Derecho corresponde aplicar el modelo no experimental, esto se hace porque
las ciencias jurídicas constituyen un modelo de análisis el cual no permite
desarrollar un experimento social, ya que se establecería la arbitrariedad en un
constante mundo de caos, sin un orden fijo establecido.
Pero si corresponde, al Derecho el razonamiento de teorías que pueden ser
propuestas para la construcción del marco de legalidad, es así que, el tipo de
diseño de investigación que se va a utilizar corresponde al diseño transversal,
ya que son “diseños para caracterizar momentos específicos en los fenómenos.
Su propósito es recolectar datos, describir variables y analizar incidencia e
interrelación en un momento dado” (Gómez, y otros, 2018, pág. 47). Es muy
importante rescatar es que el análisis se lo inserta en tiempo real, así mismo
como la investigación a la actualidad del objeto de investigación el cual es el
Derecho administrativo, desarrollándonos por el campo de acción el cual es el
Código Orgánico Administrativo.
En consideración al modelo o paradigma aportado por la presente investigación
se debe manifestar que existe el tipo de diseño de investigación, para métodos
cualitativos, que para la presente constituye a ser el de teoría fundamentada, ya
que al ser no experimental no propone reformas, así mismo no propone métodos
de aplicación, se funda en “que son estudios predominantemente teóricos. Su
propósito es desarrollar la teoría en base a datos empíricos obtenidos en la
propia investigación, más que en estudios previos” (Gómez, y otros, 2018, pág.
48); la teoría propuesta que incluye el desarrollo de la investigación se basa en
la consulta y pensamiento del investigador e imaginario, en posturas de
escenarios diversos que el mismo pueda poner y proponer al lector.
2.1.3. Procedimiento para la búsqueda y procesamiento de los datos.
2.1.3.1. Población y muestra.
Para la práctica de los instrumentos de investigación es necesario tomar
muestras en poblaciones en las cuales representaría costos insuperables para
que la investigación se desarrolle, además que pueden ser motivo de confusión
estadística, por tal circunstancia la población y muestra que se utilizara no
42
dependerá de la función directamente proporcional de una formula estadística,
pero sí de sus postulados técnicos que permitan ser coherentes en los resultados
obtenidos, es así que la población a ser encuesta es menor a 100, constituye en
75 encuestas a desarrollarse por el método de conglomerado estratificado, es
decir personas conocedoras de la materia, ya que es improbable que la
población total de la provincia del Carchi conozca sobre el Derecho
Administrativo mismo que es incluso evasivo para los profesionales del Derecho,
por lo cual se debe tomar en consideración las opiniones en las cuales se
encuentren involucrados personas de las cuales su experiencia sirva para que
se manifieste en una concreción de una opinión más pura de lo que significa el
derecho administrativo y su situación actual en el entorno a través de la nueva
legislación; el método denominado conglomerados estratificado se lo conoce
también como muestreo aleatorio estratificado, es así que se define como:
Como su nombre lo indica el muestreo aleatorio estratificado supone la división
de la población en elementos, grupos o porciones que tengan propiedades
homogéneas, y que son de interés para el estudio por parte del investigador.
Generalmente las variables de estratificación son demográficas asociadas a
edad, país, genero, etc. No obstante el investigador decide como dividir la
población según el objetivo que persigue esta división y se le aporta elementos
importantes en su investigación. (Gómez, y otros, 2018, pág. 69)
Este muestreo permite tener la libertad de decisión para el investigador
seleccionar su población y al mismo tiempo calcular su muestra, como se lo ha
manifestado anteriormente este elemento de libertad es el que se puede usar en
la presente investigación, por lo tanto se tomó en cuenta a las personas que
conocen del derecho administrativo en la localidad, es decir, se consideró, dos
tipos de conglomerados que son: los empleados públicos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de Tulcán, y los abogados de libre ejercicio de la
misma ciudad, para realizarles preguntas acerca de las nuevas tendencias que
diseña el Código Orgánico Administrativo.
43
Plan de recolección de la información (métodos, técnicas e instrumentos,
validez y confiabilidad de los instrumentos de empleados.
Antes de proceder a analizar los métodos técnicas e instrumentos de
investigación se debe concentrar también distinguir que toda investigación debe
poseer un alcance, es así que la misma parte de la investigación exploratoria
que “tiene por objeto esencial la familiarización con un fenómeno o concepto
desconocido o poco estudiado.” (Gómez, y otros, 2018, pág. 50), se debe referir
que cuenta también con un alcance de investigación descriptiva, que desarrolla
determinadas características cualitativas, además que permite transformar en
cualidades, aquellas fuentes cuantitativas en un razonamiento de resultados, por
lo cual se define como “analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y
sus componentes.” (Gómez, y otros, 2018, pág. 50), finalmente para esta
investigación se debe describir que existe una investigación Correlacional, que
permite medir la relación entre la variable dependiente y la variable
independiente, o en términos técnicos “pretenden ver cómo se relacionan o
vinculan diversos fenómenos (conceptos, variables) entre sí.” (Gómez, y otros,
2018, pág. 50).
Es muy importante describir que dichos alcances que tiene la investigación
corresponde a estar interrelacionada, ya que para establecer la relación en
cuanto a la variable dependiente como lo es el análisis del Código Orgánico
Administrativo, con la variable Independiente el cual es el ordenamiento vigente,
es menester considerar que se debe utilizar métodos de carácter teórico y
empírico del conocimiento en razón del alcance de investigación que permitan
concretar dichos diagnósticos con relativa exactitud, ya que pretender
diagnosticar criterios humanos dentro de un campo filosófico y hermenéutico
como lo es el Derecho puede resultar difícil, pero lo que sí se puede establecer
son tendencias o teorías para el fomento al conocimiento del Derecho, es por tal
situación que se usara algunos tipos de investigación adicionales a las
anteriormente descritas.
2.1.3.2. Investigación Bibliográfica. Base fundamental del entendimiento del
objeto de estudio en razón del desarrollo de fuentes bibliográficas en
44
donde se trate acerca de la materia motivo de investigación se lo usará
en la realización del marco teórico y del desarrollo de la propuesta.
2.1.3.3. Investigación de Campo. Permite convertir la investigación en una
actividad que confronta directamente con el fenómeno o problema, es
decir compromete al investigador a reconocer el lugar de los hechos
donde fluctúan las características del objeto de investigación.
2.1.3.4. Investigación Aplicada. Permite usar los conocimientos adquiridos a
través del paso del investigador por todos los niveles cursados en la
carrera, además de evaluar el nivel de criterio del problema
presentado y su visión, confrontación y solución del mismo con dichas
habilidades adquiridas, tomado esto desde el plano de la investigación
y proposición teórica, en razón de lo expuesto en párrafos anteriores.
2.1.3.5. Investigación Jurídica. - Este tipo de investigación permite dar
soluciones, mediante un proceso intelectivo, a través del
entendimiento de la dinámica cambiante que puede presentar el objeto
estudiado.
2.1.4. Planes de procesamiento y análisis de la información, así como los
métodos empleados para el procesamiento de la información.
Los planes de procesamiento de información exigen que se cuente con el método
científico, esto es que la observación, la generación de ideas, la evaluación de
la posibilidad, modificación y generación de nuevas ideas a raíz de que “los
métodos se clasifican en métodos del nivel teórico del conocimiento y métodos
del nivel empírico del conocimiento” (Gómez, y otros, 2018, pág. 51)
2.2. Métodos teóricos
Definir los métodos teóricos corresponde parte importante ya que como concepto
general se puede entender el motivo por el cual son usados dentro del presente
proyecto de investigación es así que;
Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de
investigación; son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la
formulación de la hipótesis de investigación. El investigador se centra en el
45
estudio y análisis de las imágenes o modelos que reflejan esencialmente los
componentes y relaciones del fenómeno.
Tomando en consideración que la presente investigación se manifiesta desde un
carácter investigativo, con la finalidad de desarrollar nuevos criterios o un
conjunto de criterios de investigación y el propio del autor, por lo cual los métodos
son los siguientes:
2.2.1. Histórico- Lógico.Este método permite hacer un análisis de los hechos
que han motivado la adecuación de un nuevo modelo legal dentro del campo del
Derecho Administrativo en el Estado ecuatoriano.
2.2.2. Analítico- Sintético.Método fundamental dentro de la presente
investigación ya que permite llegar a establecer conclusiones del fenómeno o
problema analizado.
2.2.3. Inductivo – Deductivo. Método que ayuda a desarrollar el análisis de
manera simple hacia lo complejo.
2.2.4. Método sistémico. Con el uso de este método permitirá que la estructura
de la investigación sea ordenada, y sea amigable con el lector, además de
establecer parámetros cognitivos que desarrolle el entendimiento del problema.
2.2.5. Método jurídico. Este proceso permite ordenar lógica, coherente y
racionalmente la dimensión jurídica y el impacto en el ámbito de aplicación de la
norma motivo de estudio.
2.3. Métodos Empíricos
Definir los métodos empíricos corresponde parte importante ya que como
concepto general se puede entender el motivo por el cual son usados dentro del
presente proyecto de investigación es así que “estos métodos constituyen un
conjunto de acciones prácticas que realiza el sujeto investigador con el objeto,
para determinar sus rasgos y regularidades sobre la base de una acción más
censo-perceptual” (Gómez, y otros, 2018, pág. 54), dichos métodos son los
siguientes;
46
2.3.1. Observación Científica
Ya que se examinará directamente el fenómeno que causa la entrada en vigencia
de un nuevo cuerpo normativo.
2.3.2. Validación por vía de Expertos
La evaluación del documento a realizarse deberá pasar por la observación de
profesionales altamente capacitados en la materia y que se afrontan al cambio
producido a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo.
2.3.3. Técnicas e Instrumentos
Las técnicas que se tomará en cuenta en la presente tesis serán la encuesta.
Dentro de la utilización de la encuesta se tomará como instrumento modelo de
encuesta.
47
2.3.4. Resultados del diagnóstico de la situación actual.
1. ¿Considera la necesidad de realizar investigaciones a través de la
Academia desde la perspectiva de un Estudiante de Derecho,
criterios sobre el Derecho administrativo actual?
Tabla 1. Respuesta. Porcentaje (%).
Muy Necesario. 42 56
Considerablemente Necesario. 11 14,67
Poco Necesario. 10 13,33
Nada Necesario. 12 16
Total 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Es fundamental resaltar el grado de formación que se desea a través de la
investigación, que es una competencia a desarrollar en los profesionales
encuestados constantemente, por el hecho de la actualización al derecho
vigente.
56%
15%
13%
16%
PERSPECTIVA DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO
Muy Necesario.
ConsiderablementeNecesario.
Poco Necesario.
Nada Necesario.
48
2. ¿Desde su perspectiva concreta considera eficiente la formulación
de criterios actualmente formulados desde la vigencia del Código
Orgánico Administrativo?
Tabla 2 Respuesta. Porcentaje(%).
Muy eficientes. 50 66,67
Considerablemente Eficientes. 12 16
Poco Eficientes. 11 14,67
Nada Eficientes. 2 2,67
Total. 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Las consideraciones que se deben resaltar en el siguiente grafico es la gran
mayoría a una segunda opción siendo considerables, es decir propenden a
generar discusión.
67%
16%
14%3%
VIGENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
Muy eficientes.
Considerablemente Eficientes.
Poco Eficientes.
Nada Eficientes.
49
3. ¿Considera que la estructura del Código Orgánico Administrativo
es acertada?
Tabla 3 Respuestas. Porcentaje (%).
Muy acertados. 30 40
Considerablemente acertados. 35 46,67
Poco acertados. 9 12
Nada acertados. 1 1,33
Total 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
La actualidad de la información retratada a través del diseño legislativo o cuerpo
normativo que se le ha dado al COA es considerablemente apegada a la realidad
actual.
40%
47%
12% 1%
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
Muy acertados.
Considerablementeacertados.
Poco acertados.
Nada acertados.
50
4. ¿Considera fundamental la importancia de aportes a través de
proyectos de investigación acerca del Código Orgánico
Administrativo y su análisis conforme al marco legal actual?
Tabla 4. Respuestas. Porcentaje (%).
Muy fundamentales. 4 5,33
Considerablemente fundamentales. 65 86,67
Poco fundamentales. 1 1,33
Nada fundamentales. 5 6,67
Total. 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Importante es el marco actual, debido al criterio de fundamentos que motivaron
a la creación de la ley.
5%
87%
1% 7%
APORTES DE LA VIGENCIA DEL COA
Muy fundamentales.
Cosiderablementefundamentales.
Poco fundamentales.
Nada fundamentales.
51
5. ¿La formulación de teorías en derecho Administrativo desde la
academia son convincentes?
Tabla 5. Respuestas. Porcentaje(%).
Si, son convincentes. 9 12
Si, son convincentes, pero es necesario mucha más generación de conocimiento. 25 33,33
Si, son convincentes, pero es necesario mucha más generación de conocimiento y debate. 40 53,33
Nada convincentes. 1 1,33
Total. 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Esta es una de las preguntas más importantes que se generan dentro del
cuestionario en razón de que pretende indicar el nivel de convencimiento que
tienen los trabajos de investigación universitarios, por tales circunstancias se
considera que si son importantes, aunque se da realce al debate a posterior.
12%
34%53%
1%
TEORÍAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Si, son convincentes.
Si, son convincentes, peroes necesario mucha másgeneración deconocimiento.
Si, son convincentes, peroes necesario mucha másgeneración deconocimiento y debate.
Nada convincentes.
52
6. ¿Es importante abrir espacios de debate en el campo Administrativo
dentro de la circunscripción en la que Usted se encuentra?
Tabla 6. Respuestas. Porcentaje(%).
No. 0 0,00 No debatir no sirve. 3 4,00
Posiblemente. 9 12,00
Si. 63 84,00
Total 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Es indiscutible que lo que genera la investigación es el debate en la postura de
teorías, ya que en razón de este la investigación se convierte en una fuente
inagotable de conocimiento.
0% 4%12%
84%
DEBATE EN DERECHO ADMINISTRATIVO
No.
No debatir no sirve
Posiblemente
Si.
53
7. ¿Cuál es el avance (de considerarlo) que se ha obtenido con el
Código Orgánico Administrativo?
Tabla 7. Respuestas. Porcentaje(%).
Sí, es un avance importante para el dinamismo de la normativa administrativa. 28 37,33
Sí, es un avance, pero debería seguir persiguiendo avances a nivel evolutivo el derecho administrativo 33 44
No, porque mantiene inobservancias al debido proceso. 2 2,67
El avance es importante pero no suficiente para las demandas actuales entre plazos y términos. 12 16
Total. 75 100
Elaborado por: Jiménez Chávez Yadira Maricela Fuente: Investigación Propia
Se considera el avance comparativo con la antigua normativa administrativa,
considera que fomenta el uso de medios tecnológicos, además de brindar la
brecha abierta del carácter evolutivo del derecho.
37%
44%
3%
16%
AVANCE DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO.
Sí, es un avance importantepara el dinamismo de lanormativa administrativa.
Sí, es un avance, pero deberíaseguir persiguiendo avances anivel evolutivo el derechoadministrativo
No, porque mantieneinobservancias al debidoproceso.
54
2.4. Análisis e interpretación de los resultados.
Es menester luego del desarrollo realizado con elementos metodológicos
manifestarse en un análisis compuesto de todos y cada uno de los índices
determinados, estos índices representan grandemente lo que es el proyecto de
investigación, así se ha propuesto siete índices o indicadores principales los
cuales establecen tanto la necesidad, eficacia, asertividad, trascendencia,
convencimiento, interés y evolución del Código orgánico Administrativo, así
como se representa la evaluación o percepción de la investigación realizada por
las instituciones académicas a dicho cuerpo normativo.
En cuanto a la necesidad, se representa imperante a través del porcentaje
alcanzado en la encuesta realizada a un selecto grupo de profesionales
conocedores de la materia, en relación con la investigación realizada, ya que se
puede contribuir a través de comentarios realizados de interpretación generada
a partir del estudio.se debe considerar que el marco evolutivo del Derecho
Administrativo que puede ser visto como último mecanismo de evaluación a
dicho cuerpo normativo y al objeto de investigación como tal, considera que esta
necesidad está unida al deseo de satisfacerla, en razón de la fundamental
necesidad de conocimiento.
Considerando esto están de acuerdo en que la eficiencia en el diseño del cuerpo
normativo (COA), es de fundamental y trascendental importancia para el
funcionamiento de las Instituciones Públicas, tanto así que los convencimientos
de las personas a los proyectos de investigación son considerables, y puestos
en la escena constituyen elemento primordial del debate.
El interés del profesional del Derecho especializado en el área administrativa en
debatir es importante en razón de los aportes que se pueden dar a posteriores
investigaciones que serían el producto de la descomposición de un pensamiento
complejo y general como lo es el presente proyecto en ideas más simples y
sectorizadas, lo que hacen que la evolución de la investigación represente los
cambios evolutivos en Derecho Administrativo, considerando también que puede
producirse efectos regresivos pero estos no se darán en derecho ya que el
acogimiento de los derechos en el Código vigente acoge a todo el debido
55
proceso dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social,
proyectándose al futuro.
2.5. Resumen de las Principales insuficiencias detectadas con la
aplicación de los métodos.
La principal insuficiencia detectada a partir de los indicadores propuestos en la
encuesta dirigida a un grupo estratificado de personas conocedoras de la materia
administrativa y dominio del COA, es la de falta de estudios acerca del Código
Orgánico Administrativo ya que es uno de los más nuevos cambios de
paradigmas legales que existen a raíz del Neo Constitucionalismo, toda vez que
impera el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa y la limitación fuerte
al poder Estatal o entendido desde las instituciones públicas a la potestad de los
servidores públicos al abuso del poder por medio de los organismos de
Administración Pública.
56
CAPITULO III
3. Propuesta de solución al problema.
3.1. Nombre de la propuesta:
Argumentación Jurídica acerca del Código Orgánico Administrativo y su
incidencia legal en el ordenamiento legal vigente.
3.2. Objetivos.
Analizar jurídicamente el Código Orgánico Administrativo (COA) y su incidencia
legal en el ordenamiento ecuatoriano vigente, para mediante la argumentación
jurídica permita garantizar el enfoque realizado al cumplimiento del debido
proceso y evolución del Derecho Administrativo en el Ecuador.
Diseñar un ensayo con argumentación jurídica acerca del Código Orgánico
Administrativo (COA) y su incidencia legal en el ordenamiento ecuatoriano
vigente;
3.3. Elementos que la conforman.
Introducción del ensayo de argumentación jurídica.
Cuerpo del ensayo.
Conclusión del ensayo.
3.4. Explicación de cómo la propuesta contribuye a solucionar las
insuficiencias identificadas en el diagnóstico.
Con el desarrollo del ensayo, en forma de argumentación jurídica se podrá
establecer parámetros de debate, al mismo tiempo de aportar con la perspectiva
y estudio del Código Orgánico Administrativo, el mismo que se constituye en los
hitos más importantes que el investigador los ha detectado, es así que se los
representara de acuerdo a su naturaleza jurídica de la misma manera
describiendo el cuerpo articulado, propio de la argumentación jurídica
desembocado en una conclusión que significara la evaluación corta de todo el
trabajo realizado dentro de este periodo de tiempo de investigación.
57
3.5. Aplicación práctica parcial o total de la propuesta.
3.5.1. Introducción.
A partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo el cual
entra en vigencia plena el 07 de Julio del año 2018, esto bajo el amparo de la
disposición final del mismo, publicado en el Registro Oficial, segundo suplemento
Nro. 31, el cual presenta su objeto la función administrativa de los organismos
del sector público, en tales circunstancias dicho Código cuenta con los
lineamientos para la realización del trabajo del Estado, bajo el imperante sentido
de poder que el mismo tiene, conocido en el ámbito del Derecho como potestad,
es así que, dentro del presente escrito se argumentara sobre las características
principales del COA, así como la tutela administrativa, el procedimiento
administrativo, los principios del procedimiento sancionador, el principio de
inocencia, el silencio administrativo y sus requisitos.
3.5.2. Desarrollo.
Describiendo que el Código Orgánico Administrativo, tiene 5 libros, en los cuales
se describe la normativa acerca de las personas y las administraciones públicas,
además de los procedimientos administrativos donde se destaca el acto
administrativo, clasificado como lo manda el Art. 89 del COA en; acto
administrativo, acto de simple administración, contrato administrativo, hecho
administrativo, acto normativo de carácter administrativo, el ejercicio de la
administración pública regulada por el Art. 2 COA, en concordancia con el Art.
225 de la Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 42 COA; señala
claramente que exceptuando las del Art. 43 ibídem, es decir las Empresas
Públicas con caracteres especiales.
Dichas normas de carácter administrativo tienen un plazo de dos años para que
las autoridades expidan normas en coordinación AL COA, es así que yace la
obligación de las autoridades públicas. Los Arts. 90 a 95 de dicho instrumento
nos orientan al gobierno electrónico, en si adquiriendo nuevos estándares de
gobernanza a través de las mismas, estándares que parecían imposibles dentro
de los modelos caducos anteriores. La terminación del acto administrativo es por
silencio, desistimiento, o por los plazos que establece la ley, en si la observancia
58
de los Arts. 201, 203 y 212 del cuerpo legal estudiado, considerando que, entre
las características más relevantes del COA, actualmente representa que los Arts.
330 y 331 nos evocan la Responsabilidad Extracontractual del Estado, en razón
de que de conformidad al Art. 341 del COA y 344 del COGEP, establece la
responsabilidad de los servidores públicos y la aplicación por vía administrativa
del Derecho de Repetición.
Una observación muy precisa es la consideración del carácter tuitivo del estado
en relación con la auto tutela y la heterotutela, en consideraciones en las cuales
se expresan desde una raíz más técnica es decir que es la fundamentación que
realiza el estado para auto cuidarse así mismo por medio de sus propios
órganos, es decir que tiene este poder de realizar actos que lo protejan ,
considerándose en la antigüedad arbitrario en razón de que se protegía por
encima de los administrados, situación la cual hoy debe ser observada en la
facultad que se tiene para proponer situaciones que pueden ser declaradas como
vulneradoras.
En cuanto a la heterotutela, se debe manifestar que es lo parte contraria de la
autotutela es decir representa la capacidad que tiene otros órganos distintos a la
función pública propiamente dicha de realizar actos tendientes a proteger, pero
si realizan actos proteccionistas, pero nace de un órgano distinto al que recibe
ese cuidado. Dentro del servicio público, así como de la relación interinstitucional
corresponde analizar principios tales como el de solidaridad y el de
corresponsabilidad, configurándose la relación de órganos para la prosecución
del buen vivir.
Las normas y procedimientos del procedimiento sancionador consideran que el
Ius Puniendi del Estado, ya que no solamente en materia penal puede una
persona incurrir en una sanción, claro está que la característica del Derecho
Penal es única en razón de la privación de libertad y limitación de derechos, sin
embargo el Derecho Administrativo, puede sancionar la conducta de un hecho
lesivo de forma administrativa, considerándose dicho procedimiento como
Administrativo Sancionador, sin embargo, e mismo está regulado por el Art. 248
de la Constitución de la República del Ecuador.
59
Como se ha manifestado en el párrafo anterior dicho procedimiento considera el
Art. 248 de la Constitución de la República del Ecuador, es así que esta garantía
del procedimiento esta revestida por todas y cada una de las garantías básicas
del Debido Proceso, debido proceso detallado en el Art. 76 de la Constitución,
en esta dirección, se puede poner de ejemplo los régimen disciplinarios ya que
estos se encuentran los derechos, deberes y prohibiciones tal como lo señala el
Art. 42 numeral 8) del COA, pero para eso debe protegerse siempre el Debido
Proceso al emitir una sanción.
Al hablar de Debido Proceso se analiza el principio de presunción de inocencia,
mismo que se encuentra en el Art. 248 del COA en su numeral 4), mismo que
nace de la Constitución de la República del Ecuador, de su Art. 76 numeral 2),
es imprescindible garantizar derechos ya que el Estado al poseer una obligación
extracontractual manifiesta abiertamente que puede sancionar equivocándose y
que el pagara este error, ya que todas sus actuaciones deben ser eficientes.
Este elemento sancionador del Estado, es limitado por la característica
garantista de una nueva constitución, la cual contiene dogmas neo
constitucionalistas, en donde pone al ser humano como objeto y fin de la misma,
finalmente los juristas consolidaran criterios propios de esta nueva tendencia que
revoluciona el carácter administrativo del Estado.
Previo al desarrollo de este subtitulo, es necesario indicar que los primeros
antecedentes del Derecho Administrativo están plasmados en los orígenes de
las primeras civilizaciones, tal como lo afirma Georges Veddel, cuando expresa
que: todo país civilizado poseería un Derecho Administrativo, puesto que
necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de la
administración, tanto así que desde el Imperio Romano, los Estados
monárquicos absolutistas de la Edad Media y el período de colonización de
América, han procedido a crear leyes que normaban las relaciones entre
administración y personas, dando como resultado el inicio y desarrollo del
Derecho Administrativo.
El cual como explica Gordillo, es aquel derecho que debe ser entendido como
un: “Conjunto de normas que regula las relaciones del Estado con los
60
particulares, puede decirse que ha existido siempre, desde el nacimiento del
Estado. Esta época es la de las monarquías absolutas, dando origen a principios
jurídicos idénticos en distintos países y momentos históricos. En esos momentos
el Derecho Administrativo se agota en un único precepto: Un derecho ilimitado
para administrar; no se reconocen derechos del individuo frente al soberano; el
particular es un objeto del poder estatal, no un sujeto que se relaciona con él.
Es por ello entonces que el Derecho Administrativo, podría decirse fue el
resultado de la convergencia de varias circunstancias, entre las que debemos
destacar la Revolución Inglesa de 1688, La Francesa de 1789, la Emancipación
Americana de 1776 y las teorías políticas enunciadas por Montesquieu y
Rousseau con su teoría de ley como expresión de la voluntad general.
Lo cual denota que el contexto histórico después de la Revolución Francesa de
1789, en el que nació el Derecho Administrativo fue un recurso para tener una
nueva forma de administración, una vez que la monarquía había sido superada
en el nuevo escenario sin rey, sin súbditos, naciendo el Estado, en el cual se
reconoce a los ciudadanos y a los administrados.
Tomando en consideración estos aspectos se puede deducir que, dentro de las
diferentes ramas del derecho, se desprende la noción general del Derecho
Administrativo contextualizado como aquella rama del Derecho interno que tiene
como objeto la regulación de la Administración Pública.
Importancia del Derecho Administrativo.- A tal punto que el Derecho
Administrativo es trascendental dentro de toda sociedad, sin embargo podría
decirse como se ha comentado que este cobro más fuerza con la Revolución
Francesa de 1789, donde empezó a divulgarse el concepto de “Estado de
Derecho”, que significaba que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos
de las personas, eran de obligatorio cumplimiento tanto para gobernados como
gobernantes, así como también la contextualización de la separación de los
regímenes jurídicos y normas que habían de aplicarse a las autoridades, de las
que eran aplicables a los ciudadanos.
Dando sin lugar a dudas un entendimiento claro de la formación de este régimen
jurídico especial para reglar las relaciones entre administración y los ciudadanos,
61
a tal punto que conllevó a que los nuevos gobernantes tomaran la decisión de
prohibir a los jueces conocer sobre asuntos relacionados con la Administración
Pública, lo que constituyó una separación en ámbito de competencias de ciertos
preceptos que debían ser conocidos por las autoridades administrativas y no por
las jurisdiccionales, consolidación que se realizó en el año de 1791.
Consecuentemente, no es sino hasta el año de 1872 cuando se reconoce al
Consejo de Estado, con carácter jurisdiccional, al otorgarle competencias como
juez de la administración, y no ya como asesor que proponía soluciones,
naciendo desde ese entonces la dualidad de jurisdicciones, una jurisdicción
conocía de los casos entre particulares mientras otra conocía de casos entre
administración y particulares.
En el año de 1873, el Tribunal de Conflictos francés produjo uno de los fallos
considerados como piedra angular del concepto jurídico moderno de Derecho
Administrativo, el famoso Fallo Blanco, que consagro el principio en que la
actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales
diferentes a los que se aplican a los particulares, siendo este la base del actual
Derecho Administrativo, que se consolido con su formación con el fallo de Cadot
de 1889, donde el mismo Consejo de Estado consolidó su carácter de juez al
expresar que no obstante que la ley le reconocía ese carácter sólo para resolver
directamente algunos asuntos específicos, él era juez común en materia de
controversias de la administración, es decir, que su competencia era general.
Ahora bien, una vez que se ha contextualizado a breves rasgos el origen del
derecho Administrativo, es imperante destacar que el derecho, en general cobija
todo aquello que indiscutiblemente y sin vacilaciones acata una regla y también
designa al conjunto de leyes o instituciones que regulan de una manera
determinada las relaciones entre los hombres.
Llevándonos así a entender que el Derecho Administrativo, en el Ecuador, data
desde épocas anteriores a la existencia de la República, en la cual surgieron las
normas del Estado para las instituciones públicas, destacando que en un
principio se contaba tan solo con leyes que regulaban el manejo de la hacienda,
mismas que fueron extraídas y aplicadas de la Ley Colombiana de 1925. La
62
cual, cabe resaltar tuvo gran influencia francesa del Código Napoleónico y de la
ley española de hacienda.
Esta organización administrativa tuvo amplia influencia española dentro de
nuestra legislación, destacando que el desarrollo en el ordenamiento jurídico
Ecuatoriano, resalta ciertas normas como son: en el año de 1993, la Ley de
Modernización del Estado, consecuentemente en 1994 el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el 2008 la Ley Orgánica del
Servicio Nacional de Contratación Pública y en el 2010 el Código Orgánico de
Organización Territorial (COOTAD), siendo estas las normas más relevantes en
materia administrativa por así decirlo.
Código Orgánico Administrativo.- Normas que tienen cierta trascendencia en lo
que respecta al procedimiento administrativo, como una garantía para los
administrados y para la misma administración, que en palabras de García de
Enterría, se entendería como que el procedimiento administrativo se entiende
como “Las Garantías Formales de la Posición Jurídica del Administrado”:
“Procedimiento y Recursos Administrativos”, ya que tiene la función de
constituirse en una garantía de los administrados de sujeción de la actividad de
la Administración Pública.
En donde consecuentemente podría decirse pese a la existencia de estas
normas administrativas, se vio la necesidad de la emisión de un Código Orgánico
Administrativo, el mismo que tiene su razón de ser, debido a que el Art. 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, del año 2008 consagra al Estado como
Constitucional de Derechos y Justicia, por lo que es necesario realizar cambios
normativos que respondan a su espíritu, y más aun teniendo en cuenta que la
Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios proclamados expresamente en el Art. 227 de la norma antes
enunciada.
No obstante es entonces que dicho ejercicio de la función administrativa exige
coordinar acciones para el cumplimiento de los fines de las instituciones del
Estado sus organismos y dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución de la República de acuerdo con
63
el Art. 226, buscando además la profesionalización del servicio público,
garantizada en el Art. 234 de la norma en mención, a través de la formación y
capacitación continua, que sin lugar a dudas requiere instrumentos simplificados
y de fácil aplicación, optando por la búsqueda de lograr la simplificación de los
trámites que deben efectuar los ciudadanos ante las Administraciones Públicas
con el fin de desarrollar actividades productivas y tornar eficientes los mismos.
Para lo cual a fin de garantizar esta simplificación y buscar un mejor desarrollo
de actividades productivas a cada uno de los ciudadanos, el Código Orgánico
Administrativo, ha previsto un sin número de principios como son el principio de
eficacia, basado en que las actuaciones administrativas se realizan en función
del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el
ámbito de sus competencias; el principio de eficiencia, en el cual las actuaciones
administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos
de las personas; el principio de calidad, en donde las administraciones públicas
deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de
las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos
público; entre otros.
Denotando que el Código Orgánico Administrativo, tiene como objeto en si el
regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman
el sector público, como son organismos y dependencias de las funciones
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social;
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; organismos y
entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado; y, personas jurídicas creadas por acto
normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de
servicios públicos.
En tal sentido y una vez contextualizada la necesidad de la implementación de
este Código Orgánico Administrativo; así como su objetivo, es pertinente indicar
que el referido cuerpo normativo trajo consigo la derogatoria de un sin número
de disposiciones como por ejemplo: las Disposiciones concernientes al
Procedimiento Administrativo, Procedimiento Administrativo Sancionador,
64
Recursos en Vía Administrativa, caducidad de las competencias y del
Procedimiento y la prescripción de las sanciones que se han venido aplicando.
Así como también la derogatoria de la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa
Privada; los Arts. 22, 54, 73, 269, 277 y 278 del Código Orgánico Monetario y
Financiero; los Arts. 57 y 59 de la Ley Orgánica de Comunicación; los Arts.126,
127, 128, 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; los
Capítulos I y II del Título IV de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células, los artículos 350 a 353 y el Capítulo Siete del Título
Ocho del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y de
Descentralización, puntualizando además que a partir del tercer mes, desde la
fecha de publicación de este Código en el Registro Oficial, se derogan las
normas de rango de ley o aquellas de inferior jerarquía, que contengan
disposiciones relacionadas con las especies valoradas; así como también la
derogatoria de otras disposiciones generales y especiales que se opongan al
presente Código Orgánico Administrativo. En el cual entro en vigencia luego de
transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro
Oficial
65
3.6. Conclusiones
1).- Como conclusiones en relación a los objetivos es que se ha logrado
concretar el ensayo con gran carga de argumentación jurídica en la cual se
desarrolla la aplicación de cada uno de los epígrafes siguientes en razón del
objetivo a cumplir tal cual fue la fundamentación teórica la cual cuenta con
antecedentes investigativos de gran calibre, y con un desarrollo conceptual
actualizado en el cual no se infiere en el pasado procedimiento administrativo,
más que para realizar comparaciones, además los fundamentos internacionales
y realidad ecuatoriana.
2).- En cuanto al diagnóstico metodológico se lo ha resuelto con gran certeza
gracias a la guía de la institución, así como la aplicación acertada de modalidad,
métodos, técnicas e instrumentos de investigación y muestreo estratificado.
3).- Se ha desarrollado una argumentación jurídica con los hitos considerados
importantes para el investigador en razón de su estudio realizado y proponiendo
creación de conocimiento además de presentar un debate de la actualidad del
Derecho Administrativo.
66
3.7. Recomendaciones.
1).- Como recomendación, cabe decir que es menester contar con mucho más
material bibliográfico de actualidad ya que no se está acorde a la actualidad del
Derecho Administrativo dentro de la institución ya que con el cambio del Código
Orgánico Administrativo ciertos documentos, como libros han quedado caducos.
2).- Además, se recomienda sentir la libertad de investigar sin atarse a
parámetros innecesarios y a prestar la colaboración respectiva siempre y cuando
la institución lo solicita en materia de investigación, o en eventos donde se pueda
exponer esta problemática tratada.
3).- Se recomienda que, al ser Código Orgánico Administrativo, un cuerpo
normativo Orgánico debe aplicarse con Obligatoriedad por parte de todos los
Servidores Públicos del Estado y a todos los Funcionarios Públicos del Estado
Ecuatoriano, sin exclusiones o autonomías, como por ejemplo los funcionarios
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y Contraloría General del
Estado.
3.8. Bibliografía
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Zavala, J. (2012). Derecho Administrativo. Quito: Edino.
ANEXOS
3.9. Anexos
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
Facultad de Jurisprudencia
Carrera de Derecho
Encuesta dirigida a funcionarios judiciales, Profesionales y Estudiantes
de Derecho
Objetivo. - Diagnosticar incidencia legal del Código Orgánico Administrativo en
el ordenamiento ecuatoriano vigente a través de métodos y técnicas de
investigación;
Indicaciones:
El siguiente cuestionario consta de siete preguntas que van enfocadas al
diagnóstico de la realidad actual del Código Orgánico Administrativo en vigencia,
debe colocar un visto en la respuesta en donde sienta más identificación.
agradecemos su amable colaboración.
1. ¿Considera la necesidad de realizar investigaciones a través de la
Academia desde la perspectiva de un Estudiante de Derecho,
criterios sobre el Derecho administrativo actual?
o Muy Necesario.
o Considerablemente Necesario.
o Poco Necesario.
o Nada Necesario.
2. ¿Desde su perspectiva concreta considera eficiente la formulación
de criterios actualmente formulados desde la vigencia del Código
Orgánico Administrativo?
o Muy eficientes.
o Considerablemente eficientes.
o Poco eficientes.
o Nada eficientes.
3. ¿Considera que la estructura del Código Orgánico Administrativo
es acertado?
o Muy acertados.
o Considerablemente acertados.
o Poco acertados.
o Nada acertados.
4. ¿Considera fundamental la importancia de aportes a través de
proyectos de investigación acerca del Código Orgánico
Administrativo y su análisis conforme al marco legal actual?
o Muy fundamentales.
o Considerablemente fundamentales.
o Poco fundamentales.
o Nada fundamentales.
5. ¿La formulación de teorías en derecho Administrativo desde la
academia son convincentes?
o Si, son convincentes.
o Si, son convincentes, pero es necesaria mucha más generación
de conocimiento.
o Si, son convincentes, pero es necesaria mucha más generación
de conocimiento y debate.
o Nada convincentes.
6. ¿Es importante abrir espacios de debate en el campo administrativo
dentro de la circunscripción en la que Usted se encuentra?
o No.
o No debatir no sirve.
o Posiblemente.
o Si.
7. ¿Cuál es el avance (de considerarlo) que se ha obtenido con el
Código Orgánico Administrativo?
o Sí, es un avance importante para el dinamismo de la normativa
administrativa.
o Sí, es un avance, pero debería seguir persiguiendo avances a nivel
evolutivo el derecho administrativo
o No, porque mantiene inobservancias al debido proceso.
o El avance es importante pero no suficiente para las demandas actuales
entre plazos y términos.
GRACIAS POR SU COLABORACION
