SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL

En anteriores asambleas analizamos y hoy lo ratificamos y confirmamos la profundización de las políticas neoliberales y la concentración de la riqueza en pocas manos.La Constitución de 1993 se convierte en el instrumento jurídico que sostiene todo el edificio en que se apoya el neoliberalismo. De allí en adelante se fueron desmontando todo tipo de regulaciones, tales como la flexibilización laboral y la eliminación de la estabilidad laboral, entre otras. En ese contexto se entiende la negativa de la CONFIEP a la aprobación de la Ley General del Trabajo que ha dado paso, en su lugar, a decenas de decretos que eliminan derechos sociales, favorecen la sobreexplotación del trabajo, autorizan el cese colectivo y ahogan la organización sindical. La ley de empleo juvenil, derogada gracias a la presión de las masas juveniles, era parte de esa cadena antidemocrática y arbitraria.Para continuar profundizando la hegemonía neoliberal, a falta de justicia, los pretextos son suficiente argumento. En ausencia de fuerzas de resistencia del mundo obrero y popular - que la derecha se ha encargado de socavar y la izquierda se ha sentido incapaz de sostener-, el gobierno patea el tablero impunemente. Los cuatro paquetazos últimos llevan la misma marca y se han impuesto casi sin resistencia. La Ley “Pulpin” debía seguir la misma suerte. El que fuera derogada a consecuencia de la lucha de la juventud, con el respaldo mayoritario de la población, significa una primera y fundamental derrota del gobierno y el Congreso, y una respuesta clara a la patronal y su política de ajuste.

Debemos de colocar en el centro de la atención de los trabajadores, sobre todo juveniles, la derogatoria de los numerosos decretos que discriminan, recortan o niegan derechos laborales, pugnando por construir una correlación de fuerzas que obligue a la aprobación de la Ley General del Trabajo, quebrando la oposición de la derecha en pleno. Se negocia desde posiciones de fortaleza, no de debilidad. Pasando a la ofensiva en lugar de dar respuestas defensivas, coordinando con todas las fuerzas posibles, concertando esfuerzos a escala nacional. Hay necesidad de revitalizar el movimiento sindical y popular desde sus bases, pasar de la acción burocrática a la lucha de masas, única manera de recuperar la confianza de los trabajadores y el pueblo en sus centrales.

Las ideas y políticas neoliberales se han impuesto debido en buena parte a la fragmentación y la debilidad de la oposición política, sobre todo de la izquierda severamente disminuida, y también del movimiento sindical y popular que no alcanzan a salir de su posición defensiva. La defensiva siempre ha sido el camino más fácil hacia la derrota, salir de ella es la tarea más ardua del conductor y estratega. Hay que poner en entredicho el mito del crecimiento como sinónimo de éxito y generador de bienestar automático. La supuesta superación de la pobreza, oculta tras de sí el desmantelamiento de los

derechos sociales, la concentración de la riqueza en pocas manos, la preservación de un modelo de economía como el primario exportador hace tiempo fracasado. Esta señalado el camino a seguir: luchar con razón y ventaja, oportunidad, unidad y movilización del pueblo como elemento de presión y de confrontación desde las calles. Las demás formas de lucha acompañan o completan.El escenario económico, social y político muestra signos de agotamiento de un modelo resquebrajado y cada vez más insostenible. Los límites de un modelo que se apoya en la explotación de recursos naturales están a la vista. Sus ventajas transitorias encubren su fragilidad, también la imposibilidad de construir -sobre esa base- una sociedad moderna, desarrollada, soberana, con justicia social, en equilibrio con el medio ambiente. Signos de agotamiento, no de plenitud, que son dos cosas distintas y de consecuencias también diferentes.

Agotamiento también del Estado neoliberal que consagra la Constitución de 1993. El Estado ahora subsidiario del mercado, con el argumento de que el mercado puede espontáneamente asignar recursos, resulta ser un disparate que se está pagando caro. Hace tiempo que este Estado y sus instituciones han entrado en crisis, apenas se sostiene afianzando sus elementos autoritarios, en lugar de promover el consenso, y a costa de una democracia cada vez más formal y ficticia. Lo que queda claro es el predominio de los poderes de facto: económicos, mediáticos, lumpen, que arrastra el debilitamiento y descomposición de sus instituciones.Un Estado, además, sobrepasado por el narcotráfico, la violencia, la corrupción, la polarización social, incapaz de garantizar educación y salud de calidad, que confunde inclusión social con asistencialismo.Por eso caen en el ridículo los representantes del empresariado cuando declaran que el Perú marcha hacia el Primer Mundo. Por donde se mire, un país que tiene todas las ventajas para salir adelante sigue aferrado a un pasado del que no se puede desprender. No es una casualidad que a la cabeza de ese fracaso histórico tengamos una clase dominante conservadora y retardataria, servil, incapaz de seguir un camino propio, de integrar el país reconociendo la diversidad de sus componentes étnicos, culturales y lingüísticos, de promover el desarrollo de sus regiones en el marco de una estrategia nacional de desarrollo, de construir una economía moderna, diversificada, tecnológicamente avanzada, una sociedad con justicia social.Bajo ese paraguas tampoco puede prosperar una democracia verdadera. El espectáculo político no puede ser más deprimente. La crisis de los partidos políticos ha tocado fondo. La improvisación, la ausencia de programa e ideología definida, la desorganización y el oportunismo sin bandera dominan el escenario. Dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en electores: el voto se ha vuelto una mercancía, el dinero y los medios de comunicación son hoy los grandes electores. Resulta que los candidatos, los electores y las inscripciones son parte del mercado. Aún más: el monopolio de los medios de comunicación, con la libertad de prensa como taparrabo, ha convertido el negocio electoral en un mecanismo de presión y chantaje para lograr provecho económico. Se puede afirmar que en el Perú de hoy la democracia no manda: manda el dinero bien o mal habido.

El proyecto neoliberal, que se atribuye el “milagro” económico del último decenio, ha encontrado su límite. El discurso del crecimiento como justificación de la hegemonía del gran capital y las transnacionales y como mecanismo de legitimación ideológico neoliberal, ya no convence.No sólo porque la economía se desacelera, sino porque el modelo primario-exportador nos lleva al callejón sin salida del atraso, la dependencia y la frustración que se acumula desde hace dos siglos; a la polarización social y al monopolio. Basta mirar la agricultura costeña, las finanzas, los servicios, la minería, la pesca, para constatar esta tendencia.Luego de abandonar su programa primigenio, el gobierno de Ollanta Humala asumió dos paradigmas ofrecidos por el Banco Mundial: crecimiento e inclusión social, resortes fundamentales que promoverían la prosperidad y reducirían la pobreza. Tal crecimiento está en cuestión y la inclusión social sigue siendo una promesa incumplida y, en parte, deformada por el asistencialismo. Necesario coyunturalmente o en casos excepcionales, el asistencialismo no crea riqueza, no promueve el trabajo, no eleva la productividad y menos aún fortalece la dignidad de las personas.Como demostración de que se gobierna para el gran capital y las transnacionales, que la caída de la economía sirve de pretexto para profundizar las políticas de ajuste en curso, en los primeros días del 2015 el Presidente Humala suscribió la RS 001-2015, refrendado por el Ministro de Energía y Minas, supuestamente para impulsar la inversión en el sector minero “agilizando” trámites burocráticos, simplificando procedimientos y reduciendo plazos en todas las etapas de la actividad minera. En otras palabras, menos controles, incluyendo el ambiental; carta blanca a la inversión.Lo cierto es que en la repartición de la riqueza creada con el crecimiento de la última década, la participación del capital en el PBI pasó del 55% en el 2002 al 65% en el 2012, mientras que la participación de los asalariados se contrajo del 25% en 2002 a 21.7% en 2012. Ejemplo suficiente para saber quiénes ganan y quiénes pierden en la ruleta del modelo de economía neoliberal.Junto al mito construido en torno del crecimiento, se encuentra otro que CADE 2014 adoptó como bandera: “Hagamos del Perú un país del Primer Mundo”. Como se ve, la demagogia y el delirio marchan de la mano. El diagnóstico de la educación, de la salud, de los derechos sociales, del Estado y sus instituciones, de la democracia, de la ciencia y tecnología, de la seguridad ciudadana, de la corrupción y el narcotráfico, indican precisamente todo lo contrario: el fracaso del neoliberalismo para moldear una sociedad moderna, civilizada, con derechos y justicia social, arrastrando en su lugar factores de crisis y atraso.

Ante la grave situación que afronta nuestra Educación Pública, donde de parte del Ministerio se persiste en mantener las actuales políticas educativas fracasadas en perjuicio de nuestros educandos, y que ante la aplicación radical de la Ley de Reforma Magisterial se están despidiendo maestros, de 65 años, con nombramiento Interino, se está degenerando la Evaluación de desempeño reduciéndola a una Prueba escrita y otros problemas.

ES QUE POR TODO LO EXPUESTO, LA II ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS ACUERDA:

1. Consultar la realización de un Paro Nacional de 24 horas para el día 08 de Abril del 2015, con la siguiente plataforma de Lucha:

Aumento de Sueldos y Pensiones. Dotar al Magisterio un Piso Salarial del 60% de la UIT. Nuevo Régimen Pensionario. Nombramiento de maestros contratados. Respuesta del Tribunal Constitucional sobre nuestra demanda de

Acción de Inconstitucionalidad presentada hace dos años. Respuesta de la Comisión Intersectorial sobre la deuda Social al

Magisterio. Restitución de los docentes interinos despedidos el 31 de Enero del

presente. Rechazar la aplicación de las Alianzas Pública Privadas en la

Educación Pública (APP). Respeto a los derechos de Directores, Subdirectores y Auxiliares de

Educación.

2. Realizar la octava marcha nacional en defensa de los derechos de docentes interinos despedidos el 31 de Enero.

Lima 06 de Marzo del 2015

Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP