universidad de buenos aires · conformó el estado boliviano desde su independencia. la llegada de...
TRANSCRIPT
CCuubbrriieennddoo eell ccaammbbiiooEl papel político de la prensa gráfica en el proceso de disputas sociopolíticas alrededor
de la reforma constitucional en Bolivia (2006-2009)
-Tesina de grado-
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencias de la comunicación
Juan Emanuel RicoDNI: 34.554.149
Natalia Belén GarcíaDNI: 34.108.943
Tutor: José [email protected]
INDICE
CAPITULO ILa pregunta problema, aspectos teóricos y metodológicos………………..…………..…... 1
CAPÍTULO IIPrincipales antecedentes históricos y mediáticos del proceso analizado……………….... 18
CAPITULO IIIPlurinacional. La propuesta de las bases para una nueva forma de Estado……….….….. 36
CAPÍTULO IVPalos en la rueda. El conflictivo comienzo de la Asamblea y el surgimiento de losantagonismos………………………………………………………………………….….. 56
CAPÍTULO VLa capitalía plena, la excusa perfecta………………………………………….……….… 70
CAPÍTULO VILa reacción en armas. El fallido golpe cívico-prefectural……………………….……..... 80
CAPÍTULO VIIBuscando la salida. Constitución aprobada, rechazada y negociada…………….…....…. 90
CONCLUSIONESCausas invisibilizadas y conflictos espectacularizados………………………….…..….. 103
AGRADECIMIENTOS………………………………………………………….……..118
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………….…….……119
ANEXO 1Artículos……………………………………………………………………….….….…. 125
ANEXO 2Documentos analizados …………………………………………………………...…… 134
1
CAPITULO I
LA PREGUNTA PROBLEMA, ASPECTOS TEORICOS Y
METODOLOGICOS
1. Presentación del tema elegido
El 18 de diciembre de 2005 se produjo un hecho inédito en la historia de Bolivia:
una persona de origen indígena se convertía en presidente de la República. Era así la
primera vez que un descendiente de los pueblos originarios lograba ocupar un cargo tan
alto en la estructura estatal cuestionando el carácter colonial y racista con el que se
conformó el Estado boliviano desde su independencia.
La llegada de Evo Morales Ayma, líder del sector de los cocaleros, al Palacio de
Gobierno se dio en el contexto de una fuerte crisis en la credibilidad del sistema político
tradicional surgida a lo largo de un ciclo de luchas, insurrecciones colectivas y pedidos
de cambio iniciado en el año 2000 a partir de diversas movilizaciones sociales que
confrontaban con el proceso de desigualdad promovido por el neoliberalismo. Un
cuestionamiento que se expresaba tanto en la crítica a las instituciones del Estado liberal
-las cuales garantizaban una discriminación de los sectores indígenas y campesinos del
país a partir de una jerarquización de lo blanco y mestizo- como también a las políticas
neoliberales de precarización laboral y de privatización de las mayores empresas
públicas. Es en medio de estas situaciones que se empieza a gestar y generalizar, en el
seno de los movimientos indígenas y campesinos y de las organizaciones sociales de los
sectores populares urbanos, dos demandas: la nacionalización de los recursos naturales
(en especial los hidrocarburos) y la realización de una Asamblea Constituyente soberana
que permitiera la participación de todos los ciudadanos y sus organizaciones por medio
de un tipo de representación social por fuera de los partidos tradicionales. De este modo
se buscaba lograr una participación activa de la población en la toma de decisiones y la
gestión de lo público para así conseguir una refundación del Estado que reconociera y
garantizara a las múltiples naciones, etnias y culturas que lo conforman.
En esta dirección, luego de la elección de Morales, se inició en 2006 un largo
proceso de refundación del Estado a través de una Asamblea Constituyente que creó una
nueva Carta Magna en 2009, a pesar a los embates sufridos por los movimientos
2
sociales de parte tanto de los asambleístas de los partidos opositores, como de un actor
en apariencia no político: los medios de comunicación social concentrados en holdings
económicos nacionales y transnacionales.
Partiendo de la confrontación entre las propuestas formuladas por los movimientos
sociales dentro de la Asamblea y los planteos defendidos por las élites dominantes en
defensa de sus intereses; el objetivo del presente trabajo es analizar particularmente el
papel político desempeñado por la prensa gráfica en este ciclo de disputas durante la
cobertura del proceso constituyente. Partimos de la idea de que estos medios, en vez de
contribuir con un análisis e información respecto de los temas medulares que proponía
la Asamblea optaron por espectaculizar los conflictos que polarizaran a la opinión
pública en dos campos e ignoraron el trabajo normal de los asambleístas al interior de
cada comisión, con el objetivo de lograr un consenso negativo y consecuente con la
defensa de sus propios intereses.
2. Pertinencia y relevancia del tema elegido
La convocatoria y posterior realización de la Asamblea Constituyente fue el
resultado de un largo ciclo de luchas, insurrecciones y demandas de cambio iniciados en
el año 2000 por diversos movimientos sociales que cuestionaban el modelo neoliberal y
sus consecuencias de desigualación social y política en un descontento que se expresaba
tanto en la crítica a las instituciones del Estado liberal –que garantizaban la
discriminación de los movimientos indígenas y campesinos vía la jerarquización de lo
blanco y mestizo- como también a las políticas neoliberales de precarización laboral,
privatización y concentración del ingreso y las tierras. La demanda de una Asamblea
Constituyente soberana surgió de este ciclo de luchas orientado a conseguir una
refundación del Estado que reconociera y garantizara los derechos, decisiones e
intereses de las múltiples naciones, pueblos y culturas que conforman la sociedad
boliviana. Así, con la elección del líder cocalero Evo Morales como nuevo presidente se
convocó a esta Asamblea Constituyente en un proceso que culminó en la aprobación de
una nueva Carta Magna en 2009, proceso signado por una intensa dinámica de
confrontación social que enfrentó a los movimientos sociales y sus asambleístas con
aquellos de los partidos opositores, las élites dominantes y los principales medios de
3
comunicación social concentrados en holdings económicos nacionales y
transnacionales.
Analizar el papel desempeñado por los medios de comunicación –de la prensa, en
este caso- en dicho proceso histórico constituye un dato no menor. Por un lado, porque
en América Latina, en general, y en Bolivia, en particular, éstos suelen ser concebidos
como sistemas organizacionales enlazados que disfrutan de un importante grado de
autonomía frente al Estado, los partidos políticos o los grupos de presión
institucionalizados (Curran y Gurevitch; 1977). Por el otro lado, porque es a través de
su mediación que los distintos grupos sociales acceden a cierta información a partir de
la cual construyen una determinada imagen de sus propias vidas, prácticas y valores
(Hall; 1981).
Más allá de la función informativa con la que se los suele identificar, los medios
masivos de comunicación también cumplen una determinada función política. En el
caso particular de la prensa gráfica, Antonio Gramsci (2001) se refiere a ella como un
partido político porque precisamente establece una relación con la “opinión pública”
que funciona como soporte ideológico de pensamiento por medio de la información y la
orientación, explícita o implícita, que en ella se hace a través de los temas de interés y
las divisiones que en estos se plantean, generando así discursos cuyas representaciones
de lo social difunden una visión de los hechos sociales acorde a la ideología dominante.
A parir de lo expuesto, entendemos que la experiencia boliviana ofrece, por la
radicalidad que asume la conflictividad sociopolítica, un caso clave para reflexionar
sobre este papel cumplido por los grandes medios de comunicación privados en la
disputa por la hegemonía en una sociedad.
3. Objetivos y pregunta de investigación
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la presente investigación parte de
analizar tanto las propuestas realizadas por los movimientos sociales dentro de la
Asamblea como las contrapropuestas formuladas por las élites dominantes en defensa
de sus intereses alrededor de ciertas cuestiones claves. En este marco, el objetivo del
trabajo consiste en explorar el papel político que cumplieron los principales periódicos
4
en la confrontación entre los movimientos sociales y los sectores dominantes durante el
proceso de conformación de la Asamblea Constituyente entre los años 2006 y 2009.
Para lograr dicho objetivo, esta investigación estará guiada por la siguiente
pregunta-problema, de carácter general: ¿Cuál fue el papel político desempeñado por los
principales periódicos del país en la cobertura del proceso de conflictos y debates de la
Asamblea Constituyente que sesionó entre 2006 y 2009? Asimismo, el presente trabajo
se propone analizar dicho tratamiento mediático a la luz de las disputas y propuestas
confrontadas entre los movimientos sociales y las élites dominantes. Desde esta
perspectiva, nos planteamos también una serie de preguntas específicas, como por
ejemplo:
- ¿Cuáles fueron las cuestiones de la agenda de cambios promovida por los
movimientos sociales en la Asamblea Constituyente que suscitaron mayor
disputa política?
-¿Cuál fue la estrategia de los sectores dominantes –particularmente de los
departamentos ricos del Oriente- para contrarrestar esta agenda de cambios
promovida en la Asamblea Constituyente por los movimientos sociales?
- ¿Qué postura adoptaron los medios seleccionados sobre la propuesta de
realización de la Asamblea Constituyente?
- ¿Cómo los pedidos para una nueva forma de representación política por parte
de los movimientos sociales, reunidos en lo que se llamó el Pacto de Unidad,
fueron, y en qué medida, aceptados o no en la Ley Especial de Convocatoria a
la Asamblea (LECAC)?
- ¿Qué posturas adoptaron estos medios frente al debate del carácter derivado u
originario de la Asamblea Constituyente?
- ¿Qué lugar otorgaron estos medios a los debates e ideas propuestas en las
distintas reuniones llevadas a cabo?
- ¿Cuáles fueron los motivos que impidieron la efectiva aceptación del primer
texto aprobado en Oruro?
5
- ¿Cómo se logró que se consiguiera aceptar el corregido de La Paz, teniendo
en cuenta los costos como también las garantías que este último incorpora y
contempla para la formación de un Estado Plurinacional?
- ¿Cuál fue la postura de los medios sobre el debate respecto de la capitalía?
¿fue similar en los medios de los tres departamentos considerados?
- ¿El tratamiento mediático y cobertura de las deliberaciones en la Asamblea
Constituyente mostraron los diferentes motivos o cuestiones de conflicto o, por
el contrario, buscaron invisibilizar o deslegitimar los mismos?
4. Definiciones preliminares
Para efectuar el análisis sociocultural y comunicacional que se pretende desarrollar
en la presente investigación, será necesario recurrir a los siguientes conceptos:
Acontecimiento: Consideramos el concepto de acontecimiento en el sentido
que propone Foucault al considerar las características de la historia efectiva
y de la genealogía. Desde esta perspectiva, en la historia efectiva el
acontecimiento resurge “en lo que puede tener de único y de agudo.
Acontecimiento –entendido por tal no una decisión, un tratado, un reino o
una batalla- sino una relación de fuerzas que se invierte, un poder que se
confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, una
dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, y otra que
surge, disfrazada. Las fuerzas que están juego en la historia no obedecen ni a
un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha” (Foucault; 1998). Es
así como para la genealogía cada acontecimiento refiere a las irrupciones que
ponen en jaque las regularidades o usos, las dependencias y su relación con
la problemática del poder. En este sentido, el acontecimiento refiere a ciertos
hechos históricos que desencadenan cambios en las prácticas discursivas y
extradiscursivas. Para Foucault, la primacía del acontecimiento no lo
entiende solo como perpetuador de unas particularidades históricas que se
repiten a través del tiempo sino también como hechos transformadores
donde “no se trata de colocar todo en un cierto plano, que sería el del
6
suceso, sino de considerar detenidamente que existe toda una estratificación
de tipos de sucesos diferentes que no tienen ni la misma importancia, ni
la misma amplitud cronológica, ni la misma capacidad para
producir efectos” (Foucault; 1992).
Movimientos sociales: El concepto de “movimientos sociales” cobra en las
ciencias sociales un significado polémico en la medida en que ha sido
utilizado con distintas significaciones por las diferentes corrientes de
pensamiento para referirse a diversos tipos de colectivos sociales o sujetos
colectivos. Por tal motivo, el uso de dicho término ha suscitado una serie de
debates al interior del campo de las ciencias sociales.
En primera instancia, para referirnos a los movimientos sociales, nos
distanciaremos de la concepción de la llamada escuela de los nuevos
movimientos sociales (ENMS), cuya perspectiva distingue a los
movimientos sociales de los movimientos obrero y sindical; al tiempo que
ocasionó un desplazamiento eurocéntrico en la medida en que se inspira en
la realidad europea de los ’70 y los ’80 y traslada la configuración que
presentaban los movimientos sociales en aquel entonces a la realidad
latinoamericana. Por un lado, se ocultaba la cuestión social; en tanto los
movimientos europeos estaban conformados por los sectores medios
mientras que los movimientos latinoamericanos estaban conformados por los
sectores más pobres y débiles de la sociedad, quienes fueron los más
perjudicados por la implementación de las políticas neoliberales. Por otro
lado, a ello se sumaba el enmascaramiento de la dominación cultural. Al
contraponer los antiguos movimientos obreros de base clasista con los
“nuevos movimientos sociales”, la mencionada escuela postulaba que estos
últimos ponían de manifiesto la caducidad de la antinomia capital-trabajo y,
junto con ella, el abandono de las contradicciones y formas de explotación
inherentes a la sociedad capitalista. En este sentido, se entendía que los
actuales movimientos sociales ya no lucharían por bienes materiales sino por
recursos simbólicos, y que la resolución del conflicto era posible sin la
7
necesidad de que se produjera una transformación profunda de la sociedad
existente (Murillo y Seoane; 2008).
Nos distanciaremos también de aquellas posturas que restringen a estos
movimientos a una dimensión “social”, a la que entienden no sólo como
separada sino también como contrapuesta a la dimensión “política”;
haciendo referencia a una supuesta “apoliticidad” de los movimientos
sociales. Entendemos que el papel desempeñado por los movimientos
sociales al cuestionar y oponerse a la implementación de políticas
neoliberales en la región latinoamericana constituye una prueba irrefutable
de cómo estos movimientos conciben a la política como una práctica
colectiva que posibilita la transformación de lo existente; al tiempo que
cuestiona a la política como una actividad exclusiva y monopólica del
Estado y los partidos políticos como las únicas y legítimas mediaciones.
Por su parte, el pensamiento crítico latinoamericano, ha superado la falaz
oposición entre los denominados viejos o nuevos movimientos sociales con
el objetivo de poder trazar rupturas y continuidades entre el conjunto de los
movimientos sociales y sus respectivas prácticas. En este sentido, estas
reflexiones críticas han puesto el foco sobre el análisis del impacto
provocado por la implementación de las políticas neoliberales, cuyo
resultado fue el debilitamiento y crisis de los antiguos modelos sindicales.
Por tal motivo, lejos de suponer el fin de los sujetos trabajadores, resulta más
pertinente hablar de una articulación entre sujetos de distintos sectores.
Entonces, a partir de lo dicho anteriormente, utilizaremos el concepto de
“movimientos sociales” para referirnos a aquellos colectivos que, a mediados
de la década del 901, surgen y cobran relevancia en América Latina por su
papel desempeñado en contra de la implementación de políticas neoliberales
en la región. Desposeídos o ante la amenaza de sufrir la expropiación de sus
1 El período de resistencia y cuestionamiento social al neoliberalismo está marcado por tresacontecimientos: El primero de ellos tuvo lugar el 1 de enero de 1994, cuando se produjo ellevantamiento zapatista en Chiapas, México, al entrar en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio deAmérica del Norte. El segundo fue en 1996, cuando se produjeron los primeros cortes de ruta en distintasciudades del norte y sur de Argentina que habían crecido amparadas por la empresa petrolera estatal, lacual había sido privatizada. Por último, en 1997 tuvieron lugar en Ecuador una serie de conflictos ymovilizaciones protagonizadas por movimientos indígenas y campesino, las cuales precipitaron el fin delgobierno de Abdalá Bucaram. (Seoane; 2008).
8
tierras, trabajos o condiciones de vida; fueron estos sujetos colectivos y
organizaciones quienes iniciaron un ciclo de insurrecciones y levantamientos
en distintos países de la región latinoamericana.
Los diversos movimientos sociales de la región latinoamericana tienen en
común el hecho de que, a pesar de emerger desde las periferias de los centros
urbanos, de las selvas o de las sierras, tuvieron la capacidad de expandir sus
reclamos y ampliar sus influencias hasta alcanzar relevancia a nivel nacional
(Seoane; 2008). A lo que se suma la convergencia con otros sujetos (tales
como sectores medios empobrecidos, estudiantes, trabajadores y jóvenes)
como por las formas de luchas implementadas (tales como insurrecciones,
levantamientos o largas marchas que se prolongaron en el tiempo).
Por último, siguiendo a Álvaro García Linera (2010), también entenderemos
a los movimientos sociales actuales como “estructuras de acción política”.
Esto es debido a que es el Estado, en primera instancia, el principal sujeto de
interpelación de la demanda que desencadenan las movilizaciones (abolición
de la ley de aguas, anulación de contratos de privatización, suspensión a la
erradicación forzosa, territorialidad indígena, asamblea constituyente), como
así también lo son el sistema de instituciones supra-estatales de definición de
las políticas públicas (FMI, BM, inversión extranjera).
Movimientos indígenas: Dentro de los acontecimientos e insurgencias
políticas que tuvieron lugar en América Latina a partir de la década del 90, la
participación del denominado “movimiento indígena” ocupa un lugar no
menor.
Aníbal Quijano (2005) plantea que, en América Latina, la categoría
‘indígena’ sólo tiene sentido en referencia al patrón de poder que se origina a
partir de la experiencia colonial, el cual continúa desarrollándose y
reproduciéndose. La colonialidad de dicho patrón de poder se caracteriza
por:
1. La racialización de las relaciones entre colonizadores y colonizados; la
configuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una
9
única estructura conjunta a todas las formas históricas de control del
trabajo o explotación.
2. El eurocentrismo como el nuevo modo de producción y de control de la
subjetividad.
3. El establecimiento de un sistema nuevo de control de la autoridad
colectiva en torno a la hegemonía del Estado Nación después del siglo
XVIII y de un sistema de Estado que excluye a las poblaciones
racialmente clasificadas como “inferiores”.
Lo planteado por Quijano coincide con lo expuesto por García Linera
(2010), quien sostiene que la propia afirmación de una política de la
identidad indígena (de tierras altas y de tierras bajas) se la hace frente al
sistema institucional estatal que ha procurado racializar la dominación y la
exclusión de los indígenas.
Por tal motivo, en este trabajo entenderemos la identidad indígena no como
mero discurso en torno a la multiculturalidad, sino como una cuestión
vinculada a la colonialidad del patrón de poder vigente; el cual, a pesar de
las luchas anticolonialistas que arrebataron a los colonizadores el control
territorial, ha posibilitado la continuidad de la dominación bajo la premisa de
la existencia de razas consideradas “superiores” y otras “inferiores”.
Sectores dominantes: Para la teoría crítica, el concepto de sectores o clases
dominantes hace referencia tanto a cierto grupo social que detenta un papel
dominante en las relaciones sociales de producción vigentes en una sociedad
y que se expresa, por ejemplo, en su apropiación como grupo del excedente
social producido; como al papel dominante que dicho grupo y sus
representaciones y mediaciones realizan en el conjunto de la vida social
(Bottomore; 1988) En este sentido, señala Gramsci que “cada grupo social,
naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la
producción económica, se crea, al mismo tiempo, orgánicamente, una o más
capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia
función no sólo en lo económico, sino también en lo social y lo político”
10
(2001). En esta dirección, utilizamos el concepto de sectores dominantes
para referirnos, en un sentido amplio, a los grupos sociales que detentan y
ejercen un papel dominante en lo económico que se proyecta o pretende
proyectar al resto de los terrenos de la vida social.
Hegemonía: Gramsci utiliza el concepto de hegemonía para referirse a la
conquista del consenso y del liderazgo cultural, político o ideológico por
parte de una clase o bloque de clases que se impone sobre las demás.
Involucra dirigir moral y culturalmente, y de forma sostenida, a la sociedad
como un todo. La hegemonía es obtenida y consolidada no sólo por
cuestiones vinculadas a la estructura económica y política, sino también en el
plano ético-cultural (saberes, prácticas, modos de representación, juicios de
valor y modelos de autoridad que quieren legitimarse y universalizarse).
La hegemonía2 es el resultado de mediciones de fuerza entre clases o bloques
de clases en un determinado contexto histórico, traduciendo formas variables
de conservación del dominio material e inmaterial, tanto en el ámbito de la
sociedad civil (donde se ejerce el consenso y se desarrolla la lucha
ideológica a través de instituciones tales como la Iglesia, la educación y los
medios masivos de comunicación) como en el seno de la sociedad política
(donde se ejerce la coerción y se lleva a cabo la dominación directa).
Cabe destacar que la hegemonía no es un estado permanente ni estático sino
que, por el contrario, es un movimiento de resistencia e incorporación3
constante; motivo por el cual debe ser ganada y asegurada para no ser
perdida. Esto se debe a que no es posible una incorporación total de las
clases subordinadas. En otras palabras, en cada momento histórico, cada
sector social tiene una posición que, al ser móvil e inestable, debe
defenderse.
2 A diferencia de la dominación –que implica formas directamente políticas, tales como la coerción- elconcepto de hegemonía incluye, a su vez, a los conceptos de cultura (en tanto que proceso social total) eideología (entendida como sistema de significados y valores de una determinada clase) en la medida enque los intereses particulares de una clase o sector son presentados como intereses generales (Gramsci;2001).3 Cuando las clases subordinadas no están lo suficientemente organizadas como para conformar unafuerza contrahegemónica, sus propias instituciones y estructuras pueden ser utilizadas por los sectoresdominantes con el fin de lograr la continuidad de la subordinación.
11
En el caso particular que nos proponemos analizar, es decir, cómo los diarios
pretenden influir en la opinión pública para asegurar el consenso, las
estrategias desarrolladas por éstos estarían destinadas a defender los
intereses de los sectores dominantes frente a la resistencia ejercida por los
sectores subordinados (movimientos sociales e indígenas, en este caso) que
amenazan con poner en riesgo su posición de privilegio.
Los diarios como partidos políticos: Gramsci caracteriza a la prensa como
una “organización material volcada a mantener, defender y desarrollar el
frente teórico o ideológico” (2001), es decir, un sostén ideológico del bloque
hegemónico. Los diarios pueden ser considerados aparatos político-
ideológicos o aparatos privados de hegemonía en la medida en que se
encargan de divulgar y unificar las distintas concepciones sobre el mundo,
cumpliendo la función de “organizar y difundir determinados tipos de
cultura” (Ibíd.), articulados de forma orgánica con determinado
agrupamiento social más o menos homogéneo que contribuye con
orientaciones generales a la comprensión de los hechos sociales.
Los diarios pueden ser considerados como verdaderos partidos políticos los
cuales, a través de la difusión de determinadas ideas y posturas, pretenden
incidir, directa o indirectamente, en la apreciación de los hechos e influir
sobre la opinión pública. En este sentido, los diarios desarrollan “las
funciones de información y de dirección política general” (Ibíd.). Si tenemos
en cuenta lo dicho anteriormente, podemos afirmar que la prensa se halla
íntimamente ligada al concepto de hegemonía en la medida en que ésta busca
lograr la dominación de las clases subalternas, no por vías coercitivas, sino
por medio del consenso, obtenido mediante la emisión de determinados
mensajes a través del aparato comunicacional. En otras palabras, la
construcción del consenso es posible a partir de la difusión de ciertas ideas e
informaciones sobre determinadas concepciones del mundo.
Representación: Stuart Hall (1981) plantea que el acceso a la información e
intercambio público depende de la mediación de los medios masivos de
12
comunicación; los cuales constituyen la base a partir de la cual los distintos
grupos sociales construyen una determinada imagen de sus propias vidas,
prácticas y valores. En este sentido, Hall distingue tres grandes funciones de
los medios masivos de comunicación: la primera es el suministro y
construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginería social, por
cuyo medio es posible percibir los “mundos” y “realidades vividas” de los
otros y reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un
“mundo global” inteligible, en una “totalidad vivida”. En segundo lugar, los
medios reflejan y se reflejan en esa pluralidad; es decir que éstos proveen
realidades sociales donde antes no existían y, además, clasifican (de modo
aparentemente diverso y abierto) el conocimiento social que ellos mismos
ponen selectivamente en circulación. En este sentido, los medios no sólo nos
ayudarían a saber más sobre “el mundo”, sino a darle un sentido en la
medida en que asignan a las relaciones y acontecimientos problemáticos
determinados contextos explicatorios. La tercera función de los medios de
comunicación es unir y organizar aquello que ha sido representado y
clasificado selectivamente; en otras palabras, lo que se ha clasificado
empieza a moverse dentro de un orden reconocido.
Lenguaje: Stuart Hall (1981) define al lenguaje como una serie de signos y
discursos objetivos que encierran materialmente los procesos del
pensamiento en la sociedad. Este es fundamentalmente social ya que el
individuo sólo puede pensar y hablar si se sitúa primero dentro de él, para lo
cual debe previamente tener acceso a las normas y convenciones que
gobiernan el habla y los diversos códigos a través de los cuales se clasifica la
vida social en cada cultura.
El lenguaje es también el principal mediador de la vida social ya que permite
que las cosas signifiquen, es decir, a través de él se lleva a cabo el trabajo de
la representación cultural e ideológica.
13
Espectacularización: Para Pierre Bourdieu (1997) el principio de selección
de los medios se basa en la búsqueda de lo sensacional, de lo espectacular; lo
que conduce a exagerar la importancia de un acontecimiento y su gravedad.
Esta espectacularización, es decir, el interés por aquello que resulta
excepcional y extraordinario porque se sale de lo común y porque no ocurre
a diario, en la que incurre el periodismo requiere de la utilización de palabras
extraordinarias, utilizadas muy a menudo a la ligera, que conduce a la
creación de temores, fobias o representaciones equivocadas.
Este afán por la espectacularización puede traer aparejadas dos cuestiones.
Por un lado, que al tratar de diferenciarse de lo cotidiano y, a su vez, del
resto para tener una primicia informativa o información exclusiva, todos los
periódicos acaben copiándose los unos a los otros y, de ese modo, lejos de la
exclusividad y la originalidad, acaba por producirse la banalización y
uniformización. Por otro lado, que la búsqueda de lo espectacular acabe por
imponerse al conjunto del campo periodístico y que en éste, indiferente a
cualquier forma de deontología y planteamiento político, la cobertura de los
sucesos tenga “el efecto de crear un vacío político, de despolitizar o de
reducir la vida del mundo a la anécdota o al cotilleo (…), al fijar y mantener
la atención en unos acontecimientos carentes de consecuencias políticas”
(Bourdieu; 1997).
La mencionada lógica de producción implantada por el periodismo trae
aparejado un determinado trato de la noticia: se crea una visión
deshistorizada y deshistorizante que no profundiza en las causas ni
consecuencias que llevaron a la noticia, sino que sólo la presenta y anuncia;
lo importante es dar la primicia, no analizar la información ni chequearla; se
priorizan los enfrentamientos por sobre el debate y la comprensión. En otras
palabras, la lógica de la producción económica se apodera de la construcción
del discurso al presentar la noticia como si se tratara de una publicidad: de
forma shockeante, alarmante y sintética (Bourdieu; 1999).
14
5. Consideraciones metodológicas
La presente investigación parte de buscar comprender el surgimiento y desarrollo de
un determinado proceso político y las propuestas realizadas tanto por los movimientos
sociales que integraron la Asamblea, como así también por las élites dominantes en
defensa de sus intereses, para poder analizar la cobertura que los distintos medios de
comunicación hicieron sobre el mismo. Indagar sobre tales objetivos, como así también
los problemas específicos que de éstos se derivan, supone efectuar un análisis que nos
permita comprender la complejidad del contexto histórico en que éstos se desarrollan.
Por tal motivo, nuestro objetivo no consiste en limitarnos a describir dicho proceso ni a
tratar de comprenderlo de forma aislada, sino que nuestra intención es llevar a cabo una
investigación de carácter descriptivo, histórico y relacional, desde una perspectiva
articuladora.
A partir de lo dicho, entendemos que la metodología cualitativa resulta la más
indicada para tales fines en la medida en que nos brinda las herramientas y técnicas
necesarias para recolectar datos descriptivos tales como las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan; 2000).
Para efectuar el análisis sobre la confrontación entre los movimientos sociales y los
sectores conservadores, como así también sus respectivas propuestas y
contrapropuestas, utilizaremos la técnica “investigación de escritorio”, es decir, la
recopilación y análisis de materiales y documentos escritos (tales como libros, informes
y artículos de diarios) con el fin de obtener los datos necesarios que nos permitan
identificar las condiciones políticas, sociales y culturales que dieron origen a la
propuesta de conformación de una Asamblea Constituyente en Bolivia. Se consultarán
aquellos documentos que nos proporcionen información sobre el objeto que
pretendemos conocer y que, a su vez, puedan ser utilizados a modo de consulta o
prueba. También se tendrán en cuenta una serie de trabajos de campo e investigaciones
que aborden el fenómeno que aquí nos proponemos analizar u otros afines.
En el análisis de todo el material documental recolectado utilizaremos el método
arqueológico desarrollado por Michel Foucault. La perspectiva de este método reside en
considerar los documentos, el material empírico de estudio, como monumentos; es decir
en considerar “como tarea primordial, no el interpretarlo, ni tampoco determinar si es
15
veraz y cuál es su valor expresivo, sino trabajar desde el interior y elaborarlo….se trata
de definir en el propio tejido documental unidades, conjuntos, series, relaciones”
(Foucault; 1996). Desde esta perspectiva, el análisis de las prácticas discursivas es
inseparable de las extradiscursivas en tanto una mirada que afirma y realza las
dimensiones de como dichas prácticas discursivas conforman sistemáticamente los
objetos de los que hablan, de los efectos de saber-poder, y de cómo dichas prácticas se
inscriben también en ciertas condiciones históricas de posibilidad de su propia
emergencia y ejercicio.
En lo que respecta al análisis específicamente comunicacional, entendemos que
analizar el papel de los medios de comunicación –en este caso en particular, el de los
periódicos- resulta no sólo pertinente sino, sobre todo, necesario en la medida en que de
su mediación depende el acceso a la información y el intercambio público (Hall; 1981).
El corpus con el que trabajaremos está integrado por los siguientes diarios, todos ellos
de circulación nacional:
La Razón, de La Paz;
El Deber, de Santa Cruz;
Los Tiempos, de Cochabamba;
Correo Del Sur, de Sucre.
La elección se basa en un conjunto de criterios tales como: la circulación de ese
medio; la importancia en la región de ese diario; la existencia de un cobertura temática
extensa por parte de él; su carácter de vehículo de “opinión autorizada” por medio de
editoriales y noticia; su actuación -o no- coordinada por medio de reproducciones
parciales o totales de editoriales y noticias y, finalmente, porque es posible establecer
semejanzas y diferencias entre las coberturas hechas por cada uno de ellos dependiendo
del grupo mediático al que pertenecen y el departamento en el que se ubican.
Las regiones seleccionadas para esta investigación fueron elegidas por tres razones.
La primera de ellas es que allí tuvo lugar la mayor producción de noticias y editoriales
sobre la Asamblea Constituyente; la segunda es que estas regiones tienen la mayor
cantidad de medios gráficos del país (Contreras Baspineiro; 2005); y la tercera es que
16
estos departamentos estuvieron en el epicentro de las polémicas en torno a las que se
han elaborado las preguntas específicas anteriormente enumeradas.
Para llevar a cabo este análisis, nos centraremos en la cobertura que los
mencionados periódicos hicieron de aquellos acontecimientos más sobresalientes
durante el proceso de formación y consolidación de la Constituyente, desde la Sanción
de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC) en 2006,
hasta el referéndum que aprueba la nueva Constitución Política del Estado en enero de
2009.
En este recorte temporal se hace hincapié en los momentos de mayor conflictividad
social y política que se tratarán en la primera parte de este trabajo, a saber:
1. La celebración de las elecciones de asambleístas constituyentes (de
junio de 2006) y el comienzo de las sesiones de la Asamblea
(agosto de 2006);
2. Los conflictos por la forma de aprobación de la Carta Magna y sus
artículos, por las autonomías departamentales y las indígenas, por
el carácter originario o derivado de la Asamblea Constituyente, y
la plurinacionalidad del país (diciembre de 2006 a junio de 2007);
3. Las manifestaciones a favor y en contra de la capitalía plena de
Sucre (septiembre de 2007);
4. La masacre de Pando y el fallido Golpe Cívico-Prefectural
(septiembre de 2008);
5. La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE)
definitiva (diciembre de 2008 a enero de 2009).
Para analizar cada uno de estos cinco momentos de mayor conflictividad, hemos
seleccionado tres artículos periodísticos (de distintas secciones tales como la editorial,
notas de opinión y de la sección política o nacional, según los consideremos relevantes)
por cada uno de los diarios ya mencionados en el caso del primer, cuarto y quinto
acontecimiento, y dos artículos en el caso del acontecimiento segundo y tercero; debido
17
a la extensión temporal de los mismos. De ese modo, obtenemos como resultado un
total de 52 artículos periodísticos, que conforman nuestro corpus a analizar.
18
CAPITULO II
PRINCIPALES ANTECEDENTES HISTORICOS Y MEDIATICOS
DEL PROCESO ANALIZADO
1. De la resistencia al neoliberalismo a las raíces de la crisis
Para el año 1985, luego del retorno de la democracia y el gobierno de Siles Suazo
(1982-85), Bolivia vivía una crisis económica debida a un agudo proceso
hiperinflacionario y a una drástica reducción del PBI. Ante este panorama, el nuevo
presidente Víctor Paz Estenssoro4 promulgó el Decreto 21060 que sirvió de directriz a
una nueva política económica que por medio del ajuste estructural desmanteló las
estructuras industriales, ya que implicó el cierre de las minas estatales y sindicales,
porque destruyó el rol de la Central Obrera Boliviana (COB) como instrumento
privilegiado de lucha e interlocución entre el Estado y los trabajadores; dos elementos
que habían identificado la Revolución del ’52 y al Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) del que Paz Estenssoro formaba parte. En la práctica, este
decreto permitió una drástica reducción de la inflación (del 12000% al 9%), pero trajo
como contrapartida “más de 20000 mineros despedidos durante el primer año y 35000
fabriles igualmente despedidos en cinco años. Al cabo de tres años, el 70% de la fuerza
laboral urbana pertenecía a la economía informal”5. La gran mayoría de esa masa de
precarizados se vio obligada a migrar, ya sea a ciudades en las que formaron parte del
cada vez más numeroso sector informal (como es en el caso de El Alto6, ciudad
periférica de La Paz) o al campo para engrosar las filas de los cultivadores de coca en la
región del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El aumento exponencial del número
de cocaleros trajo como consecuencia un mayor peso de estos en la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y de la expansión
en el sindicalismo campesino de su visión en defensa de lo autóctono simbolizado en la
hoja de coca frente al ataque del imperialismo, expresado en la estigmatización y
4 Paz Estenssoro ocupaba su tercer mandato presidencial. El primero de ellos fue en 1952, cuando supartido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) llevó a cabo una revolución nacionalista, queincluyó medidas como la reforma agraria, el sufragio universal, la reforma educativa, la nacionalizaciónde las minas.5 Kohl y Farthing (2006) en Garcés (2010).6 Para una descripción más amplia del fenómeno de la economía informal en El Alto, véase Natanson(2010).
19
represión que sufrían los cocaleros por parte del gobierno, en el marco de acuerdos con
la agencia antidroga de los Estados Unidos (DEA)7. Esto llevó a las organizaciones del
Altiplano a interpelar y confrontar con el Estado, actitud que se expresó en la
participación directa en la arena política, primero por medio de alianzas con coaliciones
de izquierda (con Izquierda Unida en 1989 y con el Eje Pachakuti en 1993), y luego de
forma autónoma con la conformación de un instrumento político propio de las
organizaciones sindical-rurales. Así, en 1995 se creó la Asamblea por la Soberanía de
los Pueblos (ASP) que, luego de pujas internas (Do Alto; 2007) por la conducción de
esta, se terminó separando, y con la mayoría de las organizaciones que conformaban la
CSUTCB se creó, en 1998, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
(IPSP) bajo la figura de Evo Morales, líder del sindicato de los cocaleros. El partido
recién podrá participar en elecciones en 1999 a través de la organización Movimiento
Al Socialismo (MAS), que le otorgó su sigla para poder competir, ya que la corte
electoral dilataba la aprobación de su estatuto. Así se conformó el MAS-IPSP que
tendrá un vínculo muy aceitado no sólo con la CSUTCB, sino también con otras
organizaciones del occidente campesino como la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Colonizadores
de Bolivia (CSCB)8. Como veremos más adelante, el MAS desempeñará un papel
importante en la resolución de las demandas de los movimientos sociales al tomar como
propio el proyecto de estas.
Cabe aclarar que las políticas neoliberales no sólo impactaron negativamente en las
organizaciones campesinas del occidente, sino también en los movimientos de los
pueblos indígenas de las Tierras Bajas (oriente), los cuales nacieron con el apoyo y
asesoramiento de distintas ONGs y organismos internacionales ya que son pueblos muy
diversos y pequeños en número debido a que sufrieron un temprano proceso de
genocidio. En 1982 se creó la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente
Boliviano (CIDOB) que, al carecer de la fuerza de masividad numérica, estableció como
7 La expresión máxima de estos acuerdos es la Ley 1008/89. Cfr. Do Alto (2007).8 La CSCB es la organización matriz de los Reconstituidos Pueblos Originarios de Bolivia, mal llamadoscolonizadores. Está compuesta por aymaras, quechuas, guaraníes, chimanes, ayoreos y otros pueblosoriginarios que han emigrado de las altas cumbres de Los Andes a zonas subtropicales en busca demejores condiciones de vida, a causa de la falta de tierra, los desastres naturales y la contaminación querealizan las empresas agroindustriales. Para más información de la Confederación, véase su sitio eninternet http://cscb.nativeweb.org/
20
estrategia las movilizaciones dirigidas a luchar por el reconocimiento estatal de su
organización y de los pueblos y culturas que esta englobaba por medio de la vía legal en
busca de que el Estado se convirtiera en una suerte de árbitro que los protegiera de la
expansión de la frontera maderera y agroindustrial. Uno de estos primeros intentos de la
CIDOB fue en 1986 y 1987, cuando presentó una propuesta de ley de reconocimiento
indígena -con 100000 firmas de respaldo ciudadano- que el Congreso rechazó. Es en
este marco que se dio en 1990 el primer pedido formal de convocar a una Asamblea
Constituyente en la Marcha por el Territorio, la Vida y la Dignidad (Chávez León;
2008), en la que estos se movilizaron hacia La Paz para plantearle al Estado que
reconociera como actores políticos válidos a los 35 pueblos y naciones del país, y que se
respetaran sus usos y costumbres ligados a sus territorios ancestrales, los cuales se pidió
mantener por medio del otorgamiento de títulos de propiedad de las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO).
Al no encontrar respuesta, los conflictos con el gobierno para lograr ser reconocidos
se fueron ampliando, y derivaron en un mayor vínculo entre los movimientos
occidentales y orientales -que los llevó a ser vistos como un movimiento campesino-
indígena- plasmado tanto en la campaña y movilización en contra de los festejos de los
500 años de la Conquista (1992), como también en la Marcha por la Vida, la Coca y la
Soberanía (1994), donde se reitera el pedido de Asamblea, pero esta vez a través de una
reforma que permitiera refundar el país.
Estos hechos reflejan cómo las políticas de ajuste neoliberales produjeron un
desplazamiento del peso de las tradicionales organizaciones de la clase obrera y la
emergencia de aquello que antes estaba oculto o, mejor dicho, puesto en segundo plano:
la diversidad de actores y estrategias de acción política basadas en un pedido de cambio
de expresión y representación política que dieran lugar a la implementación de los usos
y costumbres de cada etnia. Sin embargo, el monopolio de la representación que todavía
tenían los partidos políticos se verá en el proyecto del entonces presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997) de impulsar un cambio constitucional que incorporara
de alguna forma los derechos de los indígenas y campesinos de forma nada más que
21
declamativa. Mediante una alianza con el líder katarista Víctor Hugo Cárdenas9 se
produjo en 1995 una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE),
centrada en el artículo 1º y el 167, que reconoció el multiculturalismo del país al
reconocer los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas, especialmente los
relativos a sus TCO, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones; reconoció la
personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y
sindicatos campesinos; y permitió parcialmente –como vía alternativa de solución de
conflictos- la justicia indígena. Esta reforma, que argumentaba ser la incorporación
institucional de los indígenas, terminó siendo una coartada para otra fase de
profundización de la hegemonía de mercado cristalizada en la Ley de Capitalización
sancionada el mismo año, que trajo aparejado un nuevo achicamiento del Estado y la
privatización de las empresas públicas, principalmente las telecomunicaciones y las de
recursos naturales (los hidrocarburos entre ellos). Esta mezcla entre una democracia
participativa y una economía neoliberal hizo que la primera quedara como algo
secundario y que, aunque fue anunciado como algo que modernizaba el país, conservó
las características excluyentes de lo otro, mientras que el incentivo a un libre mercado
produjo una pérdida de la soberanía económica y el aumento de la pobreza y la
inequidad social; todo esto en el marco de la llamada “democracia pactada”, por la cual
los tres principales partidos (la Alianza Democrática Nacionalista, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria y el Movimiento Nacionalista Revolucionario) se repartieron
el poder conformando sucesivas coaliciones de gobierno durante 18 años10, periodo en
el que sectores más desfavorecidos de la sociedad boliviana fueron tomando conciencia
de que el modelo político tradicional liberal les había traído más perjuicios que
ganancias y que debía ser reformulado radicalmente.
9 Esto minó la confianza del movimiento campesino-indígena hacia el katarismo y fue uno de losimpulsos principales para la conformación de la ASP. Cfr. Do Alto (1997)10 De manera sintética, los gobiernos de coalición fueron: Víctor Paz Estenssoro del MNR (1985-1989),Jaime Paz Zamora (MIR,1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 1993-1997), Hugo BanzerSuárez (ADN, 1997-2001), Jorge Quiroga (ADN, 2001-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (AlianzaMNR-MIR 2002-2003).
22
2. Lo que la reapertura democrática trajo: privatización de medios
La reapertura democrática fue también el escenario propicio para la creación de
nuevos medios privados; siendo la salida al aire de la televisión privada, en 1984, el
fenómeno más destacable. Al año siguiente, la cantidad de canales privados aumentó
exponencialmente, pasando de 35, en el año 1985, a 109, en el año 199011. Años más
tarde, también comenzaron a conformarse algunos multimedios a partir del ingreso de
capitales extranjeros que acabaron por redefinir el escenario local y el régimen de
propiedad vigente hasta el momento.
Hasta 1985, la mayor parte de las industrias vinculadas a la comunicación estaban
en manos de la Iglesia católica12 y de unas pocas familias con cierta tradición dentro de
la prensa gráfica, como los Rivero de Santa Cruz y los Carrasco de La Paz. Por su parte,
los dueños de las emisoras radiales podían ser tanto sindicatos como medianos
empresarios, instituciones religiosas y organizaciones de base.
Todo cambiaría al producirse, en forma paralela, la liberalización de la economía y
la liberalización de las comunicaciones. Según Giavedoni (2010), el rediseño en el mapa
de medios boliviano se produjo a partir de la sanción del decreto 21.06013 en 1985.
Cabe destacar que, mientras que el gobierno había impuesto restricciones al proceso de
privatización en ciertas áreas de la economía (como la energía eléctrica y la minería), se
abstuvo de intervenir y regular el proceso de privatización y proliferación de los medios
de comunicación. De ese modo, fue posible que inversores mediáticos ingresaran al
mercado sin ningún tipo de restricciones o regulaciones (Ibíd.).
11 Giavedoni, Darío: “Los medios en Bolivia: mapa y legislación de los medios de comunicación” en Larevista del CCC [en línea]. Mayo / Diciembre 2010, n° 9/10. [citado 2013-06-06]. Disponible en Internet:http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/169/ ISSN 1851-3263.12 La Iglesia puede ser considerada el primer multimedio de Bolivia a partir de la adquisición de la radioFIDES (1929) y, luego, del Semanario Presencia (1952). Además, son de su propiedad, entre otros, losperiódicos Presencia (La Paz) y Yachay (Cochabamba), de la revista Cuarto Intermedio (Cochabamba),del Boletín Movimiento Franciscano Justicia y Paz (Cochabamba) y del periódico informativo Camino(Sucre). Por otro lado, la Iglesia también es dueña de más de 10 canales de televisión, salas de cine, másde 42 radios en el campo, selva, minas y ciudad, y producciones de video (Giavedoni, Ibíd.).13 Este decreto imponía un régimen de libre importación y exportación, permitiendo el ingreso al mercadonacional de productos provenientes de países extranjeros subvencionados por sus respectivos gobiernos,lo cual trajo como consecuencia el deterioro de la industria nacional y, por consiguiente, muchosartesanos y pequeños productores agrícolas sufrieron la pérdida de sus empleos, talleres y tierras.Además, este decreto concedía tanto a las empresas públicas como privadas la autoridad de convenir,congelar o rescindir contratos de trabajo. De ese modo, fue posible que tanto empresarios de diversasramas, como políticos y extranjeros tuvieran la posibilidad de convertirse en propietarios de medios decomunicación.
23
A partir de que Gonzalo Sánchez de Lozada asumiera la presidencia en 1993, tanto
las políticas de ajuste como los procesos de liberalización y privatización se
incrementaron aún más. Así fue como comenzaron a formarse cadenas de medios
compuestas por radios, diarios, revistas, telefonía y otros rubros marcando la
emergencia de los nuevos grupos multimedia en el país. Y fue también en ese entonces
que se incrementaron las inversiones extranjeras en la región latinoamericana14.
3. Lo que el neoliberalismo dejó: concentración mediática
Tras décadas marcadas por la sucesión de gobiernos neoliberales, el mapa de
medios bolivianos se caracteriza por la concentración de la propiedad en manos de
grupos económicos privados. En el caso particular de los diarios, se observa que dicha
concentración se da alrededor de poderosas familias que, a su vez, se fusionaron entre sí
dando origen a grupos empresariales de periodismo y comunicación.
La familia Rivero, perteneciente a la oligarquía nacional, es propietaria de El Deber
de Santa Cruz, el diario de mayor tirada del país. Luego de haberse fusionado con el
Grupo Canelas y con la red televisiva PAT (Periodistas Asociados de Televisión), se
conformó el Grupo Líder que, a su vez, también es propietario de otros medios
regionales tales como La Prensa de La Paz, El Alteño de El Alto, Los tiempos de
Cochabamba, El Nuevo Sur de Tarija, Correo del Sur de Sucre, El Norte de Montero y
El Potosí. Este grupo también posee dos radioemisoras y dos canales de TV más
servicios corporativos de impresión y edición15.
En segundo lugar, tenemos al grupo español PRISA; propietario o accionista de un
gran número de empresas mediáticas tanto en Europa como en América Latina. En
Bolivia, el grupo es dueño de La Razón de La Paz, del canal televisivo ATB, del portal
web Bolivia.com y de los diarios El Nuevo Día de Santa Cruz y El Extra. Antes de ser
propiedad de PRISA, La Razón perteneció a Raúl Garafulic (Grupo Garafulic) quien, a
partir de los vínculos que mantenía con Hugo Banzer, fue adquiriendo cada vez más
medios a cambio de garantizarle a éste protección mediática. Fue este mismo
14 Claros ejemplos de esto fueron el hecho de que la STET Italiana compró la mitad de las acciones de laestatal ENTEL sumándole Bolivia a sus intereses en Argentina y Cuba; y la asociación de la operadoraboliviana de televisión por cable Multivisión S.A. con el holding canadiense Multivisión ComunicationCorporation, en 1997.15 Serrano, Pascual y Bajo, Ricardo en “Oligarcas locales y españoles controlan el panorama informativode Bolivia” Consultado el 23 de agosto de 2013 en http://www.pascualserrano.net/noticias/evo-morales-se-enfrenta-al-control-mayoritario-de-los-medios-de-comunicacion-por-la-derecha
24
empresario quien llevó a cabo las gestiones para que PRISA adquiriera las acciones de
dicho grupo16. Esto posibilitó, por un lado, el crecimiento de PRISA como grupo
mediático y, por el otro, que Garafulic adquiriera inversiones en diversas áreas de la
economía, tales como empresas, fábricas y urbanizaciones (Giménez Solar; 2010).
Siguiendo con otras familias propietarias de medios podemos mencionar a la
Familia Carrasco, que es propietaria del centenario periódico El Diario de La Paz. Por
otro lado, se destacan dos familias que, además de ser propietarias de medios, tienen
empresas que se desempeñan en distintas áreas del mercado. Una de ellas es el Grupo
Kuljis, cuyo accionista mayoritario, Ivo Kuljis17, posee acciones de la cadena televisiva
Red Uno, y es también un importante accionista del Banco Económico y propietario de
empresas vinculadas con la agroindustria y bienes raíces. La otra familia son los
Monasterios, quienes además de ser propietarios de la red televisiva de alcance nacional
UNITEL, también son inversionistas en la agroindustria y en el Banco Ganadero.
Además de los periódicos ya mencionados, en los distintos departamentos de
Bolivia podemos encontrar periódicos locales. En Cochabamba, además de Los Tiempos
(Grupo Líder), circula La Opinión, propiedad de la familia Tapia y anteriormente
perteneciente a PRISA. En Santa Cruz, junto con El Deber y Nuevo Día, circulan El
Mundo (diario de ultra-derecha distinguido por los permanentes ataques al gobierno del
MAS y, particularmente, a la figura de Evo Morales) y La Estrella del Oriente, ambos
de escasa tirada. En Tarija, además El Nuevo Sur, está El País, ambos periódicos
cercanos a la Prefectura de la región. En Oruro, junto con La Prensa, circula otro
periódico de escasa tirada llamado La Patria. Finalmente, en Trinidad, capital del
departamento de Beni circulan tres periódicos de baja tirada: La Misión y La Palabra de
Beni, ambos abiertamente opositores al gobierno, y El Informador, que simpatiza con el
MAS.
Si tenemos en cuenta a todos los periódicos mencionados, podemos decir que
predomina una línea editorial de derecha y opositora al gobierno nacional ya que, como
16 Entre los beneficios que Garafulic ofrecía a PRISA podemos mencionar a los contactos políticos. Unclaro ejemplo de ello fue el del entonces Ministro de Educación, Hoz de Vila, quien otorgó la licitaciónpara que los libros utilizados en las escuelas fueran los libros de la editorial Santillana, perteneciente algrupo español (Giavedoni; Op. cit).17 Este empresario también ha probado suerte como político en distintas oportunidades: como candidato aVicepresidente por Conciencia Patria (1993), Unidad Cívica Solidaridad (1997) y Nueva FuerzaRepublicana (2002).
25
se ha señalado, a excepción de los que son propiedad de PRISA, el resto pertenece a
familias o grupos oligárquicos locales.
4. La develación de la crisis y las insurrecciones populares
A comienzos del año 2000 se inició un ciclo de movilizaciones e insurrecciones
sociales llevadas a cabo por un amplio bloque de sectores urbanos y rurales, con los
campesinos e indígenas como sus principales propulsores, que aunaron criterios,
propuestas y proyectos populares de cambio reunidos en lo que se dio en llamar la
Agenda de Octubre que planteó como principales consignas la nacionalización de los
hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC) que elaborara una
nueva Constitución Política del Estado.
Podemos decir que, como argumenta Álvaro García Linera, la develación de la
crisis18 se dio cuando el gobierno, luego de privatizar los recursos públicos estatales
(mineras, hidrocarburos y telecomunicaciones) quiso comenzar a enajenar recursos
públicos no estatales que usaban cotidianamente las poblaciones. La disidencia a esa
medida se expresó en la irrupción de un bloque social con capacidad de movilización y
expansión territorial de la protesta que convirtió una demanda local en una consigna
nacional, porque adquirió cada vez mayores grados de legitimidad en amplios sectores
de la sociedad al proponer un proyecto político propio que no pudiera ser cooptado por
el sistema liberal. Esta tipificación se expresó en una serie de acontecimientos de
insurrección colectiva que se prolongaron hasta las elecciones de 2005 que ganó Evo
Morales y que fueron: la Guerra del Agua (2000), la Marcha por la Soberanía Popular,
el Territorio y los Recursos Naturales (2002), el Febrero Negro y la Guerra del Gas
(2003). Estos acontecimientos conformaron la agenda de los movimientos sociales, a la
18 García Linera plantea que una crisis estatal general se identifica a partir de un primer momento dedevelación de la misma, cuando ésta se manifiesta, se expresa. En segundo lugar comienza a encontraraceptación un bloque social disidente, con capacidad de movilización social y de expandirterritorialmente su protesta. Luego ocurre que este bloque comienza a adquirir ámbitos de legitimidadsocial, entra en sintonía con sectores cada vez más amplios de la sociedad. Por último, surge un proyectopolítico no cooptable por el poder ni por los gobernantes. Esto es lo que, según el autor, sucedió enBolivia entre el 2000 y el 2003, cuando el régimen neoliberal, luego de privatizar los recursos públicosestatales (mineras, petroleras, telecomunicaciones) comenzó a afectar a los recursos públicos no estatales(sistema de agua). García Linera, Álvaro: “La construcción del Estado” en Tres pensamientos políticos.conferencias organizadas por las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA /Álvaro García Linera; Ernesto Laclau; Guillermo O’Donnell. Buenos Aires: Universidad de BuenosAires. Facultad de Ciencias Sociales. 2010.
26
vez que la respuesta a estas propuestas por parte de las elites dirigentes de los
departamentos ricos de la Media Luna (integrada por los departamentos de Santa Cruz
de la Sierra, Beni, Pando y Tarija) no se hizo esperar y se concretó por medio del pedido
de autonomías departamentales y, en menor medida, regionales.
El primero de los momentos de conflicto fue la denominada Guerra del Agua
producida en el departamento de Cochabamba, una zona semiseca y con escasez de
agua, cuando la empresa municipal distribuidora (SEMAPA) fue concesionada de
manera irregular al consorcio transnacional Aguas del Tunari19, a la vez que se aprobó
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por la cual se entregaba el control del
sistema rural de provisión de aguas al mismo consorcio, pasando así la norma por
encima de las formas tradicionales de acceso y uso del recurso por medio de los pozos
que las mismas comunidades habían hecho, y que le permitió a la compañía un aumento
de las tarifas de entre el 35 al 100%. Esto hizo que entre los meses de enero y febrero de
2000 se llevaran a cabo movilizaciones y cortes en las principales rutas y accesos a la
ciudad y al departamento que paralizaron la zona por varios días. Luego de las violentas
represiones perpetradas por la policía y el ejército que debió sufrir la población
movilizada que había tomado la ciudad, el 10 de abril se logró que el gobierno
constitucional del ex dictador Hugo Banzer rescindiera el contrato con Aguas del Tunari
y que la empresa abandonase el país. Ello significó la primera victoria de los sectores
populares frente al neoliberalismo y una demostración de su fuerza masiva al gobierno.
La fuerza de este fenómeno radicó en la amplia participación de los sectores
populares urbanos y campesinos de diversas organizaciones reunidas en la
Coordinadora Departamental del Agua y de la Vida (conformada por el Comité de
Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación Departamental de Regantes, la
Central Obrera Departamental, la Federación de Trabajadores Fabriles, a las
organizaciones vecinales, colegios profesionales, perforadores de pozos, maestros,
campesinos, cocaleros, universidades y jubilados, entre otros20), que expresó la
multiplicidad de sectores involucrados en la protesta y la recuperación del diálogo
permanente entre los representantes designados y la población, permitiendo pensar en
19 Conformado por la estadounidense Bechtel, la británica IWL, la italiana Edison, la española Abengoa ydos compañías de capitales nacionales, ICE y SOBOCE.20 Cfr. Crespo (2000)
27
una forma de representación social deliberativa por fuera de las estructuras partidarias y
que hiciera posible un verdadero involucramiento y participación protagónica de las
poblaciones en la toma de decisiones de los asuntos públicos a través de mecanismos de
acuerdo que garantizaran su viabilidad. Para lograrlo, se propuso convocar a una
Asamblea Constituyente que permitiera recuperar los bienes comunes, hecho que sólo
podía conseguirse a través de una refundación del Estado.
La demanda de realización de la AC recién adquirió la suficiente fuerza y alcance
nacional en 2002, cuando la CIDOB y las organizaciones de Tierras Bajas convocaron a
una marcha el 13 de mayo en Santa Cruz -que luego se sumó a la que estaba realizando
el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ21)- y que llegó a la sede del
gobierno22 (La Paz) el 19 de junio. Esta movilización denominada “por la Soberanía
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales” se realizó, por un lado, para rechazar el
proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de mayo
que reforzaba el poder de los partidos políticos al excluir la posibilidad de participación
popular y, por el otro, para exigir la aprobación de una ley que convocara a una
Asamblea en la que todos los sectores y organismos, no sólo los partidos, pudieran
participar. La marcha logró que la consigna de refundación del Estado y transformación
total de sus instituciones, por medio tanto del reconocimiento de todos y cada uno de los
pueblos y las naciones que conforman el país como por el respeto e igualdad de sus
lenguas, culturas, leyes, formas de organización y modos de producción, se expandiera a
lo largo del territorio y lograra mayor consenso. Hay que decir que la visibilización
nacional de esta propuesta se hizo en un marco en el que las organizaciones del
Altiplano, en especial los cocaleros, no participaron de la marcha ya que se plegaron a
la visión del MAS-IPSP (partido del que estas formaban parte) que creía que había que
esperar hasta la realización de la elecciones presidenciales del 30 de junio para después,
a la vista de los resultados23, proponer formalmente la realización de la AC. A pesar de
ello, los marchistas lograron un acuerdo con el Ejecutivo y los partidos políticos para
21 Creado en los noventa, el CONAMAQ reúne a las comunidades indígenas Ayllus y Markas de losdepartamentos de Oruro y Potosí, como también de algunas zonas de Chuquisaca y La Paz. El Consejo nose ve a sí mismo como una organización sino como una suerte de gobierno indígena. No obstante esto,entre sus propuestas también está en el horizonte la conformación de un Estado Plurinacional. Cfr.Chávez León (2008).22 La Paz es sede del gobierno central, pero la ciudad de Sucre es la capital constitucional.23 En las elecciones Evo Morales obtuvo el 20,9% de los votos, finalizando segundo a menos de trespuntos porcentuales de Gonzalo Sánchez de Lozada, de la alianza MNR-MIR.
28
que luego de las elecciones se dictara una ley para reformar la Constitución; algo que no
se podrá llevar a cabo por los acontecimientos que se producirán al año entrante.
Frente a los pedidos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de
reducción del déficit fiscal a cambio de que este organismo internacional le siguiera
brindando apoyo crediticio al país (Garcés; 2010), una de las primeras medidas tomadas
por Gonzalo Sánchez de Lozada fue un drástico aumento, en febrero de 2003, de los
impuestos a los trabajadores de más bajos ingresos, entre los que se encontraban los
policías, quienes fueron fuertemente reprimidos por el Ejército, lo que llevó a la
convocatoria de multitudinarias manifestaciones por parte de los sectores populares en
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro para protestar contra el violento accionar
gubernamental y pedir la anulación del decreto del “impuestazo”, objetivo que
finalmente consiguieron. Si esta situación minaba la confianza en el nuevo gobierno, el
punto sin retorno se dio en el mes de octubre con la llamada Guerra del Gas, cuando el
presidente aprobó la exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto de
Chile, país con el que Bolivia mantiene una histórica disputa al haber perdido la salida
al mar en la Guerra del Pacífico (1879). La negativa popular a esta medida se reflejó en
movilizaciones iniciadas en El Alto y La Paz que luego se fueron extendiendo hacia
todo el territorio, y en las que los movimientos sociales demandaron que el Estado
tomara control de los hidrocarburos e iniciara un programa que propiciara su
industrialización; que se realizara un referéndum sobre la exportación del gas y se
revisaran las leyes sobre los hidrocarburos emitidas por el gobierno; que Sánchez de
Lozada renunciara a su cargo; y que se dictara la prometida ley para realizar la
Constituyente. La negativa a estos postulados, que se dieron a conocer con el nombre de
Agenda de Octubre, por parte del presidente se expresó en el decreto de emergencia que
se implementó para levantar por la fuerza los bloqueos que se estaban realizando en las
principales rutas y caminos del país y el paro que se había implementado en El Alto,
ciudad que había logrado elaborar por el conflicto una forma de organización alternativa
para aprovisionarse de alimentos, gas y agua por medio de asambleas barriales y
cabildos vecinales que permitieran mantener la fuerza de sus reclamos (Chávez León et
al; 2010). La militarización del conflicto inició una desigual y sangrienta confrontación
entre los pobladores alteños y el ejército que, al cabo de dos días (12 a 14 de octubre),
dejó un saldo de 63 muertos. Este hecho llevó a una escalada mayor de la insurrección
29
popular al realizarse movilizaciones de más de un cuarto de millón de personas en La
Paz y diversas huelgas de hambre en diferentes regiones. A dos días de la cruenta
represión, Sánchez de Lozada debió renunciar a su cargo y eso significó un duro golpe
al sistema político y las medidas económicas que se habían tomado hasta el momento.
Ante este panorama en el que el reclamo y capacidad de movilización de los
sectores populares propició el recambio presidencial, y frente al temor de perder las
prerrogativas que el sistema político tradicional les aseguraba en el acceso y apropiación
de los recursos naturales estratégicos, los sectores privilegiados cruceños (banqueros,
empresarios y terratenientes vinculados a las principales empresas y capitales
transnacionales) impulsaron por medio del Comité Cívico Pro Santa Cruz la
descentralización administrativa a través de la autonomía departamental que les
permitiera garantizar los privilegios que les otorgaban una jerarquización estatal y
social basada en un predominio de lo blanco y mestizo por sobre lo indígena. En pos de
este objetivo, el comité amplió sus vínculos con las oligarquías de los otros
departamentos de la Media Luna, zona en la cual se concentran los mayores recursos
hidrocarburíferos, madereros, acuíferos y agroindustriales (principalmente de la soja),
para intentar neutralizar la agenda de los movimientos sociales a través de su propuesta
autonomista.
La insurrección de Octubre que provocó la renuncia de Sánchez de Lozada hizo que
la jefatura del Ejecutivo recayera en el vicepresidente Carlos Mesa, quien inició su
gestión con la desconfianza popular hacia todo un sistema representativo que se
consideraba opresivo; es por ello que Mesa dio respuesta a varios de los reclamos de los
movimientos sociales: llevó a cabo un referéndum en el que se decidió que el Estado
debía recuperar su propiedad en el petróleo y gas del país, y derogar la ley de
hidrocarburos y la modalidad de exportación de gas decretada por Sánchez de Lozada.
Ante esta situación, la clase política de los departamentos ricos no sólo no se contentó
con impedir que la consulta popular se convirtiera en ley, sino que avanzó en sus
proyectos autonómicos, cuando en enero de 2005 el Comité Cívico y la prefectura
cruceña aprovecharon el descontento que en la población había producido un aumento
del precio de los combustibles para impulsar una consulta a través del llamado Cabildo
30
del Millón24, en la que se preguntaba a los ciudadanos si estarían de acuerdo con la
constitución de autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias
y atribuciones, tanto en la libre disposición de sus recursos, como en la forma de
elección de sus autoridades y de su administración. Este proyecto de conformación de
estatutos descentralizados que permitieran autonomías fue denominado la Agenda de
Enero, una demanda de los sectores conservadores que a partir de entonces también
tendría un lugar en la reforma del sistema político-estatal, aunque persiguiendo
objetivos totalmente diferentes de los que tenía el programa de los movimientos de
octubre; y que ocasionará determinados escollos –que luego desarrollaremos- en el
proceso de reforma constitucional.
5. El Pacto de Unidad y la convocatoria a la Constituyente
En una reunión que las organizaciones campesinas e indígenas tuvieron en Santa
Cruz en noviembre de 2003 tomó forma la idea de construir un Pacto de Unidad entre
estas para que se pudiera viabilizar la convocatoria a la Constituyente, proponiendo que
el artículo 232º25 de la Constitución fuera modificado para lograr que se introdujera la
figura de la AC y que esta tuviera la potestad para reformar de manera total la Carta
Magna; objetivo que se consiguió en febrero de 2004 al aprobar el congreso la Ley de
Reforma Constitucional. En el mes de septiembre del mismo año se realizó el Encuentro
Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias, en el que participaron
la CSUTCB, la CIDOB, el CONAMAQ, la CSCB, la Coordinadora de Pueblos Étnicos
de Santa Cruz (CPESC), la FNMCB “BS”, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del
Beni (CPEMB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Movimiento sin Tierra de
Bolivia (MST-B), y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de
24 Se denominó “Cabildo del Millón” a una multitudinaria concentración que tuvo lugar en Santa Cruz dela Sierra el 15 de diciembre de 2006, con el objetivo de reclamar que las autonomías departamentalesfueran incluidas en el proyecto de Constitución que se estaba redactando por aquel entonces. Losorganizadores del cabildo afirmaron que ese día estuvieron presentes un millón de personas, de allíproviene su nombre.25 Este artículo disponía que para poder reformar la Constitución Política del Estado de 1995:1. Las cámaras deliberarán y votarán la reforma ajustándola a las disposiciones que determinen la ley dedeclaratoria de aquella.2. La reforma sancionada pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, sin que el Presidente de laRepública pueda observarla.CPE de Bolivia de 1995, disponible en http://comisiondeconstitucion2002-2003.awardspace.com/cpehistoria/cpe_1995.htm
31
Agua Potable (ANARESCAPYS), en el cual se concretó un Pacto de Unidad que
elaboró una Propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente como
producto de la participación de todas las organizaciones antes nombradas. El proyecto
se planteó como una manera de incluir a la sectores populares excluidos -tanto
indígenas y campesinos como urbanos-, por medio de la apertura de canales legales para
que estos actores políticos pudieran introducir sus propuestas y demandas de
reivindicación social y étnica en un amplio espacio institucional de participación en el
que se consensuara qué tipo de reformas estructurales necesitaba el Estado que se
pretendía refundar. La propuesta contemplaba que la AC debía ser de carácter soberana,
por ser la expresión de las demandas populares; incluyente y abierta a la participación
de todos los sectores, pueblos y naciones del país; autónoma, porque no debía depender
de ninguno de los Poderes Constituidos; y, por lo tanto, ser fundacional, es decir, tener
el poder de redactar íntegramente un nuevo texto constitucional que permitiera una
efectiva independencia entre los poderes públicos; la recuperación de la independencia
y soberanía nacionales al garantizar el control y uso sustentable de los recursos
naturales renovables y no renovables; la profundización de la democracia participativa y
comunitaria (garantizando la igualdad de género en todas), y el respeto de los usos y
costumbres, sistemas organizativos, culturales, y judiciales de las naciones originarias;
el reconocimiento de las autonomías territoriales indígenas y departamentales; y una
justa distribución de la tierra. Para ello, se propuso que la Asamblea estuviera
compuesta de 248 constituyentes elegidos tanto por sufragio universal como por
representación directa a través de los usos y costumbres de las comunidades indígenas,
haciendo que la conformación de los integrantes diera lugar a la preservación del
equilibrio entre las representaciones rurales y urbanas, de las distintas regiones, y de los
distintos pueblos indígenas por medio de circunscripciones electorales locales,
departamentales, y especiales étnicas en tierras bajas para garantizar la participación de
las minorías poblacionales.
Para mantener en pie la construcción de un horizonte transformador de las
relaciones sociales y estatales, los sectores populares realizaron una serie de
movilizaciones nacionales en las que se le exigía a Mesa que cumpliera con su promesa
de nacionalizar los hidrocarburos y convocar a la Constituyente. En el marco de una
32
democracia pactada26 que había perdido legitimidad, el 6 de junio de 2005 Mesa tuvo
que renunciar a la presidencia, la cual recayó en el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, para evitar una descomposición aun mayor del
sistema –ya que así se evitó que asumieran el cargo el presidente de la Cámara de
Diputados y el de la de Senadores- como para iniciar el proceso de transición al
convocar a elecciones para el mes de diciembre. Como lo señalamos en el comienzo de
este trabajo, en los comicios generales triunfó Evo Morales, quien con su agrupación
MAS-IPSP no sólo actuó como el órgano político de los sindicatos campesinos, sino
que, en los meses previos a la elección, fue consiguiendo el apoyo de las agrupaciones
populares urbanas y de los indígenas que lo vieron como un partido que tenía la
capacidad de potenciar transformaciones que permitieran terminar con el modelo
neoliberal (Chávez León et al; 2010).
6. Evo Morales y los medios de comunicación: concentración y confrontación
Desde la llegada de Evo Morales al poder, la relación entre el gobierno nacional y
los medios masivos de comunicación se ha caracterizado por los constantes conflictos y
confrontaciones.
Todo comenzó durante la campaña electoral, cuando ciertos medios de
comunicación privados descalificaban y criticaban al entonces candidato a la
presidencia por el MAS por su supuesta debilidad intelectual y falta de preparación
académica. En realidad, estos ataques a la figura de Morales, conllevaban
implícitamente el intento por parte de los sectores dominantes de perpetuar la
dominación bajo la premisa de la existencia de razas consideradas “superiores” y otras
“inferiores” (Quijano; 2005).
Las tensiones entre Evo y los medios se incrementaron a partir de la decisión de
éste de construir su legitimidad por fuera de los espacios mediáticos tradicionales,
aunque sin prescindir de ellos por completo. Esto significa que no ha necesitado
ninguna “bendición” por parte de ningún grupo de medios y que, a diferencia de la gran
26 Entre 1985 y 2003 el sistema político en Bolivia vivió una suerte de “romance de gobernabilidad”sustentado en la sucesiva formación de coaliciones multipartidistas, tanto parlamentarias como degobierno, que permitieron una estabilidad político-institucional sustentada en más o menos abultadasmayorías parlamentarias oficialistas. Exeni, José Luis: “Bolivia tras el fracaso de la ‘democraciapactada’” en Ágora. Corte Nacional Electoral. La Paz. Septiembre de 2005.
33
mayoría del resto de los políticos, Evo ha procurado establecer una comunicación
directa con la sociedad. De ese modo, afirma Hugo Moldis, “Evo le quita a los medios
su papel en la reproducción del poder: con él tienen menos peso y, por tanto, menos
poder”27.
Las confrontaciones también han sido resultado de los intentos por parte de los
grupos mediáticos de defender sus propios intereses. Como ya hemos visto, mientras
que muchos de los propietarios de los medios son poderosas y adineradas familias que –
además del sector de las comunicaciones- tienen negocios e inversiones en otras áreas
de la economía cuyos intereses pueden llegar a verse afectados por ciertas políticas
adoptadas por el gobierno; otros mantienen íntimas ligazones con partidos políticos de
la oposición. Por tales motivos, ni unos ni otros han dudado en utilizar a los medios
como herramientas a través de las cuales han procurado desestabilizar al gobierno en
pos de defender sus intereses económicos o políticos.
En otras palabras, los continuos intentos por parte de la prensa de deslegitimar el
proceso de conformación de la Asamblea Constituyente no son otra cosa que la defensa
de sus propios intereses. Entre las medidas adoptadas por el gobierno que afectan
directamente los intereses de los grupos de medios, se destaca el intento por regular la
propiedad mediática e impedir la concentración. Así lo explicita la nueva Constitución
Política del Estado (CPE) al establecer que “los medios de comunicación social no
podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios y oligopolios”28.
A su vez, la nueva CPE garantiza, en su artículo 106, el derecho a la comunicación
y a la información, “a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la
rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier
medio de difusión, sin censura previa”29. A ello se le suma el artículo 10730, que postula
27 Molina, Fernando: “Medios de comunicación y Estado/gobierno” en Rincón, Omar (comp.) ¿Por quénos odian tanto? Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Friedrich Ebert Stiftung.2011.28 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Obtenida el 27 de noviembre de 2012,de http://consuladoboliviano.com.ar/portal/node/119.29 Ibíd.30 El Artículo 107 de la nueva CPE plantea:
I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales ycívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de los programas educativosplurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social debenrespetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante la norma deética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.
34
la necesidad de que los medios promuevan la diversidad cultural y de lenguajes, la
veracidad y la responsabilidad; al tiempo que hace hincapié en el deber del Estado de
fomentar y apoyar la creación de medios comunitarios y de prohibir la conformación de
monopolios u oligopolios mediáticos.
Como respuesta31, desde los medios se argumentó que estos intentos por regular el
área de las comunicaciones no eran otra cosa que intentos de acallar a la prensa
independiente, a la cual se pretendía mostrar como opositora, y que ponían en riesgo la
libertad de expresión. Sin embargo, a pesar de tales acusaciones, Evo nunca intentó
cerrar ningún medio.
Por su parte, ciertas actitudes y declaraciones del gobierno contribuyeron a
acrecentar aún más la polarización. Un claro ejemplo de ello fueron las declaraciones
hechas por Evo Morales durante su discurso de asunción del mandato presidencial el 22
de enero de 2006, cuando afirmó que algunos medios de comunicación y periodistas
“permanentemente satanizaron la lucha social, permanentemente la condenaron con
mentiras. Estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un
terrorismo mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos salvajes”32. En un
principio, el gobierno diferenciaba a los dueños de los medios de los periodistas que
trabajaban en ellos; sin embargo, con el tiempo, tal distinción acabó por esfumarse.
Como resultado de este clima de enfrentamiento, muchos periodistas y trabajadores de
los medios opositores al gobierno sufrieron agresiones33 verbales y ataques físicos
llegando incluso a asesinar34 a uno de ellos. Según Giménez Solar (2010), esto hizo que
no sólo se opusieran al gobierno los dueños de los medios, sino también muchos
periodistas que se vieron involucrados en tal enfrentamiento y sufrieron las
consecuencias. Es decir, la oposición de los trabajadores de los medios no respondería a
la defensa de los intereses de sus jefes, sino que podría llegar a entenderse como una
III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopoliou oligopolios.
IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condicionesy oportunidades. Ibíd.31 Hacemos referencia a los dichos de Zevallos en Molina, Fernando Op. Cit.32 Discurso de posesión del mando presidencial pronunciado el 22 de enero de 2006 enhttp://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-62330-2006-01-30.html33 Según el Observatorio Nacional de Medios y la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación,entre octubre de 2007 y noviembre de 2008 se cometieron un total de 245 ataques contra periodistas. Cfr.ONADEM (2009).34 El periodista Carlos Quispe murió como resultado de las heridas que le causó un grupo que atacó laradio municipal donde trabajaba, en la localidad rural de Pucarani.
35
suerte de respuesta ante la “demonización” de los medios hecha por el gobierno a raíz
de las tensiones y enfrentamientos con éstos.
36
CAPÍTULO III
PLURINACIONAL. LA PROPUESTA DE LAS BASES PARA UNANUEVA FORMA DE ESTADO
En sus primeros dos meses al frente del Ejecutivo, Morales aprobó la Ley Especial
de convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC) y la Ley de Convocatoria a un
Referéndum sobre las Autonomías Departamentales. Esta última posibilitó que los
reclamos de la Agenda de Enero fueran equiparados con los de los movimientos
sociales. Por su parte, la LECAC, a pesar de haber sido impulsada por la Agenda de
Octubre para lograr una profunda reestructuración y refundación del país, terminó, por
la forma en que fue redactada, conformando uno de los primeros obstáculos para
ampliar el espacio participativo popular iniciado por el ciclo de luchas de los años
anteriores. La LECAC, sancionada el 6 de marzo de 2006, define a la Asamblea
Constituyente como “la reunión de representantes constituyentes elegidos mediante voto
universal, directo y secreto”; establece que esta “es independiente y ejerce la soberanía
del pueblo, no depende ni está sometida a los poderes constituidos y tiene como única
finalidad la reforma total de la CPE" (artículo 3º); que debía sesionar en Sucre por un
“período de sesiones continuo ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año
calendario a partir de su instalación”; que para la aprobación del texto constitucional se
necesitaba “dos tercios de votos de los miembros presentes” (artículos 24 y 25)35; y que
la conformación de la Asamblea debía constar de 255 constituyentes, de los cuales 210
debían pertenecer a las 70 circunscripciones locales y en cada una de ellas se elegirían 3
constituyentes (2 por primera mayoría y 1 por segunda mayoría), y 45 por las 9
circunscripciones departamentales y en cada una de ellas debían elegirse 5 (2 por
mayoría, 1 por segunda fuerza, 1 por tercera fuerza; y 1 por cuarta fuerza), con equidad
y alternancia de género en la postulaciones36.
Si se compara la propuesta que las organizaciones del Pacto de Unidad formularon
en septiembre de 2004 con la Ley de Convocatoria que finalmente se terminó
35 "Bolivia: Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, 6 de marzo de 2006" enhttp://www.lexivox.org//norms/BO-L-3364.html.36 Artículo 5º, 14º y 15º de la LECAC
37
aprobando en 2006, se verá que esta última afectó el espíritu de varios de los puntos.
Primeramente en la modalidad de elección, ya que se estableció que los candidatos
postulados a asambleístas debían representar a partidos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas, dejando a fuera de la posibilidad de candidatearse a aquellos que
representaran a las organizaciones sociales. Esto hizo que la Constituyente se
convirtiera en derivada, es decir, que reprodujera el típico formato de debate
parlamentario para reformas en el que se necesita la aceptación de 2/3 de los integrantes
para aprobar el nuevo texto; impidiendo así que se cristalizara en ella un carácter
originario, que se hubiera producido si el sistema de partidos hubiera permitido que se
utilizaran otras formas de representación como las de los sindicatos, asambleas,
coordinadoras y juntas de los movimientos sociales, y a los usos y costumbres de los
pueblos indígenas para elegir, en lugar de que estos sólo fueran contemplados en la
Asamblea como postulaciones que debían seguir y contar con avales y formas de
selección muy parecidas a las tradicionales37. Segundo, ante el peso predominante
adquirido por el sistema de partidos tras haber desoído y dejado afuera las propuestas de
participación directa de las organizaciones, sea bajo la elección por usos y costumbres o
por las circunscripciones especiales indígenas, se produjo una representación desigual y
desproporcionada de los partidos tradicionales (Chávez y Mokrani; 2007) ya que la
elección trinominal implicó que para cada una de las circunscripciones se eligieran tres
asambleístas, haciendo que la primera mayoría obtuviera dos y que la segunda, con
apenas un bajo porcentaje de votos, consiguiera uno. Tercero, y derivado de lo anterior,
el diseño de la Constituyente y la forma de elección trinominal hizo que aunque la
primera fuerza hubiera ganado en todas las circunscripciones nunca podría llegar a
obtener los dos tercios necesarios para aprobar el nuevo texto, lo que ipso facto le
proporcionó a los sectores conservadores tanto de los partidos participantes (MNR,
Poder Democrático Social -PODEMOS38-, y Unidad Nacional39) como de las
37 Principalmente, esto se ve en el artículo 16º, en el que dice que "deberán registrarse conforme alCódigo Electoral", y en el artículo 17º, por el que los "Pueblos Indígenas que no tengan su personeríajurídica vigente, para su registro deberán: I. Presentar a la Corte Nacional Electoral o a las CortesDepartamentales Electorales, según corresponda, las listas con el respaldo de firmas de un número igual omayor a: a) Dos por ciento (2%) de los votos válidos de todo el territorio de la última elecciónpresidencial, para presentar candidatos a nivel nacional. b) Dos por ciento (2%) de los votos válidos de undeterminado Departamento de la última elección presidencial, para presentar candidatos por eseDepartamento".38 Es una agrupación ciudadana creada en septiembre de 2005 que tiene como cara visible a Jorge "Tuto"Quiroga, quien había sido electo Vicepresidente por la ADN en las elecciones de 1997 y que tras la
38
agrupaciones ciudadanas (comités cívicos y gobiernos prefecturales de oposición) un
poder de bloqueo constante a cualquier medida que consideraran que atacaba sus
intereses.
A pesar de estos escollos, las organizaciones indígenas, campesinas y originarias40
elaboraron nuevamente una propuesta conjunta y trabajada con sus bases para que fuera
contemplada en el proceso constituyente. El primer encuentro se produjo en mayo de
2006 en Cochabamba y allí se acordó la conformación de un equipo técnico41 encargado
de la sistematización del proceso de construcción de la propuesta y el diseño del método
de trabajo. El equipo revisó cada una de las propuestas presentadas por las
organizaciones y ordenó sus criterios en base a ocho ejes temáticos: el tipo y modelo de
Estado a implementar; el ordenamiento territorial y la cuestión de las Autonomías;
sobre los recursos naturales; el medio ambiente y la biodiversidad; los Derechos y
Deberes; el régimen agrario; el régimen económico; y el régimen social en la Salud y la
Educación.
Esta clasificación sirvió para la elaboración de un documento base que fue puesto a
disposición para ser discutido en el segundo encuentro de las organizaciones, llevado a
cabo en junio de ese mismo año en Santa Cruz. En la reunión se conformaron seis
mesas de trabajo entre las cuales se dividieron los ocho ejes, de los cuales los dos
primeros fueron considerados como centrales. Con respecto al tipo modelo de Estado, el
problema era cómo explicitar de la manera más clara posible el posicionamiento del
Pacto sobre qué significa la construcción de lo que, visto descontextualizadamente,
muerte del entonces Presidente, Hugo Banzer Suárez, fue nombrado su sucesor en ambos cargos en 2001.Antes de las elecciones municipales de 2004, Quiroga renunció a la jefatura del ADN y con la personeríade la agrupación Alianza Siglo XXI (creada en septiembre de 2004) hizo pactos con más de 40agrupaciones y pueblos. En septiembre de 2005, en vísperas de las elecciones presidenciales, se fundó lanueva agrupación ciudadana PODEMOS, alcanzando en esos comicios el 28.6% de votos, consolidándosecomo principal partido opositor al nuevo gobierno del MAS.39 Nacido a finales de 2003, Unidad Nacional (UN) se postula como un partido de centro izquierdacontrario al Masismo. Su líder principal es Samuel Doria Medina Auza, ex Ministro de Planeamiento yJefe del Gabinete Económico (1991-1993) bajo el gobierno del MIR, y dueño de la Sociedad Boliviana deCemento (SOBOCE), la mayor cementera del país. Doria Medina fue elegido asambleísta constituyenteen 2006. También ha sido candidato a presidente por la UN en dos oportunidades (2005 y 2009).40 Son las mismas que conformaron el Pacto de Unidad (la CSUTCB, la CIDOB, el CONAMAQ, laCSCB, la CPESC, la FNMCB “BS”, la CPEMB, la APG, el MST-B, la ANARESCAPYS), con la solaincorporación de la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP) de Chuquisaca.41 Este equipo técnico de las organizaciones tuvo el asesoramiento y apoyo de instituciones nogubernamentales (CENDA, CEPAS-CARTITAS, CEJIS, CESA, Agua Sustentable, Fondo Indígena,Programa Nina de Red UNITAS y CEFREC) para sistematizar la propuesta. Cfr. OSAL (2007).
39
podría parecer un oxímoron con la idea clásica de un Estado-Nación: una nueva forma
estatal plurinacional, pluricultural y plurilingüe que pusiera fin a la estructura
neocolonial que se fue conformando desde la independencia y que negó la diversidad e
igualdad entre todos los sectores y etnias de la sociedad a través de la implementación
de lo plurinacional, que implicaría la participación de los pueblos y naciones indígenas
originarias en todos los niveles de la estructura y gobierno del país. Sobre el
ordenamiento territorial, la discusión abordó la cuestión de las autonomías indígenas y
departamentales. En ella surgió, como forma de defensa ante la influencia de los
pedidos autonómicos de la Media Luna, no sólo la idea de crear una entidad territorial
indígena sino que, ante los especiales aportes hechos por la APG y el CONAMAQ42,
también se constituyeran unidades territoriales interculturales urbanas que permitieran
una reconstitución del espacio territorial de las naciones originarias que también
incluyera a las poblaciones de las ciudades.
Posteriormente, en La Paz a mediados de junio, se llevó a cabo un tercer encuentro
en el que se fueron perfeccionando los ejes planteados en los trabajos que las
organizaciones y los equipos técnicos habían llevado a cabo en las anteriores reuniones.
La plenaria determinó que todavía no se podía hacer un documento definitivo porque
quedaban varios temas sobre los cuales se debía continuar discutiendo hasta lograr
cierto consenso, por lo que se fijó que del 3 al 5 de agosto se realizara una Asamblea
Nacional de las organizaciones para que finalmente se pudiera elaborar un texto que
exprese las propuestas de manera coordinada y que pudiera ser utilizada en el desarrollo
de la Constituyente. De todos modos, en esta reunión se llegó a varios puntos de
acuerdo y, además de incluir cuestiones sobre el carácter del Estado y el reordenamiento
territorial anteriormente nombrados, se planteó: que se debería propiciar la participación
activa y directa en el control y fiscalización sobre la administración del Estado, a través
del poder ciudadano y los mecanismos de la democracia participativa; que el Poder
Legislativo debía ser un sistema con representación demográfica, regional y con
representación directa de las naciones y pueblos indígenas elegida por medio de usos y
costumbres; el respeto al pleno ejercicio de los Derechos Colectivos de los pueblos y
naciones indígenas en todos los niveles de la estructura estatal, como el reconocimiento
42 Para ver en detalle los proyectos de las dos organizaciones, véase Chávez León (2008: 57-58) y Garcés(2010: 72-74).
40
de sus sistemas jurídicos originarios en el marco del principio de pluralismo jurídico
entre las distintas naciones; y la recuperación de la propiedad de los territorios
ancestrales de los pueblos indígenas que fueron ocupados, para conseguir una justa
redistribución de las tierras; etc.
Un mes después de esto, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los
constituyentes. En ellas, el MAS-IPSP se convirtió en la primera mayoría al obtener 137
asambleístas (53,7%, 1.322.656 de votos), mientras que la segunda fuerza fue
PODEMOS con 60 elegidos (15,3%, 399.688 de votos). Del total de los constituyentes,
el 56% era de pueblos indígenas-originarios, aunque debido a que la LECAC no
terminó expresando la voluntad que el Pacto de Unidad tenía respecto de que hubiera
equidad en el número de representantes de los indígenas, fueran o no mayoría en sus
territorios, hubo una asimetría entre los representantes de las naciones del occidente
(31,76% de quechuas y 16,86% de aymaras) y los de los pueblos de las tierras bajas
(7%). También en esa misma fecha se realizó el referéndum nacional sobre autonomías
departamentales, en donde el “no” obtuvo más de la mitad de los votos válidos del
cómputo nacional, aunque el “sí” venció en cuatro de las nueve circunscripciones
departamentales (en la Media Luna), lo que abrió la posibilidad, sobre todo de cara a la
AC, de interpretar los resultados de diversa manera.
Tres días antes del inicio de sesiones de la AC, las organizaciones campesino-
indígenas llevaron a cabo su Asamblea Nacional, en la que los delegados de las 11
organizaciones del Pacto discutieron sobre los últimos temas a definir para poder
consensuar y elaborar un documento definitivo, el cual fue presentado ante los
asambleístas masistas, con un principal hincapié hecho por los integrantes del Pacto
hacia un grupo de estos que Garcés (2010) denomina orgánico, es decir, aquel grupo de
sindicalistas que sentían que podrían canalizar los reclamos populares mejor que
aquellos constituyentes que provenían de sectores intelectuales y ex militantes de
izquierda de clase media43. Este grupo se comprometió a tomar la propuesta como base
en todas las comisiones de trabajo de las sesiones de la reforma.
43 Para una caracterización de los conflictos entre los sectores sindicales y los intelectuales del MAS enrelación a la arena política, véase Do Alto (2007).
41
El texto del Pacto se dio a conocer como Propuesta de las Organizaciones
Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea
Constituyente, y muestra el grado de construcción colectiva que lograron conseguir a lo
largo de más de cuatro años, sin contar los antecedentes por separado o por grupos que
cada una elaboró desde los años noventa, de un proceso de sistematización de una nueva
visión de país que incluyera sus derechos y opiniones. Metiéndonos en la Propuesta en
sí, esta definía en su capítulo 1º al Estado como unitario, o sea que, aunque en su
interior se encuentren 36 naciones ninguna de estas puede ni debe separarse del país, y
que como en este habitan diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una
convivencia solidaria y pacífica debe considerárselo plurinacional y descentralizado en
autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas, en interculturales urbanas y
en regionales en las que se respete las diferentes formas de vida y organización que
poseen cada una. A su vez, la propuesta se sustentaba jurídicamente en “los derechos
colectivos consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)44”. Otro de los
principios primordiales de la propuesta eran los derechos sobre la tierra y los recursos
naturales, con los que su buscaba “poner fin al latifundio y a la concentración de la
tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses
privados.45”
Entre los mecanismos para propiciar la participación de la ciudadanía, el documento
proponía como mecanismos de participación la democracia comunitaria, la deliberativa
y directa, la participativa y la representativa. Dentro de la democracia participativa se
contemplaban como acciones la Asamblea Constituyente, los referéndums, los
plebiscitos, las iniciativas legislativas ciudadanas, la revocatoria de mandato, el veto
popular, las asambleas y cabildos comunales-indígenas-populares, entre otros. Por su
parte, en la representativa se permitían dos tipos de elección de representantes para
todos los niveles de gobierno: por voto universal y directo, en la que se incluye el
44 Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, ratificado porBolivia en la Ley 1257 de 1991, las poblaciones originarias son libres de autoidentificarse; definir susprioridades de desarrollo y modelos de vida; tener un sistema normativo, formas de gobierno yadministración de justicia propios; participar en la toma de decisiones que los afectan; permite quepuedan tener formas propias de administración económica y de servicios básicos; como, a su vez, exige alEstado a respetar y proteger sus territorios, recursos naturales y la participación de estas poblaciones enlos beneficios derivados de su aprovechamiento.45 OSAL (2007) Propuesta.
42
mecanismo de revocatoria de mandato; y por usos y costumbres, en las comunidades
indígenas originarias y campesinas.
El hincapié hecho en el carácter participativo también se notaba en la estructuración
de los poderes del Estado. Para el Ejecutivo, se proponía que las organizaciones sociales
presentaran “nombres de personas idóneas al Presidente de la República. A partir de
estas ternas, el Presidente designaría el 50% de sus ministros y ministras de acuerdo a
las propuestas presentadas, garantizando que la mitad sean mujeres”46. En cuanto al
Judicial, se contemplaba que las formas del derecho positivo para el juzgamiento y
sanción de delitos e infracciones tuvieran igual validez y jerarquía que la justicia
indígena, la cual se afinca en las autonomías territoriales de los pueblos originarios en
las que pueden aplicar plenamente sus propias normas consuetudinarias (siempre y
cuando estas respeten los derechos humanos47); además de asegurar la presencia de las
autoridades judiciales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en
todos los niveles estatales. Por último, se incorporaba que las autoridades del Tribunal
Supremo debían ser elegidas mediante el voto directo. Para el Legislativo, las
organizaciones propusieron un sistema unicameral, para así evitar los típicos vetos que
se dan cuando hay dos Cámaras y en una de ellas son mayoría los sectores
conservadores, con integrantes elegidos por voto directo y usos y costumbres en los que
estuvieran presentes integrantes de los pueblos indígenas-originarios y campesinos en
su justo número y con igual cantidad de hombres y mujeres. Pero uno de los aspectos
más innovadores de este documento fue la propuesta de crear un cuarto Poder, el Social
Plurinacional, que por su carácter independiente y autónomo vigilaría y controlaría a los
demás poderes estatales. Conformado por representantes de la sociedad civil (de las
naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, de las organizaciones sociales,
de las asociaciones ciudadanas, entre otros), este Poder podría denunciar las
irregularidades en el ejercicio de la función pública, mientras que sus decisiones sobre
los hechos denunciados serían inapelables y de inmediato cumplimiento.
Otro de los puntos nodales de la propuesta fue el ordenamiento territorial que se
debía alcanzar para evitar que la idea de las autonomías fuera la formulada por las
46 Ibíd.47 Esta aclaración fue introducida para ser frente a las acusaciones vertidas por los sectores conservadoressobre qué las leyes indígenas permiten la violación de los derechos de las personas.
43
oligarquías de la Media Luna y sus comités cívicos, las cuales por medio de postulados
como el “autogobierno y la autodeterminación de los pueblos” encubrían su objetivo
máximo: el manejo absoluto de los recursos naturales y financieros, sin ningún tipo de
intromisión del gobierno central48. Las organizaciones plantearon que el “régimen de
ordenamiento territorial y las autonomías indígenas originarias y campesinas se
proponen en el marco de la búsqueda de la unidad plurinacional (…) sobre la base de la
constitución de autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas” y la
constitución de “autonomías interculturales urbanas49”. De esta manera, se buscaba que
se produjera una descentralización que no obedeciera a los mandatos de los partidos y
comités cívicos, y que permitiera una nueva estructuración estatal hecha desde abajo,
con potestad de autogobernarse, definir su sistema socio-cultural y económico, y
legislar normas internas que expresaran la pluralidad de naciones existentes, sin que
esto significara negar que la soberanía total del país se siguiera expresando en el Estado
central, evitando así cualquier interpretación secesionista. A su vez, con las autonomías
indígenas originarias y campesinas se buscaba que estas comunidades se estructuraran
alrededor de los territorios ancestrales o por ecosistemas, y que tuvieran poder de
decisión, preservación, co-administración, co-propiedad y co-gestión con el Estado de la
tierra y los recursos naturales no renovables, así como su participación en el control y
beneficios que el proceso de exploración y explotación de estos recursos produjera.
Estos planteos del Pacto dan cuenta de cómo se aunaron las visiones que hacían
hincapié en la diferencia cultural, identificándose como indígenas y originarios (el caso
de la CIDOB y el CONAMAQ), con los argumentos que ponían el énfasis en la equidad
social y cultural (CSUTCB, FNMCB-BS y CSCB), y de que sólo por medio de un
diálogo profundo y extenso entre diversas naciones, pueblos y culturas en el que las
organizaciones reconocieron que todas ellas tenían el común denominador de haber sido
excluidas y dominadas, y que para lograr una efectiva emancipación de los rasgos
neocoloniales que imperaban tanto la sociedad como en el Estado era necesaria una
proposición en la que se incluyan la igualdad y participación de todos los sectores y
48 Este objetivo es explícito desde la consulta hecha por el comité cívico cruceño en el "Cabildo delMillón" de enero de 2005. En él se le preguntó a la población "¿está usted de acuerdo que se defina yestablezca en el país la constitución de autonomías departamentales con transferencia efectiva decompetencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial, disponerlibremente de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración?". Cfr. Garcés (2010:25).49 Ibíd. Las cursivas son nuestras.
44
etnias del país, sin dar lugar a los intentos separatistas solapados en autonomías de la
elite política de los departamentos ricos.
La propuesta del Pacto fue presentada ante el presidente Morales el 9 de agosto de
2006, quien se comprometió -al igual que los constituyentes de su partido- a que este
documento fuera la base para el trabajo de elaboración de la nueva Carta Magna; algo
que finalmente se demostrará difícil de implementar por la dinámica interna y externa
de bloqueos a las propuestas populares en la que se desarrolló el proceso de
refundación.
La cobertura realizada por la prensa gráfica optó por hacer foco en ciertas
cuestiones particulares y en emitir juicios de valor en torno al proyecto de nueva Carta
Magna. El Deber, en su artículo “La bancada del MAS echa por tierra los acuerdos” del
30 de agosto del 2006 se refirió a algunos de los posibles cambios que la sanción de una
nueva CPE traería aparejados. En primera instancia, el nuevo Estado será plurinacional
y “ya no habrá una nacionalidad monolítica, sino que los 36 pueblos originarios serán
reconocidos como naciones y gozarán de la misma ciudadanía que los mestizos”50.
También se pasará de una estructura de gobierno centralista a un sistema mixto, es decir
que “sobre la base de una estructura unitaria se conjugarán autonomías departamentales
e indígenas con un sistema departamental descentralizado política y
administrativamente”. Otro cambio será la introducción de derechos y deberes de los
pueblos indígenas y originarios, tales como el derecho a la tierra y al territorio, la
justicia originaria y la aplicación de usos y costumbres para la elección de sus
representantes y autoridades.
Por su parte, el diario La Razón, en su artículo “El MAS decide incluir territorios
indígenas en el mapa de Bolivia” del 21 de junio del 2006, optó por referirse al
reconocimiento que tendrán las costumbres, cultura y tradiciones de los pueblos
indígenas. El diario cita al ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, quien explica
que con la venidera Asamblea Constituyente se llevará a cabo una nueva distribución
política y administrativa del territorio que dará a luz “una nueva división política del
país, en la que se reconozca que los pueblos indígenas cuentan con un territorio”51; y no
50 “La bancada del MAS echa por tierra los acuerdos”, en El Deber - 30/08/200651 “El MAS decide incluir territorios indígenas en el mapa de Bolivia”, en La Razón - 21/06/2006
45
sólo eso: también tendrán poder de decisión incluso sobre los recursos naturales. A su
vez, se explica que si bien la mencionada iniciativa tiene por objeto dar respuesta a la
histórica demanda de los pueblos indígenas en reclamo de tierras y territorios, ésta
difiere de la Ley INRA52 en que, además de tener territorio, los pueblos tendrán la
posibilidad de administrar los recursos naturales que están dentro de él.
A su vez, La Razón también dio cuenta de las propuestas de los demás partidos.
PODEMOS plantea que está de acuerdo con el reconocimiento de los derechos
colectivos de las comunidades indígenas y campesinas para superar las deficiencias
generadas por el minifundio, pero que se debe mantener el principio de que la tierra es
de quien la trabaja y no permitir tierras que no cumplan una función económica y social.
UN plantea que no se debe ver alterado lo establecido por la actual Carta Magna, es
decir, que tanto la propiedad de la tierra como los recursos del subsuelo deben ser
propiedad del Estado. Por su parte, el MNR, propone que la nueva Constitución incluya
al agua como recurso natural que debe estar bajo dominio del Estado, al tiempo que
destaca la importancia de ratificar que la posesión de la tierra no admita la figura de
latifundio. Finalmente, para ADN la tierra es propiedad del Estado y resulta necesario
proponer en la Asamblea Constituyente que se excluya del proceso de dotación de
tierras al Presidente de la República para que sea una superintendencia agraria la que se
haga cargo de la dotación de la tierra y del uso, ya que la retardación del proceso se
debió también a que los títulos estaban mucho tiempo a la espera de la firma del
Presidente.
A raíz de la cuestión de las tierras, La Razón también hace referencia al rechazo de
Evo Morales a la propuesta de autonomía departamental planteada por los dirigentes de
Santa Cruz ya que entiende que “las autonomías departamentales favorecen a las
oligarquías que no quieren ceder las tierras a quienes no las tienen”53.
Este artículo tiene la particularidad de reproducir no sólo los dichos y posturas del
gobierno o de los partidos de la oposición, como suele ocurrir en la gran mayoría de los
52 La Ley INRA fue promulgada en 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y trasmasivas y frecuentes movilizaciones por parte de las comunidades indígenas en reclamos por tierras. Enla misma, se reconocen las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), sobre cuyo suelo los pueblos tienentuición, es decir, capacidad de defenderlas.53 “El MAS decide incluir territorios indígenas en el mapa de Bolivia”, en La Razón - 21/06/2006
46
artículos de los diarios elegidos, sino que también incluye la voz de las comunidades
indígenas al reproducir las declaraciones hechas por Felipe Quispe, ex ejecutivo de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
quien afirmó que las comunidades indígenas exigen “la recuperación del dominio
originario y la propiedad de la tierra y el territorio ocupados ancestralmente (…) para la
administración y uso de la tierra y los recursos según las normas de nuestras
comunidades”54. Por lo tanto, queda en evidencia que, en contraposición a la postura de
los partidos opositores que sólo pretenden una reforma de las normas ya vigentes al
plantear que el Estado debe seguir siendo quien regule la distribución y uso de la tierra,
el gobierno nacional y las comunidades indígenas coinciden en que no basta con que
éstas últimas recuperen la propiedad de los territorios, sino que además deben tener bajo
su control los recursos del suelo, subsuelo y sobresuelo.
Otro aspecto destacable es que en este mismo artículo también se rememora lo
establecido en los artículos de la Constitución vigente en torno al régimen agrario55, al
tiempo que se historiza brevemente el recorrido que han seguido las luchas y demandas
indígenas desde el 1600 y se consulta la opinión de un experto en temas agrarios, quien
opina que, entre otras tantas cuestiones, la nueva CPE debería abordar explicitar que
“las tierras son de dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la
administración del régimen de propiedad agraria, conforme a necesidades económico-
sociales y de desarrollo rural”56. Como hemos visto, esta última postura no coincide con
lo planteado tanto por el gobierno como por las comunidades indígenas, y al estar
colocada a modo de cierre del artículo y ser expuesta como la opinión de un experto, el
diario parecería estar dejando sentada su postura al respecto.
Otra cuestión a la que los diarios dieron importancia fueron los resultados de las
elecciones de constituyentes. Luego de que el MAS obtuviera 135 constituyentes sobre
los 255 posibles, El Deber, en su artículo “Analistas: la Constitución debe ser
54 Ibíd.55 Por ejemplo, en el artículo 165 se determina que “Las tierras son de dominio originario de la Nación ycorresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme alas necesidades económico-sociales y de desarrollo rural”; mientras que en el 166 se indica que “Eltrabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y se estableceel derecho del campesino a la dotación de tierras”. En “El MAS decide incluir territorios indígenas en elmapa de Bolivia”, en La Razón - 21/06/200656 “El MAS decide incluir territorios indígenas en el mapa de Bolivia”, en La Razón - 21/06/2006.
47
concertada y no por rodillo” del 5 de julio planteó que, para alcanzar los dos tercios de
los votos en la Asamblea Constituyente, quienes fueron electos “deben buscar acuerdos
en función de las propuestas y no por afinidad ideológica o política”57 ya que, para
redactar la nueva Constitución Política del Estado se requerirá “de negociación y de la
visión de todos los sectores porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que haya un
fracaso en la Asamblea Constituyente”58. Los analistas políticos coinciden en que la
futura Constitución no podrá ser “por rodillo”, sino que será necesario negociar,
encontrar puntos de coincidencia y establecer acuerdos entre las distintas fuerzas. Por su
parte, voceros del gobiernos advirtieron que sí buscarán alcanzar acuerdos con otros
grupos a fin de asegurarse los dos tercios (es decir, 170 votos) de los votos necesarios
para introducir los cambios en la CPE, pero que no lo harán con los partidos
tradicionales tales como ADN, MNR y MIR.
Con respecto a los resultados de la elección de los constituyentes, La Razón
publicó, en su artículo “Que no haya mayoría absoluta es bueno para la Constituyente”
del 3 de julio del 2006, una entrevista hecha a la politóloga María Teresa Zegada, quien
aseguró que “lo bueno (de los resultados) es que se hace necesaria la concertación y el
diálogo, que no habrá verticalismo de una sola fuerza”59. Si bien la mencionada analista
política destaca la presencia mayoritaria de los candidatos del MAS, considera que el
gobierno no obtuvo una mayoría determinante que le permitiera consolidar sus reformas
en la Asamblea. Sin embargo, esto resulta positivo ya que “democracia significa
pluralismo, negociación, sobre todo en un momento como el que vive el país, con tanta
expresión de heterogeneidad y de diversas propuestas en el tapete”60. Con respecto a
esto último, subyace la idea de que la obtención de la mayoría de los constituyentes en
la Asamblea por parte del MAS debería necesariamente traducirse en la implementación
vertical de una serie de políticas acerca de las cuales no serían consultados los demás
partidos y en la imposición de una única postura política que avasallara la voluntad de
las minorías. Entonces, resulta más importante establecer ciertos límites necesarios a lo
que la mayoría eligió en pos de las minorías, todo lo contrario a lo que establece un
régimen democrático. Tal y como dice la politóloga entrevistada por La Razón, la
57 “Analistas: la Constitución debe ser concertada y no por rodillo”, en El Deber - 5/07/2006.58 Ibíd.59 “Que no haya mayoría absoluta es bueno para la Constituyente”, en La Razón - 03/07/200660 Ibíd.
48
democracia significa e implica pluralismo y negociación, pero, sobre todo, implica
respetar la voluntad de las mayorías.
Sobre las candidaturas de asambleístas de cara a la Constituyente, el diario Correo
del Sur en su artículo “Podemos, UN y MAS avivan la pugna política” del 13 de marzo
del 2006 se hizo eco de las denuncias de la oposición, en especial de PODEMOS y su
líder Jorge “Tuto” Quiroga, de que el Gobierno buscaba “pulverizar”61 a los partidos
que no compartían su visión, hecho que resultaba contrario al “derecho democrático” de
las fuerzas políticas de expresar sus disidencias, como además “pretender aplicar la
‘línea chavista’ en Bolivia, de ‘avasallamiento y de confrontación, que aplicó en
Venezuela el presidente Hugo Chávez’”62. Por otra parte, esta invocación a la injerencia
de un país extranjero en las decisiones de la política estatal nacional será otra de las
constantes que se verán también en el resto de los análisis mediáticos de los
acontecimientos. Por otro lado, y a pesar de los discursos sobre el supuesto
avasallamiento, en el caso de las candidaturas de los asambleístas del MAS hay que
decir que no hubo directrices por parte del Ejecutivo, ya que se dio libertad a los
candidatos a constituyente a optar por el “Sí” o por el “No” a las autonomías
departamentales.
Luego de darse a conocer los resultados de la elección de los constituyentes, en los
meses posteriores Correo del Sur se dedicó al conflicto por la forma de aprobación del
Reglamento de Debates y de la nueva Constitución, en la que la CSUTCB preparaba
movilizaciones para que se adoptara el sistema de mayoría absoluta, mientras que los
partidos de oposición (MNR, PODEMOS, UN, entre otros) apoyaban los dos tercios,
pero principalmente profundizó sobre las primeras sesiones de la AC. El medio en
cuestión publicó el 18 de agosto del 2006 una editorial titulada “La necesidad de
acuerdos”, en la que se aseveraba que las primeras sesiones reflejaban una disputa de
poder entre el oficialismo y la oposición. No obstante, es aquí donde el diario fijó una
postura al afirmar que “el debate por el reglamento interno de la Asamblea es el debate
por el control de la Asamblea Constituyente y por la distribución de espacios de poder
dentro de la misma. Se trata, pues, de una confrontación entre una visión que persigue
61 “Podemos, UN y MAS avivan pugna política”, en Correo del Sur - 13/03/2006.62 Ibíd.
49
un evidente afán hegemónico y otra, conformada por las minorías, que busca tener una
participación protagónica en la búsqueda de acuerdos y consensos políticos”63. Es decir,
para Correo del Sur el Ejecutivo central y sus representantes en la AC tienen un afán
hegemónico que inviabiliza todas las propuestas de negociación y consenso que buscan
las fuerzas minoritarias, además de no respetar el marco legal fijado en la LECAC. Para
el medio, sino se llegaba a una fase en la que el gobierno cedía en sus posturas y
negociaba con las demás fuerzas significaba que se pondría a la Asamblea a toda clase
de tentaciones, sean éstas ideológicas, regionalistas, corporativistas e inclusive
totalitaristas”64.
El diario Los Tiempos en su artículo “Triunfalismos inoportunos” del 6 de julio del
2006 también se refirió a los resultados de la ya mencionada elección a través de la
publicación de una columna de opinión, escrita por el politólogo Marcelo Varnoux
Garay, en la que se explicaba que si bien el gobierno había logrado una victoria
categórica, “no consiguió los anhelados dos tercios y eso está muy bien porque le obliga
a reflexionar en términos democráticos la forma más razonable para alcanzar consensos
que modifiquen la Constitución Política del Estado”65, y que eso se debía hacer
fomentando el diálogo para lograr que en la AC se trataran los principales problemas del
país. Lo que el columnista ignoró en este caso es que, por el diseño de la constituyente y
la forma de elección trinominal, aún si la primera fuerza hubiera ganado en todas las
circunscripciones electorales no podría de ninguna forma llegar a tener los dos tercios
requeridos para aprobar la nueva Carta Magna. No obstante esto, Varnoux Garay señaló
que hubo en el prefecto y los cívicos cruceños una actitud de celebración del Sí a las
autonomías muy exagerada que parecía “sacramentar su independencia” del resto del
país y que este tipo de actos hicieron que en los departamentos que no eran de la media
luna ganara el No, debido a que “el autoaislamiento del movimiento autonomista
cruceño (...) ha sido incapaz de mostrarle al país las bondades de su propuesta”66, pero
que ello no significaba que los departamentos donde ganó la negativa a la propuesta
estuvieran en contra de la descentralización, por lo que en la Asamblea era necesario
debatir y dialogar sobre el régimen autonómico porque “en democracia es vital
63 “La necesidad de acuerdos”, en Correo del Sur - 18/08/2006.64Ibíd.65 Varnoux Garay, Marcelo, “Triunfalismos inoportunos”, en Los Tiempos - 6/07/2006.66 Ibíd.
50
reconocer a las minorías y gestionar sus intereses, siempre y cuando éstos no afecten a
los de la mayoría”67, y si se descartaban las opiniones minoritarias “las posibilidades de
una confrontación (ideológica, social e incluso física) son muy grandes”68.
Otro punto nodal que suscitó la atención de los diarios fueron los debates en torno
al carácter originario o derivado de la Asamblea y la modalidad de aprobación del
nuevo texto constitucional. La Razón, en su artículo “El MAS y sus sectores presionan a
la Asamblea” del 31 de agosto del 2006, afirmaba que, con el objetivo de imponer el
carácter originario de la Asamblea y el mecanismo de mayoría absoluta para la toma de
decisiones, el MAS “trasladó su presión por estas demandas a las calles de Sucre con
una marcha de organizaciones locales afines”69 mientras la Comisión de Sistematización
y Redacción del Reglamento de Debates se reunía para presentar un informe del trabajo
realizado. Ante la ocupación de las calles por parte de miembros de organizaciones
sociales y sindicales, a quienes se sumaron un grupo de asambleístas masistas que
abandonaron la Comisión, la reunión debió suspenderse. En cuanto a la valoración
sobre la mencionada movilización, el diario no sólo la califica como una forma de
presión, sino que además consideró que no hacen ningún tipo de aporte al debate y
negociaciones que la Asamblea está llevando a cabo. En esta misma línea, se
reproducen los dichos de asambleístas pertenecientes a partidos de la oposición que
calificaron de “vergonzosa” la movilización y acusaron al Ejecutivo de orquestarla con
el fin de conseguir su objetivo e imponer su voluntad. De ese modo, el MAS volvía a
ser acusado de no respetar lo acordado, no negociar y querer imponerse por las buenas o
por las malas. El diario también se refirió a las “divisiones internas” entre quienes
pertenecen al partido de gobierno y los marchistas, ya que los primeros advirtieron que
el carácter originario de la Asamblea no implicará la disolución de los poderes
constituidos. De esto último se desprende la intención de los partidos de la oposición de
que la Asamblea sea derivada y no originaria, ya que nació a partir de la sanción de una
ley.
El Deber también criticó al MAS por no respetar los acuerdos en su artículo “La
bancada del MAS echa por tierra los acuerdos” del 30 de agosto del 2006, donde se
67 Ibíd.68 Ibíd.69 “El MAS y sus sectores presionan a la Asamblea”, en La Razón - 31/08/2006.
51
afirmaba que los asambleístas del MAS “desconocieron los acuerdos pactados por sus
representantes de la comisión de sistematización”70. Según este diario, todo comenzó
cuando Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea, afirmó que “la comisión está para
sistematizar las propuestas de reglamento, no para negociar nada”71. De ese modo, la
bancada oficialista desconoció la labor realizada por sus 12 asambleístas “y los
desautorizó para negociar el sistema de votación por dos tercios a cambio de la
declaración de Asamblea Constituyente Originaria”72; motivo por el cual debió
posponerse la sesión y, por ende, la aprobación del Reglamento de Debates. A causa de
este desconocimiento de la labor de sus propios asambleístas, las divisiones al interior
del MAS habrían quedado expuestas luego de que uno de los asambleístas del MAS que
integraba la comisión reconociera que sus compañeros de bancada lo habían
desautorizado y tildado de “traidor” “por ceder en el sistema de votación”73.
En cuanto a los debates en torno al sistema de votación, Raúl Prada (MAS) propuso
aprobar el texto final por dos tercios, mientras que el resto (aprobación del reglamento
de debates, informes de las comisiones) debería ser aprobado por mayoría absoluta. Por
su parte, representantes de los partidos opositores (como UN, MNR-FRI y PODEMOS)
se mostraron en desacuerdo y volvieron a reclamar que todas las votaciones se hiciera
por los dos tercios.
El diario Los Tiempos en el artículo titulado “Media luna mide fuerzas con MAS y
traba elección” publicado el 2 de agosto del 2006, se dedicó a focalizar en los debates y
contratiempos que dificultaron desde el comienzo el normal desenvolvimiento de la
Asamblea. Entre otros, menciona que el día de inicio de las sesiones el vicepresidente
Álvaro García Linera llegó con casi una hora de retraso, motivo por el cual el acto debió
iniciar media hora más tarde; que el salón principal donde se improvisó la sala
constituyente era un lugar muy estrecho para los presentes y por ello los periodistas que
estaban cubriendo la sesión tuvieron que salir del ambiente a pedido del Vicepresidente;
que cuando todos los constituyentes tomaron asiento y el Vicepresidente se aprestaba a
comenzar con la sesión, se percataron de que no había micrófono; y, finalmente, que
70 “La bancada del MAS echa por tierra los acuerdos”, en El Deber - 30/08/200671 Ibíd.72 Ibíd.73 “La bancada del MAS echa por tierra los acuerdos”, en El Deber - 30/08/2006
52
hubo un corte de luz que dejó en penumbras el patio y parte del salón por algunos
minutos. El diario también dio cuenta de otros tipos de inconvenientes, vinculados ya no
a cuestiones organizacionales sino a distintos puntos de vista sobre las modalidades y
pasos a seguir, como por ejemplo si primero había que elegir la Directiva de la
Asamblea Constituyente en base a una alternancia entre mayorías y minorías, como
planteaba el MAS, o si había que anteponer la elaboración del Reglamento de Debates,
como planteaba PODEMOS. Mientras que en el artículo titulado “Fracasa intento de
elaborar reglamento para la Asamblea” publicado el 20 de agosto del 2006, el diario
hizo referencia a los problemas organizativos e intentos infructuosos de elaborar el
Reglamento de Debates debido a los problemas y falta de consenso acerca del número
de representantes de los partidos minoritarios adecuado. Los conflictos comenzaron
cuando “el constituyente de Concertación Nacional y vicepresidente de la Asamblea,
Willy Padilla, se desmarcó del consenso inicial y exigió mayor presencia de los partidos
pequeños en la comisión, lo cual molestó al resto de las bancadas que no pudieron
iniciar el trabajo acordado”74. Esto implicaba un cambio en lo pactado originalmente ya
que “el acuerdo era que el MAS tenía 11 constituyentes y 10 para la oposición, de los
que 5 eran de PODEMOS, 2 del MNR y tres las fuerzas minoritarias. Sin embargo
Padilla, se hizo eco de las demandas para aumentar el número de delegados, con lo que
el único beneficiado iba a ser el MAS para manejar el contenido del reglamento”75. De
este modo se evidenciaba que, una vez más, el partido de gobierno hacía caso omiso a lo
acordado con el resto de las fuerzas para imponer su voluntad de forma unilateral. En
estas coberturas coinciden en que ambas se refieren, tanto explícita como
implícitamente, a las dificultades y falta de voluntad que la fuerza mayoritaria tiene para
encauzar el diálogo y ceder en determinados aspectos con el fin de poder encarar el
tratamiento de los temas que se deben abordar en la Constituyente.
Otro rasgo común que caracterizó a la cobertura hecha por la prensa gráfica fue el
fuerte respaldo explícito a las autonomías departamentales, entendidas como un factor
clave que permitiría el desarrollo de las regiones de oriente, mientras cuestionaron al
gobierno nacional por oponerse a las mismas. En el artículo de El Deber “El reto de los
asambleístas cruceños” publicado el 5 de julio de 2006, se señala que “el pueblo
74 “Fracasa intento de elaborar reglamento para la Asamblea”, en Los Tiempos - 20/08/2006.75 Ibíd.
53
cruceño, fuente de la soberanía regional, optó en las urnas por el modelo autonómico de
organización territorial, política y administrativa”76. En este caso, se hace hincapié en la
obligatoriedad de respetar y acatar la voluntad “del voto mayoritario en las urnas”77 y
puede verse una marcada diferencia respecto de la postura adoptada tras el amplio
triunfo del MAS en las elecciones de constituyentes. Mientras que con respecto a las
autonomías el triunfo del “Sí” pone de manifiesto la postura del pueblo cruceño, cuya
voluntad debe ser acatada, sin dar lugar a la más mínima posibilidad de debate ya que
“sólo a los cruceños y a nadie más que a los cruceños corresponde decidir la modalidad
de gobierno regional que se quiere”78; en el caso del triunfo del MAS no se exige con
igual ímpetu que se respete la voluntad de las mayorías, también expresada a través del
voto, sino que se pretende que se debata y se negocie con el resto de las fuerzas, ya que
de eso se trata la democracia.
Correo del Sur en su artículo “Autonomía es una consigna política de grupos
‘elitarios’ de Santa Cruz” del 10 de junio del 2006 también hizo hincapié en la cuestión
de las autonomías. En muchas notas se hablaba sobre las autonomías departamentales
por el desarrollo económico-social que estas le podrían dar a las regiones. Sobre esta
cuestión y la opinión del Gobierno al respecto, el diario prefirió hacer foco en los dichos
de los políticos del masismo que optaban por el “No”. Este artículo puntualizaba en la
opinión vertida por el diputado perteneciente al partido gobernante y jefe de la bancada
del MAS, Cesar Navarro, quien habló sobre el fuerte peso de las organizaciones sociales
que son parte o acompañan el proceso constituyente en las líneas a seguir por el
gobierno contra los proyectos de grupos conservadores que quieren preservar sus
intereses particulares (al decir de Navarro, “una cosa que observamos y definimos (es)
que la Asamblea Constituyente es una política estatal impuesta por los movimientos
sociales y se ha constituido en un sentimiento nacional, en cambio ‘las Autonomías’ son
una consigna política de grupos elitarios de Santa Cruz”79); algo que entra y entrará en
contradicción con las visión de muchos de los medios analizados que, en varios
acontecimientos, no verán en esos movimientos más que una fuerza a disposición del
76 “El reto de los asambleístas cruceños”, en El Deber - 5/07/2006.77 Ibíd.78 Ibíd.79 “Autonomía es una consigna política de grupos ‘elitarios’ de Santa Cruz”, en Correo del Sur -10/06/2006.
54
oficialismo para ser arreada como grupo de presión cuando se necesite aprobar una
medida del Gobierno Central.
Haciendo un raconto de todo lo dicho anteriormente, es posible señalar ciertas
cuestiones a modo de conclusión. En líneas generales, la información acerca de las
posiciones y propuestas sobre temas claves que figurarían en la nueva CPE y que se
discutirían en la Asamblea Constituyente privilegió el abordaje de ciertos temas en
detrimentos de otros. Por tal motivo, entendemos que los periódicos bolivianos no
hicieron grandes aportes a la reflexión y debate constructivo en torno a los temas
fundamentales que incluiría la nueva Carta Magna, ni al proyecto de Estado
Plurinacional propuesto por ésta. En este marco, se destaca uno de los citados artículos
de La Razón, donde se optó por referirse al reconocimiento que tendrán las costumbres,
cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, como así también a historizar brevemente
los cambios y disposiciones legales en torno a la propiedad de la tierra y recursos
naturales.
En el caso de los resultados de la elección de asambleístas, y a pesar del triunfo
contundente del MAS, los diarios optaron por destacar la importancia de que el
oficialismo no hubiera obtenido la cantidad de constituyentes necesarios como para
alcanzar los dos tercios por sus propios medios, ya que así se vería obligado a dialogar y
establecer acuerdos con las demás fuerzas. Estas opiniones vertidas por los diarios se
enmarcan en la concepción del MAS como un gobierno con afán hegemónico que
pretende imponer sus posturas y visiones de modo verticalista, avasallando la voluntad
de las minorías sin que éstas puedan si quiera expresar sus disidencias. Para reforzar
esta versión sobre el autoritarismo del MAS, los diarios recurrieron a la versión de una
supuesta injerencia externa, concretamente, a la intención de aplicar en Bolivia la “línea
chavista” al momento de tomar decisiones políticas, caracterizada por la confrontación y
el autoritarismo. Por tales motivos, se torna necesario establecer ciertos límites a las
mayorías aduciendo que eso es parte del derecho democrático. De ese modo, se da la
paradoja de que los diarios esgriman como argumento la preservación del derecho
democrático para dar prioridad a la voluntad de la minoría por sobre la voluntad de las
mayorías. Este razonamiento está asociado a la concepción liberal de la democracia, la
libertad y el autoritarismo a la que hace referencia Friedrich Von Hayek (2007), en la
que una democracia se torna peligrosa cuando un partido elegido por la mayoría de la
55
población cree tener un cheque en blanco para defender los intereses de esa mayoría, lo
que puede llevar a ejecutar acciones contra la vida, la libertad, los derechos y la
propiedad de individuos y minorías, lo que coartaría la libertad de desarrollo individual,
particularmente la libertad económica.
Sobre los debates en torno a la modalidad de aprobación de la nueva CPE y el
carácter que adquiriría la Asamblea, la cobertura hecha por los distintos diarios apuntó a
criticar fuertemente la actitud de la bancada oficialista acusándola de querer imponer su
voluntad y desconocer los acuerdos hechos previamente con las demás fuerzas.
También hubo una marcada diferencia entre la escasa cobertura que recibieron las
propuestas y debates al interior de la AC, y la amplia cobertura que se le dio a los
conflictos que incluyeron medidas de presión y movilizaciones, ya sea a favor de los
dos tercios o a favor de la mayoría absoluta. La diferencia estuvo en que, mientras que
la marcha realizada por organizaciones sociales y sindicales afines al gobierno a favor
de la mayoría absoluta fue catalogada como una forma de presión, la “movilización por
los dos tercios”, encabezada por la oposición cívica y política al gobierno, a través de la
cual se exigía que la nueva CPE fuera aprobada por los votos de las dos terceras partes
de los miembros de la Asamblea no fue catalogada del mismo modo.
Finalmente, respecto del reclamo por el modelo autonómico, los diarios
consideraron este reclamo como justo; motivo por el cual lo respaldaron fuertemente y
exigieron que se respetara y acatara la voluntad de las mayorías, cuyo pedido había sido
respaldado en las urnas por los habitantes de los departamentos de oriente. Lo llamativo
de la cuestión resulta que se haya esgrimido como argumento el voto democrático y la
voluntad de las mayorías, cuando sucedió todo lo contrario al emitir un juicio de valor
respecto del triunfo del MAS en las elecciones a constituyentes y al peligro que podría
llegar a representar que se impusiera la voluntad de (otras) mayorías. En el caso de las
autonomías, a los diarios parece no inquietarlos que no haya debates ni negociaciones,
ni que se tenga en cuenta las minorías que se inclinaron por el “No”.
56
CAPÍTULO IV
PALOS EN LA RUEDA. EL CONFLICTIVO COMIENZO DE LAASAMBLEA Y EL SURGIMIENTO DE LOS ANTAGONISMOS
La Asamblea Constituyente comenzó a sesionar y se instaló en la ciudad de Sucre,
departamento de Chuquisaca, el 6 de agosto y desde ese momento empezó la tarea de
diseño de una norma idónea para organizar los debates sobre cómo elaborar la nueva
CPE. Es en este momento donde empezaron a sentirse las consecuencias de la
sobrerrepresentación que los sectores conservadores habían logrado con la LECAC. Los
enfrentamientos en torno al Reglamento de Debates se produjeron desde el comienzo
alrededor del sistema de votación para la aprobación del texto constitucional y sobre el
carácter originario o derivado de la Asamblea. En septiembre se definió que la
“Constituyente es Originaria, porque radica en la voluntad de cambio del pueblo como
titular de la Soberanía de la Nación”80. Para noviembre, con casi la totalidad del
Reglamento aprobado, se hizo lugar a la petición del bloque oficialista de que la
aprobación de todos los artículos en las comisiones se hiciera por mayoría absoluta
(mayoría igual o superior a la mitad más uno de los miembros) pero que, para lograr un
equilibrio de fuerzas, para la aprobación de la Constitución definitiva se necesitaran 2/3
de los votos y que se pudieran observar y volver a redactar sólo tres artículos de esta. La
respuesta de los sectores conservadores no se hizo esperar, y la totalidad de los
asambleístas opositores, con PODEMOS a la cabeza, exigió que todos los artículos y el
texto final fueran aprobados a través de los dos tercios; discusión que demoró en
zanjarse siete meses, más de la mitad del tiempo que la Asamblea tenía para elaborar un
nuevo texto.
Este fue el comienzo de una escalada de tensiones alrededor de un proceso que se
caracterizó por la manifiesta discriminación hacia las personas de origen indígena y
campesino. En enero de 2007, se produjo una movilización del sindicato cocalero y el
fabril urbano, los regantes y los sectores urbanos populares de la ciudad de Cochabamba
80Artículo 1º del Reglamento General De La Asamblea Constituyente de 2006 enhttp://www.cejis.org/sites/default/files/REGLAMENTO%2520GENERAL%2520DE%2520LA%2520.doc
57
para impedir que la prefectura realizara un referéndum autonómico. Seis manifestantes
murieron como consecuencia del hostigamiento perpetrado por la Asociación de
Jóvenes de la Democracia, un grupo de choque asociado con la Unión Juvenil
Cruceñista (UJS), y un numeroso conjunto de particulares que, en base a prejuicios
raciales, se movilizaron para impedir que collas –forma genérica en que los blancos y
mestizos se refieren a los otros pueblos y naciones del país- “invadan” la ciudad y la
democracia. La oposición al gobierno masista se nucleó en el Consejo Nacional
Democrático (CONALDE), conformado por los por entonces gobiernos prefecturales81
de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija para defender la institucionalidad que para ellos
corría riesgo. Como contraposición a esta articulación, las organizaciones campesinas e
indígenas junto a otros sectores (juntas vecinales, jubilados, trabajadores petroleros,
cooperativistas mineros, etc.) y en pos de la continuación del proceso de cambio
formaron la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM). Como argumenta
Mayorga, “si el Pacto de Unidad fue gestado por las organizaciones sociales para actuar
como protagonistas en el proceso constituyente, al extremo de incidir en la agenda de la
Asamblea, manteniendo su autonomía y marcando distancia con el Gobierno, la
CONALCAM fue promovida desde aquel mismo –por iniciativa del Presidente- con la
finalidad de apuntalar la gestión gubernamental y encarar otros desafíos del proceso
político”82. Sin embargo, no sería justo concebir a la CONALCAM como un intento del
gobierno por cooptar a las organizaciones y utilizarlas como fuerza de movilización en
un escenario polarizado entre quienes estaban a favor o en contra suyo ya que el
gobierno respetó siempre e hizo suya la propuesta del Pacto en la Asamblea. En ese
mismo sentido, cuando se conformó el Grupo de los 1283técnicos que debían presentar
la propuesta de un modo constitucional más formal, el equipo técnico de las
organizaciones tuvo un constante contacto y retroalimentación con las propuestas que se
discutían en las comisiones, que luego eran transmitidas y debatidas por las bases.
81 Desde 2010, con la implementación de la nueva CPE de Bolivia, los gobiernos prefecturales pasaron aser gobiernos departamentales.82 Mayorga, Fernando: “Movimientos sociales y participación política en Bolivia” en Ciudadanía ylegitimidad democrática en América Latina. Buenos Aires: Prometeo. 2011.83 Se denominó así porque la propuesta de Constitución del MAS en la Asamblea sería resultado de unequipo de trabajo conformado por cuatro representantes del Poder ejecutivo, cuatro de los asambleístas desu bancada y cuatro de las organizaciones sociales.
58
En cuanto a la cobertura por parte de los medios sobre los hechos, hay que decir que
esta fue profusa principalmente a finales de noviembre y principios de diciembre de
2006, después de definidos el carácter originario de la AC y la forma de aprobación de
los artículos en las comisiones (mayoría absoluta) y de la Constitución definitiva (2/3),
que trajo aparejado el reclamo de los partidos opositores que buscaban que todos los
artículos también se aprobaran por la misma modalidad que la Carta Magna final, como
también las disputas en torno a si el país debía a ser un Estado Social Democrático
Multicultural o, como proponían los movimientos sociales y apoyaba el gobierno,
Plurinacional. Otro tema álgido en ese momento también fue el debate entre las
autonomías departamentales y las indígenas.
Para Correo del Sur, según lo dicho en un artículo del lunes 4 de diciembre del 2006
titulado “La cumbre de Sucre terminó sin resultados sobre los dos tercios”, el diálogo
entre el Gobierno, los constituyentes, los dirigentes de los comités cívicos y los
referentes de los movimientos sociales era “de sordos” debido a las posiciones
inflexibles de cada uno de los participantes de la cumbre de diálogo convocada por el
Gobierno Nacional y llevada a cabo en Sucre para destrabar los conflictos de la
Asamblea anteriormente enumerados. Según el diario, “el clima de tensión lo inició el
primer mandatario”84 cuando les preguntó a los cívicos si participaban en la reunión
como tales o en representación de algún partido político y “les invitó a aclarar a qué
línea política pertenecían”85. Luego de esto, se le dio lugar a los cívicos de plantear su
posición. Para el titular de los cívicos de Cochabamba, Óscar Zurita, no se había
pactado que en la reunión estuvieran como partícipes las organizaciones sociales,
aunque a pesar de ello les daba la bienvenida a la cumbre. Sin embargo, en el comienzo
de esa misma nota, se planteó que los movimientos sociales “vinieron a Sucre para
escuchar a los cívicos del país, pero sin la más mínima intención de aceptar la
reconsideración del artículo 71 del reglamento general”86 (el cual se refiere a que la
Plenaria de la Asamblea Constituyente puede reconsiderar un tema aprobado cuando lo
solicite un constituyente, con el respaldo de otros quince miembros; y que para la
aprobación del tema revisado se requiere de los dos tercios de los votos de la totalidad
de los constituyentes), a lo que se sumaba que varios de los representantes de esas
84 “La cumbre de Sucre terminó sin resultados sobre los dos tercios”, en Correo del Sur - 4/12/2006.85 Ibíd.86 Ibíd.
59
organizaciones, como el titular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, y la dirigente de la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMC-BS), Isabel
Domínguez, eran miembros del partido MAS, con lo cual se dejaba entrever el vínculo
directo entre movimientos sociales y gobierno sin ningún tipo de cortocircuito o debate
entre estos. Por su parte, los cívicos planteaban que el gobierno pacificara el país y que
detuviera su intromisión en la Asamblea. El presidente cívico de Santa Cruz, Germán
Antelo, planteó que, si no se cumplían las normas legales, habría enfrentamientos y que
el gobierno sólo quería cambios según su visión de país no haciendo lugar a las demás.
En la nota también se dio la palabra a los presidentes de los Comités Cívicos de La Paz,
Beni y Chuquisaca, Jorge Ríos, Ernesto Suárez y Jhon Cava respectivamente, los cuales
reclamaban que el MAS tuviera “respeto de la Constitución y las leyes”87 aceptando
tanto los dos tercios para la aprobación de la nueva Carta Magna y sus artículos, como
que también cumpliera con las autonomías en aquellos departamentos donde ganó el
“Sí” (es decir, en la Media Luna), para que se levantaran los paros, huelgas y ayunos
que se estaban llevando a cabo para exigir el cumplimiento de sus reclamos. Si bien en
el mismo artículo se destinó un apartado para dar cuenta de la postura oficial de que
aceptar un sistema en donde sólo hubiera 2/3 haría retrasar la labor de la Constituyente
y trabaría la presentación del proyecto de la nueva CPE, cuya fecha límite era el 2 de
julio de 2007; también se dice que este sistema de aprobación mixto era producto de una
interpretación que Morales hizo de la LECAC. Igualmente, vale destacar algo
interesante que contiene esta nota, y es que a pesar de que en casi todo su desarrollo se
traza una línea en la que las organizaciones sociales son subordinadas y apoyan
incondicionalmente las medidas del Gobierno, en un apartado sobre el final se habla de
que el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), en boca de su
referente, Justino Leaño, aseveraba que los asambleístas pertenecientes al MAS “sólo
obedecían lo que los movimientos sociales ordenaban y que la mayoría de éstos estaban
a favor de la mayoría absoluta”88. Esto último significaba una contradicción con lo
desarrollado hasta entonces en el artículo, donde se había destacado el peso que tenían
los movimientos sociales en las medidas que se proponían en la Asamblea, tal y como
87 Ibíd.88 Ibíd.
60
lo había corroborado el propio Leaño al decir que ellos tienen “la capacidad de proponer
y que lo que el país necesita es un Estado plurinacional”89.
Otro de los temas que también fue tratado en el transcurso de esos meses fue el
pedido de la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, de convertirse en la capital
plena del país por medio del retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo al lugar, de
los cuales fue sede hasta la Guerra Federal (civil) de 1898-189990. El Correo del Sur, al
ser un medio sucreño, tomó posición a favor del retorno de los poderes. En un artículo
del 5 de marzo del 2007 titulado “Demanda de Capital plena divide a la bancada del
MAS”, relataba que el Comité Cívico chuquisaqueño trataba de aunar una posición
institucional compartida para hacer que su pedido tuviera más fuerza y así hacer frente a
los senadores paceños que presentaron una declaración de defensa de su ciudad como
sede de Gobierno. En la misma noticia se le dio la palabra a diferentes referentes del
departamento, como el presidente cívico Jhon Cava, el presidente del Comité Cívico de
Provincias, Milton Barón, y el presidente de la Brigada Departamental de
Constituyentes, Edgar Arraya, que fue parte de la bancada del MAS hasta que el tema
de la capitalidad lo alejó de ese espacio91. Todos estos coincidieron en la necesidad de
cerrar filas para defender el pedido y que los constituyentes debían “olvidarse del
cálculo político y responder a su pueblo antes que a su partido”92, y que si no lo hacían
su conducta iba a ser considerada una “tibieza” y deslealtad a los intereses de la región.
En otro artículo del 15 de mayo del 2007 titulado “Capitalidad será eje de definiciones”,
se señalaba el apoyo de los Comités Cívicos y las prefecturas de la Media Luna, a través
de la Junta Autonómica Democrática de Bolivia -una entidad que tenía como finalidad
establecer la forma de organización de las autonomías que estos departamentos
pretendían legitimar ante el pedido sucreño de que se tratara en la AC el tema de la
capitalidad plena- ya que veían que el traspaso de la sede de gobierno conduciría a un
“escenario de equilibrio político entre los departamentos de la República y profundizar
la descentralización del poder”93. Ya en el mes de mayo se aseguraba que “la
posibilidad de que el pedido (…) ingrese al debate de la Constituyente (…) ha dejado de
89 Ibíd.90 Ver Tercer Acontecimiento.91 “Demanda de Capital plena divide a la bancada del MAS”, en Correo del Sur - 5/3/2007.92 “Cívicos e instituciones reclaman posturas claras en torno a la demanda de retorno de poderes”, enCorreo del Sur – 06/04/2007.93 “Capitalidad será eje de definiciones”, en Correo del Sur - 15/5/2007.
61
ser tal para convertirse en una realidad, así como la eventualidad de que este hecho se
resuelva en base a una ‘negociación política’ que el cónclave deberá zanjar con las
distintas regiones”94. Esta afirmación no coincidía con lo que realmente estaba pasando
porque el tema todavía no se había incluido pero era justificada aduciendo que el
planteo había entusiasmado a los constituyentes, lo que sugería que la idea iba a entrar
en el debate de la plenaria de la Asamblea, tomando como fuente al Comité
Interinstitucional por la Capitalidad (parte interesada en la cuestión) que pensaba que si
el tema había llegado al informe de una de la comisiones de la AC (la del Ejecutivo) y
que el asunto iba a ser “propuesto oficialmente por alguna comisión en su momento
para que entre a discusión del plenario”95, aunque nunca se precisó en base a qué se
tenía esa certeza. Si bien también se le dio un lugar a las opiniones de los constituyentes
masistas, quienes consideraron que el tratamiento de este tema en la Asamblea era
“riesgoso para la unidad del país”96 y que contradecía las tendencias de centralizar al
Estado, el cierre de la nota se dedica a profundizar el punto de vista de los actores que
reclaman el retorno de los Poderes y las tratativas para que los asambleístas de
Chuquisaca aúnen criterios y tengan una estrategia mejor para impulsar sus intenciones
en la AC.
En el caso de Los Tiempos, el eje que encaró este medio se centra en un primer
momento en la discusión sobre los 2/3 y ve que el principal problema del país es la falta
de diálogo entre los diferentes partidos. En una editorial del 3 de diciembre del 2006
titulada “La urgencia del diálogo”, el diario planteaba que la falta de consenso se debía
a la “injerencia permanente de actores externos al proceso, como es el caso del
Gobierno con la bancada constituyente del MAS, que en los hechos acaban obrando de
manera monolítica, según las directrices de una cúpula política”97. Cuando se refirió a
los motivos por los cuales la forma de aprobación de la nueva Carta Magna dividía a los
bolivianos, señaló dos factores: los atropellos del partido gobernante y la malograda
actuación de las fuerzas políticas opositoras que no tienen un rumbo claro a seguir
dentro de la Constituyente, aunque le dio mayor importancia a la responsabilidad del
masismo en este conflicto, ya que era la única fuerza con el suficiente poder y respaldo
94 Ibíd.95 Ibíd.96 Ibíd.97 “La urgencia del diálogo”, en Los Tiempos - 3/12/2006.
62
electoral para viabilizar consensos que, en vez de ello, prefirió “la imposición numérica
expresada en la mayoría absoluta como principal sistema”98. En el mismo artículo se
termina expresando el deseo de que todos los partidos cedan parte de sus posiciones
para llegar a un consenso que beneficie a todos.
Una semana más tarde, en un artículo titulado “Gobierno rechaza posturas
independentistas”, Los Tiempos explica que el conflicto se desplazó hacia los pedidos
de autonomías departamentales, cuando el prefecto cruceño anunció que su región
crearía junto a los restantes departamentos de la Media Luna una demarcación territorial
llamada “la Nación de los Llanos”99 con atribuciones ejecutivas, administrativas,
coercitivas, legislativas y de control de los recursos naturales y las tierras. En la nota
sólo se le dio la palabra a personas que estaban en contra de esta medida, como el
vicepresidente de la República, García Linera, que aunque no comparte el pedido de las
autonomías las respeta siempre y cuando se hicieran dentro de la unidad del país, algo
contrario a lo que considera que estaba haciendo el prefecto cruceño al pedir potestades
que “son el núcleo central de la unidad de un país y quedan como competencias del
Estado Central”100; y un senador de Beni, perteneciente al opositor PODEMOS, que
aseveraba que su departamento no iba ser el “furgón de cola” de Santa Cruz nunca y que
la región a la que él representa “quiere ser parte del país, parte de la patria que quiere
desarrollarse como parte de Bolivia”101. Aquí, este medio cochabambino parece
oponerse a los proyectos que planteen crear otra Nación, pero sí propugna una
autonomía y descentralización amplia del país contraria a la centralización de las
potestades en el gobierno central. La visión que el diario tiene sobre las autonomías, es
decir sobre una propuesta descentralizadora que no tenga intenciones de independencia
alguna, es diametralmente opuesta a la manera en la que refleja la cuestión de la
plurinacionalidad. En un artículo de un columnista –también sin firma- del 11 de marzo
del 2007 titulado “¿Plurinacionales o multiétnicos?”, se hablaba de que el gobierno
quería que los pueblos originarios “tengan derechos preferenciales sobre el resto de los
bolivianos: que administren su propia justicia y tengan derecho de autodeterminación,
de autogobierno y de control sobre las tierras en las cuales estén asentados (ellos sí, pero
98 Ibíd.99 “Gobierno rechaza posturas independentistas”, en - Los Tiempos - 10/12/2006.100 Ibíd.101 Ibíd.
63
el resto no)”102, planteando una suerte de racismo y revanchismo de los pueblos
indígenas sobre el resto y con aspectos en cierto modo secesionistas. A través de un
recorrido etimológico-histórico del término Nación, que es vista como aquel conjunto
de personas que comparten no sólo el lugar de nacimiento o rasgos comunes de
identificación como “la raza, el idioma, las costumbres, las tradiciones, la historia, la
religión”, entre otros, sino ante todo un “sentimiento compartido de tener un destino
común”103, y a continuación daba ejemplos históricos sobre el asunto, como la URSS y
Yugoslavia, Estados que contuvieron a muchas naciones y que por falta de tal sentir
compartido se terminaron fragmentando, caso contrario a lo ocurrido en Alemania
cuando la Alemania Oriental y la Alemania Occidental se reunificaron por la presencia
de dicho sentir. El columnista termina diciendo que la Constitución vigente definía al
país como una República multiétnica y pluricultural, y que cualquier cambio que se le
hiciera a esto –pasar a denominarse Estado Plurinacional- sería “alimentar
irresponsablemente sentimientos que, a la postre, pondrán en serio riesgo la unidad del
país”104.
En cuanto a la cobertura sobre el pedido de la capitalía plena, Los Tiempos mantuvo
en los meses analizados una postura más equilibrada, nombrando tanto los argumentos
sucreños como los de La Paz de negar el traslado de la sede de gobierno105, aunque en
sus análisis le dedicó más líneas a la postura chuquisaqueña.
Para La Razón, gran parte de los conflictos originados en la AC se han debido a la
fragilidad de las instituciones que se encargan de manejar la cosa pública. En una
editorial del 7 de diciembre del 2006 titulada “El derecho a disentir”, se refirió a que la
Constituyente había perdido su independencia ya que no estaban dadas las “garantías en
el país para ejercer el derecho a la protesta contra los excesos en que incurre el
oficialismo en la Asamblea”106 debido a que, a pesar de que el Ejecutivo sostenía en la
teoría ser democrático, en la práctica no lo era porque estaba contaminado de una
“ideología autoritaria” que no aceptaba los disensos, pilar de la democracia, y había
102“¿Plurinacionales o multiétnicos?”, en Los Tiempos - 11/03/2007.103 Ibíd.104 Ibíd.105“Chuquisaca ratifica demanda de Capital plena”, en Los Tiempos -18/03/2007. Ver bibliografíacomplementaria.106 “El derecho a disentir”, en La Razón - 7/12/2006.
64
hecho desaparecer a la institucionalidad republicana por medio “el revanchismo y los
odios ancestrales”107. Relacionado a estos supuestos manejos por fuera del marco
institucional, sobre el tema de las autonomías hay una nota de la sección Política del 6
de abril del 2007 titulada “La Asamblea concluye que la gente ganó con su gira” que se
refería a la gira territorial que estaban llevando a cabo los constituyentes por todas las
regiones en la que el MAS trababa de hacer posicionar y ratificar sus propuestas entre la
población, pero que “le salió el tiro por la culata”108 porque varias de sus propuestas
fueran rechazadas por la gente, que quería hacer llegar sus inquietudes a los
asambleístas, y no al revés. En la nota sólo se le dio la palabra en su mayoría a los
miembros de partidos opositores como el MNR, Unidad Nacional (UN) y PODEMOS y
a analistas políticos que aprovecharon para criticar los objetivos que supuestamente
llevaban a cabo los masistas y para decir que en la gira “se dieron cuenta que las
autonomías departamentales son un proceso irreversible que debe ingresar directamente
en el nuevo texto constitucional”109, mientras que a un asambleísta del MAS se le
dedicó tan sólo una línea en la que se hablaba de cómo en el recorrido por las regiones
se estaba incluyendo a las personas en el proceso de cambio. La visión de un
oficialismo que impone sus criterios a las demás fuerzas políticas violando las
normativas de las instituciones también se refleja en una nota publicada el 21 de junio
del 2007 titulada “El oficialismo impuso sus dos informes en Visión de país”, referida a
los informes sobre la plurinacionalidad del Estado aprobados en la comisión de Visión
de País mencionados anteriormente por el diario Los Tiempos y que fueron aprobados
no por mayoría absoluta -como estaba previsto- sino por mayoría y minoría, lo que
significaba para la oposición pasar por encima al Reglamento General de la Asamblea
como también “el punto de partida para dividir el país en 36 fracciones”110 (en
referencia al reconocimiento que hacían los informes a las 36 naciones indígenas dentro
del país). Peor aún, la ratificación de la aprobación de ambos informes se hizo
“excluyendo la propuesta de la oposición y desoyendo la instrucción de la directiva para
que estos documentos se aprueben por mayoría absoluta”111. Para terminar de reforzar la
teoría de que el oficialismo sólo pretende imponer su postura por la fuerza y sin la más
107 Ibíd.108 “La Asamblea concluye que la gente ganó con su gira”, en La Razón – 6/04/2007.109 Ibíd.110 “El oficialismo impuso sus dos informes en Visión de país”, en La Razón - 21/06/2007.111 Ibíd.
65
minima voluntad de dialogar con los sectores de la oposición, el diario reproduce los
dichos del asambleísta Jorge Lazarte, a quien califica como independiente, y quien
denunciara que, “una vez más, sus colegas pasaron por encima las instrucciones de la
directiva y que violaron el reglamento general de la Asamblea Constituyente”112.
Por su parte, el tema de las autonomías fue reflejado desde la perspectiva de los
departamentos de la Media Luna que reclamaban que este pedido de descentralización
no fuera debilitado por otros tipos de autonomía, como consideraban que eran las
indígenas. La cuestión de la capitalía plena trató de reflejar las visiones de Sucre que
respaldaba la Media Luna y la negativa a ese pedido que realizaba La Paz sin tomar
partido o privilegiar una posición sobre la otra, en un asunto que meses después hizo
que los medios asumieran otras posturas.
En el caso del cruceño El Deber, el tema sobre las autonomías y el debate sobre la
plurinacionalidad fueron los ejes del acontecimiento. En una nota del 15 de marzo del
2007 titulado “¿La autonomía departamental en riesgo?” y firmada por Joaquín
Monasterio Pinckert, se hablaba sobre las manifestaciones para defender el “Sí”
obtenido en el referéndum departamental de junio del 2006 de cualquier argucia que
utilizara el MAS, como la de proponer autonomías regionales o indígenas que para el
autor proviene “de una estrategia política hegemónica continental, que cree tener en
Bolivia su campo de prueba experimental”113 y que es producto asesores chavistas,
plasmada en la presencia en el país de un diputado venezolano del oficialista
Movimiento Quinta República. Es decir, según este autor, la propuesta de las
autonomías indígenas no es producto del gobierno o de los movimientos sociales, sino
de una intromisión extranjera en la política local. Por otro lado, en el caso de lo
plurinacional, las noticias hicieron foco en lo que el reconocimiento de las 36 naciones
indígenas podría traer aparejado. En una nota del 20 de mayo del 2007 firmada por
Mario Rueda Peña titulada “El reto real para Bolivia”, se argumentaba que “el
resentimiento y el revanchismo determinan un comportamiento agresivo en (los)
aimaras y quechuas que llegan al poder político”114 que, aunque no daría ningún riesgo
de secesión, pretendía “enfundar el país en un traje institucional erizado de símbolos
112 Ibíd.113Pinckert, Joaquín Monasterio, “¿La autonomía departamental en riesgo?”, en El Deber - 15/03/2007.114Rueda Peña, Mario, “El reto real para Bolivia”, en El Deber - 20/05/2007.
66
nativistas de fulgor hegemónico, no sólo en lo político, sino también en lo lingüístico,
educativo y cultural”115 que dificultaría que Bolivia saliera del subdesarrollo. En este
sentido, para J.M. Pinckert la nueva Constitución no debería incurrir en
discriminaciones ni hegemonías, en referencia al supuesto racismo de los indígenas
hacia el resto, al tiempo que se debía conseguir una Carta Magna que garantizara la
plena vigencia de los derechos individuales116 y plasmara los intereses de una única
nación llamada Bolivia y no de 36 naciones originarias o de Venezuela, abonando otra
vez la tesis de la injerencia chavista117.
En cuanto a la cuestión de las autonomías, en una nota del 18 de junio del 2007
titulada “Junta Autonómica logra un pacto de asambleístas”, el diario El Deber se refirió
a un pacto entre los miembros de Junta Autonómica Democrática de Bolivia para no
sólo hacer aprobar todos los artículos de la nueva CPE por medio de los 2/3, sino
además para hacer valer el “Sí” a las autonomías que se dio nada más que en la Media
Luna (a nivel nacional ganó el “No”) y que consideraban que se trataba de trabar tanto
por medio de autonomías regionales e indígenas con un rango similar a las
departamentales como también a través de pretender “fragmentar la unidad de los
bolivianos con la creación de diferentes naciones”118. En el caso de este diario, la
cuestión de la capitalidad plena quedó minimizada por el debate sobre la
descentralización de las atribuciones de cada departamento.
Como corolario de este análisis, podemos decir que los diarios seleccionados
coincidieron en plantear que el gobierno trató de imponer su voluntad durante los
debates en torno a la Asamblea, ya sea por la fuerza electoral o por el apoyo de
movimientos sociales que en casi todas las noticias fueron calificados como
115 Ibíd.116 Pinkert definirá a lo plurinacional como un “Estado fragmentario (…) donde los derechos individualesdesaparecen frente a los comunitarios” que, sumado a la idea de crear un Poder Social por sobre losdemás poderes, haría caer en un totalitarismo gubernamental propio del “cinismo altoperuano”. Verbibliografía complementaria Pinckert, Joaquín Monasterio, “Una pluri-visión… sin país”, en El Deber -12/06/2007.117 Pinkert volverá a referirse a la supuesta intromisión venezolana en un artículo del 12 de junio titulado“Una pluri-visión… sin país”; a pesar de incurrir en una contradicción ya que en ese mismo artículoasegura que la idea de embarcarse en el proyecto de realización de una AC fue producto de “la fuerza delos movimientos sociales”. Ver bibliografía complementaria Pinckert, Joaquín Monasterio, “Una pluri-visión… sin país”, en El Deber - 12/06/2007.118Peña y Lillo H., Christian, “Junta Autonómica logra un pacto de asambleístas”, en El Deber -18/06/2007.
67
incondicionales a este, sin tratar de profundizar cuál era el vínculo real entre el partido
gobernante y estas organizaciones, salvo en aquellos casos en donde se destacó el peso
que tuvieron los movimientos sociales en las medidas propuestas en la Asamblea, tal y
como lo hicieron Correo del Sur y Los Tiempos. También se señaló en varias
oportunidades que la bancada masista sólo quería tratar en la “Visión de país” sus
proyectos sin hacer lugar a los de los demás y, a la vez, impedir que la nueva CPE fuera
aprobada por los 2/3, aunque tampoco se hizo una investigación a fondo sobre cómo
hubiera sido un correcto funcionamiento de la Constituyente. Lo dicho anteriormente va
en sintonía con la forma en que los diarios se refieren al partido gobernante: un partido
con ideología autoritaria que sólo pretende imponer su voluntad y postura a las demás
fuerzas políticas sin la más mínima intención de dialogar y atropellando tanto
normativas como instituciones democráticas.
En relación a las autonomías, es llamativo cómo los diarios defendieron esta
cuestión recurriendo a argumentos tales como la descentralización administrativa -que
mejoraría el equilibrio entre las regiones- y a otros más controvertidos como las
naturales diferencias geográficas, térmicas y hasta étnicas entre ellas. También vale
aclarar que los periódicos no ven a las autonomías como una medida secesionista sino
de descentralización, porque rechazan cualquier intento que tenga vicios de
independencia, tal y como lo hizo Los Tiempos con el proyecto de Nación de Los
Llanos, al que consideraba la creación de otra Nación en lugar de lograr una autonomía
amplia, en cuanto al control de los recursos naturales y económicos de la región, que
hiciera frente a la centralización administrativa que detentaba el gobierno central.
Siguiendo con las autonomías departamentales, los diarios también señalaron que,
para frenarlas, el gobierno había decidido impulsar y promover las autonomías
indígenas. De este modo, las autonomías indígenas son percibidas como una propuesta
que, lejos constituir una respuesta a un reclamo histórico de las comunidades, no son
más que una excusa para contrarrestar el reclamo de los departamentos de oriente.
Una actitud muy diferente fue la que adoptaron los diarios al momento de referirse a
la plurinacionalidad, la cual calificaron como un proyecto racista y revanchista de los
indígenas sobre el resto de la Nación, además de ser riesgoso para la mantención de la
unidad del país a causa de presentar ciertos rasgos secesionistas en lugar de entenderla
68
como un intento de poner fin a la exclusión étnica y cultural que ha caracterizado al
Estado boliviano desde su fundación. Entonces, mientras que a los departamentos de
oriente los impulsa la búsqueda de una reivindicación histórica al momento de exigir las
autonomías, a las comunidades indígenas sólo las mueve el revanchismo y no la
intención de conquistar esos derechos (tales como el autogobierno o la
autodeterminación) que durante siglos les fueron negados. Al mismo tiempo, y entrando
en contradicción con lo dicho al comienzo de este párrafo, la plurinacionalidad también
es vista como un proyecto surgido por iniciativa de la injerencia de gobiernos foráneos,
concretamente Venezuela, más que como un proyecto surgido en el seno de los
movimientos sociales.
En cuanto a las fuentes generadoras de noticias, podemos destacar el hecho de que
los diarios privilegiaron a los constituyentes de los partidos políticos de la oposición
para que expresaran sus opiniones sobre los cambios establecidos en torno al carácter y
la forma de aprobación de la nueva Carta Magna y sus artículos; en tanto que
privilegiaron a referentes de grupos cívicos opositores para que se expresaran respecto
de los reclamos por las autonomías departamentales e indígenas. En ambos casos las
fuentes generadoras de noticias están involucradas en los debates a los cuales se refieren
y defienden determinadas posturas e intereses, motivo por el cual las opiniones e
informaciones que brindaron al respecto son parciales. Otras fuentes de información
fueron los denominados expertos o analistas políticos. A diferencia de las fuentes
mencionadas anteriormente, en este caso el objetivo es borrar las marcas de subjetividad
con el fin de generar cierta objetividad en torno al análisis de los hechos. Por su parte,
los movimientos sociales, campesinos e indígenas, que serían los principales afectados
por las disposiciones establecidas en la nueva Carta Magna, no fueron consultados al
respecto ya que, como dijimos anteriormente, los diarios se refirieron a ellos como
apéndices del MAS sin opinión ni voluntad propia.
Esto implicó, ante todo, dos cosas: en primer lugar, una deshistorización debido a
que las noticias publicadas presentaban una visión sintética y a corto plazo de lo que
estaba sucediendo, lo que significó borrar las referencias del proceso previo que llevó a
las protestas, reclamos y a la propuesta de refundar el país (la negación de derechos a
una parte importante de la población desde la creación del Estado-Nación poscolonial,
profundizadas con las reformas neoliberales de las décadas del ’80 y el ’90) y sólo se
69
limitó a presentar a las protestas no como la expresión de problemáticas de larga data no
tratadas por las gestiones gubernamentales anteriores, sino como un conflicto
meramente coyuntural que se debía resolver. En segundo lugar, que esta postura de los
medios gráficos sobre la actualidad del país fue reduccionista ya que las noticias se
limitaban a reflejar una visión antagónica en la que prevaleciera el enfrentamiento por
sobre el análisis acerca del modelo de Estado que se trataba de modificar en los debates
de la Constituyente. La espectacularización (Bourdieu; 1997) de las noticias privilegió
el enfrentamiento, sobreexpuso las acciones de protesta y formuló juicios de valor en
vez de fomentar el debate; de modo que se estrecharon los márgenes de las discusiones
sobre el proceso de cambio a una mera cuestión de adscripción al masismo –dentro del
que se incluía a los movimientos sociales- o a la oposición, ignorando todos aquellos
discursos alternativos que no hicieran foco en una visión binarista basada en el
antagonismo y la confrontación, salvo cuando en determinadas coyunturas (las
autonomías departamentales, por ejemplo) se pidió que el Gobierno Nacional se sentara
a negociar y concertar con las demás fuerzas y sectores de la oposición. Esta actitud de
los medios escritos fue propia de lo que Gilberto Giménez Montiel (1993) define como
el discurso político, en el que el enunciador se presenta como alguien que está en batalla
ante un sujeto que debe derrotar.
70
CAPÍTULO V
LA CAPITALÍA PLENA, LA EXCUSA PERFECTA
A las objeciones hechas por la oposición sobre el sistema de votación para la
aprobación del texto constitucional al comienzo de las sesiones de la Asamblea y a los
violentos hechos ocurridos en enero de 2007 en Cochabamba, denominados Enero
Negro, se sumó en mayo de ese año el pedido de los sectores conservadores
chuquisaqueños al gobierno central de trasladar la sede de gobierno a Sucre para
constituirla como capital plena. Esta fue una maniobra inteligente para tratar de sacar
rédito a través de una cuestión que, supuestamente, no suscitaría tantas manifestaciones
racistas como las demás cuestiones que se estaban tratando en la Constituyente.
El pedido de capitalía plena tiene un trasfondo histórico de larga data: la Guerra
Federal de 1898/99, un enfrentamiento armado al interior de los sectores dominantes
entre las facciones liberales del norte del país contra los sectores conservadores del sur
que terminó en la derrota de estos últimos, lo que significó un recambio dentro del
grupo de poder que reemplazó el predominio que habían tenido los sectores feudales-
mineros extractores de la plata de Sucre y Potosí por un naciente eje minero industrial
del estaño situado en La Paz y Oruro. Esta reconfiguración se vio escenificada en el
traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la ciudad de La Paz, convirtiendo a
Sucre en una capital meramente simbólica que sólo es sede del Poder Judicial. Según un
trabajo de la Pastoral Social Cáritas (PASOC), desde entonces “se da el ejercicio del
poder político desde las regiones, con hegemonía de unas regiones sobre otras. Como
consecuencia de este proceso, a través de (la) historia, no ha habido una clase nacional
que desarrolle una conciencia nacional integradora de Bolivia”119.
El hecho de que luego de 108 años de aquella guerra civil apareciera el tema de la
restitución de la capitalía plena para reconvertir a Sucre en sede de Gobierno se basaba,
según Jaime Barrón, rector de la Universidad San Francisco Xavier y presidente del
Comité Interinstitucional por el Retorno de los Poderes, en que “Bolivia está al borde de
119 Comisión Arquidiocesana De Pastoral Social Cáritas. 2005.
71
la confrontación violenta” motivo por el cual “la idea es establecer un centro de
equilibrio nacional” en esa ciudad “borrando a la vez el grave peligro de que nuestra
patria se fragmente”120. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este reclamo se hacía
en medio de una disputa entre los prefectos de la Media Luna con el Gobierno Central,
en la que los primeros promovían autonomías departamentales con libertades en la
forma de elección de sus autoridades y conformación de su administración –intentando
neutralizar la agenda de los movimientos sociales- y, a la vez, conservar en sus manos
gran parte de la riqueza de recursos nacionales, principalmente los hidrocarburos, que se
encuentran en las parte subtropical del Oriente a través de la transferencia efectiva de
competencias y atribuciones sobre esos recursos.
Este pedido, que contaba con el respaldo de los prefectos de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija, recibió no sólo la negativa del Gobierno Central, sino también del
propio gobierno del departamento de La Paz, que se sentía perjudicado por el reclamo
chuquisaqueño. De esta manera, quedaron conformados de facto dos bloques –uno a
favor y otro en contra de la propuesta de capitalía- los cuales realizaron movilizaciones
y cabildos para respaldar sus propuestas, que se plasmaron en los eslóganes
contrapuestos “la sede no se mueve” y “sí, la sede se mueve”.
La cuestión no sólo produjo divisiones entre las regiones, sino también al interior
del propio MAS en cuyas filas había representantes de los dos bloques, con 12
representantes de Chuquisaca abogando porque el tema se tratara en la AC y 32 de La
Paz en contra de ello. El debate en torno al traslado de la capitalía generaba tal nivel de
conflicto y de riesgo para la unidad del país que el MAS, por medio de sus asambleístas,
se negó a tratar este pedido por considerarlo una estrategia para dividir a las regiones.
Ante esta situación, una multitud de manifestantes que reivindicaban la autonomía
departamental se movilizó hacia la plaza central y ultrajó a los indígenas que estaban
por el lugar, principalmente a los que eran asambleístas: “se les llama analfabetos(as),
mamacas, cochinos(as), sucios(as), cholos(as), campesinos(as), collas, indios(as) de
mierda, ovejas, animales, perra maldita, indígenas, incapaces. Se les conmina a que se
120 Ordoñez, Oscar y McDonnell, Patrick: “Bolivians feud over shifting capital”, en Los Angeles Times yThe Boston Globe - 07/08/2007. Traducción propia.
72
vayan a sus casas y se les advierte que los van a descuartizar como a Túpac Katari121. Se
les niega el alquiler de habitaciones, la atención en restaurantes y hospitales (...) se les
insulta, golpea, escupe, abuchea, persigue; son arrojados con plátanos y tomates”122. El
enojo de los campesinos provocado por esta ola de racismo derivó en marchas hacia la
ciudad para que la Constituyente pudiera terminar con su labor. Ante un posible
enfrentamiento, el prefecto chuquisaqueño David Sánchez, quien fuera aliado
circunstancial de Morales en 2005, renunció a su cargo.
Los primeros choques se produjeron el 6 de septiembre entre los partidarios del
MAS y los sectores del Comité Cívico y estudiantes universitarios que buscaban tomar
el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, lugar donde sesionaba la Asamblea, para así
impedir su normal funcionamiento, ya que estaba a punto de iniciarse una sesión
plenaria que no incluía el tema de la capitalidad. Ante esta situación, el vicepresidente
García Linera estableció en la ciudad de Potosí un consejo de negociación entre los
comités de Chuquisaca y La Paz para llegar a una solución pacífica del conflicto.
Producto del diálogo, el consejo propuso mudar a Sucre tanto la Corte Nacional
Electoral como el Registro Civil, junto con otros organismos del Gobierno Central, pero
esta oferta fue rechazada por los cívicos chuquisaqueños. Esta actitud fue calificada por
García Linera como un método político que hacía que la AC estuviera “secuestrada,
chantajeada y presionada por una alianza circunstancial de (...) minorías” que
constituían un “chantaje ultra conservador de reaccionarios racistas y fascistas de
algunos sectores empresariales y políticos que quieren hacer daño al país”123. A esta
altura, parecía que la Constituyente estaba al borde del fracaso, más aún cuando –
descartada la posibilidad del diálogo- Chuquisaca y La Paz entraron en una batalla legal,
en la cual el Comité de Sucre ganó un amparo en el Tribunal de Garantías
121 Julián Apaza Nina, alias Túpac Katari, fue el líder del levantamiento indígena contra el dominiocolonial español más significativo del siglo XVIII que logró cercar la Ciudad de La Paz en dosoportunidades en el año 1781. La rebelión fracasó y Túpac Katari fue apresado, torturado y sufrió unaejecución parecida a la de Túpac Amaru II: cada una de sus extremidades fueron atadas a caballos paraque fuera descuartizado. Otro de los que también fue ejecutado a causa del levantamiento fue la mujer deApaza Nina, Bartolina Sisa.122De Sousa Santos, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desdeuna epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. 2010.123 Deheza, Ivana Grace (2008). “Bolivia: ¿Es posible la construcción de un nuevo Estado? La AsambleaConstituyente y las Autonomías Departamentales”, en Revista de Ciencia Política (Santiago de Chile:SCIELO) vol.28, nº 1, p. 61-79. 2008.
73
Constitucionales de la Corte Superior de su departamento para que se tratara el tema en
la Asamblea, mientras que el Comité de Emergencia de La Paz lo calificó de ilegal por
irregularidades en el proceso judicial.
El tratamiento de los medios gráficos ante estos hechos fue especial, ya que la
controversia que causaba la cuestión de la capitalidad hizo que los diarios analizados de
Santa Cruz (El Deber), Sucre (Correo Del Sur) y Cochabamba (Los Tiempos) apoyaran
la demanda chuquisaqueña de ser la sede de los tres Poderes del Estado, y criticaran al
Gobierno Central por la falta de predisposición para tratar el tema y por el consecuente
descarte del debate sobre la cuestión dentro de la Asamblea; mientras que el diario
paceño La Razón defendió que su ciudad permaneciera como sede del Poder Ejecutivo y
Legislativo, que la Constituyente siguiera sesionando y no considerara la propuesta de
Sucre por verla como una causal grave de quiebre de la unidad de las regiones que
conforman el país.
Los Tiempos en su artículo “Sucre en ascuas” publicado el 1 de septiembre del
2007, criticó al Gobierno Nacional, haciéndose eco de las declaraciones de la Alcaldesa
de Sucre, Aydeé Nava, por estar empeñado en promover que indígenas y campesinos se
trasladaran hacia esa ciudad para que la AC siguiera sesionando a pesar de haber
“excluido irregularmente”124 el tema de la capitalidad, lo que podría conducir a “sufrir
la reedición de los combates que a título de guerra federal, despojaron a Sucre de su
condición de sede de gobierno, además de causar el derramamiento de sangre de sus
valerosos hijos”125. Este temor de un posible enfrentamiento entre los habitantes de la
región sucrense con “huestes afines al partido en función del gobierno”126 se había
reavivado con la llegada de Padilla en un avión Hércules al aeropuerto Juana Azurduy;
sin embargo, tanto el Comando del Ejército como el Ministro de Gobierno y el vocero
presidencial, se encargaron de desmentir este supuesto, explicando que se trató de un
vuelo de dotación de alimentos a las unidades militares acantonadas en Chuquisaca. De
todos modos, el diario da a circular una versión acerca de un supuesto instructivo del
Ejecutivo de reunir a 100 mil personas allí el 10 de septiembre para respaldar el
“precipitado pase de una ley fundamental elaborada a la medida de los dictados del
124 “Sucre en Ascuas”, en Los Tiempos - 1/09/2007.125 Ibíd.126 Ibíd.
74
Poder Ejecutivo”127, lo cual podría conducir a una serie de enfrentamientos. La postura
de este medio sobre el tema quedó claramente a la vista cuando el 12 de septiembre del
2007 publicó, en un artículo titulado “Crece la insatisfacción y desconfianza en la
Asamblea”, una encuesta (realizada a 1100 personas de ambos sexos) según la cual 6 de
cada 10 personas estaban a favor de que la mudanza de los Poderes del Estado se
debatiera dentro de la Asamblea, hasta en la propia La Paz donde se registraron “un alto
porcentaje de respuestas afirmativas. Sólo el 32 por ciento de los entrevistados
considera que no, frente a un 60 por ciento”128 que había optado por el “Sí”. Por otro
lado, esta encuesta reveló también que “existe un alto nivel de insatisfacción entre los
bolivianos por el devenir de la Asamblea Constituyente, de casi tres cuartos de los
entrevistados” mientras que “más de dos tercios de los entrevistados señalan que la
Asamblea va mal o que cada vez va peor y que la percepción de empeoramiento
coincide con el conflicto generado en Sucre por la exclusión en la Asamblea del tema de
la capitalidad.”129 De este modo, el diario parecería insinuar que la valoración acerca de
la labor realizada por la AC está supeditada al hecho de que no se haya tratado la
cuestión de la capitalidad, olvidando que allí se debaten otras cuestiones tan
trascendentes como esa.
Un tratamiento menos balanceado sobre el tema fue el que llevó a cabo Correo del
Sur. El día 3 de septiembre del 2007, el diario publicó un artículo titulado “Diálogo
entre Gobierno y Chuquisaca va al fracaso”, donde enfatizó su posición ya que en él se
decía que los chuquisaqueños –forma en el que el medio igualó al Comité
Interinstitucional como representante de todos los sectores y organizaciones del
departamento- rechazaron la invitación del Gobierno Nacional a reunirse a dialogar con
los representantes del Comité de Emergencia de La Paz en Cochabamba porque querían
que la reunión se llevara a cabo en la propia Sucre. Sin embargo, en el desarrollo de la
nota se puede ver que aquella equiparación entre el Comité Interinstitucional y “los
chuquisaqueños” del título y el primer párrafo era, cuanto menos, engañosa debido a
que el Gobierno confirmó la reunión de negociación con otras organizaciones sociales y
sindicales que sí aceptaron la invitación, como la Federación Única de Trabajadores
Campesinos Originarios de Chuquisaca (FUTCOCH), ex dirigentes de la Central
127 Ibíd.128 “Crece la insatisfacción y desconfianza en la Asamblea”, en Los Tiempos - 12/09/2007.129 Ibid.
75
Obrera Departamental (COD) y de la Federación de Juntas Vecinales. De todos modos,
el diario se encargó de aclarar que estos movimientos sociales eran “afines al
Movimiento Al Socialismo”130, como también de darle la palabra al presidente del
Comité Cívico Chuquisaqueño, Jhon Cava, quien dijo que “el Comité Interinstitucional
es el que lidera la movilización y hablar con los demás es una pérdida de tiempo porque
los que han ido no tienen que plantear ningún tema. Además el Gobierno tiene que
llegar a Sucre donde se desarrolla el conflicto, y los que accedan a esta invitación (en
referencia a los movimientos sociales) confirman su adhesión al oficialismo y que no
defenderán a la región sino a su partido”131, dando a entender que los que aceptaron la
invitación no eran representativos no sólo del reclamo del traslado de la capital, sino
tampoco del departamento. Por otra parte, el medio también puntualizó que según lo
dicho días antes por el vocero presidencial, Alex Contreras, para el Gobierno “el
principal tema a tratar no será el retorno de los poderes a Sucre, sino la unidad de
Bolivia”132. Por último, y también relacionado con el conflicto sobre la capital plena, se
hizo referencia a que “el Gobierno estaría presionando a vocales de la Corte Superior de
Chuquisaca para evitar la atención del amparo constitucional contra la cuestionada
resolución (...) que dejó fuera de la Asamblea Constituyente el tema de la
Capitalidad”133, al hacerse eco de las versiones ratificadas por los constituyentes Edgar
Arraya (MAS) y Óscar Urquizu (PODEMOS).
Este mismo diario, en su artículo del 22 de septiembre del 2007 titulado
“Chuquisaca y La Paz radicalizan sus posiciones sobre capitalidad”, se refirió a las
posiciones contrapuestas e irreconciliables expuestas tanto por La Paz como por
Chuquisaca respecto de la capitalidad y a la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Mientras que Chuquisaca exigía que se respetara el fallo de la Corte Superior de su
propio distrito (en detrimento de la regulación del 15 de agosto, que eliminó el tema de
la capitalidad) de modo tal que la propuesta de la capitalidad plena se tratara en la
Asamblea Constituyente, el Comité de Emergencia de La Paz ratificó que “no permitirá
el tratamiento del tema de capitalidad en la Asamblea y anunció que hará frente a las
acciones de Chuquisaca a través de la vía judicial porque dicha demanda va en contra de
130 “Diálogo entre Gobierno y Chuquisaca va al fracaso”, en Correo del Sur y Los Tiempos - 03/09/2007.131 Ibíd.132 Ibíd.133 Ibíd.
76
los intereses de esa región”134 ya que el traspaso de los poderes Ejecutivo y Legislativo
atentaría contra la economía y fuentes laborales de esa ciudad capital. Finalmente, y a
pesar de que desde el gobierno se instó a ambas partes a acercar posiciones y de haber
propuesto que el Comité de Diálogo y Consenso fuera el escenario para debatir el tema
de la capitalidad, ninguna de las dos partes estuvo dispuesta a rever su posición sino
que, por el contrario, estas se radicalizaron. La Paz no estuvo de acuerdo en tratar el
tema de la capitalidad y Chuquisaca se negó a continuar con el diálogo si no se trataba
este conflicto, motivo por el cual se puso fin al diálogo hasta un próximo encuentro que
hasta el momento no tenía fecha ni escenario definido y con el riesgo de que el
enfrentamiento acabara por judicializarse en lugar de resolverse por la vía política.
En cuanto a la cobertura hecha por el diario cruceño El Deber, se centró en el fallo
del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Superior de Chuquisaca que
avaló el amparo presentado por el Comité Interinstitucional para que se tratara la
cuestión de la capitalidad en la Constituyente y la negativa del gobierno en darle
cumplimiento. Este medio se vale de las declaraciones del presidente de la Corte
Suprema, Héctor Sandoval, y de las declaraciones del Comité Interinstitucional para dar
cuenta de que el desacato de los fallos por parte del Gobierno podía hacer, según lo
dicho por el Poder Judicial, que “se desate una situación de anarquía en el país” 135, y
que para el comité pro-Sucre si el Ejecutivo persistía en esa actitud habría que seguir los
caminos legales, incluso si estos demandaran pena de prisión para los funcionarios. Más
llamativos aún son dos artículos de opinión publicados el 30 de septiembre del 2007. En
el primero de ellos, titulado “El pecado original y la reproducción del poder”, la
periodista y politóloga Susana Seleme Antelo afirmó que “el MAS y sus aliados
desobedecieron el espíritu de la Ley de Convocatoria de la Asamblea, cuyo mandato era
el democrático principio de los 2/3 de votos para redactar una nueva CPE (…) y poder
aprobar, por mayoría absoluta, un reglamento interno de debate, pasándose por la torera
el principio de los 2/3”136. Morales sufre “una enfermedad incurable”137 de querer
perpetuarse y reproducir su poder mediante la reelección indefinida, con el consiguiente
134 “Chuquisaca y La Paz radicalizan sus posiciones sobre capitalidad”, en Correo del Sur -22/09/2007.135 Ver bibliografía complementaria: “Alcaldesa acusa al Gobierno por la agresión; el Ejecutivo critica”,en El Deber -12/09/2007.136 “El pecado original y la reproducción del poder”, en El Deber – 30/09/2007.137 Ibíd.
77
peligro que ello implica para el sistema democrático, en la que se halla inmersa la
negativa del cambio de sede de gobierno que pasa por encima los deseos de Sucre a
través del peso de la importante diferencia de votos entre La Paz y Chuquisaca. En el
otro, titulado “Mis sospechas…”, el analista político Cayetano Llobet aseguró que sin el
tratamiento del tema de la capitalidad no sólo no puede haber Constituyente que valga,
sino que sospecha que, en el marco de la agonía constituyente, el Gobierno Nacional
“ha puesto en práctica su plan alternativo denominado ‘Constitución light’. Un texto
constitucional, discutido con la oposición, en el que se incluyan autonomías, respeto a
los poderes constituidos, etc., a cambio de la reelección.”138 Así, el analista deja sentado
que, lejos de importarle la reivindicación histórica y defensa de los derechos de aquellos
sectores históricamente excluidos, el único objetivo que persigue Morales es mantenerse
en el poder, influenciado directamente por el gobierno venezolano139, apareciendo una
vez más referencia a la intromisión del chavismo.
Por el contrario, el tratamiento de los hechos por parte de La Razón, al ser de La
Paz, fue favorable a que la cuestión de la capitalía no se tratara en la AC. Si bien se le
dio lugar en sus notas a la postura de mudanza de la sede gubernamental, se hizo
hincapié en la postura paceña. En un artículo del 25 de septiembre del 2007 titulado “La
capitalidad deja a la Constituyente en estado de coma” se le preguntó a los asambleístas,
principalmente del MAS y en menor medida de PODEMOS, si se debía dejar afuera o
no de la Constituyente el tema de traslado de la capital y, en todos los casos, se llegaba
a la misma conclusión: que el asunto era inviable, problemático, difícil, que ponía en
riesgo la Asamblea por la división que generaba en su interior y que, además, si esta
cuestión entorpecía el normal funcionamiento de la AC “el otro escenario posible sería
el de la ‘confrontación en las calles’” 140. En la misma nota se hablaba de que el Comité
de Emergencia de La Paz buscaba alianzas con movimientos sociales de los
departamentos vecinos tanto para terminar con un debate al que consideraban falso,
porque la denominada postura sucreña es en realidad la postura de una parte de los
habitantes de ese departamento y no de su totalidad, como así también para asegurar el
mantenimiento y continuidad de la Asamblea, a los que consideraba en riesgo a causa
de una estrategia de bloqueo del Comité Interinstitucional. Dos días después, y en
138 “Mis sospechas…”, en El Deber – 30/09/2007.139 Ibíd.140 “La capitalidad deja a la Constituyente en estado de coma”, en La Razón – 25/09/2007.
78
medio de los conflictos por la suspensión de la plenaria de la Constituyente, el diario
publicó una nota titulada “El MAS desacata un fallo y pone en jaque al diálogo” que
hacía foco en que el MAS se seguía negando a acatar el fallo de la Corte de Chuquisaca
que obligaba a volver a tratar el tema de la capitalidad dentro de las comisiones de la
Asamblea. Esta negativa complicó el trabajo del Comité Especial de Diálogo y
Concertación, cuyos delegados no lograron establecer una agenda básica de trabajo
“debido a discrepancias sobre la inclusión del tema de la sede de los poderes”141. Este
conflicto hizo que el Comité de Emergencia pidiera al Gobierno Nacional que se
pudieran restablecer las plenarias y que, de no ser posible hacerlo en Sucre, el
tratamiento y elaboración de la Nueva CPE se trasladara a Oruro, como propuso ese
departamento para desempantanar la situación. Ante esta situación, la Sala Civil
Primera de la Corte chuquisaqueña notificó a los masistas que disponían de un plazo de
48 horas para presentar “un informe sobre el cumplimiento del fallo que emitieron el 8
de septiembre dejando sin efecto la resolución con la que los asambleístas, el 15 de
agosto, excluyeron de su debate la demanda de capitalidad”142. Sin embargo, los
masistas decidieron rechazar tal sentencia argumentando que acatar cualquier tipo de
fallo emitido por los poderes constituidos implicaría ir en contra del Artículo 3 de la
Ley de Convocatoria a la Asamblea, que declara al foro como independiente. Más allá
de esta argumentación, el diario parece quedarse con el hecho de que el MAS haya
desacatado un fallo; lo que reafirma la idea de un Ejecutivo autoritario que pretende
imponer su voluntad a toda costa y ello aunque implique ir en contra de disposiciones
judiciales.
Del análisis de los medios seleccionados se pudo ver que el tratamiento de los
debates surgidos en torno a los intentos de traslado de la capitalidad difería según al
departamento al que pertenecen los diarios. Entre ellos, Correo del Sur se alineó con la
causa de su ciudad, como también lo hizo El Deber de Santa Cruz que apoyó, al igual
que los Comités Cívicos de la Media Luna, la causa de Sucre. Este también fue el caso
de Los Tiempos de Cochabamba, que privilegió en la mayoría de sus notas una postura a
favor del tratamiento de la capitalía plena en la AC. Esta postura es totalmente contraria
a la de La Razón, diario donde la causa de “la sede no se mueve” pesó a la hora de las
141 “El MAS desacata un fallo y pone en jaque al diálogo”, en La Razón – 27/09/2007.142 Ibíd.
79
coberturas sobre si el traslado era o no era beneficioso no sólo para la ciudad, sino para
la unidad del país.
En cuanto a los políticos que fueron consultados sobre el traslado de la capital, la
mayoría de los diarios optó por darle la palabra a aquellos que miembros de los partidos
opositores, a los masistas disidentes, como el citado caso de Arraya, y al Comité
Interinstitucional. Mientras que La Razón, al reivindicar la postura paceña, privilegió
recuperar la voz de los asambleistas masistas, de algunos miembros de PODEMOS y
del Comité de Emergencia que defendieron la postura del departamento argumentando
que el traslado de la sede pondría en riesgo la unidad del país.
Otro aspecto destacable es la reiteración del supuesto autoritarismo del MAS y el
interés de Morales de perpetuarse en el poder por medio de la reelección indefinida
(olvidando que, para que haya reelección, debe haber un voto mayoritario que apoye al
partido de gobierno) y avanzando tanto por sobre las demás fuerzas políticas como
sobre las instituciones o disposiciones judiciales. Esta idea va, una vez más, de la mano
con la supuesta intromisión del gobierno venezolano; un gobierno aún más autoritario
que el del MAS y cuyos pasos parece seguir Bolivia.
CAPÍTULO VI
80
LA REACCIÓN EN ARMAS. EL FALLIDO GOLPE CÍVICO-PREFECTURAL
Transcurrido más de un año del inicio del debate acerca de la capitalía plena y
debido al clima de enfrentamiento provocado por quienes estaban en contra y a favor
del traslado de la capital a Sucre, no sólo en Chuquisaca y La Paz sino también en los
departamentos de la Media Luna en los que se reclamaba tanto que la sede se moviera
como que se permitiera una autonomía plena de las regiones sobre el control de sus
recursos naturales, el Ejecutivo optaría por una salida electoral que, a la postre de los
resultados que se dieron, dejaría en evidencia que los sectores conservadores
aprovecharían cualquier conflicto que se produjera en alguno de los departamentos para
forzar una salida del gobierno, ya sea tanto por la vía democrática-institucional como
por cualquier otra.
La estrategia elegida por el Gobierno Nacional era similar a la que había
implementado con la LECAC y el referéndum autonómico de 2006, y tomó como
recurso para salir de esta crisis la convocatoria a un Referéndum Revocatorio de
Mandato Popular, al que sometieron el Ejecutivo central y las autoridades
departamentales. El resultado de la elección efectuada el 10 de agosto de 2008 ratificó
en sus cargos a Evo Morales y a los prefectos de Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Beni
y Pando143. Por su parte, el prefecto José Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes de
Cochabamba, fueron revocados al obtener un porcentaje de votos inferior al requerido
para continuar con sus mandatos. De ese modo, la correlación de fuerzas políticas se
alteró ya que, al tiempo que Morales fue relegitimado al lograr el 67,41% de los votos,
dos de los ocho prefectos fueron revocados quedando la demanda de la Media Luna aún
más aislada144.
143 Cabe destacar que la prefecta del departamento de Chuquisaca, Savina Cuéllar, no debió someterse alreferéndum por haber sido elegida en junio de 2008, a diferencia de los otros prefectos, que fueronelegidos en 2005.144 A partir de los resultados del referéndum, no sólo acabó por consolidarse la legitimidad del gobiernode Morales, sino que también se demostró que los sectores populares de la Media Luna votaron por Evo,cuestionando la lógica de un conflicto entre la región de oriente y de occidente por motivos autonomistas.Para obtener información más detallada al respecto, consultarhttp://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ciclo_resultados.pdf
81
A pesar de ello, el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) desconoció por
largo tiempo estos resultados a nivel nacional. La demostración más cabal de que el
resultado del referéndum no satisfizo a los sectores conservadores de la región de la
Media Luna que reclamaban por la autonomía se produjo el 11 de septiembre de 2008
cuando se dio el llamado Golpe Cívico-Prefectural, iniciado a partir del asesinato de
campesinos a manos de personas vinculadas al comité cívico de Pando.
Según fuentes e investigaciones oficiales, a los pocos días de conocidos los
resultados del referéndum, comenzaron las reuniones secretas entre opositores (grupos
de choque que respondían directamente a las autoridades departamentales opositoras al
gobierno) para organizar un golpe de Estado. Las acciones desestabilizadoras se
iniciaron con una serie de manifestaciones y bloqueos de los principales accesos y
caminos y continuaron, ya en el mes de septiembre, con la voladura de un gasoducto y
tomas y ataques a edificios e instalaciones públicas, esta última adoptada por resolución
explícita del CONALDE145. El clima tenso se agravó aún más el 9 de septiembre,
cuando las fuerzas desestabilizadoras tomaron el control de los aeropuertos para impedir
que cualquier autoridad que pretendiera reestablecer el orden pudiera aterrizar en la
región. Sin embargo, el punto de mayor violencia se registró el 11 de septiembre con la
denominada Masacre de Pando146, que tuvo lugar en dicho departamento amazónico y
dejó un saldo oficial de 20 muertos, decenas de heridos y un hasta ahora desconocido
número de desaparecidos.
En la cobertura realizada por los medios gráficos elegidos sobre este hecho se
destaca, en primera instancia, una línea editorial homogénea sobre los sucesos que
tuvieron lugar en Pando ya que ninguno de ellos se refirió a lo acontecido en términos
de masacre. El diario Los Tiempos, en su artículo “Muertes no inmutan al gobierno”
145 Cfr. Chávez León, Mokrani Chávez, Uriona Crespo (2010).146 A partir de lo ocurrido, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) elaboró un documentollamado Declaración de la Moneda, donde expresó su apoyo unánime al gobierno constitucional de EvoMorales al tiempo que advertía que no se reconocería ninguna situación que ameritara el quiebredemocrático en Bolivia. En este sentido, instaba a las partes a establecer el diálogo y a la búsqueda de unasolución pacífica del conflicto.Al mismo tiempo, UNASUR creó una Comisión Investigadora con el objetivo de esclarecer los sucesosviolentos ocurridos en Pando. Como resultado de esta investigación, se emitió un informe donde seplanteaba que, a pesar de haber habido personas que actuaron de manera particular, los agresores de loscampesinos lo hicieron de forma premeditada y organizada bajo una cadena de mando que respondía a lasórdenes de funcionarios del gobierno departamental; motivo por el cual constituye un crimen de lesahumanidad. Por tales motivos, nos referiremos a los hechos ocurridos en Pando en términos de masacre.
82
publicado el día 12 de septiembre del 2008, habló de un choque que debía ser entendido
como parte de “la escalada de violencia en el país”147 y que se produjo a modo de
reacción contra el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 148, luego de que los
cívicos y prefectos de la zona de la Media Luna lograran desbordar a las fuerzas
militares y policiales que allí había colocado el gobierno nacional. Ante esta situación, y
a modo de represalia, “organizaciones campesinas que apoyan a Evo Morales
bloquearon rutas y ‘cercaron’ a Santa Cruz”149. En la misma línea, el diario El Deber, en
su artículo del 12 de septiembre del 2008 titulado “Baño de sangre”, también planteó
que tanto los enfrentamientos como las muertes fueron resultado de la expresión
máxima de violencia desatada a raíz de los conflictos por el IDH; mientras que La
Razón en su artículo publicado ese mismo día y titulado“Mediación urgente para frenar
la crisis” habló de enfrentamientos como consecuencia del “estado de exasperación y
encono político”150 que atraviesa al país y menciona –aunque no muy detalladamente-
que dichos enfrentamientos se debieron a la “quita de los recursos del IDH y a la
retención de las regalías petroleras a los departamentos productores”151. Por su parte, en
su artículo del 13 de septiembre del 2008 titulado “Percepciones en torno a la crisis”
Correo del Sur habló de conflicto y de “enfrentamientos entre las facciones en
pugna”152 pero, a diferencia de los otros tres, este diario no menciona un motivo puntual
por el cual pudieron haberse producido los enfrentamientos, más allá de hablar de un
clima de violencia generalizado y sin profundizar mucho en ello. En otras palabras, los
cuatro diarios coinciden en que lo ocurrido no fue un hecho de violencia aislado, sino
que lo enmarcan en un contexto de “crisis social”153 y “crispación política”154 que ha
147 “Muertes no inmutan al gobierno”, en Los Tiempos- 12/09/2008.148 El IDH es una ley sancionada por el gobierno en el 2007 que le permite retener el 70% de la renta delgas para redistribuirlo vía Renta Dignidad, una especie de jubilación cuyo fin es garantizar que todos losbolivianos dispongan de cierto dinero para poder alimentarse. Los gobernadores de oriente no loaceptaron porque una ley anterior disponía que los recursos del IDH pertenecían a las prefecturas, aunqueello no implicaba que las prefecturas recibieran más dinero durante gobiernos anteriores. La cuestióncentral detrás de la política de nacionalización es que el gobierno quintuplicó su recaudación de recursosprovenientes de los hidrocarburos, que pasó de 300 a 1500 millones anuales, a partir de la cual el Estadopretende financiar su programa jubilatorio. O’Donnell, Santiago: “Amistoso” en Página 12. 6/04/2008.149 “Muertes no inmutan al gobierno”, en Los Tiempos- 12/09/2008.150 “Mediación urgente para frenar la crisis”, en La Razón -12/09/2008151 “La Media Luna se hace de oficinas del Estado y se enciende la mecha”, en La Razón -10/09/2008152 “Percepciones en torno a la crisis”, en Correo del Sur -13/09/2008153 “Las dudas del diálogo”, en Correo del Sur -22/09/2008.154 Ibíd.
83
conducido a la polarización y al establecimiento de dos visiones contrapuestas de país
cuyo responsable es el propio Evo Morales y su gobierno.
Al momento de relatar cómo comenzaron tales enfrentamientos y cómo se fueron
desarrollaron los hechos, La Razón en su artículo titulado “La Media Luna se hace de
oficinal del Estado y se enciende la mecha”, explicó detalladamente cómo en los días
previos al 11 de septiembre “el corazón de la ciudad de Santa Cruz fue el escenario de
la mayor arremetida de los grupos autonomistas para ocupar y hacerse de las
instituciones del Estado y, además, sacar a los funcionarios del Ejecutivo, en una
jornada caracterizada por la acción de grupos de vándalos que destruyeron los bienes
públicos y cometieron saqueos”155. Lejos de justificar tales acciones, el diario calificó a
los autonomistas que participaron de las tomas como “vándalos” e informa que muchos
de ellos forman parte de la Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité
Cívico de Santa Cruz. Por otro lado, este diario anticipa que sectores masistas estarían
preparando, a modo de contraofensiva, una movilización tendiente a repudiar el intento
de golpe contra el gobierno de Evo Morales. De esta manera, La Razón es el único
diario que, más allá de privilegiar el relato desde la perspectiva de los lugareños de la
Media Luna, también mencionó cuáles fueron las medidas adoptadas por los
movimientos sociales, cooperativistas, productores de coca y campesinos quienes, con
el objetivo de respaldar el gobierno de Morales y “en repudio a la toma de instituciones
del Estado y de la violencia desatada por grupos de choque al servicio de cívicos
cruceños”156, decidieron cercar la ciudad de Santa Cruz.
Los Tiempos –en el ya mencionado artículo “Muertes no inmutan al gobierno”-
planteó que, en la mañana del 11 de septiembre, el líder cívico José Luis Ayarde
convocó a vecinos “para que se reúnan en la plaza y marchen hacia el mercado central
del Plan Tres Mil157, sitio reconocido como uno de los bastiones del MAS, donde los
autonomistas querían sentar presencia”158. Ante esta convocatoria, la reacción inmediata
de los grupos masistas fue reunirse en la rotonda de dicha localidad armados con palos,
hondas, piedras y petardos. Finalmente, y alrededor de las 20.30 horas, “los
155 “La Media Luna se hace de oficinal del Estado y se enciende la mecha”, en La Razón -10/09/2008156 Ibíd.157 Es nombre que recibe el octavo distrito urbano de Santa Cruz de la Sierra.158 “Muertes no inmutan al gobierno”, en Los Tiempos- 12/09/2008.
84
enfrentamientos con los masistas fueron inevitables y en ambos bandos hubo bajas”159.
De este relato se extrae que, mientras que los masistas se encontraban “armados”
(aunque en realidad, piedras, palos y hondas constituyen armas bastantes precarias) los
autonomistas eran simplemente vecinos cuya única intención era “sentar presencia” en
el mercado central del Plan, sin ánimos de agredir a nadie. El diario jamás menciona si,
de hecho, los autonomistas estaban armados o no, pero califica a los enfrentamientos
como “inevitables” y a causa de los cuales hubo víctimas tanto de un lado como del
otro. De ese modo, resulta difícil saber a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió,
aunque la culpabilidad de haber iniciado el enfrentamiento parecería recaer sobre los
masistas, quienes fueron con intenciones de agredir a los autonomistas desde un primer
momento.
Por su parte, El Deber –en el ya mencionado artículo “Baño de sangre”- en una
primera lectura, pareciera diferenciarse de los otros tres diarios ya que, en lugar de
responsabilizar a uno u otro bando por haber iniciado los enfrentamientos, sentencia que
“no está claro quién disparó primero”.160 Sin embargo, a efectos de la comprensión de lo
sucedido, su cobertura no dista tanto de la hecha por los demás diarios en tanto supone
un enfrentamiento en igualdad de condiciones y no una masacre con responsabilidad
institucional y empresarial. En esta misma línea, si bien el tratamiento de los hechos
pareciera más equilibrado ya que se reproducen las versiones dadas tanto por masistas
como por autonomistas, lo cierto es que el diario dedica un solo párrafo a relatar los
hechos en base a la versión dada por la fuente del MAS, mientras que el resto del
artículo es utilizado para narrar lo que sucedió de acuerdo a la versión dada por un
poblador de Porvenir. Por el lado de los masistas, el diario cita los dichos de Miguel
Becerra (líder de la agrupación ciudadana Movimiento Amazónico de Renovación)
quien afirma que “la balacera se desató después de que un funcionario de la Prefectura
de Pando atropelló a dos campesinos”161. Por el lado de los autonomistas, se afirma que
fueron los pobladores de Porvenir quienes se movilizaron con el objetivo de impedir
que ingresaran camiones donde iban los zafreros (peones) y que, para ello, recibieron
ayuda de Prefectura. A su vez, sostiene que –tras ser superados por los masistas en un
primer enfrentamiento sin armas- los pobladores de Porvenir decidieron conformar un
159 Ibíd.160 “Baño de sangre”, en El Deber - 12/09/2008161 Ibíd.
85
grupo aún mayor e ir en busca de los masistas (jamás se aclara si los locales estaban
armados o no) pero fueron sorprendidos por éstos que iban armados. Según esta fuente,
los grupos afines al gobierno se habrían provisto de las armas en la casa del propio
Becerra y las habrían utilizado para asesinar a dos personas: un poblador de Porvenir y
al funcionario de Prefectura Pedro Oshiro. Luego de ello, los masistas habrían
continuado su recorrido hasta la plaza de Porvenir a donde asistió la policía de Pando
con el objetivo de reducirlos; aunque los intentos fueron infructuosos y la policía debió
replegarse. Todo cambió cuando llegó al lugar un grupo armado proveniente de Cobija
y comenzaron los enfrentamientos. Al ser superados, los masistas debieron iniciar la
retirada. En ese proceso, muchos perdieron la vida a causa de las heridas ocasionadas
por las armar de fuego utilizadas por los autonomistas, mientras que otros murieron
ahogados cuando pretendían cruzar el río Tahuamano para refugiarse en los montes.
Otro aspecto clave para comprender los hechos ocurrido en Pando es el reclamo por
las autonomías. Cabe destacar que, si bien el pedido por la autonomía de la Media Luna
Oriental se enfatizó y profundizó a partir de la llegada del Movimiento al Socialismo al
poder y su política de nacionalización de los hidrocarburos, este constituye una
demanda histórica de estos departamentos. El motivo principal de ésta responde
fundamentalmente a cuestiones étnico-políticas, aunque no es menos cierto que tiene
también raíces histórico-geográficas que datan de mediados del siglo XX, cuando la
región oriental se encontraba completamente aislada del resto de Bolivia debido al
desarrollo casi nulo de carreteras y caminos (Svampa y Stefanoni; 2007). A causa de
ello, los mencionados departamentos debieron recurrir a los ingresos obtenidos por la
renta hidrocarburífera para desarrollarse de forma autosuficiente y acabaron por
consolidarse como la región más rica162 y poderosa de todo el territorio boliviano. Esta
disparidad tuvo su correlato en el incremento del sentimiento de superioridad (Quijano;
2005) de la región oriental (tanto cultural como racial) por sobre el occidente andino,
donde predominan las comunidades indígenas, haciendo que los reclamos por la
autonomía cobraran cada vez mayor fuerza. La confrontación entre oriente y occidente
162 Un claro ejemplo de ello es Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia. Según la Cámara deIndustria y Comercio (CAINCO), origina el 30% del PBI nacional, genera el 62% de las divisas del país,produce el 50% de las exportaciones y recibe el 47, 6% de la inversión extranjera que llega a Bolivia.Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo: Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales. ColecciónResistencias y alternativas. Editorial El Colectivo, CLACSO. 2007
86
acabó por consolidarse tras la asunción de Evo Morales y la implementación de
políticas tendientes a fomentar el desarrollo de los departamentos de menores recursos y
de aquellos sectores sociales históricamente postergados, instalando en el imaginario
cruceño la dicotomía collas atrasados y violentos versus cambas productivos y
emprendedores (Mayorga, Fernando; 2005).
Los Tiempos, en su artículo titulado “¡Independencia!” del 12 de septiembre sienta
abiertamente su postura a favor de dicho reclamo y lo justifica como algo lógico y justo
ya que la región de la Media Luna se ha valido por sí misma a partir de sus recursos
(tales como el petróleo y el gas) y gracias a ellos –y sin ayuda del resto- ha conseguido
convertirse en el polo de mayor desarrollo en todo el país, a pesar de haberse vista
perjudicada por el centralismo paceño. A su vez, el artículo aclara que el reclamo “nada
tiene que ver con el golpe cívico-prefectural”163 sino que ese es un término empleado
por el gobierno para tratar de justificar su accionar. Para conseguir la merecida
independencia, el diario propone una convocatoria multitudinaria que replique a la del
Cabildo del Millón y destaca que “para encender el detonante de este hecho bastarían
algunos pocos muertos por parte del Gobierno (cosa que éste está tratando de evitar- al
menos no con armas oficiales-) y bajo esa lógica bien se podría dar una reacción
furibunda de parte de la población que enardecida gritará a voz en cuello
¡independencia!”164. Al margen del camino que se decida seguir, la independencia de la
región de la Media Luna es presentada como algo inminente, a tal punto que el diario se
pregunta cómo debería llamarse el nuevo Estado que surja tras la separación, e
inevitable porque “Bolivia se divide, se parte y al parecer nadie podrá evitarlo”165.
Otro diario que mencionó el reclamo por las autonomías como el detonante de los
conflictos es La Razón, al citar los dichos del cívico Branko Marinkovic quien afirmó
que “el motivo por el cual los ciudadanos están molestos con su gobierno (el de
Morales) es porque usted se niega a reconocer las autonomías…”166.
Así como Los Tiempos descartó la posibilidad de que se produzca un intento de
golpe cívico-prefectural, Correo del Sur afirma que, lejos de intentar hallar una salida
163 “Independencia”, en Los Tiempos - 12/09/2008164 Ibíd.165 Ibíd.166 “La Media Luna se hace de oficinal del Estado y se enciende la mecha”, en La Razón - 10/09/2008
87
negociada al conflicto, el Gobierno Nacional se limitó a condenar lo que ellos
consideran una “vocación antidemocrática e inclinación secesioncita”167 por parte de los
departamentos que integran la región de la Media Luna. Por tal motivo ironizó respecto
de las acusaciones que recayeron sobre las élites de la mencionada región al referirse a
ellas como “empeñadas en recuperar espacios perdidos y seguir enriqueciéndose a costa
de la pobreza y marginación de los desvalidos”168. Lejos de verlo de ese modo, se
refiere a la cuestión de la autonomía como un pedido que responde a la voluntad de la
población, motivo por el cual “no es justo que se atribuya a la corriente contestataria
inspiraciones antidemocráticas, objetivos divisionistas u otros más inconfesables
todavía”169.
Luego de producida la masacre, y ante la amenaza de un eventual golpe de Estado,
el gobierno nacional declaró el Estado de Sitio y se ordenó la detención170 y posterior
traslado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz del prefecto Leopoldo
Fernández, acusado de ser responsable de los actos de violencia acontecidos en los días
previos. Una vez conocida esta decisión, Correo del Sur –en el mencionado artículo
“Las dudas del diálogo”- cuestionó la actitud del gobierno, que no deja de “desacreditar
a los prefectos y dirigentes cívicos de las regiones opositoras; así como tampoco se ha
desmovilizado a los sectores sociales afines al oficialismo que mantienen los bloqueos
contra la ciudad de Santa Cruz”171. Así, el diario no se interesó en profundizar de qué se
lo acusa a Fernández ni cuáles son las pruebas que hay (o no) en su contra, sino que
instaló la idea de que éste fue encarcelado por el sólo hecho de ser opositor al gobierno.
Por su parte, El Deber se refirió a esta cuestión en un artículo titulado “Leopoldo va a la
cárcel” publicado el 19 de septiembre del 2008, donde relata cómo fue que se produjo la
detención y posterior traslado del prefecto. A diferencia de Correo del Sur, aquí sí se
mencionan que “el juez sólo encontró argumentos válidos para considerar los delitos de
terrorismo y obstaculización de la justicia, aunque la abogada de las familias de las
víctimas presentó (además) una acusación por asociación delictuosa”172; de todos modo,
167 “Percepciones en torno a la crisis”, en Correo del Sur - 13/09/2008168 Ibíd.169 Ibíd.170 A su vez, el gobierno tomó la decisión de expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg,por haber fomentado las acciones violentas perpetradas por los sectores opositores.171 “Las dudas del diálogo”, en Correo del Sur - 22/09/2008172 “Leopoldo va a la cárcel”, en El Deber - 19/09/2008
88
el diario aclara que, según la defensa de Fernández, esas pruebas fueron “fabricadas”
para incriminarlo, motivo por el cual “el juez señaló que éstas no se pueden tomar como
pruebas fehacientes”173.
Cabe destacar que, más allá de que algunos diarios se rehusaran a avalar la versión
del gobierno de un intento de golpe, lo cierto es que éste falló debido a que las Fuerzas
Armadas no se plegaron, y a las masivas movilizaciones que la CONALCAM y demás
organizaciones populares efectuaron para hacer ver su apoyo al proceso de cambio que
se quería impedir. Por otro lado, y más allá de bregar por una salida consensuada y
pacífica al conflicto producido, ningún diario manifestó expresamente la importancia y
necesidad de conocer qué fue lo que ocurrió fehacientemente y quiénes iniciaron las
agresiones, sino que se limitaron a exigir diálogo y mediación en lugar de que “las
partes enfrentadas se echaran la culpa unas a otras”174. En este sentido, parecería que no
se tiene en cuenta que el gobierno no sólo fue electo democráticamente sino que,
además, obtuvo una abrumadora mayoría en el referéndum revocatorio de mandato. Ello
se ve claramente en el caso de Correo del Sur, que insta al oficialismo a rever su postura
“más allá del triunfo de tal o cual ideología política”175; siendo la voluntad de la gran
mayoría del pueblo boliviano un argumento poco válido, mientras que sí lo es la
voluntad de los bolivianos que habitan en la región de la Media Luna (donde la gran
mayoría optó por el “Sí” a la autonomía). Entonces, esto implicaría que el gobierno
(votado por la mayoría a nivel nacional) debería dar prioridad a la petición de una
minoría (que sólo es mayoría a nivel regional y no nacional).
A partir del análisis hecho, podemos señalar una serie de puntos en común en la
cobertura realizada entre los periódicos elegidos. En primera instancia, que hubo un
efecto de coordinación editorial176, es decir, todos coinciden en referirse a lo sucedido
no como masacre sino como un enfrentamiento o choque. Por medio del uso de estos
términos, los diarios produjeron un determinado discurso sobre lo ocurrido, que deja
entrever que no hubo un grupo que haya atacado a otro sorpresivamente y en
inferioridad (numérica y armamentística) de condiciones, sino que los campesinos
173 Ibíd.174 “Mediación urgente para frenar la crisis”, en La Razón - 12/09/2008175 “Las dudas del diálogo”, en Correo del Sur - 22/09/2008176 Ver Conclusiones.
89
masistas y los cívicos locales se enfrentaron en igualdad de condiciones, a pesar de que
cada una de las partes involucradas acusó a la otra de haber iniciado el enfrentamiento,
y ambos bandos sufrieron pérdidas y tuvieron víctimas. A su vez, estos enfrentamientos
no fueron considerados como hechos aislados o excepcionales, sino que se enmarcan en
el contexto de una crisis tanto social como política que ha dado como resultado un país
dividido y polarizado, que se halla invadido por la violencia generalizada.
En segundo lugar, todos los diarios coincidieron en que tanto las autonomías
departamentales como la oposición al IDH constituyen motivos justos y lógicos de
reclamo; así, y aunque no se lo diga explícitamente, la toma de edificios públicos y
actos de violencia, perecería estar en cierta forma justificada. A esto podemos sumarle
el hecho de que, más allá de que se naturalice este reclamo como “lógico”, las posturas
de los departamentos de oriente no son espontáneas y mucho menos “naturales” sino
que constituyen “definiciones de la realidad” (Gramsci; 2001) favorables a los intereses
de los sectores dominantes que, a su vez, constituyen la “realidad vivida” primaria para
las clases subordinadas.
En tercer lugar, y salvo contadas excepciones, los diarios privilegiaron como
fuentes generadoras de noticias a los habitantes de la Media Luna y, por ende, tendieron
a mostrar una sola versión de los hechos que se evidenció tanto en el proceso de
selección de entrevistados y en la reproducción de determinadas declaraciones como en
el hecho de haber calificado al reclamo de los departamentos de la Media Luna como un
pedido que respondía a la voluntad popular. En esta misma línea, no sólo se rehusaron a
avalar la versión del Gobierno Nacional de un intento de golpe sino que algunos diarios
lo acusaron de preferir condenar o repudiar lo que, según su criterio, era una actitud
antidemocrática y secesionista en lugar de buscar fomentar el diálogo para acercar
posiciones y arribar a una solución pacífica.
90
CAPÍTULO VII
BUSCANDO LA SALIDA. CONSTITUCIÓN APROBADA, RECHAZADA YNEGOCIADA
La seguidilla de violentos enfrentamientos no era ajena a Chuquisaca, lugar donde
se estaba realizando la Asamblea, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de no
haber tratado la cuestión de la capitalía plena aumentaba el descontento de varios
sectores sucreños, que empezaron a perseguir y atacar a los asambleístas para agredirlos
verbal y físicamente.
Esta circunstancia hizo poner en peligro la vida de los constituyentes, por lo que
debieron alejarse de Sucre y refugiarse en el Liceo Militar Teniente Andrade, en las
afueras de la ciudad. En el lugar ya no se encontraban presentes gran parte de los
asambleístas de la oposición, que habían abandonado la AC para desconocer y restar
validez al proceso de reforma. Cuando el 24 de noviembre una muchedumbre
enfurecida quiso asaltar el Liceo, los asambleístas allí reunidos leyeron el índice y
dieron por aprobado el nuevo texto constitucional. El 8 de diciembre en Oruro se leyó
en detalle el mismo texto y se lo ratificó. Como en su aprobación no estuvieron
presentes los partidos tradicionales, estos no la aceptaron y siguieron aceptando como
válida la anterior CPE reformada parcialmente en 1995. A partir de este momento se
perdió gran parte de la autonomía y lugar que tuvo la propuesta del Pacto en la
Asamblea, ya que el MAS negoció con los partidos de la oposición en el Congreso y los
prefectos de la Media Luna la modificación de 144 artículos; algo que podría
considerarse inconstitucional, si se tiene en cuenta el carácter originario de la Asamblea
según el Reglamento de Debates.
Luego de conocido el texto de la propuesta constitucional, los diarios buscaron
reflejar la percepción que la ciudadanía tenía en torno al nuevo proyecto de Carta
Magna. El diario Correo del Sur, en su artículo “Gobernarán con decretos” del 18 de
enero del 2009 afirmaba, básicamente, tres cuestiones. En primera instancia, partía de la
certeza de que el referéndum será aprobado en la consulta popular del 25 de enero por
91
“las buenas o por las malas”177, a pesar de que “la mayoría de los bolivianos no conoce
ni por el forro el mencionado proyecto de Constitución”178. De este modo, se
desconoce, o se le resta importancia, a todo el proceso de construcción y trabajo
colectivo que implicó la elaboración del proyecto constitucional del Pacto, que
condensó las propuestas realizadas por organizaciones campesinas, originarias e
indígenas durante varios años. A su vez, también se ignora que las comunidades
indígenas, a través de la comisión técnica de la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia habían confeccionado dos borradores de proyectos de ley que les asignará un rol
protagónico en el nuevo esquema de administración pública del país179.
Por otro lado, al momento de emitir su valoración sobre la nueva CPE, el diario
afirmó que ésta no representa a la totalidad de los bolivianos, sino que sólo es
representativa de pequeñas comunidades, a las que se dirige de forma peyorativa, al
afirmar que la nueva Carta Magna es en honor al Ekeko paceño180 y a la Feria de
Alasitas181. En este sentido, no se tiene en cuenta que, en realidad, la gran mayoría de
los bolivianos pertenecen a distintas comunidades indígenas182. A su vez, Correo del
Sur en su artículo titulado “El voto ciudadano” publicado el 18 de enero del 2009
criticó al nuevo modelo de Estado -unitario, social de derecho plurinacional y
comunitario, libre, independiente, soberano, democrático e intercultural- propuesto en el
texto constitucional ya que este sólo es posible en un “país romántico de fantasía”183. En
otras palabras, lo consideró inaplicable y llamó a “votar No a una Constitución espuria,
porque es el futuro de la violación de principios, derechos y una falta de respeto a la
moral boliviana”184.
Finalmente, y tal y como lo anticipa el título de la nota, asegura que la nueva CPE
dará al Poder Ejecutivo la posibilidad de que “gobierne el país a través de Decretos, sin
Tribunal Constitucional y magistrados arrinconados en Sucre”185. Según este diario, el
177 “Gobernarán con decretos”, Correo del Sur - 18/01/2009178 Ibíd.179 “Los indígenas se movilizan para ejercer nuevos roles con la CPE”, en El Deber - 3/02/2009180 El Ekeko paceño es una deidad aymara cuya figura simboliza la abundancia.181 Feria artesanal que tiene lugar en la ciudad de La Paz y que se caracteriza por la venta de figuras enminiaturas con la finalidad ritual de que las mismas se conviertan en realidad.182 Se estima que más de un 60% de la población boliviana es de origen indígena. Cfr. Cruz (2010).183 “El voto ciudadano”, en Correo del Sur - 18/01/2009184 Ibíd.185 “Gobernarán con decretos”, Correo del Sur - 18/01/2009
92
objetivo de Evo Morales no es otro que el de perpetuarse186 en el gobierno toda su vida,
“propósito que casualmente coincide con sus amigos Fidel Castro y Hugo Chávez”187,
“para imponer en Bolivia un régimen socialista como el que fracasó en la Unión
Soviética y sus países satélites a los que se unió Cuba tras cuyo modelo van ahora
Venezuela, Bolivia y Nicaragua”188. Cabe aclarar que perpetuarse en el poder sería un
rasgo típico de un régimen autoritario o dictatorial, aunque Evo Morales llegó al poder
de forma legítima y democrática a través del voto y que, más allá de su vínculo y
relación con los presidentes Castro y Chávez, su caso no es equiparable al de ellos189.
Otro aspecto destacable es que parece haber cierto consenso tácito o instalado acerca de
que el socialismo es mala palabra y que, como fracasó en la Unión Soviética,
indefectiblemente fracasará en cualquier otro país que intente imponerlo.
Otro aspecto a tener en cuenta fue la cobertura hecha acerca de las acciones llevadas
a cabo desde el gobierno nacional las semanas previas a la consulta del 25 de enero. El
diario La Razón, en su artículo “El MAS apuesta a la prórroga de la CNE” del 16 de
diciembre del 2008 señalaba que el gobierno nacional buscaba aprobar la Ley de
Ampliación de Mandato de los vocales Amalia Oporto y Jerónimo Pinheiro, cuyos
mandatos finalizaban en diciembre de 2008, con el objetivo de “garantizar el quórum en
la Corte Nacional Electoral (CNE) y el referéndum constituyente y la elección de
diciembre 2009”190. Dicho proyecto de ley se encuentra trabado en el Senado
(controlado por la oposición), tras haber sido aprobado en Diputados hace más de 20
días, y está pronto a vencerse el plazo para el pronunciamiento de ésta Cámara. Por su
parte, el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez, anticipó
que no apoyarán la iniciativa y que la rechazarán ya que la medida apunta a priorizar el
186 En esa misma línea, y como si fuera Evo Morales quien lo dice, afirma “El Estado soy yo (firmadoEvo)”.Esta frase se le atribuye al rey Luis XIV de Francia y hace referencia a la monarquía absolutista,donde una sola persona detenta el poder político.187 “Gobernarán con decretos”, Correo del Sur - 18/01/2009188 Ibíd.189 La idea de perpetuarse en el poder está asociada a la cantidad de años que cada uno de estosmandatarios estuvo en al frente del gobierno, pero más allá de ello uno y otro caso no son idénticos. FidelCastro asumió el poder luego de la Revolución Cubana en 1959 y, mediante el sistema de partido único,se mantuvo en su cargo hasta el 2011, año en que traspasó los poderes del Estado a su hermano RaúlCastro. Por su parte, Hugo Chávez fue presidente de Venezuela en cuatro períodos consecutivos, desde1999 hasta su fallecimiento en 2013. A diferencia de Castro, Chávez renovó su mandato medianteelecciones democráticas, teniendo incluso que afrontar un referéndum revocatorio de mandato.190 “El MAS apuesta a la prórroga de la CNE”, en La Razón - 16/12/2008
93
interés partidario por sobre “el interés nacional de contar con el Poder Judicial”191.
Según este diario, una fuente oficialista reveló que el MAS tomó esta decisión con el
objetivo de anticiparse a “los obstáculos que pondrá la oposición en las designaciones
de la CNE y del Poder Judicial, que requieren de dos tercios de votos de los miembros
del Congreso”192. En otras palabras, como el oficialismo no podía llevar a cabo la
designación debido a que no contaba con los dos tercios necesarios, optó por la
ampliación de mandato de los vocales a fin de garantizar el referéndum constitucional y
las elecciones de diciembre de 2009. Otro diario que también se refirió a la intención de
prolongar el mandato de los dos vocales fue Los Tiempos en su artículo titulado
“Congreso sesiona hoy en medio de amenazas” publicado el 20 de diciembre del 2008,
donde se afirmaba que “los sectores sociales y sindicatos que sustentan al
gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciarán una vigilia a manera de
presionar al Congreso para que apruebe la prórroga del mandato de los vocales de la
Corte Nacional Electoral (CNE)”193 y que lo hará de forma articulada con la
Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) en pos de garantizar las
elecciones generales de diciembre de 2009. Lo llamativo de este artículo es que, en el
epígrafe, el diario afirmaba que la CONALCAM “amenaza con cerco”194 al Congreso,
pero en el cuerpo de la noticia se citó lo dicho el presidente de la CONALCAM, Fidel
Surco, quien se encargó de aclarar especialmente que “esta movilización no será nuevo
cerco al Congreso”195.
Además de intentar ampliar el mandato de sus dos vocales, el gobierno también
buscó establecer un principio de diálogo con los prefectos de la Media Luna. El Deber,
en su artículo “Evo convoca a los prefectos para hablar de autonomía” del 31 de
diciembre del 2008, contó que Morales había convocado al diálogo a “los prefectos,
sobre todo a los de las regiones autonomistas, a construir un nuevo Estado con equidad
y justicia”196 en los días previos al referéndum constitucional. Esto constituyó un intento
por acercar las partes, en pos de establecer el diálogo sobre un nuevo proceso
autonómico. Sobre esta misma cuestión, el ministro de Desarrollo Rural y
191 Ibíd.192 “El MAS apuesta a la prórroga de la CNE”, en La Razón - 16/12/2008193 “Congreso sesiona hoy en medio de amenazas”, en Los Tiempos - 20/12/2008194 Ibíd.195 Ibíd.196 “Evo convoca a los prefectos para hablar de autonomía”, en El Deber - 31/12/2008
94
Agropecuario, Carlos Romero, había anticipado que “el objetivo del Gobierno es crear
primero una ley de autonomías, que prácticamente tiene un avance sustentado en los
diversos encuentros que hubo con los prefectos a lo largo del año que concluye, y sobre
la marcha implementar el ministerio de autonomías”197, tal y como lo dispone el
proyecto constitucional impulsado por el gobierno. Además de la mencionada Ley de
Autonomías, Romero también enumera otros proyectos de ley que serán debatidos en el
Congreso para implementar la Carta Magna: la Ley de Organización del Poder
Ejecutivo (LOPE), la Ley del Poder Judicial, la Ley del Estado Plurinacional y la nueva
Ley Electoral.
Por su parte, los prefectos de los departamentos de la Media Luna decidieron que,
en caso de aceptar dialogar, lo harían una vez transcurrido el feriado de Año Nuevo
debido a que estaban organizando en forma conjunta la campaña por el “No a la nueva
CPE”. De este modo, quedó demostrado que, a pesar de reclamar el diálogo198 y de
haber acusado a Morales de no reconocer la voluntad autonomista de los habitantes de
la región oriental del país, al momento de dialogar, prefirieron dar prioridad a la
campaña en pos del rechazo del proyecto constitucional.
Otro hecho que captó el interés de los distintos diarios fue la marcha organizada por
militantes y sectores afines al gobierno a favor del proyecto constitucional impulsado
por el MAS, denominada “Marcha por el Sí”. En su artículo “La Marcha por el Sí
recibió, ayer, un No” del 18 de enero del 2009, Correo del Sur afirmó que dicha marcha
recibió un fuerte rechazo –que incluyó insultos e, incluso, agresiones físicas- en las
principales calles de la ciudad capital de Sucre. Para demostrar que, en realidad el “Sí”
tenía más detractores que adeptos, destaca que “por donde quiera que transitaban,
encontraban resistencia. Bocinazos de automóviles en señal de rechazo, amas de casa
que sacaban sus banderas o afiches con el logotipo del No”199. Aunque luego reconoce
que, durante algunos trayectos, la marcha fue relativamente tranquila. Por otro lado, la
marcha masista es contrastada con la caravana organizada por los opositores al proyecto
197 “Evo convoca a los prefectos para hablar de autonomía”, en El Deber - 31/12/2008198 Cabe destacar que, luego de que el proyecto constitucional fuera finalmente aprobado, los prefectos dela Media Luna exigieron al Gobierno que respetara el triunfo del No en sus departamentos e impulsara unpacto nacional para implementar la nueva CPE de forma consensuada, de modo de impedirle ejecutar lasautonomías según su criterio. (“Cívicos anuncian medidas de hecho para exigir respeto al voto por el No”,El Deber - 3/02/2009)199 “La Marcha por el Sí recibió, ayer, un No”, en Correo del Sur -18/01/2009
95
constitucional del MAS. Mientras que la primera, según este diario, estaba integrada por
alrededor de 400 personas y fue resistida por opositores, la campaña por el “No” se
desarrolló con tranquilidad y su cobertura fue “relativamente grande”200. Si bien
reconoce que hubo quienes se mostraron en desacuerdo, asegura que la campaña fue
tranquila. Así, comparando la recepción que tuvo una y otra, se llega a la conclusión de
que la más resistida fue la campaña a favor del “Sí”.
El diario La Razón también se ocupó de dar cuenta de las acciones que llevaron a
cabo los sectores opositores al gobierno y que, por lo tanto, no veían con buenos ojos el
nuevo proyecto de CPE. En el artículo “Costas y Marinkovik inician campaña puerta a
puerta” del 18 de diciembre del 2008, se detalla cuáles fueron las medidas adoptadas
por los prefectos de la Media Luna. Como parte de la campaña por el “No”, el prefecto
de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico de esa región, Branko
Marinkovic, decidieron ir puerta por puerta para pedirle a la gente que rechazara el
proyecto constitucional impulsado por el gobierno, ya que este no representa otra cosa
que un engaño al pueblo boliviano. La campaña también incluyó un tema musical con el
que se la identificará y la presencia de la denominada “camiseta del No”, de 45 metros
de ancho por 55 de largo, que permanecerá en la plaza 24 de Septiembre por algunos
días antes de recorrer todos los distritos y provincias de Santa Cruz. Por otro lado,
estaba prevista la apertura de unos 20 locales de campaña en la ciudad y otros 55 en las
provincias, que se sumarían a la única casa de campaña existente. En un artículo titulado
“Cívicos apuntan al No en el campo” del 16 de diciembre del 2009, La Razón también
se refirió a que la campaña en rechazo al nuevo texto constitucional se extendió incluso
a aquellas regiones donde el MAS tiene una fuerte presencia, como Chuquisaca, donde
la Prefectura, la Alcaldía y el Comité Interinstitucional aunarían esfuerzos y
delimitarían las estrategias a seguir en pos de conseguir el triunfo del “No” en dicha
región. Sin embargo, y a pesar de haber abierto casas de campaña en la mayoría de los
municipios, se aclaró que aún “no se logró ingresar a zonas de Yamparáez, Tarabuco y
Poroma, donde el MAS tiene mayor presencia”201.
200 Ibíd.201 Declaración hecha por el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas. “Cívicos apuntan al No enel campo” en La Razón - 16/12/2008
96
En cuanto a la valoración de la importancia de la votación del 25 de enero, los
prefectos consideraron que en ese referéndum constitucional se pondría en juego “la
posibilidad de poder seguir viviendo en libertad”202. Al mismo tiempo, el jefe de
Gabinete de la Prefectura, Luis Alberto Alpire, aseguró que en los departamentos de
oriente “lucharán por la libertad y la democracia, porque éste es un proyecto que
confronta y divide”203.
Cuando la propuesta modificada fue sometida a referéndum el 25 de enero de 2009,
el “sí” obtuvo el 61% de los votos. La nueva Constitución se promulgó y ratificó doce
días después; dando lugar a la inclusión de nuevos derechos y garantías a la población,
aunque no todos los pensados en la propuesta del Pacto.
La negociación ilegal que el gobierno llevó a cabo con la oposición, sin ningún tipo
de consulta con las bases o los representantes de las organizaciones sociales, para
modificar más de un centenar de artículos hizo que se acotaran los límites
transformadores y refundadores del Estado. Sin embargo, tanto el gobierno como gran
parte de las organizaciones celebraron la vigencia de la nueva Carta Magna, ya que en
ella se crearon mecanismos y herramientas legales para construir nuevas relaciones
sociales, políticas y jurídicas que antes eran lejanas. La primera de ellas es que se define
en su artículo 1º qué es un Estado Plurinacional, que permite la construcción de una
nueva institucionalidad por medio de la descentralización político-administrativa
plasmada en las autonomías indígenas-campesinas. Derivado de esto, el art. 2º reconoce
de la existencia precolonial y el dominio ancestral de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos sobre sus territorios, garantizándoles su libre determinación por
medio del ejercicio de sus derechos a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al
reconocimiento de sus instituciones y a la formación de sus entidades territoriales,
dentro del marco de un Estado unitario. Es decir, la inclusión de la plurinacionalidad
permite el reconocimiento de derechos colectivos de los indígenas y campesinos, lo que
principalmente implica que se debería lograr una nueva organización territorial y un
nuevo tipo de democracia en la que participen todas las culturas.
No obstante, muchos de los cambios efectuados por el Congreso desvirtuaron el
espíritu de los temas centrales e hicieron que lo plurinacional quede encorsetado. Uno
202 “Costas y Marinkovik inician campaña puerta a puerta”, en La Razón - 16/12/2008203 Ibíd.
97
de ellos es que en el texto definitivo la cantidad de representantes de las naciones y
pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional quedó asociada sólo a las
circunscripciones especiales indígenas que la posterior Ley Electoral Transitoria
(diciembre de 2009) definió. En ella se dio lugar a 7 escaños, en vez de los 14 que
reclamaban las organizaciones, minimizando así el lugar de estos pueblos en el poder
legislativo. Con respecto a las autonomías, el art. 278 inc.2204 permite que los indígenas
participen en las Asambleas de los departamentos sólo si son minorías en los mismos; a
la vez que a las autonomías indígenas-campesinas se las limita a los Territorios
Comunitarios de Origen, restringiendo de facto cualquier potencialidad de
reordenamiento de tierras, e igualando su jerarquía a la de los municipios (Quinta Parte,
Séptima Disposición Transitoria). Ligado a lo anterior, la norma constitucional impide
la reforma agraria al no tener efecto retroactivo y respetar los derechos de posesión
agraria anteriores (art. 339), aceptando así una estructura concentrada en la propiedad de
la tierra que impide la redistribución. En cuanto a la plurinacionalidad jurídica, está se
ve restringida porque para, integrar el Tribunal Constitucional Plurinacional, se exige
como requisito que todos sus miembros tengan formación académica en derecho
positivo-liberal, y apenas mínimamente se acota que "se tomará en cuenta el haber
ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia" (art. 191). La
conformación del Tribunal es algo clave ya que a este le tocará resolver un gran número
de cuestiones referidas a las formas de articulación entre las naciones y pueblos.
Además, no se incluyó entre los poderes del Estado al Social Plurinacional, que era una
herramienta clave para el control de los demás poderes por parte de las organizaciones
sociales y las comunidades.
Aunque estas cuestiones hayan minado el carácter originario que tuvo la Asamblea,
no hay que dejar de lado que gran parte de las nuevas formas de institucionalidad
plurinacional estarán por definirse en los años posteriores, ya que el artículo 30
establece 18 tipos de derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y
campesinos, que son todos derivados de la propuesta del Pacto, como a la libre
determinación y titulación colectiva de tierras y territorios; a que sus instituciones sean
parte de la estructura general del Estado; a que sus saberes, conocimientos y medicinas
tradicionales, sus idiomas, sus rituales, símbolos y vestimentas sean valorados,
204 CPE de 2009, en http://consuladoboliviano.com.ar/portal/node/119.
98
respetados y promocionados; a una educación intercultural y plurilingüe; a la
participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus
territorios; a la participación en los órganos e instituciones del Estado; entre otros. Estas
garantías expresan el corazón de la cuestión de la inclusión, equidad y respeto entre las
naciones y pueblos; que empezó a tomar forma a mediados de los noventa y se fue
cristalizando a lo largo de todo el ciclo de luchas y conflictos de 2000 a 2005, como así
también en el proceso constituyente de 2006 a 2009.
El tratamiento de los medios gráficos tras la aprobación de la nueva CPE tendió,
más que a resaltar el amplio triunfo obtenido por el oficialismo o a elaborar un análisis
profundo y pormenorizado acerca del contenido e implicancias de cada uno de sus
artículos, a hacer hincapié en la postura y argumentos esgrimidos por los sectores que
no estaban satisfechos con la misma.
El periódico Los Tiempos, en su artículo “Se aprueba la Constitución, pero con el
rechazo de la Media Luna” del 26 de enero 2009, hizo hincapié en el fuerte rechazo que
tuvo el proyecto constitucional en los departamentos de la Media Luna y en que el
resultado dado en las urnas fue posible gracias al amplio apoyo que el gobierno tiene en
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, al tiempo que “ratifica la
polarización existente en el país, entre oriente y occidente, entre el Gobierno y las
regiones autonomistas”205. De este modo, el diario resta importancia206 al respaldo que
la mayoría dio al proyecto de CPE a nivel nacional y pretende equiparar el resultado
negativo obtenido en los departamentos de oriente con el de los restantes departamentos
del país, para seguir alimentando la idea de que el país está dividido en dos partes
antagónicas. En este sentido, parece pasarse por alto el hecho de que el 60% es mayor al
40% restante y que, en un régimen democrático de gobierno, la mayoría es quien
decide. Así, como el resultado a nivel nacional no fue de su agrado, optaron por
analizarlo territorialmente, a nivel departamental y concluir que el país está polarizado
en “dos bloques ideológicos que hegemonizan cuatro departamentos cada uno”207,
omitiendo destacar la marcada diferencia de porcentaje entre los dos supuestos bloques.
205 “Se aprueba la Constitución, pero con el rechazo de la Media Luna”, en Los Tiempos - 26/01/2009206 De hecho, señala que el respaldo del gobierno sufrió un descenso, si se lo compara con el 67% de losvotos obtenidos por Evo Morales en el referéndum revocatorio de mandato. Ibíd.207 Ibíd.
99
A su vez, señala que a pesar de haber obtenido la mayoría, ese porcentaje no es
suficiente para ratificar su propuesta política y “le obliga a buscar acercamientos”208 ya
que, parafraseando a García Linera, Bolivia se encuentra en una situación de “empate
catastrófico”, es decir, no hay salida a la confrontación política que vive el país, motivo
por el cual lo único que el gobierno puede hacer es negociar y tratar de acercar
posiciones, lo que conllevará necesariamente ceder ante ciertos reclamos y pedidos de
los sectores opositores.
Otro aspecto de la nueva CPE sobre el que recayó la crítica de Los Tiempos fue que,
al decir de este diario en su artículo “Anuncian difícil aplicación de CPE” del 26 de
enero del 2009, la aplicación de la nueva CPE “podría demorar entre uno y tres años,
todo depende del grado de consenso que puedan lograr el oficialismo y la oposición en
el Congreso Nacional en la aprobación de algunas leyes de carácter transitorio”209. En
primera instancia, la posibilidad de demora que pueda llegar a sufrir la aplicación de la
CPE estará sujeta a la sanción de un nuevo Régimen Electoral para conformar la
Asamblea Legislativa Plurinacional mediante elecciones previstas para el 6 de
diciembre de ese mismo año; en este sentido, la demora estaba prevista de antemano.
Por otro lado, como el Congreso deberá sancionar la Ley de Marco de autonomías y
Descentralización (que dará curso a la aplicación de este régimen en los departamentos
que optaron por este modelo en el referéndum autonómico de 2006) una vez más se
apunta a la necesidad de que el gobierno, para lograr que la CPE entre en vigencia
cuanto antes y para “garantizar la convivencia pacífica y democrática entre todos los
bolivianos”210, deberá acercar posiciones con la oposición ya que Bolivia está “ante un
gran empate, por un lado la Constitución del MAS que no reconoce nuestra autonomía y
la otra gran visión de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca que hoy ha ganado
su derecho legítimo a la autonomía”211.
Como hemos visto, la gran mayoría de los diarios se focalizó en los dichos y
acciones del gobierno o de la oposición en torno a la nueva Carta Magna. Sin embargo,
la nota distintiva la dio El Deber con su artículo “Los indígenas se movilizan para
208 Ibíd.209 “Anuncian difícil aplicación de CPE”, en Los Tiempos - 26/01/2009210 Ibíd.211 Ibíd.
100
ejercer nuevos roles con la CPE” del 3 de febrero del 2009, donde se describen los
cambios e implicancias que la nueva CPE tendría para las comunidades indígenas y
movimientos sociales. Según este diario, la expectativa de las comunidades indígenas
está depositada, principalmente, en dos leyes: la Ley del Nuevo Régimen Electoral y la
Ley Marco de Autonomías. El Deber, a diferencia de los otros diarios, reproduce el
testimonio de Leonardo Tamburini, asesor y miembro de la comisión técnica de la
CIDOB quien, profundiza en los objetivos de las dos leyes anteriormente mencionadas.
En el caso de la primera, su objetivo es definir el nivel de representación de los pueblos
indígenas, el mecanismo de participación en procesos electorales y la delimitación de
las circunscripciones al momento de elegir a los miembros de la Asamblea
Plurinacional, los consejos departamentales y municipales. Por su parte, la Ley de
Marco de Autonomías constituye una serie de roles más amplios que hacen a la realidad
productiva, social, política, económica, cultural y de regulación colectiva conforme lo
indica la nueva Carta Magna. Para concluir, y en contraposición a las críticas hechas a
la nueva CPE por los opositores, Tamburini asegura que “ésta es la oportunidad que los
indígenas estaban esperando para administrarse a sí mismos y manejar y decidir sobre el
destino de sus recursos”212. En la misma línea, El Deber enumera y profundiza en el
contenido de algunos artículos (tales como el 289 y el 293), aquellos considerados
claves para las comunidades indígenas ya que se refieren a la autonomía indígena, es
decir, a la delimitación de las Tierras Comunitarias de Origen (TOC), al autogobierno
como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas
originarios campesinos, con sus propias normas y procedimientos. Cabe destacar que,
por primera vez, un diario se refiere a la cuestión de la autonomía sin limitarla a los
departamentos de oriente y sin referirse a ellas como una medida impulsada por el
Gobierno Nacional para “frenar” el reclamo por las autonomías departamentales. Ante
la idea instalada de que el reclamo de los habitantes de la Media Luna era lógico y justo,
aparece también en escena otro reclamo histórico: el de las comunidades indígenas.
Por estos motivos, y a diferencia de lo publicado en otros diarios donde se
argumentaba que la CPE era inaplicable y que conduciría al fin del Estado de derecho y
representación del pueblo boliviano, el Movimiento de Trabajadores, Campesinos e
indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B) ha decidido continuar acompañando y
212 “Los indígenas se movilizan para ejercer nuevos roles con la CPE”, en El Deber - 3/02/2009
101
apoyando transformaciones pacíficas y democráticas del Estado impulsadas desde el
gobierno nacional en pos de profundizar los derechos colectivos adquiridos.
A modo de conclusión, podemos decir que en las semanas previas a la aprobación
de la nueva CPE los diarios elegidos optaron por referirse a un supuesto
desconocimiento generalizado sobre ella, por criticarla y cuestionarla por inaplicable y
por asegurar que ésta no representaría a la totalidad de los bolivianos, sino a pequeñas
comunidades; al tiempo que daría al Poder Ejecutivo la posibilidad de que gobernar a
través de decretos, haciendo caso omiso de las instituciones democráticas y la división
de poderes. En este sentido, la ampliación del mandato de los vocales de la Corte
Nacional Electoral para garantizar que se pudieran llevar a cabo tanto el referéndum
constitucional como las elecciones de diciembre de 2009, constituye un claro ejemplo
de que el gobierno es capaz de avanzar por sobre cualquier ley o reglamento con tal
conseguir lo que se proponga. El objetivo del gobierno que, según los diarios, se
escondería detrás de la modificación de la CPE es el de perpetuarse en el poder para,
finalmente, instalar un régimen socialista idéntico al de Venezuela y Cuba. En cambio,
los diarios no se refirieron a las modificaciones hechas, ni al contenido de sus artículos
ni profundizaron el análisis sobre el nuevo modelo de Estado propuesto en el proyecto,
siendo la excepción un artículo publicado en El Deber.
Luego de conocidos los resultados del referéndum constitucional, los diarios
restaron importancia al amplio triunfo obtenido por el oficialismo y al contenido e
implicancias de los artículos de la nueva CPE, y optaron por darle la palabra a aquellos
sectores que no estaban satisfechos con la misma. En cuanto al resultado de la votación,
los diarios coincidieron en que, más allá del triunfo del “Sí”, el porcentaje obtenido por
el oficialismo no era suficiente como para que pudiera ratificar su propuesta política. En
otras palabras, se restaba importancia al triunfo del MAS argumentando que el país se
encontraba dividido en dos y que, para poder salir de esa crisis de confrontación
política, el gobierno debería acercar posiciones y negociar con la oposición.
Por último, advertimos la invisibilización de un sector de la sociedad que ha
desempeñado una participación por demás activa a lo largo de todo el proceso
refundacional del Estado: los movimientos sociales y comunidades indígenas. Para la
mayoría de estos diarios, sus consultas previas, sus participaciones sociales y políticas,
102
su inclusión en la nueva Carta Magna, su conquista y ampliación de derechos no
merecen si quiera ser mencionados. La excepción la hizo El Deber, que publicó un
artículo dedicado a dar cuenta de los cambios e implicancias que la nueva CPE traería
aparejados para ellos; a través de la sanción de dos leyes que permitirán ampliar su
participación social, política, productiva, económica y cultural; como así también a
analizar el contenido de dos artículos referidos a la autonomía indígena, cuestión que
por primera vez es valorada en su especificidad propia sin ser considerada como una
medida opuesta o destinada a frenar las autonomías departamentales.
103
CONCLUSIONES
CAUSAS INVISIBILIZADAS Y CONFLICTOSESPECTACULARIZADOS
Uno de los aspectos más novedosos del proceso de cambios en Bolivia lo constituye
la dinámica de movilización social de la que surgió. Los descontentos populares frente a
los intentos de profundización de las políticas neoliberales no se quedaron en una
estrategia de tipo defensiva, sino que promovieron un horizonte nuevo de país y de
relaciones sociales que, para alcanzarse, debían cristalizarse primero en un nuevo tipo
de materialidad institucional del Estado. El carácter originario de la propuesta de las
organizaciones sociales fue fundamental para que los sectores populares que habían
estado excluidos históricamente propusieran y promovieran una estrategia de cambio
desde abajo, la cual debía materializarse en una Asamblea Constituyente en la que la
población y sus organizaciones definieran el rumbo a seguir.
Todo este proceso refundacional se dio en medio de una férrea oposición que se
valió, además de las trabas impuestas en las sesiones de la Constituyente, de otras
herramientas claramente antidemocráticas como las fuerzas de choque, la toma de
edificios e instituciones públicas, el sabotaje a las industrias en manos del Estado e
inclusive apaleamientos y asesinatos de indígenas y campesinos, acciones efectuadas en
muchos casos por las prefecturas más ricas –vía la CONALDE- que bajo el manto de
una descentralización político-administrativa tenían el objetivo de mantener sus viejos
privilegios económicos en el país más pobre de Sudamérica. Sin embargo, estas
medidas no hicieron más que acrecentar tanto el compromiso de los movimientos
sociales con el cambio como la popularidad del gobierno, a la par que aisló y restó
poder a la oposición autonomista de la Media Luna que, al no poder imponer por
mecanismos democráticos representativos su propio proyecto, se dedicó a atacar las
iniciativas de reforma que se proponían desde la Asamblea o el Ejecutivo por medio de
la fuerza y la promoción de sentimientos racistas y xenófobos que, en varios casos, se
tradujeron en palizas y asesinatos. Acciones directas que, más que imponer sus deseos,
terminaron siendo la fosa de su credibilidad e hicieron visible su imposibilidad de
mantener y defender su posición dentro del juego democrático.
104
Si bien las distintas tácticas promovidas por el sistema de partidos y los poderes
tradicionales –los sectores dominantes-, tanto en la LECAC como en los conflictos
internos y externos en torno a la AC, con el fin de impedir que el poder constituyente se
potenciara, lograron achicar el espacio y el margen de maniobra de las organizaciones
populares; sin embargo, no imposibilitaron que el espíritu de la propuesta de los
movimientos sociales se expresara en una batería de derechos y garantías conseguidos y
que hizo además que éstos se convirtieran en actores sociales y políticos válidos e
imprescindibles en cualquier decisión que las estructuras estatales quieran tomar.
Además de la férrea oposición que el nuevo proyecto de Estado Plurinacional
despertó en los sectores dominantes, también se destacó el papel desempeñado por un
actor en apariencia no político: los medios de comunicación social. Retomando la
pregunta-problema a partir de la cual se estructuró esta investigación, a continuación
presentamos una serie de señalamientos respecto de las conclusiones que se desprenden
del análisis realizado sobre el papel político desempeñado por los principales diarios en
el periodo que va de 2006 a 2009.
En primera instancia, hemos visto que la cobertura hecha por los medios gráficos
seleccionados no ha brindado información suficiente que permitiera a los lectores
comprender las cuestiones e intereses de fondo ni situar en contexto la conflictividad y
los diferentes proyectos y acciones desplegadas en el marco de la Constituyente. En ese
sentido, las noticias publicadas en la casi totalidad de los casos considerados no dieron
cuenta de las causas que llevaron a los hechos que se narran, ocultando de esta manera
las condiciones históricas de las luchas sociales que impulsaron y condujeron a la
conformación de una Asamblea Constituyente orientada a modificar la Carta Magna. La
presentación de las marchas y protestas de los movimientos sociales, indígenas y
campesinos en la prensa gráfica fue a menudo acompañada de juicios de valor negativos
que se circunscribieron a situar a estos colectivos y sus reclamos en un arco temporal
demasiado corto vaciando así los contenidos histórico-políticos de sus propuestas.
En esta dirección, la visión crítica sostenida por la prensa gráfica ante la nueva
Carta Magna y el nuevo modelo de Estado que se instalaría a partir de ella se basó,
principalmente, en dos argumentos. Por un lado, los avances en la descolonización fue
considerado una suerte de revanchismo indígena en contra de la población criolla y
105
mestiza que ahondaría las divisiones étnicas y las fracturas sociales. Esta mirada
obviaba el considerarlo un intento por crear un nuevo Estado que dejara atrás los
prejuicios culturales y étnicos que han caracterizado al Estado boliviano desde su
fundación. De este modo, la cuestión se presentó, una vez más, de forma deshistorizada
excluyendo del debate el hecho de que desde el propio Estado se había procurado
racializar la dominación y la exclusión de los indígenas posibilitando la continuidad de
la dominación bajo la premisa de la existencia de razas consideradas “superiores” y
otras “inferiores” (García Linera; 2010).
El resultado de todo ello fue la creación de una visión sintética, deshistorizada y
deshistorizante de la actualidad en la que las noticias publicadas no profundizaron en las
causas de lo ocurrido sino que se limitaron a poner en escena aquello que reflejara una
visión de cierto antagonismo en la que prevaleciera el enfrentamiento por sobre el
debate. El énfasis puesto en el impacto noticioso, en detrimento de las razones por las
que surgieron los acontecimientos, implica borrar las huellas del proceso previo que
llevó a las protestas, reclamos y a la propuesta de refundar el país. Nos referimos a la
negación de derechos a una parte importante de la población desde la creación del
Estado-Nación posterior a la colonización, y que tuvo su continuidad en la
implementación de las reformas neoliberales. Al obviar deliberadamente el origen de las
movilizaciones y las propuestas, los planteos de la prensa gráfica analizada siguieron
una línea similar a los de los sectores conservadores al presentar ante la opinión pública
la protesta como un conflicto coyuntural a resolver y no como la expresión de
problemáticas desatendidas o agravadas por las gestiones gubernamentales anteriores
que requieren de una solución inclusiva y equitativa. De esta manera, los planteos de la
prensa sugieren un modo de pensamiento binario y restrictivo, que divide la realidad en
dos categorías y deja de lado cualquier visión alternativa. La propuesta de convocatoria
a la Asamblea y los proyectos que la animaron no fueron imprevistos, espontáneos ni
surgieron de un día para el otro, sino que son, como se ha dicho anteriormente, fruto de
años de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Por lo tanto, los esquemas de
consignas binarias lejos de enriquecer el debate político, público e intelectual no
hicieron más que simplificar y reducir los márgenes de las discusiones sobre el proceso
de cambio a una mera cuestión de adscripción al masismo o a la oposición. Una
polarización que no hizo más que dejar de lado debates y conflictos sobre el modelo de
106
Estado que se trataba de modificar en la Constituyente. Al plantear las noticias de esta
forma, los discursos que los diarios construyeron tomaron características políticas ya
que, como sostiene Gilberto Giménez Montiel (1993), el “discurso político es el
discurso del antagonismo y de la confrontación, aunque en ciertos momentos asuma
(por razones tácticas o estratégicas) la forma de negociación y concertación (la forma de
la ‘paz’). Por eso el sujeto de enunciación de este discurso es siempre un sujeto
comprometido y partidista que se encuentra forzosamente situado de un lado u otro de
las fuerzas en presencia: es un sujeto en campaña que tiene adversarios y se bate por la
victoria”. En una dirección similar, dichos procedimientos en la construcción de la
noticia pueden ser considerados también como un proceso de espectacularización de los
hechos acontecidos (Bourdieu; 1997).
Sumado a la tendencia editorial de simplificar los distintos temas y sucesos y
reducirlos a posiciones polarizadas, también el tratamiento noticioso analizado hizo
hincapié en la posibilidad de que hubiera un brote secesionista a causa de la inminente
refundación del Estado y del revanchismo que los movimientos sociales e indígenas
podrían ejercer en contra de las minorías. Esta idea fue de la mano del supuesto avance
de un gobierno autoritario que, influenciado por el gobierno cubano y, principalmente,
venezolano, tenía como único objetivo el perpetuarse en el poder. En muchas notas, la
figura de Chávez jugó el papel de policía malo al que las fuerzas opositoras dirigían los
reproches sobre la política interna del masismo, algo que se utilizó infructuosamente
para afectar la imagen del gobierno sobre su poder de decisión en los asuntos internos,
como otra muestra de la falta de reconocimiento a la que fueron sometidos los
movimientos sociales, indígenas y campesinos, ya que el término plurinacional salió de
su seno y no de algún tipo de injerencia foránea.
En cuanto a las fuentes en las que se fundamentaron las noticias analizadas, la
mayoría de ellas remitieron a representantes de partidos o grupos opositores al
gobierno; dejando en un segundo y bien menor lugar a los miembros del gobierno. Esto
pudo verse claramente en el inicio de las sesiones de la Asamblea Constituyente, cuando
los diarios optaron por darle la palabra a los constituyentes opositores para que
expresaran sus opiniones respecto de los cambios establecidos en torno al carácter y la
forma de aprobación de la nueva Carta Magna y sus artículos; al tiempo que
privilegiaron las opiniones de referentes cívicos (tales como prefectos y presidentes de
107
diversos comités de los departamentos de oriente) para que se manifestaran sobre los
reclamos por las autonomías departamentales e indígenas. Si entendemos a las fuentes
como “un lugar en el que habría cierta cantidad de informaciones” (Charaudeau; 2003)
en ambos casos las informaciones brindadas y pareceres expresados resultan parciales
en la medida en que los sujetos que constituyen las fuentes de información tienen
intereses en juego. Entonces, frente a determinados hechos y conflictos que pueden
suscitar distintas opiniones, los diarios privilegiaron ciertas fuentes de información en
detrimento de otras. Por otro lado, los diarios también buscaron borrar las marcas de
subjetividad a través de la cita o consulta a expertos (tales como analistas políticos) a fin
de generar un efecto de (supuesta) objetividad en la construcción de la noticia; de modo
que pareciera que al emitir ciertas opiniones o juicios de valor no lo hacían en pos de la
defensa de determinados intereses. Sin embargo, la selección de dichos expertos
también refleja una parcialidad similar a la verificada en la selección de las fuentes.
Resulta también notorio el hecho de que mientras se privilegió a fuentes
involucradas y con intereses específicos para opinar sobre ciertos conflictos, fue mínima
la presencia de fuentes tales como organizaciones indígenas, campesinas o sociales, a
quienes no sólo se les dedicó un ínfimo espacio para que expresaran sus pareceres en
torno a los artículos en los que se referían a ellas, sino que además eran puestas en
escena como movimientos que eran sólo apéndices y subordinados al gobierno y que
servían sólo para presionar a la Asamblea con el objetivo de que se aprobaran los
artículos propuestos por el oficialismo. No obstante, en algunas notas se dejó entrever la
contradicción entre ese supuesto y las declaraciones de algunos miembros del gobierno
y la oposición, de columnistas y de los representantes de las organizaciones sociales en
las que se expresa la autonomía de estas y la capacidad de reclamo que tenían incluso
sobre los propios asambleístas masistas para que se trataran en la Constituyente los
temas que eran prioritarios para las comunidades.
Vinculado a lo anterior, otra de las estrategias que pueden identificarse en los
artículos analizados fue naturalizar determinadas posturas que respondían a
determinados intereses sectoriales. El caso más visible de ello fue la férrea defensa de
las autonomías departamentales, reclamo catalogado como lógico, justo y fundamental a
la hora de fomentar la descentralización del poder, al tiempo que se tendía a disipar
cualquier idea acerca de pretensiones secesionistas por parte de la región oriental del
108
país. Así es como se promueve que lo dicho no sea puesto en cuestión y, por lo tanto, se
vuelva inobjetable. Este mecanismo de naturalización se halla íntimamente ligado al
concepto de sentido común, en tanto “residuo de sabiduría consensual y básica de
acuerdo mutuo” (Hall; 1981), que permite clasificar el mundo en términos tan simples
como significativos. Estas ideas y posturas que parecen “espontáneas” o “naturales”
tienen, sin embargo, un contenido y una historia y “es precisamente su cualidad
‘espontánea’, su transparencia, su ‘naturalidad’, su rechazo a que examinen las premisas
en que se fundamenta, su resistencia al cambio o la corrección, su efecto de
reconocimiento instantáneo y el círculo cerrado en que se mueve lo que hace del sentido
común algo ‘espontáneo’, ideológico e inconsciente” (Ibíd.). De este modo, como
sostiene Gramsci (2001), la hegemonía de los sectores dominantes trabaja mediante la
ideología brindando “definiciones de la realidad” favorables a los intereses de dichos
sectores y que, a su vez, constituyen la “realidad vivida” primaria para las clases
subordinadas.
Otro aspecto destacable es que hubo un efecto de coordinación editorial que
consistió en que los distintos diarios publicaran noticias sobre los mismos hechos con
igual enfoque y apreciaciones. El caso más sobresaliente es la cobertura hecha sobre los
sucesos acontecidos en Pando en 2008, que fueron catalogados como enfrentamientos o
choques entre dos bandos por todos los periódicos en lugar de referirse a ellos en
términos de masacre. El empleo del término enfrentamientos no es una cuestión menor
si tenemos en cuenta que el lenguaje ocupa un lugar central en la producción de
ideología en la medida en que es su principal mediador (Hall; 1981). Es decir que a
través del lenguaje, concebido como una “serie de signos y discursos objetivos que
encierran materialmente los procesos del pensamiento en la sociedad” (Ibíd.), se
clasifica la vida social. De este modo, se construye un determinado discurso en torno a
lo sucedido que, a su vez, produce un determinado sentido, del cual se desprende que
hubo dos bandos que voluntariamente decidieron iniciar un enfrentamiento armado, en
igualdad de condiciones y donde uno y otro sufrieron las consecuentes bajas que todo
enfrentamiento implica.
En parte, esta coordinación editorial puede ser explicada por la concentración de la
propiedad mediática en Bolivia expresada en el hecho de que tres de los cuatro diarios
seleccionados pertenecen al mismo grupo de medios. En este sentido, no resulta
109
sorpresivo el hecho de que haya habido una línea de opinión editorial bastante
homogénea; llegando en ciertos casos a que cierta noticia fuera reproducida de un diario
a otro mediante la publicación parcial o completa, simultánea o asincrónicamente,
especialmente entre los periódicos del Grupo Líder (Correo del Sur, El Deber, Los
Tiempos). Por otra parte, en ciertos casos, la coordinación editorial cedió ante la
polarización regional originada a partir del debate en torno a la capitalía plena de Sucre.
Los medios emplazados en los departamentos de la media luna y Chuquisaca apoyaron
el traslado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo argumentando que esto mejoraría el
equilibrio de poder entre las distintas regiones del país y que por ello se debía debatir
este tema en la Asamblea, mientras que los medios de La Paz se negaron a que este
tema entrara en la consideración de la AC porque implicaría un posible quiebre en la
unidad de las regiones que conforman el país. En esta cuestión los departamentos
tuvieron una lucha interna de medición de poderes, que hizo que los medios se alinearan
por si la sede se mueve o no se mueve.
Otro aspecto interesante que surge del análisis del proceso y de su tratamiento
noticioso por los medios considerados resulta la diferencia que existió entre las
representaciones del proceso de cambio elaboradas por los colectivos sociales y las
representaciones mediáticas construidas por los diarios. Mientras que los movimientos
sociales procuraron participar del proceso de transformación sociopolítico elaborando
sus propias propuestas y pedidos respecto de los temas que se estaban tratando en la
AC, la cobertura mediática de los hechos llevada a cabo por parte de los diarios, en la
mayoría de los casos, apuntó a señalar que todos los proyectos que se debatían en la
Asamblea eran aquellos impulsados por el masismo. Esto último conllevó a que los
diarios se refirieran a las organizaciones sociales e indígenas como subordinadas al
MAS, al tiempo que restaba importancia a las luchas y labor que los movimientos
sociales venían desarrollando desde hacía décadas.
Cuando se analizó el contexto sociopolítico del proceso de refundación y cambio y
la cobertura de estos hechos llevada a cabo por los medios escritos, se notó que hubo
una diferencia de registro entre la visión que éstos reflejaban en sus noticias y los
planteos efectuados por los colectivos sociales, los cuales rara vez aparecían en las notas
de los diarios como agentes propulsores de iniciativas. Probablemente, y a modo de
hipótesis, esta diferencia de visiones sobre lo que estaba pasando en el país residía en
110
que para las organizaciones sociales, indígenas y campesinas el proceso que se estaba
realizando en la Asamblea estaba vinculado a experiencias de explotación y dominación
colonial que hicieron que éstos colectivos adquirieran un sentido de identificación y
pertenencia como etnias, naciones (en el caso de los pueblos indígenas y originarios) y
sectores excluidos (campesinos) que debían lograr un cambio radical en la estructura
político-administrativa de un Estado cuya impronta criolla había pasado por alto gran
parte de derechos y costumbres de los pueblos originarios, sumado a los efectos
económicamente regresivos del neoliberalismo de las últimas décadas. En cambio, para
los medios de comunicación lo importante era reflejar los conflictos en clave de
impactos disruptivos de la normalidad en lugar de hacer foco en conflictos que fueran
de corte étnico o de clase, ya que por su propia lógica comercial y por su inscripción en
el campo político, sus representaciones apuntaban a la figura de un lector modelo cuyo
principal reclamo sería el de una sociedad democrática considerada de manera abstracta,
es decir, sin referencia a sus condiciones históricas concretas y las particulares visiones
de los sujetos sociales como las que plantean las organizaciones sociales. Esta situación
es similar a lo que han planteado Ferro y Rodríguez (2003) en cuanto a la diferencia
entre eventos y acontecimientos: mientras que los primeros son reflejo de las
experiencias de los actores que vivieron una situación prolongada de explotación que
los condujo a la toma de conciencia de la situación en la que vivían, los segundos son lo
característico de las narrativas periodísticas centradas en ubicar a los hechos como
surgidos de manera intempestiva como acontecimientos acaecidos en el espacio de lo
público en el que se hace hincapié más en la espectacularización de la noticia que los
orígenes de esta. En otras palabras, la diferencia de registros se basa en que los diarios -
en la mayoría de las noticias que publicaron- no ubicaron a los colectivos sociales como
un sujeto protagonista y propulsor de los cambios que se estaban produciendo en el país,
sino que se centraron en una lógica de división y oposición entre el Gobierno central
con los partidos de oposición y departamentos del oriente. Por ello las notas daban una
visión de los movimientos sociales subsumidos al aparato gubernamental, borrando así
cualquier referencia a las acciones que estos colectivos llevaron a cabo en el pasado y
en el presente y que muestran su autonomía de cualquier lógica que los plantee como
fuerza de choque u organización cautiva. El efecto colateral de esto sería que en ningún
momento esta conceptualización de la lógica del conflicto construida por los medios
pareciera tener influencia sobre las organizaciones sociales, por lo que su capacidad de
111
incidir en la apreciación de los hechos no alcanzó a estos colectivos, sino que se limitó a
ser una suerte de portavoz de los intereses de un lector modelo que planteaban esas
publicaciones por medio de las divisiones que establecen en los temas de las noticias. Es
decir, un lector que aparecía preocupado por la democracia, la libertad y el
autoritarismo, y que no consideraba los problemas sociales y los planteos de los
movimientos sociales, indígenas, originarios y campesinos vistos como sectoriales y
como un riesgo para las minorías políticas y la unidad del país.
En este sentido, consideramos que no hay que perder de vista que los análisis sobre
los medios de comunicación deberían estar siempre enmarcados en relación al contexto
sociopolítico en que vive cada sociedad, para ver cómo y en qué medida aquellos puntos
de referencia que éstos proveen para hacer entendible la situación que se vive se
relacionan con las experiencias colectivas de los sectores subordinados, y si estas
experiencias promueven o no un proyecto de cambio y modificación de la sociedad que
entre en conflicto con el status quo. Creemos que cualquier análisis mediático que no
ponga en escena la relación entre el contexto social y político de un lugar determinado,
y el vínculo entre las distintas experiencias de los colectivos que integran a esa sociedad
con las representaciones que elaboran en sus noticias los medios, puede caer fácilmente
en una visión que haga énfasis en un poder omnipotente por parte de los medios sobre
los individuos y los grupos o, por el contrario, conducirnos a pensar que estos no tienen
ninguna relación con lo que las personas elaboran. Siguiendo el planteo de Héctor
Schmucler (1997), hay que tener siempre en cuenta la “experiencia sociocultural de los
receptores”, porque “es verdad que el mensaje comporta significación, pero esta sólo se
realiza, significa realmente, en el encuentro con el receptor”.
Finalmente, una idea que aparece reflejada de diferentes maneras y de forma
reiterada a lo largo de todo el período en el tratamiento noticioso analizado fue la de un
país dividido en dos partes, que remite al argumento del “empate catastrófico”, para
asegurar que la única salida posible a esta polarización es la de entablar el diálogo y
negociaciones para poder arribar a un acuerdo que garantizara los derechos
democráticos y la libertad. En esta misma línea, existe en el corpus documental de
noticias analizadas un doble criterio al momento de emitir juicios de valor respecto a la
cuestión democrática. Mientras que la mayoría obtenida en las distintas elecciones por
parte del MAS es valorada en términos del riesgo autoritario que entraña en la medida
112
en que pretenda imponer su mayoría numérica en lugar de respetar y negociar con las
minorías; por otra parte, el respaldo mayoritario obtenido por el “Sí” a las autonomías
departamentales fundamenta el deber de ser respetado ya que constituye una expresión
de la voluntad popular, y por ende no es necesario ni recomendable que se considere
ningún tipo de negociación. Este razonamiento implica una conceptualización sobre la
democracia por parte de los sectores conservadores emparentada con la visión liberal de
la democracia planteada por Friedrich Von Hayek (2007), en la que esta se vuelve
peligrosa cuando los gobiernos o representantes electos por una “mayoría homogénea”
del pueblo pretende, a partir de ello, intervenir de alguna manera en el terreno de la
libertad económica y del libremercado. Es decir, el temor de que el Estado se convierta
en una traba para la expansión de los negocios al dar prerrogativas a las mayorías (los
sectores populares), lo que dificulta la libertad de desarrollo individual que se considera
sustentada en la libertad individual de mercado.
Haciendo un repaso de las noticias de cada uno de los acontecimientos analizados,
se puede ver la centralidad que va adquiriendo la particular comprensión liberal de la
democracia, la libertad y el autoritarismo a lo largo del período por medio de diferentes
estrategias discursivas. En el primer acontecimiento, los diarios hicieron foco en que la
democracia es el respeto de las minorías, el diálogo y la negociación y que el MAS era
un gobierno con afán hegemónico que pretendía imponer sus posturas y visiones de
modo verticalista, avasallando la voluntad de las minorías sin que éstas pudieran si
quiera expresar sus disidencias; por lo que se tornaba necesario establecer ciertos límites
a las mayorías aduciendo que eso era parte del derecho democrático a través de
viabilizar el justo reclamo por el modelo autonómico de los departamentos de oriente
respaldado en las urnas por la mayoría de sus habitantes, lo que paradójicamente
significa utilizar como argumento la voluntad de las mayorías a pesar de que se hizo
todo lo contrario cuando emitieron un juicio de valor respecto del triunfo del MAS en
las elecciones a constituyentes y al peligro que podría suponer que se impusiera la
voluntad de (otras) mayorías. En el segundo acontecimiento, los diarios adoptaron una
clara postura en contra de que el Estado sea Plurinacional debido a que para ellos se
trataba de un proyecto racista y revanchista de los indígenas sobre el resto de la Nación,
además de ser riesgoso para la mantención de la unidad del país a causa de presentar
ciertos rasgos secesionistas, algo diferente a lo que consideraban que estaban haciendo
113
los departamentos del oriente al enarbolar las autonomías como una reivindicación
histórica de esas regiones. En el tercer acontecimiento, a pesar de las diferencias
editoriales con las que cada diario se refirió al traslado de la capital del país según si
este hecho afectaba o no los intereses de su departamento, se reiteraban las denuncias
del supuesto autoritarismo del MAS y el interés de Morales de perpetuarse en el poder
por medio de la reelección indefinida al querer avanzar tanto por sobre las demás
fuerzas políticas como sobre las instituciones y los fallos judiciales. En el cuarto
acontecimiento, los hechos ocurridos en Pando no son señalados como una masacre sino
como un enfrentamiento propio del contexto de crisis, tanto social como política, que ha
dado como resultado un país dividido y polarizado e invadido por la violencia
generalizada; mientras que en el caso del intento de Golpe Cívico-Prefectural los diarios
coincidieron en que tanto las autonomías departamentales como la oposición al IDH
constituyeron motivos lógicos de reclamo, justificando implícitamente así las tomas de
edificios públicos y actos de violencia, además de que algunos diarios acusaron al
Ejecutivo central de preferir condenar o repudiar los hechos, en lugar de buscar
fomentar el diálogo para acercar posiciones y arribar a una solución pacífica. En el
último acontecimiento, los medios gráficos criticaron la nueva CPE por considerar que
era inaplicable y que no representaría a la totalidad de los bolivianos sino a pequeñas
comunidades, a la vez que permitiría al Poder Ejecutivo la posibilidad de gobernar a
través de decretos, haciendo caso omiso de las instituciones democráticas y la división
de poderes; mientras que una vez que fue modificada la Constitución y aprobada por
referéndum, los diarios se dedicaron a hacer hincapié en la postura y argumentos
esgrimidos por los sectores que no estaban satisfechos con la misma, por lo cual se le
restaban importancia al triunfo del MAS argumentando que el país se encontraba
dividido en dos y que, para poder salir de esa crisis de confrontación política, el
gobierno debería acercar posiciones y negociar con la oposición.
Por último, queremos destacar que coincidimos con Stuart Hall (1981) en que,
cuando se analizan representaciones, estas no son un reflejo de la realidad sino una
forma de selección de los medios, en este caso la prensa gráfica, que construye un
determinado sentido que busca que circule y se legitime en la sociedad. La prensa tiene
un rol protagónico en la promoción del diálogo y debate social, como así también en la
contribución a la formación de una mejor cultura política, que sea más democrática e
114
incluyente. En relación a ello, esta investigación ha pretendido analizar en qué medida y
formas la prensa gráfica boliviana intervino en el debate social sobre los temas
fundamentales de la nueva CPE. En este sentido, una primera respuesta a la pregunta-
problema formulada al principio de este trabajo fundamentada en el análisis presentado
en las líneas anteriores concluye en que el tratamiento periodístico hecho por los diarios
bolivianos considerados no contribuyó a aportar información ni a la comprensión y
debate constructivo en torno a los temas y propuestas fundamentales que abordó la
Constituyente, y en particular el llamado proyecto de refundación del Estado
Plurinacional. El estudio de la construcción de la noticia a lo largo de los cinco
acontecimientos seleccionados permite concluir que los diarios relevados cumplieron un
papel político específico en el proceso de disputas que jalonó la labor de la Asamblea
Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución constituyéndose en sujetos
activos dentro del campo de la oposición. En ello en parte seguramente incide la propia
naturaleza de sus intereses económicos empresarios y el privilegio del mantenimiento
de las concesiones que venían teniendo desde el retorno de la democracia en detrimento
de la difusión de los datos necesarios para que la población comprendiera las razones
por las cuales el proceso constituyente se llevaba a cabo. Pero, por otra parte, esta
función política que, lejos de la ilusión de neutralidad e independencia con la que se los
suele caracterizar, cumplieron los medios masivos de comunicación puede
comprenderse desde una mirada más amplia de la dominación a partir, por ejemplo, de
la noción de hegemonía referida por Antonio Gramsci (2001) y su señalamiento que los
periódicos y los medios de comunicación desarrollan las funciones de información y de
dirección política general, motivo por el cual pueden ser considerados como verdaderos
partidos políticos que, a través de la difusión de determinadas ideas y posturas,
pretenden incidir, directa o indirectamente, en la apreciación de los hechos e influir
sobre la opinión pública.
Entendemos que la causa central de la oposición encarnada por los periódicos
contra el gobierno de Evo Morales es la puesta en marcha de un proceso de cambios y
transformación cuyos protagonistas son aquellos sectores históricamente excluidos. Esto
pone de manifiesto algo que en situaciones menos álgidas no saltaría a la luz: que en la
dinámica social se expresan conflictos entre distintos grupos que se disputan las
orientaciones y soluciones provisorias que se toman sobre las problemáticas sociales.
115
Cuando uno de estos grupos considera a los asuntos públicos como algo de su sola
incumbencia, desconociendo a los otros sectores de la sociedad, quita fuerza y
representatividad al sistema democrático.
El momento de impugnación y cuestionamiento al orden establecido fue la antesala
a la construcción colectiva de las organizaciones sociales de un nuevo tipo de marco
constitucional que se debía establecer para abarcar a todos los sectores de una población
tan diversa como la boliviana. Una vez que triunfó el referéndum sobre la nueva CPE,
las conquistas conseguidas en el papel debían ser institucionalizadas para que se
materializaran en hechos que, a su vez, se volvieran legados que fueran de dificultosa
alteración por parte de aquellos gobiernos futuros de cualquier signo político que
trataran de manosear e ignorar estos derechos. Ahora bien, para materializar estos
cambios es necesario que todos los sectores sociales contemplados en la Carta Magna
tengan su canal de expresión y voto sobre los asuntos públicos, que las agendas de los
diversos colectivos, no sólo las organizaciones sociales sino de todos los sectores de la
sociedad que se muevan dentro del juego democrático, puedan dialogar y negociar con
el Gobierno para que sus reclamos estén contemplados dentro de una agenda pública
que sea lo más representativa e inclusiva posible y tendiente a mejorar la calidad de vida
de la población. Es decir, una etapa verdaderamente consensual que bregue porque las
medidas que se tomen reflejen la voluntad popular y no, como han querido hacer desde
los partidos tradicionales y los sectores dominantes, el mantenimiento de los viejos
privilegios del sistema político, económico e institucional anterior.
Por ello mismo, si se busca incentivar este proceso de cambio se tendría que
profundizar el fenómeno de construcción colectiva desde las bases que el Pacto de
Unidad expresó por medio de la unión de diferentes asociaciones tanto sindicales,
indígenas, campesinas, vecinales, fabriles como urbanas, en las que el diálogo entre los
representantes y sus bases era constante y permitió la elaboración de una propuesta en la
que la puesta en común de las concepciones que tenían las organizaciones sobre
determinados temas enriquecieran el documento definitivo en el que se propiciaba la
formación de un nuevo horizonte social que fuera inclusivo de todos los sectores y
etnias.
116
Por lo pronto, este horizonte se volvió más complejo a posteriori de la aprobación
de la nueva Constitución cuando, en el contexto de las nuevas elecciones presidenciales,
el MAS estableció algunas alianzas políticas con grupos conservadores antes vinculados
a la CONALDE y a la UJC (Chávez León et al; 2010). A pesar de haber conseguido la
mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, que permitiría la conformación de un
espacio plural de debate e inclusión de todas las perspectivas de los sectores populares
de modo que la toma de decisiones no se redujera a los tradicionales ámbitos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el MAS parece entrar en una lógica centralista en la
que el Partido sería la expresión más acabada del cambio. De este modo, la lucha de los
movimientos sociales e indígenas queda acotada a la disputa del MAS por el poder
estatal ya que esto le permite traccionar votos a nivel nacional aliándose con sectores
conservadores que se suman al proyecto gubernamental sin pruritos debido a que el
gobierno les da la posibilidad de ocupar un espacio que implica, tal y como lo fue la
LECAC al momento de modificar la CPE, una sobrerrepresentación que podría quitar
margen de maniobra a los planes y propuestas de los movimientos sociales tendientes a
ampliar el horizonte de cambios propuestos.
A pesar de esto, un indicio de la vitalidad del proceso de cambios y la voluntad y
capacidad de transformación que tienen las organizaciones sociales -no sólo las que
provienen del oriente, sino también en aquellas del occidente vinculadas estrechamente
(CSUTCB, CSCB y FNMC- “BS”) al masismo- resulta el hecho de que, en ciertas
situaciones, estas se han alejado y opuesto a los planteos del gobierno consiguiendo
sobre cuestiones importantes modificar o reformular la posición oficial, como ocurrió en
las protestas populares frente al gasolinazo de 2010, y lo acaecido el año pasado en la
intención del gobierno de construcción de una carretera que facilite el tránsito de
productos desde Brasil hacia Chile213 y que cuyo en su trayecto iba a pasar por medio
213 El proyecto de la carretera del Tipnis fue vinculado como parte de la Iniciativa para la Integración dela Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que aumenta la presencia brasileña en sectores comoel petróleo, la energía hidroeléctrica y la construcción y que, en este caso, busca mejorar las vías paraalcanzar los puertos de Chile y, desde ahí, que sus productos atraviesen el Pacífico para llegar a losmercados asiáticos, preferentemente China. Cfr. Chávez, F. (2011) y Seoane y Algranati (2012). Sinembargo, cabe aclarar que recientemente el vicepresidente García Linera ha negado estas acusacionesargumentando que “la carretera sutura una geografía nacional escindida en dos grandes bloquesgeográficos: Altiplano/ Amazonía. Además, permite el encuentro cara a cara de dos regiones de la patriaque hasta hoy viven una de espaldas a la otra. La carretera nacionaliza un espacio territorial fundamentalde Bolivia, en el cual, gobiernos y empresas extranjeras, ciudadanos extranjeros y terratenientes teníanmás autoridad, conocimiento y poder que el propio Estado boliviano. Con la carretera, la geografía real y
117
del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), un santuario natural
de algo más de un millón de hectáreas que es propiedad colectiva de unas 15 mil
personas de tres pueblos indígenas que rechazan cualquier trazado que pase por ese
parque debido a que no se cumplió lo que la nueva CPE y el Convenio 169 de la OIT
marcan: la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre acciones que
afecten sus territorios214.
Estos conflictos dan cuenta de que la refundación del Estado no es una obra
acabada, perfecta e indiscutible. No podría serlo, porque la vocación de perfección sería
una negación de la constante mutación y superación de lo nuevo constituyente sobre lo
viejo constituido que caracteriza a las luchas populares. Si el gobierno profundiza la
apertura en vez de la clausura de la opinión de los movimientos campesino-indígenas,
sin ningún tipo de intento de tutela, se podrá permitir que estos hagan un ajuste crítico
de los aspectos de la CPE que les parezcan que son un impedimento a la igualdad de los
pueblos tanto en lo social como en lo cultural, lo económico, lo jurídico y lo político. La
Asamblea fue sólo el comienzo de un camino en el que la igualdad entre todos los
pueblos y naciones de Bolivia depende de la implementación que tenga la nueva
Constitución y del poder que jueguen las opiniones de las comunidades y sus
organizaciones en estas decisiones para, por un lado, recuperar la credibilidad en el
Estado mediante su participación en la toma de decisiones y, por otro, para mostrar que
es posible reformarlo radicalmente transformando las relaciones entre las instituciones y
la sociedad, y también para colocar al propio Estado al servicio de los intereses
populares al democratizar la democracia creando mecanismos e instituciones para que
esta posibilite que las decisiones sobre el presente y el futuro sean compartidas,
consensuadas y se correspondan con los intereses de la amplias mayorías.
la geografía ideal del Estado tienden a coincidir”. Cfr. “Sin tensión no hay revolución”. En Miradas alSur, año 6, no. 267, domingo 30 de junio de 2013. Disponible en internet:http://sur.infonews.com/notas/sin-tension-no-hay-revolucion214 Finalmente, el Ejecutivo central cambió el trazado de la carretera y propuso una ley a la AsambleaLegislativa Plurinacional de que ninguna ruta pase por ese parque nacional.
118
AGRADECIMIENTOS
Esta tesina es la culminación de nuestros estudios universitarios, el resultado de casi
un año de trabajo, investigación, esfuerzo y dedicación, y la concreción de aquella meta
que nos propusimos cuando iniciamos la carrera. Por eso, queremos dar las gracias a
todos aquellos que contribuyeron para que esto fuera posible.
A José Seoane, nuestro tutor, quien se ha comprometido con este proyecto desde el
primer día tanto como nosotros; por habernos guiado, por su lectura atenta y crítica y
sin cuyas sugerencias y aportes este trabajo no hubiera sido el mismo.
A nuestros padres y familiares, que nos han acompañado a lo largo de todos estos
años, que nos han regalado su paciencia y comprensión en momentos de nerviosismo e
incertidumbre y que se han alegrado, tanto o más que nosotros, por cada logro obtenido.
A nuestros amigos y compañeros, con quienes tuvimos el privilegio de compartir
cursadas, apuntes, debates y sueños comunes.
Y a todos aquellos que, de una forma u otra, han estado al lado nuestro y sólo han
tenido para con nosotros buenos deseos.
A todos, muchas gracias.
119
BIBLIOGRAFIA
- Albo, Xavier (2008). “Datos de una encuesta: El perfil de los constituyentes”, enTinkazos, vol.11, nº23-24, marzo. La Paz.
- Apaza, Rubén (2008) “Los dueños de los medios de comunicación en Bolivia.¿Medios de información o confusión?”. Consultado el 31 de agosto de 2013 enhttp://elcondorapaza.blogspot.com.ar/2008/08/medios-comunicacion-bolivia.html
- Archondo, Rafael (2009). “Investigando a los investigadores de cobertura: Los mediosy su cerco a la Constituyente”. En Tinkazos, marzo, vol.11, no.23-24, p.229-234. LaPaz.
- Arias Martínez, Camila y Pereira, Mariana (2010) “Instituciones internacionales,integración regional y conflicto: el apoyo de la UNASUR al mantenimiento de lademocracia boliviana” en Jornadas de relaciones internacionales Poderesemergentes: ¿Hacia nuevas formas de concertación internacional? Área deRelaciones Internacionales- FLACSO.
- Becerra, Martín (2000) “De la divergencia a la convergencia en la sociedadinformacional: fortalezas y debilidades de un proceso social inconcluso”, en Zer nº8,Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, Universidad del País Vasco,Bilbao.
- Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo (2008) Los dueños de la palabra. Acceso,estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI. BuenosAires. Prometeo.
- Bolivia: Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, 6 de marzo de2006. Obtenida el 26 de noviembre de 2012, de http://www.lexivox.org//norms/BO-L-3364.html.
- Bourdieu, Pierre (1997). Sobre la televisión. Barcelona. Anagrama.
- Bourdieu, Pierre (1999). “La televisión, el periodismo y la política” en Clarín.Obtenido el 25 de abril en http://old.clarin.com.ar/suplementos/cultura/1999/04/25/e-00801d.htm
- Comisión Arquidiocesana De Pastoral Social Cáritas (2005). Las autonomíasdepartamentales para Bolivia: Un análisis crítico. Santa Cruz. PASOC.
120
- Chávez, Franz (2011). La carretera del Tipnis y el conflicto entre el desarrollismo y elbuen vivir. Obtenida el 28 de noviembre de 2012, dehttp://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98929.
- Charaudeau, Patrick (2003) “La informaciones como discurso. Del imaginario delsaber al imaginario del poder”, en El discurso de la información. Gedisa. Barcelona.
- Chávez, Patricia y Mokrani, Dunia (2007). “Los movimientos sociales en la AsambleaConstituyente: hacia la reconfiguración de la política”, en OSAL (Buenos Aires:CLACSO) Año VIII, nº.22, septiembre.
- Chávez León, Marxa Nadia (2008). “‘Autonomías indígenas’ y ‘EstadoPlurinacional’. Proyectos políticos de los movimientos indígenas y campesinos enBolivia”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año IX, nº.24, octubre.
- Chávez León, Patricia; Mokrani Chávez, Dunia; y Uriona Crespo, Pilar (2010). “Unadécada de movimientos sociales en Bolivia”. En Modonesi, Massimo y Rebón, Julián(Comp.), Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina en elamanecer del siglo XXI (pp. 71-93). Buenos Aires: UBA Sociales; CLACSO;Prometeo.
- Crespo, Carlos (2000). “Continuidad y ruptura: la ‘Guerra del Agua’ y los nuevosmovimientos sociales en Bolivia”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año I, nº.2,septiembre.
- Cruz, Alberto (2010). “Bolivia”, en Pueblos Originarios en América. Una guíaintroductoria de su situación. Consultado el 14 de mayo de 2013 enhttp://www.pueblosoriginariosenamerica.org/?q=libro/pueblos-originarios-en-america/pueblos-originarios-en-america/bolivia
- Curran y Gurevitch (1977) citado en Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo: Losdueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la AméricaLatina del siglo XXI. Buenos Aires. Prometeo. 2008.
- Deheza, Ivana Grace (2008). “Bolivia: ¿Es posible la construcción de un nuevoEstado? La Asamblea Constituyente y las Autonomías Departamentales”, en Revistade Ciencia Política (Santiago de Chile: SCIELO) vol.28, nº 1, p. 61-79.
- De Sousa Santos, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América Latina.Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional deDerecho y Sociedad.
- De Moraes, Denis (2011) La cruzada de los medios en América Latina. Paidós.
121
- Do Alto, Herve (2007). Cuando el nacionalismo se pone el poncho. Una miradaretrospectiva a la etnicidad y la clase en el movimiento popular boliviano (1957-2007). En Svampa, Maristella y Stefanoni (Comp.), “Bolivia: memoria, insurgencia ymovimientos sociales” (pp. 21-53). Buenos Aires: CLACSO; OSAL; El Colectivo.
- Exeni, José Luis (2005) “Bolivia tras el fracaso de la ‘democracia pactada’ ” enÁgora. Corte Nacional Electoral. La Paz.
- Ferro, Fabiola y Rodríguez, María Graciela (2003). “Del ‘acontecimiento’ al ‘evento’:los ardides de la memoria”, Segundas jornadas de Jóvenes Investigadores del Institutode Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad deBuenos Aires, 2 y 3 de Octubre.
- Foucault, Michel (1996). La arqueología del saber. Buenos Aires. Siglo XXI.
- Foucault, Michel (1998) Nietzsche, la genealogía y la historia. Buenos Aires. Ed. PreTextos.
- Foucault, Michel (1992) Microfísica del poder .Madrid. La Piqueta.
- Garcés, Fernando (2010). El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de unaPropuesta de Constitución Política del Estado. Sistematización de la experiencia. LaPaz: CEJIS; CENDA
- García Linera, Álvaro (2010). “La construcción del Estado”, en Tres pensamientospolíticos: conferencias organizadas por las Facultades de Ciencias Sociales yFilosofía y Letras de la UBA. Buenos Aires: UBA Sociales.
- García Linera, Álvaro; Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje (2010).Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Plural editores. La paz.
- Giavedoni, Darío (2010) “Los medios en Bolivia: mapa y legislación de los medios decomunicación”. La revista del CCC [en línea]. Mayo / Diciembre 2010, n° 9/10.[citado 2013-06-06]. Disponible en Internet:http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/169/ ISSN 1851-3263.
- Giménez Montiel, Gilberto (1993). “¿Cómo se dice política hoy?”, en Cad. deEstudos da Linguagem., Universidade Estadual de Campinas.
- Gimenez Solar, Carmen Laura (2010). Entre rivalidad y complicidad: relación entrelos medios de comunicación privados y la polarización política nacional en Santa
122
Cruz de la Sierra. Maestría en Estudios Latinoamericanos, Centro de Estudios yDocumentación Latinoamericanos (CEDLA). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- Gramsci, Antonio (2000). Cuadernos de la cárcel. México D.F. Ediciones Era.
- Hall, Stuart (1981). “La cultura, los medios de comunicación y el ‘efecto ideológico’”en Curran, James y otros (comp.) Sociedad y comunicación de masas. México. Fondode Cultura Económica.
- Hall, Stuart (1984). “Notas sobre la desconstrucción de ‘lo popular’” en Samuel,Ralph (ed.) Historia popular y teoría socialista, Barcelona: Crítica.
- Natanson, José (2008). La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos deArgentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Buenos Aires:Debate.
- Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Obtenida el 27 denoviembre de 2012, de http://consuladoboliviano.com.ar/portal/node/119.
- Mayorga, Fernando (2009) Antinomias: El azaroso camino de la reforma política.Centro de Estudios Superiores Universitarios.
- Mayorga, Fernando (2011). “Movimientos sociales y participación política enBolivia” en Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. Buenos Aires.Prometeo.
- Molina, Fernando (2011) “Medios de comunicación y Estado/gobierno” en Rincón,Omar (comp.) ¿Por qué nos odian tanto? Centro de Competencia en Comunicaciónpara América Latina Friedrich Ebert Stiftung
- ONADEM (2009). Medios a la vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.
- OSAL (2007) “Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas yde Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente” (Buenos Aires: CLACSO) AñoVIII, Nº 22, septiembre.
- Quijano, Aníbal (2005). “El ‘movimiento indígena’ y las cuestiones pendientes enAmérica Latina”, en Revista Tareas Nº 119. Centro de Estudios Latinoamericanos(CELA). Panamá. Consultado el 10 de febrero de 2013 enhttp://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/quijano.rtf
123
- Reglamento General De La Asamblea Constituyente de 2006. Obtenida el 25 denoviembre de 2012, dehttp://www.cejis.org/sites/default/files/REGLAMENTO%2520GENERAL%2520DE%2520LA%2520.doc
- Sandoval, Vania (2008). “Un año de Asamblea Constituyente en la Prensa Boliviana”.En Asociación Latinoamericana De Investigadores de la Comunicación (ALAIC)Bolivia, número especial, mayo-junio.
- Schmucler, Héctor (1997). “La Investigación: ideología, ciencia y política”, enMemoria de la Comunicación. Buenos Aires. Biblos.
- Seoane, José (2008). “Los movimientos sociales y el debate sobre el Estado y lademocracia en América Latina”. En Moreno, Oscar (coord.) PensamientoContemporáneo. Principales debates políticos del siglo XX. Teseo. Bs. As.
- Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2011). “El concepto de movimientosocial a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes” en revistaControversias y Concurrencias Latinoamericanas. ALAS. No. 4 año 3.
- Seoane, José y Algranati, Clara (2012). “La ofensiva extractivista en América Latina.Crisis global y alternativas”, en Revista Herramienta. No. 50. Buenos Aires. Ed.Herramienta. Consultado el 5 de diciembre de 2012 enhttp://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-50/la-ofensiva-extractivista-en-america-latina-crisis-global-y-alternativas
- Serrano, Pascual y Bajo, Ricardo (2007) “Oligarcas locales y españoles controlan elpanorama informativo de Bolivia”. Consultado el 23 de agosto de 2013 enhttp://www.pascualserrano.net/noticias/evo-morales-se-enfrenta-al-control-mayoritario-de-los-medios-de-comunicacion-por-la-derecha
- Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (2007) Bolivia: memoria, insurgencia ymovimientos sociales. Colección Resistencias y alternativas. Editorial El Colectivo,CLACSO.
- Taylor, S. y Bogdan, R (1980). Introducción a los métodos cualitativos deinvestigación. Barcelona. Paidós.
- UNASUR (2008) Informe de la Comisión de UNASUR sobre los sucesos en Pando:hacia un alba de justicia para Pando. Consultado el 21 de marzo de 2013 enhttp://www.cedib.org/bp/Infunasur.pdf
124
- Vicepresidencia del Estado Plurinacional (2010). Resultados Electorales 2005 - 2009.Primer Ciclo de Gobierno Indígena en Bolivia. Unidad de Información para laParticipación Ciudadana. Bolivia. Consultado el 4 de mayo de 2013 enhttp://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ciclo_resultados.pdf
- Villegas Quiroga, Carlos (2003). “Rebelión popular y los derechos de propiedad delos hidrocarburos” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, nº.12, septiembre-diciembre.
- Von Hayek, Friedrich (2007). Camino a la servidumbre. Madrid. Alianza Editorial.
125
ANEXO 1
ARTICULOS
Primer acontecimiento
- “La bancada del MAS echa por tierra los acuerdos”, en El Deber - 30/08/2006
disponible en
http://web.archive.org/web/20080416121256/http://www.eldeber.com.bo/2006/2006
0829/nacional_2.html
- “Analistas: la Constitución debe ser concertada y no por rodillo”, en El Deber -
5/07/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20080219082440/http://www.eldeber.com.bo/2006/2006
0705/santacruz_7.html
- “El reto de los asambleístas cruceños”, en El Deber -5/07/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20080218113351/http://www.eldeber.com.bo/2006/2006
0705/editorial.html
- “El MAS decide incluir territorios indígenas en el mapa de Bolivia”, en La Razón -
21/06/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20071025051742/http://www.la-
razon.com/versiones/20060621_005579/nota_247_300583.htm
- “Que no haya mayoría absoluta es bueno para la Constituyente”, en La Razón -
03/07/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20080522073928/http://www.la-
razon.com/versiones/20060703_005591/nota_247_304881.htm
- “El MAS y sus sectores presionan a la Asamblea”, en La Razón - 31/08/2006
disponible en http://web.archive.org/web/20071102165320/http://www.la-
razon.com/versiones/20060831_005650/nota_247_326721.htm
126
- “Podemos, UN y MAS avivan pugna política”, en Correo del Sur - 13/03/2006
disponible en
http://web.archive.org/web/20070809013743/http://correodelsur.net/2006/0613/w_e
special9.shtml
- “La necesidad de acuerdos”, en Correo del Sur- 18/08/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20080403005438/http://www.correodelsur.com/2006/08
18/reader.shtml?necesidad_acuerdos.htm
- “Autonomía es una consigna política de grupos ‘elitarios’ de Santa”, en Correo del
Sur- 10/06/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20070323163705/http://www.correodelsur.net/2006/061
0/w_especial9.shtml
- “Triunfalismos inoportunos”, en Los Tiempos - 6/07/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20060716042305/http://www.lostiempos.com/noticias/0
6-07-06/06_07_06_pv2.php
- “Media luna mide fuerzas con MAS y traba elección”, en Los Tiempos - 2/08/2006
disponible en
http://web.archive.org/web/20071114011338/http://www.lostiempos.com/noticias/0
2-08-06/02_08_06_nac10.php
- “Fracasa intento de elaborar reglamento para la Asamblea”, en Los Tiempos -
20/08/2006 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20060820/fracasa-intento-de-
elaborar-reglamento-para-la_18159_18159.html
127
Segundo acontecimiento
- “La cumbre de Sucre terminó sin resultados sobre los dos tercios”, en Correo del
Sur - 4/12/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20061206022832/http://correodelsur.com/2006/1204/rea
der.shtml?civicos.htm
- “Demanda de Capital plena divide a la bancada del MAS”, en Correo del Sur -
5/3/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20071218014031/http://correodelsur.com/2007/0305/rea
der.shtml?bancada.htm
- “Capitalidad será eje de definiciones”, en Correo del Sur - 15/5/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20080210023248/http://www.correodelsur.com/2007/05
15/reader.shtml?capitalidad.htm
- “La urgencia del diálogo”, en Los Tiempos - 3/12/2006 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20061203/la-urgencia-del-
dialogo_28004_28004.html
- “Gobierno rechaza posturas independentistas”, en - Los Tiempos - 10/12/2006
disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20061210/gobierno-rechaza-
posturas-independentistas_28627_28627.html
- “¿Plurinacionales o multiétnicos?”, en Los Tiempos - 11/03/2007 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20070311/plurinacionales
-o-multietnicos_5509_6039.html
- “El derecho a disentir”, en La Razón - 7/12/2006 disponible en
http://web.archive.org/web/20071203093949/http://www.la-
razon.com/Versiones/20061207_005748/nota_245_365503.htm
128
- “La Asamblea concluye que la gente ganó con su gira”, en La Razón – 6/04/2007
disponible en http://web.archive.org/web/20070618133926/http://www.la-
razon.com/versiones/20070406_005868/nota_247_411237.htm
- “El oficialismo impuso sus dos informes en Visión de país”, en La Razón -
21/06/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20070503055448/http://www.la-
razon.com/versiones/20070621_005944/nota_247_442867.htm
- “Junta Autonómica logra un pacto de asambleístas”, en El Deber - 18/06/2007
disponible en
http://web.archive.org/web/20070621045453/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-06-18/vernotanacional.php?id=1749
- “¿La autonomía departamental en riesgo?”, en El Deber - 15/03/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20070323215102/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-03-15/vernota.php?id=2437
- “El reto real para Bolivia”, en El Deber - 20/05/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20070630102146/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-05-20/vernota.php?id=3131
Tercer acontecimiento
- “Sucre en Ascuas”, en Los Tiempos - 1/09/2007 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20070901/sucre-en-
ascuas_17656_21010.html
- “Crece la insatisfacción y desconfianza en la Asamblea”, en Los Tiempos -
12/09/2007 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20070912/crece-la-
insatisfaccion-y-desconfianza-en-la_18457_22081.html
129
- “Diálogo entre Gobierno y Chuquisaca va al fracaso”, en Correo del Sur y Los
Tiempos - 03/09/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20071024180231/http://www.correodelsur.com./2007/09
03/ dialogo-entre-gobierno-y-chuquisaca-va-al-fracaso_17735_21119.html
- “Chuquisaca y La Paz radicalizan sus posiciones sobre capitalidad”, en Correo del
Sur -22/09/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20071218014031/http://correodelsur.com/2007/2209/ch
uquisaca-y-la-paz-radicalizan-sus-posiciones-sobre_19159_23042.html
- “El pecado original y la reproducción del poder”, en El Deber – 30/09/2007
disponible en
http://web.archive.org/web/20080411065817/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-09-30/vernotaopinion.php?id=070929215241
- “Mis sospechas…”, en El Deber – 30/09/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20080411065822/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-09-30/vernotaopinion.php?id=070929215258
- “La capitalidad deja a la Constituyente en estado de coma”, en La Razón –
25/09/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20070503055448/http://www.la-
razon.com/Versiones/20070925_006040/nota_247_484594.htm
- “El MAS desacata un fallo y pone en jaque al diálogo”, en La Razón – 27/09/2007
disponible en http://web.archive.org/web/20071015221817/http://www.la-
razon.com/versiones/20070927_006042/nota_247_485578.htm
130
Cuarto acontecimiento
- “Muertes no inmutan al gobierno”, en Los Tiempos- 12/09/2008 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20080912/muertes-no-
inmutan-al-gobierno_19610_25749.html
- “Independencia”, en Los Tiempos -12/09/2008 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20080912/independencia_
19623_25765.html
- “Mediación urgente para frenar la crisis”, en La Razón -12/09/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20080915020614/http://www.la-
razon.com/versiones/20080912_006393/nota_245_669524.htm
- “La Media Luna se hace de oficinas del Estado y se enciende la mecha”, en La
Razón 10/09/2008 disponible de
http://web.archive.org/web/20080912225804/http://www.la-
razon.com/versiones/20080910_006391/nota_244_668103.htm
- “Percepciones en torno a la crisis”, en Correo del Sur -13/09/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20080916003707/http://correodelsur.com/2008/0913/rea
der.shtml?percepciones.htm
- “Las dudas del diálogo”, en Correo del Sur -22/09/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20080925035529/http://www.correodelsur.com/2008/09
22/reader.shtml?dudas.htm
- “Baño de sangre”, en El Deber - 12/09/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20080914194731/http://www.eldeber.com.bo/vernotaah
ora.php?id=080912025512
131
- “Leopoldo va a la cárcel”, en El Deber 19/09/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20080913054851/http://www.eldeber.com.bo/nacional.p
hp
Quinto acontecimiento
- “Gobernarán con decretos”, Correo del Sur -18/01/2009 disponible en
http://web.archive.org/web/20090122151951/http://correodelsur.com/2009/0118/rea
der.shtml?decretos.htm
- “El voto ciudadano”, en Correo del Sur - 18/01/2009 disponible en
http://web.archive.org/web/20090122152109/http://correodelsur.com/2009/0118/rea
der.shtml?voto.htm
- “La Marcha por el Sí recibió, ayer, un No”, en Correo del Sur -18/01/2009
disponible en
http://web.archive.org/web/20090122193323/http://correodelsur.com/2009/0118/rea
der.shtml?marcha.htm
- “Los indígenas se movilizan para ejercer nuevos roles con la CPE”, en El Deber -
3/02/2009 disponible en
http://web.archive.org/web/20090207030412/http://www.eldeber.com.bo/2009/2009
-02-03/vernotanacional.php?id=090202224112
- “Evo convoca a los prefectos para hablar de autonomía”, en El Deber -31/12/2008
disponible en
http://web.archive.org/web/20090101201959/http://www.eldeber.com.bo/2008/2008
-12-31/vernotanacional.php?id=081231001103
- “Cívicos anuncian medidas de hecho para exigir respeto al voto por el No”, El
Deber -3/02/2009 disponible en
132
http://web.archive.org/web/20090207030417/http://www.eldeber.com.bo/2009/2009
-02-03/vernotanacional.php?id=090202224229
- “El MAS apuesta a la prórroga de la CNE”, en La Razón -16/12/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20081218223428/http://www.la-
razon.com/versiones/20081216_006488/nota_247_731405.htm
- “Costas y Marinkovik inician campaña puerta a puerta”, en La Razón -16/12/2008
disponible en http://web.archive.org/web/20081218194242/http://www.la-
razon.com/versiones/20081216_006488/nota_247_731408.htm
- “Cívicos apuntan al No en el campo”, en La Razón -16/12/2008 disponible en
http://web.archive.org/web/20081218194302/http://www.la-
razon.com/versiones/20081216_006488/nota_247_731413.htm
- “Congreso sesiona hoy en medio de amenazas”, en Los Tiempos -20/12/2008
disponible en
http://web.archive.org/web/20081223154206/http://www.lostiempos.com/noticias/2
0-12-08/20_12_08_nac6.php
- “Se aprueba la Constitución, pero con el rechazo de la Media Luna”, en Los
Tiempos -26/01/2009 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090126/se-aprueba-la-
constitucion-pero-con-el-rechazo-de-la-media_19422_30690.html
- “Anuncian difícil aplicación de CPE”, en Los Tiempos -26/01/2009 disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090126/anuncian-dificil-
aplicacion-de-cpe_19419_30684.html
133
Artículos complementarios
- “Alcaldesa acusa al Gobierno por la agresión; el Ejecutivo critica”, en El Deber –
12/09/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20080523171033/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-09-12/vernotanacional.php?id=070911233636
- “Una pluri-visión… sin país”, en El Deber - 12/06/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20070811210153/http://www.eldeber.com.bo/2007/2007
-06-14/vernota.php?id=3392
- “Chuquisaca ratifica demanda de Capital plena”, en Los Tiempos - 18/03/2007
disponible en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20070318/chuquisaca-
ratifica-demanda-de-capital-plena_6062_6630.html
- “Cívicos e instituciones reclaman posturas claras en torno a la demanda de retorno
de poderes", en Correo del Sur – 06/04/2007 disponible en
http://web.archive.org/web/20071130100047/http://www.correodelsur.com/2007/04
06/reader.shtml?retorno_poderes.htm
- Santiago O’Donnell: “Amistoso”, en Página/12 - 6/04/2008 disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-101950-2008-04-06.html
- “Los discursos de Evo”, en Página/12 - 30/01/2006 disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-62330-2006-01-30.html
- Ordoñez, Oscar y McDonnell, Patrick: “Bolivians feud over shifting capital”, en Los
Angeles Times y The Boston Globe - 07/08/2007. Traducción propia.
- “Sin tensión no hay revolución”, en Miradas al Sur, año 6, no. 267, domingo 30 de
junio de 2013. Disponible en http://sur.infonews.com/notas/sin-tension-no-hay-
revolucion
134
ANEXO 2
DOCUMENTOS ANALIZADOS