Una sociedad de mujeres

Uno de los grandes sociólogos de nuestros días afirma sin dudar que “no estamos ya

en una sociedad de hombres, estamos entrando, ya hemos entrado, en una sociedad

de mujeres. Los hombres, es cierto, todavía son los dueños del dinero, del poder, y

de las armas. Pero las mujeres ya han tomado la palabra, y son ellas las que han

descubierto qué sentido tienen los cambios que están teniendo lugar. Son las

mujeres las que hacen pasar a nuestra sociedad de una visión conquistadora a una

visión creadora de nuevas orientaciones libres”.

Estas palabras tal vez suenan duras en un contexto de “machismo cultural” como es

el nuestro, y, mucho más todavía, cuando se hace extensivo al mundo de la política,

de lo jurídico y de la ideología. Nos estamos refiriendo ni más ni menos al papel

protagónico, de liderazgo, único y en solitario que desde el mes de octubre está

realizando la rectora de la universidad nacional Julieta Castellanos. En medio de la

“bubuzela político electoral” es la única persona que está tomando el pulso a la

policía, ministerio público, al gobierno, la institucionalidad del país, medios de

comunicación y la sociedad civil del mundo de las ONGs.

Mientras el gobierno y las diferentes autoridades judiciales lo único que hacen es

practicar un “tortuguismo” institucional a base de una burocracia judicial espesa,

casuística, retórica y llena de sofismas, impresiona ver la manera como la rectora

confronta y tiene entre las cuerdas a todas las autoridades. Exige información,

datos, pide y aporta pruebas; y, sobre todo, desenmascara una gran red de

impunidad, violencia, colusión, encubrimiento y corrupción en todos los niveles de

la “escala jerárquica”, como acostumbran a decir.

Resultado de esta confrontación es que los implicados directos comienzan un fuego

cruzado y en el intento de salvar responsabilidades señalan nombres: “la

responsabilidad directa tanto en el sabotaje de la investigaciones como en la fuga de

los policías acusados recae en el señor Marco Tulio Palma”. La ex fiscal Sandra

Ponce afirma que “notaron un alto grado de involucramiento con el crimen

organizado dentro de las postas policiales, pero con especial atención la de La

Granja en donde la hipótesis fue que existía una red de alto nivel implicado en varios

crímenes y delitos en contra de la ciudadanía en general”. Este caso puso al

descubierto que varios policías operaban a través de una red; por esa razón el móvil

para sabotear las investigaciones era proteger a quienes participaban en otro tipo

de actividades ilícitas.

La rectora es más contundente cuando afirma que las investigaciones no avanzan

porque todos se están protegiendo: lo que se ha manifestado es una gran colusión,

grandes miedos, grandes compromisos, una manta que envuelve a todos los

operadores de justicia y hace que el país esté en condición de impunidad. Es más,

dijo que en el país no se puede combatir la impunidad con fiscales ni jueces que son

cómplices del crimen y, además son incapaces. Y, aunque la ex fiscal Sandra Ponce

reveló informaciones muy valiosas, perdió su credibilidad debido a que mantuvo un

expediente por cuatro meses sin acusar a nadie.

Nuestra Palabra | 23 Marzo 2012