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Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el
Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen.
La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces
paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las
misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y contener los
“ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los “transgresores de la ley”.
Además, supuestos agentes del organismo de inteligencia civil infiltraron el
movimiento no sólo para monitorearlo, sino para generar violencia y desprestigio. De
todo da cuenta un expediente entregado por los electricistas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de
seguridad nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional
Un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de instituciones de
seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al movimiento obrero: la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con los documentos recabados por el SME y presentados ante el organismo
internacional, tropas del Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el
sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y, luego, para reprimir,
desprestigiar y extinguir el movimiento.
En el documento, con el que los electricistas buscan probar en tribunales internacionales la
ilegalidad de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra una copia de
Zósimo Camacho y Rogelio Velázquez
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un expediente abierto en tribunales militares mexicanos contra un efectivo del Ejército que
se negó a disfrazarse de policía para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian
el acoso de “infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo recabar
información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino de sabotear y desprestigiar
a la organización gremial.
Tropa militar disfrazada de policía El expediente abierto en tribunales militares da
cuenta de la utilización de tropas del Ejército
Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a
los integrantes del SME. En los documentos –de
los cuales Contralínea posee copia– se asienta
que efectivos de la 37 Zona Militar fueron
disfrazados de policías e, incluso, se les dio la
orden de apostarse en posición de tiro ante las
manifestaciones (“ataques”) que pudieran
suscitarse.
La irrupción de los militares en instalaciones de la
entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro
ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 10 de
octubre de 2009. El gobierno de Felipe Calderón
ejecutaba la extinción de la empresa fundada en
1903 y para ello echaba mano, oficialmente, de la
Policía Federal para que tomara todas las
instalaciones eléctricas de la región centro del
país. Sin embargo, partes militares, pliegos de
consignas y oficios –todos documentos internos
de la Sedena– señalan que fueron tropas,
materiales y vehículos del Ejército Mexicano los
que ejecutaron la toma de las instalaciones.
El caso que se documenta en tribunales militares
es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo,
ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la
versión oficial ha señalado que fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante
los últimos 3 años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los
efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y que no se emplearon
en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin embargo, documentos oficiales señalan que
en las instalaciones de San Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e
incluso una “base de operaciones”.
Para ello, los militares fueron disfrazados de policías y las unidades castrenses también
fueron camufladas de policiacas. Incluso dos fotos publicadas en los diarios El
Universal y Reforma el 12 de octubre de 2009 –en las que se alcanzaban a observar
soldados y vehículos militares– motivaron un mensaje FCA “extraurgente” al interior del
Ejército Mexicano.
En el documento –con folio 33063, fechado el 12 de octubre de 2009 y con la referencia
“Restricción de movimientos”–, se aprecia una enérgica reprimenda del comandante de la
Primera Región Militar al comandante de la 22 Zona Militar por las fotografías aparecidas en
los medios citados:
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En los periódicos “se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas, con las
siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, Estado de México), no
obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA 41726, del
11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos
militares y con personal uniformado que permita su identificación como militar, debiendo
realizarlas con uniforme azul o civil y en vehículos que no tengan características militares
[…]”.
Por el desacato, el comandante de la Primera Región Militar ordena tres “acciones”:
“a) Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado
al comandante del 25 Batallón de Infantería.
“b) Realizar una investigación remitiendo el resultado antes de las 1800 del 15 de octubre de 2009 [sic].
“c) Ratificar y supervisar que la totalidad de los organismos bajo su mando estén enterados
que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal
uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo
movimiento a estas instalaciones), agradeciéndole realizarlas […] de civil y con uniforme azul
y en vehículos que no tengan características militares [sic].”
De acuerdo con el artículo 125 de la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos: “Los uniformes y las divisas en el
Ejército y Fuerza Aérea estarán especificados
en el Reglamento respectivo y son de su uso
exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por
personas, corporaciones o dependencias que
les sean ajenas. Quienes violen estas
disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone
la ley penal de la materia”.
Por su parte, el Reglamento de Uniformes,
Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y su Manual Gráfico para el Uso de
Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos establecen un
detallado y estricto sistema del uso del uniforme
de los militares en funciones. En ningún caso se
establece la posibilidad de disfrazar a los
efectivos castrenses de policías o civiles
mientras se desempeñan en sus bases de
operaciones o destacamentos de seguridad.
Los efectivos del Ejército Mexicano
permanecieron en las instalaciones eléctricas
por varios meses, como se puede apreciar en
documentos oficiales emitidos posteriormente.
En otro mensaje FCA, con folio 41357 y también
de carácter extraurgente, se da cuenta del
relevo de servicios en el Destacamento de Seguridad en las instalaciones eléctricas de San
Bartolo, Tizayuca, efectuado el 25 de diciembre de 2009. Entonces se encontraban en el
lugar un oficial y 27 elementos de tropa.
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Para el 11 de marzo de 2010 –5 meses después de la toma de las instalaciones de Luz y
Fuerza del Centro– el mismo número de efectivos se encontraban en la subestación eléctrica
de Tizayuca, Hidalgo, como se desprende del oficio 3308 de la Comandancia del Tercer
Batallón de Ingenieros de Combate, en el que el entonces coronel de zapadores Diplomado
de Estado Mayor, comandante del batallón, le informa al general de brigada diplomado de
Estado Mayor, comandante de la 37 Zona Militar, del despliegue operativo y el estado de la
fuerza.
En el documento se señala el despliegue operativo de 17 unidades, entre destacamentos,
bases de operaciones, retenes y vigilancia.
En efecto, en la relación se incluye la Base de Operaciones Subestación Eléctrica San
Bartolo, en la que los 27 elementos de tropa y el oficial (teniente de zapadores Eglo Jesús
Noriega Vázquez) tenían como misión “proporcionar seguridad a las instalaciones”. Pero
también se revela la presencia castrense en otras instalaciones de Luz y Fuerza del Centro
con la misma misión.
En el Centro Nacional de Control Eléctrico, ubicado en la delegación Álvaro Obregón del
Distrito Federal, se instaló un destacamento de seguridad con un oficial y 20 efectivos de
tropa. Al frente se encontraba el subteniente de zapadores Natanael Barrera Velázquez.
En la Subestación Eléctrica Lechería, ubicada en Tultitlán, Estado de México, se instaló una
base de operaciones, con un oficial y 27 elementos de tropa. El comandante era el teniente
de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez.
Otras instalaciones de Luz y Fuerza –como talleres y bodegas– también estuvieron
ocupadas por militares, según el documento: en las instalaciones de Los Reyes, ubicadas
en Texcoco, Estado de México, se desplegaron 17 elementos de tropa bajo el mando del
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teniente de zapadores Arturo Cruz Gaytán; y en las de San Joaquín Coapango, también
ubicadas en Texcoco, se enviaron 18 efectivos encabezados por el teniente de zapadores
Alberto de la Cruz Felipe.
El expediente abierto en tribunales militares también incluye la designación del teniente de
zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez como comandante del Destacamento de
Seguridad de la Subestación Eléctrica San Bartolo –ubicada en el municipio hidalguense de
Tizayuca–, en sustitución del teniente de zapadores Gabriel Alberto Guzmán Ruiz, a partir
del 16 de marzo de 2010 y “hasta nueva orden”.
En el oficio 3534 se leen las actividades que debería realizar el nuevo comandante en la
subestación eléctrica: “[…] deberá apegarse en todo momento a las consignas establecidas,
partes vitales de la instalación resguardada, planes de seguridad y de defensa, entre otros,
así como la siguiente misión:
“Proporcionar seguridad física a las instalaciones de la Subestación Eléctrica y garantizar la
seguridad del personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y
terrorismo por parte de transgresores de la ley, exhortándolo a poner toda su astucia y profesionalismo en la seguridad de la citada instalación vital [sic].”
El mismo documento contiene la fatiga (servicio que se cumple en un turno establecido) del
personal oficial y tropa destacados en la Subestación Eléctrica San Bartolo. En efecto, como
comandante aparece Mendoza Pérez; y como comandante segundo, el sargento segundo
de zapadores Juan González Santillán. La lista se completa con 18 soldados más.
Pero el expediente también cuenta con el pliego de consignas a las que tenía que sujetarse
el comandante. Entre ellas:
“2. Este servicio tienen por objeto dar seguridad física a la Subestación Eléctrica San Bartolo,
considerando su instalación como base de operaciones y vigilancia, debiendo asegurar la
conservación del orden en las inmediaciones de la misma.
“[…] 4. No permitirá la presencia de vendedores ambulantes a inmediaciones de su servicio
y mucho menos su acceso al interior de la misma.
“5. A partir de las 21:00 horas y hasta el término de las horas de oscuridad marcará el alto a
cualquier persona extraña, vehículo militar o civil que se aproxime al puesto de seguridad.
“[…] 9. En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre
apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco
redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le
corresponda [sic].
“10. Cuando una persona desconocida se encuentre a inmediaciones del puesto y porte o
haga uso de cámaras fotográficas, procederá a averiguar de inmediato su propósito y si
procede a su detención momentánea, dando parte a la 37 Zona Militar, Tercer Batallón de
Infantería y al jefe de Vigilancia para recibir las indicaciones correspondientes [sic].”
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Martín Esparza Flores, secretario general del SME, considera que los expedientes a los que
tuvieron acceso prueban que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue “una decisión
autoritaria: es ilegal usar a las Fuerzas Armadas en época de paz y contra un sindicato;
además, fueron obligados a disfrazarse de policías; ¿y la normativa nacional e internacional
sobre el uso de los uniformes militares?”.
Y es que los efectivos del Ejército ocuparon las instalaciones eléctricas sin que hubiera motín
alguno y sin que el sindicato hubiera desacatado una notificación de abandonar sus centros
de trabajo.
“Además entraron con lujo de violencia, pues rompieron cristales y a los trabajadores les
quitaron sus credenciales. Muchos de ellos fueron prácticamente secuestrados durante días,
porque a varios los obligaron a permanecer ahí trabajando de manera forzada”, agrega
Esparza Flores.
Lo que considera la ilegal utilización de las instituciones del Estado mexicano contra el SME es la punta de lanza en el expediente que el 24 de mayo pasado se comenzó a integrar en
la CIDH.
“Nos recibió personalmente en Washington el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Le
explicamos. Él conoce perfectamente el caso. Estamos aportando más elementos. Pero uno
de los más importantes, tal vez el más contundente, es la falta del debido proceso y el abuso
de las Fuerzas Armadas”, señala el líder sindical.
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Los elementos de la Sedena no fueron los únicos funcionarios de instituciones de seguridad
nacional utilizados contra una organización legal de trabajadores, el SME. También
elementos del Cisen fueron infiltrados en las instalaciones y actividades del sindicato. Su
misión no sólo era recabar información de la lucha legal y social que desarrollaba la
organización gremial, sino provocar hechos de violencia e incidir en las decisiones que
tomaban los trabajadores movilizados.
Los electricistas han reunido un expediente de 320 fotografías con los rostros de quienes
han identificado como espías y saboteadores. A algunos de ellos los han increpado y han
obtenido declaraciones –grabadas en audio o video– donde los policías encubiertos
reconocen pertenecer a alguna institución gubernamental. Los trabajadores siempre
entregaron a los espías a las corporaciones policiacas de la ciudad y, en un caso, a
funcionarios del gobierno federal.
“Yo personalmente le entregué al exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora
[fallecido el 11 de noviembre de 2011, cuando se accidentó el helicóptero en que viajaba] un
disco de 250 fotografías de personas involucradas o infiltradas en nuestro movimiento. Y le
informamos de aquellos que detectamos y que pusimos a disposición de las autoridades.”
—¿Y las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes? ¿Se sancionó a alguien
por esos hechos? –se le pregunta a Martín Esparza.
—En ningún momento. Todos los casos que presentamos en Gobernación y en los
ministerios públicos nunca caminaron. Siempre nos enfrentamos a funcionarios y jueces
de consigna que se alinearon a la política gubernamental de destruir el movimiento.
—¿Los infiltrados lograron incidir en las acciones y las decisiones que tomó el sindicato?
—Muchas veces. En varias protestas en las que hubo violencia, quienes agredían eran ellos.
Tenemos fotografías de los hechos. Y hasta enfrentamos las denuncias correspondientes.
Detectamos que ellos eran los que rompían cristales de algunas patrullas y vehículos.
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Destacan tres casos de elementos del Cisen descubiertos en distintas ocasiones. De ellos,
los trabajadores cuentan con copias de las respectivas credenciales de elector que portaban
en ese momento y las grabaciones de los diálogos que sostuvieron.
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Uno de ellos habría participado en el inicio de la
gresca entre policías e integrantes del SME el 11
de abril de 2011. A decir de Martín Esparza, se
montó una provocación cuando los trabajadores
se encontraban frente a los policías. Por esos
hechos sigue preso el trabajador Jorge Ulises
Uribe Gaona. No sería el único caso en hechos
de violencia en que los supuestos infiltrados
incitaban a la violencia.
Otro supuesto integrante del Cisen se encontraba
en una de las acciones más emblemáticas de la
lucha del SME: la huelga de hambre iniciada a
finales de noviembre de 2009. Uno de los
huelguistas no era trabajador de Luz y Fuerza.
“Era de los que decía que la dirigencia ya había
vendido el movimiento y que la única solución se
conseguiría por la vía armada; y cuando
comenzamos a averiguar más de él y revisamos
su mochila, resulta que tenía fotos de los mismos
de la huelga de hambre; y sus credenciales eran
falsas”, dice Martín Esparza.
Un supuesto agente de inteligencia más habría
sido sorprendido en una asamblea celebrada en
la sede de Antonio Caso del SME. Este policía fue
entregado directamente a las autoridades
federales que lo reclamaron.
“No podíamos conocer a todos los compañeros
trabajadores y jubilados. Somos miles. Entonces
sí tuvimos que tomar determinaciones, como que no podíamos permitir el ingreso a las
instalaciones ni que participaran en las marchas si no presentaban su credencial. Es que,
además, varios de esos infiltrados estaban apuntados hasta en los grupos de trabajo.
Llegaban con sus gorras y sus playeras del SME, pero no eran trabajadores”, explica
Esparza.
Para el dirigente obrero el uso de militares y agentes encubiertos contra los movimientos
sociales es ilegal. “Se trata de un acto autoritario, porque todos tenemos el derecho a la
protesta; pero también es un asunto de malversación de fondos, porque se están
derrochando recursos en actividades que están fuera de la ley”.
A decir de la diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, es “ilegal” el uso de las instituciones de
seguridad del Estado mexicano contra movimientos sociales abiertos, legales y legítimos.
“Simplemente no está dentro de las facultades que señala la ley”.
Contralínea solicitó entrevista con el director de Comunicación Social de la Sedena, general
brigadier Martín Terrones Calvario, acerca de la utilización de soldados, disfrazados de
policías en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Hasta el cierre de
edición, no se obtuvo respuesta.
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Infografía: