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UCLM SOCIAL 2013 30 UC Bajo el título Paz, Resolución de Conflictos y Derechos Humanos en Guatemala”, el pasado mes de octubre, se celebraron las, ya tradicionales, Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo. El objetivo principal de las Jornadas fue que la comuni- dad universitaria, se informara y sensibilizara sobre as- pectos conceptuales, históricos, geopolíticos, culturales y económicos, vinculados a los derechos humanos en Guatemala, un país que ha sufrido 36 años de conflicto armado con más de 200.000 víctimas. Durante estos dos días, se pretendió dar a conocer las ca- racterísticas y evolución del conflicto en Guatemala, así como sus consecuencias desde el punto de vista social y económico, haciendo especial hincapié a la situación de colectivos de mujeres y niños, población indígena y defensores de los derechos humanos y sindicales. Para ello, se contó con la asistencia y participación de destacados ponentes nacionales e internacionales del Instituto Gutierrez Mellado, el Centro de Atención Legal en Derechos Humanos, Amnistía Internacional, UDE- FEGUA (Unidad de protección a defensores de derechos humanos en Guatemala) y la Asociación de Mujeres de Guatemala. Dentro del “Proceso educativo” (formal, no formal e informal), las Jornadas, buscan ser herramienta para conseguir educación para el Desarrollo, con el objeto de conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valo- res y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos. Hablamos de proceso educativo porque consideramos necesario que las acciones que se lleven a cabo desde la Educación para el Desarrollo, no sean puntuales, sino que formen parte de proyectos planificados y orientados hacia públicos diferenciados, ya sea en centros educa- tivos y universidades, espacios de ocio y tiempo libre, medios de comunicación… Las cuatro dimensiones, no excluyentes e interrelaciona- das, a través de las que se desarrolla la Educación para el Desarrollo son la sensibilización, la formación para el desarrollo, la investigación para el desarrollo y la movi- lización social. Intentamos que los estudiantes vean más allá de su en- torno, que existen otras realidades, queremos formar a personas comprometidas, personas con valores, per- sonas capaces de decidir, personas con ética, personas formadas y preparadas, para poder desarrollarse profe- sionalmente en futuro. PAZ, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA COOPERACIÓN SENSIBILIZACIÓN

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Bajo el título “Paz, Resolución de Conflictos y Derechos Humanos en Guatemala”, el pasado mes de octubre, se celebraron las, ya tradicionales, Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo.El objetivo principal de las Jornadas fue que la comuni-dad universitaria, se informara y sensibilizara sobre as-pectos conceptuales, históricos, geopolíticos, culturales y económicos, vinculados a los derechos humanos en Guatemala, un país que ha sufrido 36 años de conflicto armado con más de 200.000 víctimas. Durante estos dos días, se pretendió dar a conocer las ca-racterísticas y evolución del conflicto en Guatemala, así como sus consecuencias desde el punto de vista social y económico, haciendo especial hincapié a la situación de colectivos de mujeres y niños, población indígena y defensores de los derechos humanos y sindicales. Para ello, se contó con la asistencia y participación de destacados ponentes nacionales e internacionales del Instituto Gutierrez Mellado, el Centro de Atención Legal en Derechos Humanos, Amnistía Internacional, UDE-FEGUA (Unidad de protección a defensores de derechos humanos en Guatemala) y la Asociación de Mujeres de Guatemala.Dentro del “Proceso educativo” (formal, no formal e informal), las Jornadas, buscan ser herramienta para conseguir educación para el Desarrollo, con el objeto de conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valo-res y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.Hablamos de proceso educativo porque consideramos necesario que las acciones que se lleven a cabo desde la Educación para el Desarrollo, no sean puntuales, sino que formen parte de proyectos planificados y orientados hacia públicos diferenciados, ya sea en centros educa-tivos y universidades, espacios de ocio y tiempo libre, medios de comunicación…Las cuatro dimensiones, no excluyentes e interrelaciona-das, a través de las que se desarrolla la Educación para el Desarrollo son la sensibilización, la formación para el

desarrollo, la investigación para el desarrollo y la movi-lización social.Intentamos que los estudiantes vean más allá de su en-torno, que existen otras realidades, queremos formar a personas comprometidas, personas con valores, per-sonas capaces de decidir, personas con ética, personas formadas y preparadas, para poder desarrollarse profe-sionalmente en futuro.

PAZ, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

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DE LA GUERRA FRÍA A LAS NUEVAS AMENAZAS: LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA Y DE LA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Los conflictos armados en Guatemala y en América La-tina han experimentado una evolución similar. En el contexto de la Guerra Fría, los gobiernos latinoamerica-nos, en su mayoría dictaduras, para combatir lo que ca-lificaron como la guerra internacional del comunismo se enfrentaron a los movimientos revolucionarios surgidos dentro de sus propias fronteras. La forma de combatir a este enemigo interno fue la guerra contrainsurgente, cuya puesta en práctica significo la represión y la viola-ción de los derechos humanos de importantes sectores de la población civil. Si algo cabria diferenciar de Guate-mala, respecto a otros países, sería la virulencia, la inten-sidad y el tiempo del conflicto armado. En este caso la población indígena fue la principal víctima del conflicto.

En Guatemala, las negociaciones de paz culminan exitosamente, en

1996, pero en esta misma década empiezan a manifestarse

otras formas de violencia que acabarán afectando a todos los

sectores de la sociedadEl fin de la Guerra Fría tiene extraordinarias implica-ciones, entre ellas, el final también de sus principales actores, las dictaduras y las guerrillas, y con ellos de los conflictos armados. El inicio de la democracia lleva con-sigo una transformación trascendental, pues los enfren-tamientos políticos se dirimen a través de las urnas y no por la vía armada. No puede negarse que pese a todo, persisten algunos focos guerrilleros como las FARC en Colombia, o, en Perú, Sendero Luminoso. Incluso cabria mencionar al ejército zapatista (EZLN), en México, que se constituye dentro del régimen democrático. No obs-tante, los casos citados no dejan de ser excepcionalida-des, si consideramos la región en su conjunto, donde se extingue la lucha política armada.

Sin embargo la desaparición de los conflictos armados no significa el final de la violencia. En Guatemala, las negociaciones de paz culminan exitosamente, en 1996, pero en esta misma década empiezan a manifestarse otras formas de violencia que acabarán afectando a todos los sectores de la sociedad. No obstante cabe señalar que los orígenes, las causas, las motivaciones, los actores, la forma de ejercer la violencia y las víctimas ponen de ma-nifiesto evidentes diferencias con la violencia anterior, si bien permanece la violación de derechos humanos.Esta violencia viene impuesta por las nuevas amenazas que afectan en general a la seguridad internacional y a las que América Latina se ha mostrado particularmente vulnerable. El crimen organizado y/o las pandillas juve-niles o maras, particularmente en Centroamérica, son las principales amenazas, de ahí que los actores no sean estatales. La conflictividad que generan es intraestatal, pero no pueden entenderse como contiendas civiles que dividen en dos bandos a la población. Sin embargo afec-tan a las personas y la inseguridad diaria y la virulencia de la violencia que se ejerce es particularmente carac-

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terística. Por señalar mas diferencias con respecto a los conflictos armados anteriores, cabría apuntar que esta violencia es de carácter fundamentalmente urbana. En Guatemala esto significa que en esta ocasión la pobla-ción indígena no es la mas afectada, al estar ubicada ma-yoritariamente en las áreas rurales. Tampoco coinciden los objetivos, pues frente a la violencia política que tuvo lugar durante el conflicto armado, la motivación prin-cipal que está detrás de la actual violencia criminal es meramente económica.Más allá de su caracterización es preciso insistir también en su dimensión. Para la mayoría de los ciudadanos la-tinoamericanos la inseguridad, en este momento, es un problema mayor que el desempleo o la situación econó-mica, preocupación que comparten en la misma medida los guatemaltecos. Esta percepción de inseguridad esta respaldada en los datos estadísticos. Las tasas de homi-cidio en Centroamérica son significativamente más ele-vadas que las registradas a nivel mundial y regional, sin dejar de tener en cuenta que la región latinoamericana, en su conjunto, es una de las más violentas del mundo. De hecho, la comparación con medias de otras regiones del planeta ponen de manifiesto la magnitud del proble-ma en América Latina.El narcotráfico, es el negocio más importante y principal del crimen organizado y es el que genera mayor violen-cia. Centroamérica ocupa un lugar estratégico en las ru-tas de este tráfico, pues es el pasillo imprescindible para hacer llegar la droga, producida en los Andes, hasta Es-tados Unidos. Los cárteles mexicanos, tras sustituir a los colombianos, son quienes llevan a cabo esta distribución y comercialización de la cocaína, pero además de utili-zar el istmo como “pasillo”, para la distribución, también se ha asentado en territorio guatemalteco, como base operaciones. La toma de control de territorio es funda-mental para las actividades del crimen organizado y en Guatemala, según algunas, fuentes, controla el 40% del territorio nacional.

El problema de la protección de los derechos humanos se ha traslada-do al incumplimiento del deber es-tatal de garantizar estos derechos, así como el de investigar y sancio-

nar a quienes los transgredenNo obstante, mas allá de su posición estratégica, para

entender la importancia del crimen organizado, en Gua-temala, hay que tener en cuenta también otros factores. En este sentido la complejidad del problema impide dar una explicación monocausal, ya que hay muchos moti-vos y de muy distinta naturaleza, pero no cabe duda que la debilidad estatal es un factor determinante. Sin duda no puede dejar de mencionarse otras causas, como las de naturaleza económica, como la pobreza o la desigual-dad. De hecho Guatemala es de los países más pobres de la región y este factor favorece la implantación del crimen organizado o el fenómeno marero. Sin embargo si ob-servamos donde se localizan los mayores focos de po-breza, en el país, no necesariamente coinciden con los de mayor violencia. Esto no invalida a los factores eco-nómicos, como argumentos explicativos, pero de alguna manera obligan a relativizarlos.Así aún insistiendo en una perspectiva multicausal, no debe de dejar de señalarse, por su importancia, la de-bilidad estatal, en la medida en que no sólo favorece la implantación del crimen organizado, sino que dicha debilidad es el principal obstáculo para combatirlo. De esta manera, a diferencia de lo ocurrido durante el con-flicto armado, aunque el estado ha dejado de atentar contra la vida es incapaz de evitar que otras personas u

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organizaciones, legales o no, lo hagan. El problema de la protección de los derechos humanos se ha trasladado al incumplimiento del deber estatal de garantizar estos derechos, así como el de investigar y sancionar a quienes los transgreden. Esta impunidad en buena parte se debe a las posibilida-des de penetración que tiene el crimen organizado en las estructuras de un estado débil, mediante la corrup-ción. El objeto es lograr su complicidad y protección, un aspecto imprescindible para asegurar la existencia de la criminalidad organizada y su continuidad. El establecimiento de estos vínculos se traduce en ino-perancia, ineficacia e incompetencia del sistema de se-guridad (policía, sistema judicial y penitenciario), que en Guatemala, se encuentra prácticamente colapsado. En otras palabras, no cabe posibilidad alguna de prote-ger los derechos humanos con un sistema de seguridad y una administración de justicia inoperantes, en buena parte por ser cómplices del crimen organizado.En esta situación podrá entenderse que es prioritario el reforzamiento estatal, en general, y el del sistema insti-tucional de seguridad, en particular, bajo los criterios de transparencia y control propios de un sistema de-mocrático. Esta opción reduciría las posibilidades de penetración del crimen organizado en el estado y por

tanto su existencia y continuidad. Sin embargo, lamen-tablemente, hasta el momento, pese a que forma parte de las promesas de todas las campañas electorales, no se ha abordado una reforma integral y eficaz del sistema de se-guridad y de justicia. El principal error ha sido concen-trar los esfuerzos en combatir directamente el crimen organizado, mediante políticas represivas, y no tratar las causas que favorecen su implantación como la debilidad estatal y en consecuencia la inoperancia del sistema de seguridad.Los resultados han sido muy limitados. En la medida en que no se trata la raíz del problema, hasta el momento, la aplicación de estas políticas, sólo ha significado un ex-traordinario esfuerzo material y la pérdida de vidas hu-manas, pero no han modificado la tendencia creciente de los índices de violencia y criminalidad, ni claro esta de impunidad. A lo sumo contribuyen a incrementar dicha tendencia. No sólo eso ante esta incapacidad del sistema policial para hacer frente a esta criminalidad. Los gobiernos centroamericanos, en general y el guatemalteco, en par-ticular, no han dudado en implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Esta tendencia a la militarización de la seguridad inte-rior no deja de complicar aún más la situación, máxime si tenemos en cuenta que las fuerzas armadas no están entrenadas ni preparadas para desempeñar este tipo de funciones, ni tampoco tienen el respaldo legal necesa-rio para hacerlo. Todo ello tiene múltiples implicaciones que en nada favorecen a la profesionalidad de la institu-ción armada, pero tampoco a la protección de los dere-chos humanos. Esta falta de preparación para desempeñar misiones de carácter policial puede favorecer la violación de dichos derechos por parte de los militares.No cabe duda que la situación actual es muy distinta a los años del conflicto armado, pero lo cierto es que a pe-sar de las diferencias Guatemala sigue estando marcada por el estigma de la violencia. Tiene un gran reto por de-lante, construir estado sólido y una democracia conso-lidada, sin duda es el mejor instrumento para combatir las nuevas amenazas y proteger los derechos humanos.

Sonia AldaProfesora del Instituto Gutierrez Mellado (UNED) y espe-cialista en tema de defensa de los DDHH en Guatemala

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