Siempre! • 1 de abril de 2012

Martín Esparza FlorEs

En las próximas semanas, la Corte tendrá en sus ma-nos equilibrar los números rojos que presentan sus niveles de credibilidad luego de que el pasado 21 de

marzo tres de los cinco integrantes de su Primera Sala vo-taran en contra del dictamen elaborado por el ministro Ar-turo Zaldívar, que planteaba la liberación de la francesa Flo-rence Cassez.

En el ambiente del Estado de derecho, que debería ser limpio y cristalino, quedó flotando como densa niebla la abierta intromisión del Poder Ejecutivo. Juristas y diversos sectores sociales coinciden en que la autonomía del máxi-mo órgano de justicia del país se encuentra al borde de la quiebra.

De nada valió que previo a la determinación de los mi-nistros de la Primera Sala, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, haya expresado en el marco del 206 aniver-sario del natalicio del Benemérito de las Américas, Beni-to Juárez, y de frente a Felipe Calderón, su rechazo a la

creencia de que la ley deba cumplirse “a capricho”, pues ello conduce a un abuso de poder, antesala del “autorita-rismo y la impunidad”.

Las crónicas describieron a un Calderón de rostro desencajado, sobre todo cuando Silva apuntó en su men-saje: “Nada justifica incumplir la Constitución y los de-rechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la república, que es la legali-dad”. También indicó que es obligación inquebrantable de los jueces “ver siempre por el interés superior, a po-ner por delante el bienestar de todos, a corregir a cos-to presente las desviaciones y los abusos de poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la so-ciedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, haremos”.

El trasfondo de la controversia jurídica que situó a la Corte a las puertas del descrédito, y que ha generado ríos de tinta y comentarios en todos los medios de comunica-ción, tiene dos puntos en común: el montaje mediático ar-mado por el entonces titular de la Agencia Federal de In-vestigación, Genaro García Luna, para simular una espec-

Intromisión del Ejecutivo

Calderón aniquila la autonomía de la Corte

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Siempre! 1 de abril de 2012 •

tacular detención de la francesa y de los miembros de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, en diciembre del 2005, violando los más básicos elementos procesales, y la protección que el presidente de la repúbli-ca ha brindado al responsable del mismo.

Es decir, la muestra contundente de “el autoritarismo y la impunidad” que criticó en su discurso, como abusos del poder, Juan Silva Meza. Ese autoritarismo usado por el gobierno de Calderón cuando aplicó con toda la fuerza del Estado su ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y que dejó en la calle a 44 mil trabajadores, ne-gándoles el derecho constitucional de audiencia consagra-do en el artículo 14 de la Constitución. Ese abuso de po-der que distrajo de sus funciones a elementos de las fuer-zas armadas para disfrazarlos de policías federales, duran-te los operativos de desalojo en los centros de trabajo, con el fin de amedrentar a los electricistas con el apoyo del hoy cuestionado García Luna.

Esa forma caprichosa de aplicar la ley y que por pre-siones del Ejecutivo hizo que en su momento, como ahora sucede, los ministros desecharan la controversia constitu-

cional presentada por el SME, similar a la integrada por el Congreso en contra del también anticonstitucional decreto del llamado “apagón analógico”, y que corriera con mejor suerte por tener el apoyo de los legisladores.

Y si bien la decisión del pasado 21 de marzo dejó en suspenso lo que será el desenlace final de esta tragi-comedia, la Primera Sala se encuentra ante un inevita-ble dilema: si la ministro Olga Sánchez Cordero presenta el nuevo dictamen sobre el asunto Cassez después de los comicios de julio próximo, estará claro que la auto-nomía del máximo órgano de justicia del país antepon-drá los intereses políticos a los jurídicos evitando cau-sar un daño electoral al gobierno de Calderón y su par-tido, el PAN.

Pero si opta por no hacerlo, tendrá en sus manos evi-tar la bancarrota de la autonomía de la Corte, obligando a que el responsable del desaseo procesal rinda cuentas de sus irresponsables actos a los que, por cierto, se les debe-rá añadir el de espionaje telefónico, según denunció ante la Procuraduría General de la Respública hace unos días el equipo de la panista Josefina Vázquez Mota.

Que el responsable del desaseo procesal rinda cuentas

de sus irresponsables actos.

El ministro presidente Juan Silva Meza (tercero, de izq-der).