un paso a la protecciÓn de los derechos de la mujer
TRANSCRIPT
UN PASO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
“Cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida O LA SALUD DE LA
MUJER”
María Carolina Álvarez Quintana
Ensayo Argumentativo
Especialización en Derecho de Familia
Bogotá D.C. – Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencia Jurídicas
2014
LA MUJER VISTA DESDE LA HISTORIA.
No podrá negarse que a lo largo de la historia Colombiana, la mujer se ha visto
impuesta a tratos discriminatorios, basta solo con mirar al pasado y recordar que la
mujer siempre tuvo una situación poco favorable en todos los aspectos de su vida, no
solo en su posición dentro de la sociedad sino, permaneció en una situación
desventajosa dentro de la familia, quien era el primer espacio discriminatorio.
Desde la Ley 20 de Junio de 1853 la cual reglamento el matrimonio y el divorcio, se
consignaba que el adulterio de la mujer era causal de divorcio, a diferencia del
adulterio del hombre, pues este estaba eximido de esta causal y así podía incurrir en
adulterio ocasionalmente. A pesar de esto, dónde se evidencia la discriminación, la
mujer que cometiera adulterio perdía gananciales y el derecho a recibir alimentos,
además, se le imponía pena privativa de la libertad hasta por cuatro años a elección de
su cónyuge.
En el mismo sentido, se encuentra que en el Código Civil de la Unión, la mujer una
vez contraía matrimonio, perdía la capacidad de ejercicio sobre sus bienes, es decir,
no podía administrar o enajenar sus bienes pues era considerada como una incapaz,
representada por su cónyuge, quien tenía el derecho de la Potestad Marital. La Mujer
vivía en la sumisión, debía obediencia o si no podía ser castigada, pues era su
cónyuge quien decidía en todos los aspectos, él fijaba el domicilio y la residencia. Las
mujeres debían llevar su apellido, como si fueran objetos de pertenencia.
Años más tarde, se evidencian algunas innovaciones en cuanto a la mujer, pues la Ley
8va de 1922 miraba a la mujer como incapaz relativa, puesto que, admitía la libre
administración de sus bienes personales, es decir, joyas, vestidos, instrumentos de su
profesión y oficio, y los determinados en capitulaciones matrimoniales. Sin embargo,
solo podía administrar, usar, pero no podía enajenarlos, permitía que las mujeres
fueran testigo y aunque persistía el adulterio la mujer ya no perdía gananciales.
A pesar de esto y con la Ley 28 de 1932, el hombre deja de ser el representante legal
de la mujer, por consiguiente, ya no era incapaz, se le reconoce a la mujer la libre
administración y disposición de sus bienes y cada uno de los cónyuges administraba
sus bienes en forma libre, cada uno responde por sus propias obligaciones y
responden solidariamente ante terceros.
A través del Decreto 2820 de 1974, las mujeres en la historia colombiana alcanzaron
por fin, la igualdad de los Derechos y Libertades que no tenían anteriormente, tanto
así que, se les concede también la patria potestad de sus hijos, elimina todo trato
discriminatorio en el hogar como era la obligación de obediencia. Otras leyes como el
Decreto Ley 999 de 1988 elimina la obligación de llevar el apellido del marido
después de la partícula de y las leyes 1era de 1976 y 75 de 1968 introducen grandes
reforman en cuanto a la igualdad de sexos ante la ley.
Con el mismo propósito, una vez entrada en vigencia la Constitución Política de
Colombia de 1991 las mujeres adquieren trascendencia constitucional, pues en su
Artículo 43 se le reconoce igualdad jurídica, es decir, que “la mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades” y que “la mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación”. Hoy en día, la mujer es reconocida como sujeto
constitucional que merece una especial protección y más aún, se si encuentra en
estado de embarazo, se le debe resguardar en todos los aspectos de su vida, para
garantizarle el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sus derechos sexuales y
reproductivos, su igualdad de oportunidad, entre otros.
Sin menor importancia, fue en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de
Viena en 1993, dónde “los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte
inalienable e indivisible de los derechos humanos universales así como que la plena
participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida política, económica,
social y cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en
el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”
Posteriormente, en otras conferencias Mundiales y en tratados internacionales como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, entre otras se le reconocen a la mujer no solamente la protección de todos sus
derechos fundamentales sino además incluyen los derechos reproductivos de la mujer
dentro de la categoría de derechos humanos, la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria, sin riesgo y la libertad de decidir si procrear o no y la protección
de otros derechos, que resultan directamente afectados cuando se violan los derechos
reproductivos de las mujeres.
Es evidente que este ha sido un proceso largo, dónde la mujer ha perseguido el
cambio y ha luchado por él, este ha sido un avance muy importante en la historia
colombiana, es un proceso que se presenta aún, pues es un cambio de cultura respecto
del significado de la mujer en la sociedad. Hoy día, es imposible ver a la mujer como
una maquina reproductiva e imponerle un sacrificio de su propia vida por la de un
proyecto de vida impuesto. Ser madre debe ser una opción de vida, no una
imposición, pues penalizar el aborto en todas las circunstancias no evita su práctica,
por el contrario, conduce a que las mujeres recurran a procedimientos clandestinos e
inseguros, evitando así que la mujer pueda gozar de sus derechos y libertades sin
discriminación.
CONTEXTO DEL ABORTO O INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO EN COLOMBIA
“Se vulnera la dignidad de la mujer como ser humano,
cuando el legislador le impone a la mujer, igualmente contra su voluntad,
servir de instrumento efectivamente útil para procrear
al penalizar el aborto sin ninguna excepción” (Sentencia C-355/06).
En 1999 en el Comité Interamericano de Derechos Humanos se le recomienda a
Colombia a revisar el tema del aborto, pues se sostenía que el 23% de las muertes del
género femenino, tenían como origen abortos mal practicados y que al año se
practicaban de manera ilegal unos 450.000 abortos, hecho que hacia evidente que la
legislación penal del momento, no era un camino viable para la solución de este
problema, por el contrario, el aborto se puso como una de las causas de mayor
mortalidad de las mujeres en Colombia.
Hablar de aborto implica entrar en una discusión no solo jurídica, sino de orden moral
y religioso y aún más, cuando nos referimos a un país con raíces muy religiosas. Pero
a partir de la sentencia C-355 de 2006, el aborto deja de verse necesariamente como
un delito y da un paso a la protección de los derechos de la mujer, convirtiendo el
aborto en un derecho esencial de la salud de la mujer, que debe ser respetado y
garantizado por el Estado Colombiano. Así mismo, se consideró que la protección de
los derechos fundamentales de la mujer, como su dignidad humana, el libre desarrollo
de su personalidad, su vida, y su salud tanto físico y mental, deben ser protegidas y
garantizadas por estar contenidos en la Constitución Política de 1991 y en el bloque
de constitucionalidad.
De igual manera, una vez que queda en firme la sentencia, empieza el Estado
Colombiano a adoptar ciertas medidas bajo la coordinación del Ministerio de la
Protección Social para fortalecer un marco jurídico que garantice realmente el acceso
oportuno y eficaz a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Es por eso que, encontramos actos administrativos como: el Decreto 4444 de 2006
“por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y
reproductiva”, la Resolución 4905 de 2006 “por la cual se adopta la norma técnica
para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo/IVE”, el Acuerdo 350 de
diciembre de 2006 “por medio del cual se incluye en el plan obligatorio de salud del
régimen contributivo y del régimen subsidiado la atención para la interrupción
voluntaria del embarazo” y la Circular 031 del 22 de Mayo de 2007 dirigida a los
directores departamentales y distritales de salud, y gerentes de entidades promotoras
de salud solicitando información sobre la provisión de servicios seguros de
interrupción voluntaria del embarazo, no constitutiva del delito de aborto.
Por otra parte, la Corte Constitucional considero que el ordenamiento jurídico
Colombiano protege al nasciturus, aunque, no le otorga el mismo grado e intensidad
que a la persona humana, pues protegerlo no es pasar por encima de los derechos de
la mujer gestante, la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. Es a la
mujer a quien se le debe respetar y garantizar el derecho a su libertad y
autodeterminación, así como gozar plenamente de sus derechos sexuales y
reproductivos, pues estos hacen parte del derecho constitucional por haber sido
reconocidos como derechos humanos en diferentes tratados y conferencias mundiales.
Esto implica que se le debe reconocer a la mujer autonomía para decidir libremente si
interrumpir o continuar la gestación, pues el derecho de procrear o abstenerse de
hacerlo, esta únicamente en cabeza de la mujer gestante, siempre y cuando se
encuentre en algunas de las siguientes circunstancias:
a. Cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o acto sexual abusivo.
b. Cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la
mujer.
c. Cuando se diagnostican malformaciones en el feto que hacen inviable su vida
fuera del útero.
Sin hacer dezmero a las demás circunstancias que permiten la interrupción voluntaria
del embarazo, el presente se focalizara en la causal correspondiente a: “Cuando la
continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer” y más
específicamente en la frase subrayada. Pues actualmente es evidente el
desconocimiento que se tiene al respecto, ya que, mediante esta causal se permite que
cuando se vea afectado el bienestar físico, mental o social de una mujer, esta tendrá
derecho a continuar con su embarazo o por el contrario, interrumpir voluntaria y
legalmente su embarazo.
Un embarazo no deseado puede afectar la salud de la madre y esta comporta factores
como los psicológicos, familiares, sociales, económicos, etc. Aunque, es necesario
recordar que para acceder a dicha circunstancia, esta debe ser certificada por un
médico dónde se reconozca esta afectación.
“CUANDO LA CONTINUACIÓN DEL EMBARAZO PONE EN PELIGRO LA
VIDA O LA SALUD DE LA MUJER”
La salud es un estado completo de bienestar que incluye elementos físicos,
mentales y sociales y que se encuentra estrechamente relacionado
con derechos como la vida, la dignidad y la igualdad
(OMS, San Salvador, Relator Derecho Salud).
Una de las causales que considero revolucionarias por otorgarle el derecho a la mujer
en decidir si la gestación que enfrenta afecta su salud. Genero y genera hoy en día la
mayor discusión, pues el derecho fundamental que fue reconocido en la Sentencia C-
355 de 2006 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tiene como
fundamento proteger no solo la vida de la madre sino, su salud tanto física como
mental.
En efecto, esta causal no solamente protege a la mujer cuando su salud física corre
peligro, se extiende a aquellos casos en los cuales puede resultar afectada la salud
mental de la mujer gestante. Es por eso que, La corte ensambla esta causal en la
definición sobre salud realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
contenida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Así mismo, utiliza la
disposición contenida en el artículo 12 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental”.
De ahí que, un embarazo puede provocar en la madre o en las mujeres gestantes “una
situación de angustia severa o, incluso, de las alteraciones psíquicas que justifiquen
su interrupción” pues ninguna mujer embarazada o en estado de gestación podrá ser
obligada a “asumir sacrificios heroicos” ni podrá obligársele a desistir de su derecho
a vivir sobre el beneficio “de un tercero o del interés general”.
La afectación a la salud mental de la mujer gestante no fue desarrollada con
extensidad por la Corte en la sentencia C-355 de 2006, sin embargo, existen otras
sentencias como la T-585 de 2010 y la T-841 de 2011, dónde se ha considerado que
cuando exista una afectación a la salud mental de la mujer gestante y esta esté
certificada por un profesional médico o psicologo se deberá proceder al aborto. Es
importante, aclarar que mediante la sentencia T-388 de 2009 se reconoce que los
conceptos de los psicólogos son válidos, pues Ley 1090 de 2006 los considero como
profesionales de la salud.
Es preciso aclarar que la afectación a la salud mental de una persona y en especial a
una mujer en estado de gestación no es tema que debe ser tratado como poco
importante, pues será un profesional médico quien con base en sus conocimientos
científicos, certifique si existe una afectación que pone en peligro la salud mental de
la mujer. De lo anterior dicho, puede citarse lo ocurrido en la sentencia T-841 de
2011, dónde una menor de doce años en estado de embarazo fue diagnosticada por un
psiquiatra y gineco-obstetra con depresión, ansiedad severa, alteración del patrón del
sueño y con varios intentos de suicidio. En efecto, se hace evidente que esta
plenamente probada la causal y este embarazo esta afectando la salud mental de esta
menor.
En conclusión, se deben eliminar todas las barreras que puedan existir e impidan que
las mujeres accedan a este servicio, pues la Corte ha reiterado en sus
pronunciamientos que no es necesario, ni obligatorio que exista la presencia de una
enfermedad o de un diagnóstico específico, ni un riesgo inminente o severo. Pues esta
causal debe ser estudiada independiente del peligro para la vida, como el peligro para
la salud, no necesariamente deben coexistir para que se configure la misma. Pues el
ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y
desempeñarse, de modo que la presencia de ciertas anomalías en la salud, aun
cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan esos niveles y puede poner en
peligro la dignidad personal.
Hay que reconocer que la continuidad del embarazo puede ocasionar en la mujer no
solo una afectación inmediata, pues este puede implicar complicaciones a mediano o
largo plazo en la vida de la mujer, como es el hecho de asumir la maternidad. Esta
causal debe reconocerse como individual en cada caso, pues una decisión tan difícil
como interrumpir el embarazo le compete únicamente a la mujer gestante, cada
situación y cada mujer son totalmente diferentes y primara su individual y voluntaria
decisión.
En la sentencia T-585 de 2010, se ha reiterado que una mujer que solicite el IVE
debe ser revisada inmediatamente, pues debe valorarse su estado emocional, para
nadie es un secreto que un embarazo no deseado puede afectar gravemente la vida no
solo de la mujer, sino de la pajera. Aunque, es la mujer quien afronta ese proceso
biológico que realiza su cuerpo y este ocasiona una gama de diversas reacciones
desde la culpa, rechazo o impotencia que pueden llevarla a problemas de autoestima,
frustración ya sea persona o social, deserción escolar, abonar un proyecto de vida
planeado, dificultad de querer al bebe, entre otras, que solamente puede identificar
una mujer en esta situación.
En efecto, “Cuando la legislación del país no condena el aborto en los casos de
riesgo para la vida y para la salud de la mujer, la opinión de la mujer sobre cuánto
riesgo está dispuesta a correr, debe ser factor determinante en la decisión de
interrumpir la gestación". (Declaración de Santa Cruz, 2002. Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología – FLASOG.
A MODO DE CONCLUSIONES
La Interrupción Voluntaria del Embarazo descrita en la Sentencia C-355 de 2006 ha
sido el más importante pronunciamiento que se ha evidencio en la historia
Colombiana en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, reconocer el
Aborto Absoluto como un delito constituye una violación clara a los derechos
fundamentales de las mujeres.
Como al Derecho al Libre desarrollo de la Personalidad y Autonomía, preceptuado en
la Constitución Política de Colombia en su artículo 16 y la Doctrina Colombiana, este
derecho permite que una persona decida sobre los asuntos que a ella le atañen, cuyo
fin es de proteger los aspectos de autodeterminación de cada persona. Por
consiguiente, ninguna persona podrá decidir por ella, hacer esto es arrebatarle su
Derecho, pues la protección Constitucional recae en que una persona podrá tomar las
decisiones que se considere realmente importantes para su vida, sin ningún tipo de
intromisión o presión.
Cuando se habla de que una mujer puede tener en sus manos la decisión de
interrumpir el embarazo, por ser este un embarazo no deseado y estar dentro de
alguna de las causales descritas por la Corte, se le respeta a esta como sujeto de
derecho su integridad, pues será ella quien decida sobre su propio cuerpo y considerar
la penalización absoluta del aborto, es desconocer la condición que toda persona tiene
derecho a decidir sobre su propia vida. Es dejar en manos de una mujer el hecho de
soportar la responsabilidad de un embarazo no deseado, que puede ocasionar un grave
riesgo en su salud y en su vida.
De igual manera, la responsabilidad de tener un hijo no acaba en el momento del
alumbramiento, por el contrario, es allí en ese momento cuando se empiezan a
evidenciar una serie de circunstancias que afectan a una madre, ya sea
económicamente, socialmente o psicológicamente. Por lo tanto, cuando se habla del
Aborto no solo está en juego la vida del feto, sino la propia vida de la mujer, su salud,
su libertad o su dignidad, derecho y valores que igualmente deben ser protegidos.
Es importante reconocer que la penalización de una práctica médica como lo es el
aborto o la negación de practicarlo por los profesionales de la salud, viola el derecho
a la igualdad y a la vida, siendo este último un derecho fundamental por excelencia,
pues no todas las mujeres en dicha situación podrán acceder a prácticas ilegales
debido a sus bajos recursos económicos, es decir, se incurre en una discriminación
socio-económica. Además, es una práctica que puede afectar seriamente la vida de la
mujer, como llevarla a la muerte, por ser practicada clandestinamente sin las
condiciones médicas y de higiene necesarias, es decir, bajo condiciones adecuadas,
seguras y dignas.
En el mismo sentido, la Sentencia C-355 de 2006 no pretende convertir la
interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en una práctica habitual, pues allí se
consigna la responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia, como
corresponsables de educar en trabajar fuertemente en la difusión apropiada sobre
derechos sexuales y reproductivos, implementar estrategias que fortalezcan los
programas de salud sexual y salud reproductiva, con el fin de que se tenga
conocimiento en el uso de métodos anticonceptivos modernos y seguros.
REFERENCIAS
ÁNGEL DE LA CUESTA, A. M. Interrupción Legal y Voluntaria del embarazo -
IVE- Ginecóloga y Obstetra UPS SOGOS Comfama operador Savia salud EPS. En
compañía: de la Universidad Pontificia Bolivariana, Comfama, Savia Salud Eps,
MinSalud, Oriéntame, UNFPA y Women's link worldwide. 2013.
BERNAL CRESPO, J. S. Los derechos fundamentales de las menores en las
causales de despenalización del aborto (Juez de tutela y Corte Constitucional
colombiana). Revista de Derecho Vol. XXV - Nº 1 - Julio 2012 a Páginas 227-265
227.
CARDONA, C. E. Despenalización del aborto en Colombia: un asunto de derechos
humanos de las mujeres. Consultado 20 de Agosto de 2014
www.actualidadactualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=839.
CARDOZO C, A. Foro Nacional de Discusión sobre la perspectiva Ético Jurídica de
la sentencia C-355 de 2006. Presentación en el Ministerio de la Protección Social y en
la Universidad Nacional de Colombia, Red de Bioética. Bogotá, Colombia. 2007.
CENTRAL DE DERECHO Y DEBERES de los afiliados y del paciente. Cruz
Blanca E.A.S. 2014.
CIRCULAR 43 DE 2012 (Noviembre 30) Asunto: Lineamientos técnicos para la
prestación de servicios de salud en interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Publicada en el Registro Distrital 5152 de julio 5 de 2013.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 405 DE 2006. Suscrito entre el
Ministerio de la Protección Social y la Universidad Nacional de Colombia. Editorial
Kimpres Ltda. Colombia, 2007
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DISCURSO JURÌDICO. Informe Anual del
Observatorio de sentencias Judiciales 2009- Impresión: Ediciones Ántropos Ltda.
Bogotá, octubre de 2010 Corporación Humanas.
IMPLICACIONES ÉTICAS, JURÍDICAS Y MÉDICAS DE LA SENTENCIA
C-355 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: Un avance para el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de las colombianas.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Norma Técnica para la atención
de la interrupción voluntaria del embarazo Bogotá Colombia. 2006.
LA POLÍTICA DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) EN COLOMBIA. Un avance en la
garantía de la autonomía física de las mujeres. NACIONES UNIDAS. CEPAL
VÁSQUEZ ZAMORANO, C. H. y GARCÍA BURBANO, I. C. Barreras en el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Universidad ICESI. Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. Santiago de Cali. 2013
ZÁRATE CUELLO, A. de J. Implicaciones Bioéticas y Bio-jurídicas de la objeción
de conciencia institucional con relación al aborto en el ordenamiento jurídico
colombiano. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores - pp. 43 - 56, 2011 – I
Legislación y jurisprudencia,
Código Civil Colombiano.
Código Penal Colombiano.
Código de Infancia y Adolescencia.
Constitución Política de Colombia. (1991)
Sentencia, C-355 de 2006
Sentencia, T-388 de 2009
Sentencia, T-585 de 2010
Sentencia, T-841 de 2011
Convención Americana de Derechos Humanos.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.