Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social

Cátedra: Economía Pública

Dr. César Fuentes

Examen final

Presentado por:

Carolina Irene Márquez Méndez

Ciudad Juárez, Chihuahua a 6 de julio de 2015

Seguridad, una mirada desde la economía pública y su relación con los derechos humanos

Introducción

En el presente trabajo he decidido trabajar sobre el tema de la seguridad pública en

México y entablar una revisión enfocada desde la perspectiva de la economía

pública, en complementariedad con los derechos humanos, pues ambas miradas

servirán como referentes a lo largo de la discusión sobre la seguridad pública. Este

es un tema de mi interés que considero pertinente dentro de la Maestría en Acción

Pública y Desarrollo Social debido a que constituye la columna vertebral para que

sea garantizada la posibilidad de vivir la vida de forma digna, tener acceso a

nuestros derechos y a formas de desarrollo social. En definitiva considero

primordial incorporar tanto la investigación social, como su incidencia en la práctica

del ámbito securitario, en consonancia con una praxis responsable en una realidad

concreta.

La conexión entre la vida diaria y la seguridad pública es indisociable, así

todas las personas tenemos relación con las problemáticas que implican tanto la

impartición de justicia, como la protección mediante los cuerpos de seguridad

estatales. Resulta que en esta intermediación entre ciudadanía y Estado se ha dado

una serie de entramados que distorsionan la premisa bajo la cual se ha justificado la

existencia del Leviatán. Tal como Amnistía Internacional señaló en su Informe

sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo de 2014-2015, donde

pone de ejemplo las poco más de 22 mil desapariciones forzadas de personas en los

dos últimos gobiernos (AI, 2015).

La pertinencia de una mirada derecho humanista permite poner de relieve

que el ejercicio de poder estadista requiere también de un marco que limite su

acción, cuando esta se vuelve una adversidad para la sociedad. Esto puede ir desde

una laceración directa a parte del grupo societal, hasta el abandono dirigido a una

cierta población, que se manifiesta en la omisión de su tarea para salvaguardarles y

proveerles de los pilares básicos para sostener la vida; estos son las condiciones

económicas, sociales y políticas. Tal como indica la filósofa feminista Judith Butler

(2010) esto significa la precarización sistemática dirigida a poblaciones enteras,

mismas que han sido despolitizadas de forma que sus vidas son reducidas

públicamente de valor e importancia.

Al comprender la magnitud de la importancia pública de la seguridad, pienso

que se puede entender las razones por las que elegí enlazar la economía pública con

los derechos humanos, pues esto implica un esfuerzo por hacer accesible la temática

para cualquier persona, pensando la mirada economicista reconoce la seguridad

como un bien público, por tanto todos somos sujetos titulares de Derecho y es

indispensable contar con herramientas para analizar la realidad. Pero también pienso

en quienes dedican su labor para incidir en el diseño e implementación de políticas

públicas en el ámbito securitario.

Por tanto, la primer parte de este trabajo la he dedicado a la revisión del

contexto de la seguridad en México, tomando como referente el sexenio del

Expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, posteriormente he decidido hacer

un análisis costo beneficio sobre la inversión en seguridad, específicamente he

tomado como ejemplo lo que respecta a la transición para consolidar la Reforma al

Código Penal que dio inicio en 2008 y tiene relación con el acceso a la justicia. Es

un área priorizada con el objetivo de resolver la deficiente eficacia burocrática y

favorecer un entorno de confianza entre civiles, así como subsanar la impunidad que

ha prevalecido en México y que ha sido objeto de llamados de atención a nivel

internacional, tal como ha señalado Amnistía Internacional (AI, 2013) y las

Naciones Unidas.

Posteriormente, he realizado un apartado sobre el diseño metodológico para

analizar la implementación de la Reforma del Sistema Penal, para lo cual retomo

herramientas de la economía pública, tales como el análisis costo-beneficio, la

revisión de la tasa de interés y la tasa de retorno de inversión, que permitirán tener

un panorama sobre el comportamiento económico en el ámbito de la Seguridad

Pública a nivel federal y estatal. La importancia de incorporar la perspectiva de la

economía pública ayuda tener una mayor certidumbre sobre el gasto público, su

inversión y una proyección que genere un contraste entre la ejecución de un

proyecto o política pública y los beneficios económicos, políticos, sociales o

administrativos que han sido cuantificados en términos monetarios.

El trabajo continua con una disertación sobre la noción de bienes públicos y

el Estado de Derecho, que implica una doble consideración para entender a gran

escala las fallas económicas que se presentan en su dispendio con el agregado un

piso donde la relación entre Estado y sociedad. Esta relación en nuestro país, está

enmarcada por una democracia representativa que solo puede ser posible a través de

la participación libre de coerción, temor o cualquier otra forma que se derive de la

violencia. Dado que en México, este régimen aún se encuentra en vías de

consolidación, pienso pertinente la presencia de un apartado prospectivo sobre la

perspectiva de derechos humanos como siguiente meta en el diseño e

implementación de la seguridad pública, pues resulta un reto el balancear las

relaciones de poder de forma genuina para sostener una igualdad en términos de

derecho.

El contexto de la Seguridad Pública en México

Enmarco el presente trabajo durante el sexenio de la administración a cargo de

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), pues el ejercicio de análisis de la

Reforma al Sistema Penal se remonta a 2008, año que corresponde a su gestión.

Para ilustrar, a continuación ofrezco una síntesis de los elementos que constituyen la

política calderonista en materia de seguridad (Chabat, 2012: 252):

Operativos policiaco-militares que desplazan la violencia de una región a

otra, según el académico Jorge Chabat, pues se pretende atacar al crimen

organizado con una estrategia directa de confrontación.

Reforma al Sistema de Justicia Penal en marzo de 2008.

A partir de junio de 2008, la profesionalización de la Policía Federal bajo el

Proyecto Plataforma México, que implica el fortalecimiento de los sistemas

de inteligencia y las agencias de seguridad, además de la centralización de la

información criminalística que forma parte de la Iniciativa Mérida.

La Reforma al Sistema de Justicia Penal puede considerarse una acción

intermedia, que se suma a una estrategia de seguridad que tiene un corte

militarizado. Esto fue justificado por la creencia de que era la mejor opción al

menor costo, según el propio Expresidente, haciendo alusión a una economía del

gasto público y del tiempo como justificante. Tan solo al inicio de ese sexenio, el

gasto militar fue bajo, representó el 2.41% del presupuesto de egresos federales, que

sí bien tuvo modificaciones, la eficiencia del gasto a algunas personas les resultó

suficiente argumento para justificar la estrategia directa (Moloeznik y Suárez,

2012).

No obstante, esto implica una tergiversación de las funciones militares, cuyo

origen es la defensa nacional bajo una lógica de guerra, que implica una labor de

inteligencia centralizada sea en la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) o en

la Secretaría de Marina (SEMAR), armamento de alto calibre y alto compromiso

con el Estado; cabe agregar que en caso de algún delito cometido por militares hacía

civiles, son llevados a cortes militares, lo que representa una opacidad y una grave

deficiencia en la democracia mexicana. Esto es una diferencia del modelo policiaco,

a quien le compete la seguridad pública, ósea enfocada al interior de la federación y

sus instancias, con el objetivo de regular la vida civil, que debiese traducirse en

salvaguardar la integridad de las personas y sus derechos (Moloeznik y Suárez,

2012).

Este enfoque de seguridad nacional de ha sido objeto de crítica por

especialistas y organismos internacionales, pues trajo consigo la proliferación de la

muerte de civiles y otras muestras de abuso de poder, enmarcado en un contexto que

puede ser calificado como Estado de excepción de facto, pues aunque en el Art. 29

constitucional se puede declarar una condición donde se sobrepasa las funciones de

los representantes del Estado, con el objetivo de diluir una afectación por una

amenaza a la seguridad interior, resulta que contradice el Art. 77, donde se aclara

que no aplica para conflictos sociales (Moloeznik y Suárez, 2012: 21). Esto además

de violar los principios de legalidad y seguridad jurídica, ha resultado insuficiente

para dar respuesta a las condiciones de inseguridad que se vive en México, pues se

ha convertido en caldo de cultivo de violencia e institucionalmente existe

ineficiencia para resolver el acceso a la justicia (Ramos, 2005).

En México existe un detrimento en la percepción de la seguridad, muestra de

ello es el juego de intereses y corrupción entre agentes representantes del Estado y

organizaciones delincuenciales. Especialmente esta situación ha traído consigo un

deterioro de las instituciones, pues la falta de confianza ciudadana en las instancias a

causa de la impunidad es una problemática reiterada y ha habido indicios que

señalan a agentes representantes del Estado en la participación directa en crímenes o

mediante la aquiescencia, como una forma de abandono y desprotección hacía la

ciudadanía, lo que trae consigo niveles altísimos de ilegalidad (CESIJ, 2015).

De igual manera, a nivel nacional el Instituto Federal Electoral en

coordinación con la prestigiada institución académica, El Colegio de México, han

respaldado la percepción de descontento entre la población mexicana por la

ineficacia gubernamental, la desigualdad y las dificultades para consolidar la

democracia (IFE-COLMEX, 2014). El Instituto Nacional de Estadistica y

Geografía (2014) también señala la desconfianza ciudadana en la Encuesta Nacional

de Victimización y sobre percepción de la violencia ENVIPE, se contiene

información sobre el desempeño y experiencias institucionales, que arrojó en 2014

una percepción que tiene porcentajes altos, en niveles por encima del 50% sobre la

corrupción en funcionarios desde niveles operativos (agentes de tránsito) hasta

niveles más altos (Procuraduría General de Justicia).

A nivel internacional, el país ha sido señalado por organizaciones como

Amnistía Internacional, quienes en sus informes denuncian la gravedad traducida de

las violaciones en derechos humanos, especialmente en la impartición de justicia

penal y la seguridad, puede observarse el documento llamado “México. Aumento de

las violaciones de derechos humanos y la impunidad” (AI, 2013) donde se expresa

la preocupación de que siga en gran medida sin aplicarse el Programa Nacional de

Derechos Humanos, y se hace un llamado a que la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos sea fortalecida para que desempeñe adecuadamente su función.

Planteamiento de la problemática

Según datos de México Evalúa (2014:67) sobre el gasto público, el monto asignado

para temas de dentro de las entidades federativas está distribuido en diferentes

ramos del erario público; aproximadamente el 10% del gasto directo en seguridad

por parte de los estados, pero se desconoce el real impacto y efectividad de la

inversión realizada en este rubro, pues hay una carencia de planeación y

coordinación entre los niveles gubernamentales y sus instancias implicadas, así

como de objetivos estratégicos claros y precisos, no hay indicadores y elementos

que desde un inicio nos permitan tener un seguimiento de la implementación.

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación

del Sistema de Justicia Penal, en adelante SETEC, produjo un documento sobre los

precedentes de la Implementación de la Reforma del Sistema Penal, sus costos y

beneficios, tanto a nivel federal como estatal, de los cuales retomo algunos de los

datos ofrecidos en tal documento. El punto de vista de la economía pública, que en

este caso da una vuelta de tuerca en el planteamiento inicial, pues implica pensar

desde la visión desde el ámbito gubernamental, que pareciera perder en su panorama

la dimensión humana.

Motivo por el cual mi aporte es retomar la perspectiva derecho humanista

para prevenir el fenómeno presente entre los representantes del Estado, aquello que

la filósofa alemana Hanna Arendt (2003) enunció como la “banalidad del mal”, que

representa esa forma en que se justifican y reproducen ideas o mecanismos de

forma acrítica, sin cuestionar, asumiendo tal condición servil como “normal” en el

ámbito burocrático, a tal punto que pareciera inidentificable la responsiva en los

diferentes niveles. En este caso se podría tomar como criterio univoco la eficiencia

del gasto público en el ámbito securitario o justificar que la violencia excepcional

del Estado es necesaria para nuestra propia seguridad. Esto puede ser calificado

como un desajuste con la realidad mexicana y los criterios que organizaciones

derecho humanistas señalan como correctos para el respeto y el mantenimiento del

Estado de Derecho, la seguridad y la no violencia.

Las preguntas que pretendo resolver son ¿Cuáles son los resultados del

análisis costo-beneficio de la Reforma al Sistema Penal? ¿Cuáles son las principales

externalidades en el tema de la seguridad pública? ¿Qué elementos de la forma en

que se imparte la seguridad pública, que incluye la impartición de justicia y las

distintas corporaciones, son mejorables desde un aporte derecho humanista?

Reforma del Sistema Penal

Como continuación de la sección anterior, en el año 2008, bajo la gestión del

Expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se realizó la Reforma Constitucional en

Materia Penal, una de las metas establecidas por la administración mediante el Plan

Nacional de Desarrollo 2007-2012. Esto implica un proceso transicional en las

instituciones encargadas de impartición de justicia penal a nivel federal y estatal en

búsqueda de que garanticen el Estado de derecho, el acceso a la justicia enmarcado

en una cultura de la legalidad (SETEC, 2012: 7) de forma más ágil y eficiente.

La Reforma del Sistema Penal fue instituida el 8 de junio de 2008 con

diversos ajustes a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, principalmente al artículo 20: “El proceso penal será acusatorio y oral”,

que se acompaña de cambios estructurales profundos para los cuales se fijó, como

plazo, un período de ocho años para su implementación. Es resultado de un largo

proceso de deliberación entre organizaciones ciudadanas, académicos, autoridades

del poder ejecutivo, judicial y legislativo ante un sistema de justicia penal deficiente

para los niveles de inseguridad, impunidad y violencia en México (SETEC, 2012:

21).

La transición del modelo tradicional, a la modalidad oral acusatoria significa

que se modifiquen los siguientes ejes: profesionalización, equipamiento,

información, tecnología, infraestructura, planeación y evaluación, criterios de

participación ciudadana, prevención, transparencia y rendición de cuentas (SETEC,

2012: 29-30). No obstante, la factibilidad del cumplimiento cabal depende de

factores internos, pues está sujeta a que tan regular se ha presentado el crecimiento

del monto de recursos asignado (SETEC, 2012: 13). Según la SETEC (2012: 13),

aquí destaco que el presupuesto institucional ha tenido un crecimiento del 13%

anual a partir de 1997. Aun y cuando simultáneamente la misma dependencia

afirma que la implementación de la Reforma no ha tenido el interés y recursos que

se requieren, pues el histórico presupuestal se ha mantenido al mínimo (SETEC,

2012: 14).

Reitero la necesidad de entender esto como un proceso transicional, pues

sólo así puede comprenderse como varían los montos y requerimientos para el

cambio en las diferentes instancias implicadas a nivel federal y en las entidades

federativas; además del nivel operativo, donde, en un inicio, la mayoría de las

denuncias estaban en el sistema tradicional, posteriormente hay aún un período

donde coexisten el sistema tradicional y el sistema oral acusatorio, no obstante, para

el presente año, 2015, son menos los casos abiertos en el sistema tradicional. Ello

demanda una alta capacidad institucional desde la coordinación hasta los niveles

operativos que se apoya en un proceso previo a la implementación.

Metodología y datos requeridos para el análisis costo-beneficio

Desde la perspectiva de la economía pública, la selección del método del análisis

costo-beneficio implica cuantificar los costos y beneficios en un determinado

período, sea de una política pública o de un proyecto, de corte empresarial, social u

otro, siempre que se cuente con la cuantificación de los datos en términos

económicos. Tras hacer un comparativo de esto se obtendrá un criterio para

determinar la proyección de la viabilidad de implementar o en caso que esté en

funcionamiento, es un criterio de monitoreo y evaluación.

La triangulación de métodos permite tener mayor certeza sobre el análisis,

por tanto es conveniente analizar la prudencia de la implementación de la Reforma

del Sistema Penal con referencia al método de la tasa de descuento, dado que el

valor del dinero cambia en el transcurso del tiempo se calcula con la formula

P=F/(1+i), donde P representa el valor presente, F es el valor final o futuro, el valor

1+ i corresponde al interés o retribución hasta final del primer año que se fija como

intervalo para los años subsiguientes (Steinemann et al., 306). Sí el valor presente

neto es mayor que cero, representa que es prudente la realización del proyecto o

política, pues es mayor el beneficio, la rentabilidad que la inversión que se hará.

La tercer vía de análisis desde la economía pública que sirve para valorar la

viabilidad de la implementación de la Reforma del Sistema Penal, es por medio del

método conocido como la Tasa Interna de Retorno, que sirve para determinar la

rentabilidad o saber sí la inversión inicial que se ha realizado sobre el proyecto o

política es menor a los beneficios, esto sucede contrastando con la tasa de

oportunidad del inversionista para saber sí es conveniente o no.

Cabe destacar que el documento formulado por la SETEC tiene una serie de

datos que permiten contextualizar desde las partidas presupuestales para la

seguridad pública, los antecedentes en gasto por instancias implicadas en la

impartición de justicia penal u otros muchos elementos que constituyen los costos

en una línea de tiempo de 1997 a 2016, desagregados por escenario, entidad y

espacio. De igual manera, explicitar los beneficios causados por la Reforma del

Sistema Penal, la SETEC formuló indicadores cualitativos y cuantitativos y para

agruparles realizó la siguiente tipología: beneficios económicos, sociales y

administrativos.

Datos requeridos para el análisis costo beneficio de la Implementación de la

Reforma del Sistema Penal

De la información contenida en el Análisis costo-beneficio del nuevo sistema de

justicia penal en los ámbitos federal y estatal de la SETEC retomo de los siguientes

costos y beneficios como datos para el análisis:

Fuente: Estimación de ahorros en la manutención de internos de los centros de

readaptación social 2009-2016 en pesos corrientes (SETEC, 2012: 185).

Fuente: Estimación global de beneficios monetarios por la reducción de internos en

los centros de readaptación social 2009-2016 en pesos corrientes (SETEC, 2012:

186).

Resultados y Análisis de la implementación de la Reforma del Sistema de

Justicia Penal

A partir del uso de los tres métodos para determinar la factibilidad de una

implementación de la Reforma del Sistema de Justicia en términos positivos, realicé

el análisis que ilustra la tabla 1. Análisis Costo Beneficios de la Implementación de

la Reforma del Sistema de Justicia en México, que está contenida como anexo en

formato Excel.

El método del análisis de: a) los costos de la normatividad, que ascienden a

$34, 310, 895.00 m.n. y b) los costos globales de su implementación,

$40,311,294,803.00 m. n. en contraste con los beneficios obtenidos1 con respecto a

los ahorros financieros globales por la reducción número de internos en los centros

de readaptación social, iguales a $16,435,685,707.00 m.n. y los asociados a la

disminución presupuestal de los principales operadores del sistema de justicia penal,

que suman la cifra de $105,495,108,555.00 m.n., pude constar que en la

implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal de 2009 a 2016, son

mayores los beneficios que los costos, pues se puede observar un comportamiento

favorable en los beneficios financieros hacía las instancias encargadas de la

impartición de justicia corresponden a $63,585,188,564.00 m.n., por tanto en

términos económicos es viable su implementación.

El análisis costo-beneficio es complementado por el cálculo de la tasa de

descuento, que en este caso se traduce en dos cantidades totales, la primera por una

tasa del 10%, que responde a la siguiente cifra: $45,502,768,188.39, así mismo para

una tasa del 15% corresponde un valor igual a $81,585,188,557.54, el hecho que

ambas tasas resulten en números positivos y superiores a la inversión inicial,

permiten determinar que la implementación resulta viable por ambas tasas de

descuento, no obstante es recomendable optar por la tasa del 10%, dados los

resultados son menores a los obtenidos en comparación con la del 5%.

1 Cabe señalar que existen varios beneficios administrativos y sociales que no son cuantificados en términos económicos, pero que sin embargo el análisis realizado por SETEC en 2012 incluye un apartado al respecto, que considero es prudente revisar para profundizar en la problemática que involucra el acceso a la justicia.

Por último, con respecto al tercer método utilizado, es importante aclarar que

hay ocasiones en que la tasa interna de retorno no se puede calcular (Empreware,

2011), pues resulta obvio su irregularidad, como es ejemplo la excesiva oscilación

entre cifras positivas y negativas, o por el contrario, cuando existe una estabilidad

de los datos, como que los costos sean más altos que los beneficios, o el caso que se

presenta en la situación actual de nuestro análisis, que corresponde al histórico de la

relación costo-beneficio resulta siempre positivo.

La perspectiva económica de la seguridad públicaComo se puede observar en el apartado anterior, pareciera que en esta atribución de

la impartición de justicia, la seguridad pública presenta una mejoría, no obstante es

imprescindible agregar otros elementos desde la economía pública para darle más

profundidad al análisis económico, pues de lo contrario, la comprensión seria

parcial y sin comprender que la seguridad conlleva proteger los derechos de todas

las personas, sea que tengan estatus de ciudadanía o que sean tutelados por el

Estado.

En la perspectiva económica, en el mercado se ofrecen diferentes tipos de

bienes: privados puros, públicos puros, bienes mixtos privados y bienes comunes,

que se clasifican según dos pares de criterios que describen las características de la

forma en que se implementan, no por quién lo produce. Estas dicotomías son las

siguientes: a) exclusión-no exclusión, que tiene que ver con la accesibilidad al

consumo; b) rivalidad-no rivalidad, lo cual se define por la cantidad disponible del

bien, que puede ser reducida, por lo cual altera la cantidad del bien que pueda

consumir otro individuo (Steinemann et al, 2004). El siguiente recuadro tiene el

objetivo de expresar gráficamente la clasificación de los bienes:

Recuadro 1. Tipos de bienes.

Rivales en el consumo No rivales en el consumo

Excluibles Bienes privados puros

(Comida)

Bienes mixtos privados

(Club de golf)

No Bienes mixtos comunes Bienes públicos puros

excluibles (Tierras comunales) (Seguridad pública, defensa nacional)

Fuente: Elaboración propia, basado en el texto de Anne Steinemann et al

(2004).

En este caso, la seguridad pública es considerada un bien público puro, pues

esta categoría se distingue porque el consumo no causa rivalidad y en el sentido de

su creación prevalece la consigna de no excluir a nadie. Además, desde el punto de

vista del proveedor, los costos marginales de suministrarlo a más de una persona es

igual a cero. No obstante, la carencia de incentivos por su producción podría traer

una disminución de su eficiencia, efectividad y eficacia. En el caso de las personas

que acceden a su consumo, los beneficios sociales marginales son altos, encima de

los costos marginales del consumo de un individuo. Sin embargo, no todos los

individuos que acceden al bien, tienen el mismo beneficio marginal, pues se valora

de forma diferente (Steinemann et al., 2004: 229).

El Estado es el encargado de brindar resguardo y protección, pues tiene bajo

su dispensa el uso monopólico de la violencia, esto es el uso del poder coercitivo,

con el objetivo de mantener el “orden social”; según Smith (2000) es el encargado

de proteger a la grupo societal contra la violencia, la injusticia y la opresión, sea a

causa de un conflicto interno, que representa la impartición de justicia o proveniente

del fuera, es decir de otras sociedades, esto constituye la defensa exterior.

Según la versión contractual corresponde que se brinde la cantidad suficiente

de seguridad a cambio de un costo. No obstante, desde la estrategia calderonista a la

actualidad los niveles de seguridad que estamos viviendo se han vuelto un factor

donde la labor del Estado es discrepante con la violencia que impera. La ineficiencia

de la impartición de justicia y la seguridad han sido motivo para la organización

social, pues en un país donde hay crímenes de lesa humanidad (como es la

desaparición forzada de personas).

El resultado de la ineficiencia del Estado en la impartición de justicia y la

seguridad pública en un sentido amplio ha sido una proliferación del descontento

social y el rechazo de las estrategias militarizadas; así como la emergencia de

fenómenos que intentan dar solución a la inseguridad, ejemplo de ello son las

autodefensas que han surgido en varios estados del país: Tamaulipas, Guerrero,

Michoacán, Puebla, entre otros; así como las guardias comunitarias, como en Costa

Chica y la Montaña en Guerrero; y la reciente consolidación de la autonomía

jurídico-política del caso del pueblo p`uréhpecha de Cherán, Michoacán.

Esta discrepancia puede mostrarse en términos económicos a partir de la

representación gráfica 1, donde se muestra la brecha entre costo marginal e ingreso

marginal, donde el Estado incurre en una ineficiencia. La premisa consiste en que el

Estado, como en cualquier estructura del mercado, debería maximizar la utilidad;

sin embargo, la seguridad pública solo puede ser brindada a manera de monopolio,

lo que provoca que se incurre en una ineficiencia. Se traduce en la ausencia de las

condiciones de no violencia, que son indispensables para vivir con libertad.

Gráfica 1. Costo marginal, seguridad.

Fuente: Elaboración propia.

Al resultado no previsto en los precios en un mercado competitivo, en el

enfoque económico se le llama “externalidad”. Es improbable lograr un equilibrio

de eficiencia cuando los agentes económicos no tienen consideración de los efectos

de sus decisiones sea en la producción o en el consumo de un bien. Tal como

sostienen Jean Hindricks y Gareth Myles (2006) en el mercado se generan una gran

cantidad de externalidades que son perjudiciales, en contraste con la cantidad de

externalidades propositivas.

En el caso de la seguridad pública, las externalidades están presentes en todo

momento, pues de entrada, el dispendio de la misma solo puede ser mediante una

constitución monopólica, lo que trae consigo externalidades de producción

(Hindriks y Myles, 2006), que son las ineficiencias que son resultado de no tener

ninguna competencia directa que permita hacer un comparativo de la forma en que

se hace el diseño o la implementación de la misma. Cualquier efecto que no esté

previsto y mediado por los precios constituye una externalidad.

Las externalidades en el ámbito securitario, en específico en la gestión

calderonista, recaen sobre el refuerzo de la seguridad con un corte militarizado. Pues

eso trae consigo la opacidad en su estrategia y un recrudecimiento de la vigilancia,

que sí bien reduce los gastos, trae consigo una eficiencia y eficacia pobre para lograr

que se pueda vivir en un ambiente de no violencia y respeto al Estado de derecho.

Por el contrario, las condiciones de excepcionalidad generan una proliferación de la

violencia, los grupos paramilitares, violaciones a derechos humanos que van desde

la limitación del derecho al libre tránsito (detenciones e inspecciones injustificadas,

el allanamiento de morada (con pretexto de buscar algún delincuente) hasta

violaciones sexuales, desaparición forzada de personas u homicidio.

Derechos humanos como horizonte en la impartición de justicia y seguridad

En el marco teórico referencial sobre derechos humanos es valioso que se contempla

la variable de seguridad; no obstante la definición tradicional del concepto ha sido

rebasada por la realidad y ha sufrido cambios en su significado. Por tanto, en la

actualidad contempla dimensiones sociales y culturales, lo que reestructura además

las formas de intervención. Motivo por el cual, para robustecer un enfoque derecho

humanista, Naciones Unidas ha dado una definición sobre seguridad humana (UN,

2012), entendido como el derecho de las personas para vivir con dignidad y en

libertad, libres de la pobreza, con igualdad de oportunidades para desarrollarse

como humanos de forma plena y disfrutar de todos los derechos, esto implica la

distintas formas de la libertad, en contraste con la privación, en oposición al miedo

y en relación a la autonomía y autodeterminación relativo a la toma de decisiones.

Es importante garantizar los derechos humanos en la aplicación de la

seguridad pública, a través de la calidad del vínculo entre:

a) las y los titulares de derechos, estos son las personas y comunidades,

b) titular de deberes, esto representa al Estado y

c) titulares de deberes en segundo grado, eso son actores como

pertenecientes al sector privado, organizaciones no gubernamentales, organismos

multilaterales, etc. (ONU Mujeres, 2014:6).

Esta concepción da nuevos bríos a la ciudadanía y posibilita su acción

pública. En ese aspecto, Hanna Arendt (1992) dice que la acción es una de las tres

actividades humanas principales, se basa en la creación y reproducción de la

política, pues hace que se exprese la existencia y siempre genera algo nuevo,

inédito, lo que constituye un acontecimiento, pues en la medida que acciona, se

resiste a lo preexistente y al orden normativo que genera una suerte de estereotipia,

de estancamiento; por tanto, todo movimiento que cambie el curso regular, el

estatus quo, por lo tanto es una acción revolucionaria en mayor o menor medida. En

ese sentido, ante la ineficiencia de la impartición de justicia y seguridad en un

sentido amplio, personas y comunidades enteras han asumido los costos de

salvaguardarse. Las autodefensas, así como las rondas comunitarias, podrían ser

entendidas como innovadoras, generadoras de acción con el objetivo de modificar

las condiciones que les impiden vivir con condiciones de libertad y seguridad.

La capacidad que aparece cuando se actúa en conjunto es ilimitada, es una

de las representaciones del poder, la cual tiene asociación con la idea de libertad

Arendtiana, Pero, que al mismo tiempo es importante tener límites que regulen la

convivencia. Según Hanna Arendt, la libertad (1974) no debe reducirse a la

liberación de las necesidades propias del animal laborans, en relación al mercado

como se plantea en los postulados clásicos; ni del derecho civil, asociado al Estado.

No hay que confundirles, aunque ha sucedido, pero en realidad, es esas son solo

precondiciones que hacen susceptible el acceso a vivir segura/os y bien de forma

colectiva.

Conclusiones

La economía pública y los derechos humanos permiten tomar criterios para evaluar

el dispendio de la seguridad pública. Coinciden en la búsqueda de la eficiencia

social, pues en la mirada economicista la idea es que el precio sea igual al costo

marginal social (Steinemann et al., 2004). Esto significa que los beneficios

obtenidos por la ciudadanía como titulares de derechos, tengan acceso a condiciones

de libertad y de no violencia que garanticen la convivencia en un entorno de

confianza.

Sí bien la factibilidad de una implementación de la Reforma del Sistema de

Justicia se muestra en términos positivos, no puede ser un criterio univoco para

determinar la eficiencia social, pues en definitiva muestra solo el lado

administrativo de la seguridad y su gasto. Mientras que queda olvidada la serie de

externalidades de consumo que ha provocado una serie de descontentos sociales,

que se acompañan de una incisiva crítica desde la academia y de organismos

enfocados a los derechos humanos, que han hecho visible su oposición a la

estrategia de seguridad, desde la administración calderonista, pero que persisten

hasta la actualidad.

Cabe señalar que cuando la vida se ve vulnerada y la encomienda del Estado

sobre la seguridad no es cumplida, se genera un vacío, una condición marginal

donde surgen formas de organización social que intentan dar respuesta, las

autodefensas y las guardias comunitarias pueden ser pensadas como un ejemplo de

ello. Esto puede ser interpretado desde los postulados de Hanna Arendt (2006) ya

que tiene relación con el proceso de resistencia ante la insistencia de ser calificados

de vidas superfluas por el Estado, es esa irrelevancia que se traduce de hacer un

desplazamiento a través de cifras estadísticas sobre mortalidad o sobre algún conteo

sobre la incidencia delictiva, gráficas que pareciera no representan a la importancia

de las personas, de los grupos sociales, ni del valor de lo humano.

México se encuentra entre los países firmantes de la Organización para las

Naciones Unidas y tratados internacionales que están encaminados a garantizar el

Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida de la población, lo que compromete

el diseño e implementación de programas federales, estatales y municipales para el

cumplimiento del mismo. Es por tanto indispensable que exista un gobierno

responsable, pues lejos de quitarle carga al Estado, es un actor fundamental para que

los objetivos sean genuinamente alcanzados, por medio de la planeación estratégica

para eliminación de las formas de corrupción que erosionan el acceso a la justicia y

otros derechos.

Por último, a manera de precisión, sostengo que la propuesta de cambio

conceptual y operativo de la seguridad humana desde la perspectiva derecho

humanista es substancial y puede ser complementaria de cualquier acción en la

esfera pública, pues reivindica la posición de las personas y comunidades. Esto les

posiciona ya no como beneficiarios, o ciudadanos en un sentido individual, sino que

considera la posibilidad de entender la complejidad del plexo social y establecer una

pauta para posibilitar el acceso a una realidad más justa e igualitaria. Además, la

caracterización y respeto de las particularidades resulta un horizonte a alcanzar

como meta y simultáneamente un reto, pues implica cuidar los procesos con el

objetivo de no cometer etnicidio u otras formas de violencia que resultan

impositivas, pero simultáneamente naturalizadas desde una intervención

posicionada desde la occidentalización (Grosfoguel, 2012).

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