Medellín, 21 de febrero de 2014

Un nuevo modelo de salud es posible sin intermediación financieraLas EPS poseen un patrimonio superior a los 800 billones de pesos

Por: Médico Luis Fernando Muñoz RamírezFiscal Junta Directiva ASMEDAS AntioquiaCoordinador Académico Especialización en Seguridad Social UNAULAalcaldeluisfernando@gmail.com

La Asociación Médica Sindical Colombiana ASMEDAS, seccional Antioquia; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA; la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud, MIAS, y otras organizaciones sociales y políticas estamos convencidos que el modelo mercantilista que caracteriza al Sistema General de Seguridad Social Integral (Ley 100 de 1993) a través del aseguramiento comercial en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, cuyos mayores exponentes son las EPS (Empresas peores de Salud), fracasó para las mayorías populares, ya que para el sector financiero ha sido tan rentable el negocio de la atención a la enfermedad, que el patrimonio de las EPS se ha incrementado en 177 veces más y su valor es superior a los 800 billones de pesos (según la contralora Sandra Morelli).

Recordemos que el objetivo fundamental de la Ley 100 de 1993 (cuyo ponente y defensor fue, el hoy ex presidente ‘mentirosito’ Álvaro Uribe Vélez) es liquidar y privatizar la seguridad social pública, hoy no hay EPS pública del régimen contributivo, la Nueva EPS que se formó con los antiguos afiliados del ISS, es de carácter privado; la antigua ARP del ISS, hoy es privada y la maneja la ARP Positiva y la AFP del ISS está en proceso de liquidación y fue pasada a Colpensiones, cambiándole su naturaleza jurídica por la de una entidad de carácter financiero especial para administrar el régimen de ahorro individual (privado) e ir marchitando el régimen de prima media con prestación definida (público).

Analicemos lo que tenemos hoy en el modelo de salud de Ley 100, cuyo garante es el mercado, esto es el negocio, de ahí el aseguramiento comercial, según la capacidad de pago del afiliado (asegurado), el cual tiene derecho a un Plan Obligatorio de Salud (POS), limitado a unos medicamentos, a unos procedimientos, a unos insumos y pago de incapacidades por enfermedad; el 70% de las tutelas en salud, son para exigir que se cumpla el POS.

Hay 72 EPS, de las cuales 19 están en vigilancia especial; cinco intervenidas por la Superintendencia de Salud, la principal de ellas, Saludcoop, la cual desvió más de 1.4 billones de pesos de los dineros de la salud para comprar canchas de golf, apartamentos lujosos y hacer inversión en Panamá, Dubai, México y otros países y, cinco EPS están en liquidación. Hay 5.010 hospitales, clínicas y proveedores en salud, de los cuales 980 son hospitales públicos (ESE) y de estos 560

hospitales están en riesgo financiero alto y en proceso de liquidación. En este año 2013 ingresaron a la salud 45 billones de pesos y se gastó en salud 30 billones; los 15 billones restantes están en la intermediación de las EPS. Hoy las EPS le deben a los hospitales públicos más de cuatro billones de pesos y entre el gobierno (Fosyga) y las EPS le deben a las IPS más de 15 billones de pesos.

En salud hoy tenemos corrupción; mala gestión; sobrecostos en medicamentos e insumos; recobros ilegales al Fosyga, nulos o débiles controles de los entes de vigilancia; caos burocrático, cierre de hospitales y paseos de la muerte.

Podemos decir con toda claridad que 20 años después, la Ley 100 no es un modelo de salud, sino un modelo para producir ganancias como cualquier negocio rentable; con razón, Juan Luis Londoño de la Cuesta, como ideólogo de la Ley 100 y el primer ministro de salud de Álvaro Uribe Vélez, dijo: “Es un proyecto de compra-venta de servicios y no de salud pública”.

El gobierno Santos, continuista de las políticas del anterior gobierno, plantea como solución a la crisis de salud, la ley estatutaria y la ley ordinaria, ya aprobada por todos los partidos que conforman la Unidad Nacional y sólo en contra por el único partido de oposición que hay en Colombia, el Polo Democrático Alternativo.

Ambas leyes mantienen el mismo modelo de aseguramiento comercial de la Ley 100 de 1993 y la misma intermediación financiera, cambiando el nombre de EPS por gestoras de salud, entregándole más poder y mayores ganancias, ya que podrán contratar con las IPS, tener sus propias redes de prestación de servicios, auditar sus propias cuentas, dirán a quién le pagan y cuándo le pagan; podrán contratar con sus propias clínicas en el primer nivel de atención (esto es, continuará la integración vertical), tendrán las gestoras más ingresos, así: 10% por administración, un valor por definir en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el número de afiliados y un incentivo económico al final del período, según contención del gasto (entiéndase negación de servicios y demora en la prestación de los servicios de salud). Cada gestora de salud tendrá una cuenta especial en Salud Mía, fondo que reemplazaría al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud).

El Plan Obligatorio de Salud (POS) se llamará Mi Plan, el cual será un listado de procedimientos, medicamentos e insumos, incluidos en un paquete que el gobierno definirá, pero basado en el principio de la Sostenibilidad Económica, esto es si alcanza la plata se atiende a la persona y se incluye, y si no alcanza la plata se excluye. Además, habrá un listado de medicamentos, enfermedades, procedimientos e insumos excluidos de Mi Plan y sólo se podrá utilizar la tutela para lo que esté en el paquete de Mi Plan, lo que esté por fuera no se garantizará el derecho a interponer la tutela. Lo anterior complicará la atención en salud y la gente tendrá que gastar de su bolsillo o tendrá que comprar los llamados Planes Complementarios de Salud, los cuales los venderán las compañías de seguros y la medicina prepagada. Además, desaparece la autonomía en el ejercicio profesional de la medicina y la salud pública, y ni se tendrá en cuenta la medicina alternativa, a sabiendas que la OMS acepta siete terapias.

La nueva Ley les da facultades a los hospitales y clínicas para que expidan los títulos de especialistas a los médicos, a sabiendas que una verdadera formación académica y profesional es recibida por la universidad a través de las facultades de medicina; esta medida de aplicarse, desmejoraría la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Con la nueva Ley se acabaría la meritocracia en los nombramientos de los directores o gerentes de los hospitales públicos, ya que se entrega dicha función al presidente de la República o al gobernador o al alcalde, posibilitándose mayor politiquería y corrupción en el sector salud.

Hay más problemas, pero pasemos a las soluciones reales: Se requiere voluntad política para implementar un nuevo modelo de salud sin intermediación financiera y entender que el garante del derecho fundamental a la salud tiene que ser el Estado; debe comprenderse como una política de Estado en Salud, esto es con sus determinantes sociales como agua potable, soberanía alimentaria, trabajo decente (salario digno), formación educativa a todos los actores, vivienda digna; la salud debe ser integral, universal e intersectorial, bajo la estrategia de la atención primaria en salud (APS) con sus dos componentes: promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Un sistema único de salud individual y colectiva (salud pública), con una red integrada de salud (administrativa, de urgencias, ambulatoria, de medicamentos, etc.), con financiación pública y fondo único público recaudador y pagador, acompañado de una gran participación democrática de todos los actores del sistema.

Por lo tanto, para lograr lo anterior, se requiere derogar la Ley 100 de 1993, que la Corte Constitucional declare inexequible la Ley Estatutaria y que el Gobierno retire la Ley ordinaria que cursa en la Cámara de Representantes.

Posdata: Solicitamos la misma atención médica que se les brinda al Presidente y al Vicepresidente de Colombia.

Luis Fernando Muñoz y German Reyes apoya la candidatura a la cámara de