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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
PROYECTO DE EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCION DEL
GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL
TEMA:
“LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO, LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y LA IMPUNIDAD”
AUTORA: AB. CASTILLO RAMÍREZ MARÍA DOLORES
TUTOR: DR. JORDÁN NARANJO GENARO VINICIO, Mg.
AMBATO – ECUADOR
2018
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación
realizado por la AB. CASTILLO RAMÍREZ MARÍA DOLORES, maestrante del
programa de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, con el
tema: “LAS GARANTIAS BASICAS DEL DEBIDO PROCESO, LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA Y LA IMPUNIDAD”, ha sido prolijamente revisado, y cumple
con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes -UNIANDES-, por lo que apruebe su presentación.
Ambato, Noviembre de 2018
_______________________________
Dr. Genaro Vinicio Jordán Naranjo, Mg.
TUTOR
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, AB. CASTILLO RAMIREZ MARIA DOLORES, maestrante del programa de
Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los
resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del
grado académico de MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL, son
absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son
de mi exclusiva responsabilidad.
Ambato, Noviembre de 2018
_______________________________
Ab. Castillo Ramírez María Dolores
CI. 1803547536
AUTORA
DERECHOS DE AUTORA
Yo, AB. CASTILLO RAMIREZ MARIA DOLORES, declaro que conozco y acepto
la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional
Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de
la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones,
trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultaría que se realicen en la
Universidad o por cuenta de ella;
Ambato, noviembre de 2018
_______________________________
Ab. Castillo Ramírez María Dolores
CI. 1803547536
AUTORA
DEDICATORIA
Dedico este trabajo principalmente a Dios, por permitirme
haber llegado hasta este momento tan importante de mi
formación profesional.
A mi esposo, Fernando por ser el pilar más importante, quien
me brinda su amor, su cariño, comprensión y apoyo
incondicional.
A mis mágicas princesas Danna Nicole y María José, que con
su cariño han sido los detonantes de mi felicidad, de mi esfuerzo
y de mis ganas de buscar lo mejor para ellas.
A mi madre, por demostrarme siempre su cariño, quien me
enseñó que incluso la tarea más grande se puede 7lograr si se
hace un paso a la vez.
A mi padre, que a pesar de nuestra distancia física, me enseñó
que el mejor conocimiento que se puede tener es el que se
aprende por sí mismo.
A mi tía Pilar, a quien amo como a una madre, por compartir
momentos significativos conmigo y por siempre estar dispuesta
a escucharme y ayudarme en cualquier momento.
AGRADECIMIENTO
En primer lugar a Dios que bajo su perfecta voluntad me ha guiado y
me ha permitido hacer realidad cada uno de los anhelos de mi corazón.
A mi esposo Fernando, quien es mi compañero de vida, una persona
incondicional, ha sido mi soporte, mi mejor amigo, mi apoyo y mi guía
para seguir adelante y no decaer en los momentos difíciles, le
agradezco su gran amor y paciencia.
A mis pequeñas hijas Danna Nicole y María José, que son el mejor
regalo que haya podido recibir de parte de Dios, son mi mayor tesoro y
también la fuente más pura de mi inspiración, les agradezco por cada
momento de felicidad, el cual se ve reflejado en mi vida, gracias a ellas
por ser el motor de mi vida.
A mi Madre, que con su gran ejemplo me ha enseñado a no desfallecer
y no rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus conejos y
valores inculcados.
A mi Padre, quien ha constituido mi estímulo y motivación en mi vida
profesional.
A mi tía Pilar, por su apoyo incondicional y por demostrarme la gran
fe que tiene en mí.
A mis amigas por cada experiencia compartida, que sin duda me han
permitido enriquecerme y llegar a cumplir mis objetivos.
A mis Docentes, en especial al Dr. Genaro Jordán por compartir sus
conocimientos y su valiosa guía en el asesoramiento de este trabajo.
INDICE
PORTADA
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
DERECHOS DE AUTORA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INDICE
RESUMEN
ABSTRACT
a) TEMA: .................................................................................................................. 1
b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR ......................................................... 1
c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA
DEL TEMA .................................................................................................................. 1
d) IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE INVESTIGACIÓN .................................. 2
e) OBJETIVOS .......................................................................................................... 2
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................................... 3
f) FUNDAMENTACIÓN TEORICO-CONCEPTUAL.............................................. 3
EPIGRAFE I ................................................................................................................. 3
1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ................................................................. 3
1.1. ANTECEDENTES DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ........................... 5
1.2. ELEMENTOS DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ........ 6
1.3. OBJETIVO JURÍDICO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA .................... 7
1.4. RELACIÓN ENTRE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CON EL DEBIDO
PROCESO Y LA SEGURIDAD JURÌDICA................................................................. 7
1.5. LA FALTA DE MOTIVACIÓN TRANSGREDE EL DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA................................................................................. 9
EPÍGRAFE II ............................................................................................................. 10
2. GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO .......................................... 10
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO ......................... 11
2.2. OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO ............................................................ 12
2.3. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR ........................ 12
2.4. EL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ........ 18
EPÍGRAFE III ............................................................................................................ 20
3. DELITO DE TORTURA Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ..... 20
3.1. CONCEPTO DE TORTURA ........................................................................... 20
3.2. CLASES DE TORTUTA ................................................................................. 21
3.3. TORTURA FÍSICA ......................................................................................... 22
3.4. TORTURA MORAL O DE LA MENTE.......................................................... 23
3.5. EL DELITO DE TORTURA EN EL ECUADOR ............................................. 24
3.6. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL ............................................... 27
3.7. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ................................................. 27
3.8. QUE ES LA LIBERTAD ................................................................................. 27
3.9. TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD TIENE DERECHO A
RECURRIR ANTE LA JUSTICIA. ............................................................................ 28
3.10. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-COIP .................... 30
g) LA METODOLOGÍA .......................................................................................... 34
ANALISIS DE UN CASO PRÁCTICO DE UN POSIBLE DELITO DE TORTUTA
EN UN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD .............................................. 35
h) PROPUESTA ...................................................................................................... 45
ANTECEDENTES .................................................................................................. 45
CUERPO CENTRAL .............................................................................................. 46
CONCLUSIÓN. ...................................................................................................... 51
i) CONCLUSIONES GENERALES ....................................................................... 53
j) BIBLIOGRAFIA
k) DATOS PERSONALES
RESUMEN
Los Pactos y Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, la normativa
vigente en el Ecuador, las garantías del debido proceso, en torno a las personas
privadas de libertad son la base de un régimen penitenciario para la rehabilitación social
y reincersión considerando que la persona tutelar de derechos al ser detenida y ratificada
su privación de libertad, debe recibir de parte del Estado, trato humanitario, respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
La Constitución de la República del Ecuador, indica que es el más alto deber del Estado
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la misma, estableciendo que las
personas privadas de libertad deben “contar con los recursos humanos y materiales
necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad”; y, “la
atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y
recreativas”.
Pero la existencia de un vacío legal en la normativa del Código Orgánico Integral
Penal, ha permitido que no se contemple a los privados de la libertad en el delito
de tortura, lo que ha llevado a que se vulnera sus derechos, se abuse del poder de
las autoridades a cargo de la rehabilitación social y se violente la tutela judicial
efectiva y las garantías del debido proceso en las personas privadas de la libertad,
dejando en la impunidad los actos denigrantes sufridos por los privados de la libertad.
ABSTRACT
The International Pacts and Treaties on Human Rights, the current legislation in Ecuador,
the guarantees of the due process, in terms of the people deprived of their liberty are the
basis of a penitentiary regimen for the social rehabilitation and reinsertion considering
that the person holding these rights is detained or ratified from his freedom, should receive
from the State, humanitarian treatment, respect due to the inherent dignity of a human
being.
The Constitution from the Republic of Ecuador, indicates that it is the highest duty from
the State to respect and enforce the rights guaranteed in it, establishing that the people
deprived of their liberty shall “count with the necessary resources and materials to
guarantee their integral health in the detention centers”, and, “the attention to their
educational, labor, productive, cultural, nutritional and recreational needs”.
But the existence of a legal emptiness in the legislation of the Integral Criminal Organic
Code, has allowed for those deprived from their liberty not to be considered resulting in
the crime of torture, which has resulted in the vulnerability of their rights, abuse of power
from the authorities in charge of the social rehabilitation and the infringement of the
effective judicial protection and the guarantees of the due process to the people deprived
of liberty, leaving in impunity the degrading acts suffered by those deprived from their
liberty.
1
a) TEMA:
LAS GARANTIAS BASICAS DEL DEBIDO PROCESO, LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y LA IMPUNIDAD.
b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR
La Vulneración de la tutela judicial efectiva en las personas privadas de la libertad en el
delito de tortura, vulnera las garantías básicas del debido proceso y produce impunidad.
c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA
DEL TEMA
En el Ecuador, el cambio a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae
como consecuencia un cambio de cultura jurídica, y es así como la Constitución del
Ecuador del 2008, en su esencia es garantista y tutelar de derechos.
El actual Código Orgánico Integral Penal, no contempla a las personas privadas de la
libertad como víctimas de tortura, vulnerándose la tutela judicial efectiva y lesionando
sus derechos, por cuanto es obligación del Estado garantizar la protección a las personas
en condición de doble vulnerabilidad, conforme lo establece el art. 35 de la Constitución
de la República del Ecuador.
Es así que surge la necesidad de hacer un profundo análisis con el objetivo de subsanar
los vacíos jurídicos que aún existen en la legislación y de esta manera aclarar la aplicación
del tipo penal cuando se identifiquen estos hechos ya que el artículo 151 del COIP no
contempla a las personas privadas de libertad como víctimas de tortura perteneciendo
estas a un grupo de doble vulnerabilidad, y es evidente la vulneración de derechos
sociales, morales y jurídicos, del cual se perjudican a los PPL al quedar en la indefensión
ante estos hechos al momento de querer reclamar judicialmente.
La reforma a la Normativa Penal, ayudaría para establecer las responsabilidades y
sanciones para las personas que siendo funcionario/a o servidor/a público en el ejercicio
de sus funciones cometieran un caso de tortura en contra de las personas privadas de la
2
libertad; de esta manera garantizaremos el cumplimiento de los derechos de los PPL
consagrados en la Constitución, como personas de doble vulnerabilidad.
El Código Orgánico Integral Penal no contiene normas jurídicas específicas respecto al
delito de tortura en las personas privadas de la libertad, sin embargo estas son tratadas de
igual manera que a las personas que no se encuentran en esta circunstancia, vulnerándose
la tutela judicial efectiva, siendo necesario buscar una solución para que dichas personas
acedan a los órganos de justicia en forma oportuna y eficaz.
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la defensa en todo
procedimiento, disposición legal que protege los derechos de las personas, en la presente
investigación se pretende examinar de forma crítica que la aplicación de las normas
establecidas en el COIP, genera una favorabilidad para los funcionarios que cometan un
delito de tortura dentro de los centros de privación de libertad y consecuentemente acarrea
la impunidad del delito, por cuanto no se respeta la tutela judicial efectiva, resultando
fácil transgredir y afectar los derechos tutelados por el Estado.
d) IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE INVESTIGACIÓN
Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en Ecuador.
- El Ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos,
filosóficos y Constitucionales.
e) OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un documento de análisis crítico-jurídico que evidencie como: la Vulneración de
la tutela judicial efectiva en las personas privadas de la libertad en el delito de tortura,
vulnera las garantías básicas del debido proceso y proponer una alternativa para evitar la
impunidad.
3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fundamentar jurídica y doctrinariamente la tutela Judicial efectiva y garantías
básicas del debido proceso, el delito de tortura y las personas privadas de la
libertad.
2. Analizar el caso donde se evidencia como: la Vulneración de la tutela judicial
efectiva en las personas privadas de la libertad en el delito de tortura, vulnera las
garantías básicas del debido proceso y produce impunidad.
3. Establecer los parámetros de un documento de análisis crítico-jurídico que
evidencie como: la Vulneración de la tutela judicial efectiva en las personas
privadas de la libertad en el delito de tortura, vulnera las garantías básicas del
debido proceso y proponer una alternativa para evitar la impunidad.
f) FUNDAMENTACIÓN TEORICO-CONCEPTUAL
EPIGRAFE I
1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
El término de “tutela judicial efectiva” se lo considera un derecho humano fundamental,
por cuanto a través del mismo se garantiza la justa defensa de los derechos e intereses de
todas las personas, su importancia radica por cuanto el Estado por medio de sus poderes
jurisdiccionales asume la potestad de resolver los problemas y pretensiones de carácter
jurídico y establecer que las resoluciones que provengan de diversos órganos, garanticen
el cumplimiento de dicha tutela, ante lo cual nuestra administración de justicia, debe
respetar todas las garantías y finalizar los procesos adoptando medidas que garanticen a
cabalidad los derechos de las partes, todo ello consolidado por el hecho de que la tutela
judicial efectiva esta protegiendo las garantías procesales que tienen carácter
Constitucional.
La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo II, Título Octavo, determina
los Derechos de Protección, en la cual a la tutela judicial efectiva no se determina como
4
una garantía básica del debido proceso, sino se la establece como un derecho subjetivo e
inherente a todas las personas, fundamental en la defensa y protección de sus intereses,
con expresión autónoma e independiente, indicando textualmente en el artículo 75 del
mismo cuerpo legal lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la
ley”.
Con lo expuesto se expresa que la tutela judicial efectiva, goza de una globalidad de
aplicación en todos los procesos, pues se proyecta a cualquier derecho o interés legítimo
donde intervienen los órganos jurisdiccionales, además comprende el acceso a la justicia
y como consecuencia la creación de un proceso o mecanismo con el cual se prohíba la
indefensión respecto a los derechos y a la obtención de que alguna resolución sea
efectivamente cumplida.
Hernández (2005), ha manifestado que: El derecho a la tutela efectiva consiste en
la posibilidad jurídica que tiene un sujeto de Derecho de acceder, en condiciones
de igualdad con otro sujeto de similares características, a la administración de
justicia o a órganos relacionados en forma directa con ella, y a conseguir de dicha
administración en tiempo razonable y en el marco de un debido proceso, una
resolución motivada y justa que debe cumplirse, en forma integral y real en forma
inmediata, salvo que por la materia de la decisión o por otra circunstancia su
ejecución exija un tiempo posterior. (pág. 29)
Para la realización de este derecho se requiere de la voluntad de las personas para acceder
a los órganos de la administración de justicia, toda vez que el mismo constituye un
DERECHO que bien puede ser ejercido como no, por otra parte implica también un fallo
o resolución dictado sin dilación, cuya motivación permita el convencimiento de que el
mismo está investido de justicia y es el resultado del cumplimiento y respeto a un debido
proceso, así como que respecto de la misma se realice su cumplimiento efectivo sin
condiciones.
Por su parte, Zavala (2010) refiriéndose a la Tutela Judicial Efectiva, como un
derecho señala: “La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de defensa
o de protección de toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de
cualquier extraño, fundamentalmente el Poder público, en su ámbito jurídico. Aquí
no se trata de proteger derechos fundamentales, sino cualquier derecho. Es un
5
derecho fundamental de todo ente con personalidad reconocida por el Derecho
exigir tutela judicial para que sus derechos no sean amenazados con lesión o sean
efectivamente vulnerados”. (pág. 306)
1.1. ANTECEDENTES DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Para entender la tutela judicial efectiva debemos partir del concepto más sencillo, como
es la “tutela”, lo que implica alcanzar una respuesta. El término Tutela Judicial Efectiva
“al parecer tiene su origen en el Derecho Español con el artículo 24 de la Constitución de
1978” (Hurtado, 2006, pág. 37). Sin embargo, el mismo autor en líneas siguientes
manifiesta que << tutela judicial efectiva>>, nació con la redacción del artículo 24 de la
Constitución Italiana de 1947” (Hurtado, 2006, pág. 38). Esto permite indicar que los
diversos autores que han tratado el tema, no logran conseguir alinearse a una postura
común respecto al origen y nacimiento del derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
(Reyes, 2012) Establece que la tutela judicial efectiva, como tal aparece por
primera vez en la Constitución española de 1978, artículo 24, aun cuando la propia
doctrina europea afirmó que desde hace tiempo que toda persona tiene el derecho
de acudir al órgano jurisdiccional respectivo para “conseguir” una “respuesta”.
Para (Bernal, 2008), a partir del art. 24.1 de la Constitución española, el concepto
de tutela judicial efectiva supuso una auténtica revolución en el ámbito jurídico y
en especial en el derecho procesal, todo ello a lo largo de un paciente desarrollo
jurisprudencial que ha determinado el ámbito de las garantías constitucionales
derivadas de este derecho, haciendo “chirriar” muchas veces las estructuras
mismas de la administración de justicia.
En el Ecuador, el reconocimiento constitucional del derecho a la Tutela Judicial Efectiva
se dio a partir de la Constitución de 1998 (Constitución Política), publicada en el Registro
Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998, como una de las garantías básicas del debido
proceso, en los siguientes términos: “Art. 24.- (…) 17.- Toda persona tendrá derecho de
acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, sin que en algún caso alguno quede en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.
6
1.2. ELEMENTOS DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
El derecho a la Tutela Judicial Efectiva constituye uno de los derechos fundamentales al
cual la doctrina ha buscado desarrollar en gran medida, y se desprenden de éste, un
catálogo de contenidos esenciales que la jurisprudencia lo ha dividido en cuatro
vertientes: 1) el acceso a la jurisdicción, 2) la defensa en el proceso, 3) la obtención de
una resolución; y, 4) la efectividad o cumplimiento de lo resuelto.
En aplicación estricta de este derecho las personas tienen la posibilidad para promover la
actividad jurisdiccional a través del ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, el
cual busca que el proceso se tomen decisiones motivadas y razonadas, que resuelvan de
fondo los aspectos contenidos en la pretensión, lo cual se considera a través de las
sentencias, el elemento esencial de la Tutela Judicial Efectiva.
Para el cumplimiento de garantías en el marco del derecho a la defensa, entre estas, el
derecho de contradicción, el cual se entiende como la consecuencia lógica de la lealtad y
veracidad. Es así, que “la parte contra quien se ofrece una prueba debe gozar de la
oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluido su derecho de ofrecer y
evacuar a respectiva contraprueba” (Hernández, 2007, pág. 248
El derecho a la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a obtener una resolución
fundada en Derecho, favorable o desfavorable, que es garantía frente a la arbitrariedad e
irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución
ha de estar motivada, es decir, contener los elementos o razones de juicio que permitan
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión; y, en
segundo lugar, que la motivación deba contener una fundamentación en Derecho. Este
último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección,
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al
contenido de otros derechos fundamentales distintos al de la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, en cuanto a la ejecución de las sentencia los órganos de justicia deben
observar la ejecución de la misma como un mecanismo para su efectividad; respecto de
lo cual se desprende que la sentencia no debiera ser una mera declaración sobre las
pretensiones planteadas, sino que la misma requiere de su ejecución para que permita
concretar la Tutela Judicial Efectiva. Entendiendo de esta manera que la efectividad
7
garantiza a los ciudadanos la obtención de una respuesta del órgano jurisdiccional y que
la resolución será la que resuelva el problema planteado, además de garantizar que la
solución al problema planteado sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico, y se
garantice que la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional será ejecutada.
1.3. OBJETIVO JURÍDICO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Como aspecto primordial debe constar la respuesta de la autoridad, no siendo suficiente
el mero acceso y el cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, dicha respuesta debe
gozar de un requisito indispensable, esto es, que la misma otorgue solución al problema
planteado, de acuerdo a las enunciados normativos; y, finalmente que ésta pueda ser
ejecutada. Si bien, ello contiene los elementos que ya se ha indicado a lo largo de este
trabajo, el presente autor hace mucho énfasis en la decisión como tal y no en el mero
acceso a la jurisdicción, lo cual tiene mucho sentido ya que es en la decisión judicial, en
la que se sentará la argumentación jurídica.
En lo que respecta al Ecuador, el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, ha
sostenido que la naturaleza de la Tutela Judicial comprende los siguientes momentos:
1.4. RELACIÓN ENTRE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CON EL
DEBIDO PROCESO Y LA SEGURIDAD JURÌDICA
La tutela judicial efectiva, nace de la vulneración de un derecho, he allí la necesidad de
que se dé la composición de una Litis, que no es más que una contradicción entre las
partes consistente en diferentes posturas y argumentos, que a su criterio son válidos, es
por ello la necesidad de la existencia de un Juez que tenga un conocimiento cabal de la
realidad del asunto con respecto a lo tipificado en el ordenamiento jurídico de la
Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Instrumentos
Internacionales ratificados por el Estado y demás leyes que le van a servir el momento de
escuchar a las partes, tanto en sus afirmaciones y en la presentación de un sin número de
elementos probatorios.
8
El debido proceso está amparado en la Constitución (2008), en el artículo 76 con un
catálogo de derechos en él inmerso, permitiéndose observar la relación estrecha de este
derecho con el de Tutela Judicial Efectiva. En este sentido, el derecho al Debido Proceso
corresponde verse como un derecho fundamental en sí mismo, pero a la vez como una
garantía a través de la cual se materializan otros derechos.
Citando a Zavala (2016), este refiere que:
La tutela judicial es el nombre con el que se conoce el derecho de jurisdicción que
es producto de la evolución del derecho al debido proceso por el cual éste pasa a
regular cada etapa del procedimiento, así, por ejemplo, el acceso a la
administración de justicia, asistencia de abogado, derecho a ser oído, derecho a la
prueba, sentencia motivada, derecho a los recursos, derecho a la ejecución de la
sentencia, etc. Todo este procedimiento cumplido es satisfacción del derecho a un
debido proceso, comprendido dentro del derecho a la jurisdicción o tutela judicial.
Actualmente, el derecho fundamental al debido proceso, constitucionalmente
reconocido, es el que concreta el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene toda
persona (pág. 13)
Por su parte la Corte Constitucional del Ecuador, se ha pronunciado de la siguiente
manera:
El derecho a la tutela judicial efectiva incluye además la posibilidad de reclamar a
los órganos judiciales la apertura de un proceso, para obtener una resolución
motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley.
Esto conduce a que, independientemente, pero en relación con el derecho a la tutela
judicial efectiva, se establezca en la Constitución, en su artículo 76, el derecho al debido
proceso, estatuido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de
orden público que deben observarse en las instancias procesales, incluidas las
administrativas, a fin de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos.
Es pertinente señalar que el nuevo marco constitucional establece como una obligación y
un fin fundamental del Estado el proteger y optimizar el ejercicio de los derechos
constitucionales. Es por este motivo, que la Constitución reconoce determinadas
características fundamentales tanto para los principios cuanto para los derechos; así, se
9
establece que estos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de
igual jerarquía.
Dentro de estas características, la interdependencia nos permite comprender que los
derechos constitucionales constituyen un sistema al que se debe tutelar como un todo,
procurando evitar que por garantizar un derecho se vacíe de contenido a otro.
1.5. LA FALTA DE MOTIVACIÓN TRANSGREDE EL DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
EL artículo 76 de la Constitución (CRE), numeral 7, literal l, establece que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al Debido Proceso, al que se incluirá la garantía del derecho
a la defensa, estableciendo entre otras, que las resoluciones de los poderes públicos
deben ser motivadas. En este sentido, conforme se dejó expresado en líneas
anteriores, la relación entre el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva se torna
evidente, y siendo precisamente la Motivación Jurídica una garantía indispensable
para la existencia del derecho al Debido Proceso - ya que permite conocer con
claridad y precisión las apreciaciones, razonamientos o argumentos que permiten
a la autoridad emitir determinada resolución -, la falta de ésta quebranta sin lugar
a dudas el derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
Por lo tanto, la motivación no es tal si no se cumple con un aspecto esencial de la misma,
esto es, lograr el convencimiento de las partes respecto de que la decisión adoptada haya
sido justa. Pero la exigencia va más allá, es decir, en la misma se podrían extraer varias
situaciones, así por ejemplo la explicación respecto de las normas y principios recogidos
por la Constitución, normas de rango legal, así como el uso de precedentes
jurisprudenciales establecidos como obligatorios, los cuales sirven de soporte para la
resolución; la existencia de armonía o vinculación entre los postulados y la resolución se
vuelve también primordial; y, evitar el uso de términos ambiguos que impidan el claro
entendimiento de las partes y de la sociedad en general resulta también trascendental.
La Motivación Jurídica constituye un elemento importante para la Tutela Judicial
Efectiva, afirmándose entonces que la falta de Motivación Jurídica atenta directamente a
la Tutela Judicial Efectiva. De hecho, distinto a lo que se creyera, justamente en los actos
discrecionales la Motivación Jurídica juega un papel trascendental, con la finalidad de
evitar abuso o arbitrariedad del poder público, con lo cual se permite justificar la
10
legitimidad y oportunidad de la decisión tomada por la autoridad correspondiente,
convirtiendo en un medio de prueba o certeza de ello para los ciudadanos.
EPÍGRAFE II
2. GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO
El debido proceso, en la actualidad es un tema muy importante en todos los trámites, ya
que involucra incluir y respetar todas las garantías básicas del debido proceso con el fin
de que prevalezca la justicia y el respeto a los derechos, tanto en procedimientos
administrativos como en procesos judiciales.
Por lo que, no es suficiente con que se mencione en los procesos las garantías básicas a
las que tienen derechos los ciudadanos, es necesario que se evidencie el ejercicio y
cumplimiento de las mismas, y que se conceda por parte del órgano administrador de
justicia, el modo de ejecutarlas. Los principios que son parte del debido proceso tienen
como finalidad restringir el poder del estado frente a los ciudadanos, la no aplicación del
debido proceso, podría conllevar al cometimiento de una violación en contra de los
accionados.
En los procesos judiciales, el juez tiene el rol de garantizar un proceso justo y libre de
arbitrariedades, por lo que debe llevarse los procesos con sumo cuidado y
responsabilidad. El debido proceso se lo ha definido como un derecho fundamental, tanta
es su importancia que se lo ha agregado en los ordenamientos constitucionales, así como
en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, proporcionando
interpretaciones jurisprudenciales que amerita el respeto a esta garantía no solo
procedimental, sino de defensa de los derechos.
El debido proceso es un principio jurídico según el cual todas las personas tienen derechos
a ciertas garantías mínimas, las mismas que deben asegurar un resultado justo y equitativo
dentro de un proceso, a permitir tener las mismas oportunidades de ser oído y a hacer
valer sus pretensiones legítimas frente a los órganos de Justicia.
El Dr. Ricardo Vaca Andrade en el Tomo I “Derecho Procesal Ecuatoriano” en referencia
al debido proceso indica:
11
Es está, posiblemente, la garantía fundamental, que engloba o rige los demás
derechos fundamentales de la persona en relación con el proceso penal,
reconociendo la intangibilidad de la dignidad de la persona y reafirmando que el
ser humano es la referencia imperativa de todos los valores, que nada es superior
y que todo queda condicionado a servirle con miras a permitir su desarrollo
integral y armónico. (Andrade, pág. 38)
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO
Se puede evidenciar como un inicio de lo que hoy conocemos como el debido proceso, a
la Carta Magna, que fue expedida por el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra donde se lo
conoce como due process of law en la que se declaraba:
Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos
o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de
cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que
lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de su pares y con arreglo a la ley del
reino. (Carta Magna, 1215, p. 7)
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea
Constituyente Francesa en Agosto 26 de 1789, declara y consolida la noción del debido
proceso, y en sus artículos pertinentes establece:
Artículo 5.- La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad.
Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser
obligado a hacer lo que ella no manda.
Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos
tienen derecho a concurrir personalmente, o por sus representantes a su formación.
Ella debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Todos los
ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las
dignidades, puestos y empleos, sin otra distinción que la de sus talentos y virtudes.
Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los
casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes
soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser
castigados; con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en
virtud de la ley debe obedecer de inmediato, y es culpable si opone resistencia.
12
Artículo 8.- La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente
necesarias, y tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y
promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.
Desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se puede decir que
todas las constituciones del mundo consagran la garantía del debido proceso con el
carácter de derecho fundamental.
2.2. OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO
Para identificar el objetivo del debido proceso, es necesario analizar qué es lo que protege,
los derechos de manera general, de manera específica, el derecho a la defensa, que a su
vez incluye derechos como: el de comparecer a una audiencia y ser escuchado, acceder a
las pruebas y contradecirlas, tener el tiempo necesario para preparar la defensa; a ser
juzgado por un juez imparcial entre otros. Los sujetos accionados pueden ejercer de
manera real su derecho a la defensa, gozar de la presunción de inocencia (en el caso de la
parte acusada), y de gozar de igualdad ante todo órgano estatal, por lo que constituye
indiscutiblemente un eje fundamental para el acceso a la administración de justicia.
Al considerarse al Debido Proceso como una garantía del procedimiento, va más allá de
considerar meras formalidades como tal, es decir, se ha mantenido la creencia de que el
respeto al debido proceso se limita al seguimiento de las normas que se establecen en el
procedimiento, con la finalidad de que la parte accionada tenga la oportunidad de
defenderse, pero, el juzgador que respeta el debido proceso va más allá, va al fondo del
asunto en controversia estableciendo no solo un seguimiento a las formalidades sino
dando soluciones prácticas y efectivas para un verdadero respeto a los derechos.
2.3. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR
Para analizar como ha evolucionando el debido proceso en el Ecuador, lo importante es
mirar nuestras constituciones; indiscutiblemente el verdadero inicio de lo que hoy
conocemos como debido proceso está en la Constitución de 1998, que en su Art. 24
establecía una serie de garantías para que se lleve a cabo un proceso justo. En la
Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, lo tenemos en el
13
artículo 76, aunque ya se ha separado claramente, lo que corresponde a garantías y los
lineamientos que se consideran para el ejercicio del derecho a la defensa.
Para entenderlo de mejor manera y la aplicación efectiva del Debido Proceso, debemos
referirnos algunas sentencias emitidas:
La Sentencia No. 001-13-SEP-CC, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, en la
que consta que el debido proceso es un derecho constitucional que se encuentra en el
artículo 76 de la Constitución, misma que incluye una serie de garantías que tienen como
objetivo tutelar los procesos para volverlos libres de arbitrariedades en todas las instancias
judiciales.
La Corte Constitucional sustenta que:
De esta manera el debido proceso se constituye en el axioma madre, el generador
del cual se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el estado
ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar. Por lo expuesto, los jueces como
garantes del cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, deben
ejercer todas las acciones necesarias para el cumplimiento y respeto de este
derecho. (Corte Constitucional, 2013, p. 7)
Según la sentencia Nº 026-14-SEP-CC, la Corte Constitucional define al debido proceso
como:
Una exigencia que debe trasversalizar el accionar de la autoridad judicial y
administrativa para garantizar los derechos constitucionales de las personas. En el
ámbito judicial el debido proceso estará presente en cada uno de sus momentos o
estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad entre las partes y del
juez, como en la presentación y contestación de la demanda, en la etapa de las
pruebas, luego en las alegaciones y por último en la sentencia. (Corte
Constitucional, 2014, p. 13)
Con el fin de garantizar lo que conocemos como debido proceso la Constitución de la
República del Ecuador, establece en su Art. 76 ciertos parámetros a seguir, entre los que
tenemos:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
14
Entendiéndose como la aplicación del ordenamiento jurídico, pues el juez en sí,
personifica una garantía de cumplimiento, aplicación y respeto a los derechos, ya que
deberá emitir una decisión en busca de una justicia efectiva, aplicando no solo las normas
vigentes sino también su sentido común o la tan polémica sana crítica.
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no
se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
En base a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
se ha incluido esta garantía procesal en la Constitución de la República del Ecuador, que
involucra que la parte demandante debe probar la responsabilidad de la parte acusada.
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o
la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y
con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
Frenando todo tipo de arbitrariedades, poniéndole un límite al absolutismo y al abuso de
poder que pueden derivar en injusticias, esta garantía está muy ligada al principio de
legalidad y a la normativa internacional que mantiene la misma jerarquía que nuestra
Constitución.
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.
Esto se refiere directamente a la evacuación de la prueba, como se obtuvo, cuando, en
qué condiciones, que es lo que se busca probar y quien debe hacerlo.
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la
persona infractora.
15
En la mayoría de los casos, la regla es la irretroactividad de la ley, pero parte del debido
proceso incluye esta excepción, es decir se puede aplicar una norma inexistente al
momento del cometimiento del delito o infracción o incluso podríamos aplicar una norma
que a la fecha de la sentencia ya se encuentra derogada. Todo con el fin de buscar una
situación favorable para el sujeto pasivo.
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.
La Constitución de la República del Ecuador, como un requisito esencial de validez de
todo proceso, debe considerar los intereses de un individuo o de la colectividad ante las
autoridades, de manera que se garantice una justicia efectiva para las partes procesales,
estableciendo normas que equitativas y proporcionales entre las infracciones y las
sanciones impuestas.
Para entender de manera más clara el derecho a la defensa en el Ecuador, es indiscutible
que tenemos que recurrir a lo establecido en la Constitución de la República en el Art. 76,
que en su primera parte, describe las garantías que constituyen un debido proceso, y en
su segunda parte, se concentra únicamente en las garantías correspondientes al ejercicio
del derecho a la defensa.
Por lo que analizaremos la parte correspondiente.
“7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento” (Asa Nac, 2008, p 38).
Se trata de que el accionado tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en
cualquier momento o etapa del procedimiento, lo que implica que no se le deje en la
indefensión. La posibilidad de conocer los hechos que se le imputa, las pruebas en contra
y la oportunidad de poder contradecirlas en defensa de sus intereses.
“b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su
defensa” (Asa Nac, 2008, p 38).
16
Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios
adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 c de la Convención, que
obliga al estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado
en su contra. Asimismo, se debe respetar el principio de contradicción, que garantiza la
intervención de aquel en el análisis de la prueba.
“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones” (Asa
Nac, 2008, p 38).
La igualdad de condiciones se refiere a que se podrá refutar toda prueba presentada en su
contra, explicando, refutando o negando los hechos que le son imputados, para lo cual es
básico que tenga conocimiento del hecho que del que se le acusa en toda la amplitud.
“e) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley.
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del
procedimiento” (Asa Nac, 2008, p 38).
Se trata de garantizar efectivamente que ningún ciudadano se auto incrimine por falta de
asesoramiento técnico legal. Lo que se busca, es garantizar que la prueba que se pueda
obtener mediante el interrogatorio, no violente ningún tipo de derecho, o constituya una
prueba irregular o carente de validez y eficacia probatoria.
“f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento” (Asa
Nac, 2008, p 38).
La Constitución de la República del Ecuador, establece que los extranjeros mantienen los
mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos, sin embargo no todos los extranjeros
hablan español, por lo que debemos garantizar que el proceso sea entendido por el
presunto infractor en todas sus etapas, con lo que garantizamos que pueda ejercer su
derecho a la defensa y un juicio justo.
“g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la
comunicación libre y privada con su defensora o defensor” (Asa Nac, 2008, p 38).
17
La presencia de un abogado es un derecho básico, para evitar que el sujeto pasivo del
proceso quede en la indefensión, si bien en la actualidad la presencia de un abogado no
es obligatoria para trámites administrativos, es necesario, por cuanto existen ciertas
formalidades y normativa que puede ser aplicada con fluidez por medio de un profesional
del derecho.
“h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra” (Asa Nac, 2008, p 38).
Esta garantía se encuentra muy ligado al principio de contradicción, que básicamente
establece que cada proceso puede considerarse una controversia entre demandante y
demandado, siendo el juez el ente imparcial que resolverá el problema.
“i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este
efecto” (Asa Nac, 2008, p 38).
Ligado al principio non bis in ídem que significa que nadie puede ser juzgado dos veces
por la misma causa, que también está relacionado con el principio de cosa juzgada, por el
cual se entiende que nadie puede ser investigado o sometido a un juicio por el mismo
hecho, más aún si existe una sentencia ejecutoriada o en firme.
“j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo” (Asa Nac, 2008,
p 38).
Como parte de derecho a la defensa de una persona, que los testigos y peritos tengan la
obligación de comparecer a responder los interrogatorios que planteen las partes
procesales. Sin embargo, en caso de que los testigos no pudieran acudir a la audiencia
pueden presentar su declaración mediante videoconferencias u otro medio de
comunicación.
“k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para
el efecto” (Asa Nac, 2008, p 38).
18
La imparcialidad, es otra de las garantías esenciales del derecho a la defensa, ya que el
juzgador no es parte procesal y su obligación es tutelar los derechos de las partes, evitando
todo tipo de favoritismos.
“ l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados.” (Asa Nac, 2008, p 38)
La motivación, es el medio con el cual las partes van a entender a cabalidad la decisión
tomada, los fundamentos considerados, con el fin de evitar ambigüedades, aclaraciones
por dudas de interpretación.
“m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida
sobre sus derechos” (Asa Nac, 2008, p 38).
Es el derecho que tienen las partes procesales para que jueces de mayor jerarquía revisen
nuevamente el expediente, se examine lo resuelto y puedan tener la posibilidad de
cambiar la decisión.
Esta garantía constitucional, permite que las partes procesales puedan de alguna manera
controlar las decisiones judiciales o administrativas cuando consideren que contienen
errores o vicios y deben reconsiderarse.
2.4. EL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Si bien el debido proceso constituye en sí es un principio y un derecho, lo podemos
desglosar en otras garantías que son igual de importantes, entre las que podemos analizar:
Justicia.
Este término involucra la existencia de un sistema de justicia que se encuentre a
disposición de todo ciudadano, entendiéndose como tal a una serie de componentes para
19
el ejercicio jurisdiccional del estado que a su vez implica una serie de órganos no solo
judiciales sino también administrativos especializados para el efecto.
Se refiere a que todo individuo tiene derecho a acceder a los órganos que administran
justicia para hacer respetar y valer sus derechos; no se refiere únicamente a un individuo,
sino también a los colectivos.
En la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, tenemos
consagrada esta garantía en el Art. 75:
Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en la indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (Asa Nac,
2008, p. 37).
Igualdad.
Este derecho que al mismo tiempo es un principio, conlleva que las partes de un proceso
tienen el mismo peso ante el juzgador, aun cuando se permitan algunas particularidades
para sectores poblacionales que por ciertas circunstancias se han vuelto prioritarias.
En la generalidad, implica que todo individuo puede acceder a la justicia sin importar el
sexo, la edad, el origen o la condición económica, lo que lo tenemos consagrado en el
Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador.
Más que un derecho se considera un principio fundamental del ser humano, se refiere a
que nadie puede ser discriminado y ante la ley y que cada ciudadano tiene que ser tratado
de la misma manera.
Legalidad.
Lo que demanda este derecho, es a que todas las autoridades se remitan únicamente a lo
efectivamente normado y escrito previo al seguimiento y desarrollo de cualquier proceso.
Todo ejercicio de poder público debe realizarse únicamente en apego a la ley y deben ser
sometidas a la normativa.
20
Todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales, o las
entidades que conforman la administración pública, debe tener su apoyo estricto en una
norma legal, la cual a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo
establecidos en la Constitución de la República.
Este derecho se encuentra muy ligado a lo que hoy conocemos como seguridad jurídica
y que en la Constitución de la República, promulgada en el 2008. Y lo tenemos
establecido en el Art. 82:
“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes” (Asa Nac, 2008, p. 37).
EPÍGRAFE III
3. DELITO DE TORTURA Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
3.1. CONCEPTO DE TORTURA
El término tortura etimológicamente tiene sus orígenes en la palabra latina torquere que
significa " torcido", si acudimos al diccionario nos topamos con la noción más
generalizada y simple: "Tortura: Acción y efecto de torturar o atormentar (sic). Dolor,
angustia, pena, aflicción grande"
La convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o
degradantes de la organización de Naciones Unidades de 10/12/1985 ratificada por el
Ecuador, define, en su Art. 1.1, a la tortura como:
“Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla por una que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o
21
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que
sean inherente o incidentales a éstas.” (Pinargoty, Alfredo, 2011, p. 48)
El concepto de la OEA tipifica a la tortura como cualquier acto realizado
intencionalmente por el cual se practica a una persona penas o sufrimientos físicos o
mentales. Esta disposición que no hace distinciones de autorizaciones del Estado o del
carácter de servidores públicos de los torturadores, es la que debe regir en materia de
tortura y hacerla imprescriptible en nuestro ordenamiento jurídico, a fin que no queden
en la impunidad, por el transcurso del tiempo, las torturas que no constituyan un delito de
lesa humanidad.
Podemos concluir que la tortura es un trato cruel o degradante, pero de acuerdo al Estatuto
de Roma, existe un tratamiento jurídico a este deplorable hecho contra la humanidad,
porque en nuestro país, prácticamente copiando el texto de ese estatuto, la tortura como
delito de lesa humanidad precisa ser cometida por servidores públicos y por orden o con
la aquiescencia del Estado, situación de imposible ocurrencia en un gobierno
democrático, dándose la paradoja en nuestra legislación que hay dos clases de tortura de
menor importancia como las que se tipifican en los Arts. 119 y 151 del Código Orgánico
Integral Penal, a las cuales, por no mediar “la autorización o aquiescencia del Estado” se
les da menor importancia en el sentido que estos delitos son comunes y plenamente
prescriptibles, existiendo un grave atentado al principio de igualdad jurídica, siendo
lógico y loable que nuestro legislador a toda clase de tortura le otorgue, en cuanto a la
acción y la pena el carácter de imprescriptible.
3.2. CLASES DE TORTUTA
Existen distintos criterios sobre la clasificación de la “Tortura”, se pueden categorizar por
el color, tamaño, peso, índice alfabético, lo que nos indica que existe un amplio margen
de libertad que no debe tocar nunca lo arbitrario. Nos encontramos en un problema de
perspectiva.
García M. (2002), nos dice que “hay tantas clasificaciones como criterios de división,
existen pero la selección de estos criterios no debe ser caprichosa”.
22
Los autores, que se han ocupado del tema de tortura, se han remontado a la definición
primaria y clasifican al fenómeno básicamente en dos tipos:
1. Padecimiento físico
2. Padecimiento moral o de la mente
3.3. TORTURA FÍSICA
En una definición universal desde el punto de vista del derecho, la tortura física es una
realidad ilícita, al misma que se práctica ocasionalmente o sistemáticamente por agentes
policiales o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no encontramos en una
penosa realidad que deshonra y corrompe la vida pública del cuerpo policial, por cuanto
de esta manera se daña la salud del hombre, del acusado, imputado o cualquier ciudadano
víctima de este delito.
Ignacio Carrillo Prieto (2010, Pag. 36) la llama “instrumental del proceso que conduce al
castigo y el hombre moderno la encuentra de nuevo y aún antes de la existencia jurídica
plena de su falta.”
Pelcastre Vázquez (2003, Pag.63), lo define como: “un castigo anterior al castigo”, con
lo que claramente entendemos que indirectamente el hombre acepta el sufrimiento o
padecimiento de otro hombre, con conocimiento de cauda del acto que se esta
cometiendo.
Se puede señalar un catálogo de tormentos que se viven en la tortura: sumergir al reo en
agua, quemarlo completo o en partes, matarlo de frío y hambre, aplicarle electroshocks,
golpearlo, herirlo, etcétera; lo interesante y fundamental es detectar que la tortura no es
un castigo, como asegura Carrillo Prieto, una pena, pues hay castigo o pena cuando un
juez la impone, fuera de este contexto, el sufrimiento es injuria, abuso, sadismo. (Carrillo
Prieto & Arcana, 1987)
La tortura, es una utopía segura para perder a un inocente de complexión débil y delicada
y salvar a un culpable que nació robusto. Los que pueden soportar ese suplicio y los que
no tienen bastantes fuerzas para sufrirlo mienten igualmente.
23
Es claro que la tortura no cumple con la finalidad para la que está destinada, que es falso
aquello que se escucha que "en la tortura nadie se acuerda de mentir". Es lamentable que
a un hombre inocente se le arranque la confesión de un crimen. Es innegable también que
la intensidad del dolor o la flaqueza de la persona hacen confesar al inocente lo que no ha
cometido. Las leyes compelen a los delitos públicos, pero qué hay de aquellos que se
cometen en las tinieblas, aquellos adornados con la impunidad.
3.4. TORTURA MORAL O DE LA MENTE
A diferencia de la tortura física, en la de la mente no se puede predecir cuáles serán los
resultados. La primera marca al torturador en que momento debe detenerse - antes de que
muera el acusado - mientras que en la segunda no hay medio para determinar la agonía
mental. Tal vez sea esta la causa de que, según informes, esta sea menos recurrida que
aquella. Pero lo más grave del asunto es que existen ciertas habilidades policiales, que
aunque son generalmente aceptadas, equivalen a la tortura mental o moral.
Existen aproximaciones sociológicas que no son precisamente tan repugnantes como el
puñetazo o el puntapié: un individuo puede ser reducido a una piltrafa sumisa sin que se
haya puesto un dedo sobre él, nada resulta más eficaz para producir resultados
determinados, que un continuo ataque a la mente.
G, van Heuven Goedhart, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Proteger a
Refugiados y Presidente de la Corte de Honor holandesa, escribió: “La tortura sicológica
es más efectiva en muchos casos que la física. Esto es sin duda cierto si la víctima tiene
un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Parece que la inteligencia hace la
tortura física más tolerable, pero al mismo tiempo expone más al individuo a la tortura
mental.”
Peter Deeley nos manifiesta al respecto una definición que no deja margen a la duda: "La
tortura de la mente ha sido definida como la imposición de sufrimientos mentales creando
un estado de tensión y angustia por medios diferentes a los ataques físicos”.
La tortura moral o de la mente provoca como efecto lógico y consecuente una serie de
daños psíquicos con diferentes niveles de gravedad, como reflejo de la exposición a una
24
estructura causal enferma y agresora en la que cualquier persona sana y/o normal se halla
incapacitada para defenderse sin resultar notable o substancialmente afectada. Asimismo,
debe advertirse que la presencia o existencia de los efectos de la tortura mental está
indicada fundamentalmente por la situación que el tortudor impone, y no solamente por
las reacciones relativamente subjetivas de la Víctima, reacciones que pueden variar
marcadamente en cada caso.
Debemos considerar que las leyes generales de la Justicia no sólo contemplan los daños
y perjuicios (es decir, los efectos), sino también la acción en sí misma e incluso la
intencionalidad (es decir, las causas).
3.5. EL DELITO DE TORTURA EN EL ECUADOR
La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o
degradante, es considerado un trato cruel, inhumano y degradante que se comente con
excesivo abuso de poder, no precisándose de orden del Estado para cometerla.
Dentro de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, estas son
diversas, dependiendo de la normativa nacional que se presente, razón por la cual, se
analizará los respectivos artículos del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador,
contenido en los Art. 89, 119 y 151, los cuales contienen el término tortura como análisis
de estudio.
El delito de tortura como ilícito de lesa humanidad: De conformidad al Art. 89 del Código
Orgánico Integral Penal, no existe circunstancia agravante o atenuante de la
responsabilidad penal, ya que sólo se exige que se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil.
En referencia al Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que trata el caso del delito
de tortura, desde el punto de vista del derecho humanitario, se refiere a la persona que
con ocasión y desarrollo de un conflicto armado en territorio nacional o a bordo de una
aeronave o buque de bandera ecuatoriana, torture o inflija tratos crueles, inhumanos o
degradantes a persona protegida.
25
En el Art. 151 del COIP, existen agravantes el de los numerales 1 al 4 del inciso 2° del
referido artículo y que se refieren a quien aproveche sus conocimientos técnicos para
aumentar el dolor de la víctima; cuando sea funcionario o servidor público en el ejercicio
de sus funciones públicas o cuando se trate de un tercero que actúe por instigación de
aquel o con su consentimiento o aquiescencia, agravantes que se refieren al sujeto activo.
Igualmente existen agravantes en los casos que el delito se cometa con la intención de
modificar la identidad de género u orientación sexual o contra persona con
discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada.
De la misma manera el Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona
que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza
física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su
capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico,
con cualquier finalidad en ambos supuestos.
Este delito, se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años,
agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido. La pena privativa
de libertad sin agravantes en el Art. 151 del COIP es de 7 a 10 años y en el caso que se
cometa con las agravantes de los numerales 1 a 4 del mencionado artículo, apenas de
sanciona a los autores, incluso cuando sean agentes del Estado a una pena de 10 a 13 años.
En consecuencia, en los delitos de tortura de nuestro COIP no importa la víctima, sino el
autor y las circunstancias del delito, dándose el caso que el delito del Art. 151 del COIP
es prescriptible, persistiendo en nuestro ordenamiento jurídico penal, una desigualdad de
derechos de la víctima en esta clase de delitos, lo que es grave, porque si se comete por
agentes del Estado, es éste quien dicta normas leves que favorecen a sus agentes en
contravención a su deber primordial de velar por los derechos constitucionales y los
consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y,
específicamente, contra el principio pro homine de las víctimas.
Desde mi punto de vista, este delito debería tener como agravante a quien lo cometa en
contra de las personas privadas de libertad y que se contemple dentro del Art. 151 del
Código Orgánico Integral Penal, porque son agravantes cometidas por personas con
conocimientos médicos o técnicos para aumentar el dolor de la víctima.
26
Esta injustificable un actuar negligente de nuestros Asambleístas, que exista una flagrante
violación al Art. 84 de la Carta Fundamental que exige a todo órgano con potestad
normativa la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los
que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades,
pueblos y nacionalidades, norma constitucional que debido a la referida negligencia
legislativa.
En nuestro ordenamiento jurídico la tipificación de la tortura, según El Código Orgánico
Integral Penal, se encuentra en el capítulo segundo Delitos Contra Los Derechos de
Libertad, Sección Segunda, de Los Delitos Contra La Integridad Personal, en el Art. 151
el mismo que establece:
“Artículo 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona,
grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a
condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad
física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con
cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a diez años.
La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será
sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años:
1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.
2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia.
3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación
sexual.
4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de
sesenta y cinco años o mujer embarazada.”
Debemos considerar que la Constitución de la República del Ecuador, en el literal c) del
numeral 3 del Art. 66 prohíbe la tortura, la desaparición forzada y las penas crueles,
inhumanas o degradantes, de igual manera el inciso 4 del Art. 89 ibídem, que manifiesta,
el Código Orgánico Integral Penal, define a la tortura como delito de lesa humanidad en
los Arts. 89 y 119.
27
3.6. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido
físicamente. Ni ser víctimas de daños mentales o morales que le impidan conservar su
estabilidad psicológica. Sobre el derecho a la integridad personal (Escobar, 2010, p.82),
manifiesta que forma parte de los derechos civiles de los cuales gozan todos los seres
humanos, por lo tanto, no puede ser excluido ninguna persona. No solo está compuesto
de la protección al aspecto físico del adolescente, sino que abarca otros aspectos como el
psicológico, moral, afectivo y sexual.
3.7. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Se considera personas privadas de libertad, aquellas que se encuentran bajo cualquier
forma de detención, por orden de una autoridad competente, y en razón de la comisión o
presunta comisión de un delito o infracción de la ley, lo que les imposibilita disponer de
su libertad ambulatoria. En el Ecuador aproximadamente hay 38 mil personas privadas
de libertad a nivel nacional y cada mes se suman un promedio de 400 más.
3.8. QUE ES LA LIBERTAD
El origen etimológico y los estudiosos del lenguaje han señalado que la palabra
“Libertad” se origina directamente del latín libertatem, que puede traducirse como
liberar, por lo que se ha tomado como sinónimo también de aquel que sale de la opresión
para obtener el estado de libre, es decir, la capacidad de decidir por él mismo sus modos
y el cómo llegar a su destino.
La definición aprobada por la Real Academia Española de la Lengua, define a la
“Libertad” como la capacidad de decisión sobre su pensamiento, sentimientos, actitudes
y decisiones, ejercida por un individuo, que a su vez sería tomado como un sujeto libre.
Por lo que se entiende, que la Libertad de una persona es inversamente proporcional a su
esclavitud u opresión por parte de otro, o de una Institución o Estado. Así mismo, desde
siempre se ha considerado la noción de Libertad ligada a conceptos como responsabilidad,
pues quien es libre de sus actos, también debe asumir las consecuencias de estos, por lo
28
que en ámbitos religiosos la noción de Libertad apunta hacia el albedrío que tiene un
sujeto para decidir aspectos positivos o negativos, de acuerdo a su conciencia.
3.9. TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD TIENE DERECHO A
RECURRIR ANTE LA JUSTICIA.
Desde el momento de vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal se ha generado
un constante debate de criterios y posturas. Por un lado, están quienes de forma técnica
criticaron y critican aún su contenido y por sobre todo la pobre o escasa técnica legislativa
adoptada en tan importante cuerpo legal y están también quienes, por el contrario, invitan
a los ciudadanos a voltear la página y aceptar un nuevo código que a su decir es más
moderno y recoge efectivamente aquellas conductas que en la actualidad, son
consideradas por nuestra sociedad como aquellas más reprochables y son por lo tanto
meritorias de una pena.
Varios juristas, profesores universitarios, abogados, sociólogos, políticos y autoridades
de los diferentes gremios y asociaciones de trabajadores se han hecho manifiestos en los
medios de comunicación para discutir temas tan trascendentales de la tipificación de
variaos delitos, se centraron en las nuevas disposiciones adjetivas penales, que si bien en
términos generales muchos aplaudieron su contenido, se vieron opacadas por la existencia
de procedimientos manifiestamente inconstitucionales como el procedimiento directo, o
involucraron un retroceso en materia de derechos y garantías como la eliminación del
recurso de nulidad y de algunas causales del recurso de revisión contenidas en el ya
derogado Código de Procedimiento Penal.
Es pertinente indicar que hubo un tema que escapó del análisis de todos y que
curiosamente se encuentra vinculado a un grupo de atención prioritaria, reconocidos en
la Constitución como personas de doble vulnerabilidad: las personas privadas de la
libertad y el libro tercero del Código Orgánico Integral Penal que contempla la ejecución
de penas y las políticas penitenciarias del sistema de rehabilitación social. ¿Por qué no se
debatió el contenido del libro III? La respuesta es simple. Las personas privadas de la
libertad y sus familiares no tienen los medios necesarios para hacerse escuchar, y en
términos generales, poco o nada nos importa como sociedad la situación de quienes se
encuentran privados de su libertad. Los abogados en libre ejercicio muy rara vez se
29
ocupan de temas penitenciarios, los juristas no tendrán mucho que aportar en un tema del
que efectivamente se conoce muy poco y los políticos no prestan atención a un grupo
poco numeroso y el riesgo de defender a nuestros presos frente la opinión pública es,
seguramente muy alto.
El derecho penal de ejecución sin lugar a dudas ha sido desde siempre el área de la ciencia
penal que más se ha descuidado en nuestro país, y la promulgación del Código Orgánico
Integral Penal despertó cierta expectativa respecto a las urgentes mejoras que requería y
requiere el sistema de ejecución de penas. Lamentablemente, si bien el contenido del
Código Orgánico Integral Penal es mucho más claro, ordenado y preciso que el ahora
derogado Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, no podemos pasar por
alto una serie de disposiciones que restringen los derechos de las personas privadas de la
libertad, sobre todo en cuanto a los beneficios o regímenes especiales a los que podían
acceder con el antiguo código y que ahora, o no existen, o se han incorporado requisitos
de procedibilidad más restrictivos que el antiguo código.
Estas disposiciones claramente representan una regresión en cuanto al derecho de las
personas privadas de la libertad de acceder a una verdadera rehabilitación y reinserción
social. Otra de las disposiciones que debemos necesariamente analizar son las sanciones
que se pueden imponer dentro de los procesos disciplinarios de las personas internas en
un centro de rehabilitación social. El artículo 725 del Código Orgánico Integral Penal
establece como sanciones, sin que exista un parámetro claro de aplicación de las mismas,
la restricción de las visitas familiares, la restricción en las comunicaciones externas y la
restricción de llamadas telefónicas. Es decir, nuestra ley penal vigente, prevé la
posibilidad de incomunicar al interno, a pesar de que existe una norma constitucional que
lo prohíbe y en detrimento de aquellos derechos irrenunciables de las personas privadas
de la libertad.
El sistema de rehabilitación social ecuatoriano tiene como finalidad la rehabilitación
integral de las personas sentenciadas a una pena privativa de libertad para reinsertarlas en
la sociedad para lo cual, el Estado debe adoptar una posición de garante de los derechos
de las personas privadas de la libertad, son estos cambios legislativos y recientes eventos
relacionados con las personas privadas de libertad los que nos llevan a reflexionar si el
gobierno le está prestando tiempo en su agenda al régimen penitenciario y si las personas
30
privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria están recibiendo efectivamente
el tratamiento ordenado por la Constitución.
La situación actual de los centros de rehabilitación social, su ubicación, el régimen de
visitas familiares (restringido), las visitas conyugales, la asesoría legal que reciben y sobre
todo, la condición de sus internos definitivamente merecen un cambio, desde el punto de
vista legal.
El derecho de las personas privadas de la libertad a recurrir ante cualquier órgano de
justicia, se encuentra incorporado en la Constitución de la República del Ecuador la
misma que dispone:
Art. 76 numeral 7 literal k): “Ser juzgado por una jueza o juez independiente,
imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por
comisiones especiales creadas para el efecto.”, Art. 77. Garantías en caso de
privación de la libertad.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la
libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La
privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la
comparecencia del imputado o acusado del proceso, el derecho de la víctima del
delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el
cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de la jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la
ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la
persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las
medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos,
plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. 3. Toda persona, en el
momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un
lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o
autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas
responsables del respectivo interrogatorio...”
3.10. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-COIP
En nuestro país de a considerado dentro del derecho penal, una doble función
contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por
otro, los limita.
31
Si analizamos la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido
gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal,
puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos
de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar
los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad, a continuación,
detallamos lo que prescribe la norma:
Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las
personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos
internacionales de derechos humanos:
1. Integridad.- La persona privada de libertad tiene derecho a la integridad
física, psíquica, moral y sexual.
Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o
cualquier otra actividad.
Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o
cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá
invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos.
Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición
social, género u orientación sexual.
2. Libertad de expresión.- La persona privada de libertad tiene derecho a
recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de
expresión disponible en los centros de privación de libertad.
3. Libertad de conciencia y religión.- La persona privada de libertad tiene
derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se
le facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna.
Se respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando
no pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad.
4. Trabajo, educación, cultura y recreación.- El Estado reconoce el
derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas
privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El
trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos
y comerciales.
5. Privacidad personal y familiar.- La persona privada de libertad tiene
derecho a que se respete su vida privada y la de su familia.
32
6. Protección de datos de carácter personal.- La persona privada de
libertad tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal,
que incluye el acceso y uso de esta información.
7. Asociación.- La persona privada de libertad tiene derecho a asociarse
con fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la
Constitución de la República y la ley.
8. Sufragio.- La persona privada de libertad por medidas cautelares
personales tiene derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas
personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.
9. Quejas y peticiones.- La persona privada de libertad, tiene derecho a
presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de
privación de libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir
respuestas claras y oportunas.
10. Información.- La persona privada de libertad, en el momento de su
ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser
informada en su propia lengua acerca de sus derechos, las normas del
establecimiento y los medios de los que dispone para formular peticiones
y quejas. Esta información deberá ser pública, escrita y estar a
disposición de las personas, en todo momento.
11. Salud.- La persona privada de libertad tiene derecho a la salud
preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental,
oportuna, especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este
derecho se considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la
población privada de libertad.
En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento
médico contará con personal femenino especializado.
Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos.
En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el
Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de carácter
terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin
de lograr la deshabituación. La atención se realizará en los centros de
privación de libertad a través de personal calificado para el efecto.
12. Alimentación. - La persona privada de libertad tiene derecho a una
nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares
33
apropiados para el efecto. Tendrá derecho al acceso a agua potable en
todo momento.
13. Relaciones familiares y sociales.- La persona privada de libertad tiene
derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada
en centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que
manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridades
debidamente justificadas o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su
reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto
lugar al de su familia, domicilio habitual y juez natural.
14. Comunicación y visita.- Sin perjuicio de las restricciones propias de los
regímenes de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a
comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos, defensora o
defensor público o privado y a la visita íntima de su pareja, en lugares y
condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas
y del centro de privación de libertad.
El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin
importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de
género.
La persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá
comunicarse con representantes diplomáticos o consulares de su país.
El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un
privilegio y no se utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en
aquellos casos en que el contacto represente un riesgo para la persona
privada de libertad o para la o el visitante. La autoridad competente del
centro de privación de libertad reportará a la o al juez de garantías
penitenciarias los casos de riesgo.
15. Libertad inmediata.- La persona privada de libertad, cuando cumpla la condena,
reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada
inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la presentación de la
orden de excarcelación emitida por la autoridad competente. Las o los servidores
públicos que demoren el cumplimiento de esta disposición serán removidos de sus
cargos, previo sumario administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que haya lugar.
16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones
disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias que se impongan a la
persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas
cometidas. No se podrán imponer medidas sancionadoras
indeterminadas ni que contravengan los derechos humanos.
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g) LA METODOLOGÍA
La presente investigación se llevará a cabo mediante el análisis de un caso específico
referente al tema, con su respectivo análisis de información jurídica, desde una
perspectiva descriptiva, evaluativa, explicativa y propositiva, bajo un lineamiento jurídico
en materia Constitucional.
En la presente investigación se va a utilizar las siguientes metodologías:
Inductivo – Deductivo
Método científico a través del cual se parte de fenómenos particulares para llegar al
reconocimiento de un principio o garantía de imperativo cumplimiento, que permita llegar
a una conclusión general, se caracterizan por la observación, registro de todos los hechos,
el análisis la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la
contrastación la cual permitirá realizar un análisis de análisis crítico-jurídico que
evidencie que se debe incluir a los privados de la libertad en las agravantes de delito
de tortura para garantizar sus derechos y su condición de vulnerabilidad.
Analítico – Sintético
Para la presente investigación, es necesario realizar un análisis de los principales
elementos constitutivos de la vulneración de derechos a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso en la garantía básica de la defensa y sus consecuencias.
Histórico – Lógico
Este método nos permite hacer un análisis de hechos jurídicos del pasado, comparándolos
con hechos jurídicos de la actualidad, es decir con la normativa de la Constitución de la
República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, vigente en Ecuador, nos
permiten descubrir datos históricos y la descripción de los hechos que descubre la lógica
objetiva para el desarrollo de la presente investigación.
Técnica
Análisis del caso
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ANALISIS DE UN CASO PRÁCTICO DE UN POSIBLE DELITO DE TORTUTA
EN UN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR- TURI
El tema que analizaremos, es uno de los casos que más ha causado escandalo como un
posible delito de tortura en el Ecuador, porque a pesar que existen evidencias de tortura a
un grupo de personas privadas de la libertad, y de que una sentencia de habeas corpus en
la cual se ratifica los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los presos de
la cárcel de Turi, Azuay, por parte de elementos policiales, un operador de Justicia,
específicamente un Fiscal reformula los cargos y rebaja el delito de tortura a
extralimitación en las funciones policiales.
Antecedentes:
Los hechos en el Centro de Rehabilitación Social Turi:
El 31 de mayo de 2016, bajo una supuesta autorización previa del Director del Centro de
Rehabilitación Social Sierra Centro Sur -Turi-, un grupo de aproximadamente 80
efectivos policiales pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
realizaron un operativo de requisa en los interiores del Pabellón de Mediana Seguridad
JC del Centro. El motivo sería una posible amenaza en contra de uno de los funcionarios
del centro.
Independientemente de la legalidad de la autorización o de tener un motivo real, el
operativo se llevó a cabo sin supervisión del Director o de un Fiscal. Conforme al respaldo
video gráfico de las cámaras de seguridad del pabellón JC, los policías pertenecientes al
grupo UMO, ingresaron al lugar, sacaron a todos los internos de sus celdas y les ordenaron
colocarse boca abajo con las manos en la nuca, orden que los internos cumplieron sin
aparente resistencia.
Pese a ello, los agentes caminaron sobre ellos, pisándoles la espalda y las coyunturas y
uno que otro más desafortunado recibió golpes de toletes y patadas. Para evitar la
intervención de los internos de los pabellones anexos, el grupo UMO cerró las puertas del
Pabellón JC y disparó bombas lacrimógenas. Luego, obligaron a los internos a
desnudarse, a realizar sapitos, a colocarse en cuatro e introdujeron los toletes en los anos
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de los internos. Además, les pasaron descargas eléctricas en la piel desnuda, les rociaron
con gas lacrimógeno y varios fueron golpeados severamente. Posteriormente, los
regresaron a su celda y uno a uno, a medida que van retornando a sus celdas los vuelve a
golpear brutalmente. Una vez en sus calabozos, los internos encontraron qué, como parte
del operativo, las artesanías que habían realizado como parte de sus actividades manuales
han sido rotas. Sus colchones y demás escasas pertenencias han sido partidos por la mitad.
Frente a esta realidad, los Defensores Públicos del CRS-Turi, tomaron, de forma valiente,
la iniciativa, e interpusieron una demanda de hábeas corpus en aras de la protección del
derecho a la integridad de los internos, el día 22 de junio de 2016. Si bien las víctimas
superan los 200 personas, solo 13 privados de libertad participaron como accionantes en
el hábeas corpus; la causa de ello sería principalmente, por temor a represalias posteriores.
El proceso de hábeas corpus
Primera Instancia:
El 23 de junio, el juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Esteban
Eugenio Vélez Pesantez, avocó conocimiento de la causa y llamó a audiencia. Asistieron
los abogados defensores públicos así cómo los 13 accionantes privados de libertad. La
representación legal del Director del CRS Turi, del Ministerio del Interior y una
delegación de la Procuraduría General del Estado.
Los videos de las cámaras de seguridad del CRS fueron presentados a petición de los
defensores públicos y son reproducidos por primera vez. Y ante la sorpresa de todos los
asistentes se pone en evidencia la brutalidad de lo ocurrido. El Ministerio del Interior,
alegando su derecho a la defensa, solicitó suspender la audiencia hasta que se realicen
peritajes de los videos, impugnándolos de ilegales y manipulados por la Defensoría. El
juez Vélez ordenó la suspensión de la audiencia y, a petición del Ministerio del Interior,
ordenó la posesión de un perito para que revise los videos.
La audiencia se reanudó el jueves 30 de junio y ante la sorpresa del público, los
accionantes comparecen vía telemática. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos
Humanos -Inredh- intervino a pedido de la Defensoría Pública a través de la figura del
amicus curiae, con el fin de aportar elementos normativos y jurisprudenciales para que el
37
Juez, en funciones constitucionales, pueda resolver de mejor forma el hábeas corpus. En
esta audiencia, los representantes del Ministerio del Interior no consiguió probar su
versión de los hechos pese al peritaje ordenado y el Juez, al verificar las violaciones a la
integridad, en la misma audiencia sentenció a favor de los accionantes y ordenó como
medidas de reparación las siguientes: 1) El traslado de los accionantes en un plazo no
mayor a 30 días, tiempo en el cual Policía Nacional no podrá realizar nuevos operativos
de requisa en el CRS Turi; 2) En los futuros operativos de requisa, se deberá contar con
la presencia de la autoridad competente conforme a ley, es decir, en presencia de un Fiscal
y de ser posible con el Director del CRS, y; 3) La Policía Nacional deberá dar disculpas
públicas orales y escritas por su actuación.
El 4 de julio el Juez notificó la sentencia escrita en la que ratifica las medidas de
reparación ordenadas en audiencia:
“(...) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara con lugar la
acción de Hábeas corpus correctivo, como medida de rehabilitación que el
organismo Técnico Especializado Interno de Justicia de Derechos Humanos y
Culto, que está en la ciudad de Quito en un plazo que no excede de 30 días,
trasladará a los accionantes a otros centros a un pabellón de mediana seguridad,
que el Director del CRS Turi no autorizara operativos de requisa sin cumplir con
los protocolos y el procedimiento apegado a las garantías consagradas en la
Constitución. Que el representante de las autoridades policiales del Grupo UMO
pida por escrito públicamente disculpas por el obrar realizado a los PCL el día
31 de mayo del 2016, que se lo hará en un plazo no mayor a 5 días en un periódico
de esta ciudad. Se da por ratificada la intervención efectuadas por los
profesionales del derecho en las audiencias llevadas a cabo por parte del señor
Director del CRS Turi. Hágase saber (…)”
Esta sentencia fue apelada por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el
Ministerio de Justicia. Solicitaron a la Corte Provincial que anule el procedimiento ya que
el Juez Vélez no tendría competencia para conocer la acción de hábeas corpus de los 13
peticionarios, según el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
38
Segunda Instancia:
La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay avocó conocimiento y
llamó a audiencia pública y contradictoria a las partes. El día viernes 22 de julio
comparecieron los abogados defensores públicos, la representación del Ministerio del
Interior, la representación del grupo de policías UMO, delegados de Inredh como terceros
interesados en la causa, la representación legal del Director del CRS Turi y finalmente, la
Procuraduría General del Estado.
En una confusa dirección de la audiencia, la Sala ordenó exponer sus alegatos en primer
lugar a los Defensores Públicos, pese a que los recurrentes de la sentencia de primera
instancia fueron los representantes de las carteras de Estado, quienes intervinieron en
segundo lugar. Cabe mencionar, que a diferencia de la anterior audiencia, en ésta no se
contó ni siquiera con la comparecencia de los accionantes mucho menos de sus
testimonios ni tampoco con la exposición de los videos de las agresiones que sufrieron
los internos, que fueron prueba clave para la decisión del juez a quo.
Los Defensores Públicos señalaron que el hábeas corpus tiene por objeto de proteger tanto
el derecho a la libertad como a la integridad y que el objetivo del hábeas corpus
interpuesto no era el de cuestionar su privación de libertad sino precautelar su derecho a
la integridad; derecho que fue vulnerado a través del uso desproporcionado de la fuerza
por parte del grupo UMO, quienes propiciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes a
los privados de libertad el 31 de mayo. En ese sentido, el hábeas corpus interpuesto
respondía a un procedimiento ajeno al proceso penal por el cual fueron sentenciados y
por ende cualquier juez constitucional de primera instancia era competente para conocer
la acción. Además, se refirieron a la competencia atribuida por el artículo 230 del COFJ
a los jueces penitenciarios e indicaron que esta correspondía a una competencia ampliada,
por lo que no restringía la competencia de los demás jueces. También, señalaron que en
la ciudad de Cuenca no existe un juez de garantías penitenciarias. Finalmente,
manifestaron que declarar la nulidad retrasaría el cumplimiento de la sentencia, ya que
los jueces, con solo verificar las violaciones de derechos, tienen la obligación de ordenar
las medidas de reparación y que cualquier otro juez resolvería de manera similar al
observar el contenido de los videos, por lo que declarar la nulidad del procedimiento sería
redundante.
39
Por su parte, el Ministerio del Interior en su intervención alegó la falta de competencia en
razón del artículo 230 del COFJ. Asimismo, reiteró sus impugnaciones sobre la pruebas
-los videos- presentados por los defensores públicos alegando la falta de cadena de
custodia, así como la manipulación de los mismos a la conveniencia de los recurrentes.
Reiteró la importancia de los operativos de requisa y el uso progresivo de la fuerza
atendiendo a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad utilizados el día
de los hechos por parte de los miembros de la policía ante un supuesto motín.
De igual forma, el representante de la Policía reiteró la falta de competencia del juez
Vélez para conocer y resolver el hábeas corpus y señaló que el proceso también sería nulo
por la falta de citación y comparecencia de todos y cada uno de los miembros del grupo
UMO que participaron en el operativo del 31 de mayo, violando supuestamente su
derecho a la defensa. Recalcó la legalidad y necesidad de los procedimientos de requisa
en los cuales se habrían encontrado todo tipo de armamentos y demás objetos peligrosos
para la seguridad de los internos y del personal del CRS.
Los asesores legales de Inredh reiteraron su criterio sobre el objetivo de la acción
del hábeas corpus y la informalidad procesal propia de los procedimientos
constitucionales. Expusieron el grado particular de protección que tiene las personas
privadas de libertad, el contenido del derecho a la integridad, los elementos para
determinar cuándo una medida se convierte en trato cruel, inhumano y degradante,
cuándo éstos a su vez se constituyen en tortura y los principios de legalidad de necesidad
y proporcionalidad de la fuerza pública. Concluyeron que bajo ninguna circunstancia la
conducta de los miembros de UMO podía justificarse como uso progresivo de la fuerza,
por lo que la sentencia de primera instancia había resuelto correctamente. Se recomendó
a los magistrados de la Sala interpretar las reglas de competencia bajo los principios de
interpretación constitucionales indicando que se debe aplicar la ley más favorable a los
peticionarios o la ley específica de la materia, es decir la amplia competencia de todas las
juezas y jueces para conocer de un hábeas corpus, tal como lo señala la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales.
La representación del Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur -
Turi- reiteró la falta de competencia en virtud del artículo 230 del COFJ. Además señaló
que la intención de los recurrentes era “saltarse” el debido procedimiento administrativo
40
en casos de traslado; y que en estos casos, también es competencia del Juez de Garantías
Penitenciarias.
La competencia no es un tema de formalidad sino que es una solemnidad sustancial,
reconocida como derecho constitucional al debido proceso y estrechamente relacionada
con el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa del Estado. Reitero que el Art. 230
del Código Orgánico de la Función Judicial era claro en delegar la competencia para
conocer y resolver sobre garantías jurisdiccionales de personas privadas de libertad con
sentencia condenatoria a los jueces penitenciarios.
No obstante, la sentencia de segunda instancia fue notificada a las partes del día lunes 25
de julio, resolviendo anular todo el procedimiento, inclusive la calificación de la misma:
“(...) sin embargo antes de entrar analizar el fundamento de la acción de hábeas
corpus, corresponde a este Tribunal conocer y analizar los cuestionamientos
realizados sobre la competencia del señor Juez A-quo, a los que se han referido
los recurrentes, realizándolo con la argumentación jurídica que precede. (...) Del
conjunto de normas constitucionales y legales invocadas, este Tribunal llega a la
conclusión, que la competencia nace de la Constitución y la ley, más no de un
acto de un funcionario administrativo que intervenga en el sorteo, un programa
informático, que tenga que ver en el sorteo, para asignar entre los varios jueces
competentes, a quien le corresponde conocer la causa. Por otra parte en materia
procesal, la nulidad constituye una sanción de ineficacia que afecta a aquellos
actos jurídicos que se emiten con violación de las formas y solemnidades
establecidas por el régimen normativo; en el campo procesal habrá nulidad
cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal de carácter
“esencial” y no una forma procesal de naturaleza “accidental”. La competencia
es una garantía básica, que nace de la Constitución y la ley; y, garantiza a todo
ciudadano a ser juzgado por una jueza o juez competente, en el caso puesto a
nuestro conocimiento, la competencia para conocer la acción de hábeas corpus,
por los hechos relatados debía remitirse al juez competente es decir a uno de los
jueces de garantías penales, que son los competentes por expresa disposición
legal, incluso los accionantes en forma correcta se dirigen para que en el sorteo
de ley, se radique la competencia en uno de ellos; pero en forma equivocada la
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persona a cargo del sorteo en forma ligera, negligente o por desconocimiento, no
ha procedido conforme su deber, generando la confusión por parte el señor Juez
de la Familia, al haber asumido una competencia que no la tenía, sustanciado y
resolviendo, sin competencia una acción constitucional, tan especial y sobre
hechos tan delicados, sin competencia, provoca la nulidad procesal. La seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
CUARTA: DECISIÓN.- Por la argumentación que se deja expuesta este
Tribunal declara la nulidad procesal desde la calificación de la acción de hábeas
corpus, disponiendo que el Juez incompetente por la materia, remita la acción de
hábeas corpus a la oficina de sorteos, para que previo sorteo se radique la
competencia en uno de los jueces de garantías penales, para que conozca,
sustancia y resuelva la acción constitucional de hábeas corpus. Ejecutoriado el
auto. Devuélvase al juzgado de origen”.
Ante la declaratoria de nulidad ordenada por la Corte Provincial no cabe recurso que
pueda cambiar el sentido de la sentencia o revocarla. No obstante, esto no significa que
el proceso de hábeas corpus ha concluido. Al ordenar que se devuelva a la sala de sorteos,
la causa ha regresado a su punto de partida, donde un nuevo juez “competente” deberá
calificar la demanda y llamar a una nueva audiencia para volver a resolver el hábeas
corpus.
Los Abogados de los privados de libertad del Turi, que fueron agredidos por miembros
policiales, y por lo cual denunciaron tortura contra 49 procesados —46 de ellos policías,
ya venía presentarse los cambios en el proceso, que ya dura más de un año, para proteger
la acción de los uniformados. El llamado del Fiscal a cargo de la investigación, para
realizar la reconstrucción de los hechos, fue desoído en cinco ocasiones. Hasta que hubo
un llamado irrevocable, pero bajo una condición que echa por abajo las denuncias de
tortura: el Fiscal reformuló los cargos contra los uniformados, de tortura a extralimitación
de funciones.
El Fiscal, presentó sus alegatos: la Policía actuó bajo la orden de decomisar “objetos
prohibidos” y el operativo estuvo a cargo de un mayor de la Policía. El Fiscal se basó en
un informe del perito, quien dijo dentro de la formalidad procesal que el tiempo de
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incapacidad de las personas privadas de la libertad no superan los cinco días, por lo cual
no consideraba un caso de tortura. Con ese argumento, el fiscal solicitó la reformulación
de cargos, es decir, el cambio de tipo penal de tortura a extralimitación en la ejecución de
un acto de servicio. Dentro de la audiencia, los Abogados de las víctimas se pronunciaron
sobre las medidas cautelares impuestas a los procesados.
La Defensoría Pública y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos,
también expresaron su rechazo a la reformulación del nuevo tipo penal que propuso la
Fiscalía. Según reportó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la
Defensoría Pública, declaró: “hoy es un día nefasto para la justicia” y evidenció su deseo
de seguir “luchando por este caso y si es necesario llegar a instancias internacionales”,
mientras que uno de los dieciséis abogados de los policías procesados, se refirió a los
internos como “lacras”.
El juez dijo en la sentencia que "El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos
humanos expone: “art. 5. Numeral 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral. Numeral 2.- Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Numeral 6.-
Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.”
Según la defensa de los detenidos, ninguna de estas disposiciones judiciales se ha
cumplido. Ninguno de los policías ha sido tocado por la administración y hasta ahora el
Ministerio del Interior no remite a la Fiscalía el listado de los policías que participaron en
el operativo, pues un caso de tortura tiene que particularizar la acción penal. Los presos
fueron trasladados no hacia los sitios que ellos pidieron, sino alejados de sus ciudades
originarias y de sus familiares, y, además, el argumento para no cumplir la orden del juez
de otorgar atención psicológica a las víctimas ha sido que, como los presos fueron
trasladados, ahora no saben dónde están.
Derechos Humanos, reportó la organización en su portal oficial, se opuso firmemente a
la reformulación de cargos, debido que a la justificación del Fiscal es infundada porque
sostiene que el nivel de lesiones supuestamente no justifica el grave dolor que habla el
tipo penal de tortura. Esto, según los acuerdos a estándares internacionales; no obstante,
43
nunca señaló su fuente, por el contrario los estándares establecen, específicamente la
Convención para prevenir la Tortura, en su Art 2 que: “habrá apertura aun cuando no se
cause dolor físico y psíquico, si es que se han aplicado métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima”, es decir, que lo fundamental el caso era probar
intencionalidad y finalidad que está claramente demostrado con los videos que registran
los actos tortura.
El artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
establece:
"Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen
dolor físico o angustia psíquica".
El 29 de septiembre, el juez Carlos Guzmán dictaminó las medidas de reparación a los
privados de la libertad: disculpas públicas a los detenidos, tratamiento psicológico a los
afectados.
Adicionalmente, dio a conocer el impedimento de ingresar a cualquier cárcel del país a
los gendarmes que participaron en la requisa, así como el traslado de las víctimas a otras
cárceles del país para precautelar su seguridad, además ordenó que cada 31 de mayo se
deberán dictar charlas sobre los derechos humanos de los PPL.
El defensor público provincial del Azuay, Fernando Anzieta, destacó que con esta
sentencia se crea un precedente para que en las cárceles del país se respeten los derechos
humanos de los PPL y, sobre todo, estas medidas constituyen un llamado fuerte de
atención a las autoridades carcelarias y policiales.
El caso de Turi, donde se torturó a los presos, debe ser el más documentado de la historia
de los derechos humanos en el Ecuador. Las evidencias son los videos oficiales del Centro
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de Reclusión de Turi del Azuay, donde claramente se observa la acción de agresión física
y emocional de los policías contra los presos.
Nuestra Constitución en su Art. 424 dispone: “ La Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en
caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
Las graves afectaciones a los PPL podrían derivar incluso en responsabilidad
internacional para el Estado ecuatoriano ya que toda medida regresiva de derechos es
inconstitucional e inconvencional. Esperamos que dentro de los nuevos procedimientos
los jueces comprendan la importancia de su rol constitucional y se declare, fuera de toda
duda y sobre todo formalismo innecesario, la violación del derecho a la integridad de los
peticionarios.
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h) PROPUESTA
DOCUMENTO DE ANÁLISIS CRÍTICO-JURÍDICO QUE EVIDENCIE COMO: LA
VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL DELITO DE TORTURA, VULNERA LAS
GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO Y PROPONER UNA
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA IMPUNIDAD.
ANTECEDENTES
La legislación Ecuatoriana con el paso del tiempo y con los cambios jurídicos, políticos
y sociales se ha comprometido a dar un reconocimiento a los derechos fundamentales y a
las personas titulares de estos derechos. Tal es así que todos los cambios a partir de la
Constitución del 2008, nuestro país se convierte en un ESTADO CONSTITUCIONAL
DE DERECHOS Y JUSTICIA, es decir el Estado social de derecho se constituye sobre
los valores de libertad, igualdad y seguridad, pero su propósito principal es procurar las
condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada integración
social.
De esta manera surge la figura jurídica de “Tutela Judicial”, siendo esta una garantía para
la aplicación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en las leyes.
Tomando en consideración que su principal objetivo es salvaguardar y evitar la
vulneración de los derechos de las y los ecuatorianos. La aplicación de este derecho
tutelador está a cargo de todos los órganos que se encargan de administrar justicia, son
ellos los llamados a velar y precautelar cuando un derechos este siendo vulnerado o
cuando se pueda prever que puede ser violentado.
Es responsabilidad del Estado Ecuatoriano, que dentro de todos los procesos se observe
y aplique de manera estricta los principios que se encuentra en la Constitución; de lo
contrario el mismo Estado sería el responsable de su vulneración y deberá responder de
forma obligatoria por su falta de aplicación. De esta manera hemos analizado que dentro
de los Centros de Rehabilitación del país, existe la arbitrariedad de las autoridades que se
encuentran a cargo de estos Centros los mismos que en muchos casos produce vulneración
de derechos de los PPL.
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De esta manera nos hayamos en la actual problemática jurídica porque el Código
Orgánico Integral Penal dentro del delito de tortura no contiene una norma jurídica clara
respecto a los PPL, siendo estos considerados en nuestra Constitución como personas con
doble condición de vulnerabilidad, pues en algunos casos son tratadas de igual manera
que a las personas que no se encuentran en esta circunstancia, transgrediendo de manera
evidente la tutela judicial efectiva, siendo deber primordial de Estado buscar una solución
para que dichas personas acedan a los órganos de justicia en forma oportuna y eficaz y
ciertos delitos no queden en la impunidad.
Como Estado Constitucionalista es obligación garantizar el derecho de acceso a la
justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las personas que se encuentran
en doble condición de vulnerabilidad, los cuales requieren un patrocinio especial y
preferente al momento de acudir a los órganos jurisdiccionales de la Función judicial, con
la finalidad de que se priorice su atención. En nuestro país se debe permitir el acceso de
los PPL a una justicia más pronta, eficaz, pertinente y oportuna, donde se consigan
garantizar de mejor manera sus derechos constitucionales. La situación legal de los
internos de los Centros de Rehabilitación Social en nuestro país sigue siendo un problema
de la lentitud con el que se manejan los procesos judiciales y la falta de protección de los
órganos encargados de velar por los derechos de los privados de la libertad como grupos
de atención prioritaria.
CUERPO CENTRAL
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1 establece que el Ecuador es
un estado constitucional de derechos y justicia, social, que tiene como deber primordial
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales.
El derecho al debido proceso y a la Tutela Judicial Efectiva se refiere a los derechos y
garantías que toda persona tiene dentro de un proceso de cualquier índole. El derecho a
la Tutela Judicial Efectiva exige sustancialmente la existencia de una norma procesal
adecuada, clara y en los casos de ausencias de normas aplicables, le corresponde al Estado
a través de sus administradores de justicia interpretar la ley tomando en cuenta que el
Derecho a la Tutela Judicial Efectiva es en sí mismo un Derecho Fundamental,
47
reconocido Constitucionalmente y que obligada a aplicar un procedimiento justo al fin de
garantizar la defensa de los accionados.
El preámbulo de la Constitución de la República expone que “Nosotras y nosotros, el
pueblo soberano del Ecuador, decidimos construir… Una sociedad que respeta, en todas
sus dimensiones, la dignidad de las personas y colectividades;”. Que son deberes
primordiales del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la
seguridad integral…, art.38 CRE; El art. 11 de la Constitución en su numeral 3 define que
los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte.
En tal sentido, se expresa que nuestra Constitución, establece como un deber primordial
del Estado:
“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes”. (Constitución de la República del Ecuador, 2017: Art. 3 inciso 1)
Según lo expuesto, se puede decir que la Constitución ecuatoriana garantiza y protege
todos los derechos, así como su cabal cumplimiento sin ningún tipo de distinción o
segregación de la población ya que, también trata de promover una ideología de carácter
igualitario desempeño justo y equitativo en bien de los derechos ciudadanos.
La Constitución, señala cuáles son los titulares de tales derechos de la siguiente manera:
“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y
gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008: Artículo 10)
De acuerdo a la citada norma, la Constitución trata de incrementar la protección de los
derechos de las personas; en dicha protección, se incluyen además los principios de
aplicación de los derechos de las personas en doble condición de vulnerabilidad, los
cuales pueden ser invocados por las personas, cuando acudan a los órganos de
48
administración de justicia; los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 11 de
la Constitución de la República del Ecuador (2008):
“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los derechos
se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las
autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”
(C.R.E, 2008: Artículo 11 numeral 1).
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades” (ibídem: Artículo 11 numeral 2)
“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio
o a petición de parte” (ibídem: Artículo 11 numeral 2)
“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales”. (Ibídem: Artículo 11 numeral 4)
“En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. (ibídem: Artículo 11
numeral 5)
“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”. (ibídem: Artículo 11
numeral 6)
“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
derechos derivados de la dignidad de las personas...”. (ibídem: Artículo 11
numeral 7)
“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de
las normas, la jurisprudencia y las políticas pública. (…sic). Será inconstitucional
cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o
49
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. (Ibídem: Artículo 11
numeral 8)
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución”. (ibídem: Artículo 11 numeral 9).
Todos estos principios responden al artículo 1 del texto constitucional que en su parte
pertinente señala que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, en virtud del
cual nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene como eje central a los derechos
humanos; así como la obligación de respetarlos a través de sus autoridades públicas. Estos
principios impiden que se niegue el acceso a la justicia o su atención pronta y oportuna
de los grupos vulnerables de la sociedad por motivos de discriminación, que en la
actualidad si han ocurrido tales hecho en contra de las personas privadas de libertad, por
cuanto en muchas ocasiones han sido excluidos y rechazados por su condición; pero la
constitución con este principio promueve la igualdad ante la ley; y la prohibición de
discriminación.
Nos indica además que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan
la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad. Es por esta razón que dentro de las garantías básica del debido proceso tienen
por esencia la protección de los derechos humanos del imputado, acusado o accionado
dentro de un proceso, de esta manera al intervenir este como sujeto procesal está
revestido de todos los derechos que le reconoce nuestra constitución. De esta manera la
vigente Constitución del 2008, en su artículo 35 dispone al Estado la obligación de prestar
protección especial a las personas en condición de doble vulnerabilidad; pero no se
desarrolla este precepto constitucional en el ámbito de la administración de justicia; sino
únicamente en el ámbito de la salud u otros ámbitos; sin tomarse en cuenta que el acceso
a la justicia, también permite el cumplimiento de los derechos humanos.
El derecho a la tutela judicial efectiva según la Constitución de la República del Ecuador
es un derecho consagrado constitucionalmente, y se encuentra determinado en el Capítulo
VIII de la Constitución de la República enmarcado en los derechos de protección, de la
siguiente manera:
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“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
(Constitución de la República del Ecuador, 2017: artículo 75)
Las garantías del debido proceso son todas aquellas que constan en los convenios
internacionales, las leyes de la república y la jurisprudencia, de conformidad con el
artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.
De esta manera se afianza el precedente que la Tutela Judicial conlleva el acceso a la
justicia y como resultado de ello, se presenta la consolidación de un proceso en el cual se
prohíbe la indefensión respecto de los derechos de todos los ciudadanos, además de la
garantía al obtener una resolución de carácter judicial que pueda ser cumplida justa y
oportunamente.
Cabe destacar también, que conjuntamente con el derecho de la tutela judicial efectiva
como derecho de protección, deberán aplicarse además las garantías básicas al debido
proceso, que se hallan establecidas en el Art. 76 de la Constitución de la República; ya
que no se podría hablar de tutela judicial efectiva si se vulneran las garantías
constitucionales del debido proceso.
De igual manera, se tomará en consideración la aplicación de principios del sistema
procesal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es por ejemplo, el
principio de celeridad, conforme al artículo 20 del Código Orgánico de la Función
Judicial, a través del cual se promueve la rapidez y oportunidad en la tramitación,
resolución y ejecución de los procesos judiciales; además del principio de inmediación
con el fin de conceder constancia de que el administrador de justicia interactúe junto a las
partes procesales, tanto como le sea posible en referencia al contacto personal con ellas,
excluyendo intermediarios, tales como relatores, asesores, etc.
El artículo 201 de la Constitución de la República define al sistema de rehabilitación
social como de rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para
reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad
y la garantía de sus derechos que tiene relación con el artículo 35 ibídem como personas
51
y grupo de atención prioritaria. El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos
humanos expone: “art. 5. Numeral 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral. Numeral 2.- Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Numeral 6.-
Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.”
El artículo 202 de la Constitución de la República en su inciso final instituye: “ El
personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será
nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus
condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas.”, lo que indica que quienes se
encargan de la seguridad interna de los Centros de Privación de la libertad, debe ser
personal especializado, debidamente evaluado, justamente por el hecho de velar por el
cumplimiento de los arts. 35 y 201 de la Constitución de la República.
Dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, es el estado el que reconoce y
garantiza la efectividad y goce de estos derechos, plantear el Ante proyecto de reforma
legal del artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal a fin de evitar la impunidad en
los casos de Tortura en contra de las personas privadas de libertad.
El delito de tortura tipificado en el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, no define
de manera clara las circunstancias o figuras agravadas incluyendo a personas privadas de
libertad, que son grupos de atención prioritaria, lo que da lugar a que operadores de
justicia en sus resoluciones dicten sobreseimiento, haciendo interpretación extensiva de
la ley tipificando a policías procesados por el delito de extralimitación en la ejecución de
un acto de servicio por los hechos de tortura cometido en contra de personas privadas de
la libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi.
CONCLUSIÓN.
Lo ocurrido el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad del CRS Turi no
tiene justificación jurídica y muchos menos humana. Sin embargo, a pesar de que la
sentencia de primera instancia de hábeas corpus reconoció la violación al derecho a la
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integridad de los accionantes y ordenó las medidas de reparación pertinentes al verificar
las agresiones sufridas y la aplicación restrictiva de nuestras normas implicó una grave
violación en la protección de derechos constitucionales.
El Estado no ha generado mecanismos participativos y adecuados, en los que las personas
privadas de la libertad víctimas de castigos puedan hacer valer sus derechos, para el
cumplimiento efectivo de la Reparación Integral como víctimas, lo que genera
impunidad, ya que al no estar establecido a la personas privadas de la libertad en
la tipificación del delito de tortura se permitió el cambio de tipo penal. Por lo que
se debe reformar el Artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal, incorporándose
a las personas personas privadas de su libertad, o grupos de atención prioritaria.
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i) CONCLUSIONES GENERALES
1. Se observó que dentro de los procesos de investigación sobre delitos cometidos
en contra de las personas privadas de la libertad su desarrollo no ha sido diligente,
rápido ni efectivo, además se ha inobservado las garantías básicas del debido
proceso y se ha violentado los derechos humanos de las víctimas.
2. Al no constar en el Código Orgánico Integral Penal normas claras sobre el
tratamiento y la tipificación legal que corresponde a los grupos de atención
prioritaria reconocidos en la Constitución como son las personas privadas de
libertad, continuará la impunidad en abusos que se cometan contra las mismas,
por lo resulta indispensable reformar la normativa, con el objetivo que se aplique
sanciones fuertes a los infractores sobre su responsabilidad, haciendo valer los
derechos de las víctimas y accionantes.
3. Se identificó que es el Estado debe cumplir de buena fe las decisiones
provenientes de organismos internacionales, en lo principal todo cuanto
coadyuvan para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención,
investigación y sanción a los responsables de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes.
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tortura.pdf
k) DATOS PERSONALES
Nombre: Abg. María Dolores Castillo Ramírez
Teléfono: 0995407171
C.C. 1803547536
Correo Electrónico: [email protected]