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EL TRABAJO AGRARIO PROHIBIDO O CLANDESTINO EN LA REPÚBLICA

ARGENTINA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES SOCIALES EN SU DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

Por Rafael Lirman Mabé

Sumario: I. Introducción. II. Control del trabajo rural. Estudios estadísticos del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Secretaría de Agricultura

de la Nación. III. Resultados de operativos de control laboral efectuados por

organismos nacionales y provinciales en el sector agrario. IV. Causas de la

clandestinidad del trabajo rural en Argentina. V. El Auxilio de la Fuerza Pública en

los operativos de control del trabajo agrario. VI. Conducta de los empleadores.

Castigo para las empresas infractoras en la Provincia de Mendoza. VII Participación

de los dirigentes y delegados gremiales. VIII. Creación del Registro Nacional de

Trabajadores y Empleadores Agrarios IX. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

El 5 de julio de 2012 el Dr. Carlos Tomada, en su carácter de Ministro de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, suscribió un memorándum de entendimiento para la

puesta en marcha del “Tercer Programa de Trabajo Decente por País para Argentina

durante el período 2012 a 2015”, en el que la OIT prestará su cooperación1 y entre

cuyos objetivos prioritarios se encuentran los reducir la precariedad laboral, el

empleo no registrado y la informalidad, promoviendo la protección social, la calidad

del empleo y el efectivo cumplimiento de los derechos y principios fundamentales en

el trabajo, con especial atención a la prevención y erradicación del trabajo infantil y

el trabajo forzoso.2

Días después de la firma de dicho acuerdo, el Dr. Tomada presidió la presentación

de un informe de lo actuado por el Registro Nacional de Trabajadores y                                                                                                                          1 El acuerdo fue firmado por el Dr. Carlos Tomada, junto al asesor legal de la Unión Industrial Argentina, Dr. Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez y el director de la oficina de OIT en la Argentina, Marcelo Castro Fox. 2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “Tomada puso en marcha el “Tercer programa de Trabajo Decente por país para el período 2012 a 2015”, 5/07/2012, en http://www.trabajo.gov.ar/ampliado.asp?id_noticia=1598&id_seccion=prensa

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Empleadores Agrarios (RENATEA), oportunidad en la que estimó que “hay un 80 %

de trabajadores rurales que no están registrados”, remarcando en otro tramo de su

discurso que “es inaudito que todavía una actividad como la del trabajo rural tenga

resabios de una forma de trabajo que no merece la Argentina”, agregando además

que los diputados y senadores que votaron a favor de la sanción de la ley 26.727

(nuevo Régimen Nacional de Trabajo Agrario) esperan la presencia del Estado

regularizando las relaciones laborales “en un terreno que ha estado abandonado

durante muchísimos años, demasiados años".3

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Fernández,

expresó su opinión personal con respecto a dicha problemática el 16 de diciembre

de 2011, al asistir al acto de inauguración de la nueva terminal de ómnibus en la

ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, circunstancia en la que manifestó que:

“en el sector donde más ganancias hay, es allí donde tenemos el doble de

informalidad y de trabajo no registrado. Por eso este Estatuto del Peón también es

para defender el trabajo registrado y para rechazar definitivamente el trabajo esclavo

de niños y de mujeres, como nos ha tocado descubrir con vergüenza y horror para

todos los argentinos”.4

II. CONTROL DEL TRABAJO AGRARIO. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN

Año tras año el MTEySS brinda porcentajes estimativos altísimos, en lo que respecta

al trabajo agrario no registrado.

El Subsecretario de Fiscalización de ese organismo, Guillermo Alonso Navone,

comunicó que los inspectores del mismo realizan mediciones paralelas y

complementarias al índice nacional, informando asimismo que: “En 2008 realizaron

2.987 fiscalizaciones, con un resultado de un 54 % de trabajo no registrado. En 2009

fueron 2.681 las inspecciones y la informalidad llegó al 56 %. En 2010 el índice de

                                                                                                                         3 Télam, “Tomada: ‘Más del 80% de los trabajadores rurales se encuentran en situación irregular’”, 31/07/2012, en http://www.telam.com.ar/galeria/audiovisual/video/25902 4 Presidencia de la Nación Argentina, “Inauguración de la nueva terminal de San Rafael: Palabras de la Presidenta de la Nación”, 16/12/2012, en http://www.presidencia.gov.ar/discursos/25625-inauguracion-de-la-nueva-terminal-de-san-rafael-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

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informalidad, en base al trabajo de los inspectores, fue del 59 %”.5 Y, al respecto, el

periodista Darío Aranda, del diario Página 12, señala a modo de “dato curioso” que:

“en 2010 se inspeccionaron 3.290 establecimientos, lo que representa el 1,03 por

ciento del total de establecimientos agropecuarios del país (317.816 según el último

Censo Agropecuario). En San Luis se realizaron sólo 19 fiscalizaciones, en Santa

Cruz 17, en La Pampa 13 y en Neuquén sólo dos inspecciones en busca de trabajo

no registrado”.6

Dicho reportero informó asimismo que Alonso Navone, además de remarcar que “la

situación del trabajo rural en Argentina es preocupante”, explicó que: “Cada

provincia ejerce el Poder de Policía laboral en su territorio, sobre todo en lo referido

a las condiciones generales del trabajo, el cumplimiento de las normas de higiene y

seguridad, y las normas de los convenios colectivos de trabajo. El Estado Nacional

no inspecciona las condiciones de explotación laboral o “esclavitud”, que corren por

cuenta de las provincias”.7

Es lógico por lo tanto que la Presidente de la Nación se encuentre preocupada por

esta vergonzosa situación, debido a que los Estados Partes del Mercosur se han

comprometido hace más de trece años a instituir y a mantener servicios de

inspección del trabajo, con el cometido de “controlar en todo su territorio” el

cumplimiento de las disposiciones normativas que se refieren a la protección de los

trabajadores y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Así lo menciona

en forma clara y expresa el art. 18 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur,

firmada el 10 de diciembre de 1998 por los entonces Jefes de Estado de los países

integrantes del Mercado Común del Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). Y,

por otra parte, mediante la primera Declaración Presidencial sobre Erradicación del

Trabajo Infantil, los Estados Partes que conforman dicho bloque regional declararon

en julio de 2002 su compromiso de fortalecer los sistemas de monitoreo e inspección

del trabajo infantil.

También es comprensible la preocupación expresada por el Dr. Tomada, puesto que

la ley 25.877, sancionada hace más de ocho años, crea el Sistema Integral de

Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITySS), cuya finalidad es la de

controlar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social (art.28),                                                                                                                          5Darío Aranda, “Una situación preocupante, 14/02/2011, en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/162314-51973-2011-02-14.html 6 Idem 7Idem

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disponiendo a su vez que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la

Nación será la autoridad de aplicación del SIDITySS, y en tal carácter velará por las

exigencias de los Convenios 81 y 129 de la OIT8, estableciendo también que,

cuando un Servicio Local de Inspección del Trabajo no cumpla con las exigencias

dispuestas en los convenios citados, el MTEySS, previa intervención del Consejo

Federal del Trabajo, ejercerá coordinadamente con éste y con las jurisdicciones

provinciales las correspondientes facultades (art. 30).

Haciendo un análisis pormenorizado de lo ocurrido en la materia en los últimos años,

tenemos que el periodista Claudio Scaletta informó que, de acuerdo con datos

estimados y proporcionados por el MTEySS, en el año 2007 existían en Argentina

alrededor de 900.000 trabajadores mayores de 14 años en el sector agropecuario,

de los cuales había un 55 % de asalariados, un 36 % de cuentapropistas y un 9 %

de empleadores, destacando asimismo dicho periodista la existencia de un

“embrollo” estadístico de estimaciones en el ámbito agrario, porque la Encuesta

Permanente de Hogares (EPH), que es el instrumento para medir el desempleo y las

condiciones de trabajo, no mide lo que sucede en el campo sino en los centros

urbanos, pero que, pese a ello, estimaciones de la cartera laboral indicaron que “el

91 por ciento de los trabajadores que no son empleadores, unas 820 mil personas,

se distribuían entre permanentes y no permanentes9, existiendo una informalidad del

50 % entre los permanentes, y del 90 % entre los no permanentes”.10

A su vez, según estimaciones de la Unidad de Empleo Rural de la Secretaría de

Agricultura de la Nación, en el año 2007 había 350.000 trabajadores no

permanentes que participaban de las migraciones estacionales (migración interna

del trabajador rural), mientras que a fines de los años 90’ se calcula que eran

100.000 los trabajadores golondrina en el país, explicando por su parte el Secretario

de Empleo de la Nación, Lic. Enrique Deibe, que el fenómeno de la estacionalidad

del trabajo agrario es naturalmente más fuerte en las economías más trabajo–

                                                                                                                         8 Normas internacionales que le asignan al Sistema de Inspección del Trabajo las funciones de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo, seguridad e higiene, etc. La Argentina incorporó un conjunto importante de normas internacionales a su derecho interno, al ratificar los principales instrumentos internacionales adoptados en el marco de la OIT, entre los cuales están los que conciernen a la administración del trabajo y los servicios de inspección. 9 Estos son también denominados “trabajadores golondrina”, quienes históricamente debieron hacer frente a las peores condiciones laborales, entre las que se destaca no sólo la informalidad sino también los problemas de ingresos inferiores a los considerados de subsistencia, y el trabajo infantil. 10 Scaletta, Claudio, “Trabajadores golondrina”, 1/07/2007, en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/cash/17-3046-2007-07-01.html

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intensivas. Las principales actividades que absorben mano de obra estacional son la

fruticultura del Alto Valle del Río Negro, la vitivinicultura de la zona de Cuyo y la

economía del olivo en La Rioja y Catamarca. En todas estas regiones existen

trabajadores permanentes que participan de todo el ciclo de tareas culturales a lo

largo del año, pero el momento de cosecha continúa siendo un período crítico en

materia de demanda de trabajo. Y, por el contrario, una actividad expulsora de

trabajadores son las áreas de producción algodonera y todas aquellas en las que se

expanden las oleaginosas, donde el desarrollo técnico permite el remplazo creciente

de mano de obra por maquinarias.11

Tres años después, entre julio y agosto de 2010, la cartera laboral informó que,

según sus cálculos, dos tercios de la masa de trabajadores rurales no están

empleados de forma permanente12, existiendo en el sector picos de empleos no

registrados de hasta el 92 %.13

Para esa misma época, el periodista Ignacio Chausis señaló que, según un informe

del MTEySS, la informalidad en el sector rural asciende al 75%, “una cifra más que

alarmante si se tiene en cuenta que el empleo en negro para todo el país alcanza el

34,6 por ciento”, y que, desde el año 2003 hasta el primer semestre de 2010, el

MTEySS realizó inspecciones en 11.737 establecimientos rurales de todo el país, lo

que arrojó como resultado que en determinadas regiones y actividades puntuales se

supere incluso el 75% mencionado para todo el sector agrario. Así, por ejemplo,

durante el primer semestre del año 2010, y como parte del Plan Nacional de

Regularización del Trabajo, la Delegación Regional de Salta del MTEySS realizó una

serie de operativos de fiscalización de huertas en esa provincia, arrojando

sorprendentes resultados, puesto que “en las 35 huertas relevadas, se estudió la

situación de los 185 trabajadores encontrados, de los cuales 171 se encontraban en

negro, es decir que la tasa de trabajadores no registrados alcanzaba el 92,5 %”.

Chausis indica que, en ese informe, la cartera laboral señala que el porcentaje de

detección fue altísimo, superándose las expectativas depositadas en esta actividad,

ya que en años anteriores había brindado guarismos que rondaron entre el 50% y el

60%.

                                                                                                                         11 Idem 12 Eliaschev, Tomás, “Gerónimo Venegas, jefe del sindicato de trabajadores rurales, que defiende a los Patrones”, Julio de 2010, en http://www.diariomardeajo.com.ar/nota.php?id=709 13 Diario Tiempo Argentino, “El 75 % de los trabajadores del campo está en negro”, 2/08/2010, en http://tiempo.elargentino.com/ediciones/2010-08-02/tapa

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En la misma sintonía, las inspecciones realizadas durante la cosecha de yerba mate

y algodón en el NEA encontraron niveles entre el 47 y 45,5% de informalidad,

respectivamente.14

Los ministros de trabajo y agricultura de la Nación, Dr. Carlos Tomada y Julián

Domínguez, se reunieron en enero de 2011 con los dirigentes de las cuatro

entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace (en la sede del Ministerio

de Agricultura). Luego de la reunión, Tomada fue entrevistado por diversos medios

periodísticos, a quienes informó que les reclamaron a dichas entidades que cumplan

con las leyes laborales mediante la regularización de los trabajadores del sector,

remarcando asimismo lo siguiente: “Nosotros manejamos un número de

aproximadamente un millón de trabajadores rurales, con un número de casi 600.000

trabajadores que no están adecuadamente registrados aún”.15

Tal como lo subrayaba el periodista Roberto Navarro en el año 2011, la informalidad

laboral ha descendido fuertemente desde el pico del 50 % alcanzado en el año 2002,

pero ese descenso no se dio en el sector agropecuario, ni se condice con el

crecimiento económico y la caída del desempleo. Ello, con el agravante consistente

en que hay provincias en que el trabajo informal bajó muy poco. Así, por ejemplo, en

el primer semestre de 2011 se estimaba que en Corrientes un 47,5 % de los

trabajadores no estaba registrado, que en La Rioja ese porcentaje era del 40,7 % del

total, y que en Salta alcanzaba al 40,3 %.16

Mariana González, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino

y del Centro de Estudios Laborales de la Central de Trabajadores de la Argentina,

indicaba a su vez que, con una desocupación del 7,3 %, los sindicatos tienen el

poder suficiente para presionar por mejores condiciones de trabajo” y que “la

responsabilidad de bajar el índice de trabajo informal es del Estado y de los

sindicatos”, remarcando que el MTEySS ha destinado una importante cantidad de

fondos y de recursos humanos a la tarea, pero “aún debe redoblar los esfuerzos”, y

que en el caso de los sindicatos “existe una gran heterogeneidad en los distintos

                                                                                                                         14 Chausis, Ignacio, “El trabajo en negro en el campo duplica al promedio del país”. 2/08/2011, en http://tiempo.elargentino.com/notas/trabajo-negro-campo-duplica-al-promedio-del-pais 15 Télam - Audiovisual de la Agencia de Noticias de la República Argentina, "Entrevista al Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada”, 12/01/2011, en http://www.youtube.com/watch?v=YKOs9k-VgZg&feature=related 16 Roberto Navarro, “Núcleo duro del empleo no registrado”, 6/03/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-163535-2011-03-06.html

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sectores, porque hay algunos que se ocupan del tema y otros que no demuestran el

menor interés”.17

Por su parte, el periodista Roberto Navarro señalaba a principios del año pasado

que, según los especialistas, el 50 % del empleo informal en el campo eleva el

promedio general, por lo que, si el registro estuviera en línea con la media del resto

de los sectores, el trabajo no registrado en el país bajaría cinco puntos.18

En marzo de 2011 la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales

del MTEySS finalizó un estudio sobre el empleo irregular en Argentina, y elaboró un

informe al respecto, al que pudo acceder Roberto Navarro, quien difundió los

resultados de dicho estudio19, informando que del mismo se desprende que la tasa

de informalidad en todo el país se ubica en el 34,6 %, pero el 49,8 % de los

trabajadores del campo no está registrado, mientras que, de la otra mitad, “el 92 %

está anotado cobrando el salario mínimo del peón rural, el más bajo de todos los

sectores productivos”, motivo por el cual casi la mitad de los actuales trabajadores

agropecuarios, cuando lleguen a la edad de jubilarse, no tendrán ese derecho de la

seguridad social, y, de la otra mitad, la inmensa mayoría cobrará la mínima.20

En el informe se señala también que, en el año 2003, el trabajo no registrado en los

distintos sectores de la economía y los 24 distritos del país, superaba el 50 %, y a

fines de 2010 retrocedió al 34,6 %, pero hay provincias en que el trabajo informal

bajó muy poco (como ya se señaló precedentemente), y, por otra parte, existe un

importante núcleo duro de trabajadores contratados en forma irregular, puesto que

sectores como el campo, la producción de madera y papel, la gastronomía y la

construcción mantienen en sus plantillas a más de cinco millones de trabajadores

informales, pese a que en los últimos siete años la cartera laboral realizó más de

850 mil inspecciones, que abarcaron a 2,7 millones de trabajadores (y en 2010, de

cada 10 nuevos empleos privados, 8 se registraron).

En el informe emitido como resultado de dicho estudio, se citan casos extremos

encontrados en inspecciones realizadas durante el año 2010, y del que se

                                                                                                                         17 Navarro, Roberto, “Más de la mitad de los trabajadores en el campo es contratada en manera informal”, 6/03/11, en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-163535-2011-03-06.html 18 Idem 19 La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo del MTEySS produjo un informe basado en los datos de los operativos realizados durante 2010. En el sector agropecuario se inspeccionaron 12.923 establecimientos, que suman 42.314 trabajadores. El 49,8 por ciento no estaba registrado. 20 Navarro, Roberto, “Más de la mitad de los trabajadores en el campo es contratada en manera informal”, op. cit.

8    

 

desprende en consecuencia que existen nichos de informalidad alarmantes. Por

ejemplo:

En la Delegación Regional Mendoza del MTEySS se realizó un operativo de

fiscalización en la actividad agropecuaria de las localidades de Rivadavia, Junín,

Santa Rosa y San Martín. Se relevaron 17 establecimientos, de los cuales el 64 por

ciento presentó irregularidades. En cuanto a los trabajadores, se fiscalizaron 195,

detectándose un 67 por ciento de trabajo no registrado.

En la Delegación Regional Chaco del mismo organismo, se realizó un

operativo de fiscalización de trabajo no registrado en las localidades de Juan José

Castelli y Tres Isletas. Se relevaron 48 establecimientos madereros, de los cuales el

60 por ciento presentaba irregularidades registrales. En cuanto a los trabajadores, se

relevaron 160, de los cuales el 57,5 por ciento no estaba debidamente inscripto.

En la Delegación del NOA (Noroeste Argentino), se fiscalizaron 124 fincas con

1296 trabajadores en la actividad tabacalera (cultivo y trasplante), de los cuales el

45,13 por ciento no estaba registrado. 21

A lo expuesto cabe agregar que, en un encuentro con la prensa (donde estuvieron

presentes el Dr. Carlos Tomada y todos los secretarios de la cartera laboral

nacional), la Viceministra de Trabajo de la Nación, Dra. Noemí Rial, difundió los

resultados de las fiscalizaciones realizadas por los inspectores del MTEySS en las

distintas explotaciones agrarias en todo el país entre enero y marzo de 2011,

señalando que durante el primer trimestre del año la informalidad laboral en el sector

rural ascendió hasta el 67 %, pero las irregularidades treparon hasta el 75 % en el

noreste del país, la región pampeana y Cuyo.22

En abril de 2011 el periodista Pablo Galand, del diario Miradas al Sur, informó que

tuvo acceso a un “paper de consumo interno” elaborado por cuadros técnicos del

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, “que permite establecer un diagnóstico del sector y

que revela los problemas de educación y salud que sufren aquellos que realizan

tareas agrícolas”. Informa Galand que ese paper fue elaborado a partir de las

condiciones de absoluta precariedad que atraviesa una porción mayoritaria de los

trabajadores rurales, y que el trabajo se enfoca, particularmente, en la situación del                                                                                                                          21 Navarro, Roberto, “Resultados alarmantes de Fiscalizaciones. Casos extremos”, 6/03/11, en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/163535-52385-2011-03-06.html 22 Lukin, Tomás, “Menos esclavo, más humano”, 30/03/2011, en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-165174-2011-03-30.html

9    

 

trabajador migrante temporario, que es que se encuentra más desprotegido y sufre

las mayores explotaciones laborales, surgiendo del informe que, en un universo de

aproximadamente 1.000.000 de trabajadores rurales, la mitad queda comprendida

en la categoría de trabajadores temporales o golondrinas, y las migraciones suelen

provenir de las provincias del NOA y del NEA del país, y de países limítrofes como

Bolivia y Paraguay “caracterizando al movimiento en un sentido generalmente de

Norte a Sur del país”, siendo uno de los principales aspectos negativos que presenta

el trabajo golondrina el elevado incumplimiento de las leyes que fijan la relación

contractual laboral como los aportes jubilatorios, la utilización de trabajo infantil, la

falta de seguro de accidentes de trabajo y de cobertura de salud.23 De dicho

documento surge asimismo la siguiente información referente a la “localización

cronológica y cuantificación” del trabajo estacional y golondrina, de acuerdo a datos

extraídos a partir de informes proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación:

• Limón en Tucumán: 20.000 en áreas rurales, de abril a agosto.

• Tabaco en Salta y Jujuy: 75.000 estacionales, de enero a marzo y de agosto a

noviembre.

• Caña de azúcar en Tucumán, Jujuy y Salta: 46.000 estacionales y 23.000 de

Bolivia, de junio a noviembre.

• Algodón en Chaco y Formosa: 8.000 estacionales, de abril a junio.

• Desflore de maíz en Santiago del Estero y Catamarca: 3.000 estacionales, de

octubre a marzo.

• Yerba mate en Misiones y Corrientes: 15.000 estacionales y 5.000

golondrinas, de abril a septiembre.

• Olivicultura en La Rioja y Catamarca: 30.700 estacionales y 20.700

golondrinas, en junio y julio.

• Olivicultura en Mendoza: 3.280 estacionales, de abril a junio.

• Ajo en Mendoza: 9.000 estacionales y 4.000 de NOA y Bolivia, de octubre a

febrero y de marzo a mayo.

• Vitivinicultura en Cuyo: 16.000 estacionales y 30.000 golondrinas, de

diciembre a abril y de julio a agosto.

                                                                                                                         23 Galand, Pablo, “Penurias de los trabajadores golondrinas”, 3/04/2011, en http://sur.elargentino.com/notas/penurias-de-los-trabajadores-golondrinas

10    

 

• Floricultura en los valles de Río Negro y Neuquén: 19.300 estacionales y

8.000 golondrinas, de enero a mediados de abril.

• Arándanos en Entre Ríos: 2.000 de zonas cercanas, de septiembre a

noviembre.24

III. RESULTADOS DE OPERATIVOS DE CONTROL LABORAL EFECTUADOS POR ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES EN EL SECTOR AGRARIO

Al analizar los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de

fiscalización del trabajo, cabe señalar que, respecto al Convenio 129 de la OIT

sobre Inspección del Trabajo en la Agricultura, la Comisión de Expertos de la OIT ha

formulado observación individual a la Argentina. Tomó nota de la memoria del

gobierno recibida en septiembre de 2008, de su respuesta a la observación general

de 2007 sobre este convenio y el Convenio 81 OIT (respecto de la necesaria

cooperación entre el sistema de inspección del trabajo y de los órganos judiciales), y

destacó la ausencia de información sobre el funcionamiento de la Inspección del

Trabajo en la agricultura.

Dicha Comisión constató que, en la lista en la que figuraban las empresas que han

sido procesadas judicialmente (a fin de imponerles sanción pecuniaria por haber

infringido la legislación del trabajo), no se indicaban las disposiciones vulneradas por

las mencionadas empresas, ni el sector de actividad al que pertenecen. Entiende

que se trata del procesamiento de autores de infracciones a la legislación sobre la

seguridad social, pero el gobierno no ha proporcionado elementos que le permitan

saber si los empleadores agrícolas figuran en ellas. No se proporciona ninguna

información relativa a los recursos humanos ni a los medios que se han puesto a

disposición de la Inspección del Trabajo para el ejercicio de sus funciones (arts. 14 y

15 del Convenio), ni que los inspectores reciban la formación adecuada con relación

al sector agrícola (arts. 9 y 17 del Convenio) y, de tal forma, a la supervisión del

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo en

las empresas agrícolas (arts. 6, párr. 1. a, y 21). Además, no parece que se hayan

adoptado las disposiciones para dar efecto al art. 19, relativo a la notificación a la

                                                                                                                         24 Idem

11    

 

Inspección del Trabajo de los accidentes de trabajo y de los casos de enfermedad

profesional (párr. 1), ni a la posibilidad de asociar los servicios de Inspección del

Trabajo en la agricultura a las investigaciones realizadas en el lugar donde hayan

ocurrido los hechos, sobre las causas de los accidentes del trabajo y los casos de

enfermedad profesional que hubieran tenido consecuencias mortales u ocasionado

varias víctimas (párr. 2). En relación con el art. 27 del Convenio, sobre las

informaciones que debería contener el informe anual sobre las actividades de

Inspección del Trabajo en la agricultura, el gobierno se refiere, por lo que respecta al

número de empresas sujetas a la inspección, a un censo nacional de 2002, en el

que figuraban 333.533 establecimientos. El gobierno indica que en 2007 se

efectuaron 1530 controles, que cubrían a 18.848 trabajadores, 38% de los cuales no

se habían inscripto en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), lo

que induce a pensar que estos controles tenían por objeto controlar el cumplimiento

por parte de los empleadores y de los trabajadores de sus obligaciones respecto de

la Seguridad Social.25

Por su parte, el Dr. Guillermo Alonso Navone manifestó el año pasado que el sector

rural mantiene el primer lugar en lo que respecta a empleo informal en todo el país, y

que la cartera laboral estima que en la Argentina existen alrededor de un millón de

trabajadores rurales.26

Según datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, dependiente del

Ministerio de Trabajo, seis de cada diez asalariados rurales trabajan en negro.27

Benigno López, presidente del Movimiento Campesino de Formosa, manifestó en un

reportaje de enero de 2011 que “la mayor parte de los trabajadores rurales en esa

provincia está en negro”, y que “en los campos de importantes políticos y

empresarios, al margen del río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay, el 75% de

los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones

infrahumanas”, enfatizando asimismo que “el 60% de los campos tienen mano de

obra en condiciones de servidumbre”.28

                                                                                                                         25 Avallone, Graciela y otro, “El trabajo agrícola. Su regulación en la Argentina y su situación actual”, RDLSS 2010 15-1329, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010. 26 Diario La Capital, “El trabajo rural lidera el ránking nacional del empleo informal”, 7/02/2011, en http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-trabajo-rural-lidera-el-ranking-nacional-del-empleo-informal-20110207-0019.html 27 Cleiman, Ana L., “El mapa del trabajo forzado en el campo”, 16/01/2011, en http://sur.elargentino.com/notas/el-mapa-del-trabajo-forzado-en-el-campo 28 Idem

12    

 

Diego Montón, mendocino y miembro del Movimiento Campesino Nacional

Indígena, informó en enero de 2011 al diario Miradas al Sur que la situación de los

trabajadores del campo en su provincia tiene muchos puntos en común con la del

NOA y el NEA, y remarcó lo siguiente: “En el modelo del agronegocio, es inherente

la explotación a los trabajadores. En Mendoza, la vid y el ajo son los principales

cultivos. En los momentos en que se requiere la mayor cantidad de mano de obra se

utilizan trabajadores golondrina, más un porcentaje de trabajadores temporales

locales. Más del 80% es trabajo en negro”.29

Julia Egan, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, informó

que, en la Provincia de Tucumán, el caso de los cítricos tiene como particularidad

que la mayoría de los trabajadores rurales son de esa provincia y de residencia

urbana. Pero en el citrus, como en la mayoría de las actividades agrarias que no

están mecanizadas, no existen los trabajadores permanentes, sino que son todos

temporarios, y el porcentaje de trabajo en negro es altísimo.30

Cristián Cabrera, del Movimiento Campesino de Jujuy, informó que en esa provincia

la producción de porotos, tabaco y caña de azúcar concentra la mayor actividad

agraria, y que la mayoría de los peones trabaja en negro o les exigen ser

monotributistas, por lo que terminan siendo deudores del Estado al no poder pagar

los impuestos”.31

A su vez, varios medios periodísticos han informado sobre el resultado de distintos

operativos de inspección laboral llevados a cabo en el sector rural de distintas

provincias argentinas, brindando asimismo información de lo testimoniado por

especialistas en la materia y diversos funcionarios y organismos nacionales y

provinciales.

A continuación, se transcriben algunos extractos de la información más relevante

brindada al respecto:

-­‐ En octubre de 2010 el MTEySS realizó operativos de control en plantaciones

de las provincias de Jujuy y Salta, en los que relevó la situación de 1296

trabajadores ocupados en 124 establecimientos dedicados a actividades rurales

ligadas al tabaco y la cosecha de frutilla y cebolla. De ellos, el 45,1% no se

encontraba registrado. La cartera laboral informó que cerca de la mitad de dichos

                                                                                                                         29 Idem 30 Idem 31 Idem

13    

 

1296 trabajadores se encontraban en negro. Como parte del Plan Nacional de

Regularización del Trabajo, dicho organismo realizó durante el mes de octubre de

2010 una serie de operativos de fiscalización en la región del Noroeste argentino

(NOA), donde relevó 124 establecimientos dedicados al trasplante de tabaco y la

cosecha de frutilla y cebolla, y detectó que el 45,1 % de los empleados no se

encontraban registrados.

Los operativos, efectuados por la Dirección regional NOA de la cartera laboral,

tuvieron lugar en las ciudades de El Carmen, Monterrico, Perico, La Mendieta, San

Pedro e Ingeniero Esperanza, en la Provincia de Jujuy, y Valle de Siancas y Valle de

Lerma, en la de Salta.

Las estadísticas que surgen del PNRT indican que, lejos de ser una excepción, el

empleo de trabajadores en negro en esas actividades se consolida como la norma.32

-­‐ En los primeros nueve meses de 2010, el MTEySS fiscalizó un total de 2730

explotaciones rurales, en las que se hizo un relevamiento de la situación de 30.379

trabajadores y mediante el cual detectó que el 60,3 % de ellos se encontraban en

negro. “El porcentaje alto de trabajo no registrado se da en las cosechas con mano

de obra intensiva, como la del citrus en Entre Ríos, la manzana en Río Negro y el

arándano en Tucumán, que exigen mucha cantidad de mano de obra para poder

cosechar”, explicó el Dr. Guillermo Alonso Navone.33

-­‐ El 28 de febrero de 2011 la Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP) dio a conocer al Diario Tiempo Argentino los resultados de operativos de

fiscalización laboral en la Provincia de Mendoza, informando que fueron

inspeccionadas cinco fincas rurales del departamento de Tupungato, en donde se

cosechaba zanahoria, relevando a 59 trabajadores en condiciones deplorables de

trabajo y vivienda, de los cuales el 88% no estaba registrado.34

-­‐ En enero de 2011 el periodista Pablo Galand, del diario Miradas al Sur,

informaba que los casos de campesinos esclavizados en campos bonaerenses se

replica en distintos lugares del país a partir de las migraciones estacionales, y que

esos casos denunciados y difundidos acerca de trabajadores santiagueños

sometidos a condiciones infrahumanas, abocados al desfloramiento del maíz,

                                                                                                                         32 Diario Tiempo Argentino, “Operativos de control en plantaciones de Jujuy y Salta. Casi la mitad del trabajo rural, en negro”, 8/11/2010, en http://tiempo.elargentino.com/notas/casi-mitad-del-trabajo-rural-negro 33 Idem 34 Idem

14    

 

representan apenas la punta del iceberg de un problema estructural que en los

últimos años se ha profundizado, estimándose que el trabajo golondrina involucra a

cerca de 400.000 personas a lo largo del año, una cifra muy superior a la de los ’90,

donde se calcula que los campesinos sometidos a esta actividad alcanzaban los

100.000. Y, de acuerdo con datos que maneja el Ministerio de Agricultura, la región

de Cuyo absorbe el 35% de la demanda laboral, el NOA y NEA el 26% y la región

patagónica el 13%, aclarándose que el aumento de la producción agraria y la

necesidad de una mano de obra intensiva explican en parte el aumento de estas

migraciones estacionales, siendo Santiago del Estero la provincia que provee la

mayor cantidad de trabajadores golondrinas, debido a varias razones: por un lado, la

tecnificación de la producción del algodón y la desaparición del obraje como

consecuencia de la tala indiscriminada de árboles expulsó a miles de campesinos a

esta actividad. Por otro lado, la expansión de la producción sojera, inédita hasta

hace unos años en Santiago del Estero, que requiere de una escasa mano de

obra.35

-­‐ Juan Carlos Agulla, Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Misiones,

informó en enero de 2011 al diario Miradas al Sur que en esa provincia hay 14.000

tareferos, de los cuales “el 60 por ciento está en situación irregular”. A diferencia de

otros trabajadores rurales que son llevados a los lugares de cosecha desde

provincias lejanas, casi todos los tareferos son misioneros y en menor número

provienen de pueblos limítrofes de Paraguay. Ocho de cada diez pequeños

productores cosechan el 30 % del total de hoja verde de Misiones. Diez mil tienen

menos de seis hectáreas con muy bajos rendimientos, ya que les cuesta mucho

invertir para renovar su tierra. El 20 % restante de los productores de hoja verde

acapara el 70 % de lo que se produce y comercializa.36

-­‐ En Junio de 2011 la AFIP realizó dos operativos de control de empleo en

diferentes fincas de Salta y Río Negro, donde detectó que el 100% de los

trabajadores relevados no se encontraban registrados por sus empleadores. Sobre

                                                                                                                         35 Galand, Pablo, “Los casos de campesinos esclavizados”, 9/04/2011, en http://sur.elargentino.com/notas/trabajo-golondrina-uno-de-los-rostros-de-la-explotacion 36 Yofre, Francisco, “Mate frío y explotador”, 30/01/2011, en http://sur.elargentino.com/notas/mate-frio-y-explotador

15    

 

los 76 empleados relevados en ambas provincias, se encontraron a niños e

indocumentados cumpliendo tareas de cosecha.37

-­‐ En enero de 2012 la AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos

de la Seguridad Social, detectó 100 % de empleo no registrado en un campo de

Chacabuco, ubicado en el Km. 192 de la ruta N° 7. Allí los agentes del organismo

recaudador relevaron a 42 empleados, dedicados al desflore de maíz, que no

estaban registrados por su empleador y habían sido trasladados desde Santiago del

Estero.38

En junio de 2012 la periodista Mariana Gil informó que “el número de casos de

trabajo infantil cayó en la primera mitad del año en Mendoza, como consecuencia de

las diferentes estrategias implementadas para combatir este flagelo”, informando

asimismo que “en lo que va del 2012 se han registrado un total de 17 casos de niños

trabajando, en comparación con las relevadas en el 2009, que certificó 57 casos, y

65 en el 2011” y que, según sostuvo la Directora de Empleo de la Subsecretaría de

Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, Lic. Dora Balada, “éstos

resultados se deben a todas las acciones que apuntan a resolver un problema que

no sólo aborda a los chicos que trabajan en edad temprana, sino también a los que

se encuentran en situación de vulnerabilidad”. 39

Pero resulta que, a su vez, el periodista Oscar Tapia informó a fines de agosto de

2012 que, según información proporcionada por la Subsecretaría de Trabajo y

Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, las inspecciones laborales realizadas

en esa provincia desde enero hasta agosto de 2012 permitieron encontrar a “130

niños trabajando y 50 adolescentes que no tenían el permiso de sus padres para

poder hacerlo”, destacando asimismo dicho periodista que ni el MTEySS ni la

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza cuentan

con datos estadísticos referentes a la problemática del trabajo de niñas, niños y

                                                                                                                         37 Diario digital Mendoza Económico, “Nuevos casos de trabajo esclavo en el agro”, 10/06/2011, en http://www.mendozaeconomico.com/2011/06/10/nuevos-casos-de-trabajo-esclavo-en-el-agro/ 38 Diario digital Mendoza Económico, “Detectan 100% de empleo rural no registrado en un campo de Chacabuco”, 26/01/2012, en http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/26/detectan-100-de-empleo-rural-no-registrado-en-un-campo-de-chacabuco/ 39 Gil, Mariana, “Se registraron menos casos de trabajo infantil”, 12/06/2012, en http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2012/06/12/nota302595.html

16    

 

adolescentes, y que así se lo confirmaron la Lic. Dora Balada y el Dr. Guillermo

Alonso Navone.40

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Subsecretario de Trabajo y Seguridad

Social de la Provincia de Mendoza, Ariel Pringles, manifestó recientemente que “el

trabajo infantil se presenta en la gran mayoría de los casos en las zonas más

alejadas y rurales, en contraposición de las áreas urbanas”41, se puede entonces

estimar que, lamentablemente, la situación del trabajo infantil prohibido o

clandestino en el ámbito rural mendocino tiene actualmente una dimensión

preocupante, si se toma en consideración asimismo que el Observatorio de la

Deuda Social Argentina de la UCA publicó en agosto de 2012 una encuesta que

llevó a cabo en el último bimestre del año 2011 sobre 750 hogares del Gran

Mendoza y San Rafael, que arrojó como resultado que “el trabajo infantil en el Gran

Mendoza alcanza a unos 43.000 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años que están

comprometidos en labores domésticas y en actividades económicas diversas que en

Mendoza, fundamentalmente, se dan en tres rubros: los hornos de ladrillos, las

fincas y galpones de empaque y la cosecha de uva”, aclarando al respecto la

responsable de la encuesta, Licenciada Lanina Tuñón, lo siguiente: “El relevamiento

mide el trabajo infantil urbano. El campo queda fuera de la muestra y es,

precisamente, donde se estima que se registra en mayor medida”.42

IV. CAUSAS DE LA CLANDESTINIDAD DEL TRABAJO RURAL EN

ARGENTINA

Como bien señaló el Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores

Rurales y Estibadores, Gerónimo Venegas, “en el campo argentino hay una cultura

de más de cien años de trabajo en negro, de mano de obra no registrada y de

trabajo infantil”.43

                                                                                                                         40 Tapia, Oscar, “El trabajo infantil en el Gran Mendoza alcanza a unos 43 mil niños y jóvenes”, 27/08/2012, en http://elsolonline.com/noticias/view/145508/el-trabajo-infantil-en-el-gran-mendoza-alcanza-a-unos-43-mil-ninos-y-jovenes 41 Gil, Mariana, “Se registraron menos casos de trabajo infantil”, op. cit. 42 Tapia, Oscar, “El trabajo infantil en el Gran Mendoza alcanza a unos 43 mil niños y jóvenes”, op. cit. 43 Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines-Secretaría Regional Latinoamericana, “Reportaje a Gerónimo Venegas, efectuado por Gerardo Iglesias”, 11/04/2005, en http://www.rel-uita.org/sindicatos/con_geronimo_venegas.htm

17    

 

En abril de 2008, el referente de la UATRE en la Provincia de Santa Fe y delegado

provincial de su obra social, Alberto Balbi, manifestó que en esa provincia “el trabajo

en negro oscila entre un 75 y 80 % en todos los rubros del sector agropecuario”.44

Cabe destacar que Balbi, al informar ese dato estimativo, se desempeñaba

asimismo como vocal del Secretariado Nacional de la UATRE.

Al año siguiente, en agosto de 2009, Venegas fue entrevistado por la periodista

Patricia Van Ploeg, produciéndose el siguiente diálogo durante una parte del

reportaje:

- Periodista: Recientemente hubo ataques del Gobierno por la falta de blanqueo

de trabajadores rurales. ¿Qué hay de mito y qué de verdad en estas acusaciones?

- Gerónimo Venegas: Estos ataques son por las diferencias que tiene el

Gobierno con el sector agropecuario. Hablan de trabajo en negro, pero no se puede

registrar sin Policía del Trabajo, que depende directamente del Ministerio de Trabajo

de la Nación. El Estado tiene la mayor responsabilidad de que no haya trabajo en

negro, ni trabajo infantil, ni mano de obra indocumentada. No solo a nivel nacional

sino de las provincias.

- Periodista: ¿Cuántos trabajadores hay en el campo?

- Gerónimo Venegas: Debe haber un millón y medio. Nosotros teníamos

770.000, pero en los últimos tiempos bajaron a 700 mil, porque no hay producción.

(…)

- Periodista: Usted siempre menciona al trabajo infantil como otro flagelo del

sector. ¿Qué hacen para combatirlo?

- Gerónimo Venegas: Hacemos relevamientos, pero cuando hay un campo que

produce y tiene rentabilidad. Hemos tenido enfrentamientos con los productores, que

nos han cortado las gomas de las camionetas que van a hacer las inspecciones, por

ejemplo, en explotaciones de ajos, en San Juan. Esto pasó hace dos meses.45

Por su parte, la entonces delegada del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y

Empleadores (RENATRE) en la Provincia de Catamarca, Lic. Miriam Juarez, informó

a mediados del año 2010 que: “En el contexto latinoamericano, 28 millones de

niños/as entre 5 y 17 años trabajan; 1 de cada 5 niños/as trabajan; más de 17                                                                                                                          44 Diario digital El Litoral, “Entrevista a Alberto Balbi, efectuada por el periodista Ezequiel Kay, 12/04/2008, en http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/04/12/laregion/REG-06.html 45 Primicias Rurales, “Reportaje a Gerónimo Venegas, efectuado por la periodista Patricia Van Ploeg”, 17/08/2009, en http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-hace-casi-16-anos--geronimo-venegas-accedio-a-la-union-argentina-de-trabajadores-rurales-y-estibadores-uatre--gremio-que-hasta-ese-momento-era-%C2%ABun-sello-de-goma%C2%BB-4232.php

18    

 

millones de niños/as que trabajan, tienen menos de 15 años de edad. Más de

2.000.000 de niños/as trabajan en Argentina, de los cuales 400.000 corresponden al

sector rural.46 (…). En el sector rural de Catamarca no hay datos específicos

respecto a la cantidad de niños y niñas que trabajan, porque es muy difícil de

detectar y decir qué cantidad de niños trabajan. Y es difícil decirlo, porque es difícil

detectarlo, es difícil relevarlo. Y lo digo después de 8 años de recorrer campos y de

tratar de detectar el trabajo infantil, junto con el director de trabajo de la provincia y

junto con el jefe de la UATRE. Pero nosotros, desde el año 2004 o 2005, de acuerdo

a distintas inspecciones que hemos hecho, tenemos los siguientes datos (que

corresponden al año 2006): En el departamento de Capayán trabajan en cosecha de

tomate y desmonte; en los departamentos de Tinogasta y Pomán trabajan en la

cosecha de vid; en el departamento de Santa Rosa trabajan en la cosecha de

tabaco; en el departamento de Santa María en la cosecha de pimiento para

pimentón; en los departamentos de Belén y Pomán trabajan en la cosecha de nuez;

en los de Cafayán y Valle Viejo trabajan en la cosecha de Olivo. Es decir que

nosotros no tenemos números, pero tenemos la certeza de que en dichas

actividades hay trabajo infantil. No quiere decir que no haya otras actividades rurales

en las que trabajen niños en la Provincia de Catamarca. Pero esto es lo que

nosotros detectamos”.47

En agosto de 2010, un año después de conceder el reportaje mencionado más

arriba, Venegas fue entrevistado con motivo del proyecto de ley que había

presentado el PEN para establecer un nuevo régimen nacional de trabajo agrario,

oportunidad en la que manifestó lo siguiente: “Es un proyecto malintencionado, que

en vez de beneficiar al trabajador rural quiere desguazar al gremio y quedarse con el

RENATRE, un instituto sin antecedentes en el mundo, para cuya formación trabajé

siete años. El gobierno dice que en el campo hay un 75 % de trabajo en negro y yo

digo que no, que hay un 40 o 45 % por ciento por falta de políticas de Estado que

hagan relevamientos del sector agropecuario. La Policía de Trabajo la debe poner el

Estado para terminar con el trabajo en negro, el trabajo infantil y la mano de obra

                                                                                                                         46 Esta cantidad estimativa de trabajo infantil rural en Argentina es importante tenerla presente, porque fue dada a conocer por una delegada del ex RENATRE. 47 Diario Digital Catamarca actual - Audiovisual, "Renatre, Miriam Juarez y el trabajo infantil”, 16/06/2010, en http://www.youtube.com/watch?v=Cc8yLfh_cLc&feature=related

19    

 

indocumentada. Nosotros no tenemos Poder de Policía, pero así y todo hicimos una

revolución”.48

Asimismo, dicho dirigente gremial le remarcó a otro medio periodístico que el

RENATRE logró registrar a 800.000 trabajadores rurales, pero enfatizó que en el

sector “hay mucha gente en negro”, y señaló que: “No hay un acompañamiento

adecuado de la Subsecretaría de Trabajo de la Nación. Faltan inspectores,

vehículos, presupuesto, y así es muy difícil hacer un relevamiento. Este Estado no

hace nada por registrar a los trabajadores, terminar con el trabajo infantil y el trabajo

en negro”.49

Cabe recordar al respecto que, tal como lo subraya la propia cartera laboral, por ser

un país federal, la Argentina posee un servicio de inspección por cada una de las

provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuenta con un cuerpo

perteneciente a la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación. Pero, a su vez, en el año 2000 fue creado el Consejo

Federal del Trabajo, integrado por la máxima autoridad laboral de cada jurisdicción y

presidido por el MTEySS, siendo su función la de “impulsar las políticas generales

en la materia”.50

También el propio MTEySS destaca que la responsabilidad que tienen tanto el

Estado Nacional como las Provincias de garantizar el cumplimiento de la legislación

laboral en todo el territorio nacional, se ha puesto de manifiesto el 29 de julio de

1998, con la firma del Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212), documento en el que

acuerdan y declaran “que la asignación de competencias, que en materia laboral

impone el sistema federal de gobierno, no debe convertirse en un obstáculo para la

instrumentación de políticas y acciones en toda la República que procuren el

                                                                                                                         48 Agencia de Noticias Mendoz@ Transparente, “Entrevista al Secretario General de la UATRE, Gerónimo Venegas”, 16/08/2010, en http://www.mendozatransparente.com.ar/index.php/component/content/article/59-gobierno-cristina-k/532-elecciones-2011--venegas-con-duhalde--.html 49 Diario digital Nordesteya, “Hemos logrado registrar 800 mil trabajadores’”, 29/08/2010, en http://www.nordesteya.com/notix/noticia/12014_exclusivo_hemos_logrado_registrar_800_mil_trabajadores-2.htm 50 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “La inspección del trabajo, el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, 17/09/2012, en http://www.trabajo.gov.ar/cooditia/fiscalizaciones/

20    

 

bienestar general sino que, por el contrario, ofrece la posibilidad de sumar

voluntades, recursos y materiales en toda la extensión del país”.51

En agosto de 2010, el periodista Ignacio Chausis informó que, según el MTEySS, de

los relevamientos efectuados por ese organismo surge que en la Argentina hay un

75 % de trabajo rural clandestino, mientras que el economista en jefe de la Sociedad

Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, “rechazó por falsas las cifras publicadas por la

cartera laboral y dijo que la causa de la informalidad laboral es la reticencia de los

propios trabajadores, en muchos casos temporarios, a acceder al blanqueo”,

enfatizando lo siguiente: “No creo que el campo tenga más trabajo informal que otros

sectores de la economía. Al contrario, muchos productores tienen la voluntad de

blanquear a sus empleados, pero estos se niegan porque dicen que de ese modo

perderían los beneficios de planes sociales que cobran”.52

Cabe destacar que el argumento de Ambrosetti fue rechazado por el Dr. Guillermo

Alonso Navone, en su carácter de Subsecretario de Fiscalización del MTEySS,

quien explicó que: “Si bien el empleado que es registrado deja de percibir los

programas sociales implementados desde el Ministerio, apenas finalizado el vínculo

laboral pasa nuevamente a cobrarlos. No es más que un pretexto utilizado con el fin

de enriquecerse más de lo debido y no pagar las contribuciones y cargas sociales

que corresponden, lo que constituye un delito. Esto tiene que ver con una cultura de

la evasión instalada, donde se piensa que ‘cosecho durante cuatro o cinco días y me

juego a que no me caiga una inspección’ para así incrementar el beneficio de la

explotación laboral”.53 A su vez, Alonso Navone justificó las dificultades a la hora de

fiscalizar muchas explotaciones rurales, dando el siguiente ejemplo: “En un viñedo

de Mendoza, fui testigo de cómo al llegar los inspectores al lugar, un capataz realizó

un chiflido y de repente todos los trabajadores desaparecieron y se ocultaron en el

propio campo. Tenemos que hacer inteligencia previa, utilizar GPS, caer por

sorpresa, en muchos casos con Gendarmería, algunas veces son cosas propias de

una película de acción”. 54

                                                                                                                         51 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “Competencias en fiscalización del trabajo infantil y adolescente y en fiscalización laboral”, 17/09/2012, en http://www.trabajo.gov.ar/cooditia/fiscalizaciones/ 52 Chausis, Ignacio, “Polémica en torno al 75% de empleo en negro detectado en la actividad rural”, 3/08/2010, en http://tiempo.elargentino.com/notas/polemica-torno-al-75-de-empleo-negro-detectado-actividad-rural 53 Idem 54 Idem

21    

 

Pedro Cerviño, ex dirigente de la Federación Agraria, también rechazó la

argumentación de Ambrosetti, puesto que opinó que “si hay trabajo en negro en el

campo, es para evitar las cargas sociales, no por otra cosa”, sosteniendo que “en

las cosechas de mano de obra intensiva, el trabajo en negro es frecuente. Es un

sistema establecido, es el modus operandi tradicional”.55

Entre fines de 2010 y principios de 2011 algunos medios periodísticos informaron

sobre determinados operativos de fiscalización en diversos puntos del territorio

nacional, donde fueron encontrados trabajadores rurales en condiciones laborales

muy precarias. A raíz de ello, Gerónimo Venegas concedió una entrevista al

programa radial “Mañanas de Campo”, oportunidad en la que fue consultado sobre

cuál es el porcentaje o proporción de trabajadores rurales no registrados que son

detectados durante los relevamientos que realiza la UATRE. El dirigente gremial

respondió lo siguiente: “Hay números que asustan, pero si vamos a la Provincia de

San Juan le puedo asegurar que en la cosecha de ajo debe haber un 60% de trabajo

en negro (…). Los desafíos son siempre los mismos: seguir avanzando en el

relevamiento de los trabajadores porque falta registrar casi un 45% de trabajo en

negro.56

El Presidente de la Comisión de Policía del Trabajo de una de las provincias

argentinas con mayor superficie geográfica, me manifestó personalmente que, lo

que se necesita para revertir la grave problemática del trabajo infantil y del trabajo

rural que se realiza en la República Argentina infringiendo la normativa laboral, es

aumentar la cantidad de inspectores e inspecciones del MTEySS dedicados a

fiscalizar el trabajo en el sector agrario, siendo fundamental que lo hagan

conjuntamente con la AFIP en una mucho mayor medida que la actual, “porque la

intervención de la AFIP es lo que más impacto causa”. Lo que me transmitió dicho funcionario está en consonancia con lo manifestado en

abril de 2012 por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr.

Carlos Molina, quien reconoció la escases de inspectores, explicando que, con lo

grande que es dicha provincia, resulta fundamental el trabajo local, y es por ese

motivo que su cartera tiene presencia institucional en todo el territorio a través de 46

delegaciones regionales y 43 subdelegaciones. Señalo además “que uno de los                                                                                                                          55 Idem 56 Diario Infosudeste, “Momo Venegas: “Falta registrar un 45% de los trabajadores rurales’”, 15/02/2011, en http://infosudoeste.com.ar/2011/02/15/momo-venegas-falta-registrar-un-45-de-los-trabajadores-rurales/

22    

 

objetivos que se busca es trabajar lo más conjuntamente posible con organismos

nacionales, ya sea el MTEySS, la AFIP o los organismos locales o municipales, a fin

de aunar esfuerzos desde el sector público” y “que hace unos años el área

administrativa de Trabajo fue desmantelada”. Destacó además la importancia que

tiene la denuncia pública ante el Ministerio, frente a casos de empleo irregular,

informando en ese sentido lo siguiente: “Nosotros somos consientes de los límites

que tenemos en materia de inspección: en este momento contamos con 200

inspectores para toda la Provincia; y así tuviésemos el doble o incluso el triple,

serían insuficientes. Facilitamos las vías de acceso para la denuncia del trabajo

irregular, dimos importancia a la informatización, de tal modo que hay un único canal

o registro de denuncia, a través del 0800 666 2187. Para nosotros la denuncia es

ganar tiempo y efectividad. Es imposible cubrir todo el territorio bonaerense con sólo

200 inspectores. En cambio los sindicatos, nuestros propios delegados o cualquier

habitante puede hacer una denuncia, anónima, pero comprometida porque está

denunciando una irregularidad, un incumplimiento a la normativa laboral o de

seguridad e higiene. Hasta el propio trabajador afectado también lo puede hacer. La

denuncia genera una inspección y, a veces, llegamos de esa manera a lugares

donde sería muy difícil llegar, o se llegaría de casualidad”.57

Cabe agregar al respecto lo que había manifestado el Dr. Molina al ser entrevistado

por dos periodistas del Canal 7 de Televisión en enero de 2011, luego de algunos

operativos de inspección laboral efectuados en campos de la Provincia de Buenos

Aires, en los que se encontraron trabajadores rurales en situaciones que lindan con

la servidumbre, y en condiciones habitacionales infrahumanas. En una parte de esa

entrevista se produjo el siguiente diálogo:

- Viceministro Molina: “Si hubiéramos tenido las denuncias correspondientes”,

hubiéramos actuado tal como lo hemos hecho ahora. Es cierto, existe en la

comunidad un conocimiento de que existen este tipo de explotaciones. Es difícil

detectarlas.

- Periodista: ¿Había menores de edad? - Viceministro Molina: En el caso del allanamiento en el que yo intervine no

había menores de edad, pero los propios trabajadores nos comentaron que había

                                                                                                                         57 Mundo Gremial, “El empleo informal es una ‘asignatura que sigue pendiente’”, 26/04/2012, en http://mundogremial.com/informacion-general/el-empleo-informal-es-una-asignatura-que-sigue-pendiente-1900

23    

 

dos menores que habían sido retirados dos o tres días antes por un tío de uno de

ellos. No sabemos menores de qué edad eran. Pero en otros allanamientos, los que

se hicieron la semana pasada, sí se encontraron menores de 16 a 18 años, incluso

uno de ellos con un documento adulterado con respecto a su edad, y por supuesto

sin ningún tipo de autorización de padres para ese trabajo. Uno se pregunta qué

hacemos ante la indignación que provoca todo esto. El Estado tiene obviamente una

función indelegable. No digo indelegada, porque en algunas épocas recientes se ha

liberado en materia laboral este tipo de actividad, entre otras cosas

desmantelándose la capacidad inspectiva del Ministerio. Es intención del Ministro

Cuartango incrementar la cantidad de inspectores. El Estado tiene que estar

presente en materia de inspección. Pero si usted piensa que el territorio de la

Provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 90

% debe ser rural y, aunque esté acotado a determinadas zonas, si uno hace las

cuentas son miles de kilómetros por inspector. Es imposible hacer una tarea de

rutina. Patrullando, es imposible llegar esto. Yo lo he podido presenciar. Yo he

estado en San Pedro una hora antes de haber podido llegar al campo, y tenía la

comunicación telefónica con el fiscal que estaba interviniendo y que estaba allá

dentro del campo, y no podía llegar. Esto da una idea de que “no está al borde de la

ruta”. Entonces, patrullar eso para encontrar, es más o menos como jugar a la

batalla naval. Nosotros pretendemos jugar conociendo el lugar en donde está la flota

del adversario. Y, para eso, además de la inspección, es necesaria la participación

de toda la comunidad. De los gremios del sector en principio, de los gobiernos

municipales y del conjunto de la población. Tenemos un teléfono para que nos

puedan hacer llegar denuncias, que es el 08006662187. La denuncia puede ser

anónima, y tenga la seguridad que cada denuncia genera una inspección.58

Lo aseverado por el Dr. Molina se complementa con lo informado en enero de 2011

por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Cuartango, al

ser entrevistado por el periodista Leonardo Rossi, del diario Página 12, con motivo

de los allanamientos realizados en dos fincas rurales de la localidad de San Pedro.

A renglón seguido se transcribe un extracto de ese reportaje:

                                                                                                                         58 Canal 7 de Televisión, “Noticiero Visión 7. Reportaje al Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Molina”, Grabado Digitalmente, Soporte CD, 10/01/2011.

24    

 

- Periodista: ¿Es frecuente encontrar situaciones de precariedad laboral de esta

magnitud?

- Ministro Cuartango: Nosotros periódicamente detectamos casos de presunta

reducción a la servidumbre. Son casos en los que hay una precariedad habitacional

y laboral tremenda. Lo que sucede es que son muy difíciles de encontrar porque,

como sucedió en San Pedro, los campos están alejados de la ruta principal. A eso

se suma que la gente no puede salir para denunciar las condiciones en las que está.

- Periodista: A los casos de San Pedro se llegó por la iniciativa de un fiscal,

¿qué capacidad tiene el Ministerio de encontrar estas irregularidades?

- Ministro Cuartango: El Ministerio hace operativos propios y también actúa

cuando se hacen denuncias. Tenemos Poder de Policía, pero nuestra capacidad de

inspección es bastante limitada. Entre inspectores laborales y de seguridad e higiene

tendremos alrededor de 210 empleados. Eso a todas luces es insuficiente para una

provincia de la extensión de Buenos Aires. Pero hay que resaltar que desde que

comenzamos la gestión hasta la fecha duplicamos la cantidad de inspectores. En

2007 había 27 empleados de seguridad e higiene y hoy tenemos 55.

- Periodista: ¿A qué atribuye ese déficit?

- Ministro Cuartango: Las dificultades son de tipo presupuestario. No sólo se

trata de nombrar inspectores y capacitarlos, sino de lograr tener una logística que

incluya empleados administrativos, abogados, apoyatura informática y espacios

físicos para desarrollar las tareas. Todo esto requiere de recursos con los cuales no

siempre se cuenta. (…)

- Periodista: ¿Qué acciones concretas realizarán en torno de la explotación de

los trabajadores rurales?

- Ministro Cartango: Se van a interprovincializar las tareas debido a que las

personas son traídas, por ejemplo, de Santiago del Estero y van parando en distintos

lugares. Desde Buenos Aires estamos incrementando el número de inspectores y los

estamos descentralizando. El resultado de esto se va a ver en los próximos meses.

Espero que sea un accionar más intenso y con mayor presencia. Para eso me llamó

el Ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se puso a disposición para ampliar la

capacidad de inspección.59

                                                                                                                         59 Rossi, Leonardo, “El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires cuenta con apenas 210 inspectores: ‘Nuestra capacidad es limitada’”, 7/01/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160033-2011-01-07.html

25    

 

Por su parte, también en enero de 2011, el titular de la UATRE sostuvo que ese

gremio “es el abanderado del trabajo en blanco”, precisando asimismo que, desde el

inicio de su gestión en el año 1991, pasaron "de 15.000 a 800.000 trabajadores

registrados".60

A su vez, Venegas concedió una entrevista radial a la periodista Paulina Rodrigues,

produciéndose el siguiente diálogo:

- Periodista: ¿Se está haciendo algo para controlar?

- Venegas: Sí, nosotros estamos haciendo relevamientos. Nosotros hicimos en

otra y agarramos en un lugar 240 igual que en Nidera y otros 200 en otra (…)

- Periodista: ¿Cuántos afiliados tiene?

- Venegas: 800.000 pero entendemos que hay un millón y medio. Todavía falta

relevar. Hay 700.000 en negro, de los cuales debe haber 200.000 chicos trabajando,

y el resto es trabajo en negro.61

Se observa que Venegas menciona que la UATRE ha estimado que hay 200.000

niños que trabajan en el sector rural de la Argentina, pero no especifica cuántos

adolescentes calcula que se encuentran trabajando sin haber sido registrados por

sus empleadores (sólo brindó una cifra estimativa global).

En enero de 2012, Rubén Álvez, delegado de la UATRE en la localidad de

Apóstoles, Provincia de Misiones, informó sobre su preocupación por la falta de

controles, aclarando que la situación no se debe a falta de voluntad, sino que se

produce como consecuencia de que los equipos de contralor pertenecientes a los

ministerios de trabajo de esa provincia y de la Nación “no dan abasto, son pocos

inspectores afectados a toda la provincia”. El gremialista explicó asimismo que: “para

una inspección tenés que hacer un programa cada 3 a 6 meses y no es cuando se

necesita, porque si hoy ves trabajo infantil hay que ir ya a verificar el tema, hacer la

actuación, pero seguro que no contás con inspector para hacer eso, debés esperar

la semana siguiente y ya no habrá más trabajadores en el lugar”. Por último, Álvez

aseveró que: “los responsables de las inspecciones son los ministerios de trabajo de

la provincia, de la Nación y la AFIP que tanta campaña hizo de trabajo esclavo,

desde que RENATEA abrió por ley desde el 28 de diciembre y hoy en junio no

funciona, los inspectores no están en el campo, haciendo relevamiento de                                                                                                                          60 Télam, “Venegas dice que Uatre defiende al trabajo en blanco”, 26/01/2011, en http://www.nuevoabcrural.com.ar/vertext.php?id=3501 61 Radio Continental, AM 590, Programa “Antes que mañana”, “Reportaje a Gerónimo Venegas, efectuado por la periodista Paulina Rodrigues, Grabado digitalmente, 7/01/2011.

26    

 

trabajadores. Ojalá que articulen los mecanismos y empiece a funcionar el

RENATEA. Cuando era RENATRE tenía actuaciones permanentes e inclusive había

muchos conflictos por su participación en los controles y eso hoy no sucede”.62

Lo cierto es que, en la actualidad, luego de haber transcurrido dos años desde que

fuera publicado por el MTEySS dicho cálculo estimativo del 75 % de trabajadores

agrarios no registrados, el Ingeniero Agrónomo Guillermo Martini, al asumir el cargo

de Director General del RENATEA, informó que la cifra estimada que se maneja hoy

desde la cartera laboral asciende al ochenta por ciento63, lo que convierte a la

problemática en una situación todavía más grave y vergonzosa de lo que viene

siendo en los últimos años.

V. EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL DEL TRABAJO AGRARIO

El Dr. Carlos Tomada concedió una entrevista televisiva en marzo de 2011 a los

periodistas Ernesto Tenenbaum y Marcelo Zlotogwiazda. En una parte de ese

reportaje se produjo el siguiente diálogo:

- Periodista Zlotogwiazda: Siguiendo con el trabajo no registrado, en las últimas

semanas (y desde hace un par de meses) todas las semanas aparecen casos, se

descubren casos de trabajo semiesclavo, en condiciones infrahumanas. Y casi

sorprende la enorme cantidad en esa situación de indignidad. Todos celebramos. De

hecho hemos hecho aquí un informe en su oportunidad. Pero, ¿Por qué ahora se

dan? - Ministro Tomada: No, no es ahora. Nosotros desde un primer momento,

desde el 9 de noviembre de 2003, en el diario Crónica y en La Capital de Rosario

solamente, hay un reportaje al Ministro de Trabajo de ese entonces (que era yo), y

ahí me preguntan sobre el trabajo esclavo y sobre trabajo no registrado, y yo hablé

sobre el trabajo esclavo. Nosotros no descubrimos el trabajo esclavo hace dos                                                                                                                          62 Diario digital E24 Noticias, “Denuncian ‘zona liberada’ por el RENATEA y el Ministerio de Trabajo ante la falta de controles”, Junio de 2012, en http://www.e24n.com.ar/ini/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:denuncian-zona-liberada-por-el-renatea-y-el-ministerio-de-trabajo-ante-la-falta-de-controles&catid=35:provinciales&Itemid=54 63 Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación,"’Estamos mucho más alertas y activos para trabajar por la igualdad de derechos’, dijo Abal Medina”, 4/09/2012, en http://www.prensa.argentina.ar/2012/09/04/33818-estamos-mucho-mas-alertas-y-activos-para-trabajar-por-la-igualdad-de-derechos-dijo-abal-medina.php

27    

 

meses. Lo que ocurre es que no lográbamos la visibilidad suficiente en nuestras

campañas. A nosotros nos han dado vuelta camionetas en Chajarí (Entre Ríos), nos

han encerrado inspectores en galpones para incendiarlos (y los ha sacado la

gendarmería), nos han llenado de tomatazos en Mendoza a inspectores. Hemos

cerrado empresas. Hemos cerrado establecimientos. Esos hechos se daban en

distintos puntos del país.64

En igual sentido se pronunció el Dr. Tomada en un reportaje brindado en enero de

2011, luego de reunirse con los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias

nucleadas en la Mesa de Enlace (en la sede del Ministerio de Agricultura),

oportunidad en la que manifestó lo siguiente: “Les hemos planteado que nuestra

tarea inspectiva es una tarea que siempre ha encontrado muchas dificultades

cuando de trabajo rural se trata, en particular en algunos sectores. Ustedes saben

que nos han dado vuelta camionetas, han tenido encerrados a inspectores en

galpones. Y por ello les pedí que hubiera una actitud más proactiva por parte de los

empleadores del sector rural, y la conformación de un grupo de trabajo para tratar el

tema específico de la registración de los trabajadores, y de qué manera se logra que

haya cada vez más trabajadores rurales registrados”.  

Cabe destacar que una persona que cumple funciones de Inspección del Trabajo (y

que pidió reserva de nombre) me informó que, en un curso sobre esa materia

dictado exclusivamente para funcionarios de la inspección, se explicó que las

habituales amenazas físicas a las que se encuentran expuestos los inspectores

rurales durante los operativos, es uno de los motivos por los cuales no se controla

en forma eficiente el trabajo desarrollado en el sector agropecuario.

Considero en consecuencia que un control laboral terminará siendo “deficiente” si

el/los inspector/es que se presenta/n en el acceso a un establecimiento rural toma/n

la decisión de no efectuar en ese mismo momento el relevamiento y de retirarse del

lugar para acudir en auxilio de la fuerza pública (en aquellos casos en que sientan el

fundado temor de ser amenazados o agredidos físicamente). El operativo que se

realice al regresar los funcionarios de la inspección (ésta vez auxiliados por fuerzas

de seguridad) será deficiente (por no decir “inútil”) debido a que para ese entonces

muy posiblemente habrán desaparecido las personas que se encontraban

trabajando en situación de infracción al momento de efectuar la primera visita.

                                                                                                                         64 Canal TN de Televisión, Programa “Palabras más, palabras menos”, Entrevista al Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, Grabada digitalmente, 8/03/2011.

28    

 

No sólo los funcionarios de la inspección del sector agrario se encuentran expuestos

a recibir agresiones. Tal como lo explicó en una entrevista el Secretario de Gobierno

del Partido de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Buezas, “al inspector

de tránsito al cual escupen, le tiran la moto encima, no lo respetan. Insulta desde el

mas ignorante al más capacitado porque he visto a egresados universitarios

pelearse con un agente de tránsito”.65

Sin embargo, obviamente, el temor a las agresiones o amenazas que siente el

inspector de tránsito que se desempeña en la ciudad de Saladillo, es probablemente

menor al que siente aquel inspector laboral que debe desarrollar su tarea en las

zonas rurales del partido que lleva el mismo nombre, sobre todo si tiene que actuar

en soledad y en lugares retirados, con motivo de denuncias realizadas. Por lo

general desempeñan sus tareas en zonas de difícil acceso y alejadas de las rutas,

encontrándose expuestos a sufrir agresiones físicas o amenazas como las que

lamentablemente sufrieron funcionarios en diversos operativos de control efectuados

en diferentes puntos geográficos del país, y que fueron señalados por el propio

Ministro de Trabajo de la Nación como uno de los principales motivos que dificultan

la correcta fiscalización del trabajo en el sector agropecuario (puesto que,

lógicamente, los inspectores se ven amedrentados por este tipo de situaciones a las

que pueden verse expuestos, y temen por su integridad física).

Es por los argumentos recién expuestos que, si bien el art. 7 inc. 3 de la ley 25.212

estipula que “los inspectores estarán habilitados para requerir directamente el auxilio

de la fuerza pública a los fines del cumplimiento de su cometido”, y el art. 32 de la

ley 25.877 dispone que “la fuerza pública deberá prestar el auxilio que requiera el

inspector en ejercicio de sus funciones”, considero necesaria la intervención de la

fuerza pública como “modus operandi” en los operativos de control del trabajo

agrario, sobre todo cuando los mismos son organizados a partir de informes o

denuncias recibidos/as por parte de los organismos de contralor.

La participación de las fuerzas de seguridad durante dichos controles, es la única

forma de impedir que los inspectores puedan sentirse “intimidados” durante los

mismos, situación que provoca a su vez una falta de eficiencia en los operativos

efectuados bajo esas circunstancias, puesto que sólo podrá lograrse “eficacia” si se                                                                                                                          65 Diario digital infoSaladillo, “Mario Buezas sobre el apoyo a los Agente de Tránsito”, 10/01/2012, en http://www.infosaladillo.com.ar/2012/01/mario-buezas-sobre-el-apoyo-a-los-agente-de-transito-yo-siempre-digo-una-frase-a-veces-algunos-manejan-como-analfabetos-y-pretenden-que-los-inspectores-de-transito-sean-egresados-de-harvard/

29    

 

los lleva a cabo sorpresivamente y con funcionarios que no se sientan perturbados

por presentir que puede llegar a correr peligro su integridad física, sobre todo

cuando los objetivos asignados consisten en grandes fincas y/o remotas

extensiones de campo. Esa es la única forma de conseguir que actúen sin temer

sufrir situaciones como las que se dieron en diversos puntos del país, donde

inspectores del trabajo rural fueron insultados, amenazados con exhibición de armas

de fuego, encerrados en galpones, agredidos mediante el vuelco de sus vehículos

de transporte o cortadura de sus respectivas cubiertas, la destrucción de sus

cámaras filmadoras, etc. A ese tipo de situaciones se le suman los “escapes” u

“ocultamientos” de trabajadores detrás de arbustos, en camiones, en habitaciones,

en galpones, etc. (como ha ocurrido en varios puntos del país al presentarse

inspectores de diversos organismos en fincas que debían relevar), acontecimientos

que son menos probables de poder consumarse con éxito si los funcionarios

actuantes efectúan su tarea con el acompañamiento de personal de seguridad.

Por ello, los inspectores no deberían depender de la “disponibilidad” de fuerzas de

seguridad en las respectivas jurisdicciones territoriales, motivo por el cual las

autoridades nacionales y provinciales deberían tomar los recaudos necesarios a fin

de que se encuentren disponibles en forma permanente efectivos de fuerzas de

seguridad, como para poder cubrir habitualmente los operativos de inspección del

trabajo agrario (al menos los generados como consecuencia de denuncias o de

informes de inteligencia), siendo en consecuencia necesario coordinar la actuación

conjunta del personal de distintas fuerzas (Policía Federal Argentina, policías

provinciales o de Gendarmería Nacional), para lograr contar con suficientes efectivos

en cada una de las zonas rurales donde se los necesite.

El art. 6 de la ley 25.212 establece que cada jurisdicción aplicará “conforme sus

facultades” las normas de procedimiento para las previsiones de dicha ley. Y es

precisamente por ello que la Nación y las provincias deberán convenir la forma en

que organizarán a sus respectivas fuerzas de seguridad para que, en número

suficiente, intervengan conjuntamente con los inspectores laborales en operativos de

control del trabajo agrario.

Se destaca asimismo que en algunas provincias de la República Argentina se han

creado cuerpos de “Policía Rural”.

Así, por ejemplo, el 24 de Julio del año 1987, el Honorable Senado y la Honorable

Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes sancionaron con fuerza de Ley

30    

 

la Unidad Especial denominada “Policía Rural y de Islas”, dentro del ámbito de la

Policía de la Provincia, cuya jurisdicción se extenderá a todo el territorio de esa

Provincia, y a la que le compete adoptar las medidas tendientes a prevenir o en su

caso reprimir el abigeato, así como las violaciones a las leyes que rigen la actividad

agropecuaria y del campo o en el Código Rural y leyes complementarias,

propendiendo al logro de un clima de seguridad y bienestar en la población rural e

isleña.66

Por su parte, en julio de 2011 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel

Scioli, firmó el decreto de creación de la primera Policía Rural bonaerense, y el

4/08/2011 puso en funciones al primer jefe de esa nueva policía, Comisario general

Roberto Omar Cisterna, quien tiene como principal función la de “intensificar la

investigación y prevención de delitos en zonas agropecuarias”.

También existen cuerpos especiales de Policía Rural en provincias tales como

Mendoza, Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa.

Cabe agregar que la relevancia que tiene la referida intervención de la Fuerza

Pública en los procedimientos, se puede observar al analizar lo sucedido en diversos

operativos, como por ejemplo los que se mencionan a continuación:

En febrero de 2012 inspectores de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad

Social de la Provincia de Mendoza confeccionaron varias actas de infracción en una

finca ubicada en la ruta 7 de la localidad de Santa Rosa, perteneciente a la firma

Gipsyes SA donde detectaron trabajando 1 niño de 12 años, 3 de 15 y 5 entre 16 y

17 años sin autorización, trabajadores sin documentos y no registrados y falta de

higiene y seguridad. La empresa ya tenía infracciones anteriores, pese a lo cual ésta

vez, además, los encargados de la misma intentaron impedir que los inspectores

hicieran el relevamiento y permitieron que varios de los empleados huyeran de las

instalaciones, motivo por el cual también se labró un acta de infracción por

obstrucción, a la que se sumó otra por infraestructura inadecuada por la

permanencia de 45 personas en una casita pequeña sin servicio de agua potable,

sin servicio médico, pésimas instalaciones de los sanitarios y sin electricidad.

Además encontraron 20 niños en un galpón, también en pésimas condiciones de

higiene y seguridad. Parte del personal detectado tiene nacionalidad boliviana y el

resto se trata de argentinos oriundos de Tucumán, todos indocumentados, a los que

                                                                                                                         66 Policía de la Provincia de Corrientes, “Policía Rural y de Islas de la Provincia de Corrientes”, Agosto de 2011, en http://www.policiactes.gov.ar/Historia.html

31    

 

les pagaban $ 2,50 el tacho, cuando les correspondía percibir un precio de $ 4.- El

operativo fue liderado por los inspectores de Trabajo pertenecientes a la

mencionada Subsecretaría, pero con los mismos actuaron conjuntamente personal

de Derechos Humanos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

agentes de la AFIP y personal de Migraciones.67 Una situación similar se dio en una

finca ubicada en el departamento de Rivadavia, en donde se rescató a varias

parejas tucumanas que eran explotadas junto con sus hijos. Eran unas 20 personas

que fueron enviadas a su provincia natal, mientras que la Subsecretaría de Trabajo

local, en conjunto con su par de Tucumán, tomó cartas en el asunto.68

En octubre de 2011 la AFIP realizó dos relevamientos simultáneos en

diferentes establecimientos de una firma dedicada al cultivo y empaque de tomates,

berenjenas y choclos, ubicados en una zona rural de Salta. Allí fueron relevados 147

trabajadores, de los cuales 99 -el 67 %- no estaba registrado. Luego del operativo, el

organismo comprobó que, ese mismo día, la empresa realizó el alta en Seguridad

Social a 68 empleados. En una de las fincas se hallaron 55 trabajadores abocados

especialmente a tareas de empaque, de los cuales el 56 % no se encontraba

debidamente registrado. Mientras los agentes de la AFIP realizaban tareas de

control, detectaron un camión que intentaba salir de la empresa ocultando otros

cuatro trabajadores en su acoplado, que finalmente fueron relevados. En el otro

establecimiento fiscalizado se concretó el relevamiento de 92 empleados, de los

cuales el 74 % estaba sin registrar. En ambos controles se determinó que las

condiciones de vida y de trabajo eran paupérrimas: no contaban con los elementos

de seguridad necesarios para su labor y vivían hacinados en 21 habitaciones de muy

pequeñas dimensiones, sin agua corriente, con sólo 4 baños de pozo y 4 duchas.

Algunos de los trabajadores vivían allí con sus familias, mujeres y niños. La firma

intentó ocultar sus obreros, tal como lo había hecho en otro operativo realizado en

julio. Cabe destacar al respecto que el organismo recaudador efectuó en julio del

                                                                                                                         67 Diario digital Mendoza Económico, “Trabajo esclavo en el agro: un mal que parece no tener fin”, 17/02/2012, en http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/17/trabajo-esclavo-en-el-agro-un-mal-que-parece-no-tener-fin/ 68 Diario Uno, “Más de 100 víctimas de la trata fueron rescatadas en Mendoza”, 16/09/2012, en http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2012/09/16/nota309298.html

32    

 

año pasado un relevamiento en otro predio de la firma, oportunidad en la que habían

intentado esconder una veintena de empleados entre los arbustos.69

En junio de 2011 la AFIP realizó un allanamiento en un predio rural ubicado

en la localidad de Paso Viejo, en la Provincia de Córdoba, donde se detectó que 29

de los 34 trabajadores no estaban registrados, entre ellos mujeres y dos menores de

edad. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Ricardo

Sánchez Freytes, y del mismo participó asimismo personal de Gendarmería

Nacional y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. Los empleados

realizaban tareas manuales de recolección y procesamiento de aceitunas sin contar

con las herramientas y elementos de seguridad necesarios para desarrollar esas

tareas. Se pudo constatar que los trabajadores eran trasladados al predio de la

explotación al comienzo de la jornada y devueltos en su asentamiento cuando esta

llegaba al final, siendo sometidos a vivir en un precario campamento que no contaba

con luz, gas y agua potable. Del relevamiento surgió que el 85 % de ellos no se

encontraba declarado por su empleador, por lo que no se le efectuaron aportes

previsionales ni de obra social, careciendo de cobertura en caso de accidente

laboral. Las acciones fueron encuadran en delitos previstos en la ley 24.769, por

evasión previsional70, que prevé penas de prisión de 2 a 6 años.71

La delegación Roca de la cartera laboral informó en marzo de 2011 que, ante

una denuncia anónima sobre las condiciones ilegales de trabajo de un grupo de

operarias de un aserradero de la ciudad rionegrina de General Roca, ubicado sobre

la ruta nacional N° 22, se realizó una inspección conjunta del Ministerio de Trabajo

de la Nación y la AFIP, detectándose 9 mujeres ocultas en una pequeña pieza.

Cuando el personal de Trabajo y AFIP arribó al lugar, encontró 25 hombres

trabajando, pero no había presencia visible de mujeres. Durante más de dos horas

se constataron las condiciones de trabajo en el galpón, donde se arman cajones

                                                                                                                         69 Diario digital Medoza Económico, “Firma salteña de hortalizas tenía más de la mitad de sus empleados no declarados”, 26/10/2011, en http://www.mendozaeconomico.com/2011/10/26/firma-saltena-de-hortalizas-tenia-mas-de-la-mitad-de-sus-empleados-no-declarados/ 70 El art. 1 de la ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece que: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año”. 71 Diario digital Mendoza Económico, “Nuevos casos de trabajo esclavo en un olivar de Córdoba”, 1/06/2011, en http://www.mendozaeconomico.com/2011/06/01/nuevos-casos-de-trabajo-esclavo-en-un-olivar-de-cordoba/

33    

 

para fruta, así como la documentación de los operarios allí ubicados. En un

momento determinado, uno de los inspectores observó la puerta cerrada de una

pequeña habitación lateral donde se encontraba un grupo de mujeres. De inmediato,

se le ordenó a los responsables del establecimiento que se facilitara el acceso al

sitio y allí se encontró a dichas 9 mujeres, todas ellas operarias y mayores de edad,

muy acaloradas y con principio de deshidratación. Una de las víctimas narró que el

encargado del lugar las había encerrado antes de la inspección.72

En febrero de 2011 un operativo de inspección encabezado por la

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza, realizado conjuntamente con

la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, personal de la Dirección de Derechos

Humanos (que interviene en caso de delito de trata de personas) y miembros del

Registro Civil73, detectó a 21 trabajadores golondrina no registrados que vivían en

condiciones habitacionales infrahumanas y en alarmantes condiciones de higiene y

seguridad, en un predio de 6.000 hectáreas que la empresa SANES, una de las más

importantes de Sudamérica en producción, empaque y exportación de hortalizas,

ganado, uva y aceitunas, tiene ubicado en Maipú. Se llevó a cabo al día siguiente de

haber encontrado el cuerpo sin vida de un niño de seis años en un piletón de riego

de la empresa, tras una denuncia anónima recibida por dicha Subsecretaría de

Trabajo provincial. Al intentar ingresar al predio, los inspectores debieron recurrir a la

ayuda de la Policía Rural, ya que los propietarios impidieron el acceso. Luego de

varias horas y de una nueva negativa, los inspectores lograron entrar a la finca,

donde encontraron a sólo 21 trabajadores. Al respecto, el entonces titular de la

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, Sebastián Godoy Lemos,

informó a la periodista Gisela Carpineta lo siguiente: “Es imposible que solamente

esta cantidad de personas trabajen en un predio de seis mil hectáreas de la mayor

empresa exportadora de Sudamérica. La demora en hacernos ingresar nos genera

la sospecha de que han hecho salir al resto de los trabajadores por cualquier lado de

la finca, ya que al ser un predio tan grande sería muy fácil lograrlo. La empresa tiene

plazo hasta el lunes para adecuar las condiciones habitacionales. Vamos a ir de

nuevo para verificar el cumplimiento y, en caso de no haberse hecho modificación

alguna, procederemos a la clausura del establecimiento hasta que eso ocurra”. Una                                                                                                                          72 Diario Página 12, “Trabajo esclavo, de Río Negro a Santiago del Estero”, 4/03/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-163470-2011-03-04.html 73 Los miembros del Registro Civil llegaron hasta el lugar para regularizar la situación de los trabajadores indocumentados.

34    

 

vez dentro de la finca, los funcionarios de la inspección pudieron constatar que había

al menos siete familias que dormían bajo una carpa improvisada con tela media

sombra atada a unos palos, con piso de tierra y entre chanchos y gallinas. Como

baño, utilizaban un pozo en la tierra de apenas 20 centímetros de profundidad.

Además del acta labrada por la situación habitacional y laboral de los trabajadores,

se realizó una denuncia en la Fiscalía Nº 10 de Maipú por obstrucción y

desobediencia, práctica habitual en la empresa SANES, ya que es reincidente en

impedir que los inspectores realicen su labor y cuenta con varias infracciones

similares en su haber. No obstante, al día siguiente del mencionado allanamiento,

nuevamente prohibieron el ingreso de personal de la AFIP al sector de empaque y

oficinas administrativas, lo que provocó una segunda denuncia penal en el

transcurso de una semana.74

El Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Molina,

fue entrevistado por dos periodistas del Canal 7 de Televisión, luego de algunos

operativos de inspección laboral efectuados en campos de la Provincia de Buenos

Aires, en los que se encontraron trabajadores rurales en situaciones que lindan con

la servidumbre, y en condiciones habitacionales infrahumanas. En una parte de esa

entrevista se produjo el siguiente diálogo:

- Viceministro Molina: “Si hubiéramos tenido las denuncias correspondientes”,

hubiéramos actuado tal como lo hemos hecho ahora. Es cierto, existe en la

comunidad un conocimiento de que existen este tipo de explotaciones. Es difícil

detectarlas. Se necesita una tarea de inteligencia previa para poder llegar a los

lugares. Están ocultos, nadie tiene un cartel que dice “trabajo esclavo”. Están ocultos

en otras explotaciones.75

A lo expuesto más arriba, cabe agregar lo sucedido en diciembre de 2011 a un

periodista y un camarógrafo de Canal 7 de la Provincia de Mendoza, mientras

cubrían una denuncia según la cual había trabajadores en condiciones de

hacinamiento y de explotación laboral en una finca ubicada en la localidad de Los

Corralitos. Ambos fueron encerrados en una habitación y obligados a desnudarse,

mientras eran amenazados con armas de fuego. Antes que llegara la policía, les

destruyeron la cámara con la que trabajaban, hicieron tres disparos y les quitaron la                                                                                                                          74 Carpineta, Gisela, “Trabajo esclavo: más inspecciones”, 13/02/2011, en http://sur.elargentino.com/notas/trabajo-esclavo-mas-inspecciones 75 Canal 7 de Televisión, “Noticiero Visión 7. Reportaje al Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Molina”, op. cit.

35    

 

filmación y algunas pertenencias. El periodista Julián Chabert relató lo acontecido,

manifestando lo siguiente: “Vino el propietario con un arma en la mano diciendo qué

hacen acá, qué hacen en mi propiedad, ustedes son los que filmaron ayer, ustedes

tienen que calmarse, hijo de puta, yo los voy a matar. Me saca el micrófono a mí, le

saca la cámara a Salazar y él como que trata de agarrar la cámara de alguna forma

y yo le digo Rulo pará, porque además viste cuando ves a una persona muy sacada,

viene el hijo mucho más enojado, además, un tipo más grandote, sigue

amenazándonos con un arma y cuando llega el hijo dice desnúdense. Nosotros le

decimos no, tratamos de hablar pero es imposible, nos desnudamos, nos pide los

documentos, nos saca los celulares, le meten un disparo a la cámara nuestra de

filmar y el hijo con una barreta grandota le empieza a pegar a Rulo en las piernas, a

todo esto estamos encerrados en una habitación. Una mujer de la comunidad

boliviana presenció todo lo que estaba ocurriendo, ya que estaba encerrada con

nosotros. Después a mí me empieza a pegar con el fierro y hasta que se calma y

nos deja encerrados y desde afuera dice yo a este lo voy a matar, estos no salen de

acá”.76

Por otra parte, el auxilio de la fuerza pública es fundamental para que se puedan

llevar a cabo procedimientos en forma sorpresiva y mediante “operativos cerrojo”,

con el objetivo de evitar también que ocurran situaciones como la relatada

precedentemente, ocurrida en febrero de 2011 en un predio de la empresa Sanes,

en la Provincia de Mendoza, ó como la descripta en octubre de 2006 por José Luis

Bermúdez, coordinador de la COPRETI de la Provincia de Santa Fe (organismo que

actúa bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo de dicha provincia) quien declaró que

los empleados de ese área advierten que, cuando salen a inspeccionar las zonas

rurales, los productores se avisan entre sí para burlar los controles y los propios

padres esconden a los niños para que no sean detectados.77 O como la relatada en

agosto de 2010 por el Dr. Guillermo Alonso Navone, quien –tal como ya se señaló-

comentó acerca del chiflido dado por el capataz de un viñedo en Mendoza, luego del

                                                                                                                         76 Pablo Segura, “Agredieron y encerraron a dos periodistas en una finca de Corralitos”, 29/12/2011, en http://www.losandes.com.ar/notas/2011/12/29/agredieron-encerraron-periodistas-finca-corralitos-615508.asp 77Diario Digital El Ciudadano, 17/10/2006, en www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=110757&ID_Seccion=59 - 77k –

36    

 

cual se escondieron los trabajadores (motivo por el cual recomendó actuar en forma

sorpresiva78 e investigando previamente la zona a relevar). 79

En consonancia con lo recién expuesto, el Director de inspecciones del Ministerio de

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Kindzersky, informó en una

entrevista radial brindada en febrero de 2011 que dicho organismo realizó un

operativo “sorpresivo y exitoso” en quintas de Melch, ya que se encontraron a

menores trabajando y al 90 % de los trabajadores sin registro alguno. Dicho

funcionario (que estuvo a cargo del operativo) afirmó también que: “El primer paso

es el relevamiento del lugar, el segundo es verificar las condiciones de salubridad e

higiene y por último el requerimiento de la documentación correspondiente.

Llegamos sin previo aviso. Muchos de los trabajadores, por directivas de los

empleadores, se niegan a colaborar y se esconden. Nuestro trabajo es intentar

explicarles que ellos, como trabajadores, tienen derecho a tener un trabajo digno”.80

Como corolario de los hechos recién expuestos, cabe recalcar en este punto que los

inspectores del trabajo agrario saben perfectamente que no están exentos de sufrir

situaciones similares o de toparse en medio del campo con “loquitos” como los que

agredieron a dichos periodistas de Canal 7 Mendoza por haber registrado imágenes

comprometedoras. Y es precisamente por ello que resulta de fundamental

importancia que desarrollen su labor con tranquilidad, estando acompañados por

personal de fuerzas de seguridad que los custodie mientras se encuentren tomando

fotografías o filmando para recabar pruebas, y que a su vez impida que los

empleadores inescrupulosos logren fácilmente ocultar a trabajadores o hacerlos

escapar durante los operativos (sobre todo aquellos generados a raíz de denuncias

o de informes previos de inteligencia).

VI. CONDUCTA DE LOS EMPLEADORES

                                                                                                                         78 Si se analiza el resultado de procedimientos realizados “en forma simultánea” en más de una finca, como –por ejemplo- los efectuados por la AFIP en octubre del año pasado en dos fincas de una zona rural salteña, se observa la importancia que tiene efectuar los relevamientos con esa metodología, con el objeto de lograr el “efecto sorpresa”, tal como lo recomienda hacer Alonso Navone, resultando ser un factor fundamental para lograr que los controles en el sector rural sean eficaces y cumplan con su propósito. 79 Chausis, Ignacio, “Polémica en torno al 75% de empleo en negro detectado en la actividad rural”, op. cit. 80 Radio 221, FM 103.1, Programa “El cafecito”, Entrevista al Arq. Oscar Kindzersky, Director de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 23/02/2011, en http://www.221radio.com.ar/

37    

 

En el sitio web de la CONAETI81 se informa que, en junio de 2007, quedó

conformada la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, que se formalizó a partir

de la firma de un convenio entre el MTEySS, la CONAETI y Presidentes y directores

de más de 50 empresas de primera línea, señalando asimismo que dicha Red

asumió el compromiso y la necesidad de trabajar para lograr la inexistencia de mano

de obra infantil en toda la cadena de valor (proveedores y clientes), y que se

propiciará también la incorporación de más compañías a esta lucha.82

Tres años antes, el periodista Alejandro Rebossio, del diario La Nación, informaba

que, por iniciativa de las ONU, 220 empresas argentinas, de capitales locales y

extranjeros, grandes y PyMEs, firmaron el 23/04/2004 un Pacto Social (en el

auditorio de la Biblioteca Nacional y con la presencia del Dr. Carlos Tomada)

mediante el cual se comprometieron a promover nueve principios o preceptos que,

aunque se encuentran establecidos en la ley, no siempre se cumplen. Son nueve

preceptos sobre derechos humanos, laborales y medioambientales a los que

Naciones Unidas invita a adherir mediante la suscripción de un compromiso público

y voluntario: el llamado Pacto Global.

Los principios asumidos son, entre otros: “Apoyar y respetar la protección de los

derechos humanos proclamados internacionalmente”, “No ser cómplice de abusos

de los derechos humanos”, “Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio” y “abolir

cualquier forma de trabajo infantil”. Asimismo, Rebossio informó que, cuando le

preguntó al Dr. Tomada sobre la efectividad de dicho Pacto Global, el Ministro le

respondió que no todas las empresas firmantes cumplen con los mencionados

principios básicos. Y dicho periodista señaló que, luego de la firma de dicho Pacto,

el representante de la ONU pidió que “no sea sólo marketing”.83

Unos meses después, 41 empresas privadas líderes en nuestro país se

comprometieron a no contratar a niños, pero también a velar para que sus

proveedores, clientes, distribuidores y subcontratistas "no tengan vínculos laborales

con personas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo", que en la

Argentina era a esa fecha de 14 años. El escrito incluye el compromiso de aunar

                                                                                                                         81CONAETI, “Red de Empresas contra el Trabajo Infantil”, en http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/institucional/infantil.html 82 Actualmente (septiembre de 2012) el sitio web de la CONAETI informa que son 88 las empresas y cámaras líderes que integran la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, junto con el MTEySS y la propia CONAETI. 83Rebossio, Alejandro, “Firman un pacto social 220 empresas”, 24/04/2004, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=595409

38    

 

esfuerzos para erradicar el problema y para poner en marcha programas de

educación, capacitación, salud y recreación.84

Al año siguiente, en mayo de 2005, el diario La Nación informó que, al ser

entrevistada por Radio Mitre, la Secretaria de Trabajo de la Nación, Dra. Noemí Rial,

atribuyó el alza en los índices de trabajo de menores a que “hay importantes nichos

de la economía argentina en los que la mano de obra infantil es usada

permanentemente", indicando asimismo dicha funcionaria que en provincias del

norte del país, donde se produce, por ejemplo, tabaco y yerba mate, es habitual la

utilización de mano de obra infantil.85

De las declaraciones formuladas por la Dra. Rial, se desprende que la funcionaria

culpa a los empresarios por el trabajo infantil. Sin embargo, considero que la

responsabilidad principal recae sobre el Gobierno Nacional y los gobiernos

provinciales en donde existe dicho trabajo, puesto que la ley 26.390 establece que la

Inspección del Trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de

la normativa vigente en materia de prohibición del trabajo infantil y protección del

trabajo adolescente (art.2), la ley 26.061 estipula que los Organismos del Estado

deben ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas,

niños y adolescentes (art.25), y la ley 25.877 (que es de marzo de 2004, y por lo

tanto se encontraba vigente desde más de un año antes de efectuar la Dra. Rial

dichas declaraciones) establece la creación del Sistema Integral de Inspección del

Trabajo y de la Seguridad Social, destinado al control y fiscalización del

cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio

nacional, disponiendo asimismo que dicho Sistema estará integrado por la autoridad

administrativa del trabajo y de la seguridad social nacional y por las autoridades

provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuarán bajo los

principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para

garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional, y a

tal efecto se celebrarán convenios y ejecutarán acciones con las provincias y la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para alcanzar los fines de controlar y fiscalizar el

cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio

nacional (art.28).                                                                                                                          84 Diario La Nación, Sección Economía, “Plan contra el trabajo infantil”, 10/06/2004, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=609077 85 Diario La Nación, “Culpan a los empresarios por el trabajo infantil”, 9/05/2005, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=702815

39    

 

Por otra parte, se considera que también el Gobierno Nacional es el principal

responsable (en este punto conjuntamente con el Poder Legislativo Nacional),

debido a que las multas establecidas por la ley 25.212 para los empleadores que

infringen las leyes, carecen de efecto disuasorio.

Por ello resulta positiva la información brindada por el Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires, en lo que respecta a que, en agosto de 2012, ha sido aprobado en la

78º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo de la República Argentina,

desarrollada en la Provincia de Mendoza, un proyecto de modificación de dicha ley,

en lo referente al aumento de los valores de las multas del Régimen Unificado de

Sanciones Laborales, que fue elevado al Poder Ejecutivo Nacional, para su posterior

tratamiento en el Congreso Nacional.86

Se destaca que, seis meses después de las declaraciones radiales de la Dra. Rial

mencionadas precedentemente, el entonces Ministro de Trabajo de la Provincia de

Buenos Aires, Roberto Moullerón, fue entrevistado por el periodista Jorge Palomar, a

quien le manifestó que: "muchas empresas denominadas grandes emplean mano de

obra infantil. Son empresas, en su mayoría, que comercializan papa y cebolla, que

además de no cumplir con la ley laboral evaden impuestos”, enfatizando que las

multas aplicadas a las empresas que infringen la ley llegan hasta 5.000 pesos por

cada niño empleado. Por su parte, la Licenciada en Servicio Social Claudia Boulocq

(agente regional de la COPRETI de la Provincia de Buenos Aires) le explicó a dicho

periodista que, a los que explotan laboralmente a los chicos, se los denomina rufián,

capanga, mediero, intermediario o explotador (y funcionan como verdaderas mafias

organizadas), explicando asimismo que: “En temporada, es muy común ver que

vienen camiones de Jujuy, de Salta, de Tucumán, cargados con adolescentes,

cuando no con familias enteras, traídas por estos medieros o intermediarios. Los

reclutan, los traen a trabajar a una zona de quintas que se llama El Coyunco, los

descargan y les hacen una especie de casting delante de los quinteros: a éste lo

quiero, a éste no... Los que son desechados luego aparecerán mendigando por las

calles de la ciudad".87

                                                                                                                         86 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, “El Consejo Federal del Trabajo Sesionó en Mendoza”, 17/08/2012, en http://www.trabajo.gba.gov.ar/prensa/noticia.asp?id_noticia=2466 87Palomar, Jorge, “Trabajo infantil: el fin de la inocencia”, 18/12/05, en http://www.lanacion.com.ar/764533

40    

 

También Palomar entrevistó a Héctor Rodríguez, Secretario de Prensa de la

UATRE, quien explicaba en el año 2005 lo siguiente: "La cultura del trabajo rural

hace que en época de cosecha, zafra o cultivos intensivos la familia lleve a sus hijos

a trabajar. La mayor parte está en Misiones con la yerba y las tealeras, en el Chaco

con el algodón, en La Rioja con las aceitunas, en Catamarca igual, en Salta y Jujuy

con el cultivo de tomate, pimientos, acelga y tabaco. Y como este tipo de trabajo se

paga por producción, cuanto más gente trabaja más se paga porque más se

produce. Esto se debe a los míseros salarios vigentes. De todo lo que gasta el

productor (semillas, maquinarias, agroquímicos), el trabajador rural apenas le cuesta

al empleador el 1%. Y todo es a mano: la yerba, el té, el tabaco, el algodón; todo se

cosecha a mano. El peón rural permanente cobra un salario de cerca de 700 pesos.

Los trabajadores golondrina perciben por tablas salariales. En la yerba, por cada

bolsa de 80 kilos de hoja verde que se cosecha se paga un peso, y en Mendoza,

alrededor de 80 centavos el tacho de uva de 21 kilos. Si el trabajador va

acompañado por cuatro chicos, se le cuadruplica la ganancia. Esos chicos van a

trabajar desde muy chiquititos y se quedan tirados en los surcos, cubiertos apenas

por una colcha, a la intemperie. Y de ahí vienen las enfermedades: de cada tres

niños que mueren, dos son por intoxicación con agroquímicos. Ahora, en las

grandes estancias, no vas a ver trabajo infantil. Lo que ocurre es que hay muchos

minifundios que son absorbidos por algún capanga que compra producciones

pequeñas para después vendérselas a las grandes empresas. Ahí es donde está el

trabajo infantil".88

Lo que afirmó Rodríguez está en sintonía con lo manifestado por el Viceministro de

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Molina, cuando a principios del

año en curso fue entrevistado por dos periodistas del Canal 7 de Televisión, luego

de algunos operativos de inspección laboral efectuados en campos de la Provincia

de Buenos Aires, en los que se encontraron trabajadores rurales en situaciones que

lindan con la servidumbre, y en condiciones habitacionales infrahumanas. En una

parte de ese reportaje se produjo el siguiente diálogo:

- Periodista: Si la empresa es una multinacional: ¿Puede desconocer que en la

base de su campo laboral se encuentran este tipo de irregularidades? ¿Puede decir

                                                                                                                         88 Idem  

41    

 

que desconocía que el maíz le llegaba a través de estos trabajadores que estaban

siendo explotados?

- Viceministro Molina: Mi única respuesta es que estas empresas lo único que

reconocen es la rentabilidad. Yo me pregunto en qué escala de valores ponemos al

trabajo humano. Este gobierno pone al trabajo humano en el centro de la política.

Estas empresas tienen una rentabilidad excesiva, diría yo, y el costo laboral es

mínimo. Entonces, la única explicación es el interés de un lucro desenfrenado que

no repara en la dignidad de las personas. Esta repugnancia que genera esto en la

sociedad, debe ser traducida en acción para poder solucionar esto.89

En julio de 2000 (hace mas de diez años), Alberto Gonzalez Toro -periodista del

diario Clarín- fue enviado a la provincia del Chaco para investigar sobre el trabajo

efectuado por niños como hacheros y algodoneros, y explicó en su informe que

muchos de los hacheros que hay en el monte “son chicos que evitan hablar: tienen

miedo de que sea un representante del gobierno provincial o un delegado de la

UATRE”. ‘Todos trabajamos en negro. Pero si yo protesto, el patrón me echa”, dijo

un adolescente mientras masticaba un pedazo de tortilla a la parrilla, alimento básico

del hachero”.90

En noviembre de 2010, el Diario Online de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, informó

que la contratación de menores de edad en la cosecha del arándano no es un

asunto nuevo, debido a que Concordia concentra la mitad de las 4.000 hectáreas

sembradas en el país con ese berry, que tiene como principal mercado de

exportación a Estados Unidos. La cosecha, que tiene lugar entre octubre y finales de

diciembre y que se hace fundamentalmente a mano, requiere de una peculiaridad en

los zafreros: que tengan manos chicas porque el fruto, una baya diminuta, de color

azul, debe ser extraído de la planta con sumo cuidado de modo de no dañarlo. El

reclutamiento de mano de obra tan precoz está a cargo generalmente de

intermediarios que se ocupan de traerlos de distintas provincias especialmente para

la zafra del arándano. Los traen engañados, puesto que les prometen un salario, y

terminan pagándoles la mitad. A veces los mantienen hacinados y, para evitar los

controles, suelen acudir al ardid de fraguar el número de documento, para

presentarlos como mayores de edad. El problema mayor es que no les pagan lo que                                                                                                                          89 Canal 7 de Televisión, “Noticiero Visión 7. Reportaje al Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Molina”, op. cit. 90 González Toro, Alberto, “Pequeños hacheros y algodoneros”, 7/05/2000, en http://edant.clarin.com/diario/2000/05/07/s-04401.htm

42    

 

les prometen. Pero en esto no es tanta la responsabilidad de los quinteros. Ellos le

pagan al contratista, que se queda después con la plata de la gente, y eso es algo

medio difícil de controlar.91

En enero de 2011, el Dr. Carlos Tomada calificó de “explotación infrahumana las

condiciones laborales de los empleados rurales”, por lo que la Sociedad Rural

Argentina, mediante un comunicado, consideró “temerario que se generalice de esa

manera sobre hechos que su mismo Ministerio debería fiscalizar y que comprenden

un amplio universo de actividades incluidas en el sector agroindustrial”, expresando

asimismo dicha entidad que “la remuneración de los trabajadores rurales, cuyo

mínimo se encuentra sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil,

incluye prestaciones que no son habituales en los sueldos de otros gremios, como

vivienda, comida, salud, alfabetización, capacitación, fondo de sepelio y fondo de

desempleo para los más de 800.000 trabajadores inscriptos de la actividad”,

enfatizando también que “no se comprende esa hostilidad hacia el sector

agropecuario, que a través de sus diferentes actividades impulsa el desarrollo,

genera empleo genuino y fomenta el arraigo en todos los pueblos del interior del

país”.92

A lo expuesto en materia de conducta de los empleadores, cabe agregar lo

expresado por el Dr. Tomada en enero de 2011 durante una entrevista concedida al

semanario La Gaceta, luego de que algunos medios periodísticos informaron sobre

determinados operativos de fiscalización en diversos puntos del territorio nacional,

donde fueron detectados trabajadores rurales en condiciones laborales muy

precarias. En una parte de ese reportaje se produjo el siguiente diálogo:

Periodista: La última vez que lo entrevistamos para este semanario usted volvía del

Chaco. Había estado con el gobernador Jorge Capitanich y habían incorporado a la

seguridad social a unos 10.000 trabajadores rurales. Esto fue hace unos meses (…)

Ministro Tomada: Sí, qué casualidad, ¿no? Porque esta dificultad para hacer visible

lo que pasa en algunos sectores del trabajo rural y lo que hemos venido tratando de

transformar y de modificar y de regularizar en el trabajo de ese sector, ha cobrado

en estos días una visibilidad importante. (…). Lo que antes era oculto, no

                                                                                                                         91 Diario de Paraná, “Los emplean en Concordia en el arándano, pero los reclutan en distintas provincias. Llega a la Justicia el caso de los menores zafreros”, 12/11/2010, en http://www.eldiario.com.ar/textocomp.asp?id=206179 92 Zenclussen, José, “Para el kirchnerismo en el campo hay trabajo infrahumano”, 15/01/2011, en http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/01/15/laregion/REG-04.html

43    

 

trasparente, ninguneado en la información, que también es una de las formas de

toma de conciencia, logra ahora a través de algunos medios empezar a hacerse

visible. (…). Hace varios años que venimos registrando denuncias en materia de

trabajo rural. Eso ha dado lugar al cierre de establecimientos, a multas, a

recolocación de trabajadores que estaban en estos casos. Pero se trata de los casos

que hemos podido detectar, por supuesto. Siempre nos falta y no es fácil en el

sector rural.

Periodista: Ha habido otros proyectos para responder a esta situación…

Ministro Tomada: Por ejemplo, una respuesta muy concreta que ha dado la

Presidente que deriva en un proyecto de ley de trabajo rural. ¿Por qué? Porque por

un lado les da derechos a estos trabajadores que no tenían. No hay ninguna razón

que explique por qué un trabajador rural no puede tener los mismos derechos que

cualquier otro trabajador de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, nos da

instrumentos para revertir situaciones como las que hoy emergen, facilitando la

detección a través del registro de los trabajadores. Por ejemplo, el tema de los

trabajadores de cosecha es importante, es un tema particular, es una problemática

muy específica. Y fíjense que una de las respuestas de las patronales es, por

ejemplo, “no registremos esos trabajadores porque es muy complicado”. Ayer en 6,

7, 8 se veía cómo De Ángeli o el mismo Biolcati decían: “Bueno, lo que pasa es que

es difícil”. No, no es difícil. Lo que pasa es que siempre encuentran argumentos para

justificar estos niveles de explotación que no son mayoritarios, pero ni uno debería

haber y mucho menos cámaras patronales que no repudien y encima intenten

justificar la existencia de este tipo de explotaciones. Contra todo eso, la nueva ley de

trabajo agrario que está en el Parlamento, se alza para proponer un modelo distinto,

un modelo de trabajo rural que tenga más que ver con esta Argentina inclusiva y

para todos que tenemos. (…). A la ley la venimos trabajando desde comienzos del

2009 e ingresó el año pasado al Parlamento, por supuesto que recogiendo los

antecedentes, la experiencia, nuestra propia tarea en el terreno rural. Me parece que

vale citar que una de las fuentes ha sido un proyecto que en su momento había

preparado la UATRE”.93

                                                                                                                         93 Diario Digital La Gaceta, Provincia del Chaco, “Carlos tomada: ’la ley actual la firmó, en 1980, martinez de hoz’", 16/01/2011, en http://www.lagacetachaco.com/index.php/noticias/35-noticias/3664-carlos-tomada-q-la-ley-actual-la-firmo-en-1980-martinez-de-hoz-q.html

44    

 

La UATRE explica que la mano de obra infantil es más barata para el empresario

que recibe los réditos de la explotación, y no sólo por la exigencia de un menor

salario, sino fundamentalmente porque -al ser ilegal- solo puede darse en el sector

informal y, en consecuencia, sobre la remuneración no se deben cargas sociales ni

administrativas, ni seguros computables.94 Y es ese uno de los motivos

fundamentales por los cuales muchos empleadores prefieren a los niños, puesto que

se los puede explotar mejor.

En agosto de 2009, el titular de dicha entidad gremial fue entrevistado por la

periodista Patricia Van Ploeg, produciéndose el siguiente diálogo durante una parte

del reportaje:

Periodista: Usted siempre menciona al trabajo infantil como otro flagelo del sector.

¿Qué hacen para combatirlo?

Gerónimo Venegas: Hacemos relevamientos, pero cuando hay un campo que

produce y tiene rentabilidad. Hemos tenido enfrentamientos con los productores, que

nos han cortado las gomas de las camionetas que van a hacer las inspecciones, por

ejemplo, en explotaciones de ajo, en San Juan. Esto pasó hace dos meses.95

Por su parte, en enero de 2011 el Dr. Carlos Tomada formuló declaraciones

periodísticas con motivo del denominado “trabajo esclavo” detectado en distintos

establecimientos rurales del país (luego de reunirse con los integrantes de las

cámaras empresarias y de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace),

manifestando lo siguiente: “Yo los he invitado a que nos acompañen en las

inspecciones, porque nosotros decimos que estos temas los venimos trabajando

hace mucho tiempo. A nosotros nos han querido encerrar en galpones a los

inspectores y quemar los galpones. Nos han dado vuelta las camionetas con las que

los inspectores iban a establecimientos rurales. Estas cosas pasan en la Argentina,

siglo XXI. Entonces yo les dije que si ustedes expresan como dicen su preocupación

por el tema, acompáñennos a las inspecciones, sean proactivos, dígannos en dónde

hay otras de estas actividades”.96

                                                                                                                         94 CONAETI - MTEySS, “El trabajo infantil en el sector rural de la Argentina - Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)”, Setiembre de 2012, en http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/que_es/rural.htm. 95 Primicias Rurales, “Reportaje a Gerónimo Venegas, efectuado por la periodista Patricia Van Ploeg, op. cit. 96 Canal 7 de Televisión, Programa 6-7-8, “Entrevista al Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, 12/01/2011.

45    

 

En el mismo sentido, el Dr. Tomada señaló en otra entrevista que, en dicha reunión

que mantuvo con las principales entidades agropecuarias, les solicitó a sus

dirigentes “la colaboración en la tarea inspectiva, que muchas veces recibió

reacciones hostiles”.97

Cabe destacar que en la lucha contra el trabajo infantil rural prohibido o clandestino

no sólo es importante la actuación proactiva de la UATRE, sino también de

organizaciones que representan a los empleadores, y es por ello que la propia ley

25.877 establece que al MTEySS, en su carácter de autoridad de aplicación del

SIDITySS, le corresponde “recabar y promover especialmente con miras a la

detección del trabajo no registrado, la “participación coordinada” y la colaboración de

las entidades representativas de los trabajadores y los empleadores” (art.29 inc.e), a

la vez que establece que los servicios de inspección comprendidos en el SIDITySS

tienen la obligación de informar a las organizaciones empresariales y sindicales

acerca de las actividades realizadas y de los resultados alcanzados (art.31).

En este punto es importante asimismo destacar la sanción en el año 2011 de la ley

8.374 por parte de la Legislatura de la Provincia de Mendoza98, mediante la cual se

dispuso que sean castigadas las empresas empleadoras que registren antecedentes

de trabajo infantil99 o de mantener a sus trabajadores en condiciones similares al

trabajo esclavo100, impidiéndoles el acceso a todo beneficio fiscal, impositivo,

económico, financiero o de cualquier otra índole, otorgado por la Provincia de

Mendoza, y la inmediata pérdida de los beneficios que ya hayan sido otorgados.101

Antes de la sanción de esa ley, el Diputado Provincial Gustavo Arenas, autor de la

misma, fue entrevistado por Radio Nacional de Mendoza, oportunidad en la que

manifestó que: “Es una ley de vanguardia en lo que respecta al combate del trabajo

esclavo infantil, porque hasta ahora las disposiciones emanaban del PEN a través

                                                                                                                         97 Radio Continental, “Tomada le propuso a la Mesa de Enlace “un diálogo permanente para erradicar la mano de obra en negro”, 12/01/2011, en http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=1409796 98 La ley 8.374 fue sancionada el 15/11/2011 y promulgada mediante Decreto N° 3.247 de fecha 2/12/2011. 99 El Diputado Provincial Lic. Gustavo Arenas, al fundamentar la necesidad de aprobar esta norma, aclara que se entiende por “trabajo infantil” a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. 100 En los Fundamentos del respectivo proyecto de Ley se señala que el denominado “trabajo esclavo” se refiere a aquel que impone a los trabajadores condiciones laborales que vulneran la normativa laboral generando situaciones incompatibles con la dignidad humana. 101 Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, Texto de la Ley 8.374, en http://www.senadomza.gov.ar/busqueda/textoley.php?sancion=08374

46    

 

de la AFIP o del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en este caso la Provincia de

Mendoza va a tener una ley para combatir fuertemente el trabajo esclavo infantil”.

Explicó asimismo durante el reportaje que: “Hasta ahora lo que pasaba en Mendoza

es que se encuentran situaciones de delito por parte de empresarios, pero la única

herramienta que tenía la provincia es hacer un acta de infracción, y después se

repetía la infracción. La implementación va a ser básicamente –podría graficarlo-

como cuando un mendocino o cualquier hombre de a pie va a pedir un trabajo en el

que tiene que presentar un certificado de buena conducta. Bueno, a partir de ahora

las empresas van a tener que presentar un certificado de buena conducta social”. Y

luego destacó que, si bien la norma está dirigida a todos los sectores de la

economía, “donde se ven más estas situaciones es en la zona rural, en los hornos

de ladrillos”, acotando “que esta ley viene a cubrir un vacío”, “que para su aplicación

la Subsecretaría va a tener que hacer supervisiones, por cierto”, “que hay normativa

que ya existe, de los controles, del Poder de Policía que tienen la AFIP y la

Subsecretaría de Trabajo y todos los organismos que puedan intervenir”, “que

considera que la AFIP y el Ministerio de Trabajo venían trabajando a partir de una

política muy fuerte del Gobierno Nacional de erradicación de estas prácticas” y “que

hacía falta definir claramente qué es el trabajo esclavo, e ir al fondo con la cuestión

con respecto al trabajo infantil, porque hasta ahora se labraban actas y nada más, y

muchas veces eran reincidentes los empleadores que cometían esas faltas”.102

En los fundamentos vertidos para que se apruebe dicha norma, el Lic. Arenas

recalca que la ley 26.390 de “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo

adolescente”, en su artículo segundo, prohíbe expresamente el trabajo a las

personas menores de 16 años, en todas sus formas, exista o no relación de empleo

contractual, y sea éste remunerado o no. Y que, por su parte, el Convenio Nº 138 de

la OIT, ratificado por la República Argentina mediante la Ley 24.650, establece que

"todo miembro para el cual esté en vigor este convenio se compromete a seguir una

política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños". Pero

que, a pesar de que dichas disposiciones legales son claras y terminantes, “todos

los años se advierten situaciones laborales -fundamentalmente en las zonas rurales-

                                                                                                                         102 Radio Nacional de Mendoza, “Reportaje al Diputado Provincial Lic. Gustavo Arenas”, 17/11/2011, Apuntes propios tomados en base al audio proporcionado por el sitio web http://www.youtube.com/watch?v=Dj0cV0PIuco

47    

 

no sólo en violación a la normativa vigente, sino que vulneran los más elementales

principios de la dignidad humana”.103

Posteriormente, en febrero de 2012, y también por iniciativa del Lic. Arenas, se

presentó en la Legislatura mendocina un proyecto para modificar la ley 8.374, con el

objeto de incorporar a su texto el artículo 3 bis, mediante el cual se establezca la

obligación de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza de remitir

mensualmente la nómina de empleadores inscriptos en el Registro de Infractores

Laborales por las infracciones previstas en el artículo primero de la norma, a la

Administración Pública Provincial, empresas y sociedades del estado, y todo otro

organismo dependiente del Estado Provincial, como así también a los medios

masivos de comunicación de la Provincia de Mendoza y a toda organización privada

que así lo requiera, debiendo asimismo publicar mensualmente, en al menos un

diario de circulación masiva de la provincia, la nómina de empleadores inscriptos en

el Registro de Infractores.

En julio de 2012 la Cámara de Diputados mendocina, por unanimidad, dio media

sanción a dicha modificación propuesta, y el Lic. Arenas señaló que “es necesario

que se conozca la nómina de empresas que fueron sancionadas por albergar trabajo

infantil y, a la vez, que sea publicada en los medios masivos de comunicación de la

provincia, para que reciban una condena social”.104

A su vez, al exponer los fundamentos de esa norma, el Lic. Arenas manifiesta que

“debe otorgarse a la comunidad la posibilidad de conocer con quién se está

contratando y la alternativa de no comprar los productos en los cuales en alguna

etapa de la producción se haya utilizado trabajo infantil o trabajo esclavo”, para que

de esa forma se permita a la sociedad participar e involucrarse, sabiendo cómo el

producto estuvo hecho, de modo que tome conocimiento respecto a “si detrás de

ese vino, de esa conserva o de ese aceite que está adquiriendo existió una situación

de abuso o explotación”.105

                                                                                                                         103 Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Proyecto de Ley presentado por el Diputado Gustavo Arenas, 9/02/2011, en http://www.hcdmza.gov.ar//index.php?option=com_wrapper&Itemid=38 104 Diario Página 12, “Nómina de infractoras”, 20/02/2012, en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-187949-2012-02-20.html 105 Proyecto de Ley presentado por el Diputado Provincial Gustavo Arenas, 22/02/2012, en http://www.hcdmza.gov.ar//index.php?option=com_wrapper&Itemid=38

48    

 

Considero positiva esta iniciativa, pero de poco servirán leyes como la mencionada,

si la Inspección del Trabajo no funciona en forma suficiente y eficiente, puesto que

esta deficiencia notoria provoca que los explotadores inescrupulosos sepan que

difícilmente puedan llegar a ser detectados y/o escrachados en un Registro de

Infractores o en los medios masivos de comunicación.

VII. PARTICIPACIÓN DE LOS DIRIGENTES Y DELEGADOS GREMIALES Gerónimo Venegas respondió los reclamos del Gobierno Nacional por la falta de

blanqueo de trabajadores rurales, manifestando que: “hablan de trabajo en negro,

pero no se puede registrar sin Policía de Trabajo, que depende directamente del

Ministerio de Trabajo de la Nación”106, sosteniendo asimismo que la UATRE “no

tiene Poder de Policía”, y que “a la policía de trabajo la debe poner el Estado”107,

enfatizando que “si bien es cierto que aún persiste el trabajo en negro, es

responsabilidad del Estado, que tiene que tener políticas desde el Ministerio de

Trabajo, porque detrás de cada trabajador en negro hay evasión”.108

Al respecto, se considera importante destacar lo manifestado por Oscar Baraldi (del

ex RENATRE) en la entrevista que ofreció en su despacho en septiembre de 2007 al

periodista Julio Bazán, del Canal 13 de Televisión, durante la cual manifestó que:

“Hay muy pocas denuncias. Y, cuando hay una denuncia, desaparecen los niños.

Esa es la problemática que tenemos”.109

Cabe destacar que, en septiembre de 2005, en un acto realizado en la sede de la

Sociedad Rural en la Provincia de Santa Cruz, el entonces coordinador nacional del

RENATRE, Dr. Alberto Brondo, anunció que el RENATRE iba a realizar 700

fiscalizaciones por mes en todo el país, a través de una empresa privada contratada

para ese fin.110 Señaló asimismo lo siguiente: “lo que vamos a hacer es llegar a la

                                                                                                                         106 Primicias Rurales, “Reportaje a Gerónimo Venegas, efectuado por la periodista Patricia Van Ploeg, op. cit. 107 Agencia de Noticias Mendoz@ Transparente, “Entrevista al Secretario General de la UATRE, Gerónimo Venegas”, op. cit. 108 Carossino, Ricardo, “Reportaje a Gerónimo Venegas”, 22/10/2009, en http://www.diariodelsurdelgba.com/news/hot-topic/519-geronimo-qmomoq-venegas-secretario-general-de-uatre.html 109 Canal 13 de Televisión, Programa “Telenoche”, Entrevista del periodista Julio Bazán a Oscar Baraldi (del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), Grabado en CD, 11/09/2007 110 Brondo aclaró también que la fiscalización se tercerizó en una empresa que tiene experiencia en el ramo, a través de una licitación pública, previéndose realizar 700 inspecciones por mes direccionadas por el RENATRE, acotando que “el direccionamiento puede ser por empresas y por regiones, o

49    

 

tranquera, les vamos a pedir amablemente que nos dejen pasar y vamos a ver

cuántos trabajadores hay. Vamos a dar un tiempo prudencial de cinco días para ver

la documentación. A los cinco días se verifica y se informa acerca de las

condiciones”. Subrayó además que: “El Renatre controla sólo la contribución del 1,5

aunque una de sus facultades es pedir información a otros organismos nacionales

por lo que se tiene convenio con AFIP, Ministerio de Trabajo, Gendarmería, con los

que se intercambia información. No vamos a controlar previsión y jubilación, pero sí

vamos a intercambiar información”.111

Pese a haber transcurrido siete años desde dicho anuncio de Alberto Brondo, el

enorme porcentaje de trabajo clandestino rural existente en Argentina, denota la

ineficiencia e insuficiencia de las inspecciones efectuadas no sólo por dicho

Registro, sino también por los demás organismos que tienen la función de controlar

el trabajo rural.

De por sí, una cantidad de 700 inspecciones mensuales, frente a las centenares de

miles de explotaciones rurales existentes a lo largo y a lo ancho del extenso territorio

argentino, resulta ser una cifra muy pequeña como para servir de disuasoria, sobre

todo si los operativos no son efectuados en forma conjunta, con el auxilio de la

fuerza pública, en forma de “cerrojo” y “tranquera por tranquera”, tal como se señaló

en puntos anteriores.

Y esto que acabo de remarcar se encuentra directamente relacionado con lo

manifestado en enero de 2006 por el entonces titular del RENATRE en la Provincia

de San Juan, Oscar Bernard, quien expresó la existencia de una falta de control en

el trabajo de los rurales, y que desgraciadamente estaban esperando una situación

como la que había ocurrido (refiriéndose a los ocho trabajadores rurales heridos por

viajar en la caja de una camioneta que chocó con un camión en la Ruta 40), porque

“sucede casi todos los años”, sosteniendo asimismo que “la realidad nos dice que

existe una falta total y absoluta de control en las condiciones de los trabajadores de

temporada, esto hace que sean trasladados y que trabajen en una situación de

riesgo permanente, esto es consecuencia de la desidia por parte de las patronales

respecto a las condiciones de trabajo”. Bernard culpó al Subsecretario de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            puede ser que provenga de una denuncia o dato propio del RENATRE, ya que hay muchos empleadores que presentan denuncias ante el organismo por competencia desleal, contra aquellos que trabajan en el sector informal de la economía, por la incidencia en los precios que ello trae aparejado”. 111 Diario La mañana de Neuquén, “RENATRE comenzó a fiscalizar”, 25/09/2005, en http://w1.lmneuquen.com.ar/05-09-25/n_productivo5.asp

50    

 

de esa provincia por la ausencia de controles, al decir lo siguiente: “Somos los

únicos que estamos en el campo observando las condiciones de trabajo, porque en

plena temporada otros se van de vacaciones, esto no se puede hacer, yo he sido

Subsecretario de Trabajo y jamás me fui en plena temporada de cosecha (…).

Nosotros estamos solos como organismo”.112

En agosto de 2007 el Canal 13 de televisión, en el programa Telenoche, emitió un

informe sobre trabajo infantil, a cargo del periodista Julio Bazán, donde se observó a

varios niños de aproximadamente 8 a 13 años de edad, encorvando sus columnas

para cosechar algodón en Chaco. Bazán entrevistó a José Boitenco (representante

de la UATRE), quien declaró, textualmente, lo siguiente: “El Estado está ausente,

porque, a partir del momento en que nosotros hace más de diez años que tenemos

una Dirección Provincial de Trabajo, y está intervenida y no tiene los recursos

necesarios para poder inspeccionar los campos donde se está trabajando, es

imposible corregirlo. O sea que ahí está la ausencia del Estado, que es total en este

caso. Los trabajadores rurales, con su familia, en vez de mandar a sus chicos a la

escuela, terminamos produciendo cosecheros puros.113

Al año siguiente, Venegas fue entrevistado por Radio América, con motivo del

conflicto del Gobierno Nacional con el campo y los reproches de la Presidente

Cristina Fernández, debidos a que los empresarios del sector rural piden menos

retenciones, pero paralelamente tienen trabajadores en negro y trabajo infantil.

Durante el reportaje, Venegas manifestó que en el campo hay mucho trabajo infantil,

mucha mano de obra indocumentada y mucho trabajo en negro, debido a la falta de

inspecciones del Ministerio de Trabajo para lograr regularizar la situación, porque

deberían salir a recorrer los campos, hectárea por hectárea, y no lo hacen.114

En enero de 2011 el titular de la cartera laboral bonaerense, Dr. Oscar Cuartango,

fue entrevistado por la Radio FM 92,3 con motivo de los 141 trabajadores (entre

ellos tres menores) detectados en la localidad bonaerense de Portela, viviendo y

trabajando en condiciones infrahumanas. Durante el reportaje dijo que: “Las

extensiones de los campos en nuestro país y las situaciones que atraviesan algunos

                                                                                                                         112 Diario De Cuyo, “RENATRE afirma que sólo ellos realizan controles”, 6/01/2011, en http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=440764 113 Canal 13 de televisión, Programa “Telenoche”, Título del informe: “La edad de la injusticia”, Grabado en CD, 15/08/2007. 114 Radio América, AM 1190, Noticiero, “Reportaje a Gerónimo Venegas, Titular de la UATRE” (apuntes propios tomados en base a las manifestaciones formuladas durante la entrevista), 27/03/2008.

51    

 

países vecinos y algunas provincias del interior, hacen que estas situaciones sean

muy difíciles de controlar. Porque generalmente suelen ser campos de grandes

extensiones, en los que se destina una parte de los mismos a este tipo de

explotaciones, y que están en el medio de la propiedad. Y entonces, si no los

detectamos a través de la vía de denuncia de vecinos o de las autoridades locales o

de organización sindical que nuclea a los trabajadores, nos resulta muy difícil ubicar

estos lugares donde se explota a los trabajadores en condiciones en que yo no

vacilo en calificar de infrahumanas”.115

Tres años después, en marzo de 2011, el Dr. Carlos Tomada manifestó en un

reportaje que, cuando asumió como ministro en mayo del año 2003, existían sólo 20

inspectores en el MTEySS, porque había sido desmantelada la Inspección Laboral,

informando asimismo lo siguiente: “En octubre de 2003, junto con el Presidente

Kirchner, pusimos en marcha en la Casa Rosada el Plan Nacional de

Regularización del Trabajo. En ese momento estábamos en el 50 % de trabajo no

registrado, y teníamos que trabajar para que la formalidad superara a la

informalidad. A partir de ese momento hicimos una fuerte campaña para toma de

conciencia. Y pasamos de 20 inspectores en ese momento, a 450 actualmente,

coordinamos acciones con las provincias, coordinamos acciones con la AFIP”.116

Cabe aclarar que, en la actualidad, el MTEySS informa en su página web que se ha

incrementado el número de inspectores a 400 en todo el país a través de 38

delegaciones regionales, desde donde se realizan tareas de inteligencia previa para

luego realizar los operativos de control indicados.117

Considerando la gran extensión del territorio argentino, y las centenares de miles de

explotaciones rurales existentes en las distintas provincias, éste resulta ser un

número insuficiente de inspectores, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministro

está informando la cifra “total” de inspectores de la cartera laboral nacional (sin

aclarar cuántos de ellos se encuentran especialmente abocados a fiscalizar en forma

periódica y habitual el sector agrario), y tomando asimismo en consideración que, de

acuerdo al Censo Agropecuario 2008, efectuado por el INDEC, hay 276.581

                                                                                                                         115 Diario Digital Lanoticia1, “Audio de la entrevista brindada por el Dr. Oscar Cuartango a la Radio FM 92,3”, 13/01/2011, en http://www.lanoticia1.com/noticia/cuartango-indignado-por-reduccion-servidumbre-de-trabajadores-rurales-301101968.html 116 Canal TN de Televisión, Programa “Palabras más, palabras menos”, Entrevista al Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, op. cit. 117 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “El rol de la inspección”, Septiembre de 2012, en http://www.trabajo.gov.ar/inspeccion/

52    

 

explotaciones agropecuarias registradas, número al que habría que sumarle la

cantidad de explotaciones, con sus correspondientes hectáreas, que no pudieron ser

registradas debido al conflicto que mantiene el Gobierno Nacional con el sector

agropecuario desde hace 4 años, que provocó una mala predisposición de

numerosos productores, tal como lo explicó en una entrevista Norberto Itzcovich,

Director de dicho organismo, quien asimismo acusó a las entidades que conforman

la Mesa de Enlace de incentivar a los productores para no responder las preguntas

del INDEC, lo que trajo como consecuencia un “posible subregistro y

subdeclaración de los titulares”. Se censaron 155.424.819 hectáreas, de un total de

180.000.000, por lo que 24 millones de hectáreas no fueron censadas.118

A lo expuesto, cabe agregar lo expresado por el titular de la UATRE, Gerónimo

Venegas, durante una entrevista concedida en febrero de 2011 al programa radial

“Mañanas de Campo”, en una parte de la cual manifestó lo siguiente: “Todos los

años hacemos un gran esfuerzo, porque el campo no es como el gremio de

gastronómicos donde uno va a un restaurante y encuentra a todos los mozos, es

decir a los afiliados gastronómicos. Nosotros tenemos que detectar dónde están los

trabajadores, cuáles son sus actividades y salir campo adentro todos los días para

hacer relevamientos.119

A su vez, el “cortocircuito” que existe entre la UATRE y el Gobierno Nacional

(situación que termina por perjudicar los controles del trabajo rural), se puede

apreciar claramente al leer las palabras expresadas por Venegas en una entrevista

anterior brindada en enero de 2011 al periodista Ramón Landajo, en una parte de la

cual el dirigente gremial manifestó que: “UATRE está haciendo relevamientos.

UATRE sigue registrando y poniendo en condiciones a los trabajadores, mientras

que el Gobierno aduce que nosotros los hemos abandonado. Pero bueno, esto es

politiquería barata. Y más viniendo de la Presidenta de la Nación, que me compara

con el gremio de los compañeros camioneros, que es un gremio que está en las

ciudades, que uno va al centro de camioneros y encuentra a todos los choferes. El

campo no es lo mismo, señora Presidenta, el campo es muy grande, es inmenso, y

estos negreros traen a los trabajadores en camiones, los descargan de noche, y es

                                                                                                                         118 Diario Página 12, “La concentración manda en el campo”, 31/10/2009, en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-134418-2009-10-31.html 119 Diario Infosudeste, “Momo Venegas: ‘falta registrar un 45% de los trabajadores rurales’”, op. cit.

53    

 

muy difícil encontrarlos, y menos sin políticas de Estado que tiendan a hacer un

relevamiento hacia todos los trabajadores rurales que están en el país”.120

Como corolario de lo expresado en este punto, considero que, por mejores

intenciones que hubiese tenido el ex RENATRE en los operativos que realizaba, es

el Estado Nacional y los gobiernos provinciales los que deben comprometerse a

aportar los considerables recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para

combatir eficazmente el trabajo rural prohibido o clandestino, sobre todo teniendo en

vista que desde hace muchos años nos encontramos ante una urgente necesidad de

erradicar la escandalosa y lamentable explotación laboral de niñas y niños en el

campo argentino, debiéndose a su vez proteger como corresponde el trabajo agrario

adolescente, realizado en su inmensa mayoría fuera del marco legal.

VIII. CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y

EMPLEADORES AGRARIOS

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) fue

creado por ley 25.191, como un ente autárquico de derecho público no estatal, entre

cuyas funciones se encontraba la de controlar el cumplimiento por parte de los

trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone dicha norma,

pudiendo además desarrollar otras funciones de policía de trabajo que le sean

delegadas por los organismos nacionales o provinciales competentes (art. 11 inc. h).

Estaba dirigido y administrado por un Directorio integrado por cuatro directores en

representación de entidades empresarias de la actividad y cuatro directores

provenientes de la asociación de trabajadores rurales con personería gremial con

mayor representación nacional de la actividad, habiendo un síndico titular y un

suplente (designado por el MTEySS) que tenía la función de fiscalizar y vigilar todas

las operaciones contables y financieras del organismo (art. 8). Sus directores eran

designados por las mencionadas entidades, y su mandato se prolongaba por cuatro

años (pudiendo ser reelegidos). La presidencia era ejercida anualmente y en forma

alternativa por un representante de la entidad gremial y un representante empresario

(art. 9).                                                                                                                          120 Diario digital Grito Peronista, “Audio de entrevista efectuada a Gerónimo Venegas por el periodista Ramón Landajo”, 31/01/2011, Grabado digitalmente de http://www.gritoperonista.com.ar/2011/01/31-de-enero-entrevista-a-geronimo-venegas/

54    

 

La ley 26.727 instrumenta varias mejoras en las condiciones laborales del trabajador

rural, empezando por el hecho de incluir al sector agrario en el marco de la Ley de

Contrato de Trabajo. Pero, a su vez, modifica la ley 25.191 y crea el Registro

Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que absorbe las

funciones del RENATRE y se trata de un organismo autárquico en jurisdicción del

MTEySS, en el que deberán inscribirse obligatoriamente los empleadores y

trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen de

Trabajo Agrario.121

Conforme lo dispuesto por la ley 25.191 (luego de la mencionada reforma), entre las

funciones del RENATEA se encuentra la de controlar el cumplimiento por parte de

los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone dicha norma,

pudiendo además desarrollar otras funciones de policía de trabajo que le sean

delegadas por los organismos nacionales o provinciales competentes (art. 11 inc. g).

Y, entre las atribuciones que tiene, está la de “inscribir y llevar el registro de todas

las personas comprendidas en la referida ley” y “exigir a todo empleador la

exhibición de sus libros y demás documentación requerida por la legislación laboral

aplicable a la actividad, al solo efecto de verificación del cumplimiento de lo

establecido por la normativa (arts. 12 incs. e y f).

Días después de ser sancionada la ley 26.727, el periodista Agustín Álvarez Parisi

entrevistó a Gerónimo Venegas, quien manifestó que: “La ley del Gobierno es mal

intencionada, es para confiscar y manejar los fondos del RENATRE, que fueron

creados por el gremio y que son salarios diferidos del gremio. Esto es un acuerdo

entre la patronal y los trabajadores, repito que es un ejemplo en el mundo. Hemos

pagado algo más de doscientos millones de pesos de fondo de desempleo. A partir

del primero de enero el Fondo de Desempleo, que es del RENATRE, aumentó un 20

%, es decir lo llevamos a 960 pesos, cuando el del Gobierno es de 400 pesos”.122

Posteriormente, el Dr. Tomada se refirió a la ley 26.727 en un comunicado,

manifestando que: "En términos de protección social, es la ampliación del control y

fiscalización que el peón rural siempre necesitó del Estado".123 Y, el 31 de julio del

corriente año, el mismo funcionario sostuvo en la sede del RENATEA que la                                                                                                                          121 La ley 26.727, sancionada en diciembre de 2011, disuelve el RENATRE y lo reemplaza por el RENATEA, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (art. 7). 122 Diario digital Parlamentario.com, “Esta ley del Gobierno es una expropiación del Renatre”, 24/12/2011, en http://www.parlamentario.com/articulo-6942.html 123 Diario La Nación, “Renatre: nuevo choque de Venegas con el Gobierno”, 7/01/2012, en http://www.lanacion.com.ar/1438553-renatre-nuevo-choque-de-venegas-con-el-gobierno

55    

 

mencionada normativa persigue como objetivo la regularización del registro y la

fiscalización del trabajo rural, manifestando asimismo que el Gobierno Nacional

aspira que todos los trabajadores rurales, tanto los permanentes como los

temporarios, sean registrados en las oficinas de empleo, expresando además lo

siguiente: “De casi un millón de trabajadores, el 80 % de ellos no están registrados.

El RENATRE actuaba como un ‘como si’. Actuaba como si se fiscalizara, como si se

capacitara, como si se registrara. Entonces eso es lo que queremos terminar. Acá

hay registros que dicen que hay exactamente 841.897 trabajadores registrados, pero

la cantidad de aportantes es de menos del 50 %. Ese es el ‘cómo sí’ del que yo

hablo. (…) Por eso, insisto en que nuestro desafío es el de registrar, fiscalizar y

capacitar”.124

La actividad de fiscalización que venía llevando a cabo el RENATRE no era

“exclusiva” de ese organismo, sino que era “complementaria” a la que tienen la

obligación de realizar las autoridades de contralor nacional y provinciales. Estamos

hablando de una actividad muy compleja, que abarca a centenares de miles de

predios rurales existentes a lo largo y a lo ancho del inmenso territorio argentino,

cuyo control se sabía perfectamente que no podía ser realizado con suficiente

eficacia mediante la actuación “en soledad” de dicho organismo ahora eliminado

(con sus escasos recursos humanos y materiales) , porque se trata de una tarea que

–por todas las características y particularidades expuestas durante el desarrollo del

presente trabajo de investigación- requiere de la actuación necesaria del MTEySS –

en su carácter de autoridad de aplicación- conjuntamente con todos los demás

organismos de contralor nacional y provinciales (incluida la Administración Federal

de Ingresos Públicos), en forma coordinada y organizada, con la vital cooperación

brindada por los delegados gremiales de la UATRE en cada una de las

jurisdicciones, y con el apoyo de fuerzas de seguridad.

La gran importancia del trabajo conjunto de la UATRE y del ex RENATRE con los

ministerios de trabajo nacional y provinciales, se desprende también de lo explicado

por el entonces Subsecretario de Trabajo de la Nación, Dr. Guillermo Alonso

Navone125, quien en un reportaje señaló, hace cinco años, lo siguiente: “Los

                                                                                                                         124 Télam, “Tomada: ‘Más del 80% de los trabajadores rurales se encuentran en situación irregular’”, op. cit. 125 El Dr. Alonso Navone fue Director de la Dirección Nacional de Policía del Trabajo. Se desempeñó como Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

56    

 

hombres de UATRE y el RENATRE están trabajando en conjunto con el Ministerio

de Trabajo de la Nación, para poder hacer operativos de fiscalización para combatir

el trabajo no registrado. La labor se realiza en forma conjunta, porque la gente de

UATRE conoce la zona, y son los baquianos que sirven de guía para nuestros

inspectores, el objetivo es ir logrando que el empresariado de campo no vea mal los

operativos, si no que nos observe como aquel que lo va a inducir a cumplir con la

ley, considerando cuáles son las ventajas para el empleado y cuáles son las

ventajas para el propio empleador. Ahora el trabajador rural tiene un instrumento

legitimo que es la libreta rural, creada por ley, y es el instrumento que prueba la

relación laboral, y sirve como certificado de servicio, gozando de esta forma de todas

las normativas que lo protegen, como la obra social, y lo que es más importante que

en el futuro se pueda jubilar”.126

Lo que afirmó Alonso Navone está en consonancia con lo manifestado por el Dr.

Tomada en enero de 2011, cuando afirmó que “combatir el trabajo no registrado nos

compete a todos" y que la persistencia de precariedad laboral sería "mucho más

difícil" si el sindicato tuviera un rol más activo, ya que "está en condiciones de

denunciar, confrontar y mostrar situaciones".127

De las manifestaciones formuladas en dicha entrevista por el Dr. Alonso Navone

(actual Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del

MTEySS), y de lo afirmado por el propio titular de la cartera laboral nacional, se

desprende que la decisión de eliminar el RENATRE provocará consecuencias

negativas en materia de fiscalización, alejando por otra parte la posibilidad de lograr

la “participación coordinada y la colaboración” de la entidad representativa de los

trabajadores rurales, con miras a la detección del trabajo no registrado (que es

precisamente lo que el MTEySS debe “promover”, conforme lo establece

expresamente el art. 29 inc. e de la ley 25.877).

A mayor abundamiento, dicha desacertada decisión legislativa, impulsada por el

actual Gobierno Nacional, no armoniza y –por el contrario- se contradice con el

compromiso asumido por la primera mandataria argentina, Dra. Cristina Fernández,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            desde mayo de 2003 a diciembre de 2007. Desde esa fecha, es el Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social. 126 Diario Colón Doce, “Guillermo Alonso Navone. Estamos trabajando para evitar el trabajo no registrado”, 28/06/2007, en http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2006/00001167.html 127 Diario El Sindical, “Reponsabilizó al gremio de ausentismo en los controles de trabajo esclavo. Dura crítica de Tomada a UATRE y a Venegas”, 14/01/2011, en http://www.elsindical.com/noticia.php?id=7925

57    

 

al firmar el 29 de junio de 2012 la Segunda Declaración Presidencial sobre

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur, donde los Presidentes

signatarios se comprometen a “profundizar el rol del sector sindical como actor de

detección y prevención en materia de trabajo infantil”.128

Tomando los argumentos y fundamentos expresados por Alonso Navone en la

entrevista mencionada más arriba, será bastante más dificultoso lograr que se

cumpla con dicho compromiso internacional asumido por la Dra. Fernández, luego

de haberse decidido prescindir del RENATRE. Por el contrario, lo que debería haber

hecho la cartera laboral es aumentar y profundizar la tarea de fiscalización del

trabajo agrario, haciéndolo en forma conjunta y coordinada con “los hombres de

UATRE y RENATRE”, tal como lo señaló dicho funcionario nacional, como algo que

es necesario para lograr un control más eficiente.

IX. CONCLUSIONES

1. Al analizar lo ocurrido en los últimos diez años en materia de fiscalización del

trabajo agrario en la República Argentina, se observa que el Estado Nacional

y los gobiernos provinciales incumplieron –año tras año- con lo dispuesto por

el art. 31 de la ley 25.877, que expresamente establece que los servicios de

inspección comprendidos en el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y

de la Seguridad Social deberán contar con los recursos adecuados para la

real y efectiva prestación del servicio.

2. Ese incumplimiento es la principal causa por la que actualmente la cartera

laboral nacional estima que hay un 80 % de trabajadores rurales que no están

registrados, y también es el principal motivo por el cual son explotados

laboralmente en diversas zonas rurales del país centenares de miles de

niñas, niños y adolescentes.

3. Esta situación ocurre pese a que, respecto al Convenio 129 de la OIT (sobre

Inspección del Trabajo en la Agricultura), la Comisión de Expertos de ese

organismo internacional ha formulado observación individual a la Argentina,

tomó nota de la memoria del gobierno recibida en septiembre de 2008 y

                                                                                                                         128 Mercosur, “Segunda Declaración Presidencial sobre Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur”, 29/06/2012, en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4384/1/seg_declaracion_prevencion_trabajo_infantil.pdf

58    

 

destacó que no puede sino insistir en la necesidad de dotar a la Inspección

del Trabajo en la agricultura de recursos humanos y de medios adecuados

con miras a la protección de la población cubierta por el convenio de

referencia, instando al gobierno argentino a adoptar todas las medidas

necesarias a este fin.

4. La informalidad laboral ha descendido fuertemente desde el pico del 50 %

alcanzado en el año 2002, pero ese descenso no se dio en el sector

agropecuario, que mantiene el primer lugar en lo que respecta a empleo

informal en todo el país.

5. Como bien lo señaló Gerónimo Venegas, en el campo argentino hay una

cultura de más de cien años de mano de obra no registrada y de trabajo

infantil.

6. Tal como lo ha explicado el Dr. Guillermo Alonso Navone, (funcionario del

actual Gobierno Nacional), para evitar que los trabajadores en situación

irregular huyan o se escondan en el propio campo al momento de efectuarse

las inspecciones, sería necesario que las autoridades de contralor realicen

tareas de inteligencia previa, utilicen GPS, caigan por sorpresa y actúen

conjuntamente con fuerzas de seguridad.

7. Esa es la única manera posible de evitar que continúen ocurriendo

habitualmente situaciones similares a la descripta por dicho funcionario,

cuando relató que en un viñedo de Mendoza fue testigo de cómo, al llegar los

inspectores al lugar, un capataz realizó un chiflido y de repente todos los

trabajadores desaparecieron y se ocultaron en el propio predio.

8. En distintos puntos del país inspectores del trabajo rural fueron insultados,

intimidados con exhibición de armas de fuego, encerrados en galpones,

agredidos mediante el vuelco de sus vehículos de transporte o cortadura de

sus respectivas cubiertas, la destrucción de sus cámaras filmadoras, etc

(recibiendo hasta “tomatazos”, como ha ocurrido por ejemplo en la Provincia

de Mendoza). Y, tal como lo ha expresado en más de una oportunidad el

propio titular de la cartera laboral nacional, Dr. Carlos Tomada, ese cuadro de

situación es uno de los factores que contribuyen a dificultar la correcta

fiscalización del trabajo en el sector agropecuario, siendo una problemática

que también ha tenido que sufrir personal de contralor dependiente de la

UATRE y del ex RENATRE.

59    

 

9. Por ello, resulta necesario que la Nación y las provincias convengan la forma

en que organizarán a sus respectivas fuerzas de seguridad, para que en

número suficiente intervengan “conjuntamente” con los inspectores laborales

en operativos de control del trabajo agrario (o en “al menos” aquellos

generados a raíz de denuncias o de informes previos de inteligencia).

10. Es decir que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales no sólo tendrían

que adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los inspectores del

trabajo los medios de transporte necesarios para llevar a cabo su tarea (como

lo estipula el Convenio N° 81 de la OIT), sino que también deberían ponerse

de acuerdo para lograr aportar efectivos de seguridad suficientes, mediante

un trabajo coordinado y organizado que tenga por objeto aunar fuerzas.

11. Esa es, por otra parte, la única forma de conseguir que se cumpla asimismo

con lo estipulado por el art. 8 inc. 1 del Convenio 129 de la OIT, que establece

que los inspectores en la agricultura deben trabajar bajo condiciones de

servicio que les garanticen actuar sin influencias externas indebidas (como lo

son, por ejemplo, las intimidaciones).

12. Ningún funcionario de la inspección puede actuar en forma “eficiente” y con la

tranquilidad necesaria para llevar a cabo su tarea en forma correcta, si tiene

que desarrollarla en extensos y alejados campos con el temor a ser agredido

o amenazado “si pregunta demasiado” o si solicita ingresar a determinados

lugares (sectores del predio, galpones, etc).

13. La participación de la fuerza pública permite asimismo poder llevar a cabo

“operativos cerrojo”, factor fundamental a la hora de evitar que se eludan

fácilmente los controles realizados en el sector agrario, como frecuentemente

ocurre mediante el ocultamiento o huida de aquellos trabajadores que

desarrollan trabajo prohibido o clandestino (sobre todo cuando se trata de

menores).

14. Es necesaria la colaboración paralela del personal que pueda aportar la AFIP

a modo de refuerzo en el control del trabajo agrario, no sólo por la enorme

extensión del territorio argentino y la cantidad de objetivos que se precisa

fiscalizar, sino también porque la intervención de ese organismo recaudador

es lo que más impacto causa.

15. Los castigos impuestos por la ley 25.212 para los empleadores que infringen

las normas, continúan siendo inofensivos. Por ello, es necesaria la

60    

 

actualización de los montos de las multas previstas en el régimen de

sanciones establecido en dicha norma, y resulta en consecuencia positivo el

proyecto de ley que con ese fin fuera elevado recientemente al PEN, para su

posterior tratamiento en el Congreso Nacional.

16. La ley 8.374 sancionada en el año 2011 por la Legislatura de la Provincia de

Mendoza, es una ley de vanguardia y ejemplar, puesto que las empresas

empleadoras que registren antecedentes de trabajo infantil o de mantener a

sus trabajadores en condiciones similares al trabajo esclavo, merecen que se

las castigue impidiéndoles el acceso a beneficios impositivos, financieros o de

cualquier otra índole otorgados por el Estado Provincial.

17. Sin embargo, de poco servirán leyes como la mencionada, si la Inspección del

Trabajo no funciona en forma suficiente y con eficacia, ya que su notoria

deficiencia provoca que los explotadores inescrupulosos sepan que son muy

bajas las probabilidades de ser detectados y castigados.

18. Como bien lo señalaba hace cinco años el Dr. Guillermo Alonso Navone, en

su carácter de Subsecretario de Fiscalización del Trabajo del MTEySS, es de

suma importancia la tarea que los representantes de la UATRE y del

RENATRE han desarrollado “en conjunto” con el Ministerio de Trabajo de la

Nación en operativos de fiscalización para combatir el trabajo agrario no

registrado, debido a que “la gente de UATRE conoce la zona rural, y son los

baquianos que sirven de guía para los inspectores”.

19. En consecuencia, la desacertada decisión legislativa de eliminar el

RENATRE, impulsada por el actual Gobierno Nacional, provocará

consecuencias negativas en materia de fiscalización, alejando por otra parte

la posibilidad de lograr “la participación coordinada y la colaboración” de la

entidad representativa de los trabajadores rurales, con miras a la detección

del trabajo no registrado (que es precisamente lo que el MTEySS debe

“promover”, conforme lo establece expresamente el art. 29 inc. e de la ley

25.877.

20. Además, se trata de una decisión que no armoniza y –por el contrario- se

contradice con el compromiso asumido por la primera mandataria argentina al

firmar el 29 de junio de 2012 la Segunda Declaración Presidencial sobre

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur, donde los

61    

 

Presidentes signatarios se han comprometido a “profundizar el rol del sector

sindical como actor de detección y prevención en materia de trabajo infantil”.

21. Lo que debería haber hecho la cartera laboral es aumentar y profundizar la

tarea de fiscalización del trabajo agrario, haciéndolo en forma conjunta y

coordinada con “los hombres de UATRE y RENATRE” (tal como lo señaló el

Dr. Alonso Navone, como algo que es necesario para lograr un control más

eficiente).

22. El incumplimiento por parte del gobierno argentino de la normativa nacional e

internacional mencionada precedentemente, perjudica fundamentalmente a

los centenares de miles de niñas, niños y adolescentes que trabajan en forma

prohibida o clandestina en diversos puntos geográficos de la inmensa zona

rural del país, sin que los organismos de contralor intervengan como

corresponde para impedirlo, tomando sobre todo en consideración que se

trata de personas que requieren de una protección especial.