una declaración conjunta necesaria

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Una declaración conjunta necesaria El 25 de junio de este año, los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de Europa y de África, denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y manifestaron su repudio ante los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento. Para los cuatro Relatores, los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales no sólo representan ataques contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas y atentan contra los derechos de la sociedad en general. Esta declaración conjunta nos viene como anillo al dedo a todo el continente americano, ya que en nuestros países, desde Canadá hasta Argentina, los periodistas y comunicadores sociales siguen sufriendo impunemente constantes censuras, amenazas, agresiones y asesinatos, haciendo del ejercicio del periodismo una de las actividades más peligrosas en nuestra región. Por ello, los Relatores Especiales recomiendan a los Estados adoptar una serie de medidas que aseguren, particularmente, la investigación independiente y efectiva, el juzgamiento y el castigo de los delitos que atenten contra la libertad de expresión; y que además aseguren la creación de programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan atentados contra este derecho tan fundamental para el fortalecimiento democrático. Evidentemente, Estados como Honduras, el más peligroso para el ejercicio del periodismo en la región, requiere de medidas extremas que implican la construcción de una nueva institucionalidad que se asiente sobre los dos pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho, la legalidad y la legitimidad, ya que con el golpe de Estado de hace 3 años, estos dos pilares fueron destruidos por la violencia de las armas y el desprecio de la dignidad humana. Nuestra Palabra | 26 Junio 2012

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Editorial, Radio Progreso y Eric-SJ

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Una declaración conjunta necesaria

El 25 de junio de este año, los cuatro Relatores Especiales para la

Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de Europa y de África,

denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento

de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y

manifestaron su repudio ante los inaceptables índices de delitos

contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de

muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento.

Para los cuatro Relatores, los crímenes contra periodistas y

comunicadores sociales no sólo representan ataques contra las

víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma,

puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de

información e ideas y atentan contra los derechos de la sociedad en

general.

Esta declaración conjunta nos viene como anillo al dedo a todo el

continente americano, ya que en nuestros países, desde Canadá

hasta Argentina, los periodistas y comunicadores sociales siguen

sufriendo impunemente constantes censuras, amenazas, agresiones

y asesinatos, haciendo del ejercicio del periodismo una de las

actividades más peligrosas en nuestra región.

Por ello, los Relatores Especiales recomiendan a los Estados adoptar

una serie de medidas que aseguren, particularmente, la

investigación independiente y efectiva, el juzgamiento y el castigo de

los delitos que atenten contra la libertad de expresión; y que además

aseguren la creación de programas de protección especializados

cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan

atentados contra este derecho tan fundamental para el

fortalecimiento democrático.

Evidentemente, Estados como Honduras, el más peligroso para el

ejercicio del periodismo en la región, requiere de medidas extremas

que implican la construcción de una nueva institucionalidad que se

asiente sobre los dos pilares fundamentales de la democracia y el

Estado de derecho, la legalidad y la legitimidad, ya que con el golpe

de Estado de hace 3 años, estos dos pilares fueron destruidos por la

violencia de las armas y el desprecio de la dignidad humana.

Nuestra Palabra | 26 Junio 2012