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Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un pueblo indígena en Guatemala Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net) Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un pueblo indígena en Guatemala Enviado por ter el Jue, 06/23/2016 - 08:00 Artículos relacionados portada: Un atlas muestra cerca de 2.000 conflictos medioambientales en todo el mundo Foto portada: Página 1 de 6

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Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un pueblo indígena en GuatemalaPublicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un puebloindígena en GuatemalaEnviado por ter el Jue, 06/23/2016 - 08:00 Artículos relacionados portada: Un atlas muestra cerca de 2.000 conflictos medioambientales en todo el mundoFoto portada:

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Sección principal: GlobalCuerpo:

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás deBolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el número de habitantesestimado alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. A pesar de constituir másde la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechosbásicos y los de sus territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo másreciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupoguatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyopresidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia March es uno de susmáximos accionistas.

La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de AltaVerapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia dela obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades quedesarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededorde 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta enmarcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OITsobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.

Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este jueves 16 de junio una campañade recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la masiva violación dederechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. Lainiciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético yrespetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de lasgrandes corporaciones no se impongan a ellos.

En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó cómo descubrieron elcaso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió como un ejemplo de buena práctica

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empresarial, debido a la información falseada que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años deinvestigación se dieron de cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estadoactual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de unaconsulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos quenos indican que no es una buena práctica y debe por ello debe pararse”. Su objetivo es llegar a las10.000 firmas y hacerlas llegar a Florentino Pérez para exigir la paralización de las obras hastaque no se haya realizado un informe independiente que evalúe el impacto económico, social yambiental global que este proyecto supone para el territorio y sus habitantes.

El impacto ambiental y social

Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial natural que tienen muchosterritorios de Lationamérica la convierte en un destino perfecto para la instalación de grandesproyectos. “Para las empresas no importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la rentabilidad y la maximización de la producción”, explica Erika González, del Observatorio deMultinacionales en América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de la destrucción de losecosistemas y el impacto sobre la población que la obra pueda ocasionar”.

La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre la salud de laspersonas que viven en los territorios, derivadas de la contaminación de las aguas y el ruido. Elimpacto se agrava todavía más cuando se trata de territorios indígenas, como es el caso del ríoCahabón, en los que la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida delas comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y cultural queadquieren dentro de su cosmovisión.

Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la presentación de lacampaña la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación delcomplejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde lassiete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. Notiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estasviolaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice delas muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en elterritorio”.

Las multinacionales hidroeléctricas en América Latina

El de Renace no es el único caso de violación de derechos indígenas derivada de una decisiónempresarial unilateral de estas dimensiones. La campaña TieRRRa desveló otros dos casos similares,como el de la explotación de un acuífero por parte de la embotelladora Coca-Cola en El Salvador; oel de la apropiación para construir otra hidroeléctrica por parte de Hidro-Santa Cruz (Ecoener-Hidralia) del río Cambalan de Guatemala, sagrado para las personas que viven en torno a él.Tampoco se puede olvidar el Caso Quimbo, otra central hidroeléctrica emplazada en el río Huila paracuya construcción el Grupo Endesa invirtió 837 millones de dólares; o los numerosos proyectos deobra en Honduras que terminaron con el asesinato de Berta Cáceres por defender su territoriofrente a las multinacionales.

Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este tipo de proyectos es muysimilar en todos los casos: “Los gobiernos y las empresas establecen acuerdos muy opacos parala población, que no sabe lo que va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Esuna clara muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda lainformación desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.

La investigadora de OMAL habla también de los argumentos a los que recurren los estados parajustificar la cesión de los territorios a las empresas. “Los gobiernos insisten en la cantidad deproducción energética que estas acciones van a traer al país, pero en la mayoría de los casos esta producción no va destinada al abastecimiento de la ciudadanía, si no a los intereses de laempresa que no repercuten para nada en la población autóctona”. En la presentación de la campañadel Caso Renace, Karen Ramírez, de la Asociación ProVida/ Foro del Agua de El Salvador, aseguró

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que “muchos gobiernos de Centroamérica ponen por encima de los derechos humanos de lospueblos indígenas la ayuda a las transnacionales”.

En algunas ocasiones, los Estados sí llevan a cabo consultas para no vulnerar lo dispuesto en elConvenio 169 de la OIT y justificar la intervención. “Sin embargo, en la mayoría de los casos serealizan de manera irregular, sin informar adecuadamente a la población e incluso recurriendo alchantaje para conseguir firmas” asegura Erika González.

Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del territorio, tanto las compañíascomo los gobiernos responden con diferentes medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresasoptan por la estrategia de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra lapoblación para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más visibles yactivas de la oposición social, y se producen denuncias y encarcelamientos de defensores dederechos humanos”, continúa Erika González. Karen Ramírez también dedicó parte de suintervención al recuerdo de los “presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender losderechos de la población y del medioambiente.

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Pie de foto: Imagen de la presa Renace sobre el río Cahabón en Guatemala.Temáticos: Pueblos indígenasenergía hidroeléctricaGeográficos: GuatemalaNombres propios: ACSFlorentino PérezRenaceEdición impresa:

Licencia: CC-by-SAPosición Media: Cuerpo del artículoCompartir:

Tipo Artículo: NormalAutoría foto: Alianza por la SolidaridadAutoría: Alba Ara AnelFormato imagen portada: sin fotoTipo de artículo: Normal

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