tema 1: medidas para promover el respeto a las libertades
TRANSCRIPT
Tema 1: Medidas para promover el respeto a las libertades fundamentales y el ejercicio
de los Derechos Humanos durante la pandemia.
MEDIDAS PARA PROMOVER EL RESPETO A LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE LA PANDEMIA
Países firmantes: Estado Plurinacional de Bolivia, Estados Unidos de América, Estados
Unidos Mexicanos, República de Costa Rica y República de Panamá.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
HABIENDO VISTO:
Artículo 31 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual
establece que “la cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad
común y solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las
instituciones del sistema interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social,
educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de
los Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo,
sin ataduras ni condiciones de carácter político”;
CONSIDERANDO:
El contexto de la pandemia causada por la COVID-19 en la que los Estados tienen la
obligación de prevenir, con la debida diligencia, las violaciones de derechos humanos y
también de proveer un recurso adecuado y efectivo que permita investigar seriamente dentro
de un plazo razonable las violaciones a estos;
REAFIRMANDO:
La importancia de la democracia como está escrita en la Carta de la OEA, donde declara
que este sistema político es el más adaptado para traer prosperidad y estabilidad;
RECONOCIENDO:
Artículo 25 (1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos A/RES/3/217A
que plantea que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por el Covid-19 y sus variantes y alarmados por la falta de vacunación por parte de una
población del continente, lo que causa un problema de salud pública,
RESUELVE:
1. Desarrollar estrategias para la mejora y garantía de la calidad en cuanto al goce pleno
de los derechos humanos en búsqueda del desarrollo y la inclusión, evitando así la
desigualdad social post pandemia:
1.1. Iniciar esfuerzos en conjunto con las autoridades locales para asegurar que se
brinde, de manera efectiva, el acceso de aquellas comunidades que han visto sus
derechos vulnerados, especialmente en el marco de la pandemia, a:
1.1.1. Herramientas informativas que les permitan tener un mayor
conocimiento de cuáles son sus derechos.
1.1.2. Canales de comunicación con las mismas autoridades para que las
comunidades vulneradas puedan denunciar los casos de violaciones a
sus derechos humanos y para evaluar posibles reparaciones que puedan
hacerles las instituciones locales.
1.2. Requerir de un control institucional y de garantías para la ciudadanía en
búsqueda de asegurar un ejercicio de gobierno que responda constantemente a
los requerimientos de los ciudadanos y observe las necesidades de la sociedad
post pandemia, haciendo énfasis en la solución de sus problemas.
2. Fomentar la participación democrática inclusiva en el contexto de la coyuntura por
Covid-19, manteniendo un enfoque diferenciado que considere las particularidades de
cada clase social, comunidad, etnia y género procedentes de la ciudadanía para la toma
de decisiones frente a esta situación:
2.1. Exhortar a los Estados Miembros para la creación de proyectos que incentiven
las votaciones transparentes y que puedan llevarse a cabo manteniendo los
protocolos de bioseguridad.
2.2. Promover campañas de educación sobre la educación ciudadana responsable en
las poblaciones vulnerables.
2.3. Fomentar la confianza y el respeto de parte de la ciudadanía a las instituciones
democráticas al momento de ejercer sus derechos a través del aprovechamiento
de los espacios y los mecanismos que estén avalados en cada Estado Miembro
para la rendición de cuentas. De manera que los ciudadanos puedan incidir en
el proceso de monitoreo y evaluación de políticas públicas e impulsar proyectos
de concientización y acción con respecto a la Covid-19, en especial, para el
manejo seguro de los centros de salud y vacunación.
3. Promover, dentro de las localidades, las estrategias de prevención de contagio de
Covid-19, que ha establecido la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la
Comunidad Internacional, dándole un enfoque diferenciado de las necesidades de cada
contexto, para todas las edades a través de la utilización de herramientas de
telecomunicaciones y digitales, para que permitan facilitar la difusión de la información
con respecto al uso de los protocolos de bioseguridad en cualquier territorio.
4. Incentivar la creación individual y nacional de un observatorio de cifras específicas, así
como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por la
violaciones de derechos humanos en cualquier territorio, clase social, etnia o minoría y
reiterar en la ciudadanía el compromiso por combatir todas las formas de estigma y
discriminación, incluyendo las basadas en origen étnico, contacto social, profesión
(trabajadores de la salud) y aquellas dirigidas a grupos marginados que les impiden
acceder a la atención, dentro de la coyuntura de la pandemia de la Covid-19.
5. Formar el Plan de Cooperación Post-Pandemia que funcionará con las estrategias
descritas anteriormente:
5.1. Instar a la consolidación del proyecto, dado el contexto internacional el cual
abarca los cuatro pilares desarrollados, de forma que la ciudadanía se vea como
beneficiario.
5.2. Incentivar a la mejora de los compromisos estatales con las comunidades
vulneradas para asegurar la consecución de resultados mayormente fructíferos.
5.3. Reconocer a los agentes para la especificación de las funciones y el buen manejo
de la propuesta.
5.4. La función principal de los actores benefactores es brindar apoyo económico.
De manera que sus inversiones estarían destinadas al mejoramiento de los
proyectos y consideraciones que sean implementados.
5.5. Incentivar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que participe
como un agente determinante que ayudaría en el financiamiento de este
proyecto, teniendo en cuenta que los firmantes se deben ceñir a los lineamientos
de los préstamos internacionales para que el proyecto pueda ser en su totalidad
financiado. Estos son:
5.5.1. Fijación de los componentes y subcomponentes del proyecto que estén
sujetos a la financiación del BID.
5.5.2. Creación de un plan plurianual de ejecución presupuestal.
5.5.3. Definición de indicadores y líneas base que sirvan para la mediación de
la implementación y el impacto de los proyectos contemplados en el
Plan de Cooperación Post Pandemia.
5.5.4. El análisis de riesgos financieros y externos.
5.5.5. Definición de un plan de monitoreo y evaluación sobre la ejecución
presupuestal.
5.5.6. Definición de las condiciones y plazos de pago del crédito.
PROMOCIÓN DE LA DEFENSA, CUMPLIMIENTO Y RESPETO DEL INTERNET
DURANTE LA PANDEMIA COMO DERECHO HUMANO
Países firmantes: República Oriental del Uruguay, República de Guatemala, San Vicente y Las
Granadinas y Granada.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
HABIENDO VISTO:
Artículo 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
expone que “Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de
acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre
las siguientes bases:
a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se
ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella.
Cuando la imparta el Estado, será gratuita;
b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte
posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de
manera que, sin perjuicio de la formación general de los educandos, satisfaga
las necesidades del desarrollo de cada país
c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto
nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes";
CONSIDERANDO:
La carencia de recursos económicos y tecnológicos que poseen algunos Estados
Miembros y que, además, se han visto agravados a causa de la pandemia tales como el acceso
al internet, el acceso a dispositivos electrónicos y el acceso a los medios de expresión en línea;
La necesidad de las personas para expresar libremente sus opiniones, particularmente
en la era digital, y el esfuerzo que deben hacer los gobiernos para defender y velar por el
derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la persona, debido a que en el internet se
acostumbra a expresar diferentes ideas y opiniones acerca de diversos temas;
TENIENDO EN CUENTA:
La Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
A/HRC/38/L.10 que tiene de nombre: “Promoción, Protección y disfrute de los derechos
humanos en el Internet”, la cual establece que el Internet debe de ser un derecho básico,
teniendo en cuenta que este se considera un herramienta que colabora con la sociedad en
distintos ámbitos de la misma, ya sea tanto social, económico o educativo;
Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos estipula que “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”;
Artículo 23 (1) de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual declara que “Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”;
ADVIRTIENDO CON SATISFACCIÓN:
La notable mejora en cuanto al acceso a internet de un grupo de Estados Miembros de
acuerdo al informe de Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016, que dice
que “El 54,4% de los habitantes de América Latina y el Caribe usó Internet en 2015, 20 puntos
porcentuales más que en 2010, lo que da cuenta de los importantes avances en el acceso y la
asequibilidad al servicio registrados en la región en el último quinquenio”,
RESUELVE:
1. Felicitar a los Estados Miembros por su compromiso a la hora de cumplir y defender
los derechos humanos como la libertad de expresión, el acceso al internet, la educación
y al trabajo.
2. Invitar a los Estados Miembros a fomentar la creación de áreas comunes, en las cuales
se les proporcionarán espacios en los que pueden trabajar con acceso a internet durante
jornadas laborales, manteniendo las medidas de bioseguridad y, de esta forma, impulsar
y facilitar el trabajo a ciudadanos que no sean capaces de trabajar en sus hogares,
promoviendo el cuidado y protegiendo su integridad.
3. Recomendar la creación de un foro diez meses después de la aprobación de la resolución
donde se establezca el planteamiento de objetivos con el fin de consolidar una meta a
la que se quiera llegar con respecto al mejoramiento del acceso a internet y protección
a la libertad de expresión.
3.1. Estos objetivos deberán ser generalmente sociales y deberán ser discutidos junto
al resto de Estados Miembros con el fin de escuchar las diversas ideas y
opiniones.
4. Proponer que el Estado, las veedurías ciudadanas y las instituciones de la OEA regulen
las empresas que prestan el servicio de internet con el fin de que estas se comprometan
a garantizar el respeto de los derechos humanos, una mejor calidad y llegue a todas las
partes del hemisferio.
5. Solicitar a los gobiernos la creación de oportunidades de empleo para aquellos
afectados por la COVID-19, a través de estudios en las empresas públicas y determinar
en cuáles de estas se solicita y hay una necesidad de personal, con el fin de generar
oportunidades de trabajo para aquellos que no están gozando plenamente de sus
derechos.
6. Instar a los Estados Miembros a que creen mecanismos que motiven a los diferentes
gobiernos a defender y proteger los derechos humanos.
7. Exhortar a los Estados Miembros a proveer el acceso al internet a todos sus ciudadanos
con el fin de que estos puedan desarrollar sus actividades y no se vulneren sus derechos.
Tema 2: Iniciativas para fomentar la rendición de cuentas y transparencia para reforzar
la Convención Interamericana contra la Corrupción.
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL MEDIANTE LA VIGILANCIA E INFORMACIÓN
CIUDADANA
Países Firmantes: República Federal del Brasil, República de Colombia, República de
Argentina, Canadá, República de Chile, República del Perú.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
TENIENDO EN CUENTA:
Artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece
“Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la
eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio”;
Artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el cual se
menciona la importancia de los “mecanismos para estimular la participación de la sociedad
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la
corrupción¨;
CONSIDERANDO:
El llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los
Estados de la región, para que se tomen medidas e iniciativas para contener la corrupción,
teniendo en cuenta que cada país tiene un organismo o agentes, que garantiza el más amplio
acceso a la justicia y a sus recursos, velando por proteger y promover los derechos humanos,
específicamente con las comunidades más vulnerables de manera transparente;
Que es imprescindible que como Estados americanos, estén unidos para luchar contra
el flagelo de la inconstitucionalidad y para hacer prevalecer la democracia y la transparencia
en la administración de los recursos públicos;
La importancia de la educación para fortalecer el desarrollo cognitivo en las vulnerables
comunidades más; para difundir el conocimiento en los mecanismos de participación
ciudadana, con el fin de potenciar el liderazgo y participación transparente en futuras
generaciones;
Que se debe trabajar por estructurar soluciones efectivas, pertinentes y dinámicas que
puedan resolver el problema de fondo, es decir, promover el respeto de las libertades
fundamentales, erradicar la corrupción que carcome los recursos públicos y fortalecer las
instituciones policiales para restablecer la fiabilidad de estas mismas,
RESUELVE:
1. Implementar campañas de educación ciudadana, lideradas por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), en los Estados Miembros. Las campañas incluirán charlas
y talleres, algunos especializados a las población desfavorecidas de cada nación, ya que
son las más afectadas por esta problemática. Las campañas educativas tendrán los
siguientes objetivos:
1.1. Combatir la desinformación relacionada a la corrupción.
1.2. Instruir a las personas sobre el impacto de la corrupción y la fomentación de
esta.
1.3. Informar sobre los mecanismos anticorrupción y de cómo utilizar dichos
mecanismo.
2. Establecer un Consejo de Juventudes para la participación política de los jóvenes, donde
se les introduzca a la vida democrática de sus naciones, explicándoles las afectaciones
y repercusiones ocasionadas por la incorrecta administración estatal, manifestándoles
el trasfondo de la corrupción:
2.1. La capacitación y educación de los jóvenes respecto al tema y certificación
mediante cursos gratuitos en donde los jóvenes puedan participar de
conferencias, charlas, talleres y capacitarse de la forma correcta. Además,
explicarles e indicarlos qué está pasando en el contexto y cuáles son
consecuencias de la corrupción; haciendo que, luego de un largo proceso y
capacitación, puedan salir certificados de estos cursos para destacar que ellos
han obtenido unos conocimientos sobre este tema y que son capaces de
participar como representantes y gestionadores de proyectos. De igual manera,
brindándoles un mejor desarrollo a una región.
2.2. Participación y opinión de los jóvenes acerca de las propuestas y proyectos
previamente planteados, ayudando a tener una mejor visualización, ejecución y
utilidad a nuestro pueblo debido a que los jóvenes tienen una forma distinta de
ver los proyectos, contribuyendo de tal forma en donde le den un mejor enfoque
o mayores punto a desarrollar, encaminando a los jóvenes a ser partícipes de los
proyectos y gestiones.
2.3. La participación de los jóvenes mediante sus propios proyectos, de los cuales
mediante el voto podrán ser elegidos. Ellos podrán desarrollarse en espacios
como la ciencia, ya sean planetarios, observatorios o, inclusive, dictan charlas,
talleres y conferencias con respecto a estas áreas de la ciencia como la
astronomía. A su vez, no solo se irá mejorando una región, sino que también
fomentando la creatividad, innovación y actitudes de liderazgos para los niños
y jóvenes de Las Américas.
3. Impulsar la investigación de actos de corrupción que afectan a la ciudadanía, de manera
que no queden impunes a través del apoyo de agentes observadores. Por ejemplo,
representantes especializados ante la OEA. Con el fin de asegurar una investigación
adecuada en cada caso donde presuntamente se violenten las libertades fundamentales
de los ciudadanos.
4. Fomentar el uso de medios de comunicación independientes que no estén vinculados a
ningún oficial gubernamental, es decir, que las perspectivas políticas que se brinden a
los votantes sean neutrales y no se busque influenciar o brindar información
tergiversada que modifique sus ideologías, sino brindándoles una visión amplia del
panorama nacional e internacional.
5. Sugerir la regulación de las entidades democráticas para la prevención y combate de la
corrupción en el hemisferio, buscando las garantías necesarias de las autoridades
competentes para el buen desempeño de sus funciones de prevenir, detectar, sancionar
y erradicar la malversación de recursos. Esto a través del siguiente mecanismo:
5.1. Un voluntariado de ciudadanos para velar por la protección de la democracia en
relación a la vigilancia de la gestión pública respecto a la administración dada
por las autoridades. Estos ciudadanos requieren de estudios bases relacionados
a la economía o política para poder llevar a cabo la actividad de manera correcta.
6. Concientizar a la población sobre la importancia de incluir mecanismos de participación
ciudadana para garantizar los derechos humanos y para llegar al seguimiento de una
política transparente:
6.1. Garantizando el buen funcionamiento de los mecanismos e intervenciones
poblacionales para tomar en cuenta la política transparente.
6.2. Implementación de jornadas educativas con procedimientos de buena elección
a cargos de mandatos para la participación popular en la población.
PROPUESTAS PARA LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACTOS
DELICTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO DE LAS NACIONES PARTICIPANTES
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Países firmantes: República Cooperativa de Guyana, República de Haití, República
Dominicana, Jamaica, Belice, República de Trinidad y Tobago.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
HABIENDO VISTO:
Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que: “Los pueblos
de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y
defenderla”;
CONSIDERANDO:
La carta Nº 4534 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
que establece que “Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre”;
Que para la UNESCO es un recurso clave para los actores de la educación que buscan
enfrentar la corrupción de frente y eliminarla como una barrera para el logro de una educación
de calidad equitativa e inclusiva para todos;
Que la corrupción es una de las problemáticas más comunes en América Latina y las
Islas del Caribe, y por ello es necesario encontrar soluciones que puedan contribuir a la
disminución de la delincuencia fiscal en cada una de las naciones que hacen parte de la OEA;
REAFIRMANDO:
Que la labor principal de la MESICIC es promover, facilitar y regular la cooperación
entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas,
analizando sus marcos jurídicos e instituciones de acuerdo a las disposiciones de la convención
interamericana contra la corrupción;
Que el MESICIC es imparcial y objetivo en su operación y conclusiones, no sanciona,
ni califica o clasifica a los Estados, sino que fortalece la cooperación entre estos. El MESICIC
busca establecer un adecuado equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia en sus
actividades. Si bien es de carácter intergubernamental, puede recibir contribuciones de
organizaciones de la sociedad civil;
La importancia de la participación en la Convención Interamericana Contra la
Corrupción para el buen desarrollo de los países debido a que la corrupción es una
problemática vigente y desafortunada en los países de América, que resulta en un atentado
contra la institución pública y ciudadanos de cada nación,
RESUELVE:
1. Convocar a las naciones participantes en el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) a
seguir a un Estado modelo, el cual establezca estrategias claras y efectivas para
combatir y erradicar la corrupción:
1.1. El sistema ejecutado en Dinamarca, puede ser un referente de estrategias
implementadas en el código penal, como la prohibición de los actos de
corrupción activos o pasivos, el comercio de influencias, la malversación de
fondos, el fraude y el lavado de dinero.
1.2. Emplear medidas para la prevención de la corrupción en los marcos jurídicos,
creando de esta forma estándares internacionales más sólidos a través de la
participación en el representativo.
2. Incentivar una mayor coordinación entre el Departamento de las Fuerzas Policiales
especializadas en corrupción y la Fiscalía de cada delegación (o la entidad o institución
encargada de la investigación de funcionarios públicos), brindándole facilidad a los
procesos jurídicos e investigativos pertinentes para el encarcelamiento de las personas
que cometen este delito.
3. Recomienda la creación de leyes que inhabiliten la posesión de funcionarios públicos
que han cometido actos de corrupción anteriormente, al igual que leyes que prevengan
el nepotismo y la creación de leyes que inciten la devolución del capital hurtado a las
arcas del Estado.
4. Sugerir ajustes fiscales con el fin de brindar mayor poder adquisitivo al pueblo y una
menor circulación de capital en los políticos. Evitando una gran cantidad de bienes en
funcionarios públicos que traerán una menor probabilidad de corrupción.
5. Promover capacitaciones y charlas informativas a los funcionarios miembros de las
Fuerzas Policiales y Fiscalía (o la entidad o institución encargada de la investigación
de funcionarios públicos) de cada delegación impartidas por La Convención
Interamericana contra la Corrupción. Esto servirá para la comprensión de una mejor
manera el modus operandi de los casos de corrupción más universales en cada Estado.
6. Declarar el origen de la corrupción como producto de la educación, reconociendo que
toda problemática social empieza por un mal proceso educativo:
6.1. Incitar a las delegaciones pertenecientes a la Convención, la inversión en el área
educativa, focalizándose en valores como la honestidad, el civismo y el
patriotismo para intentar erradicar la corrupción a largo plazo.
7. Considerar la democracia como instrumento clave de erradicación de la corrupción por
la importancia del pueblo al escoger de una forma transparente y responsable a sus
líderes.
Tema 3: Estrategias para fomentar la implementación de posibles reformas
institucionales a los cuerpos de la fuerza pública de los países del hemisferio, hacia el
fortalecimiento de la confianza con la ciudadanía en el contexto de la pandemia.
MEDIDAS PARA RESTABLECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA DEL
HEMISFERIO
Países firmantes: República del Ecuador, República de Honduras, República de El Salvador,
República de Nicaragua, República de Surinam, República Bolivariana de Venezuela.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
HABIENDO VISTO:
Artículo 16 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
afirma que “La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce
igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros”;
CONSIDERANDO:
La importancia del rol que cumplen las instituciones de la fuerza pública para mantener
el orden y la paz dentro de un país, así también como la ciudadanía cumple un rol importante
en la democracia de una nación;
Los constantes abusos por parte de algunas instituciones de la fuerza pública, las cuales
generan en la ciudadanía desconfianza y vulnera los derechos humanos como el derecho a la
libertad, seguridad e integridad personal;
TENIENDO EN CUENTA:
Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza: “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por la desconfianza existente entre la ciudadanía en relación a las instituciones de la
fuerza pública de los países del hemisferio y las conjeturas, flagelos y litigios que surgen a raíz
de dicha desconfianza;
RECORDANDO:
AG/RES. 2957 (L-O/20) “Programa-presupuesto de la Organización para 2021” sobre
el aval económico de la OEA para el correcto funcionamiento de la organización en el presente
calendario,
RESUELVE:
1. Reconocer el esfuerzo de los Estados Miembros por desarrollar políticas internas para
generar mayor confianza de los ciudadanos sobre su fuerza pública.
2. Promover la creación de métodos que aseguren el correcto funcionamiento de las
instituciones de la fuerza pública del hemisferio para sentar bases que generen
confianza entre las mismas y la ciudadanía:
2.1. Se velará por el cumplimiento de esta cláusula mediante el Departamento de
Seguridad Pública (DPS) de la OEA.
3. Instar a las distintas delegaciones a velar por la realización de rigurosas investigaciones
y, en su debido caso, condenar a los ciudadanos miembros de la fuerza policial que se
extralimitan con su poder supeditado a los ciudadanos.
4. Fomentar la resolución de conflictos de baja intensidad de manera pacífica en todos los
ámbitos en los que las instituciones de la fuerza pública de los Estados Miembros se
vean inmiscuidos en busca de fortalecer la comunicación con la población y ciudadanía.
5. Establecer un foro político y económico internacional, cuyo objetivo principal será
disminuir los niveles de corrupción en las áreas de la seguridad pública en las distintas
delegaciones de los Estados Miembros:
5.1. Este foro buscará realizar un tratado bajo términos y condiciones que serán
debatidos entre todos los Estados Miembros para conseguir una construcción y
visión integral de los objetivos y las maneras de financiación.
5.2. Este foro se llevará a cabo en el segundo semestre de 2022.
6. Crear el Objetivo de Seguridad Pública 2040. La finalidad existente detrás de este
objetivo es proponer un llamado a todos los Estados Miembros de la OEA en aras de
establecer un espacio de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad
pública del hemisferio.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA FUERZA PÚBLICA
MEDIANTE LA ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS
ESTRUCTURALES CON UN ENFOQUE QUE PROMUEVA LA RESPUESTA
ASERTIVA EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS A LOS QUE SE PUEDA VER
ENFRENTADA
Países firmantes: Antigua y Barbuda, Barbados, Federación de San Cristóbal y Nieves,
Mancomunidad de Dominica, Mancomunidad de Bahamas.
EL COMITÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
HABIENDO VISTO:
Artículo 3(j) de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), que
establece cómo los Estados miembros reafirman el principio de “La justicia y la seguridad
social son bases de una paz duradera”;
Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana que establece que “Son elementos
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho”;
Artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual “Los Estados Miembros
reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”;
CONSIDERANDO:
Que la CIDH ha exhortado en diferentes ocasiones a los Estados a investigar y
esclarecer los hechos de violencia y abuso de poder de parte de la policía y otras autoridades
durante las manifestaciones o protestas; así como a juzgar y sancionar a los responsables.
Asimismo, ha llamado a las autoridades a ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, recordando su deber de garantizar
el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación;
TENIENDO EN CUENTA:
El documento de marco sectorial de seguridad ciudadana y justicia hecha por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) donde se menciona el el punto 2.58 que: “La calidad y
acceso a los servicios de seguridad ciudadana y justicia depende de la efectiva asignación de
recursos humanos y financieros”;
El punto 2.54 del documento de Marco Sectorial De Seguridad Ciudadana Y Justicia,
redactado por el BID donde se menciona que: “una buena gobernanza del sector requiere: (i)
contar con un ente rector fuerte y una estructura institucional especializada; (ii) basar la gestión
en información de calidad y evidencia oportuna; (iii) definir, implementar y evaluar la
estrategia de intervención; y (iv) contar con mecanismos efectivos de coordinación horizontal
entre ministerios sectoriales relevantes y coordinación vertical entre niveles de gobierno”;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS
A pesar de los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para promover la
seguridad pública y la protección de los derechos de manifestantes. En 2019, la organización
no gubernamental Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales la policía,
y, a veces las fuerzas armadas, reprimieron manifestaciones empleando la fuerza de manera
excesiva y negligente en diversos países del hemisferio. Algunos manifestantes murieron y
cientos fueron heridos. También se presentaron casos en los que manifestantes cometieron
actos de violencia;
RESALTANDO:
La creación del Departamento de Seguridad Pública en 2005, con el propósito de apoyar
los esfuerzos de los Estados Miembros en la evaluación, prevención, diagnóstico, abordaje y
respuesta a las amenazas (tradicionales, nuevas y emergentes) que enfrenta la seguridad pública
en los países de las Américas;
RECORDANDO:
AG/RES. 2945 (XLIX-O/19) “Avanzar La Seguridad Hemisférica: Un Enfoque
Multidimensional”, celebrada el 28 de Junio de 2019, la cual resuelve “Solicitar a la Secretaría
de Seguridad Multidimensional, mediante el departamento de seguridad pública, que
proporcione más apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten, en la modernización de
sus marcos legislativos correspondientes a los sistemas de seguridad, con la redacción o
revisión técnica de leyes, decretos y reglamentos con el fin de adecuarlos a los estándares
internacionales y las mejores prácticas en materia de seguridad pública”,
RESUELVE:
1. Impulsar campañas de concientización y charlas entre las comunidades, en las cuales la
ciudadanía aprenda y reconozca sus derechos, libertades y cómo actuar frente a una
extralimitación de la fuerza pública:
1.1. Determinar por medio de qué estrategias se llevarán a cabo dichas campañas
(televisivas, audiovisuales, conferencias, seminarios de resolución de
conflictos).
1.2. Priorizar dentro de la concientización la información precisa con respecto a los
protocolos de bioseguridad, manteniendo la seguridad personal y la de las
demás personas sin limitar los derechos civiles.
2. Promover la concientización efectiva y pensamiento crítico en la formación de la fuerza
pública, específicamente el manejo de los derechos, libertades de la sociedad civil y el
comportamiento adecuado y diferenciado que se adapte a cada área, territorio y
contexto que se les pueda presentar. De manera que estos puedan obtener todas las
herramientas académicas, psicológicas y prácticas para salvaguardar a la ciudadanía y
saber actuar frente a un caso de exceso de fuerza, a través de:
2.1. Incentivar a los Estados Miembros el solicitar asesoría de la Red Interamericana
de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPOL), para capacitar a los
cuerpos policiales en protección y priorización en DDHH.
2.2. Reforzar los ideales propuestos por el Departamento de Seguridad Pública de la
OEA el cual busca apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en la
evaluación, prevención, diagnóstico, abordaje y respuesta a las amenazas
(tradicionales, nuevas y emergentes) que enfrenta la seguridad pública en los
países de las Américas. Esto en pro de una formación profesional adecuada para
el abordaje de las problemáticas que se puedan presentar o ya estén presentes
en los Estados.
3. Invitar a los diferentes Estados Miembros a reforzar la intervención y manejo de las
diferentes instituciones las cuales juzgan o mantienen en orden a la fuerza pública. De
forma que se evite el fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder
encomendado, buscando la correcta aplicación de la ley fomentando de esta forma la
transparencia de las instituciones y una mayor confianza de la ciudadanía a estas.
4. Exhortar a la Comunidad Internacional a continuar promoviendo la realización de
investigaciones internas de los abusos de la fuerza pública y que estos puedan ser
observados por cualquier persona dentro de la ciudadanía, lo anterior con el objetivo de
concretar los errores y esclarecer hechos que podrían seguir impunes y a su vez
mantener a la población informada:
4.1. Recomendar a las naciones del hemisferio la creación de un grupo especial para
la investigación de los excesos de confianza por parte de la fuerza pública:
4.1.1. Las personas pertenecientes a este grupo especializado serán
seleccionadas por el Departamento de Seguridad Pública. De esta forma
se asegurará que estos funcionarios tengan las capacidades suficientes
para llevar a cabo sus funciones.
5. Estudiar las condiciones laborales que intervienen en el mal desempeño de la fuerza
pública y a raíz de los resultados:
5.1. Fomentar un trabajo constante de los Estados Miembros en busca de la
erradicación progresiva de prácticas que incentivan el deficiente manejo de las
situaciones y de los implementos de trabajo.
5.2. Encomendar que el ministerio de defensa o institución encargada de cada país
evalúe las condiciones de trabajo a nivel de salario, horas laborales, peligro al
que se exponen, abuso de poder por parte de superiores o gente al mando, falta
de oportunidades para ascender, entre otros.
5.3. Reforzar los medios que la fuerza pública puede utilizar para hacer denuncias
de inconformidades.
5.4. Sugerir la realización de un estudio del presupuesto gubernamental para ayudar
a condicionar un digno espacio de trabajo en donde se contemple constante
acompañamiento psicológico a los miembros de la fuerza pública.
5.5. Pedir que se les reconozcan días específicos para tratar su salud mental y hablar
con profesionales del campo. Iniciar por darle mayor atención a quienes han
presenciado experiencias traumáticas.
6. Incentivar la continuación del apoyo financiero y estratégico para la profesionalización
y fortalecimiento de capacidad de respuesta de las fuerzas públicas de los Estados
Miembros de:
6.1. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Sector de Seguridad
Ciudadana.
6.2. Países Observadores.
6.3. La academia y los centros de pensamientos.
Tema 1: Políticas para garantizarle a la población de todos los niveles el acceso a una
educación digital de calidad y equitativa en todos los países del hemisferio.
ESTRATEGIAS HEMISFÉRICAS ENTORNO A LA INTERCONEXIÓN EN PRO DE
LA EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS
Países firmantes: República de Argentina, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia,
República de Chile, Canadá y República del Salvador.
COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 30 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde se
enmarca lo siguiente: “Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y
cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la
justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo
integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los
campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben
obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo”;
CONSIDERANDO:
La verdadera esencia de los principios, propósitos y valores de la Comisión
Interamericana de Educación, la cual ejerce funciones con el apoyo de la Secretaría General de
la OEA, a través del departamento de educación, para promover el diálogo interamericano con
la finalidad de identificar, implementar y promover iniciativas multilaterales para el
intercambio de conocimientos y estrategias para el desarrollo y el fortalecimiento de los
Estados Miembros;
Que a pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros para hacer frente a la
problemática de la falta de educación, el nuevo reto que representa para los Estados minimizar
la brecha social de manera virtual para que todas las personas puedan acceder a la educación
virtual;
La importancia de la educación para alcanzar el verdadero desarrollo de los Estados
Miembros, en el contexto virtual, alcanzando un verdadero desarrollo sostenible;
TENIENDO EN CUENTA:
La resolución A/RES/71/8 aprobada por la Asamblea General el 16 de noviembre de
2016, Educación para la democracia, donde la ONU resalta la importancia de la educación en
la determinación de la democracia de la comunidad internacional,
RESUELVE:
1. Apoyar la elaboración de un programa de apoyo y orientación a las transiciones
educativas, el desarrollo de contenidos específicos de Educación en la salud y
programas de seguimiento educativo para niños:
1. Se invita a los Estados Miembros a la creación de programas para la destinación
de recursos a un fondo económico único para la creación de campañas
educativas virtuales para continuar el apoyo en las transiciones educativas.
2. Autorizar la creación de la aplicación “EDUCA A DISTANCIA”, la cual ayudará a
conectar a profesores con estudiantes de escasos recursos con el objetivo de garantizar
su derecho a la educación. Lo anterior, mediante la contratación a nivel hemisférico con
las ESAL (Entidades sin ánimo de lucro) de reconocida idoneidad y la administración
pública, buscando maximizar las asociaciones desde el sector público:
1. Haciendo un correcto uso del fortalecimiento de la formación docente desde la
red interamericana de la Educación Docente de la OEA.
3. Exhortar a los Estados Miembros para la designación y creación de una entidad
regulatoria de la OEA enfocada en la vigilancia, supervisión y representación del
órgano vector en la materia con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
requisitos y estándares de cumplimiento del plan “EDUCA A DISTANCIA”. Con el
motivo de que sea la OEA el órgano que determine la efectividad desde estándares
cuánticos sobre el correcto funcionamiento del programa:
1. Considerando el apoyo de la Comisión Interamericana de Educación, la cual
está integrada por los representantes de los Ministros y Ministras de los Estados
Miembros.
4. Encomendar a los países, en cuanto a lo que respecta al programa “EDUCA A
DISTANCIA”, para que periódicamente realicen una rendición de cuentas sobre los
activos y pasivos que se inviertan y se gasten con la finalidad de preservar la
transparencia y verdadera causa de la creación del programa.
5. Invitar a todos los Estados Miembros de la OEA a asistir a congresos nacionales que se
realizarán de la mano de la OEA a través de todo el continente para la explicación del
plan educativo “EDUCA A DISTANCIA” donde serán partícipes e invitados los
embajadores nacionales, empresas con interés en la causa y profesores que se quieran
sumar al programa para poder darle un campo de aplicación mayor al mismo.
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DIGITAL DE
CALIDAD A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS,
ORGANIZACIONES Y EL SECTOR PRIVADO
Países firmantes: Granada, República de Trinidad y Tobago, Mancomunidad de Dominica,
Estado Asociado de Antigua y Barbuda y la República de Surinam.
EL COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 16 de la Carta Democrática Interamericana, el cual establece que “La
educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del
potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los
pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de
todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas
que pertenecen a las minorías”;
CONSIDERANDO:
La Revista Electrónica de Tecnología Educativa, en su especial Políticas digitales en
educación en tiempos de Pandemia: desigualdades y oportunidades para América Latina, que
establece que “En América Latina menos del 30% de los hogares vulnerables tienen acceso a
una computadora para las tareas de la escuela. En promedio el 64% de los estudiantes
pertenecen a hogares que tienen acceso a una computadora para las tareas de la escuela”;
TENIENDO EN CUENTA:
El informe COVID-19 CEPAL-UNESCO “La educación en tiempos de la pandemia
de COVID-19”. Establece que hasta la fecha de la revisión, la población estudiantil afectada
por las medidas implementadas a raíz de la pandemia en 32 países de América Latina y el
Caribe “llegó a superar los 165 millones de estudiantes de acuerdo con la información oficial
de la UNESCO”;
REAFIRMANDO:
El Segundo Encuentro Virtual Educa Caribe para explorar cómo aprovechar el poder
de las Tecnologías de la Información y de la Telecomunicación (TIC) para hacer frente a los
retos en materia de educación;
Artículo 28(2) de la Convención de los Derechos del Niño, el cual expone que “Los
Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina
escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención”;
RECONOCIENDO:
El alto porcentaje de estudiantes que como resultado de la crisis sanitaria de la COVID-
19 y las consecuencias económicas que esta trajo consigo, no han podido tener acceso a una
educación virtual de calidad,
RESUELVE:
1. Felicitar a los Estados Miembros que han participado activamente en la implementación
de estrategias para la mejora de la educación virtual.
2. Alentar a los gobiernos de Las Américas a proveer de las herramientas tecnológicas
necesarias para que estudiantes de educación básica y media de sectores vulnerables
con el objetivo de garantizarles un mayor acceso a la virtualidad, la cual se ha vuelto el
principal medio para recibir una educación durante la pandemia causada por la COVID-
19:
1. La financiación de este proyecto provendrá de recursos asignados por el
ministerio de educación de cada país, la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones de la OEA (CITEL) y acuerdos con el sector privado de
herramientas TIC.
2. La entrega de estos equipos se realizará equitativamente entre la población
vulnerable según la jurisdicción y necesidades de cada país.
3. Promover la creación de centros de estudio conformados por funcionarios públicos,
universidades, docentes y directivos escolares que faciliten la construcción de
estrategias y plataformas educativas que no estén atadas a la disponibilidad del internet
para diseñar planes educativos que alcancen a toda la población, disminuyendo la
desigualdad en la brecha tecnológica:
1. La República de Trinidad y Tobago estará dispuesta a compartir su experiencia
y ayudar a los Estados Miembros que lo soliciten en la creación de este tipo de
páginas web.
4. Incentivar a los Estados Miembros a participar en eventos como Virtual Educa Caribe
para compartir experiencias de aciertos y obstáculos en el fortalecimiento de una
educación digital con el fin de replicar buenas prácticas dentro del contexto de la
pandemia.
5. Alentar a los Estados Miembros a que brinden información sobre las capacitaciones a
docentes realizadas por la Red Interamericana de Educación (RIED) y promover su
activa participación con el fin de continuamente mejorar los estándares de calidad en el
desempeño educativo, así como se ha observado en los países que previamente han
realizado capacitaciones a los maestros.
6. Pedir a las organizaciones y Estados que han participado en la financiación del
fortalecimiento de la educación digital, continúen con la contribución de esta causa que
permite el desarrollo humano y el progreso de los ciudadanos del hemisferio.
Tema 2: Estrategias para promover la competitividad y la innovación en las pequeñas
empresas para impulsar el crecimiento económico de las Américas en el contexto de la
pandemia del COVID-19.
ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL RESURGIMIENTO ECONOMICO DE LAS
AMERICAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN DIGITAL DE LAS
EMPRESAS PYMES EN EL CONTEXTO POSTCOVID-19
Países firmantes: República de Colombia, República Oriental del Uruguay, República de
Paraguay, República de Costa Rica y República de Panamá.
EL COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
El Artículo 2(F) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
establece, como uno de sus objetivos principales, el “promover, por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”;
El Artículo 37 de la Carta de la OEA, el cual afirma que, Los Estados Miembros
convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o graves que pudieren
presentarse cuando el desarrollo o estabilizantes económicos, de cualquier Estado miembro, se
vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de
dicho Estado;
CONSIDERANDO:
Los efectos sin precedentes de la pandemia de causada por la COVID-19 con cifras
abrumadoras de desempleo a niveles históricos: cientos de miles de empresas en quiebra, un
aumento de la brecha social y en general una recesión mundial;
La economía a nivel mundial se ha visto afectada por la COVID-19, debido a que
muchas actividades económicas han sido suspendidas, disminuyendo los ingresos, reduciendo
las jornadas laborales y aumentado la tasa de desempleo, que exigen un examen de la
gobernanza económica mundial que potencien la participación de los países en desarrollo en
los procesos internacionales de adopción de decisiones y establecimiento de normas en el
ámbito económico;
RECONOCIENDO:
La resolución 55/186, de 20 de diciembre de 2000, titulada “Hacia una arquitectura
financiera internacional fortalecida y estable que responda a las prioridades del crecimiento y
el desarrollo, especialmente en los países en desarrollo, y a la promoción de la equidad
económica y social”,
RESUELVE:
1. Congratular a las demás delegaciones por el arduo trabajo realizado por los Estados
Miembros en la recuperación tanto social como económica, los cuales se han visto
afectados por una recesión durante la pandemia.
2. Felicitar al gobierno de Chile debido a su colaboración y esfuerzo constante con la
Fundación CORFO, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en proyecto piloto, el cual tuvo como
objetivo fomentar la adopción de herramientas digitales y tecnológicas por parte de las
pequeñas y medianas empresas (pyme).
3. Incentivar a los Estados Miembros a que promuevan la adopción de tecnologías
digitales en empresas pymes, adaptando el modelo piloto que utilizó Chile en su trabajo
conjunto de la fundación CORFO con el BID y demás aliados estratégicos, con el
objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a implementar las tecnologías
digitales a través de capacitaciones, pero adaptando este proyecto al contexto de la
COVID-19.
4. Aprovechar las oportunidades en el uso del internet como ayuda para las microempresas
y empresas medianas, en las cuales se implementará el uso de las redes sociales para
mejorar el rendimiento de la empresa al atraer a un nuevo público. Esto también
proporcionará mejor calidad en los productos, además de que se mejoraría la
comunicación con el cliente por el uso de estos medios:
2.1 Utilizar anuncios publicitarios en las redes sociales para el mejoramiento de
la divulgación de las empresas para una mejor comunicación con el público.
2.2 Poner en funcionamiento el uso de canales de pagos digitales: códigos QR,
billeteras virtuales, datáfonos, entre otros.
5. Crear estrategias para que haya una reactivación económica progresiva. Estas
estrategias estarán directamente relacionadas con los sistemas de salud de cada Estado
Miembro para tener un control sobre esta y las repercusiones que puedan llegar a existir con
respecto a la COVID-19 y la población, haciendo así que la reactivación económica sea
segura y eficaz.
SOLUCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN EL CARIBE
Países firmantes: San Vicente y Las Granadinas, Jamaica, Mancomunidad de Las Bahamas
y Barbados, Saint Kitts & Nevis.
EL COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 5 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
establece que “En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la
unión de varios de sus Estados Miembros y que como tal ratifique esta Carta”;
La Carta Social De Las Américas, que compromete a las delegaciones a generar
soluciones y estrategias para la protección social y para la gestión de soluciones para el empleo;
CONSIDERANDO:
La conexión económica, social y cultural de las naciones redactantes del presente papel
de trabajo y las necesidades en las mismas materias;
El compromiso de los Estados Miembros de combatir de forma urgente los graves
problemas de la pobreza sumados a la dificultad sanitaria de la pandemia, la recesión
económica y las barreras de entrada que afectan en distinta medida a las nuevas empresas
perjudicando a los países del hemisferio;
Las necesidades con las que cuentan las pequeñas y medianas empresas a lo largo del
continente americano;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por las necesidades y dificultades por las que están pasando todos los Estados
Miembros y actores dentro de la industria turística en la actualidad, siendo estas un músculo
fundamental en la economía de las naciones del Caribe,
RESUELVE:
1. Promover el fortalecimiento de las industrias de producción de uso común y doméstico
mediante la promoción de un encuentro para la creación de un convenio internacional
entre las delegaciones del grupo de países aliados redactantes de este papel con el apoyo
del resto de los Estados Miembros:
1. Se establece como nombre BBJS (Bahamas, Barbados, Jamaica, San Vicente y
las Granadinas), representado un acrónimo de las delegaciones.
2. Se procede el 21 de septiembre de 2022 en la ciudad de Kingstown, la creación
de la BBJS como convenio para promover el fortalecimiento de las industrias
de producción de uso común y doméstico para las delegaciones del grupo de
países aliados redactantes de este papel.
3. Se incluye a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) en la
creación de dicho convenio internacional.
2. Crear el Fondo Para El Turismo y Las Pequeñas Empresas del Caribe Americano que
apoye el crecimiento de empresas de la industria turística a través de la cooperación
entre los Estados Miembros y organizaciones internacionales:
1. El fondo buscará dar apoyo logístico y económico al crecimiento integral de las
empresas de la industria turística.
3. Promover la financiación de la publicidad del sector turístico mediante una secretaría
de la OEA para los Estados Miembros del Caribe:
1. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (Departamento de Desarrollo
Económico y Social y el Departamento de Desarrollo Sostenible).
2. Fomentar el uso de las tecnologías mediante la contratación de personal
especializado en relaciones públicas.
3. Desarrollo de planes educativos para el mejoramiento de estrategias de
marketing digital.
4. Iniciar campañas a largo plazo para combatir la informalidad en los países del Caribe.
1. Tomando en cuenta el trato con el Centro Caribeño de Desarrollo de la Pequeña
Empresa de la OEA (CCDPE) y soportándolo en la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral y sus tres departamentos para fomentar el trabajo legal y la
inversión extranjera con el fin de potenciar la economía y brindar mayor
movimiento en la economía interna de los países.
5. Establecer un subsidio para pequeñas y medianas empresas para la producción de
productos atractivos para el mercado internacional basados en el principio de la oferta
y la demanda por medio de la sobreproducción de estos mismos.
1. Los recursos para financiar los subsidios provendrán de aportes económicos de
donantes que estén dispuestos a beneficiarse de la entrada de capital que genere
el turismo.
6. Instruir a las micro y pequeñas empresas del sector industrial de las delegaciones aliadas
mediante la SEDI, el Departamento de Desarrollo Económico y el Banco Mundial.
1. Reiterar la colaboración entre microempresas y grandes empresas mediante
convenios de colaboración en buenas prácticas que fomenten el fortalecimiento
de las microempresas.
Tema 3: Políticas para la promoción de la migración regular y ordenada y el combate contra la xenofobia en el hemisferio
DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MIGRACIÓN
REGULAR Y LA ERRADICACIÓN DE LA XENOFOBIA EN LOS PAÍSES DEL
HEMISFERIO
Países firmantes: Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, República
Cooperativa de Guyana, República del Ecuador, República Dominicana y República
Federativa del Brasil.
COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 30 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
establece que “los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación
interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social
internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral,
condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos
económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben
obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo.”;
Artículo 3(l) de la Carta de la OEA que alega que “los Estados americanos rechaza todo
tipo de discriminación proclamando los derechos fundamentales de la persona humana sin tener
en cuenta su raza, nacionalidad, credo o sexo”;
CONSIDERANDO:
El aumento significativo de tendencias discriminatorias, ideas xenófobas y violencia
racista en el hemisferio, acompañado de una retórica agresiva que se perpetúa a través del
accionar represivo por parte de agentes estatales y no estatales, lo que genera repercusiones
directas e indirectas en el bienestar de migrantes y comunidades locales;
La importancia de la lucha por parte de las naciones americanas contra todas las formas
de incitación al odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia contra los migrantes, así como también, la relevancia de fortalecer la cooperación
internacional para promover y proteger los derechos humanos;
TENIENDO EN CUENTA:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que
se establece que todos los seres humanos deberían gozar sin importar su nacionalidad, raza,
etnia, condición social o sexo de derechos básicos (civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales);
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por la creciente migración generada debido al aumento de contagios por COVID-19 en
cada uno de los países y su repercusión inmediata en el sistema de salud de los Estados del
hemisferio,
RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros para llevar a cabo la implementación de medidas
relacionadas con el control y la seguridad ante la agudización de fenómenos
migratorios.
2. Invitar a los Estados Miembros a fortalecer a través de la cooperación los programas,
políticas de migración y medidas adoptadas que se rigen en los gobiernos de los países
del hemisferio con la finalidad de promover una migración regular y erradicar la
xenofobia, velando por los derechos de los migrantes.
3. Impulsar planes de educación para fomentar la aceptación de inmigrantes en los países
de Las Américas con el fin de combatir la cultura xenófoba.
4. Recomendar a los Estados Miembros la creación de un seminario semestral de alto
nivel, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado, en el que podría participar,
entre otros, un grupo de ministros encargados de los derechos humanos y/o
participantes con conocimientos en migración irregular en el hemisferio.
5. Invitar a los Estados Miembros a revisar trimestralmente con el apoyo de la
Organización No Gubernamental Red Contra la Intolerancia, el Racismo y la
Xenofobia, para asistir directa e inmediatamente a personas refugiadas y migrantes,
satisfaciendo de manera más efectiva las necesidades de seguridad alimentaria, salud,
nutrición, protección, educación e inclusión de la población en movilidad humana en el
hemisferio.
6. Sugerir a los Estados Miembros la creación de castigos, como multas, para mitigar todo
tipo de xenofobia creando así conciencia ciudadana, la cual disminuya la cantidad de
intolerancia, racismo y xenofobia perpetuada a los migrantes. A través de estas
sanciones económicas se busca financiar parcialmente la Organización No
Gubernamental Red Contra la Intolerancia, el Racismo y la Xenofobia, promoviendo
su asistencia a una mayor cantidad de familias y niños y proporcionándoles espacios
seguros y amigables.
ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LOS EFECTOS NEGATIVOS CAUSADOS POR
LA MIGRACIÓN IRREGULAR EN EL HEMISFERIO A TRAVÉS DE LA
COOPERACIÓN INTERAMERICANA
Países firmantes: República de Guatemala, República de Perú, República Bolivariana de
Venezuela, República de Haití, República Federal de Honduras y República de Nicaragua.
EL COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 45(a) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). la cual
establece que: Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o
condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en
condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;
CONSIDERANDO:
La importancia de los controles en las fronteras migratorias para evitar la
migración ilegal e indocumentada y actos de violencia o de perjuicio para el Estado al ingresar
o sus habitantes,
SUBRAYANDO:
La RES/04/19 sobre el “Incentivo a la regularidad migratoria de los Principios
Interamericanos Sobre Los Derechos Humanos De Todas Las Personas Migrantes, Refugiadas,
Apátridas Y Las Víctimas De La Trata De Personas” el cual establece que “Los Estados deben
incentivar la regularización de la migración evitando, en especial, la precariedad de las
condiciones de trabajo y otras consecuencias de la irregular situación migratoria.”;
La RES/04/19 sobre los “Principios Interamericanos Sobre Los Derechos Humanos De
Todas Las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas Y Las Víctimas De La Trata De
Personas” que establece que “Los Estados deben promover y asignar los recursos
presupuestarios para políticas, programas y proyectos públicos que fomenten la integración
local de los migrantes en sus comunidades y aseguren el goce efectivo de sus derechos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con la población nacional del país. Los Estados
deben establecer, en la medida de lo posible, programas de integración laboral que tengan en
cuenta tanto las poblaciones migrantes como las nacionales, que prevengan estratégicamente
la xenofobia, el temor de los nacionales de perder sus espacios y oportunidades de trabajo, y
permitan que todos los miembros de la comunidad, tanto migrantes como nacionales, progresen
profesionalmente, se perfeccionen y contribuyan al sistema económico de la comunidad. Los
Estados deben garantizar el acceso a servicios públicos, programas de bienestar social y
derechos sociales para la población migrante y quienes sean objeto de protección internacional,
cualquiera sea su situación migratoria, en igualdad de condiciones y sin discriminación”;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por los flujos migratorios interamericanos de forma irregular, masivos y repentinos que
se han convertido en un desafío para el desarrollo en el hemisferio representando un obstáculo
para el avance y crecimiento de los países receptores de migrantes y colocando en riesgo la
vida y los derechos humanos de los mismos que migran de forma ilegal buscando mejores
condiciones de vida;
RECORDANDO:
Artículo 28 de la Declaración de Mar del Plata, 2005 establece que “Se insta a
incrementar la cooperación y el diálogo interamericano con el fin de reducir y desalentar la
migración indocumentada, así como promover procesos migratorios de acuerdo con él orden
jurídico interno de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable.
Nos comprometemos a dialogar con el fin de reducir el costo y facilitar las transferencias de
remesas, e incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de
personas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y facilitar el
retorno digno, ordenado y seguro de los migrantes; e invitamos a los Estados a intercambiar
las mejores prácticas sobre el establecimiento de programas bilaterales para trabajadores
migrantes”,
RESUELVE:
1. Incentivar a los Estados Miembros a promover campañas de concientización sobre la
importancia de la igualdad de trato de los migrantes con los nacionales.
2. Sugerir a los Estados Miembros la creación de nuevas leyes y mandatos que faciliten la
documentación con el fin de garantizar al Estado un control de los migrantes. Además,
regular la permanencia de los mismos en el país para determinar el presupuesto en
gastos públicos en materia de educación, salud, etc., de los migrantes en el país receptor.
Al mismo tiempo, garantizar a los ciudadanos migrantes documentados beneficios
como el fácil acceso a la residencia, acceso igualitario a la justicia, empleo digno, entre
otros.
1. Incrementar los controles en los filtros de migración por parte de las
delegaciones firmantes como una medida de cooperación para reducir el
incremento de ciudadanos inmigrantes irregulares.
3. Promover el trabajo digno a los migrantes en los países de destino mediante trabajos
que se correlacionen con talento humano y servicio social. Mejorando situaciones
económicas para que sean más dignas e iguales para todos los públicos, principalmente
los jóvenes, y permitir créditos a recientes migrantes documentados con el fin de que
se asienten de manera segura y digna.
4. Crear campañas de concientización contra la xenofobia en instituciones educativas, con
el fin de sensibilizar a los estudiantes para eludir futuros comportamientos xenófobos
debido al desconocimiento en estos tópicos.
5. Sugerir a los Estados Miembros adoptar ciertas penalizaciones para aquellos individuos
que promuevan, manifiesten y ejecuten crímenes con base en ideales xenófobos. Estas
penalizaciones se harán con base en la gravedad de las acciones en cada país
involucrado. Estas podrán ser de carácter económico, civil o penal.
6. Exhortar a los Estados Miembros para la creación de un fondo de inversión en el que
las bases sean sustentadas por los países desarrollados a través de la cooperación; con
el fin de capacitar a las naciones acerca de la importancia de la igualdad entre habitantes
de la nación e inmigrantes y, de esta forma, poder mantener una migración segura,
evitando el alto riesgo de situaciones xenófobas o ingresos irregulares.
1. Los aportes a la creación del fondo no serán impuestos a los Estados Miembros.
Será decisión de cada Estado Miembro el aporte realizado y la conclusión del
acuerdo al que se quiere llegar para así mitigar la propagación por la ola
migratoria presentada en el hemisferio.
2. Promoviendo el apoyo de empresas privadas mediante donaciones como
empresas de streaming como Twitch, Google, Zoom, Spotify, de pagos en línea
como PayPal y de juegos en línea como Epic Games, King, Activision inc.
Topic one: Hemisphere strategies for the protection of marine life and the ocean’s
resources against the effects of climate change.
CREATION OF AN INTER-AMERICAN ORGANIZATION ON THE PROTECTION
OF MARINE LIFE AND THE OCEAN´S RESOURCES AGAINST THE EFFECTS
OF CLIMATE CHANGE
Signatory Countries: Republic of Chile, Republic of Costa Rica, Republic of Ecuador,
Republic of Panama, Republic of Peru and Mexican United States.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
CONSIDERING:
The importance of environmental safety, preservation, and the fight of protecting the,
marine life, biodiversity, and ecosystems from the consequences it has suffered from global
warming, that has caused the melting of ice bodies in the antarctic producing floodings around
the world and the increment of extinction rate, as stated by NASA on the essay of “The Effects
of Climate Change”;
The fundamental role of organizations in reducing emissions of gases that threaten
marine ecosystems and the importance of reducing energy intensity indices in relation to the
high energy consumption of delegations, to offset this 2.8 % increase in emissions from this
sector, information from the World Resources Institute (WRI)-Climate Analysis Indicators
Tool (CAIT);
EMPHASIZING:
Articles 212 2º state of the International Maritime Organization, Pollution from or
through the atmosphere that says that “States, acting especially through competent
international organizations or diplomatic conferences, shall endeavor to establish global and
regional rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and
control such pollution”;
DEEPLY CONCERNED BY:
The report made by the National Oceanic and Atmospheric Administration, the oil
pollution in the maritime areas which has provoked significant and irreversible environmental
impacts as it occurred in the Gulf of Mexico, and the death of thousands of marine species in
the Americas,
RESOLVES:
1. To create a response organization in the Americas named “Organization for the
Protection and Conservation of Marine Ecosystems in the Americas” to provide timely
and appropriate intervention in the cases of pollution caused by any harmful substances
that could affect the marine ecosystem and wildlife in the oceans:
1. Encouraging the processes for the minimization of the acidification effects of
the oceans and the banning of certain forms of fishing subsidies that contribute
to overfishing capacity through the Organization for the Protection and
Conservation of Marine Ecosystems in the Americas:
1. Expanding marine protected areas with neighboring nations to ensure
the preservation of biodiversity and protect it from activities such as
illegal fishing.
b. To clarify the procedures for all Executive Branches involved in this
organization to contribute and coordinate efforts in order to optimize the use of
economic resources.
c. To penalize and sanction corporations that do not act according to the
requirements of the International Maritime Organization Part XII, on the
Protection and Preservation of the Marine Environment:
1. Implementing the funds acquired by the financial penalties of these
corporations in order to support the establishment and development of
the Organization for the Protection and Conservation of Marine
Ecosystems in America as constituted in the present resolution.
2. To promote the constitution of an Inter-American fund with the aim of
providing financial support for future nations that could be affected by
environmental catastrophes.
2. To enforce the Smart Routes of Ships project that changes ship traffic routes in order
to protect marine wildlife during their seasonal migration period. Ships that travel
across a specific biodiverse zone, during said period, must stay within the designated
areas (known as Traffic Separation Schemes) and maintain a speed level that goes
under ten knots to ensure the wellbeing of an entire ecosystem. Therefore, they shall
not interrupt any economic activity that takes place there.
3. To create a Commission for the Conscious Use of Waste in each Member State, which
takes charge of the regulation of the use of harmful materials to marine beings, in order
to mitigate the pollution produced by waste, such as plastic in the oceans by upping the
price of the littering fines in all the territories.
4. To ensure the preservation of marine life and ecosystems on which they depend with a
severe focus on endangered marine species:
. To preserve the marine ecosystems, only the inhabitants with a valid permit from a
special commission will be able to enter the islands.
a. To provide a specific timetable for artisanal fishing will be drawn up to avoid the
depredation of the archipelago's marine species with funds from the international maritime
organisation by creating an alliance.
5. To develop strategies with precise objectives and actions for the management and
sustainable use of marine resources:
. To recommend the adequate and effective enforcement of the different objectives of
sustainable development by pertinent institutions, respecting the national sovereignty of
Member States in relation to the sustainable use of the marine ecosystems, considering the
Goal 14 of the 2030 agenda and its seven aims.
STRATEGIES TO MITIGATE CLIMATE CHANGE, PROTECT WATER
RESOURCES AND MARINE LIFE IN THE HEMISPHERE
Signatory countries: Republic of Colombia, Federative Republic of Brazil, Commonwealth
of the Bahamas and Belize.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
HAVING SEEN:
Article 95 (1) of the OAS Charter states that “the Inter-American Council for Integral
Development in order to achieve its various goals, especially in the specific area of technical
cooperation shall promote, coordinate, and assign responsibility for the execution of
development programs and projects to the subsidiary bodies and relevant organizations, on the
basis of the priorities identified by the Member States in environmental areas”;
Article 15 of the Inter Democratic Charter which points out the following “The exercise
of democracy promotes the preservation and good stewardship of the environment. It is
essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the
environment, including application of various treaties and conventions, to achieve sustainable
development for the benefit of future generations.”;
CONSIDERING:
The importance of raising awareness of our international environment current situations
in order to strongly cooperate as a continent with the aim of counteract the effects of
contamination in a long term;
The importance of taking immediate actions referring climate change, to prevent
colossal damages in the future, the vitalness of implementing mitigation actions in order to
bring a more sustainable development, and reach the goals established in the 2030 agenda;
ACKNOWLEDGING:
Article 8 (1) of the Paris Agreement, which recognizes the importance of averting and
minimizing the damage associated with the effects of climate change, including extreme
weather and slow onset events, and the role of sustainable development in reducing the risk of
loss and environmental harm;
UNFCCC 1992 Resolution FCCC/INFORMAL/84. GE.05-62220 (E) 200705 Article 3
(1), which considers that “Parties involved should protect the climate system for the benefit of
the present and future generations of humankind on the basis of equity, differentiated
responsibilities and respective capabilities”,
RESOLVES:
1. To create a marine preservation program which invites Member States to make an
annual evaluation informing the repercussions and improvements they have achieved
regarding the marine ecosystem. Member States will publish an updated analysis within
the OAS:
1. The Member States that get some positive results will know which aspects they
have enhanced and will be focused on continuing to protect the marine
ecosystem.
2. The Member States which have not demonstrated improvements, but flaws
instead, will know they must take another strategy or severe the ones they
already have. Further, they shall know in which specific aspects they have
weaknesses to work on.
3. The successful strategies will be shared with Member States which have
struggled to reach the goals.
2. To request the creation of a subcommittee within the OAS department of Sustainable
Development to have a specific organ of the OAS that oversees the results of the
independent countries evaluations:
1. The subcommittee shall be named: Marine and Ocean Resources hemispheric
committee (MORC).
2. The subcommittee should be in charge of the management and correct
application of the marine program stated in article 1.
3. The subcommittee should be proposed to the General Secretary in order to be
monitored by the Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP)
as means to be funded.
3. To urge the participation of Member States in this committee in order to cooperate
internationally and contribute on the proposal and maintenance of new policies based
on the protection, cleaning and future maintenance of the seas and underwater
ecosystems:
1. The governments will inspect their laws more severely according to fishermen,
watching overfishing is not committed, this way protecting marine life. Also,
illegal fishing will be regulated more closely.
2. Laws to protect the national environment should be adapted to the Member
States’ capabilities and financial situations.
3. The subcommittee stated in article 2 should oversee the proposal, creation and
practice of laws created specifically by each Member State's legislature.
4. To improve the infrastructure of different countries and cities of the Americas, in order
to prevent serious damage as a consequence of flooding, precipitation, and sea level
rise in areas near to a body of water.
5. To prevent the contamination of bodies of water due to polluted floods by stopping the
use of certain fertilizers near these areas, in order to protect marine life:
1. Encouraging the use of environment friendly chemicals in governmental
activities. Besides, encouraging the private sector into readjusting the materials
they use because they usually end up in the oceans.
2. Governments should ensure waste is properly disposed of in the areas assigned
to this activity, preventing the pollution in ponds, lakes, and oceans,
guaranteeing marine life and water resources.
6. To promote the public participation in the decision-making processes of the committee
and the OAS water resources protection, which should be developed and communicated
to the civil population through campaigns and enhanced through educational programs
in the different academic levels:
1. The establishment of public-private partnership to promote the programs on a
national level.
2. To promote the elaboration of periodic hemispheric congress to maintain the
international relations and the continued partnership in the matter.
Topic two: Inter American strategies to address the impact of COVID-19 in food security,
health and nutrition programs in the hemisphere.
STRATEGIES TO ERADICATE HUNGER AND NUTRITIONAL ISSUES
GENERATED BY THE COVID-19 PANDEMIC
Signatory countries: United States of America, Canada, Dominican Republic and Eastern
Republic of Uruguay.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
HAVING SEEN:
Article 18 of the Social Charter of the Americas establishes that the “Member states
commit to taking the steps needed to achieve full access to adequate, safe, and nutritious
food, including steps to foster the conditions required for everyone to be free from hunger”;
Article 33 of the Social Charter of the Americas, which presents that “Integral
development encompasses, inter alia, the economic, social, educational, cultural, scientific,
technological, labor, health, and environmental fields, through which the goals that each
country sets for accomplishing it should be achieved”;
TAKING INTO ACCOUNT:
A/RES/70/1 of the United Nations where it is presented the compromise of the countries
with “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture” and “Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages;
CONSIDERING:
The current situation of the population presented by Feeding America, millions of
children and families living in America face hunger and food insecurity every day, due to the
effects of the coronavirus pandemic, more than 42 million people may experience food
insecurity, including a potential 13 million children;
The direct need for low-income countries to receive aid and help in the sense of
sustainable and healthy food and security. Having noticed that all of the OAS Member States
should work in favor of uniting all states with the sole purpose to gain humanity;
RESOLVES:
1. To consider the creation of the Food Security Conference for the improvement in the
food situation in The Americas in this wayTo consider the creation of a Food Security
full Schedule plan of Conferences for the improvement in the food situation in The
Americas in this way:
1. Making the event with the SEDI, The Inter-American Institute for Cooperation
in Agriculture (IICA) and the Organization of American States (OAS).
2. This event will have the purpose of discussing and creating solutions for the
hunger issues and any matter related to the security of the citizens. It will
provide action plans and economical support for these.
3. The event will have a duration of one week, depending on the results of it, the
next date will be longer or shorter.
2. To create food management guides for establishments, communities or organizations
in charge of the distribution of food products in each of the countries. These guides
shall be published on the official pages of each government and distributed to
organizations registered directly in the corresponding governments:
1. Guided by the Department of Human Development, Education And
Employment for the development of the guides and the distribution of them.
3. To promote the support from the OAS in the educational sector for creating new and
better productivity activities within the agricultural industry:
1. It will be given scholarships and other resources in order to achieve the main
goal. This will be supported by the Department of Human Development,
Education and Employment.
4. To invite Member States to review cost, benefits and affordability of the healthy diets
within the food system, so in this way it promotes the consumption of healthier
products:
1. For this, understanding the food supply chain, the food environment, and the
political economy that shapes trade policies.
2. This is supported by the Department of Sustainable Development of the OAS
in alliance with the UN office for the 2030 Agenda.
5. To suggest the United Fruit Company (UFCO) to provide aid and benefit to low-
income countries who would need food, health and security by:
1. Giving an approximate amount of one million dollars yearly in food products
to help diets and nutrition in territories where the situation is quite precarious.
2. Recommending the establishment of new protocols to Member States to
further implement the successful management of food security and the general
health of the citizens of the Americas and the world.
3. Calling the states of Noruega and Spain as observers for the connection
between the UFCO and the countries that will be requiring aid of food.
STRATEGIES TO CONFRONT THE SANITARY AND FOOD SECURITY CRISES
CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC IN THE HEMISPHERE THROUGH
INTER-AMERICAN COOPERATION
Signatory countries: Republic of Suriname, Republic of Guatemala, the Co-operative
Republic of Guyana, Republic of Haiti and Republic of Honduras.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
HAVING SEEN:
Article 34 (j) of the Chart of the Organization of American States (OAS), which
declares to “Proper nutrition, especially through the acceleration of national efforts to
increase the production and availability of food”;
Article 2 (f) of the Charter of the Organization of American States (OAS), which
establishes as one of its main purposes to: “promote, by cooperative action, their economic,
social, and cultural development”;
CONSIDERING:
That the Delta variant is the most effective mutation with which the coronavirus tries
to maintain itself among us, and that it is also easy to spread, its serious symptoms and its
complicated treatment. Therefore, governments may have to take countermeasures in order to
protect their population, but this could trigger a food crisis due to the restrictions;
The recommended priority actions of the United Nations that says: “Given the nature
of the pandemic, new and adaptable models of food and nutrition distribution that minimize
physical contacts are necessary. Governments and humanitarian actors need to anticipate
where crises will unfold, who will be most affected, and what will be the most cost-effective
responses. Most importantly, they need to scale-up preparedness and prevention measures
now”,
RESOLVES:
1. To congratulate the Committee on Environmental Issues for the efforts and
accomplishments established to reduce the impact of COVID-19 in food security,
health and nutrition programs in the hemisphere.
2. To invite Member States to create a cooperation fund with the incomes of export
products that are capable of ensuring full access to nutrition programs in case of any
other health emergency that may occur in the future.
3. To strengthen relationships with partner organizations such as the Pan American
Development Organization, which has experience in creating various civil society
networks and fostering coordination between local governments and communities to
provide vital services and humanitarian assistance to vulnerable populations.
4. To further improve the healthcare systems in developing countries by implementing
the following strategies:
4.1 Creating policies that involve the participation of proposed ideas together with
allied organizations through a mutual commitment of both citizens and governments
to achieve optimal security in matters of nutrition and health security.
4.2 Inviting developed countries to create a cooperative fund. If approved, part of this
income would be used to expand the capacity of the hospital centers with new medical
equipment in order to be prepared in case of a new health emergency.
4.3 Improving the mechanisms of medical assistance through virtual devices as a
manner to provide access to the health system.
Topic three: Inter-American Approaches to engage civil society participation in mass
responses on the COVID-19 pandemic.
STRATEGIES TO EFFECTIVELY INVOLVE THE CIVIL SOCIETY IN THE
ENVIRONMENTAL RECOVERY OF THE AMERICAS
Signatory countries: Argentine Republic, the Commonwealth of Dominica, Barbados,
Federation of Saint Kitts and Nevis.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
HAVING SEEN:
Article 37 of the Charter of the Organization of American States (OAS), which
declares “the Member States agree to join together in seeking a solution to urgent or critical
problems that may arise whenever the economic development or stability of any Member
State is seriously affected by conditions that cannot be remedied through the efforts of that
State”;
Article 111 of the Charter of the Organization of American States (OAS), which
“promotes economic, social, juridical, educational, scientific, and cultural relations among all
the Member States of the Organization, with special emphasis on cooperation for the
elimination of extreme poverty, in keeping with the actions and policies decided upon by the
General Assembly and with the pertinent decisions of the Councils”;
CONSIDERING:
According to the Policy Brief: “The Impact of COVID-19 on Latin America and the
Caribbean” from a United Nations’ insight report, that establishes the necessity of a
resolution that comprehends social civilization as a strategic ally to target the problems
within the hemisphere;
That even though the American States have advanced on the creation of policies that
regulate the negative outcomes of the pandemic, stronger strategies on the incorporation of
private actors within the society have not been successfully implemented by the different
states;
RECALLING:
The Article 4(a) of the CP/RES. 759 (1217/99) of the OAS about “Guidelines For
The Participation Of Organizations Of Civil Society In Oas Activities” which reaffirms that
“The participation of civil society organizations in the activities of the OAS shall be aimed at
allowing its organs, agencies or entities, in accordance with the norms that regulate their
operation, to benefit from the advice or specialized information that they provide, depending
on their skills or special interests in certain matters, as well as the cooperation that these
organizations can provide”,
RESOLVES:
1. To congratulate the efforts of the Inter-American nations to generate mass efficient
responses against the COVID-19 which have gone hand in hand with the civil
society.
2. To congratulate all the effort of Member States on applying the vaccination programs
to reduce the amount of people with COVID-19.
3. To create spaces of dialogue with the civil society to make them feel listened and
comprehended what were their affections by:
1. Engaging the local governments (municipalities, city halls) and ONG that
operate in every sector of member countries as a bridge to highlight these.
2. Bringing awareness about the situation we live in by public institutions and
how it has affected our environment.
3. Implementing a detailed study to understand what the international community
is going to work on and the repercussion of the pandemic at its different
peaks;
4. Encouraging stimulus and acquiring diverse resources to guarantee the needs
for the population so every Member State has an example of what can be
implemented.
4. To promote an active engagement with private actors within the population in order to
cooperate and fulfill the Member States’ necessities by encouraging the exchange and
utilization of good practices in accordance with existing treaties and national
jurisdictions.
5. To engage academics and private sector with the governmental response to the
environmental consequences of the COVID-19 pandemic through:
1. The encouragement of research to acknowledge which are the environmental
consequences in each Member State.
2. The realization of informative campaigns which will target civil society.
STRATEGIES TO MITIGATE ENVIRONMENTAL ISSUES DUE TO THE COVID-
19 PANDEMIC AND THE IMPLICATION OF CIVIL SOCIETY ON THE
SOLUTION
Signatory countries: Antigua and Barbuda, Plurinational State of Bolivia, Saint Vincent and
Grenadines, Republic of Trinity and Tobago and Republic Bolivarian of Venezuela.
THE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ISSUES,
HAVING SEEN:
Article 15 of the Inter American Democratic Charter, which establishes “The exercise
of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment. It is
essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the
environment, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable
development for the benefit of future generations”,
Article 17 of the OAS Charter, which emphasizes “Each State has the right to develop
its cultural, political, and economic life freely and naturally. In this free development, the State
shall respect the rights of the individual and the principles of universal morality”;
CONSIDERING:
The main economic activity in various countries is related to the environment. One of
these activities is tourism. The Statistics Compendium 2019 showed that International tourist
arrivals worldwide in 2019 grew by 4%, reaching 1.5 billion people, about 54 million more
than the previous year. This area has been constantly affected by the consequences of COVID-
19 and climate change;
The increase of plastic in masks, gloves and sanitizers in plastic containers, the
contamination is getting uncontrollable, leading us to another gap of the facing issue. The help
of associations and the simple use of practices, such as recycling, are relevant elements that
must be put in process;
The importance of civil society, availability of information and social leaders on the
resolution of issues;
UNDERLINING:
Goal 13 of the 2030 Agenda on Sustainable Development Goals, which calls to take
urgent action to combat climate change and its impacts;
RECOGNIZING:
The damage of COVID-19 in diverse States around the world and how the people are
responding to this. It is important to inform the citizens about the crisis that we are living and
let them to know how this can be solved and how to take care of their communities,
RESOLVES:
1. To applaud the commitment and hard work of Member States that protect the rights of
environmental and social leaders, who promote and seek solutions to different
problems.
2. To increase the flow of information to the people in order to regulate misinformation:
1. Explaining and informing civilians about the decisions taken by each
government or recommendation of a NGO, which would help people understand
and take action.
3. To promote the implementation of new technologies that favor the environment and
lower the levels of CO2 in the atmosphere. Moreover, as a way to lower the levels of
pollution in cities. These technologies shall be more efficient and less pollutant:
1. This technology can be achieved through treaties and agreements with other
States, international organizations and companies to support the program by
investing in their technologies.
4. To request Member States to invest in the education area in order to make people aware
and learn about COVID-19 and how this virus has affected various Member States.
These populations would be better informed about the situation and how to take care of
communities.
5. To create environmental policies within Member States that protect ecosystems that are
affected by economic and tourist activities.
6. To propose the creation of campaigns to promote the constant care of the environment
situation by acknowledging the importance of individual and civil society actions.
7. To recommend the implementation of political participation by the government and its
citizens to create measures to improve the health of each Member State.
COMITÉ ESPECIAL DE ASUNTOS ESTRATEGICOS
Tema 1: Iniciativas regionales para acelerar la reactivación económica sostenida y
sostenible de cara a la crisis provocada por el COVID-19.
CREACIÓN DE UN PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIDA Y SOSTENIBLE DE LAS MIPYMES
CON EL FIN DE CONTRARRESTAR LA CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMIA
Países firmantes: Barbados, Mancomunidad de las Bahamas, República de Costa Rica,
Jamaica, República de Panamá y República del Paraguay.
EL COMITÉ ESPECIAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS,
HABIENDO VISTO:
Artículo 27 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
expone que si “la economía de un Estado Americano se viera afectada por situaciones graves
que no pudiesen ser satisfactoriamente resueltas por su exclusivo y único esfuerzo dicho Estado
podrá plantear sus problemas económicos al Consejo Interamericano Económico y Social, a
fin de buscar, mediante consulta, la solución más adecuada de tales problemas”;
Artículo 28 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual
afirma que “los Estados Miembros convienen en cooperar entre sí a fin de lograr condiciones
justas y humanas de vida para toda su población”;
CONSIDERANDO:
Las necesidades con las que todas las naciones dentro de América Latina y el Caribe
están pasando, que al mismo tiempo han impulsado el desarrollo de soluciones rápidas,
efectivas y duraderas en materia financiera y laboral;
La importancia de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dentro de las
economías de Latino América y el Caribe Americano, junto a sus aportes fundamentales a el
desarrollo de la innovación, la cultura y la sociedad;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por la crisis económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19 y su
repercusión en las pequeñas y medianas empresas generando efectos negativos en su
sostenimiento y desarrollo,
RESUELVE:
1. Proponer la creación del Programa de Reactivación Económica “América para el
mundo” conjuntamente con el HUB de Comercialización y Transferencia de
Tecnología para las Américas, que proporcione estrategias para el fortalecimiento de
las pequeñas y medianas empresas de la industria de América Latina y el Caribe, a
través de las siguientes especificaciones:
1. Crear los cursos mensuales y trimestrales acerca de la modernización de las
MIPYMES en cuanto a la compra y venta digital dentro del e-commerce, de la
formulación de presupuestos, apalancamientos bancarios, importación,
exportación, entre otros.
2. Estructurar para cada empresa registrada el plan de negocio, guiada por expertos
de la Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las
Américas, en la búsqueda de establecer oportunidades y posibles entradas al
mercado internacional.
3. Consultoría durante los primeros seis meses de participación en los mercados
internacionales, tomando en cuenta la necesidad de diversificar el giro de la
empresa y fortalecer la participación y liderazgo de estas compañías en la región
a través del apoyo técnico y financiero de los Consejo y/o Secretarías
Nacionales de Ciencia y Tecnología Políticas de los Estados Miembros.
2. Proponer reuniones trimestrales bajo la “Convención de América para el mundo” en
conjunto con los países aliados, a través de la representación de los cancilleres de cada
país, en donde se evalúen los objetivos específicos y generales, además, de trazar metas
a corto y largo plazo que permitan la reactivación económica de cada país.
3. Instar a los Estados Miembros a inscribir la programación de las reuniones trimestrales
a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y el Departamento de Desarrollo
Económico y Social para verificar, asesorar y proporcionar un presupuesto técnico y el
establecimiento de una agenda de trabajo al inicio del año.
4. Exhortar a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe a adherirse al
programa, considerando que:
1. Para el 2026 se prevé involucrar la participación de mano de obra no calificada
en áreas de aprendizaje técnico para la disminución del mercado laboral
informal.
2. Tendrá como un objetivo fundamental dentro del programa el desarrollo
efectivo y constante de mano de obra calificada especializada para el desarrollo
de producción especializada en producción técnica.
5. Declarar como objetivo de este programa el fortalecimiento del crecimiento económico
de las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe a través de la
formación de capacidad y el establecimiento de una agenda de trabajo común en
beneficio de los Estados Miembros y el cumplimiento de objetivos de la
internacionalización progresiva de las MIPYMES.
Tema dos: Estrategias hacia la innovación en materia de gobierno digital y
transparencia institucional en el contexto de la pandemia global.
ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA DE
LOS ESTADOS HACIA LA INTERACCIÓN DIGITAL DE LA CIUDADANÍA CON
LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Países firmantes: Antigua y Barbuda, Canadá, República de Chile, República de Trinidad y
Tobago, República Federativa del Brasil, Santa Lucía.
EL COMITÉ ESPECIAL PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS,
HABIENDO VISTO:
Artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) que establece que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es
la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y
profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco
de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”;
CONSIDERANDO:
La creación de la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, la cual
siempre ha tenido como uno de sus ejes el intercambio de conocimiento y soluciones en
tecnologías emergentes para gobierno digital. A lo largo de sus reuniones anuales y
ministeriales, ha permitido que los gobiernos de la región tomen contacto con expositores de
los países más avanzados en la materia y, a la vez, se han llevado adelante estudios y talleres
sobre tecnologías específicas, o bien, sobre las tecnologías emergentes en general;
Las herramientas digitales pueden resultar cruciales para mejorar el funcionamiento de
los Estados al propiciar instituciones más creíbles, efectivas, inclusivas e innovadoras. El
desarrollo de una estrategia nacional de seguridad cibernética dota a un Estado de un
enfoque más integral que permite comprender y atender mejor los desafíos de la seguridad
cibernética. Asimismo, esta planificación estratégica permite priorizar sus objetivos e
inversiones en seguridad cibernética;
El Programa MuNet e-Gobierno moderniza la gestión municipal por medio de
estrategias de gobierno electrónico de nivel local, promueve el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades
institucionales que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones, incrementa la
eficiencia y la transparencia a nivel local y contribuyen a la modernización de operaciones de
impuestos, registros, licencias, permisos, etc;
TENIENDO EN CUENTA:
Según el informe Perspectivas económicas de América Latina 2020 realizado por la
CEPAL, Unión Europea, OCDE y CAF, la transformación digital brinda nuevas herramientas
y oportunidades para que la región dé respuesta a la crisis actual y supere las dificultades de
desarrollo a más largo plazo. Esta conlleva alteraciones que están desencadenando
innovaciones en los modelos de negocio y consumo, reorganizando sectores económicos, y
generando nuevas dinámicas en la parte gubernamental;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Las condiciones socioeconómicas causadas por la pandemia, las cuales han agravado
una situación compleja y de manifiesta debilidad estructural en los territorios americanos que
atraviesan tiempos difíciles y sin precedentes;
RECORDANDO:
La primera cláusula operativa de la resolución CP/RES. 759 (1217/99) de la OEA que
resuelve “Adoptar las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil en las Actividades de la OEA, que se adjuntan a la presente resolución, las cuales
complementan las disposiciones existentes en la Organización, contribuyen a su modernización
y garantizan el fortalecimiento de las relaciones entre ella y la sociedad civil”,
RESOLVER:
1. Felicitar a los Estados Miembros por su interés y labor para la transformación
progresiva de las instituciones estatales.
2. Reconocer a los Estados Miembros y aliados estratégicos que financian y apoyan al
programa de MuNet E-Gobierno.
3. Invitar a los Estados Miembros a participar en nuevos proyectos para la inclusión de
herramientas TIC en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y, de esta
forma, fomentar la transformación digital a través de las reuniones anuales de la Red
de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (RedGEALC) con países líderes
en este campo que demuestren los beneficios de implementar estrategias de
digitalización institucional:
1. La siguiente reunión se llevará a cabo, en el año 2022, en la República
Federativa de Brasil, país comprometido con la digitalización institucional y
dispuesto a compartir su experiencia.
2. Los asistentes a estas reuniones serían los ministros de tecnología (o su
equivalente) de cada país y expertos en gobierno electrónico.
4. Incentivar a los Estados Miembros a que promuevan a sus gobiernos locales a solicitar
asesoramiento del programa MuNet e-gobierno, para que desarrollen efectivos portales
municipales:
1. Adaptarlo a las necesidades de cada Estados Miembro.
2. Invitando a los países que aún no hacen parte del programa MuNet e-Gobierno
a hacer parte de él.
5. Fomentar el fortalecimiento de la cooperación horizontal entre los países del Caribe y
América Latina, involucrando a todos los actores relevantes, así como
estableciendo mecanismos de monitoreo, análisis y evaluaciones de impacto
para los Estados Miembros que lo soliciten tanto a nivel nacional como regional:
5.1. Estas evaluaciones serán realizadas por la RedGEALC y MuNet e-
Gobierno, programas dedicados a la modernización digital institucional.
5.2. Integrar dimensiones éticas y reaccionar ante los nuevos desafíos en la
gobernanza y la transformación digital de cada Estado Miembro.
6. Fortalecer el desarrollo e implementación de una política de innovación integral y
competitiva con el objetivo de transformar la economía de América Latina y el Caribe y
mejorar su competitividad global, a través de los países miembros, OEA y la Red de gobierno
electrónico de América Latina y el Caribe.
7. Aumentar la cooperación entre la academia y el sector público para encontrar nuevas
estrategias de modernización digital con el fin de que los trámites mencionados y tratados sean
más rápidos y se realicen virtualmente.
Tema 3: Diseño, implementación y evaluación de modelos de educación incluyentes en el
marco de la virtualidad y la semipresencialidad en el hemisferio.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA
COYUNTURA DE LA PANDEMIA A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN
INCLUYENTE EN EL HEMISFERIO
Paises firmantes: República Cooperativa de Guyana, República de El Salvador, República
del Perú, San Vicente y Las Granadinas.
EL COMITÉ ESPECIAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS,
HABIENDO VISTO:
Artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, establece que
Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la
pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros,
objetivos básicos del desarrollo integral.
CONSIDERANDO:
La importancia de la educación y los esfuerzos entre los Estados Miembros por mitigar
la crisis y disparidad educativa preexistente y agravada por la pandemia de la COVID-19;
La crisis educativa que la región enfrentaba previamente a la pandemia, con muy altos
niveles de pobreza de aprendizaje e inequidades persistentes; sumado al nivel de conectividad
que, si bien es superior al de otras regiones, estaba por debajo de la media;
TENIENDO EN CUENTA:
Artículo 26 (1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”;
Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en
particular;
SUBRAYANDO:
La Resolución 55/2 de las Naciones Unidas, en la que los Estados Miembros decidieron
asegurar que, para 2015, los niños y niñas de todo el mundo pudieran terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria y que tanto las niñas como los niños tuvieran igual acceso a
todos los niveles de enseñanza, para lo cual es necesario renovar el compromiso de promover
la alfabetización para todos;
RESUELVE:
1. Proponer la iniciativa de inversión para ampliar las coberturas de conectividad en las
regiones en vía de desarrollo y el apoyo de los países más desarrollados a los que por
motivos políticos o económicos no tienen el mismo alcance, con el fin de construir más
y mejores modelos de educación incluyentes.
2. Construir programas que estén encargados de promover la educación en América donde
la base sea una conectividad eficiente para las regiones más lejanas y, que a la vez,
estén acompañadas de respuestas a las problemáticas existentes de dichas regiones de
cada país para así lograr un desarrollo igualitario.
3. Proponer apoyo tecnológico y económico a países que presenten problemas sociales y
de desarrollo dentro de la región, y así implementar el cooperativismo y el desarrollo
dentro de los pueblos de las Américas.
4. Alentar la institucionalización de mecanismos permanentes que midan la calidad de los
servicios de educación con el fin de implementar la mejora continua y entender el
impacto de los distintos programas educativos. Estas mediciones deben incluir tanto los
estándares estructurales como indicadores de procesos y articularse con otros
mecanismos de evaluación específicos.
5. Declarar puntualmente las normas a seguir al momento de impartir clases remotas con
los objetivos de:
1. Incrementar la calidad de las clases no presenciales.
2. Disminuir el número de estudiantes que abandonan sus estudios.
3. Tener un mayor alcance de la población, sobre todo, en áreas rurales.
4. Reducir la diferencia entre la calidad de la educación presencial y no presencial
para que así esta sea más incluyente.
6. Fomentar la financiación de los Estados Miembros por medio de procesos y proyectos
que estén encaminados en el aporte y apoyo económico basado en financiaciones de
empresas privadas y entidades específicas de cada Estado Miembro y que tengan el
control y la política educativa para utilizar programas específicos de conectividad
gratuita.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL Y REMOTA DE
LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO
Países firmantes: Belice, Federación de San Cristóbal y Nieves, República de Colombia,
República de Honduras y República Oriental del Uruguay.
LA ASAMBLEA GENERAL,
HABIENDO VISTO:
Artículo 31 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que alega
que “la cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y
solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las
instituciones del sistema interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social,
educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de
los Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo,
sin ataduras ni condiciones de carácter político”;
Artículo 19 de la Carta Social de las Américas, el cual afirma que “toda persona tiene
derecho a la educación sin discriminación. El acceso a una calidad en todos los niveles y
modalidades. Es vital para lograr mayor equidad, mejorar los niveles de vida, fomentar el
desarrollo sostenible, desarrollar el capital humano, reducir la pobreza, fortalecer las
instituciones democráticas, transmitir valores cívicos y sociales, formar ciudadanos
responsables y comprometidos con la sociedad, y promover la inclusión social”;
CONSIDERANDO:
Las graves afectaciones generadas por la COVID-19 a nivel sanitario, económico y
social, así como también en los distintos sistemas educativos de las las naciones americanas,
impulsa la necesidad vital de desplegar políticas, programas y soluciones de carácter estructural
con el fin de minimizar el impacto de problemáticas como la exclusión, desigualdad e
inequidad existentes en los diferentes sectores sociales afectando considerablemente el
desarrollo cognitivo e integral de los individuos;
RECORDANDO:
La Resolución No. 4/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que tiene como objetivo establecer “Directrices Interamericanas sobre los Derechos
Humanos de las personas con COVID-19”, los Estados miembros deben velar por el
cumplimiento efectivo de sus derechos, específicamente las comunidades más vulnerables en
tiempo de COVID-19;
RECONOCIENDO:
La brecha social, económica y tecnológica en la región. En 2016, según el promedio de
14 países de América Latina, alrededor de un 42 % de las personas que viven en áreas urbanas
tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación con un 14 % de aquellas que viven en
áreas rurales (CEPAL, 2019). Además de la falta de capacitación de maestros, padres y
alumnos en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), elemento que
servirá a los países miembros a lograr las metas y objetivos acordados en el ámbito
internacional, incluidos los intereses de crear sistemas de educación incluyentes y sostenibles
para las personas de la región,
RESUELVE:
1. Reconocer el compromiso, la participación y preocupación de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos para proponer e implementar soluciones
frente a las brechas causadas en materia de educación virtual y semipresencial en la
región.
2. Recomendar nuevas estrategias de pedagogía en el marco de la virtualidad y la
semipresencialidad, especialmente en la primera infancia y básica primaria con el fin
de mejorar los procesos de aprendizaje a través de una educación más participativa,
dinámica y receptiva, de modo que se disminuyan los factores diferenciales entre
educación presencial y virtual.
3. Invitar a los Estados Miembros a crear un método interactivo de enseñanza que utiliza
internet para combatir la deserción escolar. Para esto, se hará una entrega de materiales
didácticos que estén en pro de las minorías, ya sea computadores, tablets, libros o
cualquier otro elemento de acuerdo a las necesidades pedagógicas del alumno. Dicho
plan tendrá un fondo de financiación voluntario en donde cada Estado Miembro aporte
según su criterio e iniciativa propia.
4. Impulsar la destinación de mayores montos de inversión por parte de los Estados
Miembros para que, de manera proporcional, aporten a la implementación de una
política educativa inclusiva de la mano del despliegue de todo el aparato estatal y, de
esta forma, impulsar la reducción de la brecha centro-periferia en materia de
conectividad. Cada Estado decidirá el monto destinado, basándose en sus finanzas
públicas sin olvidar que debe representar un aumento significativo en el monto en
comparación con años anteriores.
5. Exhortar a los Estados Miembros en la consolidación o refuerzo de un departamento de
educación inclusiva dentro de los ministerios encargados de la educación en cada país,
el cual facilite los procesos de enseñanza a personas con situación de discapacidad en
la modalidad de educación virtual y semipresencial:
1. Capacitar a estudiantes con discapacidad, maestros y padres de familia para el
apoyo de los aprendientes en el uso de las TIC.
2. Crear temáticas de inclusión en los módulos de ética que estimulen a los
estudiantes a colaborar y apoyar a sus compañeros en situación de discapacidad
al regreso paulatino en las instituciones.
3. Motivar a los Estados Miembros a promover el uso de métodos interactivos e
inclusivos de aprendizaje en las instituciones educativas, los cuales contengan
una mejor apropiación de conocimientos dependiendo de las capacidades
cognitivas del estudiante durante la modalidad virtual.
Tema cuatro: Adopción de recomendaciones para combatir la Delincuencia Organizada
transnacional y el fortalecimiento de la seguridad cibernética en los países de las
Américas.
ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN EL
HEMISFERIO
Países firmantes: Estados Unidos Mexicanos, Estado Plurinacional de Bolivia, República
Argentina, Estados Unidos de América, República de Surinam, Mancomunidad de Dominica.
EL COMITÉ ESPECIAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS,
HABIENDO VISTO:
Artículo 33 de la Carta Social de las Américas “Los Estados Miembros, inspirados en
los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos
para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos
alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad”;
CONSIDERANDO:
El marco de la crisis sanitaria que actualmente se atraviesa, la importancia sobre la
necesidad de proteger y promover los derechos humanos fundamentales de todas las personas
en la búsqueda de nuevos enfoques para el problema de los delitos cibernéticos en el
Hemisferio, así como, el daño que ocasionan los distintos tipos de manifestaciones de
Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), tales como: el delito cibernético, la protección
a víctimas y testigos de la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la
trata de personas, el contrabando de mercancías y la corrupción y recuperación de activos;
TENIENDO EN CUENTA:
La Resolución de las Naciones Unidas A/72/L62, en sus articulos 19 y 20, de la
importancia de que la lucha contra el terrorismo en contexto de globalización digital no implica
que se transgredan los derechos a la privacidad consignados en el artículo 12 de la declaración
de los derechos humanos y el artículo 17 del pacto internacional en derechos civiles y políticos;
El Reporte de Ciberseguridad 2020 presentado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el OEA que manifiesta “el desarrollo de programas e infraestructura
informática en los Estados Miembros, demostrando ser insuficientes ante el exponencial
aumento de usuarios activos ocasionados por la pandemia, requiriendo con urgencia una
adecuada respuesta a las amenazas informáticas y protección de datos, tanto de la ciudadanía
como de los gobiernos”;
REAFIRMANDO:
La resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04) Adopción de una Estrategia
Interamericana de seguridad cibernética: Un enfoque multidimensional y multidisciplinario
para la creación de una cultura de seguridad cibernética de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos aprobada el 8 de junio del 2004;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS:
Por las recientes noticias sobre el aislamiento que ha provocado la COVID-19, que ha
acentuado las alarmas en temas de ciberseguridad en toda la región, ejemplo de ello es un
informe de Infosecurity que indicó que cada día se producen 230,000 nuevos malware y las
afectaciones por dicho tipo de ataques podrían tener un crecimiento mayor en 2020 por el
confinamiento que viven las personas en el mundo,
RESUELVE:
1. Reconocer los esfuerzos en materia de ciberseguridad y lucha contra el crimen
transnacional llevado a cabo por los organismos de inteligencia y de seguridad
cibernética donde se resaltan las operaciones conjuntas entre los Estados Miembros.
Además, se evidencia el control político a iniciativas privadas sobre el manejo de la
información y el refuerzo en los estándares de seguridad para los softwares contratados
por los Estados Miembros en su gobernanza.
2. Alentar a los Estados Miembros a ratificar su compromiso, sus relaciones y
comunicaciones con el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(DDOT), con la finalidad de implementar políticas y buenas prácticas para la
prevención y lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese sentido,
las políticas y buenas prácticas consisten en:
1. Recomendar a los Estados Miembros orientar parte de su presupuesto destinado
a temas de seguridad para reforzar los Servicios de Inteligencia Estatales y
mejorar la búsqueda y seguimiento de bandas delincuenciales organizadas que
transitan en el Hemisferio. Apoyándose en cooperación de Investigación y
Desarrollo (I+D) aplicada entre el sector privado y el sector público, enfocada
a la creación de sistemas predictivos e inteligencia artificial que faciliten la
recolección de información y la lucha contra el crimen transnacional y
cibernético.
2. Solicitar al Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(DDOT) que continúe otorgando formación especializada, así como asistencia
técnica cada vez que los Estados Miembros lo requieran y soliciten.
3. Instar a los Estados Miembros a seguir trabajando y reforzando el “Plan De Acción
Hemisférico Contra La Delincuencia Organizada Transnacional”. En ese sentido, deben
tomarse en cuenta las recomendaciones de acciones necesarias para poder hacer viable
este objetivo, de forma tal que, se requiere:
1. Adoptar un enfoque que sea integral, consistente en la prevención y lucha contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, contando con todos los organismos
nacionales y hemisféricos competentes en esta materia, entre ellos los
Organismos de Transparencia Nacional e Internacional, así como el Programa
de Seguridad Cibernética de esta Organización.
2. Proponer y establecer, bajo los parámetros del Derecho Público Internacional,
las medidas legislativas necesarias orientadas al combate y lucha contra la DOT
y, que del mismo modo, otorgue la seguridad cibernética en el hemisferio.
4. Exhortar a los Estados Miembros a seguir implementando políticas que
permitan reforzar la seguridad pública con el fin de disminuir los índices de
delincuencia:
1. La elaboración de programas de investigación científica gratuitos que
involucren intercambios de experiencias entre los estudiantes de los países del
hemisferio;
2. Concientizando a los jóvenes, a través de campañas pedagógicas, sobre las
diferentes maneras de ser víctimas de un crimen cibernético así como las
medidas preventivas para que no se encuentren expuestos a tales riesgos;
3. Fortaleciendo el sistema policial mediante capacitaciones para saber cómo
actuar ante dichas situaciones sin vulnerar los derechos de las personas
involucradas.
5. Fortalecer la Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Delito,
mediante el intercambio de información en el hemisferio en el tema de seguridad
ciudadana y pública, a fin de que estos sirvan como referentes para tratar el tema de la
delincuencia organizada juvenil, específicamente el problema de las pandillas delictivas
por medio de la protección, tratamiento, rehabilitación, reinserción y superación de los
jóvenes inmersos en este problema.
6. Instar a los Estados Miembros a promover alianzas estratégicas con las entidades
públicas y privadas de seguridad y educación pertenecientes a los mismos, a participar
en foros sobre temas de seguridad cibernética, ciberdelitos y su marco legal. Esto
mediante inducciones lideradas por las mismas autoridades de seguridad hacia
instituciones educativas, universidades y demás.
MEDIDAS EDUCATIVAS Y DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA PARA COMBATIR
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN LOS PAÍSES DE LAS
AMÉRICAS.
Países firmantes: República Dominicana, República del Ecuador, Granada, República de
Haití, República de Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela.
COMITÉ ESPECIAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS,
HABIENDO VISTO:
Artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
establece como finalidad de los Estados Miembros: “lograr un orden de paz y de justicia,
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad
territorial y su independencia [...]”;
La Declaración sobre Seguridad en las Américas celebrada en Ciudad de México (2003)
de la Conferencia Especial sobre Seguridad, en la cual los Miembros condenan la delincuencia
organizada transnacional, ya que atenta contra los Estados y además tiene un efecto perjudicial,
sobre la sociedad. En dicha conferencia adoptan entonces, según el panorama actual, una nueva
concepción de seguridad que es multidimensional, teniendo implícitas tanto las amenazas
tradicionales como nuevas amenazas y demás desafíos de cada uno de los Estados del
hemisferio, basándose en el desarrollo integral, la justicia social, valores democráticos, el
respeto a la defensa de los derechos humanos y la soberanía de cada Estado;
RECONOCIENDO:
Que el mundo enfrenta retos en seguridad; que el delito cibernético es una de las formas
emergentes de la delincuencia transnacional de rápido crecimiento; y además, que el internet
se ha convertido en una parte esencial de la vida de las personas, con el informe de
“Ciberseguridad: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe” (2020)
emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA busca suministrar una descripción
detallada de las capacidades nacionales de los países de América Latina y el Caribe (ALC) para
combatir los ciberataques y garantizar un acceso más seguro a Internet en la región;
Artículo 23 de la Convención de Budapest que establece que “las partes cooperarán
entre sí en la mayor medida posible de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo,
en aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes sobre cooperación internacional
en materia penal, de los acuerdos basados en legislación uniforme o recíproca y de su propio
derecho interno, a efectos de las investigaciones o los procedimientos relativos a los delitos
relacionados con sistemas y datos informáticos o para obtener pruebas en formato electrónico
de los delitos”;
Artículo 2(a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, que define a un grupo delictivo organizado como aquel grupo
estructurado “de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material”,
RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a ratificar y acoger la Convención de Budapest, la cual
provee parámetros rectores para que cada Estado pueda tipificar los delitos cibernéticos
y frenar la delincuencia organizada por medio de las TIC de manera conjunta en las
Américas.
2. Incentivar a las universidades y los gobiernos de los Estados Miembros, en apoyo del
REMJA y CICTE, a capacitarse para ofrecer una formación académica en seguridad
cibernética y sistemas de prevención de ataques hacia infraestructuras de seguridad y
tecnología, con el fin de mejorar la estructura gubernamental en defensa contra los
delitos cibernéticos. Dicha capacitación a las universidades será respaldada por el
Fondo de Innovación para proyectos de ciberseguridad.
3. Exhortar a los Estados Miembros, por medio del Departamento contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (DDOT) con su asistencia técnica y ayuda financiera del
Fondo Monetario Internacional, a ampliar sus estructuras investigativas
gubernamentales que buscan desmantelar la delincuencia organizada:
1. En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, estas estructuras estarán
orientadas a investigar en especial acerca de: amenazas a la ciberseguridad,
falsificación y contrabando de medicamentos e insumos médicos, trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes.
4. Fomentar la cooperación hemisférica entre los Estados Miembros y el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) para que su programa de ciberseguridad
pueda ampliarse a los Estados Miembros que no hagan parte de esta; regulando los
distintos episodios que se presenten en torno a los delitos informáticos de orden
supranacional.
5. Invitar a los Estados Miembros a la realización de una “Convención Interamericana
para el Seguimiento y Acompañamiento de Víctimas de la Delincuencia
Transnacional”, en busca de establecer un marco de directrices en el hemisferio,
referentes al apoyo, seguimiento y acompañamiento de las víctimas de estas estructuras
criminales y reducir los efectos de estos crímenes tanto en las víctimas como en los
Estados Miembros. Teniendo en cuenta sus modalidades tales como el tráfico ilícito de
drogas; tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; trata de personas; tráfico
ilícito de migrantes; lavado de activos; corrupción; terrorismo; secuestros; pandillas
delictivas; entre otros.