VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos

Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo

Año 2012

Título Ponencia: Intervenciones sociales del Estado y Desempleo en la

Argentina actual

Autoras:1

Becerra, Natalia*; Tomatis, Karina**; Bertotto, Nicolasa y Gaviglio, A. Paula

Eje 3: Argentina ¿nueva etapa?

Palabras claves: desempleo, régimen social de acumulación, políticas sociales y de

empleo

Se autoriza a publicar la ponencia.

Introducción

En este trabajo presentamos las primeras aproximaciones al debate que proponemos en

nuestro proyecto de investigación denominado: “Estado y desempleo en tiempos de

transición: políticas sociales y laborales orientadas a intervenir sobre el desempleo en

Argentina” iniciado en el año 2012, en el marco del Programa de Investigación

“Procesos de acumulación, política y conflicto social en la argentina contemporánea”

(Ciffyh-UNC).

Nuestro proyecto tiene por objetivo aportar al debate sobre la forma que asume el

Estado en Argentina en la transición del régimen social de acumulación y sus

expresiones en las políticas sociales y laborales nacionales que se orientan a intervenir

sobre el desempleo.

El interés del tema surge a partir de ciertos cambios producidos en la Argentina desde el

1 * Natalia Becerra. Lic.en Trabajo Social (UNC); maestranda en Cs Sociales con mención en Políticas Sociales.

Docente investigadora en la Escuela de trabajo Social y Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Directora proyecto de investigación “Estado y Desempleo en tiempos de transición” (Secyt-UNC). ProSecretaria Académica de la Escuela de Trabajo Social-UNC.

Tel 0351-4717848; mail:natibe78@yahoo.com ** Tomatis Karina. Lic.en Economía (UNRC); maestranda en Cs Sociales con mención en Políticas Sociales. Docente investigadora en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Co- directora proyecto de investigación “Estado y Desempleo en tiempos de transición” (Secyt-UNC). SubSecretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC. Tel 0351-4834533; mail: karina_tomatis@yahoo.com. El proyecto se encuentran enmarcados en el programa “Procesos de acumulación, política y conflicto social en la argentina contemporánea”; dirigido por Dra. Silvia Morón; Centro de Investigaciones María Saleme Burnichón de la

Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC.

colapso económico y político de los años 2001-2002. Estos cambios nos permiten

afirmar el fin de un régimen social de acumulación o, siguiendo a Basualdo (2009), del

patrón de acumulación por valorización financiera2 para dar comienzo a un periodo de

transición donde convergen nuevos fenómenos económicos, políticos y sociales.

Entendiendo a su vez que ante un cambio en el régimen de acumulación se reestructura

la relación economía-Estado-sociedad civil (Jessop, 2008), este nuevo periodo nos

interpela sobre cómo estas reestructuraciones se expresan en el Estado y sus modos de

intervención social a través de políticas orientadas al desempleo.

Con la crisis financiera del 2008, se evidencian las dificultades de las economías para

absorber la fuerza de trabajo y garantizar el pleno empleo a nivel mundial. Sin embargo,

en Argentina los índices de desempleo y subempleo se redujeron y los discursos

circulan nuevamente alrededor de la inclusión social vía el trabajo/empleo.

Al problematizar la relación entre Estado y un tipo particular de políticas públicas,

pretendemos realizar un pequeño aporte a las discusiones actuales sobre las

transformaciones en el Estado en relación a una expresión tan sensible como es la del

mercado de trabajo y la desocupación en nuestro país, enmarcadas en las actuales

discusiones académicas y políticas sobre las nuevas configuraciones del mundo del

trabajo.

Los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos en Argentina en los

últimos años

Considerando la potencialidad del concepto de Régimen Social de Acumulación (RSA),

lo trabajaremos para caracterizar los cambios políticos, sociales y económicos en la

Argentina de los últimos años en relación a la etapa neoliberal o denominada por

algunos autores como régimen por valorización financiera.

La categoría RSA, patrón o régimen de acumulación, más allá de su importante nivel de

abstracción, es un instrumento analítico que permite estudiar en el mediano o largo

plazo los diferentes aspectos estructurales a partir de la regularidad de las variables

económicas de mayor importancia relativa, en conjunto con las luchas políticas y

2 El régimen de acumulación por valorización financiera, según el autor, tiene fecha de nacimiento con la

irrupción de la dictadura militar en marzo de 1976 con políticas monetaristas que transforman la

estructura económica y social. La valorización financiera del capital es el “eje ordenador en las relaciones

económicas” (Basualdo, 2006) con el sector financiero como el articulador y asignador del excedente y

permeando el comportamiento de las grandes firmas económicas que desarrollaron una diversidad de

estrategias de acumulación no precisamente asentadas en la economía real.

sociales que conforman la estructura económico-social; estas últimas definidas desde la

propia dinámica de la forma de Estado y las luchas entre los bloques de poder que

inciden en el proceso de acumulación de capital. Cabe destacar cómo la categoría RSA

permite particularizar en cada tiempo y lugar la configuración de la acumulación

(Arceo, 2003; Basualdo, 2007; Boyer, 1989; Neffa, 1998; Nun, 1987).

El régimen de acumulación por valorización financiera (1976-2001)3 se caracteriza por

ser un proceso histórico de grandes transformaciones que afectaron profundamente la

composición cualitativa y cuantitativa de la clase trabajadora, reconfigurando el

mercado de trabajo y la intervención del Estado sobre el mismo. El proceso de

desintegración de la producción local (debido a la apertura asimétrica a los mercados

externos) y relocalización espacial de la industrial (regímenes de promoción industrial

en regiones no tradicionales), así como la desregulación de la economía y reforma del

Estado haciendo eje en la privatización de las empresas estatales y flexibilización

laboral, desencadenaron niveles de desocupación, subocupación y precarización laboral

nunca antes exhibidos en la Argentina.

Ahora bien, con el fin de la convertibilidad, en el año 2002, se han producido

significativos cambios estructurales que proponen el fin del régimen de acumulación

por valorización financiera y dan comienzo a un complejo periodo de transición

(Basualdo, 2009) que parte de un cambio de eje hacia la economía real con la

reactivación de la producción de bienes industriales para la demanda interna. Entre las

principales políticas de este último periodo podemos mencionar: la renegociación de la

deuda externa, el desendeudamiento con el FMI, la reestatización del sistema

previsional, una política de ingreso hacia los sectores desocupados y trabajadores no

registrados por ampliación del régimen de asignaciones familiares, la reforma de la

Carta Orgánica del Banco Central, la re-estatización del 51% de YPF definiendo una

nueva política hidrocarburífera, entre otras políticas en el área judicial, destacando las

relacionadas a la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar y a la

Corte Suprema de Justicia, y también políticas en relación a lo institucional.

Pero también es importante identificar los límites estructurales que no se han

3 El régimen de acumulación, siguiendo a Basualdo (2006), tiene fecha de nacimiento con la irrupción de

la dictadura militar en marzo de 1976 con políticas monetaristas que transforman la estructura económica

y social. La valorización financiera del capital es el “eje ordenador en las relaciones económicas” con el

sector financiero como el articulador y asignador del excedente y permeando el comportamiento de las

grandes firmas económicas que desarrollaron una diversidad de estrategias de acumulación no

precisamente asentadas en la economía real.

modificado con respecto a la etapa anterior; el proceso de concentración y

extranjerización de la cúpula empresaria, con importantes tasas de rentabilidad, se

mantuvo sin cambios cuantitativos significativos (valor agregado sobre el PBI). En

tanto, encontramos una transformación cualitativa, que acompaña la transformación de

la economía de postconvertibilidad, con ampliación del peso en el sector industrial y en

la producción de petróleo y derivados en desmedro de los sectores de servicio y

comercio (Arceo, et. al., 2010).

En cuanto al mercado de trabajo, uno de los ejes que atraviesa nuestro trabajo, es

importante resaltar los cambios positivos tanto en la generación de empleo como en las

condiciones objetivas de los trabajadores y los sectores más relegados, aunque estos

indicadores no se traducen en los mismos términos en la distribución del ingreso. Si

bien se dio un incremento del salario real y la ocupación en términos absolutos, lo que

conforma la masa salarial, fue por debajo por debajo del incremento del PBI (16% y

31%, respectivamente) en el periodo 2001-2007. Esto muestra las condiciones para el

capital en la apropiación del excedente (Basualdo, 2009).

Mirando la relación capital-trabajo en la distribución del ingreso, es interesante mostrar

cómo los principales condicionantes de la misma, productividad del trabajo y costo

salarial, han evolucionado. Azpuiazu y Schorr (2010) analizan dichas variables para el

periodo 2001-2007, llegando a un incremento del 23% de la relación productividad

laboral-costo salarial, es decir un mayor margen de explotación. Es categórica la

transferencia de ingresos de trabajadores a empresarios particularmente en el 2002 con

la salida devaluatoria de la convertibilidad.

La generación del empleo muestra indicadores más que alentadores, con 4,65 millones

de puestos de trabajo creados entre 2002 y 2010, sin tener en cuenta los programas de

empleo. Si tomamos la elasticidad empleo-producto (en cuanto se incrementa el empleo

frente al incremento del producto de la economía) corroboramos la capacidad de la

economía para crear empleo. En el periodo de convertibilidad el empleo crecía 0,35%

por cada punto porcentual anual de incremento del PBI, mientras que en el periodo

2003-2007 el empleo creció 0,62% por cada punto porcentual de incremento del

producto. Este indicador se verifica más alto para los sectores productores de bienes que

para los productores de servicios (González, 2011).

El reflejo de estos cambios en el mercado de trabajo se traduce en una significativa

reducción de los niveles de desempleo en el periodo postconvertibilidad. Para mayo del

año 2002 se registra el nivel más alto de desempleo de las últimas décadas, con una tasa

de desempleo de 21,5% y de subocupación del 18,6% (porcentajes calculados en

relación a la población económicamente activa), mientras que para el cuarto trimestre

del año 2011 la tasa de desocupación es de 6,7% y de subocupación 8,5%4 (INDEC,

2012).

Por otra parte, en torno a las condiciones de trabajo se destaca la reconstrucción de la

legislación y derechos de los trabajadores; según el Informe Trimestral Nº 13

(Primavera 2007) del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) el

aumento del salario mínimo, vital y móvil; el aumento de las asignaciones familiares; el

impulso y mantenimiento de las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la

denominada “Ley Banelco” a través de la ley 25.877 de 2004, la suspensión de los

despidos sin justa causa, las modificaciones de la Ley de Quiebras en 2006

reconociendo la competencia de jueces laborales en los reclamos de los trabajadores de

empresas en quiebra y en 2011 dando la posibilidad de continuidad a los trabajadores de

la empresa quebrada organizados en cooperativas de trabajo; la limitación de las

facultades del empleador; la modificación del impuesto a las ganancias; la derogación

del decreto 1772/91; el incremento de las jubilaciones mínimas y la posterior Ley de

Movilidad Jubilatoria; entre otras normas.

Con la crisis financiera del 2008, se evidencian las dificultades de las economías para

absorber la fuerza de trabajo y garantizar el pleno empleo a nivel mundial. Sin embargo,

en Argentina los índices de desempleo y subempleo, como lo mostramos, se redujeron y

los discursos circulan nuevamente alrededor de la inclusión social vía el trabajo/empleo.

Es aquí donde toma relevancia mirar la compleja relación entre el Estado, la economía y

la sociedad civil para un nuevo periodo donde surgen muchas preguntas sobre cómo

estas reestructuraciones se expresan en el Estado y sus modos de intervención social a

través de políticas orientadas al desempleo.

El Estado y sus modos de intervención social

Los cambios estructurales puestos a consideración en el apartado anterior nos llevan a

reflexionar acerca del Estado, reflexionar cuando su forma social está en duda, en un

proceso de incertidumbre respecto de la estructura o forma que había adquirido, al

4 La tasa de subocupación para el 4º trimestre del año 2011 se compone de un 5,9% de subocupados

demandantes y 2,6% no demandantes.

menos, en la etapa neoliberal. Este debate se nos presenta como parte de la disputa de

sentidos ante las interpretaciones de la relación Estado-Economía que hegemonizaron el

discurso social en las décadas anteriores (García Linera, 2010).

En esta tarea definimos al Estado en tanto relación social donde se pone en juego la

contradicción capital-trabajo y se define la “cuestión social”, dispositivos que le dan la

forma que asume en un momento histórico particular. Recuperando a Poulantzas (1983).

son las relaciones de producción las que configuran el campo del Estado, pero a su vez

éste tiene un papel propio de la constitución misma de esas relaciones. Para el Estado

capitalista el fundamento de su armazón organizativa es su separación relativa de las

relaciones de producción y configura ya su relación con las clases sociales y bajo la

lucha de clases5. Entonces, si el Estado no es producido de arriba abajo por las clases

dominantes, tampoco es simplemente acaparado por ellas: el poder del Estado está

trazado en esa materialidad propia. No todas las acciones del Estado se reducen a la

dominación política, pero todas están constitutivamente marcadas por esa dominación

Por lo tanto, el concepto que aparece es relación-Estado, es decir, “una estructura de

relaciones políticas territorializadas y, por lo tanto, flujo de interrelaciones y de

materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y

legitimación política. Esta relación-Estado es siempre un proceso histórico político en

construcción, en movimiento, en flujo” (García Linera, 2010). Serán entonces los ejes

analíticos: el Estado como correlación política de fuerzas sociales (entre bloques y

clases sociales con capacidad de influir) y como materialidad institucional (leyes,

presupuestos, programas, burocracias, trámites, inversiones públicas, etc.), componentes

que definen la relación material de dominación y conducción política; y el Estado como

idea colectiva que constituye la relación de legitimación política.

Nos remitimos aquí a ciertas funciones del Estado que van configurando el rol y lugar

que ocupa en los distintos periodos históricos, siendo las políticas públicas uno de los

mecanismos, aunque no excluyentes, a través de los cuáles se normalizan, codifican y/o

constituyen ciertas condiciones sociales, políticas, económicas.

Para ello, en necesario recordar que “el Estado es la perpetuación y la constante

condensación de la contradicción entre la materialidad y la idealidad de la acción

5 Para Poulantzas se encuentra implícitas en esta relación las categorías Estado, poder y lucha de clases.

Desde allí criticará parte de la tradición teórica donde el concepto deviene en un Estado-poder aparte, que

sería después utilizado de esta o la otra manera por las clases dominantes. Por lo tanto, no debería

hablarse de una naturaleza de clase, sino de una utilización de clase del Estado.

política” (García Linera, 2010, p. 11), la cual intenta ser superada a través de la

legitimidad como garante de la dominación política y de las acciones de gobierno con

efecto social general.

Aquí la paradoja, el Estado con toda su materialidad (administrativa, física, territorial,

etc.) se presenta desde una totalidad idealista dada por la acción política, generando un

campo de lucha política que cristaliza en materia con efecto social pero a su vez es

marco de garantía para la continuidad y reproducción del sistema. En la medida que la

lucha política-ideológica se transforma en decisión gubernamental, inmediatamente se

transforma en materia estatal (recursos financieros, leyes, documentos), pero ello no

implica el deshacerse de la materialización adquirida históricamente.

A partir de esta conceptualización, centraremos la mirada en una de las particulares

expresiones a través de las que el Estado se materializa, nos referimos a las políticas

sociales y laborales orientadas a las manifestaciones del desempleo.

Siguiendo a Marshall y Cortés, hablaremos genéricamente de intervención social del

Estado, “en tanto el conjunto de políticas (de gasto público social, tributario, laboral y

demográfico) que se dirigen a la vida de la población, sus condiciones de vida y orden

social. Al incidir sobre la distribución del ingreso y la protección social, la intervención

social del Estado tiene un impacto sobre la oferta de la fuerza de trabajo y las

condiciones para su venta y uso” (1993, p.1). Bajo este concepto, incluiremos aquellas

políticas y programas sociales, que explícitamente, en sus argumentos y acciones se

dirigen a los desempleados y/o al desempleo en tanto expresión de la cuestión social.

Durante el periodo de valorización financiera a la noción de un Estado mínimo

subyacían mecanismos de re-privatización de funciones sociales y económicas del

Estado que fueron transferidas tanto al sector privado (privatización de servicios y

empresas públicas) como a las esferas de la sociedad civil (nuevas ideas de solidaridad

entre la clase trabajadora, familiarización de respuestas sociales, crecimiento de

perspectivas de la caridad y neo-filantrópicas) solamente quedando en manos del Estado

respuestas focalizadas y de emergencia, como sinónimo de política social.

Según Britos (2006) a lo largo de la historia, los modelos de protección social

desarrollados por los Estado han configurado activamente los mercados de trabajo. En

la década de 1990 el desempleo confunde las fronteras con el salario indirecto de modo

tal que se torna difusa la separación entre políticas sociales y laborales. En este marco,

bajo los lineamientos del Consenso de Washignton y las recomendaciones de

organismos internacionales se produce una asistencialización del desempleo (Grassi,

2009; Marro, 2009) y una focalización en políticas sociales con carácter fuertemente

residual y en miras a la reducción del conflicto social.

Tal como mencionamos al inicio del trabajo, para Basualdo (2009) nos encontramos hoy

en el comienzo de un periodo de transición, que implica una particular expresión de las

funciones del Estado y las orientaciones que éstas asumen en la definición y

configuración de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y en el marco

de la expansión de derechos sociales, momento de la materialidad del Estado.

Esta transición se da a partir de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, quien adopta

una serie de reformas que implicaron “un ensanchamiento de la autonomía del sistema

político respecto al poder establecido” (Basualdo, 2009) las cuales reciben una fuerte

resistencia de los sectores dominantes. Podríamos decir que el Estado que surge después

de una profunda crisis (crisis del Estado) y del desorden social adquiere una nueva

forma histórica, la cual aún se encuentra en transición hacia un nuevo bloque de poder

dominante y un nuevo poder estatal.

Situados en este momento, el análisis de los modos de intervención del Estado sobre las

esferas de la política, la economía y la conflictiva relación con la burguesía nacional y

los sectores populares, conforman un escenario que es materia de análisis en nuestro

trabajo; particularizando a continuación sobre las principales modalidades de

intervención estatal sobre el desempleo durante el actual periodo de transición.

Modos de intervención social a través de políticas orientadas al desempleo en

Argentina

En este aparatado nos proponemos presentar las principales políticas orientadas a

intervenir sobre el desempleo desplegadas por el Gobierno Nacional en el actual periodo

histórico, con la intención de problematizar cómo se expresan en la “letra” de estas

políticas y programas las variables de empleo/desempleo, empleabilidad, derechos

sociales y cómo se expresa (o no) la discusión de la inclusión social alrededor del

trabajo.

Para iniciar la caracterización de las principales políticas implementadas a partir del año

2003, es menester realizar una primera clasificación de las mismas a los fines de

ordenar la lectura y de identificar rasgos o lógicas comunes que las orientan. En este

caso, recuperaremos como eje de “distinción” las propias categorías clasificatorias que

utilizan los organismos de gobierno y los documentos oficiales: políticas sociales y

políticas de empleo; distinción que ha sido puesta en debate tanto desde los ámbitos

académicos como desde las propias esferas políticas.

Es el desempleo, como expresión acuciante de la cuestión social en Argentina de los 90

(junto al problema de la pobreza), el que desencadena la necesidad de intervención

estatal sobre esta materia ya sea leída como estrategia de contención de la posible

conflictividad social o cómo modo de respuesta estatal a las necesidades básicas de los

sectores de la pobreza estructural y de la nueva pobreza generada a partir de las ya

mencionadas consecuencias de la reforma del Estado y la reestructuración del mercado

de trabajo durante el periodo de la valorización financiera.

En este contexto, diversos autores han señalado, cómo en esa década se produce una

“asistencialización del desempleo” (Grassi, 2003) en tanto existe cierta primacía de

políticas sociales de cohorte asistencial, residual y focalizada que intentan abordar las

manifestaciones del desempleo. Ya hemos mencionado la caracterización que se ha

realizado en torno a las características de las políticas sociales en este periodo histórico,

donde claramente primó una estrategia asistencialista para abordar expresiones de

aquellas cuestiones que hasta el momento no eran resueltas ya fuera por la propia lógica

de mercado ya fuera por estrategias estatales enmarcadas en los sistemas de protección

y de seguridad social.

Periodo 2003-2007: reorientando políticas

Ahora bien, en el periodo que nos convoca, el desempleo y pobreza como expresiones

de la cuestión social adquieren otra dimensión pasados los peores momentos de la crisis.

Tal es así que a partir del año 2003, con el cambio en el gobierno nacional con la

presidencia de Néstor Kirchner, explícitamente se expresa la necesidad de modificar las

orientaciones de las principales intervenciones estatales alrededor de la cuestión del

empleo/desempleo. En una publicación digital del año 2003 del MTEySS6 se puede

leer: “el gobierno encarará la reconversión de los planes sociales a partir del año

próximo con dos grandes objetivos: disminuir la vulnerabilidad de las familias en

situación de pobreza y recuperar la cultura del trabajo”.

A partir de estas expresiones, que serán enriquecidas con el análisis de las siguientes

dimensiones, se estaría estableciendo un giro en materia de intervención estatal, re-

6 Publicación digital del MTEySS (2003): “Temas de Trabajo”; Boletín electrónico; Año 3, Nº 129.

orientando las políticas asistenciales en políticas activas de empleo. Despréndase de este

análisis que se va a comprender a las políticas implementadas en la década anterior

como políticas de asistencia y que ahora este gobierno promoverá la delimitación de lo

que serían políticas de asistencias de lo que comprende como política de empleo.

Como mencionamos anteriormente, se identifica que los primeros años de gestión,

período entre 2003-2007, fueron orientados principalmente al desarrollo de medidas

económicas orientadas al crecimiento económico, a través de la reactivación de la

actividad productiva e industrial y a la recomposición de alguno de los derechos

sociales y laborales que habían sido desvastados con la reforma del iniciada desde la

última dictadura, manteniendo el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD)

creado en enero del 2002 como política “cuasi universal” de atención a la pobreza y al

desempleo.

Es importante señalar cómo en el periodo se da un descenso significativo de niveles de

desempleo y subempleo. Para el primer trimestre del año 2003 la tasa de desocupación

ascendía al 20,4%, mientras la tasa de subocupación al 17,7% (12% de subocupación

demandante y 5,7% no demandante), hasta llegar a niveles inferiores al 10% en ambos

casos para el primer trimestre del 2007, valores que se mantienen estables hasta la

actualidad (INDEC, 2012).

Gráfico Nº1

Fuente: Elaboración propia. Indec (2012).

En este marco, se establecen algunas medidas en materia de política social y de empleo

que acompañen este periodo de reactivación económica y de salida de los efectos de la

crisis, proponiendo un progresivo traspaso de beneficiarios del PJyJHD hacia dos

nuevos programas según las características de los/as beneficiarios/as: Programas

Familia por la Inclusión Social (FIS) y Programa Seguro de Capacitación y Empleo

(SCyE), dependiendo de las esferas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) respectivamente En el

Decreto Presidencial 1506/04, que prorroga la emergencia ocupacional nacional, a la

vez que se instruye a los ministerios mencionados a que “realicen una clasificación de

los beneficiarios de citado programa nacional (PJyJHD) de acuerdo a las condiciones

de empleabilidad que, eventualmente, reúnan los mismos”7.

Gráfico Nº2

Fuente: Indec-EPH (2008) “Cambios en el mercado de trabajo durante el periodo 2003-2008”.

Gráfico Nº5.

A partir de este enunciado general se reestructuran los principales programas/ políticas

que definen como “problema/objeto” de intervención al desempleo, particularmente a

aquella población desempleada “pobre” o con menores posibilidades de inserción en el

mercado formal de trabajo. Los ejes organizadores, alrededor de los cuáles se

clasificarán a los programas (y con ello a los destinatarios) serán los de vulnerabilidad y

7 Decreto presidencial 1506/2004 disponible en www.trabajo.gov.ar. Acceso agosto 2012

http://www.trabajo.gov.ar/

empleabilidad, quedando en la órbita del MTEySS quienes tengan posibilidades de

empleo. Los “inempleables” (Castel, 1997), aquellos más vulnerables, seguirán siendo

beneficiarios de políticas sociales focalizadas.

En este marco, algunos de los Programas Nacionales que se orientan explícitamente a

intervenir sobre el desempleo, se reestructuran bajo las órbitas del MDS8 y el MTEySS.

Dentro del primero se ubican el “Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social

Manos a la Obra”, creado por Res MDS 1375/2004 con el objetivo “de contribuir a la

mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad, promover la

economía social y fortalecer a distintos tipos de organizaciones sociales” (Honorable

Cámara de Diputados de la Nación, 2005), previendo los componentes apoyo

económico y financiero de emprendimientos productivos, fortalecimiento institucional y

asistencia técnica y capacitación. El programa está destinado a grupos de personas

organizadas en diferentes tipos de cooperativas u otras formas de agrupamiento,

pudiendo participar del mismo los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar

Desocupados.

Dentro del MTEySS se crea el “Plan Integral de Promoción del Empleo Más y Mejor

Trabajo” (Res Nº 256/2003) con el objetivo de promover la inserción laboral de

trabajadores desocupados en “empleos de calidad”. En palabras del Ministerio,

“promueve políticas activas que, en el marco del proceso de recuperación económica,

favorezcan la creación de empleo genuino y la transformación de programas

asistenciales en políticas de integración social y productiva de la población

desocupada”9.

Este es el contexto surge el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE), creado mediante

el decreto 366/06, en el año 2006, con el objetivo de poner en marcha un esquema de

políticas activas de empleo que brinden apoyo a los trabajadores desocupados del

PJyJHD en la búsqueda de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y

en su inserción laboral10

. El programa incluye una transferencia económica, con una

duración máxima de 24 meses y también prevé servicios de orientación y apoyo activo

al beneficiario en la búsqueda de oportunidades laborales.

Quedan así delineada una primera diferenciación entre políticas sociales y políticas de

empleo desde las órbitas ministeriales, MDS y MTEySS respectivamente. Estas

8 Dentro del MDS también se desarrollan “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. El Hambre más

Urgente” y “Plan Familias”. 9 Plan Integral de Mejora del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, año 2004, en www.trabajo.gov.ar 10 Decreto 1506/04 y decreto 366/06

medidas o giros en materia de política estatal respondería no sólo a elementos

coyunturales, bajo la idea “se han superado los peores momentos de la crisis”, sino

también a la construcción de un nuevo modelo político-social que sienta las bases en la

“inclusión activa de los sectores vulnerables”.

A partir de estas expresiones se estarían estableciendo un giro en materia de

intervención estatal, reorientando las políticas asistenciales en políticas activas de

empleo. Partimos de la consideración de las políticas implementadas en la década

anterior como políticas de asistencia, mientras que ahora este gobierno promoverá la

delimitación entre políticas de asistencias y política de empleo. Las fronteras entre

política social y política de empleo (o laboral) intenta instalarse como un división más

nítida, delineando estrategias, objetivos y población destinataria diferenciales en

función de una nueva construcción en relación a las definiciones de pobreza y

desempleo.

Periodo 2008-2012: nuevas redefiniciones

Desde el año 2008 por cuestiones del orden político y económico se inicia una nueva

etapa, que coincide con el inicio del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner como

presidenta. Entre los factores que redefinen las condiciones político-económicas

destacamos: la crisis económica internacional desde el colapso financiero del año 2008,

la heterogeneidad en la estructura productiva argentina en los sectores y actividades

sustitutivas que se habían favorecido de la devaluación del 2002 y los bajos salarios que

comienzan a perder competitividad y disminuir su crecimiento, el lockaut patronal del

sector agropecuario (Arceo, et.al., 2010).

Como lo muestra el gráfico nº1, tanto la crisis internacional como la pérdida de

competitividad generaron un menor dinamismo en la expansión de los niveles de

empleo, lo que impacta en un estancamiento de la tendencia descendente que había

presentado la tasa de desocupación y subocupación.

Por otra parte, el conflicto desarrollado a partir de la iniciativa de la presidenta Cristina

Fernández sobre las retenciones móviles, conocido como “conflicto del campo” marca

un quiebre en la estrategia de construcción de hegemonía del gobierno y una

profundización de algunas de las medidas en política macroeconómica. Asimismo, la

crisis financiera internacional marca un hito en cuanto al tipo de medidas

gubernamentales a desarrollar para prevenir y mitigar los posibles efectos de esta crisis.

Es así que “de allí en adelante el gobierno intensifica el tutelaje estatal sobre los

sectores populares -mediante medidas que buscan incrementar la participación de los

asalariados en el ingreso y también a través de institucionalizar reivindicaciones de

minorías diversas- y redobla sus esfuerzos para disciplinar a las diferentes fracciones de

capital dominante que formaban parte del bloque de poder de la valorización

financiera”. (Basualdo, 2011, p. 161).

De este modo, el esquema general de la intervención estatal sobre el desempleo se

modifica gradualmente en los últimos cinco años, congruente con una serie de medidas

gubernamentales de vasto alcance en términos de política social con carácter

universalizante donde destaca la Asignación Universal por Hijo11

.

En el año 2008, atendiendo a los problemas de inserción laboral de los jóvenes, dentro

del Plan Más y Mejor Trabajo se crea por Res MTEySS 497/2008 el Programa Jóvenes

con Mas y Mejor Trabajo (de ahora en más “Jóvenes”)12

, dirigido a dicha población

específica, con el objetivo de ”generar oportunidades de inclusión social y laboral de

los jóvenes, a través de acciones integradas, que les permitan construir el perfil

profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria,

realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo,

iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo”.

En el año 2010, desde el MDS mediante Res 2476/2010, se adecua el Plan Nacional de

Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra” institucionalizando las distintas

políticas orientadas a la economía social y dando inicio a lo que se denominó como Plan

11

En el año 2009 se desarrolla una de las medidas de mayor impacto distributivo como es la ampliación

de los regímenes de jubilaciones y pensiones a partir de la nacionalización del Sistema de Previsión

Social y luego con la implementación de la Asignación Universal por Hijo que luego se hace extensiva a

mujeres embarazadas. Según los últimos datos disponibles de la Anses evidencian que en diciembre de

2011 la AUH alcanzó a 3.507.223 niños y 68.580 madres embarazadas. Las 1,8 millones de familias

beneficiarias perciben en promedio 410,6 pesos por mes. La AUH asciende a 270 pesos mensuales por hijo, de los cuales la Anses retiene el 20 por ciento (54 pesos) todos los meses hasta que constaten el

cumplimiento de los requisitos de escolaridad y vacunación. (Diario Página/12, 29 de Enero 2012,

artículo “La asignación” por Tomás Lukin). Siguiendo a Britos (2011), las orientaciones de la AUH y el

sistema previsional y jubilaciones se inscriben en la lógica del universalismo en espacios que hasta el

momento eran corporativos. Esto es un rasgo de progresismo en las medidas de gobierno que marca un

giro sustancial y .supondría un nuevo modelo.

12 Los destinatarios del programa son jóvenes de 18 a 24 años de edad, que tengan residencia permanente

en el país, no hayan completado el nivel primario y/o secundario de escolaridad y se encuentren

desempleados. Los jóvenes que superen el límite máximo de edad durante su participación en el

programa, podrán continuar realizando actividades hasta un plazo de 24 meses contados desde el

momento de su incorporación. Este Programa, al igual que el SCyE prevé la firma de un convenio de

adhesión entre el Ministerio (a través de las Oficinas de Empleo) y el joven. Dentro de los componentes

del Programa se prevé una instancia de capacitación de duración de 2 meses para todos los jóvenes y

luego la posibilidad de elegir entre algunos trayectos: terminalidad educativa (articulación con programas

de Ministerio de Educación); formación profesional; microemprendimiento y/o pasantías.

Nacional “ Argentina Trabaja” (Marca Registrada, según la resolución oficial)13

. La

publicación “Políticas Sociales del Bicentenario” (2010) define como ejes centrales para

el MDS: Trabajo y Familia, “se trata de la identidad de las personas, del compromiso

con uno mismo y con la sociedad. Se trata de la participación popular en la

construcción de un modelo de país más justo y equitativo, asegurando el compromiso

intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo” (pag. 22).

El principal componente del “Argentina Trabaja es el Programa de Ingreso Social con

Trabajo (PRIST)14

puesto en marcha en año 2009, por Res MDS 3182/2009, con el

objetivo de “Creación de oportunidades de inclusión socio-ocupacional para el

desarrollo integral de población desocupada”. El Programa busca reincorporar al

trabajo los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución de los

ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas de trabajo según el

Glosario del Bicentenario (MDS, 2010). Al igual que el PRIS, el PRIST se vincula a

políticas de obra pública e infraestructura, lo que inscribe en una política más amplia de

corte keynesiano sobre la demanda agregada, con un fuerte papel del Estado como

potenciador/multiplicador de la producción interna, como planificador del desarrollo.

Esto se refleja claramente en el discurso oficial: “Estamos enfocados a una política

macroeconómica por un lado, pero a una política de inclusión social por otro”

(discurso de la Presidenta Cristina Fernandez, 12 de junio de 2012).

Categorías de análisis

Una vez presentados los rasgos centrales de las políticas sociales y laborales nacionales

que se orientan a intervenir sobre el desempleo en el actual periodo histórico,

identificaremos las categorías teóricas que nos permiten debatir sobre la forma que las

mismas asumen en las siguientes dimensiones:

a. Modelo de política: reconversión de políticas asistenciales en políticas de

13 El Plan Argentina Trabaja se compone de las siguientes proyectos y programas: Proyectos socio-

productivos, Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo Social, Programa de Inversión

Social (PRIS) y Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST). También se suman herramientas como el Monotributo social, el Registro de Efectores Sociales, la Marca Colectiva y el Compre Social. En los

casos en los que corresponda, se promueve la inscripción de los emprendedores en el Monotributo Social,

lo que les permite emitir facturas, mejorar sus ventas, acceder a una obra social y realizar aportes

jubilatorios. Por otra parte, se fomenta la conformación de redes poniendo a los emprendedores en

contacto con otras organizaciones de la Economía Social, para que puedan compartir sus experiencias y

replicar sus logros. 14 El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo

familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales, a excepción del

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

empleo/trabajo.

b. Definición del problema/objeto de la política: empleabilidad vs vulnerabilidad.

c. Definición del destinatario: beneficiario o sujeto de derecho.

d. Orientación de la política: trabajo autogestionado/economía social.

o Reconversión políticas asistenciales en políticas de empleo/trabajo: políticas de integración social y productiva de la población desocupadas

El elemento que interesa destacar en este apartado se refiere a la propia definición (o

redefinición) que se realiza en torno a la política social en general, en tanto políticas que

forman parte de un proyecto global para un país o una sociedad. Este elemento no sólo

tiene relevancia política sino que conceptualmente nos remite a la rearticualación entre

la política y la economía, esferas que en una economía de mercado, aparecen como

instituciones separadas, pero para una sociedad donde lo económico se subordina a las

relaciones sociales y políticas necesariamente se articulan (Polanyi, 1944).

Fue una de las estrategias de mayor eficacia en la época neoliberal el divorcio entre

política económica-política social; la economía se concebía totalizada por el mercado,

con funcionamiento propio, y la política social actuaba subsidiariamente. La separación

de estas esferas tuvo impacto no sólo en términos macroeconómicos y políticos sino en

los modos de construcción ideológica-cultural sobre las nociones de funcionamiento

nuestra sociedad, sacralizando al individuo y sus decisiones individuales.

Tomando la cita del MTEySS15

: “Basado en un modelo de desarrollo democrático e

inclusivo desde la articulación de las políticas macroeconómicas con las laborales y

sociales, el Seguro de Capacitación y Empleo surgió en 2006 como política superadora

de propuestas asistencialistas desarrolladas durante la crisis del 2001”, es clara la

definición desde la cartera de Trabajo a reorientar ese rasgo de “asistencialización del

desempleo” como único modo de abordaje estatal de la cuestión. La propuesta de pensar

políticas activas de empleo dirigidas a la población con mayores dificultades de

inserción en el mercado de trabajo, no implica necesariamente un cambio en el modo de

concebir el problema ni concebir al sujeto; pero si plantea nuevas aristas en torno a qué

papel le compete al Estado en materia de desocupación y cómo se propondrá abordarlo.

Por otra parte, en el libro de Políticas Sociales de Bicentenario del MDS (2010)

encontramos una referencia a la recuperación del trabajo/empleo como eje organizar de

la vida en sociedad y, con ello, como eje estructurador del entramado de estrategias de

15 Presentación del Programa SCyE en la página web del MTEySS, www.trabajo.gob.ar

http://www.trabajo.gob.ar/

gobierno para hacer frente a las problemáticas características de nuestro país: desempleo

y pobreza. Se expresa en la siguiente cita: “Centrándose en recuperar el protagonismo

del empleo para el desarrollo de la sociedad, como lo sostiene la OIT, ‘el trabajo

decente es un fin en sí mismo como un medio para alcanzar el objetivo de la reducción

de la pobreza, porque de esa forma se hace frente a las cusas básicas de la injusticia

social’. Apostar al empleo desde esta perspectiva es reconstruir esa cultura del trabajo

que antes identificó al país. La cuestión social no pasa solamente por un plan social, la

mejor política social es el pleno empleo; la gente no quiere bolsones sino trabajo”.

o Empleabilidad vs Vulnerabilidad

Bajo los objetivos de disminuir la vulnerabilidad y promover la cultura del trabajo se

organizan los dos modos centrales en el abordaje del núcleo duro del desempleo, es

decir aquellos grupos de la clase trabajadora que no había logrado su inserción o re-

inserción en el mercado de trabajo a pesar de la reactivación en la demanda de trabajo

durante el periodo. Así, en un primer momento la estrategia fue la clasificación de los

beneficiarios del PJyJHD en función de su condición: empleables o vulnerables.

A los primeros, bajo la lógica de una política activa de empleo se les ofrecía una serie de

acciones para mejorar sus condiciones de empleabilidad para su próxima inserción

laboral. Los segundos, en general mujeres, son transferidos a la órbita del MDS con el

Plan “Familias por la Inclusión”, manteniendo la lógica de la política social de

asistencia a través de la cual se otorga una “ayuda económica” bajo la condicionalidad

de controles de salud y escolaridad de los niños a cargo.

En términos de empleo podría decirse, desde una perspectiva crítica, que el traspaso y

clasificación de beneficiarios produce dos efectos. Por una parte, sobre la propia

dinámica del mercado de trabajo con una baja en la oferta de trabajo, quienes se

traspasan al programa Familias ya no estarían formando parte de los desocupados o, al

menos, se reduciría la cantidad de oferentes. En segundo lugar, pone en juego modos de

nominar y denominar a grupos de población que ya no serían “empleable”.

Desde la misma perspectiva, el concepto de empleabilidad ha sido discutido a lo largo

de su trayectoria y ha sido definido desde diversas perspectivas; para este caso parecería

primar una perspectiva de la empleabilidad que pone la responsabilidad en el sujeto-

desempleado (falta de competencias, falta de experiencia, déficit educativo) y no en la

dinámica misma del mercado de trabajo marcada por los procesos de acumulación y la

dinámica del capital.

Resulta interesante aquí, incorporar cómo se detalla, para el SCyE, el tipo de

contraprestación que se solicita al beneficiario ya que adquiere algunos elementos

novedosos: “Las personas interesadas en el Seguro de Capacitación y Empleo

suscribirán un convenio de adhesión personal”16

en el que se comprometen a

“concurrir regularmente a la Oficina de Empleo Municipal (OE) para desarrollar un

plan de búsqueda de empleo, participar en actividades de orientación, formación y

práctica laboral, así como de otros servicios que le ayuden a mejorar sus posibilidades

de trabajo y aceptar las ofertas de trabajo que surjan adecuadas a su experiencia y

calificación laboral”17

. Quien suscribe al SCyE debe rubricar su voluntad de inserción

laboral y de formación; de este modo, la falta de trabajo se define como dependiente de

la capacidad y habilidades del sujeto y de su voluntad, más que de una dinámica

excluyente del mercado de trabajo. Lo mismo podría desprenderse del programa

“Jóvenes”.

Pérez (2005) refiere que la visión de la empleabilidad basada principalmente en las

características del individuo mantiene toda su vigencia en la perspectiva adoptada por

diferentes organismos internacionales (BM, CEPAL, OIT). Esta perspectiva de la

empleabilidad pone al sujeto como responsable de su situación de desempleo y supone

que con el mejoramiento de “sus activos” estará en condiciones de una próxima

inserción laboral. El Estado aparece aquí en su rol de capacitador y orientador en el

trayecto de estos individuos desocupados.

Desde una mirada crítica Fernández Soto y Tripiana sostienen que este tipo de medidas

de políticas de transferencia condicionada de ingresos proponen una creciente

importancia asignada a la noción de capital humano, “imputan a los pobres un

comportamiento que deben modificar para mitigar su pobreza, y en tal sentido sostienen

que la política social debe generar incentivos para que esos cambios se produzcan. Se

exigen condicionalidades para la recepción de bienes que implican la modelación de los

comportamientos sociales” (2009; 33).

Sin embargo, es fundamental complejizar estas perspectivas con los lineamientos que se

plantean desde el MDS en tanto aparecen programas que impulsan la colectivización, la

16

El Art. 6º del decreto 366/06 expresa “Para acceder al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO,

las personas mencionadas en el artículo 2º se inscribirán en las Oficinas de Empleo municipales

incorporadas a la Red de Servicios de Empleo y suscribirán un convenio de adhesión en el que se fijarán

sus derechos y obligaciones. 17 Página web del MTEySS, www.trabajo.gob.ar

http://www.trabajo.gob.ar/

organización social y el trabajo cooperativo como ejes orientadores de las iniciativas

que impulsan y financian a través de los Programas.

Los componentes del “Argentina Trabaja” definen a sus destinatarios como población

y/o grupos vulnerables y financia sólo aquellas iniciativas que suponen proyectos

colectivos de producción y generación de empleo.

o Beneficiario/sujeto social de derecho

Un elemento significativo a incorporar en la discusión son los modos de nominar a los

destinatarios de la política, en tanto los modos discursivos son parte constitutiva de los

procesos de construcción simbólica y material de nuestras sociedades.

Si tomamos de referencia la perspectiva de los últimos cinco años, es claro en el

discurso del MDS el giro en la dominación de los “beneficiarios” de un programa o

política social por el de “Sujeto de Derecho”. Como se expresa en la Res DES

Nº3182/09 “un Estado […] que actúe desde los derechos y no desde las carencias”.

Esta denominación no sólo tiene efectos sobre la subjetividad de los individuos sino que

construye universos de significaciones y prácticas que permiten a los sujetos definirse a

sí mismo en términos de portadores de derechos, lo cual implica también la posibilidad

de disputa por su ejercicio efectivo.

En este sentido es central el aporte de Danani (1996) en tanto la forma discursiva de

construir la cuestión, ya que la elaboración de discursos sobre la sociedad es

constitutivo de las política en tanto las mismas constituyen un proceso socio-político,

económico y cultural.

En los Programas que se desarrollan en la órbita del MTEySS este giro en las

nominaciones no aparece expresado explícitamente en los pronunciamientos y

documentos públicos. Los modos de definir a los destinatarios son en general

expresados en términos de “desocupados y/o trabajadores desocupados” para el caso del

SCyE, mientras que en el “Jóvenes” fundamentalmente se utiliza la expresión “Joven”

al cuál no se agrega el adjetivo de “desocupado”, como si lo primero incluyera lo

segundo.

Por otra parte, el Programa “Jóvenes” presenta una particularidad interesante en la

condicionalidad de educación y/o inserción laboral, abriendo las opciones al joven en

términos de la trayectoria a seguir. Sin embargo, permanece la lógica de los programas

de transferencia de ingreso a través de los cuáles la condicionalidad aparece como un

elemento problemático en tanto impone el “cumplimiento” de algunos requisitos

(educación/formación laboral/inserción laboral), cuestiones que deberían constituirse en

derechos de estos sujetos y no en “obligaciones” a cumplir para permanecer en el

programa. Como elemento contradictorio, el programa propone de forma novedosa

módulos de formación vinculados a los derechos laborales y de salud en el trabajo.

o Trabajo autogestionado/economía social

En concordancia con la idea de que la política social es parte de la política económica,

las principales líneas de trabajo del DES se despliegan en todo el territorio nacional

desde una perspectiva de economía social y desarrollo local, que desde el fomento y

fortalecimiento de las cooperativas, emprendimientos productivos y talleres familiares

tienen el objetivo de facilitar el acceso al trabajo.

Aquí aparecen las categorías “trabajo organizado y comunitario” y “organizaciones

sociales de trabajadores” proponiendo una nueva forma de organización del trabajo,

junto a una nueva forma de denominar a los destinatarios de los programa como

unidades económicas asociativas (cooperativas de trabajo, mutuales, grupo asociativos,

pre-cooperativas, agrupamiento de emprendedores). En este sentido, el trabajo recupera

un carácter de organizador social, recuperando la praxis social de la economía social

que se desarrolló desde los sectores sociales excluidos -dentro de la clase trabajadora-

como parte de las resistencias a la continua desposesión que el capital ejercía en los

difíciles años de crisis en Argentina de fines del siglo XX. Nuevamente aparece la

integración de lo económico a lo político y también cultural.

Si tratáramos de inscribir las políticas de promoción de la economía social en una

corriente teórica se cruzarían algunas miradas en la misma definición del artículo 1º de

la Res DES Nº2476/10, por una parte la referencia a “iniciativas de desarrollo

socioeconómicas generadoras de empleo” y por otro “con destino prioritario a la

inclusión de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad social”. En la primera

expresión sugiere un apoyo a estas nuevas formas de organización colectiva del trabajo,

desde una mirada de derechos y no de carencias, las cuales proponen una disputa a las

relaciones de competencia entre intereses particulares hacia relaciones de redistribución,

solidaridad y reciprocidad. Como dijimos, lo político y lo económico se vuelvan

indisociables, la política opera como acción transformadora para generar estructuras que

produzcan y reproduzcan otra sociedad, más igualitaria.

Pero dado su carácter de política social adscribe en algunos puntos a las corrientes que

redefine la categoría economía social desde la reducción o superación de la pobreza,

concepto asociado al discurso promovido desde las agencias financieras internacionales

(BID, Banco Mundial, PNDU) las cuales se enfocan en las acciones hacia los sectores

excluidos o pobres (Buffa y Tomatis, 2011).

CONCLUSIONES

El trabajo nos ha permitido aproximarnos a algunos puntos de debate que se desprenden

de las intervenciones del Estado sobre el desempleo en un momento histórico particular.

Las primeras preguntas que nos planteamos fueron ¿cómo se estaría definiendo al

problema del desempleo? ¿cómo se conceptualiza al sujeto/desempleado? ¿cómo se

diseñan las modalidades de intervención en cada una de las órbitas ministeriales que

aparecen como fronteras que dividen modos de nombrar y de actuar diferentes sobre el

desempleo?

Estas preguntas nos permiten acercarnos a nuestras principales inquietudes ¿Qué

indicadores permitan identificar los rasgos de cambio en las políticas sociales y

laborales orientadas a la intervención sobre el desempleo? ¿Cómo el Estado construye la

cuestión del desempleo? ¿Cómo se incorpora/problematiza en la agenda pública el

desempleo como cuestión social?

El mercado de trabajo vuelve a organizarse alrededor del trabajo asalariado tanto desde

la política económica de reactivación de la producción del agro e industrial, así como

por una serie de medidas tendientes a la promoción y protección de la industria y de los

trabajadores ocupados, y ahora también desocupados. Esto se refleja en los esfuerzos de

reorientación en la conceptualización de las políticas y, con ello, del rol de Estado en la

mediación economía-política y se manifiesta en las expresiones de los programas de

gobierno (de los Ministerios que hemos analizando) en cuanto vincular las medidas

gubernamentales a un proceso global de desarrollo económico-social definido como un

“nuevo modelo”.

Sin embargo estos cambios no están libres de contradicciones, en el MTEySS los

programas por una parte se definen desde un modelo de desarrollo democrático e

inclusivo, mientras siguen poniendo el énfasis en el sujeto individual y en sus

capacidades, sugiriendo una mirada sobre los atributos individuales del sujeto como

determinantes de su situación de desempleo. En el mismo sentido, la naturaleza de las

políticas sociales, más allá de una propuesta de promoción de la economía social del

MDS, no logran despegarse de ciertos discursos construidos desde los organismos

internacionales de crédito.

Desde estas contradicciones, pero asumiendo los cambios descriptos del régimen social

de acumulación que se expresa en la forma que asume el Estado desde sus políticas

sociales y de empleo, abrimos una serie de dimensiones que adquieren relevancia para

seguir profundizando el debate:

o Territorialidad: Analizar la centralidad y los sentidos que adquiere el territorio

como campo de disputa y de construcción y cómo juega allí la presencia explícita del

Estado a través de nuevos dispositivos (técnicos, OE, CIC, etc.) a diferencia de la

idea de territorialización (re-privatización del territorio) en los ‘90.

o Enfoque de derechos: cómo se define la perspectiva, explícita del MDS y del

discursos presidencial, parcialmente implícito en MTEySS; cómo se definen los

derechos y qué efectos tiene en el mundo de la vida de estos grupos.

o Rearticulación Economía-Política: re-articulación que recupera los vínculos

entre Estado/ sociedad civil/ economía. Allí aparece la política social, aún

fragmentada, como parte constitutiva de “La Política” del gobierno, articulada al

proyecto de desarrollo económico del país. Los pobres y las políticas dirigidas a ellos

son parte (no están al margen) de un proyecto de acción estatal más amplio.

o Mosaico de políticas dirigidas al desempleo: si bien existe una variedad de

políticas y programas dirigidas a los desempleados, con diferentes modos de

concebir el sujeto y el trabajo, es necesario analizar cómo se articulan y/o

complementan.

o Articulación entre niveles de gobierno: La presencia del Estado nacional en los

territorios y en articulación con Municipios, Estado provincial y organizaciones

intermedias adquiere una gran complejidad. El gobierno nacional planifica y

direcciona las principales intervenciones sociales, ¿Qué funciones/prácticas y

sentidos les queda a los otros niveles?

o Cuestión del trabajo/sentidos del trabajo: construir teóricamente la cuestión del

trabajo y problematizado cómo se expresa hoy desde formas híbridas de trabajo

asalariado/trabajo autogestionado/beneficiarios de programas de empleo-sociales.

o Financiamiento: de donde provienen los financiamientos y qué lineamientos se

marcan considerando la presencia de los organismos internacionales.

Algunas de estas dimensiones se presentan en tanto interés académico de

conceptualización de la realidad objeto de nuestra investigación; otras reflejan intereses

políticos de comprender un momento histórico en miras a cuestionar y modificar

aquello que aparece cómo problemático. El desafío que nos interpela es seguir mirando

las contradicciones que, en última instancia, son las que ponen en movimiento el curso

de la historia.

BIBLIOGRAFÍA

ARCEO, Nicolás, GONZALES, Marina, MENDIZABAL, Nuria y BASUALDO Eduardo

(2010): La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial. CIFRA-

CTA, Editorial Atuel, Buenos Aires.

Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010) Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007.

Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

BASUALDO, Eduardo (2007): “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación

estructural de la economía", Documento de Trabajo Nº 1, Maestría en Economía Política Argentina, FLACSO.

________________ (2009): “Evolución de la economía argentina en el marco de las transformaciones de la economía internacional de las últimas décadas”. En Arceo, E. y

Basualdo, E. (comp.) Los condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción

internacional y modalidades de acumulación, CLACSO, Buenos Aires.

_________________ (2011): Sistema Política y modelo de acumulación: tres ensayos sobre la

Argentina actual. Editorial Atuel – Cara o Ceca, Buenos Aires.

BECERRA, Natalia y TOMATIS, Karina (2012): Proyecto de Investigación “Estado y

desempleo en tiempos de transición: políticas sociales y laborales orientadas a intervenir sobre el desempleo en Argentina” aprobado por Secyt-UNC.

BECERRA, Natalia y TOMATIS Karina (2011): El Estado y las Políticas Públicas. Una búsqueda en la relación de lo económico y lo político; ponencia presentada en V Encuentro

Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, Universidad Popular Madres de Plaza

de Mayo. Buenos Aires, 15 al 17 Septiembre 2011

Britos (2006): Proyecto Gestión diferenciada de la fuerza de trabajo. Políticas activas de empleo

y discurso sindical. Córdoba 1998-2005. Mimeo.

BUFFA, Adolfo y TOMATIS, Karina (2011): Los debates en torno a la economía social

¿superación de la pobreza?. Ponencia presentada en 7º Seminario Internacional PROCOAS-AUGM. Universidad de Santiago de Chile. Mimeo.

CASTEL, Robert (1997): Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado. Paidos, Buenos Aires.

______________ (2010): El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del

individuo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

CENDA (2007): El trabajo en Argentina: condiciones y perspectivas. Informe Trimestral Nº13.

Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, Buenos Aires.

Danani, Claudia (1996): “Algunas precisiones sobre la política social como campo de estudio y

la noción del población-objeto” en Políticas sociales. Contribución debate teórico-

metodológico, UBA, Buenos Aires.

DANANI, Claudia (1996): “Algunas precisiones sobre la política social como campo de estudio

y la noción del población-objeto” en Políticas sociales. Contribución debate teórico-metodológico, UBA, Buenos Aires.

DANANI, Claudia y CORAGGIO José (2004): Política Social y Economía Social. Debates Fundamentales Altamira Editores, Buenos Aires.

Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/documentos/EI.013.02.03-

1.3.pdf

FERNANDEZ SOTO, S y TRIPIANA; J. (Org)(2009): Políticas Sociales, trabajo y trabajadores en el capitalismo actual. Espacio Editorial. Buenos Aires.

GARCÍA LINERA, Álvaro, Prada, Raúl, Tapia, Luis y Vega Camacho, Oscar (2010): El Estado. Campo de lucha. Muela del Diablo Editores, Comuna, CLACSO, La Paz, Bolivia.

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/documentos/EI.013.02.03-1.3.pdfhttp://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/documentos/EI.013.02.03-1.3.pdfhttp://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/documentos/EI.013.02.03-1.3.pdf

GONZÁLEZ, Mariana (2011): “Los límites del patrón de crecimiento para la creación de

empleo”, Revista de economía política: Aportes para el cambio, Año 1, N°1, Noviembre-

Diciembre 2011, Buenos Aires.

GRASSI, Estela (2003): Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra

década infame I y II. Editorial Espacio. Bs As.

GRASSI, Estela y DANANI, Claudia (org) (2009): El mundo del trabajo y los caminos de la

vida, Trabajar para vivir, vivir para trabajar. Editorial Espacio. Buenos Aires.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION (Mayo 2005): Estudios e investigaciones en Políticas Sociales en la Emergencia Pública. Emergencia alimentaria,

sanitaria y ocupacional. Documento de trabajo 1; Vol.3. Honorable Cámara de Diputados.

Secretaría Parlamentaria. Dirección de Información Parlamentaria.

HOOP, Malena (2012): “Políticas sociales de empleo en la Argentina post-convertibilidad. Un

análisis comparativo de planes de desarrollo socio-productivo”, en Pérez Rubio y Antequera

Durán, Viejos problemas, nuevas alternativas. Estrategias de lucha contra la pobreza gestadas desde el Sur. CLACSO, Buenos Aires.

JESSOP, Robert (2008): El futuro del Estado capitalista. Los libros de la Catalana, Madrid.

MARRO, Katia (2009): “A rebelião dos que “sobram”: Reflexões sobre a organização dos trabalhadores desempregados e os mecanismos sócio-assistenciais de contrainsurgência na

Argentina contemporânea”, tesis de Doctorado presentada en Programa de Pós-graduação em

Serviço Social de la Universidade Federal do Rio de Janeiro; Brasil. (Mimeo)

MARSHALL, A y CORTÉS. R (1993): " Política Social y regulación de la Fuerza de Trabajo"

en Cuadernos Médico-Sociales Nº 65-66. Rosario.

MDS (2010) Políticas Sociales del Bicentenario; Tomo I y II. MDS; Buenos Aires; en

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf .

NEFFA, Julio y PÉREZ Pablo (coord.) (2006): Macroeconomía, mercado de Trabajo y grupos vulnerables. Desafío para el diseño de políticas públicas. Asociación Trabajo y Sociedad.

CEIL-PIETTE, Buenos Aires.

NUN, José (1987): “La teoría política y la transición democrática”, en José Nun y Juan Carlos

Portantiero (Comp.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Puntosur

editores, Buenos Aires.

NUN, José (1989): “Algunas exploraciones teóricas en torno a las transiciones democráticas”,

en: La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común, Nueva

Visión, Buenos Aires.

PEREZ, PABLO (2005): “Los sospechosos de siempre. Los desocupados de larga duración en

Argentina y su (in) empleabilidad” en Neffa y otros Desequilibrios en el Mercado de trabajo argentino. Los desafíos de la posconvertibilidad. Asociación Trabajo y Sociedad; CEIL-

PIETTE-CONICET.

POLANYI, Karl [1944](2007): La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de

nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

POULANTZAS, Nicos (1983): Estado, Poder y Socialismo. Siglo XXI; 4º edición Español;

México.

FUENTES

Decretos

PEN 1506/2004

SE 366/2006

Resoluciones

MDS Nº 2476/2010: Argentina Trabaja.

MDS 1375/2004: Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Solidaria. Manos a la

Obra

MDS 3182/2009 Ingreso con Trabajo

MTEySS 256/2003 Plan Integral Más y Mejor Trabajo

MTEySS 497/2008 Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo