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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
ESCUELA DE POST-GRADO
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL
NECESIDAD DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA INSCRIPCIÓN
REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR,
AREQUIPA, ENERO – 2013
TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER:
RONNY ALBERTO LLERENA OVIEDO
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN DERECHO CIVIL
AREQUIPA – PERÚ
2013
Dedico esta obra a mi querida esposa Jessica
María, mis adorados hijos, Dara Anette, Luciana
Micaela, Ronny André y mi ansiado hijo por
nacer, a quienes les debo su paciencia y todo el
tiempo de mi labor; también a mis queridos
padres Estela y Zacarías(+), a quienes les
agradezco infinitamente por el aliento constante
que me brindan para seguir adelante.
“La incoherencia del Derecho no es otra cosa
que la traición al más importante de sus fines: el
logro de la convivencia social. Podremos tener
discusiones sin fin sobre qué es la justicia, pero
no nos cabe la menor duda de que un Derecho
incoherente es un Derecho injusto.”
Alfredo Bullard Gonzales
“Cuando el Derecho queda rezagado se
convierte en un estorbo en el camino hacia
alcanzar el bienestar común.”
Carlos A. Patrón Salinas
ÍNDICE
RESUMEN Pág. 009
SUMMARY Pág. 011
INTRODUCCIÓN Pág. 013
CAPÍTULO I
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS
1.- El Derecho Civil.- Pág. 017
2.- El Patrimonio.- Pág. 019
2.1.- Los Derechos Obligacionales.- Pág. 022
2.2.- Los Derechos Reales.- Pág. 025
3.- La Posesión.- Pág. 028
4.- La Propiedad.- Pág. 030
5.- Los Bienes.- Pág. 032
5.1.- Clasificación de los Bienes.- Pág. 034
5.2.- Las Cosas.- Pág. 037
5.3.- Las Cosas Muebles Determinadas.- Pág. 038
5.4.- Los Vehículos Automotores Registrados.- Pág. 040
CAPÍTULO II
LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR
1.- Sistemas de Transferencia Comparados.- Pág. 042
1.1.- Sistema Romano.- Pág. 042
1.2.- Sistema Francés.- Pág. 045
1.3.- Sistema Italiano.- Pág. 047
1.4.- Sistema Alemán.- Pág. 048
2.- Sistema de Transferencia Peruano.- Pág. 049
2.1.- Evolución de la Transferencia en el Perú.- Pág. 049
3.- La Transferencia de la Cosa Mueble Determinada - Vehículos.- Pág. 055
4.- El Título y el Modo.- Pág. 060
4.1.- La Obligación de Transferir.- Pág. 062
4.2.- La Tradición.- Pág. 069
5.- Diferencia entre Título Material y Título Formal.- Pág. 082
CAPÍTULO III
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR
1.- Sistemas de Registros Comparados.- Pág. 087
1.1.- Sistema Alemán.- Pág. 087
1.2.- Sistema Francés.- Pág. 088
1.3.- Sistema Español.- Pág. 090
1.4.- Sistema Australiano.- Pág. 092
2.- Clases de Registros.- Pág. 094
2.1.- Registro Declarativo.- Pág. 094
2.2.- Registro Constitutivo.- Pág. 095
3.- Evolución del Registro Peruano.- Pág. 096
4.- El Registro de la Propiedad Vehicular.- Pág. 110
4.1.- Obligatoriedad del Registro.- Pág. 114
4.2.- Intervención del Notario.- Pág. 125
4.3.- La Calificación e Inscripción Registral.- Pág. 133
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA
INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA VEHICULAR
1.- La Libertad de Contratación y los Costos de Transacción.- Pág. 137
2.- Posibilidad de Obligarse a Entregar ante más de un Acreedor.- Pág. 148
3.- Ineficiente Publicidad de las Transferencias de Propiedad Vehicular.-
Pág. 151
4.- Trascendencia del Registro de Propiedad Vehicular.- Pág. 155
5.- Evidente Necesidad del Registro en la Transferencia Vehicular.-Pág. 163
6.- Inscripción Vehicular Sin Título y Con Efecto Constitutivo.- Pág. 169
7.- Inexactitud del Registro de la Propiedad Vehicular.- Pág. 173
8.- Incertidumbre de la Entrega del Vehículo en la Inscripción Registral.-
Pág. 176
9.- Registro Vehicular de Títulos y No de la Propiedad.- Pág. 181
10.- Necesidad de la Inscripción Constitutiva en las Transferencias
Vehiculares.- Pág. 189
CONCLUSIONES Pág. 202
SUGERENCIAS Pág. 209
BIBLIOGRAFÍA Pág. 212
ANEXOS Pág. 224
RESUMEN
Los vehículos automotores registrados se encuentran contemplados en el
Código Civil bajo la clasificación de bienes muebles, corporales,
identificados, a los que la doctrina y el propio Código denomina cosas
muebles determinadas cuando se refiere a su transferencia. Así tenemos
que el artículo 947 señala que la transferencia de propiedad de una cosa
mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo
disposición legal diferente. De esta disposición se desprende que en tanto no
haya disposición legal diferente, para transferir un vehículo tiene que existir
un previo acuerdo de enajenación entre el transferente y el adquiriente para
luego cumplirlo con la respectiva entrega del vehículo, vale decir, tiene que
necesariamente verificarse el contrato y la tradición como título y modo.
El título está dado por una compraventa, permuta, donación u otro contrato
que establezca la obligación de las partes en la enajenación de un vehículo
y debe cumplir las condiciones de validez de todo acto jurídico, entre ellos la
manifestación de voluntad del titular. Asimismo, por su parte la tradición del
vehículo viene hacer otro acto sucesivo que perfecciona la transferencia
cuando se haya verificado sea física o jurídicamente, o sea a través de una
entrega efectiva o supuesta del bien en los casos señalados por el artículo
902 del Código Civil.
9
En ese contexto, nuestro sistema de transferencia vehicular ha optado por
publicitar erga omnes la propiedad a través de la entrega de la posesión
derivada del contrato al estilo del derecho romano, sin embargo tal publicidad
resulta ineficiente desde que se contempla otro sistema paralelo de
publicidad igualmente ineficiente como lo es el Registro de la Propiedad
Vehicular que al no ser constitutivo publicita muchas veces lo contrario a lo
que se constata en la realidad, enfrentado así a distintos titulares civiles y
registrales.
Ante esos conflictos generados por la propia norma que elevan los índices
judiciales al mantenerse dos sistemas de publicidad contradictorios,
finamente se prefiere al titular registral aun cuando quien haya transferido el
vehículo no haya tenido facultades para hacerlo, lo que significa que aun sin
título válido, el registro constituye la propiedad pese a ser solo declarativo,
así tenemos que el artículo 2014 del Código Civil consagra el principio de fe
pública registral por sobre la traditio del artículo 947, estableciendo que el
tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona
que en el registro aparece con facultadles para otorgarlo, mantiene su
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda
o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los
registros públicos.
Dicha situación normativa ambigua y contradictoria, en tanto se mantienen
los artículos 947 y 2014 vigentes y enfrentados, me ha llevado a plantear que
10
la entrega como forma de transferencia de los vehículos automotores
registrados ha quedado desfasada, y obedeciendo a la necesidad y realidad
socio económica del Perú, proponer convertir al Registro de Propiedad
Vehicular como modo constitutivo de derechos de propiedad a partir de la
respectiva inscripción de la transferencia del vehículo. Para ello se ha
analizado la problemática y se ha corroborado mi propuesta con la práctica
de encuestas a siete Notarios y siete Registradores de la Propiedad
Vehicular de Arequipa, obteniendo como respuesta mayoritaria la necesidad
de que la inscripción registral sea constitutiva en la transferencia de la
propiedad vehicular.
11
SUMMARY
Self-moving vehicles registered are considered in the Civil Code under the
classification of personal property, corporals, identified by what the doctrine
and the code itself names patrimony when they refer to their transference. So
that the article 947 points out that the transfer the property of a determined
patrimony is realized with the tradition to its creditor, except for a different
legal disposition. This disposal indicates if there is no different disposition to
transfer a vehicle, then in the transference has to exist a previous agreement
of assignment between the transferer and the purchaser in order to excecute
it with the respective deliver of the vehicle, that is to say, it must be necessary
verify the contract and the tradition as certificate and modo.
The charter is given by a buying and selling, barter, donation or another
contract that establish the obligation of the parts in the transference of a
vehicle and have to fulfil the conditions of validity of all juridical act, as the
willingly manifested of the oficial. In addition to the tradition of the vehicle as
too another act successive that perfection the transfer when it has been
verified as physical or juridically in a nutshell, through an efecctive deliver or
assumption of good in the cases indicated by the article 902 of Civil code.
In this context, our system of vehicular transfer has opted to publicate the
property through of the deliver of the possession derived from the contract
according to the Roman Law, however such publicity results ineficiency as
12
another parale systems of publicity such as the Register of the Vehicular
Property, besides, as it isn´t constitutive publicities many times the contrary to
the reality, confronting to differents titulars as civils and land registers.
In spite of the conflicts generated by two publicities systems contradictories,
at last, the register titular is preferred although he has transfered the vehicle
without that he had had faculties to do it, as a certificate invalid, the register
constitute of the property in spite of be declarative, for what the article 2014 of
the Civil code consecrate the principle of registral public faith, above the
tradittion of the article 947, stablishing that a third person with good faith
acquires some onerous certificate that maintains the acquisition once
registered, although it be annuled, rescided or resolved by the maker in virtue
of causes that they don´t reveal in the public register.
This situation is ambiguous and contradictory, meanwhile the articles 947 and
2014 are in life and confront, for what I have planed that the deliver as a way
of transfer of the sel-moving vehicles registered has been exempted in
according to the Peruvian social economic reality the propose is become to
the Register of Vehicular property as a way of constitutives dues since the
respective inscription of the transfer of the vehicle. For what the problematic
has been analysed and my propose has been corroborated with the practice
of inquiresto seven Public Notaries and seven Registers of Arequipa
Vehicular Property, obtaining as a majority answer the necessity of the
registral inscription be constitutive the transfer of the vehicular property.
13
INTRODUCCIÓN
No debemos escatimar que el Código Civil, es una de las normas más
importantes de nuestro ordenamiento jurídico, y eso es así en cada país,
pues esta norma es fuente de otras ramas que en un inicio formaron parte de
este cuerpo normativo y que dada su utilidad, después se debieron
independizar en normas especiales según cada necesidad, así tenemos en
el Derecho Comercial, el Código de Comercio, la Ley General de
Sociedades, la Ley de Minería, entre otras, que desde luego no dejan de ser
–al igual que el Código Civil- regulaciones del Derecho Privado.
Siendo pues el Código Civil un cuerpo normativo dedicado al Derecho
Privado, por ende debe tenerse en cuenta que este influye de manera muy
importante en las inversiones y el desarrollo de nuestra economía. De allí la
necesidad de que nuestro Código Civil se encuentre actualizado a la
vanguardia de los requerimientos de la modernidad.
Cada vez es más usual –por ejemplo- no solo utilizar la Internet y las
comunicaciones electrónicas para negociar y definir contratos, sino también
la vía telefónica, evidenciando que la tecnología es básica para obviar las
distancias y privilegiar la rapidez que hoy se necesitan en los contratos, que
por cierto cada vez se presentan más variados y novedosos.
En su momento, nuestro Código Civil de 1984, en comparación con el resto
14
de los ordenamientos jurídicos profundamente intervencionistas, reguladores
y arcaicos, fue aclamado por ser uno de los más liberales, y sin duda un
Código de avanzada; sin embargo, ahora acercándose a la base 30 con 29
años al rigor de una sociedad peruana que, después de la entrada en
vigencia del Código, ha sido influenciada por acontecimientos mundiales que
redundaron en revoluciones económicas y reformas normativas posteriores,
como la caída del Muro de Berlín y la promulgación de la Constitución de
1993, ponen en evidencia que el sentido liberal que se le dio al Código,
ahora ya no resulta ser suficiente, por lo que merece una adaptación acorde
a la sociedad moderna ante el peligro de quedar rezagado.
Así, ello se refleja –por ejemplo- en la contradicción con el artículo 62 de la
Constitución de 1993 que regula la santidad de los contratos, y el artículo
1355 del Código Civil de 1984 que permite la intervención estatal en los
contratos, máxime cuando nos encontramos en un nuevo contexto de
nuevas figuras contractuales, conocidas como contratos modernos.
Ello nos hace reflexionar que la libertad en la contratación se presenta como
una urgente necesidad que el legislador debe garantizar. Y para ello, como
lo sugiere Pizarro Aranguren, no es esencial que incorporemos en el Código
Civil todos los contratos frecuentemente utilizados, pues lo relevante es que
definamos los incentivos y funciones básicas de la contratación y luego la
dejemos a la libre autonomía de la voluntad de las partes, para que sean
estas quienes regulen los contratos que necesiten, con los límites y
15
características que la regulación conceptual y general debe tener.
Asimismo, acorde con esa nueva concepción liberal que es necesaria
implementar, también es importante re-direccionar el Código hacia una
tendencia simplista y simplificada evitando esquemas complejos o difíciles
de implementar, a los que Bullard Gonzales les llama costos de transacción
o costos de contratar, cuando señala que, estos costos dependen de
muchos factores, pero uno de los principales es la correcta o incorrecta
definición de titularidades o derechos de propiedad. Cuando estos derechos
no están bien definidos o son definidos de manera inapropiada, los costos de
contratar se incrementan. Con ello, habrá menos contratos o los contratos
que se celebren tendrán estructuras más complejas e ineficientes. El
resultado será menos transacciones o intercambios, o transacciones o
intercambios más caros, y a menos transacciones e intercambios, menor
producción y menos bienestar económico. El resultado final es que el Código
Civil afecta el nivel de bienestar que experimenta la población. Sin duda, el
Código Civil tiene un impacto en el Producto Bruto Interno del país.
En ese contexto, ponemos sobre el tapete el actual sistema de transferencia
de la propiedad que tiene nuestro Código Civil, especialmente el de las
cosas muebles determinadas, como es el caso de los vehículos automotores
registrados; inadecuado sistema de contratar sobre la propiedad que
además de restringir la libertad de los contratantes en la posibilidad de
prorrogar la entrega del bien, a todas luces no solo tolera, sino privilegia las
16
transacciones ocultas, por cuanto el artículo 947 del Código Civil señala que
se considera transferida la propiedad mueble con la entrega como necesaria
condición sine qua non, lo que desincentiva la publicidad registral y las
transacciones respectivamente, generando en consecuencia altos costos no
solo a los contratantes, sino a la sociedad en su conjunto, pues conlleva a
que ante la desinformación del Registro Público producto de la no
obligatoriedad de la inscripción, el pretensor de la propiedad vehicular tenga
que indagar por otros lares quienes tendrían algún derecho de propiedad
sobre el vehículo a adquirir, con las inexactitudes y los riesgos que ello
supone.
En ese orden de ideas, cabría preguntarse; a quién debiera proteger la ley;
¿al adquirente poseedor con título? o, ¿a quién hace público su derecho
como titular registral? Ese será el análisis que haremos en la presente obra,
con la finalidad de establecer la necesidad del carácter constitutivo de la
inscripción en la transferencia de la propiedad vehicular.
17
CAPÍTULO I
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS
1.- El Derecho Civil.-
Para el estudio de la transferencia vehicular materia de este trabajo,
consideramos importante establecer previamente la ubicación en el
Código Civil, del objeto de esas transferencias, como lo son los vehículos
automotores registrados, en tanto que siendo clasificados como bienes
muebles, su tratamiento legal empieza por el Código Civil como un
derecho patrimonial dentro del cual se ubica como un bien materia de los
derechos reales y de los derechos obligacionales, que tienen que ver con
la propiedad y la posesión.
Explica Gonzales Barrón1 que normalmente las instituciones jurídicas no
surgen en forma espontánea, ni por decisión iluminada de un legislador
específico. Por el contrario, las instituciones jurídicas generalmente
responden a una sentida necesidad social que requiere ser cubierta a
través de principios o normas de Derecho. Así pues, cuando los hombres
advierten que resulta imprescindible atribuir los bienes para aumentar la
producción y la riqueza, entonces surge la propiedad; igual, cuando se
advierte que los miembros de una sociedad no pueden abastecerse por sí
solos, entonces surge el contrato como herramienta jurídica destinada a
1 GONZALES BARRÓN, GUNTHER; ―Un Balance Prima Facie sobre la Nueva Ley del Notariado‖,
Separata de Estudio; S/A.
18
regular esas relaciones sociales de intercambio de bienes o servicios.
Siguiendo a Torres Vásquez2, explica que el Derecho regula conducta
humana social. El ser humano no puede ser fuera de la sociedad.
Consciente de su imperfección, para poder satisfacer sus múltiples
necesidades, vive relacionándose permanentemente con sus semejantes,
es decir, el ser humano no solamente vive sino fundamentalmente
convive, no solo existe sino coexiste. Al vínculo establecido entre dos o
más personas se le denomina relación social. De entre las variadísimas
relaciones sociales, algunas por su importancia para que la coexistencia
se lleve a cabo en armonía, con paz, seguridad y justicia, son reguladas
por el Derecho. A la relación social regulada por el Derecho se le
denomina relación jurídica.
Ahora bien, según la doctrina, el Derecho Civil, se puede definir en
términos generales, como el compendio de principios y normas jurídicas
que regulan las relaciones patrimoniales y vínculos subjetivos de las
personas, considerándolas como sujetos de derecho, o como aquel que
rige al ser humano como tal, sin consideración a sus actividades
peculiares (que dan lugar a otras ramas especializadas del Derecho, como
el mercantil o el laboral). Es el que regula sus relaciones con sus
semejantes y con el Estado, cuando este actúa en su carácter de simple
persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer
necesidades de carácter genéricamente humanas. En algunos sistemas
2 TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖; Tomo II, Pág. 13 y 14.
19
jurídicos se denomina Derecho Civil al conjunto de normas incluidas en un
Código civil.
2.- El Patrimonio.-
Como se ha podido apreciar en el concepto doctrinario de Derecho Civil,
se ha referido que el patrimonio viene a formar parte de las relaciones
jurídicas de las personas. En ese sentido, de manera didáctica, el maestro
Díaz Valdivia3 ubica el patrimonio dentro del Derecho Civil a partir de la
siguiente clasificación:
a) Derechos Civiles Extrapatrimoniales, que son inherentes o
consustanciales a la persona misma, se constituyen con el
nacimiento de la persona y se extinguen con su muerte, por lo que
carecen de valor económico, no son apreciables en dinero, y como
tales no pueden ser transferidos ni ser objeto de cambio. Palacio
Pimental4 señala que son derechos incesibles, no negociables,
tales como los denominados atributos de la personalidad. Entre
ellos tenemos los derechos al nombre, el estado civil, la filiación, la
capacidad civil, etc.
b) Derechos Civiles Patrimoniales, que trata propiamente de los
bienes, derechos y obligaciones, que integran el patrimonio de una
persona, por lo que se les puede dar significación pecuniaria y
hacer objeto de transferencia o de cambio, a fin de cumplir su
3 DIAZ VALDIVIA, HECTOR; ―Derechos Reales‖; Pág. 9 y 11.
4 PALACIO PIMENTEL, GUSTAVO; ―Compendio de Derecho Civil Peruano‖; Pág. 19.
20
finalidad de satisfacer las necesidades humanas. Palacio Pimentel5
indica que, son los que contrariamente a los anteriores, son
valuables en dinero, cesibles y negociables.
c) Derechos Civiles Mixtos, porque tienen elementos o caracteres
tanto de los derechos civiles extrapatrimoniales como de los
patrimoniales, y son los que corresponden a la familia, que por
naturaleza especial, dan lugar a relaciones personales y también
económicas, que estudia el Derecho de Familia.
Agrega Díaz Valdivia6 que a su vez, los Derechos Civiles Patrimoniales, se
desdoblan en tres categorías:
a) Derechos Reales;
b) Derechos de Obligación; y
c) Derechos de Sucesión.
Los primeros, esto es, los Derechos Reales, son aquellos que recaen
sobre las cosas, y que se traducen en la potestad o facultades que la
persona ejerce sobre estas últimas con una finalidad económica
determinada, tales como los derechos de propiedad, posesión, etc. En
tanto que los Derechos de Obligación son los que recaen sobre las
personas, y que se traducen en las facultades que unas adquieren, como
consecuencia de un convenio o por ministerio de la ley, de exigir o
conseguir que otras cumplan con alguna prestación o servicio, como en el
5 PALACIO PIMENTEL, GUSTAVO; ―Compendio de Derecho Civil Peruano‖; Pág. 19.
6 DIAZ VALDIVIA, HECTOR; Op. Cit. Pág. 9.
21
caso del mutuo en que el acreedor adquiere la potestad de demandar al
deudor la devolución del dinero prestado. Y los Derechos de Sucesión son
los que tienen que ver con el destino del patrimonio con motivo de la
muerte de su titular, estableciendo las reglas para su transmisión a favor
de las personas llamadas a suceder al finado.
Tratando de definir el patrimonio, el profesor Díaz Valdivia7, de primera
intención, nos dice que consiste en el conjunto de bienes y obligaciones
que tiene toda persona. De modo que el patrimonio de las personas está
constituido no solo por lo que tiene valor pecuniario y beneficia a su titular,
que son los bienes; sino también por todo lo que afecta y grava ese
conjunto de bienes, como es el caso de las deudas y obligaciones. O sea
que el patrimonio se desdobla en dos partes; la primera viene a ser el
activo, que lo integran los bienes, y la segunda, está representada por el
pasivo, que son las obligaciones.
Siguiendo al profesor Díaz Valdivia8, podemos afirmar que entre sus
caracteres más importantes del patrimonio teniendo en cuenta el criterio
moderno, se pueden mencionar:
a) El patrimonio implica un contenido económico, que está constituido
por un conjunto o por una diversidad de bienes corporales e
incorporales, cargas y obligaciones, esto es, por un activo y un
pasivo, los que conforman una totalidad jurídica, en la que pueden
7 DIAZ VALDIVIA, HECTOR; Op Cit.; Pág. 10.
8 DIAZ VALDIVIA, HECTOR; Op Cit.; Pág. 11.
22
estar comprendidos derechos reales sobre bienes propios o ajenos,
derechos de crédito, etc.
b) El patrimonio, como consecuencia de su contenido económico, es
fundamentalmente transferible, única forma de que los bienes,
derechos y obligaciones, que lo integran, cumplan su finalidad de
hacer posible la satisfacción de las necesidades del hombre, para
cuyo objeto tiene que estar en la actividad económica de la
circulación y el cambio, y ser susceptibles de cotización en dinero.
Por esto, no forman parte del patrimonio todos aquellos derechos
inherentes o consustanciales a la persona, por ser indesligables del
sujeto del derecho, carecen de valor económico y de posibilidad de
cambio, con los derechos de la persona.
Por consiguiente, concluimos que los bienes (cosas y derechos),
conjuntamente con las deudas, forman el patrimonio de un sujeto de
derecho.
2.1.- Los Derechos Obligacionales.-
Barchi Velaochaga9señala que la relación obligatoria es una relación
jurídica intersubjetiva de contenido patrimonial. La relación obligatoria
constituye un cauce para que las personas puedan realizar entre
ellas actividades de cooperación social. Más concretamente se trata
de aquella colaboración o cooperación social que se lleva a cabo
mediante el intercambio de bienes y servicios de naturaleza
9 BARCHI VELAOCHAGA, LUCIANO; ―Código Civil Comentado‖, Pág. 24.
23
económica.
Más adelante agrega Barchi Velaochaga10 que el Derecho, a través
del Derecho de Obligaciones (y de manera más amplia el Derecho de
Contratos), tiene como función asegurar que estos intercambios se
realicen.
Parafraseando a Torres Vásquez11, toda relación jurídica se crea en
concreto (en la vida real) entre dos sujetos (o partes o agentes) a los
cuales una norma jurídica atribuye a uno un derecho e impone al otro
un correlativo deber. Del mismo modo, toda relación jurídica tiene por
objeto una prestación que consiste en la conducta o comportamiento
que debe observar el sujeto del deber frente al sujeto del derecho.
Toda conducta humana se reduce a un hacer o a un no hacer (el dar
es también un hacer); el sujeto del deber, debe hacer o no hacer algo
para satisfacer el interés del sujeto del derecho. Sin embargo, por
razones prácticas y por tradición se habla de prestaciones de dar,
prestaciones de hacer y prestaciones de no hacer. Las prestaciones
puede estar a cargo de una sola de las partes o pueden ser
recíprocas, caso en el cual cada sujeto es deudor y acreedor a la vez
del otro.
A la relación jurídica de naturaleza patrimonial se le denomina
relación obligacional o simplemente obligación. En la relación
10
BARCHI VELAOCHAGA, LUCIANO; Op. Cit. Pág. 24. 11
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit.
24
obligacional, al sujeto del derecho se le llama acreedor y al del deber
se le denomina deudor; en cada obligación en particular, estos
sujetos toman nombres distintos: vendedor, comprador; arrendador,
arrendatario; suministrante, suministrado; etc. Luego, la obligación es
el vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor. Por razón de este
vínculo jurídico, el deudor debe ejecutar una prestación pecuniaria de
dar, hacer o no hacer, a favor del acreedor.
Estos derechos personales o de crédito, se rigen por el principio de la
autonomía de la voluntad privada, es decir que por medio del acto
jurídico se pueden crear una gama indefinida de relaciones
obligatorias o de crédito, además de las nominadas en la ley, como
son la venta, el arrendamiento, comodato, suministro, donación, etc.,
respetando –claro está- las normas imperativas, el orden público y
las buenas costumbres; por ello las relaciones obligatorias
constituyen un numerus apertus.
Víctor Cadenas12 lo sintetiza señalando que las relaciones jurídicas
cuando se constituyen a partir de obligaciones, como por ejemplo la
obligación de dar una determinada cosa a cambio de pagar su
precio, puede ocurrir que dicho pago se haga a futuro, de este modo
surge el crédito. Con el crédito nace el riesgo, en razón de que el
acreedor, no tiene la seguridad absoluta que el deudor cumpla con
pagar la obligación.
12
CADENAS, VICTOR RAÚL; ―Derechos Reales de Garantía‖; Revista El Derecho; Pág. 69.
25
2.2.- Los Derechos Reales.-
Los Derechos Reales, en cambio, generan una relación jurídica entre
el sujeto y la cosa, es susceptible de ser ejercido directa e
indirectamente por su titular, o sea por sí mismo o por intermedio de
otra persona, siendo oponible a todos, erga omnes. Luego, si los
Derechos Reales son aquellos poderes jurídicos susceptibles de
ejercerse directamente sobre las cosas, sin que haya necesidad de la
intervención de un sujeto pasivo individualmente considerado, contra
quien puedan dirigirse dichos poderes, quiere decir que como
consecuencia de su constitución, crean o generan una relación
directa e inmediata entre la persona y la cosa, en la que intervienen,
consecuentemente, solo dos elementos, el sujeto activo titular del
derecho, y la cosa u objeto de la relación.
Siguiendo a Torres Vásquez13, los derechos reales están regulados
por el principio de legalidad o numerus clausus, según el cual estos
derechos están determinados en la ley no pudiendo crearse nuevos.
Estas figuras típicas están reguladas en el Código Civil como la
posesión, propiedad, copropiedad, usufructo, uso, habitación,
servidumbre, superficie, prenda, hipoteca, anticresis, retención, así
como en otras leyes especiales, el warrant en la Ley de título valores,
y la multipropiedad en el Decreto Legislativo 706. Vale decir, solo por
ley y no por voluntad privada de las partes pueden crearse los
13
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit.; Pág. 778.
26
derechos reales. Ello es así, en tanto que basados en el orden
público y estabilidad jurídica, lo que se busca es evitar que los
derechos reales se ejerzan en contra del interés común, que se
creen vinculaciones que impidan la circulación de los bienes sin que
se genere riqueza, o se retorne al feudalismo.
Los derechos reales y los de crédito están vinculados entre sí. Así,
una compraventa o un anticipo de herencia, son previos a la
adquisición de la propiedad. Hay derechos reales que nacen como
accesorios de una relación de crédito para garantizar el pago de una
deuda, v.gr., la hipoteca, la prenda. Además, tanto el uno como el
otro son derechos de naturaleza económica que integran el
patrimonio de un sujeto, pero a pesar de ello son derechos distintos,
por lo que a continuación señalo algunos de sus caracteres
diferenciadores que creo son los básicos y concordantes en los
doctrinarios14.
a. El derecho real implica el poder sobre la cosa, mientras que el
derecho de crédito, un poder o facultad contra la persona del
deudor, para exigirle una prestación de hacer o no hacer.
b. El derecho real toma su configuración de la ley y obedece al
principio de orden público. En el derecho de obligación en
cambio rige el principio de autonomía de la voluntad.
14
Resumido del texto de TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit. Pág. 780 y ss.
27
c. Los derechos reales precisan de título y modo. Los derechos
de obligación nacen simplemente del contrato o título. No son
susceptibles de usucapión.
La diferencia de los derechos reales y derechos personales es un
tema que tiene vinculación con la transferencia vehicular, en tanto
que para dicho efecto deben haber dos presupuestos básicos, el
título de donde emana la obligación de enajenar como derecho
personal u obligacional, y el modo que se efectiviza con la entrega
del vehículo, lo que considero tiene dos efectos, el haber satisfecho
la obligación al acreedor, y la generación de un derecho real sobre el
vehículo, con lo cual se consagra la transferencia de la propiedad.
En la transferencia vehicular, intervienen estos dos derechos,
primero el derecho obligacional, personal o de crédito que viene a ser
el acuerdo o contrato de compraventa, permuta, donación u otro bajo
cuyo título las partes se obligan a la transferencia, básicamente el
transferente (tradens)a entregar el bien y el adquirente (accipiens) a
pagar su precio. Estos contratos están basados en la autonomía de
la voluntad privada y constituye una relación jurídica obligacional
entre las partes, en virtud de la cual ambos tienen las calidades de
deudor y acreedor recíprocamente uno respecto del otro; el
transferente deberá la entrega del bien al adquirente, y este último
deberá justipreciar el valor del bien al transferente.
28
En segundo término, interviene el derecho real cuando a propósito
del cumplimiento de esas obligaciones, se hace efectiva la entrega el
vehículo transferido, en cuyo supuesto el adquirente obtiene un
derecho real sobre la cosa, es decir, al inicio este adquirente tiene un
derecho a una prestación a cargo de la persona del transferente, y
después con la entrega, nace recién el derecho sobre la cosa.
Para la transferencia vehicular en tanto se trata de cosas muebles
determinadas, la norma diferencia entre la celebración de una
relación obligacional previa consistente en la enajenación (título), y el
cumplimiento de esa obligación con la entrega del bien (modo).
Distinta es la hipótesis de la transferencia de los inmuebles, para los
que el legislador ha previsto dotar de efectos reales, es decir la
constitución de derechos sobre la cosa, desde el momento del
acuerdo de las partes.
3.- La Posesión.-
El artículo 896 del Código Civil prescribe: “La posesión es el ejercicio de
hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”.
Arias Schreiber Pezet15, luego de analizar varias definiciones de autores,
nos da un concepto propio acorde con la regulación del Código Civil de
1984, señalando que la posesión importa un poder jurídicamente
15
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖, Tomo IV; Pág. 99.
29
reconocido y protegido por la ley, que al objetivarse en una situación de
hecho, permite la realización de una o más facultades inherentes al
derecho de propiedad, en beneficio de un sujeto y sobre un bien.
Torres Vásquez16 señala que pueden ser sujetos de la posesión las
personas naturales o jurídicas. Son objeto de la posesión los bienes.
Según Planiol y Ripert17, la posesión es un poder de hecho que se ejerce
sobre un bien, usándolo y disfrutándolo, poder que está reconocido y
protegido por el derecho con prescindencia de si tenga o no derecho a
ella.
La posesión es un derecho real temporal o provisional, en contraposición
al derecho de propiedad que es definitivo. El derecho no protege a quien
demuestra que tiene derecho a poseer sino a quien posee, evitando así
que quien tiene derecho a la posesión haga justicia por mano propia. Ello
quiere decir que ante un propietario (titular con derecho a poseer), es
posible que un usurpador o ladrón (poseedor no titular) esté protegido por
el derecho de manera provisional, obligando de esa manera al propietario
a tener que recurrir a la vía judicial, a fin de hacer prevalecer su derecho,
en cuyo caso el poseedor tendrá que acatar, por ello se indica que el
poseedor solo tiene un derecho temporal destinado a ser doblegado por el
derecho superior del titular del bien.
16
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit.; Pág. 844. 17
PLANIOL Y RIPERT, en Tratado Práctico de Derecho Civil, Tomo III Pág. 145. Citado por TORRES
VÁSQUEZ, ANIBAL; Código Civil, Tomo I, Pág. 844.
30
Para Savigny18 la posesión busca proscribir la violencia entre privados que
debaten sobre el derecho a poseer los bienes, por ello hay que proteger a
quien tiene los bienes en su poder mientras los jueces resuelven sobre el
mejor derecho.
En ese sentido, Torres Vásquez19 afirma que la protección de la posesión
del titular es definitiva, mientras que la tutela de la posesión del no titular
es provisional, porque está destinada a ceder ante el derecho del titular
declarado judicialmente. En efecto, la posesión puede ser con título,
posesión como derecho, por ejemplo, la posesión del propietario,
usufructuario, arrendatario, acreedor prendario, etc., o sin título, posesión
como hecho, v.gr., la posesión del usurpador, del ladrón, del que
encuentra un bien extraviado o cuando el título que tenía el poseedor ha
fenecido por vencimiento del plazo, o por haber sido declarado nulo,
resuelto, rescindido, etc.
4.- La Propiedad.-
El artículo 923 del Código Civil establece: “La propiedad es el poder
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.
Poder jurídico es la potestad amparada por el sistema legal para cambiar
una situación jurídica preexistente, una realidad. Ello aplicado a la 18
SAVIGNY; citado por MEJORADA CHAUCA, MARTÍN; ―Oponibilidad Posesoria en la Retención‖;
Revista Actualidad Jurídica; Pág. 39. 19
TORRES VÁSQUEZ, Op Cit. Pág. 845.
31
propiedad serían los atributos reconocidos por la ley a un sujeto para que
pueda usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien.
La propiedad es el derecho real por excelencia que una persona tiene
sobre un bien, en virtud del cual puede ejercer el más amplio poder de
goce, es decir, encierra todas las facultades que es posible tener sobre un
bien, como usar, disfrutar, disponer, reivindicar y todo poder de utilización,
dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico20.
En ese sentido, se entiende por usar, la posibilidad de utilizar o servirse
del bien. Disfrutar, es el aprovechamiento de los frutos. Disponer, incluye
la cesión, la destrucción. Reivindicar, que significa recuperar la posesión.
Al respecto, comenta Héctor Díaz Valdivia21, la gran diferencia entre el
criterio clásico y el moderno de la propiedad, radica en la manera de
ejercer las citadas facultades que conlleva el derecho de propiedad,
puesto que ya no es posible el ejercicio del derecho de propiedad con los
caracteres del derecho absoluto, inviolable y exclusivo, que tuvo en Roma
y con la Revolución Francesa, sino con las limitaciones y restricciones que
la ley impone cada vez más en defensa de los intereses de la sociedad, a
tal punto que se teme que la propiedad está condenada a desaparecer,
por lo menos en su forma privada.
20
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖, Tomo I, Pág. 890. 21
DÍAZ VALDIVIA, HECTOR, ―Derechos Reales‖, Pág. 105.
32
Según Zenati22, la exclusividad protege al propietario contra los terceros.
Le otorga poder de exclusión. Como tal, la propiedad debe ser analizada
como una relación entre sujetos, y no entre una persona y una cosa.
Luego, Arias Schreiber Pezet, comparte esta opinión, pues indica que no
se admite ontológicamente la existencia de una relación entre la persona y
la cosa.
Son objetos del derecho de propiedad los bienes muebles e inmuebles,
materiales o inmateriales, en todo elemento de fortuna o de riqueza
susceptible de apropiación en provecho de un individuo o de una
colectividad23. Se excluyen los bienes de dominio público.
5.- Los Bienes.-
En palabras de Torres Vásquez24, bien (del latín bene), como objeto del
derecho real, es todo objeto corporal (material) o incorporal (inmaterial)
susceptibles de valor económico, del cual se puede servir el ser humano
para la satisfacción de sus necesidades.
En efecto, se trata entonces del objeto del derecho real, empero
excluyendo aquellos que no tienen ningún beneficio o aprovechamiento
para el ser humano, así tenemos por ejemplo las nubes, los cometas, el
aire, la luz solar, en tanto si bien pueden ser necesarios para los humanos,
22
ZENATI; citado por ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖,
Tomo IV; Pág. 184. 23
PLANIOL Y RIPERT, en ―Tratado Práctico del Derecho Civil‖, Tomo III, Pág. 59; citado por TORRES
VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖, Tomo I, Pág. 890. 24
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit. Pág. 784.
33
existe en tanta abundancia que no es susceptible de apropiación y por
ende está lejos de que derive en un conflicto de intereses.
Este concepto de bienes generalizado en la doctrina, no debe ser acogido
de modo rígido, pues de acuerdo a las circunstancias, como el avance de
la tecnología y la ciencia, es posible que más adelante la luna pueda ser
objeto de propiedad para lo cual tendría que ser catalogada como bien. Lo
mismo acurre con el aire, que de manera circunstancial puede ser
apropiada y considerarse un bien, si se almacena en depósitos adecuados
que permitan su utilización en ciertas situaciones de necesidad humana,
como por ejemplo en las operaciones submarinas.
Del mismo modo, es de resaltar que los bienes pueden ser corporales o
incorporales, vale decir, que pueden ser objetos materiales como las
casas y animales, u objetos inmateriales como los derechos de autor,
considerando siempre que estos deben ser susceptibles de tener valor
económico y servir para la satisfacción de necesidades humanas.
A decir de Avendaño Arana25, los bienes son el objeto de los derechos
reales. Bien es toda entidad material o inmaterial, que es tomada en
consideración por la ley, en cuanto constituye o puede constituir objeto de
relaciones jurídicas.
Las cosas en términos jurídicos, son los objetos materiales de valor
económico que son susceptibles de ser apropiados, transferidos en el
25
AVENDAÑO ARANA, FRANCISCO; ―Código Civil Comentado‖; Tomo V; Pág. 36.
34
mercado y utilizados por las personas con la finalidad de satisfacer
necesidades. El concepto de bien es más amplio; comprende a las cosas
(bienes corporales) y a los derechos (bienes inmateriales). Este es el
sentido de bien que utiliza el Código Civil, no obstante, en el ámbito de los
derechos reales, el Código se limita a regular los bienes materiales o
corpóreos, dejando a la ley especial las propiedades incorporales, como
son el derecho autor, marcas, patentes, etc. en los que tiene competencia
administrativa el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI.
Considerando lo expuesto y para efecto de nuestro trabajo, un vehículo
automotor viene a ser una cosa, objeto corporal o material que tiene una
utilidad humana y un valor económico, de allí que precisamente
trataremos el modo de su trasferencia en el mercado, constituyendo
además una clasificación de bien atendiendo a su carácter de movilidad
en contraposición de los bienes inmuebles. En ese sentido, el artículo 947
del Código Civil se refiere expresamente a la cosa mueble, aludiendo
como cosa a los bienes materiales o corporales en su condición de
mueble.
5.1.- Clasificación de los Bienes.-
Atendiendo a la finalidad del presente trabajo, se hará mención de
las clasificaciones solo por la naturaleza, a manera de ilustración y
ubicación del tema, dejando constancia que existen otras
clasificaciones doctrinarias de acuerdo a la perspectiva que se le
35
puede dar a los bienes, así tenemos: corporales e incorporales,
muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no
consumibles, presentes y futuros, identificables y no identificables,
divisibles e indivisibles26. No obstante, es menester indicar que
nuestro Código Civil no toma en consideración clasificación alguna
referida a bienes registrables y no registrables o registrados y no
registrados.
a) Corporales e incorporales.- Son corporales los bienes que
tienen una sustancia apreciable por los sentidos, en tanto que
incorporales, o inmateriales, se refiere a las concepciones de
la inteligencia, que carecen de existencia material, por lo que
no son aprehensibles por los sentidos.
b) Consumibles y no consumibles.- Son consumibles los que
desaparecen o se destruyen con el primer uso, como el caso
de los alimentos. En cambio, no son consumibles los bienes
de utilización duradera, como los bienes de capital.
c) Fungibles y no fungibles.- Son fungibles aquellos que pueden
ser sustituidos con otros equivalentes en el cumplimiento de
una obligación, en razón de que por corresponder a la misma
especie tienen igual poder cancelatorio, siendo indiferente
para el acreedor uno u otro bien con tal que sean del mismo
género y especie. La fungibilidad solo es posible en las
obligaciones de dar cosas genéricas, que se determinan por
26
DIAZ VALDIVIA, HECTOR; Op. Cit. Pág. 35 – 38.
36
su medida, peso o número. De modo que dicha posibilidad no
es posible en las obligaciones de dar cosas o bienes ciertos,
puesto que se trata de bienes inconfundibles, que no pueden
ser sustituidos o reemplazados por otros bienes por no ser
semejantes, los que vienen a constituir precisamente los
denominados bienes no fungibles.
d) Divisibles e indivisibles.- Son divisibles los que pueden ser
fraccionados sin que con ello se altere su sustancia,
importancia ni utilidad, ya que las pates resultantes de la
división tienen el mismo o proporcional valor y utilidad, como
la subdivisión de una finca, el vino. En cambio, son indivisibles
los bienes que no pueden ser fraccionados, so pena de que
con el fraccionamiento pierdan su valor y utilidad, como una
obra de arte, una máquina un animal vivo, etc.
e) Presentes y futuros.- Son presentes los que tienen existencia
real, actual y efectiva, en tanto que los futuros son aquellos
que aun no tienen esa existencia real, pero que son
susceptibles de tenerla en un futuro próximo, por eso al igual
que los presentes, pueden ser materia de contratación
siempre que sean determinables.
f) Identificables y no identificables.- Son identificables aquellos
que pueden ser fácilmente determinados, precisados y
diferenciados de los demás, lo que permite en un momento
dado perseguirlos y localizarlos, lo que no sucede con los no
37
identificables, que se confunden con los demás de su género y
especie, que para determinarlos hay que pesarlos y medirlos.
g) Muebles e inmuebles.- Se funda en el arraigo o no de los
bienes al suelo. Los inmuebles no pueden ser transportados
de un lugar a otro, so pena que pierdan su fisonomía,
individualidad y utilidad, en tanto que los muebles son aquellos
bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro, sin que
pierdan su individualidad, utilidad y valor, o sea que se
caracterizan por su movilidad.
5.2.- Las Cosas.-
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española27,
Cosa, en Derecho, es el objeto material, en oposición a los derechos
creados sobre él y a las prestaciones personales. Torres Vásquez28,
agrega que de acuerdo con esta concepción toda cosa es un bien,
pero no todo bien es cosa. Cosas son solamente los objetos
materiales susceptibles de tener un valor económico. En cambio,
bienes son todos los objetos materiales (las casas, los animales) e
inmateriales (los créditos, los derechos de autor) susceptibles de
tener valor económico, que sirven para satisfacer las necesidades
humanas.
27
El Diccionario de la lengua española es el diccionario normativo del idioma español o castellano editado y
elaborado por la Real Academia Española. Su primera edición data de 1780, y la más reciente es la 22.ª
edición de 2001. Wikipedia. 28
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖, Tomo I, Sétima Edición, Pág. 784.
38
En ese orden de ideas, las cosas vienen a ser bienes corporales
como resultado de la clasificación de los bienes en corporales e
incorporales. Y este es el sentido que sigue nuestro Código Civil de
1984, en su artículo 947, se refiere a la transferencia de cosas
muebles determinables, vale decir, bienes corpóreos.
5.3.- Las Cosas Muebles Determinadas.-
Las cosas muebles responden a la clasificación de los bienes por su
arraigo o no en suelo29, y a la naturaleza de su movilidad. En ese
sentido, se dice que los bienes muebles son aquellos que se
caracterizan por su movilidad y transportabilidad, puesto que pueden
ser trasladados de un lugar a otro, sin que con ello pierdan su
individualidad, utilidad y valor.
Las cosas determinadas, responde a la clasificación de bienes en
identificables y no identificables, pues los primeros pueden ser
individualizados por presentar características que los diferencian de
los demás. En cambio, los no identificables, no pueden ser
individualizados por no tener características especiales a las de sus
semejantes, como un grano de trigo.
Las cosas muebles determinadas o también llamados matriculados,
son aquellos que son identificables y que por tanto son susceptibles
de inscripción en los registros que existan para el efecto, como por
29
Expresión tomada del Dr. HECTOR DÍAZ VALDIVIA, Op. Cit. Pág. 38.
39
ejemplo un vehículo automotor, tiene marca, modelo, número de
serie, motor, etc.
Barchi Velaochaga30 explica que las relaciones obligatorias con
prestación de dar bien cierto son aquellas en las cuales el bien
debido ha sido especificado en su identidad (ejemplo: Primus se
obliga frente a Secundus a entregar el automóvil Toyota Yaris, con
placa N° AB-1359).
El artículo 947 del Código Civil de 1984 prescribe, la transferencia de
propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la
tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente. Como se
puede apreciar, en cuanto a la transferencia de la propiedad de
cosas muebles, estas deben ser determinadas, vale decir, dicho
dispositivo se refiere a bienes materiales identificables que pueden o
no ser inscritos en los registros públicos. Ello quiere decir que
aquellos bienes que no tienen tal condición de determinados, el
deudor puede entregar otros que no necesariamente sean los del
contrato, como por ejemplo 10 kilogramos de arroz o un litro de
vino31, no obstante deberá especificarse la calidad. Empero si la
obligación de transferir se refiere a cosas muebles determinadas
como un vehículo automotor registrado, entonces la entrega deberá
ser no otra cosa más que el mismo vehículo identificado.
30
BARCHI VELAOCHAGA, LUCIANO; ―Código Civil Comentado‖, Pág. 25. 31
Ejemplo tomado de TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit.
40
5.4.- Los Vehículos Automotores Registrados.-
El artículo 886 del Código Civil de 1984, hace la enumeración de los
bienes muebles, aunque según lo establece el inciso 10 de este
artículo se podría decir que corresponden a esta clase todos los
demás bienes que no están enumerados como inmuebles por el
artículo 885 del citado Código Civil de 1984.
El numeral 1 del mencionado artículo 886, señala como mueble a los
vehículos terrestres de cualquier clase. Aunque estos muebles están
comprendidos dentro de la fórmula general del inciso 9, de que son
muebles todos los demás que puedan llevarse de un lugar a otro,
parece que el legislador ha querido particularizar a los vehículos
terrestres de cualquier clase, en contraposición a los vehículos que
no son terrestres, como el caso de las naves y aeronaves, que antes
estaban incorporados al régimen legal de los inmuebles, pero que a
propósito de la Ley de la Garantía Mobiliaria32, estos bienes han
pasado a ser considerados como muebles obedeciendo a su
naturaleza movible.
Este supuesto genérico comprende a toda clase de vehículos
terrestres, independientemente del material de su construcción o
forma de propulsión, así tenemos dentro de este dispositivo, a las
bicicletas o los automóviles, entre otros.
32
Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley N° 28677.
41
Como quiera que nuestro trabajo se circunscribe a los vehículos
automotores registrados, me referiré a todo vehículo que para
circular requiera un conductor con licencia33 y que deban estar
inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular34, ya que estos deben
ser inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que forma parte
del Registro de Bienes Muebles a cargo de los órganos
desconcentrados de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP creada por Ley N° 26366.
33
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181, en su artículo 33.1, señala que:
―Todo vehículo que para circular requiera un conductor con licencia de conducir debe inscribirse en
el Registro de Propiedad Vehicular, salvo disposición contraria prevista en la ley. Dicho registro
expide una tarjeta de identificación vehicular que consigna las características y especificaciones
técnicas del vehículo‖. 34
El Código de Tránsito, Decreto Supremo 016-2009-MTC, en su artículo 259 señala: ―Los vehículos
motorizados para circular en una vía púbica deben estar inscritos en el Registro de Propiedad vehicular de
acuerdo a las normas legales vigentes‖.
42
CAPÍTULO II
LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR
1.- Sistemas de Transferencia Comparados.-
Seguidamente trataremos los sistemas de transferencia de la propiedad
que más han resaltado en la legislación comparada, especialmente
aquellos derechos como el romano y el francés que han tenido una directa
influencia en nuestros Códigos Civiles desde 1852, pasando por el de
1936 e incluso en el vigente de 1984.
1.1.- Sistema Romano35.-
En el derecho romano, la transmisión de la propiedad no operaba
con el solo consentimiento. Para que la propiedad sea transferida
tenía que darse la mancipatio, la traditio y la in jure cessio, a las que
habría de agregar la usucapio.
La mancipatio fue un acto ritual que se llevaba a cabo ante cinco
testigos y el libripiens que era una persona que sostenía una balanza
y actuaba como pesador, ante quien el adquirente (mancipio
accipiens) sujetando un trozo de cobre, afirmaba que la cosa le
pertenecía pagando su precio con el cobre. Esta forma de
adquisición denominada mancipatio fue abolida por Justiniano36.
35
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013. 36
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖ ; Pág. 12.
43
La traditio (tradición, entrega) fue el modo de adquisición de un bien
en posesión, uso o en propiedad; además de ser el mecanismo de
perfeccionamiento de los contratos reales como el depósito,
comodato y constitución en prenda. Respondía a la necesidad de dar
publicidad a la transferencia del derecho.
La voluntad de las partes perfeccionaba el contrato, pero no creaba
el derecho real de propiedad u otro derecho real, para ello se
requería de la traditio tanto para los muebles como para los
inmuebles. La transferencia de la propiedad estaba acompañada de
la transmisión de la posesión. El contrato era fuente de obligaciones,
pero no podía tener efectos reales como es la transferencia de
propiedad, la cual se producía con la traditio. La entrega era material,
de modo que si la cosa era mueble tenía que pasar de una a otra
mano, y si era inmueble, el accipiens tenía que entrar en el predio.
En otros términos, la adquisición del derecho de propiedad y demás
derechos reales requería de la aprehensio (aprehensión) material de
la cosa.
En el derecho romano además de la entrega material se admitieron
supuestos de tradición ficta o llamada también espiritualizada, que
tenían los mismos efectos que la entrega material, como la traditio
longa manu, la traditio brevi manu y la constitum possessorium. En el
primer caso, la traditio longa manu, no era necesario que el
adquirente recorriera todo el predio, pues bastaba que pusiera un pie
44
en el lindero o que el enajenante se lo mostrara desde una parte alta
vecina. Si se tratara de un mueble era suficiente que el enajenante
entregara al adquirente las llaves de la bodega o del almacén donde
se encontraba el bien. La traditio brevi manu, se daba cuando el
adquirente ya poseía el bien, como un arrendatario o comodatario, ya
no era necesario devolver el bien al enajenante para que este a su
vez lo entregue en propiedad, sino una simple declaración de
transferencia de propiedad. Y, en el caso de la constitum
possessorium, si se deseaba que el enajenante permaneciera en la
cosa vendida, tampoco era necesario la doble entrega, es decir,
primero al adquirente y luego al enajenante, sino que la transferencia
se producía por el simple acuerdo37.
En todo caso, la tradición material fue el principio fundamental de la
adquisición de la propiedad, mientras que la espiritualización era la
excepción. El contrato fue el acto bilateral constitutivo de
obligaciones, en cambio la mancipatio, la in iure cesio y la traditio,
también actos bilaterales, no eran contratos, sino modos de
transmisión patrimonial.
37
FLORES CÁRDENAS, JUAN MANUEL; ―La Transmisión Convencional de la Propiedad‖; Monografía de
fecha 21 de octubre de 2008; Pág. 2. Recuperada de la Internet.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=la%20transmisi%C3%B3n%20convencional%20de%20la%20
propiedad&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjuanmanuelflorescardena
s.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fla-transmision-convencional-de-
la.html&ei=wprYUcSxOsSR0QHKv4GYCA&usg=AFQjCNE73kcrIIYtHlbiErLRmWSSMm14qA
45
1.2.- Sistema Francés38.-
En el derecho francés no fue inmediata la fuerte tradición romana de
la traditio como condición de la transmisión de la propiedad, por ello
que los franceses admitieron que los contratos eran fuente de las
obligaciones y que si bien la traditio era necesaria para los efectos
reales del traslado de la propiedad, ello en la práctica fue utilizándose
como una traditio ficta, como por ejemplo cuando el vendedor tenía
que entregar un bien solo mostraba al comprador el predio desde
una zona vecina, o entregaba las llaves donde se entraba la cosa, o
entendían las partes que el vendedor quedaba ocupando la
propiedad vendida en calidad de precario y dispuestos a desocupar
el bien tan pronto el comprador lo reclamase. Ello quiere decir que en
el derecho francés se acentuó y se dio mucha importancia a la
traditio ficta.
Posteriormente, dada la práctica de la traditio ficta, esta separación
del contrato y la entrega, fue criticada en el derecho francés, creando
la fórmula de que el contrato de compraventa transfiere por sí la
propiedad. El contrato no solo es fuente de obligaciones, sino
traslativo de propiedad. La transmisión de la propiedad se convirtió
en un efecto directo e inmediato del contrato como la misma creación
de obligaciones.
38
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013.
46
Ello significó un triunfo de la autonomía de la voluntad sobre el
formalismo que obstaculiza la circulación de los bienes. El derecho
francés creó la ficción de que la creación de la obligación y el
cumplimiento de la misma se producen al mismo tiempo, o sea que a
la vez que se crea el título (contrato) se ejecuta el modo (traditio). De
tal suerte, el acreedor no tiene un mero derecho a la cosa (ius ad
rem), sino un derecho en la cosa (ius en re), es propietario desde la
convención cuando debe hacerse la entrega de la cosa. La propiedad
es desplazada por la sola voluntad.
El Code Napoleón prescribía en su artículo 1583: “Es perfecta entre
las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el
comprador con respecto al vendedor, desde que han convenido en la
cosa y el precio, aunque la cosa no haya sido todavía entregada ni el
precio pagado”39.
Si comparamos el derecho romano con el derecho francés, este
último si bien simplificó las condiciones requeridas para la
transferencia romana, también es cierto que sacrificó la publicidad de
la propiedad que daba la entrega, a expensas de la seguridad de los
terceros.
39
FLORES CÁRDENAS, JUAN MANUEL; ―La Transmisión Convencional de la Propiedad‖; Monografía de
fecha 21 de octubre de 2008; Pág. 2. Recuperada de la Internet.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=la%20transmisi%C3%B3n%20convencional%20de%20la%20
propiedad&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjuanmanuelflorescardena
s.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fla-transmision-convencional-de-
la.html&ei=wprYUcSxOsSR0QHKv4GYCA&usg=AFQjCNE73kcrIIYtHlbiErLRmWSSMm14qA
47
1.3.- Sistema Italiano40.-
En el derecho italiano la propiedad se transfiere por la sola
celebración del contrato. En su Código de 1865, en el artículo 1125
dispone: “En los contratos que tiene por objeto el traspaso de la
propiedad o de otro derecho, aquella o este se transmite y adquiere
por efecto del consentimiento legítimamente manifestado y la cosa
queda de cuenta y riesgo del adquirente, aunque no se haya
realizado la tradición”. Asimismo, el artículo 1448 destaca: “La venta
es perfecta entre las partes y se adquiere la propiedad de derecho
por el comprador respecto del vendedor desde el momento en que se
ha convenido sobre la cosa y sobre el precio, aun cuando no se haya
entregado aquella ni hecho efecto este”.
Al igual que en el derecho francés, en el italiano la transmisión de la
propiedad también se da con la celebración del contrato, empero
este traslado de la propiedad se consagra de pleno derecho con el
solo consentimiento, generándose luego los efectos obligacionales
de las partes como la entrega y el pago del precio.
La diferencia entre el derecho francés y el italiano es que este último
va más allá y supera al francés, en el sentido que mientras el Code
Napoleón (artículo 1138) establece que la obligación hace al
acreedor propietario; el Código Italiano de 1942 (artículo 1376)
40
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013.
48
señala que la propiedad se transmite y adquiere por el
consentimiento de las partes, o sea que para la transferencia de la
propiedad no se requiere de ninguna obligación.
1.4.- Sistema Alemán41.-
El derecho alemán no sigue el principio de la transmisión solo
consensu de la propiedad. El artículo 929 del B.G.B. dispone: “Para
la trasmisión de la propiedad de una cosa mueble es necesario que
el propietario le entregue al adquirente y que ambos estén de
acuerdo con que la propiedad debe transmitirse. Estando el
adquirente en posesión de la cosa, basta el acuerdo sobre la
transmisión de la propiedad”42.
El derecho alemán ha establecido la venta simplemente obligatoria,
obligación de transmitir la propiedad al comprador, la transmisión de
la cosa mueble tiene lugar por la entrega. Ergo, tratándose de bienes
muebles, la transmisión de su dominio opera por una convención
especial seguida de la tradición.
41
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013. 42
FLORES CÁRDENAS, JUAN MANUEL; ―La Transmisión Convencional de la Propiedad‖; Monografía
de fecha 21 de octubre de 2008; Pág. 2. Recuperada de la Internet.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=la%20transmisi%C3%B3n%20convencional%20de%20la%20
propiedad&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjuanmanuelflorescardena
s.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fla-transmision-convencional-de-
la.html&ei=wprYUcSxOsSR0QHKv4GYCA&usg=AFQjCNE73kcrIIYtHlbiErLRmWSSMm14qA
49
2.- Sistema de Transferencia Peruano.-
La doctrina señala que la propiedad se adquiere por convenio, sucesión,
prescripción adquisitiva, accesión, aprehensión y demás modos
establecidos por ley.
Conforme a nuestro Código Civil vigente, la propiedad se adquiere por
apropiación de una res nullius (artículo 929), especificación y mezcla
(artículo 937), accesión (artículo 938), transmisión convencional (artículos
947 y 949), prescripción adquisitiva (artículo 950), por sucesión intestada
(artículo 660) y otros modos establecidos por ley.
En este caso, nos toca estudiar la adquisición de la propiedad en su forma
convencional, es decir, a través de la transferencia de propiedad, en
específico lo referente a la transmisión de las cosas muebles
determinadas como son los vehículos automotores registrados,
comprendidos en el artículo 947 del Código Civil de 1984.
2.1.- Evolución del Sistema de Transferencia Peruano.-
Como se ha podido ver, en el sistema romano existen dos elementos
para la transmisión de la propiedad sean muebles e inmuebles, el
título y el modo. En el derecho francés se establece que la
transmisión de la propiedad se da con el solo consentimiento, es
decir tiene un sistema consensual tanto para muebles como para
inmuebles; basta el contrato, como título y modo de transferir la
50
propiedad. El derecho alemán, opta por el carácter constitutivo del
registro para los inmuebles, y la entrega para el caso de los muebles.
En el caso del Perú, sin el ánimo de efectuar un análisis comparativo
de legislaciones respecto a la transferencia de la propiedad,
debemos mencionar básicamente dos fuentes que han marcado los
sistemas de transferencias en la historia de nuestros Códigos Civiles;
ellas son, el derecho romano y el francés.
Los romanos estaban convencidos que la transferencia de la
propiedad estaba basada en la entrega del bien como signo de
exteriorización o publicidad de la propiedad. En ese sistema, no
bastaba el contrato de compraventa celebrado entre el vendedor y el
comprador, sino que para que la propiedad sea transferida tenía que
darse la traditio o entrega de la cosa. En otras palabras, el contrato
fue considerado como título fuente de la obligación de enajenar,
teniendo el comprador el derecho para que el vendedor le entregue
el bien. Se necesitaba entonces necesariamente de un acto material
–la entrega- posterior a la obligación de enajenar.
Se dice que los franceses perfeccionaron aun más las transferencias
de propiedad al establecer en su legislación que la propiedad era
considerada trasladada solo con el consentimiento o contrato entre
las partes. El título era suficiente para considerar al comprador
propietario del bien desde que constituye el acuerdo y se verifica el
51
precio, lo que ya constituía un avance.
a) El Código Civil de 1852.-
En el Perú, con el Código Civil de 1852 se siguió el principio
francés de la transmisión de la propiedad solo consensu, sea el
bien mueble o inmueble. El artículo 1308, inspirado en el Code
Napoleón, dispuso: “En la venta simple pasa la propiedad de la
cosa al comprador, aun antes de su entrega y el pago del
precio”. Con ello nuestro Código de 1852 establecía que era
suficiente el contrato celebrado entre las partes para que se de
por transferida la propiedad, sea de bienes muebles e
inmuebles43.
b) El Código Civil de 1936.-
En relación al Código Civil de 1936, explica Palacio Pimentel44
que en Libro Cuarto (artículos 812 al 1974) de los Derechos
Reales contaba con 5 Secciones: 1. De los Bienes; 2. De la
Posesión; 3. De la Propiedad; 4. De los Derechos Reales de
Garantía; y 5. De los Registros Públicos.
En el Código Civil de 1936 se adoptó un sistema mixto, el
romano para los muebles y el francés para los inmuebles. Para
la transferencia de la propiedad inmueble era suficiente el
43
FLORES CÁRDENAS, JUAN MANUEL; ―La Transmisión Convencional de la Propiedad‖; Monografía
de fecha 21 de octubre de 2008; Pág. 2. Recuperada de la Internet.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=la%20transmisi%C3%B3n%20convencional%20de%20la%20
propiedad&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjuanmanuelflorescardena
s.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fla-transmision-convencional-de-
la.html&ei=wprYUcSxOsSR0QHKv4GYCA&usg=AFQjCNE73kcrIIYtHlbiErLRmWSSMm14qA 44
PALACIO PIMENTEL, GUSTAVO; ―Compendio de Derecho Civil Peruano‖; Pág. 20.
52
contrato (título), mientras que para la transmisión de la
propiedad mueble se exigía el contrato que contiene el derecho
al bien, y la entrega con lo cual se da por transmitida la
propiedad.
El artículo 1172 estableció para los inmuebles que, “la sola
obligación de dar una cosa inmueble determinada, hace al
acreedor propietario de ella, salvo pacto en contrario. En
cambio para los muebles, no existió una norma que establezca
expresamente que la propiedad se adquiere con la traditio, pero
ello se deduce de los estipulado en los artículos 890 y 1173,
conforme a los cuales el solo consentimiento no transfiere la
propiedad, porque solo con la traditio pasa la propiedad del
patrimonio del enajenante al patrimonio del adquirente;
únicamente quien de buena fe recibe la posesión del mueble
como propietario, es dueño.
c) El Código Civil de 1984.-
Siguiendo a Palacio Pimentel45, en el Código Civil de 1984,
Libro Quinto (artículos 881 al 1131) Derechos Reales, son 251
artículos, y tiene 4 Secciones: 1. Disposiciones Generales; 2.
Bienes con 3 Títulos; 3. Derechos Reales Principales con 6
Títulos; 4. Derechos Reales de Garantía con 4 Títulos.
Nuestro vigente Código Civil de 1984, mantiene el sistema
mixto de adquisición de la propiedad, el romano para los
45
PALACIO PIMENTEL, GUSTAVO; ―Compendio de Derecho Civil Peruano‖; Pág. 22.
53
muebles, y francés para los inmuebles, seguido por el Código
de 1936. Así, en el artículo 947 del Código Civil de 1984 se
prescribe: “La transferencia de propiedad de una cosa mueble
determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo
disposición legal diferente”. Y, el artículo 949, “La sola
obligación de enajenar un inmueble determinado hace al
acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o
pacto en contrario”. Desde una simple lectura de ambos
dispositivos, artículos 947 y 949 del Código Civil de 1984, se
puede comprender que, el contrato o convenio de enajenación
de bienes muebles no transfiere la propiedad, sino que crea la
obligación de transferirla; y que todo contrato o convenio de
enajenación de bienes inmuebles, transfiere la propiedad, mas
no crea la obligación de transferirla.
En buena cuenta nos podemos referir a la compraventa,
permuta, dación en pago, donación, u otros, que como
contratos son actos jurídicos vinculantes entre las partes que lo
celebran ya que crean obligaciones entre estas; vendedor y
comprador, donante y donatario, etc., tienen efectos solo
obligacionales, y por ende no transmiten per se la propiedad,
salvo en el caso de los inmuebles.
Significa que en los contratos de transferencia de bienes
muebles, se discriminan dos actos, el contrato y la ejecución del
contrato; las partes primero acuerdan la transferencia y luego
54
se entrega y recibe respectivamente la cosa, con lo cual queda
perfeccionada la transferencia. Por ejemplo para citar un caso
de transferencia en donde expresamente se estipula obligación,
es el caso de la compraventa, en el artículo 1529 del Código
Civil se prescribe que: “Por la compraventa el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a
pagar su precio en dinero46”.
El maestro De La Puente y Lavalle47 afirma que, respecto de la
adquisición convencional de la propiedad existen dos grandes
sistemas: el de Separación de Contrato, que requiere para la
transmisión de la propiedad que el contrato obligacional de
transferencia vaya unido a un contrato real de transmisión de la
propiedad; y el sistema de la Unidad de Contrato, según el cual
el acuerdo para la transmisión de la propiedad ya está
contenido en el contrato de transferencia.
No obstante, este sistema netamente consensual llamado
también como unidad de contrato, fue criticado. De allí que
Manuel de la Puente y Lavalle48, señala que esta modalidad
acarrea dificultades en la compraventa de cosas no
individualizadas (cosas genéricas, cosas en vía de confección y
46
Sería interesante plantear en otra tesis la contradicción que existe entre la definición de contrato que da
nuestro Código Civil netamente obligacional, contra los efectos reales que tiene en las transferencias de
bienes inmuebles. 47
DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL; ―El Contrato con Efectos Reales‖, en Revista Ius Et Veritas,
año V, N° 09, 1994. Pág. 9. 48
Citado por ARIAS-SCHREIBER PEZET, MAX; en ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖, Tomo
II, Pág. 25.
55
cosas alternativas), así como la compraventa de cosa ajena, en
que la transmisión de la propiedad queda necesariamente
aplazada, con lo cual se rompe la pureza del sistema. Además,
el principio contractual puro menosprecia el cometido de la
posesión como signo exterior de la propiedad.
Comparte la misma clasificación, la doctora Elvira Martínez
Coco49, quien sobre el sistema de Separación de Contrato
manifiesta que, es también conocido como germano o de la
causa abstracta y requiere para la transmisión de la propiedad
de un nuevo acuerdo de voluntades distinto del obligacional. En
tanto que el segundo –el de la Unidad de Contrato- otorga al
consentimiento el poder necesario para transferir o para dar
lugar a que el derecho real sea transferido.
3.- La Transferencia de la Cosa Mueble Determinada: Los Vehículos.-
Por el artículo 947 del Código Civil de 1984, tomando como base el
sistema de separación de contrato, se dispone que para la transmisión de
la propiedad mueble no es suficiente el título, o el convenio, sino que es
indispensable un segundo requisito, el de la tradición material de la cosa,
salvo disposición legal diferente. De modo que si el acreedor del bien,
comprador o donatario, no tiene la posesión de la cosa, aun no es
propietario de la misma.
49
MARTINEZ COCO, ELVIRA; ―Ensayos de Derecho Civil‖, San Marcos, Lima, 1997, Primera Edición,
Pág. 206.
56
Arias Schreiber Pezet50, señala que el artículo 947 se contrae
exclusivamente a la transferencia de propiedad de una cosa mueble, y no
se extiende a los bienes incorporales. Luego agrega que ese artículo
contiene un principio de carácter general.
La transferencia de cosas muebles determinadas como lo son los
vehículos registrados, si bien se perfecciona con la entrega, ello nace de
un previo acuerdo de las partes, vale decir, de un contrato.
Resolución del Tribunal Fiscal N° 01637-9-213.
“Que en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12214-4-
2007, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10
de enero del 2008, con carácter de precedente de
observancia obligatoria, se estableció que “En el caso
de bienes muebles embargados antes de su entrega al
comprador, no debe considerarse perfeccionada la
transferencia de propiedad con la sola emisión del
comprobante de pago correspondiente sin haberse
realizado su entrega real, por no haber operado la
tradición de dichos bienes. Que asimismo, en dicha
resolución se señala que según el artículo 1529 del
Código Civil, por la compraventa el vendedor se obliga
a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste
a pagar su precio en dinero, en consecuencia, dicho
50
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Código Civil Comentado‖, Tomo V, Gaceta Jurídica, Lima 2003;
Pág. 298.
57
contrato no genera derechos reales, solamente
obligaciones, por lo que su sola celebración no produce
la transferencia de propiedad de los bienes muebles
sino solamente la obligación de enajenarlos, y que de
acuerdo con el artículo 947 de dicho código, la
transmisión de la propiedad de los bienes muebles se
efectúa con la tradición a su acreedor, por lo que en
tanto no se efectúe la entrega del bien al comprador, no
se produce la transferencia de propiedad. Que sin
embargo, no se encuentra acreditado en autos que el
vehículo materia de la intervención excluyente de
propiedad hubiera sido entregado físicamente al
comprador con anterioridad a la medida de embargo
trabada por la administración, más aun cuando de la
Declaración Única de Aduanas N° 163-2011-10-
005319-01-9-00 (fojas 5 y 6) y de la Carta de 27 de
agosto del 2012 presentada por Concordia Ldta. S.R.L.
(fojas 11 y 12), se tiene que el citado vehículo se
encuentra en los almacenes de dicho depósito franco
público a nombre del importador”.
Definir el contrato es de mucha utilidad en nuestro tema de tesis, en tanto
la transferencia de la propiedad vehicular, se da a partir de un contrato,
que sería el título de donde se desprende la obligación de entregar el bien,
58
vale decir, el título y el modo con lo que finalmente se perfecciona la
transferencia de la propiedad del bien mueble determinado como es el
vehículo (automotor).
La palabra contrato proviene de Latín “contractus” derivado de
“contrahere” que significa, concertar, lograr. Para Capitant, es el acuerdo
de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear vínculos
de obligaciones.
En la enciclopedia jurídica OMEBA, encontramos la siguiente definición:
es un acto jurídico bilateral formado o constituido por el acuerdo de
voluntades entre dos o más personas sobre un objeto jurídico de interés
común, con el fin de crear, modificar o extinguir derechos.
En esa línea, Manuel Miranda Canales51, sostiene que se entiende por
contrato, el acuerdo de voluntades de una persona física o jurídica con
otra, que produce consecuencias jurídicas constitutivas, modificadas o
extintivas.
Del mismo modo, Max Arias-Schreiber Pezet52, define el contrato como el
acuerdo entre dos o más partes relacionado con un objeto de interés
jurídico. Su finalidad consiste en crear, modificar, regular o extinguir
relaciones obligatorias y constituye el acto jurídico plurilateral por
excelencia. Explica que el contrato tiene fuerza vinculatoria, es decir,
51
MIRANDA CANALES, MANUEL, ―Derecho de los Contratos‖, Ediciones Jurídicas, 1995, Pág. 45. 52
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX, ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖, Tomo I, Gaceta
Jurídica Editores, 1998, Pág. 11 y 12.
59
obliga a las partes a satisfacer las obligaciones asumidas y, en caso de
incumplimiento, el Derecho contempla mecanismos encaminados a su
corrección o compensación.
Javier Rodríguez Velarde53, explica que la doctrina contemporánea parte
de la premisa de que el contrato se extiende a todo el derecho obligacional
y que por consiguiente no solo crea obligaciones, sino que también las
regula, modifica y extingue.
Nuestro Código Civil en su artículo 1351 define el contrato como el
acuerdo de dos o más partes para crear, modificar, regular o extinguir una
relación jurídica patrimonial.
En suma, el contrato en tanto fuente de obligaciones, constituye el título
que es la condición primigenia para que después las partes obligadas
cumplan respectivamente con la transferencia de la propiedad, que en el
caso de los vehículos automotores, se da mediante la tradición o entrega.
CASASIÓN Nº 3202-98-Ica54.
Conforme a lo prescrito en el artículo 947 del Código
Civil, la transferencia de propiedad de una cosa mueble
determinada se efectúa con la tradición a su acreedor,
salvo disposición legal diferente, por lo que, en
consecuencia, al estar demostrado que los bienes
5353
RODRIGUEZ VELARDE, JAVIER, Contratación Empresarial, Editorial Rodhas, 1998, Pág. 16. 54
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de Junio de 1999.
60
embargados han seguido en poder de la demandada, el
derecho de propiedad de la actora no está probado, en
aplicación de la citada norma.
4.- El Título y el Modo.-
La transferencia de la propiedad mueble en el Perú tomó como modelo el
sistema romano, en el que se considera efectuada la transmisión con el
título y el modo.
¿Qué son Título y Modo?. El título es el antecedente que sirve de base
para la transmisión efectiva de la propiedad. El modo es la forma que la
transferencia se realiza, también de manera efectiva. El título es la causa-
fuente del derecho y el modo es el medio a través del cual se realiza el
título55.
Necesariamente se tienen que dar esas dos condiciones para consagrar la
transferencia de la propiedad mueble, primero el acuerdo de la
transferencia y luego en base ese contrato, la entrega del bien. No puede
haber un acto sin el otro, no hay transferencia sin que necesariamente se
dé el título y el modo. Las partes deben coincidir sobre la enajenación del
bien, para luego cumplir la entrega.
Explica Avendaño Valdez56, que para analizar el tema de la transferencia
de la propiedad es preciso distinguir entre título y modo. El primero es el
55
Tomado de la separata titulada ―Transferencia de la Propiedad de Bienes Muebles e Inmuebles en la
Jurisprudencia‖ (S/A); recuperada de la Internet
http://derechoregistral.informaccion.com/articulos/jurisprudencia_bienes.html 56
AVEDAÑO VALDEZ, JORGE; ―Clasificación de los Bienes y Transferencia de Propiedad‖; Pág. 169.
61
acto jurídico, el acuerdo de voluntades, en definitiva, el contrato. Es
también la causa jurídica de la enajenación del dominio. El título se
presenta a nivel obligacional y contractual, que es eminentemente privado.
El modo es un hecho, que es consecuencia del título. Pero es el hecho
determinante el que produce la traslación.
El título es la fuente de la obligación de enajenar, la causa o la razón por
la que se transfiere, la entrega es el cumplimiento de lo pactado y la
realización de la transferencia. El solo título es una obligación del
transferente para con el adquirente, empero per se no transfiere la
propiedad mueble, se necesita de la entrega del bien. Así tenemos la
compraventa, permuta, donación, en otros contratos.
La entrega sola sin justo título tampoco equivale a una transferencia, es
necesaria la existencia de un título que obligue al enajenante y dé crédito
a la cosa al adquirente. Es por ello que el título debe ser válido, debe
contener una justa causa, ya que de ser inválido equivale a su
inexistencia, y sin la concurrencia del título, la entrega solo surte efecto
como una cuestión de hecho mas no de derecho, no transfiere la
propiedad solo hay posesión como una situación de hecho, así tenemos al
usurpador, el ladrón, el precario, etc., que en tanto tienen una protección
legal temporal, desde luego están destinados a ceder por las vía judiciales
ante el verdadero propietario.
62
4.1.- La Obligación de Transferir.-
La obligación de transferir la propiedad deviene de un contrato de
compraventa, permuta, donación, dación en pago u otro título de
donde se aprecie el acuerdo de las partes para llevar a cabo la
transferencia de la propiedad. Debe expresarse por ambas partes de
manera coincidente que el bien será enajenado.
La obligación de transferir se deriva de un título material, en el que
las partes han convenido en enajenar un bien. Las partes del
contrato deben coincidir en sus manifestaciones de voluntades de
querer ambas la transferencia de la propiedad.
A principios de siglo Colín y Capitan57 sostiene que uno de los
elementos esenciales de todo contrato está constituido por la regla
de que el simple acuerdo de voluntades basta para perfeccionarlo.
Rodríguez Velarde58 añade que el artículo 1352 de nuestro Código
Civil, supera las deficiencias del Código de 1936, al establecer con
claridad que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de
las partes, no siendo en consecuencia la entrega del bien el
elemento perfeccionador de él, sino un elemento de cumplimiento de
lo prometido.
57
COLÍN Y CAPITAN; Curso Elemental de Derecho Civil, Pág. 117. Citado por RODRIGUEZ VELARDE,
JAVIER; ―Los Contratos a Distancia‖; Revista el Derecho; Pág. 16. 58
RODRIGUEZ VELARDE, JAVIER; Op. Cit. Pág. 16.
63
Para Vidal Ramírez59 la voluntad del sujeto constituye la esencia
misma del acto jurídico, la falta de ella hace que el acto no llegue a
ser tal y, por más relevancia jurídica que el hecho jurídico pueda
alcanzar, se queda solo en hecho. Pero la voluntad sola no es
suficiente, pues necesita de su manifestación y que entre ambas
exista una imprescindible correlación, y, además, que la
manifestación responda a la verdadera y real intención del sujeto y
que, entre lo que este manifiesta y lo que quiere, exista también una
imprescindible correlación. Es así como se genera el acto jurídico.
El artículo 901 del Código Civil señala: “La tradición se realiza
mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona
designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta
establece”.
La transferencia es realizada en principio por el propietario, vale
decir, se debe partir de que el tradens – transferente es el titular o
dueño de la cosa mueble de la que pretende disponer (capacidad de
goce), luego las partes, o sea, el tradens y el accipiens deben tener
capacidad de ejercicio para poder disponer y adquirir
respectivamente la cosa, sea directamente o a través de sus
representantes designados por ellos mismos. Los representantes
legales pueden disponer las cosas de sus representados –incapaces
59
VIDAL RAMIREZ, FERNANDO; ―El Acto Jurídico‖, Cuarta Edición; Gaceta Jurídica Editores; 1998.
Pág. 90.
64
de obrar- conforme a las condiciones de ley.
Vidal Ramírez60, señala que la capacidad se distingue en capacidad
de goce y en capacidad de ejercicio y se ha precisado que la primera
es la aptitud del sujeto de derecho para ser titular de derechos y de
deberes u obligaciones mientras que, la segunda, es la posibilidad de
adquirirlos o de contraerlos mediante la celebración de actos
jurídicos por sí mismo.
Fernández Sessarego61, explica que el Código no define ni la
capacidad jurídica ni la de ejercicio. Es tarea que se considera
reservada a la doctrina. No obstante, cabe señalar que la capacidad
jurídica, entendida como abstracta posibilidad de que goza la
persona para disfrutar de todas las situaciones jurídicas previstas por
el ordenamiento jurídico, no tiene estricto correlato en la realidad. En
efecto, ninguna persona puede gozar, durante el transcurso de su
vida, de todos los derechos que en abstracto le atribuye la ley. A
menudo tal imposibilidad proviene de su propia situación socio-
económica. La persona humana, a pesar de ser ontológicamente
libre, está condicionada por su mundo interior, su envoltura
psicosomática y por su circunstancia. La libertad no es, en ningún
caso, absoluta sino siempre relativa.
60
VIDAL RAMIREZ, FERNANDO; ―El Acto Jurídico‖, Gaceta Jurídica Editores, Cuarta Edición, Pág. 112. 61
FERNANDEZ SESSAREGO, CARLOS; ―Derecho de las Persona‖, Cultural Cuzco Editores, Cuarta
Edición, Lima, 1990, Pág. 102.
65
En ese orden de ideas, la falta de capacidad de alguna de las partes
en la disposición de la cosa hace que el título o la entrega sean
inválidos.
La obligación de transferir la propiedad de un vehículo automotor,
puede derivarse de cualquier título válido en donde se haya
expresado el compromiso asumido del transferente o también
cuando la ley así lo dispone. Así recurriendo al Libro VII - Fuente de
las Obligaciones de nuestro Código Civil podemos apreciar títulos
bilaterales y unilaterales, e incluso derivados de una responsabilidad
civil extracontractual de los cuales nace una obligación, que bien
puede ser la de entregar un vehículo automotor en propiedad.
En la Sección II del Código Civil, referido a los contratos nominados,
podemos destacar la compraventa como uno de los contratos más
importantes por el que se transfiere la propiedad, no obstante
también por otros títulos distintos a la compraventa también se puede
transferir la propiedad, algunos importantes son la permuta, el
suministro y la donación, sin que ello signifique que mediante otros
medios no pueda transferirse la propiedad, como la promesa
unilateral, la indemnización por responsabilidad civil extracontractual,
el anticipo de legitima, la trasmisión sucesoria, entre otros.
a) Compraventa.- En el artículo 1529 del Código Civil se
establece que: “Por la compraventa el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar
66
su precio en dinero”.
b) Permuta.- En el artículo 1602 del Código Civil se dispone: “Por
la permuta los permutantes se obligan a transferirse
recíprocamente la propiedad de bienes”.
c) Suministro.- En el artículo 1604 del Código Civil: “Por el
suministro, el suministrante se obliga a ejecutar a favor de otra
persona prestaciones periódica o continuadas de bienes”.
d) Donación.- En el artículo 1621 del Código Civil: “Por la
donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al
donatario la propiedad de un bien”.
El contrato de compraventa es uno de los más importantes de la
sociedad, es el contrato más relevante que viene a ser utilizado para
la satisfacción de las necesidades humanas. Se ha dicho que el ser
humano no es perfecto, y consciente de ello necesita de los demás.
El hombre es un ser social. En ese contexto, la compraventa vendría
a ser el medio por el cual las personas se relacionan para obtener
sus necesidades, sean básicas o suntuarias62.
De la definición de compraventa que da nuestro Código Civil, se
desprende que es un contrato consensual, de prestaciones
recíprocas, a título oneroso y conmutativo63.
62
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖, Pág. 20. 63
Resumido del texto de ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; Op. Cit.
67
a) Es consensual; porque el contrato nace con el acuerdo o
consentimiento de las partes. Ellas deben estar de acuerdo en
que el título es la venta del bien, la especificación de la cosa y
el precio, así como otras obligaciones secundarias que se
derivan por la naturaleza de la compraventa, como el
saneamiento por evicción.
b) Es recíproco; porque ambas partes, vendedor y comprador
tienen obligaciones entre sí, el primero a entregar el bien y el
segundo a pagar el precio, además de otras derivadas de la
naturaleza del contrato de compraventa.
c) Es oneroso; porque existe un pago en dinero justipreciado por
el bien recibido en venta. Se entiende prima facie que el dinero
pagado como contraprestación por el bien recibido corresponde
más menos a su equivalencia de intercambio en el mercado.
d) Es conmutativo; porque ambas partes saben desde el inicio de
la compra venta, cuáles son sus ventajas. Las partes conocen
con certeza desde la celebración del contrato el bien, el precio
o las condiciones pactadas. Existe la salvedad de los contratos
aleatorios como el caso en que el comprador asume el riesgo
de la existencia del bien (artículo 1536).
El antecedente más próximo de la compraventa es la permuta, y
apareció cuando se creó la moneda como instrumento de
intercambio. Así, la permuta y la compraventa vienen a ser dos
68
formas de relación obligacional por los que se enajena y se adquiere
bienes, es decir, son medios por los que se efectúa la transferencia
de la propiedad.
Por otro lado, el contrato de suministro64, viene a ser un acuerdo de
cumplimiento permanente y periódico, se aprecia un cierto factor de
indeterminación de los bienes a ser suministrados, pudiendo así
contemplar o no cosas muebles determinadas, como son los
vehículos registrados.
La donación65, también es un contrato por el cual también se refleja
una obligación de transferir la propiedad, empero de manera gratuita.
Es importante mencionar que los títulos que he mencionado o
cualesquiera de donde pueda derivar la obligación de transferir la
propiedad deben contener la intención de las partes a través de sus
respectivas manifestaciones de voluntad de transferir la propiedad.
En ese sentido, dichos actos deben cumplir con los elementos o
64
En la Casación N° 2363-99-Lima, publicada el 01/09/2000, se ha señalado que el contrato de suministro es
de tracto sucesivo, perfeccionándose en el tiempo, donde si bien es un contrato único, las prestaciones se
desenvuelven independientemente, por lo que el pago y la responsabilidad por el incumplimiento se puede
referir a cada entrega, las que son autónomas e independientes, siendo posible preverse las ventajas y riesgos
existentes para cada una de las partes, además, en el suministro es necesario que se dé un factor de
indeterminación que puede ser indistintamente, el volumen, la periodicidad o el plazo de duración del
contrato. 65
En la Resolución N° 339-2000-ORL/TR de fecha 18/10/2000 se indica que la donación es un contrato de
carácter obligacional según el cual el donante se obliga a transferir la propiedad de un bien a título gratuito,
conforme al artículo 1621 del Código Civil, por tanto al ser la donación un contrato con una sola prestación,
esto es, la del donante que se obliga a transferir la propiedad del bien se desprende que esta última se
extinguirá cuando la propiedad del bien sea transferida al donatario, transferencia que se produce acorde a lo
previsto en el artículo 949 del Código sustantivo, con la sola creación de la obligación o el acuerdo de
voluntades.
69
requisitos esenciales comunes a todo contrato, esto es, el
consentimiento (confluencia de voluntades), la capacidad de los
contratantes, el objeto posible, lícito, determinado o determinable, fin
lícito, conforme a los artículos 140, 1403, 1404 y 1351 del Código
Civil66.
4.2.- La Tradición.-
El artículo 947 del Código Civil señala: “La transferencia de
propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la
tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente”.
En nuestro Derecho Civil, la traditio o entrega de la cosa es el modo
de transferir la posesión, la propiedad u otro derecho real sobre un
mueble determinado. La causa o fundamento de la traditio es el título
que puede ser un contrato de compraventa, donación, permuta de
donde nace la obligación de entregar la cosa.
A decir de Torres Vásquez67, la causa o fundamento de la traditio es
el título que puede ser, por ejemplo, un contrato de compraventa,
donación, permuta, por el cual el tradens (transferente) se obliga a
66
Código Civil:
Artículo 140: El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1. Agente capaz. 2. Objeto física y
jurídicamente posible. 3. Fin lícito. 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Artículo: 1351: El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar, o
extinguir una relación jurídica patrimonial.
Artículo 1403: La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste
la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles.
Artículo 1404: La licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de
ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo, se apreciarán al momento del
cumplimiento de la condición o del vencimiento del vencimiento del plazo. 67
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖, Tomo I; Pág. 966.
70
transferir la propiedad de un bien mueble al accipiens (adquirente).
La traditio o entrega de la cosa, es otro acto jurídico entre las partes
(patrimonial - bilateral), por el cual el tradens transmite la propiedad
de la cosa mueble determinada (efecto real). La propiedad se
transfiere con las cargas y gravámenes que tenga la cosa al
momento de la entrega.
Rivera Oré y Herrero Pons68, señalan que la tradición, para ser tal,
debe ser voluntaria; no sería tradición la que tuviese lugar bajo la
amenaza de un mal o, peor aún, que fuese el efecto de violencia, por
la cual el sujeto sufra el despojo sin poder hacer resistencia. Luego,
agregan que, en efecto, la tradición no implica solamente el
consentimiento (rectius: asentimiento) del tradens, sino también un
acto de él, que ponga al accipiens en la posesión.
Osterling Parodi69 aclarando los verdaderos alcances de la tradición
señalados por el Código Civil, explica que la tradición, conforme al
artículo 901, se realiza mediante la entrega del bien a quien debe
recibirlo o a la persona designada por él o por la ley, con las
formalidades que esta establece. Por ella se adquiere la posesión, de
acuerdo al artículo 900, salvo los casos de adquisición originaria que
establece la ley. La tradición también se verifica en la forma prevista
68
RIVERA ORE, JESÚS ANTONIO y HERRERO PONS, JORGE; ―Derechos Reales‖, Tomo I, Ediciones
Jurídicas, Lima, 2006. 69
OSTERLING PARODI, FELIPE; ―Las Obligaciones‖, Biblioteca Para Leer el Código Civil, Volumen VI,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, primera edición, 1988. Pág. 39.
71
por los artículos 902 y 903 del mismo Código.
El artículo 900 del Código Civil señala: “La posesión se adquiere por
la tradición, salvo los casos de adquisición originaria que establece la
ley”.
La posesión puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando se
adquiere por hecho propio, mediante aprehensión o apropiación de
un bien mueble o asentándose u ocupando un inmueble. No está
relacionada a una posesión anterior, no hay transmisor de la
posesión. Es decir, el acto aquí es unilateral.
La posesión derivada por el contrario requiere de un poseedor
anterior, quien mediante la tradición o entrega voluntaria hace del
bien el tradens (anterior poseedor) al accipiens (nuevo poseedor). Es
decir, hay una posesión anterior a la que se une otra posesión
siguiente. Aquí se verifica un acto bilateral, debido al consentimiento
que tiene que haber entre las partes. La tradición viene a ser
entonces el modo de la adquisición derivada de la posesión.
El artículo 902 del Código Civil, establece: “La tradición también se
considera realizada:
1. Cuando cambia el título posesorio de quien está poseyendo.
2. Cuando se transfiere el bien que está en poder de un tercero.
En este caso, la tradición produce efecto en cuanto al tercero
sólo desde que es comunicada por escrito”.
72
Comenta Torres Vásquez70 que conforme al artículo 902 del Código
Civil, la tradición material del bien puede ser reemplazada por: a) la
traditio brevi manu, b) la constitutum possessorum, y c) la
comunicación al tercero que se encuentra en posesión del bien que
se enajena.
a) La traditio brevi manu ocurre cuando una persona que tiene la
posesión por título diferente, hace la adquisición del bien, caso
en el que no es necesario que se hagan dos tradiciones, es
decir, se devuelva el bien para que le sea nuevamente
entregado, sino que con el cambio del título posesorio se
considera realizada la traditio; por ejemplo el arrendatario que
compra la casa en que vive.
b) La constitutum possessorium (constituto posesorio), figura
análoga pero invertida de la traditio brevi manu, se produce
cuando el propietario enajena el bien (vendiéndolo,
permutándolo, donándolo, etc.), pero conviniendo con el
adquirente que retendrá la posesión inmediata del bien, sea a
título de usufructuario, arrendatario, comodatario u otra figura
análoga.
c) También se considera realizada la tradición cuando el bien que
se transfiere se encuentra en poder de un tercero. A diferencia
de las dos modalidades anteriores, aquí interviene un tercero
que tiene la posesión del bien. La tradición se considera
70
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit. Pag 859.
73
producida cuando el tercero es comunicado por escrito de la
transferencia, por ejemplo se compra una casa que está
arrendada a un tercero.
La traditio es un acto jurídico bilateral, patrimonial, por el cual el
tradens o transferente entrega (él o su representante) un bien en
propiedad al accipiens o adquirente, quien deviene en propietario del
bien recibido por él o su representante.
En opinión de Avendaño Valdez71, el artículo 947 comprende no solo
la tradición real sino también la tradición ficta y las tradiciones
especiales. Esta opinión se basa, en primer término, en una
interpretación gramatical: El Código no hace distinción alguna. Por
tanto al referirse genéricamente a la tradición debemos entender que
comprende todas las formas o modalidades que puede adoptar la
entrega.
En relación a las cosas muebles determinadas, como son los
vehículos automotores, se tiene que todo contrato o convenio de
enajenación, llámese compraventa, permuta, donación, no transfiere
por si la propiedad, sino que crea la obligación de transferirla. El
contrato de transferencia es el título de adquisición y la tradición es el
modo de adquirir.
71
AVENDAÑO VALDEZ, JORGE; ―La Transferencia de la Propiedad Mueble en el Nuevo Código Civil‖
(S/A).
74
ACTA DE REUNIÓN DE SALA PLENA N° 2007-3972.
“En el caso de bienes muebles embargados antes de
su entrega al comprador, no debe considerarse
perfeccionada la transferencia de propiedad con la sola
emisión del comprobante de pago correspondiente sin
haberse realizado su entrega real, por no haber
operado la tradición de dichos bienes”.
RESOLUCIÓN N° 12214-4-200773.
Que respecto a si debe o no considerarse efectuada la
transferencia de propiedad con la sola emisión de un
comprobante de pago por la venta de bienes muebles
sin haberse realizado la entrega de los mismos, se
pueden suscitar dos interpretaciones, una primera que
considera que debe considerarse perfeccionada la
transferencia de propiedad con la sola emisión del
comprobante de pago correspondiente sin haberse
realizado su entrega real, por haber operado la tradición
ficta de dichos bienes, interpretación recogida en las
Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 05292-2-2005 y
02623-2-2007. Que una segunda interpretación,
recogida en la Resolución N° 05766-4-2006, señala que
72
Acta de fecha 14 de Diciembre de 2007, tema: Determinar si debe o no considerarse efectuada la
transferencia de propiedad con la sola emisión del comprobante de pago por la venta de bienes muebles sin
haberse realizado la entrega real de los bienes materia de venta. 73
Resolución del Tribunal Fiscal de fecha 26 de Diciembre de 2007.
75
no debe considerarse perfeccionada la transferencia de
propiedad con la sola emisión del comprobante de pago
correspondiente sin haberse realizado su entrega real,
por no haber operado la tradición. Que esta última
posición es la que ha sido aprobada mediante Acta de
Reunión de Sala Plena N° 2007, 39 de fecha 14 de
diciembre del 2007, que establece que "en el caso de
bienes muebles embargados antes de su entrega al
comprador, no debe considerarse perfeccionada la
transferencia de propiedad con la sola emisión del
comprobante de pago correspondiente sin haberse
realizado su entrega real, por no haber operado la
tradición de dichos bienes”. Que el referido criterio ha
sido adoptado por este Tribunal por los fundamentos
siguientes: “De acuerdo con lo establecido por el
artículo 120 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-
99-EF, el tercero que sea propietario de bienes
embargados, podrá interponer intervención excluyente
de propiedad, ante el ejecutor coactivo en cualquier
momento antes que se inicie el remate del bien; para
ello, dicha norma impone diversos requisitos que
deberá cumplir el tercero a efectos de lograr que la
mencionada intervención sea admitida a trámite. Lo
76
fundamental es que acredite su calidad de propietario
del bien respecto del cual está planteando la
intervención excluyente, lo que hace necesario verificar
las normas relativas a la transmisión de propiedad.
Conforme con lo dispuesto por el artículo 1529 del
Código Civil, por la compraventa el vendedor se obliga
a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste
a pagar su precio en dinero. En consecuencia, el
contrato de compraventa no genera derechos reales,
sino solamente obligaciones, de manera que la sola
celebración del contrato en mención no produce la
transferencia de propiedad de los bienes muebles sino
solamente la obligación de enajenarlos. Al respecto, el
artículo 1549 del Código Civil establece como una
obligación esencial del vendedor perfeccionar la
transferencia de la propiedad del bien objeto de la
compraventa. Por tanto, es esencial establecer en qué
momento se produce la transmisión de la propiedad de
los bienes muebles, siendo claro que para ello no es
suficiente la sola suscripción del contrato. De acuerdo
con el artículo 947 del Código Civil, la transferencia de
propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa
con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal
diferente. Asimismo, se establece en el artículo 901 del
77
mismo código que la tradición se realiza mediante la
entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona
designada por él o por la ley y con las formalidades que
ésta establece. En consecuencia, de la aplicación de
dichas normas puede concluirse que, en el supuesto
bajo análisis, al no haberse efectuado la entrega del
bien al comprador, aún no se habría producido la
transferencia de la propiedad, por lo que no se
encuentra acreditada la propiedad del tercero con
anterioridad al embargo para efectos de resolver la
intervención excluyente de propiedad. Sin embargo,
resulta pertinente analizar las disposiciones del Código
Civil referidas a la tradición ficta, es decir, aquella que
no requiere la entrega física del bien, a fin de dilucidar
su aplicación al presente caso. Según lo señalan los
numerales 1) y 2) del artículo 902 del Código Civil, la
tradición también se considera realizada cuando cambia
el título posesorio de quien está poseyendo y cuando se
transfiere el bien que está en poder de un tercero (en
este último caso, la tradición produce efecto en cuanto
al tercero sólo desde que es comunicada por escrito). El
numeral 1) de la citada norma, referido a los supuestos
de cambio de título posesorio, regula las figuras de la
traditio brevi manu y el constituto posesorio, mientras
78
que el numeral 2) regula otra manifestación de la
traditio brevi manu, en la que además del adquirente y
transferente, participa un tercer sujeto que se encuentra
poseyendo el bien. La “traditio brevi mami” se presenta
cuando cambia el título posesorio de quien está
poseyendo, pasando de ejercerse una posesión menos
plena a ejercerse una posesión plena, existiendo en
este caso un cambio sustancial en la naturaleza del
título del poseedor, sin que se pierda en algún momento
la tenencia física del bien. Asimismo, de acuerdo a lo
establecido por el numeral 2) del artículo 902 del
Código Civil, la “traditio brevi manu” también puede
producirse cuando el bien objeto de transferencia se
encuentre en posesión de un tercero. Por otro lado, el
“constituto posesorid” no es otra cosa que la “traditio
brevi mami” pero entendida de manera inversa, es
decir, aquella tradición ficta mediante la cual una
persona que ejerce una posesión plena, pasa a ejercer
una posesión menos plena sin que en algún momento
se pierda la posesión física del bien, de manera que la
tradición opera de manera fingida. Ahora bien,
habiéndose explicado el contenido de los supuestos de
tradición ficta contemplados en el artículo 902 del
Código Civil, procede analizar si dichos casos son
79
aplicables al presente caso. Al respecto, puede decirse
que la traditio brevi manu no es aplicable a dicho
supuesto pues cuando ella se produce, la persona que
adquiere la propiedad, ya se encuentra en posesión del
bien de manera física. Asimismo, igual situación se
presenta en el caso previsto en el numeral 2) del
artículo 902 del Código Civil pues como se ha señalado,
dicho numeral regula una variante de la traditio brevi
manu, en la cual, el bien se encuentra en poder de un
tercero. En consecuencia, debe analizarse si el caso
bajo análisis puede ampararse en la figura del
“constituto posesorio” para determinar la procedencia
de la intervención excluyente de propiedad. Para ello
debe resaltarse que dicho tipo de tradición ficta implica
que el transferente mantenga la posesión del bien
vendido pero bajo otro título, es decir, si inicialmente
poseía como propietario, ahora poseerá, por ejemplo,
en calidad de arrendatario, depositario, usufructuario,
etc., es decir, se presenta una posesión continua del
anterior propietario y que hace innecesaria la entrega
del bien al nuevo propietario puesto que sólo se
efectuaría para que éste volviera a entregar el bien
materia de transferencia al primero a fin que lo
mantenga bajo el nuevo título. En el supuesto
80
planteado, no se ha efectuado la tradición por cuanto el
bien sobre el que se trabó un embargo, nunca fue
recibido por el adquirente, no habiéndose producido la
tradición ficta ya que no se aprecia que el vendedor
deba seguir poseyendo el bien bajo otro título, sino que
por el contrario, el vendedor tenía la obligación de
entregar el bien materia de la enajenación. En este
sentido, en la compraventa de bienes muebles que
todavía no han sido entregados al comprador, éste no
es propietario sino hasta que se le otorgue la posesión
del bien que adquirió. En conclusión, en el presente
caso resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 947
del Código Civil y no lo dispuesto por el artículo 902 del
citado Código, por lo que no ha operado la transferencia
de propiedad”. Que el criterio antes citado tiene carácter
vinculante para todos los vocales de este Tribunal,
según lo establecido por el acuerdo recogido en el Acta
de Reunión de Sala Plena N° 2002-10 de 17 de
setiembre del 2002. Que asimismo, conforme al
acuerdo que consta en el Acta de Reunión de Sala
Plena N° 2007-39 el criterio adoptado se ajusta a lo
previsto por el artículo 154 del Código Tributario, por lo
que corresponde que se emita una resolución de
81
observancia obligatoria, disponiéndose su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano”.
El artículo 948 del Código Civil, prescribe: “Quien de buena fe y como
propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere
el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad
para hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los
adquiridos con infracción de la ley penal”.
Esta norma solamente refiere la transmisión a non dominus de la
propiedad de bienes muebles, no siendo aplicable a los inmuebles.
Torres Vásquez74, explica que la ley protege solamente a quien de
buena fe recibe de otro un bien mueble en propiedad, aunque el
enajenante carezca de facultad para hacerlo. Por ejemplo, en la
compraventa a plazos de un bien mueble entregado, si el contrato se
resuelve por falta de pago del precio, el vendedor recobra la
propiedad del bien, pero si el comprador lo ha transferido en
propiedad, el tercero que lo recibió de buena fe adquiere el dominio
(artículo 948), por haberlo recibido del poseedor a quien la ley
considera propietario (artículo 912).
La buena fe del que recibe de otro una cosa mueble en propiedad es
el primer requisito exigido por el artículo 948 para la adquisición del
dominio. La buena fe del adquirente se presume, por lo que quien
74
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖; Tomo I, Pág. 969.
82
alegue la mala fe de éste debe probarla (artículos 1361 y 1362)75.
Un adquirente es poseedor de buena fe cuando está convencido de
que la persona de quien recibió el bien era el legítimo, y podía
transferir su propiedad.
5.- Diferencia entre Título Material y Título Formal.-
A decir de Max Arias-Schreiber Pezet y Walter Gutiérrez Camacho, en su
libro titulado la técnica contractual76, no debe confundirse el contrato como
acto jurídico del instrumento que lo contiene. Esta distinción está
claramente recogida por el artículo 225 del Código Civil peruano, cuando
dispone que no debe confundirse el acto con el documento que sirva para
probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo.
Manzano Solano77 hace una diferencia entre título formal y título material
cuando señala que el título en sentido material, hace referencia a la causa
o razón jurídica originaria del derecho inscribible; compraventa, donación,
permuta, etc. El título formal en cambio, debemos relacionarlo con el
documento que contiene aquella causa o motivo. Por tanto, el título en
sentido formal sería el documento en el que se contiene un título en
75
Código Civil.- Artículo 1361: ―Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se
presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien
niegue esa coincidencia debe probarla‖. Artículo 1362: ―Los contratos deben negociarse, celebrarse y
ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes‖. 76
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX, y GUTIERREZ CAMACHO, WALTER, ―La Técnica Contractual‖,
Tomo I, Gaceta Jurídica Editores, Primera Edición, 1999, Pág. 62. 77
MANZANO SOLANO, ANTONIO; ―Derecho Registral Inmobiliario‖, Volumen II, Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 1994. Citado por CABREJO ORMACHEA,
NAPOLEÓN; en su monografía titulada ―Las Transferencias Vehiculares en el Perú‖; recuperada de la
Internet.
83
sentido material (ejemplo: escritura pública que contiene un contrato de
compraventa).
Esta interesante diferencia que explica Manzano Solano, también la
encontramos claramente distinguida en nuestro Código Procesal Civil
cuando primero en su artículo 233 señala que: “Documento es todo escrito
u objeto que sirve para acreditar un hecho”. Luego en su artículo 236
distingue el documento y el acto: “Son distintos el documento y su
contenido. Puede subsistir este aunque el primero sea declarado nulo”. De
igual modo, en forma concordada, el Código Civil en su 225 referido a acto
y documento establece: “No debe confundirse el acto con el documento
que sirve para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se
declare nulo”.
Así, la jurisprudencia ha establecido que el artículo 225 del Código Civil
concierne al caso en que le documento constituye medio de prueba del
acto jurídico, de tal manera que si éste se anula, el acto se puede probar
por otros medios78. Este artículo consagra la nulidad refleja, entendida
como el principio de conservación del acto aunque el documento se
declare nulo79.
En ese sentido, si bien la transferencia de la propiedad vehicular, en virtud
del artículo 947 se perfecciona con la entrega a partir del acuerdo de
voluntades para la enajenación, o sea solo con el título material, cierto es
78
CASACIÓN N° 2482-98-Lima, El Peruano, 14/06/1999, Pág. 2991. 79
CASACIÓN N° 398-97-Chincha, El Peruano, 11/03/1999, Pág. 2753.
84
que para fines de acreditar dicho convenio, las partes lo pueden formalizar
mediante un documento o título formal, como lo es el escrito que lo
contiene, sea notarial o no; con lo cual podrá el acreedor del vehículo
hacerlo valer como prueba para exigir por las vías legales al deudor la
entrega del mismo en caso ello no haya ocurrido conforme a lo pactado,
para concurrir con otros acreedores en la preferencia de la entrega.
Así, si el deudor no ha entregado el bien, en virtud del artículo 1136 del
Código Civil, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior;
prevaleciendo, en este último caso, el título que conste de documento de
fecha cierta más antigua. Vale decir, si los títulos solo constan en
documentos privados (fecha incierta para terceros), será preferido el de
fecha anterior que acredite que verdaderamente se celebró el contrato en
esa fecha.
Son documentos de fecha cierta, o sea cuya fecha no puede ser puesta en
duda, los documentos públicos, es decir los otorgados por funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones, las escrituras públicas y demás
documentos otorgados por Notario Público. La copia del documento
público tiene el mismo valor del original cuando está certificada por auxiliar
jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda80.
Los documentos privados adquieren fecha cierta: 1) por fallecimiento del
otorgante; 2) la presentación del documento ante funcionario público; 3) la
presentación del documento ante notario público; 4) la difusión a través de
80
Según artículo 235 del Código Procesal Civil.
85
un medio público de fecha determinada o determinable; 5) otros casos
análogos. Excepcionalmente, el juez puede considerar como fecha cierta
la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan
convicción81.
En ese orden, los documentos privados legalizados notarialmente no son
de fecha cierta desde el momento en que fueron otorgados sino desde
que fueron legalizados. Los presentados ante funcionario público, por
ejemplo, los presentados en un proceso judicial, adquieren fecha cierta
con la constancia de recepción puesta por el funcionario respectivo; la
certidumbre de la fecha es a partir de la puesta en el documento de la
constancia de recepción.
En suma, el acreedor que tenga documento de fecha cierta más antigua
será preferido en la entrega del bien mueble, si es que el deudor todavía
no lo ha entregado a ningún acreedor.
Ahora bien, el título formal no solo sirve como prueba entre las partes
contratantes en caso de conflicto, sino que con ciertas condiciones y
requisitos, sirve también para su inscripción y pueda ser oponible más
eficientemente ante terceros accediendo así a la protección del registro,
pues debe tenerse en cuenta que el artículo 2014 del Código Civil
establece que: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún
derecho de persona que en el registro aparece con facultades para
81
Según artículo 245 del Código Procesal Civil.
86
otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de
causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero
se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
Como lo señala Cabrejo Ormachea82, si bien la transferencia se produce
extrarregistralmente, para que se inscriba dicha transferencia de
propiedad, no basta que se haya celebrado el acto generatriz (título
material) como una compraventa o la entrega del bien antes de su
solicitud de inscripción; sino que además se requiere que dicho acto reúna
una formalidad determinada (título formal).
El título formal es entonces –para actos intervivos de transferencia de
propiedad vehicular- el acta notarial, la cual es exigible para su acceso al
registro la presentación del acta de transferencia notarial que hace
mención el artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Propiedad Vehicular83.
82
CABREJO ORMACHEA, NAPOLEON; ―Transferencias Vehiculares en el Perú‖; S/A. 83
El artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, fue modificado por el
artículo primero de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 112-2005-
SUNARP-SN, publicada el 12 de abril de 2005 y vigente a partir del 25 de abril de 2005; y señala lo
siguiente: ―Toda transferencia de propiedad de vehículos por acto entre vivos se inscribirá en mérito al acta de
transferencia de propiedad vehicular (…)‖.
87
CAPÍTULO III
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR
1.- Sistemas de Registros Comparados.-
Seguidamente resaltaremos las principales características de que aquellos
sistemas registrales que han denotado importancia en países como
Alemania, Francia, España y Australia, debiendo precisar que el sistema
de registro peruano básicamente toma como base el sistema español.
1.1.- Sistema Alemán84.-
Las normas madres del Derecho alemán son su Ordenanza
Inmobiliaria de 1872 y el Código Civil de 1896 (B.G.B.), tiene como
principales características las siguientes:
Es un sistema abstracto85, es decir, la transferencia de la
propiedad o cualquier otro derecho real opera a través del
acuerdo abstracto (voluntad de transferir y adquirir) y la
consiguiente inscripción, el cual esta desligado del negocio
causal. O sea, el sistema es constitutivo de registro, antes de
la inscripción no se es titular, o mejor dicho no se transfiere la
propiedad si no se inscribe, pues solo habrá una obligación.
Siendo un sistema abstracto, no se requiere del título o
84
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013. 85
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Registros Públicos‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 35.
88
contrato para su inscripción. Con el registro se crea un
acuerdo abstracto.
Tiene un sistema de Folio Real, es decir que la forma de
organización de registro es por finca; existe una Hoja por cada
finca, consta de un cuaderno de 12 páginas, que comprende
el encabezado con los datos del inmueble y tres secciones: 1.-
Relaciones de propiedad, 2.- Cargas y limitaciones en general.
3.- Hipotecas y gravámenes pecuniarios.
Se presunción la exactitud del registro, empero se admite
prueba en contrario, es decir cabe la posibilidad que la
inscripción se anule.
También se considera el principio de fe pública registral, por lo
que se protege al adquiriente de buena fe.
Los derechos se gradúan o jerarquizan en virtud de la
prioridad en la inscripción.
No hay principio de legalidad, vale decir, el registrador ejerce
limitadas funciones calificadoras, no enjuicia validez del
negocio causal, solo se limita a comprobar el consentimiento.
1.2- Sistema Francés86.-
El sistema Francés tiene un registro declarativo y parte de un
acto consensual, vale decir, se caracteriza por ser un sistema
86
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013.
89
registral facultativo, en el cual los derechos reales se
constituyen antes de la inscripción, con el acuerdo de los
contratantes87.
Tiene eficacia de oponibilidad, es decir, repele, obstruye u
opone su derecho a quien no está inscrito. El título no inscrito
es inoponible al título inscrito. El Principal efecto sustantivo es
que la inscripción funciona como condición de oponibilidad a
terceros: Los títulos no inscritos no perjudican a terceros.
El registro francés viene a ser un mero instrumento de
publicidad del derecho ya creado extrarregistralmente; a lo
cual se le adiciona como único efecto sustantivo el de la
protección ante titulares incompatibles.
Funciona el tracto sucesivo.- Después de 1955 se exige
obligatoriamente el tracto sucesivo, es decir el transmitente
debe tener inscrito su derecho.
La transcripción es obligatoria, es decir que el documento
inscribible se copia o sencillamente se archiva íntegramente,
normalmente se incorpora el título en legajos cronológicos.
Han pasado de la transcripción, mediante la copia íntegra en
el Libro, a una incorporación física en archivo.
Se organiza mediante un sistema de Folio o Fichero Personal.
La Persona, el titular registral, es el eje de la publicidad y los
87
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 36.
90
actos jurídico-reales que le afectan; se consignan en una
ficha. Se lleva una ficha por cada propietario o titular de
derechos reales, en la misma se consignan los inmuebles por
cada titular. Actualmente se lleva un doble fichero, ficha por
titular y ficha por finca.
1.3.- Sistema Español88.-
La norma madre es la Ley Hipotecaria de 1861-1944.
El registro español tiene efectos de presunción de exactitud y
protección de terceros. Se reconoce a la inscripción registral
un cierto valor sustantivo, que se traduce en una presunción
de verdad del contenido de las inscripciones, verdad que a la
que se le da la categoría de verdad oficial, susceptible de
prueba en contrario; la cual se convierte en invulnerable
cuando un tercero, al contratar, confía en ella y obtiene su
inscripción. En los sistemas registrales relativos como el de
España y el Perú, dicho efecto descansa en el Principio de
Legitimación y en el Principio de Fe Pública Registral.
Funciona como un sistema de inscripción de extracto. El
registrador con amplias facultades para la calificación,
determina mediante extracto, las circunstancias esenciales del
88
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013.
91
título, que han de conformar el asiento registral dentro del
marco legal, se incorpora en el asiento solo la parte del título
que resulta trascendente para terceros.
El registro se ordena por fincas (sistema de folio real) actos
entrelazados por el tracto sucesivo.
Es un sistema causal, es decir la inscripción tiene una base
causal la misma que refleja el negocio causal que le dio origen
(titulo). El titulo es la causa-eficiente de la inscripción registral.
No podemos separar el titulo con respecto al asiento, estos
son extractos formales del título.
Es un sistema de calificación absoluta. Solo pueden acceder
al registro títulos válidos y para ello se exige como regla
general –no exenta de excepciones- la necesidad de forma
pública y siempre un control de legalidad por parte del
registrador de los títulos que pretenden obtener publicidad
registral.
Es un registro de inscripción no constitutivo, o sea es
declarativo89. El registro publica derechos constituidos fuera
del mismo (extrarregistralmente), ya que tiene un sistema
consensual y por tradición.
No se conservan los títulos archivados. Los títulos que
contienen los actos o derechos no se archivan y se devuelven
89
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 38.
92
al interesado.
El registro no es órgano de la administración por lo que el
registrador no es un funcionario administrativo.
1.4- Sistema Australiano90.-
Australia del Sur – 1858. Este sistema es llamado también Acta
Torrens.
El Estado garantiza que el titular registral tiene un título
perfecto. Quien entrega la propiedad y otorga el título no es el
privado, sino el Estado. Para transferir se retorna la propiedad
al Estado, y luego es éste quien vuelve a otorgar el dominio. El
Estado se incorpora en la relación privada de las partes. Se
trata de una participación sanatoria del Estado otorgando
títulos perfectos. Los títulos se sanean o se perfeccionan a
través del Estado. Cualquier problema se subsume en el
Estado. Todo lo inscrito está saneado. No existe posibilidad de
que el título pueda ser declarado inválido, por lo que existe
una convalidación absoluta, es decir es sistema registral
convalidante91.
Lo que entrega el Estado al titular es un duplicado del
certificado del título que no constituye un título real. La prueba
de titularidad no resulta del duplicado sino del Libro del
90
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013. 91
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 37.
93
Registro.
Se organiza mediante el sistema de folio real, o sea registro
por fincas. El Libro de Registros se organiza archivando los
certificados de títulos y concesiones de la Corona.
La inscripción es constitutiva. Los derechos reales
inmobiliarios dependen de la registración, la misma crea o
transmite el derecho.
Rige el principio de invulnerabilidad, es decir tiene un efecto
convalidante o sanatorio de vicios, con presunción de validez,
de integridad y de exactitud (Presunciones Juris et de iure).
Hay un Fondo de Seguro. El Estado garantiza la propiedad.
No hay intervención notarial.
Existe una rigurosa comprobación de consistencia física de
fincas
No obstante, se da una extrema lentitud en la tramitación. La
inscripción puede durar hasta un año, ya que comprende la
evaluación jurídica de la documentación que justifica el
derecho y la evaluación de la finca sobre el terreno y
comprobación de planos. El registrador tiene amplias
facultades calificadoras.
Han surgido asesores inmobiliarios (corredores) cuya tasa
oscila del 0.75% al 2% del valor del predio.
Existe un catastro que garantiza la consistencia de datos
físicos.
94
2.- Clases de Registros.-
Existen diversas clasificaciones de los sistemas registrales92, como la que
reseña Dávila Dávila93 en sistemas registrales declarativos, constitutivos u
obligatorios; convalidantes y no convalidantes; de folio real y folio
personal; de inscripción y de trascripción; con archivo de títulos y sin
archivo de títulos; con fe pública registral y sin fe pública registral; con
legitimación y sin legitimación, con doble venta y con una venta; de
registro de derechos y de documentos, entre otros. Sin embargo para el
presente trabajo tomaré la clasificación realizada por Soria Alarcón94:
2.1.- Registro Declarativo.-
Llamado también potestativo. Dávila Dávila95 explica que un sistema
registral es declarativo o potestativo cuando el acto o el derecho real
se constituye fuera de registro y su inscripción otorga publicidad
registral, protege su derecho y le otorga seguridad, es decir podemos
inscribir si lo deseamos.
92
Se pueden clasificar los sistemas registrales de la siguiente manera: Por sus Efectos: Declarativo,
Obligatorio y Constitutivo. Por sus Métodos: Transcriptorio (transcripción literal del título) e Inscriptorio
(resumen del título). Por su Técnica: En Folio Real (partidas en base a la unidad inmobiliaria) y Folio
Personal (partida en base a la persona). 93
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 24. 94
SORIA ALARCÓN, MANUEL; ―Estudios de Derecho Registral‖ Pág. 20; citado en la Tesis titulada ―La
afectación de los derechos de propiedad del titular extrarregistral en sentencias judiciales a causa de la
prevalencia del derecho del tercero de buena fe registral en materia hipotecaria, en Arequipa, 2002 – 2004‖;
sustentada por la Dra. Tania Fernández Romero. 95
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Garcilazo de
la Vega; Pág. 25
95
Se caracteriza porque no se exige como un requisito esencial para la
transmisión del dominio o constitución del derecho real. El derecho
real nace extrarregistralmente y la inscripción no hace más que
constatar frente a todos la transmisión o constitución de un derecho
real, ya operada con anterioridad y garantiza su protección.
2.2.- Registro Constitutivo.-
Dávila Dávila96, señala que un sistema registral es constitutivo
cuando el acto o el derecho real se constituye con la inscripción, es
decir, cuando los derechos reales nacen recién con la inscripción en
el registro.
Sistema que no admite la existencia de un acto si éste no se
encuentra inscrito, de manera tal que la inscripción constituye el
elemento de validez del acto o negocio jurídico, puesto que solo a
partir de la inscripción en los Registros Públicos se generarán los
derechos y obligaciones. Con este tipo de registros la eficacia es
total, ya que no solo se garantiza a terceros, sino también a las
partes contratantes. Es aquel que se exige como requisito esencial
de la transmisión del dominio o de la transmisión y constitución del
derecho real, de manera que los derechos reales nacerían a través
del registro y no existirían hasta el momento de su inscripción. La
inscripción es un requisito necesario no solo para su nacimiento sino
para su eficacia.
96
DÁVILA DÁVILA, PIO; Op. Cit. Pag. 25.
96
3.- Evolución del Registro Peruano.-
El Registro de Aeronaves fue creado por la Ley de Aeronáutica Civil; el
Registro de Embarcaciones por el Código de Comercio; el Registro
Vehicular por la Ley de Tránsito y dependía del Ministerio de Transportes,
dándosele un tratamiento de registro administrativo cuando en realidad era
un registro jurídico. Así, en el Perú, existía una gama de registros
administrados por distintas entidades públicas, y con reglas dispersas en
varias normas jurídicas.
A partir de octubre de 1997, se hizo efectivo el traslado del Registro de
Propiedad Vehicular y Prenda de Transporte del ámbito de las Direcciones
de Circulación Terrestre de las Regiones a las Oficinas Registrales a nivel
nacional, dando de esta manera, cumplimiento a lo dispuesto por el último
párrafo de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 26366. Con la
efectivización de dicha norma las Oficinas Registrales asumían la
responsabilidad de administrar un registro más.
Mediante la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los
Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, del 16 de octubre de 1994, como su nombre lo indica, no solo
crea la Superintendencia como organismo descentralizado autónomo, sino
lo más importante crea un Sistema Nacional Único97 que se asienta sobre
97
La Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, en su artículo 1 dispone: ―Créase el Sistema Nacional de los Registros
Públicos con la finalidad de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral e
todo el país, orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización de la función,
97
cuatro principios o garantías básicas:
a) La autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus
funciones registrales;
b) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, salvo
título modificatorio posterior o sentencia judicial firme;
c) La seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan
en la fe del Registro; y
d) La indemnización por los errores registrales, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que correspondan conforme a ley.
De esa manera, este nuevo Sistema Nacional de los Registros Públicos
vinculó en lo jurídico registral a los Registros de todos los Sectores
Públicos y está conformado por los siguientes Registros:
a) Registro de Personas Naturales, que unifica los siguientes
registros: El Registro de Mandatos y Poderes, El Registro de
Testamentos, El Registro de Sucesiones Intestadas, el Registro
Personal y el Registro de Comerciantes;
b) Registro de Personas Jurídicas, que unifica los siguientes
procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran‖. En su artículo 10 dispone: Créase la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como organismo descentralizado autónomo del Sector
de Justicia y ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos, con personería jurídica de Derecho
Público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico registral, técnica, económica, financiera y
administrativa; está comprendida en el volumen 05 del presupuesto del Sector Público. La Superintendencia
tiene por objeto dictar las políticas y normas técnico-administrativas de los Registros Públicos estando
encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los
actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema Nacional. Intégrese bajo la competencia de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos todos los registros existentes en los diferentes sectores
públicos a que se refiere el artículo 2° de la presente ley. La integración de los Registros Públicos a nivel
nacional se ejecutará progresivamente en el plazo de un año contado a partir de la entrada en funcionamiento
de la Superintendencia nacional de Registros públicos, con el objeto de modernizar el Sistema, dotando a los
Registros de una organización, procedimientos, tecnología avanzada en materia de archivo e información
registral‖.
98
registros: el Registro de Personas Jurídicas, el Registro
Mercantil, el Registro de Sociedades Mineras, el Registro de
Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos, el Registro
de Sociedades Pesqueras, el Registro de Personas Jurídicas
creadas por Ley y el Registro de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada;
c) Registro de Propiedad Inmueble, que unifica los siguientes
registros: el Registro de Propiedad Inmueble, el Registro de
Buques, el Registro de Embarcaciones Pesqueras, el Registro
de Aeronaves, el Registro de Naves98, el Registro de Derechos
Mineros y el Registro de Concesión para la Explotación de
Servicios Públicos;
d) Registro de Bienes Muebles, que unifica los siguientes
Registros: el Registro de Bienes Muebles, el Registro de
Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal de Venta a Plazos, el
Registro de Prenda Industrial, el Registro de Prenda Agrícola,
el Registro de Prenda Pesquera, el Registro de Prenda Minera,
el Registro de Prenda de Transportes;
e) Los demás Registros de carácter jurídico creados o por
crearse.
98
Ahora con la nueva Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley N° 28677, en su artículo 4, considera bienes
muebles , además de los vehículos terrestres de cualquier clase, a las naves y aeronaves, locomotoras, vagones
y demás material rodante afecto al servicio de ferrocarriles, quedando así derogada las ficciones legales que
respecto de dichos bienes consideraba como inmuebles el Código Civil en su artículo 885.
99
Todos estos registros que estaban repartidos en los diferentes sectores
públicos, se integraron bajo la competencia de la Superintendencia
Nacional, sin embargo no están comprendidos en esa Ley conforme a su
artículo 2, los registros de carácter Administrativo.
Este cambio sustancial implicaba la incorporación del principio registral de
legalidad para la calificación de los actos y derechos que pretendían
acceder al registro además de consagrar los efectos de los demás
principios registrales (legitimidad, publicidad, prioridad, fe pública registral,
etc.) para aquellos ya inscritos. Es decir, el Registro de Propiedad
Vehicular cambió de ser un registro de información administrativa a cargo
de transportes a otro de seguridad jurídica a cargo de los Registros
Públicos.
Luego, mediante la Ley N° 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria, dada el
24 de febrero de 2006, se regula la garantía mobiliaria para asegurar
obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o
determinables, sujetas o no a modalidad. En ese sentido, además de los
Registros Jurídicos de Bienes a cargo de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP, se regula el nuevo Registro Mobiliario
de Contratos, como un registro de contratos en el que se inscriben las
garantías mobiliarias y demás actos inscribibles sobre bienes muebles no
registrados en algún Registro Jurídico de Bienes. Asimismo, crea el
Sistema Integrado de Garantías y Contratos, como un sistema que
unificará la información existente sobre estas materias en el Registro
Mobiliario de Contratos así como en todos los Registros Jurídicos de
100
Bienes. Estableciéndose que pueden ser objeto de la garantía mobiliaria
entre otros, los vehículos terrestres de cualquier clase. Por consiguiente,
cuando los actos inscribibles recaigan sobre bienes muebles registrados
en un Registro Jurídico de Bienes, éstos se inscribirán en la
correspondiente partida registral. En caso contrario, se inscribirán en el
Registro Mobiliario de Contratos.
Ahora bien, el Registro Público es una institución técnica – jurídica,
destinada a la publicidad de las inscripciones de los actos, contratos,
resoluciones judiciales y administrativas que la ley determina, con el objeto
de garantizar el derecho de los inscribientes y de terceros. Tal institución
tiene por finalidad inscribir y dar publicidad a los actos que la ley
determina, descansando sobre dos pilares: La inscripción y la Publicidad99.
Para MAYOBANEX W. CALVAY ODAR100, los Registros Públicos son una
institución jurídica del Estado que constituye el carácter instrumental del
cual se vale el Derecho Registral para permitir que las personas puedan
conocer la titularidad a través de la publicidad registral del bien registrado,
sin necesidad que el propietario tenga contacto con le bien. En el Perú los
Registros Públicos vienen hacer una institución estatal, Técnico-Jurídica,
dependiente del ministerio de Justicia, con autonomía de sus funciones
que preservan la intangibilidad del contenido de las inscripciones, y
otorgan publicidad material y formal con efectos jurídicos, de todos los
99
FERNANDEZ – DAVILA BARREDA, CARLOS; ―¿Qué son los Registros Públicos?‖, Scribas Revista de
Derecho –INDEJ- Año II, N° 03, Pág. 297. 100
CALVAY ODAR, MAYOBANEX W.; ―La publicidad registral y los efectos del Principio de fe Pública
registral ¿La publicidad registral se centra solo en el asiento registral o se extiende al título archivado‖.
101
actos y derechos inscritos de origen notarial, judicial y decisiones
administrativas, previstas en la ley, con el objeto de garantizar el derecho
de los titulares registrados y terceros contratantes.
Específicamente en nuestra legislación sustantiva apreciamos la
existencia de por lo menos siete principios que regulan la inscripción
registral, a saber: Legalidad, Publicidad, Legitimación, Buena Fe Registral,
Tracto Sucesivo, Prioridad e Impenetrabilidad.
a) Principios referidos a los requisitos de inscripción.-
Rogación
Titulación Auténtica
Legalidad
Tracto Sucesivo
Especialidad
b) Principios referidos a los efectos de la inscripción.-
Legitimación
Fe Pública Registral
Prioridad Preferente
Prioridad Excluyente
Oponibilidad
Es importante para efectos del presente trabajo enfatizar los principios de
legitimación y de fe pública registral.
Así tenemos que respecto al principio de legitimación, el artículo 2013 del
102
Código Civil, establece que: “El contenido de la inscripción se presume
cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare
judicialmente su invalidez.
En cuanto al principio de fe pública registral, el artículo 2014 del Código
Civil, prescribe que: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso
algún derecho de persona que en registro aparece con facultades para
otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de
causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero
se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
Aliaga Huaripata101 enumera los requisitos para desplegar los efectos
benéficos de este principio registral a favor de los terceros adquirentes:
a) Debe tratarse de una adquisición derivada de titular registral,
que el registro aparece con facultades dispositivas.
b) Ha de existir inexactitud registral no conocible por el tercero
adquirente que afecta el derecho del titular registral
transferente por causales de invalidez, ineficacia o falsedad.
c) El adquirente debe tener título válido y ser tercero respecto de
las relaciones jurídicas anteriores afectadas por alguna
patología.
d) La adquisición por el tercero debe ser de buena fe.
101101
ALIAGA HUARIPATA, LUIS; ―Código Civil Comentado‖, Tomo X, Gaceta Jurídica, Primera Edición,
Lima 2005, Pág. 419 – 423.
103
e) La adquisición por el tercero debe ser a título oneroso.
f) Debe inscribirse el acto adquisitivo del tercero.
Ahora bien nuestro sistema registral peruano presenta las siguientes
características102:
Según Dávila Dávila103, en el sistema registral peruano, la
inscripción es facultativa y por excepción es constitutiva, como por
ejemplo en la hipoteca, si no se inscribe el título solo existirá una
obligación personal y no una obligación real, pero la hipoteca no
existirá como derecho real, por que la inscripción se confunde con
el acto en este caso.
Es un sistema causal.- La inscripción tiene una base causal es decir
la misma refleja el negocio causal que le dio origen (título). El título
es la causa-eficiente de la inscripción registral.
Es un sistema de extracto.- El Registrador con amplias facultades
para la calificación, determina mediante extracto, las circunstancias
esenciales del título, que han de conformar el asiento registral
dentro del marco legal, se incorpora en el asiento solo la parte del
título que resulta trascendente para terceros.
Es un sistema de folio real, es decir se organiza por fincas o bienes.
Consta de registros integrados en el sistema nacional de los
registros públicos, lo que significa que está compuesto por varios
102
Resumido de la exposición del Dr. RAÚL RIVERA BUSTAMANTE, en el curso de Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ, Lima – 2013. 103
DÁVILA DÁVILA, PIO; ―Derecho Registral‖; material de enseñanza de la Universidad Inca Gaercilazo
de la Vega; Pág. 38.
104
registros, como se señaló supra, registro de bienes muebles, de la
propiedad inmueble, de personas jurídicas, de personas naturales.
Se advierte en su respectiva exposición de motivos104 que el registro
público presenta hasta tres características que la identifican: 1° Regula
registros jurídicos y no administrativos; 2° Son registros a los que le aplica
los principios de derecho registral y 3° Trata de registros que desarrollan
temas de derecho civil.
Los registros administrativos son los que nos proporcionan lo que
normalmente conocemos como “publicidad noticia” y se diferencian de los
registros jurídicos ya que de éstos obtenemos la llamada “publicidad
efecto”. En ese sentido, cuando una persona acude a los Registros
Públicos, conoce ya de antemano que lo que encontrará le otorgará
seguridad jurídica pues la inscripción o la falta de ellas, producirá
consecuencias jurídicas distintas en cuanto a los derechos, las
obligaciones, los actos de las partes y de terceros. Sin embargo cuando se
recurre a los registros administrativos se obtendrá información que se
supone será veraz, pero de ningún modo nos da seguridad jurídica.
Los registros jurídicos son aquellos que generan efectos sustantivos, hay
un procedimiento, calificación, presunción de conocimiento general, en
suma, hay un valor agregado; en cambio los registros administrativos son
meros archivos estadísticos, informáticos de conservación, no aseguran
104
A. MURO P. ―Registros Públicos‖; Exposición de Motivos del Código Civil Libro IX Registros Públicos.
105
certeza de información, no contienen derechos sustantivos, no hay
presunción de conocimiento, así tenemos al Registro de Bienes
Nacionales, el Registro Único de Contribuyentes, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, etc.
El artículo 1 del Reglamento General de los Registros Públicos señala que
el procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y
tiene por finalidad la inscripción de un título. No cabe admitir
apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a la
inscripción. Los aspectos relevantes de esta definición son: la naturaleza
no contenciosa del procedimiento registral, que el procedimiento registral
es especial y, por tanto, no está sometido a las normas que formulan el
procedimiento administrativo general, no obstante ello, tales normas
administrativas son de aplicación supletoria al procedimiento registral, que
la relación procedimental es exclusiva y excluyente entre el Registrador y
el solicitante de la inscripción, por lo que no solo resulta impertinente la
participación de un tercero que se oponga a la inscripción rogada, sino
que ningún apersonamiento distinto, aun coadyuvante, resulta
procedente105.
Guevara Bringas106, nos indica que para poner en marcha el
procedimiento registral es necesaria la aparición de los siguientes
presupuestos:
105
GONZALES LOLI, JORGE LUIS; ―Comentarios Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos‖,
Gaceta Jurídica, 2da. Edición, Lima, 2002. 106
GUEVARA BRINGAS, RUBÉN; en ―¿Qué abarca el Procedimiento Registral y qué mecanismos de
protección nos ofrece?‖, Separata de Estudio, S/A.
106
a) La previa producción extrarregistral de la modificación jurídico –
real;
b) La plasmación de la modificación jurídico – real en una
documentación pública y auténtica;
c) La formulación de una declaración de voluntad de un particular,
dirigida al registrador, en la cual se pretenda la práctica de un
asiento. Esta declaración de voluntad se denomina usualmente
solicitud, rogación o petición de inscripción;
d) La presentación en el registro de los títulos o documentos que
justifiquen dicha pretensión y la reunión por tales documentos
de las exigencias establecidas en la Ley para que el asiento
pueda practicarse;
e) Cuando la mutación que el Registro debe publicar entraña una
modificación de una anterior situación registral –lo que ocurra
en todos los casos en que no sea una primera inscripción-
debe derivar del titular inscrito (tracto sucesivo).
Según DIEZ-PICAZO Y GULLÓN107; una vez iniciado y puesto en marcha
el procedimiento registral, los actos que constituyen el procedimiento
registral son los siguientes:
a) La formulación por el funcionario encargado del registro de un
juicio sobre la legalidad de la pretensión y sobre la validez y
107
DIEZ PICAZO, LUIS, Y GULLÓN, ANTONIO, Citado por GUEVARA BRINGAS, RUBÉN; en ―¿Qué
abarca el procedimiento registral y qué mecanismos de protección nos ofrece?‖; Separata de Estudio del
Curso de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario del Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ; Lima –
2013.
107
eficacia de las mutaciones jurídico-reales que se pretende
publicar en el Registro (calificación), y la adopción de una
decisión.
b) La eventual interposición de los recursos pertinentes contra la
decisión del registrador, cuando ésta sea contraria a la
pretensión del solicitante o, en su caso, la subsanación de las
faltas o remoción de los impedimentos, que, de acuerdo con a
propia decisión del registrador, han impedido la inscripción.
El Manual Oficial de la SUNARP108 nos ilustra sobre cuáles pueden ser los
títulos materiales:
a) Negocios Jurídicos.- Compraventa, Dación en Pago, División y
Partición, Donación, Permuta, Anticipo de Legítima, de bienes
muebles o inmuebles. En el caso de personas jurídicas, puede
ser la Constitución de Sociedad, Constitución de Asociación,
Constitución de Cooperativas, Constitución de Fundaciones,
Constitución de Comités, Elección de Integrantes de
Directorios, Elección de gerentes, Nombramientos de
Liquidadores, Nombramiento de Apoderados y otros.
b) Disposición Legal.- Por disposición legal, tenemos por ejemplo,
la cancelación de las concesiones mineras por el no pago del
derecho de vigencia que se cancela en forma anual,
transferencias por sucesión testamentaria o intestada,
108
Manual Oficial de los Servicios Registrales de la SUNARP 2010, Primera Edición, Lima 2010, Pág. 93 y
ss.
108
cancelación de embargos, anotaciones de demanda y de
hipotecas, en aplicación de la Ley de caducidad N° 26639
publicada el 27/06/1996.
c) Resolución Judicial.- Resoluciones judiciales que resuelven
conflictos, sobre mejor derecho de propiedad, sobre
adjudicación de bienes registrados por remate judicial,
(muebles e inmuebles inscritos), sobre sucesión intestada,
medidas cautelares: anotación de demanda, embargos, de no
innovar, etc.
En cuanto a los títulos formales pueden constituirse como tales109:
a) De origen Notarial.- En el caso de los documentos de origen
notarial son el mayor número que ingresan al Registro
solicitando su inscripción, entre éstos tenemos: Las escrituras
públicas que pueden ser actos traslativos de la propiedad o de
gravámenes sobre los mismos, escritura de adopción de
mayores de edad capaces, escritura pública de constitución de
patrimonio familiar, escritura pública de rectificación de área y
linderos, escritura de prescripción adquisitiva de dominio. En
cuanto a actas de origen notarial, son inscribibles: la
transferencia de bienes muebles, el acta de protocolización de
una sucesión intestada, copias certificadas por notario de las
actas de una junta de accionistas, de una asamblea de
109
Manual Oficial de los Servicios Registrales de la SUNARP 2010, Ob. Cit. Pág. 93 y ss.
109
asociados o de una sesión de directorio.
b) De origen Judicial.- Son todas las resoluciones emitidas por las
autoridades jurisdiccionales, independiente de la instancia a la
que pertenecen. Las Resoluciones Judiciales inscribibles,
pueden ser de inscripción temporal como la anotación de
medidas cautelares, o de carácter definitivo como las
sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada.
c) De origen Administrativo.- Títulos formales de documentos
administrativos tenemos: Resoluciones expedidas por las
municipalidades provinciales y distritales sobre aprobación de
habilitaciones urbanas, subdivisión de lotes y, acumulación de
lotes; certificados de finalización de obras para inscribir las
declaratorias de fábrica (construcción de edificaciones9;
certificados de demolición de construcciones.
El título formal, constituye de esta manera, en un documento con carácter
de autenticidad, idóneo para su inscripción en el registro jurídico y su
naturaleza puede variar dependiendo de la fuente de su creación, sea esta
notarial, administrativa o judicial. No obstante, es menester precisar que el
artículo 46 del Reglamento General de los Registros Públicos, segundo
párrafo, enfatiza en ese mismo sentido que la inscripción no convalida los
actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes.
110
4.-El Registro de la Propiedad Vehicular.-
De conformidad con el anterior Reglamento de Inscripciones del Registro
de Propiedad Vehicular, aprobado por Resolución N° 255-99-SUNARP, las
transferencias de vehículos automotores por acto entre vivos se inscribían
en virtud de contratos privados con firmas certificadas ante notario,
documento que si bien permitía mayor fluidez en la contratación e
importaba un menor costo de perfeccionamiento, también era susceptible
de ser adulterado con mucha mayor facilidad, lo que atentaba contra la
seguridad jurídica que el estado debía resguardar.
Es por ello que mediante la promulgación del decreto Supremo 036-2001-
JUS, se adoptaron medidas conducentes a evitar la falsificación de
documentos que se requieren en la tramitación de transferencias de
vehículos automotores, todo esto con el objetivo de resguardar la
seguridad jurídica y otorgar las máximas garantías a fin de que los
indicados documentos de transferencia transmitan certeza de la efectiva
participación de las personas intervinientes.
Una de las medidas adoptadas, consistió en que las transferencias de
propiedad de vehículos automotores por acto entre vivos se formalicen
mediante acta notarial de transferencia de bienes muebles registrables,
conforme a lo previsto en la Ley del Notariado. Esta disposición también
fue recogida en el actual Reglamento de Inscripciones del Registro de
Propiedad Vehicular.
111
Además de tal medida de seguridad, en el artículo 2° del Decreto Supremo
precitado se dispuso: “La presentación del acta de transferencia vehicular
ante el Registro de Bienes Muebles, deberá ser efectuada por el Notario o
sus dependientes, siendo posible, luego del ingreso, la entrega de la guía
de presentación al nuevo propietario, para su correspondiente trámite”110.
El Registro de Propiedad Vehicular es facultativo y no constitutivo, pero
siendo un registro especial de carácter jurídico, es necesaria la inscripción
de las transferencias cumpliendo los requisitos establecidos en el
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. Dicha
importancia incumbe tanto al vendedor como al comprador, pues para el
vendedor se desligará de un bien registrado a su nombre, que de no
inscribirse dicha transferencia, correría el riesgo que, quien posea el
vehículo (comprador) pueda ocasionar daños a terceros siendo además el
titular registral (vendedor) responsable; mientras que para el comprador,
de inscribir su transferencia surtirá efectos frente a terceros. En general, la
transferencia vehicular es un acto registral por el que se inscribe la
transferencia de la propiedad de un vehículo a favor de otra persona, en
mérito al Acta Notarial de transferencia u otro acto jurídico que tenga
mérito suficiente para su inscripción registral (Declaración de Sucesión
Intestada, Adjudicación Judicial, Adjudicación Administrativa).
Según el artículo 2 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
110
Tomado de la Resolución N° 143-2012-SUNARP-TR-A de fecha 23/03/2012.
112
Propiedad Vehicular111, señala que el Registro de Propiedad Vehicular,
forma parte del Registro de Bienes Muebles a cargo de los Órganos
Desconcentrados de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP), está regulado por las disposiciones generales del
Título I y el Título VIII del Libro IX del Código Civil, y sujeto a las garantías
del Sistema Nacional de los Registros Públicos contemplados en el
artículo 3 de la Ley N° 26366.
Los actos inscribibles son la primera de dominio; las características del
vehículo y sus modificaciones; las transferencias posteriores; la
constitución de prenda y demás gravámenes, así como su modificación y
cancelación; los contratos y pactos especiales oponibles a terceros,
conforme a ley, y las medidas cautelares ordenadas por el juez
competente (artículo 5 del Reglamento).
En el Perú, el registro no se involucra en el acto de la enajenación, el cual
discurre por entero en el ámbito del Derecho Civil. Solo que para evitar, en
lo indispensable, los males de la clandestinidad y de la posible sorpresa y
perjuicio de terceros adquirentes se exige la registración si el acto jurídico
correspondiente quiere oponerse o hacerse valer en contra de quien le
pueda perjudicar.
Como hemos visto, con ciertas peculiaridades, empero básicamente los
registros pueden ser constitutivos o declarativos de derechos, es decir, no
111
Aprobado con Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 087-2004-SUNARP-
SN.
113
es lo mismo ser que oponer. Actualmente nuestro Registro no es
constitutivo, pues solo sirve para oponer. El Registro de Propiedad
Vehicular es solamente declarativo, ya que la inscripción no transfiere el
dominio del bien, en tanto esta se da previamente con la entrega según el
artículo 947 del Código Civil, sirviendo entonces para que el adquirente
que inscribe su derecho pueda oponer su título frente a terceros. Al
respecto, la Corte Suprema ha resuelto:
CASACIÓN N° 415-99.
“El hecho de que un vehículo sea un bien mueble
registrable, es decir que los derechos que recaigan
sobre él sean susceptibles de ser inscritos en la oficina
correspondiente de Registros Públicos y así obtener la
publicidad y consecuente protección de los mismos, no
implica que la transferencia de dicho bien se
perfeccione con la inscripción registral”.
CASACIÓN N° 3805-2006-Lima112.
“La transferencia de la propiedad de un vehículo
automotor, en su calidad de bien mueble, se
perfecciona con la tradición, razón por la cual no tiene
efectos constitutivos la inscripción ante los Registros
112
Casación de fecha 12 de Diciembre de 2006 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la
República.
114
Públicos, por cuanto el artículo 34.1 de la Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre establece que la
transferencia de la propiedad de vehículos
automotores se formaliza mediante su inscripción en el
Registro de la Propiedad Vehicular y el artículo 36 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de
Propiedad Vehicular no le otorga tal calidad”.
4.1.- Obligatoriedad del Registro.-
Nuestro Código Civil de 1984, en su artículo 947, señala lo siguiente:
“La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se
efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal
diferente”.
En ese contexto legal, las cosas muebles determinadas, en principio
se transfieren mediante la entrega, empero existe la salvedad de la
disposición legal en contrario. Es decir la transferencia de la
propiedad de una cosa mueble determinada mediante la tradición a
su acreedor puede ser alterada por disposición legal diferente.
A decir de Arias Schreiber Pezet113, desde luego la regla general
contemplada por este artículo no funciona cuando existe disposición
legal diferente, como es la de aquellos casos en los cuales para la
113
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖; Tomo IV; Gaceta
Jurídica Editores; Lima, 1998; Pág. 293.
115
transferencia de dominio de cosas muebles se requiere la inscripción
en un determinado registro. Se entiende así por ejemplo cuando la
ley exige la inscripción en determinado registro, como en el caso de
la transferencia de acciones de una sociedad anónima que debe
comunicarse por escrito a la sociedad para su anotación en la
matrícula de acciones según los artículos 92 y 93 de la Ley N°
26887114, o cuando en un contrato de compraventa con pacto de
reserva de propiedad por el que el vendedor entrega el bien al
comprador, pero este no adquiere la propiedad sino cuando cancele
el precio.
En ese mismo sentido, explica Avendaño Valdez115, cuando señala
que el artículo antes citado tiene una frase final que dice “salvo
disposición legal diferente”. Esto quiere decir que puede haber una
norma que diga que la transferencia de la propiedad de ciertas cosas
muebles no se produce con la tradición sino mediante una formalidad
distinta. Sería el caso por ejemplo, de la enajenación de las acciones
114
La Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, en su artículo 92 dispone: ―En la matrícula de acciones se
anota la creación de acciones cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 83. Igualmente se
anota en dicha matrícula la emisión de acciones, según lo establecido en el artículo 84, sea que estén
representadas por certificados provisionales o definitivos. En la matrícula también se anotan las
transferencias, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las
mismas, las limitaciones a la transferencia de acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con
terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas,
debidamente legalizados, o mediante registro electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley. Se
podrá usar simultáneamente dos o más de los sistemas antes descritos; en caso de discrepancia prevalecerá lo
anotado en el libro o en las hojas sueltas, según corresponda. El régimen de la representación de valores
mediante anotaciones en cuenta se rige por la legislación del mercado de valores‖. Artículo 93: ―Los actos a
que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, deben comunicarse por escrito a la sociedad para su
anotación en la matrícula de acciones. 115
AVENDAÑO VALDEZ, JORGE; ―Clasificación de los Bienes y Transferencia de Propiedad‖; Pág. 170.
116
de las sociedades anónimas, respecto de las cuales no basta la
entrega del título de acciones. Se requiere además el endoso del
mismo y la inscripción del acto en la matrícula de acciones de la
sociedad. Agrega, que respecto de los vehículos automotores, la
inscripción de la enajenación en el registro correspondiente debería
ser obligatoria, pero no conozco norma legal que así lo establezca
(sic).
En esa línea, en principio considero que los vehículos automotores,
al ser identificables por su número de serie, motor, clase, color,
marca, modelo, etc., están comprendidos dentro del concepto de
cosas muebles determinadas, por lo que para su transferencia se
rige la regla general del mencionado artículo 947 del Código Civil,
esto es, mediante la entrega. No obstante, debemos precisar que en
relación a la salvedad legal en contrario, existen algunas
discrepancias entre autores, pues tratándose de vehículos
automotores existe normas especiales que regulan la obligatoriedad
de su inscripción registral.
He encontrado posiciones sobre la relación de la salvedad legal en
contrario del artículo 947 del Código Civil ante la obligatoriedad de la
inscripción para los vehículos automotores registrados según la Ley
General de Transporte y Tránsito. Ello es importante determinarlo en
la medida que considerar que los vehículos automotores registrados
se encuentran en esta salvedad, supondría que su transferencia no
117
se realizaría con la entrega sino con la inscripción en el registro.
Hay autores116 que señalan que a propósito de “disposición legal
diferente”, el artículo 34.1 de la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre publicada en El Peruano el 8 de
octubre de 1999 prescribe que: “La transferencia de propiedad y
otros actos modificatorios referidos a vehículos automotores se
formaliza mediante su inscripción en el Registro de Propiedad
Vehicular”; en consecuencia y en cumplimiento de la norma acotada
la transferencia de propiedad de vehículos automotores se tendrá por
realizada o cumplida sólo con la inscripción en el registro, por ser
ésta la “disposición legal diferente” que alude la última parte del
artículo 947 del Código sustantivo, dando de esta manera eficacia
constitutiva a la transferencia de propiedad vehicular, por cuanto no
se admitirá la existencia de la misma si ésta no se encuentra inscrita,
resultado la inscripción un elemento de validez del acto o negocio
jurídico, sólo a partir de la inscripción se generan los derechos y
obligaciones.
En opinión Torres Vásquez117, quien después de aludir al artículo
25118 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad
Vehicular, comenta la Propuesta de Enmiendas al Libro de Derechos
116
http://derechoregistral.informaccion.com/artículos/jurisprudencia_bienes.html; Tomado del artículo
titulado ―Transferencia de la Propiedad de Bienes Muebles e Inmuebles en la Jurisprudencia‖; S/A. 117
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖; Tomo I; Pág. 968. 118
El artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, dispone que: ―Toda
transferencia de vehículos por acto entre vivos se inscribirá en merito al acta de transferencia de propiedad
vehicular, con las siguientes reglas (…)‖.
118
Reales119: “Artículo 947.- La transferencia de propiedad de un bien
registrado se efectúa con su inscripción en el correspondiente
registro”; señalando que esta propuesta legislativa es innecesaria,
porque ya está comprendida en el “salvo disposición legal diferente”
del vigente artículo 947, el cual señala a la traditio como principio
fundamental de la transferencia de la propiedad mueble, pudiéndose
establecer por ley otros modos de adquisición como es el caso de la
inscripción registral. También se puede modificar el mencionado
principio por acuerdo de las partes contratantes, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad privada, puesto que no existe norma
alguna que lo impida.
Si bien no compartimos la opinión de que los vehículos automotores
estarían comprendidos en la salvedad de disposición en contrario, en
tanto no existe ley que señale que la inscripción registral es el modo
de la transferencia de la propiedad, tampoco la posición de Torres
Vásquez nos es convincente, en tanto que si bien existe después de
la entrega la salvedad de la disposición legal en contrario, esta
excepción considero está reservada a los casos en que la ley
establece expresamente el perfeccionamiento de la venta de otro
modo distinto a la entrega. En ese contexto, el artículo 25 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular120
señala: “Toda transferencia de propiedad de vehículos por acto entre
119
La Propuesta de Enmiendas la Libro de Derechos Reales fue publicada el 7 de Enero de 1995. 120
Aprobado con Resolución N° 087-2004-SUNARP/SN.
119
vivos se inscribirá en mérito al acta notarial de transferencia de
propiedad (…)”. Sin embargo debe señalarse que el Registro de
Propiedad Vehicular es solamente declarativo, y en esa línea, la
inscripción no transfiere el dominio del bien, pues solamente sirve
para que el adquirente pueda oponer su título frente a terceros.
Ello conllevaría entonces a dictar normas diferentes en cada caso
que se vea la necesidad de constituir la transferencia mediante la
inscripción registral como es el caso de los vehículos automotores,
volviendo al registro en constitutivo para aquellos bienes en que vía
excepción una ley especial estipulara la inscripción como modo de
transferir, y quedando con el carácter declarativo en los supuestos en
que no existiera ley excepcional al artículo 947 del Código Civil, tal
como lo es actualmente con los vehículos automotores. Desde ya la
consecuencia es evidente, un desorden legislativo y complejo, con
una norma madre que establece la entrega empero superada por
leyes excepcionales por doquier, para los vehículos, naves y
aeronaves, acciones de sociedades, además de los supuestos de
entrega ficta, entre otros.
Nuestra propuesta en cambio es invertir el orden a las reglas, el
principio es la inscripción como acto constitutivo de la transferencia
de bienes registrados, y la excepción para aquellos bienes no
registrables. Ello implica que nuestro Código Civil establezca otra
forma de clasificación de los bienes, en registrables y no registrables,
120
y dentro de aquellos a los registrados y no registrados, abarcando así
en todos los casos de transferencia de bienes muebles e inmuebles,
corporales e incorporales, identificables y no identificables. De esa
forma, las transferencias de los vehículos automotores como bienes
registrados surtirían efectos solo en tanto sean inscritos en los
registros públicos.
Asimismo, en cuanto al planteamiento de Torres Vásquez121 sobre la
facultad que tendrían las partes para reemplazar la entrega por otro
modo de transferencia, por el contrario considero que no se cuenta
con esa posibilidad, en tanto el artículo 947 es una norma imperativa
y como tal solo prevé la posibilidad de la disposición legal diferente,
más no el pacto en contrario, lo que sí está expresamente previsto
para el caso de los inmuebles cuando el artículo 949 expresamente
señala: “La sola obligación de enajenar un inmueble determinado
hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o
pacto en contrario”.
Tan cierto es la imposibilidad legal de transferir diferente al modo
establecido en el artículo 947, que si nos ubicamos en que la
propiedad forma parte de la regulación del Código Civil como un
derecho real en número cerrado (númerus clausus), no hay forma
que las partes estipulen otra forma de ejercer la propiedad distinta a
la establecida con la entrega. Aceptar lo contrario significaría
121
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; Op. Cit.
121
contemplar otra forma de derecho real sobre la cosa determinada
que no sería el ejercicio de la propiedad por no haberse transferido
mediante la entrega, vale decir que con el solo título no se podría -a
mérito del artículo 947- dar por sentada la propiedad del adquirente,
sino tan solo un derecho de crédito u obligación a su favor por parte
del transferente, empero ningún derecho sobre la cosa.
El Doctor Napoleón Cabrejo – Magister en Derecho Registral y
Notarial122, en su trabajo monográfico sobre las Transferencias
Vehiculares en el Perú, señala que no encuentra ninguna norma
legal aplicable a los vehículos que considere otro momento o
disposición legal diferente a la tradición, para que se produzca la
transferencia de propiedad vehicular.
La Ley General de Transporte y Tránsito123, en su artículo 34.1
señala que: “La transferencia de propiedad y otros actos
modificatorios referidos a vehículos automotores se formaliza
mediante su inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular”.
En relación a la referida norma, nos hemos permitido solicitar la
opinión de Notarios y Registradores de la propiedad vehicular
formulándoles la siguiente interrogante:
¿CONSIDERA QUE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y
122
CABREJO ORMACHEA, NAPOLEON; ―Las Transferencias Vehiculares en el Perú‖; Monografía bajada
de la Internet; Pág. 3-4; S/A. 123
La Ley General de Tránsito t Transporte es la Ley N° 27181.
122
TRANSITO OBLIGA A LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA
VEHICULAR?124
Si bien el resultado se ha inclinado porque la Ley General de
Transporte y Tránsito sí obliga a la inscripción de la transferencia de
la propiedad vehicular, hay que destacar que las respuestas no han
sido unánimes y que un poco menos del cincuenta por ciento opina lo
contrario. Finalmente si fuera obligatorio el registro todas las
transferencias de la propiedad vehicular estarían inscritas, y habría
además una consecuencia al incumplimiento, lo que no sucede en la
realidad, máxime cuando el registro es solo declarativo.
En ese contexto, considero que la eficacia de la obligatoriedad de la
inscripción vehicular sí se da en el momento de su inmatriculación o
primera inscripción en el registro, pues en ese caso, el vehículo no
podría circular por las vías públicas del parque automotor si
previamente no está registrado y expedita la respectiva tarjeta de
propiedad, lo que no sucede con las transferencias de vehículos ya
registrados, pues como se sabe es posible que si no está inscrita la
transferencia o mientras se encuentra ésta en trámite de inscripción,
el vehículo circule sustentado en la tarjeta de propiedad del anterior
propietario.
Con la Ley General Transporte y Transito, el legislador nos señala
124
Véase Resultado en el Anexo de Gráficos correspondiente a la Pregunta N° 2.
123
que toda transferencia de vehículos se formaliza ante el Registro de
Propiedad Vehicular. Pero entonces ¿qué es formalizar?. Para el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española125, el
término “formalizar” es: “Dar forma a algo”, “revestir algo de los
requisitos legales”, “dar carácter de seriedad a lo que no la tenía”.
Efectivamente, la inscripción registral de la transferencia de la
propiedad vehicular, hay que verla de esa manera, como un acto
formal, vale decir, de carácter serio por lo que tiene efectos legales,
pero no significando ello que la transferencia antes del registro no se
haya dado, en tanto el artículo 947 del Código Civil señala que ello
sucede con la entrega. Siendo más preciso, el Registro de Propiedad
Vehicular es solamente declarativo, pues la inscripción no transfiere
la propiedad, sino sirve para que el adquirente pueda oponer su
derecho frente a terceros.
CASACIÓN Nº 2452-2002-La Libertad126.
“Para adquirir una propiedad no es necesario que el
título que la contiene se inscriba en el registro
respectivo, por cuanto la inscripción registral en nuestro
sistema es declarativa y no es constitutiva de
derechos”.
125
El Diccionario de la lengua española es el diccionario normativo del idioma español o castellano editado y
elaborado por la Real Academia Española. Su primera edición data de 1780, y la más reciente es la 22.ª
edición de 2001. Wikipedia. 126
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de febrero de 2003.
124
CASACIÓN N° 415-99-Lima127.
“El hecho de que un vehículo sea un bien mueble
registrable, es decir que los derechos que recaigan
sobre él sean susceptibles de ser inscritos en la oficina
correspondiente del Registro Público y así obtener la
publicidad y consecuente protección de los mismos, no
implica que la transferencia de dichos bienes se
perfeccionen con la inscripción registral”.
CASACIÓN N° 145-99-Lima.
“La transferencia de propiedad de un vehículo
automotor se perfecciona con la tradición, no teniendo
efectos constitutivos la inscripción registral de dicha
transferencia, por cuanto el Reglamento de
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, no le
otorga tal calidad, además de que el artículo 94 del
Código de Tránsito y Seguridad Vial establece que se
presumirá propietario de un vehículo a la persona cuyo
nombre figure inscrito en la tarjeta de propiedad, salvo
prueba en contrario, es decir se trata de una presunción
iuris tantum”.128
127
Citada por CABREJO ORMACHEA, NAPOLEÓN; ―Las Transferencias Vehiculares en el Perú‖, Separata
de Estudio (S/A). 128
Tomado del Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, Pág. 321.
125
CASACIÓN Nº 1836-97-Lima129.
“La demandante es propietaria del inmueble con
anterioridad a la medida de embargo porque lo adquirió
por escritura del 21 de marzo de 1995 y la medida
cautelar se inscribió el 23 de octubre del mismo año, ya
que la inscripción en los Registros Públicos no es
constitutiva de derechos, por lo que no exige dicha
inscripción para que la transferencia quede
perfeccionada”.
4.2.- Intervención del Notario.-
Se pregunta Gonzales Barrón130; ¿Qué necesidad se cubre a través
de la figura del notario?. Si los particulares se relacionan entre sí a
través de contratos, actos o procedimientos privados, parece
conveniente que un TERCERO IMPARCIAL DEBIDAMENTE
CLASIFICADO, certifique la autenticidad y legalidad de los derechos
adquiridos, a fin de evitar o aminorar la posibilidad de que en el futuro
surja conflictos o litigios entre las partes. De esta manera, la
actuación del notario se inserta dentro de la dinámica de las
relaciones jurídicas privadas, con el fin de dotarles de seguridad y
confianza, facilitando así la circulación de los bienes e incentivando
129
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Mayo de 1998. 130
GONZALES BARRÓN, GUNTHER; ―Un Balance Prima Facie sobre la Nueva Ley del Notariado‖,
Separata de Estudio; S./A. Pág. 4.
126
la producción, el crédito y el desarrollo económico en general. Si la
ocurrencia de los hechos se pierde irremediablemente en el tiempo, y
para ello el ser humano ha ideado una serie de herramientas para
capturar esos hechos y darles perennidad. En el ámbito jurídico, el
conocimiento perdurable todavía se encuentra delegado
fundamentalmente en el DOCUMENTO, de tal suerte que el hecho
histórico y temporal se perpetúa a través de su plasmación en un
documento.
Así también, Corcuera García131, define al notario desde la base de
la anterior Ley del Notariado132 señalando que es el profesional del
derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que
ante él se celebren. Explica que la función del notario también
comprende la comprobación de hechos; y agrega luego que el
notariado nace en el mundo, no como una creación o imposición del
propio Estado o gobernante de turno; sino mas bien de la realidad
social, como una necesidad de esta para dotar de efectividad y
seguridad jurídica a las relaciones jurídico privadas de los
ciudadanos.
Por su parte Esquivel Oviedo133 señala que los instrumentos públicos
notariales son aquellos que el notario, por mandato de la ley o a
solicitud de parte, extiende o autoriza en ejercicio de su función,
131
CORCUERA GARCÍA, MARCO; ―Función Pública y Social del Notariado‖; Revista Scribas, Pág. 362. 132
Anterior Ley del Notariado: Ley N° 26662. 133
ESQUIVEL OVIEDO, JUAN CARLOS; ―Formulario Registral ¿Nuevo Documento Público Protocolar?‖;
Revista Actualidad Jurídica, Tomo 120, Gaceta Jurídica, Pág. 106.
127
dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de
ley.
La Ley del Notariado establece que los instrumentos públicos
notariales pueden ser protocolares o extraprotocolares; los primeros
son los que el notario conserva en su protocolo notarial, el cual se
encuentra conformado por los registros de escrituras públicas, de
testamentos, de actas de protesto, actas de transferencias de bienes
muebles registrables, y el de asuntos no contenciosos134. Sin
embargo, los instrumentos públicos extraprotocolares no se
incorporan al protocolo notarial, razón por la cual el notario no
conserva ningún ejemplar de tales instrumentos.
Las normas registrales señalan que bajo el principio de rogación y
titulación auténtica reseñado en el artículo III del Reglamento de los
Registros Público: “Los asientos registrales se extienden a instancia
de los otorgantes del acto o derecho o de tercero interesado, en
virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición
en contrario. La rogación alcanza a todos los actos inscribibles
contenidos en el título, salvo reserva expresa”. Ello concordado con
el artículo 2010 del Código Civil, que dispone: “La inscripción se hace
en virtud de título que conste en instrumentos público, salvo
disposición en contrario”.
134
Creado por Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos.
128
Según el artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Propiedad Vehicular135 indica: “Toda transferencia de propiedad de
vehículos por acto entre vivos se inscribirá en mérito al acta notarial
de transferencia de propiedad (…)”.
El Decreto Supremo N° 036-2001-JUS136 señala que: “La
transferencia de propiedad de vehículos automotores a que se refiere
el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular,
se formaliza mediante acta notarial de transferencia de bienes
muebles registrales, conforme a lo previsto en la Ley del Notariado”.
Además como medida de seguridad, en el artículo 2° del precitado
Decreto Supremo se dispuso: “La presentación del acta de
transferencia vehicular ante el Registro de Bienes Muebles, deberá
ser efectuada por el Notario o sus dependientes, siendo posible,
luego del ingreso, la entrega de la guía de presentación al nuevo
propietario, para su correspondiente trámite”.
RESOLUCIÓN N° 143-2012-SUNARP-TR-A137.
“Las sucesivas actas notariales de transferencia de
vehículos aun cuando fueran conexas (relativas al
mismo automotor), si han sido otorgadas ante distintos
notarios, tendrán que necesariamente ser presentadas,
cada una de ellas, en un asiento de presentación
135
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular fue aprobado con Resolución N° 087-
2004-SUNARP/SN. 136
Decreto Supremo N° 036-2001-JUS publicado el 25 de octubre de 2001. 137
Resolución del Tribunal Registral.
129
particular; pues la finalidad de la norma que obliga que
la presentación del acta notarial debe ser efectuada por
el notario ante quien se otorgó el instrumento o por su
dependiente acreditado, es que aquel garantice la
autenticidad del acta que llega al registro”.
La Ley del Notariado138 en su Sección Cuarta del Registro de Actas
de Transferencia de Bienes Muebles Registrables señala:
Artículo 78.- Registro de Actas de Transferencia de Bienes Muebles
Registrables- En este registro se extenderán las actas de
transferencia de bienes muebles registrables, que podrán ser:
a) De vehículos; y,
b) De otros bienes muebles identificables y/o incorporados a un
registro jurídico, que la ley determine.
Artículo 79.- Observancias del Registro de Actas de Transferencia de
Bienes Muebles- Son también de observancia para el registro de
actas de transferencia de bienes muebles registrables, las normas
que preceden en este Título, en cuanto sean pertinentes.
Artículo 80.- Formalidad del Acta de Transferencia- Las actas podrán
constar en registros especializados en razón de los bienes muebles
materia de la transferencia y en formularios impresos para tal fin.
Uno de los registros notariales previstos por la Ley del Notariado139
138
El Decreto Legislativo N° 1049. 139
Decreto Legislativo N° 1049.
130
es el de actas de transferencia de bienes muebles registrables, en la
que se extienden los instrumentos sobre vehículos y otros bienes
muebles identificables y/o incorporados a un registro jurídico que la
ley determine. Nótese que ya no se habla de “vehículos usados”
como se hacía en forma incomprensiblemente restringida en la ley
anterior140; y además se menciona los bienes muebles incorporados
a un “registro jurídico”, con lo cual el texto se adecúa a la
terminología de la Ley de Garantía Mobiliaria141.
De esta manera, en el registro de actas de transferencia se pueden
extender actos jurídicos sobre vehículos, nuevos o usados, sobre
buques o embarcaciones pesqueras, que ahora son bienes muebles
que cuentan con un registro jurídico; e incluso los actos cuyo objeto
son los derechos de la propiedad industrial (por ejemplo: marcas o de
la propiedad intelectual (ejemplo: derechos de autor).
El archivo notarial está integrado por los registros que lleva el notario
(de escrituras públicas, de testamentos, de protesto, de actas de
transferencia de bienes muebles registrables, de actas y escrituras
de asuntos no contenciosos y de instrumentos protocolares de
garantía mobiliaria), ya sea en soporte papel o informático; los tomos
de minutas; los documentos protocolizados y los índices que señala
la ley.
140
Decreto Ley N° 26002 de 1992. 141
Ley N° 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria.
131
Por su parte, los traslados son copias certificadas de los
instrumentos protocolares que ha autorizado en el ejercicio de su
función. Si tenemos en cuenta que la escritura pública original queda
definitiva e irreversiblemente incorporada al protocolo notarial, se
hace necesaria su reproducción literal autenticada, a efecto de que
los interesados puedan hacer valer sus derechos con un documento
que tenga el mismo valor jurídico que el original142.
El instrumento notarial, en tanto título formal para la inscripción
registral es un documento que posee características especiales tales
como verdadero, cierto, seguro, y auténtico. Alfonso Barragán143nos
describe dichas características.
a) Verdadero: Significa que el documento ha de estar revestido de
realidad, debe corresponder exactamente a esta, reflejarla y
presentar con fidelidad lo que se quiso crear.
b) Cierto: Quiere decir que la génesis del documento ha de
realizarse de que toda persona tenga completa y fundada
confianza en que nació, sin dudas ni incertidumbre, en la
forma, tiempo y lugar en que en él mismo se afirma haberse
creado.
c) Seguro: Significa que el documento debe estar libre de
142
MUSTÁPICH, JOSÉ MARÍA; ―Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial‖, Ediar Editores, Buenos
Aires, 1955, Tomo I, Pág. 421; citado por GONZALES BARRÓN, GUNTHER, en ―Un Balance Prima Facie
de la Nueva Ley del Notariado‖, Separata de Estudio, Pág. 23. 143
BARRAGÁN, ALFONSO M.; ―Manual de Derecho Notarial‖, Temis, Bogotá, 1979, Pág. 1 y ss. Citado
por GUEVARA BRINGAS, RUBEN, en ―¿Qué abarca el Procedimiento Registral y qué mecanismos de
Protección nos ofrece?‖, S/A.
132
adulteraciones y cambios posteriores a su creación, de modo
que sea indubitable y toda pueda confiar efectivamente en que
todo lo que en él se dice se realizó como allí se expresa.
d) Auténtico: O sea, que el documento no debe estar sujeto a
discusión en cuanto a sus elementos formales, que ha de
tenerse por veraz en sí mismo, especialmente en cuanto a os
caracteres, circunstancias y requisitos que en él concurren, por
lo cual gozará de una presunción de veracidad que lo hace
apto para imponerse por sí mismo y, llegado el caso,
obligatoriamente a todo el mundo por el poder del Estado.
El notario debe expedir los traslados a quien los solicite bajo
responsabilidad. Señala Gonzales Barrón144, que tal vez el origen de
esta novedad (artículo 82 del Decreto Legislativo N° 1049, Ley del
Notariado) se encuentra relacionado con la presentación cautiva de
títulos ante el Registro con referencia a los actos sobre predios y los
apoderamientos (Séptima disposición complementaria, transitoria y
final). Así, si el notario es el sujeto legitimado por excelencia para
instar el procedimiento de inscripción, entonces resulta obvio que se
le exija en forma imperativa la necesidad de emitir los traslados que
justamente son la base de la inscripción.
144
GONZALES BARRÓN, GUNTHER, ―Un Balance Prima Facie de la Nueva Ley del Notariado‖, Separata
de Estudio, Pág. 24.
133
En suma, como concluye Corcuera García145 la función pública que
desempeña el notario es la de brindar seguridad jurídica, de proteger
con presunción de verdad y legalidad los actos realizados por los
particulares, bajo los presupuestos de autonomía, independencia,
imparcialidad y equidad y se materializa en el instrumento público
notarial con la correcta utilización de las técnicas legislativas y de las
formalidades establecidas por la ley; sin embargo, también tiene un
sustento de servicio social que no puede ser desligado y que
igualmente se plasma en la correcta formulación de la voluntad
negocial, buscando preservar el equilibrio contractual entre
contratantes de desigual poder económico y social, mediante una
correcta asistencia e información al usuario del servicio.
4.3.- La Calificación e Inscripción Registral.-
La definición de Calificación la encontramos en el artículo 31 del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros
Públicos, aprobado con Resolución del Superintendente Nacional de
los registros públicos N° 126-2012-SUNARP-SN, que indica, la
calificación registral es la evaluación integral de los títulos
presentados al registro que tiene por objeto determinar la
procedencia de su inscripción. Está a cargo del Registrador y el
Tribunal Registral, en primera y segunda instancia respectivamente,
145
CORCUERA GARCÍA, MARCO; ―Función Pública y Social del Notariado‖; Revista Scribas; Pág. 365.
134
quienes actúan de manera independiente, personal e indelegable, en
los términos y con los límites establecidos en este Reglamento y en
las demás normas registrables. En el marco de la calificación
registral, el Registrador y el Tribunal Registral propician y facilitan las
inscripciones de los títulos ingresados al registro.
CALVAY ODAR146, señala que la función registral o función registral
calificadora se concibe como función jurídica determinativa de la
inscripción y su contenido que lo lleva a cabo el registrador, con
carácter preliminar, para decidir si un título presentado es o no eficaz
para producir el asiento que les interesa, esto es, examinando el
documento cuya inscripción se pretende para determinar si reúne los
requisitos de fondo y forma exigibles para practicarla. Es decir,
consiste en la calificación que es el control de la legalidad de los
documentos inscribibles.
Ahora bien, el curso natural del procedimiento registral debería, bajo
ciertas condiciones de formalidad, llevar a la consiguiente inscripción
del título en el registro, sin embargo no todos los títulos presentados
lograrán obtener una posición registral, pues muchas veces no
poseen vocación registral y en otros casos adolecen de defectos que
no se subsanan en el plazo legal previsto, entre otras causas
previstas en la ley.
146
CALVAY ODAR, MAYOBANEX W.; ―La Publicidad Registral y los Efectos del Principio de Fe Pública
Registral ¿La Publicidad se centra sólo en el Asiento Registral o se extiende al Título Archivado?‖.
135
De acuerdo al artículo 2 del Reglamento General de los Registros
Públicos147, el procedimiento registral termina con:
a) La inscripción;
b) La tacha por caducidad del plazo de vigencia del asiento de
presentación;
c) La aceptación del desistimiento total de la rogatoria.
Que el procedimiento registral culmine por la inscripción del título en
el registro, significa que la calificación a la que ha estado sometido
ha sido positiva, es decir, el título ha cumplido con los requisitos
legales.
Guevara Bringas148 se pregunta, ¿cuál es la consecuencia inmediata
de la inscripción del título en el registro?. El acceso del título al
registro reserva la prioridad y permite oponer, frente a nuestro título,
otros títulos no inscritos.
Agrega Guevara Bringas que se debe precisar que la inscripción o
acceso al registro de un título, no significa que los títulos con
causales de nulidad o anulabilidad sean convalidados por el registro,
por cuanto lo único que hace el registro es publicitarlos y legitimarlos
estableciendo una presunción iuris tantum, de que el contenido de
los asientos se presumen ciertos y válidos; sin embargo, las partes o
147
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos aprobado con Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN, publicada en la edición del
19 de mayo de 2012. 148
GUEVARA BRINGAS, RUBEN; ―¿Qué abarca el procedimiento registral y qué mecanismos de
Protección nos ofrece?‖; separata de estudio, S/A.
136
el Poder Judicial pueden modificar el sentido del acto inscrito o
nulidad o cancelación del acto o derecho inscrito.
Según el artículo 1 del Reglamento General de los Registros
Públicos, el procedimiento registral, tiene por finalidad la inscripción
de un título, consecuentemente inscrito éste, el procedimiento
registral ha concluido, con relación al título en particular. Entonces, la
primera forma o causa por el cual el procedimiento registral concluye,
es por la inscripción del título; sin embargo, es bueno precisar que la
inscripción registral no convalida actos nulos o anulables.
137
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA
INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA VEHICULAR
1.- La Libertad de Contratación y los Costos de Transacción.-
Hemos dicho que a diferencia de los derechos reales que se vinculan
directamente a los bienes y que se fundamentan numerus clausus en la
ley, los derechos obligacionales, personales o de crédito por el contrario
relacionan a las personas de acuerdo a sus necesidades patrimoniales y
es numerus apertus, pues nace y se fundamenta en la libre autonomía
privada de las partes, evidentemente sin infringir el orden público, las
buenas costumbres y la ley.
Hoy en día resulta fundamental prevalecer esta libertad de los
contratantes que se encuentra garantizada en nuestra Constitución
Política de 1993 que bajo la denominación de “libertad de contratar”
estipula en su artículo 62: “La libertad de contratar garantiza que las partes
pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del
contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes
u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial,
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o
contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede
establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados
138
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo
precedente”.
Esta libertad de contratar consagrada en nuestra Constitución de 1993
responde a una conyuntura moderna de necesidades actuales, en donde
para lograr una atracción de las inversiones en el país y una mayor fluidez
en las transacciones comerciales que redundan en la recaudación fiscal,
se deja que las partes sean libres en la contratación, previendo que estos
no atenten contra la moral, las buenas costumbres ni las leyes
imperativas.
Sin embargo, nuestro Código Civil de 1984 no sigue esa tendencia
moderna de la Constitución Política de 1993149, pues como puede
apreciarse, en su artículo 1355 del Código señala: “La ley, por
consideraciones de interés social, público o ético puede interponer reglas
o establecer limitaciones al contenido de los contratos”.
Ese intervencionismo estatal en los contratos no sigue lo establecido por
la Constitución, y es que siendo el Código Civil del año 1984, para su
momento estuvo entre los códigos más liberales, empero ahora a casi tres
décadas de su vigencia, es imperativa su adaptación eliminando la
posibilidad de que el Estado pueda interferir bajo supuestos en la
contratación de particulares acorde con la Constitución de 1993, toda vez
que ello no se condice con las nuevas formas de contratar, el uso de 149
Sería interesante tratar en otra tesis el contraste que existe entre la libertad de contratación consagrado en
el artículo 62 de la Constitución de 1993 y el intervencionismo estatal que prevé el artículo 1355 del Código
Civil.
139
medios tecnológicos, la rapidez, donde es posible prescindir de la
presencia física de las partes para el contrato, vale decir pueden ser en su
mayoría ahora verbales150, o constar en mensajes de textos a distancia, y
otras formas que pueden escapar a nuestra imaginación en cantidades
considerables a cada segundo, en tanto todo ello responde a la necesidad,
libertad de contratar y la seguridad jurídica.
Rodríguez Velarde151 explica que es común la celebración de contratos
cuyos sujetos se encuentran presentes, donde la oferta y la aceptación se
ha producido en un término sumamente breve, produciéndose un acto
jurídico de formación instantánea, donde los intervinientes intercambian
sus declaraciones de voluntad de modo inmediato. Pero en tiempos
modernos, muchos de los contratos se celebran entre personas no
presentes, que algunos tratadistas lo consideran como contratos a
distancia o entre ausentes, que adquieren su estudio importancia por los
nuevos mecanismos de comunicación electrónicos que facilitan las ofertas
y aceptaciones, aun sin que los sujetos se hayan conocido, en lugares
distantes y en tiempos reales inmediatos.
La Cámara de Comercio Internacional, ya en su boletín del mes de
150
RODRIGUEZ VELARDE, JAVIER; ―Los Contratos a Distancia‖, Pág. 19; explica que aceptando como
punto de partida, que el uso del teléfono es frecuente en las comunicaciones modernas para concretar
importantes negocios. Por este medio podemos conseguir inmediatamente en tiempo real hacer conocer una
oferta y tener inmediatamente la aceptación. Entonces aceptamos la teoría de que la manifestación de
voluntad se ha producido válidamente en el mismo momento, aunque los sujetos hayan estado a miles de
kilómetros distantes. 151
RODRIGUEZ VELARDE, JAVIER; ―Contratos de Distancia‖; Revista El Derecho, Pág. 16.
140
octubre de 1998 hacía el siguiente apunte152: “…En éste momento las
últimas estadísticas nos muestran que el comercio electrónico ha
finalmente llegado, y varias otras estadísticas demuestran que entre el año
2000 y el año 2005, el comercio electrónico representará, si no es casi la
totalidad, más del 65% del comercio total mundial, y el otro 35 % estará
distribuido entre operaciones de comerciantes sin el soporte electrónico
adecuado a las operaciones y comunicaciones de la época, lo cual sería
un suicidio comercialmente hablando, de lo que luego de la consecuente
purga comercial por la oferta y la demanda y accesibilidad de mercados
nos conllevaría ineludiblemente al 100% de comercio a través del
ciberespacio”.
A manera de ilustración, en las transacciones internacionales esa libertad
de contratar es plenamente garantizada por la Organización Mundial de
Comercio - OMC, pues según el Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio de 1994153, en el que Perú es parte, se regula la posibilidad de
que las partes estando en países distintos pacten sobre un vehículo o
cualquier bien que puede encontrarse incluso en un tercer país distinto al
de las partes, vale decir, el contrato de compraventa internacional hace
posible que las partes no conozcan físicamente los bienes sobre los que
contratan transfiriendo la propiedad, lo cual puede repetirse en ventas
152
CORNEJO NUÑEZ, GONZALO; ―A Propósito del Comercio en Internet‖; Revista El Derecho, Pág. 273. 153
ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII DEL ACUERDO GENERAL
SOBRE ARANCELES Y COMERCIO DE 1994, en su artículo 1 señala: ―El valor en aduana de las
mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias (…)‖.
141
sucesivas antes y después de la nacionalización o importación en el país
de destino.
Para las transacciones internacionales se ha regulado de manera simple
la forma de contratación facilitando el comercio exterior, tanto que la
Cámara de Comercio Internacional ha establecido siglas internacionales
que regulan de menara simplificada el transporte internacional, el riesgo, y
la entrega a libertad de las partes, como son los términos internacionales
de comercio o Incoterms154 por sus siglas en inglés, ejemplo EXW, FOB,
CIF, DAT entre otros. Ello cobra más importancia cuando el Perú se ve en
la necesidad de llevar a cabo Tratados de Libre Comercio con la mayoría
de países que intercambiamos recursos reconociendo la interdependencia
de necesidades humanas.
Entonces siendo esa la tendencia internacional ya acogida por el Perú
para el ámbito internacional desde que suscribe y forma parte de las
regulaciones de libertad de la contratación de la Organización Mundial de
Comercio – OMC155, es razonable que las disposiciones del Código Civil
aun cuando se refieran al ámbito nacional sea en ese sentido de igual
modo garantistas de la libertad de la contratación privada.
154
INCOTERMS: son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por
las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Grupo E:
Entrega directa a la salida (Ejemplo EXW). Grupo F: Entrega indirecta, sin pago del transporte principal
(Ejemplo FOB). Grupo C: Entrega indirecta con pago de trasporte principal (CIF). Grupo D: Entrega directa
en la llegada (DAT). 155
Es menester aclarar que la importación de vehículos traída a colación es solo a manera de ejemplo para la
simplificación de las contrataciones internacionales y la libertad de la contratación, pues las transferencias de
la propiedad nacionales tienen otra regulación, con la entrega o como se propone, con la inscripción registral.
142
Muñiz Zichez156 explica que los avances que se están produciendo en los
medios de comunicación acarrean el surgimiento de nuevas figuras que
requieren la atención del jurista. Nos referimos al fenómeno del comercio
electrónico. Sobre el particular, el punto que merece especial atención es
el relativo a la seguridad jurídica, tratándose principalmente de actos que
se celebren a través de los medios informáticos o electrónicos.
Con la finalidad de brindar seguridad a las transacciones que las personas
realicen por medios electrónicos e informáticos, se presentó al Congreso
de la República cuatro proyectos de ley orientados a promover el comercio
electrónico. De los referidos proyectos, tres han sido aprobados. El
primero es la Ley N° 27291 que modifica el Código Civil permitiendo la
utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la
manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica, publicada
en el diario oficial El Peruano el sábado 24 de junio de 2000; el segundo
es la Ley N° 27269 referida a las firmas y certificados digitales, publicada
en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2000. Y el tercero es la Ley
N° 27309 que incorpora al Código los Delitos Informáticos, publicada en el
diario oficial El Peruano el 17 de junio de 2000. El cuarto, Proyecto de Ley
N° 5110/99-CR, está referido a la promoción del comercio electrónico; no
obstante, esta norma todavía requiere de algunos ajustes, pues debemos
evitar que con el objeto de promover, se impongan limitaciones a la
autonomía de la voluntad de las partes contratantes o peor aún, se
156
MUÑIZ ZICHEZ, JORGE; ―¿Por qué hay que Cambiar el Código Civil?: Revisión del Código Civil de
1984 y la Necesidad de Reformas Urgentes‖; Pág. 94 - 95.
143
dificulte el tráfico electrónico. Con estas leyes, el Perú ha dado un gran
paso a nivel mundial, pues es el segundo país que en América posee una
normatividad moderna que permite el comercio electrónico, brindando
seguridad a las empresas que contraten electrónicamente. Debemos
precisar que cuando hacemos mención del comercio electrónico, no nos
referimos a la contratación que ya se viene realizando electrónicamente
con tarjetas de crédito; la legislación está orientada a promover el
denominado business to business, es decir, la contratación celebrada
entre personas naturales o jurídicas. Con esta finalidad, se han regulado
las figuras de la firma digital y los certificados digitales.
Siguiendo a Muñiz Zichez157, también indica que lo que ha motivado una
revisión y consecuente propuesta de reforma del Código Civil, entre otras
son: i) resulta necesario adecuar las normas del Código Civil a la
Constitución Política de 1993. Un ejemplo es el artículo 62° de nuestra
carta política que regula lo que en doctrina se conoce como la “santidad
de los contratos”, en contradicción con el artículo 1355° del Código Civil
que permite la intervención del Estado en los contratos. ii) asimismo, la
parición de nuevas figuras contractuales, conocidas como contratos
modernos, exige una inmediata respuesta del legislador a fin de regularlos
en el Código o no.
Similar situación –intervencionismo-, a mi juicio también se aprecia en el
caso de las transferencias vehiculares, cuando se exige en el artículo 947
157
MUÑIZ ZICHEZ, JORGE; Op Cit. Pág. 84.
144
del Código Civil la formalidad de la entrega del bien, cuando es posible
que ante la gama de posibilidades de contratar, las partes podrían
convenir en la no entrega, y eso establece la libertad de contratar sin que
tenga que regularse a ese detalle –la entrega del bien- como condición de
la transferencia.
En ese sentido, considero que el artículo 947 del Código Civil al establecer
que la cosa mueble determinada se transfiere con la entrega, en principio
obliga a las partes a estar físicamente presentes, pues corresponde a ellas
o sus representantes verificar la entrega de cosa vendida. Ello no solo
restringe la fluidez de las transacciones sino que además las encarece.
Bullard Gonzales158 les llama costos de transacción o costos de contratar,
cuando señala que, estos costos dependen de muchos factores, pero uno
de los principales es la correcta o incorrecta definición de titularidades o
derechos de propiedad. Cuando estos derechos no están bien definidos o
son definidos de manera inapropiada, los costos de contratar se
incrementan. Con ello, habrá menos contratos o los contratos que se
celebren tendrán estructuras más complejas e ineficientes. El resultado
será menos transacciones o intercambios, o transacciones o intercambios
más caros, y a menos transacciones e intercambios, menor producción y
menos bienestar económico. El resultado final es que el Código Civil
afecta el nivel de bienestar que experimenta la población. Sin duda, el
158
BULLARD GONZALES, ALFREDO; ―Porqué hay que cambiar el Código Civil‖, ―Sobre el Código Civil
y los Dinosaurios‖, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, Lima 2003, Pág. 32.
145
Código Civil tiene un impacto en el Producto Bruto Interno159 del país.
Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry160 señalan, […] incluyen los
costos de obtener y verificar la información acerca de la cantidad y calidad
de los bienes y servicios, la identificación de los socios de la eventual
transacción (y verificación de su reputación, historial, etc.) y la calidad de
los derechos de propiedad que van a ser transferidos y el marco jurídico y
contractual, como asimismo los costos de diseñar, supervisar y hacer
cumplir el contrato de transferencia lo que incluye cualquier costo incurrido
en la solución de disputas y litigios.
Agrega Endo Olascuaga161 que, por el contrario, una característica
fundamental que debe existir en un sistema de economía de mercado es
la posibilidad de desarrollar transacciones impersonales respecto de las
cuales los individuos puedan llevar a cabo cálculos de largo plazo. De esa
manera, el intercambio impersonal brinda infinitamente mayores
posibilidades de encontrar contrapartes que puedan conferir el mayor valor
159 En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), conocido también como producto bruto interno (PBI)
y producto interior bruto, es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de
bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente un año). El PIB es
usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=pbi&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProducto_interno_bruto&ei=yIHYUZaxNc_k4APCzYD
oDA&usg=AFQjCNHAghy0WbwS7Gwhunb5o9XLyLaV6g
160 SHHID JAVED BURKI Y GUILLERMO E. PERRY, en ―Más allá del Consenso de Washington: La hora
de la Reforma Institucional‖, Washington D.C., el Banco Mundial, 1998, Pág. 159. Citado por Víctor Endo
Olascuaga, en ―Porqué hay que modificar el Código Civil: El Régimen de Transferencia de Propiedad y
Saneamiento Registral desde un enfoque de Administración Territorial‖, Pág. 182. 161
ENDO OLASCUAGA, VICTOR; ―Porqué hay que modificar el Código Civil: El Régimen de
Transferencia de Propiedad y Saneamiento Registral desde un enfoque de Administración Territorial‖, Pág.
186.
146
posible a los recursos escasos. Esto, sumado a la existencia de reglas
claras y predecibles respecto a cómo se hacen respetar los contratos,
fomenta la especialización y el crecimiento de la economía en su conjunto.
En ese sentido, siguiendo a Pizarro Aranguren162, expresa que no es
esencial que incorporemos en el Código Civil todos los contratos
frecuentemente utilizados, pues lo relevante es que definamos los
incentivos y funciones básicas de la contratación y luego la dejemos a la
libre autonomía de la voluntad de las partes, para que sean estas quienes
regulen los contratos que necesiten, con los límites y características que la
regulación conceptual y general debe tener.
No obstante lo expuesto, se ha practicado una encuesta a Notarios y
Registradores del Registro de la Propiedad vehicular, formulándoles la
siguiente interrogante:
¿CONSIDERA QUE EL CÓDIGO CIVIL RESTRINGE LA LIBERTAD
CONTRACTUAL DE LAS PARTES DE UNA TRANSFERENCIA
RESPECTO A LA PRORROGA DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO? 163
Como se puede apreciar en el Anexo de Resultados – Gráficos, si bien la
respuesta ha sido negativa y contundente en el caso de los Notarios,
existe una considerable apreciación de tres (03) de los siete (07)
Registradores de Propiedad Vehicular indicando que la exigencia de la
162
PIZARRO ARANGUREN, LUIS; ―Porqué hay que cambiar el Código Civil‖, ―El Código Civil Peruano y
la Contratación Actual‖, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, Lima 2003, Pág. 69. 163
Ver Grafico en Anexos correspondiente a Pregunta N° 1.
147
entrega sí se restringe la libertad contractual en la transferencia de la
propiedad vehicular, ello en consideración a las razones que he expuesto.
No obstante, dado el resultado mayoritario, vi por conveniente consultar
sobre las razones que tiene el registrador y algunos notarios que les lleva
a decidir que la transferencia vehicular mediante la entrega no restringe la
libertad contractual, obteniendo como fundamento mayoritario que, no hay
restricción en tanto que luego de verificada la entrega del vehículo
transferido, las partes pueden hacer con el vehículo lo que deseen, esto
es, acordar nuevamente que el vehículo quede en posesión de quien lo
transfirió.
Dicha apreciación respetable de la mayoría de registradores y notarios, no
la comparto en tanto dicho parecer implica lo siguiente:
a) Efectuar una doble entrega, o sea, entregar el vehículo para efectos
de perfeccionar la transferencia, y luego devolverlo al transferente.
b) Efectuar un contrato adicional, ejemplo comodato, para devolver el
vehículo al transferente.
c) Dicha situación está regulada en el numeral 1 del artículo 902 del
Código Civil a través de la entrega ficta, cuando señala que la
tradición también se considera realizada cuando cambia el título
posesorio de quien está poseyendo.
Evidentemente esa situación no tendría lugar si la transferencia vehicular
quedara constituida con la inscripción en el registro, sin la condición de la
previa verificación de la entrega.
148
2.-Posibilidad de Obligarse a Entregar ante más de un Acreedor.-
Habiendo optado nuestro sistema civil por el título y el modo, o el contrato
y la entrega para la transferencia de cosas muebles determinadas, ello
significa que el título separado del modo, es solo una obligación, más no la
transferencia misma de la cosa, y en ese orden es perfectamente posible
que el titular de un vehículo automotor registrado pueda obligarse a través
de varios títulos ante más de un acreedor para la entrega de la cosa.
Ello es tan cierto que nuestro Código Civil de 1984 regula esa situación a
través de preferencias en las prestaciones de dar que debe cumplir el
deudor cuando ello ha ocurrido, como es el caso de la obligación de
transferir un vehículo a más de un adquirente. Así tenemos que el artículo
1136 señala: “Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo
reclamasen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese
obligado a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe a quien el
deudor hizo tradición de él, aunque su título sea de fecha posterior. Si el
deudor no hizo tradición del bien, será preferido el acreedor cuyo título sea
de fecha anterior; prevaleciendo, en este último caso, el título que conste
de documento de fecha cierta más antigua”.
Este artículo está dentro de los supuestos de entrega que exige la
transferencia de cosas muebles determinadas, y es coherente con ello
desde que prefiere al acreedor que tiene la cosa por tradición. Sin
embargo, esa disposición no contempla los casos de bienes registrados
149
como los vehículos automotores cuya inscripción si bien no es constitutiva
sí tiene efectos trascendentales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ante los
distintos acreedores que prevé el artículo 1136, se presenta otro acreedor
con derecho inscrito?.
Endo Olascuaga164 explica, [...] incluso quienes para obtener el pago de
una acreencia, logran anotar un embargo sobre los bienes inscritos de un
deudor, sin saber que a pesar de la inscripción realizada, el Derecho no
ampararía sus pretensiones. Estas son algunas de las consecuencias de
la existencia de un inadecuado sistema de transferencia de propiedad que,
al tolerar y proteger las transacciones ocultas, no hace sino desincentivar
la publicidad registral generando altísimos costos no solo a los
directamente involucrados en los negocios […], sino a la sociedad en su
conjunto.
Así también, Avendaño Valdez165, se pregunta: ¿Qué ocurriría, por
ejemplo, si se constituyen dos prendas sobre un vehículo, una con entrega
física y otra con entrega jurídica (registros)?; ¿Cuál prenda sería
preferente?. El Código no resuelve el problema porque cuando regula el
concurso de derechos respecto de una cosa mueble (artículo 1136), alude
únicamente a la tradición y olvida por completo la inscripción, que sin duda
cabe respecto de determinados bienes muebles.
164
ENDO OLASCUAGA, VÍCTOR; ―¿Por qué hay que cambiar el Código Civil: El Régimen de
Transferencia de Propiedad y Saneamiento Registral desde un enfoque de Administración Territorial‖; Pág.
180. 165
AVENDAÑO VALDEZ, JORGE; ―Clasificación de los Bienes y Transferencia de Propiedad‖; Pág. 173.
150
Barchi Veloachaga166 indica que esto genera problemas cuando se trata
de bienes muebles inmatriculados en Registros Públicos (artículo 2043167
del Código Civil), donde cabe preguntarse ¿la posesión prevalece sobre el
Registro? Veamos un ejemplo. Primus vende a Secundus el automóvil X el
cual es entregado. Posteriormente Primus vende el mismo automóvil a
Tertius, transferencia que es inscrita en el Registro Vehicular ¿cuál de los
derechos prevalecerá? ¿el de Secundus o el de Tertius?
Continua Barchi168 respondiendo que si aplicáramos el artículo 1136, en la
medida que se trata de un bien mueble, tendríamos que el derecho de
Secundus prevalecerá sobre el de Tertius, es decir, que prevalecerá la
posesión sobre el Registro, lo que resulta técnicamente absurdo. Agrega,
veamos ahora un caso distinto. Primus vende a Secundus el automóvil X,
transferencia inscrita en el Registro Vehicular. Posteriormente Primus
vende el mismo automóvil a Tertitus a quien entrega el bien. En este caso
será preferido Secundus, no precisamente porque el Registro prevalezca
sobre la posesión, sino porque conforme al artículo 2012169 del Código
Civil, la inscripción hace perder a Tertius la buena fe.
Efectivamente, por mi parte también estimo que el artículo 1136 en
comentario, no prevé la situación de los acreedores registrales porque
precisamente siendo la entrega la forma de transferir la propiedad, no
166
BARCHI VELOACHAGA, LUACIANO; ―Código Civil Comentado‖; Pág. 38. 167
Artículo 2043 del Código Civil establece: ―Son objeto de estos registros los bienes muebles registrables de
acuerdo a ley‖. 168
BARCHI VELOACHAGA, LUCIANO; Op. Cit. Pág. 39. 169
Artículo 2012 del Código Civil establece como principio de publicidad: ‖Se presume, sin admitirse prueba
en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones‖.
151
hace falta la publicidad registral desde que la posesión de lo adquirido
evidencia y publicita erga omnes la adquisición, conforme al derecho
romano170. En otras palabras podríamos decir que si bien en principio no
se contempla la publicidad registral para las cosas muebles determinadas,
quizá sea porque desde ya existe una publicidad con la posesión de la
cosa171.
3.- Ineficiente Publicidad de las Transferencias de Propiedad Vehicular.-
Podríamos afirmar que prácticamente nuestro actual sistema peruano de
transferencia de cosas muebles determinadas tiene dos formas de
publicitar la adquisición; la posesión de la cosa y el registro público.
Aunque el Código Civil no establece expresamente la posesión como
forma de publicidad, ello se puede inferir así desde que refiere que la
tradición constituye la forma de adquirir la posesión, así como de la
propiedad de las cosas muebles determinadas, y lo más importante que
reafirma la publicidad que hace la posesión cuando se presume iuris
tantum que el poseedor es reputado propietario; máxime cuando estas
figuras jurídicas así traídas del derecho romano fueron las maneras como
se publicitaba el ejercicio sobre la cosa, como significación de poder y de
señorío.
170
Los romanos estaban convencidos que la transferencia de la propiedad estaba basada en la entrega del bien
como signo de exteriorización o publicidad de la propiedad. 171
Resultaría interesante investigar la publicidad registral versus la publicidad posesoria, a fin de definir la
prevalencia de los acreedores concurrentes y el sistema más eficiente.
152
En esa línea expone Osterling Parodi172 cuando considera que la
exigencia de la tradición, aunque imperfecta y criticada, constituye el
medio más adecuado para dar publicidad a la transferencia de dominio de
tales bienes.
En ese sentido, considero que en cuanto a la publicidad de la adquisición
de la posesión y la propiedad de la cosa mueble, al Código Civil le ha
bastado con señalar: Artículo 900: “La posesión se adquiere por la
tradición, salvo adquisición originaria que establece la ley”. Artículo 912:
“El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario.
Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor
mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito”.
Artículo 947: “La transferencia de propiedad de una cosa mueble
determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición
legal en contrario”.
Ahora bien, si consideramos que la intención de hacer pública la
adquisición de la propiedad de la cosa mueble está dada por la posesión,
esta tendría que ser directa o inmediata173, pues de otra forma esa
publicidad sería a favor del tenedor de la cosa y no de quien la adquirió
realmente, habida cuenta que tal como lo señala Rivera Bustamante174, de
acuerdo con nuestro Código Civil diferencia al poseedor del tenedor, pues
172
OSTERLING PARODI, FELIPE; ―Las Obligaciones‖, Biblioteca Para Leer el Código Civil, Volumen VI,
Pontificia Universidad católica del Perú, Fondo Editorial, primera edición, 1988. Pág. 39. 173
El artículo 905 del Código Civil de 1984 señala: ―Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de
un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título‖. 174
RIVERA BUSTAMANTE, RAÚL; ―Curso de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario‖, Instituto de
Capacitación Jurídica – ICJ, Lima, 2013.
153
el primero tiene la intención de poseer para sí, a diferencia del tenedor que
posee para otro, ejemplo el custodio o guardián de la cosa.
En esa idea, Cantuarias Salaverry175 señala que la posesión no siempre
demuestra propiedad, ya que el hecho de que una persona tenga en su
posesión un bien no quiere decir que sea propietario (puede ser un simple
poseedor, un usufructuario o un acreedor prendario).
Por ello, esa forma de publicitar queda descartada por ineficiente en tanto
la forma de adquirir la cosa mueble determinada contempla no solo la
entrega física de la cosa, sino además la forma ficta a que se refiere el
artículo 902 que prescribe: “La tradición también se considera realizada: 1.
Cuando cambia el título posesorio de quien está poseyendo; 2. Cuando se
transfiere el bien que está en poder de un tercero; en este caso, la
tradición produce efecto en cuanto al tercero sólo desde que es
comunicada por escrito”.
En efecto, la publicidad que pueda brindar la posesión de la cosa no es
eficiente en cuanto tiene excepciones viables y válidas en las
circunstancias en que se celebran los contratos de transferencia, como por
ejemplo la enajenación pero con un pacto de conservar la posesión por el
transferente por un cierto tiempo, o que habiéndose recibido físicamente la
cosa, el adquirente decida inmediatamente darla en uso a un tercero; y así
todas la gama de excepciones posibles que puedan ser contempladas por 175
CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO; ―La Función Económica del Derecho: A propósito de los
Derechos de Prenda e Hipoteca‖; en El Derecho Civil Peruano. Perspectivas y Problemas Actuales; Fondo
Editorial de la PUCP, 1994, Pág. 70.
154
las partes dentro del marco de la autonomía de la voluntad y considerando
las oportunidades circunstanciales del mercado y los negocios.
Por tanto, si consideramos la vigencia del artículo 947 del Código Civil,
entonces llegaríamos a la conclusión que sería justo adquirir la propiedad
vehicular mediante la entrega, empero no quiere decir que dicho sistema
sea eficiente; ello además por las siguientes razones que considero
relevantes:
a) No se puede saber con certeza quién es el propietario del vehículo.
b) No permite tener actualizado un sistema único de transferencias
como es el Registro Público de la Propiedad Vehicular.
c) Encarece el sistema de transferencias, pues habría que indagar por
más de un medio o mecanismo quién es el propietario de vehículo.
Entonces ello ya nos va induciendo a que la sola entrega física o ficta de
la cosa mueble determinada, como lo es un vehículo automotor registrado,
no garantiza la publicidad efectiva de la propiedad, siendo necesario otro
mecanismo de publicidad más eficiente. O mejor, como bien lo concluye
Beltrán Pacheco176; en todo caso, si se quiere considerar que la forma
más adecuada de publicidad es la entrega y posesión, ello sería así en la
medida que no exista el registro.
176
BELTRÁN PACHECO, JORGE; ―Curso de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario‖, Instituto de
Capacitación Jurídica – ICJ, Lima, 2013.
155
4.- Trascendencia del Registro de Propiedad Vehicular.-
Tan importante es el registro que un día sin su existencia sería todo un
caos, se paraliza todo el tráfico comercial y jurídico, imaginemos si
queremos comprar un vehículo, el banco para efectos del crédito no
tendría forma se saber quién es el verdadero propietario para la compra.
Bajo un análisis económico, sin el registro los costos de transacción serían
tan elevados que para saber quién es el dueño de un vehículo que se
desea comprar se llegaría a la conclusión de que prácticamente es
imposible tomar decisiones económicas, se podrá contar con títulos de
propiedad a la mano, recibos de pagos de servicios, pagos del impuesto
vehicular, pero nada garantizará que ese es el verdadero y último
propietario.
Uno no compra un vehículo para que mañana o más tarde alguien se lo
arrebate, lo que se busca es que los derechos que uno adquiere sean
realmente inatacables. Nadie que hace un gran esfuerzo económico para
comprarse un vehículo espera que su abogado le indique una serie de
pasos formales a registro y no le garantice que su derecho es seguro.
Pues todo lo contrario, el sistema jurídico nos da básicamente dos pasos a
seguir para que nuestros derechos sean inatacables, el primero a través
de un sistema de titularidades, para que el titular de un derecho una vez
que lo sea, tenga sustantivamente un respaldo legal, y segundo, se
protege el tráfico jurídico a través del registro.
156
Con el registro lo que se busca es que quien aparece con derechos
inscritos tiene una apariencia formal de derecho sobre la propiedad
registral y con ello se toma una decisión, sabiendo que se está protegido
por haber contratado bajo el manto de la buena fe pública registral.
Los sistemas jurídicos registrales, pueden tener varias formas de
clasificar, así tenemos los registros constitutivos, declarativos, de
oponibilidad, u otros; no obstante, un sistema de registro, sea declarativo o
constitutivo, está dirigido a lograr la seguridad jurídica como valor esencial
del derecho, pues con ello se pretende obtener la predictibilidad, la paz
social y la convivencia en armonía de una sociedad.
Efectivamente, el registro cumple aquella función publicitaria que en el
derecho romano se efectuaba mediante la mancipatio y después con la
tradito. Ahora en un sistema más desarrollado y moderno, la forma más
eficiente de hacer público un acto respecto de un bien no es de otro modo
que a través del registro público. En ese sentido, nadie podrá negar que si
uno recurre al registro es para estar seguro de que la propiedad allí
inscrita será inatacable, vale decir, estar tranquilo que no se verá
perjudicado con ningún accionar de tercero.
Como señala Avendaño Valdez177, conviene recordar que el derecho real
es “erga omnes” esto es “oponible contra todos”, lo que lo diferencia del
derecho personal o de crédito, es un derecho de vigencia pública o social
177
AVENDAÑO VALDEZ, JORGE; ―Apuntes de Derecho Registral‖, Derecho – Revista Año XVII, N° 18,
Lima, Pontifica Universidad Católica del Perú. Pág. 102.
157
porque se realiza dentro de toda la colectividad. Pues para poder exigir de
todos aquel respeto y esa pasividad frente a mi derecho real, es obvio que
esos todos deben estar en la posibilidad de enterarse, en cualquier
momento y del modo más idóneo posible, de la vigencia del derecho que
pretendo se respete. Por ello la publicidad es indispensable, llegando a ser
un requisito de fondo del derecho real.
Max Arias Schreiber178, aclara que la traslación de dominio inmobiliario y
la consensualidad opera “inter partes” y no prevalece respecto de terceros,
pues estos se encuentran amparados por la fe del registro, siempre que
reúnan los requisitos y condicionamientos existentes en los artículos 2012,
2013, 2014 y 2022 del Código Civil. Algo similar sucede, por lo demás, con
los bienes muebles que sean inscritos en los registros de bienes muebles
a que se refiere los artículos 2043, 2044 y 2045 del Código Civil.
Con ello, Max Arias nos aclara que el registro tiene efectivamente una
misión de oponibilidad que puede ser utilizada inclusive por terceros ante
los propios actores del acto no inscrito. El registro sirve para dar
protección y seguridad a través de la publicidad a terceros de buena fe
que han contratado basados en la información registral. El registro no se
involucra en el acto de la enajenación, el cual discurre por entero en el
ámbito del derecho civil, empero sí se recurre a él, sus efectos son
transcendentales.
178
ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX; ―Exégesis del Código Civil Peruano de 1984‖; Tomo II, Pág. 26.
158
Sostiene la profesora de Derecho registral Elena Vivar Morales179, a una
persona determinada le sirve registrar su propiedad, porque actualmente,
quien no tiene su derecho debidamente inscrito, tiene un derecho de
propiedad disminuido, porque a pesar que el sistema registral nacional no
obliga a nadie a registrar su propiedad (pues la inscripción es facultativa)
quien no lo hace no puede obtener el reconocimiento público de su
titularidad, no puede asegurarse el ejercicio de su derecho de propiedad y
asimismo no tiene acceso al tráfico jurídico normal de las relaciones
comerciales.
Se debe en cuenta que nuestro Código Civil consagra un principio muy
fuerte, el de publicidad, pues el artículo 2012 señala que: “Se presume, sin
admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del
contenido de las inscripciones”. Por consiguiente, como no inscribir
nuestro derecho sin con tan solo efectuarlo todo el Perú tiene
conocimiento jurídico de nuestra propiedad, y con la indicación de que no
se admite prueba en contrario.
La publicidad es lo opuesto de la clandestinidad. Por la publicidad registral
se puede hacer público diversos actos sobre la propiedad.Si un derecho
está inscrito en el registro, se entiende erga omnes que todos sin
excepción conocen tal publicidad y no se admite prueba en contrario. En
ese sentido, solo se puede oponer algo que se ve, aquello que está
publicitado y que todos lo conocen. Lo que es cognoscible es oponible. La
179
VIVAR MORALES; ELENA; ―Derecho Registral‖, Separata de Enseñanza – PUCP. Pág. 201.
159
oponibilidad del registro significa contradecir la propiedad. Quien quiere
oponer derechos reales a quien también los tiene se prefiere al que está
inscrito en el registro. En otras palabras, la seguridad del tráfico, es decir,
la satisfacción del adquirente, sólo puede conseguirse a costa de la
seguridad del propietario.
Así pues considero que el derecho real no inscrito, viene a ser como un
derecho minusválido, porque el registro tan declarativo no es. Veamos, lo
que sucede es algo paradójico que se puede verificar con la siguiente
pregunta: En el Perú, ¿Se puede saber en el registro quién es el
propietario?; la respuesta será no, en tanto el registro es declarativo,
porque solo tenemos un sistema registral de oponibilidad. No obstante
quien aparece como titular en el registro quizá no sea el propietario, pero
sí se garantiza que quien se basa en dicha información tendrá preferencia.
Ergo, si los que están en el registro tienen preferencia, entonces lo que es
cognoscible es oponible.
CASACIÓN Nº 1784-99-Lima180.
La inscripción del embargo sobre un bien proveniente
del incumplimiento de una obligación de dar suma de
dinero y la inscripción de la transferencia de la
propiedad de dicho bien, constituyen actos dirigidos a
otorgar la oponibilidad registral a derechos de carácter
180
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de Octubre de 1999.
160
personal en el primer caso, y de carácter real en el
segundo; entre los cuales no será aplicable la
oponibilidad que brinda la prioridad registral, por ser
esta una institución jurídica prevista solo para aquellos
derechos de igual naturaleza.
CASACIÓN N° 3805-2006-Lima.
Consecuentemente, cuando el último párrafo del
artículo 2022 del Código Civil establece que, cuando se
trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las
disposiciones del derecho común; no está indicando
que se trata de una excepción al artículo 2016 del
Código Civil, que regula el principio de prioridad de
rango; por ende, la preferencia se determina sólo por la
certeza y la fecha en que se constituyeron los derechos,
sin referencia a la fecha de la inscripción registral; lo
que a su vez hace inaplicable también el artículo 2014
del Código Civil, por las razones precedentes. (…) La
transferencia de la propiedad de un vehículo automotor
en su calidad de bien mueble se perfecciona con la
tradición; razón por la cual, no tiene efectos
constitutivos la inscripción ante los Registros Públicos,
por cuanto el artículo 34.1 de la Ley General de
161
Transporte y Tránsito Terrestre establece que la
transferencia de la propiedad de vehículos automotores
se formaliza mediante su inscripción en el Registro de la
Propiedad Vehicular, y el artículo 36 del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular no le
otorga tal calidad; entonces, cuando el artículo 94 del
Código de Tránsito y Seguridad Vial establece que se
presumirá propietario de un vehículo a la persona cuyo
nombre figure inscrito en la tarjeta de propiedad, salvo
prueba en contrario, nos está indicando que se trata de
una presunción iuris tantum: por lo que devienen en
inaplicables los artículo 1363 y 2013 del Código Civil.
Tan importantes son los efectos del registro público que pueden tener
consecuencias disímiles con los actos civiles, por ejemplo cuando uno
contrata con un incapaz, a primera vista, con lo básico del derecho
llegamos a la conclusión que no se cumple con uno de los requisitos de
validez del acto jurídico y por tanto es nulo, sin embargo, ese efecto
registralmente no es así, pues basado en la fe registral el acto es válido en
tanto no se haya inscrito la sentencia que declare interdicto con quien se
contrató. O, también véase el caso de la venta de un bien registrado a
más de un adquirente; dejando de lado el tema penal, el primero que
adquiere la propiedad incluso por escritura pública, no está más allá que el
segundo que aun cuando adquiere el bien posteriormente es diligente y lo
162
inscribe en el registro público, porque nuestro sistema nos guste o no ha
optado por la preferencia registral ante la discusión de un mejor derecho
de propiedad.
Por consiguiente, el registro otorga seguridad jurídica a quien decide
incorporar su derecho al sistema. Quien contrata en base a la información
que brinda el registro está protegido. Empero, como se ha dicho es posible
que la información registral no sea exacta, por ejemplo cuando se
adquiere un derecho de quien aparece como titular registral pero basado
este en un título falso; los asientos del registro no evidencian la falsedad
del título, o cuando habiendo seguido todos los pasos formales, vale decir
titulación auténtica e inscripción, luego se informa una superposición de
partidas registrales, es decir, la propiedad adquirida está superpuesta a
otra más antigua, y debe ser eliminada pese a haber adquirido el derecho
en la fe pública registral. Para casos como estos, el sistema garantiza una
indemnización por errores registrales, lo que podrán ser determinados en
la vía judicial.
Queda claro entonces que el registro determina conclusiones distintas a
las que normalmente se arriba en el derecho civil, es decir es tan fuerte el
derecho registral que nos cambia las reglas convencionales del derecho
común. No podemos mirar el derecho por partes cuando el derecho
registral, tan fuerte e importante, es la institución madre que forma parte
de todo este andamiaje jurídico, descansando necesariamente en un
sistema de titulación auténtica que es el hombro fuerte en el que se apoya
163
el registro como lo es el derecho notarial.
5.- Evidente Necesidad del Registro en la Transferencia Vehicular.-
En el caso planteado, sobre la concurrencia de acreedores de una cosa
mueble y determinada como es un vehículo automotor, nos queda claro
que el artículo 1136 de nuestro Código Civil no resuelve por sí solo el
problema ante el caso de un adquirente con título posterior inscrito en el
registro. Ello supone entonces recurrir complementariamente al citado
artículo 912, que si bien en principio concuerda con el 1136 en el sentido
que se prefiere a quien posee la cosa, señala expresamente que esa
posesión no puede oponerse al propietario con derecho inscrito.
El artículo 912 del Código Civil establece: “El poseedor es reputado
propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede
oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco puede
oponerse al propietario con derecho inscrito”.
164
CASACIÓN N° 3018-99-Huaura181.
“El artículo 912 del Código civil ha establecido en
beneficio del poseedor la presunción iuris tantum que lo
tiene por propietario; sin embargo, el propio artículo 912
dispone que tal presunción no puede ser opuesta al
propietario con derecho inscrito, quien más bien, con tal
situación publicita su derecho y puede oponerlo a los
demás”.
Efectivamente, el mismo Código Civil peruano que en un inicio privilegia la
entrega de la cosa adquirida sin el registro, luego evidencia la necesidad
de la publicidad registral para resolver el problema de la diversidad de
acreedores.
Precisando el alcance del artículo 912, de manera complementaria el
legislador peruano a través de una norma de carácter registral ha previsto
en el artículo 2014, como principio de buena fe registral lo siguiente: “El
tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de
persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo,
mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se
anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no
consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume
mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
181
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Agosto de 2000.
165
CASACIÓN N° 381-2001182.
“En virtud del principio de buena fe registral, quedará
protegido el derecho del tercer adquirente que confíe en
el contenido de registro, no siéndole oponible cualquier
prueba o declaración en contrario que no se encuentre
sustentada en la información registral. De lo cual se
desprende que, aunque el acto del cual emane su
derecho sea declarado nulo, el tercero mantendrá su
adquisición, en compensación a su buena fe”.
CASACIÓN N° 2730-98.
“No existirá buena fe del tercer adquirente a título
oneroso de un bien, cuando de la información contenida
en los Registros se derive que el transferente no tenía
facultades suficientes para disponer de dicho bien, al
haber fenecido la representación de la cual emanaba
dicha facultad de disposición”.
EXPEDIENTE N° 929-90-LA LIBERTAD183.
“El que compra un inmueble de quien aparece en el
registro de la propiedad como dueño, adquiere
válidamente el dominio y no tiene porqué responder de
182
Tomada de Diálogo con la Jurisprudencia N° 74, Noviembre 2004, Pag. 277. 183
Aunque esta jurisprudencia se refiere a los inmuebles, se trae a colación en tanto el principio de la buena fe
registral es aplicable tanto a las transferencias de bienes muebles como de inmuebles.
166
los vicios que pudiera presentar la compra hecha por su
vendedor, en razón al mérito y garantía que ofrece la fe
registral, sin perjuicio desde luego del derecho del
perjudicado, para hacerlo valer en el modo y forma de
ley”.
EXPEDIENTE N° 1002-98-Lima184.
“La reversión de la propiedad de un terreno de mayor
extensión dispuesta judicialmente en un proceso de
expropiación seguido contra el Estado, afecta los
derechos de los contendientes, pero no del comprador
de buena fe, quien por mandato de la ley mantiene su
adquisición una vez inscrito, aunque después se anule,
rescinda o resuelva el del otorgante por causas que no
consten en el registro. Quien tiene a su favor una
inscripción de dominio, se protege con la publicidad de
su derecho mientras no se rectifique o se declare
judicialmente su invalidez”.
CASACIÓN N° 2837-2000-Callao.
“La adquisición de los compradores demandados ha
sido efectuada a título oneroso y en base a la
presunción de exactitud absoluta de los registros
184
Expediente Judicial de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima.
167
públicos, en los cuales constaba que el vendedor tenía
la condición de soltero, resultando por lo tanto de
aplicación el principio de buena fe registral contenido en
el artículo 2014, el cual protege al tercero que de buena
fe y a título oneroso que adquiere un derecho de aquel
que en el registro aparece con facultades para
otorgarlo, aunque después se anule, rescinda o
resuelva el del otorgante por causas que no consten en
los registros públicos. Es amparable el derecho de la
sociedad conyugal que adquirió el bien inmueble sub
materia, al haber presumido como cierto el contenido de
la inscripción registral en aplicación de lo establecido en
el artículo 2014, no existiendo prueba alguna que
demuestre que conocían que el vendedor era casado y
no soltero”.
RESOLUCIÓN N° 156-98-RLC/TR185.
“La inscripción se encuentra protegida por el principio
de fe pública registral regulado en el artículo 2014, en
virtud del cual el tercero de buena fe que adquiere a
título oneroso algún derecho de persona que en el
registro aparece con facultades para otorgarlo,
mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho,
185
Resolución de Registros de fecha 14 de Abril de 1998.
168
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del
otorgante por virtud de causas que no consten en los
registros públicos, estableciendo así una presunción de
exactitud absoluta de la inscripción sobre cuya base
contrató el tercero registral, respecto del cual se
presume su buena fe mientras no se pruebe que
conocía la inexactitud del registro.
CASACIÓN N° 3160-2008-Arequipa186.
“(…) Que, uno de los pilares del derecho registral es la
buena fe con que actúa el usuario de los registros
públicos; es así que el artículo 2014 del Código Civil,
que regula el principio de Buena Fe Pública Registral,
establece claramente que el tercero que de buena fe
adquiere a título oneroso, algún derecho de persona
que en el registro aparece con facultades para
otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su
derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva
el del otorgante por virtud de causas que no consten en
los registros públicos; dispositivo que concluye
señalando que la buena fe del tercero se presume
mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del
registro; principio este que se encuentra recogido
186
Casación publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de Marzo de 2010.
169
también en el artículo VIII del Título Preliminar del
Reglamento General de los Registros Públicos”.
Ergo, por el Principio de Buena Fe Registral, quien adquiere de buena fe –
tercero registral- y a título oneroso de quien en el registro aparece como
dueño e inscribe el derecho adquirido, está protegido “erga omnes”. No
importa que el enajenante no fuera en verdad dueño. Pudo haber vendido
antes su derecho. Pero si esta transferencia no consta en el Registro, la
posterior que se inscribe y que se verificó a título oneroso, mantiene todo
su valor.
Visto así, queda claro entonces que el segundo acreedor que inscribió su
derecho de adquisición de la propiedad vehicular, está protegido por la fe
pública registral, aunque el título del vendedor sea nulo, rescindido o
resuelto.
En esa línea, por razones de seguridad jurídica se considera que es
conveniente que se legisle estableciendo que cuando el bien mueble está
inmatriculado en el registro, la transferencia de la propiedad u otro
derecho real se haga mediante la inscripción.
6.- Inscripción Vehicular Sin Título y Con Efecto Constitutivo.-
Al respecto, cuando hemos estudiado el título, indicamos que este acto
jurídico para que sea válido se debe contar con la capacidad de goce y
ejercicio del titular, vale decir, que quien transfiere debe ser el dueño del
170
vehículo que dispone, caso contrario el título evidentemente es inválido y
no se verifica acto de disposición alguno, en tanto nadie puede disponer o
dar más de lo que tiene.
Si ese criterio lo aplicamos al caso del segundo acreedor del vehículo con
derecho inscrito, resulta obvio que habiéndose concretado la transferencia
con el título y la entrega correspondiente al primer acreedor, la segunda
obligación de transferir pese a estar inscrita en el registro no tiene efectos
reales válidos porque el deudor no puede vender algo que no es suyo; o
dicho de otro modo, quien vendió lo ajeno no tenía la capacidad para
hacerlo por no tener el derecho sobre la cosa, no cumpliendo los
requisitos de validez del acto jurídico, a parte consideración alguna sobre
ilícito penal187.
En ese orden el artículo 140 del Código Civil dispone: “El acto jurídico es
la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1. Agente
capaz. 2. Objeto física y jurídicamente posible. 3. Fin lícito. 4. Observancia
de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
187
El Código Penal, sanciona los delitos estafa y estelionato en sus artículos 196 y 197. Artículo 196: ―El que
procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de seis años‖. Artículo 197: La defraudación será reprimida con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa
cuando: numeral 4.- Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o
gravados y cuando se vende, grava arrienda como propios los bienes ajenos‖.
171
En palabras de Fernando Vidal Ramírez188, señala como premisa que la
determinación conceptual del acto jurídico conduce a considerar
previamente el concepto de hecho jurídico, pues de él deriva el acto
jurídico con la presencia imprescindible de la voluntad y su manifestación.
Compartiendo así la formulación de León Barandarián, conceptúa que el
acto jurídico es un hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de
voluntad y efectos queridos que respondan a la intención del sujeto de
conformidad con el derecho objetivo.
Este concepto nos resulta necesario tener en cuenta, toda vez que
habiendo que tratar el tema de la transferencia de la propiedad vehicular,
este finalmente constituye un acto jurídico. En ese sentido, habrá que
considerar para dicho efecto que el artículo 140 del Código Civil define y
determina los elementos de validez del acto jurídico, estableciendo que es
la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere del agente
capaz, el objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de
la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Visto así, estamos frente al caso de la nulidad del segundo título después
de la enajenación al primer acreedor, que por tal razón aquel es
inexistente, empero aun sin su existencia jurídica, lo que equivale a estar
sin título, éste queda inscrito en el registro con efectos reales y
188
VIDAL RAMÍREZ, FERNANDO; ―El Acto Jurídico‖, Gaceta Jurídica Editores, cuarta edición, 1998, Pág.
31 y 38.
172
constitutivos en tanto finalmente transfiere efectivamente la propiedad,
habida cuenta que pese a ello el artículo 2014 dispone expresamente la
perfecta conservación de la adquisición, premiando así al segundo
adquirente que confió en el registro conforme a la presunción de la buena
fe registral, aunque no haya manifestación de voluntad del verdadero
propietario poseedor que adquirió primero con titulo y modo de ley empero
sin haber inscrito su propiedad en el registro por no ser este obligatorio.
CASACIÓN N° 383-2001189
“Para que el tercero adquirente de un derecho
mantenga válidamente su adquisición, es necesario que
haya actuado con buena fe registral, es decir que, el
referido derecho le haya sido transferido por quien,
según los registros, sea la persona facultada para
hacerlo, aunque dicha información sea inexacta o
provenga de un acto jurídico nulo o anulable, y siempre
que el tercer adquirente no conozca de la inexactitud de
la información registral. En tal supuesto, el derecho del
tercer adquirente no devendrá en nulo aunque se
declare nulo el acto jurídico del cual provenga”.
De ello se desprende que en efecto, el registro en situaciones de
concurrencia de acreedores, viene a constituir la propiedad. Si alguien
189
Tomada de Diálogo con la Jurisprudencia N° 74, Noviembre 2004, Pág. 277.
173
compra, ello se consagra con el consentimiento, y si ese acto se inscribe
en el registro, este es declarativo; empero distinto efecto tiene si existe
concurrencia o conflicto de acreedores, pues allí el registro se torna
constitutivo para quien inscribió su derecho, sin importar la perfección civil
de cualquier transferencia anterior.
7.- Inexactitud del Registro de Propiedad Vehicular.-
No obstante, este curioso artículo 2014 también señala que la buena fe del
tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del
registro. A primera vista, este dispositivo podría traer abajo todo mi
razonamiento si traemos a colación que conforme al artículo 947, la
transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa
con la tradición a su acreedor.
En ese supuesto, el tercero registral no tendría buena fe pues debió
verificar la posesión del vehículo para efectos de adquirir su propiedad,
debiendo haber recurrido previamente así a una suerte de doble
publicidad; la publicidad registral y además la material de la cosa al estilo
del derecho romano que a través de la traditio debió estar en posesión del
primer acreedor conforme al artículo 947, pues solo así se hubiese dado
cuenta que la cosa ya estaba vendida.
Si queremos extender así los efectos en contrario sensu de la presunción
de buena fe, bien podría alegarse entonces que ante la negligencia del
174
segundo acreedor en no haber verificado la cosa, no obtiene la
conservación de la adquisición.
Al respecto, Aliaga Huaripata190 se pregunta, ¿Hasta dónde debe
extenderse el campo de la investigación por parte del tercero adquirente
de las posibles “inexactitudes registrales”?. Explica que, a diferencia de lo
que ocurre en otros países, en nuestro medio se “archivan” los títulos que
dieron mérito a la inscripción, lo que sumado al hecho que en el artículo
2014 del Código Civil se exige de manera poco técnica que los vicios que
afecten el derecho del transferente “no consten en los Registros Públicos”,
ha llevado al Poder Judicial y a algunos sectores jurídicos a concluir que la
investigación de los posibles vicios debe extenderse a los títulos
archivados, en razón a que estos son “un complemento o una
prolongación de los asientos del registro” y que tales asientos son a su vez
solo un “resumen” de los títulos191.
Aliaga Huaripata indica que, sin dejar de reconocer que nuestro sistema
de transmisiones patrimoniales es “causalista” (no abstracto), somos de la
opinión que a los efectos de la protección de los terceros registrales, la
búsqueda de posibles “inexactitudes registrales” debería limitarse a los
asientos registrales y no a los títulos archivados. Ello en atención a la
rigurosa calificación registral existente en nuestro sistema –a cargo de un
190
ALIAGA HUARIPATA, LUIS; ―Código Civil Comentado‖ Tomo X, Gaceta Jurídica, Primera Edición,
Lima 2005. Pág. 421. 191
CASACIÓN N° 2356-98-LIMA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12/11/1999, Pág. 3899.
175
profesional del Derecho-, y al asiento registral que es más que un simple
“resumen” del título, al determinar la nueva “situación jurídica” derivada.
Aunque existen posiciones discrepantes como la del Dr. Gonzales
Barrón192, quien sostiene que la publicidad y el hecho son situaciones
unidas en forma indisoluble, aunque se encuentren en distintos planos;
finalmente me inclino por la posición a favor del asiento y su plena
autonomía como documento público que contiene la situación registral,
porque permitirá ahorrar tiempo y reducir costos en el “estudio de títulos”,
labor que actualmente se ha tornado excesivamente compleja y onerosa
debido a las circunstancias anotadas, a lo que puedo agregar que el
registrador viene a ser un juez de títulos y éste ya evaluó y determinó la
legalidad de los títulos. Ahora, si bien podría incurrirse en algún error
como toda obra humana, cabe la posibilidad que ello pueda determinarse
en la vía judicial respaldado por un sistema de indemnizaciones que para
tal efecto prevé la Ley que crea la SUNARP y el Sistema de los Registros
Públicos.
En efecto, el Reglamento General de los Registros Públicos, en el artículo
VIII de su Título Preliminar, precisó con mayor propiedad los alcances de
la regulación contenida en el artículo 2014: “La inexactitud de los asientos
registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto que los
origina, no perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena
192
GONZALES BARRÓN, GUNTHER; ―Fundamentos que explican la primacía del título frente al asiento
registral contribución que pone punto final a un debate innecesario‖.
176
fe hubiera contratado sobre la base de aquellos”. Es decir, los posibles
vicios que afecten el derecho del tercero adquirente deben referirse solo a
los asientos registrales.
Pese a ello, queremos ir más allá del registro y verificar la posesión del
vehículo, considero que en tanto los contratos de transferencia son solo la
fuente de obligaciones, mas no modos de transferir la propiedad, es
perfectamente válido obligarse posponiendo la entrega del vehículo de
acuerdo a la libertad contractual de las partes; vale decir el título de la
transferencia es válido aun cuando no se haya entregado la cosa todavía,
máxime cuando son imposibles los supuestos de no entrega efectiva
(entrega ficta) de acuerdo al artículo 902, vale decir, que se ría posible la
tenencia del vehículo por quien no lo es, aun cuando exista un titular
registral.
8.- Incertidumbre de la Entrega del Vehículo en la Inscripción Registral.-
Si la entrega es la perfección de la transferencia de un vehículo, entonces
¿a quién le corresponde verificarla para su inscripción registral?.
La exigencia del acta de transferencia notarial es para efectos de inscribir
dicha transferencia del vehículo en el Registro de Propiedad Vehicular; así
se desprende del artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro
177
de Propiedad Vehicular193, en el que se indica que: “Toda transferencia de
propiedad de vehículos por acto entre vivos se inscribirá en mérito al acta
notarial de transferencia de propiedad vehicular (…)”. Del mismo modo, el
artículo 259 del Código de Tránsito194 establece que: “Los vehículos
motorizados para circular en una vía pública deben estar inscritos en el
Registro de Propiedad Vehicular, de acuerdo a las normas legales
vigentes. El propietario del vehículo está obligado a informar al Registro de
Propiedad Vehicular, cualquier cambio efectuado al vehículo”. Así
también, la Ley General de Transporte y Tránsito195 en su artículo 33.1
prescribe: “Todo vehículo que para circular requiera un conductor con
licencia de conducir debe inscribirse en el Registro de Propiedad
Vehicular, salvo disposición contraria prevista en la ley”. Y en su artículo
34.1, establece que: “La transferencia de propiedad y otros actos
modificatorios referidos a vehículos automotores se formaliza mediante su
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular”.
Conforme a la Ley del Notariado196 en su artículo 2 señala, el notario es el
profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y
contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los
otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad,
conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su
193
El Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular fue aprobado por Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 087-2004-SUNARP-SN DEL 01/03/2004. 194
El Código de Tránsito fue aprobado con Decreto Supremo 016-2009-MTC y modificado por Decreto
Supremo 025-2009-MTC.. 195
La Ley General de Transporte y Tránsito, Ley N° 27181. 196
Ley del Notariado, aprobado con Decreto Legislativo N° 1049.
178
función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de
asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia.
En ese marco legal, lo resaltante para nuestro estudio es que para la
formalización registral de la transferencia de la propiedad vehicular, el
notario podría constatar dos situaciones:
a) La entrega del vehículo para la transferencia del vehículo.-
Considero que esta situación de hecho podrá ser constatada por el
Notario en mérito al artículo 24 de la Ley del Notariado, en tanto
dispone que: “Los instrumentos públicos notariales otorgados con
arreglo a lo dispuesto en la ley, producen fe respecto a la
realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el
notario presencie”.
En ese sentido, Corcuera García197señala que la función del notario
también comprende la comprobación de hechos. Entonces, como
quiera que la entrega del vehículo viene a constituir un hecho, vale
decir, la constatación por el notario de la entrega física de la
posesión del vehículo, entrega de llaves y documentos; esto se
enmarca en la parte del artículo 24 de la Ley del Notariado que
refiere que los instrumentos públicos notariales producen fe
respecto a la realización de hechos y circunstancias que el notario
presencie.
197
CORCUERA GARCÍA, MARCO; ―Función Pública y Social del Notario‖; Revista Scribas; Pág. 362.
179
Tratándose entonces de una verificación notarial de entrega,
conforme al artículo 947 del Código Civil, esto es, la tradición de
vehículo automotor, ello se encuentra regulado en el artículo 94
literal c) de la Ley del Notariado en el que se prescribe: “Son actas
extra – protocolares: De Entrega”.
Ahora bien, si las actas de entrega notariales son instrumentos
públicos extra – protocolares, ergo no podrían ser títulos suficientes
para su inscripción en los registros públicos, por cuanto como se
citó al inicio de este subtema, el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Propiedad Vehicular exige el acta notarial de
transferencia de propiedad vehicular, la misma que a diferencia del
acta de entrega, se trata de un instrumento público protocolizado en
el Registro de Transferencias de Bienes Muebles Registrables del
Notario, de cuyo archivo expide los respectivos traslados para su
inscripción registral.
b) La voluntad de las partes para la transferencia del vehículo.-
En este caso, el notario verifica la voluntad de los contratantes para
la transferencia de la propiedad vehicular sin constatar la entrega
efectiva del vehículo. Así, en el artículo 78 literal a) de la Ley del
Notariado se dispone: “En este registro se extenderán las actas de
transferencia de bienes muebles registrables, que podrán ser: De
Vehículos”.
En ese orden, se entiende que las partes contratantes recurren al
notario a fin de formalizar aquel acto de transferencia que antes ya
180
han perfeccionado con la entrega, sea para inscribir la transferencia
en registro o no.
Sin embargo, considero que ello no obsta para que a modo de tercera
alternativa mixta, el notario a solicitud de las partes deje expresa
constancia de la verificación que haya hecho de la entrega.
Al respecto se ha practicado la siguiente encuesta a Notarios y
Registradores de Propiedad Vehicular con la siguiente pregunta:
¿CONSIDERA QUE EL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO
EXIGE AL NOTARIO LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL
VEHÍCULO EN LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA?198
Como se puede apreciar en el Anexo – Grafico correspondiente a la
pregunta 3, la respuesta ha sido unánime en el ámbito notarial y
registral199, en el sentido que la Ley del Notariado no obliga al notario a la
constatación de la entrega del vehículo.
Concuerdo con dicho parecer mayoritario en tanto como se ha verificado
con las normas de la Ley del Notariado, esta no exige la constatación de la
entrega del vehículo en el acta de transferencia de propiedad vehicular
para efectos de la inscripción registral, máxime cuando regula la entrega
fuera del registro notarial como instrumento público extra – protocolar.
Por consiguiente, se entiende que conforme al artículo 947, son las partes
198
Véase Anexo de Gráficos correspondiente a la Pregunta N° 3. 199
A excepción de un registrador.
181
contratantes quienes han verificado la entrega previamente, recurriendo al
notario para la formalización de la transferencia a los efectos del registro
público. No obstante, como se ha dicho, considero que al no prohibirlo la
Ley del Notariado, bien podrían las partes solicitar al notario y este
constatar la entrega efectiva del vehículo, las llaves y los documentos
pertinentes (tarjeta de propiedad) en la respectiva acta de transferencia
vehicular.
En efecto, se ha verificado en las respectivas actas notariales de
transferencia vehicular y en los títulos archivados del Registro de
propiedad Vehicular de Arequipa correspondiente a las transacciones del
mes de enero de 2013, en donde se ha obtenido como resultado que
ninguna acta notarial deja constancia de la entrega del vehículo
transferido, así como tampoco, el registrador observa esa omisión200.
9.- Registro Vehicular de Títulos y No de la Propiedad.-
El Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, si
bien no exige la constatación notarial de la entrega del vehículo, lo
presume, cuando señala en su artículo 25: “Toda transferencia de
propiedad de vehículos por acto entre vivos se inscribirá en mérito al acta
notarial de transferencia de propiedad vehicular, con las siguientes reglas:
b) Se presumirá, para efectos registrales, que una vez otorgada el acta
respectiva, se ha hecho la tradición del vehículo, salvo que se desprenda
200
Véase Anexo de Gráficos denominado ―Resultados de Verificación de Constataciones de Entrega‖.
182
del mismo instrumento lo contrario. En este último caso no podrá
inscribirse el título y el registrador deberá observarlo a fin que mediante
otro instrumento notarial ambas partes declaren que se ha hecho tradición
del vehículo. No obstante, si del contrato se desprende que el vehículo se
encuentra en posesión del adquirente o de un tercero, la tradición se
considerará efectuada, en aplicación del artículo 902 del Código Civil”.
Ante la falta de constatación notarial de la entrega del vehículo a los
efectos del registro público, la SUNARP ha optado por otra solución –la
presunción-, a mi criterio tan simplista que sacrifica a mi entender la
exactitud de los registros, si consideramos que de acuerdo al artículo 2013
del Código Civil: “El contenido de la inscripción se presume cierto y
produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare
judicialmente su invalidez”.
El registro entonces como principio prefiere presumir la entrega sin exigir
tal verificación como acto previo a la inscripción. Ello a mi criterio es peor,
por cuanto no existe norma en el Código Civil, de cuyo cuerpo normativo
se deriva la obligación de la entrega, que contemple dicha posibilidad de
presumirla. En todo caso, esa presunción se entiende iuris tantum en el
marco del principio de legitimación, en virtud del cual el contenido de la
inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se
rectifique o se declare judicialmente su invalidez; por lo que es posible
probar lo contrario, vale decir, la no entrega del vehículo, y por ende la no
transferencia de la propiedad. No obstante, ello no es óbice para el tercero
183
de buena fe que mantiene sus derechos adquiridos una vez inscritos
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por causas
que no consten en los registros públicos conforme al artículo 2014 del
Código Civil.
Zavala Toya201, luego de analizar a distintos autores, releva las ideas
principales, precisando que en primer lugar la presunción establece una
consecuencia que cabe dentro de lo normal, según las máximas de la
experiencia que son subsumidas en la norma en concreto, producto de
una relación que enlaza entre un hecho conocido y cierto con un hecho
desconocido e incierto (una afirmación base con una afirmación resultado,
que es lo que se presume). En segundo lugar, que para que la presunción
legal exista –tal como su nombre lo indica- debe estar contenida o
establecida en una norma, en nuestro caso en una del Código Civil. Y por
último, algo fundamental, que la presunción siempre admite la prueba de
lo contrario, o lo que es lo mismo, tiene validez mientras no ocurra la
prueba de lo contrario.
En esa línea, el Dr. Gonzales Barrón202 señala que debe considerarse que
un Reglamento no puede modificar el sistema causal adoptado por las
disposiciones sustantivas del Código Civil. Luego agrega que todas estas
reformas debe considerarse fallidas por cuanto unos modestos
reglamentos de inscripciones o de procedimiento no pueden alterar el
201
ZAVALA TOYA, SALVADOR; ―Las Presunciones en el Código Civil‖; Revista El Derecho; Pág. 29. 202
GONZALES BARRÓN, GUNTHER; ―Fundamentos que explican la primacía del título frente al asiento
registral contribución que pone punto final a un debate innecesario‖.
184
régimen sustancial de conformación de los negocios y sus efectos, ni
tampoco pueden introducir un cambio radical como sería admitir el
abstracto de cuño germánico, en contra de todas las normas y principios
por ahora sólidamente implantados en el Código Civil.
Con la presunción registral de la entrega no se determina en realidad a
quien le corresponde verificar la entrega para efectos registrales, pues si
el registro a primera instancia lo presume, ello no quiere decir que así
haya ocurrido, máxime cuando las partes contratan antes de concurrir al
Notario. Es tan importante no presumir, sino verificar la entrega desde que
conforme al artículo 947 de nuestro Código Civil, este acto constituye la
transferencia de la propiedad vehicular como norma imperativa en el
actual sistema peruano. En ese sentido, Zavala Toya203 indica que una
norma legal es imperativa o absoluta porque ésta ha sido engendrada por
sí misma y en ella lo probable no cuenta para nada, constituyéndose en
una realidad para el derecho que no admite ningún cuestionamiento; la
consecuencia determinada por la presunción tiene el carácter de relativa,
ya que se puede probar en contrario.
En ese sentido, con relación a la verificación de la entrega, se ha
formulado la siguiente encuesta a Notarios y Registradores de la
Propiedad Vehicular:
¿CONSIDERA QUE EL REGISTRADOR TIENE FACULTAD PARA
203
ZAVALA TOYA, SALVADOR; ―Las Presunciones en el Derecho Civil‖; Revista El Derecho; Pág. 36.
185
EXIGIR AL NOTARIO LA CONSTATACIÓN DE LA ENTREGA DEL
VEHÍCULO?204.
La respuesta de Notarios y Registradores ha sido contundente y unánime
de forma negativa. Al indagar las razones de la respuesta se entrevistó a
algunos encuestados, quienes manifiestan que precisamente la
presunción indicada en el citado artículo 25 del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular sirve de base para
evitar tal posibilidad y volver engorroso el trámite registral.
Discrepo de dicha posición respetable, en tanto considero que el artículo
947 del Código Civil es claro en indicar que la transferencia de la cosa
mueble determinada, como lo es un vehículo automotor, se perfecciona
con la entrega, sin dar pie a presunción al respecto, más allá de los
supuestos ficticios del artículo 902 del Código Civil, en donde no se
contempla la posibilidad de posponer o postergar la entrega del vehículo,
en efecto dicha presunción desnaturaliza el rigor de tal acto, volviendo al
registro inexacto por cuanto la presunción es iuris tantum y con todo ello
no está asegurada la entrega efectiva.
Además, es de considerar que el artículo 31 del Reglamento General de
los Registros Públicos prescribe que: “La calificación registral es la
evaluación integral de los títulos presentados al registro que tiene por
objeto determinar la procedencia de su inscripción. Está a cargo del
204
Véase Anexo de Gráficos correspondiente a la Pregunta 4.
186
Registrador y del Tribunal Registral, en primera y segunda instancia
respectivamente, quienes actúan de manera independiente, personal e
indelegable, en los términos y con los límites establecidos en este
Reglamento y en las demás normas registrales”.
Al respecto, el Dr. Fernández-Dávila Barreda205 explica que la inscripción
requiere estudio, análisis exhaustivo y minucioso, que debe realizar el
registrador para dar ingreso a un título determinado, es decir, la previa
calificación registral que constituye la esencia de la función registral, esta
función es un Deber-Derecho del registrador, función indelegable, el
registrador de acuerdo al principio de legalidad, debe calificar el título
teniendo en cuenta las normas legales vigentes, la jurisprudencia y
ejecutoria registral, además para cumplir esta función calificadora, el
registrador debe ser un profesional altamente calificado, debidamente
preparado, debe ser un erudito en la materia registral, notarial, tributaria,
comercial, etc. Deben estar idóneamente preparados, lo que significa que
quien pretenda ser registrador, deberá reunir las cualidades señaladas.
En efecto, el registrador siendo independiente en su calificación bien
podría asumir la presunción o requerir la verificación de la entrega en el
acta notarial de transferencia vehicular.
Finalmente, la praxis –no constancia de la entrega vehicular- corrobora
que en realidad no se verifica la entrega del vehículo por el Notario, que
205
FERNANDEZ-DÁVILA BARREDA, CARLOS; ―¿Qué son los Registros Públicos?; Revista Scribas; Pág.
297.
187
en el instrumento notarial no se constata expresamente dicho acto, y que
por ende, la inscripción registral de la transferencia no necesariamente
publicita la propiedad, sino la obligación de transferir con la mera
presunción iuris tantum de entrega.
En ese sentido, considero que siendo la entrega la forma civil de adquirir
la propiedad vehicular, sin que sea necesario la intervención notarial,
puesto que esa formalidad es para efectos de la inscripción registral, la
entrega como derecho civil solo corresponde ser verificada por las partes
vía ejecución del contrato, siendo que para efectos registrales solo es
importante el título válido que es lo que publicita, existiendo solo una
presunción registral de la entrega.
La inscripción registral de derechos obligacionales derivados del título de
transferencia como es el “derecho a la cosa”, no tendría igual efecto si se
trata de la inscripción de derechos reales ya adquiridos como
consecuencia de la ejecución del título de transferencia como es el
“derecho sobre la cosa”, pues hablamos de la inscripción del título de la
obligación, o bien, del modo de adquirir la propiedad.
Sobre este tema, se ha practicado la siguiente encuesta a Notarios y
Registradores de la Propiedad vehicular:
188
¿CONSIDERA QUE EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR
INSCRIBE SOLO OBLIGACIONES DE ENTREGA?206.
La respuesta de Notarios y los Registradores de la Propiedad Vehicular ha
sido casi unánime207, en el sentido que el registro lo que publicita es la
propiedad y no solo el título obligacional de la entrega del vehículo.
Entrevistados algunos de los encuestados sobre las razones, indican que
la entrega se presume, por lo que la publicidad se refiere a la propiedad208.
No comparto esa posición respetable en tanto que de acuerdo al citado
artículo 31 del Reglamento General del Registro Públicos, la calificación
registral es la evaluación integral de los títulos presentados al registro que
tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción; por lo que se
puede concluir que el registrador califica el título. Así, si la compraventa,
donación, permuta u otro acto fuera nulo, también lo sería el asiento
registral. Entonces, lo que se inscribe en el registro es el acto causal o
título de la obligación.
Ello quiere decir que en realidad –en la praxis- estamos ante un registro
público de derechos obligacionales, aunque de la denominación –Registro
de la Propiedad Vehicular- se pueda entender más que solo obligaciones,
a la propiedad.
Siendo ello así, el contrato como título a inscribir resulta aun más curioso
206
Véase Anexo de Gráficos correspondiente a la Pregunta 6. 207
Excepto un Registrador. 208
Resulta interesante investigar también en otra tesis el carácter jurídico del registro de la propiedad
vehicular, a fin de determinar si lo que se inscribe son derechos reales –propiedad- o derechos obligacionales.
189
si consideramos que el artículo 1351 del código Civil lo define como el
acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una
relación jurídica patrimonial. Por tanto la relación jurídica patrimonial
creada por el contrato es una relación obligacional, propia del Derecho de
Obligaciones209.
Queda entonces descartado, que el contrato en la legislación peruana
pueda crear relaciones distintas que las puramente obligacionales desde
que el objeto del contrato, es crear, regular, modificar o extinguir
obligaciones; de modo tal que respecto al derecho de propiedad, cuyo
carácter de derecho real es admitido, el contrato no tiene como efecto la
transmisión de dicho derecho sino únicamente la obligación de trasmitirlo.
Por citar un ejemplo, el contrato de compraventa (el contrato de
transferencia más común)210, desde su definición legal no es apto para
transferir la propiedad, desde que su efecto es obligacional y no real.
Entonces si ello es así, me pregunto: ¿el registro inscribe derechos
personales o derechos reales?.
10.- Necesidad de la Inscripción Constitutiva en las Transferencias
Vehiculares.-
Parafraseando lo supra expuesto, hemos concluido que la transferencia de
la propiedad vehicular restringe la libertad contractual y la autonomía de la
209
Para el caso de inmuebles, sería interesante complementar con otra tesis, sobre el carácter real o efectos
reales de los contratos de transferencia de inmuebles, aun cuando estos son solo obligacionales tal como lo
define el Código Civil. 210
El artículo 1529 del Código Civil dispone: ―Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la
propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero‖.
190
voluntad de las partes, en el sentido que el artículo 947 del Código Civil no
permite a los contratantes posponer la entrega del vehículo. Asimismo,
hemos analizado que es posible que el titular de un vehículo registrado
pueda obligarse mediante distintos títulos ante más de un acreedor a
entregar el vehículo conforme al artículo 1136 del Código Civil, sin
embargo este dispositivo no soluciona la concurrencia de acreedores ante
el titular registral. En esa línea, se ha evidenciado la necesidad del registro
en la concurrencia de acreedores de la propiedad vehicular, pues el
artículo 912 del Código Civil señala que no procede la presunción de
propiedad del poseedor contra quien tiene inscrito su derecho, superando
así a la entrega del vehículo como condición de la transferencia.
También se ha explicado que el sistema peruano prevé prácticamente dos
formas de publicitar la transferencia vehicular, a través de la entrega de la
posesión y a la vez a través de la información que brinda el registro
público, volviendo ineficiente mantener un sistema dual en la medida que
existe un registro público para dicho efecto, en tanto que la titularidad de la
entrega de la posesión se basa en títulos ocultos que solo las partes los
conocen generando con ello los considerables costos de transacción al
tenerse que indagar la titularidad del vehículo.
Por otro lado, el registro de la propiedad vehicular es declarativo, empero
con efectos trascendentales constitutivos ante la concurrencia de
titularidades, toda vez que el artículo 2014 del Código Civil protege a quien
adquiere basado en la fe registral, a título oneroso e inscribe su derecho,
191
aun cuando el título del que emane se inválido. A ello se suma que no
existe norma que obligue al Notario a verificar la entrega efectiva del
vehículo transferido, pues el acta notarial de transferencia vehicular solo
formaliza el acto para efectos del registro, quedando abierta la posibilidad
de que las partes en realidad no hayan verificado la entrega. Ergo, el
registro no ha encontrado mejor solución que presumir la entrega en virtud
del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, lo
que admite prueba en contrario, quedando así la posibilidad de que la
transferencia no se haya perfeccionado con la entrega.
CASACIÓN Nº 2731-2002-Lima211.
Para que sea pertinente el artículo 947 del Código Civil
sobre la transferencia de propiedad de bien mueble, y
se tenga por perfeccionada la transferencia conforme a
él, es requisito previo la formalización del respectivo
contrato de transferencia vehicular y su inscripción en
los Registros Públicos para ser constitutivo de derecho.
EXPEDIENTE Nº 5525-99212.
De acuerdo al precepto contenido en el artículo 1549
del Código Civil, es obligación esencial del vendedor
perfeccionar la transferencia de propiedad del bien
211
Casación Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de Agosto de 2004. 212
Sentencia de fecha 28 de marzo de 2000.
192
vendido, que en el caso de un bien mueble registrable
se efectuará mediante la inscripción de la transferencia
en el registro correspondiente. Por lo tanto, y no
obstante que el bien haya sido entregado al comprador
y el precio pagado al vendedor, la obligación de
perfeccionamiento seguirá pendiente y su
incumplimiento podrá ser invocado por el comprador
como causal de resolución del contrato de
compraventa.
En efecto, se ha verificado que no se deja constancia notarial, tampoco
ello aparece en los asientos registrales sobre la entrega efectiva del
vehículo transferido en tanto ello se viene presumiendo, por lo que se
concluye que el registro aun cuando tiene efectos trascendentales
superiores a los civiles constituyendo incluso derechos de propiedad, no
es exacto desde que no se verifica la entrega del vehículo, publicitando así
solo los títulos inscritos más no la propiedad.
Finalmente, me he permitido verificar la opinión de siete Notarios y siete
Registradores de la Propiedad Vehicular de Arequipa formulándoles la
siguiente pregunta:
¿CONSIDERA QUE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEBE SER
CONSTITUTIVA EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD
VEHICULAR SIN NECESIDAD DE LA PREVIA VERIFICACIÓN DE LA
193
ENTREGA DEL VEHÍCULO?213
El resultado ha sido contundente con una mínima diferencia tanto en los
Notarios como en los Registradores opinando que es necesario que la
inscripción registral tenga carácter constitutivo en las transferencias de la
propiedad vehicular, aun sin que sea necesaria la verificación de la previa
entrega del vehículo.
Considerando las observaciones advertidas en el actual sistema de
transferencia de propiedad vehicular, la mayoritaria opinión de técnicos en
la materia, y la praxis que evidencia la no verificación de la entrega del
vehículo transferido, nos indica que no queda más que adecuar el derecho
a la necesidad y realidad socio-económico del Perú, volviendo al registro
constitutivo para las transferencias vehiculares.
En ese sentido, la exposición de motivos del artículo 947 se ha
expresado214: “Este artículo y el siguiente se ocupan del mismo problema,
es decir la adquisición de la propiedad de un bien mueble determinado.
Pero lo extraño es que esta duplicación no tiene razón de ser y es más,
resulta implicante. El primero de los dos numerales es nuevo, recoge el
artículo 122 de la Ponencia, inspirado a su vez en los artículos 2601 y
2602 del Código argentino, y establece que la tradición traslativa de
dominio debe ser efectuada por el propietario que tenga capacidad para
enajenar y ser recibida por quien sea capaz de adquirir. En cambio la 213
Véase Resultado en el Anexo de Gráfico correspondiente a la Pregunta N° 7. 214
MAISCH VON HUMBOLDT; citado por ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX, en Código Civil
Comentado, Tomo V, Pág. 298.
194
fórmula del artículo siguiente, que por simple inercia legislativa repite el
controvertido artículo 890 del código de 1936, es deficiente; legisla en
forma confusa y conduce a contradicciones al expresar que se adquiere el
dominio aun cuando el enajenante de la posesión carezca de facultad para
hacerlo. En realidad hubiera sido más técnico el incluir sólo el artículo 947,
que establece que la tradición es la forma de adquirir la propiedad de una
cosa mueble determinada, con algunas excepciones: la de los bienes
muebles sujetos a la obligatoriedad del Registro, como los vehículos; los
que son inscritos en el Registro Fiscal de Ventas a Plazos; los que se
obtengan con infracción a la ley penal; y el caso del ganado, cuya
propiedad se prueba con la marca registrada, de acuerdo al artículo 891
del Código derogado”.
Otra alternativa es la del Doctor Jorge Avendaño Valdez, quien fuera
encargado de la Comisión Revisora del Código Civil de 1936 en lo
referente al Libro de Derechos Reales, planteó una clasificación alternativa
de los bienes en registrables y no registrables. Es decir la adquisición
convencional de los bienes registrados quedaba perfeccionada con su
inscripción en el registro respectivo, mientras que la adquisición
convencional de los bienes no registrados queda perfeccionada con la
tradición. En tal sentido se adopta la teoría del título y el modo, siendo
para el caso de los bienes registrados, el título de adquisición el contrato
de transferencia y el modo de adquirir era la inscripción en el registro
respectivo, en tanto que para los bienes no registrados el título de
195
adquisición también era el contrato de transferencia pero el modo de
adquirir era la tradición.
Se debe clasificar los bienes en relación a la forma de publicitar los
derechos que recaen sobre ellos, permitiendo con ello la seguridad de las
transacciones comerciales, de ese modo ya no tendrán relevancia las
características naturales de los bienes, en tal sentido será importante
saber si estos bienes son susceptibles de ser registrados o no, y no otro
tipo de características.
La Propuesta de Enmiendas al Libro de Derechos Reales215 manda:
“Artículo 947.- La transferencia de propiedad de un bien registrado se
efectúa con su inscripción en el correspondiente registro”.
En opinión Torres Vásquez216, quien después de aludir al artículo 25217 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular,
comenta la Propuesta de Enmiendas al Libro de Derechos Reales,
señalando que esta propuesta legislativa es innecesaria, porque ya está
comprendida en el “salvo disposición legal diferente” del vigente artículo
947, el cual señala a la traditio como principio fundamental de la
transferencia de la propiedad mueble, pudiéndose establecer por ley otros
modos de adquisición como es el caso de la inscripción registral.
215
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de enero de 1995. 216
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL; ―Código Civil‖; Tomo I, Séptima Edición; Idemsa, Lima, 2011; Pág.
968. 217
El artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, dispone que: ―Toda
transferencia de vehículos por acto entre vivos se inscribirá en merito al acta de transferencia de propiedad
vehicular, con las siguientes reglas (…)‖.
196
Efectivamente, después del análisis de varios autores, consideramos que
existen básicamente dos vías para volver al registro en constitutivo, una
de ellas la tesis postulada por Torres Vásquez, para quien basta una ley
especial que indique aquellos bienes en los que para ser transferidos se
necesita del registro, como es el caso de los vehículos automotores
registrados, y ello en virtud de la permisión del artículo 947 del Código
Civil al indicar la salvedad de la disposición legal en contrario a la entrega,
por lo que necesariamente deberá legislarse en ese sentido.
Sin embargo, en tanto ello implica la necesidad de legislar para cada bien
cuya transferencia sea constitutiva mediante su inscripción en los
registros, considero viable zanjar el tema con la clasificación de los bienes
en registrables y no registrables, con lo cual deberá modificarse el Código
Civil, en el sentido que la transferencia de bienes registrados se constituye
con su inscripción en los registros públicos.
Considero que el contexto hoy en día es apropiado para que dicho cambio
sea viable. Así, el profesor Cárdenas Quirós218, quien además de su
reconocida autoridad en la materia, ha sido Superintendente de registros
Públicos, responde a la pregunta, ¿Qué ha cambiado desde entonces
como para afirmar que hoy la reforma sí es posible?, señalando que son
varias las condiciones que hoy están presentes y que no existían antes: i)
los registros han sido modernizados y se ha renovado su personal
218
CARDENAS QUIRÓS, CARLOS; ―Los Registros Públicos y la Reforma del Código Civil‖, en Minjus,
Revista del Ministerio de Justicia del Perú, N° 2, 1998, Pág. 91.
197
captando profesionales que reúnen mejores condiciones de idoneidad
moral y técnica; ii) se les ha dotado de una apropiada organización
administrativa y de infraestructura apropiada. Como consecuencia de lo
anterior, iii) los trámites se realizan hoy con eficiencia y de manera
expeditiva. Finalmente, iv) con la culminación del proceso de
informatización (que incluye la sustitución de sistemas manuales por
sistemas automatizados que permitirán crear índices confiables) el
proceso de búsqueda será expeditivo y se reducirán los costos de
operación. De esta manera, la condición de contar con registros confiables
alienta a tomar la decisión.
Ahora bien, pasar de un sistema de transferencia material como es la
entrega a uno formal como es el registro, con la finalidad de mantener un
único sistema de registro de transferencias de vehículos actualizado y
confiable en el sentido que publicite como verdad derechos reales,
presupone que al entrar en vigencia la nueva norma, los registros de la
propiedad estén actualizados, es decir que todos los propietarios de
bienes registrados tienen inscrita la propiedad vehicular a su nombre,
empero sabemos que no es así en tanto ello no ha sido obligatorio con el
sistema de transferencia actual, por lo que se entiende que implicará un
previo proceso de ordenamiento, que conlleva ejecutar básicamente dos
mecanismos que considero importantes:
a) Saneamiento de propiedades vehiculares antiguas, a través de la
regularización de su inscripción en el registro. Supone un proceso
198
de inscripción de todos los títulos pendientes, o regularizar aquellas
transferencias vehiculares que aun no tienen un título formal, como
lo es el acta notarial de transferencia vehicular. Aquí se puede
presentar un problema, pues cabe la posibilidad que a la hora de
regularizar, exista la imposibilidad del transferente de suscribir los
documentos formales para la inscripción, como el caso del
fallecimiento, incapacidades sobrevenidas u otras situaciones. Para
dicho saneamiento registral, nuestro sistema legal prevé la
prescripción, el título supletorio.
A través del procedimiento de la prescripción adquisitiva, el
poseedor acude al juez para que éste declare la adquisición
originaria de propiedad que opera en aplicación de los supuestos
establecidos en la ley219. El derecho no nace en virtud de una
transferencia de un anterior propietario, como tampoco nace
cuando el juez emite sentencia. El derecho del prescribiente nace
en virtud del ejercicio de la posesión cumpliendo los requisitos de
ser pacífica, continua, pública, como propietario durante el periodo
de tiempo fijado por ley. El juez simplemente verifica el
cumplimiento de estas condiciones y declara el derecho que el
propietario ya viene ejerciendo, de manera que resulta oponible y
publicable a través del registro.
A través del Título Supletorio, el propietario que cuenta con el
219
Código Civil, Artículo 952: Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le
declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la prescripción de la propiedad en el
registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño.
199
derecho, pero que no cuenta con títulos comprobatorios de dominio,
obtiene un título subsidiario que reemplaza al que le falta, sea
porque nunca lo tuvo o porque lo extravió.
b) La inscripción registral de todas las nuevas transferencias
vehiculares. Ello supone dar a conocer a los ciudadanos por medios
adecuados y efectivos las ventajas de inscribir su derecho sobre la
propiedad vehicular.
De esa manera se logrará, primero la actualización de la base de datos del
registro, y luego determinar que la inscripción registral sea constitutiva en
todas las transferencias vehiculares, teniendo así una sola fuente de
información real y confiable sobre la propiedad de los vehículos
automotores registrados.
Con un registro constitutivo, entendemos que el efecto real de la
transferencia vehicular nace con la inscripción en el Registro de Propiedad
Vehicular lográndose así el efecto erga omnes con la publicidad registral,
evitando el desfasado sistema de transferencia mediante la entrega en
mérito a un título oculto que solo las partes contratantes lo conocen, que si
bien puede ser inscrito en el registro, no evidencia la verdadera propiedad
al no existir la certeza de la entrega antes de su inscripción, publicitando
de ese modo información posiblemente errada y no confiable, como si el
título sin la previa verificación formal de la entrega para efectos del registro
tuviera efectos reales, lo que es a todas luces forzado y ficticio.
200
En el sistema constitutivo propuesto, uno no adquiere la propiedad hasta
que se transfiera ante el registro público; vale decir, no hay forma de que
el registro se equivoque; porque mientras no se inscriba la transferencia,
el dueño sigue siendo el titular registral; o sea no hay titular extrarregistral,
o mejor, no hay propiedad transferida sin el registro.
El nuevo sistema de transferencias vehiculares estaría sustentado en una
nueva clasificación de bienes, registrados y no registrados. En ese caso,
los vehículos automotores estarían en el supuesto de los bienes
registrados, en donde la constitución, modificación y extinción de los
derechos reales debe producirse a través del registro adquiriendo así
carácter constitutivo. Ello significaría que la inscripción sería el modo que
perfecciona la transferencia vehicular precedida por un título formal
expedido por el Notario que da fe de la manifestación de voluntad de las
partes garantizando así el acto de la inscripción. Y, en cuanto a los bienes
no registrados, la publicidad sería reemplazada por la posesión como
factor preponderante. Finalmente, tendríamos así un mismo régimen de
título y modo para las transferencias de bienes registrados y no
registrados. El modo sería la inscripción para los bienes registrados, y la
entrega para los no registrados.
Como se ha indicado, actualmente la inscripción registral de la
transferencia de la propiedad vehicular, en realidad es solo del título
fuente de la obligación de transferir, empero con efectos reales sobre la
propiedad desde que tiene preferencia aun sobre quien ha adquirido con
201
título y entrega. Siendo ello así, no sería relevante para efectos registrales
verificar la entrega, la lógica jurídica conlleva a que si en la práctica ello
sucede así, entonces no hay más que adecuar el derecho y volver al
registro constitutivo.
202
CONCLUSIONES
Con el análisis efectuado y lo expuesto, considero estar en condiciones de
plantear las siguientes conclusiones:
1. La transferencia de la propiedad vehicular restringe la libertad
contractual basada en la autonomía de la voluntad de las partes y
en todo caso la encarece, en el sentido que el artículo 947 del
Código Civil exige la necesaria entrega como condición sine
quanon para la transferencia no permitiendo a los contratantes
posponer la entrega del vehículo.
2. Es posible que el titular de un vehículo registrado pueda obligarse
mediante distintos títulos ante más de un acreedor a entregar el
vehículo conforme al artículo 1136 del Código Civil, sin embargo
este dispositivo no soluciona la concurrencia de acreedores ante el
titular registral.
3. Si bien la transferencia de la propiedad vehicular se perfecciona
con la entrega en virtud del artículo 947 del Código Civil, se
evidencia la necesidad del registro ante la concurrencia de
acreedores de la propiedad vehicular, pues el artículo 912 del
Código Civil señala que no procede la presunción de propiedad del
poseedor contra quien tiene inscrito su derecho, superando así a la
entrega del vehículo como condición de la transferencia.
4. El sistema peruano prevé prácticamente dos formas de publicitar la
transferencia vehicular, a través de la posesión y a la vez por medio
203
de la información que brinda el registro público, no obstante, en la
medida que existe un registro para dicho efecto, la verificación de la
posesión resulta ineficiente por basarse en títulos ocultos que solo
los conocen los contratantes, generando considerables costos de
transacción en la indagación del titular del vehículo.
5. No existe norma que obligue al Notario a verificar la entrega
efectiva del vehículo transferido, pues el acta notarial de
transferencia vehicular solo formaliza el acto para efectos del
registro, quedando abierta la posibilidad de que las partes en
realidad no hayan verificado la entrega.
6. El Registrador presume la entrega en virtud del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, lo que admite
prueba en contrario, quedando así la posibilidad de que la
transferencia no se haya perfeccionado con la entrega. Vale decir,
dicho Reglamento modifica el sistema causal adoptado por las
disposiciones sustantivas del Código Civil obviando la verificación
de la entrega como fundamento de la transferencia de la propiedad.
7. En el Registro de la Propiedad Vehicular no se puede saber quién
es el propietario del vehículo, pues aun cuando del nombre del
registro se pueda esperar la propiedad, lo que publicita en realidad
son títulos inscritos más no la propiedad basada en la entrega, por
cuanto el artículo 31 del Reglamento General de los Registros
Públicos establece que el Registrador lo que califica son títulos,
máxime cuando dicho Reglamento hace presumir iuris tantum la
204
entrega.
8. El Registro de la Propiedad Vehicular tan declarativo no es, pues
tiene efectos trascendentales constitutivos ante la concurrencia de
titularidades, toda vez que el artículo 2014 del Código Civil protege
a quien adquiere basado en la fe registral, a título oneroso e
inscribe su derecho, aun cuando el título del que emane sea
inválido.
9. La jurisprudencia nacional no es uniforme habiendo establecido
que: El hecho de que un vehículo sea un bien mueble registrable,
es decir que los derechos que recaigan sobre él sean susceptibles
de de ser inscritos en la oficina correspondiente de Registros
Públicos y así obtener la publicidad y consecuente protección de los
mismos, no implica que la transferencia de dichos bienes se
perfeccione con la inscripción registral (Casación N° 415-99). La
transferencia de propiedad de un vehículo automotor, en su calidad
de bien mueble, se perfecciona con la tradición, razón por la cual no
tiene efectos constitutivos la inscripción ante los Registros Públicos
(Casación N° 3805-99). No obstante, también se ha resuelto: Para
que sea pertinente el artículo 947 del Código Civil sobre la
transferencia de propiedad de bien mueble, y se tenga por
perfeccionada la transferencia conforme a él, es requisito previo la
formalización del respectivo contrato de transferencia vehicular y su
inscripción en los Registros Públicos para ser constitutivo de
derecho (Casación 2731-2002). En virtud del principio de buena fe
205
registral, quedará protegido el derecho del tercer adquirente que
confíe en el contenido de registro, no siéndole oponible cualquier
prueba o declaración en contrario que no se encuentre sustentada
en la información registral. De lo cual se desprende que, aunque el
acto del cual emane su derecho sea declarado nulo, el tercero
mantendrá su adquisición, en compensación a su buena fe
(Casación N° 381-2001).
10. No se deja constancia notarial, tampoco en los asientos registrales
sobre la entrega efectiva del vehículo transferido en tanto ello se
presume, por lo que el registro no es necesariamente exacto.
11. Cabe la posibilidad que en mérito a la salvedad de disposición legal
en contrario que prevé el artículo 947 del Código Civil, se pueda
emitir una ley especial para que la inscripción de la transferencia de
la propiedad vehicular sea constitutiva, resolviendo así el caso
concreto de los vehículos automotores, sin embargo ello no
resuelve el tema de la restricción de la autonomía de las voluntades
ante exigencia de la entrega, y por ende la constancia notarial de
que ese hecho haya sucedido para que la publicidad registral pueda
ser exacta y veraz, por lo que mejor viabilidad encuentro en eliminar
la exigencia de la entrega para los bienes registrables, debiendo
para ello el Código Civil optar por otra clasificación de bienes,
registrables y no registrables, en los que estarían comprendidos los
vehículos automotores registrados.
206
Por consiguiente, finalizado el análisis de los aspectos relevantes de la
tesis considero haber cumplido con los objetivos planteados así como
absolver las interrogantes formuladas en el proyecto de investigación
sobre la necesidad del carácter constitutivo de la inscripción registral en
las transferencias vehiculares, como son:
1) ¿Cómo se perfecciona actualmente la transferencia de la propiedad
vehicular según nuestro Código Civil de 1984?
Respondida en las conclusiones 1 a 8, y desarrollada en los
Capítulos I , II y III del presente trabajo.
2) ¿Cuál es la tendencia doctrinal y jurisprudencial acerca de la
necesidad de la inscripción registral de las transferencias
vehiculares?
Respondida en la conclusión 9, y desarrollada en el Capítulo
IV del presente trabajo.
3) ¿Qué evidencia la praxis notarial y registral sobre la entrega en las
transferencias vehiculares?
Respondida en la conclusión 10, y desarrollada en el
Capítulo IV del presente trabajo.
4) ¿Existe la necesidad de modificar el Código Civil de 1984 a fin de
determinar que la inscripción registral sea constitutiva en las
transferencias vehiculares sin necesidad de verificar su previa
entrega?
Respondida en la conclusión 11, y desarrollada en el
Capítulo IV del presente trabajo.
207
Asimismo, considero haber cumplido con los objetivos propuestos:
Genérico: Proponer la modificación del Código Civil Peruano de
1984 a fin de determinar que la inscripción registral sea constitutiva
en las transferencias de la propiedad vehicular sin necesidad de
verificar la previa entrega.
Específicos:
1. Determinar el tratamiento legal que actualmente tienen las
transferencias vehiculares según nuestro Código Civil de
1984.
2. Analizar aquella normativa conexa, jurisprudencia y
doctrina que tiende a la necesidad de la inscripción
registral en las transferencias vehiculares.
3. Evidenciar casuística referida a la no verificación de la
entrega en las transferencias vehiculares.
Finalmente, considero haber probado la hipótesis del proyecto de
investigación consistente en:
Principio.- Dado que:
1. Nuestro Código Civil basta la transferencia de la propiedad
del vehículo con la entrega al acreedor, sin la inscripción
registral;
2. No obstante, la Ley General de Transporte y Tránsito exige
su inscripción registral para la circulación de los vehículos,
sin que para ello el Decreto Legislativo del Notariado exija
208
al Notario la verificación de la entrega, máxime cuando
existen casos en los que es posible determinar que no se
deja constancia o no es necesaria la entrega en la
transferencia de la propiedad de vehículos.
3. Y, siendo una de las garantías del Sistema Nacional de los
Registros Públicos la seguridad jurídica de los derechos de
quienes se amparan en la fe del Registro.
Hipótesis.- Es probable que:
Exista la necesidad de modificar el Código Civil Peruano
de 1984 o normas conexas fin de determinar que la
transferencia de la propiedad vehicular se constituya con
la inscripción registral sin que sea necesaria la verificación
de la previa entrega.
Por consiguiente, se adjunta el proyecto de ley que concuerda con la
hipótesis primigeniamente planteada.
209
SUGERENCIAS
1. En efecto, aunque en mérito a la salvedad legal en contrario del
artículo 947 del Código Civil, cabe la posibilidad para el caso
concreto de los vehículos automotores que mediante ley especial
se pueda estipular que la inscripción registral sea el modo de
transferir la propiedad vehicular, considero que mejor alternativa
sería modificar el Código Civil para que en base a la clasificación de
bienes registrados y no registrados, se establezca que en principio
la inscripción deba ser constitutiva para los bienes registrados y la
entrega para los no registrables, quedando así comprendidos los
vehículos automotores registrados. En ese sentido, se ha propuesto
la modificación del Código Civil conforme al Proyecto de Ley que se
adjunta como Anexo.
2. Para dicho efecto es menester llevar a cabo un previo proceso de
ordenamiento, que conlleva ejecutar básicamente dos mecanismos
que considero importantes mientras tanto no es obligatoria la
inscripción registral:
a. Saneamiento de propiedades vehiculares antiguas, a través
de la regularización de su inscripción en el registro.
b. La inscripción registral de todas las nuevas transferencias
vehiculares.
De esa manera se logrará, primero la actualización de la base de
datos del registro, y luego pasar a determinar que la inscripción
210
registral sea constitutiva en la transferencia de la propiedad
vehicular, teniendo así una sola fuente de información confiable y
constitutiva para las transacciones sobre vehículos registrados.
3. Se propone los siguientes temas para otras tesis:
a. La ley protege la posesión ilegítima o precaria como derecho
temporal del poseedor directo por sobre el titular del bien, a
fin de evitar la justicia por mano propia, obligando así al
titular con derecho a recurrir a los órganos de justicia para
hacer valer su derecho, en donde la posesión está destinado
a ceder ante el titular del derecho de propiedad. En otras
palabras, se prefiere al usurpador o al ladrón o mejor al
poseedor de hecho quienes ante la inoperancia del
propietario podrían adquirir subrogando al titular por
prescripción.
b. Las transferencias de inmuebles se perfeccionan con el
consentimiento, vale decir que el título que a su vez viene a
ser el modo de la traslación de dominio, dando nuestra
legislación efectos reales al contrato, no obstante de la
definición de contrato que se aprecia del artículo 1351 del
código Civil no se desprende tal efecto, sino los efectos son
puramente obligacionales.
c. Ante la prevalencia de los derechos reales sobre los
derechos personales, se tiene que el primero tiene efectos
erga omnes a diferencia del segundo, lo que lo hacer
211
prevalecer, sin embargo para proteger los derechos de un
acreedor perjudicado por el no pago empero diligente que
embargó la propiedad del deudor basado en la fe pública
registral, podría ser factible que los derechos personales
obtengan efectos reales una vez inscritos en el registro, con
lo cual se obliga a la formalización a través de un registro
constitutivo de derechos, se protege al acreedor que en
realidad es el verdadero perjudicado por la palta de pago, y
se castiga a quien con su negligencia pretende luego
desafectar una propiedad embargada en el registro.
d. Los contratos en el marco Constitucional y la legislación civil.
Análisis del contraste jurídico del artículo 1355 del Código
Civil como intervencionismo estatal, y el artículo 62 de la
Constitución que garantiza la libertad de contratación.
e. Publicidad registral versus publicidad posesoria, a fin de
determinar el sistema más eficiente.
f. El carácter jurídico del Registro de la Propiedad Vehicular
verificando si lo que se inscribe son derechos reales u
obligacionales.
212
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Casación N° 145-99-Lima.
Casación N° 1784-99-Lima, El Peruano, 26/10/1999.
Casación N° 2356-98-Lima, El Peruano, 12/11/1999, Pag. 3899.
Casación N° 2363-99-Lima, El Peruano, 01/09/2000.
221
Casación N° 2452-2002-La Libertad, El Peruano, 03/02/02003.
Casación N° 2482-98-Lima, El Peruano, 14/06/1999, Pag. 2991.
Casación N° 2730-98-Lima.
Casación N° 2837-2000-Callao.
Casación N° 3018-Huaura, El Peruano, 25/08/2000.
Casación N° 3160-2008-Arequipa, El Peruano, 01/03/2010.
Casación N° 3202-98-Ica, El Peruano, 02/06/1999.
Casación N° 3720-2011-PA/TC-Puno.
Casación N° 3805-2006-Lima.
Casación N° 381-2001-Lima.
Casación N° 383-2001-Lima.
Casación N° 398-97-Chincha, El Peruano, 11/03/1999, Pag. 2753.
Casación N° 415-99-Lima.
Expediente N° 1002-98, Corte Superior de Lima, Sala N° 3.
Expediente N° 2212-98 de fecha 25/06/1998.
Expediente N° 5525-99 de fecha 28/03/2000.
Expediente N° 929-90-La Libertad.
222
Resolución del Tribunal Fiscal N° 12214-4-2007 de fecha
26/12/2007.
Resolución del Tribunal Fiscal N° 1637-9-2013 de fecha 25/01/2013.
Resolución del Tribunal Registral N° 143-2012-SUNARP-TR-A de
fecha 23/03/2012.
Resolución del Tribunal Registral N° 2355-2011-SUNARP-TR-L de
fecha 22/12/2011.
Resolución N° 156-98-RLC/TR de fecha 14/04/1998.
Resolución N° 339-2000-ORL/TR de fecha 18/10/2000.
INFORMATOGRAFÍA.-
http://derechoregistral.informaccion.com/artículos/jurisprudencia_bien
es.html
http://www.sunarp.gob.pe/
http://www.teleley.com/articulos/art_150911.pdf
http://www.sunarp.gob.pe/TribunalRegistral/index.asp
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_supr
ema_home/as_Inicio/
http://www.tc.gob.pe/
http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html
http://es.wikipedia.org/wiki/hipoteca
223
http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/juris-nac/136-2003.htm
http://www.sunarp.gob.pe/data/BOLETINES/501.pdf
www.tutorregistralvirtual.sunarp.gob.pe/
www.creditosperu.com.pe/tb-credito-hipotecario.php
http://intranet.usad.edu.pe/usat/ius/files/2012/12/mayobanex.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com7revista019/titulo%20frente%2
0al%asiento%20registral.htm
224
ANEXOS
225
ANEXO
RESULTADOS DE ENCUESTAS
226
1. ¿CONSIDERA QUE EL CÓDIGO CIVIL RESTRINGE LA LIBERTAD
CONTRACTUAL DE LAS PARTES DE UNA TRANSFERENCIA
RESPECTO A LA PRORROGA DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO?
PREGUNTA N° 1 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 0 3
NO 7 4
TOTAL 7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
227
2. ¿CONSIDERA QUE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO
OBLIGA A LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA VEHICULAR?
PREGUNTA N° 2 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 4 5
NO 3 2
TOTAL 7 7
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
228
3. ¿CONSIDERA QUE EL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO
EXIGE AL NOTARIO LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL
VEHÍCULO EN LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA?
PREGUNTA N° 3 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 0 1
NO 7 6
TOTAL 7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
229
4. CONSIDERA QUE EL REGISTRADOR TIENE FACULTAD PARA EXIGIR
AL NOTARIO LA CONSTATACIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.
PREGUNTA N° 4 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 0 0
NO 7 7
TOTAL 7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
230
5. CONSIDERA QUE LA PRESUNCIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO
DEL REGISTRO SE AJUSTA AL CÓDIGO CIVIL?
PREGUNTA N° 5 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 4 5
NO 3 2
TOTAL 7 7
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
231
6. CONSIDERA QUE EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR
INSCRIBE SOLO LA OBLIGACIÓN DE TRASNFERIR, MAS NO LA
PROPIEDAD?
PREGUNTA N° 6 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 0 1
NO 7 6
TOTAL 7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
232
7. ¿CONSIDERA QUE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEBE SER
CONSTITUTIVA EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD
VEHICULAR SIN NECESIDAD DE LA PREVIA VERIFICACIÓN DE LA
ENTREGA DEL VEHÍCULO?
PREGUNTA N° 7 NOTARIOS REGISTRADORES
SI 6 5
NO 1 2
TOTAL 7 7
0
1
2
3
4
5
6
NOTARIOS REGISTRADORES
SI
NO
233
ANEXO
RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE
CONSTATACIONES DE ENTREGA
234
CONSTANCIAS DE ENTREGA VEHICULAR EN LAS ACTAS
NOTARIALES Y ASIENTOS REGISTRALES.
ACTAS NOT. / ASIENTOS REG. NOTARIOS REGISTRADORES
CONSTANCIA DE ENTREGA 0 0
CONSTANCIA DE NO ENTREGA 0 0
NO CONSTANCIA DE ENTREGA 352 352
TOTAL 352 352
NOTARIOS
REGISTRADORES0
50
100
150
200
250
300
350
400
NOTARIOS
REGISTRADORES
235
ANEXO
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
NORMATIVA
236
PROYECTO DE LEY
FUNDAMENTOS
Que, los vehículos automotores deben estar necesariamente inscritos en el
Registro de la Propiedad Vehicular para poder circular en el parque
automotor, obteniéndose así la respectiva tarjeta de propiedad, acorde con la
Ley General de Tránsito y Transporte y el Código de Tránsito.
Que, el artículo 947 del Código Civil estipula que la transferencia de las
cosas muebles determinadas, como son los vehículos automotores
registrados, se efectúan mediante la entrega, lo que no se viene verificando
para los efectos de la inscripción en los registros públicos.
Que, en ese sentido, resulta conveniente que la inscripción de la
transferencia de la propiedad de los vehículos automotores registrados sea
constitutiva.
237
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
COSTO.-
Considero que la presente iniciativa legislativa no generará mayores
costos al Estado, en tanto significa la dación de una norma. No obstante
explicamos que pasar de un sistema de transferencia material como es la
entrega a uno formal como es el registro, con la finalidad de mantener un
único sistema de registro de transferencias de vehículos actualizado y
confiable en el sentido que publicite como verdad derechos reales, se
entiende que no es simple desde que ello implica un previo proceso de
ordenamiento, que conlleva ejecutar básicamente dos mecanismos que
considero importantes:
a) Saneamiento de propiedades vehiculares antiguas, a través de la
regularización de su inscripción en el registro.
b) La inscripción registral de todas las nuevas transferencias
vehiculares.
De esa manera se logrará, primero la actualización de la base de datos del
registro, y luego determinar que la inscripción registral sea constitutiva en
todas las transferencias vehiculares, teniendo así una sola fuente de
238
información real y confiable sobre la propiedad de los vehículos
automotores registrados.
BENEFICIO.-
Esta ley traerá innumerables beneficios entre los que podemos citar.
1. Como consecuencia de la inscripción constitutiva de la transferencia
de propiedad vehicular, se incrementarán las transacciones
comerciales al haberse insertado al tráfico jurídico, aquellos
titularidades que antes estaban ocultas a través de documentos
privados.
2. La información registral será actualizada y real, ahorrando costos de
transacción en la indagación de información, al solo tener que
recurrir a una sola base de datos como es la información del registro
para tomar decisiones.
3. Se logrará mayor acceso al crédito financiero.
4. Se disminuirá considerablemente la carga judicial, al evitarse ahora
conflictos entre titulares civiles y registrales.
239
FÓRMULA LEGAL
TEXTO DEL PROYECTO.-
El Congresista de la República que suscribe, ejerciendo el derecho de
iniciativa legislativa que le otorga el artículo 107 de la Constitución Política
del Perú, presenta el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Considerando:
Que, el Libro V del Código Civil regula los Derechos Reales.
Que, este cuerpo legal distingue a los bienes en muebles e inmuebles,
precisando que la forma de adquirir el derecho de propiedad de las cosas
muebles determinadas, como los son los vehículos automotores, es con el
acuerdo de la enajenación así como su entrega.
Que, para la inversión y seguridad jurídica se requiere contar con normas
claras y acorde con la realidad, para evitar de esta manera se generen
procesos judiciales a efecto de determinar la preferencia de la propiedad de
un mismo vehículo automotor.
Que, en ese sentido, es necesario modificar la forma establecida para la
transferencia de la propiedad vehicular, debiendo ser esta a través de la
inscripción en los Registros Públicos, evitándose de esta manera la
concurrencia de acreedores sobre un mismo vehículo automotor, ni
240
perjudicar el derecho del adquirente que adquiere un vehículo automotor y no
lo inscribe en el Registro de Propiedad Vehicular por no ser esta una
obligación de la transferencia; y, el derecho del tercero que contrata
amparado en la fe pública registral, que si bien es cierto su derecho no se ve
perjudicado, sin embargo, tiene que enfrentar procesos judiciales a efecto de
hacer prevalecer su derecho.
Por estas consideraciones se propone el siguiente proyecto de ley:
El Congreso de la República
Ha dado la ley siguiente:
241
LEY N°
TRANSFERENCIA DE BIENES REGISTRADOS
Artículo Primero.- Modifíquese el artículo 947 del Código Civil en los
términos siguientes:
“Artículo 947: La transferencia de los bienes registrados se
constituye con su inscripción en el registro público de bienes
correspondiente”.
Artículo Segundo.- Establecer como fecha máxima para la regularización de
las transferencias anteriores a la vigencia de la presente ley.
Entrada en vigencia de la presente ley
La presente ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Lima, Julio del 2013.
242
ANEXO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
NECESIDAD DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA INSCRIPCIÓN
REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR,
AREQUIPA, ENERO – 2013.
Proyecto de tesis presentado por el bachiller:
RONNY ALBERTO LLERENA OVIEDO
Para optar el Grado Académico de:
Magíster en Derecho Civil
AREQUIPA – PERÚ
2013
CONTENIDO
Preámbulo
I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.- Problema de Investigación
1.1. Enunciado del Problema
1.2. Descripción del Problema
1.2.1. Área del Conocimiento
1.2.2. Análisis de Variables
1.2.3. Interrogantes Básicas
1.2.4. Tipo y Nivel de Investigación
1.3. Justificación
2.- Marco Conceptual
3.- Antecedentes Investigativos
4.- Objetivos
5.- Hipótesis
II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
1.- Técnicas e Instrumentos
2.- Campo de Verificación
2.1.- Ubicación Espacial
2.2.- Ubicación Temporal
2.3.- Universo, Unidades de Estudio y muestra.
3.- Estrategia de Recolección de Información.
4.- Bibliografía Básica
ANEXOS
Instrumentos de Recolección de Información
PREÁMBULO
A propósito de mi experiencia como abogado, así como de la revisión
legislativa y la asistencia a las exposiciones magistrales en un curso de capacitación
titulado Curso de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, pude apreciar una
problemática acerca de la transferencia de vehículos, quedando la incógnita al final
del mencionado curso sobre cuál sería el carácter jurídico de la inscripción registral
en la transferencia de la propiedad vehicular, habida cuenta que nuestro Código
Civil establece la entrega y no la inscripción para el perfeccionamiento de la venta.
En ese sentido, desde hace un regular tiempo he venido indagando el
tema yendo un poco más allá que aquella duda que quedo en aquel curso de derecho,
es así que luego he pasado a rondar la conveniencia de no solo analizar el carácter
jurídico, sino la necesidad de establecer el carácter constitutivo de la inscripción
registral en la transferencia de la propiedad vehicular como forma ineludible del
perfeccionamiento de la venta, superando así los efectos declarativos que
actualmente solo tiene.
Llegar a dicha proposición no ha sido nada pronta y fácil, pues ha
habido pensamientos que en más de una ocasión me han vuelto a la fase cero, e
incluso casi desistir de mi tentativa original. Aunque el tema de la necesidad del
carácter constitutivo de la inscripción registral en la transferencia vehicular, que es
el enunciado de mi proyecto, aun no está desarrollado y definido por completo, en
tanto será materia de mi informe final, soy honesto en manifestar que aun existen
ciertos temores y dudas acerca de la viabilidad de mi propuesta que espero
tranquilizar y satisfacer una vez culmine el reto de mi investigación.
Una preocupación -por ejemplo- que habrá que despejar, es que mi idea
de la transferencia de la propiedad vehicular mediante la inscripción registral estima
irrelevante para dicho efecto la verificación de la entrega del vehículo, vale decir
que el título sería el contrato y el modo la inscripción, obviando dese luego la
entrega. Digo que este aspecto no es fácil en tanto el derogado Código Civil de 1936
–en tanto netamente consensual en el tema- si bien no contemplaba la inscripción
como elemento constitutivo de la venta, tampoco exigía la entrega, como vengo a
proponer ahora, empero con el agregado de la inscripción. Sé que precisamente esta
parte del Código de 1936 mereció sea cambiada por la actual exigencia de la
entrega como perfeccionamiento de la venta, y razones importantes debió haber en
su oportunidad, sin embargo a fin de no desmayar en la propuesta, pienso que ahora
son otros tiempos, pues nuestro vigente Código Civil de 1984 ya casi llega a la base
30, con 29 años de vigencia. Será entonces que esta norma ya no tiene la misma
utilidad de antes?, al menos hoy esa es mi apreciación después de haber indagado el
tema.
La libertad contractual deja abierta la posibilidad que cada vez sean
mayores las novedades en la negociación y contratación, derivando por ende en
complejas situaciones por resolver que la norma no debe escatimar en prever. Tal es
así que ante el uso masificado de la tecnología, el crecimiento de las inversiones y la
expansión de los contratos, no se concibe -por ejemplo- restringir a la condición sine
qua non de la entrega del vehículo para que recién se pueda considerar efectiva la
venta, cuando es posible que finalmente las partes deseen y decidan la prórroga de la
entrega.
Asimismo, se puede observar cierta curiosidad en los dispositivos legales
que concurren al llamado de la transferencia del vehículo, como son la Ley General
de Transporte y Transito, el Decreto Legislativo del Notariado y el Reglamento de
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, en tanto la primera exige la
formalidad de la inscripción registral, la segunda no exige la verificación de la
entrega para dicho efecto, y la tercera, ante la inexactitud de las anteriores, no le
queda más que presumir su entrega para quien sabe poder considerar que la
inscripción encierra una venta supuestamente efectiva del vehículo. Ergo, también es
menester analizar esa presunción que al parecer la SUNARP habría entrometido a
manera de fácil solución en vez de exigir al Notario la verificación de la constancia
de la entrega del vehículo, para que lo inscrito recién refleje una real venta
vehicular. Sin embargo, ante la vigencia de tal presunción, cabe como primera
impresión que el registro, aunque se le llame de propiedad vehicular, no sea más que
un registro de obligaciones antes que del derecho real de propiedad; si no,
considérese el caso de la obligación del transfer a entregar el mismo vehículo a dos
o más acreedores sucesivos, luego, el primero lo recibe pero el segundo inscribe,
¿quién es el propietario?.
Finalmente, lo cierto es que lo hasta allí resumido refleja que el Código
Civil y sus normas conexas no se condicen en lo necesario para transferir e inscribir
un vehículo, quedando un trabajo por esclarecer para determinar si estamos a la par
con el avance de la modernidad y las situaciones que hoy se plantean, para las
modificaciones legislativas a que haya lugar. Por consiguiente, en este trabajo
verificaré cómo ha evolucionado la transferencia vehicular en el tiempo, los sistemas
que al respecto gobiernan en otras legislaciones, la doctrina más allegada al tema,
los alcances de nuestro vigente Código Civil de 1984, cómo es que se ha venido
resolviendo el tema en la jurisprudencia registral, judicial y constitucional, la
verificación de las transferencias vehiculares mediante muestras de actas notariales
y su inscripción registral, así como las posiciones que al respecto tienen los
profesionales técnicos en la materia como los Notarios y los Registradores, para
finalmente concluir con algunas originales propuestas que contribuirán a mejorar el
sistema legal de las transferencias vehiculares en el Perú.
I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Necesidad del Carácter Constitutivo de la Inscripción Registral en la
Transferencia de la Propiedad Vehicular, Arequipa, Enero - 2013.
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 ÁREA DEL CONOCIMIENTO
El problema a investigarse se encuentra ubicado en:
CAMPO : Ciencias Jurídicas
ÁREA : Derecho Privado
LÍNEA : Derecho Civil – Derechos Reales (Transmisión de la Propiedad
Transferencia de Bien Mueble Determinado – Vehículos).
1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Transferencia de la Propiedad Vehicular.
- Indicadores.-
La cosa mueble determinada
El título y el modo de la transferencia
- Sub-Indicadores.-
Los vehículos automotores registrados
Los contratos y la entrega de los vehículos
VARIABLE DEPENDIENTE: Necesidad del Carácter Constitutivo de la Inscripción
Registral.
- Indicadores.-
La Intervención del Notario
El Registro de Propiedad Vehicular
- Sub-Indicadores.-
Las constancias de entrega en las actas notariales de transferencia
Las constancias de entrega en los asientos de inscripción registral
TIPO VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES
VARIABLE
INDEPENDIENTE
TRANSFERENCIA
DE LA
PROPIEDAD
VEHICULAR
La cosa
mueble
determinada
El título y el
modo de la
transferencia
Los vehículos
automotores
registrados
Los contratos
y la entrega de
los vehículos
VARIABLE
DEPENDIENTE
NECESIDAD DEL
CARÁCTER
CONSTITUTIVO
DE LA
INSCRIPCIÓN
REGISTRAL
La
Intervención
del Notario
El Registro de
Propiedad
Vehicular
Las
constancias de
entrega en las
actas
notariales de
transferencia
Las
constancias de
entrega en los
asientos de
inscripción
registral
1.2.3 INTERROGANTES BÁSICAS
1) ¿Cómo se perfecciona actualmente la transferencia de la propiedad
vehicular según nuestro Código Civil de 1984?
2) ¿Cuál es la tendencia doctrinal y jurisprudencial acerca de la necesidad
de la inscripción registral de las transferencias vehiculares?
3) ¿Qué evidencia la praxis notarial y registral sobre la entrega en las
transferencias vehiculares?
4) ¿Existe la necesidad de modificar el Código Civil de 1984 a fin de
determinar que la inscripción registral sea constitutiva en las
transferencias vehiculares sin necesidad de verificar su previa entrega?
1.2.4 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION
La investigación será:
Por su finalidad : Aplicada
Por el tiempo : Longitudinal y Diacrónica
Por la profundización : Explicativa
Por el ámbito : De campo y Documental
1.3. JUSTIFICACIÓN
La necesidad que nos lleva a determinar el carácter constitutivo de la
inscripción registral en la transferencia de la propiedad vehicular, es la discordancia
que actualmente existe en la legislación nacional que regula el tema, pues el Código
Civil prescribe la entrega como condición para la perfección de la venta del
vehículo, mientras que la Ley de Transporte y Transito indica que se formaliza con la
inscripción registral, sin tener claro entre ambas normas cuál sería entonces el
carácter jurídico de la inscripción. Se suma a esa disparidad que para efectos de la
venta y su correspondiente inscripción registral, el Decreto Legislativo del Notariado
no exige expresamente al Notario la verificación de la entrega, máxime cuando es
posible relevar que en las actas notariales no se deja constancia de dicha situación,
habiendo optado la SUNARP con regular esa omisión con la presunción de la
entrega para efectos registrales según el Reglamento de Inscripciones del Registro
de Propiedad Vehicular; acto que no se ajustaría al carácter subordinado de la
normas de menor jerarquía, si consideramos que dicha presunción no se encuentra
amparada en el Código Civil.
Ese contexto poco claro de las normas que regulan las transferencias
vehiculares, hace impredecible e insegura la situación del poseedor del vehículo y la
del titular registral, haciendo que las transacciones puedan retrotraerse en este
rubro, trayendo como consecuencia la obstaculización del flujo económico,
minimización del otorgamiento del crédito, afectación de las inversiones, y por ende
el desarrollo de nuestra economía nacional.
En ese sentido, considero que la presente investigación relevará y
revelará información importante obtenida de la praxis notarial y registral que,
procesada nos permitirá conocer y determinar si es necesario o no legislar el detalle
de la entrega como condición sine quanon para las transferencia vehiculares, y si es
viable otro método de transferencias vehiculares más seguros, como podría ser a
través del Registro Público. coadyuvando de esa manera a esclarecer el problema y
tomar decisiones legislativas a fin de motivar de otra forma las inversiones y
transacciones, otorgar seguridad jurídica, y prevenir conflictos judiciales.
Para ello propondré una o más alternativas de solución concretas que
puedan ser tomadas en cuenta como propuesta de modificación legislativa que desde
luego estoy seguro repercutirá en los negocios y por ende en el desarrollo social y
económico de nuestro país.
Finalmente, teniendo en cuenta el carácter jurídico y socio económico de
la investigación, esta servirá de base para otras investigaciones académicas, sea a
nivel de estudiantes, profesionales no solo abogados, y la sociedad en general.
2. MARCO CONCEPTUAL
Para la realización de la presente investigación, resulta importante tener
presente en forma clara y precisa los principales conceptos o términos que se han de
emplear a través de la investigación, siendo los principales los siguientes:
CONCEPTOS BASICOS:
2.1. EL ACTO JURÍDICO.-En palabras de Fernando Vidal Ramírez, señala como
premisa que la determinación conceptual del acto jurídico conduce a considerar
previamente el concepto de hecho jurídico, pues de él deriva el acto jurídico con la
presencia imprescindible de la voluntad y su manifestación220
. Compartiendo así la
formulación de León Barandarián, conceptúa que el acto jurídico es un hecho
jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de voluntad y efectos queridos que
respondan a la intención del sujeto de conformidad con el derecho objetivo.
Este concepto nos resulta necesario tener en cuenta, toda vez que habiendo que tratar
el tema de la transferencia de la propiedad vehicular, este finalmente constituye un
acto jurídico. En ese sentido, habrá que considerar para dicho efecto que el artículo
140 del Código Civil define y determina los elementos de validez del acto jurídico,
estableciendo que es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular,
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere del agente
capaz, el objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de la forma
prescrita bajo sanción de nulidad.
2.2. LA OBLIGACIÓN.- Aníbal Torres Vásquez221
, explica lo siguiente; a la relación
jurídica de naturaleza patrimonial se le denomina relación obligacional o
simplemente obligación. En la relación obligacional, al sujeto del derecho se le llama
acreedor y al de deber se le denomina deudor; e cada relación en particular, estos
sujetos toman nombres distintos: vendedor, comprador, arrendador, arrendatario,
suministrante, suministrado; etc. Luego, la obligación es la relación jurídica
(vínculo) entre el acreedor y un deudor. No puede existir obligación con solamente
acreedor o solamente deudor.
220220
VIDAL RAMÍEZ, Fernando; El Acto Jurídico, Gaceta Jurídica Editores, cuarta edición, 1998, pag. 31 y
38. 221
TORRES VÁSQUEZ, ANIBAL, Código Civil, Quinta Edición, Editorial Themis S.A., 2000, Pag. 588.
2.3. EL CONTRATO.- A decir de Max Arias-Schreiber Pezet y Walter Gutiérrez
Camacho, en su libro titulado la técnica contractual222
, no debe confundirse el
contrato como acto jurídico del instrumento que lo contiene. Esta distinción está
claramente recogida por el artículo 225 del Código Civil peruano, cuando dispone
que no debe confundirse el acto con el documento que sirva para probarlo. Puede
subsistir el acto aunque el documento se declare nulo.
La palabra contrato proviene de Latín “contractus” derivado de “contrahere” que
significa, concertar, lograr. Para Capitant, es el acuerdo de voluntades entre dos o
más personas con el objeto de crear vínculos de obligaciones.
En la enciclopedia jurídica OMEBA, encontramos la siguiente definición: es un acto
jurídico bilateral formado o constituido por el acuerdo de voluntades entre dos o más
personas sobre un objeto jurídico de interés común, con el fin de crear, modificar o
extinguir derechos.
En esa misma línea, Manuel Miranda Canales223
, sostiene que se entiende por
contrato, el acuerdo de voluntades de una persona física o jurídica con otra, que
produce consecuencias jurídicas constitutivas, modificadas o extintivas.
Del mismo modo, Max Arias-Schreiber Pezet224
, define el contrato como el acuerdo
entre dos o más partes relacionado con un objeto de interés jurídico. Su finalidad
consiste en crear, modificar, regular o extinguir relaciones obligatorias y constituye
el acto jurídico plurilateral por excelencia. Explica que el contrato tiene fuerza
vinculatoria, es decir, obliga a las partes a satisfacer las obligaciones asumidas y, en
caso de incumplimiento, el Derecho contempla mecanismos encaminados a su
corrección o compensación.
Nuestro Código Civil en su artículo 1351 define el contrato como el acuerdo de dos o
más partes para crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica
patrimonial.
Javier Rodríguez Velarde225
, explica que la doctrina contemporánea parte de la
222
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, y GUTIERREZ CAMACHO, Walter, La Técnica Contractual, Tomo
I, Gaceta Jurídica Editores, Primera Edición, 1999, Pag. 62. 223
MIRANDA CANALES, Manuel, Derecho de los Contratos, Ediciones Jurídicas, 1995, Pag. 45. 224
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, Tomo I, Gaceta Jurídica
Editores, 1998, Pag. 11 y 12. 225225
RODRIGUEZ VELARDE, Javier, Contratación Empresarial, Editorial Rodhas, 1998, Pag. 16.
premisa de que el contrato se extiende a todo el derecho obligacional y que por
consiguiente no solo crea obligaciones, sino que también las regula, modifica y
extingue.
Definir el contrato es de mucha utilidad en nuestro tema de tesis, en tanto la
transferencia de la propiedad vehicular, se da a partir de un contrato, que sería el
título de donde se desprende la obligación de entregar el bien, vale decir, el título y el
modo con lo que finalmente se perfecciona la transferencia de la propiedad del bien
mueble determinado como es el vehículo (automotor).
2.4. LA PROPIEDAD.-El artículo 923 del Código Civil dice, la propiedad es el poder
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reinvindicar un bien. Debe ejercerse
en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.
Al respecto, comenta Héctor Díaz Valdivia226
, la gran diferencia entre el criterio
clásico y el moderno de la propiedad, radica en la manera de ejercer las citadas
facultades que conlleva el derecho de propiedad, puesto que ya no es posible el
ejercicio del derecho de propiedad con los caracteres del derecho absoluto,
inviolable y exclusivo, que tuvo en Roma y con la Revolución Francesa, sino con las
limitaciones y restricciones que la ley impone cada vez más en defensa de los
intereses de la sociedad, a tal punto que se teme que la propiedad está condenada a
desaparecer, por lo menos en su forma privada.
2.5. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD MUEBLE.- Por el artículo 947 del Código
Civil de 1984, se dispone que para la transmisión de la propiedad mueble no es
suficiente el título, o el convenio, sino que es indispensable un segundo requisito, el
de la tradición material de la cosa, salvo disposición legal diferente. De modo que si
el acreedor del bien, comprador o donatario, no tiene la posesión de la cosa, aun no
es propietario de la misma.
226
DÍAZ VALDIVIA, Hector, Derechos Reales, Editorial David, Pag. 105.
2.6. VEHICULOS.- Dentro del marco normativo del artículo 947 del Código Civil,
entiéndase vehículos para efectos del presente trabajo, como aquellos bienes muebles
determinados, cuya transmisión funciona con la entrega. Específicamente, con el
término vehículos aludimos a los automotores registrables a que se refiere la Ley
General de Transporte y Transito, cuando en su artículo 32.1 señala que todo
vehículo de transporte automotor que circule por vías públicas está obligado a
exhibir la placa única nacional de rodaje.
2.7. EL NOTARIO Y SU FUNCIÓN.- Es nuestro interés precisar que conforme con el
Decreto Legislativo del Notariado N° 1049, en su artículo 2 señala, el notario es le
profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que
ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los
instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los
traslados correspondientes. Su función también comprende la comprobación de
hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la
materia.
Lo resaltante para nuestro trabajo es que en la transferencia de la propiedad
vehicular, el notario debiera constatar en el acta la entrega del vehículo a manera de
perfeccionar la venta. Es en ese sentido, que la nueva Ley del Notariado se pronuncia
cuando indica que una de las funciones del notario es la comprobación de hechos.
2.8. CALIFICACIÓN REGISTRAL.- La definición de Calificación la encontramos en
el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros
Públicos, aprobado con Resolución del Superintendente Nacional de los registros
públicos N° 126-2012-SUNARP-SN, que indica, la calificación registral es la
evaluación integral de los títulos presentados al registro que tiene por objeto
determinar la procedencia de su inscripción. Está a cargo del Registrador y el
Tribunal Registral, en primera y segunda instancia respectivamente, quienes actúan
de manera independiente, personal e indelegable, en los términos y con los límites
establecidos en este Reglamento y en las demás normas registrables. En el marco de
la calificación registral, el Registrador y el Tribunal Registral propician y facilitan
las inscripciones de los títulos ingresados al registro.
2.9. REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR.- Según el artículo 2 del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, aprobado con Resolución del
Superintendente Nacional de los registros Públicos N° 087-2004-SUNARP-SN,
señala que el Registro de Propiedad Vehicular, forma parte del Registro de Bienes
Muebles a cargo de los Órganos Desconcentrados de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (SUNARP), está regulado por las disposiciones generales
del Título I y el Título VIII del Libro IX del Código Civil, y sujeto a las garantías del
Sistema Nacional de los Registros Públicos contemplados en el artículo 3 de la ley N°
26366.
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Hecha la revisión bibliográfica, en las bibliotecas de la Universidad Católica
de Santa María, Universidad Católica San Pablo y la Universidad Nacional San
Agustín, de nuestra ciudad, se ha podido verificar que no existen estudios referidos al
tema materia de esta investigación, -Necesidad del Carácter Constitutivo de la
Inscripción Registral en la Transferencia de la Propiedad Vehicular, Arequipa,
Enero - 2013- probablemente debido a que con la implantación del bachillerato
automático en las Facultades de Derecho del país, se han reducido notablemente las
investigaciones jurídicas. No obstante, sí se ha encontrado tesis de maestría
indirectamente relacionadas:
“La afectación de los derechos de propiedad del titular extraregistral en sentencias
judiciales a causa de la prevalencia del derecho del tercero de buena fe registral en
materia hipotecaria en Arequipa 2002 – 2004”; presentada por Tania Fernández
Romero.
“El sistema consensualista de transmisión de la propiedad inmueble como causa de
conflicto de intereses que derivan en procesos judiciales”; presentada por Félix
Gutiérrez Cahuana.
Ambos antecedentes investigativos, si bien no están referidos directamente al tema de
la transferencia vehicular, en tanto se refieren a inmuebles, en ellos se encuentra
materia registral que es aplicable a este trabajo de investigación, desde que mi
propuesta es la necesidad del carácter constitutivo de la inscripción registral en la
transferencia de la propiedad vehicular.
4. OBJETIVOS
4.1. GENÉRICO
Proponer la modificación del Código Civil Peruano de 1984 a fin de determinar que la
inscripción registral sea constitutiva en las transferencias de la propiedad vehicular sin
necesidad de verificar la previa entrega.
4.2. ESPECÍFICOS
4.2.1. Determinar el tratamiento legal que actualmente tienen las transferencias
vehiculares según nuestro Código Civil de 1984.
4.2.2. Analizar aquella normativa conexa, jurisprudencia y doctrina que tiende
a la necesidad de la inscripción registral en las transferencias vehiculares.
4.2.3. Evidenciar casuística referida a la no verificación de la entrega en las
transferencias vehiculares.
5. HIPÓTESIS
PRINCIPIO.- Dado que:
1. Nuestro Código Civil basta la transferencia de la propiedad del vehículo con
la entrega al acreedor, sin la inscripción registral;
2. No obstante, la Ley General de Transporte y Tránsito exige su inscripción
registral para la circulación de los vehículos, sin que para ello el Decreto
Legislativo del Notariado exija al Notario la verificación de la entrega,
máxime cuando existen casos en los que es posible determinar que no se deja
constancia o no es necesaria la entrega en la transferencia de la propiedad
de vehículos.
3. Y, siendo una de las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos
la seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del
Registro;
HIPÓTESIS.- Es probable que:
Exista la necesidad de modificar el Código Civil Peruano de 1984 o normas conexas
a fin de determinar que la transferencia de la propiedad vehicular se constituya con
la inscripción registral sin que sea necesaria la verificación de la previa entrega.
1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
a) Para la Variable Independiente: Transferencia de la Propiedad Vehicular; a
fin de obtener información acerca de las teorías, doctrina, conceptos,
jurisprudencia y normas legales pertinentes, se emplearán las siguientes
técnicas e instrumentos:
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
-Revisión Documental de Libros -Fichas Bibliográficas
Jurisprudencia y normas legales –Fichas Documentales
b) Para la Variable Dependiente: Necesidad del Carácter Constitutivo de la
Inscripción Registral; además de obtener información acerca de las teorías,
doctrina, conceptos, jurisprudencia y normas legales pertinentes, se
procederá a recoger datos relevantes de las Notarías y de la SUNARP, a
través de encuestas y la revisión de sus respectivos archivos, empleando para
el efecto las siguientes técnicas e instrumentos:
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
-Revisión Documental de Libros -Fichas Bibliográficas
Jurisprudencia y normas legales -Fichas Documentales
-Revisión y análisis de Actas Notariales, -Fichas de Observación
Asientos de Inscripción Registral y -Encuestas y Solicitudes
Posición de Notarios y Registradores -Matriz de Registros
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
2.1. UBICACIÓN ESPACIAL
La revisión de las Actas Notariales de Transferencias Vehiculares y de los
Asientos de Inscripción Registral, así como las Encuestas y Entrevistas se
efectuarán a los Notarios y Registradores Públicos del Registro de la Propiedad
Vehicular de la SUNARP ubicados en la provincia de Arequipa.
2.2. UBICACIÓN TEMPORAL
Esta investigación abarca las transferencias vehiculares efectuadas en el mes de
enero de 2013, así como las opiniones técnicas al respecto efectuadas durante el
desarrollo de este trabajo en el presente año.
2.3. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA
Para la investigación documental, las unidades de estudio se encuentran
constituidas por los dispositivos legales en materia civil y normas conexas que
contemplan la transferencia de la propiedad vehicular y su inscripción registral.
Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio los
archivos de las Actas Notariales de Transferencias Vehiculares y los Asientos de
Inscripción en el Registro de la Propiedad Vehicular de la Oficina de los Registros
Públicos y/o de las Notarias ubicadas en la Provincia de Arequipa, y en vista que
el UNIVERSO de Actas de Transferencias es numeroso por Notaría, se tomará una
muestra estratificada selectiva a fin contemplar a varias Notarias de Arequipa.
MUESTRA: 2,925 x 400 = 1´170,000 = 351.98 = 352
__________ _________
2,925 + 399 3,324
Dado el universo de 2,925 actas notariales de transferencia, y la existencia de 15
Notarías en la provincia de Arequipa, se considera en equidad un promedio de 6.67%
con 195 actas por Notaría, y siendo que la muestra será de 352 casos, se tomará un
número de casos de cada Notaría correspondiente al porcentaje que represente; por
lo que corresponderá tomar 23.47 casos de cada Notaría, que harán un total de 352
casos que hacen la muestra.
Y, en cuanto a las posiciones de los Registradores y Notarios vertidas en encuestas
individuales serán consideras en su totalidad.
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Considero importante dividir la recolección de datos en básicamente dos fases:
a) Fase I, la indagación de material teórico, aquí la información que se
requiere para la presente investigación será ubicada, ordenada y recogida
por el propio investigador, en cuanto a la documental –dispositivos legales
en materia civil y normas conexas, jurisprudencia y doctrina que
contemplan -la necesidad del carácter constitutivo de la inscripción
registral en la transferencia de la propiedad vehicular- de las bibliotecas de
la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Católica San
Pablo, de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados
de Arequipa y otras bibliotecas especializadas, así como la que se obtenga
vía la INTERNET.
b) Fase II, la información de campo, además del propio investigador, también
se contará con personal de apoyo, especialmente de SUNARP, a fin de
recabar opiniones y revisión de los archivos del Registro de la Propiedad
Vehicular y/o Notarías de Arequipa, empleándose para el efecto las fichas
bibliográficas, documentales, de observación y encuestas, donde se
consignarán los datos.
3.1.MODO
El propio investigador se encargará del monitoreo en todo momento,
efectuando las coordinaciones necesarias sí como la supervisión del trabajo
de campo, pudiendo contactar personal de apoyo, especialmente de
SUNARP que dada su conexión a la base de datos del registro pueda
aplicar las encuestas y obtener la información autorizada.
El propio investigador se encargará de la búsqueda de bibliografía jurídica
pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad de Arequipa, así
como búsqueda de jurisprudencia en las páginas Web del Tribunal
Registral, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a efecto de conseguir
la información legislativa y teórica que será consignada en fichas
bibliográficas y documentales.
Además del propio investigador, se podrá contactar personal de apoyo a fin
de recoger de las Notarías y/o archivos del Registro de Propiedad Vehicular
de Arequipa, los datos necesarios que serán consignados en la fichas de
observación y encuestas, para posteriormente trasladar los datos a la matriz
de registro correspondiente.
El Propio investigador revisará las fichas bibliográficas, documentales, de
observación y encuestas elaboradas en la recolección de la información.
3.2. MEDIOS
A. RECURSOS HUMANOS
DENOMINACION N° COSTO
DIARIO
DÍAS COSTO
TOTAL
Dirección de Proyecto
y Ejecución
1 20.00 30 600.00
Encuestadores/ Recojo
de Información
2 20.00 10 200.00
Digitador/Diagramador
de Gráficos
1 10.00 10 100.00
TOTALES 4 50.00 50 900.00
B. RECURSOS MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS
DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Papel Bond 2000 35.00
Papel Periódico 1000 15.00
Fichas Bibliográficas, 200 20.00
Documentales, de
Observación y Encuestas.
Cartucho tinta de
impresora
02 200.00
Copias fotostáticas 300 30.00
Anillado 05 25.00
Uso computadora 01 100.00
Movilidad 200.00
TOTAL 625.00
C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LA
INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN COSTO TOTAL
Recursos humanos
Recursos Materiales, Bienes y Servicios
900.00
625.00
COSTO TOTAL GENERAL 1,525.00
3.2.CRONOGRAMA DE TRABAJO
AÑO 2013
ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL
Elaboración del proyecto XX
Dictamen del proyecto XX
Recolección de la información XXXX XX
Estructuración de resultados XXXX XXXX
Informe final X XX
4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
4.1. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, y GUTIERREZ CAMACHO, Walter, La
Técnica Contractual, Tomo I, Gaceta Jurídica Editores, Primera Edición, 1999.
4.2. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984,
Tomo I, Gaceta Jurídica Editores, 1998.Código Civil Peruano de 1984
4.3. Código Civil Peruano de 1984.
4.4. Decreto Supremo 016-20019-MTC, Código de Tránsito.
4.5. Decreto Legislativo 1049 y su Reglamento, nueva Ley del Notariado.
4.6. DÍAZ VALDIVIA, Hector, Derechos Reales, Editorial David.
4.7. LEDESMA NARVAEZ, Marianella; Comentarios al Código Procesal Civil,
Tomos I y II, Gaceta Jurídica, Tercera edición, 2011.
4.8. Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito.
4.9. Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 26366.
4.10. MIRANDA CANALES, Manuel, Derecho de los Contratos, Ediciones
Jurídicas, 1995.
4.11. MURO P. A. Manual de Derechos Reales de Garantía. Lima. Ediciones
Jurídicas, 1999.
4.12. Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular,
aprobado con Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos
N° 087-2004-SUNARP.SN.
4.13. RODRIGUEZ VELARDE, Javier, Contratación Empresarial, Editorial
Rodhas, 1998.
4.14. Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos,
aprobado con Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos
N° 126-2012-SUNARP-SN.
4.15. TORRES VÁSQUEZ, Anibal; Código Civil, Quinta Edición, Editorial
Themis S.A., 2000.
4.16. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal; Código Civil, Tomos I y II, Séptima Edición,
Idemsa, Lima, 2011.
4.17. VIDAL RAMÍEZ, Fernando; El Acto Jurídico, Gaceta Jurídica Editores,
cuarta edición, 1998.
HEMEROGRAFÍA
4.18. LLERENA OVIEDO, RONNY A., El Tercero Civil y el Tercero Registral,
Diario Arequipa Al Día, 29 de Diciembre de 2003.
INFORMATOGRAFÍA
4.19. http://www.sunarp.gob.pe/
4.20. http://www.sunarp.gob.pe/TribunalRegistral/index.asp
4.21. http://www.tc.gob.pe/
4.22. http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html
4.23. http://es.wikipedia.org/wiki/hipoteca
4.24. http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/juris-nac/136-2003.htm
4.25. http://www.sunarp.gob.pe/data/BOLETINES/501.pdf
4.26. www.tutorregistralvirtual.sunarp.gob.pe/
4.27. www.creditosperu.com.pe/tb-credito-hipotecario.php
4.28. http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_ho
me/as_Inicio/
ANEXO 01
FICHA BIBLIOGRÁFICA
NOMBRE DEL AUTOR:
TITULO DEL LIBRO:
EDITORIAL, LUGAR Y AÑO:
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA:
Código:
ANEXO 02
FICHA DOCUMENTAL
NOMBRE DEL AUTOR:
INDICADOR:
TÍTULO:
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
FECHA:
COMENTARIO o CITA:
LOCALIZACIÓN:
ANEXO 03
FICHA DE OBSERVACIÓN
INDICADOR:
NECESIDAD DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA INSCRIPCIÓN
REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR.
NOTARÍA: ______________________________________________________________
ACTA N°: ________________ PLACA N°: ______________ FECHA: ______________
MARCAR CON ( X ):
1. DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA (______)
2. DEJA CONSTANCIA DE LA NO ENTREGA (______)
3. NO DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA (______)
REGISTRADOR: _________________________________________________________
PARTIDA N°: _____________ ASIENTO N°: ______________ FECHA: ___________
MARCAR CON ( X ):
1. EXIGE CONSTANCIA DE LA ENTREGA (______)
2. EXIGE CONSTANCIA DE LA NO ENTREGA (______)
3. NO EXIGE CONSTANCIA DE LA ENTREGA (______)
OBSERVACIONES:
ANEXO 04
MATRIZ DE REGISTRO DE ACTAS NOTARIALES DE TRANSFERENCIA DE
VEHÍCULOS Y DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE NOTARIOS Y
REGISTRADORES RESPECTIVAMENTE, AREQUIPA, 2013.
NOTARIOS Y
REGISTRADORES
DEJA CONSTANCIA
DE LA ENTREGA
DEJA CONSTANCIA
DE LA NO ENTREGA
NO DEJA CONSTANCIA
DE LA ENTREGA
OBSERVACIONES
NOTARIO 1
NOTARIO 2
NOTARIO 3
REGISTRADOR 1
REGISTRADOR 2
REGISTRADOR 3
TOTAL
ENCUESTA ACADÉMICA
SEÑOR: NOTARIO (_____) REGISTRADOR (_____)
Arequipa.-
De mi consideración;
Es grato dirigirme a Ud. en su condición de profesional técnico especializado en la
materia para solicitarle tenga a bien colaborar con la presente encuesta anónima
respondiendo las preguntas formuladas a continuación, la misma que será de mucha
utilidad para el sustento de la tesis titulada “NECESIDAD DEL CARÁCTER
CONSTITUTIVO DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE LA
PROPIEDAD VEHICULAR, AREQUIPA, ENERO – 2013”. Para dicho efecto le
agradeceré considerar los siguientes dispositivos legales:
El artículo 947 Código Civil, señala que la transferencia de propiedad de
una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor,
salvo disposición legal diferente.
El artículo. 34.1 de la Ley General de Transporte y Transito, señala que la
transferencia de propiedad y otros actos modificatorios referidos a
vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el Registro
de Propiedad Vehicular.
El artículo 24 del Decreto Legislativo del Notariado, señala que los
instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la
ley, producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y
circunstancias que el notario presencie.
El literal b) del artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Propiedad Vehicular, señala que se presumirá para efectos registrales, que
una vez otorgada el acta respectiva, se ha hecho la tradición del vehículo,
salvo que se desprenda del mismo instrumento lo contrario.
GRACIAS.
AHORA, SÍRVASE PASAR A RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿CONSIDERA QUE EL CÓDIGO CIVIL RESTRINGE LA LIBERTAD
CONTRACTUAL DE LAS PARTES DE UNA TRANSFERENCIA RESPECTO A LA
PRORROGA DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
2. ¿CONSIDERA QUE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO OBLIGA
A LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA VEHICULAR?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
3. ¿CONSIDERA QUE EL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO EXIGE AL
NOTARIO LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO EN LAS
ACTAS DE TRANSFERENCIA?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
4. CONSIDERA QUE EL REGISTRADOR TIENE FACULTAD PARA EXIGIR AL
NOTARIO LA CONSTATACIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
5. CONSIDERA QUE LA PRESUNCIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO DEL
REGISTRO SE AJUSTA AL CÓDIGO CIVIL?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
6. CONSIDERA QUE EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR INSCRIBE
SOLO LA OBLIGACIÓN DE TRASNFERIR, MAS NO LA PROPIEDAD?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)
7. ¿CONSIDERA QUE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEBE SER CONSTITUTIVA
EN LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD VEHICULAR SIN NECESIDAD
DE LA PREVIA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO?
MARCAR CON ( X ): SI (______) NO (______)