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Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador
Área de Derecho
Programa de Maestría en Derecho Procesal
La Acción popular en defensa de los derechos de la naturaleza
Autora: Mercedes Cóndor Salazar
Tutora: Vanesa Aguirre Guzmán
Quito, 2016
2
Cláusula de cesión de derecho de publicación de tesis Yo, Mercedes Amanda Cóndor Salazar, autor/a de la tesis intitulada “La acción popular en defensa de los derechos de la naturaleza” mediante el presente documento dejo constancia que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magister en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto, la Universidad utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en formato virtual, electrónico, digital u óptico, como usos en red local y en internet.
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respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus
anexos en formato impreso y digital o electrónico. Fecha: 04 de mayo del 2016 Firma: ...........................................
3
Resumen
En el presente trabajo de investigación se analiza los mecanismos procesales
que existen en el Ecuador para la defensa de los derechos de la naturaleza a la luz de
los nuevos paradigmas constitucionales y las orientaciones doctrinarias y
jurisprudenciales más recientes sobre el tema. Esta investigación determina la
necesidad de la incorporación la acción popular, a nivel de legislación secundaria,
como el mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la naturaleza.
En lo principal esta investigación parte de la idea que la Constitución
consagra, como pionera en el mundo, un nuevo paradigma en materia ambiental al
definir a la naturaleza como sujeto de derechos. A su vez nuestra Constitución
incluye principios constitucionales para efectivizar dichos derechos siendo los
principales el principio in dubio pro natura, la inversión de la carga de la prueba en
materia ambiental, la imprescriptibilidad de las acciones ambientales, la acción
popular para exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, la consulta
previa y, la responsabilidad objetiva por los daños ambientales.
Con el análisis de los principios constitucionales referidos determinamos que
la acción popular efectiviza a los mismos, y de acuerdo a su naturaleza jurídica dicha
acción es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la naturaleza,
puesto que nuestra actual legislación procesal ambiental (Ley de Gestión Ambiental
y Código Orgánico General de Procesos) solo establece procedimientos de tinte
individualista que no resultan insuficientes para la defensa de los derechos de la
naturaleza.
4
Agradecimiento
Agradezco al personal docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón
Bolívar en especial a mi maestra, tutora y amiga, Vanesa Aguirre Guzmán por quien
guardo un alto grado de admiración, respeto y cariño.
5
Dedicatoria:
Para Clarita Salazar, mi madre, mi todo!
A la memoria de Andrés Buitrón.
6
ÍNDICE CAPÍTULO I ............................................................................................................ 8
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .............................................................................. 8
1. El nuevo régimen de desarrollo ........................................................................ 8
1.1 El régimen de desarrollo en la Constitución del 2008 ................................... 8
2. El régimen del Buen Vivir ................................................................................ 11
2.1. El sumak kawsay desde la filosofía andina ................................................. 11
2.2 El buen vivir en la Constitución ..................................................................... 12
2.3 El buen vivir como principio normativo en la Constitución ...................... 13
2.4 Los derechos del buen vivir en la Constitución ........................................... 14
3. El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza ............. 16
5. Aproximación a los contenidos del derecho ............................................... 25
5.1 Elementos esenciales del derecho .................................................................. 26
5.1.1 La dignidad de la naturaleza ...................................................................... 26
5.1.2 El derecho subjetivo ................................................................................... 27
5.1.3 La capacidad ................................................................................................ 28
5.1.4 La igualdad .................................................................................................. 30
6. Diferencias con el derecho al ambiente sano ................................................. 32
6.1. Fundamento del derecho .............................................................................. 32
6.2 Reconocimiento jurídico ................................................................................ 33
6.3 Coexistencia con otros derechos ................................................................... 33
CAPÍTULO II ........................................................................................................ 35
LA ACCIÓN POPULAR ....................................................................................... 35
1. La tutela efectiva de la naturaleza y del medio ambiente ............................. 35
2. Mecanismos procesales para la tutela del medio ambiente .......................... 39
2.1 Acción popular y acción pública ................................................................... 40
7
2.2 Acción constitucional ..................................................................................... 42
2.3 Acción civil ...................................................................................................... 51
2.5 Acciones penales ............................................................................................. 55
3. Legitimación en materia ambiental ............................................................... 57
3. 1 Sobre la legitimación procesal ...................................................................... 58
3.2 La conceptualización de la legitimación en Ecuador .................................. 60
4. Derechos colectivos .......................................................................................... 62
5. Acción popular en defensa de los derechos de la naturaleza ....................... 65
5.1 La acción popular y la acción de grupo ....................................................... 69
5.1.2 Bien jurídico a proteger .............................................................................. 70
5.1.3 Finalidad ...................................................................................................... 70
5.2 Características de la acción popular ............................................................ 70
5.2.1 Es de carácter público ................................................................................. 70
5.2.2 Es de naturaleza preventiva ....................................................................... 72
5.3 Aspectos procesales de la acción popular ..................................................... 75
5.3.1 La legitimación ............................................................................................ 75
5.3.2 Carga de la prueba ...................................................................................... 76
5.3.3 Pacto de cumplimiento ................................................................................ 77
5.3.4 Recursos en los procesos de acciones populares ....................................... 78
CAPÍTULO III ....................................................................................................... 86
3. CONCLUSIONES .......................................................................................... 86
4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 89
8
CAPÍTULO I
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
La tierra es un organismo vivo, es la Pachamama de nuestros indígenas, la Gaia de los cosmólogos
contemporáneos. En una perspectiva evolucionaria, nosotros, seres humanos, nacidos del humus, somos la propia
Tierra, que llegó a sentir, a pensar, a amar, a venerar y hoy a alarmarse. Tierra y ser humanos somos una única
realidad compleja, como bien lo vieron los astronautas desde la Luna o desde sus naves espaciales1
1. El nuevo régimen de desarrollo
En el marco de la construcción de la Constitución del Ecuador del 2008 (en
adelante, Constitución) se empezó a discutir un nuevo modelo de desarrollo que
permitiera la unidad en lo diverso y reconociera la experiencia histórica de los
pueblos originarios de nuestra sociedad. En este primer apartado analizaremos qué es
el régimen de desarrollo de la Constitución y cómo se relaciona con la naturaleza y
sus derechos.
A manera de preámbulo, señalaremos que en el modelo constitucional de
régimen de desarrollo ecuatoriano existe una mezcla de ideologías de grupos sociales
entre los que se incluyen grupos de ambientalistas, indígenas, feministas, con
pensamiento de izquierda, para los que la intervención estatal es fundamental;
incluso se podría afirmar que este régimen de desarrollo pertenece a un tipo de post
desarrollo construido sobre la base de un creciente descontento frente a los modelos
de desarrollo aplicados en el país, con la presencia de un fuerte componente
intercultural, porque parte de un modelo que respeta la diversidad del Ecuador, que
fomenta la participación y el control social, e intenta generar distribución equitativa
de los beneficios del desarrollo elementos que no existían en la Constitución de
19982
1.1 El régimen de desarrollo en la Constitución del 2008
.
1 Leonardo Boff, Do iceberg ao Arca de Noé, O nascimiento de una ética planetaria (Río de Janeiro: Petrópolis, 2002), 153. 2 Nicole Pérez Rúales, “Hacia un nuevo modelo de desarrollo” en Ramiro Ávila Santamaría, editor, Constitución del 2008 en el Contexto Andino: Análisis desde la Doctrina y el Derecho Comparado, (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008), 207 y 208.
9
El artículo 275 de la Constitución estable un régimen de desarrollo en el cual
se integra un sistema económico social y solidario orientado al ejercicio de los
derechos constitucionales.
El modelo de desarrollo constitucional se basa en cinco principios. El
primero, tratar al ser humano como sujeto y como fin. El segundo, es el equilibrio en
la relación, sociedad, Estado y mercado. El tercero, es el de armonía con la
naturaleza. El cuarto, el sumak kawsay. El quinto, economía social y solidaridad y
plurinacionalidad3
En cuanto al primer principio tratar al ser humano como sujeto y como fin, el
mismo tiene relación con el enfoque básico de derechos humanos por el cual
garantizar los derechos humanos es el fin último
.
4
El principio del equilibrio en la relación, sociedad, Estado y mercado
significa que la Constitución no concibe el desarrollo como contradictorio sino como
estructuralmente vinculado a un modelo sustentable
.
5. Cabe aquí señalar que en la
Constitución, el crecimiento económico es entendido como una de las dimensiones
del desarrollo integral que incluye dimensiones culturales, sociales y ambientales6
está orientado a efectivizar el buen vivir y los derechos constitucionales, entre los
cuales constan el derecho a vivir en un medio ambiente sano y los derechos de la
naturaleza7
Con el principio de armonía entre la sociedad y la naturaleza, se pretende
armonizar el “Sistema de Economía Social de Mercado” con los derechos
ambientales asignando real importancia a la responsabilidad social y ambiental como
un eje transversal en todas las temáticas en contraste a lo que sucedía anteriormente
.
3 Para una mayor referencia sobre el tema, véase Agustín Grijalva y Julio Cesar Trujillo, “El Fundamento Constitucional de la Nueva Economía” en La Tendencia, revista ecuatoriana, No. 10 (Quito: FES/ILDIS, Febrero – Marzo, 2010), 88-93. 4 Guía metodológica de derechos humanos, Unicef, 2012, (Quito, noviembre del 2015) en http://www.unicef.org/ecuador/Soporte_Teorico_capacitacion_jueces.pdf, 5,6.
5 Ibíd., 90 y 91. 6 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador en Registro Oficial N° 449 (Quito, 20 de octubre del 2008), artículo 275. En adelante esta norma se cita Constitución.
7 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador en Registro Oficial N° 449 (Quito, 20 de octubre del 2008), artículo 276.4 y los artículos 71 al 74.
10
en donde el único objetivo era el crecimiento económico a través de una injustificada
explotación de recursos naturales y un incremento de las inequidades sociales y
económicas8
El principio del sumak kawsay presupone que el ejercicio de los derechos, las
libertades, capacidades, potencialidades y oportunidades reales de los individuos y
las comunidades se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello
que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada persona —
vista como un ser humano universal y particular a la vez — valoran como objetivo de
vida deseable
.
9
El nuevo modelo económico planteado desde la cosmovisión de los pueblos
indígenas y sustentado a lo largo de nuestra Constitución
.
10, está basado en el
principio del sumak kawsay o buen vivir, el cual será analizado a profundidad más
adelante; por ahora, basta establecer que el mismo permite: primero, recuperar la
armonía de la persona-comunidad y pacha mama o cosmos (según esta visión, las
personas son parte integrante de la pacha mama); segundo, impedir el modelo
extractivista y depredador de los recursos naturales; y, tercero, que cualquier
actividad de uso de la naturaleza esté limitado a que las generaciones futuras tengan
también la posibilidad de usar y gozar en los mismo niveles la naturaleza. Este nuevo
modelo requiere del reconocimiento de otros derechos que son fundamentales como
los de la naturaleza, el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, los
derechos a la protección de la biodiversidad, el derecho a la protección de los
conocimientos ancestrales, etc11
8 Nicole Pérez Rúales “Hacia un nuevo modelo de desarrollo”, 207 y 208. 9 Asamblea Nacional Constituyente Ecuador, Mesa Número Siete: Régimen de Desarrollo, Informe de Mayoría: “Capítulo I: Principios Generales del Régimen de Desarrollo”, (2008), 4. 10 Como referencia de lo señalado, acotamos que el nuevo modelo de desarrollo constitucional parte del preámbulo de la Constitución que señala: “[…] Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay […]”. No obstante el título IV de la Constitución (artículos 275-339) desarrolla a profundidad el régimen de desarrollo. 11 Raúl Llasag, “Plurinacionalidad: Una propuesta constitucional emancipadora” en Ramiro Ávila Santamaría, editor, Neoconstitucionalismo y Sociedad (Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2008) 342 y 343.
.
11
Por su parte, el principio de plurinacionalidad significa que en un territorio
coexisten diversas nacionalidades y que el desarrollo no puede desconocer ni destruir
sino respetar y adoptar medidas que las impulsen y enriquezcan12
Finalmente, el principio de armonía con la naturaleza se fundamenta en que
el desarrollo y el sistema económico no pueden ser vistos como procesos externos o
aislados de la naturaleza, de tal forma que ésta no puede ser reducida o considerada
como mera fuente de recursos naturales para ser extraídos, transformados y
consumidos en el proceso económico. Los procesos económicos se generan siempre
en el marco de ecosistemas; hay por tanto una relación intrínseca y estructural entre
economía y naturaleza. No se trata entonces solamente de preservar recursos
naturales o un medio ambiente sano para las generaciones futuras, sino además,
según el artículo 271 de la Constitución, de respetar los ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos naturales
.
13
2. El régimen del Buen Vivir
.
2.1. El sumak kawsay desde la filosofía andina
Raúl Llasag señala sobre este tema que, desde la filosofía andina14
12 Para una mayor referencia del tema, véase: Agustín Grijalva y José Vicente Troya, “Elementos para un Derecho de la Competencia en Ecuador” en Foro; revista ecuatoriana, N°1 (Quito: Corporación Editora Nacional, 2003), 176. 13 Agustín Grijalva, “Régimen constitucional de biodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas frágiles y recursos naturales” en Hernán Rivadeneira, editor, Justicia, soberanía, democracia e integración en América (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Edic. La Tierra, 2011), 3. 14 De acuerdo a Raúl Llasag, la filosofía andina se entiende como el conjunto de concepciones, modelos y categorías vividos por el ser humanos andino, esto es, la experiencia concreta y colectiva del ser humano andino dentro de su universo. Aclara también que la referencia a lo andino no se limita únicamente a la concepción geográfica o topográfica sino también a los ámbitos culturales y étnicos que dieron lugar a una concepción distinta del mundo. Véase Raúl Llasag,“El sumak kawsay y sus restricciones constitucionales”, en Foro: revista ecuatoriana de derecho, N° 12 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/CEN, 2009). 67.
, el sumak
kawsay es un sistema de vida que permite la armonía con la naturaleza. La naturaleza
es todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea, tiene vida. En este sentido, el ser
humano forma parte de la naturaleza. En suma, desde la filosofía andina, el sumak
kawsay es una forma de concepción del mundo que da lugar a un modelo de vida y
que se rige por los siguientes principios:
12
1. Relacionalidad del todo o principio holístico: Este principio afirma que
todo está relacionado, vinculado, conectado. Por tanto, para la filosofía andina la
relacionalidad del todo, la red de los nexos y vínculos es la fuerza vital de todo lo que existe.
2. Principio de correspondencia: Significa que los distintos aspectos, regiones
o campos de la realidad se corresponden de una manera armoniosa.
3. Principio de complementariedad: Establece que ninguna acción existe por sí
sola de manera individual, sino siempre en coexistencia de su complemento específico.
4. Principio de reciprocidad: Según este principio, los diferentes actos se
condicionan mutuamente de tal manera que el esfuerzo o una inversión en una acción será
compensado por un esfuerzo o una inversión, de la misma magnitud por el receptor15
Llasag aclara también que la traducción literal de sumak kawsay es un error
pues no necesariamente significa “buen vivir” o “vivir bien”. De ahí que para
comprender a cabalidad qué es el sumak kawsay desde la filosofía andina, tomamos
en cuenta también lo señalando por Javier Lajo, quien lo define como el encuentro
del equilibrio entre los diferentes aspectos de la realidad
.
16
Desde la cosmovisión indígena, la realidad se traduce como “pacha” (todo lo
que es), lo que significa “todo lo que existe” en el universo. De esta forma, pacha
contiene tanto al tiempo como al espacio y es la base común de los distintos estratos
de lo que entendemos como realidad, que son, básicamente, tres: hanaq pacha, kay
pacha, y ukhu (o uray) pacha. Por ende, el sumak kawsay es el equilibrio que se
alcanza cuando los tres pachas se interrelacionan. Consecuentemente, la realidad del
ser, de acuerdo a la filosofía andina, está determinada por una conjugación de
fuerzas: la razón, los sentimientos y los instintos. De ahí que desde la cosmovisión
andina, el sumak kawsay se alcanza mediante el equilibrio entre el sentir y el pensar
bien, que se traduce finalmente en un actuar bien
.
17
2.2 El buen vivir en la Constitución
.
Como bien lo señala Raúl Llasag, la Constitución no adopta una sola línea
respecto al sumak kawsay, porque en el preámbulo lo considera un principio
15 Raúl Llasag, “El sumak kawsay y sus restricciones constitucionales”, 114-119. 16 Javier Lajo, “Recuperemos el sumckausay -el vivir bien- El wamán, el puma y el Amaru”, (Quito 20 de junio del 2015) http://alainet.org/active/25273&lang=es. 17 Carolina Silva, “¿Qué es el buen vivir en la Constitución?”, en Ramiro Ávila Santamaría, editor, Constitución del 2008 en el contexto andino (Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2008) 117 y 119.
13
constitucional pero también lo relaciona como derechos del buen vivir en la parte
dogmática; y como régimen del buen vivir, en la parte orgánica18
.
2.3 El buen vivir como principio normativo en la Constitución
El preámbulo de la Constitución señala: “Decidimos construir una nueva
forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Dicho texto implica que el objetivo
fundamental del Estado ecuatoriano es alcanzar el sumak kawsay; por lo tanto, sus
normas, principios deben ser interpretados en función de alcanzar dicho sumak
kawsay19
El concepto de buen vivir como principio normativo en la Constitución
.
20 está
dispuesto transversalmente en el texto y debe ser interpretado conjuntamente con
otros cambios constitucionales, como es el reconocimiento de la plurinacionalidad, el
marcado reconocimiento de la interculturalidad, entre otros21
Tal como lo dice el Plan Nacional para el buen vivir de la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, el concepto constitucional del buen vivir forma parte
de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado actores sociales de
América Latina durante las últimas décadas. El buen vivir es la apuesta al cambio
que promueve un modelo económico incluyente; a su vez, se construye desde las
posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la naturaleza y los seres
humanos; finalmente, se construye también desde las reivindicaciones de la igualdad
y la justicia social y desde el reconocimiento y valoración de los pueblos y de sus
culturas, saberes y modos de vida
.
22
18 Raúl Llasag, “El sumak kawsay y sus restricciones constitucionales”, 119. 19 Ibíd. 120. 20Al hablar de principios normativos nos referimos a aquellos que nos permiten interpretar los derechos y aplicarlos. Para una mayor referencia véase: Ramiro Ávila Santamaría, “Los principios de aplicación de los derechos”, en Constitución del 2008 en el contexto andino, (Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2008). 67. 21 Carolina Silva, ¿Qué es el buen vivir?, 150. 22 Cfr. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, Quito, SENPLADES, 2009, p. 43. Para una mayor referencia del tema véase Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Los nuevos retos de América Latina (Quito: SENPLADES, 2010), 27.
.
14
Para Agustín Grijalva, la Constitución en su artículo 275, párrafo. 3, deja
entender que el buen vivir es un valor, un fin u horizonte que comprende el respeto a
la diversidad, el ejercicio de los derechos y responsabilidades constitucionales y
otros, como el derecho a la paz consigo mismo y con todo el entorno físico y humano
en el que se desenvuelve la vida humana23
Los derechos e instituciones que tienden a dotar a los habitantes del Ecuador para
gozar efectivamente de los derechos humanos a vivir en armonía con sus semejantes y con la
naturaleza para que esta sea el hábitat de las presentes y futuras generaciones. El conjunto
está enunciado en la parte dogmática y, en la parte orgánica que, para garantizar la
posibilidad de su ejercicio y el goce efectivo establecen sistemas, políticas y servicios
públicos y la planificación para el desarrollo
.
En conclusión el buen vivir analizado como principio constitucional responde
a un nuevo paradigma conceptual o saber para interpretar a la Constitución que
comprende:
24
Finalmente —sostiene Ramiro Ávila—, el buen vivir como paradigma tiene
el poder de crear derecho; por ende, su introducción tiene que reflejarse en nuevas
normas constitucionales que expresen esa alteración del paradigma constitucional de
1998
25
2.4 Los derechos del buen vivir en la Constitución
.
La Constitución del 2008 incorpora en su parte dogmática, bajo la
denominación de “Derechos del buen vivir”, a los siguientes derechos: agua y la
alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura y
ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social.
23 Agustín Grijalva, Constitucionalismo en el Ecuador (Quito: Corte Constitucional para el periodo de transición, 2011), 44. En el mismo sentido véase, también Ramiro Ávila Santamaría, Los derechos y sus garantías. Ensayos críticos, (Quito: Corte Constitucional para el Periodo de Transición, 2012), 99-101. 24 Ramiro Ávila Santamaría, Los derechos y sus garantías. Ensayos críticos, 101. 25 Ibíd., 151. Sobre este punto, Ana María Larrea sostiene que “la noción del buen vivir permite una importante conexión no lograda en la Constitución anterior, entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Carta magna, ya que los derechos logran una articulación sustantiva con la estructura del Estado, su organización territorial, y los denominados régimen de desarrollo y régimen del buen vivir”. Ana María Larrea, “La disputa de sentidos por el buen vivir como proceso contra hegemónico”, en Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en Los nuevos retos de América Latina (Quito: SENPLADES, 2010), 21.
15
Dentro de la parte orgánica, el régimen del buen vivir articula al sistema
nacional de inclusión y equidad social al que lo define como el conjunto de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo.
En los artículos 3.5 y 275, inciso tercero de la Constitución, referentes al
buen vivir, se señala que: “ […] El buen vivir requerirá que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, gocen efectivamente de sus derechos, y
ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, el respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza […]”.
De dicho texto se colige que en el preámbulo de la Constitución, la
realización del sumak kawsay es el objetivo fundamental del régimen de desarrollo.
En definitiva, en preámbulo de la Constitución el sumak kawsay es concebido como
un principio, mientras que en la parte orgánica de la Constitución el sumak kawsay
se concibe como una meta para alcanzar el régimen de desarrollo, entendiendo este
último como la integralidad del sistema económico, político, social, cultural y
ambiental26
De lo dicho por la norma constitucional deducimos que el primer elemento
que integra el sumak kawsay se refiere a la naturaleza, a la obligación de una
convivencia ciudadana en armonía con ella
.
La Constitución en su artículo 275 señala: “[…] El buen vivir requerirá que
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus
derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto
a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza […]”. En la misma
línea, el artículo 277 de la Norma Magna establece: “[…] Para la consecución del
buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los derechos de las
personas, las colectividades y la naturaleza […]”.
27
26 Ibíd., 153 27 Diana Murcia, “El sujeto naturaleza: elementos para su comprensión” en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores, La Naturaleza con derechos: De la filosofía a la política (Quito: Abya- Yala, 2011), 295.
.
16
Para Eugenio Raúl Zaffaroni, el sumak kawsay, reconocido en nuestra
Constitución, no se trata del bien común reducido o limitado a los humanos, sino del
bien de todo lo viviente, incluyendo por su puesto a los humanos, entre los que se
exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable individualmente28.
Desde esta perspectiva, la invocación de la Pachamama y por supuesto el
reconocimiento constitucional de sus derechos, va acompañada de la exigencia de su
respeto, que se traduce en la regla básica ética del sumak kawsay […] que debe regir
la acción del Estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas
entre sí y en especial con la naturaleza29
3. El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza
.
En definitiva, de conformidad al texto constitucional, se requiere de los
derechos de la naturaleza para alcanzar el buen vivir y a la vez el referido buen vivir
es el eje referencial de los derechos de la naturaleza.
Luego de la finalización del trabajo de la Asamblea Constituyente y la
posterior ratificación del pueblo ecuatoriano a la Constitución de Montecristi, el
preámbulo y el articulado referente a la naturaleza se incorporó de la siguiente forma:
Preámbulo de la Constitución:
Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras raíces
milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza,
la pacha mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el
nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,
apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como
herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y
colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir
una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones,
la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la
28 Eugenio Raúl Zaffaroni, “La Pachamama y el humano”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores, La Naturaleza con derechos, 106. Véase en el mismo sentido: Eduardo Gudynas, “Seis puntos clave en ambiente y desarrollo”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compliladores; El buen vivir: Una vía para el desarrollo (Quito: Edic. Abya- Yala, 2009), 103- 114. 29 Ibíd., 86.
17
integración latinoamericana -sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los
pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra soberanía, en ciudad Alfaro, Montecristi,
provincia de Manabí, nos damos la presente.
El principal articulado de la Constitución referente a la naturaleza es el
siguiente:
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la
Constitución.
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Para profundizar en las motivaciones que llevaron a los asambleístas
constituyentes a realizar dicha incorporación, nos detenemos a analizar una de las
actas de la Asamblea Nacional que recoge uno de los debates:
El jusfilósofo Rudolph Von Ihering decía que el Derecho es “protección de
intereses”. Lo que nos preocupa y lleva a proteger a la Naturaleza, elevándola de objeto de
protección jurídica a sujeto de derecho, es la necesidad de cambiar el paradigma de
desarrollo, el enfoque de aproximación legal y la relación que el ser humano tiene con su
entorno, a fin de evitar o, al menos, paliar las imprevisibles consecuencias que se producirán
si mantenemos el sistema de depredación antropocéntrico […]30
A la luz del texto constitucional ecuatoriano y de lo señalado en líneas
anteriores, las ideas principales que giran en torno a dicho reconocimiento
constitucional son: 1) el derecho protege intereses. El derecho entonces es una
.
30 Asamblea Nacional Constituyente, Informe de Mayoría sobre los Derechos de la Naturaleza, Mesa No. 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, Montecristi, 2008.
18
herramienta de protección; 2) la naturaleza pasa de ser objeto a ser sujeto del derecho
en la búsqueda de un nuevo régimen de desarrollo31
En la misma línea, creemos que el reconocimiento constitucional de los
derechos de la naturaleza debe ser entendido a la luz de los cambios del
constitucionalismo latinoamericano: de ahí que, por ejemplo, la Constitución de
Bolivia de 2009 en su preámbulo señala: “Cumpliendo con el mandato de nuestros
pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios refundamos
Bolivia
.
32
De las referencias a la Constitución ecuatoriana y boliviana advertimos que,
en primer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza
surge como respuesta a la atención de los daños ambientales producidos en el último
siglo cuyas consecuencias han sido reclamadas en diferentes contextos
[…]”.
El artículo 33 de la Constitución boliviana prescribe: “Las personas tienen
derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este
derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras
generaciones además de otros seres vivos desarrollarse de manera normal y
permanente”.
33; en segundo
lugar, dicha afirmación no se trata de una incorporación antojadiza y simbólica, de
una ocurrencia vernácula, sino de una definición que emerge de la cultura tradicional
del pueblo esencial a la idea moderna de la constitución34; por último, el nuevo
constitucionalismo latinoamericano35
31 Sheim Guerrero González, Derechos de la Naturaleza, Tesis previa la obtención del título de abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito: s/e, 2011) 69. 32 Además se debe destacar que Bolivia ha desarrollado los contenidos constitucionales en leyes específicas sobre el tema promulgando el 15 de octubre del 2012 la “Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien” y el 21 de diciembre del 2010 la “Ley de Derechos de la madre tierra”. 33 Entre la principal literatura sobre el tema puede consultarse: Lester R. Brown, El Estado del mundo, (México: s/e, 1988); D. J. Speddingo, Contaminación Atmosférica (Barcelona: s/e, 1981); Roger Garaudy, Ainda é tempo de viver, (Río de Janeiro: s/e, 1980); Ervin Laszlo, La última oportunidad, (Madrid: Círculo, 1985); Theodore Roszak, Persona/Planeta (Madrid: s/e, 1978), entre otros. 34 Eugenio Raúl Zaffaroni, “La Pachamama y el humano”, 111.
opta por proclamar una convivencia con todos
35 Cfr. Al final de la última década, Bolivia y Ecuador fueron los dos países latinoamericanos que pasaron por transformaciones constitucionales más profundas en el curso de movilizaciones políticas protagonizadas por los movimientos indígenas. Producto de ello sus constituciones presentan conceptos de la filosofía andina, y se resalta el reconocimiento de los derechos de la Pachamama. Boaventura de Sousa Santos, “Cuando los excluidos tienen derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad”, en Boaventura de Sousa Santos y Agustín Grijalva, editores,
19
los seres vivientes dentro de la Tierra denunciando coyunturalmente al
fundamentalismo de mercado de las últimas décadas del siglo pasado, aunque desde
una perspectiva mucho más amplia y universal. De este modo, la Pachamama36 se
incorpora al desarrollo constitucional como otro aporte del constitucionalismo
latinoamericano al universal37
En definitiva, dotar de derechos a la naturaleza, para nosotros significa,
alentar políticamente su paso de objeto a sujeto de derechos, como parte de un
proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho, como recordaba ya en
1988 Jorg Leimbacher, jurista suizo. Lo central de los Derechos de la naturaleza, es
rescatar el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos (y por cierto de
todos los seres vivos). Este es un punto medular de los derechos de la naturaleza,
destacando una relación estructural y complementaria con los derechos humanos
.
38
En el acápite siguiente analizaremos con mayor detalle las implicaciones
jurídicas de dicho reconocimiento constitucional; por ahora nos basta resaltar que
tiene sentido la incorporación constitucional de los derechos de la naturaleza en una
Carta Magna que reconoce un nuevo Régimen de Desarrollo sustentado en el
reconocimiento de un principio del Buen Vivir, en el que tanto seres humanos como
naturaleza somos parte de un todo. Es decir, el paradigma del Buen Vivir relaciona
íntimamente lo social con lo ambiental, de tal forma que la Pachamama o la Madre
Tierra mantenida y protegida se convierte en requisito sine qua non para la existencia
del sumak kawsay; en este contexto consideramos que era imperativo el
reconocimiento jurídico de la naturaleza, además de ser una exigencia social
.
39
Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador (Quito: Fundación Rosa Luxemburg/ Abya – Yala, 2012), 15. 36 La Pachamama es una deidad protectora, cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa Tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo da, pero como permanecemos en su interior como parte de ella, también exige reciprocidad (…) Cfr. Rodolfo Merlino y Mario Rabey, “Pastores del Altiplano Andino meridional: religiosidad, territorio y equilibrio ecológico” (Cusco: Allpanchis, s/a), 149- 171; Adolfo Columbres, “Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina” (Buenos Aires: s/a, s/e), 27. Zaffaroni, “La Pachamama y el humano”, 112. 37 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, “La Pachamama y el humano”, 107 y 108. 38Alberto Acosta, “Los derechos de la naturaleza, un lectura sobre el derecho a la existencia” en, Alberto Acosta y Esperanza Martínez, editores, La Naturaleza con derechos: De la filosofía a la política, 343.
.
39 Mercedes Cóndor y Mario Aguilera, “La iniciativa Yasuní ITT como materialización de los derechos de la naturaleza” en Revista, Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, N° 27, Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, (Quito, abril del
20
Además, nos fundamentamos en la idea de que todo reconocimiento
constitucional de derecho ha significado un proceso de lucha social (a veces de
derramamiento de sangre y que todo reconocimiento constitucional de derechos tiene
otras implicaciones, aparte de las netamente jurídicas, es decir nos acogemos a lo
señalado por Stutzin en el sentido de que el reconocimiento constitucional de los
derechos de la naturaleza también implica efectos psicológicos, tal como ha
sucedido cada vez que se ha ampliado el ámbito de los derechos humanos40
Y concluimos este acápite haciendo nuestras las palabras de Eduardo
Gudynas cuando dice: “La cuestión clave es que el reconocimiento de los derechos
de la Naturaleza abre las puertas para otro tipo de discusión en la política y la
gestión, en la que ya no es necesario demostrar que preservar montañas o selvas es
útil para el ser humano o rentable para las empresas”
. De
hecho creemos que el efecto psicológico del reconocimiento de dicho derecho
constituirá una función educadora que conciba la personificación de la naturaleza
como interlocutora válida del ser humano, y por ende conciba la presencia jurídica de
la Pachamama como parte en los conflictos entre hombre y medio ambiente, lo que
favorecerá a su vez la búsqueda de la equidad ecológica en las relaciones del ser
humano con el mundo natural.
41
La existencia de un derecho significa que su poseedor está facultado para
presentarse frente a los tribunales y, en última instancia, los poderes del Estado para
. De ahí que esperamos que la
elevación de la categoría jurídica de la naturaleza se traduzca en el mejoramiento de
su condición social y, por consiguiente, en la adopción de políticas y normas de
conducta que la favorezcan.
4. Efectos jurídicos del reconocimiento constitucional de los derechos de la
naturaleza
2015) en http://www.uasb.edu.ec/padh_contenido.php?cd=2967&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=pu, 2010. 40 Godofredo Stutzin, Un imperativo ecológico: Reconocer los derechos de la naturaleza, (Quito, 20 de junio del 2015) en http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/imperativo-ecologico.pdf. 41 Eduardo Gudynas, “Los Derechos de la Naturaleza y la construcción de una justicia ambiental y ecológica en el Ecuador”, en Los Derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos, (Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2011) 100.
21
ejercer su derecho con relación a otros en caso de que dicho derecho sea desconocido
o vulnerado. Dicho de otra forma, los derechos se utilizan como un medio a través
del cual definimos los aspectos que la comunidad considera de suficiente relevancia
para que sean ejercidos donde sea necesario. Estos derechos pueden existir, por
ejemplo, con relación a la propiedad (un poseedor que ha sido despojado de un bien
tiene derechos a reclamar su restitución) o con relación a las personas (un menor de
edad tiene derecho al cuidado y apoyo de sus padres, los cuales a su vez tienen una
obligación legal de cumplir sus obligaciones, por ejemplo)42
Para Eduardo Gudynas, precursor de la propuesta constitucional, el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza implica que ésta posee valores que le
son propios, independientes de las valoraciones que le adjudiquen las personas. Ese
reconocimiento hace que la naturaleza deje de ser objeto (o un conjunto de objetos)
que sirve como simple medio para fines humanos, para volverse sujeto
.
43
La doctrina internacional anterior al reconocimiento constitucional de los
derechos de la naturaleza señala con acierto los efectos propiamente jurídicos del
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que pueden agruparse en cuatro
rubros: identificación, simplificación, vigorización y unificación del Derecho
Ecológico. Los cuales, por su importancia en el análisis del tema —con apoyo en
Stutzin— nos permitimos sintetizar a continuación
.
44
1) Identificación: Para asimilar la verdadera identidad del
Derecho Ecológico es preciso comprenderlo, no como un compartimento más
:
42 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos en La Naturaleza con derechos: De la filosofía a la política, Alberto Acosta y Esperanza Martínez, 180. 43 Eduardo Gudynas, “Los derechos de la naturaleza en serio: Respuestas y aportes desde la ecología política”en La Naturaleza con derechos: De la filosofía a la política, Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores, 245. Por cuanto Eduardo Gudynas es el autor original de la propuesta destacamos una parte de su biografía Eduardo Gudynas es máster en Ecología Social, Multiversidad Franciscana de América Latina (Montevideo) y de la Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma. Ha sido Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) / Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina. Es autor de más de diez libros que se han publicado en varios países (Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y España), decenas de capítulos en libros sobre estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, sobre la conservación de la Naturaleza, la situación de las áreas rurales, y los límites y posibilidades que ofrecen la integración regional y la globalización para alcanzar la sustentabilidad. Extracto sintetizado de “Eduardo Gudynas, Reseña curricular sintetizada, en http://www.globalizacion.org/gudynas/. 44 Godofredo Stutzin, Un imperativo ecológico: Reconocer los derechos de la naturaleza, (Quito, 20 de junio del 2015), en http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/imperativo-ecologico.pdf.
22
del Derecho tradicional, sino como una nueva dimensión de lo jurídico, lo
cual abarca las relaciones del hombre con la naturaleza.
2) Simplificación: En materia de delitos ecológicos,
contrariamente a lo que sucede en otros tipos de delito, es normal que se
conozca al hechor, pero no a la víctima. Por las siguientes características de
delitos: a) producen efectos esencialmente dispersos y remotos en el espacio
y en el tiempo; b) afectan a intereses de índole muy diversa que muchas veces
son difíciles de definir y valorar; y c) dependen en cierta medida del criterio
subjetivo de los afectados. Reconocida la existencia jurídica de la naturaleza,
se aclara y simplifica lo concerniente a la representatividad en materia de
Derecho Ecológico.
3) Vigorización: La existencia de la naturaleza como titular de
derechos confiere al Derecho Ecológico mayor amplitud y mayor eficacia. Su
radio de acción se ensancha porque, al englobar todos los elementos del
mundo natural como parte del patrimonio de la naturaleza y afectos a los
fines de ésta, cualquier acto ecológicamente dañino constituye "per se" un
menoscabo de los derechos de esta entidad jurídica, lo que permite a sus
representantes ejercer las acciones correspondientes aunque no existan
disposiciones legales específicas aplicables ni derechos humanos
directamente comprometidos. Al hacer valer los derechos de la naturaleza, el
Derecho Ecológico tiene mejores posibilidades de lograr la adecuada
apreciación y suficiente reparación de los daños que se inflijan al mundo
natural. La estimación de estos daños se efectuará en mejores condiciones
porque, al referirlos a la naturaleza, es posible calificarlos y cuantificarlos
mediante un enfoque propiamente ecológico en lugar de determinarlos
exclusivamente desde el punto de vista de los intereses humanos en juego.
4) Unificación: La noción de los derechos de la naturaleza puede
ejercer una influencia unificadora sobre el Derecho Ecológico de los
diferentes países por el contenido objetivo y universal que confiere a sus
normas, haciéndolas descansar esencialmente en las necesidades de la
biosfera y no en intereses subjetivos y fragmentados de grupos humanos.
23
Por su parte, Ricardo Crespo sostiene que entre los efectos jurídicos más
relevantes del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza consta
como primer punto el que dicho reconocimiento otorga a todos los derechos validez
formal y material, lo que garantiza su protección y defensa, desde la perspectiva del
principio de jerarquía normativa, frente a otros derechos constitucionalmente
reconocidos, lo que en la práctica evitaría que otros derechos —especialmente los de
contenido económico— prevalezcan sobre la protección a la naturaleza45
Y como segundo efecto por dicho reconocimiento, le son aplicables los
principios de interpretación y aplicación de los derechos reconocidos en el artículo
11 de la Constitución
.
46
Sobre este asunto, Agustín Grijalva sostiene que los derechos de la naturaleza
al hallarse establecidos en la Constitución ecuatoriana tienen necesariamente el
efecto de elevar los estándares de protección ambiental
; es decir, por su reconocimiento constitucional, los derechos
de la naturaleza son plenamente justiciables, de directa e inmediata aplicación por y
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte, garantizando las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio, sin restringirlos y promoviendo el desarrollo progresivo
de sus contenidos.
47. De ahí que, en virtud de la
positivización de los derechos de la naturaleza el daño ambiental para ser tal, no
requiere implicar una afectación inmediata y directa sobre los seres humanos48
45 Ricardo Crespo Plaza, “La naturaleza como sujeto de derechos: ¿Símbolo o realidad jurídica?”, en Iuris Dictio, Revista del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de (Quito, s/e, 2009), 33. 46 Para Ramiro Ávila Santamaría una de las innovaciones importantes en nuestra Constitución en la teoría de los derechos es que el artículo 11.6 de nuestra Constitución reconoce que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, esto quiere decir que cualquier clasificación sobre derechos humanos no implica jerarquización alguna. Ramiro Ávila, “Los principios de aplicación de los derechos” en Constitución del 2008 en el contexto andino. (Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2008), 61. 47 Para una mayor referencia el artículo 395 de la Constitución establece los principios ambientales, entre los que se destaca que las políticas de gestión ambiental se aplicarán en forma transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional; y que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable en la protección de la naturaleza.
.
48 Decimos afectación sería directa e inmediata porque en el paradigma biocéntrico, el daño ambiental siempre supone una afectación a los seres humanos, aunque fuere indirecta o mediata, dada la concepción de la especie humana, en el marco de esta paradigma, como integrada al ecosistema tierra. En consecuencia, en último análisis los derechos de la naturaleza son también derechos humanos en
24
Es decir, no se requiere una violación patente del derecho humano a un medio
ambiente sano, sino la sola disrupción dañosa de los procesos naturales de los
propios ecosistemas, que aun sin afectar supuestamente a los seres humanos,
constituye una violación a la Constitución49
A nivel procesal, la positivización de los derechos de la naturaleza conlleva
efectos relevantes, fundamentalmente en cuanto a la legitimación activa y a la
inversión de la carga procesal. Sobre los efectos en la legitimación activa, Raúl
Llasag sostiene que la consecuencia de que cualquiera puede accionar en defensa de
la naturaleza, sin que sea menester invocar - y menos probar- la condición de
damnificado, provocará que diferentes personas, según sus simpatías con los entes
naturales no humanos, ejerzan acciones en su defensa […]. Y lo más importante es
que, al reconocerle a la naturaleza el carácter de sujetos de derechos adquiere ésta la
condición de tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y, por ende,
habilita el ejercicio de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de
terceros)
.
50
Y sobre los efectos de la inversión de la carga prueba, Agustín Grijalva bien
señala que el efecto jurídico del reconocimiento de los derechos de la naturaleza es
que ya no se requiere probar que el daño al ambiente afecta a los seres humanos
porque el reconocimiento referido lleva implícito la noción de que la naturaleza y los
seres humanos formamos un todo
.
51
Por todo lo expuesto se puede sostener que la Constitución rompe los moldes
tradicionales de las instituciones procesales de la legitimación y la inversión de la
carga de la prueba en materia ambiental. Razón por la cual, en el capítulo II
demostraremos que dichas instituciones aún no han sido desarrolladas en la
legislación ambiental del Ecuador puesto que en su mayoría las leyes que
.
cuanto apuntan a las condiciones naturales necesarias para la sobrevivencia de la especie humana. Agustín Grijalva, Régimen Constitucional de Biodiversidad, Patrimonio Natural y Ecosistemas Frágiles; y, Recursos Naturales Renovables, 7. 49 Agustín Grijalva considera que esta noción objetiva o institucional del daño ambiental no es en realidad tan extraña al Derecho como lo atestigua la existencia de delitos ambientales en que se sancionan conductas destructivas del ambiente aunque no se afecte directa e inmediatamente a la población humana. 50 Raúl LLasag, Derechos de la Naturaleza: Una mirada desde la filosofía andina y la Constitución, (Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos), 76. 51 Agustín Grijalva, Constitucionalismo en el Ecuador, 7.
25
actualmente regulan el tema procesal ambiental en nuestro país fueron expedidas
antes de la Constitución del 2008. Todos estos aspectos serán tratados en el siguiente
capítulo, pues sin duda, resulta necesario resolver todas estas contradicciones para
poder tutelar de manera adecuada los derechos de la naturaleza ante la insuficiencia
que actualmente representan de los mecanismos procesales contemplados
tradicionalmente.
5. Aproximación a los contenidos del derecho
Como lo hemos señalado en los títulos anteriores, el reconocimiento
constitucional de los derechos de la naturaleza obedece a un cambio de paradigma
conceptual que parte desde la incorporación de un nuevo régimen de desarrollo,
pasando por el reconocimiento del principio constitucional del buen vivir hasta el
reconocimiento a la naturaleza como titular de derechos.
Esta incorporación constitucional de nuevos saberes, lleva implícito el
reconocimiento de un nuevo pensamiento, de una nueva filosofía52
En este sentido, la filosofía incorporada implícitamente con el reconocimiento
constitucional de los derechos de la naturaleza es la filosofía andina, la cual en
oposición a la filosofía occidental, reconoce que el ser humano o runa andino, antes
de ser un ser racional y productor, es un ente natural que forma parte de la
naturaleza, un elemento que está relacionado por medio de un sinnúmero de nexos
vitales con el conjunto de fenómenos naturales, sean éstos de tipo astronómico,
metereólogico, geneológico y botánico
, que tiene el
poder de crear derecho.
53
Lo dicho tiene sentido, cuando asimilamos y aceptamos que el rasgo
fundamental del sumak kawsay es la interrelación de todos los elementos que
conforman la realidad (todo lo que existe en el universo, incluyendo a los seres
.
52 Alberto Acosta señala que el concepto constitucional del sumak kawsay o buen vivir se construyó desde diferentes perspectivas, lejos de aquellas visiones tradicionales, dogmáticas y ortodoxas. Señala también que dicho concepto permite tener una vida equilibrada entre todos los individuos, con la colectividad y con la naturaleza. Alberto Acosta, “A manera de prólogo” en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores, El buen vivir: Una vía para el desarrollo, 19- 30. 53 Ibídem 19.
26
humanos) y la aplicación del principio de equilibrio que significa encontrar el punto
intermedio entre las fuerzas que determina la realidad para alcanzar una vida plena.
En igual sentido, podemos reconocer que no solo la filosofía andina reconoce
a la naturaleza y a los seres humanos como parte de un todo. Así, el científico inglés
James Lovelock dedicó muchos años antes de su vida a la elaboración y
perfeccionamiento de la llamada hipótesis Gaia, nombre de la diosa griega de la
Tierra. Según esta hipótesis el planeta es un ente viviente en el sentido de un
organismo o un animal, sino en un sistema que se autorregula, tesis vinculada a la
teoría de los sistemas, a la cibernética y a las teorías de los biólogos Maturana y
Varela54. Desde esta perspectiva no somos algo externo ni huéspedes de Gaia, sino
parte de ella55
5.1 Elementos esenciales del derecho
.
Sobre la base de los argumentos que se han esgrimido en la teoría del derecho
para sostener que los seres humanos merecen una protección especial de parte del
Estado (dignidad, derecho subjetivo, capacidad, igualdad), desarrollamos a
continuación los elementos esenciales de los derechos de la naturaleza.
5.1.1 La dignidad de la naturaleza
Partimos el análisis de este elemento en la doctrina de la virtud de Immanuel
Kant que se resume en que “Nadie puede ser un medio para el cumplimiento de los
fines de otro salvo que siendo un medio sea un fin al mismo tiempo”.56
54 Eugenio Raúl Zaffaroni, La Pachamama y el humano, 76. 55 Ibíd. 76. 56 Para una mayor referencia del tema véase Immanuel Kant, The doctrine of virtue en Methaphysics of morals citado por Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 175.
A la luz de esta doctrina se atenta contra la dignidad de los seres humanos
cuando se usa a una persona como un mero medio para cumplir los fines de otra. De
ahí que basados en la teoría antropocéntrica, el ambiente o la naturaleza constituyen
un medio para satisfacer las necesidades de las personas, es decir, fundamentados en
dicha teoría se desconoce la dignidad de la naturaleza.
27
No obstante, desde la teoría biocéntrica, se reconoce que la tierra es un ser
vivo; tiene incluso planes de vida y como todo ser vivo tiende a la supervivencia y a
la reproducción para garantizar su existencia57. Es decir, la Tierra es un ser vivo que
tiende a la supervivencia y reproducción para garantizar su existencia siendo ésta un
fin en sí mismo.58
En este sentido, la teoría biocéntrica plantea que “los seres humanos somos
medios por omisión y por acción de la naturaleza, lo cual implica que la tierra nos
necesita para que no la agotemos ni la destrocemos, es decir demanda un ‘no hacer’,
un respeto de nuestra parte. […]”
59
5.1.2 El derecho subjetivo
.
Visto de esta forma se puede colegir que el elemento de la dignidad genera
nuevos derechos y que por ende la naturaleza no debe ser concebida únicamente
como un medio para que los seres humanos alcancemos nuestros fines.
De lo dicho concluimos que en estricta aplicación de la teoría biocéntrica,
entre los seres humanos y la naturaleza existe una interacción dinámica entre medios
y fines que se traduce en que ambos nos necesitamos para asegurar nuestra existencia
y supervivencia. Por lo expuesto, creemos válido la aplicación del principio kantiano
de la dignidad como contenido esencial del derecho a la naturaleza.
Para fundamentar este elemento del contenido esencial de los derechos de la
naturaleza nos acogemos a la teoría que propone Luigi Ferrajoli, quien empieza por
diferenciar los derechos fundamentales de los derechos subjetivos.
Luis Ferrajoli entiende a los primeros como aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status
de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Y entiende a los
57 Ibíd., 189. 58 Cfr. Sheim Guerrero González, Derechos de la Naturaleza, 86. 59 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 191.
28
derechos subjetivos como cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica60
El efecto del derecho subjetivo es que podemos exigir las obligaciones que se
desprenden de la norma jurídica. Si tenemos por ejemplo el derecho subjetivo al
sustento alimenticio por tener la calidad de hijo y además tener una partida de
nacimiento que lo demuestra podemos demandar el cumplimiento de la obligación
del pago de una pensión alimenticia
.
61
El punto que queremos enfatizar de esta teoría es que el derecho subjetivo ha
evolucionado con las sociedades y sus constituciones, expandiendo e integrando cada
vez más a distintos y variados sujetos protegidos. Como ejemplo podemos citar el
reconocimiento de los derechos de las personas esclavizadas, de mujeres, indígenas
y negros, niños y adolescentes, entre otros grupos vulnerables, hasta llegar hoy al
reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Por lo que, la Constitución del 2008
reconoce el valor de la naturaleza y como corolario de aquello, amplia el estatus de
sujeto a la naturaleza
.
62
De lo dicho colegimos que el concepto de derecho subjetivo y las condiciones
sociales, filosóficas, económicas, evolucionan hacia la expansión y mayor
integración de sujetos protegidos. Por lo tanto desde la historia del concepto, e
incluso desde la teoría positivista se cumplen los presupuestos para que se considere
a la naturaleza como sujeto de derechos
.
63
5.1.3 La capacidad
.
De acuerdo a nuestro Código Civil (artículo 1461),
“La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el
ministerio o la autorización de otra”.
60 Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales (Madrid: Editorial Trotta, 2009), 19. 61 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 191.
62 Sheim Guerrero González, Derechos de la Naturaleza, 87-88. 63 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 197.
29
La institución jurídica de la capacidad está vinculada al concepto de
titularidad de derechos, además dicha institución permite contraer obligaciones y
disponer de derechos.
La capacidad se adquiere cuando se cumplen las condiciones establecidas en
la ley. De acuerdo al artículo 1462 del Código Civil ecuatoriano, “toda persona es
legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces”. A su vez, el artículo
1463 de dicho cuerpo legal señala:
Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la persona sorda que no
pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas.
Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.
Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar
sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es
absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos
determinados por las leyes.
Para Arturo Alessandri, la capacidad se define como la aptitud legal para
adquirir derechos y ejercitarlos. Además, señala que la capacidad es de dos clases:
de goce y de ejercicio. La primera es la aptitud legal para adquirir derechos, y la
segunda es la aptitud legal de una persona para ejercer por sí misma los derechos que
le competen sin el ministerio o autorización de otra. La incapacidad de ejercicio
puede ser absoluta y relativa. Lo que se resalta de las ideas de Alessandri sobre el
tema es que el concepto del derecho civil parte de la idea que el concepto pertenece
a todos los individuos. De hecho añade: “Toda persona cualquiera sea su edad, sexo,
estado tiene el goce de los derechos civiles”64
De las normas legales y doctrina señaladas sintetizamos que la regla de
nuestro Código Civil es que todos somos capaces, salvo que la ley disponga lo
contrario. Destacamos que en ninguno de los dos grupos consta la naturaleza, aunque
advertimos que aquello se justifica porque el Código Civil es anterior a la
. De lo dicho colegimos que el
concepto de capacidad ha sido construido alrededor de una persona física; tanto es
así que las personas jurídicas son incapaces relativos.
64 Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovich, Tratado de Derecho Civil, tomo II, (Santiago de Chile: Edi. Jurídica de Chile, 2005), 248, 250. En el mismo sentido véase Juan Larrea Holguin, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998), 99-106.
30
Constitución, y en su época de expedición no se sospechaba siquiera que tiempos
después se otorgaría constitucionalmente derechos a la naturaleza.
Con los antecedentes expuestos nos surge la pregunta ¿La naturaleza puede
ser capaz? Esta compleja interrogante no puede ni debe ser contestada aplicando de
manera exclusiva y literal nuestra normativa civil, por ser la misma anterior a la
Constitución lo cual implica que es necesario apartarse diametralmente de las
categorías positivas del ordenamiento jurídico civil, como la capacidad.
Ahora bien, para responder a la interrogante planteada debemos partir de una
premisa: “la capacidad, como cualquier otra categoría positiva, es un concepto que
ha evolucionado y que tiene excepciones”65. Y como segundo punto, partimos de la
afirmación que la persona que ha sido reconocida incapaz por el sistema jurídico no
deja de ser titular de los derechos sino que ciertos derechos se dejan de ejercer por sí
mismos y los hace un tercero al que se le denomina representante legar o tutor66
5.1.4 La igualdad
.
De ahí nuestra Constitución prevé en su artículo 71 inciso 2, la representación
judicial de la naturaleza al señalar “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.
Por lo tanto, la Constitución acepta la evolución de la categoría jurídica de la
capacidad y entiende a la naturaleza como capaz de ejercer su derecho a la
existencia y a regenerarse no obstante prevé su representación jurídica para
demandar judicialmente su restauración.
Tal como lo explica Ramiro Ávila el concepto de igualdad ha sufrido un largo
camino para ampliarse a la protección de lo diverso. La premisa de la que se parte es
65 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 197. 66 Nuestro Código Civil, artículo 367, reconoce que las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que puedan darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y generalmente guardadores.
31
que todas las teorías sobre la igualdad están concebidas para ser aplicadas desde y
para los seres humanos67
La primera acepción tiene que ver con la concepción aristotélica por la que se
be tratar igual a los que tienen características iguales y diferente a los que son
diferentes. Luego se ubico a un ser ideal y la igualdad se entendió como el
acercamiento de lo diferente a ese ser ideal o su eliminación. Ahora se habla de la
igualdad sin discriminación y consiste en “respetar la diferencia cuando la igualdad
descaracteriza y combatir la diferencia cuando la distinción subordina”
.
68
En este punto enfatizamos que el principio de igualdad siempre ha sido
concebido como un principio de los seres humanos y para los seres humanos, es decir
ha sido construido basado en la teoría antropocéntrica. Sin embargo, debemos partir
de una premisa: la igualdad como categoría jurídica también es convencional y puede
evolucionar
.
69
A la luz de la teoría biocéntrica se considera a la naturaleza como un ser vivo
por cuanto es un ente que nace, vive, reproduce su vida y muere
.
70
67 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 197.
68 Boaventura Santos de Sousa, La caída del ángelus novus: Ensayos para una nueva Teoría Social (Bogotá: Ilsa, 2003), p. 164. Véase, en el mismo sentido, a Luigi Ferrajoli, “Igualdad y diferencia”, en Derechos y garantías. La ley del más débil (Madrid: Trotta, 2001), 73-96. 69 Sheim Guerrero González, Derechos de la Naturaleza, 88. 70 Ramiro Ávila Santamaría, El Derecho a la Naturaleza: Fundamentos, 202.
. Por lo tanto, con
la inclusión de los derechos de la naturaleza, nuestra Constitución amplía también el
concepto de igualdad reconociéndola como una categoría aplicable para todos los
seres vivos, entre los que se incluye la naturaleza. Lo dicho se sustenta también en
que el artículo 11 numeral 2 de la Constitución el cual mantiene una categoría abierta
para prevenir todo tipo de discriminación o “cualquier otra distinción”, lo que
implica que dentro del concepto de seres vivos no se puede discriminar a la
naturaleza con respecto a su trato con los seres humanos.
En definitiva, fundamentados en nuestra Constitución, todos los seres vivos y
organismos vivos, así como los seres humanos son iguales ante la ley, y gozan de los
mismos derechos y oportunidades de vivir en condiciones ambientales óptimas que
permitan su existencia y supervivencia.
32
6. Diferencias con el derecho al ambiente sano
Tal como lo hemos señalado anteriormente, la Constitución de 2008 reconoce
a la naturaleza como sujeto de derechos (artículo 71) pero a la vez reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
(artículo 14) 71
. En este marco, con el fin de profundizar la innovación que plantea el
reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, a continuación
destacamos las principales diferencias con el derecho a vivir en un ambiente sano.
6.1. Fundamento del derecho
El derecho a un ambiente sano está enfocado en las personas y por tanto su
postura es antropocéntrica72. Se protege al ambiente en tanto es importante para la
salud de las personas; es entendido como una propiedad humana. El derecho al
medio ambiente se encuentra conectado de forma estrecha con la salud pública, la
vida digna y la integridad personal, entre otros derechos fundamentales73
Los derechos de la naturaleza tienen como esencia la doctrina del
biocentrismo
.
74
71 Cabe destacar que la Constitución del 20008 reconocía el derecho al ambiente sano catalogado como derecho colectivo (artículo 86) y al mismo tiempo se lo considera como un derecho individual (artículo 23.6). 72 La postura antropocéntrica que fundamenta el derecho al medio ambiente sano implica que se incorpora al ambiente en función de los derechos de las personas, de tal forma que el derecho a un ambiente sano es una clara referencia a que el entorno debe guardar ciertos niveles de calidad no por las especies que allí viven o por la integridad de los ecosistemas, sino por lo indispensable para asegurar la salud o bienestar humano. Eduardo Gudynas, El mandato ecológico: Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución (Quito: Abya -Yala, 2009), 38. 73 La relación de conexidad entre el derecho al ambiente sano, y derechos fundamentales como la salud y la vida, ha sido señalada en la Corte Constitucional Colombiana en varias sentencias; entre las principales, mencionamos: T-406 de 1992 (Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón), T-207 de 1995 (Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero), T-231 de 1995 (Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara), T-1451 de 2000 (Magistrado Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez), T-1527 de 2000 (Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra), SU-1116 de 2001 (Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett). 74 La doctrina biocéntrica que fundamenta el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza implica que aquella posee derechos que le son propios, y que son independientes de las valoraciones humanas, se da un paso mucho mayor. En síntesis, con dicha postura, la naturaleza pasa de ser objeto de derechos asignados por los humanos, a ser ella misma sujeto de derechos, y por lo tanto se admite que posee valores intrínsecos. Eduardo Gudynas, El mandato ecológico: Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución, 38.
, la cual es la respuesta a la necesidad de otorgar protección a los
valores intrínsecos de todos los elementos y organismo vivos de la biosfera en la que
el objetivo último es proteger la vida de la naturaleza. El buen vivir reconcilia la
relación entre sociedad y naturaleza pero a la vez diferencia y establece garantías y
33
formas de protección, de tal forma que exista una reciprocidad y un mismo nivel
entre el interés de proteger la vida de los seres humanos y proteger la vida de los
organismos y elementos naturales75
6.2 Reconocimiento jurídico
.
El derecho al medio ambiente sano se encuentra reconocido en la mayoría de
las constituciones del mundo76
Cabe señalar que a pesar de ser reconocido como un derecho humano
fundamental, el derecho al ambiente no se encuentra expresamente regulado en los
distintos instrumentos internacionales que versan sobre Derechos Humanos; tal es así
que ni el Sistema Universal de Derechos Humanos, ni los sistemas regionales como
el Sistema Interamericano o el Europeo regulan de manera clara, expresa ni
contundente el derecho al ambiente sano
. Los derechos de la naturaleza se reconocen
expresamente y únicamente en la Constitución del Ecuador.
77
6.3 Coexistencia con otros derechos
.
En cuanto a la protección internacional de los derechos de la naturaleza no
existe todavía un instrumento internacional que reconozca a la naturaleza como
sujetos de derechos.
Como ya lo hemos señalado la Constitución del Ecuador es pionera al
establecer derechos para la naturaleza. Los antecedentes de esta postura se
75 Oscar Darío Amaya, “La naturaleza jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano” en Universidad Externado de Colombia, El derecho constitucional comparado en Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, tomo IV (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, editorial, 2003), 194. 75 Alberto Acosta, Los derechos de la naturaleza un lectura sobre el derecho a la existencia, 355 y 356. 76 Como ejemplo de lo señalado manifestamos que el Derecho al medio ambiente sano o derecho a vivir en un medio ambiente sano se encuentra reconocidos en las constituciones de: Bolivia 2010; Brasil, 1998; Colombia,1991, Venezuela, 2009. A nivel europeo España, Constitución 1978, Europa, Constitución 2005, Portugal, Constitución 1952. A nivel asiático, Corea del Sur, Constitución 1988. 77 Sobre lo dicho añadimos que si bien existen excepciones teóricas dentro de los sistemas regionales de protección de derechos, por ejemplo, en la Carta Africana de Derechos Humanos sí regula taxativamente los derechos de tercera generación, ha quedado claramente demostrado que su implementación a la fecha no se ha dado. Por esta razón, para todo efecto práctico el derecho al ambiente carece de la debida protección dentro de los mecanismos regionales: véase Mario Peña Chacón, Derechos Humanos y Medio Ambiente en Revista Lex Difusión y Análisis, ( Paraguay, 01 de marzo del 2015) en http://www.idea.org.py/rda/.
34
encuentran en la Carta de la Naturaleza emitida por las Naciones Unidas en el año
1982 en la que se reconoce que el ser humano constituye parte del sistema natural al
mismo tiempo que se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza.
No obstante la tendencia mundial es reconocer a la naturaleza como objeto lo
cual enfrenta la tensión de relativizar su protección y conservación frente a los
intereses de la economía de corto plazo.
En cuanto a la coexistencia del derecho a la naturaleza con otros derechos
debemos analizar que el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado está reconocido a nivel constitucional por la mayoría de países. En
Ecuador el artículo 14 de la Constitución incorpora este derecho entre los derechos
del buen vivir.
En cuanto a la interrelación del derecho a la naturaleza y el derecho a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado compartimos el criterio de Ricardo
Crespo que sostiene que ambos se interrelacionan puesto que frente a un derecho
humano a un ambiente sano, los derechos de la naturaleza no pueden ser ignorados
pues su violación automáticamente acarrearía la afectación del derecho a un
ambiente sano y viceversa78
En definitiva con respecto a las tensiones existentes ente ambos derechos
consideramos que para la efectividad del derecho humano a un ambiente sano no es
posible ignorar los derechos de la naturaleza puesto que ambos derechos se
complementan porque es lógico pensar que si el Estado reconoce a todas las personas
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo que además comporta
el deber de las personas de respetar este derecho es también de interés del Estado y
de las personas que la naturaleza sea capaz de mantener y regenerar sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos
.
79
78 Ricardo Crespo, “El acceso a la justicia ambiental y el principio 10 de la Declaración de Río 92” en José Vicente Troya e Isabel Palacios, editores, IV Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y del Mercosur (Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2012), 303.
79 Ibid. 288.
.
35
CAPÍTULO II
LA ACCIÓN POPULAR
Como primera aproximación al tema, tal como lo señalamos en el capítulo
anterior, partimos de la idea central que nuestra Constitución proclama a la
naturaleza como sujeto de derechos y como consecuencia de ello, le asigna varios
derechos como el de restauración, la protección integral, entre otros.
Al consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos, Ecuador se ha
convertido en el pionero a nivel de la legislación mundial en reconocer derechos a la
naturaleza. Sin embargo, este reconocimiento únicamente consta en la Constitución
por cuanto a nivel legislativo no se han promulgado normas que tiendan a desarrollar
a profundidad y de modo específico el contenido de los derechos de la naturaleza y
los mecanismos procesales para su efectiva vigencia. Las disposiciones normativas
vigentes son escasas y desactualizadas.
En este capítulo abordaremos como primer punto el derecho a la tutela
efectiva de la naturaleza y del medio ambiente para, a partir de ese marco conceptual,
analizar los mecanismos procesales de protección a la naturaleza y medio ambiente
que actualmente existen en nuestro país. Y finalmente analizaremos la acción
popular, todos ellos mecanismos de defensa para los derechos de la naturaleza.
1. La tutela efectiva de la naturaleza y del medio ambiente
El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho que posee toda persona
para acudir a los órganos jurisdiccionales y, a través de los debidos causes procesales
y con unas garantías mínimas, obtener de los mismos una decisión fundada en
derecho sobre las pretensiones propuestas. En su contenido se diferencian tres
momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia; el segundo, con el
desarrollo del proceso que deberá desarrollarse en un tiempo razonable y ante un juez
imparcial y el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia80
80 Cfr. Vanesa Aguirre Guzmán, “El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos”, en Foro, Revista del Área de Derecho de la Universidad Andina (No.14, II semestre 2010), 8. Las ideas de este párrafo también se han construido tomando en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional del Ecuador en las sentencia SCC N° 020-09-SEP-CC del
.
36
En materia ambiental, el derecho a tutela judicial ha sido definido como la
posibilidad de obtener una solución expedita y completa de parte de las autoridades
judiciales a un conflicto jurídico de naturaleza ambiental81. Por lo que se refiere a la
protección internacional del ambiente, el derecho a la tutela judicial efectiva en
materia ambiental encuentra su primera consagración normativa en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 199282
Al tratar sobre el principio enunciado, el Centro Ecuatoriano de Derecho
Ambiental menciona que el mismo se refiere al acceso a la justicia ambiental, lo cual
involucra entre otros aspectos la posibilidad de recurrir a un conjunto de
instrumentos, mecanismos y procedimientos judiciales hábiles, claros y suficientes
que permitan la aplicación de justicia en casos de litigio en materia ambiental
. Esta Declaración estableció
varios principios rectores en materia ambiental, entre los cuales se destaca el
principio No. 10 el cual promueve a que los Estados proporcionen a todos los
ciudadanos el acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos que
permitan prevenir y remediar los daños ocasionados a la naturaleza y al medio
ambiente.
83
Uno de los aspectos que podemos destacar de este principio es que el mismo prevé
como una garantía de la tutela ambiental la participación ciudadana pues promueve que el
Estado proporcione a todo ciudadano mecanismos procesales que permitan a aquellos exigir
de los órganos de justicia la protección medio ambiental
.
84
De igual manera, tenemos que recalcar que la Constitución del Ecuador ha
experimentado un avance ostensible en materia de la tutela ambiental, no solo porque
en el artículo 75 se reconoce el derecho a la tutela efectiva, sino también que en el
artículo 397 numeral 1 señala que cualquier persona natural o jurídica, colectividad o
.
13 de agosto del 2009; SCC N° 032-09-SEP-CC del 24 de noviembre del 2009 y SCC N° 016-10-SEP-CC y 041-10-SEP-CC. 81 Raúl Brañes, “El acceso a la justicia ambiental en América Latina”, en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Memorias de Simposio Judicial El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina (México D.F.:, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000), 40. 82 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 14 de junio de1992), principio 10. 83 Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Foro: “Principio 10” (Quito, 2 de junio de 2013), en http://www.ceda.org.ec/contenidos.php?menu=9&submenu1=31&idiom=1). 84 Ibídem.
37
grupo humano, puede ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental.
Es evidente entonces que una de las aristas de la tutela ambiental, que rebasa
el concepto tradicional de legitimación para así permitir un efectivo acceso a los
órganos jurisdiccionales y administrativos es el cambio en la concepción de la
legitimación activa para exigir el cumplimiento de los derechos ambientales y por
ende los derechos de la naturaleza.
Aunque la Constitución manifiesta que cualquier persona, colectividad o
grupo humano puede ejercer acciones legales en defensa de los derechos del medio
ambiente y la naturaleza, surgen un sinnúmero de dificultades de orden práctico las
cuales serán analizadas más adelante.
Otro aspecto que influye en la tutela judicial efectiva es la idoneidad de los
mecanismos procesales que se prevean para la protección del medio ambiente y la
naturaleza. Sobre este punto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (en adelante LOGJCC), en su considerando sexto menciona que para
la protección de los derechos del ser humano y la naturaleza deben existir recursos
sencillos y rápidos ante los jueces o tribunales competentes que les permitan amparar
a los seres humanos y a la naturaleza frente a actos u omisiones que amenacen o
violen sus derechos85
En esta misma línea se ha pronunciado la Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos, al manifestar que el derecho a un ambiente sano es parte del
sistema de protección de los derechos humanos y que, por lo tanto, constituye un
elemento de protección, garantía y satisfacción de parte del Estado, ya que éste tiene
que adoptar medidas concretas que tiendan a establecer mecanismos efectivos para
los casos en los cuales las personas o el propio estado atente contra este derecho
exista la posibilidad de exigir su reconocimiento y reparación
.
86
85 Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en Registro Oficial, Suplemento, No. 52 (Quito, 22 de octubre de 2009), considerando sexto. En adelante esta norma se cita LOGJCC.
86 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Acciones jurídicas para establecer responsabilidades por daño ambiental en el Ecuador (Quito: Comunicaciones INREDH, 2010), 3.
.
38
La Constitución de Ecuador en el artículo 395, tomando en cuenta que el
derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza son verdaderos
derechos constitucionales ha establecido varios principios para su protección pues
no cabe duda que la violación de estos derechos atenta directamente contra la
perturbación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más
fundamental de los seres humanos, la vida87
Ahora bien, para que las disposiciones establecidas en la Constitución sean
eficaces se requiere que las mismas sean plasmadas a nivel legislativo en normas
. Por su importancia, nos permitimos a
continuación detallarlos:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de
toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
De todas las consideraciones anotadas, se evidencia que la Constitución
adopta una posición garantista respecto de los derechos del medio ambiente y de la
naturaleza. Las normas ambientales constantes en la Constitución establecen sin duda
un hito importante en el avance de los derechos en materia ambiental. La
incorporación de principios y mecanismos para tutelar el medio ambiente y la
naturaleza cambian totalmente la concepción tradicional del derecho ambiental, pues,
la naturaleza pasa de ser considerada como un bien jurídico susceptible de protección
a ser concebida como un sujeto de derechos, es decir, va adquiriendo autonomía y
personalidad jurídica propia.
87 Óscar José Dueñas Ruíz, Acción y procedimiento en la tutela (Bogotá: Editorial Linotipia Bolívar, 1998), 217.
39
secundarias que desarrollen mecanismos procesales para su protección; analizaremos
a continuación, si los medios existentes son o no idóneos a los efectos previstos
constitucionalmente.
2. Mecanismos procesales para la tutela del medio ambiente
A nivel legislativo, en el Ecuador existen varias normas que regulan la
protección del ambiente. Por citar algunos ejemplos se encuentran el Texto
Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente,88 la Ley de Gestión
Ambiental,89 la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre,90 la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria,91 la Ley Orgánica
de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos,92 entre otras. Cabe acotar que
próximamente nuestro país contará también con el Código Orgánico del Ambiente el
cual se encuentra en la actualidad en trámite legislativo en la Asamblea Nacional93
.
De las normas citadas destacamos la Ley de Gestión Ambiental (en adelante
LGA) pues en ella se reconocen acciones para la protección del ambiente. En dicha
Ley se hace referencia a la acción popular y a la acción pública como mecanismos
procesales para denunciar la violación de los derechos ambientales en los campos:
constitucional, mediante acción de protección; civil, a través del juicio verbal
sumario; y, administrativo, con acciones administrativas.
Siguiendo este orden de ideas, el primer punto que se debe analizar es el
atinente a la acción popular y a la acción pública.
88 Ecuador, Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, en Registro Oficial, Suplemento, No. 2 (Quito, 31 de marzo de 2003). 89 Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, en Registro Oficial, Suplemento, No. 418 (Quito, 10 de septiembre de 2004). En adelante se cita esta norma como LGA. 90 Ecuador, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en Registro Oficial, Suplemento, No. 418 (Quito, 10 de septiembre de 2004).
91 Ecuador, Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en Registro Oficial, Suplemento, No. 583 (Quito, 5 de mayo de 2009). 92 Ecuador, Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos, en Registro Oficial, Suplemento, No. 520 (Quito, 11 de junio de 2015). 93 A la fecha de finalización de esta investigación el Código Orgánico del Ambiente cuenta con informe para primer debate aprobado por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional el 15 de julio del 2015.
40
2.1 Acción popular y acción pública
Al referirse a la acción popular la LGA expresa:
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a
través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a
quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas94
La acción popular, según lo señala la doctrina, es un medio procesal para la
protección de derechos e intereses colectivos que se ejerce para evitar un daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere
posible
.
95
Si se contrasta el texto de la norma con la definición doctrinal de acción
popular, se observa que la norma utiliza el término acción popular de forma
restringida. El texto legal hace alusión a la acción popular únicamente como un
medio de denuncia que tiene por fin establecer responsabilidades. Sin embargo, a
nivel doctrinal y de la legislación de otros países —como por ejemplo Brasil
.
96 y
Colombia97
Además de hacer mención a la acción popular, la LGA consagra la acción
pública. En relación a ella manifiesta: “con el fin de proteger los derechos
— el término acción popular comporta muchos aspectos que no se agotan
en una simple facultad de denuncia. La acción popular involucra la protección de
derechos colectivos mediante su prevención, protección y restauración.
94 LGA. art. 28. 95 Enrique Santander Mejía, Instituciones del derecho ambiental (Bogotá: Ecoe Ediciones, 2002), 199 96 En Brasil, el artículo 5 de la Ley No 7347 de 1985 incluye a la acción popular para “anular un acto lesivo para el patrimonio público, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico o cultural”. Dicha ley regula la acción civil de responsabilidad por daños causados al medio ambiente, al consumidor, los bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico y paisajístico, es tal vez el mecanismo más importante que regula dicha acción aunque existen otros como la Ley 4717 de 1965 y el Código de Procedimiento Civil de 1976 . Finalmente cabe añadir que en el Código del Proceso Civil brasileño (aprobado como Ley 13.105, el día 16 de marzo de 2015) no consta ninguna disposición relacionada a esta acción. 97 En Colombia, el artículo 88 de su Constitución establece que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica”. Por su parte, la Ley 472 de 1998 desarrolla la acción popular de modo completo.
41
ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas
naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de
medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional”98
Al observar con atención las normas en las que constan la acción popular y la
acción pública, se advierte que la LGA emplea los términos acción popular y acción
pública como sinónimos por cuanto ambos términos son utilizados para designar a
una facultad de denuncia en materia ambiental. Por este motivo, René Bedón con
acierto menciona que el problema de estas disposiciones es que los términos “acción
pública” y “acción popular” se interpretan de la misma forma y aluden a una
denuncia o facultad de queja; con lo cual se desconoce las características de la
institución jurídica “acción popular”
.
99
Respecto de este asunto, es de importancia trascendental mencionar que las
normas antes señaladas han sido reformadas por el Código Orgánico General de
Procesos (en adelante COGEP)
.
100
Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, las
personas naturales, jurídicas o grupo humano, podrán denunciar la violación de las normas de
medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la
Constitución de la República
de la siguiente manera:
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a
través de los mecanismos que para el efecto establezca el reglamento, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de
asociación entre el sector público y el privado. Las personas podrán denunciar a quienes
violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas.
101
98 LGA, art.41 99 René Bedón Garzón, “Aspectos procesales relativos al daño ambiental en el Ecuador” en Gabriela Muñoz y María Eugenia Hidalgo editoras, Ecuador Ambiental 1996-2011: Un recorrido propositivo (Quito: CEDA, 2011), 75. 100 El Código Orgánico General de Procesos regula la actividad procesal en todas la materias excepto en materia constitucional, electoral y penal. Este Código ha sido publicado en el Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015. Sin embargo todavía no entra en vigencia ya que por Mandato de la Disposición Final Segunda, el Código entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses contados a partir de su publicación en el Registro Oficial. 101 Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, en Registro Oficial, Suplemento No. 506 (Quito: 22 de mayo de 2015), Disposición Reformatoria Décimo Séptima. En adelante se cita esta norma como COGEP.
.
42
En la reforma que realiza el COGEP se eliminan los términos acción popular
y acción pública. No obstante, este cuerpo normativo mantiene el criterio por el cual
se concede a las personas naturales y jurídicas la facultad de denunciar la
transgresión de las normas ambientales. Por lo tanto, se puede decir que no existe un
avance significativo en lo que respecta a la exigibilidad de los derechos ambientales
a nivel procesal. La normativa ecuatoriana, en lugar de precisar el concepto de acción
popular y con ello establecer un mecanismo eficaz para la exigibilidad de los
derechos ambientales, elimina dicho término, desconociendo de esta forma el
postulado constitucional por el cual se concede acción popular a las personas naturales,
jurídicas, colectividades y grupos humanos para exigir la protección de derechos de la
naturaleza y del medio ambiente.
Una vez efectuado este breve análisis sobre la acción popular y la acción
pública, es necesario referirse a las acciones constitucionales, civiles y
administrativas que prevé la LGA.
2.2 Acción constitucional
La LOGJCC en el artículo 1, señala que “Esta ley tiene por objeto regular la
jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos
reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía
constitucional”102
Para garantizar judicialmente los derechos constitucionales, se establecen las
garantías jurisdiccionales las cuales tienen por “finalidad la protección eficaz e
inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios
derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación y
finalidad de prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho”
.
103
En este orden de ideas, en el ordenamiento jurídico del Ecuador existen seis
garantías jurisdiccionales para la protección de los derechos constitucionales. La
.
102 LOGJCC, art. 1. 103 LOGJCC, art. 6.
43
acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción
de acceso a la información pública, la acción por incumplimiento y la acción
extraordinaria de protección.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos manifiesta que
estas garantías pueden ser dividas en: i) garantías que protegen todos los derechos
(Acción de Protección104); ii) las que protegen a la libertad (Hábeas Corpus105); iii)
las que protegen el acceso a la información pública (Acción de Acceso a la
Información Pública106); iv) las que protegen la intimidad (Hábeas Data107); v) las
que protegen la eficacia del sistema jurídico (Acción por Incumplimiento108); y, vi)
las que protegen derechos constitucionales de las violaciones por sentencias o
resoluciones judiciales con efecto de cosa juzgada (Acción Extraordinaria de
Protección109)110
A partir de la división anteriormente realizada se puede sostener que, en
materia de derechos de la naturaleza, la garantía jurisdiccional que permite su tutela
es la acción de protección, puesto que, esta acción tiene “por objeto el amparo
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos
Internacionales sobre Derechos Humanos”
.
111
104 CRE, art. 88.
105105 CRE, art. 89.
106 CRE, art. 91.
107 CRE, art. 92.
108 CRE, art. 93.
109 CRE, art. 94.
110 Fundación Regional de Asesoría en derechos humanos, Acciones judiciales para establecer responsabilidades por daño ambiental, 109. 111 LOGJCC, art. 39
, es decir, la acción de protección tutela
todos los derechos establecidos Constitución por lo que, lo derechos de la naturaleza
no escapan de su ámbito de protección pues son también derechos de rango
constitucional.
Es por eso que, corresponde analizar los principales aspectos de la acción de
protección en materia de derechos de la naturaleza.
44
Con respecto a la legitimación activa la Constitución determina que
“cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
presentar las acciones previstas en la Constitución112
Sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional contraviniendo una norma expresa de la Constitución que determina
que la ley no puede exigir más condiciones o requisitos para ejercer los derechos y
las garantías
”. De acuerdo a la lectura del
texto constitucional para la presentación de garantías jurisdiccionales no se requiere
el ser titular del derecho o el comparecer con poder o representación.
113
Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación
de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la
violación al derecho produce
establece:
“Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y
esta ley, podrán ser ejercidas:
a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o
amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de
representante o apoderado; y,
b) Por el Defensor del Pueblo.
114
Es decir, como lo señala Ramiro Ávila, el actio popularis que reconoció la
Constitución se redujo a la concepción clásica del derecho subjetivo
”.
115
112 CRE, art. 86 numeral 1.
113 CRE, art. 11 numeral 3.
114 LOGJCC, artículo 9.
115 Ramiro Ávila Santamaría, “Del amparo a la acción de protección jurisdiccional” en Dunia Martínez Molina, Genealogía de la justicia constitucional ecuatoriana, (Quito, Corte Constitucional para el Período de Transición, 2012) 237.
con lo que
concluimos que la acción de protección, por restricción legal no es amplia y sin
condicionamiento con lo cual no se adecua a las nuevas concepciones del concepto
de legitimación en materia ambiental, que las detallaremos más adelante, por ahora
basta resaltar que no se requiere demostrar un interés directo.
45
En lo que tiene relación al procedimiento, la acción de protección deberá
seguir el trámite descrito en los capítulos I y III de la LOGJCC. En este trámite se
prevé para el caso de derechos de la naturaleza el principio de la inversión de la
carga de la prueba, esto significa que, el demandado se encuentra en la obligación de
desvirtuar los argumentos afirmados por el actor, por cuanto, para la ley lo que
afirma el actor se presume como cierto.
En este punto la LOGJCC, con acierto menciona “En los casos en que la
persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate
de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza”116
La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho
violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca
a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la
restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la
satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad
competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas
públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud
.
Luego del trámite correspondiente, el juez que conoce de la acción de
protección emitirá sentencia en la que, en caso de constatar la vulneración de
derechos deberá declararla y ordenar la reparación integral. Esta reparación deberá
incluir los medios adecuados para el resarcimiento del daño material e inmaterial. La
LOGJCC, al respecto señala:
117
La conclusión general es que la reparación integral desde el enfoque garantista,
consagrado en la Constitución y la legislación que la desarrolla, no opera adecuadamente. El
problema según demuestra la presente investigación, radica en que los jueces encargados de
administrar justicia, todavía miran el tema de la reparación desde una perspectiva tradicional
patrimonialista o pecuniaria de la responsabilidad
.
Sobre la reparación integral, Claudia Storini y Marco Navas con acierto
señalan que:
118
116 LOGJCC, art. 16, inciso final. 117 Ibíd., art.18
118 Claudia Storini y Marco Navas Alvear, La acción de protección en Ecuador. Realidad jurídica y social, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013), 178.
.
46
De ahí que, basados en la efectividad119
Apoyados en el criterio que los derechos de la naturaleza requieren
prevención antes que reparación consideramos que las medidas cautelares
constituyen una importante herramienta que permite la protección de los derechos de
la naturaleza por cuanto su objetivo es evitar o cesar la amenaza o violación de los
derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre
derechos humanos
como principio rector de la tutela
jurisdiccional de derechos, el componente de reparación integral de las garantías
jurisdiccionales frente a la vulneración de los derechos de la naturaleza resulta aún
insuficiente primero si consideramos que dichos derechos requieren en esencia de
prevención antes que reparación y segundo si tomamos en cuenta que la reparación a
los daños de la naturaleza implica diversas actividades que no se agotan con una
indemnización económica y que demandan por parte de los operadores judiciales un
conocimiento específico de la materia ambiental.
120
La tramitación de las medidas cautelares se basará en los procedimientos
comunes de las garantías y principios rectores contenidos en la LOGJCC con las
particularidades propias de la naturaleza de la garantía; así la audiencia será de
manera excepcional para garantizar la celeridad, las notificaciones se realizarán
después de la concesión de la medida cautelar, y pueden ser objeto de revocatoria
cuando el juez considere que ha cesado la amenaza o vulneración de derechos
.
121
El hecho que las medidas cautelares se basen en los procedimientos comunes
de las garantías y principios rectores contenidos en la LOGJCC significa que en la
tramitación de las medidas cautelares se tendrá que aplicar la regulación legal de la
.
119 Storini y Navas consideran a la efectividad como principio rector de la tutela jurisdiccional de derechos y la definen como “La capacidad de las normas de conseguir el objetivo pretendido, es decir el grado de aplicación real de las normas por los órganos competentes y su cumplimiento por parte de los destinatarios”. Ibíd. 51.
120 LOGJCC, art. 26.
121 Christian Masapanta Gallegos, “Las medidas cautelares en la realidad constitucional ecuatoriana: eficacia en su aplicación y efectividad de la garantía” en Jorge Benavides Ordóñez y Jhoel Escudero Soliz, coordinadores, Manual de justicia constitucional ecuatoriana, (Quito, Corte Constitucional del Ecuador, 2013), 271.
47
legitimación activa que como se estableció anteriormente no guarda coherencia con
la Constitución ni con la protección de los derechos de la naturaleza.
Para corroborar lo manifestado en este apartado a continuación analizaremos
la primera acción de protección en defensa de los derechos de la naturaleza en el
país, (juicio No. 11121- 2011-0010)122
a) Hechos del caso
.
En el año 2008, el Gobierno Provincial de Loja a través de la Empresa Pública
Vial Sur, emprendió la obra de ampliación de la carretera Vilcabamba-Quinara, sin
realizar previamente el estudio de impacto ambiental ni contar con la licencia
ambiental aprobada por la autoridad ambiental (en este caso la autoridad competente
era el Ministerio del Ambiente).
Al realizar la ampliación de la carretera se comenzó a depositar a orillas del
río Vilcabamba piedras y material de excavación provocando graves daños a la
naturaleza, especialmente al río, en particular a su cauce.
Es por eso que en el año 2010, los ciudadanos extranjeros Richard Frederick
Wheeler y Eleanor Geer Huddle, residentes en las orillas del río Vilcambamba,
decidieron iniciar una acción de protección por la vulneración de los derechos de la
naturaleza.
b) Decisiones judiciales
Primera instancia: El 15 de diciembre del 2010, la Jueza Tercera de lo Civil
de Loja negó la acción de protección argumentando falta de legitimación pasiva en el
caso.
Segunda Instancia: El 30 de marzo del 2011, la Sala Penal de la Corte
Provincial de Loja resolvió el recurso de apelación presentado. Los jueces
determinaron que sí existió violación de los derechos de la naturaleza y para ello
consideraron principalmente lo siguiente: 122 Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Loja, sentencia dictada el 30 de marzo del 2011 en la acción de protección No. 11121-2011-0010, (Quito 20 de octubre del 2015) en http://consultas.funcionjudicial.gob.ec:8080/eSatje-web-info/public/informacion/informacion.xhtml;jsessionid=3uoCzDzlXP9mlQMBXRm6KEEJ
48
- Que no existía falta de legitimación pasiva puesto que el demandado había
sido citado adecuadamente.
- Que la acción de protección era la única vía idónea y eficaz para proteger
los derechos de la naturaleza, especialmente por existir un daño
específico.
- Se hace referencia al principio de inversión de la carga de la prueba y los
jueces consideraron que los accionantes no debían probar los perjuicios
sino que el demandado estaba en la obligación de aportar pruebas respecto
a la inocuidad contra el ambiente de las actividades de apertura de la
carretera.
- Calificaron como inaceptable el hecho que el Gobierno Provincial de
Loja haya incumplido la obligación de obtener una licencia ambiental
para la ampliación de la vía ante el Ministerio de Ambiente.
En sentencia se resolvió:
- Aceptar el recurso planteado y revocar la sentencia impugnada declarando
que la entidad demandada está violentando el derecho que la Naturaleza tiene de que
se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
- Ordenar que el Gobierno Provincial de Loja, en el término de cinco días,
inicie el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones que el
Subsecretario de Calidad Ambiental le ha hecho mediante oficio No. MAE-SCA-
2010-1727, dirigido al señor Prefecto Ing. Rubén Bustamante Monteros, y que
constan en el considerando décimo de esta sentencia, caso contrario este Tribunal
con la facultad que le otorga el cumplimiento de las sentencias se verá en la
obligación de suspender la obra.
- De conformidad al Art. 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, delegar el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia
al Director Regional de Loja, el Oro y Zamora Chinchipe del Ministerio del
Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo de Loja, quienes informarán periódicamente
49
a esta Sala sobre tal cumplimiento y podrán deducir las acciones que sean necesarias
para cumplir esta delegación.
- Ordenar que la entidad demandada pida disculpas públicas por iniciar la
construcción de una carretera sin contar con el licenciamiento ambiental. Deberá
hacerlo mediante publicación en un diario de la localidad, en un cuarto de página.
c) Ejecución de la sentencia
La primera sentencia que reconoce la vulneración de los derechos de la
naturaleza aún no ha sido ejecutada integralmente hasta la fecha de finalización de
esta investigación. Tal es así que el año 2013 los actores de la acción de protección
presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional la cual aún
no ha sido resuelta.
d) Consideraciones del caso
Resaltamos la importancia del caso al ser el primero en el mundo en el que se
declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza.
Con respecto a la actuación en primera instancia se resalta que la jueza se
limitó a emitir un auto inhibitorio dejando de lado el análisis de fondo que era la
vulneración de los derechos de la naturaleza.
Reconocemos que en materia constitucional la acción de protección es la
única vía idónea y eficaz para proteger los derechos de la naturaleza.
En el tema procesal lamentamos que en la sentencia no se realice ninguna
consideración sobre la legitimación activa puesto que como lo hemos establecido en
este acápite la legitimación que regula la LOGJCC no se adecúa a los estándares de
protección ambiental.
Sobre la reparación integral que ordena la sentencia comprobamos que el
desconocimiento de los jueces de materia ambiental hace que no se ordene medidas
de reparación efectiva como la suspensión inmediata de las actividades
contaminantes, la reparación a los daños producidos al río Vilcabamba en lo que
fuera posible.
50
Sobre la prevención comprobamos que el caso de afectación a los derechos de
la naturaleza y concretamente los derechos del río Vilcabamba llega a judicialización
a través de la acción de protección cuando lamentablemente la afectación al río se
realizó con lo que comprobamos que la acción de protección no cumple eficazmente
con el principio de prevención.
Resulta preocupante también el hecho de comprobar que desde el año 2010 en
el que se presentó la acción de protección hasta ahora el año 2015 los derechos del
río Vilcabamba aún no han sido reparados a cabalidad. En este punto vale la pena
destacar, como lo analizaremos más adelante que la acción de popular como vía
idóneo la protección de derechos de la naturaleza presenta mecanismos como pactos
de cumplimiento y comité de seguimiento para evitar que las decisiones judiciales
sean incumplidas.
Sobre el tema del desconocimiento judicial también resaltamos que en
primera instancia el desconocimiento de la operadora judicial de turno dio paso a que
se emitiera una decisión sin analizar la vulneración de los derechos de la naturaleza.
De ahí que, sobre la capacitación en materia ambiental, el propio Consejo de la
Judicatura “indica que no se ha realizado capacitaciones sobre temas ambientales
en los últimos tres años”123
. Por lo que este caso también evidencia la importancia de
contar con instancias judiciales especializadas y conformadas por operadores de
justicia con experiencia en la defensa de los derechos de la naturaleza.
Finalmente en base a lo señalado en este acápite, podemos afirmar que la
acción de protección y las medidas cautelares en materia constitucional no son
mecanismos del todo idóneos para la protección de los derechos de la naturaleza por
cuanto están diseñados para la protección de derechos netamente individuales y su
regulación no permite la protección integral de los derechos colectivos puesto desde
su regulación legal, por ejemplo, mantienen presupuestos como la legitimación 123 Oficio de Consejo de la Judicatura de Transición N° 275-CJT-EJ-PU de 26 de marzo del 2012 en Sofía Suárez, Defendiendo la naturaleza: Retos y obstáculos en la implementación de los derechos de la naturaleza. Caso río Vilcabamba, (Quito 20 de noviembre del 2015) en http://www.ceda.org.ec/wp-content/uploads/2014/05/LIBRO_defendiendo_a_la_naturaleza.pdf ,11.
51
activa en sentido restringida limitada a las personas a quienes sean víctimas directas
o indirectas de la violación de derechos” lo cual no mantiene concordancia con la
norma constitucional ni con la materia ambiental. Además, desde el punto de vista de
la efectividad como principio rector de las garantías jurisdiccionales se requiere
operadores judiciales con conocimientos específicos en temas ambientales a fin de
que las decisiones que expidan protejan efectivamente a la naturaleza.
2.3 Acción civil
En el ámbito civil, la LGA consagra la vía verbal sumaria como uno de los
medios para la protección de los derechos ambientales. Por ser necesario explicar el
contenido normativo, nos permitimos transcribir el texto del artículo:
Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común
y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez
competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio
ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.
Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al
responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente
afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al
responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a
favor del accionante.
Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad
directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el
pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las
labores de reparación conforme a esta Ley.
Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se
tramitarán por la vía verbal sumaria124
La acción civil, conforme lo establece el artículo descrito, es de carácter
reparatorio, no preventivo. Para su interposición, la norma exige que se hayan
producido daños en la salud, en el medio ambiente, o en la biodiversidad. La
reparación que ofrece esta norma es de tipo económico; consiste en indemnizar en
.
124 COGEP, art. 43
52
dinero a las personas que, como resultado de la afectación del ambiente fueron
perjudicadas en sus derechos. Por lo tanto, se puede decir que la reparación
ambiental en el campo civil ha sido concebida desde un enfoque individualista por
cuanto su objeto es la reparación económica de los derechos de las personas. La
reparación civil, en este sentido, no busca o más bien es insuficiente y por ende
resulta ineficaz cuando se trata de reparar los daños causados a los derechos
ambientales, mirando únicamente un aspecto parcial del problema.
En este aspecto, coincidimos con el criterio expuesto por la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos en el que manifiesta:
[…] Se ha discutido mucho respecto si la demanda por daños y perjuicios es una
acción idónea para reparar los daños causados. A primera vista resulta imposible pensar
aquello, debido a que el objetivo de esta acción es determinar los montos por los daños
ocasionados, en los cuales se incluyen los montos que deberán satisfacer la recuperación de la
naturaleza. El avance de la jurisprudencia a nivel del sistema Interamericano y de la
legislación ecuatoriana, en la cual ya se ha establecido los derechos de la naturaleza, hace
repensar la finalidad de esta Acción. Esta crítica se genera debido que la legislación avanza
hacia la determinación de la reparación integral, es decir aquella que no sólo atienda a lo
económico y ambiental, sino que considere en la Sentencia, variables como: la garantía de no
repetición de los hechos, disculpas públicas de parte del contaminador, medidas de educación
ambiental, difusión pública de la sentencia, etc. […]125
125Fundación Regional de Asesoría en derechos humanos, Acciones jurídicas para establecer responsabilidades por daño ambiental, 228.
.
Un serio problema se presenta en cuanto al procedimiento que deben seguir
las demandas por afectación al ambiente puesto que como lo señalamos
anteriormente, el artículo 43 de la LGA dispone que estas acciones se tramiten por la
vía verbal sumaria.
Hay que hacer notar que el COGP eliminó la vía verbal sumaria, y en su texto
no establece ninguna acción específica para las demandas por afectación ambiental.
Además dicha omisión legislativa tampoco es subsanada en el texto para el
primer debate del Código Ambiental debido a que el artículo 267 de dicha norma
establece:
53
“Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, se presentará de
conformidad con la ley la acción civil correspondiente para obtener la reparación integral
tendiente a revertir los daños o pasivos ambientales y sociales de parte del responsable
siempre y cuando no hayan sido reparados”.
Tan solo de modo general, la Disposición Reformatoria del COGEP sustituye
en todas las disposiciones legales o reglamentarias vigentes (en las que se incluye la
LGA) el juicio verbal sumario por el procedimiento sumario. Esta norma se
complementa con el artículo 332 numeral 1 del COGEP que señala que “Se
tramitarán por el procedimiento sumario: 1. Las ordenadas por la ley”. Con lo que
queda claro que en Ecuador, por disposición del COGEP, las demandas por
afectación ambiental se tramitarán en base al procedimiento sumario.
Con la identificación del procedimiento que deberán seguir estas demandas se
abre una nueva arista en la discusión debido a que de acuerdo al artículo 333 numeral
4 del COGEP este procedimiento “Se desarrollará en audiencia única, con dos fases,
la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la
segunda, de prueba y alegatos”. La interrogante que surge es si la “audiencia única”
será suficiente para que los operadores de justicia conozcan a la cabalidad los hechos
controvertidos y puedan resolver adecuadamente problemas ambientales de gran
complejidad.
En cuanto a la competencia debemos señalar que a través del COGEP se
eliminó el artículo Art. 42 de la LGA que en lo principal reconocía a modo de
competencia funcional que la Corte Provincial debía conocer las acciones de daño
ambiental puesto que el artículo eliminado manifestaba “el Presidente de la Corte
Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental será el competente
para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma”.
A nuestro criterio dicha norma no era el instrumento más adecuado para
tramitar este tipo de demandas puesto que atribuía toda la carga procesal de
complejos casos a una sola persona con lo que no se garantizaba aciertos. El ejemplo
más palpable de lo dicho es la sentencia en contra de la compañía transnacional
54
Chevron Corporation126. Mucho se puede decir sobre el tema, por ahora basta
señalar que en dicha caso los demandantes han pedido la homologación de dicha
sentencia ante la justicia brasileña y en mayo de este año el Subprocurador General
de la República de Brasil recomendó no homologar dicha sentencia por considerar
que la misma fue dictada de manera irregular127
En la actualidad al haberse eliminado la competencia funcional del Presidente
de Corte Provincial, una vez que entre en vigencia el COGEP, para la tramitación de
estas causas la competencia en primera instancia será del juez civil donde tenga su
domicilio la persona demandada
.
128
Además la ley reconoce las características propias de la naturaleza y señala
que no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida
.
Por otro lado, también es justo resaltar que el COGEP mantiene disposiciones
específicas y acertadas para las demandas por daño ambiental. Así el artículo 30
numeral 4 establece como sujeto procesal a la naturaleza. Además establece tres
artículos que regulan la representación de la naturaleza (artículos 38, 39 y 40). De
estos artículos vale la pena mencionar que en consonancia con la Constitución, estas
normas señalan que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona
natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo, quien además podrá
actuar por iniciativa propia.
129
También consideramos apropiado que el COGP regule de forma distinta a las
acciones por daño ambiental y las producido a las personas o a su patrimonio como
consecuencia y que establezca que las mismas se ejercerán de forma separada e
independiente
.
130
126 Sentencia dictada el 14 de febrero del 2011 en contra de la compañía transnacional Chevron Corporation por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos dentro del juicio verbal sumario N° 174-2011.
127 El pronunciamiento del Subprocurador General de Brasil motivó la Resolución de la Asamblea Nacional del Ecuador emitida el 02 de junio del 2015 en la sesión de Pleno N° 331 (Quito, 20 de agosto del 2015) en .http://www.asambleanacional.gob.ec/es/legislamos/resoluciones.
128 COGEP, art. 9
129 COGEP, art. 38.
debido a que, como se dijo anteriormente, la reparación a los daños
130 Ibid.
55
de la naturaleza implica diversas actividades que no se agotan con una
indemnización económica.
Sobre este mismo punto, el COGEP reconoce que si por aplicación de otras
leyes se hubiera conseguido prevenir, evitar, remediar, restaurar y reparar los daños
ambientales, no será necesario tramitar las acciones por daño ambiental131
También destacamos que para evitar el abuso de los ciudadanos que instauran
esta acción el COGEP regula la prohibición de la doble recuperación de
indemnizaciones si los terceros afectados han sido reparados a través de la acción de
daños ambientales
.
132
.
En lo concerniente a la prueba, el COGEP en su artículo 169 regula que “En
materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real
recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado”. Dicha regulación es
acertada puesto que mantiene consonancia con el artículo 397 numeral 1 de Carta
Magna del cual deriva dicho principio.
Como podemos advertir de lo dicho el panorama procesal para interponer
demandas por daño ambiental es confuso, considero que pese a las acertadas
disposiciones específicas que contempla el COGEP para la tramitación por demandas
por daño ambiental las mismas no son suficientes puesto que con el establecimiento
legislativo, de modo general, del procedimiento sumario para este tipo demandas se
podría concluir que en Ecuador los mecanismos procesales se alejan aún más de
cumplir su función de efectivizar los derechos de la naturaleza puesto que por su
propia naturaleza jurídica, el procedimiento sumario es de tinte individualista por lo
que en nuestro país resulta apremiante una regulación de un procedimiento específico
para efectivizar los derechos de la naturaleza que reúna principios procesales propios
para la defensa de derechos colectivos.
2.5 Acciones penales
131 COGEP, art. 39.
132 COGEP, art. 40.
56
El capítulo IV del COIP, entre los artículos 245 a 267, tipifica los delitos
contra el ambiente y la naturaleza. Entre ellos están los delitos contra la
biodiversidad, contra los recursos naturales, contra la gestión ambiental y contra los
recursos naturales no renovables.
Consideramos que el COIP concuerda con lo dispuesto por la Constitución al
señalar que las acciones legales originadas por los daños ambientales son
imprescriptibles en la acción y en la pena. Al respecto manifiesta: “Las infracciones
de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra,
desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento
ilícito y las acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la
acción como en la pena”133
“Medida de protección específica para el caso de los delitos ambientales:
Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando al ambiente
cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin
perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en materia ambiental”
.
En el COIP a nivel procesal penal las normas específicas sobre la protección
al ambiente y a la naturaleza son las siguientes:
134
Además se regula como medidas cautelares sobre los bienes lo siguiente “En
los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y los casos determinados
en este Código, la o el juzgador, de ser procedente, ordenará la incautación, la
inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su naturaleza cause
daño ambiental o sea de difícil movilidad”
.
135
“Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e
. Consideramos que esta norma es muy
útil por cuanto regula una situación que es muy común en esta clase de delitos, la
utilización de maquinaria pesada que causa daño al ambiente.
Resulta novedoso y adecuado también como el COIP regula la obligación de
restauración y reparación de modo específico para los derechos de la naturaleza
señalando lo siguiente:
133 Ibíd. art. 16 numeral 4. 134 COIP, artículo 558 numeral 10. 135 COIP artículo 551.
57
indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha
responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona
natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño”136
.
Pese a que el COIP es una norma promulgada con posterioridad a la
Constitución, como podemos evidenciar del análisis de las normas sustantivas y
procesales penales relativas a la protección al medio ambiente, existe muy poca
regulación específica sobre el tema. Ante lo dicho, si bien reconocemos por un lado
los avances específica en la materia (como la amplia tipificación de delitos
ambientales, el establecimiento de medidas cautelares, y medidas de protección
específicas), por otro lado consideramos que dicha regulación resulta aún insuficiente
para la plena protección a la naturaleza en el ámbito penal.
Finalizamos este acápite sobre los mecanismos procesales de la tutela al
medio ambiente señalando que en su mayoría los enunciados constantes en la
legislación secundaria no guardan coherencia con los postulados establecidos en la
Constitución. Razón por la cual las acciones que en ella se consagran resultan
inadecuadas e insuficientes para tutelar los derechos ambientales en el nuevo
paradigma que la Constitución del Ecuador prevé para los derechos ambientales.
Todos estos aspectos, convierten en necesaria la expedición de una nueva normativa
en el campo ambiental. Una normativa que, acorde con la Constitución, establezca
principios y mecanismos procesales que permitan la tutela efectiva de los derechos
de la naturaleza.
A continuación trataremos uno de los aspectos procesales más problemáticos
de la legislación en materia ambiental que es la legitimación.
3. Legitimación en materia ambiental
El tema de la legitimación en materia ambiental debe partir de la idea que
para la protección del derecho constitucional al disfrute del ambiente sano (con sus
diversas modalidades) se ha aplicado el siguiente principio “no se requiere relación
136 COIP, artículo 257.
58
o situación jurídica alguna con el objeto de protección, que instruye el derecho
ambiental, para poder constituirse como parte”137
La discusión que gira en torno a la legitimación es dilucidar si es necesario
contar con un derecho subjetivo o si por el contrario basta con mostrar un interés
legítimo para accionar y exigir la tutela del ordenamiento
.
138
Al respecto cabe señalar que la doctrina ambiental es coincidente en afirmar
que se requiere contar con un interés legítimo para accionar conocido como interés
difuso
.
139. El interés legítimo se lo designa como un interés individual estrictamente
vinculado a un interés público, protegido por el ordenamiento solo mediante la tutela
jurídica de este último interés140
3. 1 Sobre la legitimación procesal
.
Cabe agregar que los intereses difusos presentan dos cuestiones importantes
en esta materia. En primer lugar, la característica del bien jurídico tutelado y su
naturaleza; y en segundo lugar, lo relacionado con la legitimación. Sobre el primer
punto, la naturaleza del bien jurídico protegido en materia ambiental es difusa puesto
que el daño a la naturaleza nos afecta a cualquier persona como miembro de la
sociedad por lo que es aceptado que cualquier persona presente su reclamo judicial
por afectación al ambiente; además la naturaleza no tienen una característica
apropiable, exclusiva solo para una persona o para un determinado grupo.
La legitimación será abordada a continuación en el acápite siguiente por ser
uno de los temas medulares en la defensa de derechos colectivos; se desglosarán los
elementos que caracterizan a la protección judicial de dichos derechos y se verificará
como su naturaleza jurídica ha ido evolucionando.
Desde mediados del siglo pasado la institución procesal de la legitimación
fue concebida como un modo de ser jurídico (ser parte, ser acreedor); por eso se la 137 Liliana Arrieta Queza, “Legitimación Procesal en el Derecho ambiental” en Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, Tomo VI (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005), 18. 138 Ibíd. 139 Cfr. Wendy Martínez Mejía, Intereses Difusos y Colectivos en el derecho Penal ambiental en (Quito, 01 de mayo del 2015) en http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_penal_ambiental/28.pdf, 27. 140 Jorge Mosset Iturralde, Daño Ambiental, (Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000), 236.
59
define como la pertenencia al actuante de una relación jurídica por la cual a un
determinado acto le es atribuido (legitimación positiva) o negado (legitimación
negativa)141
Posteriormente, Couture define a la legitimación como un derecho sustancial
que implica la titularidad del derecho que se cuestiona. En este punto se distingue por
un lado la legitimación sustancial, o titularidad del derecho que está cuestionado
(parte en sentido sustancial) y por otro lado el ejercicio directo de ese derecho en el
proceso o la legitimación procesal (parte en sentido procesal)
.
142
Al hablar de legitimación procesal, debemos partir de una idea central, y es
que dicha institución se encuentra en constante transformación y son múltiples y
variadas las soluciones que los ordenamientos jurídicos van dando a las nuevas
necesidades que presenta la realidad social
.
143
En este punto se ha señalado como uno de los cambios sociales más
profundos el paso de una consideración individual de las relaciones jurídicas, y con
ellas del proceso, a otra, en la que cada día adquiere mayor trascendencia las
relaciones que provisionalmente podemos denominar colectivas
.
144
Conforme lo señala Joaquín Silguero existen tres modelos de legitimación
para la defensa de estos intereses: orgánico privado, orgánico público, y social
.
Es necesario recalcar que desde la década del 70 del siglo pasado ha
aumentado la preocupación por la tutela de este tipo de intereses colectivos y de los
entes que representan, entre ellos los grupos.
145
141 Francesco Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil (Buenos Aires, Ediciones Europa- América, 1954), 465. 142 Eduardo J. Couture, Estudios, ensayos y lecciones de derecho procesal civil (México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001), 172. 143 Andrea Mero, El Derecho de defensa y la legitimación activa en las pretensiones colectivas, (Bogotá, 10 de mayo del 2015) en http://www.institutoderechoprocesal.org/upload/biblio/contenidos/Ponencia_XX_Encuentro_IPDP__AMeroi_1.pdf , 9. 144 Juan Montero Aroca, Le legitmation Colectiva (Valencia, Tirant lo Blanch, 2000), 44 145 Joaquín Silguero Estagnan, La Tutela Jurisdiccional de los Intereses Colectivos a través de la legitimación de los grupos (Madrid, Dykinson, 1995), 190.
.
60
Modelo individual: El ordenamiento jurídico reconoce que cualquier ciudadano/a
puede en nombre propio y en uso de su derecho de acceso a la justicia de un interés
que tiene por objeto un bien o disfrute supraindividual.
Modelo orgánico privado: La legitimación se extiende a sujetos privados colectivos,
aunque el objeto del proceso no se refiera a derechos o intereses que le sean propios.
Modelo orgánico público: La legitimación se extiende a instituciones públicas en
algunos casos especializados en la defensa de intereses colectivos y difusos.
Modelo social: Este modelo es propio de Estados Unidos de América. La
legitimación se otorga a un grupo o clase pese a carecer de toda personalidad
jurídica.
3.2 La conceptualización de la legitimación en Ecuador
La Constitución ecuatoriana en su Art. 399 señala: “El ejercicio integral de la
tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su
preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión
ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. En esta
misma línea el el Art. 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Joaquín Silguero en torno a los
procesos de legitimación para la defensa de intereses colectivos, en Ecuador la
legitimación para la defensa de los derechos de la naturaleza, se sigue el modelo
individual y orgánico privado conforme al artículo 71 y el modelo orgánico público,
conforme al artículo 399 de la Constitución.
El cuanto a la legislación secundaria destacamos que, en consonancia con el
contenido referido de la Constitución, el novísimo Código Orgánico General de
61
Procesos en su artículo 38 regula a la legitimación en materia ambiental de la
siguiente manera: “La naturaleza podrá ser representada por cualquier persona
natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo, quien además podrá
actuar por iniciativa propia (…)”.
No obstante, en la Ley de Gestión Ambiental se presentan contradicciones en este
tema puesto que el artículo 43 menciona “Las personas naturales, jurídicas o grupos
humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u
omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la
biodiversidad con sus elementos constitutivos”.
Al respecto, es necesario puntualizar que el contenido de esta norma es
contrario a lo que dispone la Constitución puesto que como lo explicamos
anteriormente la Constitución consagra una legitimación en sentido amplio y sin
condicionamientos mientras que el contenido de esta normativa secundaria
condiciona el ejercicio de la acción civil a la existencia de un interés común y a la
afectación directa.
La Corte Constitucional ecuatoriana ha expresado lo siguiente:
“[…] En vista de que existe Acción Pública que otorga la facultad a cualquier persona para
presentar acciones por daño ambiental, estas no requieren demostrar un interés directo en la acción,
pues ha de entenderse que los derechos ambientales son difusos, por lo tanto cualquier persona al otro
extremo de la ciudad puede sentirse afectada por la acción contaminante”146
146 Fundación Regional de Asesoría en derechos humanos, Acciones judiciales para establecer responsabilidades por daño ambiental, 228.
.
En consecuencia, mientras que la Constitución establece una legitimación
activa amplia en materia de acciones legales, la LGA restringe esta posibilidad a las
personas vinculadas por un interés común y afectados directamente por la acción u
omisión dañosa”.
No obstante, el artículo 42 de la misma LGA se contradice con el contenido
del artículo 43 puesto que establece:
62
“Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los
procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de
carácter ambiental aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos”.
Es decir dicho artículo estaría eliminando el requisito de “ser afectados
directamente por la acción u omisión dañosa” puesto que la norma dice
taxativamente “aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos”. A sí pues,
en Ecuador, considerando el reconocimiento constitucional a la naturaleza como
sujeto de derechos, y a su vez partiendo de la premisa de que la naturaleza por sí sola
no puede ser sujeto de legitimación activa para la defensa de sus derechos; la
Constitución ecuatoriana sigue el modelo más amplio de legitimación reconociendo a
toda persona, pueblo o nacionalidad como legitimado activo para defender los
derechos de la naturaleza. Y a su vez establece que la Defensoría del ambiente y la
naturaleza tendrá a su cargo la defensa de estos derechos, reconociendo también a
dicha institución como legitimado activa.
4. Derechos colectivos
Conforme se mencionó anteriormente, los derechos del medio ambiente y de
la naturaleza por sus características son derechos colectivos. Motivo por el cual es
necesario analizar los principales aspectos que revisten los derechos colectivos.
A nivel de la legislación internacional, particularmente en Brasil y en
Colombia, se distingue a los derechos colectivos en difusos, colectivos e individuales
homogéneos o de grupo.
En Brasil, por ejemplo, se conceptualiza a un derecho difuso como un derecho
transindividual e indivisible, es decir, un derecho que pertenece a un grupo
indeterminado de personas que previamente no tienen ninguna relación, pero que
están vinculadas únicamente por circunstancias de hecho en una situación
específica147
Para esclarecer el concepto de derecho difuso nos permitimos citar un ejemplo
en un caso concreto:
.
147 Antonio Gidi, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil (México D.F.: Universidad Autónoma de México, 2004), 52.
63
En el caso de la contaminación de una bahía es evidente que la bahía no pertenece a
nadie en particular. La contaminación de sus aguas dañaría a la comunidad en su conjunto, y
la limpieza del agua beneficiaría al grupo en su totalidad: es una pretensión indivisible. Este
derecho pertenece a la comunidad como un todo, no a los miembros individuales del grupo.
Es un derecho transindividual, no un derecho individual. Puesto que no hay un derecho de
propiedad en riesgo148
Por otra parte, tenemos al denominado derecho colectivo. Este derecho, al
igual que los derechos difusos es un derecho transindividual e indivisible. Sin
embargo, el derecho colectivo a diferencia del difuso pertenece a un grupo más
específico de personas que se relacionan entre sí o con la contraparte debido a una
relación jurídica
.
149
Por ejemplo, cuando un banco, una compañía de tarjetas de crédito o una
escuela cobran honorarios excesivos o ilegales a sus clientes; o una empresa de
seguro médico rehúsa dar tratamiento en el caso de ciertas enfermedades, todos ellos
están violando los derechos colectivos de sus clientes
.
150
Tomando en cuenta lo expuesto podemos decir que los derechos difusos se
diferencian de los colectivos por cuanto los primeros pertenecen a una comunidad de
personas indeterminadas entre las cuales no existe una relación jurídica base, en tanto
que en los intereses colectivos la comunidad de personas sí es determinada o
determinable, en la medida que dichas personas constituyen un grupo, una categoría
o una clase, y en que, además, existe una relación jurídica base entre esas personas, o
entre éstas y un tercero
. En estos casos se trata de
derechos colectivos pues existe una relación jurídica preexistente que vincula a las
personas afectadas.
151
Dentro de la categoría de derechos colectivos en el ordenamiento jurídico
brasileño, se encuentran los llamados derechos individuales homogéneos. Estos
.
148 Ibíd. 149 Ibíd. 52 150 Ibíd. 59 151 José Ovalle Favela, Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos (México D.F.: Universidad Autónoma de México, 2003), 590.
64
derechos han sido definidos como derechos individuales divisibles que tienen un
origen común152
También debemos señalar que Colombia, prevé en su ordenamiento jurídico
una división semejante a la de Brasil. Colombia divide a los derechos colectivos en
colectivos y de grupo. Dentro del término colectivo se engloban tanto los intereses
difusos como los colectivos, mientras que, en el término derechos de grupo se
enmarca los derechos individuales homogéneos. Por ello, José Ovalle menciona que
“en el derecho colombiano la división se hace entre los intereses colectivos en los
que quedan incluidos los difusos y los intereses de grupo, que corresponden a lo que
en derecho brasileño son los intereses individuales homogéneos”
. Para precisar su concepto es necesario plantear un ejemplo:
Supongamos que los habitantes de un área sean dañados por la contaminación,
algunos pueden desarrollar problemas de salud, otros como los pescadores o los dueños de las
tierras pueden sufrir daños en sus propiedades. La pretensión colectiva que haga responsable
al demandado con respecto a los miembros individuales del grupo cae bajo el concepto de
derechos individuales homogéneos.
153
La transindividualidad implica que el derecho no es individual, sino que
existe como una entidad distinta de cualquier individuo o grupo de individuos.
Trasciende al individuo y sin embargo no es una mera colección de derechos
individuales. En consecuencia, es legalmente irrelevante determinar qué individuos
pertenecen al grupo y quién es en última instancia el titular del derecho
transindividual. Un derecho transindividual, tal como la pureza del aire, la limpieza
de un río, pertenece a la comunidad como un todo, no a individuos específicos o
asociaciones, ni al gobierno. En términos económicos consiste en un ‘bien público’.
En consecuencia, este derecho se encuentra situado en medio del derecho público y
privado
.
Conforme se puede apreciar, la principal característica que distingue a los
derechos colectivos es la transindividualidad y la indivisibilidad.
154
En cuanto a la indivisibilidad debemos manifestar también que esta se refiere
a que el derecho no puede ser dividido en pretensiones individuales independientes.
.
152 Antonio Gidi, Tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales, 59 153 José Ovalle, Acciones populares, 593 154 Antonio Gidi, Tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales, 53.
65
Esto significa que es imposible que el derecho se divida en partes atribuidas a cada
uno de los miembros del grupo. Los intereses de los miembros están tan íntimamente
relacionados que si se satisface a un miembro del grupo, ello significa la satisfacción
de las pretensiones de todos ellos, y cuando los derechos de uno de los miembros son
violados, ello implica la violación de los derechos de todo el grupo155
5. Acción popular en defensa de los derechos de la naturaleza
.
En conclusión, a partir de la argumentación expuesta, se puede sostener que
los derechos del medio ambiente y de la naturaleza son en esencia derechos
colectivos de carácter difuso. Son derechos que se caracterizan por ser
transindividuales e indivisibles. Transindividuales por cuanto no pertenecen a un
individuo o a un grupo de individuos determinados, sino que, por el contrario
corresponden a todos los seres vivos que coexisten en el planeta Tierra. Indivisibles
ya que su afectación o su protección perjudica o beneficia a todo ser vivo.
Al ser derechos colectivos, los derechos de la naturaleza requieren de
acciones colectivas que permitan su protección. A nivel de la legislación mundial,
por ejemplo, en Brasil, Colombia y España, han optado por establecer en sus
ordenamientos jurídicos la llamada acción popular. A continuación estableceremos
las principales características de esta figura.
En términos generales, por acción popular se entiende “a la que puede ejercer
cualquier ciudadano en defensa del interés de una comunidad de personas o del
interés público”156
El concepto de acciones populares, como se mencionó, ha sido desarrollado
en varias legislaciones del mundo. Sin embargo, la que ha desarrollado de manera
amplia el concepto de acción popular, es la colombiana. Por ello, José Ovalle es
enfático en expresar “el país en donde las acciones populares se han desarrollado en
forma más amplia y sistemática es, sin duda, Colombia”
, es decir, es la acción ejercida para la tutela de derechos que
pertenecen a un grupo o comunidad de personas.
157
155 Ibíd., 54. 156 José Ovalle, Acciones populares, 595 157 Ibíd., 597
. Por el desarrollo
66
legislativo y jurisprudencial que este país tiene de la acción popular en esta
investigación nos permitiremos tomar como punto de referencia principal la
regulación jurídica de la acción popular colombiana.
Tal es así que como preámbulo de las análisis jurídico de dicha acción nos
permitimos mencionar que el artículo 88 de la Carta Política colombiana define la
acción popular como el mecanismo apto para conseguir la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica, entre otros. Adicionalmente, la norma referida asigna al Congreso la
obligación de regular esta acción y las condiciones necesarias para su ejercicio.
En concordancia con la disposición anterior, el artículo 2º de la Ley 472 de
1998 se refiere a las acciones populares en los siguientes términos:
“Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
La acción popular ha sido definida por la Corte Constitucional colombiana
como aquella tendiente a la protección de los derechos colectivos, razón por la cual
puede ser promovida por cualquier persona a nombre de la colectividad cuando se
presente una vulneración o amenaza a un derecho o interés común, sin más requisitos
que los establecidos por la ley para el efecto158
Además, la jurisprudencia constitucional colombiana ha establecido que la
acción popular se caracteriza: (i) por ser una acción constitucional especial, lo que
significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de
un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el
legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican,
particularmente, los principios constitucionales; (i) por ser pública, en tanto dota a
todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial,
de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar,
.
158 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-466 de 2003, Jueza ponente Alfredo Beltrán Sierra y sentencia T-7443-2013, juez ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
67
proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o
de cualquier particular; (ii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta
que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta
proceda, pues su objetivo es precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden
intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la
ocurrencia del daño; (iii) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene
como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses
colectivos159
También por su importancia detallamos que el Consejo de Estado colombiano
ha definido esta vía judicial como el mecanismo jurídico que tiene una comunidad
afectada para que de forma rápida y sencilla se proceda a ordenar la protección de
sus derechos colectivos
.
160. Asimismo, ha determinado que busca cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos o restituir las cosas a su estado anterior
cuando fuere posible, y no tiene una naturaleza puramente resarcitoria, de manera
que el juicio que se hace a los demandados no es de imputación de responsabilidad
patrimonial161
La naturaleza constitucional de la acción popular conlleva la aplicación de los
siguientes principios constitucionales prevalencia del derecho sustancial sobre lo
formal: la publicidad, la economía procesal, la celeridad, la oficiosidad y la
eficacia
.
162
En consecuencia definimos que de acuerdo a la regulación legislativa y
jurisprudencial colombiana, la naturaleza de la acción popular permite comprender
que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se debe examinar a la luz
de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares,
en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a
.
159 Corte Constitucional colombiana sentencia C-215 de 1999, Jueza ponente Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. 160 Consejo de Estado colombiano, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de noviembre de 2012. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00474-01(AP) 161 Consejo de Estado colombiano, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de octubre de 2006. Radicación número: AP-2003-02001-01. M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 162 Corte Constitucional Colombiana C-377 de 2002, Jueza Ponente Clara Inés Vargas Hernández.
68
abstenerse de lesionarlos163. En este orden de ideas, para que proceda la protección
de derechos e intereses colectivos se requiere que se demuestren dos situaciones, a
saber: (i) la conducta de acción o de omisión, y (ii) la amenaza o vulneración de
derechos o intereses colectivos164
En este sentido, la Constitución proclama como principio general que los
derechos constitucionales se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o
colectiva ante las autoridades competentes
.
Como lo hemos demostrado a lo largo de esta investigación, Ecuador a
diferencia de Colombia, no ha desarrollado con amplitud el concepto de derechos
colectivos y menos aún el de acción popular. No obstante, la Constitución
ecuatoriana, con el objeto de garantizar los derechos constitucionales y en particular
brindar una tutela efectiva a los derechos de la naturaleza y del medio ambiente, ha
incorporado varias disposiciones que, en cierto sentido, establecen las bases a partir
de las cuales se podría incorporar y desarrollar a nivel de legislación secundaria la
acción popular.
165
163 Consejo de Estado colombiano, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. 164 Consejo de Estado colombiano, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. 165 Constitución, artículo 11 numeral 1.
.
Al tratar materia ambiental, la Norma Suprema declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados. Por este motivo, faculta a toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad para que puedan exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Sobre este asunto, la Constitución es aún más clara cuando expresa que
cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, podrá ejercer las
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, para obtener de
ellos la tutela efectiva en materia ambiental.
69
De las disposiciones constitucionales anotadas se advierte que la Norma
Magna trata a los derechos de la naturaleza y del medio ambiente como derechos
colectivos al establecer que su preservación, protección y restauración es de interés
público. En virtud de ello faculta a cualquier persona natural, jurídica, comunidad,
pueblo, nacionalidad, colectividad o grupo de personas a presentar acciones en
defensa de los derechos de la naturaleza. Ahora bien, conforme quedó evidenciado
en líneas anteriores, en Ecuador las leyes que actualmente rigen el derecho ambiental
no cuentan con mecanismos adecuados, suficientes y eficaces para tutelar los
derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Por lo tanto, el desarrollo legislativo
de la acción popular en Ecuador constituiría un aporte importante que contribuiría a
la protección de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente.
5.1 La acción popular y la acción de grupo
Conforme se mencionó al tratar el tema concerniente a los derechos
colectivos, existen intereses difusos, colectivos y de grupo o individuales
homogéneos que son susceptibles de protección a través de acciones colectivas. Los
intereses difusos y colectivos se hallan inmersos dentro del ámbito de protección de
la denominada acción popular, mientras que, los intereses individuales homogéneos
o de grupo se enmarcan en el campo de tutela de la llamada acción de grupo. Por lo
tanto, es necesario revisar los principales aspectos que caracterizan y que diferencian
a las dos acciones.
5.1.1 Naturaleza de la acción popular y la acción de grupo
La Corte Constitucional de Colombia con acierto ha señalado que la acción
popular tiene una naturaleza pública y preventiva principalmente, por lo que no tiene
una vocación indemnizatoria, ya que no pretende reparar un daño sino proteger a las
personas en el goce del derecho colectivo166
La doctrina ha definido a las acciones de grupo aquellas cuyo objeto no es
otro que el de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios
.
166 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-875 de 2002; C-215 de 1999; T- 536 de 1994, T-254 de 1993.
70
por los daños producidos a un derecho o interés colectivo. La diferencia sustancial
entre la acción popular y la de grupo es que la primera pretende la protección de los
derechos e intereses colectivos, mientras que la segunda persigue la reparación de un
perjuicio por un daño común ocasionado a un número plural de personas167
.
5.1.2 Bien jurídico a proteger
Las acciones populares han establecido para la protección de los derechos e
intereses colectivos. Las acciones de grupo tratan de resolver situaciones de daños
ocasionados a un número plural de personas168
5.1.3 Finalidad
. Es otras palabras, se protegen
derechos individuales de cada una de estas personas que no son intereses colectivos
sino que hacen parte de su patrimonio personal.
La acción popular busca proteger un derecho colectivo. Es decir, si existe un
daño la acción popular tiende a restituir el daño causado, no obstante su función
principal es prevenir que el daño ocurra. Mientras que la acción de grupo solo tratan
de resolver situaciones de daño para un grupo, es decir, no previene daños
únicamente indemnizan los perjuicios individualmente sufridos por los miembros del
grupo169
.
5.2 Características de la acción popular
Las características de la acción popular que a continuación se señalan denotan
que dicha acción es el medio más idóneo para la protección de los derechos de la
naturaleza pues, en teoría, esta acción podría subsanar las falencias que actualmente
existen en la legislación ambiental, las cuales fueron descritas.
5.2.1 Es de carácter público
La acción popular es de carácter público ya que su ejercicio está orientado a la
protección de un derecho colectivo, es decir, a la tutela de un interés que se encuentra 167 Ibíd., 237. 168Colombia, Ley 372, art. 3. 169 Julio González, Consideraciones sobre la acción popular, 237.
71
en cabeza de grupo de individuos, lo que excluyen motivaciones meramente
subjetivas o particulares. La acción popular supone la posibilidad de que cualquier
persona perteneciente a esa comunidad pueda acudir al juez para defender a la
colectividad, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio
interés170
Al respecto, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
menciona: “la Constitución de la República establece la Acción Pública y Popular
.
La Constitución de Ecuador incluye esta característica en los derechos de la
naturaleza y del medio ambiente cuando proclama que la preservación, conservación
y recuperación de los derechos ambientales es de interés público y que su protección
corresponde a toda persona natural o jurídica, comunidad, pueblo, nacionalidad,
colectividad o grupo de personas a través de las acciones legales y administrativas que
se encuentran en el ordenamiento jurídico.
171,
esto es, permite a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano,
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales para obtener la tutela
efectiva en materia ambiental”172
.
El carácter público, por lo tanto, comporta la existencia de un derecho
colectivo cuya protección es de interés público. Los derechos de la naturaleza y el
medio ambiente, encajan por este motivo perfectamente en el ámbito de protección de
la acción popular, pues son derechos colectivos que se caracterizan por ser
transindividuales e indivisibles cuya protección, finalmente, es de interés público.
170 Jairo Parra Quijano, Algunas reflexiones sobre la ley 472 de 1998 conocida en Colombia con el nombre de acciones populares y de grupo, (Bogotá, 15 de mayo del 2015), http//www.bibliojuridicas.unam.mx/libros/3/1361/5/pdf.
171 CRE, art. 397 numeral 1.
172 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Acciones jurídicas para establecer responsabilidades por daño ambiental en el Ecuador (Quito: Comunicaciones INREDH, 2010), 3.
72
5.2.2 Es de naturaleza preventiva
La acción popular es de naturaleza preventiva. Por ser una de las características
esenciales de dicha acción a continuación nos permitimos resaltar los criterios
más relevantes de la Corte Constitucional colombiana sobre dicha característica
de la acción popular.
(Las acciones populares) “ (..) Tienen el carácter de instrumento
cautelar, de manera que no puede ser presupuesto de su ejercicio el que haya
ocurrido un daño o perjuicio sobre los derechos o intereses colectivos. Basta
pues, que se descubra la evidencia de eventuales situaciones que puedan
comprometer los altos intereses que se amparan, para que se viabilice la
acción y se justifique su ejercicio (…)”173
“(..) Estos instrumentos jurídicos presentan como cualidad esencial, la
de que su implementación debe corresponder única y exclusivamente a una
finalidad preventiva; por tanto, jamás podrá intentarse una acción popular
para lograr la reparación de un daño causado por la acción o la omisión de
una autoridad pública o de un particular (…)”
.
174
“Que no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un
daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que
basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines
públicos que la inspira. Desde su remoto origen en el derecho romano, fueron
concebidas para precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden
intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar
hasta la ocurrencia del daño”
.
Y finalmente, la Corte Constitucional colombiana señaló:
175
173 Corte Constitucional colombiana, sentencia caso N° T-254/93.
174 Corte Constitucional colombiana, sentencia caso N° T-366/93.
.
175 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C-215/99, Resolución de la Magistrada Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, 14 de abril de 1999.
73
La Ley 472/98 regula las acciones populares en Colombia señala que el juez en particular podrá decretar las siguientes medidas cautelares:
“a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan
originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;
b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta
potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del
demandado;
c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el
cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del
daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo”.
Ahora bien, resulta necesario aclarar que como lo hemos especificado en este
apartado la Corte Constitucional colombiana señala que la acción popular es en
esencia de naturaleza preventiva no obstante de aquello la Ley 472/98 regula
presupuestos procesales para los casos en los que sea necesaria la reparación de los
daños causados, es decir para los casos en los que el daño se haya producido y sea
necesaria su reparación. En definitiva en dichos casos y de modo excepcional la
acción popular será un proceso declarativo y no cautelar.
Tal es así que el artículo 27 de la ley 472/98 sobre la figura del pacto de
cumplimiento señala: “En dicha audiencia podrá establecerse un pacto de
cumplimiento a iniciativa del juez en el que se determine la forma de protección de
los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado
anterior, de ser posible”.
74
Y a su vez el artículo el artículo 34 de dicha ley de determina que “La
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer”.
Por lo tanto, concluimos que la acción popular fue concebida
doctrinariamente para ser un procedimiento exclusivamente cautelar no obstante la
regulación legal colombiana permite, en determinados casos, ser un procedimiento
declarativo.
En este punto es necesario referirnos a que el carácter preventivo es una
característica de importancia vital para la protección de los derechos de la naturaleza
debido a que estos derechos requieren en esencia de prevención antes que reparación.
Los daños que se producen en la naturaleza y en el medio ambiente casi en todos los
casos no pueden ser reparados, pues es virtualmente imposible devolver a la
naturaleza al estado anterior al daño. En el Ecuador, como se manifestó
anteriormente, una de las falencias de su legislación ambiental es que los
mecanismos procesales que en ella se establecen para su protección no son
adecuados, suficientes y peor aún eficaces para lograr su tutela integral por cuanto no
buscan prevenir el daño ambiental en sí mismo, sino que, por el contrario están
orientados a restaurar el daño de tipo patrimonial a través de indemnizaciones
económicas.
Sobre este asunto, la Constitución es clara, señala que los derechos de la
naturaleza y del medio ambiente requieren de prevención, conservación y
recuperación. A nuestro criterio, la acción popular en este aspecto se enmarca
perfectamente en los tres ámbitos de protección, ya que, como bien lo señala la Corte
Constitucional colombiana la acción popular tiene como “finalidad la de a)
principalmente evitar el daño contingente (preventiva), b) hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre esa categoría de derechos e intereses
(suspensiva), c) o restituir las cosas a su estado anterior (restaurativa)”176
.
176 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-622, Resolución del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, 14 de agosto de 2007.
75
5.3 Aspectos procesales de la acción popular
5.3.1 La legitimación
Para instaurar acción popular existe legitimación activa amplia, por cuanto,
cualquier persona puede plantearla en defensa de los derechos colectivos. La persona
que ejerce el derecho de acción puede sufrir o no el daño, puede pertenecer o no a la
comunidad afectada. Es decir, la acción popular, en este aspecto, se ejerce de forma
independiente al interés o a la afectación personal. En ella, lo importante es la
protección de un patrimonio común; por ello, su interposición pertenece a todo
individuo.
En el campo de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente esta
legitimación amplia es imprescindible en el Ecuador, más aún cuando la
Constitución consagra a la naturaleza como sujeto de derechos. Con este postulado,
el constituyente ecuatoriano ha creado una ficción jurídica que demanda de un titular
que ejerza los derechos que le corresponden. Esta titularidad, sin duda, recae sobre
toda persona por cuanto la preservación de la naturaleza y del medio ambiente
interesa a toda persona (ser vivo es genérico).
Sobre este asunto, cabe recalcar que uno de los problemas que se detectó en
las normas ambientales del Ecuador es que la acción civil por daños y perjuicios
dispuestos por la Ley de Gestión Ambiental restringe la legitimación activa en
materia ambiental a la existencia de un interés común y a la afectación directa por la
acción u omisión dañosa del medio ambiente.
En este punto es necesario recalcar que los derechos de la naturaleza y del
ambiente son derechos colectivos cuya protección interesa a todo ser vivo pues de su
afectación o de su preservación depende el deterioro o el desarrollo de la vida de las
generaciones presentes y futuras en el planeta Tierra.
76
En este sentido la legitimación que prevé la acción popular va acorde a la
legitimación que prescribe la Constitución ecuatoriana en cuanto a los derechos
ambientales.
5.3.2 Carga de la prueba
Como lo señalamos anteriormente en Ecuador, la carga de la prueba al tratarse
de la protección de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente corresponde
al demandado. La Constitución, al respecto prescribe “La carga de la prueba sobre la
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el
demandado”. Dicho principio se regula de manera idéntica en la legislación
secundaria
Por su parte en Colombia, la carga de la prueba durante la tramitación de la
acción popular corresponde al demandante. Así, lo reconoce el artículo 30 de la Ley
colombiana 472 de 1998 al prescribir:
La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de
orden económico o técnico, dicha carga no pudiere se cumplida, el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para
proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública
cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.177
En definitiva, en este principio constitucional se toma en cuenta que en los
litigios ambientales puede ser muy difícil para el demandante y mucho más fácil para
Sobre la regulación de la carga de la prueba, considero de índole más
proteccionista la inversión de la carga de la prueba que consagra la legislación
ecuatoriana, pues dicha norma materializa la efectiva tutela de los derechos de la
naturaleza y del medio ambiente. Al tratarse de derechos que corresponden a todo ser
vivo, es razonable que el constituyente haya previsto para su protección medios y
principios como el de la inversión de la carga de prueba en vista de la dificultad a la
que se enfrentan los demandantes para probar la culpabilidad de la parte demandada
en esta clase de juicios.
177 Colombia, Ley 472 de 1998 en Diario Oficial No. 43.357 (Bogotá, 6 de agosto de 1998), art. 30. En adelante se cita esta norma como Ley 472.
77
el demandado probar los hechos relativos a la existencia (o a la ausencia) de una
relación de causa-efecto entre un acto del demandado y el daño, porque además el
demandado es el que posee la información técnica sobre lo ocurrido, por esto es que
se hace necesario reducir la carga de la prueba en favor del demandante por lo que se
refiere a la demostración de la culpa o la causalidad178
. Por lo que en este punto la
legislación ecuatoriana estaría a la vanguardia de las necesidades propias del litigio
en materia en ambiental a diferencia de la legislación colombiana.
5.3.3 Pacto de cumplimiento
En Colombia, el trámite de las acciones populares presupone el llamado pacto
de cumplimiento. De acuerdo a la Corte Constitucional colombiana:
El objetivo que persigue el pacto de cumplimiento es, previa la convocatoria del juez,
que las partes puedan llegar a un acuerdo de voluntades para obtener el oportuno
restablecimiento y reparación de los perjuicios ocasionados a los derechos e intereses
colectivos, dando con ello una terminación anticipada al proceso y solución de un conflicto y
por ende, un menor desgaste para el aparato judicial. Además, cabe observar, que el acuerdo
no sólo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no
contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervención del Ministerio
Público, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su función de
"defensor de los intereses colectivos". Ese acuerdo contribuye a obtener la pronta reparación
de los perjuicios ocasionados por la vía de la concertación, reduciendo los términos179
En definitiva, el pacto de cumplimiento tiene como punto de partida el
reconocimiento de parte del demandado de que se está vulnerando el derecho
colectivo. La finalidad de dicho pacto es lograr un eficaz acuerdo sobre la forma de
cumplimiento, un cronograma, los recursos requeridos, los tiempos, y el seguimiento
a través de veedurías. Por ello el pacto de cumplimiento forma parte de la sentencia
para lograr el eficaz cumplimiento de la misma y que el juez tenga la competencia
para verificar el cumplimiento de lo establecido
.
180
178 Ricardo Crespo Plaza, “La responsabilidad objetiva por daños ambientales y la inversión de la carga de la prueba en la nueva Constitución”, (Quito, 10 de agosto del 2015) en
.
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/viewFile/817/78.
179 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-215/99, 4 de abril de 1999. 180 Vale la pena acotar que en el debate de esta Ley en el Congreso Colombiano se estableció la figura de conciliación, pero el debate se determinó que tratándose de derechos colectivos no puede haber
78
5.3.4 Recursos en los procesos de acciones populares
Como todo proceso judicial, la acción popular concluye con la expedición de
una sentencia. Esta sentencia puede ser objeto de apelación. Al respecto, el artículo
26 de la Ley colombiana 472 de 1998 señala que existe recurso de apelación contra
el auto que concede medidas cautelares. De igual forma, el artículo 37 dice que las
sentencias en los procesos de acciones populares es objeto del recurso de apelación.
Mientras que, el artículo 36 de la misma ley dice que contra los autos que se dicten
dentro de un proceso de acción popular cabe el recurso de reposición. A partir de los
postulados de estas normas concluir que el recurso de apelación únicamente procede
en las acciones populares contra la sentencia de primera instancia y contra el auto
que decreta medidas cautelares.
En base a todas las consideraciones que han sido expuestas en este capítulo se
puede sostener que, la incorporación de la acción popular en el ordenamiento jurídico
del Ecuador es, sin duda alguna, necesaria para la tutela efectiva de los derechos de
la naturaleza y del medio ambiente en el nuevo paradigma que la Constitución
proclama en materia ambiental.
Lo dicho anteriormente se sustenta en primer lugar debido a que el concepto
de acción popular mantiene coherencia con los postulados que la actual Constitución
del Ecuador establece en el campo de los derechos de la naturaleza y del medio
ambiente. En segundo lugar en que los aspectos que la acción popular reviste
permitirían en gran medida solucionar las falencias normativas que actualmente
existen en la legislación secundaria ambiental. Finalmente, la acción popular en
países vecinos como Colombia y Brasil ha demostrado ser el medio procesal más
idóneo para protección de los derechos colectivos. Por todas estas razones considero
que Ecuador requiere de un mejor desarrollo legislativo de la acción popular.
6. Jurisprudencia de acción popular en Colombia
conciliación argumentando que tratándose de derechos colectivos no puede haber conciliación. Beatriz Londoño Toro, Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación. 126
79
Con miras a ejemplificar la eficacia de las acciones populares reguladas en
Colombia a continuación analizamos jurisprudencia colombiana relevante sobre la
protección del derecho al medio ambiente sano mediante acciones populares181
1. Caso fumigación de glifosato
:
Interpuesta por Claudia Sampedro y Héctor Suárez. Esta acción popular fue
fallada en primera instancia el 13 de junio de 2003 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la sentencia aborda el problema si puede mediante acción popular
ordenarse la suspensión de la fumigación con glifosato en todo el territorio nacional
por vulnerar el derecho al medio ambiente sano.
El Tribunal decidió en un fallo garantista con gran sustentación científica y
jurídica y sin precedentes en el país, acceder a la protección de los derechos
invocados por la parte demandante dando aplicación al principio de precaución
respecto de la toxicidad crónica que causa la aspersión área del glifosato.
La decisión judicial ordenó suspender transitoriamente las fumigaciones
aéreas a que se refiere la demanda; dispuso que el Ministerio de Seguridad Social, el
Instituto Nacional de Salud con la Universidad Nacional y en coordinación con el
Consejo Nacional de Plaguicida efectuarán estudios que determine el impacto de los
químicos de glifosato sobre la vida de los colombianos; impartió órdenes a la
Dirección Nacional de Estupefaciente para que identificará los daños causados con la
fumigación aérea con registros de morbilidad, designó a la Procuraduría General de
la Nacional para que por medio de su correspondiente delegada velará por el
cumplimiento de su decisión.
Este caso evidencia como el conocimiento adecuado de la problemática
ambiental permite que mediante decisión judicial se ordene la verdadera reparación
del derecho al medio ambiente sano y a la vida de los ciudadanos mediante la
decisión de realizar estudios que determinen el impacto de los químicos de glifosato
sobre la vida de los colombianos. No obstante, dado que Colombia no regula los
181 Los casos analizados en este apartado constan en Beatriz Londoño, Gloria Amparo Rodríguez y Giovanni Herrera Carrascal, Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia, (Bogotá, Universidad del Rosario, 2011) 74 -84.
80
derechos a la naturaleza, no se aborda en este caso medidas de reparación a la
naturaleza afectada por la fumigación de glifosato puesto que se ordena la suspensión
de las actividades contaminantes pero no se dice como se reparará los daños
ocasionados a la naturaleza.
2. Defensa humedal de Córdoba
Este caso fue presentado por el presidente de la Junta de Acción Comunal del
Barrio Niza contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y apoyado por el Grupo
de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.
El problema jurídico abordado consistía en determinar si las obras contratadas
por la Empresa de Acueducto y el Alcantarillado de Bogotá consistentes en la
construcción de un parque en el humedal de Córdoba y el incremento de la
capacidad de embalsamiento del mismo, vulneran los derechos e intereses colectivos
al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional del ecosistema.
El Tribunal valiéndose de la característica de la acción popular de prevención
consideró que dicho proyecto sí vulneraba los derechos colectivos y ordenó no dar
inicio a las obras hasta que se obtenga la respectiva licencia ambiental y la
aprobación del plan de manejo previo concepto favorable del Ministerio del Medio
Ambiente y la concertación necesaria con las entidades y organizaciones no
gubernamentales.
En la sentencia del caso el Consejo de Estado Colombiano realiza un
profundo estudio técnico de la importancia de los humedales y del caso concreto
examinando los conceptos que en el mismo emitieron diversas organizaciones
ambientales y expertos en el tema y se decidió confirmar la decisión del Tribunal y
proteger el humedal.
Esta caso demuestra que la acción popular por su característica de prevención
es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la naturaleza puesto
que como se evidencia en este caso se evitó la afectación del humedal de Córdoba
puesto que los jueces decidieron ordenar no dar inicio a las obras hasta que se
81
obtenga la respectiva licencia ambiental. Además es destacable el estudio que
realizan los operadores de justicia sobre la importancia de los humedales.
3. Defensa del río Bogotá
En sentencia de acción popular N° 01-479 de agosto de 25 de 2004 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallo una acción popular en defensa del
río Bogotá.
En la sentencia de este caso se destaca la utilización de acciones populares
para lograr una mejor defensa de los derechos colectivos invocados.
El objetivo era buscar una solución técnica integral y evitar la dispersión de
procesos que es lesiva y agudiza las problemáticas ambientales del río.
En este proceso se muestra la utilidad, importancia y eficacia de la audiencia
especial para pacto de cumplimiento, espacio de oralidad, concertación e inclusos
aprendizaje para todos los que intervienen en una acción popular.
Se diseña una herramienta metodológica novedosa de apoyo a la audienciaque
los jueces denominaron mesas de trabajo a través de ellas logró el Tribunal un
ejercicio de coordinación y búsqueda de compromisos en la solución de problemas
ambientales del río con los diversos demandados.
Son indicadores de este proceso:
- La realización de 16 mesas de trabajo.
- La disciplina del trabajo semanal desde el 21 de febrero hasta el 04 de julio del 2003.
- La participación de actores demandados y Ministerio Público.
- Apoyo técnico en la toma de decisiones.
- Logro de pactos con un gran número de demandados.
- Acuerdos en relación con la importancia de una sentencia que recogiera los pactos logrados y tomará las decisiones necesarias en relación con los demandados que no pactaron.
82
El Tribunal declara solidariamente responsables a todos: ciudadanos y
empresas de desde hace no menos de veinte años han venido realizando sus
vertimientos domésticos e industriales sin tratar como actores difusos. A las
entidades del estado las declara responsables por omisión en el control de los
vertimientos de las aguas residuales. Se ordena la protección de derechos colectivos
amparándoles los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a
la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios182
182 Resulta necesario aclarar que si bien la Corte Constitucional colombiana y la propia Ley 472/98 que regula las acciones populares en Colombia señalan que las acciones populares son de naturaleza preventiva no obstante el artículo 34 de dicha ley de determina que “La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer” como sucede en el presente ejemplo.
.
El caso de la defensa del río Bogotá demuestra una vez más que la acción
popular es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la naturaleza
por sus características propias y presupuestos procesales. En este caso precisamente
por la utilización de los presupuestos procesales se permite a los operadores
judiciales la ampliación de los legitimados pasivos a todos los ciudadanos y
empresas de desde hace no menos de veinte años han venido contaminando el río.
Además por la utilización de la figura del pacto de cumplimiento se logra la
búsqueda de compromisos en la solución del problema ambiental. Resulto novedoso
para nuestra práctica jurídica la realización de 16 mesas de trabajo con miras a
establecer los compromisos reales de las partes involucradas. Es igualmente
importante el papel que cumple el comité de seguimiento que evita a cabalidad el
incumplimiento de la sentencia.
En este caso podemos también evidenciar que de modo excepcional, la acción
popular puede llegar a ser un proceso declarativo y no únicamente cautelar. Ello
sucede por cuanto en este caso el daño a la naturaleza se había ya producido y
requería la reparación. Tal como lo señalamos en el apartado sobre la naturaleza
preventiva de la acción popular, la Ley 472/98 que regula las acciones populares en
Colombia permite la reparación del daño causado cuando el mismo se haya
producido.
83
Sobre este caso paradigmático y a la luz del análisis realizado en el caso
ecuatoriano de la contaminación del río Vilcabamba se demuestra la efectividad de la
acción popular para la defensa de los derechos de la naturaleza por presentar
presupuestos procesales adecuados para lograr la reparación integral de los derechos
de la naturaleza como la figura del pacto de cumplimiento que no existe en ningún
acción judicial en nuestra legislación.
En definitiva consideramos que dicha decisión muestra un profundo grado de
conocimiento de la problemática de contaminación del rio Bogotá y constituye uno
de los más significativos aportes en su protección.
7. Colofón y propuesta de regulación de la acción popular en la legislación ecuatoriana
Como lo hemos evidenciado en esta investigación la incorporación de la
acción popular en el ordenamiento jurídico del Ecuador es necesaria para la tutela
efectiva de los derechos de la naturaleza ya que las características de la acción
popular y sus aspectos procesales relevantes permitirían solucionar las falencias
normativas que actualmente existen en la legislación secundaria ambiental.
Enfatizamos que el panorama procesal ecuatoriano para interponer demandas
por daño ambiental es de tinte individualista y pese a que existen normas específicas
sobre la tutela ambiental estas resultan insuficientes.
No obstante, la principal duda que surge es si las garantías jurisdiccionales
especialmente la acción de protección es suficiente para proteger los derechos de la
naturaleza.
A la luz de las características propias de la acción popular reconocidas por la
Corte Constitucional colombiana a continuación detallamos un cuadro
ejemplificativo que nos permitirá aclarar la duda referida.
CARACTERÍSTICAS ACCIÓN DE PROTECCIÓN ACCIÓN POPULAR Es una acción constitucional Reconocimiento constitucional Se plantea la incorporación
84
en el artículo 88 de la Constitución
constitucional de la acción popular en la que se detalle que es una acción específica para la protección de los derechos colectivos.
Es pública. Legitimación amplia
Contraviniendo la norma constitucional la LOGJCC restringe la legitimación activa al cumplimiento de requisitos no establecidos en la Constitución.
La regulación legal de la legitimación activa de la acción popular deberá cumplir el precepto constitucional de legitimación amplia sin perjuicio de su interés directo.
Naturaleza preventiva No es de naturaleza preventiva. Tal como está establecida en la Constitución y LOGJYCC la acción de protección es un proceso de conocimiento, declarativo y excepcionalmente cautelar.
Su naturaleza es esencialmente preventiva es decir basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es precaver la lesión de derechos colectivos. No obstante, en casos excepcionales, cuando exista el daño, también se permite la restitución de dichos daños.
Carácter restitutorio De acuerdo a la regulación constitucional y legal se procura la restitución integral del derecho vulnerado. Sin embargo en la práctica la reparación integral se limita a la reparación económica
Tiene carácter restitutorio en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos
Tal como lo podemos evidenciar con el cuadro anterior la acción popular
cumple con todas las características necesarias para tutelar el derecho a la naturaleza.
Cabe acotar que la Constitución del Ecuador garantiza el acceso a la justicia
ambiental sin perjuicio del interés directo lo cual se corresponde con las directrices
del Principio 10 de la Declaración de Río que recomienda a los Estados abrir cauces
para el libre acceso a la justicia ambiental. De ahí que la labor de los jueces es
relevante para fortalecer la justicia ambiental. En base a lo señalado y a la luz de la
jurisprudencia analizada en esta investigación creemos necesario recomendar como
primera opción la incorporación de jueces especializados en materia ambiental o al
menos mayor capacitación a los jueces en materia ambiental puesto que tal como lo
señala Ricardo Crespo frente a litigios ambientales los jueces deben comprender con
solvencia el manejo de cuestiones científicas, el manejo de la incertidumbre,
85
desarrollo sustentable, la diversidad de temas relacionados con un caso ambiental, el
conocimiento de temas económicos y la internalización de las externalidades183
183 Ricardo Crespo, “El acceso a la justicia ambiental y el principio 10 de la Declaración de Río 92” en José Vicente Troya e Isabel Palacios, editores, IV Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y del Mercosur (Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2012) 314 y 315.
.
Finalmente a nivel normativo el cambio que proponemos es la incorporación
de la acción popular como el mecanismo idóneo para la protección de los derechos
de la naturaleza. Los principios que se respeta la legitimación amplia establecida en
la Constitución; se deberá mantener la naturaleza preventiva de estas acciones lo
cual implica que basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una
vulneración para que ésta proceda; también se deberá mantener su carácter
restitutorio en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de
los derechos colectivos y no tiene una naturaleza resarcitoria, de manera que el
juicio que se hace a los demandados no se limita a una imputación de
responsabilidad patrimonial y finalmente la inversión de la carga de la prueba de
acuerdo a nuestra Constitución. Para mantener una de las características propias del
COGEP que es unificar en solo cuerpo normativo los procedimientos sugerimos la
incorporación de una reforma a dicha norma vía disposición reformatoria en el COA
que actualmente se encuentra en trámite legislativo, por ser la vía más expedita para
lograr su incorporación.
86
CAPÍTULO III
3. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha querido resaltar los principales mecanismos procesales
de protección al derecho a la naturaleza, a la luz de los nuevos paradigmas
constitucionales y las orientaciones doctrinarias más recientes sobre el tema. Las
principales conclusiones de esta investigación son las siguientes:
La Constitución de la República del Ecuador del 2008 reconoce un nuevo
Régimen de Desarrollo sustentado en el reconocimiento de un principio del Buen
Vivir en el que, tanto seres humanos como naturaleza somos parte de un todo. Es
decir, reconoce el paradigma del Buen Vivir en el cual se relaciona íntimamente lo
social con lo ambiental, de tal forma que la Pachamama o la Madre Tierra mantenida
y protegida se convierte en requisito sine qua non para la existencia del sumak
kawsay.
El nuevo modelo económico constitucional planteado desde la cosmovisión
de los pueblos indígenas y sustentado como a lo largo de la Constitución, está basado
en el principio del sumak kawsay que permite: primero, recuperar la armonía de la
persona-comunidad y pacha mama o cosmos; segundo, impedir el modelo
extractivista y depredador de los recursos naturales; y, tercero, que cualquier
actividad de uso de la naturaleza esté limitado a que las generaciones futuras tengan
también la posibilidad de usar y gozar en los mismo niveles la naturaleza.
La Constitución consagra un nuevo paradigma en materia ambiental al definir
a la naturaleza como sujeto de derechos. Este paradigma garantiza la tutela efectiva
de los derechos ambientales por medio de varios mecanismos y principios
constitucionales como: el principio In dubio pro natura, la inversión de la carga de la
prueba en materia ambiental, la imprescriptibilidad de las acciones ambientales, la
acción popular para exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, la
consulta previa y, la responsabilidad objetiva por los daños ambientales.
87
La Constitución al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos rompe
con los paradigmas que tradicionalmente han regido la normativa ambiental pues se
consagran varios principios constitucionales para su efectiva tutela. Sin embargo, en
la actualidad el Ecuador no cuenta con una legislación secundaria acorde a los
postulados del nuevo paradigma que la Constitución prevé en materia ambiental por
cuanto los mecanismos procesales que existen resultan insuficientes para
proporcionar una adecuada tutela a los derechos de la naturaleza.
Los derechos del medio ambiente y de la naturaleza son en esencia derechos
colectivos de carácter difuso. Son derechos que se caracterizan por ser
transindividuales e indivisibles. Transindividuales por cuanto no pertenecen a un
individuo o a un grupo de individuos determinados, sino que, por el contrario
corresponden a todos los seres vivos que coexisten en el planeta Tierra. Indivisibles
ya que su afectación o su protección perjudica o beneficia a todo ser vivo.
La acción de protección consta en el ordenamiento jurídico del Ecuador como
un medio para la tutela de los derechos de la naturaleza. No obstante, esta acción
resulta insuficiente e inadecuada para que los derechos de la naturaleza alcancen su
reparación integral, puesto que, esta garantía está diseñada en esencia para proteger
derechos subjetivos de carácter individual y no derechos colectivos como es el caso
de los derechos de la naturaleza.
Al ser los derechos de la naturaleza catalogados como colectivos los mismos
requieren de acciones colectivas que permitan su protección. A nivel de la legislación
mundial, Brasil, Colombia y España de manera pionera y con mucho éxito han
establecido en sus ordenamientos jurídicos la llamada acción popular.
La institución procesal de la legitimación se encuentra en constante
transformación y son múltiples y variadas las soluciones que los diversos
ordenamientos jurídicos van dando a las nuevas necesidades que presenta la
evolución social. Uno de los cambios sociales más profundos el paso de una
consideración individual de las relaciones jurídicas a la consideración jurídica de
88
relaciones colectivas. De acuerdo a la doctrina contemporánea para la legitimación
de interés colectivos existen tres modelos: Orgánico privado, orgánico público, y
social.
Las acción popular es un medio procesal para la protección de derechos e
intereses colectivos que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
La diferencia sustancial entre la acción popular y la de grupo es que la
primera pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, mientras que la
segunda persigue la reparación de un perjuicio por un daño común ocasionado a un
número plural de personas.
La incorporación de la acción popular en el ordenamiento jurídico del
Ecuador es, necesaria para la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza ya que
las características de la acción popular (carácter público, naturaleza preventiva), y
sus aspectos procesales relevantes permiten solucionar las falencias normativas que
actualmente existen en la legislación secundaria ambiental.
Como podemos advertir de lo dicho el panorama procesal para interponer
demandas por daño ambiental es confuso existe un procedimiento sumario que es de
tinte individualista y pese a que existen normas específicas sobre la tutela ambiental
estas resultan insuficientes. En el ámbito penal se reconoce que existen avances en la
protección a la naturaleza en esta materia; no obstante, con las mismas aún no se
garantiza una protección efectiva a la naturaleza.
A nivel normativo el cambio que proponemos es la incorporación de la
acción popular como el mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la
naturaleza. Los principios que se deben incorporar en esta normativa es que se
reconozca la legitimación amplia establecida en la Constitución; se deberá mantener
naturaleza preventiva de estas acciones; también se deberá mantener su carácter
restitutorio y finalmente la inversión de la carga de la prueba de acuerdo a nuestra
Constitución.
89
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