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IES Bárbara de Braganza 2º Bachillerato 2015-16

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Unidad 4

“EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-‐1874)” Fechas: 1868, 1873

Personajes: Amadeo I, Pi y Margall y General Prim.

Términos: Cantonalismo, Carlismo y Constitución de 1869.

Texto: Constitución de 1869.

Cuestiones: • La Revolución de 1868: causas, desarrollo y consecuencias. • La I República y el cantonalismo. • El Sexenio Democrático en Extremadura: tensiones sociales y revueltas campesinas.

El Sexenio Democrático (entre 1868 y 1874) se inició con la caída de la Monarquía y

supuso el intento por parte de los sectores más progresistas de la burguesía por avanzar hacia un régimen democrático moderno. Se sucedieron la monarquía de Amadeo y la Primera República y ambas fracasaron, en parte por la desunión de quienes lo proponían y, en parte por la oposición que, por razones opuestas, plantearon los grupos oligárquicos y las clases populares.

1. LA REVOLUCIÓN DE 1868: SUS CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

Los últimos gobiernos de Isabel II se caracterizaron por la inestabilidad, el autoritarismo y la represión. Los progresistas optaron por retirarse de la vida parlamentaria ante la evidente imposibilidad de ser llamados a gobernar y, dirigidos por el general Prim, pasaron, junto a demócratas y republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la misma Isabel II. Lentamente, la mayor parte de la opinión pública comenzó a achacar a la Corona la responsabilidad del desastre político.

En la larga crisis de la monarquía isabelina confluyen otras causas como la grave crisis económica internacional de 1866, considerada como la primera gran crisis del capitalismo. Esta crisis repercutió en España. En primer lugar estalló una crisis financiera provocada por la bajada del valor de las acciones invertidas en los ferrocarriles. La demanda era muy inferior a los capitales invertidos y ello llevó a la ruina a muchas compañías ferroviarias. La crisis financiera coincidió con una crisis industrial textil debido al alza de en el precio del algodón y la caída de la demanda originando el hundimiento de industrias textiles. Por último, una crisis de subsistencia motivada por una serie de malas cosechas dio lugar a una escasez de trigo, con el consiguiente aumento en el precio del pan y de otros productos básicos. En 1868 el paro y la exasperación popular por la carestía constituían el clima ideal para un estallido revolucionario.

Además, durante los mismos años se fueron produciendo una serie de graves acontecimientos políticos (sucesos de la noche de San Daniel de 1865 y la sublevación del cuartel de San Gil en junio de 1866), ante los que los gobiernos isabelinos sólo supieron


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responder con una represión cada vez más desorientada.

En agosto de 1866 representantes progresistas, demócratas, republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de Ostende, para coordinar la oposición, con dos objetivos: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. Prim fue puesto al frente de la Conspiración. La muerte sucesiva de O’Donnell y Narváez entre 1867 y 1868 dejó a Isabel II completamente aislada en el verano de 1868, en plena preparación del golpe. La posterior incorporación al pacto de los unionistas tras la muerte de su líder fue fundamental para el triunfo y para definir su carácter. Aportaron una buena parte de los mandos del ejército y contrarrestaría el peso de demócratas y republicanos, reduciendo el levantamiento a un simple pronunciamiento.

La Gloriosa, como se la denominó, no fue inicialmente una revolución, sino un golpe militar encabezado por varios generales. El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando de Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim y Serrano acudieron rápidamente y consiguieron el apoyo de la población gaditana tras la publicación de un manifiesto. El gobierno decidió defender el trono con las armas y envió un ejército que se enfrentó a los sublevados en Alcolea el 28 de septiembre, donde las fuerzas del general Serrano derrotaron a las gubernamentales. Al día siguiente Isabel II se exiliaba a Francia.

Además del pronunciamiento y de los hechos bélicos, en la revolución tuvieron gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo urbanas, dirigidas por un sector de los progresistas, demócratas y republicanos. En muchas ciudades se constituyeron Juntas revolucionarias, las cuales entregaron armas a la población y organizaron a los llamados Voluntarios de la Libertad.

En realidad, la revolución triunfó porque en ella confluían numerosos intereses. Además de los grupos políticos de la conspiración, la apoyaron los sectores financieros e industriales, miembros de la oligarquía terrateniente, los militares y las clases populares.

Pero una vez conseguido el exilio de la reina, los conspiradores procedieron a detener la revolución. El nuevo Gobierno, con Serrano, Prim y Sagasta a la cabeza, ordenó la disolución de las juntas y de los batallones de Voluntarios, así como la devolución de las armas. De nada sirvió la resistencia de muchas juntas y de grupos obreros y republicanos. Los nuevos dirigentes dejaban claro que su objetivo ya estaba cumplido: el destronamiento de Isabel II. En modo alguno pretendían cambios revolucionarios en el sistema económico y social.

Gobierno provisional.


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2. EL GOBIERNO PROVISIONAL DEL SEXENIO (1869-‐1870)

Tras el triunfo revolucionario se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, que se celebraron con plena libertad de opinión y prensa.

El debate principal giró en torno a la forma de Estado, Monarquía o República. El

Gobierno, de mayoría unionista y progresista, era partidario de la primera, por lo que se decidió que el nuevo régimen sería una monarquía, pero con el trono vacante. A falta de rey, Serrano se convirtió en regente y Prim formó un gobierno de progresistas y algunos demócratas.

Las Cortes elaboraron una nueva Constitución, la primera democrática de nuestra historia. El país se constituía como una monarquía parlamentaria con estricta separación de poderes: el legislativo correspondería en exclusiva a las cámaras, y el ejecutivo al rey, pero con poderes muy limitados, puesto que lo ejercería a través de los ministros. Estos, además, debían responder de su gestión ante Cortes. El poder judicial quedaba reservado a los jueces.

El texto incluía una declaración de derechos detallada, con el fin de evitar posteriores recortes. Se incluían los de libertad, inviolabilidad de domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad de enseñanza, expresión, reunión y asociación. Pero estos últimos derechos colectivos tenían limitaciones, característica propia de todo el constitucionalismo liberal burgués. Por su parte, la cuestión religiosa fue objeto de tensos debates. Se aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el culto y el clero católicos, contra la opinión de los republicanos.

La Constitución ratificaba el sufragio universal y, por tanto, la plena soberanía nacional. Los electores, varones de más de veinticinco años, elegirían directamente el Congreso, pero el Senado se mantenía como una cámara elitista en su composición, elegida de forma indirecta. También serían elegidos democráticamente los ayuntamientos y diputaciones.

El gobierno provisional, en el terreno económico, adoptó una política librecambista mediante la Ley de Bases arancelarias, que ponía fin a la tradicional política proteccionista y realizó una reforma monetaria que dio la exclusiva de la emisión al Banco de España y puso en circulación la peseta.

El nuevo régimen, sin embargo, tuvo que enfrentarse desde el mismo momento de la revolución a una doble crisis: la guerra en Cuba y el clima de agitación social. La crisis cubana se venía gestando años atrás: el crecimiento económico de la isla hacía cada vez más inaceptable para los criollos la presencia de plantadores y comerciantes azucareros peninsulares, así como el monopolio comercial. En octubre de 1868 una junta revolucionaria, dirigida por el coronel Céspedes, se sublevó contra el Gobierno colonial.

El desengaño político, la persistencia de la depresión económica y la acción republicana y obrera se tradujeron en un clima social de continua agitación.


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3. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-‐1872)

Amadeo desembarcó en Cartagena el 30 de diciembre de 1870, y allí mismo recibió la noticia del asesinato del general Prim, en un atentado ocurrido tres días antes. Aún hoy se desconoce quiénes fueron los responsables.

Atentado contra Prim (1870). El reinado de Amadeo I fue un fracaso. En ello tuvo mucho que ver la ausencia de Prim,

principal promotor de su llegada y el hombre que mantenía unidos a los progresistas y a la coalición gobernante.

En realidad, Amadeo contaba con muy escasos apoyos. Las clases dirigentes le identificaban con la democracia y el desorden social. Le hicieron el vacío en la Corte y le aislaron. Poco a poco, el apoyo al Príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II, cuyos intereses representaba en España Antonio Cánovas, se fue abriendo paso. También le rechazaron los industriales y financieros, que no creían que el rey diera estabilidad al país y estaban asustados por el crecimiento del movimiento obrero. Ni que decir tiene que igualmente le rechazaban los carlistas, los republicanos y las clases populares, aunque por razones bien distintas. Fueron dos años de gobiernos inestables, con muchos problemas sin resolver. El conflicto cubano se agravó y a él se añadió el estallido de la tercera guerra carlista en el País Vasco, que en el verano se extendió a Cataluña.

Ante esta situación de fracaso y evitando el uso de la fuerza Amadeo presentó su abdicación, el 11 de febrero de 1873. Esa misma noche, la Cámara, consciente de que era imposible buscar un nuevo monarca, proclamó la República.

En semejante situación de inestabilidad emprendió Prim la difícil tarea de buscar un rey. Finalmente, el príncipe Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, aceptó la Corona, en parte gracias a la gestión personal de Prim. Retrato fotográfico de Amadeo I.


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4. LA PRIMERA REPÚBLICA Y EL CANTONALISMO.

El Congreso eligió a Estanislao Figueras, un republicano moderado, como jefe del poder ejecutivo, al frente de un gobierno formado sólo por republicanos. La República nacía de forma irregular y sin apoyos políticos suficientes nacionales e internacionales.

En el interior, los sectores conservadores rechazaron la República, a la que consideraban un régimen revolucionario. Los carlistas recrudecieron la guerra en el norte, al tiempo que el grupo alfonsino comenzaba a recibir apoyos cada vez más amplios entre las clases medias y altas. Incluso los progresistas, que tenían mayoría en el Congreso, pasaron a la oposición.

En realidad, tampoco sus partidarios tenían una visión común de lo que debía ser la República. Para la burguesía intelectual, la República debería traer democracia, derechos individuales y desarrollo económico. Para los campesinos y trabajadores urbanos, el nuevo régimen debía traer una auténtica revolución social (eliminación de consumos y quintas, subidas salariales, reparto de tierras, reducción de la jornada laboral...). El propio movimiento republicano estaba dividido entre los federalistas, partidarios del Estado federal, y los unionistas, que defendían un Estado de tipo centralista.

Las Cortes se apresuraron a redactar y debatir el proyecto constitucional. La

Constitución de 1873 establecía una república confederal de 17 Estados y varios territorios de ultramar, cada uno con su propia Constitución. El poder ejecutivo lo ejercería un gobierno cuyo jefe nombraría el presidente; el legislativo lo desempeñarían dos cámaras, ambas de elección directa, con un Senado formado por cuatro representantes por Estado y el judicial lo presidiría un Tribunal Supremo constituido por tres magistrados de cada Estado. La Constitución, muy influida por la estadounidense, daba grandes competencias al presidente. Una amplia declaración de derechos, incluida la afirmación por vez primera, del Estado laico, indignó a la Iglesia y enfrentó a la República con muchos católicos.

Pero la Constitución no llegó a entrar en vigor. En los primeros días de julio se desencadenó la insurrección cantonal y el país entró en un proceso revolucionario que acabó por hundir definitivamente a la República. En Cartagena se sublevaban los grupos federalistas proclamando el cantón. Rápidamente la proclamación de cantones y la formación de juntas revolucionarias se extendieron por numerosas ciudades del Levante y Andalucía, y también Castilla.

El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonomistas propiciadas por los republicanos federales intransigentes con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, liderados por republicanos más radicales y desencantados con el rumbo de los acontecimientos.

Mientras, los carlistas, aprovechando la situación caótica del país, avanzaron hasta

Las elecciones de mayo dieron una aplastante mayoría republicana, pero la altísima abstención, cercana al 60 por 100, reflejaba el escaso apoyo real que tenía la República. Poco después, la inesperada dimisión de Figueras convirtió en presidente a Pi y Margall.


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alcanzar posiciones en las provincias de Albacete y Cuenca, mientras mantenían bajo su control buena parte del País Vasco, Navarra, interior de Cataluña y Aragón.

Los conflictos carlista y cantonal durante la I República

En esa situación, incapaz de organizar la respuesta del Estado y tras oponerse a sofocar

la revuelta por las armas, Pi y Margall presentó su dimisión el 18 de julio.

El nuevo presidente, Nicolás Salmerón, inició un giro a la derecha. Dio plenos poderes al ejército, que, dirigido por generales conservadores como Martínez Campos y Pavía, fue sofocando uno a uno los focos de sublevación. Salmerón aceptó restablecer la pena capital, pero a comienzos de septiembre prefirió dimitir antes de tener que firmar dos sentencias de muerte.

Le sustituyó Emilio Castelar, que acentuó el giro autoritario. Suspendió las sesiones de las Cortes hasta enero por temor a ser destituido por la mayoría federal y también varios derechos constitucionales. Ordenó el restablecimiento de las quintas y un alistamiento masivo y obtuvo también nuevos créditos, y con todo ello consiguió sofocar definitivamente la revolución.

Sólo Cartagena resistió amparada en su arsenal y en el abastecimiento por mar. Pero el

2 de enero, cuando Castelar fue derrotado en una moción de confianza precipitó el golpe de Estado, previsto por la oposición conservadora y los generales. Mientras se estaba votando un nuevo Gobierno, unidades del ejército ocuparon los puntos clave de la capital. Poco después, el 4 de enero, el general Pavía, capitán general de Madrid, hizo entrar tropas en el Congreso y, tras disolver la reunión, anunció que se iba a constituir un Gobierno militar de emergencia, presidido por el general Serrano. Era, de hecho, el fin de la Primera República. Apenas hubo

Presidentes de la I república: Figueras: 11/02/1873-‐ 10/06/1873 Pi y Margall: 11/06/73-‐18/07/73. Salmerón: 19/07/73-‐ 7/09/73. Castelar: 8/09/73-‐ 3/01/74.


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resistencia, ni política ni popular, lo que muestra la debilidad de la República.

El gobierno de Serrano, con el apoyo de unionistas y algunos progresistas, intentó estabilizar un régimen republicano de corte conservador. Pero la base social que podía apoyar un proyecto de este tipo ya había optado por la vuelta de los Borbones con el hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón.

El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Previamente la reina ya había abdicado en su hijo y el propio Alfonso había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, en el que se avanzaba el programa de la Restauración: un régimen conservador que garantizara el sistema liberal y el orden social.

5.-‐ EL SEXENIO DEMOCRÁTICO EN EXTREMADURA: TENSIONES SOCIALES Y REVUELTAS CAMPESINAS. El importante aumento demográfico experimentado en todo el país durante el reinado de Isabel II también alcanzó a Extremadura. De esta forma se produjo un crecimiento de la población rural, que presionó con fuerza sobre el único recurso productivo: la tierra. La Revolución de 1868 generó expectativas de cambio en amplios sectores de la población y la cuestión social del campo se convirtió en el elemento más característico de la problemática de la región. En el origen del problema figuraba una amplia población privada de la tierra, que había visto pasar a manos particulares grandes extensiones que habían sido comunales. La devolución de estos terrenos comunales será la gran demanda del campesinado. Junto a esta reivindicación se situaban la abolición del sistema de quintas y la supresión de los “consumos”.

Tras el pronunciamiento en Cádiz, el ejército de Extremadura permaneció fiel a Isabel II. En algunas zonas aparecieron partidas armadas de población civil que no significaron ningún problema para las autoridades militares. Sin embargo, una vez consumada la derrota de las tropas isabelinas en Alcolea, se produjo la aceptación del hecho revolucionario, formándose Juntas Locales y en cada capital se constituyó una Junta Superior encargada de reconducir la situación y, sobre todo, de velar por el respeto de la propiedad. Aunque al mismo tiempo dejaban claro su posicionamiento al pedir elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal y la abolición de las quintas y los consumos. En esos inicios del otoño de 1868 se produjeron asaltos de fincas por parte de campesinos, debiéndose enviar fuerzas militares para controlar la situación. Esta inquietud en el ámbito rural sería un rasgo característico de todo el sexenio en Extremadura. A finales de octubre las Juntas se disolvieron y sus miembros se integraron en las Diputaciones provinciales. Durante el período constituyente aparecieron movimientos subversivos que reclamaban la república, especialmente en el norte de Cáceres, fácilmente controlados por la Guardia Civil. Los resultados de las elecciones en ambas provincias plasmaron la victoria de la opción monárquico-‐democrática, aunque en Badajoz los resultados fueron más igualados.

Durante la monarquía de Amadeo I continuaron los episodios de subversión en el mundo rural. En el invierno de 1873, durante la República, se produjeron notables acontecimientos de este tipo, sobre todo en la provincia de Badajoz, que fueron rápidamente controlados. Se trataba de movimientos espontáneos poco organizados. En este sentido conviene indicar que la posición geográfica y el ser una sociedad básicamente rural no favorecieron el desarrollo del movimiento internacionalista. No obstante entre 1868 y 1873 se fundaron federaciones locales de la AIT. En algunas poblaciones como Badajoz, Cáceres, Cabeza del Buey, etcétera. Por último, el movimiento cantonalista apenas tuvo repercusión en la región, aunque hubo algún conato aislado de escasa relevancia como el es el caso del cantón placentino. Si estuvo algo más presente el problema carlista, que al igual que en el resto del país intentó dos caminos diferentes para conseguir sus objetivos: el parlamentario y el militar. En este último caso las acciones se concentraron principalmente en la zona de Ibores y las Villuercas.

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