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Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, R. D.

Tel.: 809-533-3191 • www.poderjudicial.gob.do • E-mail: [email protected]

PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA REPÚBLICA

DOMINICANA

Términos de Referencia

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE

ACCESIBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DEL PODER

JUDICIAL Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA

REDUCIR BARRERAS A FAVOR DE LA ACCESIBILIDAD A ESPACIOS

FÍSICOS DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

COOPERACIÓN-CPJ-02-2020

Santo Domingo, DN

10 de febrero 2020

http://www.poderjudicial.gob.do/

mailto:[email protected]

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1. Justificación

I.1 Contexto

La República Dominicana es considerada por la cooperación española como País de Asociación de

Renta Media, según el V Plan Director 2018-2021. Esto significa que las iniciativas de desarrollo

que se implementen vendrán marcadas por la demanda de necesidades del país socio y en función

de las capacidades y expertice de la Cooperación Española. De esta forma, se plantea una

cooperación más técnica, con un rol más centrado en la utilización y avance en la aplicación de

nuevas modalidades de intervención como el establecimiento de las alianzas público-privada, la

cooperación reembolsable y la cooperación triangular, logrando apalancar recursos con otros

donantes y financiadores, incidiendo en la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades, desde

la transferencia del conocimiento y apoyo a la sociedad civil.

La actuación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en República

Dominicana encuentra su sustento en el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica de 2 de junio de

1973, y en su Acuerdo Complementario General del 8 de marzo de 1988. Esta labor se concreta en

las diferentes Comisiones Mixtas de Cooperación que se suscriben cada cuatro años entre los

Gobiernos de España y República Dominicana, teniendo lugar la última en febrero de 2014, siendo

el Marco de Asociación País (MAP) el documento vigente que integra dicha estrategia para el

período actual.

El MAP ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las instituciones de

República Dominicana, y en el alineamiento de la agenda y los ciclos de gestión de la

cooperación española con las prioridades identificadas por el gobierno de la República

Dominicana, que se reflejan en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030. Asimismo, este

proyecto se alinea plenamente con el primer resultado estratégico definido en el MAP, enfocado a

lograr que “la población dominicana cuenta con una administración pública más transparente y

eficaz, un sistema democrático más respetuoso con la legalidad, garantizando los derechos

humanos fundamentales y la efectiva participación ciudadana”.

El reciente V Plan Director 2018-2021 seguirá construyendo sobre los logros ya consolidados para

contribuir ahora al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en

la Agenda 2030. Las líneas de acción de la cooperación española tendrán como referencia siempre

los ODS y sus metas. La presente intervención se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible

16: “Paz, justicia e instituciones sólidas” y en su meta 16.3: “Promover el estado de derecho y

garantizar el acceso a la justicia”, contribuyendo al primer resultado de desarrollo del MAP.



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Bajo este contenido, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID), ha concedido al Consejo del Poder Judicial una subvención de estado para el proyecto

“Mejora de la Calidad del Servicio de Administración de Justicia de la República Dominicana”,

expediente número 2018/SPE/0000400051. Dicho proyecto tiene previsto, entre sus actividades,

la realización de una guía de buenas prácticas para reducir barreras a favor de la accesibilidad a

espacios físicos de personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad.

I.2 Antecedentes

El Poder Judicial es uno de los tres (3) poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación.

Su función consiste en administrar justicia, de manera gratuita, para decidir sobre los conflictos

entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando

y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados

por la ley.

El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la

Constitución de la República Dominicana y por la Ley núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997,

modificada por la Ley núm. 194-04 del 28 de julio de 2004.

A partir de la Constitución del año 2010, el Poder Judicial tiene atribuciones jurisdiccionales y

administrativas separadas y concebidas constitucionalmente con criterios democráticos, donde la

función de la Suprema Corte de Justicia es fundamentalmente jurisdiccional. La Constitución de la

República Dominicana establece en el art. 149, párrafo I, que la función judicial del Poder Judicial:

“consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o jurídicas,

en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”,

mientras que el Artículo 156 establece que el Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente

de administración y disciplina del Poder Judicial.

La Constitución en su artículo 26, capítulo VI de las Relaciones Internacionales y del Derecho

Internacional, sección I de la Comunidad Internacional enuncia que la República Dominicana

es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las

normas del derecho internacional, en consecuencia, reconoce y aplica las normas del derecho

internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan

adoptado.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

de las Naciones Unidas del año 2006, constituye actualmente el principal instrumento

internacional de carácter vinculante en lo que a la discapacidad respecta, en el que además de



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reconocer los derechos de las personas con discapacidad, se establecen una serie de medidas

que se deben instrumentar para que éstas los puedan ejercer en igualdad de condiciones con

las demás personas, asegurando de ese modo su participación e inclusión plenas y efectivas.

Esta Convención fue ratificada por el país mediante Resolución número 458-08, en fecha 30

de octubre del año 2008, publicada en la Gaceta Oficial núm. 10495.

La República Dominicana ratificó mediante Resolución número 50-01 la Convención

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas

con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), promulgada en fecha 15

de marzo del año 2001, Gaceta Oficial núm. 10077.

En fecha 6 de junio del año 2006, en la cuarta sesión plenaria de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) celebrada en la República Dominicana, fue adoptada la Declaración del

Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2016).

La Cumbre Judicial Iberoamericana, de la cual el Poder Judicial dominicano es miembro,

emitió las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de

vulnerabilidad, que tienen como finalidad u objetivo garantizar las condiciones de acceso

efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación

alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a

dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Dichas Reglas, en su capítulo III, sobre celebración de actuaciones judiciales, establece: “se

facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial

en el que deban intervenir, y se promoverá la eliminación de todo tipo de barreras

arquitectónicas, de información, comunicación y actitudinales facilitando tanto el acceso como

la estancia en los edificios judiciales.”

La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 58, establece taxativamente la

obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos,

libertades fundamentales y ejercicio pleno de las capacidades de las personas con

discapacidad.



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El Consejo del Poder Judicial de República Dominicana aprobó el 8 de agosto del año 2016,

mediante Acta núm. 30/2016, la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad; cuyo

propósito principal es la de adoptar una política que de manera transversal, prioritaria y

sustantiva incorpore esta perspectiva en todo el quehacer judicial, siendo el objetivo de la

misma sensibilizar y concienciar a las personas operadoras del sistema sobre los derechos de

las personas en condición de vulnerabilidad.

Los objetivos fundamentales de dicha política han sido contemplados en el Plan Estratégico

Institucional para el período 2020-2024, dentro del primer eje: “Justicia para todas y todos:

garantizar el acceso a la justicia de población en condiciones de vulnerabilidad a través de

atención incluyente, la cual abarca la creación de condiciones óptimas a nivel de

infraestructura física”, que al mismo tiempo está alineado a la Estrategia Nacional de

Desarrollo 2010-2030 del Estado Dominicano, respondiendo al primer eje estratégico que

“procura un Estado Social y Democrático de Derecho, con instituciones eficientes y

transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la

seguridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica”.

En este sentido, es necesario que el Poder Judicial cuente con una guía que establezca los

requisitos mínimos imprescindibles que las edificaciones del Poder Judicial deben contener, a

fin de que se implemente la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad del Poder

Judicial, así como las demás normativas nacionales e internacionales de las que el país es

signatario, con el propósito de reducir barreras y garantizar la accesibilidad a espacios físicos

de personas en condiciones de vulnerabilidad y discapacidad.

2. Fuente de Financiamiento

Fondos del Consejo del Poder Judicial dominicano y de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), concedidos a la institución para el desarrollo del

Proyecto de Mejora de la Calidad del Servicio de Administración de Justicia de la República

Dominicana.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Asistencia técnica para realizar un diagnóstico de accesibilidad de las estructuras físicas del

Poder Judicial (las 30 más representativas), que sirva de base para proponer recomendaciones

a fin de que las mismas estén alineadas a la Política de igualdad para las personas con

discapacidad, así como las demás normativas que rigen la materia. De igual modo, redactar



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una Guía de buenas prácticas para reducir barreras a favor de la accesibilidad a espacios físicos

de personas con discapacidad, la cual será la herramienta institucional de consulta al momento

de planificar construcciones y/o remodelaciones de las edificaciones para los centros

judiciales.

4. Alcance

Tendrá un alcance nacional, tomando en cuenta una representación de treinta (30) estructuras

propias del Poder Judicial, a saber:

1. Palacio de Justicia de Barahona

2. Palacio de Justicia de Bahoruco

3. Palacio de Justicia de Jimaní

4. Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana

5. Palacio de Justicia Las Matas de Farfán

6. Palacio de Justicia de Elías Piña

7. Palacio de Justicia de San Cristóbal

8. Palacio de Justicia de Azua

9. Palacio de Justicia de Peravia (Baní)

10. Palacio de Justicia San Jose de Ocoa

11. Palacio de Justicia de La Vega

12. Palacio de Justicia de Espaillat (Moca)

13. Palacio de Justicia de Monseñor Nouel

14. Palacio de Justicia de Sanchez Ramírez

15. Palacio de Justicia de Santiago

16. Palacio de Justicia de Valverde (Mao)

17. Palacio de Justicia de Montecristi

18. Palacio de Justicia de Dajabón

19. Palacio de Justicia de Santiago Rodríguez

20. Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

21. Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez (Nagua)

22. Palacio de Justicia Hermanas Mirabal

23. Palacio de Justicia de Samaná

24. Palacio de Justicia de Monte Plata

25. Palacio de Justicia San Pedro de Macorís

26. Palacio de Justicia La Altagracia

27. Palacio de Justicia de La Romana

28. Palacio de Justicia de Hato Mayor



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29. Palacio de Justicia El Seibo

30. Palacio de Justicia de Villa Mella

Para determinar el alcance se tomarán en cuenta los parámetros establecidos en las normas de

accesibilidad de medios físicos vigentes en la República Dominicana, a fin de verificar el

cumplimiento del Poder Judicial con respecto a las barreras arquitectónicas en sus edificios a

nivel nacional.

5. Metodología

El/la consultor/a debe incluir en su propuesta una documentación detallada sobre la metodología

de trabajo a utilizar, la cual debe incluir el enfoque técnico y metodológico, el plan de trabajo y

la organización y dotación de personal (si aplica).

a) Enfoque técnico y metodológico. En esta sección el/la consultor/a deberá explicar su

comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo

las actividades y obtener el producto esperado, así como el grado de detalle de dicho producto.

b) Plan de trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su

contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas y las fechas de entrega del/de los

documento/s preliminar/es. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque

técnico y metodológico, demostrando una compresión de los TdR y habilidad para traducirlos en

un plan de trabajo factible.

c) Organización y dotación de personal (si aplica). En este capítulo deberá proponer la

estructura y composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el

especialista clave responsable y el personal técnico y de apoyo designado.

6. Marco referencial

El diagnóstico a realizar deberá basarse en las siguientes normativas:

a) Artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece

que: “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la

justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento

y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas

como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los

procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas



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preliminares.” En esa misma medida promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan

en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

b) Artículo 4 de la Ley núm. 5-13, Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con

Discapacidad, promulgada el 15 de enero de 2013, define la accesibilidad universal como: “la

condición que deben cumplir los entornos físicos, las construcciones, infraestructuras, las

edificaciones, los procesos, los bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas

y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de

igualdad, seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, mejorando su

calidad de vida y participación activa dentro de la sociedad”.

c) (M-007) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre edificaciones accesibles

a personas con discapacidad, llamado también Reglamento para proyectar sin barreras

arquitectónicas, que establece las regularizaciones en cuanto a proyección y construcción de

edificios, necesarias para garantizar el acceso a personas en condición de vulnerabilidad. Estas

regularizaciones determinan los requisitos mínimos que deben cumplir los edificios para que estos

sean accesibles.

d) NORDOM 779 del Instituto Dominicano para la Calidad, sobre accesibilidad al medio

físico, la cual establece los requerimientos técnicos generales que deben considerarse para un

diseño universal, pensado en el uso de todas las personas, sin distinción de condición, y en base a

estándares y tendencias internacionales que van dirigidas a vincularlas a la calidad.

7. Productos esperados

1. Informe diagnóstico de accesibilidad a las edificaciones del Poder Judicial, acompañado

de un plan de actuación para las 30 edificaciones identificadas, a fin de que las mismas

estén alineadas a la Política de igualdad para las personas con discapacidad

institucional, así como las demás normativas que rigen la materia en el país. Cada

edificación visitada deberá contar con:

a. Su propio compendio, a la vez que una propuesta de actuación priorizada, en el marco

de la normativa vigente, fotos actuales con comentarios de intervención.

b. Las plantas arquitectónicas de los espacios existentes (situación actual), y los planos

constructivos con las modificaciones propuestas, a fines de cumplir con las normativas

de acceso para las personas con discapacidad. El juego de planos deberá incluir plantas

arquitectónicas dimensionadas, secciones –elevaciones dimensionadas (mínimo



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cuatro), detalles arquitectónicos (los necesarios) para todas las áreas, tales como baños,

rampas, áreas de circulación, etc.

2. Informe general situacional sobre las estructuras físicas del Poder Judicial levantadas

con relación al cumplimiento de las normas vigentes de acceso para personas con

discapacidad y propuesta de mejora.

3. Propuesta de Guía de buenas prácticas para reducir barreras a favor de la accesibilidad

a espacios físicos de personas con discapacidad en las edificaciones judiciales.

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

Actividades Período de Ejecución

Publicación de Invitación 10 de febrero de 2020

Período de Consultas (Aclaraciones) 12 de febrero de 2020

Plazo para emitir respuesta mediante

Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 de febrero de 2020

Límite Recepción de Ofertas Hasta el 14 de febrero de 2020 a las 3:00

p.m. por correo electrónico Evaluación de Credenciales/Ofertas 18 de febrero de 2020 Notificación de Errores u Omisiones de

Naturaleza Subsanable (si aplica) 20 de febrero de 2020

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones 25 de febrero de 2020

Adjudicación 02 de marzo de 2020 Notificación y Publicación de

Adjudicación 02 de marzo de 2020

9. CONSULTAS

Los Oferentes podrán efectuar sus consultas a la siguiente dirección de correo electrónico

[email protected] en el plazo indicado a tales fines en el cronograma del

procedimiento.




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10. Presentación y aprobación de los informes

Los documentos, tanto preliminares como finales, deberán presentarse a la Dirección de Familia,

Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG), a la Dirección de Infraestructura Física, a la Dirección

General Técnica y a la AECID, que son los responsables de la aprobación de los mismos y de los

informes.

En consonancia con las normas internas y de los agentes de financiamiento de esta contratación,

todos los informes y desarrollos relativos a la misma serán entregados con el nombre del proyecto,

incluyendo los logos institucionales (Consejo del Poder Judicial y AECID) en un original y las

demás versiones, en versión digital, de preferencia a través de la remisión digital en la dirección de

correo electrónico que se acuerde para los fines.

11. Plazos y lugar de ejecución

Este proyecto tendrá una duración estimada de cinco (_5_) meses, contadas a partir de la

contratación del servicio. En este período el/la consultor/a deberá entregar todos los productos de

acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma del plan de trabajo.

La consultoría se realizará en el ámbito del Poder Judicial, en las estructuras físicas del Poder

Judicial, en los departamentos judiciales que se escojan.

12. Gestión y supervisión

Durante la ejecución de todos los trabajos, el/la consultor/a contará con el apoyo, colaboración y

acompañamiento permanente de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género

(DIFNAG) y la Dirección de Infraestructura Física, quienes pondrán a su disposición todos los

datos disponibles relacionados con las edificaciones del Poder Judicial, a la vez que responderán y

aclararán cualquier duda o inquietud que se presente a lo largo del proceso.

13. Forma de pago

Los pagos se efectuarán de acuerdo con la siguiente distribución y en función de los valores

que correspondan a la distribución porcentual del monto total de los trabajos del proyecto:

Un Primer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%), con la adjudicación del servicio;



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Un segundo pago, correspondiente al treinta por ciento (30%), el cual se hará efectivo con la

entrega y aprobación de veinte (20) informes correspondientes a veinte (20) sedes enumeradas

en el Punto IV “Alcance”.

Un tercer y último pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) restante, el cual se hará

efectivo con la entrega y aprobación de diez (10) informes correspondientes a diez (10) sedes

enumeradas en el Punto IV “Alcance”, así como el informe general situacional y la propuesta

de guía de buenas prácticas.

Estos informes deben contar con la aprobación de la Dirección de Familia, Niñez,

Adolescencia y Género (DIFNAG) y la Dirección de Infraestructura Física.

Para esta contratación el monto de la misma es RD$750,000.00

Estos informes deben contar con la aprobación de la División de Seguimiento y Evaluación de la

Dirección de Planificación y Proyectos.

14. Obligaciones y responsabilidades

El/la consultor/a tendrá todas las obligaciones y responsabilidades técnicas que, de acuerdo con la

sana práctica profesional, sean inherentes a la naturaleza de los servicios requeridos, aun cuando

no se mencionen de manera expresa en los presentes Términos de Referencia.

Es obligación del/de la consultor/a establecer, desde el inicio de los trabajos, comunicación con el

Gestor del Proyecto y mantenerlo informado de los avances, procurando en todo momento, dentro

de un marco racional, contar con su consentimiento.

El/la consultor/a será totalmente responsable del personal que seleccionará para la realización de

los trabajos, incluyendo el pago de sus salarios, viáticos, prestaciones y cualquier otro tipo de gasto

en que tenga que incurrir durante el desarrollo de sus servicios.

15. Confidencialidad

El/la consultor/a deberá mantener estricto secreto de la información que le sea proporcionada o a

la que tenga acceso con motivo de la presente contratación o que sea resultante de la misma. En

virtud de esto, se obliga a no divulgar por ningún medio, copiar, proporcionar o permitir el acceso

a terceros, o de cualquier otra forma violar el carácter de confidencialidad de la información del

Poder Judicial dominicano, sin haber sido autorizado previamente y por escrito.



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16. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Su propuesta debe estar contenida de documentación a presentar: La misma deberá ser

presentada en formato PDF (Portable Document Format) vía correo electrónico:

[email protected]

17. Documentación a presentar:

1. Certificación del pago de impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

2. Certificación de la Tesorería de Seguridad Social (TSS).si aplica

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE).

4. Copia de Cedula/Registro Mercantil. según aplique

5. Carta de la confirmación de interés y disponibilidad para realizar el trabajo.

6. Breve descripción de por qué considera ser la persona adecuada para realizar esta

consultoría.

7. Certificaciones de clientes o contratos de servicios donde se haga una breve descripción

del alcance de la consultoría y avale el nivel de satisfacción con el servicio ofrecido por

el/la consultor/a.

8. Certificaciones de clientes o contratos de servicios donde se haga una breve descripción del

alcance de la consultoría y avale del nivel de satisfacción con el servicio ofrecido por el

proveedor.

9. Breve descripción de la metodología que propone para el abordaje del trabajo, programa de

trabajo y cronograma de actividades a desarrollar durante la consultoría.

10. Currículum Vitae u Hoja de vida en la que se indique toda la experiencia pasada de

proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de

teléfono) del/de la candidato/a y por lo menos tres (3) referencias profesionales.

11. Título universitario, de preferencia en alguna disciplina de la arquitectura e ingeniería.

12. Cursos de especialización o post grado relacionados a plan de accesibilidad urbana y

estructuras físicas.

13. Contar con experiencia previa (mínimo 5 años) y comprobada en proyectos similares

demostrables.

14. Experiencia como responsable principal en evaluaciones de naturaleza similar a la

planteada en los presentes términos de referencia.

15. Descripción de la metodología que propone para el abordaje del trabajo, programa de

trabajo y cronograma de las actividades a desarrollar durante la consultoría.

16. Inventario completo de entregables.

17. Oferta económica que indique el costo del total de su propuesta.




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18. Criterios de Adjudicación

La Gerencia de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se

ajusten sustancialmente a los presentes términos de referencia. En ese sentido, será adjudicado el

oferente cuya propuesta Cumpla con todos los requisitos requeridos y presente el menor precio.

XIV. Moneda De La Oferta

La moneda de la propuesta debe ser expresada en pesos dominicanos (RD$), tendrán que incluir

todos los impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

---Fin de documento---



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