Transnacionales y DDHH – Se abre una alternativa

POSTED ON JULY 26, 2014 BY ADMIN. FUENTE TI

El día 24 de Julio tuvimos el privilegio desde la secretaria de

Internacionales de la CTA de tener de invitado al Dr. Gonzalo Berrón,

sociologo del consejo directivo de Transnational Institute de Holanda

y activo miembro de la campaña “Desmantelar el poder de las

Transnacionales”Gonzalo Berrón, investigador asociado del TNI, ha

desempeñado un destacado papel en la coordinación de movimientos

latinoamericanos que luchan contra los acuerdos de libre comercio.

Gonzalo en el conservatorio expuso los temas de la campaña y de

como se trabajo para llegar a esta resolución que obligue a las

transnacionales a responder por las

Las sociedades transnacionales (STNs) acentúan su control sobre los

recursos naturales del planeta, dictan su voluntad a los Estados más

débiles y explotan a las poblaciones. Directa o indirectamente, tienen

una enorme responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y en

el crecimiento sistemático de las violaciones de derechos humanos.

Por su capacidad de estar a la vez en todas partes y en ninguna,

escapan prácticamente a todo control democrático y jurídico.

No pasa ni un solo día en que no se oiga hablar de acontecimientos

ligados a las sociedades (o empresas) transnacionales (STNs):

compras y fusiones que conllevan despidos, corrupción, guerra,

contaminación, y la violación sistemática de las libertades sindicales

etc., con todas las consecuencias que esto implica. El contexto

económico, político e ideológico actual sin duda ha favorecido que

aumente la potencia de las STNs, confiriéndoles un poder sin

precedentes en la historia.

El pasado 26 de junio 20 países miembros del Consejo de Derechos

Humanos de Naciones Unidas (CDH) votaron a favor de una histórica

resolución para crear un Tratado Internacional que obligue a las

empresas transnacionales (ETN) a responder por las violaciones de

derechos humanos de las que sean responsables. Este paso -a la

espera aún de que se concrete en una norma vinculante- supone la

ruptura de la deriva que estaba tomando la comunidad internacional

hacia la voluntariedad en el cumplimiento de los derechos humanos

por parte de estos sujetos privados globales.

Para los pueblos indígenas, uno de los sectores más afectados por la

actuación de las grandes corporaciones, la existencia de un Tratado

de estas características supondría un avance considerable en la

exigencia de sus derechos, especialmente los que tienen que ver con

sus territorios y sus bienes naturales.

¿El fin de la voluntariedad para las transnacionales?

Como recuerda el Documento para la Consulta Global “Ideas y

Propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los

Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales”, la

comunidad internacional “ha eludido hasta ahora su obligación de

crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para

las ETN en el marco del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, a pesar de la gravedad de las actividades transgresoras de

dichos derechos que éstas realizan con total impunidad”.

Uno de los últimos intentos en este sentido se produjo en 1998,

cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos

Humanos adoptó una resolución para crear un Grupo de Trabajo que

estudiara la actividad y los métodos de trabajo de las empresas

trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos,

sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Dicho grupo elaboró

un proyecto de regulación para las ETN que, aunque fue aprobado por

la Subcomisión en 2003, fue finalmente rechazado por la Comisión de

Derechos Humanos en 2005. En lugar de avanzar en su desarrollo -y

ante una enorme presión por parte de las grandes corporaciones- se

aprobó finalmente una resolución que derivó en la creación de un

Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas:

John Ruggie.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

fueron aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos

en 2011. Posteriormente, la Secretaría General de la ONU se encargó

de recordar que de los Principios Rectores “no se deriva ninguna

nueva obligación jurídica”, además de reiterar su carácter no

vinculante. Votación Tratado La propuesta para la creación de un

grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un

instrumento internacional legalmente vinculante se aprobó con el

voto en contra EEUU y los países de la UE, es decir, los estados

donde las principales ETN tienen sus casas matrices

Sin embargo, en 2013, una Declaración liderada por Ecuador, suscrita

también por el Grupo Africano, el Grupo de Países Árabes, Pakistán,

Kirguistán, Sri Lanka, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú,

recoge las preocupaciones de los países del Sur global respecto a las

flagrantes violaciones de los derechos humanos provocadas por las

operaciones de las ETN que, en varios países, han dado lugar a

graves afectaciones a comunidades y poblaciones locales, incluidos

diferentes pueblos indígenas. En dicha declaración se afirma que “los

Principios Rectores no tendrán ninguna consecuencia efectiva a

menos que se cree un marco basado en instrumentos legalmente

vinculantes para que puedan regularse y sancionarse las acciones

ilegales de las corporaciones transnacionales”.

Todo ello se concretó, durante la reciente celebración de la 26ª sesión

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (junio de

2014), en la propuesta presentada por Ecuador y Sudáfrica para “la

creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato

de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que

obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir

las normas que protegen los derechos humanos”, que fue finalmente

aprobada con 20 votos a favor y 14 en contra (votaron en contra

EEUU y los países de la UE, es decir, los estados donde las principales

ETN tienen sus casas matrices).

Este paso hubiese sido imposible sin la presión de los movimientos

sociales de todo el mundo en forma conjunta también de las

organizaciones de trabajadores tanto nacionales como

internacionales, que se coordinaron para demandar la creación de un

instrumento de esta naturaleza. Efectivamente, la Treaty Alliance

consiguió involucrar a más de 610 organizaciones(entre ellas la CTA)

de 95 países y considera la decisión adoptada como una victoria sin

precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos

humanos y los pueblos, si bien recuerda que seguirá siendo necesaria

la movilización social global para lograr la aprobación del Tratado.

Este avance es solo un comienzo y una oportunidad histórica que

lleva más de 40 años de búsquedas para cambiar las reglas de juego,

pero no es una tarea sencilla y dependerá de la capacidad de las

organizaciones de trabajadores, sociales y en general de instalar la

disputa desde lo local al plano internacional , en forma conjunta para

revertir una situación permite la acumulación indiscriminada de

riqueza en unos pocos en detrimento de la pobreza ,explotación de

millones de trabajadores, arrasando con comunidades enteras, y

dejando consecuencias irreparables tanto en lo ambiental como en lo

social.