Un compromiso, Un hecho, Un derechoGobernantes por la Infancia y la Adolescencia

Un compromiso, Un hecho, Un derecho Gobernantes por la Infancia y la adolescencia

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÓNProcurador General de la Nación

CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAUViceprocurador General de la Nación

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVOProcurador Delegado para la defensa de los derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia

CLAUDIA SERRANO EVERSProcuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZDirectora General

ADRIANA MONTAÑO LITCHSecretaria General

GUSTAVO ZAPA Director de Evaluación

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF

PAUL MARTINRepresentante de UNICEF para Colombia

ENNIO CUFINOCoordinador de Programas UNICEF-Colombia

SARA BENJUMEAOfi cial de Políticas Básicas UNICEF-Colombia

RAQUEL PERCZEK Ofi cial de Monitoreo y Evaluación UNICEF – Colombia

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

MARIA TERESA FORERO DE SAADE Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos

EQUIPO TECNICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Inés del Pilar López Quiñones Kerstyn Ivonne Constanza Ramírez ReyesLuís Eduardo Martín Castro Procuraduría Delegada para la defensa de los dere-chos de la Infancia, Adolescencia y la Familia

Carla María Rey BengoaProcuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

SARA INES OCHOA CELYDirección de Evaluación

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF

SARA BENJUMEAOfi cial de Políticas Básicas

NORA CORREDOROfi cial Asistente de Salud y Nutrición

MARIA DEL PILAR RODRÍGUEZOfi cial Asistente de Asistencia Humanitaria

ROSARIO RICARDOOfi cial Asistente de Educación

FRANCISCO BURBANOOfi cial Asistente de Ambiente Sano

ANA MARÍA PEÑUELA POVEDA Ofi cial Asistente de Proyectos

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NOHORA VILORIA FONSECASecretaria General de la Federación Nacional de Departamentos

CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLI-NARIAS PARA EL DESARROLLO

Gladys Amanda Mera, Enf, MSP.Milton Puertas, Sociólogo.Rocío de la Espriella, Com, Esp.Abelardo Jiménez, Enf, MSc

CONSULTOR EXTERNO

Abelardo Jiménez Carvajal, Enf, MSc, Consultor CIMDER

COORDINACIÓN EDITORIAL:

BERNARDO NIETOOfi cial de Comunicación e Información UNICEF

SARA FRANKY CALVOOfi cial Asistente de Comunicación e Información UNICEF

Esta publicación se realizó con el apoyo de la Em-bajada del Reino de los Países Bajos y de UNICEF, Ofi cina para Colombia y Venezuela. Se autoriza reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente.©Derechos reservados

Edición: Ana María Peñuela Poveda Inés del Pilar López Quiñones

Fotografías: UNICEF - BAO 2006Fotografía portada:

Diagramación e Impresión: Mauricio Salamanca

ISBN: 978-958-97846-3-1

Bogotá D.C, Colombia. Primera edición

Un compromiso, Un hecho, Un derechoGobernantes por la Infancia y la Adolescencia

Contenido

Capítulo 4. Perspectivas y prioridades de la Estrategia ........... 64-65

4.1. Plan Estratégico 2007 – 2012 ... 64

4.2. Misión ......................................... 64

4.3. Visión .......................................... 64

4.4. Análisis Situacional ..................... 65

4.5. Ejes estratégicos ....................... 66

4.6. PRIORIDADES PLAN OPERATIVO 2007 ........... 68

Anexo................................................. 69

Contenido

Presentación ............................... 9

Capítulo 1. Antecedentes de la “Estrategia Muni-

cipios y Departamen-tos por la Infancia y la Adolescencia, Hechos y Derechos ......................... 10-11

1. 1. Origen, contenidos y legitimidad.. 10

1.2. Estructura funcional de la Estrategia ................................... 12

1.3. Gestión y desarrollo de la Estrategia en los territorios ......... 12

1.4. Planeación Departamental y el desarrollo de la Estrategia .. 13

1.5. Situación diagnóstica de los ocho temas priorizados .... 14

1.6. Encuentros Nacionales por la Infancia y Adolescencia .............. 14

1.7. La Estrategia como un medio de promoción y seguimiento al mejoramiento de condiciones de vida de las niñas, los niños y los adolescentes para los próximos años ............................ 15

Capítulo 2. Gestión de los gobiernos departamen-

tales a favor de la infancia y

adolescencia ................ 16-17

2.1. Análisis ....................................... 19

2.2. Balance de los Informes ejecutivos de las y los gobernadores ............................. 20

2.3. Estado del arte de los Consejos de Política Social a nivel departamental y municipal .................................. 24

2.4. Indicadores principales de las áreas prioritarias .............. 28

2.5. Acciones principales para las áreas prioritarias ........... 32

2.6. Presupuesto de infancia y adolescencia ............................ 45

Capítulo 3. Compromisos de las

gobernadoras y gober-nadores con la infancia y la adolescencia ........... 50-51

3.1 PROPOSICIÓN GENERAL ........ 52

3.2 PROPOSICIÓN MESA DE SALUD .................................. 53

3.3 PROPOSICIÓN MESA DE EDUCACIÓN ........................ 54

3.4 PROPOSICIÓN MESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO........ 56

3.5 PROPOSICIÓN MESA DE NUTRICIÓN Y REGISTRO CIVIL ....................... 58

3.6 PROPOSICIÓN MESA DE PROTECCIÓN ...................... 61

3.7 PROPOSICIÓN MESA DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN ............................ 62

1. 2. 3. 4.

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partir de las conclusiones del tercer encuentro de gobernadores realizado en 2006.

Es esta una oportunidad para divul-gar conocimientos y progresos de la Estrategia, en relación con la acción y la voluntad de las y los gobernado-res. De igual manera, busca servir de referente y de memoria institucional del proceso, con lo cual se actualiza el camino y derrotero de la Estra-tegia. No pretende ser un examen exhaustivo de la experiencia ni el valuarte metodológico de la acción sostenida, sino - más bien - un vér-tice de la realidad y el más cercano referente de la Estrategia Nacional.

El documento es un compendio de la Estrategia en una de sus fases de realización –referida a 2006- y una apuesta de los planes inmediatos y mediatos para su consolidación. Pone de manifi esto los antecedentes, enfoque y recientes progresos de la estrategia nacional; al tiempo que muestra los resultados del tercer en-cuentro de gobernadores, y enseña los planes futuros y las prioridades para el año 2007. De esta mane-ra, se constituye en un documento que actualiza a quienes han estado pendientes de sus realizaciones, así como de su prospectiva. En conse-cuencia, será útil para gobernadores, alcaldes, autoridades nacionales, agencias internacionales de coope-ración, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y naciones amigas.

Presentación

La publicación se desarrolla en cuatro capítulos. El primero, pre-senta los antecedentes y estado actual de la “Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”; el segundo, aborda la evaluación hecha a partir de las acciones gubernamentales de los 32 departamentos y describen los hallazgos sobre la gestión hecha por los departamentos a favor de la niñez y la adolescencia; el tercero, presen-ta los compromisos establecidos por gobernadoras y gobernadores en el III Encuentro; y el último, proyecta perspectivas que permitan visualizar el futuro inmediato y mediato de la Estrategia nacional.

Esperamos que el documento sea útil para aquellos directamente relacio-nados con la gestión pública terri-torial, orientada a resultados frente a la garantía de los derechos de la infancia, y también para ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el mejoramiento de las condiciones y ca-lidad de vida de esta población en los distintos momentos de su ciclo vital.

Edgardo José Maya VillazónProcurador General de la Nación

Elvira Forero HernándezDirectora General I.C.B.F

Paul MartinRepresentante de Unicef

para Colombia

Desde el año 2004 el desarrollo de la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia en el país

ha tenido cursos importantes para la garantía y cumplimiento de los derechos de la niñez. La creación de escenarios de compromiso y discu-sión sobre medidas de acción ha sido un factor crucial de su desarrollo. De ahí la importancia de refl ejar los pro-ductos y ejercicios del reciente III En-cuentro de Gobernadores realizado en Cali los días 13 y 14 de noviembre de 2006 que provocó un importante cauce de medidas que deben ser socializadas y divulgadas tanto a las

gobernadoras y los gobernadores de Colombia, protagonistas del mismo, como a un público más amplio.

Los antecedentes recientes de la Estrategia, acordes a los procesos de convocatoria y debate de las gobernadoras y los gobernadores departamentales, han sido sustan-ciales en el proceso de defi nición de la misma. Los encuentros de Bogotá en 2005 y de Medellín y Cali en 2006 son muestra de la relevancia que han puesto estas autoridades departa-mentales a la garantía y respeto de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

La presente publicación tiene como fi n dar a conocer las conclusiones y compromisos de las gobernadoras y los gobernadores, y la dinámica misma propuesta por la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia, con el propósito de introducir a nuestros lectores en las formas que van to-mando los compromisos que asumen esta entidades territoriales para materializar los derechos de la niñez y la adolescencia colombiana. Esta publicación recoje sustancialmente el sentido original de la Estrategia y los recientes compromisos y anhelos de los gobernantes seccionales a

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Capítulo 1.Antecedentes de la “Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia, Hechos y Derechos”

1. 1. Origen, contenidos y legitimidad

La Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”1 surge de una alianza estratégica nacional

para promover el mejoramiento de la gestión pública de los territorios, tra-ducida en resultados de impacto en las condiciones de vida de los niños y niñas, dando continuidad al análisis y trabajo iniciado a través del estu-dio de la situación diagnóstica del grado de inclusión de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Planeación Territorial, realizado por la Procuraduría General de la Nación y UNICEF2.

Igualmente, se construye gracias a la decisión política de los 32 goberna-

1 PGN, ICBF y UNICEF. Municipios y Departamen-tos por la Infancia y la Adolescencia. Orientacio-nes para la acción territorial, 2006.

2 PGN, UNICEF. La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, 2005.

dores del país, durante el cuatrienio 2004 – 2007, quienes reconocen su responsabilidad en relación con la magnitud y complejidad de la situación de la niñez colombiana y se movilizan en la concentración de esfuerzos y recursos para impul-sar una gestión pública orientada a resultados desde una perspectiva de derechos, poblacional y territorial. En una fase inicial, se presentaron ocho temas prioritarios que de ser intervenidos efectivamente, gene-ran externalidades positivas en las condiciones y calidad de vida de este grupo poblacional.

La Estrategia es liderada por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF,

La participación de la Procuraduría General de la Nación ha sido de fun-damental importancia para el desa-rrollo de la Estrategia, por la función que cumple el Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público3, como defensor de los derechos humanos y, especial-mente, de los niños, niñas y adoles-centes4, y quien, en virtud del control preventivo y con el fi n de asegurar el ejercicio correcto de las funciones públicas para garantizarlos, ha im-pulsado la acción de las autoridades territoriales para posicionar la garantía de los derechos de la infancia como un asunto de Estado, que exige el cumplimiento de responsabilidades de los servidores públicos.

En tanto que, la presencia del ICBF responde a la voluntad manifi esta del Gobierno Nacional de adelantar procesos y mejoras necesarias en la gestión, desde este organismo, como principal representante del Ejecutivo en materia de niñez, y al cumpli-miento de la función que le asigna la normativa interna, que consiste en coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y regir la política de Infancia y adolescencia en el país.

Y fi nalmente, la cooperación y asistencia técnica permanente del

principal organismo internacional de-legado de la Organización de Nacio-nes Unidas (ONU) para los temas de infancia UNICEF, pone en relevancia el interés de lograr concordancia con los principios y compromisos inter-nacionales suscritos por el país en el tema.

El acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos5 abrió un canal de comunicación directo con las entidades territoriales, propor-cionando la orientación de un tra-bajo común que permite articular la Estrategia en la perspectiva de futuro y permanencia, y forjando la institu-cionalidad del compromiso social.

En este sentido, la Estrategia es de carácter intersectorial y transversal, pues parte del interés y voluntad

3 Constitución Política de Colombia, Titulo 10º, Capítulo 2, Artículos 275 al 284.

4 Procuraduría General de la Nación, Directivas 007, 008 y 009 de Mayo de 2004.

5 La Federación es una entidad sin ánimo de lu-cro, constituida de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que asocia a los 32 representantes legales de los Departamentos de Colombia. Cuenta con recursos propios y con el apoyo de un equipo humano que trabaja por y para el fortalecimiento de las Entidades Territo-riales. La Federación Nacional de Departamentos fue creada en 1994 durante la VIII Cumbre Ge-neral de Mandatarios Seccionales realizada en Popayán

con el acompañamiento de la Fede-ración Nacional de Departamentos y con la participación de más de 12 entidades, entre públicas, privadas, nacionales e internacionales.

La alianza estratégica entre enti-dades de diversa naturaleza: de vigilancia y control, de defi nición y ejecución de políticas públicas y de cooperación técnica Internacional en materia de infancia, ha sido un factor de éxito y generador de diversos escenarios y compromisos políticos, técnicos, administrativos y fi nancie-ros en favor de la niñez.

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política de agentes del Estado y de una agencia de ONU, lo cual faci-lita la continuidad de la gestión, la participación y el compromiso de las instituciones en el orden nacional y territorial. La construcción de su naturaleza y nuevo alcance forma parte del ejercicio de planeación 2007-2012 y promete vigorizar asun-tos antecedentes y potenciar nuevas oportunidades.

La Estrategia impulsa la actuación de las autoridades, en una primera fase, hacia 8 temas prioritarios, a saber: salud materna, salud infantil, salud sexual y reproductiva, nutrición, agua potable y saneamiento básico, edu-cación, registro civil, restitución de los derechos vulnerados6, derivados de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y confi rmados en el artículo 44 por la Constitución Política Nacional, en la ley 12 de 1999, ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El seguimiento y evaluación de cada tema se realiza a través de 13 indica-dores principales y 38 complementa-rios, los cuales cumplen con criterios de validez, relevancia, sufi ciencia y confi abilidad. Este proceso se desa-rrolla con orientaciones para la acción territorial7 que buscan apoyar el mejoramiento en aspectos referidos a: cómo medir la situación de la priori-dad; qué pueden hacer los goberna-dores, gobernadoras, alcaldes y alcal-desas para promover el avance de los resultados a favor de la niñez; cuáles son los referentes legales y técnicos que orientan el trabajo en cada prio-ridad; con quiénes se trabajan estos asuntos a nivel nacional y territorial; y qué fuentes se pueden consultar para conocer más sobre el tema.

La Estrategia Nacional promueve dos objetos de seguimiento: (1) a la inclusión de la infancia y la adolescen-cia en la planeación para el desarrollo territorial y (2) al mejoramiento de las condiciones de vida de niñas, niños y

cas, tanto en el nivel nacional como en el departamental, orientadas a la planeación, recolección – consolida-ción – análisis e interpretación de la información referida a los indicadores principales y complementarios esta-blecidos, así como la gestión pública para el cumplimiento de los dos obje-tos de seguimiento de la Estrategia

La organización más común de las mesas particulares ha establecido su conformación por grandes temas: salud, que incluye salud materna e infantil y salud sexual y reproductiva; educación; nutrición; restitución de los derechos vulnerados incluye registro civil; y agua potable y saneamiento básico.

Generalmente, las mesas han sido lideradas por la procuraduría dele-gada para: defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y la familia y la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, quienes convocan a todas las enti-dades públicas y privadas respon-sables de la defi nición de la política, ejecución y seguimiento; promueve la elaboración de un plan de acción; delimita componentes por importan-cia y urgencia de la intervención; y propone indicadores de seguimiento en el marco de las responsabilidades institucionales.

Hoy se encuentra en pleno funcio-namiento la Mesa de logros de Agua Potable y Saneamiento Básico la cual lidera la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios y la Contraloría General de la Repú-blica, como ejes articuladores de las demás entidades que la conforman, como son: Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Mi-nisterio de Protección Social; Super-intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Departamento Nacional de Planeación; Comisión de Regula-ción de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA; Departamento Nacio-nal de Estadística – DANE; Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; así como el Fondo de las Naciones

adolescentes. Cuenta con la decisión Política de 32 gobernadores y gober-nadoras y 1.075 alcaldes y alcaldesas de los 1098.

La evaluación del proceso adelan-tado en los dos últimos años (2005 – 2006) evidencia cómo la Estrategia ha impulsado la gestión pública en los territorios, especialmente, en los departamentos, a través de las y los gobernadores; es así como se han logrado poner en escena dos grandes derroteros: la movilización del escenario político – movilización de recursos, voluntad y compromi-so político territorial – y la apuesta técnica novedosa, que intenta, en cierta medida, objetivar el tema de condiciones de vida de la infancia como una forma concreta para poner en evidencia la situación del ejercicio de los derechos en el marco de un seguimiento nacional.

1.2. Estructura funcional de la Estrategia

La consolidación de una estructura de alta dirección y una dirección téc-nica nacional, ha exigido la organiza-ción de una estructura básica para su adecuado funcionamiento, así:

Dirección General Nacional: con-formada por el Procurador Ge-neral de la Nación; el Procurador delegado para la defensa de los derechos de la Infancia, la Ado-lescencia y la Familia; la Directora General del ICBF; y el Represen-tante de UNICEF para Colombia.

Dirección Técnica Nacional: confor-mada por los delegados del nivel directivo y técnico de cada una de las entidades que lideran el pro-ceso: la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia; la Procuraduría Dele-gada para Asuntos Ambientales y Agrarios; la Dirección de Evalua-ción del ICBF; y Políticas Básicas de UNICEF.

Unidas para la Infancia - UNICEF y agremiaciones del sector.

Como principales logros a partir de la conformación de la Mesa se pue-de mencionar la revisión de 1.063 planes de desarrollo municipal y consolidación del inventario sanita-rio nacional de 982 municipios9 y la expedición de la Directiva 015 de diciembre de 2005, por la cual se ejerce control preventivo en relación con la efi ciente prestación de los ser-vicios públicos domiciliarios de agua, que ha permitido:

• Consolidar un inventario sanitario nacional actualizado de 982 muni-cipios que no existía en Colombia en el Sistema Único de Informa-ción

• Iniciar aproximadamente 250 investigaciones disciplinarias a los alcaldes por incumplimiento de las normas relacionadas con servicios públicos, a través de las Procuradurías Provinciales y Regionales.

6 Federación Nacional de Departamentos. Revista departamentos al día Volumen No 7. XLII Asam-blea General de Gobernadores.

7 PGN, ICBF y UNICEF. Municipios y departamen-tos por la infancia y la Adolescencia. Orientacio-nes para la acción territorial. 2006

8 Los Consejos de Política Social son instancias fundamentales de coordinación de la política pú-blica social, legalmente reconocidas mediante el Decreto Ley 1137 de 1999, y la Ley 1098 de 2006. Libro III. Sistema Nacional de Bienestar Familiar, política públicas e inspección, vigilancia y con-trol.

9 DNP, PGN, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Superintendencia de Ser-vicios Públicos domiciliarios, UNICEF, Embajada del Reino de los Países Bajos. La infancia, el agua y el saneamiento básico en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, 2005.

Mesa Técnica Ampliada Nacio-nal: integrada por los Ministros de Estado, los directores de las entidades descentralizadas con competencia en la garantía de los derechos de la infancia y la ado-lescencia y por los responsables técnicos de estas instituciones del estado.

Mesa Departamental: conformada por el Gobernador, el Jefe de Pla-neación y los representantes téc-nicos de todas las entidades que trabajan por la infancia y adoles-cencia en el territorio. Esta mesa puede ser homologada al Consejo de Política Social Departamental8 y a otros espacios de articulación de política pública de infancia y adolescencia que existan en el departamento.

Mesa Municipal: conformada por el Alcalde, el Jefe de Planeación, los directivos de las entidades con competencia en niñez y sus respectivos delegados técnicos. Igualmente esta mesa puede ser homologada al Consejo de Políti-ca Social Municipal y a otros es-pacios de articulación de política pública de infancia y adolescencia que existan en el municipio.

1.3. Gestión y desarrollo de la Estrategia en los territorios

La consecución de los objetivos pro-puestos por la Estrategia ha seguido una ruta de diseño y ejecución de planes de trabajo por cada uno de los temas prioritarios, para lo cual se ha promovido la conformación de las mesas transectoriales y temáti-

• Realizar 10 videoconferencias por medio de la cuales se ha capaci-tado a los alcaldes de 6 departa-mentos sobre la normativa vigente en materia de servicios públicos.

• Realizar dos mesas de rendición de logros en los departamentos de Magdalena y Bolívar, en las que se suscribieron 31 planes de acción y mejoramiento por parte de los 45 municipios de Bolívar y -aproximadamente- 20 planes de acción por parte de los 30 municipios del Magdalena, con el fi n de alcanzar el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de los entes territoriales, a corto y mediano plazo.

Finalmente, este proceso de cons-trucción de la ruta técnica nacional orientadora de la Estrategia se ha logrado fortalecer con la vinculación de la academia y de expertos (as) en las temáticas, destacando el hecho de que a partir del segundo semestre de 2006 la Estrategia cuenta con el apoyo técnico del Centro de Inves-tigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo - CIMDER de la Universi-dad del Valle.

1.4. Planeación Departamental y el desarrollo de la Estrategia

Las y los jefes de las dependencias de Planeación departamental han cumplido un papel fundamental en el desarrollo de la Estrategia, pues a través de ellos se canaliza, consolida y reporta la información requerida para el desarrollo de los Encuentros de Gobernadores (as), y se gestio-nan, cuando es posible, los ajustes a los instrumentos de planeación local.

En el marco del fortalecimiento institucional se han realizado cuatro sesiones de trabajo con los 32 jefes de Planeación Departamental, quienes

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fueron delegados por los Gobernado-res como interlocutores directos con la mesa nacional de la Estrategia. Estas sesiones han permitido vincular otros actores a la gestión pública por la infancia, quienes tienen una función primordial frente a la garantía de los derechos y, a su vez, ha permitido iniciar el fortalecimiento de la capaci-dad institucional de estas dependen-cias para la inclusión de la perspecti-va de derechos desde la planeación del desarrollo.

1.5. Situación diagnóstica de los ocho temas priorizados

En abril de 2006 se público el folleto Hechos y Derechos. Colombia, tierra de niños y adolescentes, que presen-ta información estadística con base en fuentes ofi ciales disponibles a marzo de 2006, la cual permite apre-ciar la situación departamental de algunos de los indicadores principa-les, discriminados por sexo.

Este documento evidencia las des-igualdades entre departamentos, a pesar de los avances en temas como la mortalidad infantil, la cobertura del registro civil en menores de cinco años, el retraso en el crecimiento (desnutrición crónica), la tasa de deserción escolar en primaria y la disminución gradual y sostenida de la tasa de lesiones violentas, en particu-lar, de los homicidios en menores de 18 años.

Igualmente, en algunos departamen-tos se observan retrocesos en los indicadores de: bajo peso al nacer, proporción de embarazos en ado-lescentes, maltrato infantil y abuso sexual.

En cuanto al tema de agua y sa-neamiento básico, la mesa temática publicó el libro La infancia, el agua y el saneamiento básico en los planes de desarrollo departamentales y mu-nicipales, que evidencia de manera detallada la situación de este com-ponente en los Planes de Desarrollo Territoriales.

1.7. La Estrategia como un medio de promoción y seguimiento al mejoramiento de condicio-nes de vida de las niñas, los niños y los adolescentes para los próximos años

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, en el capítulo 3: “Reducción de la Pobreza y Promoción de la Equidad”, en el título: “Familia, Infancia y Ado-lescencia”, quedó consignado que “en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, Ministerios y UNICEF, el ICBF continuará imple-mentando la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescencia. Lo anterior asegura el aval gubernamental, así como la institucionalidad, legitimidad y sos-tenibilidad del proceso durante este cuatrienio.

En el marco de una planeación es-tratégica y en impulso de su adecua-do desarrollo técnico, la Estrategia dispone de un plan de mediano plazo 2007 – 2012 que establece seis ejes fundamentales de trabajo:

1. Acción coordinada e incidencia pública en los resultados de la gestión institucional, sectorial y territorial.

2. Capacidades y soluciones territo-riales.

3. Gobernabilidad.4. Vigilancia preventiva y control de

gestión5. Responsabilidad social de la so-

ciedad civil6. Seguimiento y evaluación

A través de estos seis ejes se busca generar un ordenamiento al proceso, establecer criterios y principios de ac-ción que promuevan la participación cualifi cada de los distintos actores y organizaciones con competencia en niñez en los distintos niveles nacional y territorial.

1.6. Encuentros Nacionales por la Infancia y Adolescencia

Se han realizado tres encuentros de Gobernadores por la Infancia y la Adolescencia: el primero, en la ciudad de Bogotá; el segundo, en Medellín (Antioquia); y el tercero, en Santiago de Cali (Valle del Cauca).

Estos escenarios se constituyen en espacios de rendición pública de cuentas de las mandatarias y los mandatarios locales, quienes mediante informes escritos y orales presentan los avances o difi cultades frente a los objetivos propuestos en el marco de la Estrategia y frente al fortalecimiento de la capacidad institucional local para responder a la misma.

A estos encuentros asisten las y los mandatarios locales, el equipo técni-co departamental, algunos alcaldes y alcaldesas del departamento anfi -trión, la mesa directiva y técnica de la Estrategia, entidades gubernamen-tales que tienen la responsabilidad de formular, ejecutar y evaluar las políticas de infancia y adolescencia del orden nacional y organizaciones nacionales e internacionales.

La Mesa Técnica Nacional, con el acompañamiento de consultores ex-ternos, ha sistematizado los informes presentados por los mandatarios locales en el mes de marzo y octubre de 2006, en cuanto a oportunidad y alcance del reporte, calidad de la información y de ser posible (cuando los datos lo permiten) análisis de la información, conclusiones y reco-mendaciones.

Gracias a estos informes, hoy se cuenta con un análisis descriptivo sobre el estado de los Consejos de Política Social - CPS y de algunas acciones territoriales a favor de la infancia. La Estrategia ha favorecido la activación de los CPS departa-mentales y municipales, así como la integración de los Consejos de Planeación Territorial a los desarro-

llos propuestos.

Por limitaciones en la calidad de la información no ha sido posible ca-racterizar la inversión en niñez ni el avance de los indicadores prioritarios y complementarios, pues lo reportado por el departamento no coincide con la fuente ofi cial nacional.

En el último encuentro celebrado en Santiago de Cali (Valle del Cauca) se avanzó en la especialización de la discusión de las y los mandata-rios departamentales en torno a los temas priorizados, empleando como eje transversal el tema de inversión y presupuesto en niñez. Así mismo, se inicio la participación de las niñas, ni-ños y adolescentes quienes revisaron mediante metodologías lúdicas, las condiciones que favorecen y limitan el ejercicio de sus derechos.

En el marco del encuentro, el Gober-nador del departamento anfi trión reci-bió la estatuilla “Hechos y Derechos”, símbolo que representa el reconoci-miento que las niñas, los niños y los adolescentes colombianos hacen a sus gobernantes.

La estatuilla se entregó por primera vez a la Gobernación de Antioquia en el II Encuentro de Gobernadores, el 6 de abril en Medellín (Antioquia); y por segunda vez, en el III Encuentro rea-lizado los días 13 y 14 de noviembre de 2006, en Santiago de Cali capital del departamento de Valle del Cauca.

La estatuilla dice: “El departamento que recibe este símbolo da fe de su compromiso permanente con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes”, texto fi rmado por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y UNICEF”.

Así mismo, se busca consolidar la propuesta bajo principios de autono-mía e identidad propia de la Estrate-gia Nacional, que si bien la pongan en correlación y mecanismo coope-rador de grandes procesos, dejen clara su naturaleza estratégica con énfasis en el seguimiento a la pla-neación territorial y al mejoramiento de condiciones de vida como opción que materializa un camino hacia el alcance óptimo del pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia.

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Capítulo 2.Gestión de los gobiernos departamentales a favor de la infancia y adolescencia

La gestión de los Gobiernos Departamentales a favor de la infancia se afi rma a través de sus actos de gestión, los cuales

están representados por las acciones públicas dirigidas a segmentos de población específi cos y por la inclu-sión en la agenda pública de gobier-no. Así, podemos señalar que un gobierno respeta y facilita el cumpli-miento de los derechos de la infancia y adolescencia en la medida en que adecúa sus estructuras y capacidad de respuesta a las necesidades rea-les de esta población.

La “Estrategia Municipios y departa-mentos por la infancia y adolescen-cia” estimó que los gobiernos seccio-nales debían informar -para el tercer encuentro de gobernadores realizado en Cali en el mes de noviembre de

Figura 1: Mapa conceptual

2006- sobre los progresos regionales en función de la garantía de dere-chos, la realización de los mismos y el impacto poblacional de las ac-ciones públicas. La fi gura 1 recoge el marco conceptual de esta evalua-ción. Como se aprecia, se indagó por cuatro ejes de trabajo que dieran cuenta del esfuerzo departamental. Estos ejes incluyeron: una línea de base sobre indicadores principales, la asignación y cumplimiento presu-puestal de los dos últimos años, el grado de desarrollo de las acciones principales en torno a los ocho temas priorizados y el estado del arte de los Consejos de Política Social departa-mentales y municipales.

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Lo que se presenta en esta sección es producto de la sistematización de cuatro guías técnicas y un informe ejecutivo de los departamentos. El reporte describe los datos más re-levantes de los departamentos que fueron procesados con el liderazgo de la Procuraduría General de la Na-ción. En consecuencia, no se busca generalizar aquellos asuntos que son propios de la dinámica de cada departamento; aunque se estiman algunas conclusiones y recomen-daciones que aplican al contexto de todos los departamentos. En todo caso, se discrimina el desempeño de los departamentos en cada una de las materias examinadas; en dicho sentido, es específi co, aunque no se constituye en un análisis exhaustivo.

En la tabla No. 1 se presenta el conjunto de los 32 departamentos y el estado del arte de los informes allegados a la PGN. Como se obser-va, Vaupés no entregó ninguno de los cuatro informes solicitados; en las fechas establecidas por la Procu-raduría General de la Nación (PGN) 17 departamentos entregaron las guías y el informe ejecutivo de modo incompleto; y 14, entregaron la infor-mación completa.

Mapa No. 1

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Tabla No. 1 Entrega de guías e informe ejecutivo

A la PGN por departamento (Fecha de corte: Octubre 27 de 2006)

DEPARTAMENTOGUIAN° 1 C.P.S

GUIAN° 2

Presu-puesto

GUIAN° 3

Indicado-res

GUIAN° 4

Accio-nes

INFORME EJECUTI-

VO

ESTADO completo/ incompleto

AMAZONAS SI SI SI SI NO IANTIOQUIA SI SI SI SI SI CARAUCA SI SI SI SI SI CATLANTICO SI SI SI SI NO IBOLÍVAR SI SI SI SI SI CBOYACÁ SI SI SI SI NO ICALDAS SI SI SI SI NO ICAQUETÁ NO NO NO NO SI ICASANARE SI SI SI SI SI CCAUCA SI SI SI SI SI CCESAR SI SI SI SI NO ICHOCÓ SI NO SI SI NO ICÓRDOBA SI SI SI SI SI CCUNDINAMARCA SI SI SI SI SI CGUAINÍA SI SI SI NO NO IGUAJIRA SI SI SI SI NO IGUAVIARE SI SI NO NO NO IHUILA SI SI SI SI SI CMAGDALENA SI NO NO NO NO IMETA SI SI SI SI SI CN. DE SANTANDER SI SI SI SI NO INARIÑO SI SI SI SI SI CPUTUMAYO SI SI SI SI NO IQUINDÍO SI SI SI SI SI CRISARALDA SI SI SI SI NO ISAN ANDRÉS SI SI SI SI SI CSANTANDER SI SI SI SI NO ISUCRE SI SI SI NO NO ITOLIMA SI SI SI SI SI CVALLE DEL CAUCA SI SI SI SI NO IVAUPÉS NO NO NO NO NO NEVICHADA SI SI SI SI SI C

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Convenciones: C = COMPLETO; I = INCOMPLETO; NE = NO ENTREGA

El mapa No. 1 a continuación, mues-tra la distribución de los departamen-tos según el grado de completitud de la información entregada.

2.1. Análisis

Las guías que aportaron la informa-ción fueron: Guía 1: Estado de los Consejos de Política Social (CPS); Guía 2: Presupuesto territorial en infancia y adolescencia; Guía 3: Indi-cadores de derechos; Guía 4: Accio-nes principales; Informe ejecutivo del Gobernador o la Gobernadora.

Los objetivos del análisis de la infor-mación fueron:

✦ Reconocer el estado del arte de los CPS en los niveles departa-mental y municipal, en tanto es-cenarios de diseño, seguimiento y evaluación de la política social.

✦ Determinar la orientación del gas-to social en rubros, identifi cados

con las ocho prioridades de la Estrategia Municipios y Departa-mentos por la Infancia y la Adoles-cencia.

✦ Identifi car las tendencias de los indicadores de infancia y adoles-cencia entre los años 2004, 2005 y 2006.

✦ Establecer la orientación de las acciones principales para atender las ocho prioridades de infancia y adolescencia en los departamen-tos.

El enfoque que animó el análisis se funda en los principios declarados por la Estrategia: poblacional (en tan-to se aborda a los niños, niñas y ado-lescentes como centro de los proce-sos de desarrollo; en consecuencia, las políticas públicas que den cuenta de las condiciones de edad o grupos por ciclo vital, sexo, género, etnia, capacidades, necesidades y expecta-tivas de esta población), territorial (en

tanto visibiliza y moviliza los recursos propios de los municipios y los de-partamentos e identifi ca las priorida-des locales para que cada territorio formule su propia visión de desarro-llo, con unos referentes comunes de estándares y principios de derechos humanos fundamentales), y de dere-chos humanos (por cuanto aborda a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, desde un marco conceptual para el desarrollo, que integra los estándares y principios de derechos humanos y que está dirigi-do a desarrollar capacidades para su realización).

A continuación se exponen los facto-res de análisis, a partir de los datos de las diferentes guías.

Informes ejecutivos

✦ Enfoque de los informes✦ Avances en la Estrategia nacional

Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia

Guía 1

✦ Funcionamiento de los CPS✦ Convocatoria a sesiones de CPS✦ Herramientas de planeación y

gestión aplicadas✦ Funcionamiento del Subcomité de

Infancia y Familia (CIF) departa-mental

✦ Activación de los CPS y los CIF en los municipios

Guía 2

✦ Participación de las ocho priori-dades en el gasto social total de infancia y adolescencia

✦ Participación por fuente de fi nan-ciamiento

✦ Ejecución presupuestal de gastos parciales a junio de 2006 según presupuesto asignado

• Comparación entre partidas asig-nadas 2006 y proyectadas 2007 por prioridad

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Guía 3

✦ Disponibilidad de indicadores para los años 2003, 2004 y 2005

✦ Calidad y confi abilidad de los indi-cadores

✦ Contrastación de indicadores de-partamentales con estadísticas nacionales disponibles por depar-tamento

✦ Tendencia de los indicadores en serie de tiempos (2003-2005)

Guía 4

✦ Completitud de la información sobre acciones principales para 2006 y 2007

✦ Modalidad y orientación de las acciones 2006

✦ Coberturas✦ Consistencia con las prioridades

de la Estrategia nacional✦ Proyecciones de las acciones

para 2007 y grado de continuidad

En síntesis, la información de la Guía No. 2 sobre presupuesto no es confi able por inconsistencias en 11 departamentos. La información de la Guía No. 3 sobre Indicadores es poco confi able. Las Guías No. 1 y No. 4 son confi ables en cuanto a completitud y calidad de los datos a pesar de las diferencias en extensión y discriminación de datos entre de-partamentos.

En las secciones siguientes se pre-senta la información de las diferentes guías, así: balance de los Informes ejecutivos de las Gobernadoras y Gobernadores; estado del arte de los Consejos de Política Social a nivel departamental y municipal; indica-dores principales de las áreas priori-tarias; acciones principales para las áreas prioritarias; y presupuesto de infancia y adolescencia.

2.2. Balance de los Informes eje-cutivos de las y los goberna-dores

2.2.1. Presentación de In-formes

De los 32 departamentos del país, 15 entregaron el informe ejecutivo solici-tado por la Procuraduría General de la Nación, dentro del plazo estableci-do con los Secretarios de Planeación Departamental: Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, San Andrés, Meta, Nariño, Quindío, Toli-ma y Vichada. De los 15, ocho pre-sentaron información completa sobre los cuatro ejes temáticos – Consejo de Política Social (CPS), Presupues-to, Indicadores y Acciones - ; cinco departamentos la presentaron incom-pleta; y dos -Caquetá y Meta-, pre-sentaron un informe no desarrolla los cuatro ejes solicitados por la PGN.

Caquetá remitió un extenso informe (165 páginas) al fi nal del cual se ma-nifi esta que “se encontraron falencias en el suministro de la información por parte de los municipios, al no refl ejar la inversión real en los diferentes sectores de la Estrategia. Los infor-mes fueron presentados con diferen-tes vigencias: 2005 (Paujil, Florencia, San José de Fragua); 2006 (Curillo, Puerto Rico); 2005-2006 (La Monta-ñita, Milán y Solano). Pese a las dife-rentes solicitudes, sólo presentaron los informes 10 de los 16 municipios”. En el caso de Meta, se hace un aná-lisis de la situación de violencia por la

que atraviesa el departamento, pero no sobre los cuatro ejes temáticos.

De los trece departamentos restan-tes (exceptuando Caquetá y Meta), Cauca entregó una presentación descriptiva en formato de diapositi-vas, Córdoba elaboró un resumen de actividades para cada prioridad con el presupuesto invertido y Antioquia desarrolló su informe a partir de los Programas y Convenios que ejecuta la Gobernación. (ver tabla No. 2)

Los departamentos de Amazonas, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Magdalena, Norte de Santander, Pu-tumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Vaupés (17 en to-tal), no enviaron el informe dentro del plazo estipulado por la PGN (27 de octubre).

A continuación se presentan los aspectos más signifi cativos de los informes de aquellos departamen-tos que presentan relevancia en los datos, destacando los progresos y limitaciones que se deben tomar en cuenta para fortalecer la “Estrategia de Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”. Cabe destacar que el análisis aquí presen-tado no aborda los mensajes de los gobernantes sobre el progreso o limi-taciones que tienen las gobernacio-nes para cumplir con los programas, políticas o proyectos de inversión social; éste análisis se incluye en otra sección de este informe.

Tabla No. 2 Informes ejecutivos entregados Por los departamentos a la PGN

DEPARTAMENTO

REMITE INFORME EJECUTIVO

OBSERVACIONESNOSI (analiza cuatro ejes)

CPSPRESUPUES-

TO

INDICA-DORES

AC-CIONES

AMAZONAS X NO REMITE INFORME

ANTIOQUIA C NI I C

INCOMPLETO Informa los Programas de la go-bernación, pero no anali-za los 4 ejes temáticos.

ARAUCA C C C C COMPLETO

ATLANTICO X NO REMITE INFORME

BOLÍVAR C C C C COMPLETO

BOYACÁ X NO REMITE INFORME

CALDAS X NO REMITE INFORME

CAQUETÁNI NI NI NI

NO INFORMA. Envió un extenso informe en el

que responden 10 de los 16 municipios sobre las

cuatro guías; pero no hay una información departa-mental consolidada sobre

las mismas.

CASANARE C C C C COMPLETO

CAUCA I C I IINCOMPLETO. Entregó informe de avances en formato de diapositivas.

CESAR X NO REMITE INFORME

CHOCÓ X NO REMITE INFORME

CÓRDOBA C C I C INCOMPLETO. Entregó informe de actividades.

CUNDINAMARCA C C C C COMPLETO

GUAINÍA X NO REMITE INFORME

GUAJIRA X NO REMITE INFORME

GUAVIARE X NO REMITE INFORME

HUILA C C C C COMPLETO

MAGDALENA X NO REMITE INFORME

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DEPARTAMENTO

REMITE INFORME EJECUTIVO

OBSERVACIONESNOSI (analiza cuatro ejes)

CPSPRESUPUES-

TO

INDICA-DORES

AC-CIONES

META NI NI NI NI

NO INFORMA El informe no corresponde a lo so-licitado por la PGN. Pre-senta un informe sobre situación de violencia.

N. DE SANTAN-DER X NO REMITE INFORME

NARIÑO C I C C

INCOMPLETO: En al-gunos casos da cifras

sobre presupuesto, pero no hace un análisis es-

pecífi co.

PUTUMAYO X NO REMITE INFORME

QUINDÍO C C C C COMPLETO

RISARALDA X NO REMITE INFORME

SAN ANDRÉS C NI C C INCOMPLETO

SANTANDER X NO REMITE INFORME

SUCRE X NO REMITE INFORME

TOLIMA C C C C COMPLETO

VALLE DEL CAUCA X NO REMITE INFORME

VAUPÉS X NO REMITE INFORME

VICHADA C C C C COMPLETO: El Presu-puesto está en un anexo.

TOTAL 17 15

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Convenciones: X: NO ENTREGAN INFORMACIÓN EN LA FECHA DE CORTE

(OCTUBRE 27) SÍ: ENTREGARON INFORMACIÓN C: INFORMACIÓN COMPLETA I: INFORMACIÓN INCOMPLETA NI: NO INFORMA

2.2.2 Avances de la Estra-tegia

2.2.2.1. Inclusión en los Planes de Desarrollo

En los 13 informes ejecutivos reci-bidos, se da cuenta de los avances que ha tenido la Estrategia Munici-pios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia, lo cual se refl eja en su inclusión en los Planes de Desarrollo. Si bien en algunos casos no se manifi esta expresamente, en el análisis de los mismos se puede observar que en cuanto a los temas prioritarios propuestos en la Estrate-gia, los departamentos manifi estan haberlos incorporado en la planea-ción territorial.

Aunque el tema no fue requerido por la PGN en esta oportunidad (aspecto que sí lo fue en enero de 2006), algu-nos departamentos manifi estan ha-ber incluido expresamente el tema de infancia y adolescencia en sus Pla-nes de Desarrollo. Antioquia, en su Plan de Desarrollo, ha establecido la atención a la población infantil y uno de sus principales retos es formular la Política Pública de Niñez en 23 municipios, a partir de una Ordenan-za y del Marco Jurídico Internacional y Nacional.

En el Plan de Desarrollo “Vamos Arauca por el Cambio Radical”, tam-bién se encuentran contenidos los temas prioritarios de la Estrategia; de igual manera, el Gobierno del Huila incorpora la Política de Infancia, ha-ciéndola visible en su Plan de Desa-rrollo Departamental.

En el Departamento de Tolima, los niños y las niñas aparecen en la agenda pública a través de una Po-lítica integral a favor de la infancia y la adolescencia, política que quedó consignada en la Ordenanza 031 del 8 de Junio de 2006 del Plan de De-sarrollo “Tolima Solidario 2004-2007” y que coincide con uno de los propó-sitos de la nueva ley de infancia en

la que los gobernantes son los res-ponsables de asegurar las políticas públicas para los niños y las niñas.

El Plan de Desarrollo de Cauca “Por el Derecho a la Diferencia” propone la inversión social para aumentar las opciones y capacidades de la niñez en pro de una vida digna, facilitando con ello disminuir progresivamente las desigualdades y desequilibrios que afectan, con mayor rigor, a la población más vulnerable.

2.2.2.2. Seguimiento y evaluación de indicado-res

De los 13 departamentos que entre-garon el informe ejecutivo de acuer-do a los parámetros establecidos por la PGN, 10 entregaron información completa sobre los indicadores y 3 incompleta. A continuación se infor-ma sobre algunos de los mecanis-mos que han adoptado los departa-mentos para hacerles seguimiento y control a los indicadores.

En el caso de Salud, se hace segui-miento y control a través de: cum-plimiento de la Resolución No. 412 2000, que defi ne las normas y guías de atención al recién nacido y enfer-medades prevalentes en la infancia, además de actividades de promoción y prevención en salud sexual y repro-ductiva; monitoreo y seguimiento de las Guías de Atención IPS (Institucio-nes Prestadores de Servicios de Sa-lud); SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública); Sistema de Vigi-lancia Epidemiológica; verifi cación a programas de vacunación, segui-miento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); fortalecimiento de la estrategia AIEPI (Atención In-tegrada a las Enfermedades Preva-lentes en la Infancia); cobertura en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En algunos departamentos (Cundinamarca, Nariño y Vichada), se elaboró el Plan de Choque para la reducción de la mortalidad materna-perinatal.

En cuanto a Salud Sexual y Repro-ductiva, se hace seguimiento a través de los Comités Departamentales de SSR con alianzas interinstituciona-les. Se implementó la Estrategia IEC sobre estilos de vida saludable y el cumplimiento de la Resolución No. 412 para actividades de promoción y prevención de la SSR.

En Nutrición se hace seguimiento a los Planes de Seguridad Alimentaria; programas de recuperación nutricio-nal; y, en algunos departamentos, se han fortalecido las IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer), que contemplan acciones para la atención durante la gestación, el parto, el puerperio, y el crecimiento y desarrollo del menor. Además están los Comités de Seguri-dad Alimentaria, Educador Familiar y Escuelas para Familias con el ICBF.

En San Andrés se realizó el levanta-miento de una Línea de Base del es-tado nutricional a menores de 7 años y se supervisa y vigila el cumplimiento

de la difusión del estado nutricional de los niños en coordinación con el ICBF; y en Antioquia, se desarrolla con éxito el Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional MANÁ, al que se le hace seguimiento permanente.

En Educación, para aumentar la cobertura en preescolar y disminuir la tasa de deserción y repitencia por niveles, los departamentos han acu-dido a diversas estrategias –subsidio a la matrícula, ampliación de cober-tura, mejoramiento de infraestructura, restaurante escolar, erradicación del trabajo infantil, atención integral, im-plementación del Programa ONDAS de Conciencias, trabajo con Comisa-rías de Familia, ICBF, entre otras– a las que se les hace seguimiento a través de las Secretarías de Educa-ción, principalmente.

En cuanto a la cobertura de Registro Civil, se adelantan campañas y jor-nadas de registro en los diferentes departamentos. Para hacer más efectiva la labor, en el Departamento de Quindío se están consiguiendo las licencias de instalación de un soft-ware de RC en clínicas y hospitales. Para este tema específi co, no hay un mecanismo único de Registro, por lo que se difi culta la labor de monitoreo y seguimiento.

En Protección y Restitución de Dere-chos, se desarrollan distintas estrate-gias para los diversos indicadores de esta área. Entre los mecanismos que han adoptado los departamentos para hacer seguimiento están: los Comités Interinstitucionales de Erradicación del Trabajo Infantil; las Redes del Buen Trato; Las Comisarías de Familia y las Casas de Justicia; Redes de Explota-ción Sexual Comercial Infantil ; Uni-dad de Atención y Orientación para la Población Desplazada (en el caso de Huila, en convenio con OIM); Ob-servatorio del Delito, de VIF, estudios de tendencia, vigilancia permanente y estadísticas vitales que permiten vigilar más de cerca el comportamien-to de los hechos violentos (como en Nariño); Planes de la Política Cons-

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trucción de Paz y Convivencia familiar “Haz Paz”; entre otros. En Antioquia, a través del convenio OIM, se impulsa el Observatorio para la Niñez y la Fa-milia, principalmente para la preven-ción del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, en Agua y Saneamiento Básico, el seguimiento se hace a través de los Planes de Gestión In-tegral de Residuos Sólidos (PGIRS); la vigilancia en salud pública de la calidad del agua; y la ampliación de cobertura.

2.2.2.3. Acciones para impulsar la estrategia

Algunos departamentos realizaron ac-ciones claves para impulsar la “Estrate-gia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”. En el De-partamento de Tolima se realizó el 12 de septiembre de 2006 el Encuentro Departamental por la Infancia y la Ado-lescencia y la Procuraduría General de la Nación instaló el Comité de Segui-miento y Control. En Cundinamarca se socializó la Estrategia en octubre de 2005 ante alcaldes y personeros. En este Encuentro los alcaldes, la Gober-nación y el ICBF regional Cundinamar-ca, asumieron el reto de trabajar por la infancia, la adolescencia y el ambiente sano. En el Departamento de Quindío se difundió entre las autoridades la Directiva 001 de 2006 de la PGN, por medio de la cual se insta a las institu-ciones a dar una atención prevalente, oportuna y efi caz a todos los menores de 18 años en situación de violencia intrafamiliar y a sus familias.

2.2.2.4. Difi cultades

En los informes recibidos se puede observar que, si bien hay avances, también se presentan difi cultades que los departamentos deben en-frentar y retos que tienen que asumir. Entre las difi cultades, está la relacio-nada con la recolección de datos y la calidad de las fuentes que se están

utilizando. Todo parece indicar que este tema pone en riesgo la confi abi-lidad de los datos, especialmente, de los indicadores, y reduce el margen de posibilidades para analizar los progresos y difi cultades.

En el Tolima se informa que la ausen-cia de orientaciones legales sobre el funcionamiento de los Consejos de Política Social conduce a que éstos se conviertan en escenarios para mitigar los efectos del inadecuado desarrollo de políticas públicas.

2.2.2.5. Recomenda-ciones

En general, los informes no pre-sentan recomendaciones para la Estrategia. Se destaca el análisis y la propuesta sobre la Política Social y los Consejos de Política Social que hace el Departamento de Tolima. Se cita en dicho informe:

“La falta de voluntad política de la mayoría de los gobernantes, la baja claridad en los Consejeros sobre la verdadera utilidad de estos esce-narios, la apatía y falta de disciplina para el trabajo articulado, la existen-cia de espacios de similar naturaleza que convocan a los mismos actores, las actitudes de algunas instituciones que se sienten convocadas pero no haciendo parte de; son algunas de las razones que inciden de manera negativa en la operación permanente de estos espacios.

¿Cuáles son entonces los retos que deben plantearse los Consejos de Política Social?

✦ El espacio debe ser reconocido por todos sus miembros como un escenario ideal para la defi nición de todas las Políticas Sociales del Departamento.

✦ Es necesario que sus integrantes se sientan haciendo parte de, para que sean dinamizadores del espacio.

✦ Debe haber un esfuerzo institucio-nal muy grande por el trabajo con-

certado y articulado, pues a pesar de los esfuerzos la articulación no se siente.

✦ Las reuniones se deben desarro-llar con agendas de trabajo más de proceso que de contexto para que se generen amplios debates frente a aspectos tan importantes como la calidad de la educación, la co-bertura, la permanencia, el acceso de la población a servicios de sa-lud, la salud mental del departa-mento, que permita la defi nición de estrategias de intervención que incluyan a todos los actores con responsabilidades, recursos, etc.”.

El Departamento de Caquetá mani-fi esta que “Se requiere con carácter urgente la implementación de una metodología –formato único- para la recolección de la información, como para su evaluación y seguimiento. (…) Capacitación a los señores alcal-des y funcionarios responsables de la política social en los municipios”.

2.3. Estado del arte de los Con-sejos de Política Social a nivel departamental y muni-cipal

La información corresponde a 30 de los 32 departamentos del país, con fecha de corte el 31 de Octubre de 2006. No se registró información de los Departamentos de Caquetá y Vaupés. El Departamento de la Gua-jira reporta información parcial.

2.3.1. Sobre la existencia de los Consejos de Políti-ca Social - CPS

En la totalidad de los departamentos que reportaron a la fecha de corte, existen CPS conformados mediante acto administrativo. De ellos, el 67% (20) es convocado directamente por el Gobernador o la Gobernadora, tal como lo sugiere el Decreto 1137 de 1999. En los 10 departamentos res-tantes, se delega la función a algún (a) funcionario (a), en especial, al Secreta-rio o Secretaria de Gobierno (17% de los casos, 5 departamentos), a los (as)

Secretarios (as) de Desarrollo Social o a los (as) de Planeación (4 departa-mentos); sólo en un departamento se hace a través del Secretario o la Se-cretaria de Salud. Gráfi co No. 1)

El CPS ha sesionado en el último tri-mestre en 19 departamentos (73%). En 5 departamentos hace más de 6 meses se realizó la última sesión (Amazonas, Casanare, Córdoba, Sucre, Tolima). En el 46% de los casos (13 departamentos) es el Go-bernador quien además de citar, pre-side los CPS. En 9 departamentos lo hace el Secretario de Gobierno, el de Desarrollo Social o el de Planea-ción. En dos departamentos (Guainía y Guaviare) quienes presiden los CPS son los Directores del ICBF. Con relación a la periodicidad, los CPS de 13 departamentos se reúnen trimestralmente, cinco lo hacen con una frecuencia semestral y 8 lo ha-cen mensual o bimensualmente. El resto de departamentos no precisan la información o no reportan.

17 departamentos reconocen que sus CPS no cuentan con un plan de trabajo; 10 departamentos responden que sí, pero en dos de ellos no se hace seguimiento del mismo; sólo Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño y Quindío cuentan con CPS con Plan, al cual se le hace se-guimiento.

En los municipios, la operatividad de los CPS fue califi cada a partir de tres criterios: a) Que se haya realizado más de una reunión en el último año, b) Que el CPS cuente con un plan de trabajo y c) Que se realice segui-miento y evaluación a los compromi-sos establecidos en el plan de acción del CPS. El mapa No 2 expresa la proporción de municipios por depar-tamento que cumplen con los tres cri-terios referidos10. Se excluyeron del análisis seis departamentos (Amazo-nas, Caquetá, Cundinamarca, Guaji-ra, Magdalena y Vaupés) por presen-tar información incompleta. De esta forma se pudo establecer que Quin-dío y Putumayo cumplen con los tres

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Mapa No. 2

10 El cálculo de los porcentajes de cumplimiento de los tres criterios obedeció a la proporción de municipios que cumplían a cabalidad con los criterios en relación con el número total de municipios por comprensión territorial. El número total de municipios por departamento fue tomado de la página web gobiernoenlinea.gov.co (accesado en noviembre de 2006).

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criterios en el 100% de sus munici-pios, siendo así los Departamentos más sobresalientes en cuanto a la conformación y operatividad de sus CPS. En cumplimiento satisfactorio (entre el 50 y 99% de sus municipios) se encuentran los Departamentos de Caldas, Norte de Santander, Nariño, Tolima, Atlántico. Con cumplimiento aceptable (entre 49% y el 1% de sus municipios) se ubican los Departa-mentos de Boyacá, Risaralda, Meta, Cesar, Guaviare, Santander, Antio-quia, Vichada y Bolívar.

Los Departamentos de Arauca, Casa-nare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guai-nía, Huila, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca tienen limitaciones serias en la conformación y operación de los Consejos de Política Social mu-nicipales (cumplimiento defi ciente). En la fi gura, estos Departamentos se muestran en base cero dado que ninguno de sus municipios cumple con los tres criterios establecidos.

2.3.2. Sobre los Subcomités de Infancia y Familia - CIF

Nueve departamentos no cuentan con el Subcomité de Infancia y Familia, y de los que existen, un poco más de la mitad han sido formalmente constitui-dos bajo Acto Administrativo (13 de 21 departamentos que entregan informa-ción). En los Departamentos de Chocó y Sucre la convocatoria y presidencia de los CIF la realiza directamente el Gobernador o la Gobernadora. En 7 departamentos la convocatoria se hace a través de los Secretarios o Secreta-rias de despacho (principalmente de Desarrollo Social, seguido de Salud). En 5 departamentos convoca el Director del ICBF. Tanto la convocatoria como la presidencia de los CIF, se asigna a una mayor variedad de dependencias: Ges-tora Social (Valle, Atlántico y Bolívar), Asesores (as) PAB (Vichada), Benefi -cencia del Departamento (Cundinamar-ca) o Asesores (as) de despacho o pri-vados (Casanare), Defensor del Pueblo (presidencia ejercida en Quindío), entre otras. (Gráfi co No. 2)

En 8 departamentos estos Subco-mités se reúnen cada mes; mientras que en 11 departamentos la frecuen-cia es bimestral o trimestral. Sucre lo hace cada 6 meses. La última sesión se ejecutó hace menos de un mes en 11 departamentos. Hace más de 6 meses no se desarrollan sesiones en Bolívar, Córdoba, Guainía y Sucre. De los 21 departamentos que infor-man tener CIF, 15 reportan plan de trabajo, 12 de ellos con un sistema de seguimiento al Plan.

2.3.3. Conclusiones y reco-mendaciones

✦ Se hace necesario profundizar en la consistencia de la información reportada por los 30 departa-mentos con el fi n de hacerla más pertinente. El ICBF cuenta con

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

sistemas de seguimiento que de-ben ser un referente de análisis en torno al funcionamiento de los CPS; con ello sería posible mejo-rar la calidad y el contenido de la información. Un método sugerido es complementar con las fuentes del ICBF la calidad de la opera-ción de los CPS y la manera en que sus acciones movilizan la po-lítica de infancia y familia. Esto no obsta para afi rmar que los hallaz-gos se aproximan a un panorama de la realidad del país en materia de organización de los CPS y CIF.

✦ Después de siete años de ha-berse expedido el decreto 1137 de 1999 constitutivo de los CPS como condición para la articula-ción funcional de los agentes del Sistema de Bienestar Familiar

en cada jurisdicción, éstos se encuentran operando mediante acto administrativo y actualmente bajo la conducción directa de 13 Gobernadores (as), lo que es un indicio de la apropiación que se ha alcanzado en estos niveles. En otros 15 departamentos este asunto se ha delegado en los Secretarios (as) de Gobierno, Planeación, Salud y Desarrollo Social.

✦ En relación con los CPS, al me-nos 5 departamentos necesitan fortalecer su dinámica, pues hace más de seis meses que no se reúnen. Los CPS de 17 depar-tamentos podrían tener mayor efi ciencia en las directrices (de sus CPS) si contaran con planes de trabajo. Seis departamentos informan que hacen uso consis-tente del plan de trabajo que han diseñado (Atlántico, Cundinamar-ca, Magdalena, Meta, Nariño y Quindío). No sobra señalar que la dinámica de un CPS no está exclusivamente determinada por la frecuencia de sus reuniones, ni por la disposición de un plan de trabajo, seguramente hay otros factores de determinación mayor o menor. Lo que sí es importante en el análisis es establecer una línea basal que permita comparar funcionamientos. Es necesario entonces establecer estándares mínimos que permitan sistema-tizar datos cualitativos a nivel nacional, y de ahí derivar conclu-siones que permitan mejorar la gestión y controlar la efectividad de estos mecanismos.

✦ El cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia tiene en los Subcomités de Infancia y Familia una oportunidad concreta de análisis y gestión de la Política Social. En este sentido, la direc-tiva 008 de 2004 expedida por el Procurador General de la Nación recuerda a las autoridades terri-toriales (entre otras) el cumpli-miento del Artículo 11 del Decreto

1137 de 1999, respecto a la con-formación del Subcomité o Subco-misión permanentes, encargados del análisis y políticas de infancia y familia. Sin embargo, los CIF no se encuentran constituidos en todos los departamentos: 21 reportan tenerlo; de éstos 13 es-tán constituidos mediante acto administrativo; sólo 3 de ellos son

convocados y presididos directa-mente por los Gobernadores; y 5 reconocen que no existe articula-ción con otras instancias. Según los reportes, en los Subcomités de Infancia y Familia hay planea-ción operativa; 15 de los 21 así lo informan y 12 manifi estan hacer uso del plan para el seguimiento de las acciones. (tabla No. 3)

Tabla No. 3 Consejos de política social (CPS) y subcomités de infancia y familia (CIF)

en 32 departamentos de Colombia 2006

Departamentos que no informan

Departamentos con Comité de Política Social Conformado

Departamentos sin Subcomité de Infancia y Familia

Departamentos con Subcomité de Infancia y Familia

Sin plan de tra-bajo

Con plan de trabajo

Sin sistema de seguimiento

Con sistema de seguimiento

2 (6.25%) 9 (28.13%) 6 (18.75%) 3 (9.37%) 12 (37.5%)

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

✦ Un fi ltro de consistencia de la información a partir de la superpo-sición de variables permite afi rmar que en lo concerniente a CIF exis-ten avances organizacionales en Caldas, el cual es liderado por el ICBF; en Atlántico, liderado por la Secretaría de Desarrollo, a pesar de no contar con Acto administra-tivo de conformación; en Boyacá, liderado por el ICBF, sin acto ad-ministrativo de conformación; en Cauca, liderado por el Secretario de Salud, sin acto administrativo; en Chocó, liderado por el Gober-nador, sin acto administrativo; y en Quindío, convocado por el ICBF y presidido por el Defensor del Pueblo. Los Subcomités de Infancia y Familia de estos 6 de-partamentos se han reunido re-cientemente, cuentan con planes

de trabajo a los que se les hace seguimiento y manifi estan que se articulan con otras instancias.

✦ Ante este panorama será con-veniente hacer una revisión ex-haustiva de las herramientas con que disponen o pueden disponer los CIF; de tal forma que con ma-yores capacidades puedan ser garantes del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adoles-cencia. Ello exige mayor investi-gación y sistematización sobre su grado de efi cacia y efectividad, para, a partir de allí, evaluar la pertinencia de mejorar los desa-rrollos administrativos o normati-vos y hacerlos más efectivos en la toma de decisiones sobre las políticas de infancia y familia.

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2.4. Indicadores principales de las áreas prioritarias

Con relación al análisis de la infor-mación contenida en la Guía No 3, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. La primera, que de los 32 departamentos, 28 entregaron de manera oportuna la información correspondiente a esta Guía; la segunda, que no todos los departa-mentos suministraron información para cada uno de los indicadores solicitados; y la tercera, que en varias ocasiones fue necesario procesar los datos suministrados (numerador y denominador) para ajustar u obtener el indicador solicitado (las razones mediante las cuales los expresaban no eran las solicitadas o los cálculos no eran los correctos).

Teniendo en cuenta esta situación, se procedió a seleccionar 15 indicado-res principales de los 31 solicitados que, por sus características, son indispensables como línea de base para acercarnos al estado de cum-plimiento de derechos de la infancia y que, según la entrega por departa-mentos, presentaron mayor disponi-bilidad para el análisis. Adicionalmen-te, se trabajó con la información co-rrespondiente al año 2005, por ser el año en que mayor cantidad de datos se reportó y con más consistencia. Lo que de alguna manera indica que en los departamentos hay un aumen-to gradual en el tiempo de la capaci-dad de suministro y procesamiento de datos para el establecimiento de los indicadores solicitados.

2.4.1. Disponibilidad de la información

Con base en la información sumi-nistrada, se estableció una escala de 4 niveles en la que se ubican los departamentos según el número de indicadores sobre los que reportaron datos, con relación a los 15 indicado-res principales seleccionados (Tasas de Mortalidad Materna; Mortalidad Infantil; Mortalidad por EDA; Morta-lidad por IRA, Embarazo en adoles-

centes entre 15 y 17 años; Bajo peso al nacer; Deserción en Primaria y Secundaria; Repitencia en Primaria y Secundaria y Dictámenes Médico Legales; Coberturas de: Registro Civil, Acueducto y Alcantarillado en zona rural y Recolección de Resi-duos Sólidos en zona urbana). En el primer lugar de la escala (alta dispo-nibilidad) se ubican aquellos depar-tamentos que reportaron datos sobre más del 75% de los indicadores (es decir, más de 12); en segundo lugar (con media disponibilidad), los que reportaron entre el 74 y el 50% de la información; en tercer lugar (baja dis-ponibilidad), aquellos que reportaron menos del 50%; y en cuarto lugar, los que no enviaron la información de

manera oportuna (disponibilidad por establecer).

El mapa No.3 a continuación, pre-senta la distribución de los departa-mentos de acuerdo a la clasifi cación antes anotada. Según los datos y siguiendo el orden de la escala es-tablecida, tenemos que: 15 depar-tamentos, que equivalen al 46%, re-portan información de la mayoría de los indicadores priorizados; el 25% (8 departamentos) presenta información entre 8 y 10 de los indicadores; el 16% (5 departamentos) sólo posee o reporta información para establecer 7 de los 15 indicadores priorizados; y 4 departamentos (13%) no suminis-traron información oportuna para la realización del análisis.

2.4.2. Disponibilidad de indi-cadores

Del mismo modo como se estableció una escala para los departamentos según la disponibilidad de la infor-mación solicitada y con base a la información suministrada por los 28 departamentos, se establecieron tres niveles de disponibilidad para cada indicador, los cuales se encuentran diferenciados en tres colores. Se trata de una escala tipo semáforo: el color verde señala los indicadores sobre los que más del 75% de los departamentos posee datos; el color amarillo señala los indicadores sobre los que entre el 74 y el 50% de los departamentos posee información: y, fi nalmente, el color rojo señala aque-llos indicadores sobre los que menos del 50% de los departamentos posee o reporta datos.

Como puede apreciarse, las dife-rencias entre los tres niveles de disponibilidad no son muy grandes. Sin embargo, el 38% de los indica-dores priorizados se encuentra en un nivel alto de disponibilidad, todos ellos relacionados con el Derecho a la Salud y la Educación; 31% de los indicadores se encuentra en el nivel medio, es decir, entre el 74 y 50% de los departamentos posee o reporta datos sobre ellos; y el 31% restante de los indicadores aparece en el nivel bajo de disponibilidad y la mayoría de ellos corresponden al Derecho a la Protección y al Saneamiento básico. (Gráfi co No. 3)

2.4.3. Calidad de la informa-ción

Por otra parte, si bien la disponibili-dad de la información es un criterio para hacer el análisis, basarnos únicamente en este aspecto no es sufi ciente. Es necesario analizar la calidad de la información reportada. En tal sentido se procedió a realizar una comparación entre los datos de algunos de los indicadores seleccio-nados, con información reciente que se ha producido en el orden Nacional

Mapa No. 3

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

y que hace alusión a la situación de cada departamento, como lo fueron los reportados en el documento He-chos y Derechos. Colombia, tierra de niños y adolescentes11, el cual se basó principalmente en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005.

Al contrastar varios de estos indica-dores (Bajo peso al nacer, Cobertura en Grado Cero, porcentaje de emba-razos en adolescentes, Cobertura de Registro civil y Tasa de Dictámenes

Indicadores con mayor nivel de disponibilidad

Indicadores con nivel medio de disponibilidad

Indicadores con bajo nivel de disponibilidad

Mortalidad Materna, Mortali-dad InfantilBajo peso al nacer, Deser-ción primaria, Deserción secundaria, Mortalidad EDA.

% De embarazos entre 15 y 17, Cobertura grado cero, Repitencia primaria, Repi-tencia secundaria, Mortali-dad IRA

Registro Civil, Dictáme-nes médicos legales, Cobertura agua rural, Cobertura alcantarillado rural, Cobertura basuras urbanas.

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Medico Legales), encontramos que muy pocos de los valores suministra-dos por los departamentos coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional, tal como lo muestran las siguientes tablas. Esto se puede atribuir a que la fuente empleada en cada caso es diferente, las metodo-logías de medición no son uniformes, el cálculo se basa en poblaciones distintas o los departamentos no re-portan datos (en este caso aparece en las tablas la sigla SD que signifi ca Sin Dato). (ver tablas No. 4, 5 y 6)

11 Hechos y Derechos. Procuraduría General de la Nación, Bienestar Familiar, UNICEF y con el apoyo de Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. Bogotá, 2006.

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Tabla No. 4 Indicador Bajo peso al nacer

DepartamentoDatos

Guía No 3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006

Departamento

Datos Guía No

3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006ANTIOQUIA 8,7 5.0 GUAVIARE SD 6.1AMAZONAS 9 7.2 HUILA SD 2.7ARAUCA 1,2 8.4 MAGDALENA SD 5.0ATLÁNTICO 6,5 5.3 META 5,4 2.4BOLÍVAR 2,8 6.1 N. SANTANDER SD 2.8BOYACÁ 8,2 11.0 NARIÑO 3,7 5.9CALDAS 6 6.6 PUTUMAYO 7,1 2.1CAQUETÁ SD 4.3 QUINDÍO SD 5.3CASANARE 4,6 6.3 RISARALDA 6,4 3.2CAUCA 7,7 2.3 SAN ANDRÉS SD 4.7CESÁR 8,5 4.9 SANTANDER 7,6 6.7CHOCÓ SD 2.6 SUCRE 5,3 4.7CÓRDOBA 7,3 4.9 TOLIMA SD 3.0CUNDINAMARCA 9,5 6.1 VALLE SD 5.2GUAINÍA 9 3.2 VAUPÉS 6,8 1.8GUAJIRA SD 2.6 VICHADA SD 5.2

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Table No. 5 Indicador Cobertura de Registro Civil

DepartamentoDatos

Guía No 3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006

Departamento

Datos Guía No

3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006

ANTIOQUIA SD 93.9 GUAVIARE SD 94.4

AMAZONAS 93,9 91.6 HUILA 23 95.7

ARAUCA SD 93.4 MAGDALENA SD 76.8ATLÁNTICO 1,4 88.5 META SD 91.5BOLÍVAR 80,5 92.1 N. SANTANDER 10,3 94.1

BOYACÁ SD 94.9 NARIÑO 13,2 90.0CALDAS SD 96.5 PUTUMAYO SD 95.4CAQUETÁ SD 89.5 QUINDÍO 6,5 98.0CASANARE 13,6 95.2 RISARALDA SD 95.8CAUCA SD 81.4 SAN ANDRÉS SD 98.4CESÁR SD 91.3 SANTANDER SD 94.5CHOCÓ 85,4 78.1 SUCRE 30,8 87.6CÓRDOBA 23,5 77.7 TOLIMA SD 92.6CUNDINAMARCA SD 97.6 VALLE SD 92.1GUAINÍA 9,7 95.7 VAUPÉS SD 95.5

GUAJIRA SD 78.9 VICHADA 61.9 95.1

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Tabla No. 6 Indicador Mortalidad Infantil

DepartamentoDatos

Guía No 3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006

DepartamentoDatos

Guía No 3 año 2005

Datos Pu-blicación Hechos y Derechos

2006

ANTIOQUIA 13.6 17.0 GUAVIARE SD 22.0

AMAZONAS 23.2 21.0 HUILA SD 27.0

ARAUCA 12.2 21.0 MAGDALENA SD 27.0

ATLÁNTICO 16.1 19.0 META SD 22.0

BOLÍVAR 7.6 16.0 N. SANTANDER SD 25.0

BOYACÁ 1.5 21.0 NARIÑO 10.0 28.0

CALDAS 13.0 17.0 PUTUMAYO 12.0 ND

CAQUETÁ SD 32.0 QUINDÍO 11.2 11.0

CASANARE 11.6 ND RISARALDA SD 17.0

CAUCA 16.0 33.0 SAN ANDRÉS 12.9 ND

CESÁR 7.0 27.0 SANTANDER SD 14.0

CHOCÓ SD 36.0 SUCRE 8.0 26.0

CÓRDOBA 9.8 28.0 TOLIMA SD 23.0

CUNDINAMARCA 7.2 19.0 VALLE 9.2 23.0

GUAINÍA 31.1 19.0 VAUPÉS SD 15.0

GUAJIRA SD 33.0 VICHADA 58.2 27.0

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Mapa No. 4

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De la información anterior, se puede observar que entre 12 y 19 departa-mentos (para los tres indicadores na-cionales descritos arriba) no entregan información que permita contrastar con los indicadores de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2005, que aquí se emplea como referente para hacer análisis de confi abilidad de datos. Sobre Bajo peso al nacer, 7 departamentos están por debajo de las cifras de la ENDS 2005 y en 13 son superiores (en 20 departamentos no hay información disponible); sobre registro civil, 11 departamentos están por debajo de las cifras ENDS 2005 y en 2 son su-periores (19 no informan); y, sobre Mortalidad Infantil, 13 departamentos están por debajo de las tasas de la ENDS 2005, mientras que apenas 2 están por encima. Eso refl eja un panorama diverso y amplio respecto a la confi abilidad de los indicadores suministrados por los departamentos para el año 2005; pues se supone que se mantendrían tendencias similares a las que muestra la ENDS 2005.

No obstante, es difícil generalizar a partir de datos que no se han con-fi rmado y que en varios casos se presentaron incompletos. De cual-quier manera, las diferencias son una muestra de la necesidad que se tiene de invertir en un sistema de informa-ción único y confi able para el país y las regiones.

2.4.4. Conclusiones y reco-mendaciones

✦ La disponibilidad de indicadores en los departamentos es un pro-blema central. Caldas, Guajira, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca reportan menos del 50% de los 15 indicadores princi-pales seleccionados, y Caquetá, Guaviare, Magdalena, Santander y Vaupés no entregan información sobre el total de indicadores so-licitados. A esto se suma que no todos los departamentos suminis-traron información para cada uno de los indicadores; fue necesario procesar los datos suministrados (numerador y denominador) para

ajustar u obtener el indicador so-licitado y, en algunos casos, los cálculos no eran los correctos o simplemente no existían. Esto manifi esta la aún notable debi-lidad territorial en el manejo de la información y la ausencia de datos confi ables que se puedan entregar para evaluar las políticas sociales, dejando constancia de que más de la mitad de estos in-dicadores se refi eren a políticas universales que hacen parte del presupuesto nacional.

✦ El 31% de los indicadores se encuentra en un nivel bajo de dis-ponibilidad y la mayoría de ellos corresponden al Derecho a la Protección y al Saneamiento Bá-sico. En contraste, los indicadores más disponibles son los de Salud y Supervivencia, al igual que los relacionados con Educación; éstos equivalen al 38% de los indicado-res priorizados. Esto manifi esta la imperiosa necesidad de unifi car criterios, métodos y herramientas para disponer de un sistema de in-formación en el área de restitución de derechos infanto-juveniles.

✦ En promedio 11 departamentos no presentan indicadores que puedan contrastarse con datos nacionales reportados por la ENDS 2005. Además al contrastar datos de la ENDS con los repor-tados por los departamentos en materia de Bajo peso al nacer, Mortalidad Infantil y Registro Civil, se encuentran inconsistencias. Todos los departamentos tienen diferencias con las cifras de la ENDS 2005. Esto, a pesar de que no es concluyente, es indicativo de la necesidad que se tiene de invertir en un sistema de informa-ción único y confi able para el país y las regiones.

2.5. Acciones principales para las áreas prioritarias

La información correspondiente a las acciones principales, según las áreas

Mapa No. 5 prioritarias establecidas por la Estra-tegia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia, fue recolectada a través de la Guía No. 4, la cual fue diligenciada por 26 de los 32 departamentos del país. Cabe mencionar que no todos los departa-mentos informaron sobre cada una de las áreas prioritarias, lo cual será detallado en cada uno de los análisis por área. (Gráfi co No. 4)

Los 26 departamentos desarrollaron un total de 1434 acciones, las cuales se encuentran distribuidas y repre-sentadas a continuación, concen-trándose en las áreas de Protección y Educación, con un 39% y 20% res-pectivamente.

2.5.1. Salud Materna

Del total de departamentos, se recibe información de acciones en Salud Materna de 24 de ellos (no informan: Caquetá, Chocó, Guainía, Norte de Santander, Magdalena, Sucre, Gua-viare y Vaupés); sólo 20 de éstos ofrecen información para 2007. Más del 90% de la información de las ac-ciones se refi ere a programas y pro-yectos, lo cual indica que se siguen pautas de Planeación Territorial por la vía de los Planes de Desarrollo. (Gráfi co No. 5)

En cuanto a la modalidad de las ac-ciones, frecuentemente se formulan en el siguiente orden: 1) acciones referidas a la regulación que ejerce la autoridad sanitaria seccional sobre vigilancia epidemiológica de muertes, sistema de información, y vigilan-cia del cumplimiento de normas de atención a la gestante; 2) acciones regulares de los programas o pro-yectos de salud pública avalados por el Ministerio de Protección Social - como la vigilancia y el control de la transmisión del VIH/SIDA o la sífi lis congénita - o la evaluación del Plan de Choque en mortalidad materna; 3) acciones de asistencia técnica a mu-nicipios y aseguradoras en lo relativo a apoyo técnico, vigilancia de normas y capacitación de talento humano. 4)

Áreas prioritarias

No de acciones Áreas prioritarias No de

acciones

Salud Materna 120 Educación, Recreación y Cultura 284

Salud Infantil 84 Salud Sexual y Reproductiva 91

Registro Civil 27 Agua Potable y Saneamiento Básico 136

Nutrición 148 Protección 544

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Gráfi co No. 4 Acciones prioritarias según áreas defi nidas por la Estrategia

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acciones directas sobre la población, tales como control prenatal, induc-ción de la demanda hacia las IPS, modelos de atención (por ejemplo, el biopsicosocial), información, edu-cación, comunicación, entre otras; 5) acciones de articulación intersectorial y de alianzas; 6) acciones desplega-das por el ICBF, como alimentación para gestantes o madres lactantes.

Como lo muestra este mapa de ac-ciones, el panorama es amplio y de-muestra la diversidad de intervencio-nes posibles. Cabe destacar que hay uniformidad en las acciones de salud pública que el nivel nacional impulsa, lo cual demuestra consistencia con la Estrategia de Municipios y Departa-mentos por la Infancia y la adolescen-cia. No obstante, cabe resaltar que sólo 4 de 24 departamentos informan sobre objetivos de sus programas y proyectos; 8 informan sobre metas de coberturas; y tan sólo 5 indican en las metas alguna orientación en cuanto a factores de equidad (etnia, municipio, urbano/rural, entre otros).

En la sistematización de los pro-gramas y proyectos reportados, se contabilizó un total de 120 acciones principales, de las cuales 92 corres-pondieron a actividades orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones garantes de de-rechos (IPS, Aseguradoras, Equipo de salud, Autoridad sanitaria, Entes territoriales); 26 acciones estuvieron dirigidas a fortalecer o desarrollar las capacidades de los titulares de de-rechos (niños, niñas, adolescentes, familias, voluntarios, voluntarias); y tan sólo 2 acciones estuvieron liga-das a infraestructura y cofi nanciación con las localidades.

Finalmente, sobre las proyecciones para el 2007 todos los departamentos informan de la continuidad de la ma-yoría de sus acciones, sólo 6 departa-mentos reportan alguna novedad so-bre lo propuesto para el año siguiente. No más de 6 departamentos incluye-ron información sobre objetivos y co-berturas para las acciones de 2007.

2.5.2. Salud Infantil

Del total de departamentos, se recibe información de acciones en Salud Infantil de 24 de ellos (no informan: Caquetá, Chocó, Guainía, Quindío, Magdalena, Sucre, Guaviare y Vau-pés); e igual cantidad informan de acciones para 2007. 16 de 24 depar-tamentos informan entre una y tres acciones principales. (Gráfi co No. 6)

Respecto a la modalidad de las accio-nes, se formula el siguiente orden: 1) acciones en programas o proyectos de salud pública patrocinados por el Ministerio de Protección Social, como PAI, Estrategia AIEPI, IAMI; 2) accio-nes de estimulación temprana y crian-za (reveladas por cinco departamen-tos); 3) acciones desplegadas por el ICBF, como madres FAMI y Hogares de Bienestar (informadas por cinco departamentos); 4) acciones referidas a Planes de Infancia (reportadas por cuatro departamentos); y 5) acciones de Asistencia Técnica Territorial, que incluyen capacitación de equipos de salud, sistemas de información, vigi-lancia de cumplimiento de normas de atención, entre otras.

Lo anterior demuestra una distribu-ción de acciones uniforme entre los programas centrales de superviven-cia infantil y atención integrada, a saber PAI y AIEPI, en torno a los cua-les se concentran todos los informes departamentales. No ocurre lo mismo con las acciones de Asistencia Téc-nica Territorial o de estimulación y crianza, que son poco manifi estas en los informes; aunque es relevante que se informe de Planes de Infan-cia, lo cual deja ver el interés en la agenda territorial por este tema. Cabe resaltar que no más de 12 de-partamentos informan los objetivos de sus programas y proyectos; 13 informan de metas de coberturas; y tan sólo 1 indica en las metas alguna orientación sobre factores de equidad (número de municipios).

En la sistematización de los pro-gramas y proyectos reportados, se contabilizó un total de 84 acciones principales, de las cuales 44 corres-pondieron a actividades orientadas a fortalecer la capacidad de respues-ta de las instituciones garantes de derechos; 40 acciones estuvieron dirigidas a fortalecer o desarrollar las

nutricional infantil y escolar. Cabe destacar que en sólo dos casos se refi eren exclusivamente a la lactancia materna.

Es relevante el despliegue de accio-nes que describe el Departamento de Antioquia bajo el Programa MANÁ; cerca de 26 programas y proyectos hacen parte del inventario y sobre la mayoría se defi nen tanto metas y progresos como desafíos para 2007. Algo similar sucede con La Guajira y Nariño.

Es notable la variedad de acciones nutricionales que se desarrollan en los departamentos y que cubren desde la gestación hasta la vejez. Se aprecia que las acciones no sólo están orientas a las intervenciones directas, sino además a tareas gu-bernamentales de regulación y asis-tencia técnica. No deja de ser menos importante la tarea esencial del ICBF, que se destaca en los programas ali-mentarios. Es interesante la mención que se hace de los Planes de Segu-ridad Alimentaria y Nutricional como medida del compromiso institucional en los niveles departamental y local.

No más de 6 departamentos infor-man los objetivos de sus programas y proyectos; 10 informan de metas de coberturas; y tan sólo 4 indican en las metas alguna orientación respec-to a factores de equidad (número de municipios).

En la sistematización de los pro-gramas y proyectos reportados, se contabilizó un total de 148 acciones principales, de las cuales 58 corres-pondieron a actividades orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones garantes de dere-chos; 86 estuvieron dirigidas a forta-lecer o desarrollar las capacidades de los titulares de derechos (niños, niñas, adolescentes, familias, voluntarios, voluntarias); 2 eran de adquisiciones; y dos más sobre investigaciones o líneas de base. La proporción de acciones para fortalecer a los titu-lares de derechos en Salud Infantil

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

capacidades de los titulares de de-rechos (niños, niñas, adolescentes, familias, voluntarios, voluntarias). La proporción de acciones encaminadas a fortalecer a los titulares de dere-chos en Salud Infantil es superior a la de Salud Materna, respecto del total de acciones reportadas. Esto puede dar cuenta de la intensidad con la que se trabaja por la salud de las niñas y los niños, o de la poca frecuencia de acciones reportadas comparativamente con las de Salud Materna.

Finalmente, sobre las proyecciones para el 2007 todos los departamen-tos informan de la continuidad de la mayoría de sus acciones; sólo 8 departamentos reportan alguna no-vedad frente a lo propuesto para el año siguiente. 6 departamentos inclu-yen información sobre objetivos y 11 sobre coberturas para las acciones de 2007.

2.5.3. Nutrición

Del total de departamentos, se recibe información de acciones en Salud Infantil de 25 de ellos (no informan:

Caquetá, Chocó, Guainía, Magdale-na, Sucre, Guaviare y Vaupés); 23 de los cuales ofrecen información para 2007. (Gráfi co No. 7)

En cuanto a la modalidad de las acciones, el siguiente es el orden común: 1) acciones en programas o proyectos como IAMI, Escuela Sa-ludable, Maná – Antioquia-, RESA, PANES, PAPA, Nutrición a Gestantes y Niños Pequeños; 2) acciones de regulación por la autoridad sanitaria departamental orientadas a vigilancia en salud pública, SISVAN, vigilancia de normas de comercialización y de cumplimiento de normas alimenta-rias; 3) acciones desplegadas por el ICBF, como Hogares Comunitarios de Bienestar, Hogares Infantiles y las modalidades de atención nutricional que se prestan en todos los departa-mentos; 4) acciones referidas a Pla-nes Departamentales o Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 5) acciones de Asistencia Técnica Territorial mediante grupos de apoyo y capacitación a los municipios; y 6) acciones de cobertura alimentaria, expresadas en desayunos o refri-gerios escolares, o de recuperación

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

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es superior a la de Salud Materna e Infantil, respecto del total de acciones reportadas. Esto puede ser indicativo de la especifi cidad de la nutrición y la alimentación como programas de atención directa sobre las niñas y los niños. Esto es destacable, pues seña-la que la orientación del gasto puede llegar más directamente a la infancia. Adicionalmente, la reseña sobre ac-ciones dirigidas a adolescentes es poca; sólo un departamento la refi ere.

Sobre las proyecciones para 2007, todos los departamentos informan de la continuidad de la mayoría de sus acciones; sólo 7 departamentos reportan alguna novedad sobre lo propuesto para el año siguiente. 3 departamentos incluyen información sobre objetivos y 15 sobre coberturas para las acciones de 2007.

2.5.4. Salud sexual y repro-ductiva

En relación con la prioridad 6 de la Estrategia Municipios y Departamen-tos por la infancia y la adolescencia, 24 departamentos informan sobre las acciones por el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. (No reportan este ítem: Caquetá, Chocó y Norte de Santander). Más de la mitad de las acciones que se reportan para el presente año apuntan a las que la Estrategia promueve (60%). Cerca de 50 acciones en planes, programas o proyectos se desarrollan en los de-partamentos, la mayoría relacionadas con acciones informativas o educati-vas y más centradas en los ambientes escolares o en la califi cación del per-sonal de salud. Pocos departamentos avanzan en la consolidación de redes de apoyo social o de organizaciones juveniles (Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Putumayo, Santan-der). De igual manera, pocos informan sobre la sostenibilidad de las acciones escolares a través de los PEI (Proyec-tos Educativos Institucionales).

En cuanto al cumplimiento de la nor-matividad (Resolución No. 412 del Ministerio de Salud), 25 acciones

se reportan en asesoría, evaluación y vigilancia; ningún departamento hace mención a las coberturas de adolescentes en el Sistema de Se-guridad Social. El diseño de política, según lo reportado, tiene en Caldas (con la aprobación de la Ordenanza de la Política de SSR para la Cáte-dra de Salud Sexual Positiva) y en Cundinamarca (diseño intersectorial) importantes avances hacia la calidad y la sostenibilidad de la política. 14 de los reportes se clasifi can como iniciativas, relacionadas con la movi-lización social sobre el tema; donde se destaca Nariño en la realización de encuentros sobre educación sexual o el Encuentro Bilateral (con Ecuador) en la búsqueda de alternativas ante el problema de trata de personas. Los departamentos planean y refuerzan la continuidad de sus acciones para el 2007; aun cuando muy seguramente lo reportado es una aproximación, algunos departamentos deben revisar estratégicamente este aspecto.

2.5.5. Registro Civil

De los 26 departamentos que infor-maron, el 69.23% respondió sobre las acciones que vienen adelantando para ampliar la cobertura del Registro

Civil; el 50% realizó una proyección para 2007; y el 15.38% continuará con los programas que se desarrolla-ron en 2006. (Gráfi co No. 8)

La mayor parte de los departamentos sensibilizan a la población mediante campañas y jornadas para obtener una mayor cobertura. Dichas campa-ñas se realizan con el ICBF, la Regis-traduría y, en algunos casos (como en Norte de Santander), con las ofi -cinas para Registro Civil en las ins-tituciones hospitalarias. En Quindío se proyecta instalar un software de RC en las clínicas del Departamento y en Tolima se pretende instalar un programa de RC en los hospitales de II Nivel y en las IPS privadas.

Aunque las campañas pretenden llegar a todo el Departamento, en el caso de La Guajira se realizan princi-palmente para niñas y niños usuarios de ICBF; en Santander, para meno-res de 18 años y población vulne-rable; y en Cesar, para la población indígena. Este último departamento, en 2005, tramitó 4531 registros para la población indígena, y en lo que va corrido del 2006 se han registrado 2142 menores.

2.5.6. Educación

De los 32 departamentos, 8 no in-formaron de manera oportuna sobre las acciones que desarrollan y se planean en Educación (Caquetá, Guajira, Guainía, Guaviare, Magdale-na, Norte de Santander, Sucre y Vau-pés); es decir, se cuenta con informa-ción del 75% de los departamentos. De los 24 departamentos que repor-tan información, sólo Córdoba y Valle del Cauca no registran acciones para desarrollar en 2007.

En 2006, los departamentos reportan un total de 147 acciones en desa-rrollo, de las cuales sólo el 27.2% corresponde a planes, programas y/o proyectos; mientras que el 65.3% corresponde a iniciativas y el 1.2% trata de acciones que buscan cum-plir normas generales. Con relación a la información sobre descripción de objetivos y coberturas de los 24 departamentos, 13 no dan cuenta de ninguno de los objetivos que se persigue con cada una de las accio-nes que están desarrollando, y 13 de ellos informan sobre las coberturas de por lo menos más de la mitad de las acciones que desarrollan.

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Las modalidades de las acciones que los departamentos reportan se han agrupado de acuerdo a los Derechos que constituyen el Núcleo esencial del Derecho a la Educación, que son: Acceso al Sistema, Disponibilidad, Permanencia y Calidad, los cuales presentan con correlativa obligación por parte del Estado. La mayoría de las acciones (71, que equivalen al 49%) corresponde al Derecho a la Calidad; el 40% de las acciones se encamina a satisfacer el Derecho de Acceso al Sistema y busca ampliar la cobertura educativa; el 6 % corres-ponde al Derecho a la Disponibilidad; y el 5% a satisfacer el Derecho a la Permanencia.

De las 147 acciones reportadas, 82 de ellas (56%) están dirigidas direc-tamente a los titulares de los dere-chos, particularmente hacia los niños y las niñas más que a sus acudientes o maestros (as). El 20% de las ac-ciones está orientado a fortalecer la capacidad de los responsables de la educación, en este caso, de los y las docentes y las directivas de instituciones y centros educativos. Y el 14% restante de las acciones está dirigido a mejorar la calidad del

Derecho a la Educación por la vía de la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de las infraestruc-turas, así como por medio de la do-tación y actualización de materiales para la enseñanza.

Con relación a lo proyectado para el año 2007, sólo 2 departamentos no detallan información al respecto; los demás dan cuenta de la continuidad de algunas de las acciones o - en algunos casos - de todas ellas, am-pliando información en cuanto las co-berturas. Por otro lado, se presentan 12 departamentos con al menos una acción totalmente nueva y diferente a las realizadas en el 2006; de éstos, sólo 3 aclaran o dejan ver entre líneas los objetivos de estas nuevas accio-nes, y sólo 2 presentan información sobre las coberturas. (Gráfi co No. 9)

2.5.7. Recreación y Deporte

De los 26 departamentos que entre-garon información sobre las acciones frente a la Estrategia, el 65.38% (17) respondió sobre lo que están hacien-do en el área de Recreación y Depor-te en 2006 (ver Grafi co No. 10) y el 57.69% (15) efectúa sus proyeccio-nes para 2007: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Guajira, Hui-la, Nariño, Risaralda, San Andrés y Providencia, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

La sistematización de las principales acciones reportadas permitió agru-parlas en las siguientes categorías: 1) práctica deportiva y actividades de recreación que benefi cian directa-mente a niños, niñas y adolescentes; 2) iniciativas de fomento del deporte y la recreación; 3) formación a través de escuelas creadas para dar impul-so al deporte y programas generales de capacitación; y 4) dotación e in-fraestructura para mejorar, adecuar y construir escenarios deportivos.

Se documentaron un total de 84 ac-ciones principales en 2006, 67 de las cuales están dirigidas a fortalecer o

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

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desarrollar las capacidades de los titulares de los derechos (niños, ni-ñas y adolescentes); 12 orientadas al mejoramiento de la infraestructura y dotación de los escenarios depor-tivos; y 5 orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los ga-rantes de derechos.

Finalmente, para el año 2007 se mantienen 66 acciones de 2006 y se proyectan 16 actividades nuevas en 6 departamentos, de los cuales 2 informaron sobre cobertura y sólo 1 propuso un objetivo claro.

2.5.8. Cultura

De 32 departamentos, 19 informan sobre acciones culturales para el año 2006. Las principales acciones repor-tadas son las siguientes, de acuerdo al orden de frecuencia: formación artística y cultural; fortalecimiento de la Red de Bibliotecas; apoyo en eventos culturales (festivales, en-cuentros de bandas); y adecuaciones y compra de instrumentos musicales. Acciones menos frecuentes son la asistencia técnica a los Planes de Cultura en los municipios, expedi-ciones culturales, Programas de Cultura y Convivencia, y defensa del patrimonio artístico y cultural. De los departamentos informantes, sólo 4 defi nen objetivos para sus principales acciones y 10 establecen metas físi-cas para 2006.

En total de acciones en Cultura es de 53, de las cuales 5 están orientadas a la compra de instrumentos musi-cales y la adecuación de espacios físicos; 13 se relacionan con el forta-lecimiento de los entes responsables de obligaciones; y, lo más sobresa-liente, 35 están dirigidas directamen-te a potenciar la capacidad artística y cultural de las niñas y los niños. 17 de los 19 departamentos infor-mantes expresan la intención de dar continuidad en 2007 a las acciones emprendidas en el año 2006; aunque la mayoría no defi nen metas específi -cas de cumplimiento.

2.5.9. Protección

De los 26 departamentos que abor-daron el tema de Protección, 24 (92,30%) respondieron sobre las principales acciones que vienen ade-lantando para disminuir la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. 7 de los 24 están ejecutando el Plan Departamental de la Política Cons-trucción de Paz y Convivencia “Haz Paz”. El 84,61% se refi riere al tema de Víctimas de Violencia Sexual, problema que es enfrentado a través de campañas de sensibilización y es atendido por medio de convenios y programas específi cos.

Un alto porcentaje (76,96%) se refi e-re a los temas: Infractores de la Ley Penal y Trabajo Infantil. En cuanto al primero, los departamentos coinciden en la necesidad de reeducar a los menores y brindarles atención, prin-cipalmente, a través del Programa de Libertad Asistida; y en cuanto al segundo, una alta proporción mani-fi esta que están atendiendo el tema a través de los Comités de Erradica-ción del Trabajo Infantil.

Los Entes territoriales han enfrentado el componente de Atención Huma-

nitaria a menores de 18 años. El 73.07% de los departamentos, por medio de las Unidades Móviles, prin-cipalmente. Frente al tema de Explo-tación Sexual, el 73.07% lo trata a través de diferentes estrategias, tales como: Rutas de atención con comi-tés interinstitucionales, Proyectos de cultura ciudadana, acciones de sensibilización masiva: Unidad Móvil, talleres y sensibilización.

Respecto a las temáticas de niños y niñas en estado de abandono (69.23), la situación de calle y el ex-tremo peligro, conlleva a los departa-mentos a adoptar medidas tendientes a desarrollar Planes de Protección y Atención Integral para los y las me-nores de edad, a elaborar proyectos que permitan la asistencia, a fortale-cer los programas de hogares susti-tutos y el sistema de adopciones.

De otro lado, la atención a niñas, niños y adolescentes desvinculados del confl icto (57.69) en la mayoría de los departamentos se hace a través de los Centros de Atención, de los Hogares Tutores o Transitorios, del subsidio condicionado y de otras acciones tendientes a prevenir la vinculación.

10 de los 26 departamentos que abordan el aspecto de las minas antipersona, lo hacen a través de acciones pedagógicas y de acompa-ñamiento a las víctimas, pero en el reporte no se adiciona información que permita evaluar avances o re-trocesos en la implementación de la política y en las campañas que reali-zan los departamentos.

Finalmente, respecto al componente de Abuso Sexual, los 8 departamen-tos que respondieron coinciden en que además de las campañas de sensibilización sobre la prevención y atención integral a las víctimas, las Gobernaciones adelantan convenios, campañas y capacitaciones con las entidades que tienen que ver con la atención a esta población. (Gráfi co No. 11)

2.5.9.1 Descripción por temas específi -cos

■ Mortalidad Violenta

De los 26 departamentos que respon-dieron la Guía No. 4, el 34.61% (9) se refi rió a lo que están haciendo en el área de Protección frente al tema de niños, niñas y adolescentes víctimas de muertes violentas. Alianzas inte-rinstitucionales, campañas educativas y de prevención, y el trabajo con sec-tores especializados, son algunas de las estrategias que han encontrado los Entes gubernamentales para ha-cerle frente a este tema.

Cabe anotar el trabajo que vienen realizando: Antioquia junto con el per-sonal de salud frente a la prevención y estudio del suicidio; Nariño, con los Observatorios del Delito en Pasto, Ipiales y Túquerres; Casanare, a tra-vés de los Proyectos de “Cultura Ciu-dadana” y “Ciudad Vital”, que buscan reducir las muertes violentas por con-fl ictos y por accidentes de tránsito; Putumayo, con la conformación de la Red de Conciliadores; y Risaralda, con el desarrollo de acciones de Pro-tección Integral en torno a la restitu-

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006 Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-

cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

ción de derechos. La continuación de estas acciones está proyectada para el año 2007.

■ Desvinculados del Confl icto Ar-mado

a. Prevención de la vinculación

El 46.15% de los departamentos objeto del presente análisis (26) adelanta acciones tendientes a la prevención de la vinculación de ni-ñas, niños y adolescentes a los gru-pos armados que operan en el país. Para contrarrestar esta amenaza, los departamentos han trazado una serie de estrategias, tales como la sistematización para la formulación de Políticas Públicas de Niñez y Ado-lescencia, prueba piloto en Medellín, Circasia y Heliconia (Antioquia).

En 3 de los 12 departamentos se de-sarrollan los Clubes Juveniles, y en 2 trabajan a través de la Unidad Móvil de Atención a la población vulnerable y en riesgo de vinculación. Las Redes del Buen Trato, los Pro-gramas de resolución pacífi ca de confl ictos, los Pactos de Convivencia,

los Círculos educativos, las Cátedras de Paz y los Programas de utilización del tiempo libre, permiten abordar el tema de la prevención, con un trabajo en el que la mayoría de los departamentos se ha comprometido, buscando apoyos interinstitucionales y aliados estratégicos.

b. Atención a niñas, niños y adoles-centes desvinculados del confl icto armado

De los 26 departamentos, 15 respon-dieron acerca de las acciones que vienen adelantando con relación a la atención a niñas, niños y adoles-centes desvinculados. De los 15, el 33,33% implementa con el ICBF el Proyecto de Protección en Centros de Atención; el 26,6%, los Hogares Tutores o Transitorios; el 20%, el Pro-grama de Subsidio Condicionado; y el 13,33% realiza otras acciones para la restitución de derechos a esta pobla-ción. La consolidación de las iniciati-vas de paz y las jornadas pedagógi-cas son las acciones más utilizadas por el Departamento de Casanare.

La atención que brindan los depar-tamentos a través de sus acciones

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tiene que ver con restitución de de-rechos, salud, educación, resociali-zación y asistencia psicosocial, para lo cual hacen alianzas interinstitu-cionales y se apoyan con campañas de sensibilización dirigidas a toda la población.

■ Situación de Desplazamiento

a. Atención humanitaria a menores de 18 años

De los 26 departamentos que res-pondieron sobre sus acciones frente al área de Protección, el 73,07% lo hizo en el tema de atención huma-nitaria. 8 de los 19 departamentos utilizan las Unidades Móviles de Atención, en las cuales se encuen-tra ayuda integral a la población en situación de desplazamiento. En su gran mayoría, los departamentos han dispuesto mecanismos de aten-ción, tanto de emergencia como de permanencia y acompañamiento en los casos de retorno y reubicación. En Nariño se atendieron 329 casos de menores en Centros Múltiples de Atención a población desplazada en los municipios de Pasto, Tumaco, Ipiales, Córdoba y Potosí; en el Valle del Cauca hay 2205 benefi ciados del sistema escolar público; y en Cesar se logró el retorno de 57 familias a Murillo (Valledupar).

■ Víctimas de Minas Antipersona

10 de los 26 departamentos se re-fi eren a las acciones que están ade-lantando para atender a las víctimas de las minas antipersona, tema que no aplica a las islas de San Andrés y Providencia ni a Vichada.

Existen acciones pedagógicas y de prevención y acompañamiento a víc-timas, como en Nariño y Risaralda. En Antioquia y Meta se desarrolla el Programa de Subsidio Condicio-nado; en Cauca funciona el Comité de Minas Antipersona; y en Bolívar intervención se realiza a través de la Unidad Móvil. En este tema especí-fi co no se adiciona información que

permita medir avances o retrocesos en el manejo de víctimas de minas y en las campañas que realizan los departamentos.

■ Infractores de la Ley Penal

En cuanto al tema de Infractores de la Ley Penal, 20 de los 26 de-partamentos lo abordaron. Aunque los convenios con los centros de rehabilitación, la asistencia técnica y la infraestructura son temas impor-tantes para los departamentos, 7 de los 20 coinciden en la prioridad de la reeducación a las y los menores infractores; 5 abordan la atención a adolescentes a través de Programas de Libertad Asistida; y 4, la atención integral para disminuir el número de menores infractores de la ley penal. La atención a estas niñas y niños también se ocupa de fomentar condi-ciones socio-familiares para prevenir su reincidencia y de realizar acciones de articulación con el SNBF.

■ Violencia Intrafamiliar y Maltra-to Infantil

De los 26 departamentos que abor-daron el tema de Protección, 24 (92,30%) respondieron sobre las acciones que están implementando para disminuir la violencia intrafami-liar y el maltrato infantil. 7 de los 24 están ejecutando el Plan Departa-mental de la Política Construcción de Paz y Convivencia “Haz Paz”; 5, por medio de la conformación de las Re-des del Buen Trato; y 4, a través de del fortalecimiento de las Comisarías de Familia.

Además, existe un gran número de programas y proyectos en cada uno de los departamentos para trabajar procesos preventivos, de asistencia y asesoría a la niñez y a la familia, y de acompañamiento terapéutico a las víctimas. Es de anotar que en varios departamentos se le hace seguimien-to al tema de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil y que se realizan estudios mentales y epidemiológicos para caracterizar este tipo de mal-

tratos. Se destaca el trabajo interins-titucional y el apoyo de las Redes, las acciones que se adelantan con instituciones de salud y educación y las campañas de sensibilización a la comunidad.

■ Abuso Sexual

De los 26 departamentos, el 30.76% respondió sobre las acciones que están adelantando frente al tema de Abuso Sexual. Además de las cam-pañas de sensibilización sobre la pre-vención y atención a las víctimas y la atención terapéutica de las mismas, las Gobernaciones adelantan conve-nios, campañas y capacitaciones con entidades que tienen que ver con el abuso sexual. En Quindío se desta-ca la participación del Subcomité de Infancia y Familia en desarrollo del Plan de “Haz Paz”, que cuenta entre sus componentes con el de abuso sexual.

Para el año 2007, el 100% de los de-partamentos ha proyectado continuar con el desarrollo de las acciones que se vienen ejecutando y no ha planea-do ninguna acción adicional para el próximo año; a excepción de Antio-quia, que además tiene como objeti-vos: fortalecer alianzas y convenios y aumentar su cobertura; dimensionar la problemática de esta población a través de los Observatorios de la Niñez y la Familia; y elaborar diag-nósticos sociales situacionales para lograr mayor impacto y efi ciencia en la prestación de servicios para esta población.

■ Explotación Sexual

18 de los 26 departamentos informa-ron sobre las acciones desarrolladas frente a la explotación sexual. Los Entes territoriales han enfrentado el tema de la Explotación Sexual a tra-vés de diferentes estrategias: elabo-ración de caracterización de las víc-timas, Rutas de atención a través de Comités interinstitucionales, Proyec-tos de Cultura Ciudadana, acciones de sensibilización masiva a través de

la Unidad Móvil, talleres y campañas de sensibilización.

En Cartagena se realizó la caracteri-zación de niñas, niños, adolescentes, familias y clientes de las víctimas y se elaboró un Código de Conducta; en Nariño se lanzó el Programa de Trata de Personas en la zona fron-teriza; y en Meta se capacitó en los 29 municipios a la comunidad edu-cativa sobre la explotación sexual en menores. En Vichada se está apli-cando el Plan de Acción aprobado por el Comité de Política Social del Departamento y el tema es atendido en Quindío desde el Subcomité de Infancia y Familia.

■ Víctimas de Violencia Sexual

De los 26 departamentos que abordan el área de protección, 22 (84,61%) se refi eren al componente de Violencia Sexual y 18 destacan el trabajo que vienen realizando en Programas de Prevención y Atención Integral a las víctimas.

Este tipo de violencia es enfrentado a través de campañas de sensibi-lización y se atiende por medio de convenios y programas específi cos: Programas de Cultura Ciudadana, Redes del Buen Trato, Observatorios del Delito y Casas de Justicia - con el apoyo del ICBF-, Fiscalía, Medicina Legal, entre otros; los cuales preten-den brindar una mejor atención a las víctimas de este tipo de violencia. Cabe destacar que en Quindío la atención se hace desde el Subcomi-té de Infancia y Adolescencia y en Vichada, por medio de la aplicación del Plan de Acción aprobado por el Comité de Política Social.

■ Trabajo Infantil

De los 26 departamentos objeto del análisis en el área de protección, 20 enfrentan el problema del trabajo infantil. De esos 20, que correspon-den al 76.96%, 12 manifi estan que están trabajando a través de los Comités de Erradicación del Trabajo

Infantil. Incentivos para que las niñas y niños vuelvan a la escuela, forta-lecimiento de los Clubes Juveniles, Proyectos de Cultura Ciudadana y campañas de sensibilización, son otros de los mecanismos utilizados. Adicionalmente, en las regiones se llevan a cabo acciones de prevención y educación para que la ciudadanía se informe sobre la ilegalidad de esta práctica y se sensibilice frente a la problemática del menor trabajador.

Es de resaltar que en Boyacá se realizan visitas a las minas de Ma-ripí y San Pablo, y en Santander, a las minas de Vetas, California, Los Santos y Curiti, con el fi n de verifi car la erradicación del trabajo infantil. En Nariño se adelantan campañas de sensibilización en 5 municipios alrededor del Volcán Galeras y en 8 corregimientos de Pasto, por medio del Educador Familiar. Todos los de-partamentos darán continuidad a las acciones en el año 2007 y 15 imple-mentarán nuevos proyectos.

■ Niñas y Niños en Abandono

De los 26 departamentos que res-pondieron sobre sus acciones en el área de Protección, 18 lo hicieron sobre el tema de Niñas, niños y ado-lescentes en estado de abandono. 9 departamentos (Antioquia, Casanare, Guajira, Nariño, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander y Bolívar) enfrentan el tema a través de los Hogares Sustitutos, y 4 (Antioquia, Boyacá, Caldas y Guajira) han imple-mentado el Sistema de Adopciones. La caracterización de las niñas y ni-ños en situación de calle, abandono y extremo peligro, conlleva a adoptar medidas tendientes a desarrollar Planes de Protección y Atención Integral y proyectos que permitan la asistencia y el fortalecimiento de los Hogares Sustitutos.

2.5.10. Agua y Sanea-miento Básico

El reporte de los departamentos sobre esta prioridad muestra un comportamiento diferencial según los componentes del Saneamiento Bási-co; así, por ejemplo, en el componen-te de Agua Potable, 23 departamen-tos reportan acciones específi cas (no reportan: Caquetá, Chocó, Córdoba y Meta), 19 departamentos reportan otras acciones de saneamiento (resi-duos sólidos, alcantarillado, unidades sanitarias) y sólo 17 departamentos reportan claramente acciones sobre Residuos Sólidos (no informan: Ama-zonas, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Guainía, Guajira, Meta; Putumayo, Tolima, Valle del Cauca, Magdalena, Sucre, Guaviare y Vau-pés).

De las 136 acciones reportadas, el 50% de ellas se concentra en infra-estructura, como es de esperarse en este tema. Los departamentos avan-zan en la implementación de Planes y de Políticas en Medio Ambiente. En algunos se percibe trabajo intersecto-rial, como en el caso de Cundinamar-ca, cuyos reportes según competen-cias de Salud, Secretaría de Obras,

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SENA, dejan entreverlo. Santander es otro ejemplo de asistencia técnica compartida (MinAmbiente, Super-intendencia de servicios, GTZ). En materia de equidad, y de acuerdo con los resultados del reciente es-tudio de Planes de Desarrollo12 De-partamentales y Municipales, pocos departamentos precisan dentro de su información acciones en el área rural (Arauca, Caldas, Casanare, Cundi-namarca, Guajira). La mitad de los reportes cuentan con objetivos y defi -nen las coberturas alcanzadas.

Con respecto al Agua Potable, existe coincidencia con las recomendacio-nes de la Estrategia. De las 70 accio-nes reportadas, la mitad se centran en proyectos de infraestructura, sea de construcción o adecuación, y 24, en asistencia técnica a la norma para dar cumplimiento a los parámetros y estándares de calidad del agua, a la implementación de la cualifi cación de la política pública o a la inspección o vigilancia de riesgos. Dentro de las acciones de participación comuni-taria que recomienda la Estrategia, se menciona el caso del Valle del Cauca con el trabajo de las Juntas de Acueducto, creadas o fortalecidas, y de los Comités de Veeduría Comu-nitaria.

En lo se refi ere a Saneamiento Bá-sico, la cuarta parte de los reportes están relacionados con asistencia técnica en cumplimiento de la norma-tividad, siendo la principal asesoría en redes de recolección y el trata-miento a aguas residuales. Sólo el Valle del Cauca menciona protección a cuencas hidrográfi cas. La mayoría de los 23 proyectos de infraestructu-ra presentados, mencionan los temas de alcantarillado, aguas residuales y unidades sanitarias. Sólo dos pro-yectos se relacionan con educación a usuarios.

En cuanto a Residuos Sólidos, las acciones que se reportan se con-centran principalmente alrededor de Planes para la gestión integral de residuos sólidos, la adecuación de

los rellenos sanitarios, la vigilancia y el control hacia los municipios, y las actividades de educación ambiental para el aprovechamiento y diagnós-tico domiciliario sobre el manejo de residuos sólidos.

De los 17 informes, 6 declaran obje-tivos para las acciones de 2006 y 10 defi nen metas de coberturas. Se con-tabiliza un total 26 acciones orienta-das a fortalecer la capacidad de ges-tión de los responsables instituciona-les; apenas 3 acciones se orientan a tareas educativas en relación directa con los usuarios. De los 16 departa-mentos que informan sobre acciones para el año 2007, 12 formulan obje-tivos de continuidad; de éstos sólo 5 defi nen metas de cobertura.

2.5.11. Conclusiones y recomendacio-nes

Salud Materna, Salud Infantil y Nu-trición

✦ Se observa que la Salud Materna e Infantil siguen derroteros de acción regulados por la autoridad sanitaria nacional; lo que muestra que hay coherencia y unifi cación en los departamentos para des-plegar una acción efectiva. Este tipo de acciones se refi eren a pro-gramas impulsados por la Nación así como a las tareas de regula-ción y asistencia que deben llevar a cabo los departamentos. Esto sugiere que los entes territoriales cumplen con sus competencias y, en relación con el enfoque de derechos, responden por sus obligaciones y responsabilidades, aunque vale aclarar que lo sucinto de los informes no permite ser concluyente al respecto.

✦ La participación del ICBF regional en cada informe departamental le imprime al seguimiento de las acciones un renovado compromi-so por la infancia, lo cual es espe-cialmente relevante en materia de alimentación y nutrición. Los pro-

gramas descritos por el ICBF son pertinentes y consistentes con la necesidad de hacer llegar a las y los niños las intervenciones más costo/efectivas.

✦ Los informes de Salud materna, Salud Infantil y Nutrición no son muy explícitos en declarar los objetivos; y apenas entre 8 a 13 departamentos informan de metas de cobertura sobre las acciones principales (n=24). Los criterios de equidad no se incluyen en la discriminación de las metas; y, no hay más de un departamento que informe sobre el análisis de progresos en las metas para el 2006. Esto se pudo deber a la contingencia que tuvieron para presentar los informes frente a la fecha límite, la complejidad para exponer puntos específi cos sobre las metas, o a la no habituación a presentar informes de gestión de esta naturaleza.

✦ Las acciones están dirigidas a materializar los derechos de la niñez. En este orden de ideas, la sistematización indica que la mayoría de acciones está dirigi-da a fortalecer, en primer lugar, a las instituciones garantes de derechos y, en segundo lugar, a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, incluyen-do niños, niñas, adolescentes, gestantes, madres lactantes, voluntarios, voluntarias y líderes comunitarios (as). Esto último se invierte para el caso de nutrición, donde las acciones dirigidas di-rectamente a los niños y las niñas ocupan el primer lugar (58% del total); lo que es una buena señal de orientación del gasto social hacia la niñez, sin que medien muchos pasos en la acción social del Estado.

✦ Se advierten ciertos temas de alta sensibilidad social y política entre los informes; tal es el caso de la nutrición y la seguridad alimenta-ria que son relevados en diversa magnitud y con amplias explica-ciones sobre su comportamiento y grado de realizaciones.

✦ Se aprecia un escaso reconoci-miento de planes y acciones inter-sectoriales, lo cual destaca estas dimensiones como categorías de hondas implicaciones para con-seguir una mayor efectividad en la aplicación de políticas y progra-mas sociales.

✦ Hay una referencia indirecta sobre la participación de niñas y niños pequeños en la gestación y desa-rrollo de las aciones principales; y poco destacada en relación con los adolescentes y su incidencia en la salud sexual y reproductiva. Este hallazgo no deja de ser im-portante para integrar a los niños, niñas y adolescentes en las políti-cas sociales de todo tipo.

✦ Las acciones proyectadas para 2007 en la mayoría de los de-partamentos corresponden a las realizadas en 2006. Hay pocos informes que describen nuevas acciones y progresos para 2007, pero donde los hay se revelan compromisos innovadores para mejorar la atención de la infan-cia y la adolescencia. Entre 3 y 15 departamentos han incluido información relevante sobre objetivos y coberturas de las ac-ciones propuestas para 2007. La información sobre 2007, desde un enfoque cualitativo, no es muy relevante para el análisis.

✦ Toda la evidencia que se refl eja en los informes departamentales es consecuente con las accio-nes propuestas por la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia. El análisis sobre la consistencia entre las acciones de 2006 y las

que recomienda la Estrategia Nacional, da cuenta de que al menos dos terceras partes de las acciones departamentales respe-tan los principios de acción que redundan en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Vale la pena profundizar sobre detalles en las acciones que se reportan, para ser más concluyente.

✦ Se recomienda sistematizar los in-formes departamentales, de modo que se establezcan categorías de reporte y campos de obligatorio cumplimiento; de este modo se obtendría mejor información para el análisis.

Salud Sexual y Reproductiva

✦ Es necesario profundizar en el desarrollo de la Estrategia Mu-nicipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia con los corresponsables del cumpli-

miento del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Ejemplos de innovaciones son las acciones realizadas en el Huila, que avanza con una investigación cualitativa en masculinidades, y en el Meta, con los Centros Integrales para la Atención de Adolescentes; acciones que promueven la Estra-tegia y que seguramente pueden contribuir a concretar y diseñar acciones con mayor pertinencia, consistencia y calidad.

✦ Del conjunto de acciones repor-tadas, 57% contribuye a forta-lecer la capacidad institucional (asesorías, vigilancia, control); lo cual es signifi cativo para la competencia departamental. El enfoque de derechos requiere de un equilibrio en el desarrollo de capacidades tanto de los respon-sables como de los titulares de derechos; es decir, que es nece-sario complementar las acciones de asesoría, control y vigilancia, con acciones directas sobre la población objetivo.

✦ De acuerdo con lo reportado, poco se invierte en la investiga-ción, una de las acciones que la estrategia promueve y que es necesario considerar -a partir, por ejemplo, de la equidad de género - con el fi n de avanzar en el cierre de las brechas en el cumplimiento al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, será importante evaluar si los avances en política pública o el diseño de planes, programas o proyectos, han contado con la participación de adolescentes y jóvenes, como lo promueve la Estrategia.

Registro Civil

✦ Las difi cultades en la disponibili-dad de la información sobre Re-gistro Civil exigen la consolidación de un sistema de información unifi cado que supere las diferen-

12 DNP, PGN, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Superintendencia de Ser-vicios Públicos domiciliarios, UNICEF, Embajada del Reino de los Países Bajos. La infancia, el agua y el saneamiento básico en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, 2005.

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cias, en cuanto a las fuentes de información y oportunidad en los datos.

Educación, Recreación y Cultura

✦ Si bien los departamentos aciertan con sus acciones a los Derechos contenidos en el Nú-cleo esencial del Derecho a la Educación, estas acciones no son presentadas en los informes remitidos como una continuidad, prolongación o resultado de las políticas de orden nacional, en tanto que se presentan como iniciativas, principalmente, y no como parte de planes programas o proyectos.

✦ La importancia de la recreación, el deporte y el sano esparcimiento en niños, niñas y adolescentes, se ve refl ejada en el número de acciones (84) reportado por los 17 departamentos que informaron sobre las actividades desarro-lladas en el 2006. De éstas, 11 precisan metas en uno o varios de sus componentes y sólo 8 defi nen objetivos claros.

✦ Es notorio que más del 60% de las acciones totales reportadas por los 19 departamentos que informan sobre el área de Cultu-ra, está dirigido a los niños y las niñas; lo cual expresa la impor-tancia de la cultura como factor promotor y protector de los dere-chos humanos. Será importante revisar las razones por las cuales 13 departamentos no informan, mucho más si se considera que ésta es un área mediante la cual se pueden promover los derechos y se puede dar mayor visibilidad a la infancia.

✦ Es necesario que en una próxi-ma oportunidad se le exija a los departamentos un abordaje más detallado de los objetivos y coberturas de las acciones que están desarrollando y de las que pretenden implementar, para me-

dir avances o retrocesos en un ejercicio de evaluación por resul-tados, tan necesario en la gestión pública.

Protección

✦ En el área de Protección se pue-de evidenciar que en los departa-mentos hay avances en la ejecu-ción de las acciones; sin embar-go, no se contó con respuestas para todos los componentes, pues se priorizaron algunos aspectos del área y se dejaron de lado otros.

✦ Los componentes de Abuso Sexual y Mortalidad Violenta son los que menos abordaron los de-partamentos, en contraste con el aspecto de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil, que obtuvo el mayor porcentaje.

✦ En algunos casos la información es incompleta y, en otros, la cali-dad de la fuente y de los datos su-ministrados no hace posible tener certeza sobre su confi abilidad.

✦ Se propone desarrollar para el tema de Registro Civil un me-canismo que permita que las notarías y las instituciones hospi-talarias se obliguen a reportar los datos.

✦ A diferencia de otras áreas anali-zadas en este reporte, en protec-ción especial se aplican impor-tantes y frecuentes medidas que promueven la acción intersecto-rial, algunos de ellos basados en mecanismos institucionalizados y legitimados entre varios actores institucionales; tal es el caso de los Comités de prevención y erra-dicación del trabajo infantil, o el Consejo de política social.

✦ La mayoría de departamentos instrumenta acciones de protec-ción basándose en medios institu-cionales disponibles que facilitan la labor especializada; tal es el

caso de las Unidades móviles de atención. Estos instrumentos son valorados como medios efi caces para restituir derechos y garanti-zar el acceso a la atención.

✦ Una buena parte de las interven-ciones que desarrollan los depar-tamentos hacen referencia explíci-ta a la capacidad institucional del ICBF en cada región, destacando de paso la oferta resolutiva y la autoridad en materias tan especí-fi cas como los niños y niñas des-vinculados de los grupos armados irregulares.

✦ Es importante señalar el reiterado uso de algunas medidas que la política nacional ofrece para la atención a víctimas que deman-dan restitución de derechos. En esta línea, las estrategias de pro-tección social para la población infantojuvenil vulnerable son am-pliamente citadas.

✦ Es notable el conjunto de medidas que se aplican para los mismos problemas relacionados con la restitución de derechos. En varias de las categorías de acciones principales en materia de protec-ción se hace alusión a mecanis-mos comunes de prevención y restitución como los Consejos de política social, las redes del buen trato, entre otras. La importancia de compartir medidas comunes para diversos problemas es de-terminante de la efectividad en la acción pública y se yergue como un reconocimiento de la capaci-dad intersectorial de resolución.

✦ Con frecuencia se hace alusión a formas de organización y partici-pación juvenil como contenido de capital social útil para la preven-ción, mitigación y afrontamiento de problemas como la violencia, el trabajo infantil y la vinculación de los niños y niñas al confl icto armado. En este mismo orden de ideas, se relevan los factores cul-turales para desactivar riesgos y

afrontar problemas. Campañas de sensibilización, cátedras de paz y programas de cultura ciudadana son los más citados.

✦ Algunos departamentos informan sobre el uso de mecanismos de visibilización, divulgación y análi-sis situacional tales como obser-vatorios del delito, red de concilia-dores y los diagnósticos sociales, entre otros.

✦ Se propone implementar un me-canismo de intercambio de infor-mación entre las Gobernaciones, frente a las experiencias exitosas y los retos alrededor a las estra-tegias de protección. A pesar de que en varios departamentos se aplican los mismos programas o proyectos, las experiencias sólo se socializan a través de los Encuentros de Gobernadores. De igual manera, se propone implementar un sistema único de evaluación y seguimiento a todos los componentes del área de pro-tección, para que los avances y difi cultades se puedan observar en conjunto y se tomen los co-rrectivos del caso. Sin embargo, se debe considerar que existen diferentes sistemas de informa-ción para las distintas situaciones de vulneración de derechos, todos ellos poco o nada integrados a los gobiernos locales y departamen-tales. Así, para el diseño de un buen sistema de seguimiento, se deberá invertir en el diseño de un adecuado sistema de información.

✦ La transversalidad e intersecto-rialidad –destacada antes en esta área- sigue siendo un factor que comunica varios problemas de protección, punto desde el cual (fi gura No. 2) se deben repensar las políticas públicas en materia de protección a fi n de generar círculos virtuosos que promuevan la efi ciencia y la coordinación, tan necesarios en materia de restitu-ción de derechos.

Agua y Saneamiento Básico

✦ El principal énfasis sobre medio ambiente sano en los departa-mentos es el agua potable, al menos 35 proyectos (que pueden incluir otros subproyectos) se ade-lantan.

✦ Los esfuerzos de los departamen-tos en materia del cumplimiento al Derecho a un Ambiente Sano se encaminan hacia la infraestructura (50% del total de las acciones re-portadas), para lo cual se realiza acompañamiento técnico (el 38% de los informes lo citan).

✦ Llama la atención el escaso repor-te de las acciones educativas (en cuanto a cultura del agua, sólo se reportan en Huila y Vichada) o de promoción de la participación co-munitaria (sólo lo reporta el Valle del Cauca, a través de veedurías).

2.6. Presupuesto de infancia y adolescencia

La Guía No. 2 sirvió como base para evaluar las asignaciones y los gas-tos presupuestales orientados a las

Figura No. 2

ocho prioridades de infancia y ado-lescencia por cada departamento. Se recibieron datos de 28 departamen-tos; 4 no remitieron ninguna de las guías (Caquetá, Chocó, Magdalena, Vaupés). La información se analizó con base en tres matrices que se remitieron a las Gobernaciones: la de presupuesto de 2006, la de ejecución presupuestal a junio de 2006 y la de presupuesto proyectado a 2007. La intención original era analizar los presupuestos departamentales para identifi car la orientación del gasto so-cial infantil y describir las participacio-nes y modalidades del gasto público, empleando información programada y ejecutada para 2006 y estimada para 2007 (con base en el proyecto de acuerdo presentado recientemen-te a la Asamblea Departamental).

2.6.1. Principales hallazgos

De acuerdo a la información, se ob-tuvieron los siguientes hallazgos (Ver tabla No. 7 y Mapa No. 6). Hay al me-nos 7 departamentos (Caquetá, Cho-có, Guainía, Magdalena, Risaralda, Vaupés, Vichada) que no presentan información completa (una o varias de las tres matrices no fueron diligencia-das) sobre presupuesto territorial.

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La información fi able se procesó para realizar el análisis consolidado de da-tos. De 32 departamentos, sólo de 17 (53%) se obtuvo información de cali-dad, lo cual no permite hacer análisis con practicidad para el conjunto de entes territoriales. Se aplicaron crite-rios de calidad para los datos; quien no los cumpliera quedaba excluido del procesamiento. Estos fueron los criterios: sumas equivalentes a los datos parciales (subtotales consisten-tes con los totales de columnas y fi -las); completitud de los datos en más de la mitad de los ítems solicitados; precisión de las cifras (numeración adecuada de los valores en pesos absolutos, excluyendo decimales o medidas confusas); hojas completas (incompletitud de al menos dos ho-jas); y repetición de hojas de Excel para la misma guía.

Las principales inconsistencias halla-das radican en el mal diligenciamien-to de las sumas parciales y en la in-completitud de los datos. El balance de aquellos departamentos excluidos del procesamiento (11) es el siguien-te: Cauca (subtotales no suman el valor total de protección, lo cual genera inconsistencia de sumas de fuentes y prioridades); Guainía (da-tos incompletos en las prioridades); Guajira (no hay totales ni sumas consistentes en varias prioridades); Guaviare (datos insufi cientes sobre las prioridades); Meta (tres guías de presupuesto con datos parciales); Norte de Santander (subtotales de la prioridad de agua y saneamiento in-consistentes con el total); Putumayo (inconsistencias en las sumas); Quin-dío (subtotales de la prioridad agua y saneamiento inconsistentes con el total); Valle (inexistencia de sumas totales e inconsistencias en valores parciales); Vichada (cuadros incom-pletos); Tolima (sumas incompletas).

Tabla No. 7. Información diligenciada de presupuesto por departamento

DEPARTAMENTOS Presupuesto 2006 Presupuesto Ejecutado a junio de 2006

Presupuesto estimado 2007

Amazonas SI SI SIAntioquia SI SI SIArauca SI SI SIAltántico SI SI SIBolívar SI SI SIBoyacá SI SI SICaldas SI SI SICaquetá NO NO NOCasanare SI SI SICauca SI SI SICesar SI SI SICórdoba SI SI SIChocó NO NO NOCundinamarca SI SI SIGuainía SI NO NOGuajira SI SI SIGuaviare SI SI SIHuila SI SI SIMagdalena NO NO NOMeta SI SI SINariño SI SI SINorte de Santander SI SI SIPutumayo SI SI SIQuindío SI SI SIRisaralda NO SI NOSan Andrés SI SI SISantander SI SI SISucre SI SI SITolima SI SI SIValle del Cauca SI SI SIVaupés NO NO NOVichada SI SI NO

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescen-cia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Tabla No. 8. Primeras tres prioridades programadas en presupuestos 2006 y 2007 por departamento y dos últimos lugares (n= 17)

Departamento Salud materna

Salud Infantil Nutrición Salud Sex y

ReproductRegistro

civil Educación Cultura Recreación y deporte

Protec-ción

Agua y Saneamto

Amazonas 2006 2 U U 1 3

Amazonas 2007 2 U U 1 3

Antioquia 2006 2 U 1 U 3

Antioquia 2007 2 U 1 U 3

Arauca 2006 U 3 U 1 2

Arauca 2007 U 2 U 3 1

Atlántico 2006 2 U 1 U 3

Atlántico 2007 2 U 1 U 3

Bolívar 2006 2 3 U 1 U

Bolívar 2007 2 U 1 U 3

Boyacá 2006 U U 2 1 3

Boyacá 2007 - - - - - - - - - -

Caldas 2006 U 3 U 1 2

Caldas 2007 U U 1 2 3

Casanare 2006 U U 1 3 2

Casanare 2007 3 U U 1 2

Cesar 2006 U 3 U 1 2

Cesar 2007 - - - - - - - - - -

Córdoba 2006 U 3 U 1 2

Córdoba 2007 U 3 U 1 2

C/marca 2006 U U 1 3 2

C/marca 2007 3 U 1 U 2

Huila 2006 2 U 1 U 3

Huila 2007 U U 1 3 2

Nariño 2006 2 U 1 U 3

Nariño 2007 2 U U 1 3

Risaralda 2006 2 U 1 U 3

Risaralda 2007 - - - - - - - - - -

San Andrés 2006 U 3 U 1 2

San Andrés 2007 U 2 U 1 3

Santander 2006 U 2 U 1 3

Santander 2007 2 U 1 U 3

Sucre 2006 2 U 1 U 3

Sucre 2007 3 2 U 1 U

(-) Sin datos para ese año o datos incompletos; (U) últimos lugaresFuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

Mapa No. 6

En suma, a sólo 17 departamentos se les pudo procesar algún tipo de dato presupuestal surgido de las tres matrices solicitadas. Con estos departamentos se realizó un análisis consolidado (Ver tabla No. 8).

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De la tabla supra se desprenden va-rias conclusiones. Por áreas priorita-rias, la de Registro Civil es la que me-nos asignaciones presupuestales pre-senta (casi todas las casillas están en cero (0) pesos); prácticamente el total de los 17 departamentos procesados no informan datos al respecto y, por tal razón, esta área ocupa el último lu-gar en las prioridades territoriales. Le siguen en orden de importancia: Cul-tura, Salud Materna y Salud Sexual y Reproductiva. Las primeras tres áreas en las que se reportan valores presu-puestales signifi cativos con respecto al presupuesto total para 2006 y 2007 (sumadas alcanzan más del 90% de la inversión total) son -en orden-: Edu-cación, Agua Potable y Saneamiento Básico, y Nutrición; quizá porque es-tán priorizadas en el gasto social vía transferencias territoriales.

Respecto a las áreas que están en los últimos lugares, se puede plantear como hipótesis que hay di-fi cultades para consolidar datos en áreas que no son discriminadas para menores de 18 años; aunque cabe preguntarse por qué en el área de Salud Materna no hay asignaciones presupuestales importantes, cuando en los informes de las acciones prin-cipales se reportan actividades en prevención de la mortalidad materna y Asistencia Técnica Territorial por la autoridad sanitaria. Es relevante indagar por los procedimientos de asignación presupuestal, para lo cual se requiere cautela en los análisis, pues los datos de 2006 informan de varias fuentes extrapresupuesto gubernamental, mientras que los de 2007 son los presentados a la Asam-blea con fuentes exclusivamente gubernamentales. De tal modo, las comparaciones entre años tienen un sesgo en los datos incorporados.

Si agrupamos las inversiones pro-puestas para 2006 en tres áreas de derechos humanos, como lo estable-ce la Convención de los Derechos del Niño, se encuentran resultados importantes sobe la distribución de los recursos (Ver tabla No. 9).

Tabla No. 9 Inversión en la infancia y adolescencia por área de derechos (%)

DepartamentoÁrea de Derechos

Salud y Supervivencia

Educación y Desarrollo Protección especial

Amazonas 4.2 95.2 0.6

Antioquia 14.1 83.2 0.7

Arauca 28.1 71.6 0.3

Atlántico 34.2 63.1 2.7

Bolívar 18.5 80.6 0.9

Boyacá 5.1 92.7 2.2

Caldas 32.2 44.5 23.3

Casanare 39.2 60.3 0.5

Cesar 12.8 85.1 2.1

Córdoba 8.7 91.0 0.3

Cundinamarca 11.0 88.4 0.6

Huila 24.8 71.3 3.9

Nariño 17.0 78.4 4.6

Risaralda 29.0 60.6 10.4

San Andrés 18.7 79.7 1.6

Santander 14.5 82.7 2.8

Sucre 16.5 82.1 1.4Promedio 19.3 77.2 3.5

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y Adoles-cencia. Base de datos análisis 32 informes departamentales. III Encuentro de gobernadoras y gobernadores por la infancia y la adolescencia. Valle del Cauca, 2006

De lo anterior se puede concluir que más de las tres cuartas partes del presupuesto se asigna a Educación (precisando que muy poco a Cultura y Recreación); casi una quinta parte a Salud y Supervivencia (incluye Agua y Saneamiento); y sólo una porción ínfi ma a Protección (3,5%). Esta distribución da cuenta de los parciales de las cifras, en tanto que el tema de la protección (que incluía más de 10 subtemas) no está repre-sentado de manera importante en ellas.

Hay algunos datos para destacar. En Amazonas, por ejemplo, la inversión en Salud es apenas del 4,3% del total asignado en el año 2006, que en comparación con el promedio (19,3%) es inferior; Boyacá (5,1%) y Córdoba (8,7%) le siguen en este

orden. En cuanto a Protección es-pecial, Caldas (23,3%) y Risaralda (10,4%) son los departamentos que superan la media de manera sustan-cial con relación al promedio de los 17 departamentos analizados (3,5%); el resto se mantiene con asignacio-nes muy bajas comparadas con las de las otras dos áreas de derechos. Estas cifras revelan la relativa mar-ginalidad del tema de Protección y las diferencias que se encuentran en este aspecto, por cuanto es posible que las cifras no refl ejen la realidad territorial dado que entidades como el ICBF hacen asignaciones signifi -cativas sobre temas de esta enver-gadura.

El análisis de fuentes de fi nancia-miento para 2006 indica que para casi todos los departamentos (excep-

tuando a Caldas, Casanare y Cesar) la principal fuente es el Sistema General de Participaciones (SGP); al menos el 58% del presupuesto proviene de esta fuente. En Caldas la principal fuente son los recursos propios; en Casanare, las regalías; y en Cesar, “otras fuentes”. Habría que examinar con más profundidad estos datos para acercarse a un diagnós-tico más preciso. Los presupuestos de Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cór-doba, Cundinamarca, San Andrés y Sucre extraen el 80% o más de los recursos para la niñez del SGP.

En una clasifi cación esquemática so-bre la asignación que hacen los de-partamentos analizados por concepto de recursos propios para fi nanciar los programas de 2006, se encuentra lo siguiente: 13 departamentos asignan menos del 15% del total del presu-puesto con cargo a los recursos pro-pios; 1 asigna entre el 15 y el 30% (Cundinamarca); y sólo 2 superan el 30% en la asignación (Caldas y Risa-ralda).

2.6.2. Conclusiones y reco-mendaciones

✦ En la valoración de los datos presupuestales de las tres ma-trices analizadas se evidencia la dispersión de la información presupuestal, lo cual produce imprecisiones e inconsistencias en los datos reportados. Hay sec-tores del gasto público de niñez que extrañamente se encuentran sin asignación de recursos, lo que llama la atención si se mantiene el principio de cumplimiento de todos los derechos para todos los niños y las niñas.

✦ Es posible hipotizar que las dos quintas partes de los departamen-tos que informan inadecuadamen-te (mala calidad de los datos pre-supuestales) lo hacen en razón a que la rendición de presupuesto en este grupo poblacional es nueva y relativamente compleja de construir. Cabe pensar en-

tonces en la necesidad de hacer que la niñez, como prioridad, se refl eje en uno de sus principales instrumentos de política, en el presupuesto y en los planes de inversión.

✦ Debe ser menester de quienes estén obligados en la rama eje-cutiva y en el Ministerio Público, revisar los presupuestos guber-namentales con base en criterios sistemáticos que permitan evaluar el esfuerzo fi scal, la prioridad del gasto social y la asignación de re-cursos de manera preferencial, de modo que se pueda hacer control y seguimiento efectivo al gasto social de infancia, sin descuidar las inversiones del Estado central.

✦ Se recomienda que el seguimien-to a los presupuestos se pueda sistematizar con base en criterios de evaluación de la gestión, apli-cando para ello fórmulas y cál-culos que minimicen los errores e inconsistencias; así, se podría superar el margen de mala ca-lidad de los datos, que en este estudio llegó al 39,0% del total de departamentos que remitieron información.

✦ El Estado debe considerar la decisión de establecer una me-todología de diseño, aprobación y evaluación del presupuesto de infancia y adolescencia, para que las cifras sean más creíbles y los análisis menos intuitivos, siendo de vital importancia un conjunto de medidas políticas, técnicas y de procedimiento de los órganos ejecutivos y de control, para hacer de esto una misión impostergable y para obedecer a la obligación que impone la Convención Inter-nacional de los Derechos del Niño cuando señala que los Estados deben asignar prioritariamente el gasto a la infancia.

✦ La evaluación y seguimiento de los presupuestos departamentales y locales de infancia y adolescen-

cia se debe incorporar sistemá-ticamente como un indicador de garantía para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales. Esto será útil siempre y cuando los órganos del Estado del nivel central y periférico estén coordinados en dicha materia, y se haga exigible en la rendición de cuentas.

✦ Es relativamente urgente deman-dar de los gobernantes (nivel periférico y central) un análisis de los esfuerzos territoriales que se hacen para invertir en la niñez de manera preferencial, incluyendo el grado en que la descentralización administrativa y fi scal ha incidido en tal misión. Los recientes deba-tes sobre la reforma a las transfe-rencias territoriales ponen de ma-nifi esto esta necesidad y urgen a que el Estado centre su misión en garantizar los derechos humanos, como bien público traducido en políticas universales y específi cas.

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Capítulo 3.Compromisos de las gobernadoras y gobernadores con la infancia y la adolescencia

Durante el III Encuentro de Go-bernadores en noviembre de 2006 se dispuso la discusión y consolidación de aspec-

tos cruciales alrededor de los ocho temas prioritarios en derechos de infancia y adolescencia. El resultado de la discusión en mesas de trabajo lideradas por los Gobernadores y Go-bernadoras y facilitadas por funciona-rios del alto gobierno, fue la consoli-dación y ratifi cación de un conjunto amplio de proposiciones que cuentan con el aval de la Federación Nacional de Departamentos.

Estas proposiciones son un mani-fi esto de compromiso político –el de las y los gobernantes- con la políti-ca social en los niveles nacional y

departamental, pues en el texto de dichas proposiciones se cuentan tanto aspectos que son de la órbita nacional como asuntos de compe-tencia territorial. Las proposiciones se establecen a partir de un conjunto de consideraciones (análisis crítico); y al fi nal del documento general se presentan las fi rmas que refrendan los compromisos de los gobiernos seccionales.

La siguiente fi gura enseña el fl ujo del proceso por el cual se surtieron las proposiciones y el camino subsi-guiente. Como se aprecia, la discu-sión en las seis mesas de Goberna-dores y en la mesa de niños y niñas vallecaucanos, dio como resultado un acta de proposiciones (general y

por mesa); generando un proceso de cabildeo e incidencia que, en princi-pio, está orientado al Plan Nacional de Desarrollo y, en segundo término, a incidir en las agendas públicas de entes del gobierno y del Estado.

Figura 3. Flujo de las Proposiciones

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PROPOSICIÓN GENERAL

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia reunidos en la Ciudad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviem-bre, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia” en relación con las prioridades de Salud Materna, Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Educación, Nu-trición, Registro Civil, Agua y Saneamiento Básico, Protec-ción Especial e Inversión en la Infancia, previa las siguientes CONSIDERACIONES:

Generales

1. Que de acuerdo con el convenio suscrito por los Señores Gobernadores y el Señor Procurador General de la Nación, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas, hemos emprendido una impor-tante cruzada por la defensa real y concreta de sus derechos y por garan-tizar la efectividad de los mismos.

2. Que la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 8 de Noviembre de 2006 establece las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la fami-lia, la sociedad y el Estado.

3. Que los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los niños son impostergables en materia de realización por considerarse derechos fun-damentales.

4. Que cumpliéndose el Tercer Encuentro, validando los compromisos adqui-ridos y reconociendo el esfuerzo hecho por las Administraciones Departa-mentales, es necesario incorporar a todos los actores posibles que faciliten el desarrollo de esta Estrategia.

5. Que la priorización del gasto social debe superar el carácter sectorial y aspirar a una racionalidad basada en la garantía y el cumplimiento de de-rechos humanos para todos los niños y niñas.

1. Que es deber del Estado y de la sociedad civil garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes y que el Derecho a la Salud es un derecho anexo al Derecho fundamental a la vida.

2. Que el mejoramiento de la salud y la calidad de vida en niños, niñas y ado-lescentes depende no sólo de la garantía del acceso a servicios de salud de calidad, sino también y en gran medida, de la modifi cación de sus de-terminantes en el entorno físico y social.

3. Que en Colombia ocurrieron en 2005 68 muertes maternas por 100.000 na-cidos vivos, lo cual representa una reducción del 35%, si se compara con la razón de 105 por 100.000 nacidos vivos en el 2000: a pesar de ello, existen disparidades regionales que, incluso, alcanzan extremos de 160. Se debe considerar que el 90% de estas muertes ocurre por causas evitables.

4. Que hay barreras de acceso a los servicios de salud materna, especial-mente, para mujeres quienes: están en edades extremas; pertenecen a grupos étnicos; son desplazadas por el confl icto armado o son desmovili-zadas; viven en zonas rurales y de difícil acceso; son condicionadas por la pobreza y el bajo nivel educativo; entre otras. Debido también a razones de inaccesibilidad física a servicios de salud o como respuesta a la baja capacidad institucional de algunas entidades territoriales para la atención de las emergencias obstétricas.

5. Que la brecha en la cobertura, calidad y pertinencia del control prenatal se da, sobre todo, para las mujeres pobres y con bajo o ningún nivel educa-tivo. Además, una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 años de edad ha estado alguna vez embarazada y, para el caso de las desplazadas, esta proporción se eleva a una de cada tres (ENDS 2005).

6. Que si bien existe un descenso en la mortalidad infantil, persisten grandes disparidades entre regiones, entre áreas urbanas y rurales y entre los nive-les altos y bajos de ingresos. Los niños y niñas afrodescendientes e indí-genas y los afectados por el confl icto armado y el desplazamiento tienen menores oportunidades de supervivencia que la población general.

7. Que pese al marco de política de salud sexual y reproductiva favorable, aún persisten defi ciencias para la atención en salud de las y los adoles-centes; es casi inexistente la oferta de servicios adecuados a sus condi-ciones y expectativas. Adicionalmente, el comportamiento del VIH/SIDA, especialmente la distribución por sexo de los casos notifi cados de VIH, revela una tendencia a la feminización de la epidemia, pasando de 8.18% de casos en mujeres en el quinquenio 1985-1989 a 26,65% en el quinque-nio 2000-2004.

8. Que la oferta de servicios para la atención en salud tiene limitaciones en la defi nición de paquetes básicos de atención de la gestación, parto y puer-perio de las gestantes no aseguradas y en condición de desplazamiento; existe baja calidad de los servicios de crecimiento y desarrollo y de aten-ción integral en salud a adolescentes; falta articulación y coordinación en-tre los Entes territoriales con las aseguradoras y la red de servicios, lo que acentúa los problemas de fragmentación del SGSSS. A esto se suma la defi ciencia numérica y técnica e inestabilidad laboral del recurso humano para la gestión de las acciones de Salud Pública en los niveles departa-mentales y municipales, lo cual difi culta la asistencia técnica, el seguimien-to, monitoreo y control de procesos.

PROPOSICIÓN MESA DE SALUD

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia reunidos en la Ciu-dad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores de la Es-trategia “Municipios y Depar-tamentos por la Infancia y la Adolescencia”, en relación al componente de Salud, previa las siguientes CONSIDERACIO-NES:

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PROPONEMOS:

Para tal efecto, los Planes de Desa-rrollo tendrán como prioridad:

1. Garantizar el acceso a servicios de salud fomentando la univer-salización del aseguramiento y la prestación de servicios esen-ciales de salud a la población pobre no afi liada.

2. Fortalecer la capacidad local para desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad de la atención que incluyan: a) me-jora de los procesos de evalua-ción y asistencia técnica al nivel municipal; b) avance en los pro-cesos de inspección, vigilancia y

control, estableciendo niveles de tolerancia cero para eventos tra-zadores en salud que se conside-ran evitables: c) implementación de modelos de atención que facili-ten el acceso y mejoren la calidad y oportunidad de la atención; d) desarrollo de servicios de salud ajustados a las necesidades de niños, niñas y adolescentes; e) difusión de derechos y deberes en el sistema de seguridad social; e) facilitar espacios de participación de niños, niñas y adolescentes, que permitan mejorar su proyec-ciones sobre la salud y generar iniciativas de política publica; f) fo-mentar trabajo intersectorial coor-dinado y articulado, lo que permite la integralidad en la prestación de

los servicios; g) diseñar estrate-gias de promoción, prevención y educación; y h) establecer redes comunitarias de atención.

3. Formular políticas de estado en pro de la niñez y la adolescen-cia, que afecten positivamente los determinantes de la salud y la calidad de vida de este grupo poblacional y garanticen sos-tenibilidad de las estrategias y acciones.

4. Implementar Sistemas de Infor-mación estandarizados y actua-lizar las bases de datos estadís-ticas (líneas de base).

PROPOSICIÓN MESA DE EDUCACIÓN

Las Señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia reunidos en la Ciudad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescen-cia” respecto al componente de Educación, previas las siguien-tes CONSIDERACIONES:

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, expresamente señala que los derechos de la infancia son prevalentes e indica como fun-damentales los derechos a la “vida, la integridad física, la salud y la segu-ridad social, la alimentación equilibrada, su cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

2. Que la administración de la educación es descentralizada y tiene una fuen-te de fi nanciación del Gobierno Nacional a través del Sistema General de Participaciones; y las autoridades departamentales y municipales deben rendir cuentas sobre sus logros.

3. Que Colombia ha defi nido las metas para cumplir con el objetivo 2 pro-puesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para lograr la enseñanza primaria universal.

4. Que el Gobierno Nacional ha preparado una agenda de desarrollo a pro-pósito de la celebración del segundo centenario de la independencia de nuestro país, Visión Colombia 2019 “Para cerrar la brecha”, siendo la educación componente central de sus estrategias. La visión para el siste-ma educativo es alcanzar una cobertura bruta del 100% en los niveles de preescolar, básica y media, gracias a la ampliación de la capacidad del sis-tema y a una importante mejora en la retención escolar, y a la vinculación del 100% de los niños y las niñas de 3 y 4 años a alguna modalidad de atención.

5. Que a pesar de que los indicadores educativos han mejorado (entre ellos la disminución del analfabetismo, el incremento de los años promedio de escolaridad, el logro casi universal de la educación primaria), la expansión del preescolar y de la secundaria ha sido lenta y aún persisten inefi cien-cias e inequidades que es necesario superar y que afectan, particularmen-te, a la población de menores ingresos, la urbano marginal, rural y étnica.

PROPONEMOS:

1. Realizar la gestión administrati-va, política y técnica necesaria para lograr la inclusión efec-tiva de la prioridad 5 sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes al desarrollo y a la educación, en los próximos Planes de Desarrollo Nacional y Territorial y en los presupuestos anuales; así como también arti-cular en un solo Plan Departa-mental de Calidad las acciones pertinentes en cada municipio.

2. Priorizar recursos humanos y técnicos y la inversión social para la educación gratuita y de calidad en la población de menores ingresos - la urbano marginal, rural y étnica -, con ne-cesidades educativas especiales y afectada por la violencia, y en niños, niñas y adolescentes en riesgo social, con énfasis en la universalización de la cobertura educativa en los niveles de tran-sición y secundaria.

3. Concertar con el Ministerio de Educación Nacional las metas

departamentales y municipales para el cumplimiento de tanto de las metas de los Objetivos del Mi-lenio como de las metas del Plan de País 2019.

4. Establecer en los departamentos que hayan alcanzado el 80% de cobertura en nivel de educación básica obligatoria (transición a 9º grado), Mesas Departamentales de Educación Inicial para imple-mentación de la Política Pública Educativa para la primera infancia en las diversas modalidades de atención, incluyendo a la familia y la comunidad; así como también lograr los arreglos institucionales necesarios entre el ICBF y el Mi-nisterio de Educación Nacional: rangos de edades, competencias y funciones, entre otros.

5. Constituir o fortalecer una red de servicios de apoyo idóneo y cualifi cado para las instituciones y centros educativos con el fi n de afrontar las problemáticas psico-sociales y de aprendizaje.

6. Generar las condiciones necesa-rias para garantizar un sistema

educativo articulado con la Educación Superior, acorde con la diversidad y particularidades regionales, atendiendo a crite-rios de no discriminación, fl exibi-lidad, modelos alternativos; con énfasis en formación técnica o tecnológica, bilingüismo y TIC’s.

7. Revisar, mejorar y mantener actualizados los Sistemas de Información Municipal, Departa-mental y Nacional en materia de educación, que sirvan de enla-ce y alimentación de Sistemas de Información Nacional, en el marco del cumplimiento de dere-chos y con énfasis en los indica-dores principales y complemen-tarios defi nidos en la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia.

8. Formular e implementar estra-tegias orientadas al fortaleci-miento y cualifi cación del talento humano de las entidades territo-riales.

6. Que el Ministerio de Educación Nacional ha formulado la Política de Edu-cación Inicial en el marco de la Política de Primera Infancia, que tiene como objetivo crear las condiciones que garanticen una educación de cali-dad para la primera infancia y su continuidad en el sistema educativo.

la infancia y la adolescencia7. El país cuenta con la Ley 1098 de Infancia, que fue sancionada en el mes

de Noviembre de 2006.

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PROPOSICIÓN MESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia reunidos en la Ciudad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gober-nadores de la Estrategia “Muni-cipios y departamentos por la Infancia y la Adolescencia”, en el componente de Agua Potable y Saneamiento Básico, previa las siguientes CONSIDERACIO-NES:

1. Que garantizar el agua y el ambiente sano es un compromiso ante el país y ante la comunidad internacional. El agua potable y el ambiente sano son esenciales para la vida humana, y su incidencia sobre la salud y el desa-rrollo de los niños está plenamente reconocida en los instrumentos interna-cionales ratifi cados por Colombia y en las leyes nacionales.

2. Que la planifi cación y gestión en el área particular del agua potable, sa-neamiento básico, manejo adecuado de residuos sólidos y la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales y Departamentales.

3. Que la inclusión del agua, el saneamiento básico y los residuos sólidos en los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales es una exigencia prioritaria que conlleva un enorme compromiso, una voluntad política y una inversión por parte de las autoridades a efectos de garantizar y restablecer los derechos de la infancia y la adolescencia.

4. Que de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, se debe dar prioridad al gasto público social sobre cualquier otra asignación.

5. Que en Colombia, en materia de servicios públicos de agua potable, sa-neamiento básico y residuos sólidos, se manifi estan de manera crítica la falta de fortalecimiento institucional, de continuidad, de calidad del servicio de agua (especialmente, en los municipios que tienen menos de 50.000 habitantes), de cobertura de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas servidas y de adecuada disposición de los residuos sólidos.

6. Que el estado del sector de agua, saneamiento básico y residuos sólidos es aún más crítico en la zona rural del país, habitada por 12 millones de habitantes. En esta zona sólo el 54% de la población tiene acceso a abas-tecimiento de agua; el 10% recibe agua apta para consumo humano; y el 34% tiene acceso a condiciones aceptables de saneamiento.

la infancia y la adolescencia7. Que la ausencia o mala calidad de agua potable, saneamiento básico,

manejo de residuos sólidos e higiene son determinantes de enfermedades y muerte infantil por causas prevenibles, como la diarrea y la morbilidad gastrointestinal.

PROPONEMOS:

1. Hacer las inclusiones correspon-dientes a los componentes de agua y saneamiento básico en los respectivos Planes de Desa-rrollo Departamentales y asegu-rar que las necesidades de los departamentos en estos temas queden incluidos en el Plan de Desarrollo Nacional.

2. Promover la organización de asociaciones de municipios a partir de criterios reales de re-gionalización para la prestación de los servicios públicos en sus territorios a efectos de la amplia-ción de coberturas y mejora en la calidad en dichos servicios.

3. Realizar el apoyo técnico y administrativo necesario a los municipios con el fi n de atender los servicios públicos de manera efi ciente y continua.

4. Apoyar económica y fi nanciera-mente a los municipios a efectos de realizar inversiones en infra-estructura y subsidios para el sector de agua potable y sanea-miento básico, manejo adecuado de residuos sólidos e higiene, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

5. Diseñar, implementar y supervi-sar en coordinación con los mu-nicipios, estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua que consumen niños, niñas y ado-lescentes del país, en especial, aquellos que se encuentran en las zonas rurales.

6. Aunar esfuerzos con los muni-cipios y el Gobierno Nacional para la implementación de Pla-nes Departamentales de Agua y Saneamiento, con el objeto de alcanzar, en corto y mediano pla-zo, las coberturas y la transfor-mación empresarial que permita garantizar la sostenibilidad de

una adecuada prestación del ser-vicio para todos los ciudadanos.

7. En el marco del Plan Departa-mental, gestionar y obtener la aprobación de las Asambleas Departamentales para compro-meter vigencias fi scales futuras y pignorar recursos de sus recursos propios y de regalías (cuando existan y en caso de que aplique); y avalar la participación del depar-tamento en empresas de servicios públicos que fomenten la regiona-lización para la prestación de los servicios de acueducto, alcantari-llado y aseo.

8. Como parte de las labores de coordinación con los municipios, gestionar ante los alcaldes para que se comprometan a presentar ante los respectivos Concejos los correspondientes Proyectos de Acuerdo que los faculten para la transformación de los esquemas de prestación de los servicios públicos de agua potable y aseo, incluida la vinculación de operado-res especializados; y comprometer vigencias futuras con cargo a las transferencias de la Ley 715 y de regalías para el sector de agua potable y saneamiento básico.

9. Apoyar las actividades de la Mesa Interinstitucional del Agua, con el fi n de dar soporte y comprometer a los alcaldes y las alcaldesas en el cumplimiento de la Directiva 015 de 2005 expedida por la Pro-curaduría General de la Nación.

10. Conjuntamente entre los depar-tamentos y el Gobierno Nacional se deberán procurar acuerdos con las industrias y los comercializa-dores para obtener economías de escala en los diferentes compo-nentes de inversión en los Planes maestros de acueducto y sanea-miento.

11. El Gobierno Nacional deberá plantear las modifi caciones lega-

les pertinentes para garantizar la pignoración, por parte de los municipios, de los recursos de la Ley 715 que se hayan cal-culado para el cierre fi nanciero y sostenibilidad del respectivo Plan Departamental de Agua. Así como las transferencias directas del SGP de los munici-pios y las regalías municipales y departamentales a los esque-mas fi duciarios encargados de la administración y gerencia de los recursos de los Planes De-partamentales.

12. El Gobierno Nacional buscará opciones de negociación en bloque para mejorar las con-diciones de acceso a crédito, provenientes tanto de la banca multilateral como nacional, por parte de los departamentos, para garantizar la fi nanciación de los Planes Departamentales en el corto plazo y mediano plazo. El objetivo primordial es reducir los costos fi nancieros, facilitar y agilizar los procesos para el acceso a recursos y fl exibilizar las condiciones de acceso al mismo.

13. La Mesa Interinstitucional del Agua defi nirá la metodología para clasifi car a los municipios con base en la información dis-ponible en el SUI, de manera que se favorezcan, con la asig-nación de recursos y progra-mas, aquellos que evidencien cumplimiento en materia de transformación empresarial, de giro de recursos a los FSRI, de aplicación de la metodología tarifaria y demás directrices es-tablecidas en la Directiva 015 de 2005.

14. Las Administraciones Departa-mentales darán apoyo fi nancie-ro y de asistencia técnica prio-ritaria a los municipios que de-muestren inviabilidad fi nanciera por ausencia comprobada de

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recursos propios para atender sus requerimientos en materia de agua y saneamiento.

15. Las Gobernaciones, con el con-curso de los municipios y apoyo del Gobierno Nacional, darán prioridad a la promoción de pro-yectos de agua potable y sanea-miento básico que benefi cien a los niños y las niñas en las es-cuelas y hogares comunitarios.

16. Las Gobernaciones, con el apoyo del Gobierno Nacional,

promoverán la implementación de proyectos y programas de asis-tencia técnica y de fortalecimiento institucional para el sector rural; así como el uso de tecnologías apropiadas a las condiciones so-cieconómicas y culturales locales, actuando como multiplicadores para la transferencia de conoci-miento en las regiones.

17. El gobierno nacional buscará la concurrencia de las Corpora-ciones Autónomas Regionales (CARs), en la formulación y

fi nanciación de los Planes De-partamentales de Agua y Sanea-miento.

18. Se requiere crear mecanismos y/o estrategias para asegurar una debida cualifi cación de con-sultores en materia de estudios y diseños para el sector, y regla-mentar el monto y los requisitos de los mismos. Se requiere fortalecer las unidades técnicas al interior de municipios y Go-bernaciones.

PROPOSICIÓN MESA DE NUTRICIÓN Y REGISTRO CIVIL

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia, reunidos en la Ciu-dad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescen-cia”, en el componente de Nutri-ción y Registro Civil, previa las siguientes CONSIDERACIONES:

Sobre Nutrición

1. Que la protección contra el hambre es un derecho mínimo esencial que no puede ser legalmente desconocido por el Estado, que tiene como deber garantizar la mejora continua de las condiciones alimentarias y nutriciona-les de las personas.

2. Que la inseguridad alimentaria de más de la mitad de la población colom-biana depende de su baja capacidad de acceso a los alimentos por: falta de ingresos, pobreza (especialmente de las mujeres), situación de despla-zamiento forzado y urbanización de la población.

3. Que la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el país comprende 9 líneas de política que detallan diferentes aspectos fun-damentales para el cumplimiento de los derechos humanos.

4. Que la desnutrición está ligada a las desigualdades sociales y afecta más a: las niñas y los niños entre 1 y 2 años de edad, en familias numerosas, con intervalo de nacimiento menor de 24 meses; los hijos y las hijas de madres jóvenes (entre 15 y 24 años) con menor educación y mayor pobre-za; habitantes de zonas rurales; y pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes.

5. Que la anemia por defi ciencia de hierro se sigue incrementando y afecta el 33% de niños y niñas menores de 4 años, proporción que se eleva a 37.6% en niños y niñas que tienen entre 5 y 12 años. La anemia por defi -ciencia de hierro afecta a 33% de las mujeres en edad reproductiva y 45% de las gestantes (ENDS 2005), y se aumenta a 55% y 60%, respectiva-mente, en las que viven en condiciones de desplazamiento (PMA 2005).

6. Que la inadecuada alimentación en niñas y niños entre 0 y 3 años, con-siderados éstos los años más críticos del desarrollo físico, emocional y social, genera consecuencias graves sobre la salud. Una de cada cuatro mujeres alimenta a sus hijos/as con leche materna exclusiva hasta el sexto mes; la duración de la lactancia exclusiva es sólo de 2.2 meses. La dura-ción total de la lactancia es de 15 meses, pero la alimentación complemen-taria a la leche materna es defi ciente en calidad y cantidad.

Sobre Registro Civil

7. Que en Colombia, un poco más del 22 % de los niños y niñas no tienen documentos de identidad que les permita acceder a las políticas y pro-gramas que promueven la supervivencia, el desarrollo y la protección integral. Esta situación es más grave en Chocó (45%), La Guajira (43%), Magdalena (49%), Nariño (43%), Amazonas (52%) y Vaupés (90%), entre otros.

8. Que la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció la prestación del servicio público de inscripción en el Registro Civil de nacimiento en los centros hospitalarios, mediante la resolución 0802 del 22 de febrero de 2002.

9. Que la Ley 1098 de 2006, es decir, el Código de la Infancia y la Adoles-cencia en su artículo 25, señala:

“Derecho a la Identidad. Los niños, las niñas, y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la consti-tuyen, como el nombre, la nacionalidad y fi liación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su naci-miento, en el registro del estado civil.”

10. Que un número representativo de los nacimientos ocurridos en Colombia se presenta en las instituciones de salud, y a la fecha no se ha podido implementar la prestación del servicio de registro civil en estas entidades, conforme lo señala la Ley 962 de 2005, por falta de gestión.

del calendario escolar (180 días), donde se facilite la concurrencia de recursos con estándares que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos.

2. Promover y apoyar desde las diferentes instituciones: la apro-piada nutrición de las gestantes; el amamantamiento en forma exclusiva hasta los seis meses y complementario con otros ali-mentos hasta los dos años de edad; y la introducción oportuna de la alimentación complementa-ria equilibrada, sufi ciente y acor-de con los patrones culturales; y la garantía de la alimentación adecuada y sufi ciente de niños, niñas y adolescentes. Para esto se debe fortalecer la implemen-tación de la Estrategia Integral de Salud y Nutrición, a través de Instituciones Amigas de la Mujer

y la Infancia- IAMI, del apoyo familiar y social a las madres gestantes y en lactancia, y del establecimiento de condiciones laborales para la mujer trabaja-dora con hijas/os lactantes.

3. Vigilar que las entidades te-rritoriales, las Empresas Pro-motoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) garanticen los exámenes de laboratorio, desparasitación y la entrega de suplementos de hierro a muje-res gestantes y en periodo de lactancia, niñas y niños lactan-tes, preescolares y escolares. Esta entrega de suplementos debe estar acompañada de capacitación a las madres o cuidadoras y seguimiento al proceso para lograr éxito en el programa.

PROPONEMOS:

Sobre Nutrición

Que se garantice el derecho de las familias a su seguridad ali-mentaria con especial énfasis en niños, niñas y mujeres gestantes. Para ello proponemos:

1. Elaborar los Planes Depar-tamentales de Seguridad Ali-mentaría y Nutricional teniendo como marco la Política y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a fi n de articular las acciones de las diferentes entidades y secto-res, según las características y problemáticas específi cas en cada departamento. Que estos Planes involucren, entre otros, Programas de Alimentación Es-colar (PAE) con cobertura total

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4. Establecer programas de sub-sidios y asistencia alimentaría para poblaciones en condiciones de extrema pobreza y de despla-zamiento forzado, y para familias pobres con mujeres jefes de ho-gar. Estos programas deben ser integrales y estar acompañados tanto de capacitación como de estrategias de generación de ingresos a nivel familiar.

5. Trabajar con las Secretarías de Educación en programas de formación a los niños y las niñas en hábitos y estilos de vida salu-dables y establecer lineamientos para que las instituciones educa-tivas incluyan en los PEI Progra-mas de Educación Alimentaria y Nutricional para la población escolar, integrando los diferentes componentes de la Estrategia Escuelas Saludables.

6. Fortalecer las capacidades de personal de salud, educación y grupos comunitarios, especial-mente de poblaciones más vulne-rables, en prácticas alimentarías saludables que incluyan: lactan-cia materna y alimentación com-plementaria; alimentación ade-cuada de niños, niñas y mujeres gestantes; cuidados de salud; y estilos de vida saludables, donde se incluye la actividad física.

7. Coordinar con las agencias del sector agropecuario acciones para mejorar el acceso de los agricultores a la tierra, al crédi-to, al equipamiento; junto con programas de mejoramiento de suelos, manejo del agua, forta-lecimiento de la capacidad aso-ciativa para la industrialización y comercialización de procesos que aumenten la productividad y diversifi cación de la produc-ción agrícola, especialmente la de subsistencia, con el fi n de mejorar la seguridad alimen-taria de los hogares rurales, urbanos e isleños. Así mismo,

fortifi cando los mercados locales para que se conviertan en pro-veedores de los Programas de Seguridad Alimentaría.

8. Solicitar al INCODER la coordi-nación y concertación con los de-partamentos para la asignación de predios destinados a la pobla-ción desplazada o reinsertada y la asignación de cuotas de pesca a los pescadores artesanales e industriales.

9. Incluir Sistemas de Vigilancia y Mo-nitoreo que permitan la focalización de la población y, de igual manera, medir el impacto de los Programas de Seguridad Alimentaría y Nutri-cional en los departamentos.

10. Gestionar ante el CONPES la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Seguridad Ali-mentaría y Nutricional y su res-pectiva asignación presupuestal, así como el aseguramiento de los recursos del SGP.

Sobre Registro Civil

11. Efectuar las inscripciones de na-cimientos desde las instituciones de salud públicas y privadas que atienden partos, garantizando su registro e incorporación en la base de datos desde el momento del nacimiento. Para adelantar esta actividad se realizarán con-venios con las universidades des-de sus Facultades de Derecho, Trabajo Social y Humanidades, con carácter de servicio social, para apoyar la labor de la Regis-traduría Nacional del Estado Civil con el compromiso interinstitucio-nal de la Registraduría, Goberna-ciones, Alcaldías y Organismos nacionales e internacionales.

12. Llevar el servicio de registro civil, con el concurso de la Registradu-ría Nacional, a las regiones más apartadas, a través de Unidades Móviles Tipo Ofi cina, que per-

mitan realizar Campañas de Registro Civil e Identifi cación en los diferentes corregimientos y veredas a lo largo y ancho del territorio nacional, con el compromiso y apoyo de gober-nadores, alcaldes y sociedad civil; con el fi n de llegar a la po-blación a la que, por diferentes razones, se le difi culta trasladar-se a la Registraduría Municipal más cercana para registrarse u obtener su Tarjeta de Identidad.

13. Promover alianzas estratégicas entre la Registraduría Nacional, Organizaciones y Agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, OIM, ACNUR, PNUD, LA CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL, PLAN INTERNACIO-NAL, entre otras) que permitan establecer y desarrollar las acciones de mejoramiento y fortalecimiento institucional en los temas de Registro Civil e Identifi cación, y que permitan fi -nanciar requerimientos básicos (fotos y RH) con prioridad en la población mas vulnerable.

14. Solicitar a la Registraduría Na-cional la fi rma de convenios con instituciones del Estado que requieren apoyo para el cumpli-miento de su misión y funciones constitucionales y legales. Entre ellas están: el Departamento Ad-ministrativo de Seguridad- DAS; la Dirección de Inteligencia Judi-cial – DIJIN; la SIJIN de la Poli-cía Nacional; la Fiscalía General de la Nación; Cuerpo Técnico de Investigación- CTI; Instituto Nacional y Penitenciario - INPEC y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

15. Fortalecer los servicios de re-gistro civil e identifi cación que presta la Registraduría Nacio-nal del Estado Civil, a través de la inclusión de partidas para este fi n en el Plan de Desarro-llo Nacional.

PROPOSICIÓN MESA DE PROTECCIÓN

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia reunidos en la Ciudad de Santiago de Cali, los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gober-nadores de la Estrategia “Muni-cipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”, en el componente de Protección, previa las siguientes CONSIDE-RACIONES:

1. Que la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y Adolescencia” (en espe-cial los artículos 1º, 20 y 202), tiene por fi nalidad “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

2. Que la protección integral es el conjunto de programas, proyectos y accio-nes para asegurarle a niños, niñas y adolescentes la disponibilidad de los recursos -físicos, fi nancieros y humanos – y la garantía y el cumplimiento de derechos, la prevención de la amenaza de vulneración y el restableci-miento de los mismos (Art. 20 de la Ley 1098 de 2006, Derechos de Pro-tección).

3. Que la protección especial contra la violencia implica la prevención y aten-ción de manera oportuna y efi caz de situaciones de niños, niñas y adoles-centes que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifi esta.

4. Que es deber de la familia, la sociedad y el Estado proteger a los niños, las niñas y los adolescentes colombianos, contra toda circunstancia de vulne-ración de derechos, tal como lo dispone el Art.20 de la Ley 1098 de 2006.

5. Que es responsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado, crear y for-talecer entornos para asegurar la protección y realización de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

PROPONEMOS:

1. Cada ente territorial en cabeza de los señores Gobernadores y las señoras Gobernadoras, elaborará un diagnóstico y dará prioridad a los derechos de Protección identifi cados como críticos, de acuerdo con las obli-gaciones de promoción, garantía y cumplimiento de derechos, prevención de la amenaza de vulneración y restablecimiento de los mismos, recogidos en el Artículo 20 del Código de la In-fancia y la Adolescencia.

2. Implementar Sistemas de Infor-mación Departamental y Muni-cipal desagregados por género, edad y etnia, en coordinación con el nivel nacional y que den cuenta de la situación de garan-tía y vulneración de los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes.

3. Exigir de los municipios del de-partamento la creación, funciona-miento y/o fortalecimiento de las Comisarías de Familia, de acuer-do al Artículo 84 del Código de Infancia y la Adolescencia.

4. Liderar en el nivel departamental y municipal planes, estrategias y programas para la promoción de la connivencia familiar, la preven-ción, la detección y vigilancia, y la atención integral de las víctimas de toda forma de violencia (explo-tación, abuso, abandono o negli-gencia en todos los entornos).

5. Acompañar en el departamento y en los municipios, el proceso de implantación gradual del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

6. Liderar en el nivel departamen-tal - con acompañamiento del Gobierno Nacional, el apoyo de organizaciones de la sociedad

civil y la cooperación interna-cional- la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia con procesos de divulgación, socialización e identifi cación de responsabilidades territoriales.

7. Fortalecer los Consejos de Po-lítica Social y los Subcomités de Infancia y Familia departa-mentales y municipales como escenario para el diseño, aná-lisis, formulación y evaluación de la Política Social de Infancia y Adolescencia, procurando la corresponsabilidad y articulación de todos los actores sociales.

8. Promover acuerdos con la Na-ción y con la cooperación inter-nacional para la disposición con-junta de recursos complemen-tarios en materia de protección; así como para la articulación de recursos locales con el nivel departamental y nacional.

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PROPOSICIÓN MESA DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN

Las señoras Gobernadoras y los señores Gobernadores de Colombia, reunidos en la Ciu-dad de Santiago de Cali los días 13 y 14 de Noviembre, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescen-cia” en relación con las priori-dades de Salud Materna, Salud Infantil, Salud Sexual y Repro-ductiva para Adolescentes, Educación, Nutrición, Registro Civil, Agua y Saneamiento Básico, Protección Especial e Inversión en la Infancia, previa las siguientes CONSIDERACIO-NES:

Inversión en la infancia

1. Que la Estrategia Nacional Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia reconoce la necesidad de hacer asignación prioritaria de la inversión social en materia de niñez.

2. Que en reconocimiento de la Política Social de Estado a favor de la infancia y la adolescencia, los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales deben incorporar estrategias de garantía y cumplimiento de derechos.

3. Que para el cabal desarrollo de los compromisos de la Estrategia y la ver-dadera garantía de los derechos de la infancia, se requiere contar con los recursos necesarios, los cuales deben incorporarse en el presupuesto nacional.

PROPONEMOS:

1. Reiterarle al Gobierno Nacional la solicitud hecha por los Go-bernadores y las Gobernadoras de Colombia de incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, de manera clara y específi ca, las ocho prioridades que propone la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia.

2. Entregar a título de recomen-dación la presente proposición al Consejo Nacional de Planea-ción para su estudio e inclusión en el contenido del Plan Na-cional de Desarrollo, dentro del trámite constitucional de cons-trucción y aprobación del Plan.

3. Convocar a los candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones para que se vinculen mediante foros regionales para declarar su compromiso programático por la infancia y la adolescencia.

4. Instar al Gobierno Nacional para que defi na una metodología

unifi cada sobre el diseño, formu-lación y evaluación de los Planes de Desarrollo y presupuestos territoriales para la niñez, con base en un enfoque de derechos humanos que permita verifi car el progreso y cumplimiento de me-tas físicas, fi nancieras y también basadas en resultados de calidad de vida.

5. Buscar la creación de alianzas estratégicas con las agencias de cooperación internacional y paí-ses cooperantes para optimizar los recursos dirigidos a la niñez, de modo que se articulen a me-tas regionales de los Planes de Desarrollo Territorial.

6. Hacer un pacto con la empresa privada para implementar una iniciativa que, dentro del marco de la responsabilidad social em-presarial, se sume al desarrollo de la Estrategia; para tal efecto, la Mesa Técnica Nacional crea-rá una bolsa de proyectos que, priorizados, permitan la continui-dad de la Estrategia en pro de la

garantía de los derechos de la infancia y adolescencia colom-biana.

7. Solicitar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que dentro del presupuesto na-cional se asigne una partida es-pecífi ca a las inversiones para la infancia y la adolescencia en las ocho prioridades que reco-mienda la Estrategia Nacional.

8. Destinar más recursos de inver-sión a los programas orientados hacia la infancia y la adoles-cencia; para lo cual se solicita al Gobierno Nacional que la propuesta de modifi cación del Sistema General de Participa-ciones, por su incidencia sobre la inversión social, se concerte con Gobernadores, Gobernado-ras, Alcaldes, Alcaldesas y se respete el espíritu de la Consti-tución, de modo que se llegue a una formula donde la reducción del défi cit fi scal no debilite los recursos de participación que le corresponden a las regiones; y

de este modo, se fortalezca la autonomía territorial y del pro-ceso de descentralización.

9. Los departamentos y municipios, conscientes de la prelación que debe asignársele a las ocho prioridades de la Estrategia por la Infancia y la Adolescencia, se comprometen - en la medida de sus capacidades reales - a destinar más recursos propios a estos programas y solicitan corresponsabilidad de los dife-rentes Ministerios.

10. Las propuestas concertadas en los tres Encuentros de Gobernadores sobre infancia y adolescencia en sus ocho ejes fundamentales, deben ser plasmadas en su totalidad en el Plan Nacional de Desarrollo con los recursos correspondientes. Esto es un mensaje de respaldo y reconocimiento al esfuerzo conjunto de concertación y de construcción de políticas socia-les a favor de la infancia y la adolescencia.

11. Identifi car e implementar nuevas fuentes de fi nanciación para los Programas Sociales de Infancia y Adolescencia, para lo cual se plantean tres opciones: a) las empresas industriales y comer-

ciales del Estado deberían des-tinar un porcentaje determinado de sus excedentes fi nancieros a la fi nanciación de estos progra-mas; b) los recursos y bienes incautados al narcotráfi co deben destinarse en un porcentaje de-terminado a dichos programas; c) se debe constituir a nivel regional un fondo de inversión para la infancia donde confl uyan aportes del sector público y privado y se reasignen los recursos no ejecu-tados de otros fondos de natura-leza social.

12. Los ajustes a los recursos del Sistema General de Participa-ciones no se pueden limitar al debate sobre el monto y el cre-cimiento de los mismos, pues se requiere equilibrar recursos entre los que se destinan a la cobertura y los que se destinan a la calidad de la educación, la salud y el saneamiento básico, que se han visto cada vez más restringidos ante el desbalance entre las ne-cesidades y la disponibilidad de recursos.

13. Fortalecer el Sistema de Infor-mación para orientar la toma de decisiones que sustenten las prioridades de inversión y el se-guimiento a los impactos de los programas adelantados en bene-

fi cio de la infancia y la adoles-cencia.

14. Adelantar procesos de socializa-ción de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. En lo referente a las nuevas responsabilidades que deben asumir los departa-mentos y municipios, se solicita que exista corresponsabilidad por parte de la Nación en cuanto a recursos y acompañamiento por parte de las entidades na-cionales con presencia en las regiones que están relacionadas con el desarrollo de programas para la infancia y la adolescen-cia. Igualmente se solicita, que los Concejos de Política Social se consoliden y sean el espacio que precise y concrete las espe-cifi cidades de la Política de In-fancia en cada territorio, tanto a nivel local como departamental.

15. Debido a las reducciones que en cuanto a habitantes está reportando el nuevo Censo para algunos departamentos y municipios, se solicita un pe-riodo de transición para aplicar estos resultados a los procesos de asignación y distribución de recursos, en tanto no se valide a profundidad la información arrojada por le Censo.

ORIGINAL FIRMADO POR LOS 32 GOBERNADORES Y GOBERNADORASDE COLOMBIA PERIODO DE GOBIERNO 2004-2007

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Capítulo 4.Perspectivas y prioridades de la Estrategia

4.1. Plan Estratégico 2007 – 2012

Con el objetivo de evaluar y proyec-tar a largo plazo, de manera ordena-da y sistemática el desarrollo de la “Estrategia Municipios y departamen-tos por la Infancia y la Adolescencia”, la mesa directiva nacional defi nió la elaboración de un plan estratégico, el cual se construyó teniendo en cuenta los resultados del análisis situacio-nal de la Estrategia, realizado en el mes de Diciembre de 2007, donde se identifi caron las fortalezas, debi-lidades, amenazas y oportunidades. Este trabajo es el producto de un proceso participativo de revisión de las alternativas de desarrollo para los próximos cinco años (2007–2012) y de evaluación de las capacidades

necesarias que se requieren para alcanzarlo. El horizonte temporal fue defi nido atendiendo las posibilidades y tendencias previstas en el curso de acción, de los ejes propuestos.El Plan se basa en una visión a cinco años, identifi ca objetos de desarro-llo y diseña prospectivamente seis ejes estratégicos bajo los cuales se formulan líneas de acción, objetivos estratégicos, metas (indicadores de desempeño) y responsabilidades.

4.2. Misión

La Estrategia impulsa la acción co-ordinada del Estado fortaleciendo las capacidades de los entes terri-toriales y desarrollando el control y la evaluación de resultados de

la gestión publica para el mejora-miento de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

4.3. Visión

En el año 2012 los municipios y departamentos de Colombia hacen efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes aplicando las herramientas y alter-nativas ofrecidas por la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia.

Con esta visión se pretende avanzar de manera sostenida en la institu-cionalización de la Estrategia en el orden nacional, departamental, distri-tal y municipal, de manera que todos

trabajen por un propósito común, cada uno ejerciendo su gestión en el marco de las responsabilidades lega-les. Entonces, incorpora el compro-miso de todos las y los mandatarios departamentales y municipales, ra-tifi ca el seguimiento al cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia e incluye un elemento novedoso referido a incentivar la buena gestión en función de logros tangibles en el mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo poblacional.

Lo anterior, ubica a la Estrategia en el contexto del proceso de las polí-ticas públicas, en el cual se gesta, desarrolla y evalúa una política de Estado. La Estrategia promueve un enfoque, un método y unas acciones nacionales y territoriales dirigidas por el Gobierno y los entes de con-trol. Las políticas públicas requieren de la articulación de las entidades estatales, de los sistemas que las conforman, de las Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, de la iglesia, de las fundaciones, entre otras.

La Estrategia tiene el valor funda-mental de integrar esfuerzos. La pre-sencia de la Procuraduría General de la Nación y UNICEF como organismo del Sistema de Naciones Unidas se

constituye per se en un elemento arti-culador que contribuye a posicionar a la infancia como un asunto público y asunto de todas y todos.

La gestión articulada y el intercambio de experiencias permiten desarrollar la capacidad técnica que puede brin-dar diversidad de opciones territoria-les para el verdadero cumplimiento de los derechos humanos.

4.4. Análisis Situacional

“Para poder ir a algún lado, primero tenemos que saber

dónde estamos”.

Una vez defi nida la visión de la Estra-tegia, se debe pasar a la acción. El primer paso es conocer claramente dónde estamos ahora, cuál es la si-tuación nacional y territorial, con qué elementos contamos o cuáles tene-mos que adquirir, qué sabemos hacer bien o qué tenemos que aprender a hacer, y con quién vamos a competir.

Para defi nir la situación de la Estra-tegia se utilizó el análisis DOFA y los resultados de la evaluación de la Estra-tegia realizada a fi nales del año 2006: “Recomendaciones y proyecciones para el desarrollo de la Estrategia Mu-nicipios y Departamentos por la Infan-cia y la Adolescencia” (ver anexo 1).

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En la tabla No. 10 se observa el resultado del análisis situacional. Sobresale en las fortalezas la alian-za estratégica de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y UNICEF. Es claro el liderazgo del Ministerio Público y la decisión políti-ca de los Gobernadores y las Gober-nadoras en el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia.

En las oportunidades se visibiliza la ley de Infancia, el Plan de Desarrollo Nacional 2006 – 2010 y la próxima elección de gobernantes locales pe-ríodo 2008 - 2011

Las capacidades de las instituciones, los sistemas de información y la im-precisión de algunos indicadores se observan como debilidades. El año político y los ajustes al Sistema Ge-neral de Participaciones son percibi-dos como amenazas.

Tabla No. 10Analisis situacional estrategia municipios y departamentos por la infancia y la adolescencia, Colombia, febrero 2007

FORTALEZAS

- Alianza estratégica y concertación PGN-ICBF-UNICEF.

- Agenda pública de ocho temas priorita-rios para la garantía de los derechos de los niños, en una fase inicial.

- Defi nición de Estrategia con gobernabi-lidad y diferenciación.

- Inclusión en la gestión pública.- Decisión política de Gobernadores.- Agenda de movilización regional con

compromisos sectoriales e institucio-nales.

- Estructura de dirección política y técni-ca.

- Informes departamentales sobre la si-tuación de la infancia.

- Acopio de información relevante sobre la gestión de la política de infancia en los territorios.

- Concreción de los resultados de ges-tión en la prioridad 8 (Agua potable y saneamiento básico).

OPORTUNIDADES

- Ley de Infancia (Ley 1098 de 2006).- Plan Nacional de Desarrollo 2006

– 2010. - Concejo Nacional de Planeación.- Planes de Desarrollo Departamentales

y Municipales.- Voluntad de otras instituciones estata-

les, organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada.

- Nuevos gobernantes locales.- Encuentro de Concejales.- Plan Decenal de Infancia.- Plan Decenal de Educación- Visión Colombia 2019- Planes Departamentales Agua.- Encuentro Iberoamericano de Alcal-

des.- Tercer Informe de Colombia al Comité

de los derechos del Niño 1998 – 2003, actualizado 2006.

- Observaciones del Comité Internacio-nal de los derechos del niño.

DEBILIDADES

- Capacidades Institucionales en desa-rrollo para la implementación de la Es-trategia en la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de aliados estraté-gicos.

- Los sistemas de información.- Indicadores poco precisos, en particu-

lar, en el área de protección y restitu-ción de derechos.

- Capacidades territoriales instituciona-les.

- Asambleas departamentales y Conce-jos municipales

- Participación de niñas, niños, adoles-centes, empresa privada y de la socie-dad civil.

- Seguimiento y evaluación de los resul-tados de la gestión a favor de la niñez.

AMENAZAS

- Eventual desarticulación con otras ini-ciativas.

- El 2007 como electoral- Recursos e inversión en infancia- Relación de poder Concejos y Asam-

bleas Vs Gobernantes locales

4.5. Ejes estratégicos

Para defi nir y delimitar los ejes de carácter estratégico, se contestaron las siguientes preguntas:

✦ ¿Cómo maximizar las fortalezas y oportunidades?

✦ ¿Cómo maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas?

✦ ¿Cómo minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades?

✦ ¿Cómo minimizar las debilidades y minimizar las amenazas?

El producto del análisis de las res-puestas a estas preguntas son seis ejes, a saber: accionar coordinado con incidencia en los resultados de la gestión institucional, sectorial y territorial; capacidades y soluciones/opciones territoriales; gobernabilidad; y vigilancia preventiva y control.

A continuación se enuncia la descrip-ción, objetivos e indicadores meta por cada eje, los cuales tendrán un mayor desarrollo durante la ejecución

del plan estratégico y la retroalimen-tación de las autoridades nacionales y territoriales.

4.5.1. Acción coordinada e incidencia política en los resultados de la gestión institucional, sectorial y territorial

Descripción

Esta línea se refi ere al trabajo man-comunado, articulado, que implica la participación de distintas entidades hacia el mismo fi n, a partir de com-promisos políticos comunes, basados en los objetivos de dicha articulación, y a través de la participación activa en su construcción, desarrollo de ac-ciones y evaluación de los resultados de la gestión.

Objetivo

Lograr la participación efectiva de las entidades estatales articulando sus capacidades en el desarrollo y evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

4.5.2. Capacidades y solu-ciones territoriales

Descripción

Se refi ere al fortalecimiento institu-cional de las entidades del orden nacional que lideran la Estrategia y al desarrollo de competencias (habili-dades, actitudes, valores) de las enti-dades nacionales y territoriales para lograr una gestión efi ciente en favor de la infancia.

Objetivos

Fortalecer las capacidades técnicas de los entes territoriales focalizadas en la planeación publica, el segui-miento y la evaluación de las condi-ciones de vida de las niñas, los niños y los adolescentes.

4.5.3. Gobernabilidad

Descripción

Se refi ere a las acciones que impulsa la estrategia para generar sosteni-bilidad de la Política de Infancia y Adolescencia en los distintos niveles, a través de la movilización de la so-ciedad, que reconoce a la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho potenciadores de desarrollo humano; la legitimidad institucional y la legitimidad de las políticas públi-cas.

Objetivo

Fortalecer capacidades territoriales que impulsen la movilización social para la exigibilidad de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia.

Promover el fortalecimiento de los Consejos de Política Social, para potenciar su rol de coordinador y ar-ticulador efectivo de la formulación, gestión –calidad de los servicios- y evaluación de la política pública de infancia y adolescencia

4.5.4. Vigilancia preventiva y Control de gestión

Defi nición

Este eje está dirigido a promover e impulsar la acción de las autori-dades nacionales, departamenta-les, distritales y municipales, para el cumplimiento adecuado de las competencias frente a la garantía y restablecimiento de la infancia y la adolescencia y el derecho a gozar de un ambiente sano. Ejercer control de gestión y fi scal a la ejecución de pla-nes, programas y proyectos por parte de las entidades de gobierno con competencia en infancia, adolescen-cia y ambiente sano.

Objetivo

Impulsar la acción institucional a nivel nacional y territorial hacia el cumplimiento de los compromisos

internacionales y de la normativa nacional de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.

Verifi car el cumplimiento de las polí-ticas, planes, programas y acciones de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que ejercen funciones públicas frente la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Promover e impulsar la acción de las autoridades nacionales, departamen-tales, distritales y municipales ten-dientes a incorporar la inclusión de la perspectiva de derechos, género, poblacional y territorial en la planea-ción del desarrollo.

4.5.5. Responsabilidad social de la empresa privada y la sociedad civil

Descripción

Se refi ere a la articulación que mo-vilizará la estrategia para incorporar la garantizar de la realización de los derechos de niñas, niños y adoles-centes en la responsabilidad social empresarial y la sociedad civil.

Objetivos

Desarrollar un diálogo propositivo entre los gobiernos locales y el sector privado, que permita identifi car una carta de navegación de mediano y largo plazo para el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia.

Iniciar con bases sólidas la articula-ción entre el sector privado y el desa-rrollo de las políticas públicas por la Infancia y la adolescencia.

Incidir en la estructura de la inversión social de la empresa privada en favor de la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

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4.5.6. Seguimiento y Evalua-ción.

Descripción

Está orientada a continuar con el desarrollo de un sistema de segui-miento y evaluación que de cuenta de la situación del grado de inclusión de la infancia y la adolescencia en la planeación del desarrollo local y de las condiciones de vida de este gru-po poblacional. Así como desarrollar los mecanismos para el seguimiento de los planes de acción de las mesas de trabajo defi nidas por la Estrategia y el plan estratégico 2007 – 2012.

Objetivos

- Contribuir al desarrollo de un sis-tema nacional de seguimiento y evaluación de las políticas públi-cas de Infancia y Adolescencia.

- Impulsar el desarrollo de los dos objetos de seguimientos defi ni-dos por el Estrategia.

- Realizar seguimiento al desarro-llo y cumplimiento del Plan Estra-tégico 2007-2012.

4.6. Prioridades Plan Operativo 2007

Los procesos enunciados responden a los seis ejes estratégicos y son de ejecución prioritaria, con el fi n de continuar con la institucionalización de la Estrategia, de manera gradual y sostenida. (Tabla No. 11)

Ejes estratégicos Procesos prioritarios

Acción coordinada e incidencia política en los resultados de la gestión institucional, sectorial y territorial.

- Fortalecimiento institucional nacional y territorial.

- IV y V Encuentro de Jefes de Planeación, Secretarios de Educación y responsables del tema de agua potable y saneamiento básico, a nivel departamental.

- Consolidar el funcionamiento de la mesa técnica ampliada de la Estrategia nacional y territorial.

Capacidades y soluciones territoriales. - Construcción de herramientas que permita la aplicación de la Estrategia en el ciclo de la política.

- Promover ajustes institucionales acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010.

- Documentar experiencias locales exitosas.

Gobernabilidad. - Rendición de cuentas: IV y V Encuentro de Gobernadores.

- Acompañamiento técnico a las y los nuevos gobernantes (agenda programática, planes de desarrollo, proceso de empalme de la Estrategia, articulación de los planes territoriales).

- Implementación de la directiva de PGN 07, 08 y 09 de 2004, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales (presentación y divulgación de los avances de la Estrategia).

Vigilancia preventiva y control de gestión - Experiencias piloto para corroborar informes Gobernadores

- Avanzar en directivas de control para exigir, a nivel nacional y territorial, efi ciencia y efi cacia en la gestión para el cumplimiento de derechos.

- Diseñar un sistema de vigilancia preventiva para verifi car el cumplimiento de las obligaciones con la garantía de los derechos de la infancia.

Responsabilidad social de la empresa privada y la sociedad civil

- Concretar la corresponsabilidad del sector privado en la garantía y la restitución de derechos de la infancia y la adolescencia.

Seguimiento y evaluación - Estructurar e iniciar la ejecución un plan de trabajo de la mesa técnica nacional y departamental que logre articular los distintos esfuerzos nacionales

AnexoTabla No. 11 Prioridades por ejes Estratégicos

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ANEXO 1RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPIOS Y DEPAR-

TAMENTOS POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

No. LOGROS DIFICULTADES Y LIMITACIONES RECOMENDACIONES Y DESAFIOS

1

Impulso a la decisión Políti-ca de Gobernadores para el mejoramiento de las condi-ciones de vida de la infancia y la adolescencia. Compro-miso de 32 Gobernadores.

Cambio en la política pública de in-fancia y adolescencia de las nue-vas administraciones locales.

Demanda no satisfecha de asis-tencia técnica territorial para el de-sarrollo de la estrategia.

Mantener el procesos de revisión de informes departamentales, di-seño de herramientas para facilitar la elaboración de informes, previo a los encuentros de Gobernado-res.

Asistencia técnica a los departamentos basada en: • Criterios defi nidos y concertados por la

mesa nacional de la estrategia, para evitar duplicidad y dispersión de esfuerzos.

• Desarrollo e implementación del enfoque de derechos, de género poblacional y terri-torial

• Particularidades, capacidades y limitantes de los territorios.

• Acorde con la situación de la niñez en cada departamento, por ejemplo departamentos con comportamiento frente a los indicadores de menor avance; departamentos por enci-ma del promedio y departamentos con dis-tancias geográfi cas y de confl icto armado.

• Desarrollo de instrumentos, metodologías, y herramientas técnicas para la verifi cación y análisis de la consistencia de los informes de los gobernadores.

• Defi nición de requerimientos técnicos para verifi cación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Establecimiento de plan de seguimiento.

• Inclusión de la Estrategia en el Plan Nacio-nal del desarrollo 2006-2010

2

Vinculación de la Federación Nacional de Departamentos como facilitador de la coor-dinación con los Goberna-dores

Sostenibilidad de la participación de la Federación Nacional de Departamentos

Agenda de trabajo compartida con la Estrategia 3

Participación de la mesa di-rectiva de la Estrategia en las Asambleas Generales de Gobernadores

4

Movilización local política y técnica mediante el desa-rrollo de 27 Foros departa-mentales con 1075 alcaldes para la socialización de la estrategia

Expansión de la estrategia en el nivel municipal

Asistencia técnica departamental a los municipios desde los distintos sectores, con perspectiva pobla-cional, de derechos y territorial

Asistencia técnica nacional articulada con lo depar-tamental

El primer encuentro de alcaldes, como punto de par-tida para la implementación de la ley de infancia y de la estrategia.

5

Vinculación de las dependen-cias de planeación departa-mental en el desarrollo de la política pública de niñez

Debilidades en la concepción e implementación de los enfoques de derecho, género, poblacional y territorial.

Falta desarrollos normativos de las responsabilidades de seguimiento y evaluación a los planes de de-sarrollo departamentales, y expli-citación de las obligaciones frente a la inclusión de la niñez (Ley 152, 715, entre otras) para una mejor disposición y asignación de recur-sos para esta población.

Implementación de propuesta de Asistencia Técnica a las dependencias de planeación departamental, haciendo sinergia con las diferentes secretarias de gobierno como: Bienestar/o desarrollo social, Sa-lud, Educación, y entidades descentralizadas ICBF, Sena, Coldeportes etc.

Vinculación activa y protagónica del Departamento Nacional de Planeación en el desarrollo de la Estra-tegia.

Activación y sostenimiento de la mesa de trabajo re-ferida a Planeación y Presupuesto. (DNP, Min Ha-cienda, etc).

Incidir en los próximos planes de desarrollo departa-mentales y municipales

6

Identifi cación de la Estrate-gia como elemento articula-dor de la política publica en niñez a nivel local.

Aún no es clara, ni explícita la conexión de la Estrategia con po-líticas y procesos como implemen-tación de ley de infancia, Plan de-cenal de infancia y adolescencia, Plan decenal de educación, Obje-tivos de desarrollo del Milenio, Vi-sión Colombia 2019, plan decenal de infancia.

Articular los avances de la estrategia al proceso de implementación de la ley de infancia y a los otros pla-nes de largo plazo

7 Vinculación del Consejo Na-cional de Planeación

A corto plazo la participación en los foros departa-mentales de discusión del plan nacional de desarro-llo.

Fortalecer la capacidad técnica de los consejos de-partamentales de planeación en su competencia frente a la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia.

8

Activación de espacios lo-cales de concertación: Con-sejos de Política Social De-partamental –subcomité de infancia y adolescencia

Débil seguimiento al funciona-miento de los Consejos de Política Social departamental y municipal, especialmente a los comités de in-fancia y adolescencia

Desarrollos normativos frente a la pertinencia del de-creto 1137 de 1999Impulsar el Consejo Nacional de Política Social (Có-digo de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006)

Seguimiento a los Consejos de Política Social de-partamental y municipal especialmente al comité de infancia y adolescencia.

9

Priorización de las interven-ciones en infancia y adoles-cencia por ocho (8) áreas prioritarias con indicadores principales y complementa-rios, las cuales son objeto de seguimiento y evaluación nacional

Falta la elaboración del plan de ac-ción de la Estrategia Nacional con metas de corto, mediano y largo plazo

Elaborar el plan de acción de la estrategia para los próximos 6 años

Defi nir el proceso de seguimiento y evaluación al plan de acción de la estrategia

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Tres encuentros de Goberna-dores por la Infancia y la Ado-lescencia que han permitido:• Visibilización de la infan-

cia y la adolescencia en la planeación del desa-rrollo territorial

• Revisión nacional de los indicadores que dan cuenta de impactos po-blacionales.

• Proposiciones para inci-dir en la discusión en el plan de desarrollo 2006-2010

El riesgo de que la estrategia se reduzca a la preparación y desa-rrollo de encuentros con autorida-des territoriales

Análisis critico del estado de los indicadores principa-les y complementarios

Garantizar la asistencia técnica de una organización experta en derechos de la niñez y gestión pública para la preparación y desarrollo de los próximos en-cuentros de mandatarios locales.

11

El liderazgo y la coordinación técnica del tercer encuentro de gobernadores desde la mesa técnica nacional

Ajustes institucionales de las Enti-dades lideres de al estrategia para responder a los desafíos que im-plica su implementación

Sostenibilidad del proceso técnico iniciado- ajustes institucionales.

12

Cooperación técnica entida-des consultoras, experta en temas de gestión pública y planeacion del desarrollo con perspectiva de derechos, en infancia y adolescencia.

Financiamiento y oferta limitada

Continuidad de la cooperación técnica, de entidades consultoras, expertas en temas de gestión pública, derechos de la niñez y con experiencia y conocimien-to de políticas públicas en la jurisdicción de familia para el acompañamiento a los desarrollo técnicos de la estrategia y establecimiento del plan de acción a 2012

Fortalecimiento a las capacidades técnicas de Procu-radores Judiciales en Familia en cuanto intervención judicial ante la jurisdicción de familia y la intervención administrativa de la política pública de infancia.

13

Vinculación a la moderación de las mesa de trabajo y a la elaboración del acta de pro-posiciones de los Ministerios y entidades descentraliza-das

Sostenibilidad de la participación de los Ministros y Directores de Entidades Descentralizadas

Consolidar la mesa técnica nacional ampliada, bus-cando la sostenibilidad y discusión especializada por cada una de las ocho prioridades de la estrategia