trabajo propiedad intelectual
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Derecho Comercial Segundo Curso. Cuerpo evaluador:
Dr. Avena Osvaldo Atilio Dra. Blanco Lorena
Tema: Propiedad Intelectual. Autor:
o Acosta, Guillermo Walter L.U. 71.662o Contreras, Selva Mariana L.U. 78.211o Garrido, Diego Tomas L.U. 74.053o Luna, Rosela Yanet L.U. 72.189o Mattos Serrano, Alfredo Fabián L.U. 76.093o Mozzati, Guillermina L.U. 80.024o Ramírez Forte, María Isoindi L.U. 78.237o Rey, Mario Ramon L.U. 71.892
Fecha de presentación: 25/10/2013.
Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Índice
Introducción a la propiedad intelectual................................................................Página 3.
Título I: Consideraciones Generales.....................................................................Página 4
Título II: Aspecto normativo
Capítulo I: Tratamiento constitucional sobre la propiedad
intelectual.......................................................................................................Página 6
Capítulo II: Ley de propiedad intelectual...........................................Página 8
Introducción: Artículos 1 al 12..............................................Página 10
Obras Extranjeras y de la colaboración: Artículos 13 al 26..Página 14
Disposiciones Especiales: Artículos 27 al 36........................Página 16
De la edición y de la representación: Artículos 37 al 50.......Página 21
De la venta y de los intérpretes: Artículos 51 al 56………...Página 29
Del registro: Artículos 57 al 68.............................................Página 30
Fomento de las artes y letras. Penas: Artículos 69 a 79….....Página 32
Proc. Civil Artículos 80 a 83……………………….……….Página 33
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Introducción a la propiedad intelectual
En un mundo con innovaciones permanentes es importante estar actualizado.
Hoy en día las invenciones, muchas veces, ya no son tangibles, y es común que se mencione
términos cómo derechos intelectuales, propiedad intelectual, derechos de autor y definiciones
similares.
Como futuros operarios del derecho, es importante que tengamos una noción, aunque sea
acotada, de este sector de la realidad que son los derechos intelectuales.
En esta breve exposición intentaremos dilucidar algunos de estos conceptos, pasando por
algunos aspectos históricos, la constitución nacional, la ley de propiedad intelectual, posturas
doctrinarias y algunos fallos jurisprudenciales.
Equipo Propiedad Intelectual
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Consideraciones Generales
En términos de supervivencia, la raza más débil del planeta es la humana. A esta raza, la
naturaleza no le dio pelos para abrigarse del frío, espinas para protegerse de los depredadores,
garras para defenderse o trepar los árboles, u otros elementos que le permitan resguardarse de
todos los males que puedan acecharlo.
Pero, al dotarlo de un cerebro cargado de intelecto, le permitió interpretar el mundo y diseñar
herramientas para poder sobrellevarlo, así aparecen inventos tangibles como el fuego, la
vestimenta, las armas, la rueda entre otros elementos que le habilitaron abrirse paso en un mundo
hostil con facilidad.
Con el desarrollo del intelecto humano, aparecieron también invenciones no tangibles como
ser técnicas de producción, ideas, libros, estrategias entre otras.
Estos derechos se encontraban en la encrujidada de que no gozaban de la protección de las
leyes, como si lo hacían otros derechos, como los reales o los derivados de las obligaciones.
Con el paso del tiempo, esto fue evolucionando y se fueron incorporando al marco
normativo, los derechos provenientes del desarrollo de elementos abstractos como ser el
pensamiento humano y sus creaciones. Esto dio reconocimiento a los autores por sobre lo que
iban ideando.
Actualmente se ampara a los artistas, científicos e inventores en cuanto al ejercicio de los
derechos derivados de sus obras.
Pero este reconocimiento de derechos tiene sus orígenes tardíos en la legislación mundial.
Esto se remonta al Siglo XV con la aparición de la imprenta. El hecho de imprimir en serie una
misma obra, multiplicó la posibilidad de transmitir conocimientos y requirió, al mismo tiempo,
una especial protección. Se creó, entonces, un sistema de protección llamado “De privilegios”
donde, el monarca otorgaba a los impresores la exclusividad de la impresión del trabajo.
Según Emery: “…la concesión de privilegios fue la primera forma de protección legal
específica de las obras del espíritu….
Cuando comienzan a aparecer los plagios a las obras, los autores van tomando conciencia de
la necesidad de proteger sus creaciones.
En 1710 la Reina Ana reconoce el derecho de copia o “Copyright” que implicaba un
reconocimiento al autor de su calidad de tal y, además, le daba el permiso para reproducir su
obra.
La jurisprudencia francesa desarrollada entre 1810 y 1860 recepta a los llamados derechos
morales que permiten al autor vincular su nombre a la obra después de su enajenación, a que no
sea modificada o a que sea o no sea divulgada.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Es cierto que las creaciones de los autores deberían tener beneficios para estos pero, también
debemos reconocer que sus invenciones vuelcan al conocimiento colectivo una variedad de
herramientas importantes. Por esto es necesario que se equilibren los intereses de los inventores
y de la comunidad.
En síntesis podemos decir que:
La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual
protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos
utilizados en el comercio.
Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes
y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión.
La mayoría doctrinaria se refiere a los derechos intelectuales cuando habla acerca de los
derechos de autor legislados por la ley 11723, y los que tienen por objeto los inventos, las marcas
y los diseños y modelos industriales y de utilidad.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Tratamiento constitucional sobre la propiedad intelectual
Dos artículos de la constitución tratan expresamente la propiedad intelectual: El 17 y el 75.
El Artículo 17 de la Constitución Nacional establece: “…Todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley…”
El art. 17 la prevé expresamente al establecer que todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.
Propiedad intelectual es el derecho del autor sobre una obra científica, literaria, artística, etc.;
su fundamento dikelógico es indiscutible; nada más inherente a la personalidad que el producto
de su inteligencia, de su arte, de su inspiración creadora.
Propiedad industrial y comercial es el derecho que recae sobre inventos, descubrimientos,
patentes, marcas de fábrica, etc., con un matiz económico acentuado.
Para ambos casos, la constitución prevé una regulación legal distinta que la de otras formas
de propiedad, anticipando la posibilidad de extinción del derecho por el transcurso del tiempo, y
ello quizás porque en la propiedad intelectual la creación del autor, sin perder el carácter
personal a que hemos aludido, aprovecha necesariamente de la cultura que es patrimonio
colectivo de la comunidad toda.
Ha de repararse en que el artículo 17 dice que “todo” autor o inventor es propietario
“exclusivo”. Sin apegarnos literalmente a las palabras de la norma, entendemos que “toda” clase
de obra, invento, descubrimiento, etc. debe quedar amparada por la propiedad intelectual o
industrial, y que las exclusiones legales que impiden registrar esa propiedad son
inconstitucionales, porque dejan desguarnecida esa misma propiedad y la titularidad del
propietario.
Hay hitos en el derecho judicial de la Corte de los que se infiere que la protección al derecho
de autor abarca todas las producciones intelectuales de cualquier naturaleza o finalidad, porque
tiende a tutelar la creación intelectual en sí misma, sin que importe el medio material que le da
soporte.
El Artículo 75 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde al Congreso: … 19.
Proveer lo conducente … a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.”
La reforma de 1994 asigna ahora al congreso la competencia de proveer a la investigación y
al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento (art. 75 inc. 19 párrafo
primero) y de dictar leyes que protejan la libre creación y circulación de las obras de autor (art.
75 inc. 19 párrafo cuarto), con lo que el panorama anterior del art. 17 se amplía en su dimensión
originaria.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Con la reforma de 1994 corresponde agregar que el art. 75 inc. 19 párrafo primero dispone
que el congreso ha de proveer a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su
difusión y aprovechamiento. No nos cabe duda de que esta cláusula presupone la libre expresión
de todo aquél que se dedica a la investigación, así como la transmisión y circulación difusivas
porque, además, el desarrollo científico y tecnológico requiere que los terceros en general
puedan tener acceso al resultado emergente de dicha investigación, e informarse de ella. El
vocablo “aprovechamiento” que utiliza la norma inclina a dar por verdad todo lo antedicho.
Asimismo, el art. 75 inc. 19 cuarto párrafo alude a la facultad del congreso para dictar leyes
que protejan la libre creación y circulación de las obras del autor, lo que —aparte del
consiguiente derecho de propiedad intelectual— significa reconocer la libertad de expresión, y la
difusión del producto elaborado por el autor.
El mismo art. 75 inc. 19 cuarto párrafo prevé también el dictado de leyes que protejan el
patrimonio artístico y los espacios audiovisuales y culturales.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Ley de propiedad intelectual
La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, es toda creación del intelecto humano. La propiedad intelectual tiene que ver con las
creaciones de la mente. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra cada 26 de abril.
Derechos Intelectuales
Los derechos intelectuales a los que hace referencia la ley 11.723, comprenden una amplia
gama de posibilidades de tutoría de la ley sobre las obras de los artistas, científicos, escritores, e
inclusive programadores de software.
Termino de protección
La ley protege los derechos de autor, sobre sus obras, durante toda la vida de este y luego de
su muerte, por un plazo de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente
al de la muerte del autor, la propiedad de las obras para los herederos o derechohabientes del
autor fallecido.
Derechos patrimoniales
El derecho de propiedad que la ley le confiere al titular de alguna de las obras tuteladas lo
faculta para disponer de su obra, publicarla, ejecutarla, de representarla y exponerla al público,
enajenarla, traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y reproducción en cualquier forma,
pudiendo el titular del derecho reclamar lo que le corresponda fruto de la explotación de su obra.
Derechos morales
Los derechos morales que la ley atribuye al autor de cualquier obra protegida por la misma
son principalmente dos. El derecho de paternidad y el de integridad, siendo el primero el que
protege los derechos del autor contra cualquiera que ostente la autoría de una obra suya; y el
segundo, el que protege al autor en su derecho de salvaguardarla contra cualquier deformación o
alteración, en todo o en parte.
Algunos autores prefieren en lugar de propiedad intelectual utilizar la expresión derecho de
autor o derecho autoral, pues derecho de autor corresponde a un concepto más puro, menos
comprometido, sin vinculaciones directas con la esfera patrimonial o moral, aunque indique una
sutil preferencia por el aspecto personal, ya que se refiere al sujeto del derecho de manera
expresa. Así, la ley 11723 se denomina REGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL aunque en la doctrina también predomina la utilización de la expresión derecho
de autor. El derecho de autor goza de autonomía legislativa en el orden nacional y en el de las
convenciones internacionales y de autonomía científica en cuanto tiene principios y soluciones
particulares para resolver los distintos problemas básicos en la materia.
En nuestro país la protección surge del texto expreso del artículo 17 de la Constitución
Nacional, además de las normas emergentes de los tratados constitucionalizados en la reforma
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
de 1994, que reconocen como tal al derecho de autor, aunque en el ámbito práctico del derecho
de autor resulta conflictiva la búsqueda del equilibrio de los tres intereses que confluyen en esta
materia: los del autor, el editor y el público.
La propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de la creación. Desde este
momento, en el cual la obra goza de existencia, el autor podrá ejercer todas las facultades que le
corresponden en relación con ella sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
Autor es aquél que crea. La creación sólo puede ser realizada por el hombre; únicamente la
persona física, puede con su inteligencia y voluntad dar vida a obras literarias, artísticas o
científicas, y sólo él va a poder ser cualificado originariamente con la condición de autor y por
tanto como titular de la propiedad intelectual, facultado para el ejercicio de las prerrogativas que
las disposiciones legales le reconocen.
Ahora bien en relación a la capacidad para crear y, ergo, ser autor, no existe la exigencia de
una capacidad específica para el acto de creación. Un menor, un demente, o cualquier otro
incapaz goza de la tutela del ordenamiento jurídico respecto de su obra, en cuanto objetivamente,
presente ciertas características, al margen de la capacidad que presente su autor.
Distinta de la capacidad para la creación es la incapacidad para hacer valer el derecho y
transferirlo a otros. Por tanto no podremos establecer ninguna distinción de edad o relativa
condición física en lo que atañe a la capacidad creadora del autor, existiendo capacidad para
crear obras intelectuales en cualquier edad o estado de la persona; ahora bien, cuando se trata de
la capacidad de obrar hemos de aplicar las reglas generales.
Ahora bien, autoría y titularidad son conceptos distinguibles. El autor es el sujeto del
derecho; es quien crea la obra y, como la creación intelectual sólo puede ser realizada por
personas físicas, la consecuencia natural es que la condición de autor y la titularidad originaria
corresponden a la persona física que crea la obra. Las demás personas, sean físicas o jurídicas,
pueden ser titulares derivados de algunos derechos de autor.
De acuerdo al artículo 1º de nuestra ley la obra debe ser susceptible de ser reproducida, no
siendo necesario que la obra se encuentre plasmada en un soporte material. De allí que son
objeto de protección las obras que se comunican en forma oral. Tampoco se pondera para la
concesión de la protección del derecho de autor la extensión, el merito o el destino. Así ha dicho
nuestra jurisprudencia que para la protección de la obra no cuenta el valor cultural o artístico que
pueda tener ni el mérito que le adjudique cada uno según sus propios gustos.
Así ha dicho nuestra jurisprudencia que si bien según los artículos 1 y 2 de la ley 11723
gozan del amparo que ella brinda las obras científicas, literarias, artísticas o didácticas, y aún
cuando el citado artículo 1º contiene una enumeración que debe entenderse no taxativa de las
producciones que caen en su orbita, la ley no emplea la denominación genérica “obras
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
intelectuales” sino la de “obras científicas, literarias y artísticas”; vale decir que cualquiera de las
no enunciadas ha de considerarse comprendida. Las obras protegidas por la ley son las que
conforman manifestaciones del arte o de la ciencia, es decir, tienden a expresar la belleza o a
descubrir la verdad.
Concluyendo que la denominación más adecuada es sencillamente “derechos intelectuales”.
Es amplia y restringida al mismo tiempo. Comprende a todos los derechos que emergen de la
actividad espiritual, así como ampara a los titulares de los mismos. El reconocimiento del
derecho de autor en su contenido más amplio, aspectos moral y patrimonial, tiene fecha reciente
en los ordenamientos jurídicos modernos y está íntimamente ligado al desarrollo de los medios
de comunicación social y de las relaciones entre autor, editor y público”.
A diferencia del derecho real, el intelectual no se ejerce sobre una cosa, sino sobre un bien
inmaterial, representado por una obra del ingenio, aunque se asemejan en orden a la posibilidad
que tiene el autor de hacer valer "erga omnes" su derecho frente a sujetos pasivos
indeterminados.
A nuestro modo de ver el derecho de autor es inescindible y ha de ser contemplado en su
unicidad, teniendo un contenido plural de facultades propias y proyecciones que pueden
agruparse en dos grupos: uno de contenido patrimonial derivados de la explotación económica de
la obra y otros de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores,
como consecuencia de la paternidad de las mismas, que por su talento, arte, inspiración e
ingenio, han logrado alcanzar.
Artículos 1 al 12
Artículo 1°. — A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y
artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los
programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros
materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las
cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura,
escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a
la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y
fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual
fuere el procedimiento de reproducción.
La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas,
procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas,
procedimientos, métodos y conceptos en sí.
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El artículo 1° trata respecto a que tipo de creaciones intelectuales del hombre alcanza la
protección de esta Ley, siendo su enumeración solo enunciativa y dejando en el último párrafo la
puerta abierta a cualquier creación, sin importar su valor cultural o científico, e incluso, su valor
moral.
Art. 2°. — El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística,
comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla,
de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o
de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
Art. 3°. — Al editor de una obra anónima o seudónima corresponderán con
relación a ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos para
sí justificando su personalidad. Los autores que empleen seudónimos podrán
registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.
Los artículos 2° y 3°, refieren a que derecho corresponde al autor y/o al editor en el supuesto
de obras anónimas o seudónimas cuyo autor no lo haya registrado, y claro que es un derecho de
disposición completo, aunque un amplio sector de la doctrina entiende que no tiene el derecho de
destruir la creación, pues debe primar el interés público de acceder a ese conocimiento.
Art. 4°. — Son titulares del derecho de propiedad intelectual:
a) El autor de la obra;
b) Sus herederos o derechohabientes;
c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.
d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar
un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el
desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.
Art. 5°. — La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores
durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a
partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor.
En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde
el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las
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obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero
del año siguiente al de la muerte del autor.
En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su
herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al
Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Art. 5º bis. — La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de
SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su
publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a
los productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA
(70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Los
fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el dominio público sin que
hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley, volverán
automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberán
cesar cualquier forma de utilización que hubieran realizado durante el lapso en que
estuvieron en el dominio público.
Art. 6°. — Los herederos o derechohabientes no podrán oponerse a que terceros
reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de diez años sin
disponer su publicación.
Tampoco podrán oponerse los herederos o derechohabientes a que terceros
traduzcan las obras del causante después de diez años de su fallecimiento.
En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos o derechohabientes no
hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión o la retribución pecuniaria,
ambas serán fijadas por árbitros.
Desde el artículo 4° hasta el artículo 6° (incluyendo un artículo 5 bis), la ley 11723 de ocupa
de quienes pueden ser titulares del derecho intelectual, sus herederos y los plazos de protección y
el modo de computarlos.
Art. 7°. — Se consideran obras póstumas, además de las no publicadas en vida
del autor, las que lo hubieran sido durante ésta, si el mismo autor a su fallecimiento
las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de una manera tal que
merezcan reputarse como obras nuevas.
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Art. 8°. — La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a
instituciones, corporaciones o personas jurídicas, durará cincuenta años contados
desde su publicación.
Art. 9°. — Nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de sus
derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya
anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas.
Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un programa de
computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia de
salvaguardia de los ejemplares originales del mismo.
Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del licenciado
que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrá ser
utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa
de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su
utilización.
Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos,
comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta
mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en
todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.
Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza,
colecciones, antologías y otras semejantes.
Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra,
podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad
proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras
incluidas.
Art. 11. — Cuando las partes o los tomos de una misma obra hayan sido
publicados por separado en años distintos, los plazos establecidos por la presente Ley
corren para cada tomo o cada parte, desde el año de la publicación. Tratándose de
obras publicadas parcial o periódicamente por entregas o folletines, los plazos
establecidos en la presente Ley corren a partir de la fecha de la última entrega de la
obra.
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Art. 12. — La propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho
común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente Ley.
En nuestro ordenamiento jurídico existe una intima relación entre el derecho de autor y el
derecho privado, específicamente con el derecho civil. Sin embargo, recientes estudios admiten
la posibilidad de reconocerle, en ciertos casos, carácter mercantil. Por otra parte debe tenerse
presente que el artículo 12 de la ley 11.723 expresa: “La propiedad intelectual se regirá por las
disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente
ley”. Así, el orden de prelación será el siguiente:
a) El artículo 17 de la Constitución Nacional.
b) Las normas expresas de la ley 11723 y de las convenciones internacionales sobre la
materia de la que el país sea parte.
c) Los principios generales del derecho de autor y el espíritu de las leyes autorales y
convenciones internacionales.
d) Las disposiciones expresas de las leyes reglamentarias y complementarias en materia
autoral.
e) Las normas análogas sobre propiedad intelectual.
f) Las normas del derecho común, civil o comercial, según corresponda a la materia.
Artículos 13 al 26
De las Obras Extranjeras
Con relación a las obras extranjeras, la ley 11723 establece que todas las disposiciones de
la ley, salvo las del art.57, obligación de registro, son aplicables a las obras publicadas en otros
países y que para asegurar la protección de la ley argentina, el autor de una obra extranjera sólo
necesita acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes del país donde
se la haya publicado.
Nuestros tribunales se han pronunciado respecto de las formalidades a cumplir por la obra
extranjera para su protección en nuestro país.
Así en los autos ”Editorial Noguer SA”, la Corte Suprema de justicia resolvió, el 16/05/62
(LL 107-381) , que tratándose de una obra comprendida dentro de los términos de la Convención
Universal sobre Derechos de Autor , publicada por primera vez fuera del territorio de la
Argentina y cuyo autor no era nacional de este país , para que el titular de los derechos de autor
reciba la protección acordada en nuestras leyes , basta que haya hecho reserva de los derechos
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colocando el símbolo © , acompañado de su nombre y de la indicación del año de la primera
edición, de la manera en que la Convención especifica.
Si quien invoca tales derechos ha cumplido esta exigencia se presume, sin perjuicio de la
prueba en contrario, que le corresponde la propiedad intelectual lo que la habilita para reclamar
protección judicial ante los tribunales argentinos, aún cuando no haya satisfecho las
formalidades de la ley 11.723.
De la Colaboración
Las obras en colaboración son aquellas creadas por dos o más personas que trabajan juntas o
que al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones. Además, esta categoría admite
otra clasificación, la de las obras en las que es imposible determinar el aporte de cada coautor, y
aquellas en las que hubo acuerdo sobre la proporción de aporte de cada uno a la obra total (lo
cual se puede lograr por medio de un contrato). En las obras en colaboración, los derechos
corresponden a todos los coautores en igual proporción, a menos que se contrate algo distinto.
Ejemplo: si varias personas se ponen de acuerdo para realizar una obra destinada a la EaD
(educación a distancia) desde una Unidad Académica de la UNC, aportando uno el texto, otro el
diseño multimedia, otro música, etc., los derechos de autor se ejercerán en partes iguales, a
menos que en un convenio se haya pactado otra modalidad.
Las obras colectivas, son aquellas en que una persona (física o jurídica) ejerce la iniciativa y
la coordinación y edita y distribuye la obra bajo su nombre, en base a aportes realizados por otras
personas. Los colaboradores de una obra colectiva disfrutan de iguales derechos salvo que
hubieran realizado convenios especiales; mientras que los colaboradores anónimos de una
compilación colectiva, no conservan derecho patrimonial sobre su contribución y son
representados por el editor en cuanto a sus derechos morales. Ejemplo: si la Universidad
encomienda a distintos profesores la elaboración de textos para una obra colectiva, en la que
únicamente aparecerá la autoría de la Universidad o de un director de la obra, estos aportantes
anónimos percibirán únicamente la retribución que pudiera haberse pactado (o ninguna) y no
podrán reclamar eventuales derechos económicos que genere la obra.
El autor de un libreto o composición cualquiera puesta en música, será dueño exclusivo de
vender o imprimir su obra literaria separadamente de la música, autorizando o prohibiendo la
ejecución o representación pública de su libreto y el compositor podrá hacerlo igualmente con su
obra musical, con independencia del autor del libreto.
En el caso de que dos o varios autores hayan colaborado en una obra dramática o lírica,
bastará para su representación pública la autorización concedida por uno de ellos, sin perjuicio
de las acciones personales a que hubiere lugar.
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Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales
derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película.
Cuando se trate de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor,
éste tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película.
Salvo convenios especiales: El productor de la película cinematográfica, tiene facultad para
proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de
los derechos que surgen de la colaboración.
El autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él
una obra literaria o artística de otra especie.
El compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música.
El titular de un derecho de traducción tiene sobre ella el derecho de propiedad en las
condiciones convenidas con el autor, siempre que los contratos de traducción se inscriban en el
Registro Nacional de Propiedad Intelectual dentro del año de la publicación de la obra traducida.
La falta de inscripción del contrato de traducción trae como consecuencia la suspensión del
derecho del autor o sus derechohabientes hasta el momento en que la efectúe, recuperándose
dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que
correspondan, sin perjuicio de la validez de las traducciones hechas durante el tiempo en que el
contrato no estuvo inscripto.
El traductor de una obra que no pertenece al dominio privado sólo tiene propiedad sobre su
versión y no podrá oponerse a que otros la traduzcan de nuevo.
-El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con la autorización del autor, tiene
sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia, el derecho de coautor, salvo convenio en
contrario.
-El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra que no pertenece al dominio
privado, será dueño exclusivo de su adaptación, transporte, modificación o parodia, y no podrá
oponerse a que otros adapten, transporten, modifiquen o parodien la misma obra.
Artículo 27 al 36
Las disposiciones especiales del regimen de propiedad intelectual
Art. 27. — Los discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre
temas intelectuales, no podrán ser publicados si el autor no lo hubiere expresamente
autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de
lucro, sin la autorización del autor.
Exceptúase la información periodística.
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Art. 28. — Serán considerados como de propiedad del diario, revista, u otras
publicaciones periódicas, o de una agencia de informaciones con carácter exclusivo,
los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o
informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por
cualquiera de éstos medios y por haber sido adquiridos u obtenidos por éstos o por
una agencia de informaciones.
Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o
retransmitidas, es decir, son de dominio público; pero cuando se publiquen en su
versión original será necesario expresar la fuente de ellas.
Art. 29. — Los autores de colaboraciones firmadas en diarios, revistas y otras
publicaciones periódicas son propietarios de su colaboración. Si las colaboraciones
no estuvieren firmadas, sus autores sólo tienen derecho a publicarlas, en colección,
salvo pacto en contrario con el propietario del diario, revista o periódico.
Art. 30. — Los propietarios de publicaciones periódicas deberán inscribirlas en
el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.
La inscripción del periódico protege a las obras intelectuales publicadas en él y
sus autores podrán solicitar al registro una certificación que acredite aquella
circunstancia.
Para inscribir una publicación periódica deberá presentarse al Registro Nacional
de la Propiedad Intelectual un ejemplar de la última edición acompañado del
correspondiente formulario.
La inscripción deberá renovarse anualmente y para mantener su vigencia se
declarará mensualmente ante el Registro, en los formularios que correspondan, la
numeración y fecha de los ejemplares publicados.
Los propietarios de las publicaciones periódicas inscriptas deberán coleccionar
uno de los ejemplares publicados, sellados con la leyenda: Ejemplar Ley 11.723, y
serán responsables de la autenticidad de los mismos.
El incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las responsabilidades que
puedan resultar para con terceros, será penado con multa de hasta $ 5.000 que
aplicará el Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. El monto de
la multa podrá apelarse ante el Ministro de Educación y Justicia.
17
Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
El registro podrá requerir en cualquier momento la presentación de ejemplares
de esta colección e inspeccionar la editorial para comprobar el cumplimiento de la
obligación establecida en el párrafo anterior.
Si la publicación dejase de aparecer definitivamente deberá comunicarse al
Registro y remitirse la colección sellada a la Biblioteca Nacional, dentro de los seis
meses subsiguientes al vencimiento de la última inscripción.
El incumplimiento de esta última obligación será penada con una multa de pesos
5.000.
Art. 31. — El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el
comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su
cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la
madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes
directos de los hijos, la publicación es libre.
La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños
y perjuicios.
Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos,
didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público
o que se hubieran desarrollado en público.
Art. 32. — El derecho de publicar las cartas pertenece al autor. Después de la
muerte del autor es necesario el consentimiento de las personas mencionadas en el
artículo que antecede y en el orden ahí indicado.
(Cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos,
la publicación es libre).
Art. 33. — Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la
publicación del retrato fotográfico o de las cartas, sean varias, y haya desacuerdo
entre ellas, resolverá la autoridad judicial.
Art. 34. — Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es
de VEINTE (20) años a partir de la fecha de la primera publicación. Sin embargo,
este plazo está extendido de hecho 25 años a partir del artículo 7 inciso 4 de la
Convención de Berna
18
Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Para las obras cinematográficas el derecho de propiedad es de cincuenta años a
partir del fallecimiento del último de los colaboradores (autor del argumento, al
productor y al director de la película, y el compositor si era un musical).
Debe inscribirse sobre la obra fotográfica o cinematográfica la fecha, el lugar de
publicación, el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este
requisito no dará lugar a la acción penal prevista para el caso de reproducción de
dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos temporales o espaciales de
explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles a terceros a partir del
momento de su inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual.
Art. 34 bis: Lo dispuesto en el artículo 34 será de aplicación a las obras
cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público sin que haya
transcurrido el plazo establecido en el mismo y sin perjuicio de la utilización lícita
realizada de las copias durante el período en que aquéllas estuvieron incorporadas al
dominio público.
Art. 35. — El consentimiento a que se refiere el artículo 31 para la publicación
del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte de la
persona retratada.
Para la publicación de una carta, el consentimiento no es necesario después de
transcurridos 20 años de la muerte del autor de la carta. Esto aún en el caso de que
la carta sea objeto de protección como obra.
Art. 36. — Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y
musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Excepción del pago de derechos de autor:
1. La representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas
ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas,
vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de
estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice
y la concurrencia y la actuación de los intérpretes sea gratuita.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
2. La ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos,
audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros
y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de
las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los
mismos sea gratuita.
3. La reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas
especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que
la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas. Esta
excepción rige también para las obras que se distribuyan por vía electrónica,
encriptadas o protegidas por cualquier otro sistema que impida su lectura a personas
no habilitadas. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán las claves de
acceso a las obras protegidas
No se aplicará la exención a la reproducción y distribución de obras que se
hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con
discapacidades visuales o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles
Se considera que:
- Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopía,
dislexia o todo otro impedimento físico o neurológico que afecte la visión,
manipulación o comprensión de textos impresos en forma convencional.
- Encriptadas significa: cifradas, de modo que no puedan ser leídas por personas
que carezcan de una clave de acceso. El uso de esta protección, u otra similar, es
considerado esencial a fin de la presente exención, dado que la difusión no protegida
podría causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, o ir en
detrimento de la explotación normal de las obras.
- Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de
lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas
con otras discapacidades perceptivas.
- Obras científicas significa: tratados, textos, libros de divulgación, artículos de
revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o la tecnología en sus
diversas ramas.
- Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos,
enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y
fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal o
nacional.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
- Personas no habilitadas significa: que no son ciegas ni tienen otras
discapacidades perceptivas.
- Sistemas especiales significa: Braille, textos digitales y grabaciones de audio,
siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el
párrafo anterior.
- Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro
magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo, cassettes, discos compactos
(CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar:
los datos de la entidad autorizada, la fecha de la publicación original y el nombre de
la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo,
advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de
prisión.
Artículos 37 a 50
De la Edición y de la Representación
Contrato de Edición
La ley 11.723 lo define diciendo: “habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de
propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor y éste a reproducirla,
difundirla y venderla. Este contrato se aplica cualquiera sea la forma o sistema de reproducción o
publicación”.
La ley señala que el objeto del contrato es el derecho de propiedad, de modo que excluye los
casos en que se trata de una obra que no reúne los requisitos necesarios para ser protegida. No
obstante debemos señalar que las partes pueden contratar sobre una obra y que si no hubiera
protección a través de la ley 11.723 sería un vínculo atípico, pero con derechos contractuales
válidos, aunque careciera de derechos reales. La obra objeto de este contrato, debe cumplir con
los requisitos generales del objeto de todo contrato y por lo tanto ser licita, posible, determinada
o determinable.
La ley incluye dentro de este contrato tres procesos distintos: edición, difusión y venta. El
primero de ellos se refiere a la denominada impresión, proceso mediante el cual la obra
intelectual del autor es inserta en soporte material de papel, aunque actualmente deben incluirse
también los procesos de datos en soportes informáticos. Este aspecto significa que el autor,
titular del derecho, transmite al editor la facultad de explotación del mismo para su impresión y
conservando las facultades extramatrimoniales. La ley también menciona la difusión y venta, que
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
son actos distintos y se refieren a la finalidad distributiva de la obra editada. Siendo actos
diferentes nada impide que puedan ser contratados separadamente, la impresión con un sujeto y
la distribución con otro.
La existencia de dos obligaciones nucleares reciprocas consistentes en la entrega de una obra
a cargo del autor, contra el pago del precio, en su forma onerosa, la impresión y distribución a
cargo del editor, confieren a este contrato un núcleo típico duro que obsta a su asimilación
directa con otras figuras. Asimismo, cabe recordar la presencia del derecho de autor implicado
en él, con su contenido inalterable, que atraviesa muchos aspectos de este vínculo, dándole
caracteres propios.
Calificación y Delimitación
El contrato de edición, si bien es tratado por numerosa doctrina como vínculo afín a la obra,
no es una locación de obra intelectual, sino un contrato típico de edición. Las diferencias son las
siguientes.
a) el editor no se compromete a un resultado, porque no garantiza la venta;
b) en la edición quien tiene la obligación de resultado es el autor, quien debe hacer la obra y
entregarla, mientras que el editor, a diferencia del locatario de obra, no sólo tiene que pagar el
precio, sino también reproducir, difundir y vender la obra;
c) el precio puede ser pactado en relación a las ventas, lo que le otorga una aleatoriedad
impropia del contrato de obra. De modo que el contrato de edición, tal como lo prevé la ley, es
de una estructura típica más compleja que el de obra intelectual, ya que ambas partes asumen
obligaciones recíprocas determinadas consistentes en obras intelectuales.
No obstante las señaladas diferencias en la configuración típica, las semejanzas son muy
estrechas en el plano de las obligaciones y de los efectos, lo que hace aplicables las normas del
contrato de obra en lo no previsto por la ley 11.723, máxime que ésta se remite al derecho común
en forma subsidiaria. Las semejanzas son muy cercanas, toda vez que se trata de obras
intelectuales, aunque recíprocas.
Caracteres
El contrato sobre derechos intelectuales tiene los siguientes caracteres:
1- es bilateral, porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes.
2- es oneroso, existiendo presunción al respecto. Admite también la gratuidad si el autor no
cobra ningún precio y el editor actúa por interés no económico, sino de apoyo a las artes.
3- es consensual, porque queda concluido por el mero acuerdo de voluntades.
4- es comercial, porque el editor es un comerciante, siendo competente la justicia comercial
para dirimir cuestiones litigiosas.
Objeto
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
El contrato de edición tiene por objeto obras susceptibles de reproducción: libros artísticos,
literarios o científicos, estampas, grabados, policromías, fotografías, grabaciones fonográficas,
copias cinematográficas, software, base de datos, entre otros.
De acuerdo con los principios generales, el contrato debe tener un objeto lícito, no prohibido
ni contrario a las buenas costumbres. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este caso es
aplicable el principio jurídico de la libertad de prensa, que limita severamente la posibilidad de
declarar nulo este contrato por un objeto contrario a las buenas costumbres.
También sería nulo un contrato que tuviera por objeto la edición de una obra que ha caído ya
en el dominio público.
La existencia de un derecho de autor produce efectos importantes en este contrato, porque el
autor “conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de
edición. Puede traducir, transformar, refundir, etc. su obra y defenderla contra los defraudadores
de su propiedad, aun contra el mismo editor”.
No se trata de un derecho personal surgido del contrato de edición, sino de un derecho de
propiedad intelectual oponible erga omnes, lo que le permite defenderse contra las ediciones
clandestinas de terceros o del propio editor, cuando se impriman ocultamente más ejemplares de
los establecidos, sin rendir cuenta de ello.
Forma y Prueba
La ley 11.723 dispone que en el contrato deberá constar el número de ediciones y el de
ejemplares de cada una de ellas, la retribución pecuniaria del autor o de sus derechohabientes,
considerándoselo oneroso, salvo prueba en contrario. Si las anteriores condiciones no constaran,
se estará a los usos y costumbres del lugar.
La doctrina ha interpretado esta disposición en el sentido de que es una mera recomendación
legal, cuyo incumplimiento no produce efecto alguno, de modo que si no se celebrara por escrito
sería válido; si no se especificara el número de ediciones, deberá entenderse que se refiere a una
sola; si no se establece el número de ejemplares, debe interpretarse que el editor está autorizado
“a tirar” los que crea convenientes, y en todo lo demás aplicándose los usos y costumbres.
En cuanto a la prueba, rigen los principios generales de los artículos 1190 y siguientes del
Código civil.
El Autor
a) Obligación de hacer la obra y entregarla:
El autor se obliga a hacer la obra y entregarla en el plazo convenido. A falta de plazo, el
tribunal lo fijará equitativamente en juicio sumario y bajo apercibimiento de la indemnización
correspondiente. El autor puede modificar aspectos de la obra, que el editor debe aceptar, porque
es una manifestación del derecho autoral. Si estos cambios inciden en el precio, autorizan a
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
modificarlo y si influyen en la obra de modo sustancial, de manera que cambien sus
características relevantes, puede reformularse el contrato o bien peticionarse la resolución porque
hay un incumplimiento del pago en el aspecto relativo a la identidad: no se entregó la obra
acordada,
b) Deber de colaboración:
El autor debe obrar de buena fe y, específicamente, no debe entregar la misma obra a otro
editor mientras no esté agotada la edición anterior, ni reproducir el mismo tema en obra análoga.
No se viola el deber de buena fe si la obra es representada, o si hace citas sobre ella, o da
conferencias sobre el mismo tema, o la traduce o hace traducir y con ello contrata una edición
distinta, porque ésta va dirigida a un público diferente y se presume que no habrá competencia
con la primera.
c) Garantía de autenticidad y disfrute de la obra:
El autor garantiza la autoría de la obra, ya que cede los aspectos patrimoniales del derecho de
autor.
El autor garantiza también la disponibilidad jurídica de la obra, como una garantía de
evicción, propia del vendedor. Si el editor se viere afectado, porque otra persona con mejor
derecho le impide la impresión y venta de la obra, puede obtener una indemnización por
violación de esta garantía.
Esta garantía incluye la de defender el editor contra acusaciones de plagio o falsificación de
terceros.
d) Acciones frente al incumplimiento:
Si el autor no cumple con la entrega de la obra en el plazo convenido queda constituido en
mora, existiendo derecho del editor a exigir el cumplimento o resolución. En el primer caso,
encontramos una dificultad constituida por el límite del cumplimiento compulsivo en las
obligaciones de hacer. Por otra parte, la idea misma de “terminación” de la obra es algo
completamente subjetivo si se trata de una creación artística, toda vez que sólo el autor puede
decir cuándo esta obra está concluida.
La solución para estos límites es la fijación de un plazo estimativo para la entrega y una
indemnización sustitutiva para el supuesto de incumplimiento.
El Editor
a) Obligación de pagar el precio:
El editor debe pagar el precio de obra pactado en el contrato, o el que corresponda según los
usos y costumbres si las partes no se hubieran expedido al respecto, ya que se presume oneroso.
El precio puede ser una cantidad determinada o determinable a través de porcentaje sobre el
precio de cada libro vendido o sobre las utilidades líquidas.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
b) Obligación de imprimir, distribuir y vender la obra:
Como titular de explotación de la obra, el editor tiene el derecho de imprimir, distribuir y
vender la obra; como sujeto del contrato de edición, está obligado a hacerlo.
La edición debe respetar las condiciones pactadas en cuanto a la presentación,
encuadernación, calidad de papel, tipo de letra, formato. En ausencia de una disposición
contractual expresa, siendo un derecho de explotación del editor, puede decidir al respecto, y se
le reconoce un cierto margen de discrecionalidad, pero deberá ajustarse a las costumbres y al
ejercicio regular de ese derecho.
La impresión debe hacerse en el plazo señalado, y a falta de él, en el que los tribunales fijen
en juicio sumario.
El editor no puede excusar su responsabilidad aduciendo incumplimiento del impresor, ya
que celebró con este último un subcontrato inoponible al autor, pero podrá demandar al impresor
por el incumplimiento tempestivo.
El editor se obliga a distribuir, ya sea por un sistema propio o subcontratado, asumiendo los
costos que ello implica, pues forman parte de su obligación. Por esta razón, estos costos son
deducibles del precio y no pueden constituir un plus sobre el mismo, en el caso en que en el
contrato de edición se hubiera pactado un precio de venta de la obra.
El editor está obligado a poner toda la diligencia que sea dable exigir de acuerdo a las
costumbres y la buena fe para lograr una buena venta; pero no garantiza el resultado específico,
salvo que se hubiere pactado expresamente una obligación en tal sentido.
c) Deber de colaboración:
El editor tiene un deber de colaboración, que constituye un comportamiento cooperativo
encaminado a la obtención de la finalidad del contrato y a la preservación del derecho autoral, y
que se revela en reglas específicas.
Impresa la obra, el editor debe devolver al autor los originales.
Está obligado a registrar la obra dentro del plazo de tres meses de publicada bajo
apercibimiento de pagar una multa igual a diez veces el valor venal del ejemplar no depositado.
El depósito de la obra asegura el goce de los derechos del autor y del editor
El editor debe permitir la inspección y control por parte del autor de la cantidad de libros
editados, de la cantidad de ediciones, la cantidad de ejemplares en existencia. Este deber existe
sobre todo cuando el precio se ha fijado en un porcentaje sobre libro vendido o sobre las
utilidades líquidas.
El editor tiene el deber de permitir que el autor corrija las pruebas de imprenta, ya que la ley
11.723 pone a cargo del editor la corrección de las pruebas cuando el autor no pudiera o no
quisiere hacerla, absteniéndose cuidadosamente de no alterar el texto original.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Finalmente, le incumbe también un deber de información, porque debe suministrar al autor
los datos que éste requiera sobre la evolución de la venta de la obra, y si se hubiere pactado un
precio basado en porcentajes de utilidad, debe informar sobre los costos de producción y
distribución. En todos los casos el autor tendrá una acción de rendición de cuentas.
Modificaciones Subjetivas. Cesión
El editor puede ceder el contrato porque es una empresa comercial y como regla su
contratación no involucra una obligación intuitu personae. No obstante hay muchos casos en los
que la figura del editor ha sido tenida en cuenta, ya sea por su prestigio en el mercado editorial,
por la calidad de su trabajo, por su potencia en materia de publicidad, distribución y venta. En
esos casos, si se demuestra que la obligación era intuitu personae, o bien se pactó la
incesibilidad, la cesión no será oponible al autor y, por ello, tanto el cedente como el cesionario
quedarán obligados frente al cedido.
La figura del autor es relevante en este contrato porque, obviamente, hay un interés en que la
obra sea realizada por quien fue contratado y no por otra persona. Por otra parte, influye en estas
consideraciones la titularidad del derecho autoral, que es lo que realmente interesa a los fines de
la cesibilidad, ya que si se cede la posición contractual, pero no la titularidad del derecho de
autor, se conduce a la frustración del vínculo. Por ello y como regla general, se precisa el
consentimiento del editor para ceder la obra por parte del autor. Cabe aclarar que en no pocos
cosos, el obligado es una persona jurídica, y la circunstancia de que la obra sea realizada por un
empleado u otro, no importa una cesión.
Extinción
Las causas de extinción de este contrato son las siguientes:
- Venta de las ediciones convenidas;
- Pérdida de la obra;
- Resolución;
- Vencimiento del plazo resolutorio;
- Muerte o incapacidad de las partes;
- Quiebra del editor;
- Supresión de la obra;
Contrato de Representación
Concepto
La ley 11.723 dice que hay contrato de representación cuando el autor o sus
derechohabientes entregan a un tercero o empresario y éste acepta una obra teatral para su
representación pública.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
En la locación de obra se contempla la realización de la obra; en la edición, se trata de la
explotación de la misma a través de la impresión, venta y distribución; en la representación, se
contrata sobre un aspecto que, en cierto modo, participa de ambos actos. En efecto, representar
una obra es tanto “hacerla” como “divulgarla”, ya que, especialmente en el plano artístico se
entiende que la ejecución de una partitura musical o la representación de una obra de teatro son
“obras” en sí mismas, y en cada acto de ejecución se recepcione el original de un modo distinto
y se lo recrea. La ley no hace referencia a este lenguaje artístico, sino al normativo,
diferenciando al titular del derecho moral de autor y a quien representa, ejecuta, actúa la obra, sin
ser el que la pensó, diseñó o la escribió. Para la ley, el autor crea una obra “reproducible” y se
ocupa de los contratos que se vinculan con la explotación del derecho moral de autor la edición y
la representación son tomados como actos de reproducción de una obra que, para el Derecho, se
mantiene incólume,
La ley se refiere a la representación teatral y a la transmisión radiotelefónica, exhibición
cinematográfica, televisión o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda
obra literaria o artística.
La estructura típica de este contrato requiere:
- La existencia de un derecho de autor sobre una obra reproducible.
- La transmisión del derecho de explotación parcial de esa obra.
- Una obligación a cargo del empresario de reproducir la obra mediante la representación
teatral, radial, cinematográfica, televisiva o por cualquier otro procedimiento similar.
- El pago de un precio, aunque excepcionalmente puede darse en forma gratuita.
Normas Aplicables
Este contrato se rige por las normas especiales de la ley 11.723 por las análogas que contiene
el mismo texto en relación a la edición, por las que sean aplicables en subsidio derivadas de la
locación de obra intelectual del Código Civil, y por las reglas generales de los contratos y
obligaciones.
Por esta razón, todo lo atinente a la formación del contrato se rige por las normas generales.
Efectos
a) El autor
El autor mantiene todas las facultades que devienen del derecho autoral, y a las que hice
referencia anteriormente. Con base en el contrato el autor puede exigir su cumplimiento, es
decir: hacer representar la obra, que se respete la versión original y su integridad, hacerle
reformas con los límites del contrato de edición.
Las obligaciones no difieren de las examinadas en el contrato de edición. Debe entregar la
obra y garantizar el disfrute de la misma por parte del empresario, específicamente, en lo atinente
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
a la autoría y la disponibilidad. Tiene un deber de colaboración que se concreta en abstenciones:
no hacer representar la obra por otro en competencia, o reproducirla por sí mismo.
b) El empresario
La obligación del empresario es representar la obra respetando el derecho autoral y,
específicamente, la originalidad de la obra.
Las partes pueden fijar un plazo dentro del cual la obra se representará, o bien un día
determinado. Si no hubiere fecha de estreno convenida, deberá representarse dentro del plazo de
1 año a partir de la entrega de los originales, bajo pena de indemnizar al autor con una suma
equivalente a veinte representaciones.
La representación puede ser hecha una sola vez o varias, o durante una temporada o varias,
aspectos que se fijan en el contrato. Si no mediare estipulación, debe entenderse que el
empresario está obligado a mantener la obra en cartel en tanto lo justifique económicamente la
afluencia de público.
El empresario tiene un deber de colaboración que consiste en un comportamiento
cooperativo para el buen fin del contrato. Específicamente debe facilitar al autor la intervención
de ensayos, asistir a la representación, y en general, verificar la relación que tiene la obra con la
representación, todo lo cual puede generar algunos conflictos de competencias que deben
resolverse adjudicando a cada uno un espacio decisorio diferente: el ámbito de decisión del
empresario es el referente a la representación y el del autor es todo lo relacionado con el respeto
de la obra original.
El empresario debe pagar el precio convenido al autor o a sus derechohabientes. Si no se
hubiera pactado un monto, se estará a lo que surja de la costumbre; si la retribución consiste en
un porcentaje de los ingresos, el autor puede exigir rendición de cuentas.
El empresario es responsable por la destrucción parcial o total de la obra ocurrida por su
culpa o dolo, como también de que se reproduzca o represente sin autorización del autor. La
regla es la misma que en el contrato de edición, eximiéndose el empresario si demuestra la causa
ajena, es decir, el caso fortuito.
La entrega de la obra inédita que se hace representar por primera vez requiere de un acto
formal a cargo del empresario: debe expedir un recibo al autor o sus derechohabientes y les
manifestará dentro de los 30 días de su presentación si es o no aceptada. Éste es un modo de
protección del derecho autoral, porque si la obra es inédita, la entrega sin recibo puede generar
riesgos ulteriores si se niega la autoría original. Si el empresario no da recibo, el autor puede
demostrar la entrega de los originales por cualquier otro medio. Además de la finalidad
protectoria y probatoria, el recibo tiene por efecto producir el comienzo del plazo de treinta días
para que el empresario manifieste si acepta la obra. Si vence el plazo sin que exista
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
manifestación expresa la obra debe darse por aceptada, ya que el silencio tiene, en este caso, los
efectos presuntivos derivados de la regla general del art. 919 del Código Civil. Durante el plazo
y antes de la aceptación, el autor puede retractarse, toda vez que resultan aplicables las reglas de
la oferta no aceptada, que es retractable salvo que exista una “declaración unilateral como fuente
de obligaciones”, que no se da en este supuesto. Perfeccionado el contrato por la aceptación
expresa, se definirán los demás elementos específicos como la retribución, el tipo de
representación, el plazo, lugar, artistas, publicidad. Si el perfeccionamiento es por vía del
silencio del empresario, el contrato deberá ser integrado judicialmente recurriendo a las
costumbres del lugar y la profesión.
Extinción
Se aplican las reglas generales sobre la edición
Artículos 51 al 56
Venta de la Obra Intelectual
El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta
enajenación es válida sólo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquirente el
derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.
Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la
fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la
mención de su nombre o seudónimo como autor.
La enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe
inscribirse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, sin cuyo requisito no tendrá
validez.
La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas,
salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado
al autor o sus derechohabientes.
La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino
para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de
ellos para otras obras.
Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.
La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre
otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.
Interpretación de la Obra Intelectual
El intérprete de una obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su
interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la
reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará
establecido en juicio sumario por la autoridad judicial competente.
El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de
su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir
grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.
Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición
corresponde al director del coro o de la orquesta.
Sin perjuicio del derecho de propiedad perteneciente al autor, una obra ejecutada o
representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida mediante la
radiotelefonía o la televisión, con el solo consentimiento del empresario organizador del
espectáculo.
Artículos 57 al 68
Del registro de obras
Para adquirirse el derecho sobre las obras con las consecuentes facultades, la mismas deben
ser inscriptas en el registro de la propiedad intelectual.
En el Registro Nacional de la Propiedad deberá depositar el editor da las obras, tres
ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.
Si la edición fuera de lujo o no excediera de 100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.
Para las pinturas, arquitecturas, esculturas, etc, consistirá en el depósito de un croquis o
fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas. Para las
películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogo,
fotografías u escenarios de sus principales escenas.
El que se presente a inscribir una obra con los ejemplares copias respectivas, será munido de
un recibo provisorio, con los datos fechas y circunstancias que sirvan para identificar la obra
haciendo constar su inscripción.
El Registro Nacional de Propiedad intelectual hará publicaciones por 10 días en el Boletín
Oficial, indicando las obras entradas, título, autor, especie, y demás datos especiales que las
individualicen. Pasando un mes de la última publicación y no habiendo reclamo alguno, el
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual otorgará el título de propiedad definitivo con un
número de orden.
El depósito de toda obra publicada es obligatorio para el editor. Si éste no lo hiciere será
reprimido con una multa será reprimido con una multa diez veces el valor venal del ejemplar no
depositado.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
El depósito de las obras, hecho por el editor, garantiza totalmente los derechos de autor sobre
su obra y los del editor sobre su edición. Tratándose de obras no publicadas, el autor o sus
derechohabientes pueden depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del
depositante.
La falta de inscripción trae como consecuencia la supresión del derecho del autor hasta el
momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción,
por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones,
ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo
inscripta.
No se admitirá el registro de una obra sin la mención de su “pie de imprenta”. Se entiende
por tal la fecha, lugar, edición y mención del editor.
Todas la reparticiones oficiales y las instituciones , asociaciones o personas que por cualquier
concepto reciban subsidios del tesoro de la Nación, están obligados a entregar a la Biblioteca del
Congreso Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art 57, el ejemplar correspondiente de las
publicaciones que efectúen, en la forma y dentro de os plazos determinados en dicho articulo.
Las reparticiones públicas están autorizadas a rechazar toda obra fraudulenta que se presente a su
venta.
Del Registro Nacional de Propiedad Intelectual
El registro llevará los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio
correspondiente, donde constarán su descripción, título, nombre del autor, fecha de la
presentación, y demás circunstancias que a ella se refieran , como ser los contratos de que fuera
objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma.
El registro inscribirá todo contrato de edición, traducción, compraventa, cesión partición, y
cualquier otro vinculado con el derecho de propiedad intelectual, siempre que se hayan
publicado las obras a que se refieren y no sea contrario a las disposiciones de esta ley.
El registro estará bajo la dirección de un abogado que deberá reunir las condiciones
requeridas por el art. 70 de la ley de organización de tribunales y bajo la superintendencia del
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Artículos 69 a 79
Proteccion Legal
• El registro nacional de la propiedad intelectual: su organización:
La ley organiza el registro nacional de propiedad intelectual bajo la dirección de un abogado
que deberá reunir las condiciones requeridas por el artículo 70 de la ley de organización de los
tribunales, es decir, deberá ser ciudadano argentino, tener 30 años de edad, haber ejercido en el
país la profesión de abogado durante cuatro años o desempeñando por igual termino una
magistratura o empleo judicial (articulo 70 ley 1893).
El registro llevara los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio
correspondiente, donde constaran su descripción, titulo, nombre del autor y fecha de la
presentación y demás circunstancias que a ellas se refieran, como ser los contratos de que fuera
objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma.
• Efectos del registro:
La inscripción en el registro de la propiedad trae aparejados importantes efectos:
a) Ante todo, es necesario recordar que en el sistema de la ley 11.723, la inscripción era un
requisito indispensable para la protección de los derechos de autor.
b) La inscripción importa una presunción juris tantun de originalidad. Es decir, quien
demanda el amparo judicial solo debe probar la inscripción; quien sostiene que no hay obra
intelectual por carecer de originalidad, debe probarlo.
c) La enajenación o cesión de una obra intelectual carecerá de validez respecto de terceros si
no se inscribe en el registro.
d) Si se discutiere la paternidad de una obra o mejor dicho, la prioridad en la creación,
deberá prevalecer el derecho de quien primero la inscribió en el registro, salvo prueba
indubitable en contrario.
• Acciones civiles:
Los autores lesionados en sus derechos tienen naturalmente todas las acciones civiles
enderezadas a protegerlos. Para una mayor efectividad de los derechos, la ley a dispuesto que el
procedimiento será el que dispongan los códigos de forma para las excepciones dilatorias
(articulo 81), es decir, en la terminología del código procesal, el de las excepciones previas. La
prueba debe ofrecerse junto con el nuevo escrito de demanda y de contestación de demanda y
producirse en una audiencia especial designada dentro de los diez días.
• Protección penal:
La ley no se ha conformado con reglamentar la acción civil; ha establecido también penas
para los que infrinjan el derecho de autor.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
El artículo 71 establece que será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del
Código Penal Argentino “el que de cualquier manera y de cualquier forma defraude los derechos
de propiedad intelectual que reconoce esta ley”.
Sin perjuicio de la disposición general precedente, se consideraran casos especiales de
defraudación y sufrirán la misma pena del artículo 172 del código penal:
a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o
publicada sin autorización de su autor o derecho habientes;
b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya
editada ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto;
c) El que edite, venta o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor,
el titulo de la misma o alterando dolosamente su texto;
d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.
Sera reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de 100. 000 pesos destinados al
fondo de protección de las artes:
a) El que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin
autorización de sus autores o derechos habientes;
b) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus
autores o derechos habientes.
Será reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de 100. 000 pesos destinados al
fondo de protección de las artes:
a) El que atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derecho habiente o la
representación o ejecución pública licita.
El proceso penal puede ser promovido de oficio, por denuncia o por querella.
Finalmente, la ley establece la completa independencia del juicio civil y el criminal,
disponiendo que sus resoluciones no se afectan ni influyen recíprocamente.
Artículos 80 a 83
Procedimiento Civil
Artículo 80
En todo juicio motivado por esta ley, ya sea por aplicación de sus
disposiciones, y a como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que
tengan relación con la propiedad intelectual, regirá el procedimiento que se
determina en los artículos siguientes.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Desde el artículo 80 al 83 se determina el procedimiento a seguir en casos referentes a la
Propiedad Intelectual.
Artículo 81
El procedimiento y términos serán, fuera de las medidas preventivas, el que
se establece para las excepciones dilatorias en los respectivos códigos de
procedimientos en lo civil y comercial, con las siguientes modificaciones:
a) Siempre habrá lugar a prueba a pedido de las partes o de oficio, pudiendo
ampliarse su término a treinta días si el juzgado lo creyere conveniente,
quedando firme a esta resolución;
b) Durante la prueba y a pedido de los interesados se podrá decretar una
audiencia publica, en la sala del tribunal donde las partes, sus letrados y peritos,
expondrán sus alegatos u opiniones. Esta audiencia podrá continuar otros días sí
uno sólo fuera insuficiente;
c) En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando la importancia de
asunto y la naturaleza técnica de las cuestiones lo requiera, se podrá designar un
jurado de idóneos en la especialidad de que se tratare, debiendo estar presidido
para las cuestiones científicas por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas
o la persona que éste designare, bajo su responsabilidad para reemplazarlo;
para las cuestiones literarias, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras;
para las artísticas, el Director del Museo Nacional de sellas Artes y para las
musicales, el Director del Conservatorio Nacional de Música. Complementarán
el jurado dos personas designadas de oficio.
El jurado se reunirá y deliberará en último término en la audiencia que
establece el inciso anterior Si no se hubiere ella designado, en una especial y
pública en la forma establecida en dicho inciso Su resolución se imitará a
declarar si existe o no la lesión a la propiedad intelectual ya sea legal o
convencional.
Esta resolución valdrá como los informes de los peritos nombrados por
partes contrarias cuando se expiden de común acuerdo.
El Artículo 81 establece que, cuando nos referimos a procesos sobre Propiedad Intelectual,
sea necesario recurrir al Código Procesal, Civil y Comercial en cuanto a lo que respecta a los
plazos y a los pasos a seguir.
Al ser la “Propiedad Privada” un derecho que garantiza la protección del Patrimonio de las
personas, y ser el Patrimonio un atributo de la personalidad, Entendemos que, corresponde
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
aplicar principalmente esta rama normativa para defender, del abuso de terceros, las facultades
de disposición y uso que de ella derivan desde la creación de una obra.
Al escuchar las posturas doctrinarias, vemos que todos los autores coinciden en encuadrarlos
dentro de las normas civiles.
Toma fuerza entonces, la necesidad de encuadrar al tema en cuestión dentro del ámbito civil
ya que, al ser el Derecho de Propiedad Intelectual un derecho real de propiedad para un sector
doctrinario, un tipo especial de propiedad para otro, un derecho de la personalidad para otro, una
conjunción de derechos patrimoniales y personales para otro, y conjunto de objetos inmateriales
de valor económico para otro.
Quedan exceptuadas las medidas preventivas, como embargo, inhibición general de bienes,
entre otras. Para nosotros, esto es así al ser suficientes las disposiciones del código civil.
Cuando las partes afirman algo en sus escritos deben tratar de convencer al magistrado de
que lo afirmado es verdad, y para producir esa convicción en el juez pueden valerse de distintos
medios o elementos probatorios (documentos: prueba documental: pericias: prueba pericial:
testigos: prueba testimonial, etc).
Palacio define la prueba diciendo que es "la actividad procesal, realizada con el auxilio de
los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia e
inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o
defensas".
Las partes o el Juez de Oficio pueden aportar pruebas a fin de aportar elementos que
permitan dilucidar la verdad formal que pretende el proceso.
Vemos que, por la importancia de la protección de estos derechos, se da la posibilidad al Juez
de la causa que amplíe el término de prueba.
Debido al gran alcance social que puede tener una obra intelectual, las personas que exponen,
reclaman o solicitan alguna situación referente al proceso que se esté tramitando, podrán solicitar
se decrete una audiencia pública para que las partes sus representantes legales y, las personas con
conocimiento técnico, tengan ocasión para aducir razones y pruebas o practicar diligencias, en el
juicio o en el expediente.
En determinadas cuestiones, el conocimiento técnico que se requiere es muy alto, es entonces
que la ley asigna la potestad de requerir determinadas habilidades en temas puntuales.
Al designar la Ley el término Jurado, ha generado un problema doctrinario ya que por
ejemplo Según Ossorio el Jurado es un “Tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no
ser letrados y llamado por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la
culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose únicamente a la apreciación de los
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
hechos (mediante un veredicto), sin entrar a considerar aspectos jurídicos, reservados al juez o
jueces que, juntamente con los jurados, integran el tribunal.”.
Cuando esta norma se refiere a “Jurado”, estamos hablando de un cuerpo colegiado técnico y
especializado dotado de conocimientos académicos, y con condiciones aptas para opinar y
profundizar cuestiones sobre derecho intelectual.
Dependiendo de la Materia del Derecho, se designará a una persona determinada:
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones científicas,
será necesario que el Jurado sea presidido por el Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas o la persona que éste designare, debiendo obrar ésta con la diligencia atinente
a un proceso, y quedará el Decano obligado a reemplazarlo ante su incumplimiento.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones literarias, el
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, con las mismas disposiciones que el caso
de las cuestiones científicas.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones artísticas, el
Director del Museo Nacional de sellas Artes, con las mismas disposiciones que el
caso de las cuestiones científicas.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones musicales, el
Director del Conservatorio Nacional de Música, con las mismas disposiciones que el
caso de las cuestiones científicas.
Como la Ley no define la jurisdicción de la Universidad de donde debe provenir el Decano
de la Facultad, así como tampoco define si la Universidad debe ser Pública o Privada,
entendemos que, quedará a criterio del Juez designar la Universidad de la cual provendrá el
Decano.
Se establece que “complementarán el jurado dos personas designadas de oficio”. Se entiende
que, para buen proveer, estas personas requieren tener relación con el tema que se este tratando y
conocimientos al respecto.
Como el tamaño máximo del Jurado no está determinado en la ley creemos que puede ser
conformada por la cantidad de personas que Juez o las partes crean conveniente.
El momento de reunión y deliberación de la audiencia será el mismo del de la audiencia de
prueba salvo que se haya designado una audiencia especial.
Este Jurado, cuya resolución tendrá la misma validez de los peritos de partes contrarias con
dictamen de mutuo acuerdo, se encontrará habilitado para emitir opinión sobre la viabilidad de la
lesión al derecho intelectual perpetrado.
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
ARTICULO 82.- - El cargo de jurado será gratuito y se le aplicarán las
disposiciones procesales referentes a los testigos.
Si bien el artículo 82 establece que el cargo de los jurados será gratuito, entendemos que esto
se refiere a los honorarios que puedan percibir estas personas en razón de sus servicios.
Sin embargo, creemos indispensable que se cubran los costos que deriven de las
averiguaciones atinentes al normal desenvolvimiento del proceso.
A estos individuos se les impone la carga de comparecer, el deber de delcarar y el deber de
decir la verdad.
ARTICULO 83.- - Después de vencidos los términos del artículo 5, podrá
denunciarse al Registro Nacional de Propiedad Intelectual la mutilación de una
obra literaria, científica o artística, los agregados, las transposiciones, la
infidelidad de una traducción, los errores de concepto y las deficiencias en el
conocimiento del idioma del original o de la versión. Estas denuncias podrá
formularlas cualquier habitante de la Nación, o procederse de oficio, y para el
conocimiento de ellas la dirección del Registro Nacional constituirá un jurado
que integrarán:
a) Para las obras literarias, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras;
dos representantes de la sociedad gremial de escritores, designados por la
misma, y las personas que nombren el denunciante y el editor o traductor, una
por cada uno;
b) Para las obras científicas el decano de la Facultad de Ciencias que
corresponda por su especialidad, dos representantes de la sociedad científica de
la respectiva especialidad, designados por la misma, y las personas que nombren
el denunciante y el editor o productor, una por cada parte.
En ambos casos, cuando se haya objetado la traducción, el respectivo jurado
se integrará también con dos traductores públicos nacionales, nombrados uno
por cada parte, y otro designado por la mayoría del jurado;
c) Para las obras artísticas, el director del Museo Nacional de Bellas Artes,
dos personas idóneas designadas por la Dirección del Registro de Propiedad
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Intelectual y las personas que nombre el denunciante y el denunciado, una por
cada parte;
d) Para las musicales, el director del Conservatorio Nacional de Música; dos
representantes de la sociedad gremial de compositores de música, popular o de
cámara en su caso, y las personas que designen el denunciante y el denunciado,
una por cada parte.
Cuando las partes no designen sus representantes, dentro del término que les
fije la dirección del Registro, serán designados por ésta.
El jurado resolverá declarando si existe o no la falta denunciada y en caso
afirmativo, podrá ordenar la corrección de la obra e impedir su exposición o la
circulación de ediciones no corregidas, que serán inutilizadas. Los que infrinjan
esta prohibición pagarán una multa de 100 a 1.000 pesos moneda nacional, que
fijará el jurado y se hará efectiva en la forma establecida por los respectivos
códigos de procedimientos en lo Civil y en lo Comercial [7], para la ejecución de
las sentencias. El importe de las multas ingresarán al fondo de fomento creado
por esta Ley. Tendrá personería para ejecutarlas la dirección del Registro.
El plazo del artículo 83 comienza a correr después del 1 de Enero del año siguiente al de la
muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse
desde el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras
póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente
al de la muerte del auto
El Registro Nacional de Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para
recibir las denuncias sobre afectaciones a derechos intelectuales.
Esta ley establece una protección hacia las obras literarias, científicas o artísticas.
Por obra debe entenderse a toda producción del intelecto humano que, por su esencia, hace
un aporte vital al conocimiento y cultura social.
Las variaciones previstas en la ley, son entendidas como atentados directos contra los
derechos intelectuales protegidos. Estas variaciones son dañinas al alterar el sentido original que
hubiese tenido la obra si se hubiese mantenido tal cual fue ideada e institucionalizada.
La mutilación implica cortar, cercenar o quitar una parte de la obra. El problema que hemos
notado se presenta si la mutilación fuese total y no se respetare en nada la obra original. Esto es
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
un problema porque debemos dilucidar si se trata de una obra nueva o de una contradicción de la
obra original. Si se refiere a la obra original pero no la respeta en nada, estamos en presencia de
una falta al derecho intelectual del autor de la obra original, si por el contrario, no se refiere a la
obra original y presenta una contradicción total, estaríamos en presencia de un a obra nueva.
Los agregados implican unir o juntar conceptos o elementos a los originales de la obra.
Pueden implicar añadir algo a lo ya dicho, expresado, o escrito. No se considerarán añadiduras
las explicaciones que se hicieren de las obras, siempre y cuando respeten su esencia.
Las transposiciones implican alterar el normal orden de los elementos de la obra.
La infidelidad de una traducción implica una conjunción de errores gramaticales fonéticos o
terminológicos que por su falsedad o errores, no permiten entender la obra en su estado original.
Los errores de concepto implican construcciones que, por su estructura, no sean acordes a lo
expresado en la obra original.
Las deficiencias en el conocimiento del idioma del original o de la versión implican un
conocimiento acotado de esto que no permite una clara comprensión de lo expresado, por no
usar los términos técnicamente correctos.
La ley habilita que las denuncias puedan ser realizadas de oficio o a pedido de cualquier
habitante de la Nación.
Al igual que en el artículo 81 (al cual remitimos para el análisis) la dirección del Registro
Nacional constituirá un jurado para evaluar los derechos vulnerados que estará integrado de la
siguiente forma:
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones literarias, el
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, dos representantes de la sociedad
gremial de escritores, designados por la misma, y las personas que nombren el
denunciante y el editor o traductor, una por cada uno.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones científicas,
será necesario que el Jurado sea presidido por el Facultad de Ciencias que
corresponda por su especialidad, dos representantes de la sociedad científica de la
respectiva especialidad, designados por la misma, y las personas que nombren el
denunciante y el editor o productor, una por cada parte.
Cuando la ley establece la necesidad de nombrar dos traductores públicos
nacionales, nos estamos refiriendo a dos personas que se hayan matriculado de esa
profesión y que tengan título habilitante para ejercerlo.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones artísticas, el
Director del Museo Nacional de sellas Artes, dos personas idóneas designadas por la
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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso
Dirección del Registro de Propiedad Intelectual y las personas que nombre el
denunciante y el denunciado, una por cada parte.
Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones musicales, el
Director del Conservatorio Nacional de Música, dos representantes de la sociedad
gremial de compositores de música, popular o de cámara en su caso, y las personas
que designen el denunciante y el denunciado, una por cada parte.
Si las partes no designan sus representantes, se da la potestad a la Dirección del Registro a
realizarlo.
Al igual que en el artículo 81 (al cual remitimos), se da la potestad al Jurado de ordenar si
existe o no la falta al derecho intelectual vulnerado.
La ley otorga a este órgano administrativo la potestad de subsanar obra y evitar su
circulación o muestra o la circulación de ediciones que presenten errores conforme a la ley. Estas
obras serán sacadas de circulación o exposición e inhabilitadas.
La ley establece una multa estipulada en Peso Moneda Nacional. Consideramos la necesidad
de reformar este punto de la norma al estar, esta moneda en desuso y resultar, su conversión
irrisoria para un sistema de sanciones actual.
Los importes que se establecen son de m$n100 a m$n1000. Si hiciéramos la conversión
actual de la moneda, podríamos ver que las multas irían de $0,00000000001 (equivale a
m$n100) a $0,0000000001 (equivale a m$n1000).
La ley ha determinado que el destino de las multas debe ser para el fondo de fomento y que
la dirección del Registro tendrá personería para ejecutar las multas.
De esta manera, y con los montos establecidos actuales, para que de las multas ingrese $1 al
fondo de fomento creado por la ley, deberán dictarse 10.000.000.000 en su monto máximo
establecido en moneda nacional.
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