28 ≠ hildebrandt en sus trece ≠ semana del 22 al 28 de junio del 2012 semana del 22 al 28 de junio del 2012 ≠ hildebrandt en sus trece ≠ 29

TRAMPASTRAMPAS

escribe maría paula britofotos edwin julca

Rasul Camborda, es-pecialista en derecho ambiental, nos co-menta que no hay un

filtro riguroso para calificar a las empresas que pueden presentar EIA. Para empezar, una consul-tora elaboradora de esos estudios deberá cumplir con requisitos mí-nimos: contar con 5 profesionales colegiados, “demostrar” que se tiene los instrumentos necesarios para realizar el EIA y acreditarse en el registro correspondiente con un objeto social específico. Como dice Camborda, “los candados que pone el Estado están fallando”.

Actualmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) regis-tra 131 empresas consultoras ha-bilitadas para realizar estudios de impacto ambiental, de las cuales, entre el 2009 y 2010, las que más estudios han presentado son: Cesel S.A., Geoservice Ingeniería S.A.C, Knight Piésold Consultores S.A., Minera Interandina de Consultores S.R.L., S.V.S Ingenieros, Tecnología XXI, y SERV. GENER. DE SEGUR. y ECOLOG. S.A. Sin embargo, los EIA presentados por estas empre-sas registran observaciones que van de cero a 253, siendo esta última cifra alarmante y que corresponde al EIA de explotación del Proyecto Zanja, elaborado por la consultora Knight Piésold. Cabe mencionar que el MINEM ofrece poca información sistematizada de las consultoras. El informe del 2009-2010 demuestra claramente que la calidad de los EIA no ha sido jerarquizada en un ran-king de consultoras, como debería haberse hecho.

Control de CalidadA medida que ha crecido el in-

terés de empresas extractivas en invertir en el Perú ha aumentado, a su vez, la demanda por estudios

que, legalmente, son obligatorios. El mercado de las consultorías es un negocio seguro, donde se compite a nivel de precios y calidad. Cam-borda comenta que hay empresas que hacen el trabajo en dos meses, porque así lo solicita la empresa, como otras que lo rechazan. Lo cierto es que el Estado no tiene los recursos humanos o materiales para realizar EIA, por lo que las consulto-ras son por ahora imprescindibles. Para hacer de este actual “negocio” una herramienta que cumpla con su real objetivo de prevención, Cam-borda sostiene que se requiere de un sistema de acompañamiento permanente de parte de peritos del

Estado. Peritos que hoy no existen. Con lo que resulta que quienes se pronuncian sobre los posibles pe-ligros ambientales de un proyecto son eventuales contratados por la empresa interesada.

Metodología Sofía Castro, docente en el Ins-

tituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Cató-lica del Perú y especialista en de-sarrollo ambiental, nos señala que uno de los principales errores me-todológicos es la mirada centrada en el recojo de información cuan-titativa. La línea de base social,

componente esencial del estudio, se ejecuta con una mirada miope, limitándose a recolectar datos de-mográficos y estadísticos, dejando de lado un esfuerzo por entender el ordenamiento del espacio, el

desplazamiento de las comunida-des y el uso de recursos desde las experiencias e historias de vida de los pobladores.

Castro explica que en la elabo-ración del estudio de impacto am-

biental de Inambari, uno de los principales errores fue realizar un análisis social con una población considerada homogénea. Las po-blaciones que se verían afectadas

por el proyecto son culturalmente diversas: colonos, aimaras, que-chuas y comunidades nativas. Cas-tro nos recuerda que este proyecto finalmente se suspendió porque no

lograron cumplir con las exigencias de participación ciudadana. “Los pobladores, al no sentirse repre-sentados en el estudio, dejaron de ir a las reuniones”, dice.

Esto nos lleva a otro elemento metodológico vital: la definición del área de influencia y elaboración de términos de referencia. Todos los entrevistados concuerdan en que es el Estado quien debe definir el área de influencia, las poblacio-nes afectadas y los tipos de estudios especializados que se requieren para cada proyecto de inversión.

Con respecto a la ejecución del estudio, Castro afirma que “las empresas consultoras se identifi-can abiertamente con la empresa minera o energética, lo que crea sesgo y desconfianza en la pobla-ción”. En este sentido, los tiem-pos que se manejan los define la

empresa, representando esto un obstáculo en el proceso de recojo de información, dado que el tiem-po social, el de las poblaciones, no tiene la cadencia impaciente del tiempo empresarial. Incluso en el análisis de la línea de base y elaboración de propuestas de mi-tigación, es frecuente que lo que se planifica para un mes y medio se acorte a una semana. En general, Castro nos comenta que, aunque han habido algunos avances, las decisiones de la empresa consul-tora son supeditadas a los deseos de la empresa, priorizándose casi siempre sólo el aspecto económico.

La entrega del EIA por partes al MINEM es también criticable. Cas-tro nos recuerda el caso de Majaz, en el cual de las dos zonas afecta-das, Huancabamba y Yanta, sólo se logró obtener una línea de base de la primera comunidad, ya que en Yanta la población se resistió. Y lo hizo porque vio que la consultora actuaba casi como un service de la minera.

Con respecto a los estándares de calidad existen una serie de nor-mas nacionales y convenios inter-nacionales, como los Principios de Ecuador, el Convenio 169 de la OIT y los protocolos del IFC y del Banco Mundial, que en la práctica las em-presas muchas veces se olvidan de aplicar. Tal fue el caso de Repsol, cuando entró a explorar el lote 88 sin los permisos correspondientes de las comunidades. Al respecto, Castro recalca que la receptividad de la población en el proceso de elaboración del EIA depende de la relación que haya tenido previa-mente con la empresa extractiva. La certificación ambiental es sólo una parte de una relación más lar-ga entre ambas.

En este sentido, Castro agrega

que la participación de la población debiese ser transversal en el proce-so, pues quién mejor que ella para proponer medidas de mitigación e iniciativas para mejorar las relacio-nes comunitarias. Varios de nues-tros entrevistados afirman que la falta de un proceso participativo real con las comunidades locales genera expectativas muy altas con respec-to a la audiencia pública que se da cuando ya el EIA ha sido elaborado. Es usual llegar a estos encuentros y toparse con la acumulación de dos años de tensiones y con una población que no entiende los tec-nicismos con los cuales el estudio es presentado.

reCurso huMano naCionalLeopoldo Monzón, gerente ge-

neral de Proesmin S.A.C., nos dice que “hoy están las consultoras más grandes desarrollando proyectos en el Perú y eso es positivo, pero lo que no ocurre es que dejen escuela a empresas y profesionales peruanos. Lastimosamente los proyectos más grandes se realizan en Santiago de Chile”. Monzón añade que las gran-des mineras contratan a consultoras que no tienen montado el cien por ciento de su infraestructura en el Perú, por lo que insiste en la crea-ción de equipos mixtos que permitan capacitar a especialistas locales. Al respecto, Camborda nos recuerda que ahora existen facultades de ingeniería ambiental en universi-dades como la del Callao y de La Molina, por lo que tenemos con-diciones para capacitar a especia-listas nacionales.

La dudosa rotación de funcio-narios es otro problema. Es común toparse con especialistas que pasan del Estado al sector privado y vice-versa. Un viceversa de mal aliento. Basta recordar el caso Conga, don-de el director general de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, Felipe Ramírez del Pino, había sido durante los tres años anteriores a su gestión gerente de Asuntos Ex-ternos y Comunicaciones de la Em-presa Yanacocha. En un caso tan sensible como Conga, se trató de encubrir la cercana conexión entre el director y la mina, haciendo que Clara García Hidalgo, asesora del despacho ministerial, firmara la resolución aprobatoria del EIA de Conga en octubre del 2010. Todo un escándalo que la prensa calló. n

1El voluminoso estudio sobre Conga alcanzó a tener 21 tomos. Lo aprobó en menos de un año el ingeniero Felipe Ramírez del Pino, en ese entonces director general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas…

1Sofía Castro: “las consultoras se identifican abiertamente con la empresa”.

1…Pero resulta que Ramírez del Pino había sido, hasta antes de su nombramiento como burócrata estratégicamente colocado, gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de la empresa Yanacocha. ¡Nada menos!

1Rasul Camborda: “los filtros del Estado para calificar los EIA están fallando”.

1La ira de Cajamarca no es gratuita. Responde al hastío de una población abusada permanentemente por las mineras.

n El cuento de los estudios pagados por las propias mineras

¿Quién hace y cuánto cuesta un Estudio de Impacto Ambiental?Consultoras privadas presuntamente solventes, nacionales o internacionales y contratadas por las propias empresas autorizadas, reúnen dizque a geólogos, hidrólogos, arqueólogos, hidrogeólogos, climatólogos, ingenieros forestales y especialistas en suelos para hacer un Estudio de Impacto Ambiental cuya elaboración puede durar un año y costar varios millones de soles. ¿Pero esos EIA son enteramente confiables? Pregunta sin respuesta: el Estado no tiene ni los especialistas ni los filtros necesarios para calificar debidamente esos estudios. Y en muchos casos las consultoras encargadas de un EIA actúan como un service del proyecto que supuestamente están analizando de manera independiente.