situación de los derechos humanos en venezuela
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PROVEA Informe Anual2
Publicación anual del Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos
( PROVEA )
Edición y distribución: Provea
Depósito Legal: PP198904CS38ISSN: 0798-2897
RIF: J-00309122-7
Caracas, 05 de mayo de 2016.
Fotografía de portada: Horacio Siciliano
Fotografía de contraportada: Organización Nelson
Garrido
Fotografías internas:
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la alimentación: Correo del Caroní;
Derecho al ambiente sano: Luis Villalobos; Derecho
a la educación: AVN; Derechos Laborales: Provea;
Derechos de los Pueblos Indígenas: Organización
Yanomami Horonami; Derecho a la salud: AFP; Derecho
a la seguridad social: J. Leanez; Derecho a la Tierra:Aporrea; Derecho a la vivienda: Provea
Derechos civiles y políticos
Derecho a la integridad personal: Horacio Siciliano;
Derecho a la Justicia: Provea; Derecho a la libertad
personal: Reuters; Derecho a la participación: EFE;
Derecho a la Vida: AFP
Respuestas Organizativas Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos:
Organización Nelson Garrido; Gestiones ante
Organismos internacionales: Provea
Diagramación y montaje: Sergio González
Impresión: Impresos Marina León 2013, C.A.
Patrocinios:
Fundación Open Society
InstituteUnión Europea
Katholische Zentralstelle für
Entwicklungshilfe e.V./ Misereor
I. Programa Venezolano de
Educación – Acción en
Derechos Humanos
II. Tienda Honda a Puente Trinidad,Bulevar Panteón, ParroquiaAltagracia, Edificio Centro Plaza LasMercedes, P.B, Local 6, Caracas,Venezuela. Apartado Postal 5156,Carmelitas 1010-A(58) 0212-8606669 / 8625333 /8621011http://www.derechos.org.ve Twitter: @_proveainvestigació[email protected]
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Equipo de investigación:
Balance: Rafael Uzcátegui e Inti Rodríguez
Contexto: Marino Alvarado, Inti Rodríguez y Rafael Uzcátegui
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Derecho a la Alimentación: María Fernanda Gutiérrez, Internacionalista y especialista enseguridad alimentaria
Derecho al ambiente sano: Jorge Padron (01), Jeanfreddy Gutiérrez y Carlos Guariguata
por la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
Derecho a la Educación: Olga Villasmil (02) y Marino Alvarado (03), activistas de DDHH
Derechos Laborales: Oscar Murillo, periodista e Inti Rodríguez (04), Coordinador de
Investigación de ProveaDerechos de los Pueblos Indígenas: Lexys Rendón (05), directora de la ONG
Laboratorio de Paz
Derecho a la Salud: Jo D´Elia , sociólogo y especialista
Derecho a la Seguridad Social: Esperanza Hermida (06), historiadora
Derecho a la Tierra: Rodolfo Montes de Oca (07), abogado
Derecho a la Vivienda: Rafael Uzcátegui (08), Coordinador General de Provea
Derechos Civiles y Políticos
Derecho a la integridad personal: Nizar El Fakih (09), abogado
Derecho a la Justicia: Yael Bello, abogada y Jessica Duhan (10), abogada
Derecho a la Libertad Personal: Keymer Ávila (11), abogado
Derecho a la Participación: Beatriz Borges, abogada, Coordinadora de la ONG CEPAZDerecho a la Vida: Josbelk González, socióloga
Respuestas Organizativas
Gestiones ante los organismos internacionales: Juderkis Aguilar (12), responsable de
educación en Provea
Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos: Myra Lee Machado (13), socióloga
Equipo corrector: Rafael Uzcátegui, Marino Alvarado, Inti Rodríguez, Clara Linares
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ÍNDICEPrólogo. 8
Contexto y Balance de Situación
I. Contexto. 13
Balance de la situación de derechos humanos .
II. Derechos económicos, culturales y sociales . 29
III. Derechos económicos, culturales y sociales . 29
IV. Derechos civiles y politicos . 69
III. Propuestas y exigencias. 90
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Este Informe Anual va a la memoria
de Jesús Dolara (Chus), fundador de
Amnistía Internacional Venezuela y
pionero en la lucha por los derechos
humanos en nuestro país.
También va dedicado a Berta Cáceres
líder indígena lenca, feminista y activista
del medio ambiente hondureña,
asesinada por su defensa de los demás
el 03.03.16
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PROVEA Informe Anual8
PRÓLOGO
La situación de los derechos humanos en Venezuela es sin lugar a dudas una
de las más alarmantes del continente latinoamericano. Como lo ilustra el
Informe de PROVEA, con profusión de información y datos, los derechos fun-
damentales – tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y
ambientales – de la población venezolana se han visto gravemente socavados.
La situación de escasez y desabastecimiento de alimentos, medicinas y produc-
tos de higiene han afectado hondamente los derechos a la alimentación y a la
salud de la población. Las campañas de estigmatización promovidas desde el
Gobierno y los ataques contra defensores de derechos humanos, y en particular
PROVEA, siguieron siendo una constante. Con la puesta en marcha del deno-
minado “Operativo de Liberación del Pueblo ” (OLP), las detenciones masivas eindiscriminadas se han incrementado. El juzgamiento de civiles por tribunales
militares, en total violación de los estándares internacionales que prohíben esta
práctica, siguieron registrándose en el 2015. Los procesos judiciales y conde-
nas de opositores políticos y sociales igualmente siguieron siendo una práctica
habitual. La ausencia de investigaciones serías y genuinas y de enjuiciamien-
to y condenas de agentes estatales por violaciones a los derechos humanos fue
una constante durante el año 2015.
Esta grave crisis no es coyuntural. La deterioración de los derechos humanos de
la población venezolana ha sido progresiva y una constante en los últimos años,
resultante de políticas y prácticas estatales, contrarias a las obligaciones inter-
nacionales del Estado venezolano. Más aún, las autoridades venezolanas han
hecho oídos sordos a las recomendaciones para mejorar la situación que han
venido formulando los órganos internacionales de protección, como el Comité de
Derechos Humanos en 2015. Pero, aún más preocupante, como lo señala Provea
en su informe, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha conside-
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rado que son inejecutables las decisiones y las recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos, en particular los del sistema interamerica-
no de protección de derechos humanos por considerar que sus decisiones “con-
travienen la soberanía nacional ”.
En un Estado de Derecho, el Poder Judicial constituye un elemento fundamen-
tal para la protección de la población furente a los abusos, arbitrariedades e
injusticias del Estado. Así, en un Estado de Derecho, el Poder Judicial se erige
como el garante de los derechos humanos. Provee protección judicial, recursos
efectivos y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos huma-
nos. Para cumplir con ese fundamental papel, se requiere que el Poder Judicial
sea independiente y que actué de forma imparcial sin intromisión ni injerencias
de los demás poderes estatales. Como lo ha señalado el Relator Especial de las
Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados quien ha subra-yado que “los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia son uni-
versales y se basan tanto en el derecho natural como en el positivo. En el pla-
no internacional las fuentes de este último derecho radican en los compromisos
convencionales, las obligaciones consuetudinarias y los principios generales del
derecho. [...] Los principios fundamentales de la independencia y la imparciali-
dad de la justicia […] son 'principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas' en el sentido del inciso c) del párrafo 1 del Artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”i.
Desde el año de 1999, y por más de 16 años, el Poder Judicial venezolano vie-
ne siendo objeto de un proceso de reestructuración. Este proceso, llamado de
transición, ha permanecido por más de 16 años. Al respecto, cabe recordar que
el Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones a Venezuela de 2001
expresó su particular preocupación por esa situación, destacando que “[u]n pro-
ceso de reorganización prolongado pone en riesgo la independencia de dicho
poder, por la posibilidad de que los jueces sean removidos como consecuencia
del ejercicio de la función judicial, infringiendo así el párrafo 3 del artículo 2 y el
artículo 14 del Pacto ”ii. En esa oportunidad, el Comité aseveró: “[e]l proceso de
reorganización del poder judicial no debe continuar .”iii. En el año 2015, en sus
Observaciones a Venezuela, el Comité de Derechos Humanos reiteró sus preocu-
paciones y recomendacionesiv.
Este proceso de reestructuración del Poder Judicial se ha traducido, entre otros,
en la interinidad de la gran mayoría de los jueces así como de los funcionarios
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judiciales. En efecto, actualmente la mayoría de los jueces denominados “provi-
sorios ”, “suplentes ”, o “temporales ” (entre el 66% y el 80% dependiendo de los
informes oficiales) no tienen estabilidad, ya que son de libre nombramiento dis-
crecional, y están sujetos a la remoción discrecional por la Comisión Judicial del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin causa legal alguna, sin debido proceso
y sin recurso judicial. La Sala Constitucional del TSJ ha establecido en reitera-
da jurisprudencia vinculante que “los jueces y juezas provisorios, son suscepti-
bles de ser separados del cargo de la misma manera como fueron designados:
discrecionalmente ”, ya que “los jueces y juezas provisorios carecen de estabilidad
en el cargo ”iv. Los jueces titulares son la minoría (34%): a pesar de gozar en prin-
cipio de estabilidad en el cargo y estar sujetos actualmente a la jurisdicción disci-
plinaria conforme al Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezola-
na (CEVJ), son pasibles de “ser suspendidos para ser investigados ”. La Comisión
Judicial ha asumido esta práctica tal como ocurrió en el año 2009 en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue inmediatamente detenida para ser procesa-
da y fue suspendida para ser sometida a una investigación disciplinaria, por haber
ordenado, en virtud de sus funciones judiciales, una medida sustitutiva de libertad
de una persona cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de las Naciones Unidas.
Al respecto, en agosto de 2015, en sus Observaciones Finales a Venezuela, el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que el Estadovenezolano “debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni
a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e impar-
cial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e impar-
cial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufri-
do durante su detención .”vi. Esa misma recomendación fue formulada en 2014 por
el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, al exhortar al Estado venezo-
lano a “adoptar medidas urgentes para asegurar la plena independencia e inamo-
vilidad de los jueces conforme a los estándares internacionales en la materia, [y]
eliminar el régimen de provisionalidad de los jueces y garantizar la estabilidad e
independencia de los jueces provisionales actuales ”vii.
En el marco de los procesos de reestructuración del Poder Judicial decretados por
el TSJ en 2004viii y 2009ix, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura ha procedido a
varios despidos de personal administrativo, y en particular de miembros de sindica-
tos. En particular se registraron despidos de miembros del Sindicato Unitario Orga-
nizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ) y
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del Sindicato Unión Nacional de Empleados Públicos del Consejo de la Judicatura y
Poder Judicial (SUNEP-JUDICATURA). Sin embargo, los despidos de sindicalistas
del Poder Judicial empezaron desde 1999. Así, fueron suspendidos, despedidos o
removidos de sus cargos, de forma arbitraria y en contravención de las normas cons-
titucionales y legales, los dirigentes de SUONTRAJ y de SUNEP-JUDICATURA.
Este proceso de reestructuración del Poder Judicial ha socavado hondamente laindependencia del Poder Judicial y su capacidad de actuar como garante de los
derechos humanos. Así, se ha debilitado la independencia de la judicatura, permi-
tiendo la interferencia indebida de otros poderes del Estado en los nombramien-
tos y remociones discrecionales de jueces; lo que socava los derechos a un recur-
so efectivo, a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y a las garantías
judiciales. En mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señaló al respecto que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial
frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia
venezolana. […] [E]si falta de independencia ha permitido a su vez que en Vene-
zuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de
derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los
disidentes políticos .”x. En el mismo sentido, en noviembre de 2015, el Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifestó su preocu-
pación por “la independencia del poder judicial en Venezuela, la imparcialidad de
los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos políti- camente sensibles .”xi.
El proceso de politización del Poder Judicial y su copamiento por otros poderes
del Estado se acentúo en diciembre de 2015 con la elección, por mayoría simple
de los diputados de la Asamblea Nacional, de 13 magistrados principales y tres
magistrados suplentes del TSJ. Resulta revelador que, el 17 de febrero de 2016,
dos de los magistrados salientes del TSJ declararon ante la Comisión de Evalua-
ción sobre la Designación de Magistrados del TSJ de la Asamblea Nacional, quelos 13 magistrados habían presionados para pedir sus jubilaciones un año antes
de lo previsto constitucionalmente, con el fin de crear vacantes de los puestos
para los magistrados que serían designados en diciembre , antes de que la com-
posición política de la Asamblea Nacional cambiara luego de los comicios del 6
de diciembre de 2015. Así, se ha consolidado el control político de esa alta instan-
cia judicial, lo que demuestra un patrón sistemático de actuación en contra de la
independencia judicial.
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PROVEA Informe Anual12
El panorama del Poder Judicial no puede ser más desolador. La permanente situa-
ción de interinidad de los jueces, la pérdida de independencia y la alta politización
del Poder Judicial y su cooptación por el régimen han socavado hondamente la
capacidad de la Judicatura de desempeñar efectivamente su papel de garante de
los derechos humanos y de protector de los derechos fundamentales de la pobla-
ción ante los abusos y arbitrariedades del Estado.
Federico Andreu
Representante para Suramérica
Comisión Internacional de Juristas
I. Informe del Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Documento de las Naciones
Unidas E/CN.4/1995/39, párrafos 32 y 34.
II. Observaciones nales del Comité de Derechos Humanos: Venezuela, CCPR/CO/71/VEN de 26 de abril de2001, párr. 13.
III. Ibídem.
IV. Observaciones nales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, CCPR/C/VEN/CO/4, de 14 de agosto de 2015, párr. 15.
V. Sala Constucional del Tribunal Supremo de Juscia, sentencia del 20 de diciembre de 2007, caso: YolandaVivas en: hp://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2414-201207-07-1417.HTM
VI. Observaciones nales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, CCPR/C/VEN/CO/4, de 14 de agosto de 2015, párr. 15.
VII. Comité contra la Tortura, “Observaciones nales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la Repúbli-ca Bolivariana de Venezuela”, CAT/C/VEN/CO/3-4 de 12 de diciembre de 2014, párr. 16.
VIII. Disposición derogatoria, transicional y nal de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Juscia de 2004.
IX. Resolución No. 2009-0008 de 18 de marzo de 2009.
X. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 2014, 7 de mayo de 2015, párr. 328.
XI. Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (12 de noviembre de 2015). Disponibleen: hp://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16744&LangID=S
XII. Asamblea Nacional, Acuerdo mediante el cual se designa a los Magistrados y Magistradas Principales ySuplentes del Tribunal Supremo de Juscia. Publicado en Gaceta Ocial N° 40.816 del 23 de diciembre de
2015. Disponible en: hp://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_le?p_l_id=6939463&folderId=10513904&name=DLFE-10701.pdf RunRun.es (17 de febrero de 2016) Ex magistrados del TSJ denunciaronque fueron extorsionados y amenazados para dejar sus cargos. Disponible en: hp://runrun.es/nacional/venezuela-2/248932/ex-magistrados-del-tsj-denunciaron-que-fueron-extorsionados-y-amenazados-para-dejar-sus-cargos.html ; RunRun.es (1 de marzo de 2016) Ex magistrada: Maikel Moreno y presidenta del TSJme presionaron para adelantar mi jubilación. Disponible en: hp://runrun.es/rr-es-plus/251041/audio-ex-magistrada-maikel-moreno-y-presidenta-del-tsj-me-presionaron-para-adelantar-mi-jubilacion.html
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ContextoEnero-Diciembre 2015 13
ICONTEXTO Y BALANCE DE SITUACIÓN
CONTEXTO
En el contexto de la situación generalizada de deterioro de las condiciones de vidade la población venezolana, especialmente la más vulnerable, ocurrió un suce-
so que modificó sensiblemente la dinámica sociopolítica del país: Las elecciones
parlamentarias del 6-D. Los resultados arrojaron una diferencia a favor de la opo-
sición de más de dos millones de votos. El pico electoral del chavismo ocurrió en el
año 2012, cuando en su mejor resultado la opción oficial superó los 8 millones de
sufragios, con un margen de millón y medio respecto a los votos opositores. A par-
tir de ese momento, el cual coincide con la desaparición física de Hugo Chávez, la
tendencia del voto a favor del denominado “Proceso ” es al decrecimiento progresi-
vo. No obstante el presidente Nicolás Maduro no interpretó correctamente el men-
saje de malestar con su gestión, continuando la ejecución de medidas que han teni-
do como consecuencia el aumento de la exclusión política y social.
En materia social aumentó la pobreza, se incrementó la escasez, el desabasteci-
miento de alimentos y el alto costo de la vida al registrarse records históricos de
inflación y de retrocesos en las políticas de inclusión. En el sector salud se agravó la
crítica situación que afecta a miles de usuarios, tanto del sector público como priva-
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PROVEA Informe Anual14 Contexto
do. La prestación y acceso a los servicios
públicos en el país sigue siendo deficiente
y en 2015 se acentuaron las fallas. Cons-
tantes interrupciones del servicio eléctrico
y del suministro de agua potable afectaron
la calidad de vida de la población, sobre
todo la residente en los estados del inte-
rior del país, generando protestas en todo
el territorio nacional, invisibilizadas por la
hegemonía comunicacional estatal y pre-
carizando aún más calidad de vida de las
y los venezolanos. Las cifras disponibles
revelan que las consecuencias negativas
del gobierno de Nicolás Maduro han supe-rado la contracción de derechos sociales
sufrida por Venezuela durante los años de
la “ofensiva neoliberal ”.
Ante un escenario de creciente conflicti-
vidad social e insatisfacción por la ges-
tión gubernamental, el Ejecutivo venezo-
lano aumentó la respuesta autoritaria fren-te a las demandas de la ciudadanía. Esta
actitud poco democrática continuó, al
igual que en 2014 y 2013, constituyendo
un serio obstáculo para el ejercicio de las
libertades democráticas y los derechos de
libre asociación, reunión y manifestación
pacífica, entre otros. En enero de 2015 el
Gobierno nacional creó la inconstitucio-nal figura del Sistema Popular para la Paz
(SP3) con el objetivo de “combatir ame-
nazas internas o externas contra nuestra
Patria”, incorporando en estas labores al
llamado “Poder Popular ”. Quince días des-
pués, el Ministerio del Poder Popular para
la Defensa, dictó la inconstitucional Reso-
lución 008610, que permite a todos los
componentes de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (Aviación, Ejército, Arma-
da y Guardia Nacional) participar en labo-
res de control de orden público, y el even-
tual empleo de la fuerza letal para controlar
manifestaciones. Persistió, además, la
política de criminalización de la protesta
popular mediante presunciones anticipa-
das y estigmatización contra manifestan-
tes , así como prohibición de protestar en
determinadas zonas, detención de mani-
festantes, dirigentes políticos y sociales en
una tendencia generalizada de represióncontra manifestaciones pacíficas.
La gestión del Presidente Maduro trans-
formó la militarización tanto de la gestión
pública como de las labores de seguridad
ciudadana en política de Estado. A media-
dos del mes de julio de 2015, un nuevo
operativo policial-militar, conocido como“Operativo para la Protección y Liberación
del Pueblo ” (OLP) llevó más sufrimien-
to a las barriadas populares, incremen-
tó las ejecuciones policiales, las detencio-
nes arbitrarias y los allanamientos ilegales.
Además, durante su ejecución se registró
una afectación -sin precedentes en el mar-
co de un operativo de seguridad ciudada-na- del derecho a una vivienda adecuada.
Cientos de viviendas situadas en comuni-
dades populares fueron destruidas de for-
ma ilegal y arbitraria por funcionarios y
agentes de la fuerza pública que partici-
paron en las redadas de la OLP. Igualmen-
te, miles de personas beneficiarias de la
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ContextoEnero-Diciembre 2015 15
principal política gubernamental en mate-
ria de vivienda, la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV), fueron desahuciadas
y desalojadas forzosamente por agentes
del Estado, luego que el Presidente Nico-
lás Maduro alentara actos de criminaliza-
ción de familias en cuyos núcleos, uno de
sus integrantes estuviera presuntamen-
te vinculado a la comisión de hechos puni-
bles. Por último, Provea registró diferen-
tes denuncias sobre hurtos y robos gene-
ralizados contra la población, realizados
por funcionarios policiales y militares, en
comunidades afectadas por la OLP.
El hacinamiento en cárceles y recintos poli-
ciales, que según el Observatorio Venezola-
no de Prisiones (OVP) se ubicó al cierre de
2015 en 190%, produjo hechos de violencia
y el asesinato de 191 personas privadas de
libertad, lo que significó una reducción con
respecto al registro levantado por la organi-zación no gubernamental en 2014.
El gobierno decretó el estado de excepción
en varios estados fronterizos, realizó masi-
vas deportaciones arbitrarias incluyendo
solicitantes de refugio y cerró la frontera
con la República de Colombia.
Junto al crecimiento de la pobreza, la impu-nidad estructural, como consecuencia de
las irregularidades en el Sistema de Admi-
nistración de Justicia, constituyó la segunda
situación más grave de violación a los dere-
chos humanos en el país. Se afianzó la poli-
tización del Tribunal Supremo de Justicia
con una elección viciada de nuevos magis-
trados, se mantuvo sin castigo a una alta
proporción de delitos comunes como viola-
ciones a los derechos humanos.
De esta manera la justicia continuó de
espaldas a las demandas y derechos ciu-
dadanos, siendo recurrentemente emplea-
do como instrumento para la persecuciónpolítica y la criminalización de la disiden-
cia. La sentencia condenatoria dictada porel Tribunal 28° de Juicio de Caracas contra
el dirigente político Leopoldo López y los
jóvenes Christian Holdack, Demian Mar-
tín García y Ángel de Jesús González, lue-
go de un largo proceso penal signado por
denuncias de torturas y tratos crueles con-
tra los acusados, violaciones al debido pro-
ceso y obstaculización del derecho a la
defensa, con decenas de pronunciamien-
tos de organismos de protección de dere-
chos humanos; organizaciones interna-
cionales de derechos humanos; activis-
tas sociales, entre otros, constituyó la másparadigmática demostración de la instru-
mentalización de la justicia con fines políti-
cos en Venezuela.
El país continuó fuera de las competen-
cias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y el Estado siguió desco-
nociendo las sentencias del organismohemisférico y las recomendaciones de dis-
tintos órganos de Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos. Junto a ello mantuvo
un discurso de descalificación de las ins-
tancias internacionales de protección a los
derechos humanos, y se agudizó la crimi-
nalización y estigmatización de las organi-
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PROVEA Informe Anual16 Contexto
zaciones de la sociedad civil y defensores
de derechos humanos, que hicieron uso de
los mecanismos que ofrecen estas instan-
cias para la presentación de casos e infor-
mes. En junio se realizó la evaluación del
cumplimiento por parte del Estado vene-
zolano de las obligaciones impuestas en
el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales. En ambos espacios los represen-
tantes del estado descalificaron y amena-
zaron a las organizaciones que presenta-
ron informes alternativos. Cinco medidasde protección a defensores y defenso-
ras de derechos humanos dictó la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos incluyendo a todo el equipo Coordina-
dor de Provea y su ex coordinador general.
I.-Continuó el retroceso en dere-
chos sociales y se acentuó el dete-rioro de la calidad de vida
La población venezolana fue sometida a
niveles considerables de deterioro de su
calidad de vida. Los sectores de meno-
res ingresos sufrieron los mayores impac-
tos. Los resultados de la gestión económica
del gobierno del Presidente Nicolás Madu-ro, hicieron retroceder aún más, con res-
pecto al año anterior, los avances sociales
alcanzados por su predecesor en la prime-
ra magistratura. Con el Presidente Maduro la
pobreza y la inflación han alcanzado niveles
históricos, a tal punto que Provea ha carac-
terizado a su gobierno como una gran fábrica
de pobreza y exclusión social.
En la historia reciente de Venezuela nun-
ca se habían registrado tan altos niveles
de escasez como los contabilizados en
2015. A pesar que el Banco Central de
Venezuela (BCV) se negó a seguir publi-
cando tales índices, el crecimiento de las
colas para adquirir productos y las investi-
gaciones privadas reflejan que la escasez
superó en términos generales el 60%i y
en algunos productos más del 70% como
en el caso de los medicamentosii. La infla-
ción tuvo su nivel histórico más alto des-
de 1950, año en el cual el BCV comen-
zó a registrar dicho índice en el país. Lagestión del Presidente Maduro impu-
so un nuevo record al superar los índi-
ces más altos de inflación que hasta aho-
ra se habían registrado y que correspon-
dían a los años 1989 (81%); 1994 (70,8%)
y 1996 (103,2%), períodos en los cuales
se realizaron ajustes económicos de cor-
te neoliberal.
Según las cifras publicadas por el BCV en
febrero del presente año, en 2015 la infla-
ción fue de 180,9%iii, mientras que la infla-
ción en alimentos y bebidas no alcohólicas
cerró en 315% según la propia cifra oficia-
liv. La familia venezolana terminó adquirien-
do menos productos para su dieta y aseopersonal ya sea porque no los conseguía
o porque no tenía capacidad económi-
ca para comprarlosv. Desde comienzos de
año el notorio incremento de la escasez de
alimentos y productos de la cesta básica y
las largas colas para satisfacer la deman-
da de productos, combinado con algunoshechos de violenciavi, se tradujeron en más
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ContextoEnero-Diciembre 2015 17
penurias, sobre todo para mujeres y perso-
nas de la tercera edad pertenecientes a los
sectores más pobres de la población. A esta
situación se sumó la ausencia de anuncios
por parte del Ejecutivo Nacional durante
buena parte del año que condujeran a brin-dar claridad sobre las políticas a implemen-
tar para revertir la vulneración del derecho a
la alimentación de la ciudadanía.
La pobreza siguió su ritmo ascendente. En
el año 2009 expresamos que existían indi-
cios de regresividad en el disfrute de los
derechos sociales y en los impactos de
la lucha contra la pobrezavii. En el 2013 se
produjo la primera alerta cuando el Instituto
Nacional de Estadística (INE) indicó que la
pobreza se incrementó 6,1%viii. Según cifras
del organismo la pobreza pasó de 21,2% en
2012 a 27,3% en el segundo semestre de
2013. Ello significó que un total de 416.326
hogares ingresaron a la línea de pobre-za. En términos de personas 9.174.142 se
encontraban en situación de pobreza; de
ellas, 2.791.292 en extrema pobreza.
Al registrarse este aumento, el INE deci-
dió no publicar más cifras oficiales. No se
conocían las cifras de 2014 ni de 2015
basadas en el método de línea de pobre-za por ingreso. Sin embargo, de acuerdo
al organismo, por el método pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
en cifras absolutas, entre el 2013 y el 2015,
hubo un aumento de 5,13%, lo que signi-
fica que 71.239 hogares ingresaron a la
pobrezaix. Los indicadores que acompaña-
ron el crecimiento de la pobreza en el año
2013, empeoraron en el 2014 y particular-
mente en 2015.
La caída del ingreso de las y los trabaja-
dores venezolanos debido a los altos índi-
ces de inflación, continúo apuntalando el
crecimiento de la pobreza en Venezue-la. Pese a la opacidad del INE, la Comisión
Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) informó en su Panora-
ma Social de América Latina 2015: “[…] el
número de pobres de la región se incremen-
tó en alrededor de 2 millones de personas.
Esta variación fue el resultado, por una par-
te, de un aumento de aproximadamente 7
millones de personas pobres registrado o
proyectado principalmente en Guatema-
la, México y Venezuela (República Boliva-
riana de), y, por otra, de una disminución de
5 millones observada sobre todo en el Bra-
sil, Colombia y el Ecuador (…) en la Repú- blica Bolivariana de Venezuela, Honduras y
México se registró un aumento de la tasa de
pobreza, acompañado de un incremento de
la brecha y la intensidad de la pobreza. En
los dos primeros, además, la situación rela-
tiva de las personas más pobres al final del
período desmejoró ”x.
Por segundo año consecutivo la CEPAL
identifica la caída del ingreso como la prin-
cipal causa del aumento de la tasa de
pobreza en nuestro país: “En la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Honduras
y México, el decrecimiento de los ingre-
sos se constituyó en el principal factor de
aumento de la pobreza”xi.
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PROVEA Informe Anual18 Contexto
Por su parte la Encuesta sobre Condicio-
nes de Vida en Venezuela (ENCOVI)xii
2015, realizada conjuntamente por la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV),
Universidad Simón Bolívar (USB) y Uni-
versidad Católica Andrés Bello (UCAB)
presentada en noviembre del pasado
año, indicó que para entonces se regis-
traba un record en la tasa de pobreza en
el país, alcanzando al 75% de la pobla-
ción. Según la ENCOVI cerca de 23 millo-
nes de venezolanos tienen dificultades
para satisfacer sus necesidades a par-
tir del ingreso, añadiendo que por prime-ra vez la pobreza extrema es mayor que
la pobreza no extrema. La encuesta indi-
ca que la pobreza por Necesidades Bási-
cas Insatisfechas comenzó a aumentar en
2015, según el estudio la pobreza estruc-
tural aumentó de 21,3% en 2014 a 29,1%
en 2015, debido al empeoramiento de los
servicios a las viviendas (reducción de
83,6% a 81,3% del servicio de agua por
acueducto) y el aumento de las viviendas
inapropiadas (ranchos) a 10,33%. En tér-
minos de personas, la ENCOVI indica que
23 millones de venezolanos se encuen-
tran en condición de pobreza.
A las penurias generadas por la escasezde alimentos, se sumó el desabastecimien-
to de medicamentos. Miles de personas
sometidas a diversos tipos de tratamien-
tos, constataron el deterioro de su salud
o agregaron una angustia más. La coali-
ción de organizaciones que trabaja y exi-
ge el derecho a la salud Codevida expresó
“Las circunstancias actuales amenazan la
vida de miles de personas o están causan-
do lesiones irreversibles a su condición físi-
ca y mental, pues no están tomándose las
medidas exigidas para brindar la protec-
ción requerida o el acceso sin demora a losmecanismos necesarios para evitar más
daños a la salud o la pérdida de vidas ”xiii
La situación de la salud pública en
Venezuela continuó agravándose.
La ausencia de políticas y normas dirigi-
das a corregir problemas estructurales así
como la desinversión en el sector, empeo-raron durante el 2015 la situación del dere-
cho a la salud, lo cual incluyó un progresivo
desabastecimiento de medicinas, insumos
y materiales médicos, así como el colap-
so de los servicios de salud públicos. Esta
realidad se vio agravada debido a la falta
de estadísticas públicas, que incluye la sus-
pensión de la publicación del Boletín Sema-nal Epidemiológico desde el mes octubre.
Durante el período se contabilizaron
3.719 denuncias sobre deficiencias en
el sistema sanitario, un aumento de 40%
en relación con el año 2014. El 52% de
estas denuncias estuvieron relaciona-
das con los elevados niveles de desabas-tecimiento de medicinas, 47% con esca-
sez de dotación y equipamiento, déficit
de personal, infraestructura física debi-
litada y cierre, paralización o suspensión
de servicios en hospitales y ambulatorios
públicos, incluyendo centros de la Misión
Barrio Adentroxiv.
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PROVEA Informe Anual20 Contexto
de seguridad que han intervenido en ellas
han cometido graves abusos. Denuncias
recibidas por las organizaciones de Dere-
chos Humanos o publicadas en medios de
comunicación, indican que son numerosas
víctimas y que se produjeron graves viola-
ciones de derechos humanos que incluyen
ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias, desalojos forzosos, destrucción
de viviendas y deportación arbitraria de
ciudadanos colombianos, a menudo acu-
sados, sin ninguna prueba, de tener nexos
con “paramilitares ”.
El Ministerio Público en su Informe Anual
2015 indicó que 245 personas murieron
en los cinco meses de OLP en 2015xvi. Se
multiplicaron las denuncias de presun-
tas ejecuciones policialesxvii. A diferen-
cia de las ejecuciones extrajudiciales que
por décadas se han realizado en Venezue-
la y que desde los voceros oficiales en dis-tintos gobiernos han definido como “des-
viaciones policiales ”, las realizadas en el
marco de los operativos OLP responden
a la propia política de seguridad estable-
cida. Se afianza el proceso de militariza-
ción de las labores de seguridad ciudada-
na en Venezuela, reivindicando la política
de “mano dura”, y la definición del presuntodelincuente como enemigo a aniquilar don-
de la lucha contra las organizaciones delic-
tivas se entiende como una “guerra contra
el crimen ” con la lógica del aniquilamien-
to del presunto enemigo. Por ello el Minis-
tro del Poder Popular para las Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, Gustavo Gonzá-lez, a veces con cierta euforia, suministra
el “número de bajas ”, el Presidente de la
República da el espaldarazo y el Defensor
del Pueblo guarda silencio.
La magnitud de los abusos cometidos
por miembros de las fuerzas de seguri-
dad durante redadas de la OLP se desco-noce, en gran parte debido a que las autori-
dades no han investigado adecuadamente
los hechos denunciados. Mientras el Minis-
terio Público anunció que se realizaban las
investigaciones de las circunstancias en las
cuales fallecieron esas personas, el silencio
del Defensor del Pueblo Tarek William Saab
se ha convertido en un aval para la impuni-
dad. Además de no hacer pronunciamientos
públicos condenando los abusos, no brinda
respuestas a las víctimas que presentaron
denuncias, ni aceptó la invitación que le hizo
Provea de acudir conjuntamente a los luga-
res emblemáticos de estos operativos donde
hay numerosas denuncias de abusosxviii
.Algunos testigos y víctimas se han mostra-
do renuentes a hablar sobre abusos guber-
namentales por temor a sufrir represalias
ya que fueron amenazados en el momen-
to y después de realizados los operativos.
Junto a las ejecuciones policiales y las
detenciones arbitrarias masivas, unode los aspectos más resaltantes es que
por primera vez en Venezuela se usó la
vivienda no como derecho sino como cas-
tigo. 976 viviendas han sido destruidas
de forma ilegal y arbitraria por agentes
de la fuerza pública que han actuado en
la OLP. Los residentes de estas viviendas,
han quedado damnificados por la propia
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ContextoEnero-Diciembre 2015 21
acción del Estado, y meses después de
los hechos aún no reciben ninguna expli-
cación de las autoridades.
De acuerdo a información oficial, más
de 17.000 viviendas han sido allanadas
durante la ejecución de OLP. En todoslos operativos realizados en los urbanis-
mos de la Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV), se han realizado allanamien-
tos masivos sin orden judicial. El gobierno
ha insistido en llamar a estos procedimien-
tos irregulares “auditorias de viviendas ”. En
ninguno de los casos, estos allanamientos
contaron con una orden judicial y no hubo
presencia de fiscales del Ministerio Públi-
co durante la realización de los mismos.
Adicionalmente, se reportaron numerosas
denuncias de hurtos y destrozos ocasio-
nados a viviendas allanadas. 1.490 vivien-
das de la GMVV fueron según términos del
gobierno “recuperadas ” durante 5 mesesde ejecución del OLP a nivel nacional. En
realidad se trató de desalojos forzososixx.
Otra forma de victimización de los secto-
res populares se produjo con la declara-
ción de estados de excepción en los muni-
cipios fronterizos con Colombia. El primer
Decreto estableció el estado de excep-ción en seis municipios del estado Táchi-
raxx. Se estableció que los organismos de
seguridad podían inspeccionar todo tipo de
inmuebles y se prohibió la circulación de
mercancías. A los pocos días, el estado de
excepción se extendió a siete municipios
fronterizos del estado Zulia y tres muni-
cipios del estado Apurexxi. En el caso del
estado Táchira, los abusos cometidos por
la fuerza pública fueron variados: depor-
taciones ilegales, torturas y malos tratos,
detenciones arbitrarias, hurto de bienes
de inmuebles allanados y demolición de
viviendas. Al cierre de este informe la fron-
tera con Colombia continuaba cerrada y
se mantenía el estado de excepción en los
municipios fronterizos.
Entre agosto y septiembre de 2015, las
fuerzas de seguridad deportaron a más
de 1.700 ciudadanos colombianos, y al
menos otros 22.000 abandonaron el país
de forma voluntaria y en temor a represa-
lias, según datos de la Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios de la ONUxxii.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) informó que los ciudada-
nos colombianos habían retornado “como
consecuencia del temor y la grave situación
que estaban viviendo en Venezuela”xxiii
.Ninguno de los más de 700 colombianos
entrevistados por la Defensoría del Pueblo
de Colombia después de haber sido depor-
tados de Venezuela manifestó que hubie-
ra tenido una audiencia para poder cues-
tionar su expulsiónxxiv. De los ciudadanos
colombianos que fueron deportados deVenezuela o que se fueron del país ante
acciones represivas por parte del gobier-
no, 400 habían solicitado asilo o se les
había reconocido la condición de refugia-
dos en Venezuela, según el Grupo Temá-
tico Mundial de Protección en Colombia,
una organización dedicada a brindar apo-
yo y defender los derechos de personas
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PROVEA Informe Anual22 Contexto
afectadas por emergencias humanita-
rias. Ese mismo grupo informó que más de
2.000 de los ciudadanos colombianos que
regresaron habían sido reconocidos por el
Registro Único de Víctimas de Colombia
como víctimas del conflicto armadoxxv
.III. Persistió la renuencia ante las
decisiones de los organismos
internacionales de protección.
Existe una política de Estado de no aca-
tar las decisiones de los organismos inter-
nacionales de protección de los dere-
chos humanos. Es una política que se vaperfeccionando y dando sustento jurídi-
co usando para ello la Sala Constitucio-
nal del TSJ, la complicidad de la Defen-
soría del Pueblo y del Ministerio Públicoxvi.
Como un componente de tal política está
la de descalificar las instancias de pro-
tección tanto del Sistema Interamericano
como de Naciones Unidas.
Durante el gobierno del ex presidente
Chávez la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Cor-
te IDH) se convirtieron en objetivos a des-
prestigiar. En voz de Chávez y otros altos
funcionarios el calificativo de “lacayos del
imperialismo ” se hizo común para referirse
a los dos organismos de protección. Jun-
to a ello se desconocieron las recomenda-
ciones, decisiones y sentencias. Así se lle-
gó a la denuncia de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos en 2013xxvii. A
las dificultades de las mayorías para obte-ner justicia, se sumó un nuevo obstáculo
al despojar a los venezolanos de la posibi-
lidad de alcanzar justicia en las instancias
internacionales de protección.
En la medida que distintos órganos de
Naciones Unidas se han ido pronuncian-
do a favor de las víctimas en Venezue-la o ante situaciones de violaciones a los
derechos humanos, los descalificativos
se extienden a Naciones Unidas. Junto a
ello el desconocimiento de las decisiones
y la criminalización de quienes hacen uso
del sistema de protección.
Entre 2014 y 2015 el Grupo de Trabajo sobreDetenciones Arbitrarias de la ONU emi-
tió varias decisiones recomendado la liber-
tad de las personas detenidas. Todas fueron
incumplidas por el gobierno. Daniel Ceballos,
Leopoldo López, Vicenzo Scarano, Rosmit
Mantilla son algunos de los beneficiados. Por
su parte el 22.06.15, la Corte IDH dictó sen-
tencia sobre el caso Granier y otros (RadioCaracas Televisión)xxviii. La Sala Constitu-
cional declaró inejecutable la sentencia de
la Corteixxx, expresando: “Este fallo, asimis-
mo, expone al mundo el empleo indiscrimi-
nado y parcializado de las herramientas con
que fue dotado un sistema que en teoría fue
instalado para la protección de los derechoshumanos, pero que en la práctica parecie-
ra perseguir el objetivo de proporcionar cau-
telas y protecciones a intereses económicos
espurios, alejados de las nociones del Esta-
do social que hoy día se imponen en buena
parte del concierto de naciones . (…) declara
INEJECUTABLE el fallo dictado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en
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ContextoEnero-Diciembre 2015 23
fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier
y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Vene-
zuela, por constituir una grave afrenta a la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y al propio sistema de protección
internacional de los derechos humanos ”xxx
.Los días 2 y 3 de junio de 2015 el Esta-
do venezolano fue evaluado por el grado
de cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (PIDESC) ante el Comité Desc de
Naciones Unidas. Posteriormente, los días
29 y 30 de Junio de 2015, Venezuela tuvo
que rendir examen sobre el cumplimiento
del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) ante el Comité de Dere-
chos Humanos. Varias organizaciones de
derechos humanos presentaron informes
alternativosxxxi e hicieron acto de presencia
en Ginebra en el momento de la evaluación.
Altos funcionarios del gobierno descalifica-ron la presencia de los defensores.
La participación en eventos ante otros órga-
nos internacionales también fue crimina-
lizada. Ante la presencia de varios repre-
sentantes de organizaciones de Derechos
Humanos en la Cumbre de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) realiza-da en Panamá entre el 8 y 11 de abril 2015,
se hizo empleo abusivo del sistema nacio-
nal de medios públicos para criminalizar a
los defensores y defensoras de Derechos
Humanos. A través de los portales web del
canal oficial del Estado, Venezolana de Tele-
visión, y del Diario Correo del Orinoco, se
publicó el 03.04.15 un artículo titulado “La
CIA ya tiene lista su ‘delegación venezolana’
a la Cumbre de Panamá ”, en el que hicieron
referencia a la participación de ONG y defen-
sores de derechos humanos venezolanos
que asistirían a la VII Cumbrexxxii.
Un foco permanente de criminalización con-tra los defensores y defensoras de Dere-
chos Humanos lo constituyó el programa
de televisión “Con el Mazo Dando ” condu-
cido por el para entonces Presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Ante el sistemático discurso de odio promo-
vido por el diputado a través de dicho espa-
cio televisivo, varios expertos independien-
tes de Naciones Unidas se pronunciaron en
julio de 2015: “Es hora de poner fin a este
vergonzoso acoso televisado contra acti-
vistas de derechos humanos en Venezue-
la”. “Condenamos lo que se ha convertido
en un claro patrón para intimidar y difamar a
defensores de derechos humanos sólo porpromover los derechos humanos en su país
y participar con organismos internacionales
y regionales de derechos humanos ”xxxiii.
Los niveles de acoso y ataques a defen-
sores y defensoras llegaron a tal nivel,
que en 2015 la CIDH dictó medidas caute-
lares a favor de varios activistas venezo-lanos, incluyendo al Equipo Coordinador
de Provea y su ex coordinador generalxxxiv.
IV. El descontento se expresó
en las urnas
El 06.12.15 se realizó la elección para ele-
gir a los y las parlamentarias para la ges-
tión 2016-2021. El proceso se realizó en
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8/16/2019 Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
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PROVEA Informe Anual24 Contexto
un clima de tranquilidad a escala nacional
y con amplia participación ciudadana. La
Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
representando a las fuerzas políticas de
la oposición, obtuvo la victoria logran-
do 112 diputados, incluyendo la represen-tación indígena, logrando así la mayoría
calificada de dos tercios. Mientras, el Polo
Patriótico que representó a los partidos pro
gobierno alcanzó 55 diputadosxxxv. La dife-
rencia de votos fue de 2.108.397.
Si tomamos la cifra de votos alcanzada
en el año 2012, el mejor resultado electo-
ral del chavismo con 8.191.132 sufragios,
para el 6-D el proyecto bolivariano había
perdido 2.568.288 electores en 3 años, a
un ritmo de 2.345 votos al día. Además de
ser una fábrica de pobreza el gobierno de
Nicolás Maduro es una máquina de perder
apoyo electoral de las bases que alguna
vez apoyaron a Hugo Chávez.Estos resultados destruyeron dos impor-
tantes mitos políticos sobre los cuales se
legitimaba formalmente su propuesta: ser
mayoría electoral y, como consecuen-
cia, ser invencible en elecciones. Si Hugo
Chávez utilizó esta legitimación electoral
para imponer de manera no democrática elllamado “socialismo del siglo XXI ”, el gobier-
no de Nicolás Maduro se ha convertido en
un autoritarismo sin apoyo popular. Sin la
capacidad de convocatoria que exhibía
Hugo Chávez, sin los recursos para promo-
ver mecanismos de redistribución de la ren-
ta petrolera, incapaz de garantizar derechos
sociales y sin la suficiente autoridad sobre
todos los sectores que integran el universo
bolivariano, su gobierno se basa en la inti-
midación, discriminación, chantaje y el uso
de los diferentes poderes para mantenerse
en el poder. Una muestra del deterioro del
modelo de gobernabilidad que edificó HugoChávez lo constituyó las declaraciones pre-
sidenciales del 08.12.15, dos días después
de realizadas las elecciones parlamenta-
rias cuando ya eran conocidos los resulta-
dos: “Yo quería construir 500 mil viviendas
el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudan-
do. Pero no porque no pueda construir, yo
puedo construirlo [sic], pero te pedí tu apoyo
y no me lo distes [sic] ”xxxvi.
El triunfo de la oposición significó que el Eje-
cutivo Nacional perdió el control de uno de
los poderes públicos que de manera férrea
había dominado, y al que le había ampu-
tado su carácter de espacio para el deba-
te plural. Tras la contundente derrota, lasfuerzas políticas progobierno diseñaron
y ejecutaron una estrategia para minimi-
zar el papel del Parlamento. Así, emplean-
do al Tribunal Supremo de Justicia, a través
de la Sala Constitucional, se obstaculizó
funcionamiento de la Asamblea Naciona-
lxxxvii. La voluntad popular expresada en las
urnas era sustituida por el Ejecutivo Nacio-
nal por maniobras políticas apalancadas en
la instrumentalización política de la admi-
nistración de justicia y en el control de otros
poderes públicos, todo con la finalidad de
entrabar el funcionamiento de la Asamblea
Nacional. La oposición que había genera-
do muchas expectativas de garantizar con
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ContextoEnero-Diciembre 2015 25
el triunfo la solución de los problemas que
más angustiaban a la población, quedó
atrapada entre sus promesas y la capaci-
dad real de acción y cambioxxviii.
Al momento de redactar este informe, todo
indicaba que se afianzaba la estrategiagubernamental de neutralizar las iniciativas
políticas y las leyes emanadas de la Asam-
blea Nacional. Aupaba así un conflicto entre
poderes públicos que terminaba perjudican-
do a la población, al alejar las posibilidades
de un acuerdo básico de convivencia políti-
ca que permitiera discutir y acordar solucio-
nes a los principales problemas que pade-
ce la población: escasez, costo de la vida e
inseguridad. Se avanzaba lenta y de mane-
ra peligrosa a una confrontación política
que pudiese provocar situaciones de vio-
lencia, debilitar aún más la institucionalidad
democrática y agudizar la crisis económi-
ca y social, generando más penurias en lapoblación más pobre y estimulando la cre-
ciente conflictividad social.
El derecho de ser chavista
La identidad política “chavista” es tan legíti-
ma como cualquier otra identidad que libre-
mente cualquier persona decida para sí mis-
ma. En momentos en que se están con-formando otras mayorías que debieran
construir una propuesta de país que supe-
re las actuales contrariedades, los apor-
tes de los sectores más democráticos del
bolivarianismo serán importantes y nece-
sarios. Hemos insistido en que deben com-
prenderse las expectativas y motivaciones
que generó Hugo Chávez en amplios sec-
tores de la población, para poder dialogar
en términos políticos con los componen-
tes con los que sea posible construir acuer-
dos. Los mecanismos de justicia transicional,
que seguramente serán necesarios en una
Venezuela diferente, deberán investigar y
sancionar a los funcionarios involucrados en
delitos y violaciones de derechos humanos.
Otra cosa diferente, y que debe ser rechaza-
da, será la tentación de criminalizar toda una
ideología de la misma manera en que el alto
gobierno descalificó a quienes disentían de
su proyecto político. El movimiento boliva-
riano no es homogéneo, y está conformadopor varios “chavismos ” en su seno, cada uno
con su propia visión y aspiraciones. Algu-
nos de estos sectores continuarán protago-
nizando la vida política del país, y deben ser
incorporados a la construcción de los próxi-
mos consensos que allanen la solución a los
actuales problemas. No obstante, las parce-
las más democráticas del movimiento boliva-
riano deberán realizar un proceso de revisión
interna, en el cual puedan hacer un balance
tanto de sus fortalezas como de sus contra-
dicciones, para reinventarse y reimpulsarse.
El desenlace del conflicto será
pacífico y democrático
A riesgo de posibles situaciones sobreve-
nidas de violencia e interrupciones del hilo
constitucional, Provea considera que hay
mayores probabilidades que el desenlace
del conflicto sea pacífico y democrático a tra-
vés de los mecanismos establecidos en la
propia Carta Magna. Consideramos que el
Referendo Revocatorio es la mejor estrate-
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PROVEA Informe Anual26 Contexto
gia para dirimir la actual conflictividad política
y generar las rectificaciones necesarias para
garantizar derechos sociales y combate a la
pobreza. Dentro del propio movimiento boli-
variano habría convencimiento de ello, inten-
tando que el mismo se realizara en el año
2017 para minimizar los costos políticos de
la revocación del primer mandatario. Según
el politólogo Nicmer Evans, ligado a grupos
oficialistas “En 4 de las 7 facciones hay con-
senso en que Maduro debe salir de la pre-
sidencia; las tres que lo apoyan son las que
pivotan en torno a la figura presidencial (…)
Dentro de las otras cuatro están claros acer- ca de que la única forma en que el chavismo
mantenga el poder es que el revocatorio se
realice después del 10 de enero de 2017 xxxix .
En este sentido, Provea suscribió la decla-
ración “Venezuela: Caos, quiebre social y
conflicto político. ¿Cuál futuro común ” de la
plataforma “Aquí Cabemos Todos ” que rea-lizó, entre otras, las siguientes exigencias:
- Definir estrategias y acciones pacíficas con-
juntas de partidos, organizaciones políticas y
sociales para exigir al CNE el cumplimiento
de requerimientos y plazos para adelantar el
Referendo Revocatorio presidencial. Dicho
referendo revocatorio puede contribuir a la
construcción de la paz sólo si su resultado
no se interpreta como la eliminación del otro,
sino como un paso hacia el necesario respe-
to y coexistencia de la diversidad política.
- Demandar al CNE una actuación impar-
cial, diligente y transparente ante este
referendo revocatorio y próximas eleccio-
nes de gobernadores, no sólo porque la
Constitución así lo establece, sino porque
lo que está en juego no es sólo el triunfo o
la derrota de una u otra opción sino la paz
y el futuro de convivencia democrática de
los venezolanos.
I. DATANALISIS: Datanalisis ahondó en las percepciones del abastecimiento en Venezuela (en línea) hp://www.datanalisis.com/1876/datanalisis-ahondo-en-las-percepciones-del-abastecimiento-en-venezuela/
II. FEDERACION FARMACEUTICA DE VENEZUELA: Maniesto de FERFAVEN ante la escasez del medicamento en Ve-nezuela (en línea) hp://fefarven.org.ve/portal/les/circulares/Maniesto_FEFARVEN_ante_escasez_de_me-dicamentos_09062015.pdf
III. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA: Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor,Producto InternoBruto y Balanza de Pagos. (en línea) (hp://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf)
IV. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Índice Nacional de Precios al Consumidor [en línea] hp://www.ine.gov.ve/index.php?opon=com_content&view=category&id=108&Itemid=62
V. Se sabe que los sectores de menores ingresos gastan sus ingresos principalmente en alimentos por lo tanto unainación tan alta en general pero parcularmente en este rubro empeora sus condiciones de vida.
VI. Carmen Rodríguez: Las colas se convierten en epicentro del descontento en Venezuela. El Universal (en línea)(http://www.eluniversal.com/noticias/politica/las-colas-convierten-epicentro-del-descontento-venezue-la_34238)
VII. Provea: Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2008-sept 2009 . Pág21. (en línea) (hp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/2-contexto-y-balance.pdf)
VIII. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Indicadores sociales. (en línea) (hp://www.ine.gov.ve/index.php?opon=com_content&view=category&id=104&Itemid=45#)
IX. Idem
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ContextoEnero-Diciembre 2015 27
X. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS: Comisión Económica para América Lana y el Caribe. Panorama Socialde América Lana 2015 [en línea] hp://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600227_es.pdf?sequence=1
XI. Idem
XII. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Y UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BE-LLO. Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) [en línea] hp://www.rectorado.usb.ve/vida/si-tes/default/les/2015_pobreza_misiones.pdf
XIII. CODEVIDA: Declaración Unidos por la Vida. (en línea) (hps://coalicionporlavida.wordpress.com/2016/04/01/
declaracion-unidos-por-la-vida-sobre-situacion-grave-de-servicios-de-salud/XIV. Ver capítulo Derecho a la Salud de este Informe Anual.
XV. En febrero de 2015 se autorizó el aumento de pasaje en 40% para rutas urbanas y extraurbanas; se autorizó au-mento del pasaje en líneas aéreas,
XVI. MINISTERIO PUBLICO: Informe Anual 2015. (en línea) (hp://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_le?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-1ae55772d7b5&groupId=10136)
XVII. El 14.07.2015 familiares de 4 personas asesinadas en el sector La Cancha de la Cota 905 durante la realizacióndel OLP el 13.07.2015, desmineron la versión ocial que indicaba que estas personas había resultado muer-tas luego de enfrentarse a la fuerza pública. Familiares de MARTINEZ, Elio Jesús (25); CASTRO, Carlos Luis (25);ISTURÍZ, Kevin Jesús (22); BEJARANO, Carlos Eneisi (18) y un menor de edad de 14 años, denunciaron que estaspersonas no se habían enfrentado a los efecvos policiales y no pertenecían a bandas delicvas. En el caso del
adolescente asesinado, un familiar señaló que este fue asesinado mientras dormía en su vivienda.XVIII. Provea, por ejemplo, solicitó al Defensor del Pueblo asisr conjuntamente a la Cota 905 donde se realizó el pri-mer operavo y 17 personas fallecieron denunciando algunos familiares que se realizaron ejecuciones extraju-diciales. Igual para visitar el sector la Encenada en Caracas donde fueron derrumbadas más de 200 viviendas.
XIX. El 20.02.16 la señora Omaira del Carmen Ramírez introdujo junto a sus dos hijos menores de edad un amparoconstucional contra el ministro del interior Gustavo González López por ser el responsable del desalojo forzosode su vivienda quedando totalmente desamparada.
XX. Decreto Nro. 1950 del 21.08.15. Publicado en la Gaceta Ocial Nro 6.194 extraordinario del 21.08.15
XXI. Gaceta Ocial Nro. 40.746 del 15.09.15
XXII. ONU OCHA, “Colombia: Situación humanitaria en frontera colombo-venezolana”, 25 de sepembre de 2015,hps://www.humanitarianresponse.info/en/system/les/documents/les/150925_informe_de_situacion_no_9_situacion_ de_frontera_nal.pdf (consultado el 26 de febrero de 2016).
XXIII. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH culmina su visita a la frontera de Colombia con Vene-zuela”, 28 09.15, hp://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2015/109A.asp (consultado el 26 de febre-ro de 2016).
XXIV. 1 Defensoría del Pueblo de Colombia, “Informe de Análisis de Quejas recepcionadas por la Defensoría del Pue-blo con Ocasión a la Crisis en la Frontera Colombo-Venezolana”, noviembre de 2015
XXV. Grupo Temáco Mundial de Protección – Colombia, “Situación a la Frontera Colombia-Venezuela. Vacíos deProtección y Recomendaciones”, 23 de octubre de 2015, hp://www.globalproteconcluster.org/_assets/les/eld_protecon_clusters/Colombia/les/cluster-de-proteccioncolombia-vacios-proteccion-frontera-2015-10.pdf .
XXVI. Correo del Orinoco. Arma la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez. Decisión de la CIDH expresa una visiónliberal de los derechos humanos.(en línea) ( hp://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/decision-cidh-
expresa-una-vision-liberal-derechos-humanos/)XXVII. El 10.09.2012 el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez materializó la inconstucional,denuncia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sepembre de 2013, al haber transcurrido un año desde ladenuncia, el Estado venezolano quedó desligado de las obligaciones que emanan de dicha Convención en aque-llos hechos posteriores a la entrada en vigor de dicha denuncia.
XXVIII. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión). 22.06.15.(en línea) (hp://www.corteidh.or.cr/docs/casos/arculos/seriec_293_esp.pdf)
XXIX. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constucional. 10.09.15 (en línea) (hp://historico.tsj.gob.ve/decisio-nes/scon/sepembre/181181-1175-10915-2015-15-0992.HTML)
XXX. Idem
XXXI. Los informes alternavos pueden ser consultados en el siguiente enlace hp://www.derechos.org.ve/informes-
a-comites-onu/
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PROVEA Informe Anual28 Contexto
XXXII. PROVEA: Gobierno emplea sistema nacional de medios públicos para criminalizar a defensores que asisrán aCumbre de Las Américas en Panamá. (en línea) (hp://www.derechos.org.ve/2015/04/04/gobierno-emplea-sistema-nacional-de-medios-publicos-para-criminalizar-a-defensores-que-asisran-a-cumbre-de-las-americas-en-panama/)
XXXIII. Suscribieron el pronunciamiento los expertos: Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensoresde los Derechos Humanos; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la liber-tad de opinión y de expresión; y Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacícay de asociación. Los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco, Relatorsobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos; y Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de
Expresión.
XXXIV. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Medida Cautelar MC 438/15. De fecha 14.10.15. (enlínea) (hp://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC438-15-ES.pdf)
XXXV. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Elecciones Asamblea Nacional 2015. (en línea) (hp://www.cne.gob.ve/resul-tado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html?)
XXXVI. Telesur: Maduro: Hoy están en riesgo todos los planes sociales hps://www.youtube.com/watch?v=etRbnXJmQBc
XXXVII. Usando el Tribunal Supremo de Juscia a través de la Sala Constucional fue declarando inconstucional unatras otra las leyes dictadas por el parlamento.
XXXVIII. Algunos pardos y candidatos de la oposición recurriendo a promesas demagógicas promeeron que de triun-far la oposición se acabarían las colas para comprar alimentos, se disminuiría el costo de la vida y mejoraría laseguridad ciudadana
XXXIX. Gijantali Wolfermann: Un revocatorio y 6 posibles desenlaces. Tal Cual, del 13 al 19 de mayo 2016.
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Balance de la SituaciónEnero-Diciembre 2015 29
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
2015 se caracterizó por el recrudecimiento de los problemas de escasez y
desabastecimiento que impiden a la población el disfrute de su derecho a la
alimentación, situación que no ha sido reconocida por el Ejecutivo Nacional ycuyos efectos han sido adjudicados a “la guerra económica desatada por los sec-
tores golpistas de la oposición venezolana durante los dos últimos años” contra el
gobierno venezolano.
En conjunto, América Latina y el Caribe fueron reconocidas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en
inglés) por ser la única región que cumplió las metas internacionales del hambre,
establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según su informe El Estadode la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015, en Venezuela el porcentaje de per-
sonas subalimentadas sigue por debajo de 5%. Otros datos de estudios internacio-
nales establecen que en Venezuela existe 13,4% de desnutrición crónica y 6,4% de
sobrepeso. El Informe de Gestión 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Ali-
mentación (Minppal) estableció la desnutrición infantil en 3,2%.
Para hacer frente al sobrepeso y la obesidad el Estado venezolano promo-
vió la campaña “Agarra dato, come sano y actívate” e inauguró los restauran-
tes Venezuela Nutritiva. Según la directora del Instituto Nacional de Nutrición
IISITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSDerechos económicos, culturales y sociales
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PROVEA Informe Anual30 Balance de la Situación
(INN), Marilyn Di Luca, la meta era insta-
lar uno por Estado, para que a mediados
de 2015 estuviesen todos operativos. No
obstante, la Memoria y Cuenta 2015 del
Minppal no ofreció la cifra de los estable-
cimientos en funcionamiento.
La situación de escasez y desabasteci-
miento se ha agravado, aunque debido a la
ausencia de datos oficiales en sus diferen-
tes indicadores, para realizar su diagnósti-
co solo se cuente con informaciones no ofi-
ciales. La empresa encuestadora Datanáli-
sis estimó que para junio de 2015 el índice
de escasez se encontraba alrededor de
58,9%. Por su parte el Centro de Documen-
tación y Análisis Social de la Federación
Venezolana de Maestros (Cenda) seña-
ló que la escasez para septiembre de 2015
era de 34,5%. El Cenda señaló que 22 pro-
ductos presentaron problemas: leche en
polvo, sardinas, atún enlatado, pollo, car-ne de res, margarina, azúcar, pernil, aceite
de maíz, queso blanco duro, caraotas, arve-
jas, lentejas, arroz, harina de trigo y pastas
a precio regulado. En total 37,93% de los
rubros que integran la canasta básica no se
encuentran en los anaqueles.
Según declaraciones del Ejecutivo, elgobierno implementó seis medidas para
enfrentar la escasez y el desabastecimien-
to: 1) Operativo Especial contra el Acapa-
ramiento y la Especulación; 2) Fijación de
precios justos, pues se tiene una inflación
inducida, creada, que tiene un componen-
te de especulación; 3) Creación de nuevos
organismos; 4) Estimación de presupues-
tos en divisas. Hay en Venezuela entre
30% y 40% de excedente en la entrega de
dólares al sector privado; 5) El Presidente
de la República convocó a todos los sec-
tores productivos públicos y privados, y 6)
Medidas para estimular el ahorro. Además
de estas medidas, aumentaron los contro-
les para el acceso a los alimentos, insta-
lando un Sistema Biométrico (o captahue-
llas) en todos los establecimientos públicos
y privados donde son vendidos alimentos
a precio regulado, determinando una can-
tidad limitada de productos que pueden ser
adquiridos por la ciudadanía.
Esta situación ha generado que, según
estimaciones de la Alianza Nacional de
Usuarios y Consumidores (Anauco), 6
de cada 10 venezolanos hagan colas de
entre 6 y 8 horas para el acceso a los ali-
mentos. El resto compraría los alimentos
a sobreprecio a los denominados “bacha-queros”, denominación oficial para las per-
sonas que comercializan con productos
regulados, lo cual ha sido tipificado como
delito y penalizado con hasta tres años de
prisión. La extensión de este fenómeno ha
sido tal que Datanálisis ha estimado que
60% de las personas que hacen colas se
dedican a esta actividad, obteniendo unaganancia de 1.400%. En opinión de Pro-
vea, el “bachaqueo” es una consecuencia
tanto de la situación estructural de contrac-
ción de la producción nacional y la depen-
dencia de importaciones, como de la pér-
dida de poder adquisitivo del salario for-
mal, que obliga a las personas a dedicarse
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Balance de la SituaciónEnero-Diciembre 2015 31
a esta actividad para poder mantener un
nivel aceptable de ingresos.
Según el Minppal, 95,4% de la población
consume tres comidas o más al día. Asi-
mismo, los nutrientes como calorías, pro-
teínas y hierro contenidos en las comi-das son adecuados para los requerimien-
tos de energía y en relación a grupos de
edad y género. No obstante, estas aseve-
raciones son contradictorias con los resul-
tados de la Encuesta de Condiciones de
Vida (Encovi) 2014, la cual muestra retro-
cesos en materia de pobreza y alimenta-
ción. La Encovi revela que en las familias
de menores ingresos la dieta básica es
de baja calidad, los alimentos son calóri-
camente más densos, más baratos, están
regulados y se expenden en las redes
públicas de distribución. El informe indi-
ca que el ciudadano promedio consume
mayormente alimentos ricos en carbohi-dratos (harinas, pasta y arroz). Los estra-
tos socioeconómicos más bajos consu-
men mortadela, en sustitución de la carne,
y sardina, como opción alternativa al pes-
cado. Por otra parte estimaron en 80% la
cantidad de venezolanos que percibe que
su salario no es suficiente para adquirir los
alimentos que necesita. Se calculó quelos niveles de ahorro promedio por adqui-
rir productos subsidiados son de 30%.
El Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) anual para alimentos y bebi-
das no alcohólicas cerró 2015 en 315%,
triplicando el 102,2% registrado en 2014.
Por su parte el INPC general cerró en
180,9% superando el 68,5% del año pre-
vio y convirtiéndose en la tasa inflaciona-
ria más alta de la historia venezolana, al
superar récords históricos como el regis-
trado en 1996 (103,3%) durante la apli-
cación del programa de ajustes conocido
como “Agenda Venezuela” en la gestión
del presidente Rafael Caldera y el regis-
trado en 1989 (81%) luego de la aplicación
del paquete de medidas conocido como
“Gran Viraje”, durante la presidencia de
Carlos Andrés Pérez. Según el Cenda, la
Canasta Alimentaria Normativa de diciem-
bre de 2015 se ubicó en Bs. 93.600,00,registrando un incremento de 443,2% res-
pecto a 2014. En relación con el valor de
las importaciones, según los últimos datos
oficiales disponibles para octubre de 2014,
estas fueron de 31.807 millones de dóla-
res, observándose una disminución res-
pecto al valor de 2013, cuando se ubica-
ban en 45.151 millones de dólares.
Según la Memoria y Cuenta del Minppal
2015, se logró una distribución total de
4.985.940 toneladas de alimentos a tra-
vés de la Gran Misión Alimentación (GMA),
beneficiando a más de 25 millones de per-
sonas. Esta política pública cuenta con un
total de 20.376 establecimientos a nivelnacional, de los cuales 14.443 son de la
Red Mercal, 657 de la Red Pdval, 52 de
Rabsa, 4.500 Casas de Alimentación de
Fundaproal, 68 Venalcasa, 102 Cval y
554 ubicados en otros establecimientos.
Un dato llamativo en la Memoria y Cuenta
2014 del ente es que 48,8% de las instala-
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PROVEA Informe Anual32 Balance de la Situación
ciones de la GMA en ese año se encontra-
ban inactivas. Sin embargo, este dato no
se actualizó en el informe de gestión 2015.
La situación del derecho a la alimentación
en Venezuela es de difícil diagnóstico debi-
do a la ausencia de información oficial. Apesar de que el Banco Central de Venezue-
la (BCV) está obligado a informar sobre el
comportamiento de las variables macroeco-
nómicas del país, este ha dejado de divul-
gar las cifras. No publicar las cifras oficia-
les tiene una importancia y un efecto: cuan-
do no hay información oficial, esta tiene que
ser provista por alguien, entonces entranen juego la incertidumbre –uno de los prin-cipales factores que empuja la inflación– y
la veracidad junto a las contradicciones y los
contrastes, rumores e información propa-
gandística sin asidero en la realidad.
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Balance de la SituaciónEnero-Diciembre 2015 33
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PROVEA Informe Anual34 Balance de la Situación
DERECHO AL SANO AMBIENTE
El debilitamiento de la institucionalidad democrática que afecta el disfrute de
derechos en el país es particularmente sensible para la vigencia del derecho
al ambiente sano. Durante 2015, tras la decisión que fusionaba las carteras de
Ambiente con la de Vivienda, se procedió a la creación de un nuevo ente bajo
la denominación “Ministerio de Ecosocialismo y Aguas”. En este proceso desa-
parecieron distintos órganos especializados en gestión ambiental, como la Direc-ción de Protección y Control de Incendios Forestales, que llevaba la data de la
cantidad de incendios de vegetación en el país. Al desmantelarse una estructu-
ra estatal con 40 años de trayectoria, se afectó a funcionarios con formación téc-
nica, repercutiendo en la calidad de toma de decisiones. En la asignación pre-
supuestaria para 2016 el joven ministerio ocupó el lugar 15 como la institución
que más recibiría recursos para su funcionamiento, según la Ley de Presupuesto
2016, con una cifra de Bs. 11.933.383.356.La necesidad de aumentar los ingresos del Estado, en momentos de crisis econó-
mica, alienta el desconocimiento de los controles ambientales y constitucionales
que puedan aplazar la ejecución de proyectos de naturaleza extractiva. Durante el
período se anunció el impulso de proyectos de minería a gran escala, lo cual gene-
ra preocupaciones desde una visión de protección del medio ambiente. Permanece
la situación de dificultad de acceso a las fuentes oficiales, por lo que se dificultan el
diagnóstico y la contraloría social de las políticas en materia ambiental.
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Balance de la SituaciónEnero-Diciembre 2015 35
Un aspecto positivo durante el año fue la
aprobación de las Normas sobre el Control,
Importación y Manejo de los Hidrofluorocar-
bonos (Resolución Nº 227 del 25.05.2015,
publicada en Gaceta Oficial Nº 40.693 del
01.07.2015), luego del compromiso asumi-
do por el Estado tras la firma del Protocolo
de Montreal relativo a las Sustancias Agota-
doras de la Capa de Ozono, de controlar y
prevenir posibles fuentes de contaminación
de estas sustancias.
Las políticas para garantizar el abasteci-
miento de agua a la población no cumplie-
ron las metas definidas. En el Plan Nacio-
nal de Aguas 2013-2015 se cumplió con
15% de la optimización de la gestión de
calidad del agua para poblaciones mayo-
res a 5.000 habitantes: 38% de la rehabili-
tación y optimización de las plantas mayo-
res de potabilización de agua y 40% del
programa de atención de los acueductosrurales y poblaciones menores de 5.000
habitantes. La campaña nacional de aho-
rro de agua solo pudo racionalizar el con-
sumo y sanearla para zonas urbanas y
rurales en 11,27%. Algunas obras emble-
máticas progresan a una velocidad menor
a la planificada: el sistema de agua potable
Tuy IV registra un avance de 44%, el acue-ducto a Vargas 19%, el acueducto a Miran-
da 63% y el embalse de Taguaza, que sur-
tiría Guarenas, Guatire y Caucagua, 50%.
El Sistema Hidrológico Yacambú-Quíbor
solo registró un avance de 0,23%, reci-
biendo una asignación presupuestaria
que había sido calificada como insuficien-
te para la culminación de la obra. Por últi-
mo, la canalización y construcción de dre-
najes para el Río Guaire muestra 48,19%
de avance físico. De los 50 estudios plani-
ficados para las 33 diferentes subcuencas
que alimentan el río apenas se realizaron
dos. 31 obras de restitución urbana y cin-
co estaciones de bombeo esperan por su
ejecución, mientras que de las 66 inspec-
ciones planificadas, solo se realizaron tres
en 2015. El ministerio informó de la realiza-
ción del 1er Congreso Nacional de Mesas
Técnicas de Agua, en la población de San
Antonio de los Altos, estado Miranda, con417 voceros y voceras seleccionados en
las regiones. En el evento se registraron
7.454 mesas técnicas de agua.
La ONG Movimiento por la Calidad del
Agua ha denunciado que en 2015 se des-
tinaron Bs. 600 millones para la amplia-
ción de la planta de tratamiento La Mari-posa, cuyos trabajos solo se hicieron en
34%. Así mismo fue paralizado el juicio
contra Hidrocentro e Hidroven cuando el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) radicó
la causa en un tribunal de Valencia para
que el ente brinde información específi-
ca de los 53 valores de calidad de agua
que exige la normativa venezolana. Dichoproceso judicial fue retrasado reiterada-
mente, a petición de la parte demandada,
para recabar las pruebas. Durante 2015 la
ONG abrió la oportunidad a particulares
de unirse a la petición.
De acuerdo con la Red Amazónica de Infor-
mación Socioambiental Georreferencia-
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PROVEA Informe Anual36 Balance de la Situación
da (Raisg), Venezuela es el país con mayor
deforestación en la región Panamazónica.
El estudio señala que entre 2000 y 2013 la
pérdida de cobertura original de la Amazo-
nía venezolana llegó a aproximadamen-
te 4.150 kilómetros cuadrados (km2). Entre
2000 y 2013 se deforestaron 222.249 km2
en la región. En el contexto del territorio
amazónico venezolano, la extensión defo-
restada es relativamente baja (3,3%), pero
preocupa la tendencia al aumento sosteni-
do. Por otra parte, Venezuela fue declara-
da por la Organización de Naciones para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) comoel décimo país con mayor pérdida anual de
bosque, en el período 2000-2010.
El teleférico que se construye dentro del
Parque Nacional Waraira Repano (Cerro
Ávila) ha generado impactos ambienta-
les negativos, siendo ejecutado sin Autori-
zación de Afectación de Recursos Natura-les (AARN) y sin la supervisión del Institu-
to Nacional de Parques (Inparques). Otras
obras que no cuentan con los estudios de
impacto ambiental, incumpliendo el artícu-
lo 129 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), fueron
la ampliación de la autopista Coche-Cara-
cas, las ciudades socialistas Ciudad Tiunay Ciudad Caribia, la ampliación de la auto-
pista Francisco Fajardo y la construcción
de la vía Caricuao-La Rinconada.
Sobre la gestión de desechos sólidos, el
experto ambiental Alejandro Luy estimó que
el porcentaje de la basura reciclada en el
país no llega a 10%, a pesar de la aproba-
ción de la Ley de Gestión Integral de Basu-
ra. La iniciativa conocida como Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),
que recolecta basura tecnológica en insti-
tuciones públicas, no cuenta con un plan
de tratamiento y disposición final. 2015 fue
definido como el año límite para cumplir con
la II Fase del Plan Nacional de Saneamiento
de Vertederos y Construcción de Rellenos
Sanitarios que inició en 2010, el