un sistema nacional de archivos para la república argentina

7/26/2019 Un Sistema Nacional de Archivos para la República Argentina

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A r c h i v o l o g í a

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Un Sistema Nacional de Archivos para la República

Argentina. Estudio de legislación comparada.

Sofia Yanina Brunero

[email protected]

Mónica Día Mariano [email protected]

Archivología

Directora de TFL: Dra. Jaqueline Vassallo

Resumen

El TFL sobre el que se basa el presente artículoconsiste en una investigación exploratoria descriptiva

[1] sobre la estructura normativa funcional de los

Sistemas Nacionales de Archivos de Costa Rica,Ecuador y Perú, a partir de la técnica de la legislacióncomparada, desde un criterio técnico archivístico,complementado con herramientas proporcionadasdesde el método histórico.

De esta manera, se aborda de forma multidisciplinariala hipótesis que consiste en afirmar que el patrimoniodocumental de la República Argentina se encuentradesprotegido jurídicamente debido a la falta deprecisión en la legislación vigente, tanto como a laescasa comunicación entre instituciones archivísticasque comparten jurisdicción y forman parte de unmismo ciclo documental. Situación diametralmenteopuesta al contexto archivístico de aquellos paísesque cuentan con Sistemas Nacionales de Archivosaprobados por ley, reglamentados y enfuncionamiento efectivo. Finalmente, se proponen

estrategias normativas específicas tendientes amejorar el panorama archivístico en nuestro país, seafactible o no, la implementación de un SistemaNacional de Archivos.

Palabras clave: SNA, legislación archivística,Latinoamérica, patrimonio documental.

1. Introducción

Observando el cambio de paradigmaproducido en la archivística contemporánea, ladiversificación de usuarios, tipos de demandas yrequerimientos, con relación a la documentaciónpública, dada la progresiva complejidadestructural de las administraciones, nospreguntamos: ¿en qué situación se encuentra el

marco normativo legal archivístico a nivelnacional en Argentina?; ¿cuentan los archivos delámbito público nacional con las herramientasnormativas suficientes, para garantizar lapreservación del patrimonio documental yofrecer un servicio de información eficiente?

Actualmente la República Argentina no cuentacon un Sistema Nacional de Archivos; por ello nospropusimos investigar la real situación archivísticanacional, en el contexto jurídico legal ycompararla con la realidad de otros países

latinoamericanos que sí tienen un SistemaNacional de Archivos (en adelante también SNA)en funcionamiento, para poder determinar elgrado de necesidad de la implementación de unSNA en nuestro país y las pautas normativasfundamentales que debería tener. Así, el objetode nuestra investigación es el marco normativoque implica y genera la puesta en funcionamientode un SNA, contemplando las características de la




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realidad histórico política en que se crea yanalizando su aplicación y evolución en el tiempo.

Para poder lograr nuestro propósito hemosdesarrollado un estudio multidisciplinario

integrando técnicas del método histórico, delderecho comparado y del sociológico desde unaperspectiva archivística. He aquí una de lascaracterísticas particulares de la investigaciónllevada a cabo, pues al consultar comoprecedente argumentativo los trabajoselaborados por otros especialistas del ámbitoarchivístico y del campo del derecho, pudimosnotar que por lo general, no se tiende a aplicaruna óptica multidisciplinaria en estudios quetengan como objeto de análisis el marco

normativo de una comunidad.Coincidiendo con los historiadores Cassani yPérez Amuchástegui respecto a que “la

comprensión, vale decir el conocimiento, delpasado específicamente humano, se obtienecuando ese pasado es objeto de una recreaciónintelectual congruente” (Cassani y Pérez

Amuchástegui, 1980: 41); en nuestrainvestigación, el empleo de la técnica descriptivadel método histórico fue fundamental para poderconocer la situación político social de nuestro paísa lo largo del marco temporal estudiado – desde

enero de 1984 a diciembre de 2007 – y elcontexto que dio origen a los respectivos SistemasNacionales de Archivo de los paíseslatinoamericanos analizados. Aplicamos estatécnica, a partir de la búsqueda y lecturapormenorizada de bibliografía referida a lahistoria y al contexto socio político de los estadoscomparados, tanto como sobre la situación de losarchivos del ámbito público nacional; realizandoel correspondiente fichaje científico, que nospermitió realizar un exitoso entrecruzamiento de

datos para recrear el escenario en que sedesarrolla nuestro objeto de estudio.

Varios son los países de América Latina quetienen Sistemas Nacionales de Archivos, pero deacuerdo a las analogías que deben existir parapoder aplicar el método comparado, Costa Rica,Ecuador y Perú son las naciones que compartenmás similitudes con la República Argentina en lo

referido a su estructura estatal y forma degobierno. Además, cada uno de sus SNA, cuentacon diferencias sustanciales en su contenidonormativo y archivístico, haciéndolos

enriquecedores como objetos de comparación.El SNA de Ecuador fue el primero de América

Latina, aprobado en el año 1982; en tanto que laley y decreto del SNA costarricense, sancionadoen 1992, es el más específico y completo de laregión; el de Perú, se diferencia de los demás portener en su contenido lineamientos básicos quese reglamentan en normativas específicas,generadas por las autoridades de cadainstitución integrante del mismo.

Teniendo en cuenta las características de

nuestro objeto de estudio, aplicamos la técnicade la legislación comparada en el marco de unamicro comparación, de acuerdo a la teoría delderecho comparado, la cual está impulsada porla idea filosófica de comprender al otro en elánimo de poder mejorar la situación propia. Deesta manera, a partir de la aplicación de tablasde comparación[2], pudimos concretar unproceso comparativo completo, abarcando elplano contextual – que involucra lascaracterísticas de la coyuntura jurisdiccional,conocidas a partir de la técnica descriptiva del

método histórico – y el de carácter específico, alestudiar en profundidad la legislación archivísticarelacionada con los SNA comparados.

2. Desarrollo

2. a Síntesis del funcionamiento de hecho y

derecho de los SNA latinoamericanos analizados

Costa Rica El SNA costarricense fue sancionado en el año

1990 por la Ley Nº 7202 (Diario Oficial 27-11-90)y reglamentado en 1995, según el DecretoEjecutivo Nº 24023-C (D.O. 07-03-95). Se trata deuno de los reglamentos más específico y extensode Latinoamérica, cuenta con 168 artículos en losque se detallan los distintos aspectos referidos alfuncionamiento del SNA. El texto de la ley




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también, pues “se ha constituido no solo una

herramienta de primera mano, necesaria pararegular el funcionamiento de los archivos en elpaís, dado que proporciona el marco legal para

su accionar sino también un ejemplo para otrospaíses de América Latina” (Rivas Fernández,

2005: 7)La legislación archivística de Costa Rica tiene

su origen luego de su emancipación comocolonia española, el 15 de setiembre de 1821. Apesar que durante la dominación española semanifestó el interés por la organización de ladocumentación de las instituciones coloniales,no se legisló al respecto.2 Así, a partir de suindependencia, en su devenir como estado, se

van creando sucesivamente el Archivo de laAsamblea Constituyente (1824), el ArchivoJudicial (1834), los Archivos Judiciales en lascapitales de provincias (1859), la Oficina deArchivos Judiciales (1878) y el Archivo Nacional(1881).

En el siglo XIX se promulgaron variosinstrumentos normativos vinculadosdirectamente con la creación de archivos: elDecreto Nº 13 (D.O. 29-08-1859) mediante elcual se crea el Archivo Judicial de las CiudadesCapitales de Provincias; el Decreto Nº 23 (D.O.

14-07-1881) que ordena a los jueces a organizarsus archivos, y el Decreto Nº 25 (D.O. 23-07-1881) que aprueba la creación del ArchivoNacional costarricense.

La aprobación y puesta en práctica de la LeyNº 7202 permitió que los archivos del paíspudieran incrementar la relación con susinstituciones productoras, al tiempo que se fuelogrando una mejor interrelación entre losmismos a partir del rol rector de la políticaarchivística que tomó el Archivo Nacional de

Costa Rica. Posteriormente, se publicaronnormativas importantes que contienendisposiciones estrechamente relacionadas conlas actividades archivísticas, como es la LeyGeneral de Control Interno, la Ley deCertificados, Firmas Digitales y DocumentosElectrónicos, además del Código ProcesalContencioso Administrativo.

A partir de la entrevista virtual51 sostenidacon la Archivera Virginia Chacón Arias, Directoradel Archivo Nacional de Costa Rica, podemosdecir que la detallada ley y reglamentación de

este Sistema es cumplida satisfactoriamente enla práctica. Respecto al rol normalizador que hatenido en el mundo archivístico costarricense, lavigencia de una ley y decreto reglamentario, queen su texto cuenta con numerosas definicionesarchivísticas, se nos respondió que, justamenteel objeto de incorporar esas definiciones, fue lanormalización del vocabulario archivístico a nivelnacional; y que, efectivamente, se ha alcanzadoun resultado exitoso. De todas formas,corresponde aclarar que en la ley hay términos

que hoy día no se utilizan en Costa Rica, talescomo archivalía o prearchivalía.Finalmente, se comprueba la necesidad de

reforma de los instrumentos dispositivosfundadores de los SNA, para mantener suvigencia; dado que desde hace dos años, laDirección del Archivo Nacional de Costa Rica seencuentra trabajando junto a especialistas deotras instituciones, sobre el texto de dosproyectos de ley y de reglamento para actualizarla ley Nº 7202 y su decreto reglamentario Nº24023 C.

Ecuador

La legislación archivística en Ecuador tiene suorigen a finales del siglo XIX. Con eladvenimiento de la independencia de la coronaespañola, surge la preocupación por organizar lainformación relativa a la vida pública delnaciente estado. “El primer antecedente

legislativo, referido a cuestiones archivísticas, esla Ley del 24 de agosto de 1886, que estableció lacreación del Archivo del Poder Legislativo” (Jaen

García, 2001: 92)Ya a principios del siglo XX surge la figura del

Archivo Nacional en la legislación de la mayoríade los países latinoamericanos; en Ecuador elDecreto del 19 de enero de 1938, crea el Archivode Historia Nacional, hoy Archivo Nacional. Porese entonces, Rafael Euclides Silva, primer jefe ypaleógrafo del archivo, reconocía con crudeza:"Nuestros ricos archivos coloniales y




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republicanos han permanecido arrumbados enhúmedos sótanos, sin el debido cuidado y laobligada veneración que merecen (...)Lamentamos decirlo. Se ha pensado (...) que un

Archivo es un inútil montón de papeles viejos,más dignos de la hoguera que del estudio”

(Bustos, 2009: 154).En el año 1960 se crea la Asociación

Ecuatoriana de Administradores de Documentosy Archivos. Esta organización ha realizadoimportantes acciones a favor del cuidado yservicio del patrimonio documental ecuatoriano.Lamentablemente durante las décadas del 60 y70, no siempre las sugerencias criteriosasparecen haber sido aceptadas, pues observamos

la aprobación de escasos instrumentosnormativos, referidos a cuestiones archivísticasdurante ese lapso de tiempo.

Éste panorama parece haber cambiado desdelos años ochenta, con la aprobación de la Ley Nº92 de Sistema Nacional de Archivos, la cual“contiene disposiciones muy importantes para la

conformación y desarrollo de un sistemaarchivístico de ámbito nacional, sistema queposibilite la adecuada gestión de los archivos entodos los niveles y etapas del ciclo de vida de losdocumentos y el resguardo de la documentacióncalificada de patrimonio documental.” (Cruz,

2009: 158) Además, es fundamental lacorrespondencia que tiene el texto de laConstitución Nacional vigente, reformada en elaño 2008, con el articulado de las normativasque reglan el SNA de Ecuador; especialmente enlos Arts. 18 y 379, donde se reconoce el acceso ala información como derecho humano y a losdocumentos y archivos como objetos desalvaguarda nacional.

El escueto contenido de la ley y decreto

reglamentario del SNA respecto al tratamientoarchivístico de los documentos se ha salvado conla aprobación del Instructivo de OrganizaciónBásica y Gestión de Archivos Administrativos(Registro Oficial 25-07-05) elaborado por laDirección del Archivo General de Ecuador, pormandato de la Ley Orgánica y ReglamentoGeneral de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (reglamentada por DecretoEjecutivo Nº 2471/05, R.O. 19-01-05).

Si bien en Ecuador no existen aún leyes odecretos referidos específicamente al

tratamiento de los documentos digitales o ensoporte electrónico, actualmente se estándigitalizando todos los documentos de gestiónen cada entidad del gobierno central a través delSistema Informático de Gestión DocumentalQUIPUX. Se trata de un software libre, creadopor el gobierno nacional, a fin de economizar laslicencias con las empresas particulares quebrindan estos servicios, al tiempo que normalizarla utilización de un mismo software en toda laadministración pública. Observamos así, que la

tendencia en Ecuador es generar nuevosinstrumentos normativos, de contenidoespecífico, para complementar la ley Nº 92 delaño 1982 y el decreto Nº 1218 de 1983; en lugarde planificar una nueva ley y/o decreto queremplacen los que actualmente se encuentranen vigencia.

A diferencia de Costa Rica, en Ecuador, laformación archivística no es especializada y granparte de los empleados que trabajan en archivospúblicos no son profesionales archiveros. Paracompensar esta falencia, se fomenta que los

empleados tomen los cursos dictados por elInstituto de Estudios Administrativos de laFacultad de Ciencias Administrativas de laUniversidad Central y/o del SECAP (ServicioEcuatoriano de Capacitación Profesional) sobretécnicas de archivo. Esta capacitación tieneaproximadamente un mes de duración.

Perú Los antecedentes legislativos del ámbito

archivístico peruano se originan en el siglo XIX. El

15 de mayo de 1861 fue creado el ArchivoNacional, cuyo principal objetivo era centralizarlos documentos históricos y oficiales de laNación. Posteriormente, la Ley Nº 4666, de 15 demayo de 1923, apunta sobre la reorganizacióndel Archivo Nacional, aplicando un criterioarchivístico.

El inicio de la concientización respecto a laorganización y cuidado del patrimonio




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documental peruano, probablemente tengamucho que ver con su participación en el PrimerCongreso Histórico Municipal Interamericanorealizado en La Habana (Cuba) en el año 1942.

“En este evento se recomienda fuertemente atodos los países del continente americano laadopción de leyes, acuerdos y disposiciones quefaciliten la utilización de todos los archivosoficiales y de instituciones privadas” (Tanodi,

1984: 7). Perú participa del Congreso y de loseventos archivísticos que lo sucedieron en lassiguientes décadas; aprobando en la década del70 el Decreto-ley Nº 19414 (Boletín Oficial 16-05-72) de la Defensa, conservación e incremento delPatrimonio Documental. Se trata de un

instrumento normativo sumamente innovadorpara la época, pues contempla el cuidado de losdocumentos de tercera edad como el correctomanejo de la documentación en trámite, en unmomento en el que en América latina aún sediscutía si la documentación de los archivos degestión podría ser considerada documento dearchivo, o no.

Sancionada la Ley Nº 25323 de SistemaNacional de Archivos y previa elaboración delDecreto supremo Nº 008-92 JUS que loreglamenta, se aprueba la Resolución ministerial

Nº 202.01-02-JUS (B.O. 31-03-92) quesistematiza la organización y funciones delArchivo General de la Nación como unainstitución pública descentralizada, de caráctermultisectorial, dependiente del Ministerio deJusticia que goza de autonomía técnica yadministrativa. Destacamos así, que el Archivocuenta con bases orgánicas fuertes en cuanto alasesoramiento en materia presupuestaria,respecto a cuestiones jurídicas y también sobreel ámbito técnico archivístico específico.

En Perú, se repite la falta de especificidad delcontenido de las normativas que reglan su SNAen cuanto a pautas referidas sobre tratamientoarchivístico de la documentación. En laentrevista virtual sostenida con la abogadaMendoza Navarro (ex Directora del ArchivoGeneral de la Nación) nos dejó entrever que enel caso de Perú, se priorizó el correcto uso de laterminología técnica en el texto de la ley y su

decreto reglamentario, en tanto que losprocedimientos específicos quedancontemplados en normativas de menor alcance,pero más definidos. Como por ejemplo, la Norma

General SNA 04 Selección Documental y laDirectiva N° 004-86-AGN-DGAI, referida a latarea de evaluación y selección documental; laDirectiva N° 007-86/AGN-DGAI, Normas para laconservación de documentos en los archivos delSector Público Nacional; Resolución JefaturalNº040-96-AGN/J “Manual de Información Básica

sobre “Prevención y Recuperación de Siniestros

del AGN”; Resolución Jefatural Nº159-97-AGN/J“Plan de Prevención y Recuperación de Siniestrospor Inundación en Archivos; entre otras.

Por otro lado, los documentos notradicionales padecen de una laguna normativaen cuanto a su tratamiento; ya que no se hayasancionado ningún instrumento dispositivo queverse sobre el tema.

En lo que a capacitación profesionalarchivística respecta, se encuentra dentro delámbito de la educación pública, la EscuelaNacional de Archiveros. En la cual se expidentítulos de nivel superior no universitario. Desdeel año 2011, la formación en esta Escuela searticula con la de la Universidad Católica Sede

Sapientiae, donde se puede acceder a laLicenciatura en Archivística y GestiónDocumental. Es justamente con la participaciónde estos nuevos profesionales universitarios,entre otros especialistas, que desde hace años seestá elaborando un proyecto de modificación dela Ley de SNA para poder actualizar la normativaprincipal del Sistema a las necesidades actualesde los archivos peruanos.

2.b Situación de la legislación archivística en laRepública Argentina

Los primeros antecedentes normativosnacionales referidos a políticas archivísticas enArgentina, los encontramos a mediados del sigloXX; cuando surge la Comisión Nacional deMuseos y de Monumentos y Lugares Históricos,creada por Ley Nº12665 (B.O. 15-10-40).Establece un régimen legal para los bienes,




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lugares, monumentos, inmuebles y documentosde propiedad de la nación, de las provincias, delas municipalidades y de los particulares, que seconsideren de interés histórico o artístico,

mediante la introducción de diversasrestricciones a su dominio y la previsión de unadecuado sistema de expropiación por razonesde interés público. Su funcionamiento estáregulado por Decreto Nº 8405/41 (T.O. 1993),fija sus atribuciones, establece el registro de losbienes históricos e histórico-artísticos del país ydetermina un régimen jurídico especial para losbienes privados de igual carácter, conobligaciones recíprocas a cargo del estado y delos propietarios particulares.

En lo relativo a los bienes culturales, la LeyNº17711 (B.O. 26-04-68), introducemodificaciones de distinta índole en el CódigoCivil. Así, el nuevo Art. 2339 establece que: "Lascosas son bienes públicos del estado general queforma la nación, o de los estados particulares deque ella se compone, según la distribución de lospoderes hecha por la Constitución Nacional...”.

En materia de defensa del patrimoniocultural, la Constitución Nacional de la RepúblicaArgentina, aprobada en 1853 y reformadaen1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, le asigna un

papel relevante al estado. Reconoce en su Art. 14el conjunto de derechos de todos los habitantesde la Nación, entre ellos, el derecho a trabajar yejercer toda industria lícita, el de publicar susideas por la prensa sin censura previa y el deasociarse con fines útiles, además del de enseñary aprender. La reforma de 1957, introdujoderechos sociales, pero no llegaron a adquirirreconocimiento, los derechos culturales. El Art.17 dispone la garantía constitucional de lapropiedad intelectual. En los artículos 41 y 75 las

autoridades proveen la preservación delpatrimonio natural y cultural y el Congreso debedictar leyes que protejan el patrimonio artístico.

Este marco legislativo nacional, secomplementa con diversos Acuerdos de carácterinternacional. Varios de los mismos con jerarquíaconstitucional, a partir de la reforma de 1994,tales como el Acuerdo bilateral con Perú queestableció un Convenio sobre Protección del

patrimonio arqueológico, histórico y artístico,aprobado el 14 de mayo de 1963; y laConvención UNIDROIT (1995) sobre objetosculturales, bienes robados o exportados

ilícitamente, en vigencia desde el primero defebrero del año 2002. En el contenido de estanormativa se observa una preocupación legítimasobre el patrimonio histórico, artístico y cultural;pero sin hacer una asociación directa de losmencionados con el patrimonio documental. “Lo

mismo ocurre a nivel provincial, si bien todas laslegislaturas del país, han sancionadodisposiciones relativas al patrimonio cultural engeneral, no se especifica qué tipos de bienes loconstituyen” (Tanodi, Rapela, Vassallo, 2005: 45)

Con respecto al Archivo General de la Nación,es el único archivo dependiente del PoderEjecutivo Nacional; su funcionamiento comoorganismo dependiente del Ministerio delInterior, está contemplado en la Ley Nº 15930(B.O. 10-11-61), atribuyéndole además lafinalidad de reunir, ordenar y conservar, concriterio histórico, la documentación del estado ylos documentos privados que le fueranentregados para su conservación y difusión.Desde hace décadas funciona como un Archivode tipo histórico, sin haberse concretado de

hecho la Comisión Nacional de Archivos que semenciona en el articulado de la ley que lo crea,en tanto organismo generador de una futura Redo Sistema Nacional de Archivos.

Teniendo en cuenta que la preservación alargo plazo del patrimonio cultural, contribuye ala identidad de los pueblos y al respaldo de susderechos, consideramos pertinente citar alprofesor Edwin R. Harvey, con respecto a laproblemática legislativa del patrimonio culturalen la Argentina durante la década de 1980:

“Entre las características de la política ylegislación nacional argentina sobre elpatrimonio cultural pueden señalarse el carácterfragmentario y disperso de su normativa, no hayuna norma unificadora, falta unidad en laspolíticas específicas, es acentuada la precariedadde medios financieros y presupuestariosdedicados a su conservación y la administración




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del sistema sólo desde hace poco tiende aprofesionalizarse…”(Harvey, 1990: 281)

En cuanto al tratamiento de la produccióndocumental, en el Decreto 1571/81 (B.O. 19-10-

81) referido a Tablas de Plazos Mínimos deConservación de los Documentos de Personal yControl, el principal objetivo, es planificar lavaloración, selección y eliminación racional ysistemática de los documentos de aplicaciónobligatoria en toda la administración públicanacional. El Archivo General de Nación (AGN), esla autoridad competente para autorizar laeliminación, con miras a evitar la destrucciónindiscriminada de documentos y por medio desendos anexos al Decreto citado, se incluye la

metodología para ejecutar esa tarea y todo loconcerniente a la comisión de seleccióndocumental. La cual estará integrada por unabogado, un contador o licenciado enadministración y un archivero.

También es importante destacar ciertas leyesnacionales, que hacen a la protección integral dedatos sensibles, como la Ley Nº 25.326 (tambiénconocida como Ley de Habeas Data), (B.O. 3-12-01) y su Decreto Reglamentario Nº 1558/01 (B.O.03-12-01) que reglamenta la actividadinformativa ejercida a través de bancos de datos,

regulando el ejercicio del derecho a laautodeterminación informativa contenidoimplícitamente en el artículo 43 de laConstitución Nacional, así como el derecho a laintimidad y el honor de las personas.

En cuanto a las normas de procedimiento quese aplicarán ante la administración públicanacional centralizada y descentralizada, inclusivelos entes autárquicos con excepción de losorganismos militares y de defensa y seguridad, laLey Nº 19549 (B.O. 27-04-72), establece una

serie de requisitos, para actos, actuaciones ydiligencias que se practiquen de oficio o apetición de parte en días y horas hábilesadministrativos, para darle economía, sencillez yeficacia a los trámites que se realicen.

Ante la progresiva despapelización del estado,en el año 2000, se dicta el Decreto Nº 252/00(B.O. 22-03-01) que establece las bases para lacreación del Programa Nacional para la Sociedad

de la Información, con el objetivo de difundirinformación, conocimientos e intercambiosmediante la utilización de procesos informáticos,a cargo de la Secretaría para la Tecnología, la

Ciencia y la Innovación Productiva de laPresidencia de la Nación. También debemosmencionar la Decisión Administrativa (B.O. 09-08-01), de la Jefatura de Gabinete, referida a unproyecto de simplificación e informatización deProcedimientos Administrativos, para facilitar eluso del soporte informático.

Por otra parte, en la Ley Nº 25.506 (B.O. 14-12-01) y su Decreto Reglamentario Nº 2628/02(B.O. 19-12-02), se establece el empleo de lafirma digital y de la firma electrónica y su eficacia

jurídica, lo que representa un avancesignificativo para la inserción, de nuestro país enla sociedad de la información y en la economíadigital, contribuyendo a mejorar su gestión,facilitar el acceso de la comunidad a lainformación pública, como así tambiénestablecer una infraestructura que ofrezcagarantía de integridad para los documentosdigitales o electrónicos y constituir la basetecnológica que permita otorgarles validez jurídica.

3. Conclusiones

En primera instancia pudimos observar quelas mayores falencias que tiene el contexto jurídico legal nacional – que afecta a la gestiónadministrativa y documental – radican en ladispersión, anacronismo o bien, lagunas delderecho respecto a determinados ámbitos deacción. Mientras que en Costa Rica, Ecuador yPerú se observa una clara sistematización de losinstrumentos normativos, referidos al ámbito de

la gestión pública y al tratamiento archivístico delos documentos; sistematización demostrada enla correlación evidente entre, el texto de lasleyes que sancionan los SNA con sus respectivosdecretos reglamentarios y a su vez de éstos, conotras normas de mayor y menor jerarquía jurídica referidas al mismo tema. En Argentina nopodemos hablar de la existencia de unanormativa archivística organizada. Sólo existen




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varias leyes y decretos que aprueban elfuncionamiento de determinados archivos enparticular, tal el caso de la Ley Nº 15930 decreación del Archivo General de la Nación, que

data del año 1961.La única excepción que corresponde aclarar,

es la sistematización de hecho y de derecho quese viene produciendo desde la creación delArchivo Nacional de la Memoria por Decreto Nº1259/03. Dentro de las atribuciones de estainstitución figura la de elaborar, de acuerdo conlas directrices para la salvaguarda del patrimoniodocumental de la UNESCO, el plan de gestión delArchivo Nacional de la Memoria, conforme alcual se organizarán y preservarán los archivos y

se establecerán las pautas para su utilización.1Así, podemos observar cómo las normas sobrecuestiones archivísticas son imprescindibles enun estado de derecho, porque ordenan laaplicación de las normativas en los archivos y,por tal, el valor legal, administrativo, fiscal,informativo y cultural de los documentos. Esevidente que la preocupación por la legislaciónse origina por la naturaleza jurídica, probatoria ytestimonial de éstos, a partir de las estructuraspolíticas y administrativas de una nación.

Si bien es cierto que las disposiciones legales

aseguran la puesta en marcha de las políticasarchivísticas, muchas de éstas, se ven mutiladaspor la falta de apoyo, interés y decisión de losgobernantes de turno. En Argentina, comisionescuyo funcionamiento debería ser acorde a lasúltimas tendencias del ámbito archivístico social,como lo son la Comisión Nacional deCooperación con la UNESCO y la ComisiónNacional de Museos y de Monumentos y LugaresHistóricos – creadas en los años 1974 y 1940respectivamente – presentan un anacronismo en

cuanto a su entorno normativo, al seguirfuncionando a partir de lo dispuesto enreglamentos sancionados en los años en quefueron creadas. Similar situación se percibe en elámbito de la gestión administrativa, dondetareas periódicas como la transferencia yselección documental, deben ser llevadas a cabode acuerdo a lo dispuesto en decretos aprobadosen las décadas del 70 y 80; como por ejemplo, la

tabla de plazos mínimos de conservación de ladocumentación referida a recursos humanos dela administración pública nacional, aprobada porDecreto Nº 1571/81 y las normas de

procedimiento para la administracióncentralizada y descentralizada, aprobada por LeyNº 19549 en el año 1972.

De acuerdo a la bibliografía consultada,podemos deducir que el anacronismo de lanormativa en estos aspectos, se compensa con laaprobación de reglas de carácter institucional,sobre cuestiones como la descripción,clasificación y eliminación de documentos;alternativa que consideramos un grave error,pues ese tipo de decisiones no contemplan la

totalidad de las voces testimoniadas en losdocumentos públicos. Lejos de ser un fin en símisma, la legislación archivística constituye unmedio para lograr propósitos administrativos ysociales. Favorece la modernización de losarchivos, porque garantiza y respalda todosaquellos procesos vinculados con el tratamientode la documentación y es garante delcumplimiento de una serie de normasestablecidas para su correcto desempeño.

Al comparar la normativa archivística deCosta Rica, Ecuador y Perú, observamos que en

los tres países, se contempla la participación yformación de profesionales archiveros a cargo delos archivos públicos miembros del SNA. EnArgentina no hallamos ninguna disposición en elámbito nacional referida a la participación deprofesionales archiveros en espacios jerárquicosde gestión pública, siendo evidente la lagunanormativa en este aspecto. Lo cual,consideramos, es producto de una falta deconcienciación de la razón de ser de los archivos,de su importancia en el proceso productivo del

país y rol protagónico en la transparencia de lagestión pública. Es importante considerartambién, que “las acciones resultantes de lasdecisiones que constituyen las políticas públicasarchivísticas, se revisten, en la mayoría de loscasos, de un carácter técnico-científico” (Jardim,

2010: 213).La ausencia del término patrimonio

documental en el marco normativo nacional




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argentino, sumado al amplio concepto que se leda a la noción de patrimonio cultural, implica ladesprotección jurídica del patrimoniodocumental; hecho que deriva en una restricción

del derecho de acceso a la información, pues “nobastará proclamar en la Constitución Política deun país la accesibilidad o el derecho a lainformación, habrá que dictar leyes o normasespecíficas que permitan distinguir una serie desituaciones que se pueden presentar en relaciónal acceso a los documentos y esto debecompatibilizarse con las condiciones físicas paradicho acceso, es decir, que los archivos puedanbrindar el servicio en lugares apropiados,contando con depósitos y ambientes de atención

al público adecuados para la consulta” (MendozaNavarro, 2002: 46)Para abordar la organización de archivos, es

necesario conocer su realidad a través de unenfoque multidisciplinario, que abarque todoslos aspectos propios de la gestión dedocumentos. En este escenario quedan enevidencia los recursos humanos, tecnológicos,procesos, infraestructura, estructuraorganizacional, flujos de información, con quecuentan y permitirá diseñar estrategias para untratamiento documental que vaya más allá de las

definiciones teóricas. Así, si bien Argentinacuenta con una ley de Habeas Data, cuya funciónes proteger los datos sensibles de las personas,reglamentada por Decreto Nº 1558/01; y conuna ley que regula los principios fundamentalesque deben regir la labor de los funcionarios yempleados públicos – Ley Nº 25188 del año1999, reglamentada por Decreto Nº164/99 – alos que se les exige velar por los intereses delestado, privilegiando el interés público sobre elparticular; su efectividad se ve reducida por los

vacíos normativos existentes en cuanto a lascuestiones operativas inherentes a la correctaaplicación de las mismas. Mientras que, en lospaíses con SNA que analizamos, el texto de susHabeas Data y leyes de transparenciaadministrativa, se complementan a partir dedisposiciones referidas a la presencia deprofesionales, asignación de recursos materiales,

regulación de inspectorías institucionales,sanciones administrativas y penales, etc.

La oportuna conveniencia y necesidad deadministrar, coordinar, asesorar y supervisar

todos los archivos de un país, es el verdaderoorigen de los Sistemas Nacionales de Archivos.Actualmente, la cohesión parece ser el elementoclave para lograr el éxito en cualquier campo;situación que también repercute en los centrosde información archivística. Ninguno de ellospuede, ni debe, trabajar de forma aislada, todolo contrario, tienen que buscar los mecanismosmás adecuados para actuar en conjunto y asípoder detectar problemas o limitacionescomunes y buscar una solución integral que

favorezca la atención y el uso racional de losservicios y recursos. Situación factible de lograrcon la unión de todos los archivos mediante unsistema nacional, así lo demuestran los avancesexperimentados en Costa Rica, Ecuador y Perú;países donde observamos que distintas formasde crear un proyecto de ley de SNA, condiferente contenido y disímiles propósitos, haderivado en una clara mejoría de la gestiónadministrativa y documental.

Consideramos oportuno mencionar dosmiradas diferentes sobre el concepto de sistema

de archivos. Por un lado, Antonia HerediaHerrera sostiene que “un sistema de archivos

está constituido por un conjunto de actividadesarticuladas a través de una red de centros yservicios técnicos para estructurar latransferencia, recepción, depósito,ordenamiento, descripción y entrega dedocumentos” (Heredia Herrera, 1991: 207).Propone este concepto, al asociar el sistema a unconjunto de estructuras archivísticas bajo ladirección a través del estado, el cual puede variar

teniendo en cuenta las características unitarias yfederalistas de cada país. Mientras que, paraManuel Vázquez Murillo, un “sistema integrado

de archivos es un conjunto orgánico de archivos,vinculados a una dirección central, la cualnormaliza los procesos archivísticos y centra lainformación en un punto accesible a la consultainterna y externa” (Vázquez Murillo, 1994: 93),

destacando la importancia de los sistemas de




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archivos como instrumentos de racionalizaciónarchivística, ya sean nacionales, estatales,municipales, de instituciones públicas oempresas privadas y lo asocia al control del ciclo

vital de los documentos.Los SNA de los países que hemos comparado,

de acuerdo a su estructura y ámbito de acción,corresponden al concepto elaborado por laautora española. En tanto que en Argentina,conociendo parte de la situación histórica socialdel país y las características de su marconormativo archivístico, se podría aplicarcualquiera de los dos tipos de nociones desistema de archivos. Teniendo en cuenta quemenos de la mitad de las provincias argentinas

poseen Sistema Provincial de Archivos,sugerimos la elaboración de una ley de SNAacorde al concepto de Heredia Herrera,vinculando los archivos nacionales a partir de ladesignación de un ente rector y a su vez,promoviendo la sanción de sistemas provincialesde archivos, los cuales podrían responder alconcepto inferido por Vázquez Murillo ya que, enla jurisdicción provincial, la centralización deinformación sin la necesidad de contar con unente rector, es más factible.

Para mejorar efectivamente la situación de

los archivos nacionales argentinos, lo ideal seríagenerar un marco legal, moderno y eficaz a partirde la implementación de un Sistema Nacional deArchivos. Osamos afirmarlo pues los casos deCosta Rica, Ecuador y Perú demuestran que elcontar con una normativa clara y completa,emanada a partir de una herramienta legal,puede ser el mejor comienzo para mejorar lasituación de la gestión documental yadministrativa de un país. Sin embargo, nopodemos obviar que el contexto actual de

Argentina dista mucho del marco en que seelaboraron los proyectos de leyes de SNA enotros países de América Latina. Costa Rica gozóde una política tendiente a la organización de susarchivos desde el siglo XIX; Ecuador, al participaren eventos organizados por UNESCOrepresentado por su Archivo Nacional, contó conla ayuda de entidades internacionales para poderlograr la aprobación e implementación de su

SNA; y en el caso de Perú, fue trascendental laparticipación de profesionales agremiados en laelaboración y sanción de la ley y decretoreglamentario de Sistema Nacional de Archivos.

En Argentina hemos podido ver la escasez y faltade sistematización de normativas referidas aaspectos archivísticos, el aislamiento quecaracteriza al Archivo General de la Naciónimpide que pueda considerársele como potencialente rector de un sistema nacional en unarepública federal y, finalmente, los distintosprofesionales archiveros del país no cuentan conla comunicación necesaria para aunar criterios ylograr la creación de una sociedad sindical a nivelnacional.

Ante este escenario, luego de haberdesarrollado en la presente conclusión lashipótesis expuestas en el anteproyecto denuestro trabajo final, junto a otras que fueronsurgiendo a lo largo del proceso de investigación,proponemos comenzar a modificar este oscuropanorama nacional a partir de tres accionesprincipales: zambullirnos en el marco legislativonormativo como agentes profesionales activospara poder usar al máximo el contenido de lasnormas existentes y conquistar espacios departicipación en la elaboración de futuros

proyectos legislativos referidos al campoarchivístico administrativo; fomentar lacomunicación entre los archivos provinciales y elArchivo General de la Nación a partir delencuentro de sus representantes en espaciosacadémicos institucionales; y finalmente,propugnar la mancomunidad o asociaciónprofesional archivística mediante la interrelacióneducativa entre los distintos centros académicosdonde se dicta la carrera.

4. Notas

[1] Para el desarrollo de la investigación se contó conel apoyo de la Beca de Iniciación en la Investigaciónotorgada por la Facultad de Filosofía y Humanidadesde la Universidad Nacional de Córdoba, aprobada porRes. Nº 540/12 del Decano de la Facultad, adreferéndum del HCD.[2]Se realizaron en total tres tablas comparativas:sobre los aspectos archivísticos de las normativas




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analizadas en los países estudiados, sobre susespecificidades jurídicas y una tercera comparando lascaracterísticas de la normativa vigente en Argentina.Las tres forman parte del TFL en calidad de Anexos.

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un sistema nacional de archivos para la república argentina

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