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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE HISTORIA
TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE HISTORIADOR
LA ANAPO Y LAS ELECCIONES DE 1970
JUAN CAMILO GÓMEZ GUZMÁN
Director: ALVARO OVIEDO
2010
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN______________________________________________________03
La Bibliografía Existente_________________________________________________07
CAPÍTULO 1: Colombia y el Mundo: Época de Cambios y Continuidades__________13
1.1 Los Éxitos y Fracasos del Frente Nacional
1.2 La Revolución y la Represión en América Latina
CAPÍTULO 2: Gustavo Rojas Pinilla y la ANAPO_____________________________ 24
2.1 Del Cuartel a la Política
2.2 La ANAPO y el Candidato
CAPÍTULO 3: Las Elecciones de 1970______________________________________42
3.1 Situación Preelectoral
3.2 El 19 de abril
3.3. Reacciones del Momento
3.4 De la ANAPO al M-19
CONCLUSIONES______________________________________________________69
BIBLIOGRAFÍA________________________________________________________74
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Introducción
El presente trabajo de grado gira en torno a un análisis histórico del comportamiento
político de la Alianza Nacional Popular –ANAPO- y de su líder Gustavo Rojas Pinilla
alrededor de las elecciones de 1970 y sus repercusiones, entre ellas el surgimiento del M-
19. Se intentará dilucidar la relación existente entre la frustración provocada por la debacle
del 19 de abril y sus efectos sobre la legitimidad del partido y dentro del escenario político
colombiano.
La evolución histórica de la ANAPO como formación partidista de oposición surge en el
marco de uno de los periodos históricos más importantes de la Colombia contemporánea.
La ANAPO fue fundada durante la vigencia del sistema de alternancia bipartidista conocido
como el Frente Nacional (FN), comprendido entre 1958 y 1974. La implantación de dicho
sistema fue el resultado de los acuerdos de Benidorm y Sitges entre los partidos políticos
Liberal y Conservador, realizados respectivamente el 24 de julio de 1956 y el 20 de julio de
1957, siendo posteriormente ratificados mediante el plebiscito del 1 de diciembre de 1957
(Ayala, 1996, pp.61-68), (Hartlyn, 1993, pp. 81-89). Dichos pactos se concretaron para
derrocar al gobernante militar Gustavo Rojas Pinilla, quien había llegado al poder en 1953,
con el fin de recuperar la estabilidad política de un establecimiento que quería mantenerse
en el poder y temía las consecuencias de la Violencia tanto bipartidista como
revolucionaria que había sido desatada e intensificada después del magnicidio de Jorge
Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 (Hartlyn, 1993, pp. 79-80).
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En un primer momento los acuerdos lograron reestablecer cierto grado de concordia tanto
entre los dirigentes partidistas como entre sus respectivas bases populares, pero pronto
trajeron consigo sus propias complicaciones. Las elecciones, al ser necesariamente
gobernadas por la alternancia, perdieron mucho de su carácter ideológico real, dejando de
ser un terreno propicio para la confrontación de ideas. En vez de eso, se convirtieron en un
escenario donde, a causa de un creciente grado de consenso entre las estructuras
bipartidistas y su consiguiente neutralización del debate, en la práctica se sucedieron
administraciones presidenciales cada vez más criticadas y menos populares entre el
electorado (Bushnell, 1993, pp. 240-241). Las limitaciones del sistema estaban excluyendo
casi cualquier tipo de oportunidad legal para construir propuestas alternativas frente a los
programas gubernamentales, programas que debían pasar obligatoriamente por medio de
la rotación de alguno de los dos partidos en el poder (Hartlyn, 1993, pp.180-183).
Miembros disidentes provenientes de los partidos Liberal, Conservador y desde otros
sectores como ciertas facciones dentro de la izquierda, comenzaron a reunirse alrededor
de la figura de Rojas Pinilla, quien conservaba la intención de volver a hacer parte del
juego político después de su derrocamiento en 1957 y su enjuiciamiento en 1959 (Hartlyn,
1993, pp. 210-211).
La formación partidista resultante fue la ANAPO, emergiendo el 23 de abril de 1961, la cual
consolidaba distintas corrientes ideológicas tanto nacionalistas y populistas como de
oposición. Entre las múltiples tendencias que construyeron la estructura de la ANAPO a lo
largo de los años sesenta se encuentran, entre otras, sectores del conservatismo
(reformistas, simpatizantes de la democracia cristiana, nacionalistas), ex-miembros del
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gobierno militar de Rojas Pinilla, e incluso algunos antiguos gaitanistas como Jorge
Villaveces y Milton Puentes (Pécaut, 2006, p. 199). Las diversas agrupaciones
representaban sectores opositores y disidentes frente al excluyente bipartidismo que se
había legalizado con el FN. Sus miembros se incorporaron o se aliaron a la ANAPO,
especialmente a partir de los resultados electorales que el nuevo partido obtuvo después
de las elecciones de 1964 (Ayala, 1996, cap. 3-4). Bajo la presidencia de Carlos Lleras
Restrepo, la reforma constitucional de 1968 le abrió cierto grado de espacio político a la
ANAPO, al empezar a facilitar la participación de la oposición en el Congreso y en las
corporaciones públicas (Aponte y Morales, 2008, pp. 172-173). Entre otros aspectos, dicha
reforma incluía la derogación de la composición paritaria previamente establecida para las
elecciones de las asambleas departamentales y concejos municipales, que en adelante se
regirían mediante el sistema del cuociente electoral. Para el Senado y Cámara de
Representantes, el mismo sistema se adoptaría a partir de 1974 (Uribe, 1977, p. 1224).
El discurso político del partido de Rojas Pinilla alcanzaría quizás su mayor grado de
receptividad entre la población hacia el año de 1970 (Bushnell, 1993, pp. 240-242). En
ese año se realizaría la que sería una última rotación presidencial bajo el cada vez más
deslegitimado sistema del FN. En esas elecciones se presentaron dos candidatos
principales frente a la opinión pública: Misael Pastrana Borrero y el general retirado
Gustavo Rojas Pinilla. Pastrana Borrero acudía a las urnas ostensiblemente representando
al bipartidismo. Al mismo tiempo, su partido estaba dividido entre su candidatura y las de
Evaristo Sourdis y Belisario Betancur, opciones minoritarias que representaban posturas
más o menos reformistas, pero sin llegar al grado de oposición presente en la plataforma
política de la ANAPO (Ayala, 2006, cap. 4).
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Al transcurrir la tensa jornada electoral del 19 de abril de 1970, la interrupción de los
boletines oficiales por orden de Lleras Restrepo, ocurrida hacia el final del día después de
la difusión de resultados electorales que señalaban una marcada tendencia hacia el triunfo
de Rojas Pinilla, fomentó amplias sospechas de fraude entre los anapistas y otros
observadores (Ayala, 2006, cap 8). En las horas y días siguientes, a raíz de reportes sobre
la presunta manipulación de algunas urnas, las sospechas fueron dando lugar a cada vez
más acusaciones y denuncias. Se presentaron disturbios en Bogotá y otras réplicas o
tentativas menores en localidades a largo del territorio nacional (en el Valle, Boyacá y
Santander entre otros departamentos), aún antes de que se oficializara el estrecho triunfo
del candidato Pastrana Borrero. Después de los hechos, los voceros y comunicados
oficiales salieron en defensa de la legitimidad del sistema electoral, mientras el gobierno
declaraba el estado de sitio para contener los desórdenes, implementado el toque de
queda y ordenando que se mantuviera vigilados y bajo arresto domiciliario a varios líderes
anapistas (Ayala, 2006, cap 8).
La actitud vacilante de Rojas Pinilla y la falta de iniciativa de la dirigencia anapista
finalmente llevarían a la aceptación tácita de un resultado electoral altamente cuestionable,
siendo dicha inacción motivo de gran frustración para muchos de los seguidores de la
ANAPO que se sintieron impotentes frente a lo que consideraban una derrota injusta y
fraudulenta (Ayala, 2006, pp. 234). Como consecuencia, el partido se debilitaría
rápidamente después de 1970 y ello conduciría a la fragmentación de su electorado
(Hartlyn, 1993, pp. 210-211).
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A partir de ese momento y a raíz de esos acontecimientos, la debacle electoral de la
ANAPO y la frustración que la acompañó serviría como fuente de inspiración tanto dentro
como fuera del sistema político. Algunos disidentes decidieron organizar nuevos proyectos
políticos de oposición, entre ellos el Movimiento Amplio Colombiano –MAC- y la Unión
Nacional de Oposición –UNO- (Pécaut, 2006, pp. 198-202), pero otros recurrieron a la
lucha armada argumentando que buscaban conseguir por la vía de la violencia los
cambios que todavía esperaban de un sistema ilegítimo que no le había permitido a la
ANAPO de Rojas Pinilla la oportunidad de gobernar. La creación del Movimiento 19 de
Abril, el M-19, en enero de 1974 fue la expresión más reconocida de esa línea de
pensamiento y daría inicio a una nueva experiencia guerrillera (Lara, 2002). La
organización armada utilizaría tácticas audaces y novedosas para conseguir sus objetivos
y generaría tanto odios como simpatías, pero su historia no estaría exenta de sus propias
debacles y al final terminaría abandonando su lucha, regresando al camino de la legalidad
y de la democracia electoral en 1990 (Navarro e Iragorri, 2004, cap. 5-6).
Considerando tanto el auge y decadencia de la ANAPO como sus consecuencias para la
historia de Colombia, sigue siendo de vital importancia estudiar el impacto que el
cuestionado resultado electoral de 1970 tuvo sobre dicha organización política, lo que
puede revelarnos sobre su naturaleza y sus efectos sobre el escenario político colombiano
a la luz de los acontecimientos anteriores y posteriores.
La Bibliografía Existente
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Muchos autores han estudiado a la ANAPO, su papel dentro del Frente Nacional y los
hechos del 19 de abril de 1970, lo que nos obliga a considerar brevemente cómo lo han
hecho algunos de ellos, para contribuir a establecer la pertinencia de la presente
investigación dentro del contexto académico.
El autor Cesar Augusto Ayala Diago (1995, 1996, 2006) aborda el tema de la formación, la
ideología y la acción política de la ANAPO y su interacción con otros movimientos
disidentes durante el FN. Ayala Diago propone que a partir del gobierno de Rojas Pinilla se
promovieron distintos intentos para crear “terceras fuerzas” en oposición al bipartidismo,
canalizando las demandas de una población en su mayoría excluía. El autor acierta al
describir con detalle el contexto político a través de las figuras de la oposición,
específicamente aquellas alrededor de Rojas, construyendo una visión de la ANAPO
desde sus orígenes hasta su desarrollo como partido de oposición, incluyendo su
participación en los comicios del 19 de abril de 1970. Desde la perspectiva de la presente
investigación, sería necesario articular y contrastar la visión del autor con el resto de la
información disponible para así analizar críticamente el papel de la ANAPO en su contexto
histórico.
Otro autor, Ricardo Santamaría, se ocupa de las condiciones socio-políticas del FN y de la
forma como se montó y luego se intentó desmontar una estructura política excluyente e
ilegítima. Santamaría argumenta que el FN fue un sistema político cerrado ante la
disidencia, cuyo legado empezó a superarse durante el gobierno de Belisario Betancur
(Santamaría, 1984). El texto de Santamaría trabaja en detalle el contexto político del
frentenacionalismo, resaltando positivamente el papel de la oposición en sus estructuras
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partidistas, pero es débil en su tratamiento del contenido de las mismas, sin valorar cuál
sería concretamente el aporte anapista. Valdría la pena articular la contextualización y el
análisis sobre la legitimidad de Santamaría con el estudio específico de las actitudes y
acciones de la oposición.
A su vez, Carlos Augusto Noriega trata el tema del fraude en las elecciones del 19 de abril
de 1970. El autor nos propone que varias irregularidades ocurrieron a nivel local pero no
nacionalmente y menos involucrándolo a él personalmente como Ministro del Gobierno,
quien apoyó a la institucionalidad en todo momento (Noriega, 1998). Es útil su testimonio
sobre las divergencias y juegos de poder dentro del FN y del gobierno de Carlos Lleras
Restrepo, pero parece subestimar demasiado el papel de la oposición y de ANAPO, sin
entrar en algún tipo de análisis más profundo de sus posturas y de sus propuestas. Lo
anterior implicaría que faltaría contrastar su obra con la de otros autores, como por
ejemplo la del mismo Ayala Diago, para tener una visión más coherente de la época.
Una visión adicional que resulta escéptica frente a la ANAPO es la de Juan Pablo Martínez
y María Isabel Izquierdo, quienes se ocupan de las relaciones entre la oposición y el FN.
Los autores argumentan que la oposición de la ANAPO contra el FN fue deficiente debido
a las limitaciones de su estructura de clase, su conservatismo y su reformismo (Martínez e
Izquierdo, 1972). Si bien los autores consiguen defender parte de su propuesta al emplear
herramientas útiles para el análisis de la composición social del partido y del electorado
anapista, se quedan cortos a la hora de desarrollar sus conclusiones de una manera
menos discursiva y más dispuesta a adaptar las categorías teóricas a la complejidad de la
realidad colombiana, algo que debería hacerse para poder articular apropiadamente lo que
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fue la estructura de la ANAPO y lo que sería su desarrollo práctico dentro de la arena
política.
Vemos, por otra parte, en Samuel Moreno Díaz, a la dirigencia anapista contemporánea
intentando abordar el fraude electoral desde una posición de rechazo al mismo. Moreno
Díaz argumenta que la votación por Rojas Pinilla debe valorarse como un claro rechazo
generalizado de la población ante el FN (Moreno, 1970, enero a junio, pp. 529-538). Dicha
interpretación es valiosa testimonialmente, en cuanto a que revela la aplicación práctica de
la ideología anapista frente a los hechos del 19 de abril de 1970 y a su vez el
reconocimiento de algunos de los sentimientos y aspiraciones de parte la población, pero
su naturaleza de llamamiento político constituye un elemento subjetivo que debe
abordarse críticamente. Se hace necesario contextualizar y contrastar sus planteamientos
con lo que realmente habría sucedido en la práctica, tanto de parte de la ANAPO como del
FN y otros actores del momento.
Permaneciendo dentro de una corriente semejante, también encontramos a María Eugenia
Rojas, cuya obra biográfica sobre su padre aborda los hechos anteriores y posteriores a
las elecciones de 1970 desde una posición necesariamente privilegiada, dados los lazos
tanto familiares como políticos involucrados, que le permiten incluir bastante información
de primera mano (Rojas, 2000). Se debe mencionar que se trata de un trabajo de carácter
personal y ostensiblemente apologético, elementos que no se pueden perder de vista a la
hora de analizar su contenido, y en ocasiones las descripciones de los hechos pueden ser
demasiado limitadas por su misma naturaleza, aunque también existan señales que
demostrarían cierto grado de investigación y de lectura bibliográfica.
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Las perspectivas extranjeras que nos proporcionan el norteamericano David Bushnell
(1993) y el francés Daniel Pécaut (2001, 2006), ambos reconocidos especialistas que han
trabajado diferentes temas de la historia moderna de Colombia, también son útiles al
proporcionarnos una mirada alejada del Frente Nacional en su conjunto que, en mayor o
menor grado, se apartarían de los sentimientos y pasiones nacionales que siempre pueden
reducirse mas no eliminarse por completo del panorama académico e histórico local. Por
otra parte, esa misma distancia puede en ocasiones llevar a omisiones generalizaciones
explicables que obligan al investigador a no bajar la guardia.
Los numerosos periódicos colombianos de la época en que ocurrieron los hechos que
aborda la presente investigación son materiales valiosos para el historiador precisamente
por el color político explícito o implícito que normalmente los guía, de una u otra forma
pero especialmente durante la temporada electoral, y dichas tendencias pueden verse
reflejadas en sus reportajes, columnas o entrevistas según sea el caso. Si bien no se trata
de buscar una única verdad superior que vaya más allá de las demás, su propia diversidad
y multiplicidad puede servir para contrastar entre sí sus diferentes puntos de vista y así
obtener una visión más detallada y amplia de la situación.
Después de realizar el anterior balance hemos encontrado que, a pesar de que exista una
amplia cantidad de bibliografía sobre la historia del FN, sobre el impacto del fraude del 19
de abril de 1970 todavía hay una relativa escasez de articulación en los trabajos que han
desarrollado sus diversos aspectos. Al mismo tiempo, su profundidad ha sido desigual, lo
que justifica el que se intente abordar ese hecho histórico de una manera algo más
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sistemática y contextualizada. El presente trabajo de grado utilizará las distintas fuentes
disponibles para abordar la historia de la ANAPO desde el contexto que precedió a su
creación hasta sus reacciones frente a las elecciones de 1970, siendo éste un momento
clave, cuando la legitimidad de la organización sufrió un duro golpe que reflejaría sus
propias debilidades y a la larga las del sistema político en su conjunto.
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CAPÍTULO 1
Colombia y el Mundo: Época de Cambios y Continuidades 1.1. Los Éxitos y Fracasos del Frente Nacional
La época que enmarca a los acontecimientos del 19 de abril de 1970 se caracteriza por
la polarización política y los cuestionamientos a la legitimidad gubernamental. Una
tragedia histórica, el asesinato del jefe Liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán
acontecido el 9 de abril de 1948, había dejado su marca imborrable en las mentes de los
políticos y de población en general, siendo la culminación de una cada vez más agresiva
enemistad entre los partidos Liberal y Conservador. En medio del derramamiento de
sangre desatado después del magnicidio, el establecimiento conservador presentaba la
muerte de Gaitán como el fruto de una conspiración revolucionaria planeada por el
Comunismo internacional para sabotear la Conferencia Panamericana de aquel
entonces en Bogotá, mientras que las masas liberales, por su parte, elevaron a su líder
a la categoría de mártir considerando su desaparición como un crimen de estado
perpetrado por el gobierno de Mariano Ospina Pérez en alianza con la oligarquía que
temía perder su poder. De esta forma, la sombra de Gaitán cubría a Colombia tanto
explícita como implícitamente. El Frente Nacional, el llamado “pacto de paz” que
acordarían ambos partidos para conseguir una restauración superficial del orden y la
concordia, no haría olvidar a los colombianos la intensificación de la violencia fruto de la
muerte del caudillo Liberal, ni resolvería del todo el resto de los traumatismos que
afectaban a la sociedad colombiana (Bushnell, 1993, p.203-221).
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Económicamente, los índices de crecimiento generalmente fueron positivos bajo el
Frente Nacional, observándose un aumento constante del PIB per cápita entre 1958 y
1970 (Gutiérrez, 2007, pp. 93-94). La inflación no dejó de ser una preocupación bastante
importante, pasando del 8.1% en 1958 a una cifra históricamente alta de 32.56%
durante 1963 antes de volver a estabilizarse hacia 1967 con un 7.32%, llegando a verse
tasas del 8.58% y 6.8% en 1969 y 1970 respectivamente (Ochoa y Martínez, 2005, abril
a junio, pp. 85-86). A pesar de los intentos que buscaban implementar lo que el
presidente Carlos Lleras Restrepo llamó la “revolución económica”, la desigualdad social
claramente seguía siendo un obstáculo para tales objetivos y, especialmente, ese y
otros factores adicionales impedirían que se pudiera llevar a cabo una reforma agraria
que respondiera al clamor tanto popular como político (Gutiérrez, 2007, pp. 95-97).
También encontramos que el desarrollo la agitación estudiantil, especial pero no
únicamente en torno a las universidades públicas, toma cada vez mayor fuerza durante
estos años. Dichas protestas contarían con la solidaridad de otros estudiantes y
profesores, entre ellos los de escuelas públicas pero también algunos de entidades
privadas. El fenómeno llevaría a numerosos disturbios en la sede de la Universidad
Nacional en Bogotá, donde los estudiantes protestarían ante las directivas y en contra
de los cierres temporales. Para Helg, hubo tensiones en el ambiente estudiantil que
opacaron cualquier posible logro educativo de la administración:
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“Con la llegada de Carlos Lleras Restrepo a la presidencia de la República la
represión se agudizó. En octubre de 1966, algunos estudiantes atacaron al
presidente y al norteamericano John D. Rockefeller III en el momento en que éstos se
encontraban inaugurando nuevas instalaciones en la Universidad Nacional. Lleras
ordenó al ejército ocupar la Ciudad Universitaria y detener a los responsables con el
objeto de llevarlos ante la justicia militar [...] En los años siguientes, se multiplicaron
las huelgas, destrucciones, represión militar y cierres temporales de la Universidad
Nacional, alternando, en ocasiones, con tentativas de negociación entre el gobierno y
estudiantes” (1989, p.141).
Para dicho entorno, la muerte en combate del ex-sacerdote Camilo Torres, poco
después de abandonar la vida civil para incorporarse a las filas del naciente Ejército de
Liberación Nacional (ELN), liderado por los hermanos Vásquez Castaño, quedaría como
un referente inolvidable. Igualmente, varias de nuevas tendencias que se estaban
organizando en el seno de la Iglesia Católica hallarían una forma de canalizarse hacia la
protesta social o, en su defecto, a la lucha armada. El llamado “Grupo de la Golconda”
reuniría a varios de los “sacerdotes rebeldes”, paras quienes su adhesión a Cristo debía
tener un compromiso que podría encajar perfectamente dentro de la lucha de clases, al
optarse “preferencialmente” por los pobres (Cifuentes, 1998).
En el campo político, la confrontación bipartidista sufriría un cambio de escenario: cada
facción dentro de uno de los dos partidos lucharía por obtener y consolidar su
hegemonía, no sólo en términos electorales sino también programáticos y quizás,
inevitablemente, burocráticos.
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El Liberalismo encontraría dentro de sí el reto del MRL, el movimiento liderado por
Alfonso López Michelsen, hijo del ex-presidente Alfonso López Pumarejo. En un
principió optó por alejarse de la tradicional maquinaria y concentrarse en la promoción
de un programa más cercano a la línea ideología “social” del partido, por decirlo de
alguna manera. Dicho esfuerzo, empero, terminaría de manera ambigua. El mismo
López no lograría solucionar las fisuras entre las líneas “blanda” y “dura” del MRL, y no
tardaría demasiado en volver a integrarse dentro de la “gran carpa” que representaba el
Partido Liberal por medio de la “identidad de principios” (Alarcón, 2007, p. 80).
El Partido Conservador, por otra parte, también mostraba signos de fragmentación
heredados de la época de La Violencia. La lucha entre los ex-presidentes y sus
sucesores potenciales o escogidos era difícil de ocultar. El sector ospinista, bajo el
liderazgo de Mariano Ospina Pérez, pretendía impulsar la candidatura presidencial de su
propio líder buscando su respectiva reelección. El laureanismo, aunque dividido, también
era una fuerza con la que había que contar. Guillermo León Valencia, uno de los
primeros presidentes y el primer conservador bajo el Frente Nacional, mantenía sus
propias aspiraciones y su influencia no era despreciable (Pécaut, 2001, pp.595-596).
La política, a pesar de todo, no se limitaba exclusivamente a los dos grandes partidos y
sus respectivos entornos. El Partido Comunista (PCC), fundado oficialmente en 1930, si
bien no podía participar políticamente usando su propio nombre bajo las normas que
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instituyeron el Frente Nacional, tenía la opción de hacerlo a través de agrupaciones
afines, entre ellas los sindicatos y movimientos agrarios, además de sus alianzas con
disidencias liberales como el MRL De hecho, varias de sus principales figuras fueron
elegidas para diferentes cargos por medio de tales alianzas regionales, lo que les
permitía ubicarse dentro de las listas liberales y así competir dentro del sistema
electoral. Al tiempo que el PCC incursionaba en la política legal de los años 60, algunos
de sus miembros estaban entre las filas de las autodefensas campesinas que después
del operativo militar de 1964 contra Marquetalia se darían a conocer en 1966 como las
reorganizadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), representando
otra de las formas de oposición frente a la institucionalidad legal (Bushnell, 1993, pp.
242-246).
Precisamente, es durante ésta época que más y más movimientos de oposición
empezaron a surgir y desarrollarse. La abstención electoral había pasado de un
promedio de 34.71% en 1958 a 57.33% en 1966 (Gutiérrez, 2007, p. 107) y así se estaba
creando un ambiente propicio para que Gustavo Rojas Pinilla y la ANAPO entraran de
lleno en el escenario político
1.2 La Revolución y la Represión en América Latina
Inmersos dentro de las tensiones internas descritas, no podemos olvidar que ni
Colombia ni América Latina en su conjunto eran del todo ajenas a la confrontación
ideológica, económica, tecnológica y militar entre los Estados Unidos (EE.UU.) y la
Unión Soviética (URSS), las dos superpotencias que se habían consolidado como tales
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después de la derrota de la Alemania nazi y sus aliados del Eje al final de la Segunda
Guerra Mundial en 1945. Ambos bloques pretendían proteger del enemigo sus
respectivas zonas de influencia y a su vez extender las hegemonías capitalistas y
socialistas a lo largo de las demás naciones y regiones, interviniendo en sus crisis y
controversias internas para tal efecto, buscando sacar el mayor provecho de las mismas
y neutralizar el que pudiese obtener su rival. Iniciativas como la llamada “Doctrina
Truman” de 1947, política del presidente norteamericano Harry Truman que buscaba
contener cualquier avance del comunismo en Europa (“The Truman Doctrine, 1947”,
s.f.), y los recursos destinados a la reconstrucción de posguerra mediante el Plan
Marshall pretendían reafirmar y promover la influencia estadounidense. De manera
paralela, la fundación del Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido como CAME o
COMECON en 1949, sería el instrumento económico que emplearía el régimen soviético
de Stalin y sus sucesores Europea Oriental sino inclusive llegando décadas después a
Cuba (1972) y Vietnam (1978) (“COMECON”, 2009). En el plano bélico se inició una
carrera armamentista tanto convencional como nuclear dentro del marco de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (4 de abril de 1949) y del Pacto de Varsovia
(14 de mayo de 1955), estableciendo un esquema de alianzas e inversiones militares
que dividiría a Europa y mantendría viva la amenaza de una nueva guerra mundial por
más de una generación (Enciclopedia Barsa, 1988, tomo XI).
Colombia y la América Latina contemporánea fueron apenas uno de los campos de
batalla donde las potencias pondrían en práctica dichas maniobras, directa o
indirectamente, alimentando sus conflictos internos y, en últimas, los procesos tanto
subversivos como represivos que los rodean. Dada su proximidad a los Estados Unidos,
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la región ya se encontraba bajo la sombra de la “Doctrina Monroe” formulada en 1823, y
por lo tanto era un hecho que dicha potencia consideraba necesario impedir cualquier
intervención externa desde hace más de un siglo (“Monroe Doctrine, 1823”, s.f.). En
1946 Estados Unidos estableció en Panamá la Escuela de las Américas, donde se
formarían miles de militares latinoamericanos en tácticas castrenses y anticomunistas,
varios de ellos posteriormente implicados en violaciones de los derechos humanos y en
el eventual establecimiento de dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, y Chile
(Grimmett y Sullivan, 2009). A partir de 1947 se empieza a implementar el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), mediante el cual los países firmantes y
Estados Unidos estrechaban aún más sus lazos militares y estratégicos, al crear un
instrumento que podría utilizarse para contener las amenazas internas y externas que
fueran identificadas como tales. El texto del tratado incluye en su artículo sexto lo
siguiente: “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la
independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una
agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o
intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz
de América, el Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las
medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso
las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la
seguridad del Continente“ (“Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, 2009).
Muchos gobiernos y partidos afines a las políticas anticomunistas o en su defecto a los
intereses de los Estados Unidos recibieron asistencia económica, técnica y militar.
Colombia no fue la excepción, pasando del TIAR a firmar un pacto adicional de
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asistencia y asesoría militar en 1949 para recibir tanto entrenamiento castrense como
nuevos aviones de guerra, reforzando así una relación bilateral que, en esta esfera,
venía consolidándose con cierta regularidad desde la llegada de una misión aérea
norteamericana en 1938 (Torres Del Río, 1994, pp.210-215). Dicha cooperación se
mantendría e inclusive sería, guardadas las debidas proporciones, recíproca. Durante la
Guerra de Corea (1950-1953), Colombia hizo parte del Comando Unificado organizado
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y para tal fin puso a disposición del
mismo un batallón de infantería y dos fragatas. En ese momento el presidente de la
Comisión Política y de Seguridad de la ONU donde se aprobó la propuesta
norteamericana que dio lugar a dicho Comando era el colombiano Roberto Urdaneta
Arbeláez (Torres Del Río, 1994, pp.218-219).
De esta forma, en diferentes naciones el establecimiento existente fue apoyado por una
de las dos potencias en nombre de la lucha contra el comunismo. Dicha situación no
sería ajena a los disidentes y movimientos de oposición, existiendo el riesgo de un
cambio en la balanza de poder o, en su defecto, de una intervención para mantener el
status quo. La intervención norteamericana en Guatemala propició la caída del
presidente Jacobo Árbenz, quien contaba con el apoyo de los comunistas locales, en el
año de 1954 (“History of Latin America”, 2009).
En cuanto a la Unión Soviética, se presentaron desarrollos equivalentes aunque algo
desfasados, debido a la naturaleza de su relación con América Latina. De acuerdo a
Miller (1989, cap. 1), desde los años 30 Moscú intentaba impulsar tanto las relaciones
diplomáticas de estado a estado como la militancia en la Internacional Comunista
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(Comintern), generando todo tipo de tensiones entre ambas actividades. Adicionalmente,
el grado de anticomunismo que poseían las clases dirigentes latinoamericanas era
bastante elevado, dando lugar a sospechas de todo tipo. El comercio entre la URSS y
América Latina era generalmente inestable y se había reducido considerablemente hacia
1935, limitándose a partir de entonces en buena medida a los acuerdos bilaterales que
se firmarían con la Argentina de Juan Domingo Perón en los años 40 y 50,
aprovechando las tensiones entre dicha nación y los Estados Unidos. Aún después de
que el gobierno de Nikita Krushev introdujo durante el XX Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética (1956) el concepto de la “coexistencia pacífica” e inició
un nuevo acercamiento hacia las naciones en desarrollo, no hubo una renovación
importante de las relaciones entre la URSS y América Latina. La intervención
norteamericana en Guatemala (1954) había sido, para la Rusia soviética, una señal más
de que el verdadero potencial del Tercer Mundo, tanto en términos políticos como
bilaterales, se encontraba en Asia y África. (Miller, 1989, p. 7-8).
Solamente sería hasta 1959, en cabeza de Fidel Castro y sus compañeros del
Movimiento 26 de Julio, que un cambio de régimen en Cuba alteraría el balance
estratégico de la región en una dirección mucho más útil para la URSS. Precisamente,
la Revolución Cubana había saltado al escenario mundial y, si bien inicialmente no tenía
un carácter comunista, lo adquirió en breve (Miller, 1989, cap. 3). Ambos países no
tardarían demasiado en iniciar amplias relaciones diplomáticas, comerciales y bilaterales
en general. Su influencia se puede notar inclusive en la actitud de la misma Unión
Soviética, la cual en el XXII Congreso del Partido Comunista de 1961 decide
públicamente darle su apoyo a los movimientos de “liberación nacional” a lo largo y
22
ancho del mundo. Al año siguiente, la Crisis de los Mísiles (1962) sería la muestra más
clara de que América Latina podía ser un escenario peligroso para la confrontación
directa entre las dos superpotencias, pero también marcaría una cierta distancia política
entre la nueva Cuba y sus amigos soviéticos (Miller, 1989, cap. 3-4).
A pesar de que la injerencia directa de los soviéticos en los conflictos de la región sería
relativamente limitada mas no inexistente (Shultz, 1988, p. 20), desde ese momento el
factor más importante sería Cuba. El ejemplo de una revolución victoriosa persistió para
inspirar tanto a los insurgentes armados como a los movimientos nacionalistas civiles y
estudiantiles de toda la región, quienes lo vieron con buenos ojos e intentaron imitarlo a
su manera dentro de sus propias naciones. El impacto de la revolución en América
Latina fue, por lo tanto, significativo y poderoso (Wright, 2000, pp. 39-45). El régimen de
Castro inicialmente tuvo posiciones vacilantes frente a los esfuerzos del revolucionario
Ernesto “Che” Guevara por internacionalizar directamente la revolución mediante la
lucha de guerrillas, un intento que a nivel personal llevaría al “Che” a morir en Bolivia en
1967. Sin embargo, tal postura no había sido un obstáculo para que Cuba promoviera
dicha lucha en público, tanto ideológica como políticamente, en 1966 durante la
conferencia Tricontinental y en otras ocasiones. Tampoco impidió que la isla de Cuba
sirviera como centro de entrenamiento y de refugio para los nacientes focos guerrilleros,
a la vez que el gobierno realizaba sus propios intentos de intervención directa a una
escala internacional, como fue el caso del conflicto angolés en África a mediados de los
70 donde participaron miles de soldados cubanos (Wright, 2000, pp. 34-35).
23
De esta forma, las expectativas generadas por la Revolución Cubana y su discurso
amenazaban con alterar el equilibrio de poder entre las respectivas hegemonías
capitalistas y socialistas, manteniendo tanto a Colombia como a América Latina y al
mundo en su conjunto en un estado convulsionado y perplejo, inmerso en un conflicto
bipolar. Es en ese mar de tensiones externas donde encontramos a Colombia envuelta
en sus propios dilemas internos, aquellas situaciones que ponían en entredicho la
legitimidad de su sistema político aún desde antes del 19 de abril de 1970 y que
fomentaron las diferentes formas de oposición al mismo.
24
CAPÍTULO 2
Gustavo Rojas Pinilla y la ANAPO
2.1 Del Cuartel a la Política
La figura del General Gustavo Rojas Pinilla y su relación con la ANAPO constituyen uno
de los elementos cuyo análisis es necesario abordar. Independientemente de las
controversias al respecto, en palabras de su hija María Eugenia (2000, p. 34) el General
llegaría a ser “uno de los personajes fundamentales en el desarrollo político [...] de
Colombia”, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX, y su personalidad
jugaría un papel importante, tanto por acción como por omisión, en el desenlace que
tendrían las elecciones del año 1970 y la actitud que la ANAPO asumiría en aquel
entonces.
Nacido en Tunja el 12 de marzo de 1900 como el quinto de seis hijos dentro de una
familia de tradición conservadora asentada en torno a Villa de Leyva, Gustavo Rojas
Pinilla completaría su educación al ingresar a la Escuela Militar el 1 de febrero de 1919,
obteniendo hacia finales del año siguiente el grado de Subteniente dentro del Ejército
(Rojas, 2000, pp. 33-53). Su carrera militar empezaría en la artillería del Regimiento
Tenerife No. 2 de Medellín. Obtendría, tras un período de dos años (1925-1927) como
estudiante neoyorquino, el título de Ingeniero Civil en el Tri-State College de los Estados
Unidos y ejercería dicho oficio durante la construcción de la carretera Soapaga-Socha-
25
Casanare, antes de reintegrarse a las filas castrenses en 1933 con motivo del conflicto
fronterizo colombo-peruano (Rojas, 2000, pp. 51-65).
Es a partir de dicho momento que Rojas Pinilla empezaría a dedicarse de lleno a la
milicia, obteniendo una serie de ascensos que finalmente lo llevarían alcanzar el rango
de General de la República en el año de 1949. Uno de los sucesos más destacados, y
quizás hasta cierto punto revelador frente a los acontecimientos posteriores, que tuvo
lugar durante dicho período fue su participación como Comandante de la Tercera
Brigada en la pacificación de los disturbios que se desataron en la ciudad de Cali el 9 de
abril de 1948 después del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. No obstante su éxito en
tal labor la polémica no le fue ajena, ya que en su momento fue acusado formalmente
por presuntamente cometer detenciones arbitrarias, siendo finalmente exonerado por las
autoridades competentes (Rojas, 2000, pp. 81-83).
No pasaría mucho tiempo antes de que el mundo de la política ejerciera cierta influencia
sobre Rojas, más allá de las circunstancias propias de su condición de oficial. Con
anterioridad, el Teniente Coronel Rojas Pinilla en su calidad de Director de la
Aeronáutica civil entre 1945 y 1946 ya había tenido un breve choque con el influyente
líder conservador Laureano Gómez a propósito de la construcción del Aeropuerto El
Dorado, entonces en su etapa de planificación, y el mismo Rojas encontraría allí el inicio
de cierta enemistad entre ambos (Rojas, 2000, pp. 74-75). No obstante, se ha conocido
que periódicos de diferentes tendencias conservadoras como el laureanista El Siglo y el
alzatista Diario de Colombia le dedicarían cierto espacio a la promoción de los logros
profesionales del oficial durante varios años y de tal manera contribuirían directa o
26
indirectamente a construir su imagen ante la opinión publica nacional de aquel entonces
(Ayala, 2003, 9 de junio).
Podría concluirse que el incidente al que se ha aludido anteriormente no impediría que
las relaciones de Rojas con el Partido Conservador y en particular con la administración
de Mariano Ospina Pérez fueran productivas para su carrera militar, siendo promovido al
Ministerio de Correos y Telégrafos en diciembre de 1949. Con la llegada de Laureano
Gómez a la presidencia en 1950 y el nombramiento de Rojas Pinilla a la Comandancia
General de las Fuerzas Armadas en 1951 se evidenciaba el paso de las presuntas
tensiones personales a las institucionales, específicamente entre el jefe del poder
político y la cabeza visible del poder militar. Al mismo tiempo se confirmaría que las
preferencias políticas de Rojas Pinilla se inclinaban por el ospinismo o, en su defecto,
por las facciones conservadoras diferentes al laureanismo (Rojas, 2000, pp.85-98).
Dicha situación en cierto sentido podría describirse como un juego entre el gato y el
ratón: Gómez intentaría deshacerse de Rojas enviándolo al exterior, aparentemente
buscando un pretexto para su eventual destitución (Bushnell, 1993, p. 214). A su vez, el
General estaba dispuesto a exaltar la figura de Roberto Urdaneta Arbeláez mientras éste
ejerciera la presidencia en calidad de encargado, lo cual no fue bien visto por el
presidente titular ni por sus seguidores (Rojas, 2000, 89-93).
No podría durar indefinidamente lo que a todas luces parecería ser un equilibrio
inestable y con pocas perspectivas de mejoramiento. Menos aún cuando Laureano
Gómez no solamente tenía que enfrentarse a la oposición liberal tanto civil como armada
27
sino también al ospinismo, dentro del cual se había llegado a considerar que la rigidez
doctrinaria de Gómez y las controvertidas reformas constitucionales que se proponía
instaurar estaban lejos de resolver la delicada situación de orden publico sino que, al
contrario, podrían ser una causa más de su degradación sin salida (Bushnell, 1993, pp.
214-215).
El 13 de junio de 1953 los acontecimientos llevarían al General Rojas Pinilla a la
Presidencia de la República. Existen varias interpretaciones al respecto, las cuales
podrían reseñarse brevemente sin detenerse demasiado en los particulares del asunto.
Para el laureanismo y su líder derrocado tal evento sería el resultado de las intenciones
golpistas, mientras que el historiador norteamericano David Bushnell ha considerado
que Rojas habría llegado al poder de una manera no premeditada, inclusive
circunstancial, en lugar de ser el fruto de cualquier tipo de conspiración planeada por
adelantado (1993, p. 215).
Desde el punto de vista de Maria Eugenia Rojas, la hija del General, “mi padre no buscó
codiciosamente el poder, esos no eran los planes de la familia. [...] El ambiente estaba
caldeado y, la verdad sea dicha, cundía por todos los cuerpos de la tropa una gran
inconformidad y un larvado deseo de insubordinación” (2000, p. 105). En pocas
palabras, siguiendo su versión Laureano Gómez habría “desaparecido” después de
firmar el decreto que llamaría a la reserva a Rojas Pinilla y Urdaneta se habría negado a
volver al poder como encargado, lo que por fortuna obligó al General a asumir el mando
de la nación (2000, p.110-112).
28
El autor César Augusto Ayala Diago ha afirmado que:
“Aunque realmente fue un golpe de estado, el alborozo de los colombianos impregnó
la salida castrense de una aura de salvación nacional. La gente no se interesó en
averiguar los pormenores del cuartelazo. A nadie le importó que se tratara de una
pelea entre conservadores o que detrás del nuevo gobernante estuvieran alzatistas y
ospinistas, los enemigos del mismo partido de gobierno. Para el común de la gente lo
importante era el derrocamiento de la tiranía de Laureano Gómez” (2003, 9 de junio).
Poco después de la toma del poder, el político liberal Carlos Lleras Restrepo, en una
carta dirigida al ex-presidente Eduardo Santos, se refirió a lo que llamó un “golpe
palaciego”, nacido de entre las “camarillas conservadoras“ con el supuesto fin de
permitirle al Ejército tomarse el poder en caso de que Laureano Gómez removiese a
Urdaneta, considerando que las manos de los líderes conservadores Mariano Ospina y
Gilberto Alzate Avendaño no serían del todo ajenas al asunto. Ya en ese entonces
Lleras Restrepo observaba el brote de cierta simpatía o “entusiasmo” liberal hacia Rojas
Pinilla, aclarando que no era fruto de la acción de los dirigentes liberales en sí mismos
(Santos, 2007, pp. 16-18).
Cualquiera que sea el caso, el hecho consumado sería esencialmente el mismo y
afectaría el panorama político colombiano, particularmente a corto y mediano plazo, a
pesar de que Rojas no duraría en el poder más allá de los tradicionales cuatro años de
los presidentes civiles, aunque no sin antes intentar prolongar su mandato.
29
El breve paso de Rojas Pinilla por la presidencia sería recibido positivamente y tendría
un grado importante de legitimidad a lo largo y ancho del escenario político y de masas,
al menos en un principio, pero no estaría exento de diferentes controversias que
demuestran por sí mismas los contrastes que desde entonces rodearían su figura. Si
bien su gobierno experimentó una reducción de la violencia, en buena parte debido a las
amnistías ofrecidas a las guerrillas que todavía seguían luchando a lo largo del territorio
nacional, nunca desapareció totalmente el derramamiento de sangre ni hubo una
pacificación total (Bushnell, 1993, p. 216).
También podría considerarse polarizador, partiendo de hechos como la masacre de la
Plaza de Toros en Bogotá a inicios de 1956 que dejaría un saldo de entre uno y ocho
muertos según las diferentes versiones, recogidas por Rojas (2000, pp. 229-325) y
Bushnell (1993, p.218). Dentro de los aspectos más positivos, como resultado de su
administración procedería a instaurarse el verdadero sufragio universal mediante la
inclusión del voto femenino, junto a los esfuerzos del Secretariado Nacional de
Asistencia Social (SENDAS) y obras públicas como la construcción del Aeropuerto El
Dorado en Bogotá. (Rojas, 2000, p. 217), (Bushnell, 1993, pp. 215-218).
Tanto el empresario colombiano (Rettberg, 2001, enero) como la Iglesia Católica
(Bushnell, pp. 215, 220-221) fueron, más allá de los soportes propiamente partidistas,
dos de los pilares sobre los cuales el nuevo mandatario intentaría apoyarse durante su
administración. Igualmente, la corta vida del Movimiento de Acción Nacional (MAN),
dentro del cual participarían desde socialistas hasta conservadores, sería una muestra
de las intenciones tempranas del rojaspinillismo por crear una tercera fuerza política que
30
ha sido considerada como una experiencia semejante a la gaitanista (Ayala, 1996, pp.
21-24, 34-36) y que en su conjunto contribuiría a sostener la naciente base social rojista
(Gutiérrez, 2007, pp.101-102).
Pero a la larga todo lo anterior no le proporcionaría al régimen la estabilidad necesaria.
Para sus críticos, las acciones represivas del gobierno militar, entre ellas su decisión de
1955 sobre mantener el estado de sitio en el país hasta 1958 (Ayala, 1996, p. 21),
además de la ocupación policial de las sedes de importantes periódicos nacionales
como El Espectador y El Tiempo, demostrarían la verdadera naturaleza del régimen que
en un principio habían bienvenido o al menos tolerado frente a los peligros de la
reacción conservadora y de la prolongación de la violencia (Villar, 2007, pp. 47-49).
Quizás una de las figuras más representativas de dicho proceso sería el influyente
dirigente liberal Alberto Lleras Camargo, quien después de renunciar a Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) no solamente volvería al país
para adelantar una campaña en pro del pleno reestablecimiento del sistema electoral
republicano y democrático sino que sería la figura clave en los acercamientos del
liberalismo con el Partido Conservador y muy especialmente con el mismo Laureano
Gómez desde 1956, lo que uniría a ambos partidos en torno a una causa común (Villar,
2007, p. 49).
En todo caso, aún los partidarios del gobierno militar sabían que la situación empezaba
a complicarse, tanto por los elementos previamente mencionados como por lo que Maria
Eugenia Rojas llamaría el “desgaste” de toda administración frente a la opinión (2000, p.
229). A pesar de un último intento por extender su mandato mediante la rápida
31
aprobación de su reelección por cuatro años más, el mismo mandatario sabía que su fin
estaba próximo (Hartlyn, 1993, p. 83). El 10 de mayo de 1957 saldría del poder rumbo a
España, nombrando a cinco de sus altos funcionarios y colaboradores a la junta militar
que habría de reemplazarlo, compuesta por cuatro generales y un almirante, presidida
por el General Gabriel París Gordillo. Rojas Pinilla estaba plenamente convencido,
según su hija, de su popularidad y de que “el pueblo” no olvidaría su obra de gobierno
(Rojas, 2000, p. 245). Dicho organismo castrense se constituyó como un gobierno de
transición cuyas lealtades no estaban con el mismo Rojas sino que rápidamente se
moverían hacia otro lugar, sea por supuesta “traición” o por legítima convicción, al llamar
a la realización de un plebiscito para el 1 de diciembre de 1957 con el fin permitir nuevas
elecciones dentro de un año.
Ese sería el contexto que facilitaría el nacimiento práctico del Frente Nacional, ratificado
popularmente aquel día de diciembre, que traería de vuelta a la superficie la realidad
política bipartidista mediante un acuerdo de repartición paritaria del poder, aunque
quizás no con los mejores resultados, como el tiempo habría de mostrarlo, al excluir de
la esfera de la representación pública cualquier otra alternativa política.
Si la carrera política de Rojas Pinilla hubiera terminado allí, es probable que su paso por
la historia colombiana no dejaría de ser apenas una anécdota, la de un General que ya
sea por su propia voluntad y ambición o como un instrumento más de las intrigas que se
mueven detrás de los bastidores del poder había constituido un gobierno transitorio, sin
demasiadas penas ni demasiadas glorias. El otrora gobernante de facto pronto tendría
una nueva oportunidad de volver al escenario político.
32
2.2 La ANAPO y el Candidato
Los orígenes de la Alianza Nacional Popular se remontarían al año de 1961 y
particularmente a una concurrida reunión que tuvo lugar a finales de lo que había sido el
primer gobierno del Frente Nacional (FN), específicamente durante la presidencia de
Alberto Lleras Camargo (1958-1962):
“El 23 de abril de 1961, en la casa de Ernesto García, se reunieron las siguientes
personas: Generales Gustavo Berrío Muñoz, Jaime Lozano Bahamón, Ezequiel
Palacios; el Coronel Guillermo Padilla Manrique; los doctores José María Nieto Rojas,
Gabriel Díaz, Francisco Plata Bermúdez, Bernardo Uribe Holguín, Ernesto García
Acero, Enrique Cipagauta Galvis, Alfonso Amézquita, Francisco Palacios, Benjamín
Burgos, Carlos Monroy Reyes, José Castañeda Morales, Fidel Perilla Barreto,
Alfonso Suárez Pineda, Carlos V. Soto, Ernesto Harker, Guillermo García Carvajal;
los Capitanes Manuel Pérez González y Juan B. Godoy; y las señoras Alicia Sierra de
Díaz y Beatriz Leiva de Uribe Holguín. El invitado de honor fue el General Gustavo
Rojas Pinilla” (Rojas, 2000, p. 435).
Dichos personajes buscaban crear lo que se denominará en principio un “movimiento”,
dadas las rigurosas limitaciones iniciales del FN para quienes pretendían crear un
“partido” que no fuera estrictamente Liberal o Conservador, al menos formalmente o por
su propia naturaleza y militancia. La figura de Rojas Pinilla se presenta como un
33
elemento central dentro de la misma reunión y, fuera del valor puramente anecdótico, su
importancia no puede subestimarse. Medófilo Medina confirma lo anterior al afirmar:
“[La ANAPO] comenzó en 1961 como un Frente Nacional por abajo cuando el ex-
dictador General Gustavo Rojas Pinilla emprendió una asombrosa parábola de
recuperación política. El ex-dictador quiso presentarse luego de un sonado debate
que se le siguió en el Congreso por parte de los dirigentes de los partidos
tradicionales como un perseguido por la oligarquía. Otra vez las masas se
movilizaron al calor de invitaciones a la revancha social y de las consignas
antioligárquicas teñidas de fuerte coloración nacionalista” (Historia Crítica, 1989,
enero a junio, pp. 20-32).
Aquí encontraríamos una interpretación interesante de lo que sería, en un principio,
buena parte del arsenal ideológico de dicha agrupación política y cuál sería su objetivo
básico: crear una especie de coalición bipartidista rival “desde abajo” que vendría a ser
la otra cara del Frente Nacional, la de los sectores sociales y políticos excluidos por su
funcionamiento o por sus deficiencias. Los candidatos del partido representarían a
dichos sectores utilizando plataformas liberales o conservadoras, según fuera el caso,
para así lograr participar en las elecciones a medida que se iban alternando tales
banderas tanto desde el oficialismo como desde la nueva oposición (Hartlyn, 1993, pp.
210).
No podría, en cualquier caso, hablarse de la participación del antiguo gobernante y
ahora ex-militar en ese nuevo proyecto sin mencionar lo que fue su rehabilitación
34
política, ya que es precisamente allí donde encontramos el origen de otra característica
anapista: la rehabilitación simbólica no únicamente del individuo sino de toda la
administración rojaspinillista y sus logros, reales o percibidos, que le darían a su
plataforma política cierto sustento dentro del imaginario popular. En palabras del autor
César Augusto Ayala Diago, los referentes de la ANAPO “se remontan, inevitablemente,
al paso del General Gustavo Rojas Pinilla por el poder. Los contenidos y las imágenes
que identificaron posteriormente al anapismo fueron herencia dejada por este período
[...] La ANAPO parecía resurgir de las ruinas de los fracasos políticos del General, de
sus múltiples experiencias, de su peculiar escuela política” (1996, pp. 15-16).
Las audiencias del que sería calificado como juicio político tuvieron lugar en el Senado a
partir del 22 de enero de 1959. Al finalizar el proceso, Gustavo Rojas Pinilla sería
declarado “indigno [...] por mala conducta en el ejercicio del cargo de Presidente de la
República” y se le condenaría a perder los derechos políticos para elegir y ser elegido en
su calidad de ciudadano colombiano (Rojas, 2000, p. 304). Años después, la sentencia
finalmente perdería cualquier efecto jurídico gracias a una serie de decisiones judiciales
posteriores, incluyendo el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá en 1966
confirmado al año siguiente por la Corte Suprema de Justicia, pero sólo en noviembre de
1967 la Registraduría Nacional habilitaría formalmente a Rojas Pinilla para volver a
hacer parte del censo electoral (Rojas, 2000, pp. 350-353),.
La ANAPO entra en escena como una formación política con dos alas, una liberal y otra
conservadora, de una manera que podríamos considerar bastante útil para adaptarse al
flujo de la alternancia y paridad dentro del sistema bipartidista imperante. A su vez,
35
Rojas Pinilla y sus partidarios sabían que debían apelar a una audiencia mucho más
amplia, más allá de las lealtades políticas como tales. Desde el mismo 23 de abril ya el
principal líder anapista hablaba, usando un lenguaje directo con ciertos tintes católicos y
populistas, de una variedad de temas mucho más específicos.
“Rojas habló [...] del hambre y de la angustia del pueblo que sufría el recrudecimiento
de la violencia; se quejó del monopolio que ejercían sobre la economía y las riquezas,
las sesenta familias que desde la independencia explotaban al pueblo; considerando
que la necesidad y el hambre no tenían color político, instó a organizar un movimiento
de recuperación moral y material sin distinciones partidistas que evitara una
revolución anárquica y atea” (Ayala, 1996, p. 154).
Cuando la naciente ANAPO participó por primera vez en el proceso electoral en 1962,
obtendría el 3.7% de la votación total y el 8.2% del voto conservador para las
corporaciones públicas, una suma pequeña pero a la vez considerable para lo que era
una nueva agrupación, sobre todo en regiones como Valle, Boyacá, Cundinamarca,
Antioquia y Santander (Ayala, 1996, pp. 195-196, 278). En seguida intentó llevar el
nombre de quien fuese su caudillo a las urnas para las elecciones presidenciales del
mismo año, sin importar las dificultades legales, pues los votos correrían el riesgo de ser
declarados nulos por las autoridades electorales como efectivamente sucedió en dicha
ocasión. La participación de Rojas Pinilla, en una elección donde los candidatos debían
ser ostensiblemente conservadores por motivos de la alternancia acordada, obteniendo
apenas un 2.1% de los votos, sería rechazada no solamente por el gobierno sino el
conjunto de las fuerzas políticas del Frente Nacional (Ayala, 1996, pp. 203-207).
36
No todos los anapistas buscaban atenerse única y necesariamente a las vías electorales
y lo mismo podría decirse de su jefe máximo. Según Ayala Diago, por tal motivo se
había creado una percepción negativa que habría indispuesto a los votantes contra el
mismo Rojas en 1962 (1996, p. 207).
Vale la pena resaltar que los seguidores de Rojas dentro de las Fuerzas Armadas no se
habían quedado quietos, aunque es de suponer que con el tiempo su número iría
disminuyendo. El 2 de mayo 1958 ya habían intentado un nuevo golpe que pretendía
crear las condiciones para el derrocamiento del gobierno frentenacionalista y así
posibilitar un nuevo ascenso de Rojas, con su bendición. Simbólicamente, el fracaso de
tal manifestación castrense ilustraría la naturaleza dual del anapismo y de su propio líder,
pues mientras el movimiento intentaba organizarse como una alternativa electoral válida,
no dudaba en promover una interpretación que podríamos inclusive considerar
apologética de tales medidas de fuerza. Para la hija del General Rojas, quien se
reconoce a sí misma como “protagonista de un episodio político-militar, al borde de la
victoria, y cuyo triunfo le habría ahorrado al país 40 años de infortunio“ (2000, pp. 263),
lo acontecido prácticamente se justificaba:
“El pueblo se sintió frustrado porque no había tenido éxito la sublevación del 2 de
mayo y regresó a sus labores, oprimido y explotado por los voraces personeros del
Frente Nacional que se habían instalado en el poder. Tengo la lista tanto de militares
como de civiles comprometidos en aquella memorable jornada pero no me anima
ningún interés en causarle daño a nadie [...] Si ese movimiento hubiera triunfado, lo
37
repito, el país se habría ahorrado muchos años de miseria, desolación y
muerte“ (Rojas, 2000, pp. 265-267).
La vena conspirativa del anapismo no se había detenido allí y se tienen noticias de al
menos seis planes o intentonas golpistas adicionales hasta 1963 (Ayala, 1996, 231-233).
Como ya ha sido señalado, tal circunstancia era un evidente motivo de rechazo en ese
momento de la historia colombiana, pero no sería un obstáculo inamovible para las
aspiraciones políticas futuras del movimiento a medida que sus actividades proselitistas
le daban mayor impulso y el FN empezaba a perder el suyo propio.
Si bien Rojas Pinilla se proclamaba a sí mismo como conservador y católico, los antiguos
aliados que una vez tuviera dentro de esa tradicional colectividad lo veían a él y a la
ANAPO como un elemento perturbador del orden social y político. Los sectores ospinistas
y alzatistas, quienes había apoyado al mismo Rojas para el golpe de 1953, llegaron a
atacarlo con el argumento de que “Rojas Pinilla está apoyado estratégicamente por el
comunismo porque este cree que con ello resta fuerza al conservatismo” (Ayala, 1996, p.
241). De hecho, en torno a las elecciones de 1964 se estaban presentando esfuerzos
específicos por restarle a la ANAPO cualquier simpatía conservadora, afirmándose en
comunicados oficiales que era “un movimiento anárquico cuyo programa contenía
principios incompatibles con la ideología conservadora” y se utilizaba el pasado dictatorial
de Rojas como un fantasma que contaría en contra de su movimiento político (Ayala,
1996, p. 241).
38
Como lo ha anotado Ayala Diago, había aspectos en común entre las plataformas
políticas anapistas y comunistas en cuanto a que rechazaban el estado actual del país y
proponían alternativas para mejorarlo, desde sus respectivos puntos de vista, apelando a
las difíciles condiciones de vida que afrontaban las masas populares y el país en general,
pero el Partido Comunista en realidad no había apoyado la candidatura de Rojas en 1962
(Ayala, 1996, pp. 205-206). Dicho partido tampoco creía que un movimiento liderado por
el antiguo General fuese una verdadera fuerza de oposición cuando, como fuera el caso,
él mismo había declarado su ilegalidad en 1954 durante su paso por el poder (Uribe,
1977, p.1177). Igualmente, se mantenía en la memoria el recuerdo del bombardeo contra
Villarrica en 1955, cuando fueron atacados los enclaves comunistas de la región y sus
grupos de autodefensa campesina (Safford y Palacios, 2002, p. 323).
Por su parte, dentro del liberalismo se podían oír argumentos semejantes a los de sus
pares conservadores, cuando Julio César Turbay Ayala afirmó “que no era improbable la
hipótesis de que un reaccionario como Rojas se hubiese alineado con un revolucionario
como Castro puesto que la alianza se ajustaba bien a las metas diabólicas de ambos”
(Ayala, 1996, p. 242). La culpa por asociación o, quizás más exactamente, por
coincidencia ideológica se convertía en un arma política efectiva. No sería, sin embargo,
la única, y en varias ocasiones habría acontecimientos en los cuales distintas autoridades
interferirían con la realización de actos políticos anapistas, a la vez que Rojas amenazaba
inclusive con reaccionar o “castigar” cualquier posible fraude por medio del uso de la
fuerza, apelando a la “dialéctica de los puñales“ (Ayala, 1996, pp. 261-263).
39
Nuevamente se reitera la existencia del lado menos amable y civil de la ANAPO, pero
ambas acusaciones contra el movimiento de Rojas Pinilla parecerían ser contradictorias o
al menos algo simplistas. En medio de las críticas provenientes de ambas direcciones,
hacia 1966 la ANAPO había logrado crecer considerablemente. Después de obtener en
los comicios regionales de 1964 una amplia representación parlamentaria con el 13.7%
de los votos, en buena parte gracias a “un aparato organizativo que operaba en la mitad
de los municipios del país“, el partido no podía estar en mejores condiciones (Ayala,
1996, pp. 278-279, 261).
En contraste, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso López Michelsen,
que se había configurado a inicios de la década del 60 como la disidencia liberal que
representaba la alternativa más clara al Frente Nacional, después de unos pocos años se
encontraba en una etapa de lenta pero progresiva decadencia que culminaría con su
reintegración al seno del oficialismo en 1967 (Pécaut, 2006, p. 194), al tiempo que la
ANAPO estaba tomando fuerza como una nueva opción política para muchos de sus
antiguos votantes.
Entre 1959 y 1961 había predominado en el MRL un discurso radical, incluyendo su
participación activa en la organización de huelgas obreras y su apoyo a las
reivindicaciones agrarias, dando lugar a que numerosos miembros de sus juventudes
inclusive escucharan el llamado que los invitaba a unirse a los que para ese entonces
eran apenas unos nacientes focos guerrilleros a la sombra de la Revolución Cubana. Las
40
relaciones del partido con su similar comunista también fueron bastante productivas,
permitiendo que los diferentes candidatos del PCC se reunieran bajo las banderas del
MRL para así ejercer plenamente sus derechos políticos de elegir y ser elegidos. Sin
duda que el MRL fue en un principio sumamente atractivo para amplios sectores de la
oposición al sistema frentenacionalista, lo que llevó a que en las elecciones de 1962 sus
resultados electorales superasen el medio millón de votos, pero a partir de 1964 la
división entre una línea “blanda” más moderada y otra “dura” más revolucionaria preferida
por los comunistas empezaba a demostrar que había grietas tanto en su estructura como
en su caudal electoral (Pécaut, 2006, pp.193-194), (Ayala, 1995, p. 210).
No debe sorprendernos, por lo tanto, el que la ANAPO pudiera aprovechar el
debilitamiento relativo del MRL en beneficio de su propio crecimiento. En la elección
presidencial de 1966 el candidato del ala liberal del anapismo sería José Jaramillo
Giraldo, quien a pesar de ser considerado como “poco conocido” obtendría unos 742.133
votos, equivalentes a un cuarto de la votación total en medio de una tasa de abstención
cada vez más alta, como lo han indicado Pécaut (2006, p.42) y Alarcón (2007, p. 80). A
pesar de que no se esperaba su victoria, para la ANAPO no dejaba de ser una buena
señal (Rojas, 2000, pp. 368-369). Como lo ha indicado Ayala (1995, p. 210) al tomar una
muestra de doce departamentos (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Santander,
Norte de Santander, Tolima, Atlántico, Bolívar, Caldas, Meta y Valle), de los más de
497.000 votos por el MRL en 1962 se había pasado a los 298.000 y 294.000 de 1964 y
1966, respectivamente, mientras que la ANAPO había incrementado su respaldo en
dichas regiones al aumentar sus 16.000 votos de 1964 a más de 100.000 en 1966. En
otras palabras, “los éxitos del anapismo liberal sobre el MRL en cuatro ciudades
41
capitales: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja fueron el inicio de su conversión en la
segunda fuerza liberal del país y en la primera como Movimiento de oposición” (Ayala,
1995, p. 223).
La formación y consolidación de la ANAPO daría lugar a una de las controversias más
importantes que seguirían al partido durante esta etapa de la historia colombiana: tanto
para la izquierda como para la derecha, el gobierno y sus opositores, la ANAPO
representaba una especie de cuerpo extraño, algo que parecía estar más allá de su
comprensión superficial porque no se ajustaba del todo a las categorías políticas
ortodoxas. Tal vez como el mismo Rojas Pinilla, era a la vez algo conocido y algo
desconocido, lo que, al menos en potencia, proporcionaba tanto una amenaza para el
status quo del régimen bipartidista como una competencia para las ambiciones
revolucionarias de otras fuerzas.
Al mismo tiempo, quizás esa misma situación le daría a la ANAPO la flexibilidad suficiente
para embarcarse seriamente en el que sería su mayor reto electoral, despertando las más
grandes esperanzas y a su vez las más grandes decepciones.
42
CAPÍTULO 3
Las Elecciones de 1970
3.1 Situación Preelectoral
La presidencia del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) a grandes rasgos
representaba una especie de renovación, bautizada como “Frente de Transformación
Nacional” (Pécaut, 2006, p. 45), del Frente Nacional (FN), cuyo final ya se aproximaba a
la vez que empezaba a mostrar señales de un desgaste preocupante que no tardarían
en aprovechar tanto la oposición encabezada por la ANAPO como los diferentes
candidatos conservadores, fuesen disidentes o cercanos al régimen, que aspiraban a
suceder al mandatario. A pesar de gozar de una relativa estabilidad de precios al nivel
macroeconómico (Kalmanovitz, 2003, pp. 443-450), en la esfera política el país que
pronto entregaría Lleras Restrepo demostraba ciertas convulsiones a medida que se
acercaban los comicios del 19 de abril de 1970, de una manera que quizás terminaría
siendo premonitoria.
Las intenciones reformistas de Lleras mostrarían, al menos a simple vista, algunos de
sus mayores éxitos al considerarse la puesta en práctica de un nuevo intento de reforma
agraria y la reforma constitucional de 1968 que por fin le abriría un poco las puertas a
una mayor pluralidad dentro de la política nacional (Alarcón, 2007, pp. 80-81). Pero la
43
otra cara del reformismo de Lleras fue, no obstante, la de la autoridad o, en su defecto,
del autoritarismo ocasional. La misma reforma del 68 facultaba al primer mandatario,
respaldado por su gabinete, para declarar estados de emergencia por un máximo de
noventa días al año ante aquellos hechos que “perturben o amenacen perturbar en
forma grave e inminente el orden económico o social del país o que constituyan también
grave calamidad pública” (Uribe, 1977, p. 1221). Para Pécaut, desde el principio de su
gobierno el Presidente se había opuesto a toda clase de “huelgas ilegales, paros cívicos,
marchas de protesta, en resumen todo lo que hasta entonces habían sido expresiones
admitidas de descontento y reivindicación” (2006, p.47).
A pesar de que Lleras mantuviese cierta popularidad personal entre las clases medias,
como al parecer lo reflejarían las encuestas (El Espectador, 1970, 23 de marzo, p. 5), no
había dudado en enfrentarse a agitaciones estudiantiles en Bogotá y Medellín,
incluyendo numerosas ocupaciones militares de la Universidad Nacional, o a los
sindicatos de los maestros en Santander, y tales sucesos seguirían presentándose hasta
prácticamente el final de su mandato (Pécaut, 2006, pp. 46-47, 65-69).
La abstención durante las elecciones parlamentarias de 1968 llegaría a una tasa
increíblemente alta para ese entonces, 68.4% (Pécaut, 2006, pp. 47, 65), lo que a todas
luces sería una advertencia sobre la decepción de los votantes frente los partidos
tradicionales y , en particular, la forma de hacer política dentro del FN. De hecho, según
un sondeo publicado el 23 marzo de 1970, el conjunto de opiniones críticas que
consideraban al Frente como ““no benéfico” (32%) y “perjudicial” (10%) casi igualaba al
de quienes le otorgaban el rótulo de benéfico” (44%) (El Espectador, p. 5).
44
No estaban ausentes las controversias frente a los logros anteriormente mencionados.
La reforma constitucional llevaba dentro de sí la prolongación de la paridad bipartidista
aún después de que el sistema frentenacionalista llegase a su fin y el manejo de la
reforma agraria terminaría siendo el motivo de intensas confrontaciones políticas
(Alarcón, 2007, p. 81).
La más visible desde mediados de 1969 sería el debate del senador liberal del antiguo
MRL José Ignacio Vives Echeverría contra el ministro de agricultura Enrique Peñalosa,
quien había acusado a Vives de recibir un soborno de un gran latifundista y sería a su
vez acusado de tráfico de influencias. El desenlace llevaría a la renuncia del ministro y al
senador Vives a perder su inmunidad parlamentaria durante un corto arresto, para luego
pasar a las filas de la ANAPO después de recibir el apoyo de ese movimiento y otras
fuerzas opositoras. Para completar un panorama poco halagador, la reforma agraria en
sí misma no “produjo una modificación de la estructura agraria[...]solo benefició a un
reducido porcentaje de familias, puesto que el ministro reconocía que más de un millón
de familias necesitaban tierras” (Pécaut, 2006, pp. 80-89).
En materia de orden público, de una manera un tanto optimista se anunciaba el fin de la
guerrilla de las FARC y la captura de Óscar Reyes, presentado como su jefe político y
quien presuntamente habría sido arrestado después de concurrir a un evento en favor
de Rojas Pinilla (El Colombiano, 1970, 16 de abril, p. 5). La guerrilla del ELN, por su
parte, se debatía internamente debido a los fusilamientos que llevaba a cabo su líder
Fabio Vásquez contra sus propios hombres, además de encontrase fraccionada en
45
numerosos grupúsculos. Pero había razones para preocuparse, pues no solamente
aumentaba el número de enfrentamientos que ocurrían en el país sino que aparecían
nuevos grupos como el EPL de tendencia maoísta y otras organizaciones menores
como las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) o el Frente Unido de Liberación (FUL)
(Pécaut, 2006, pp. 96-97). Todos esos grupos seguían en armas y no habían detenido
sus actividades subversivas, aunque a simple vista no parecieran ser una amenaza seria
en contra del funcionamiento de la administración pública ni para la existencia del Frente
Nacional como tal.
En medio de tales circunstancias, los candidatos que se enfrentarían durante la
campaña electoral fueron un total de cuatro, en buena parte debido a la falta de unidad
dentro del partido conservador. Bajo el liderazgo del ex presidente Mariano Ospina
Pérez y de Álvaro Gómez Hurtado, casi 600 delegados participaron en la convención de
la colectividad celebrada del 5 al 6 de noviembre de 1969 en un intento por llegar a una
decisión unitaria al respecto de la candidatura oficial que representaría a sus distintas
vertientes políticas. Sin embargo, tales esfuerzos resultaron en vano y la polarización
interna se hizo evidente durante las dos rondas de votación. En la primera votación de
carácter secreto el resultado fue de 276 votos por Evaristo Sourdis, quien contaba con el
apoyo del alvarismo, y de 272 por Misael Pastrana, quien tenía a las huestes ospinistas
de su lado. En la segunda votación, que fue pública gracias a la no muy amable
“petición” de Ospina Pérez, se presentó un insólito empate de 278 votos para cada uno.
El caos fue inmediato y aquella precaria unidad saltó, de momento, por los aires. Según
el análisis de Ayala (2006, pp.115-120), “Ospina cerraba tristemente su carrera política”
al tratar de imponer la candidatura de Pastrana contra viento y marea buscando que su
46
grupo político siguiera usufructuando el poder a toda costa, ante la aparente
inconveniencia de una nueva candidatura del anciano ex presidente debido al fantasma
del 9 de abril y en general a su responsabilidad frente a la violencia desatada.
Indudablemente, para la inminente candidatura de Pastrana fue determinante la
intervención tardía del partido liberal a su favor, ratificando de esa manera las
intenciones de Ospina, y así aquel terminaría siendo el candidato oficial en
representación del Frente Nacional en su conjunto después del fracaso de la convención
de noviembre (Pécaut, 2006, pp.100-102). Si bien tal resultado dejaría contentos a
algunos sobra decir que muchos otros no aceptarían fácilmente la decisión, rápidamente
calificada de imposición, y en un gesto de independencia tanto Evaristo Sourdís como
Belisario Betancur obtendrían los suficientes adeptos para continuar con sus propias
aspiraciones presidenciales y así seguir en el terreno de juego (Ayala, 2006, p. 120-
122). Ese panorama complicaría de sobremanera la campaña al impedirle al
conservatismo presentarse como un frente unido en contra del reto emergente que
representaban Rojas Pinilla y la ANAPO para la que sería la última aplicación de la
alternancia presidencial.
Misael Pastrana, quien llegaría a ser descrito por sus conocidos como un “animal
político” que “es de temperamento independiente y no se deja manosear” en uno de sus
perfiles publicados por la prensa bogotana (El Tiempo, 1970, 18 de abril, p.17),
representaba sin mayores contemplaciones la “continuidad dentro del cambio” del Frente
Nacional como lo expresaría a inicios del mes de marzo de 1970 (El Espectador, 1 de
marzo, p. 5). Habría que añadir, en todo caso, que fuera del apoyo del ex presidente
47
Mariano Ospina, Pastrana gozaría de la simpatía de los grandes diarios liberales,
incluyendo a El Tiempo, donde se aseguraba que las encuestas ya habían sellado el
resultado a su favor (1970, 18 de abril, p. 22), y El Espectador, quien le pediría a sus
lectores aportarle al menos 200.000 votos a su candidatura en Bogotá (1970, 2 de
marzo, p. 3). Otros liberales como Virgilio Barco, ex alcalde de la ciudad, también le
expresarían su apoyo en cuanto a la defensa FN y en consecuencia no dudarían en
criticar al candidato anapista o a sus huestes (El Espectador, 1970, 5 de marzo, p.1). El
mismo Pastrana no dudaría en agradecerle a medios como El Espectador por su
respaldo (1970, 17 de abril, p. 1).
Belisario Betancur, político antioqueño de raíces relativamente humildes, sostendría su
candidatura sobre el apoyo del ex presidente Guillermo León Valencia y otros dirigentes
conservadores (La Patria, 1970, 18 de abril, p. 1). Dentro del liberalismo, se destacaba
Carlos Restrepo Arbeláez del antiguo MRL como uno de sus aliados (Ayala, 2006, p.
119). No lo apoyaría el diario El Colombiano de Medellín, el cual se limitaría a
argumentar que el candidato no era favorable a los intereses de su mismo departamento
(1970, 5 de abril, p. 3), a criticar los “extremos punibles“ en que incurrirían las huestes
de todas las campañas con la supuesta excepción de la pastranista (1970, 9 de abril, p.
3), y en general estaba siguiendo la línea oficial frentenacionalista. En cambio, sí tendría
a La Patria de su parte, argumentando que solamente con Betancur sería posible
derrotar a Rojas (1970, 8 de abril, p. 1), a la vez que acusaría a Rojas Pinilla de “pactar”
con los comunistas en Caldas (1970, 13 de abril, p. 1).
48
Evaristo Sourdis había conseguido la mayoría de los delegados durante la convención
conservadora pero no los suficientes como para obtener un triunfo reglamentario y
cualificado (El Tiempo, 1970, 18 de abril, p. 17). En todo caso, Sourdis se consideraría
a sí mismo como el “candidato legítimo del Frente Nacional” (El Heraldo, 1970, 18 de
abril, p. 1). Identificado como el candidato del grupo político de Álvaro Gómez Hurtado
dentro del conservatismo (Rojas, 2000, p. 376), obtendría sus principales apoyos
periodísticos y editoriales desde El Siglo, diario dirigido por Alfredo Araujo y fundado por
Laureano Gómez, para el cual la candidatura de Pastrana era poco más que una
“imposición” (1970, 1 de abril, p. 4), cuestionando a su vez lo que percibía como una
falta de neutralidad del presidente Carlos Lleras al implantarse la censura oficial durante
la jornada electoral. (1970, 12 de abril, p. 1), (1970, 6 de abril, p. 4). El periódico El
Occidente de Cali publicaría encuestas a su favor (1970, 12 de abril, p.1) y llamaría a
votar por él (1970, 19 de abril, p.1), mientras que diario liberal El Heraldo de Barranquilla
también encontraría motivos para apoyarlo y cuestionar al pastranismo (1970, 15 de
abril, p.1).
Gustavo Rojas Pinilla, candidato natural del anapismo y plenamente habilitado para
participar legalmente en las elecciones después de su rehabilitación judicial, contaba
con el apoyo proporcionado por órganos propagandísticos de la ANAPO como Alerta
(1970, 31 de enero, p.1) y de otros medios de oposición como El Sol, una publicación
crítica frente al FN que se pasaría del liberalismo al anapismo pero siguiendo en todo
caso su lema de estar ”al servicio del pueblo”, desde donde se le describía como el
representante de las mayorías nacionales (1970, marzo a 19 de abril, p.1). Rojas, en
una alocución nacional, se describía a sí mismo como el hombre indicado para recoger
49
las “banderas de justicia social” de Jorge Eliécer Gaitán, dándole a su discurso populista
cierto toque providencial (El Espectador, 1970, 10 de marzo, p.1).
En contraste, prácticamente todos los grandes diarios, independientemente de su
posición frente al candidato oficial del Frente Nacional, mantenían una dura línea
político-ideológica en contra del candidato anapista. En El Espectador se le describiría
como un “perseguidor implacable de las libertades democráticas” (1970, 17 de marzo,
p.2). El Tiempo afirmaría que “para cualquier colombiano, Rojas Pinilla es el caos, es la
anarquía que despierta tan sospechoso entusiasmo entre los comunistas que le siguen
disfrazados de liberales anapistas. Para cualquier liberal, Rojas es la tiranía, la
arbitrariedad y el atropello” (1970, 19 de abril, p.4), al menos si no se era víctima del
llamado “subdesarrollo intelectual” de sus seguidores (1970, 15 de abril, p.4). El
Colombiano (1970, 13 de abril, p. 1) y El Heraldo (1970, 13 de abril, p.1), entre otros, le
darían amplio despliegue en primera página a las declaraciones del ex presidente
Alberto Lleras Camargo, quien diría que si Rojas gana las elecciones daría un golpe de
estado contra la institucionalidad y dejaría de regir la constitución política de la nación.
Las promesas electorales de Rojas eran presentadas como nefastas artimañas cuyo
verdadero fin era “burlar y engañar” al pueblo para que repitiera una experiencia pasada
que en realidad había sido dolorosa (El Colombiano, 1970, 11 de abril, p. 3).
A escasos diez días del proceso electoral, todos los candidatos, por supuesto,
aseguraban que obtendrían la victoria y cada uno de los grupos políticos inclusive
manejaba distintas cifras mediante las cuales estimaban el tamaño de su caudal
electoral: los pastranistas se veían vencedores con 1.750.000 votos, los anapistas con
50
1.500.000, Betancur con 1.400.000 y Sourdis con 1.100.000 (El Espectador, 1970, 9 de
abril, p.1). No hace falta decir que los pronósticos se muestran mutuamente excluyentes
y escasamente podrían tener mayor realización con la realidad.
Como lo hemos mencionado, a medida que pasaba el tiempo, la prensa se hacía sentir y
jugaba un papel de no poca importancia en los eventos cruciales y en la difusión de las
percepciones por parte de la ciudadanía, el gobierno y los partidos políticos, teniendo en
cuenta la manera como cada medio de comunicación se aproximaba tanto a la realidad
nacional como a la campaña electoral. La neutralidad no era muy común que digamos,
por no decir francamente escasa. Inclusive lo que podríamos denominar como una
especie de indiferencia autocomplaciente de parte de la Voz Proletaria y el Partido
Comunista frente al grueso del sistema electoral, más allá de llamar a votar por sus
propios candidatos a los concejos y asambleas (1970, 8 de enero, p. 5), no sería
precisamente una señal alentadora.
Así las cosas, hemos visto que Pastrana contaba con El Tiempo y El Espectador como
sus dos pilares dentro de la prensa bogotana y tenía en El Colombiano un aliado dentro
de la antioqueña. Por su parte, Sourdís era apoyado por El Siglo, en su calidad de
histórico órgano alvarista, además de El Heraldo de Barranquilla y El Occidente de Cali
al tiempo que Betancur tendría a La Patria de su lado. En ese sentido, podríamos
considerar que la gran prensa no era para nada rojista ni anapista. Si bien muchos de
los periódicos nacionales o regionales de la época estaban dispuestos a difundir en sus
páginas la publicidad política pagada de cualquier candidato, además de información
general de la ANAPO y de los recorridos por el país de Rojas Pinilla -entre ellos El
51
Espectador (1970, 1 de marzo, p.7) (1970, 17 de abril p.10), El Siglo (1970, 5 de abril,
p.8) y El Heraldo (1970, 10 de abril, p. 1)- no por ello estarían exentos de asumir
responsabilidades periodísticas y éticas por el resto de sus posiciones y cubrimiento
electoral, tanto antes como después de los acontecimientos del 19 de abril.
3.2 El 19 de abril
El domingo cuando, como lo publicaría El Tiempo, Colombia decidiría su destino
inmediato empezaría en “calma total” (1970, 19 de abril, p.1). La Registraduría
informaba que todo se encontraba listo. En algunas de sus últimas declaraciones, Misael
Pastrana afirmaba que el país “hoy ciertamente despejará el porvenir de su democracia,
para continuar una política que garantizará con lealtad el goce de las libertades
tradicionales y el respeto de las garantías individuales”, Belisario Betancur aceptaba la
“invitación a trabajar por un nuevo país”, Sourdis anunciaba de antemano la “segura
victoria que nos espera en esta empresa nacional”, y Rojas Pinilla declaraba que
“nuestro triunfo está asegurado por el efectivo y voluminoso respaldo que hemos
recibido a todo lo largo y ancho del pais [...] porque en esta ocasión la voluntad del
pueblo es [llevarme] por segunda vez a la presidencia de la república“ (El Tiempo, 1970,
19 de abril, p. 6).
Se anunciaba por parte de Inravisión que los resultados oficiales al igual que los
reportes sobre la situación de orden público serían suministrados para la televisión
exclusivamente por el Ministerio de Gobierno, presentando lecturas de los boletines a
52
partir de las 6:30 PM a través de informaciones leídas por los canales nacionales cada
media hora (El Tiempo, 1970, 19 de abril, p.9)
La posibilidad de que ocurrieran algunos inconvenientes no era para nada desconocida.
La campaña pastranista intentaba prevenir contra un fraude que podría engañar a los
electores con el fin de disminuir la votación pastranista, mediante la alteración de urnas
o papeletas (El Tiempo, 1970, 19 de abril, p.1).
Después del cierre de las urnas y a medida que avanzaba la noche la situación
empezaría complicarse más de lo que se había anticipado. Los datos electorales que se
transmitían por la radio, como lo publicarían los diarios al día siguiente, mostraban que
la contienda electoral era muy reñida (El Tiempo, 1970, 20 de abril, p.1), pero
generalmente se aceptaba que Rojas Pinilla estaba a la cabeza en los primeros
resultados (El Siglo, 1970, 20 de abril, p.1). Algunos medios registraban los hechos del
día con cierta prudencia y otros, por el contrario, no lo hacían. El Heraldo
publicaba:“Pastrana y Rojas se disputan la Presidencia” (1970, 20 de abril, p.1). El
Tiempo, no obstante informar que Pastrana iba ganando con 1.368.981 votos frente a
1.366.364 de Rojas en su primera página, más abajo también publicaba datos parciales
para las capitales del país en las cuales la ANAPO iba claramente a la delantera (1970,
20 de abril, p.1).
Según Maria Eugenia Rojas (2000, p. 402), quien durante las elecciones se habría
dirigido a las oficinas de la Registraduría Nacional, “cómo a eso de las 8 de la noche el
triunfo apuntaba en más de 300.000 votos. El desarrollo proporcional que siempre se
53
presenta en esos casos, indicaba un estruendoso triunfo del General”, y desde ese
momento empezaba a celebrarse prematuramente lo que para sus copartidarios era casi
un hecho consumado.
A su vez, el Ministerio de Gobierno se apresuraba a afirmar que muchas de las cifras en
circulación eran “improvisadas y no oficiales”. En uno de sus primeros reportes el
ministro Carlos Augusto Noriega había dado a conocer datos oficiales que indicaban
744.022 votos para Pastrana y 753.243 para Rojas (El Siglo, 1970, 20 de abril, p.1), los
cuales ascenderían a 1.228.736 de Rojas Pinilla y 1.200.000 de Pastrana hacia las
12:40 AM. La radio dejaría de suministrar información electoral a partir de las 02:00 AM,
si no antes según otras fuentes del momento (Rojas, 2000, p. 403), y el último informe
oficial que se proporcionaría de manera continua durante la jornada saldría a las tres de
la mañana, donde por primera vez se mencionaba que Pastrana había obtenido una
ventaja de 5.000 votos sobre el candidato anapista, en contra de lo que había sido la
tendencia general registrada hasta entonces (Ayala, 2006, p. 202).
Independientemente de lo que se quisiera opinar sobre la existencia formal de un fraude
electoral, es un hecho que dicha percepción empezaría a extenderse, quizás aún desde
el mismo momento en que Rojas Pinilla le dijera hacia el final de la jornada electoral a
sus seguidores que estuvieran atentos ya que “el gobierno nos va a robar la victoria” (El
Tiempo, 1970, 20 de abril, p1). De la aparente seguridad y confianza inicial que rodeaba
a todas las partes involucradas se estaba pasando rápidamente a la incertidumbre y con
ella vendrían a generarse toda una serie de acontecimientos tanto desde del gobierno
como de la oposición anapista.
54
3.3. Reacciones del Momento
Si bien la mayor parte del día 20 transcurriría en una tensa calma, mientras se esperaba
que los resultados finales resolvieran las incógnitas, hacia las horas de las tarde la
situación cambiaría. Uno de los primeros piquetes militares entraría en acción,
conteniendo a los manifestantes rojistas que se dirigían hacia el Palacio de San Carlos
en Bogotá (El Colombiano, 1970, 21 de abril, p.16). El ejército disolvería más
manifestaciones de los militantes anapistas en la capital del país, mientras que pedreas
y destrozos se presentaban en sectores como el Parque Santander (El Siglo, 1970, 21
de abril, p. 1).
Aunque en las horas de la mañana del día 20 el presidente Lleras había aceptado a
petición de Álvaro Gómez conformar una comisión para ostensiblemente ocuparse de
cualquier posible fraude, el mandatario se preocupaba principalmente por el
mantenimiento del orden público y así se lo hizo saber a Rojas Pinilla durante una breve
charla telefónica (Serpa, 2008, pp.420-421). No fue de extrañar, por tanto, que el día 21
Lleras Restrepo declaró el estado de sitio en todo el país (El Colombiano, 1970, 22 de
abril, p.1) mediante una alocución televisiva en las horas nocturnas, incluyendo medidas
como el toque de queda en Bogotá y la censura de radio, anunciando que el gobierno
haría todo para impedir que cualquier intento de subversión tuviera éxito. Ese día, “en
las principales ciudades las masas anapistas convencidas del fraude electoral se
enfrentaron con la fuerza pública. Asaltaron vehículos, apedrearon algunos edificios y
sedes de los periódicos del establecimiento”, no solamente en la capital sino también en
55
otras ciudades como Cartagena, Armenia, Pereira, Valledupar, Pradera, Cartago y
Sevilla (Ayala, 2006, p. 208-220).
El Sol, medio partidario de Rojas que daba por sentado que el “bienhechor” había
derrotado a la oligarquía dirigente del país, en su edición del 22 de abril denunciaba que
las autoridades habían detenido a 60 dirigentes de la ANAPO (1970, 22 de abril, p.1).
Desde ese momento la Registraduría negaba cualquier clase de fraude (El Colombiano,
1970, 22 de abril, p.1), pero eso no sería suficiente para impedir que para el día 24,
cuando según El Colombiano había retornado la normalidad, ya se sumaran más de 668
detenidos por desórdenes en Bogotá (1970, 24 de abril, p.17).
La ANAPO intentaba utilizar la incertidumbre a su favor cuando difundió el 21 de abril
un comunicado que hacía pensar en una acción insurrecional futura y que los medios
impresos no tardarían en registrar en sus ediciones del día 22.
“El Comando Nacional de la Alianza Nacional Popular declara: Que el gobierno
oligárquico que explota a Colombia después de haber preparado un escandaloso fraude
que está acabando de consumar, pretende ahora imponer al país un resultado electoral
que burla la opinión inequívocamente expresada en las urnas por la abrumadora
mayoría nacional: que el Presidente de Colombia es el general Gustavo Rojas Pinilla
[...] que ante la evidencia del fraude y del atropello nos sentimos moralmente impedidos
para contener la justa reacción popular y por ello responsabilizamos al gobierno y al
presidente Lleras de las consecuencias que su doble y falsa conducta le traiga al país;
que estamos tomando las medidas necesarias y eficaces para impedir que la oligarquía
le robe el poder al pueblo colombiano; que desde este momento nos constituimos en el
56
Comando Nacional Revolucionaria, que encausará las justas aspiraciones y la
justificada reacción de las grandes mayorías nacionales” (El Tiempo, 1970, 22 de abril,
p.2).
El mismo General Rojas Pinilla desde el día 20 había dado declaraciones a la prensa en
la cuales se refería a lo que consideraba un fraude y advertía “que el pueblo había
reaccionado porque estaba consciente de la victoria y él, pese a que venía predicando la
paz, tampoco podía contener la cólera popular desatada, cuando el pueblo se dio cuenta
de la burla a su decisión”, mientras que negaba la participación de los anapistas en los
saqueos (Rojas, 2000, p.409). Sin embargo, poco tiempo después había sido puesto
bajo una especie de arresto domiciliario no declarado al ser vigilada su residencia
militarmente (El Colombiano, 1970, 23 de abril, p.20).
Allí encontramos un momento clave, ya que si bien Rojas se decía dispuesto a recurrir a
los medios que fueran necesarios para defender su victoria, no fue lo suficientemente
claro con sus propios seguidores ni actuó con la suficiente rapidez, dadas las medidas
militares y policivas que el gobierno tomó rápidamente en su contra para impedir el que
progresara cualquier clase de conspiración o revuelta masiva.
El comunicado “revolucionario”, si bien no se oponía sino que justificaba cualquier tipo
de reacción popular o insurrecional, dejaba toda la responsabilidad organizativa sobre
los hombros de las mismas directivas y las decisiones del comando, sin llegar a ser una
verdadera llamada a la acción inmediata de los cuadros. En palabras de Ayala Diago,
57
“cuando las masas empezaron a actuar ya era tarde. El corte militar del movimiento
anapista las obligaba a aguardar una orden que nunca llegaría” (2006, p.213).
Carlos Toledo Plata, en ese entonces uno de los cuadros del movimiento anapista, se
encontraba en Bucaramanga el día de las elecciones y llegaría a Bogotá el 21, donde
pudo comprobar que había gente “dispuesta a tomarse los cuarteles, las gobernaciones,
lo que fuera, pero se requería de una acción unificada en todo el país. El levantamiento
no debía realizarse en una sola parte. La orden que dio el general a través de Maria
Eugenia y que Pedro Pablo me transmitió a mí, fue la de que no podían efectuarse
acciones violentas” mientras el mismo Rojas Pinilla no tomara una decisión en tal
sentido (Lara, 2002, pp.38-40).
Hernán Vergara, el “líder espiritual” de la ANAPO, influyó en la actitud vacilante del
candidato anapista al aconsejarle a Rojas que evitase un derramamiento de sangre y
aceptase que “al escoger usted la vía del sufragio, admitió implícitamente cierta
posibilidad de fraude”. Vergara le presentó la disyuntiva entre el materialismo y el
cristianismo frente a la acción política a la hora de enfrentar un problema de legalidad,
haciéndole notar que mientras el primero no tiene más camino que la acción humana,
“en tal caso la violencia”, el segundo puede luchar dentro del marco de la legalidad,
confiando en que Dios “sabrá hacer finalmente su Justicia” (Ayala, 2006, pp. 220-222).
No es fácil medir qué efectos concretos tuvo el comunicado revolucionario en si mismo,
pero poco a poco pasaban los días y la ANAPO iba dando la impresión de que a la larga
58
prefería las vías legales para intentar disputar desde allí la legitimidad y autenticidad de
la elección.
El día 25 de abril, Rojas Pinilla y Carlos Lleras Restrepo se encontraron en una reunión
secreta en la Nunciatura Apostólica, ubicada a algunos metros de la residencia del líder
anapista. La versión del mismo Lleras la presenta como “buena para la república” en
razón de que allí Rojas se mostró dispuesto a respetar la “paz pública” y lo que
indicasen los resultados finales del escrutinio electoral, después de que el entonces
presidente hiciera énfasis en la independencia de las autoridades competentes y en la
calidad de la comisión nombrada para vigilar su buen funcionamiento, siendo la posición
del gobierno la de garantizar el triunfo de cualquiera de los candidatos. En otras
palabras, su mensaje había sido que Rojas simplemente debía confiar en la
institucionalidad. Al mismo tiempo, las inquietudes de Rojas sobre la suerte del detenido
dirigente anapista José Ignacio Giraldo fueron bien recibidas por Lleras, según su relato,
dando lugar a que el gobierno ordenase su libertad. (Serpa, 2008, pp. 423-425). Pero
para la hija de Rojas (2000, pp. 414-419), por el contrario, dicha reunión fue todo menos
“saludable” en razón de que “el fraude de todos modos se perpetró y sólo 30 días
después de las elecciones se conocieron los datos, ya arreglados” y, lo que es peor, la
entrevista entre ambos personajes dejó en el ambiente la sensación de que allí se
habían “vendido” las elecciones, dejando a muchos seguidores de la ANAPO
desilusionados y escépticos. Ni siquiera la famosa comisión fue del agrado de Maria
Eugenia dada su inutilidad como un simple “testigo mudo” cuyos miembros no habrían
sido nombrados con la autorización previa del candidato anapista. De acuerdo a su
versión de los hechos, Lleras tampoco cumplió con la promesa de liberar de inmediato a
59
más de cien figuras anapistas que en ese momento se encontraban en la cárcel y que
no recobrarían su libertad sino más de una semana después. Aunque no lo diga
explícitamente y teniendo en cuenta que es relativamente fácil asumir actitudes
desafiantes después de los hechos, al menos se puede concluir que la hija no compartía
la actitud conciliadora de su padre y la califica como un error histórico.
Quizás sea precisamente por esa actitud de Rojas que los llamados iniciales a las vías
de hecho no obtendrían muchos resultados después del brote original de protestas que
fue a la larga controlado por las autoridades aprovechando la circunstancia excepcional
del estado de sitio, y ni siquiera en términos conspirativos se logró aglutinar a los
simpatizantes del partido para embarcarse de lleno en esa riesgosa aventura. Cuando
hubo intentos de hacerlo, sufrieron fallas de organización que los condenaron al fracaso.
(Lara, 2002, pp. 40-41). Como lo ha mencionado Daniel Pécaut (2006, pp.114-120, 206-
207), los “cantos de sirena” de la ANAPO en los cuales se apelaba, por ejemplo, “al
patriotismo de los comandantes de las Fuerzas Armadas para que, conforme a la
promesa que han hecho solemnemente al país, hagan respetar el resultado de las
elecciones del 19 de abril de 1970” tampoco serían escuchados.
A medida que los escrutinios fueron aplazándose (El Tiempo, 1970, 30 de abril, p. 7),
cada vez parecía más difícil lograr rescatar un resultado favorable al partido a pesar de
los intentos de lograr alguna rectificación legal del escrutinio electoral. Pasaron los
meses y nada cambiaría. La Registraduría del Estado Civil “dosificó la entrega de los
resultados; además en muchos lugares, a solicitud de los rojistas, se recontaron los
votos de las mesas cuestionadas, se verificaron las planillas y se revisaron las actas. Se
60
especuló con los votos depositados en el exterior, pero la verdad sea dicha, ellos no
influyeron en el margen que favoreció a Misael Pastrana, quien según el organismo
electoral obtuvo 1.625.025 votos, seguido de Gustavo Rojas Pinilla con 1.561.468” y así
las cosas el hecho de obtener una nutrida bancada parlamentaria de 38 senadores y 71
representantes, el 32.2 y 33.8 por ciento de cada cámara respectivamente, no sería más
que una victoria pírrica amarga para la ANAPO ante la imposibilidad de concretar su
ansiada aspiración principal (Serpa, 2008, p.425).
Para el 20 de Julio de 1970, Misael Pastrana ya había recibido una credencial oficial que
lo acreditaba como ganador de las elecciones y en consecuencia no tuvo mayores
problemas para posesionarse posteriormente, a pesar de las protestas de los
parlamentarios anapistas y la constancia que Maria Eugenia Rojas presentó, dando
lugar a un ruidoso incidente que culminó con su retiro a la fuerza del recinto, como
muestra de la voluntad de lucha que –según ella- animaba a la ANAPO y al pueblo a no
reconocer ni a perdonar el “robo electoral de que fue víctima el 19 de abril” (Rojas, 2000,
pp.430-435).
Pero tales expresiones serían bastante retóricas y poco prácticas dentro de su contexto
inmediato. La misma ANAPO demostraría claras señales de desunión cuando Rojas
llegase a expulsar al otrora ilustre senador Vives durante de las luchas internas sobre
quién sería el sucesor del General a la candidatura presidencial, lo cual no sería bien
recibido por todos sus partidarios. Si bien el movimiento por fin se convertiría en 1971 en
un partido que contaría con una nueva plataforma ideológica considerada “nacionalista,
61
revolucionaria y popular” mediante la cual confirmaba su oposición a los postulados del
Frente Nacional (Pécaut, 2006, p. 119), su debilidad estructural empezaba a notarse.
No volverían a verse unas elecciones tan reñidas como las de 1970. La fragmentación
interna del electorado anapista y de sus cuadros fue sintomática. En 1974, María
Eugenia Rojas sería la candidata anapista y no sería capaz de mantener el grueso de
los votos de su padre, alcanzando un lánguido tercer lugar con 492.166 sufragios a su
favor. Como lo sugiere Pécaut (2006, p.206), el que las multitudes anapistas ya no
pudieran rivalizar con las grandes manifestaciones liberales y conservadoras había sido
un mal presagio. Para todos los efectos prácticos, su momento había quedado atrás.
3.4 De la ANAPO al M-19
Las mismas elecciones del 19 de abril de 1970 que anunciaron el comienzo del fin para
la ANAPO en términos de sus éxitos electorales fueron un duro golpe para unas bases
sociales que nuevamente vieron rotas sus ilusiones de obtener lo que esperaban fuese
un cambio social por las vías legales y, en consecuencia, para algunos dirigentes
anapistas desilusionados como Carlos Toledo Plata y varios de sus compañeros, se
generó la necesidad de utilizar la alternativa de la violencia para alcanzar el poder
político, dado el inmenso grado de frustración que colmó el ambiente nacional. (Lara,
2002, p. 38-42), (Bushnell, 1993, p. 242-245).
62
En un plazo relativamente corto ya se habían establecido diferentes vertientes y
disidencias de la ANAPO. Siguiendo a Pécaut (2006, p. 199), “se multiplican las
deserciones. Afectan tanto al sector reaccionario de la Anapo como a su sector
progresista, a la fracción liberal y a la conservadora, a los viejos militantes como a los
nuevos reclutas. El reflujo es particularmente apreciable en dirección al Partido
Conservador [...] Pero el regreso al Partido Liberal no es menos sensible” y ni siquiera la
fugaz perspectiva de una nueva candidatura de Rojas Pinilla parece restaurar el ánimo
de una organización en plena decadencia. Abandona el partido Manuel Bayona
Carrascal junto a otros quince congresistas anapistas, creando en agosto de 1972 el
Movimiento Amplio Colombiano (MAC) para luego hacer causa común con el Partido
Comunista y el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario) en un intento
de aglutinar a la oposición en torno a un nuevo frente electoral, la Unión Nacional de
Oposición (UNO) fundada en noviembre de ese mismo año (Duque, 2007), (Baez, 2006,
p 158), (Pécaut, 2006, p. 199-202). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos su
acogida resulta ser aún menor que la de la ANAPO de Maria Eugenia y el mismo
General no lamenta en absoluto la retirada de quienes llama burlonamente los
“comunistas” del MAC. El candidato de la UNO para las elecciones de 1974, el antiguo
anapista Hernando Echeverri Mejía, obtendría apenas 137.000 votos en dicha contienda
frente a los 492.000 de la “Capitana” (Guarín, 2005, p. 53). Así las cosas, no es difícil
concluir que buena parte del entusiasmo por la antigua ANAPO y la vía electoral que
representaba se ha perdido sin remedio aparente en medio de tanta división y
frustración.
63
Fuera de lo que parecía ser un deprimente ámbito electoral, Carlos Toledo Plata y
Andrés Almarales, entre otros anapistas de la línea radical representada por la llamada
“ANAPO socialista”, mantenían contactos con miembros de las FARC y con la Juventud
Comunista (Baez, 2006, p. 171) para crear la que sería, a la larga, tal vez la más
concreta repercusión socio-política del 19 de abril de 1970: El Movimiento 19 de Abril
(M-19), cuyo nacimiento se daría a conocer a conocer a la luz pública el 17 de enero de
1974, cuando ya expiraba el último año del gobierno del conservador Misael Pastrana
Borrero (Lara, 2002, pp. 38-42). El nombre del naciente grupo guerrillero implicaba una
apelación directa hacia la percepción generalizada de fraude en ese memorable 19 de
abril de 1970. En palabras de Álvaro Fayad, una de las personas que formarían parte de
la nueva formación subversiva, “ese día quedó en mi memoria para siempre... Yo fui
quien insistió después en que nuestro movimiento se llamara así, Movimiento 19 de
Abril. Algún día esa fecha, que recuerda la derrota del pueblo colombiano, se convertirá
en el símbolo del triunfo” (Lara, 2002, p. 65).
Su primer acto público fue sustraer de la Quinta de Bolívar una espada perteneciente al
Libertador, después del cual se empleó la consigna “¡con Maria Eugenia, con el pueblo,
y con las armas al poder!”. La inclusión del nombre de Maria Eugenia Rojas constituía
un referente electoral vigente en aquel momento dado su papel directivo en la ANAPO,
sus posturas políticas y su existente candidatura presidencial, dando a entender que el
M-19 inicialmente se consideraba, de una u otra forma, la prolongación armada de ese
partido, dentro de la simbología política, y dichas referencias también se hallaban en la
adopción de los mismos colores (azul, blanco y rojo) de la reconocida bandera anapista.
64
En términos estrictamente organizativos no hubo, a la muerte del general Rojas Pinilla
en 1975, la suficiente unidad de acción dentro de la ANAPO que pudiera hacer posible
una vinculación formal y duradera entre el partido y el M-19, a pesar de las intenciones
de quienes así lo querían. Las disputas internas y desacuerdos que surgieron en torno a
las labores políticas de Maria Eugenia y su esposo, quienes no veían con buenos ojos la
creación de la ANAPO socialista como una alternativa para los disidentes más radicales,
entre otros factores de discordia, lo impidieron (Lara, 2002, p. 40-43).
Como organización guerrillera, el M-19 representaba una verdadera novedad para
Colombia. A diferencia de las más numerosas FARC, consideradas como un movimiento
guerrillero de naturaleza predominantemente rural, el M-19 era una agrupación más
pequeña con una mayor presencia urbana que pretendía apelar tanto al electorado
anapista como a otros sectores de la población, incluyendo distintos profesionales de
clase media y universitarios, mediante acciones tan osadas como populistas que
mostraban un lado más amable y por lo tanto políticamente atractivo. Aunque no todos
sus miembros provenían de las filas anapistas, algunos como Jaime Bateman y Carlos
Pizarro habían estado vinculados a las FARC en el pasado y tenían cierta formación
guerrillera, sus actividades fueron más allá de la lucha armada tradicional. (Dudley,
2008, pp. 88-90). La substracción de más de 5.000 armas del Cantón Norte en 1978, por
ejemplo, fue algo inusitado para la Colombia de entonces (Lara, 2002, p. 46). Al
considerar su proyección internacional, varias de las tácticas urbanas del M-19 parecen
haber sido tomadas de los Tupamaros uruguayos. En otras palabras, se podría afirmar
que por medio del M-19 se introdujeron a Colombia varios métodos que otras
organizaciones subversivas ya utilizaban a nivel mundial (Bushnell, 1993, p. 245).
65
Sin duda que el grupo recurrió a acciones espectaculares que asombraron al país desde
su aparición, pero su uso del secuestro de civiles e inclusive del asesinato como formas
de lucha demuestran que las líneas entre la admiración, el miedo y el horror podían
cruzarse fácilmente. El secuestro y ejecución del líder sindical afro-colombiano, José
Raquel Mercado, acusado de “traicionar” al pueblo, sería un indicio temprano al respecto
(Bushnell, 1993, p. 246). Otros secuestros realizados por el M-19 incluirían el del
animador Pacheco en julio de 1981, el periodista Germán Castro Caicedo en 1980, un
helicóptero cargado con dinamita en octubre de 1981, un avión con 130 pasajeros y
numerosos secuestros motivados por la extorsión. (Lara, 2002, pp. 47-50, 320),
(Bushnell, 1993, p. 246).
La reacción gubernamental contra el accionar del M-19 no se haría esperar. Después de
la humillación que supuso el ataque al Cantón Norte el gobierno aplicó medidas
particularmente represivas para recuperar los fusiles robados, bajo el amparo del estado
de sitio y el recién promulgado Estatuto de Seguridad (Lara, 2002, p.128-129).
Funcionarios de la administración de Julio César Turbay (1978-1982) “aceptarían por lo
menos tácitamente el uso de métodos ilegales para combatir la violencia guerrillera”.
Aunque en opinión de Bushnell (1993, p. 257) los abusos resultantes no llegarían a la
escala de los vistos bajo los gobiernos militares de Chile y Argentina, el uso de la tortura
contra los detenidos, entre ellos Iván Marino Ospina quien sería uno de sus principales
mandos y muchos otros militantes, fue suficiente para ser denunciado ante y por
organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (Lara, 2002, pp. 45-46,
166-175).
66
De entre todos los golpes audaces del M-19, seguramente sería la toma de la embajada
de la República Dominicana en 1980 la que tendría la mayor repercusión internacional,
dado el carácter diplomático de los personajes que fueron mantenidos como rehenes,
incluyendo el embajador de los Estados Unidos y unos trece más, al igual que gracias a
su eventual solución por medio de negociaciones entre el gobierno de Turbay y la
guerrilla, las cuales desembocarían en la salida de los miembros del comando
insurgente hacia Cuba y el pago de un rescate (Lara, 2002, pp. 45-46, 316-318),
(Bushnell, 1993, pp. 253-254).
En contraste, el acto que marcaría el mayor desastre para el M-19 sería la toma del
Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La intención detrás de toma era presionar al
presidente Belisario Betancur (1982-1986) a raíz de las múltiples acciones y
enfrentamientos que arruinaron los intentos por alcanzar una paz negociada durante los
años y meses anteriores, pero el resultado inmediato fue aún más trágico. El hecho llevó
llevaría a la muerte a más de cien personas, incluyendo al antiguo anapista del M-19
Andrés Almarales y a otros dirigentes guerrilleros que lo acompañaron durante el
operativo, además de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que
fueron mantenidos como rehenes (Bushnell, 1993, p. 254). Alrededor de una docena de
empleados de la cafetería del edificio fueron víctimas de la desaparición forzada
después de la violenta operación de retoma que corrió a cargo del ejército colombiano.
(Echeverri y Hanssen, 2005), (Dudley, 2008, pp. 134-136).
67
Después del Palacio de Justicia, nada volvería a ser igual para el M-19. No solamente
había perdido personal valioso durante la tragedia sino que los recuerdos y
recriminaciones al respecto se encargarían de empañar parte de la simpatía que
producía la imagen “justiciera” del grupo guerrillero, construida desde sus inicios para
así canalizar el apoyo de una base social que llegó a incluir hasta sectores de la
burguesía (Echeverri y Hanssen, 2005, pp.9-21), (Nasi, 2007, p.325).
Si bien el M-19 había nacido, en buena parte, como el resultado de una frustración
inmensa frente a la derrota de la ANAPO y a la subsiguiente desilusión sobre las
posibilidades de la democracia colombiana, el movimiento guerrillero compartiría con el
partido que la inspiró una ideología nacionalista y populista que, siguiendo a Bushnell
(1993, p.245-246), a la larga lo convertiría en un movimiento más cercano al
pragmatismo y al reformismo que a la ortodoxia revolucionaria.
Debilitado aún más por una serie de embestidas militares entre 1985 y 1988, el M-19
finalmente llegaría a firmar un acuerdo de paz el 9 de marzo de 1990, cercano al final
del período de gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y así el movimiento guerrillero
entraría en un escenario donde volvería a retomar la misma ruta de la legalidad que sus
inspiradores anapistas habían rechazado abiertamente después del 19 de abril de 1970.
Como una cierta ironía histórica, el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez
Hurtado el 29 de mayo de 1988 contribuyó a abrir las puertas del diálogo entre el
establecimiento y la guerrilla. El camino de la paz sería difícil y el asesinato del entonces
comandante Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, mientras viajaba a Bogotá en un
avión de pasajeros, puso en riesgo todo el proceso. A pesar de todo, la reincorporación
68
del M-19 a la vida civil sería considerada como relativamente exitosa. Sobre todo en sus
primeros años, la nueva Alianza Democrática M-19 (AD/M-19) jugaría un papel
importante en la política colombiana mediante su participación en la Asamblea
Constituyente de 1991. Las divisiones internas frente a las coyunturas políticas
impidieron que la Alianza se consolidase, pero en el mediano plazo varias de sus
antiguas figuras terminarían haciendo parte del proceso de consolidación de la izquierda
colombiana a principios del siglo XXI (Bushnell, 1993, pp. 258-259), (Navarro e Iragorri,
2004, cap. 5-6), (Nasi, 2007, pp. 325-238).
69
Conclusiones
La evolución histórica de la ANAPO durante el Frente Nacional y alrededor de los
acontecimientos del 19 de abril de 1970 nos revela como una de sus constantes la
existencia de cierta alternancia y ambigüedad respecto al uso de la violencia y la política
para alcanzar fines y objetivos dentro de un sistema político como el colombiano.
¿Cuál sería el origen de dicha ambigüedad? Podemos encontrarla desde antes de la
fundación de la ANAPO. El símbolo viviente que inspiraría al movimiento anapista, el
General Gustavo Rojas Pinilla, había sido durante su gobierno (1953-1957) un personaje
con al menos dos caras, reflejadas en su obra: la de un pacificador que le traía los
beneficios del desarrollo al país después de la tragedia nacional desatada por el 9 de abril
de 1948, y la de un dictador militar que utilizaba medidas arbitrarias para intentar
mantenerse en el poder. A la vez que intervenía a la gran prensa bogotana y se
presentaba como una alternativa al regreso de Laureano Gómez, el General declaraba
ilegal al Partido Comunista y atacaba a sus autodefensas agrarias. No era un asunto de
coherencia ideológica sino uno de conveniencia política y personal, según lo determinaran
las circunstancias.
Caído en desgracia y fuera del poder, Rojas se reinventaría años después para desafiar al
Frente Nacional y así aglutinar alrededor suyo y de la ANAPO a distintas fuerzas de
oposición dado el creciente descontento entre la población. El antiguo represor del
70
comunismo volvía a representar el cambio, desde la otra orilla, y sin demasiadas
contemplaciones era inclusive tildado de comunista por el establecimiento. Los candidatos
del nuevo partido podían, desde luego, inscribirse como liberales o conservadores, lo que
les permitía ir a la par con las sucesivas elecciones locales y nacionales. En las elecciones
de 1970 Rojas Pinilla tenía que aceptar las reglas de juego del sistema político bipartidista
que lo había reemplazado, siendo él mismo de origen conservador, pero los cuadros de su
movimiento estaban preparados para “defender” su esperado triunfo aún utilizando la
violencia si fuese necesario.
Cuando los acontecimientos del 19 de abril demostraron la necesidad de definiciones se
daba por hecho que la ANAPO tomaría las medidas necesarias para organizar un
levantamiento general, pero el movimiento se contuvo en su reacción más allá de lo
previsto porque así lo quiso Rojas Pinilla al mostrarse reservado, esperando que el asunto
se resolviera por las vías legales del conteo de votos y al aceptar finalmente su derrota con
el paso del tiempo.
Si esa hubiera sido la actitud de su movimiento desde un principio habría sido una señal
de coherencia, pero es aquí donde podríamos pensar que el líder máximo de ANAPO,
aunque intentaba canalizar un sentimiento popular en respuesta tanto a sus ambiciones
personales como a las necesidades del momento histórico en que vivía, finalmente no
lograría definirse del todo entre la vía electoral y la vía armada, prefiriendo la indefinición
práctica a pesar de usar un lenguaje ocasionalmente incendiario. Mientras otros dirigentes
anapistas llamaban a la insurrección mediante un comunicado, Rojas escuchaba los
consejos espirituales de Hernán Vergara y –quién lo creyera- inclusive de Carlos Lleras
71
Restrepo en la Nunciatura Apostólica, sin responder ante las expectativas creadas. Una
actitud que en teoría parecería conveniente, pero en tiempos como los que han sido tema
de la presente investigación eso naturalmente llevaría a la decepción entre las bases
rojistas, sobre todo al tratarse de un movimiento caudillista sin la coordinación ni la
flexibilidad suficiente como para actuar independientemente de su líder a gran escala.
No solamente no se obtendría la victoria electoral reclamada por la ANAPO sino que el
gobierno de Carlos Lleras Restrepo pudo controlar la situación sin mayores traumatismos
inmediatos. Misael Pastrana Borrero obtendría sin dificultades su credencial para
posesionarse como Presidente de la República y el mismo Rojas Pinilla, antiguo
gobernante de facto convertido en líder populista, moriría cinco años después. Con él
murió buena parte de lo que quedaba del sueño que para sus seguidores había
representado la ANAPO de 1970.
Una ANAPO que no pudo reinventarse exitosamente bajo Maria Eugenia Rojas, cuya
votación en las elecciones de 1974 fue francamente decepcionante frente a la de su propio
padre apenas cuatro años antes. Los demás intentos del momento por recoger de alguna
manera las banderas del cambio dentro de la legalidad tampoco contaron con la suficiente
acogida, a pesar de la creación de disidencias como el Movimiento Amplio Colombiano
(MAC) y en general de la participación de anapistas en proyectos más amplios y
ambiciosos, como la Unidad Nacional de Oposición (UNO) que buscaba sumar voluntades
junto a otras fuerzas políticas. Su existencia demuestra que el sistema político no estaba
totalmente cerrado, formalmente, a permitir la participación electoral de las propuestas
alternativas pero se deduce que su legitimidad ya estaba gravemente herida.
72
La ambigüedad de Rojas en 1970 había llevado a la ANAPO a la inacción y a perder su
legitimidad como alternativa de poder dentro del establecimiento, mientras que el M-19
entraría en escena desde 1974 buscando construir su propia legitimidad mediante
acciones contra ese mismo establecimiento.
Para conseguirlo, el grupo guerrillero utilizaba métodos tanto violentos como políticos.
Como organización demostraba ser diferente de la ANAPO, a pesar de la participación de
antiguos anapistas incluyendo a Carlos Toledo Plata, pero también se presentaba una
cierta alternancia y ambigüedad entre su empleo de la política y de las armas. El
movimiento tenía sus pies dentro de la ilegalidad y desde allí trataba de construir una base
social que aumentase su legitimidad para proseguir su lucha contra el mundo legal. Sería
la acción, no la inacción, la que llevaría al inesperadamente nefasto desenlace de la Toma
del Palacio de Justicia en 1985, el cual produciría una gran desilusión sobre la legitimidad
del movimiento y la de sus enemigos.
Cuando no se cumple con las expectativas despertadas entre quienes esperan ya sea un
triunfo electoral dentro de la legalidad o un levantamiento armado, como fue el caso
durante las elecciones del 19 de abril, movimientos como la ANAPO pueden desplomarse
rápidamente por la frustración resultante. El fracaso condujo a la división de sus huestes y
el 19 de abril se convirtió en un símbolo dentro del imaginario político que fue utilizado
para justificar una reacción armada, dando lugar a la creación del M-19. Cuando la opinión
positiva acumulada por organizaciones armadas mediante acciones políticas y populares
se invierte en actividades inesperada y violentamente trágicas, como la Toma del Palacio,
73
la frustración que nace de esa pérdida de legitimidad puede llevar a dichas organizaciones,
como en el caso del M-19, a optar por la desmovilización y reintegración al sistema .
El debatirse entre las armas y la política puede tener efectos demoledores para la
legitimidad del establecimiento colombiano, aunque también para la de aquellas
organizaciones e individuos que pretendan emplear cualquiera de los dos instrumentos a
su conveniencia. El impacto de la frustración del 19 de abril fue muy negativo para el
sistema político colombiano, dejando a diversos sectores sociales con menos alternativas
frente a la lucha armada al reducir el potencial electoral de la ANAPO y de las
organizaciones disidentes que se esforzaron por tomar su lugar dentro de la oposición
legal. Pero, irónicamente, el legado de Rojas Pinilla y de la ANAPO del 70 no es ni la
culminación de todas las expectativas que originalmente despertaron ni su total abandono.
El encadenamiento de los hechos históricos, en su conjunto, indica que la experiencia que
daría a luz al M-19 compensaría parcialmente la pérdida de legitimidad, al crear una fuerza
política que, a pesar de su propia debacle, terminaría por abandonar las armas y contribuir
a una limitada renovación constitucional e institucional del país.
74
BIBLIOGRAFÍA
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