EMPODERAMIENTO DE REDES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

EN UN MUNDO DESIGUAL MULTIPOLAR

SISTEMAS ALIMENTARIOS CAMBIANTES Y DESIGUALDADIMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIAY LAS POLÍtiCAS PÚBLICAS

ANDREW GUINN AND DANNY HAMRICK

Sobre los autores:

Andrew Guinn: Estudiante de doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en el Depar-tamento de Planeación Urbana y Regional; Investigador Asociado en el Centro sobre Globalización, Gobernanza y Competitividad de la Duke University.

Danny Hamrick: Estudiante de doctorado en la Universidad Pública de Carolina del Norte en el Departamento de Sociología y Antropología; Investigador Asociado en el Centro sobre Globalización, Gobernanza y Competitividad de la Duke University.

La publicación de este documento fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabili-dad única de los autores y no debe considerarse de forma alguna que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

La elaboración de este informe fue posible gracias al apoyo de Oxfam, con el fin de intercambiar resultados y contri-buir al debate sobre desarrollo y de políticas y prácticas humanitarias. El contenido y visión que expresa este informe son entera responsabilidad de los autores y no necesariamente representan los puntos de vista de Oxfam.

Con apoyo de:

Tabla de contenidos

Reconocimientos

Resumen ejecutivo

1. Introducción

2. Brasil, India, México y Sudáfrica en las cadenas de valor agroalimentarias mundiales

3. Gobernanza, normas de calidad de los alimentos e inclusión de los pequeños productores

4. Cadenas de valor mundiales y desigualdad

5. Estudios de caso: políticas públicas y desigualdad en el sistema alimentario de Brasil, India, México y Sudáfrica

Brasil

India

México

Sudáfrica

6. Evaluación de las políticas de seguridad alimentaria: Un enfoque comparativo

7. Referencias

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Reconocimientos

Queremos extender nuestro agradecimiento a los representantes de las redes de organizaciones de la sociedad civil por sus invaluables observaciones en versiones previas. Estamos en deuda con Martina Borghi y Uriel Var-gas en El Barzón, México; Malcolm Damon, Andries du Toit, Lesego Loate y Simon Vilakazi de la South African Network on Inequality, y con Nilachala Acharya y Subrat Das en el Center for Budget and Governance Accoun-tability. Sus comentarios y observaciones nos ayudaron a contextualizar los estudios de caso de los países e identificar principales tendencias a escala mundial que se observan en los países que constituyen los BRICSAM.

Asimismo, agradecemos el apoyo y asesoría que recibimos en Oxfam, especialmente de Caroli-na Maldonado, Rocío Stevens, Mthandazo Ndlovu, Oommen Kurian, Supriya Roychoudhury, M. Ku-maran, Carlos Aguilar, Carolina Smid, Eva Matos, Kimberly Pfeifer, Celeste Molina y Gabriela Al-caraz por sus sugerencias, comentarios y apoyo. Agradecemos especialmente a Thomas Dunmore Rodríguez por su invaluable asesoría y observaciones a lo largo de todas las etapas de la investigación.

Finalmente, queremos agradecer el apoyo y asesoría de Gary Gereffi, Mike Hensen y Ajmal Abdulsamad en el Centro sobre Globalización, Gobernanza y Competitividad de la Duke University.

Resumen ejecutivo

La globalización ha alterado drásticamente los sistemas agroalimentarios en todo el mundo. Dichos cam-bios han significado pasar de sistemas alimentarios tradicionales basados en compradores fragmentados y pequeños agricultores a enormes supermercados, plantas procesadoras de alimentos e intermediarios co-merciales que definen requisitos para los productores y crean nuevas oportunidades y retos para los peque-ños propietarios. En un proceso paralelo, los países han adoptado políticas de liberalización y privatización en diversos sectores, entre ellos el agrícola, frecuentemente con la asesoría y programas que promueven las instituciones financieras internacionales. Recientemente se han introducido políticas sociales reformadas, en gran medida como programas de transferencias, con el propósito de responder a las crecientes desigualda-des; no obstante, sólo han servido para mejorar el consumo pero han hecho poco para responder a las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad. Investigaciones que han abordado la eficacia de dichas iniciati-vas señalan que si bien hay una reducción significativa de la pobreza absoluta, al mismo tiempo es frecuen-te que las comunidades rurales sigan enfrentando desigualdades sociales y económicas importantes con respecto a sus contrapartes urbanas. En resumen, los responsables de formular políticas y los actores de la sociedad civil deben observar detenidamente los cambios sistemáticos en la economía nacional y mundial, si desean formular políticas que promuevan eficazmente un sistema alimentario más inclusivo y equitativo.

En el mundo contemporáneo, los sistemas alimentarios nacionales están estrechamente vinculados mediante patrones de comercio e inversión a los que frecuentemente se hace referencia como cadenas globales de valor (CGV). Una característica importante de las cadenas de valor es el papel que desempeñan poderosas empre-sas -grandes empresas procesadoras de alimentos y comercializadoras, empresas nacionales y multinacionales minoristas y cadenas de restaurantes- para definir en qué términos pueden participar los productores en el sistema alimentario. Es típico que dichas empresas favorezcan la participación de grandes proveedores bien capitalizados que controlan grandes extensiones de tierra, dejando a los pequeños productores en desventaja y exacerbando los obstáculos que enfrentan los grupos marginados que buscan mercados para sus productos. Así, la consolidación de monopolios y oligopolios en los segmentos de procesado y venta al menudeo de las cadenas de valor alimentarias tienen efectos devastadores en el sector agrícola aunque favorables para las grandes entidades agrícolas mejor financiadas. En este informe abordamos las implicaciones de la globaliza-ción y consolidación de las cadenas de valor agroalimentarias, particularmente en relación con la desigualdad, para lo cual mostramos las presiones mundiales que se combinan con las condiciones locales y nacionales para producir resultados que exacerban desigualdades económicas, de género y urbano-rurales. El estudio centra su atención en cuatro naciones de los así denominados países BRICSAM (Brasil, India, México y Sud-áfrica) y muestra cómo las respuestas de las políticas nacionales vigentes atienden parcialmente a las des-igualdades, debido al creciente poder mundial de los actores multinacionales y al cambio concomitante en la gobernanza de los sistemas alimentarios, que abandona estrategias de desarrollo nacional encabezadas por los gobiernos para abrazar los intereses de rentabilidad de las corporaciones, que generalmente no se ajustan con las metas de un sistema alimentario más incluyente y acceso seguro a alimentos nutritivos para todos.

Nuestros principales hallazgos son:

1) LAS CADENAS DE VALOR AGROALIMENTARIAS MUNDIALES SE CONSOLIDAN CRECIENTEMENTE EN BRASIL, INDIA, MÉXICO Y SUDÁFRICA. Las grandes empresas, generalmente multinacionales, desempeñan un papel importante en el impulso de esta tendencia, básicamente a través de la inversión extranjera directa.

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Además, la liberalización en el comercio e inversión creó vínculos transnacionales entre los sistemas alimenta-rios nacionales, que reducen el poder de los gobiernos nacionales para regular sus propios sistemas alimen-tarios. La consolidación en los segmentos de procesado y venta al menudeo de la cadena constriñe el acceso de los pequeños propietarios al mercado, específicamente a través del mecanismo de requisitos de suministro (grandes extensiones de tierra, marcos de tiempo reducidos, costos bajos y normas).Debido a la falta de acceso a recursos financieros y un conocimiento práctico limitado de cómo satisfacer dichos requisitos, los pequeños propietarios mantienen una lucha permanente para acceder al mercado. Mientras los promotores de la globa-lización de los sistemas agroalimentarios sugieren que los consumidores se benefician de precios más bajos, más opciones y normas de seguridad alimentaria mejoradas, la forma de ponerlo en práctica va en detrimento de muchos pequeños productores en todo el mundo.

2) SI BIEN PAÍSES EN LOS ASÍ DENOMINADOS BRICSAM APLICAN POLÍTICAS SOCIALES PARA EMPODERAR A LOS PEQUEÑOS PRODUC-TORES, PERMANECEN GRANDES DESIGUALDADES. En cada uno de los casos se recurre a -políticas sociales que incluyen aplicación de programas de transferencias de efectivo o en especie y generación de empleo- para combatir des-igualdad, pobreza e inseguridad alimentaria. Pero a pesar de que estas políticas son importantes para proveer redes de seguridad social para la población vulnerable, no cambian las condiciones estructurales subyacentes que producen la desigualdad, no sólo en lo que respecta a las dimensiones económicas sino con en cuanto a género y urbano-rural. Programas especialmente dirigidos a empoderar zonas rurales, apoyar a los pequeños propietarios y promover un sistema alimentario más equitativo tienen que trascender un enfoque que única-mente busque ampliar las oportunidades de consumo de los pobres rurales y urbanos, para centrarse más en las condiciones de producción de los alimentos, que incluyen las prácticas de competencia y estrategias de suministro que emplean las empresas agroindustriales y minoristas.

3) EL ESPACIO PARA DECIDIR POLÍTICAS SE DESPLAZA DEL ÁMBITO NACIONAL A LA ARENA INTERNACIONAL. En el mundo interco-nectado de hoy, las decisiones no se toman en el ámbito nacional de los países, lo que restringe la capacidad de los gobiernos nacionales para responder de forma que empodere a los pequeños propietarios y promuevan un sistema alimentario más equitativo. Las grandes organizaciones multilaterales y el desplazamiento hacia el neoliberalismo trasladan a la arena internacional y actores privados como la OMC y empresas privadas la toma de decisiones sobre políticas. Los países que componen el bloque de los BRICSAM tienen que asegurar-se que cuentan con el espacio político para introducir intervenciones que faciliten incorporar a los pequeños propietarios a la cadena de valor, para conseguir una reducción de la desigualdad y de la pobreza rural a largo plazo. El caso de Brasil ofrece ejemplos importantes de políticas que empoderan a la sociedad rural, incluyendo programas de adquisiciones públicas, programas de crédito dirigido y compromiso institucional para apoyar la agricultura familiar. Un elemento importante del éxito de Brasil en estas áreas es la creación de mecanismos for-males para que las organizaciones de la sociedad civil y los responsables de formular políticas públicas puedan deliberar en conjunto sobre la estrategia de seguridad alimentaria.

4) LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL TIENEN QUE CABILDEAR A MAYOR ESCALA Y CON COLABORACIÓN TRANSNACIONAL. En la medida que los sistemas alimentarios -y las empresas privadas que gobiernan su organización- se mundializan más en su alcance, las redes de las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer lo propio dirigiendo su atención a las negociaciones internacionales que, de forma vertical, siguen modificando a las economías agrícolas. Más allá del papel destacado que desempeñan para la formulación de políticas nacionales, las or-ganizaciones de la sociedad civil deben insertarse en las negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales para garantizar pleno espacio político para que los gobiernos puedan perseguir estrategias de desarrollo nacional incluyente. Además, los actores de la sociedad civil deben intercambiar información con respecto a las mejores prácticas y otras lecciones aprendidas sobre cómo confrontar el desafío común que trae consigo la globalización de los sistemas alimentarios, como el creciente poder de mercado de los monopolios y los oligopolios en los segmentos de procesado y venta al menudeo de las cadenas de valor alimentarias.

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1. Introducción Brasil, India, México y Sudáfrica han llamado poderosamente la atención debido a su desempeño económico desde 2000, lo que les ha valido el epíteto de “economías emergentes”. No obstante el robusto crecimiento económico del que han gozado en años recientes, siguen luchando con niveles de desigualdad de ingreso y riqueza que son alarmantemente altos o siguen experimentando un crecimiento acelerado. Las desigualda-des que caracterizan a estas economías emergentes se expresan a través del sistema alimentario, afectando a productores y consumidores de alimentos. Por el lado de la producción, mientras los pequeños productores y trabajadores agrícolas enfrentan escasez de recursos, presión sobre la tenencia de la tierra y acceso menguado al mercado, las grandes corporaciones agroindustriales -generalmente trasnacionales- mantienen crecientes ingresos. En relación con el consumo, la pobreza y la desigualdad de ingreso limitan el poder de consumo de gran cantidad de personas, impidiendo que adquieran alimentos adecuados y nutritivos. Además, las históricas desigualdades de género y permanente división entre urbano-rural exacerban las dificultades que enfrentan las mujeres, los grupos marginados y las comunidades rurales para alcanzar seguridad alimentaria y bienestar económico. Como recientemente lo reconociera Oliver De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, estas tendencias en la agricultura y suministro de alimentos ponen en riesgo la seguridad alimentaria en todo el mundo, socavando el papel productivo de los pequeños productores (UNHRC, 2014).

Los sistemas alimentarios en todo el mundo experimentaron un cambio radical en los últimos treinta años, particularmente en los países en desarrollo, donde las grandes empresas generalmente multinacionales han extendido su control sobre la cadena de suministro de alimentos. Aun cuando la así denominada “globaliza-ción” se ha tomado como una característica que define al sistema alimentario contemporáneo, no es inmedia-tamente obvio por qué, cómo y qué procesos de la economía mundial se transmiten al ámbito local. En este informe nos proponemos estudiar estos vínculos mediante un análisis de cómo la consolidación y globalización de las cadenas de valor agroalimentarias, donde grandes y poderosas “empresas líderes” coordinan los flujos de productos agrícolas, transformaron el contexto político-económico de la producción agrícola, el procesado de sus productos y su distribución. Estos cambios en el contexto de los sistemas alimentarios que tienden hacia la propiedad privada, una estructura de mercado consolidada y competencia basada en la calidad tienen im-plicaciones importantes para el sistema alimentario y sus resultados, como disponibilidad, acceso y uso de los alimentos (Ericksen, 2008).

Estrategias amplias para lidiar con estos desafíos permiten introducir restricciones y condiciones al poder de mercado y la inversión extranjera directa.

Los desafíos que enfrentan quienes respaldan la equidad e inclusión en el sistema alimentario cambiaron en las últimas décadas, en la medida que poderosos actores en el sector privado incrementaron grandemente el papel que desempeñan en la dirección de las cadenas de valor alimentarias. A través de la colaboración y el intercambio de información, las redes de las organizaciones de la sociedad civil pueden abogar por políticas en los ámbitos nacional e internacional que respondan a los desafíos que plantean la consolidación y globalización de las cadenas de valor alimentarias, y superar los obstáculos a las iniciativas de política que buscan establecer un sistema alimentario más justo e incluyente. La historia muestra que ni los enfoques a favor del mercado ni los enfoques a favor de la estatización pueden garantizar por sí mismos un acceso equitativo a alimentos inocuos y nutritivos; no obstante el equilibrio de poder en este momento se inclina hacia el control privado del sistema alimentario. Las OSC tienen un papel importante que desempeñar en la formulación y en la promoción de políticas públicas programáticas e innovadoras que hagan realidad la promesa de un sistema alimentario equitativo e incluyente para todos.

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Asimismo, han redefinido el papel que desempeñaba el Estado para garantizar que los hogares tuvieran acceso seguro a opciones de alimentos apropiados.

¿Qué explica las desigualdades en el sistema alimentario?; ¿hasta qué punto las políticas públicas promueven o socaban resultados más equitativos para productores y consumidores en el sistema alimentario? Este docu-mento identifica transformaciones en el sistema alimentario de Brasil, India, México y Sudáfrica, y considera hasta qué punto las políticas públicas han mitigado las desigualdades y resultados adversos que enfrentan productores y consumidores de alimentos. En primer lugar proporcionamos una visión general de las recientes transformaciones en los sistemas alimentarios y describimos cómo los marcos de cadenas globales de valor permiten entender las cambiantes dinámicas de poder en el sistema alimentario y los desafíos que enfrentan particularmente los pequeños productores en Brasil, India, México y Sudáfrica. Enseguida describimos cómo las desigualdades de clase, género y espaciales afectan los sistemas alimentarios de estos cuatro países, lo cual genera desafíos específicos para productores y consumidores de alimentos. Después de lo cual analizamos hasta qué punto las políticas públicas de esos países afrentan las desigualdades en todo el sistema alimentario y consideramos las fortalezas y debilidades de dichos enfoques. Finalmente, extraemos algunas lecciones con respecto a las políticas públicas y su capacidad para promover más seguridad alimentaria y desarrollo incluyen-te en un contexto de sistemas alimentarios desiguales globalizados.

2. Brasil, India, México y Sudáfrica en las cadenas globales de valor agroalimentarias

Para comprender cómo a partir de las políticas públicas es posible promover un sistema alimentario más inclu-yente y equitativo en Brasil, India, México y Sudáfrica, además de analizar las políticas vigentes en esos países es necesario capturar las fuerzas sociales y económicas detrás de los cambios en el sistema alimentario. Con respecto a este último, centramos nuestra atención en el marco de las cadenas gobales de valor (CGV) para explicar la relación entre estructuras agroindustriales cambiantes y el cambio en las relaciones de poder en el sistema alimentario, por lo general a favor de poderosas empresas privadas altamente capitalizadas. El marco CGV presenta al sistema alimentario como una estructura de insumo-producto que se extiende a lo largo de varios segmentos, a saber: insumos agrícolas a través del cultivo, el procesado, y la distribución y venta al me-nudeo. En cada una de estas actividades importantes en la cadena de valor participan diversos actores (véase figura 1). Las relaciones entre dichos actores se ven marcadas por un contexto institucional más amplio que incluye políticas públicas y las normas y procesos de certificación que regulan las relaciones entre las empresas y sus proveedores. En el segmento de la producción, los pequeños propietarios llegan a competir con grandes productores terratenientes. Por su parte los consumidores acceden a los productos a través de canales “tradi-cionales” como la venta de productos agrícolas al menudeo o mercados, grandes supermercados o tiendas de autoservicio que venden al mayoreo o, en algunas ocasiones, a través de mecanismos de adquisiciones y distribución a cargo del Estado. El marco CGV ayuda a entender que los cambios en la estructura industrial y las dinámicas de gobernanza de distintos segmentos de la cadena ligados al cambio tecnológico y la liberalización tienen fuertes implicaciones para otros actores en otros segmentos de la cadena. Por ejemplo la consolidación y el uso de técnicas modernas para la gestión de la cadena de suministro en los segmentos de agroprocesa-miento y venta al menudeo transformaron drásticamente los mercados en los que descansan los medios de subsistencia de muchos pequeños productores (Gereffi y Christian, 2010; Memedovic y Shepherd, 2009; von Braun y Díaz-Bonilla, 2008). alimentos (Christian y Gereffi, 2010; Gereffi, 2013; Reardon, 2011).

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¿Cómo es que cadenas de valor altamente consolidadas y dominadas por las empresas trasnacionales (ETN) llegaron a dominar gran parte de los sistemas alimentarios de Brasil, México y Sudáfrica y, en menor medida -aunque cada vez más- al sistema alimentario de India? En el periodo que corre de los años de 1930 a los de 1970 los responsables de la comercialización en las administraciones de los gobiernos de cada uno de los cuatro países organizaron un sistema de adquisiciones y distribución de venta al mayoreo de productos básicos y definieron precios de garantía que beneficiaban (o por lo menos era posible anticipar que lo hiciera) a los pequeños productores. Durante los años del consenso de Washington en las décadas de 1980 y 1990, este tipo de mecanismos de reducción de riesgo quedaron desmantelados con la aplicación de las reformas neoliberales.

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que exige reglas de acceso a mercados liberalizados y restricciones a los subsidios a exportaciones también impulsó la adopción de políticas neoliberales, eliminando las medidas intervencionistas, como una forma de mejorar resultados en el sistema alimentario. En todo el mundo, la reducción de aranceles a la importación y exportación de alimentos así como la reducción de reservas de alimentos controladas por el Estado llevaron a un crecimiento del comercio de ali-mentos, aunque también dejaron descubiertos a los sistemas alimentarios nacionales ante las sacudidas de los precios mundiales.

Además, y quizá lo más importante, los activos públicos fueron vendidos, al tiempo que los países se abrían a la inversión extranjera directa (IED), permitiendo el ingreso acelerado de grandes ETN de la agroindustria y que los incipientes minoristas nacionales y las grandes cadenas agroprocesadoras accedieran a vastas cantidades de capital a través de los mercados financieros internacionales.

El aspecto “global” del marco destaca no sólo el papel que desempeña el comercio internacional en la rees-tructuración e integración de los sistemas alimentarios, sino el papel que desempeña la inversión extranjera directa en la consolidación del procesado, distribución, venta al menudeo y servicios de Incluso en circunstan-cias donde las fuerzas mundiales son menos decisivas en la restructuración de los sistemas de producción (por ejemplo, aun cuando el sistema agroalimentario de India se transforma aceleradamente, en cierta forma no está tan “globalizado” en comparación con el de Brasil, México y Sudáfrica), el análisis de la cadena de valor puede indicar hasta qué punto el cambio en las relaciones entre insumo-producto y las dinámicas de gobernanza entre las empresas nacionales modifican las oportunidades y riesgos que enfrentan los pequeños productores y los consumidores de alimentos.

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Estos cambios políticos tienen serias implicaciones para los sistemas alimentarios de Brasil, India, México y Sudáfrica. Por ejemplo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en México llevó a la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), empresa estatal de procesamiento y comercialización que tenía el doble mandato de regular la producción y distribución de productos básicos, eliminando intermediarios y protegiendo la seguridad alimentaria de los productores y consumidores de ingresos bajos (Yañez-Naude, 2003).

En Brasil, el programa de Garantía de Precio Mínimo a través del cual el gobierno hacía compras en grandes volúmenes de productos agrícolas fue revocado a finales de la década de 1980, a lo que siguió la eliminación de los consejos paraestatales responsables de administrar la distribución y exportación de productos importantes como azúcar, trigo y café (Smith, 1997). En Sudáfrica, la Ley para Comercialización Agrícola de 1996 (Agricultural Marketing Act, 1996), desmanteló la red de infraestructura de comercialización administrada por el Estado, que entrelazaba cooperativas agrícolas, plantas procesadoras de alimentos y varios consejos de comercialización. En su lugar instituyó un único consejo nacional cuyo objetivo es reducir las regulaciones en los mercados agrícolas (Groenewald, 2000).

Siendo que el sistema previo a 1996 era totalmente excluyente con respecto a los productores negros, el nuevo sistema carece de modalidades que promuevan la inclusión, descansando más bien en mecanismos del sector privado para organizar la economía agrícola. En India, en 1998 las actividades de procesamiento quedaron “de-reservadas” para el sector de pequeñas empresas nacionales a lo que siguió una rápida consolidación y crecimiento del sector formal de procesado de productos agrícolas (Reardon, Timmer, et al., 2012). No obstante, India sigue siendo un caso único. La IED en el comercio minorista multi-marca sigue ampliamente regulado, de forma que puntos de expendio a pequeña escala operados por sus propietarios siguen dominando la venta de alimentos al menudeo; no obstante lo anterior las cadenas nacionales de supermercados presentan una expan-sión acelerada. Además el sistema de distribución público (PDS, por sus siglas en inglés) mantiene al Estado en una posición sólida en lo que se refiere a gestión de suministro de arroz en India.

Entonces, con algunas excepciones importantes, quedó redefinido el papel que desempeñaba el Estado como regulador de los mercados y como comprador y distribuidor de alimentos básicos, para quedar básicamente como supervisor en el lado del consumo de las cadenas de valor, garantizando, por ejemplo, que los alimentos que se comercialicen satisfagan normas sanitarias y de inocuidad mínimas, y manejar los desafíos que implica la seguridad alimentaria, mediante políticas sociales como las transferencias en efectivo o en especie.

¿Hasta qué punto las reformas neoliberales y estructuras industriales consolidadas han modificado los sistemas alimentarios de Brasil, India, México y Sudáfrica? En la tabla 1 hacemos una comparación de los cuatro países, para lo cual recurrimos a algunos indicadores de penetración de las CGV en el sistema alimentario. Con respecto a los insumos al sistema alimentario, los cuatro países han experimentado una caída en la inversión del Estado en agricultura, así como una creciente dependencia de fertilizantes provenientes de fuentes internacionales (las semillas presentan una tendencia similar).

Estas tendencias resultan consistentes con las prescripciones neoliberales de reducir el papel que desempeña el Estado en la economía y liberalizar el comercio en áreas altamente protegidas. Además, la expansión de la producción agrícola en los cuatro países ha estado estrechamente vinculada con los mercados internacionales, lo cual se refleja en el crecimiento del comercio como participación del PIB agrícola en los cuatro países. Aun cuando el comercio internacional sigue desempeñando un papel poco significativo en el sistema alimentario de India, la tasa de crecimiento del comercio agrícola del país fue particularmente rápido en el periodo 2000-2011.

1 Esta restricción de subsidios a la exportación se cumple de manera desigual. Los subsidios agrícolas que aplican Estados Unidos y la Unión Europea permanecen, contraviniendo las reglas de la OMC.

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Siendo que las circunstancias varían de un cultivo a otro, por lo general los pequeños productores experimentan mayores dificultades para integrarse a la agricultura de exportación, en comparación con quienes tienen gran-des operaciones comerciales (véase la siguiente sección), de forma que si bien la intensificación del comercio agrícola beneficia a los consumidores, reduciendo precios y abriendo opciones, implica desafíos adicionales para los agricultores a pequeña escala. En los cuatro países, también hay consolidación en los segmentos hacia abajo de la cadena de valor (esto es, procesamiento y venta al menudeo y servicios de alimentos) en la medida que las grandes empresas consolidaron su posición oligopólica mediante fusiones y adquisiciones. Dichas em-presas son muy activas en lo que se refiere al procesamiento de alimentos y definición de marcas (branding), como Nestlé, o en la venta de alimentos en grandes cadenas, como Shoprite en Sudáfrica o Walmex (una subsi-diaria de Wal-Mart) en México. Sudáfrica enfrenta niveles particularmente altos de concentración de mercado en estos segmentos. En India, por otra parte, la venta de alimentos procesados (pan y mantequilla de agroempre-sas trasnacionales) sigue siendo insignificante y lugares minoristas y de servicios de alimentos capturan apenas una pequeña porción de la venta de alimentos, aunque presentan un crecimiento acelerado. Establecimientos pequeños conocidos como kirana siguen dominando la venta de alimentos al menudeo en India. No obstante, grandes conglomerados nacionales como Reliance, Bharti y Tata se consolidan rápidamente al invertir capital excedente proveniente de sus actividades en otras industrias, como la de construcción de supermercados y de modernas cadenas de suministro al sector agrícola (Reardon et al., 2012). En la siguiente sección, discutiremos cómo estas tendencias de consolidación y globalización generan nuevos desafíos en las condiciones del merca-do que enfrentan los pequeños productores en los cuatro países, y cómo a su vez dichos desafíos pueden tener un efecto negativo y reforzar las desigualdades existentes.

2 En Brasil la importación de alimentos ha decaído. No obstante, su comercio bruto creció (importaciones más exportaciones).

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3. Gobernanza, normas de calidad de los alimentos e inclusión de los pequeños productores

Consejos de comercialización gubernamentales y apoyo de precios de garantía quedaron atrás y dieron paso a sistemas privados que definen los términos en que acceden al mercado los productos agrícolas de grandes y pequeños productores. Las empresas que controlan los términos de esta nueva dinámica son las así denomina-das “empresas líderes”, entre las que se encuentran poderosas ETN en el segmento de ventas minoristas, como Wal-Mart y Carrefour, así como en el segmento de procesamiento de alimentos como el conglomerado Nestlé (en las áreas de alimentos y bebidas) y la comercializadora de productos Cargil. En Brasil, India, México y Sudá-frica varias corporaciones nacionales también operan a manera de empresas líderes en las cadenas agroalimen-tarias. En el segmento de procesamiento de alimentos varias productoras nacionales con marcas reconocidas como Grupo Lala (lácteos) y Gruma (tortillas) en México, y JBS (cárnicos) y Brasil Foods (alimentos procesados) en Brasil, dominan mercados de productos específicos, garantizándoles poder de monopsonio con respecto a los productores. En años recientes algunas de estas empresas adquirieron instalaciones en otros países, de forma que devinieron en empresas trasnacionales. Las empresas nacionales de venta al menudeo también han emergido como empresas líderes en algunas cadenas alimentarias, especialmente en Brasil y Sudáfrica donde tres de las principales vendedoras minoristas son empresas multinacionales (Euromonitor, 2013). India es el único país de los cuatro que cuenta con una empresa líder importante de propiedad estatal, la Food Corporation of India, que maneja la cadena de suministro de granos y que incluye el sistema de distribución público. Aun cuando mucho de la discusión se ha centrado en las implicaciones que tiene para los productores la consolida-ción de la venta al menudeo, lo cierto es que esta tendencia afecta por igual a los consumidores. En Sudáfrica, por ejemplo, 60% de la venta de alimentos al menudeo está restringida a cuatro cadenas de supermercados (du Toit y Loate, 2014).

La consolidación no sólo garantiza poder de mercado a las empresas líderes, con respecto a sus proveedores, sino que les permite establecer nuevas formas de gobernanza que definen los términos en que los productores quedan incluidos o excluidos de las cadenas de suministro, así como los ingresos económicos que reciben por sus productos. Las grandes empresas agroprocesadoras y las minoristas establecen varios requisitos para los proveedores, en varias dimensiones, que por lo general incluyen calidad, variedad de semillas, costos, apa-riencia, trazabilidad, uso de plaguicidas, inocuidad, plazos de ejecución cortos, alimentos orgánicos u otros certificados y suministro disponible a lo largo de todo el año (Dolan y Hymphrey, 2004; Kaplinksy, 2010; Lee et al., 2010). Las empresas líderes también pueden presionar a los proveedores para que rebajen los precios de sus productos. Normas privadas permiten a las empresas reducir costos y riesgos a lo largo de sus cadenas de suministros y no es extraño que dificulten a los pequeños productores comercializar sus productos en términos favorables.

Esto se debe a que dichos productores no cuentan con la escala o los recursos financieros para poner en marcha métodos de producción intensivos en capital, necesarios para cumplir con las normas de compra del sector privado. En su lugar, grandes operaciones comerciales dominan la base de suministro para muchas empresas procesadoras y minoristas (Kaplinksy, 2010; Lee et al., 2010; Reardon, 2011; Reardon et al., 2009). Por ejemplo, evidencia en la avicultura, lácteos, horticultura y otras industrias de Brasil indica que la consolidación en los segmentos de ventas al menudeo y procesamiento de alimentos ha terminado por excluir de las cadenas de suministro a los pequeños productores (Farina et al., 2005; Banco Mundial, 2001).

3 Mientras poder monopólico hace referencia a los casos donde hay un solo vendedor de un producto, el monopsonio hace referencia al caso donde hay un solo comprador.

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Donde estos productores se han podido mantener como proveedores de empresas líderes en segmentos con-solidados de la cadena de valor, con frecuencia enfrentan condiciones adversas de rentabilidad, en la medida que actores en segmentos posteriores pueden usar su poder de mercado para bajar los precios que se paga a los productores. El ejemplo de las tortillas de maíz en México es emblemático. Mientras que los grandes produc-tores de marca como Minsa y Gruma (Maseca) venden el kilo de tortilla a US$0.93, los productores únicamente reciben US$0.15 por kilo de maíz vendido (El Barzón, 2013). Además, la marginación se agrava debido a exclu-siones históricas que también son fuente de desigualdad y pobreza (Philip, 2010).

Normas para alimentos inocuos más estrictas también dificultan más que los pequeños productores mantengan acceso a los mercados establecidos. Por ejemplo, los pequeños productores de lácteos en India no han podido establecer prácticas de inocuidad en comparación con los grandes productores, lo que limita su capacidad para mantenerse en el mercado (Kumar et al., 2011). Normas estrictas de inocuidad para los alimentos en los mer-cados de exportación, como la EUREPGAP en la Unión Europea y el sistema HACCP en Estados Unidos también representan obstáculos para los pequeños productores que previamente pudieron vender en los mercados de exportación. Por ejemplo, los pequeños productores de frutas y verduras frescas en Brasil y México han perdido acceso a los mercados europeo y estadounidense debido a que se elevaron los criterios de las normas de ino-cuidad para los alimentos (Lee et al., 2010; Reardon et al., 2009). No hay duda de que dichas normas generan enormes beneficios de salud pública para los consumidores, sin embargo, los sistemas que se necesitan para garantizar el cumplimiento de las normas generalmente terminan por excluir a los pequeños productores, al no haber instituciones que conecten sus productos con el mercado.

4. Cadenas de valor mundiales y desigualdad

En la medida que los sistemas agroalimentarios se globalizan, surgen muchas desigualdades en el sistema. Algunas de dichas desigualdades, como la de género, son históricas y están estrechamente vinculadas con la estructura social de las naciones. Otras, como las desigualdades de clase y espaciales surgen como una mezcla de la producción mundial y herencias locales. Los sistemas agroalimentarios globalizados crean un sistema donde ciertos actores, generalmente las grandes empresas o quienes siempre han gozado de ventajas, pueden apalancar su posición para incrementar sus ganancias económicas y poder político mientras que los tradicio-nalmente excluidos quedan en una mayor marginación. Esta sección busca introducir estas desigualdades en el análisis de las CGV e identificar cómo este marco puede contribuir a que los analistas tengan una mejor comprensión de las desigualdades en el sistema alimentario, además de las desigualdades de género, espa-ciales y de clase. No obstante que en general el estudio de las desigualdades se ha hecho separado, ninguna de ellas existe en un vacío y por lo general las disparidades son una manifestación de entrecruzamientos de múltiples tipos de desigualdad que afectan simultáneamente los medios de vida de las personas. Por ejemplo, las productoras agrícolas pueden sufrir de una posición de clase inferior y aislamiento geográfico, además de las desigualdades de género. A ello hay que agregar que los productores separados de los mercados y de los consumidores generalmente padecen de vulnerabilidad económica y marginación, así como acceso limitado a insumos o capital para mejorar sus operaciones.

Desigualdades de género

Las dinámicas de poder a lo largo de las cadenas de valor surgen en la división del trabajo en diferentes seg-mentos de la cadena y frecuentemente crean situaciones que marginan aún más a las mujeres, especialmente las mujeres en zonas rurales e indígenas.

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Siendo que están presentes en las actividades de las CGV, es importante destacar que estas divisiones y des-igualdades son condiciones preexistentes que emergen en las cadenas de valor y generalmente están enraiza-das en las historias de la organización social de los países.

La figura 2 muestra que aun cuando mujeres y hombres comparten algunas actividades, ciertas actividades agrícolas están divididas según el género. Estructuras sociales tradicionales ubican a hombres y mujeres en distintas partes de la cadena, y es común que las mujeres terminen en actividades que reciben remuneración más baja (Christian et al., 2013). Estas divisiones tienen un efecto al momento de definir ingresos, acceso a la tierra y contar con voz en la toma de decisiones en las comunidades rurales. La figura 2 muestra las diferencias en la participación en las CGV de la horticultura, de acuerdo con el género, que son representativas de las ten-dencias agrícolas en general y donde los hombres tienen mayor representación en actividades comerciales y administrativas entre otras, que tienen un mayor valor monetario y que permiten tomar decisiones. Las mujeres se encuentran sobre todo en las actividades de cosecha y son mayoría en la economía informal y sin tierras. Por ejemplo, las trabajadoras agrícolas en India tienen mayores probabilidades que sus homólogos a desarrollar trabajos eventuales (Banco Mundial, 2008).

La división del trabajo por género crea mayores desigualdades y desafíos para las mujeres en los sistemas ali-mentarios, y es frecuente que se encuentre enraizada en añejos patrones de organización social. Por ejemplo, la noción que se tiene de las mujeres como cuidadoras significa que en ellas recaiga la responsabilidad de cumplir con muchas de las estipulaciones de las políticas de protección social, como la asistencia de los hijos a la escuela y mantener su salud. Tal es el caso del Programa Oportunidades en México y el de Bolsa Familia en Brasil.

Las mujeres constituyen una mayoría desproporcionada de personas sin tierra, que enfrentan inseguridad ali-mentaria y que no pueden satisfacer sus necesidades básicas (Oxfam, 2013b). Sin importar que produzcan la mitad de los alimentos mundiales, las mujeres son víctimas desproporcionadas de la pérdida de tierras a ma-nos de las grandes corporaciones, por lo que son orilladas al trabajo asalariado en los campos agrícolas, lo que significa que se perpetúan sus medios de vida precarios (ibíd.). Además, la legislación que regula la tenencia de la tierra generalmente restringe el acceso de las mujeres a la tierra o capacidad para participar en la toma de decisiones con respecto al uso de la tierra (ibíd.). Esto resulta problemático ya que incrementa su vulnerabilidad ante abusos en el lugar de trabajo y limita el desarrollo de capacidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida (Staritz y Reis, 2013). A pesar de estos desafíos, en el ámbito internacional se ve la importancia de una mayor integración de las mujeres a las cadenas de valor agrícolas.

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El informe de la FAO sobre “El estado mundial de la agricultura y los alimentos 2010-2011” revela que si en las naciones en desarrollo las mujeres tuvieran el mismo nivel de acceso a recursos que disfrutan los hombres (esto es, un incremento aproximado de 20-30%), la producción agrícola nacional se incrementaría de 2.5% a 4%, lo que reduciría el hambre mundial tanto como 17% (FAO, 2011). Esto es un aspecto crucial, en tanto que el crecimiento de la población y los cambios en las dietas incrementan la necesidad de alimentos en todo el planeta (Gereffi y Christian, 2010; Godfray et al., 2010).

No obstante que hay evidencia de la necesidad de una mayor participación de las mujeres en la agricultura para incrementar la productividad y satisfacer la demanda de un mundo en crecimiento, hasta que ocurra una transformación social que ayude a empoderar a las mujeres- no sólo asegurando su acceso a la tierra y ma-yor compensación económica sino cambiando las relaciones sociales-, persistirán las desigualdades de género como problema en el sector agroalimentario.

Desigualdades espaciales

Las políticas diseñadas para empoderar a quienes viven en situación de pobreza también tienen efectos di-versos geográficamente. En efecto, quienes habitan en zonas rurales generalmente gozan menos beneficios de las políticas sociales en comparación con sus homólogos urbanos. Estos últimos se benefician de mayores niveles de inversión pública en infraestructura y enfrentan menos barreras para acceder a dichos beneficios en comparación con sus homólogos en zonas rurales. Esto es importante en el sector agroalimentario debido a que los servicios sociales en la ciudad, junto con los retos que enfrentan en el campo las políticas agrícolas, alientan la emigración del campo a la ciudad. Por ejemplo, un estudio de productores agrícolas indios encontró que muchos desean mayores niveles de escolaridad formal para sus hijos, similares al de los centros urbanos, en lugar de que aprendan a labrar la tierra. El objetivo último para los hijos es conseguir trabajo de oficina, que se ve como un trabajo más rentable y de mayor prestigio en comparación con el trabajo rural. Sin embargo, la consecuencia de ello es que incluso los hijos que no consiguen ubicarse en un trabajo de oficina prefieren los ambientes urbanos, por lo que optan por abandonar las zonas rurales para emigrar a centros urbanos donde se abren mayores oportunidades. Esto ensancha la brecha entre las zonas rurales y urbanas, en tanto que quienes permanecen en las primeras ya no desarrollan trabajo agrícola pero tampoco consiguen emplearse en el merca-do de trabajo formal (Morarji, 2010). Además, la ausencia de infraestructura y almacenado en las zonas rurales tiene como consecuencia un mayor desperdicio de alimentos y servicios sociales limitados (Mukherji, 2013). Esto tiene como resultado una división entre servicios y oportunidades en centros urbanos y zonas rurales. Las limitadas oportunidades también incrementan la emigración del campo a la ciudad, lo que agrega una carga adicional a las presiones por servicios sociales urbanos e incremento de la pobreza en los centros urbanos.

Además de las diferencias entre comunidades urbanas y rurales, las desigualdades espaciales también son evidentes en el ámbito mundial, con regiones y naciones especializadas en ciertas actividades en las CGV. Una consecuencia de la producción mundial es que concentra los ingresos económicos en ciertas regiones, mientras que los pequeños productores en los países en desarrollo y en las economías emergentes generalmente se ven exprimidos con ingresos insuficientes para subsistir. Las sedes de las empresas procesadoras, los minoristas y las de marcas generalmente se encuentran en el Norte global, con grandes ganancias, definen precios de venta para los consumidores y precios de compra para los proveedores. Lo cual tiene como efecto que las ganancias se queden en los centros urbanos y en las naciones en desarrollo mientras que los grupos marginados siguen luchando en economías globalizadas para incrementar sus ingresos y mejorar sus medios de vida (McMichael, 2009; Talbot, 1997). Por ejemplo, en 2011, Argentina acusó a Archer Daniels Midlan (ADM), Bunge, Cargil y Louis Dreyfus de haber evadido el pago de enormes cantidades de impuestos (Lawrence, 2011).

En 2013, Brasil también encontró culpable a ADM de evasión de impuestos (Heard y Bettles, 2014). Estos ejem-plos destacan la capacidad de las empresas que se asientan en países en desarrollo para apalancar acuerdos preferenciales con respecto a las políticas fiscales y limitar la circulación del ingreso en los países donde invier-ten. 15

Finalmente, surgen desigualdades en términos de distancia. Los productores en Brasil India, México y Sudáfrica generalmente están aislados con respecto a sus tierras, el mercado y los consumidores. Las expropiaciones y adquisiciones de tierra por parte de las grandes empresas expulsan a los agricultores hacia trabajo asalariado. Al poseer las tierras, las grandes empresas agrícolas como Cargil pueden invertir en productos agrícolas emer-gentes que no son para alimento (como biocombustibles) al mismo tiempo que controlan mayor participación del mercado agrícola. La tendencia hacia la concentración de la tierra en manos de grandes empresas margina aún más a los pequeños productores, empujándolos a situaciones donde ya no son propietarios de la tierra que trabajan y se ven forzados a depender del trabajo asalariado como medio de vida, en lugar de mantener mode-los de subsistencia o vender sus productos en el mercado (Oxfam, 2013). Además de encontrarse aislados con respecto a su tierra, es frecuente que los productores también se encuentren aislados de los mercados. El surgi-miento de los supermercados y la consolidación entre las empresas procesadoras de alimentos empuja a que muchos productores vendan en mercados pequeños o informales o a grandes monopolios. Con acceso limitado a los mercados, los pequeños productores no pueden definir los precios y con frecuencia se ven restringidos por la regulación y normatividad de los vendedores minoristas. Finalmente, esto incrementa la distancia entre productores y consumidores, creando un sistema mundial donde los alimentos vienen del otro lado del planeta, prácticamente sin relación con los productores que los cultivaron (Clapp, 2014; Kloppenburg et al., 1996).

Desigualdades económicas

Finalmente, están las desigualdades económicas que son inmediatamente visibles en las cadenas agroali-mentarias contemporáneas. En el sistema alimentario hay varios tipos de productores, incluidas las grandes corporaciones que poseen grandes extensiones de tierras en múltiples países y tienen capacidad para influir en múltiples niveles las políticas (en los ámbitos local, nacional, regional e internacional); productores que perte-necen a una elite con grandes extensiones de tierra y que venden a las empresas multinacionales minoristas; pequeños propietarios que en su gran mayoría son productores de subsistencia y poblaciones sin tierras que desempeñan trabajo asalariado. Oxfam utiliza un modelo de tres mundos rurales que permite conceptualizar diferencias entre pequeños propietarios en términos de su participación en el mercado formal y del resultado de su participación en los sistemas alimentarios contemporáneos (véase figura 3).

4 Aquí recurrimos a la noción weberiana de clase para explorar las desigualdades económicas. El concepto de clase en Weber gira en torno a la relación que el individuo mantienen con los mercados.

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El poder y las ganancias económicas se concentran crecientemente en la punta de la pirámide mientras que el número de productores marginados en el centro y base de la misma se incrementa (Oxfam, 2013). El diseño del sistema agroalimentario actual beneficia a quienes tienen acceso a capital y les permite hacer las inversiones para cumplir con los requisitos de suministro de los grandes compradores. Las mujeres y otros grupos margina-dos son quienes se ubican en el tercer mundo rural, no tienen posibilidades de acceso a los mercados formales que incrementarían sus rendimientos económicos y ayudarían a mitigar la desigualdad (ibíd.). Son diversos los problemas que impiden que quienes se encuentran a la base de la pirámide avancen al nivel rural más alto. Por ejemplo, es frecuente que estos productores operen en el contexto de relaciones sociales con una larga historia de exclusión y marginación. En Sudáfrica, quienes se ubican en el tercer mundo rural son en su gran mayoría población negra que sigue lidiando con las repercusiones de una larga historia de segregación racial y legado colonial. En el caso de Brasil se ubican en la región noreste y en particular son comunidades indígenas y afrobrasileñas. Como resultado de las diferencias de clase entre los pequeños propietarios hay una desigualdad inherente en el campo, a la que también se tiene que responder antes de intentar una reforma significativa y antes de que se dé una reducción de la desigualdad.

La globalización de los sistemas alimentarios produce cambios que incrementan la desigualdad, especialmente entre grupos tradicionalmente privados de derechos. La participación en las cadenas de valor pueden represen-tar una fuente de crecimiento para los pequeños propietarios, sin embargo, tan sólo una pequeña proporción ha podido integrarse en dichas cadenas mientras que muchos luchan por el acceso a la tierra y el capital necesario para participar en el mercado formal. La desigualdad es un tema complejo multifactorial y con múltiples conse-cuencias. Sin embargo, si los responsables de formular políticas y los actores de la sociedad civil recurren a un enfoque de cadena de valor para comprender cómo opera la desigualdad en los grandes sistemas agroalimen-tarios, pueden dirigir intervenciones que contribuyan a empoderar a muchos productores agrícolas.

5. Estudios de caso: Políticas pÚblicas y desigualdad en el sistema alimentario de Brasil, India, México y SudáfricaEn esta sección observamos de forma particular intervenciones en Brasil, India, México y Sudáfrica, examinando el vínculo entre participación en la cadena de valor, políticas públicas y desigualdad en cada uno de los países. Cada estudio de caso lo dividimos en cuatro secciones. En primer lugar presentamos los estudios, identificamos principales características de las economías agrícolas y contextualizamos los principales desafíos que enfrentan con respecto a la desigualdad, pobreza e inseguridad alimentaria. Aquí incluimos una tabla con un breve resu-men de principales indicadores de desigualdad, inseguridad alimentaria y pobreza, incluyendo zonas rurales. Enseguida proporcionamos una visión general de las políticas sociales y estructurales pertinentes al sistema alimentario y sus repercusiones en la desigualdad y la inseguridad alimentaria. Concluimos cada estudio de caso destacando la discusión emergente sobre políticas y las áreas que requieren de mayor consideración en la medida que los países responden a los problemas de desigualdad e inseguridad alimentaria.

5 Cabe destacar que la línea de pobreza oficial varía drásticamente de un país a otro. Por ejemplo, en Brasil se considera que un hogar vive en condición de pobreza si tiene un ingreso menor a BR$140.00 (cerca de US$70.00) mensuales, mientras que en India esta cifra apenas llega a IN$1,000.00 (US$17.00) mensuales. La variación en las líneas de pobreza nacionales se refleja tanto en el nivel de vida de cada país como en las negociaciones políticas con respecto al significado de “pobreza”. Para tomar en consideración esta variación en las definiciones de pobreza, también señalamos la porción de la población que vive con menos de US$2.00 al día, con una paridad de poder de compra que refleja la definición que las Naciones Unidas hacen de pobreza y que se considera como una medida absoluta de pobreza independientemente del contexto nacional.

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Brasil

En años recientes Brasil ha sido ampliamente reconocido por sus iniciativas para combatir la pobreza y la inse-guridad alimentaria (Bruera, 2013; FAO, 2007; IPC-IG/WFP, 2013; Oxfam, 2010; UNHRC, 2014). Aun cuando su distribución del ingreso permanece como uno de las más desiguales en el mundo, el país ha sido reconocido por su programa Fome Zero (Cero Hambre) para combatir la inseguridad alimentaria nacional, cuya piedra an-gular es el programa de transferencia de efectivo Bolsa Familia, un instrumento de política muy importante para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, y aunque el sector agrícola brasileño en gran medida permanece en manos de actores corporativos internacionales, el gobierno ha introducido varios programas importantes para mejorar los medios de subsistencia de los pequeños productores. El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) es la instancia encargada de formular y aplicar las políticas para promover un sistema alimentario más incluyente. Esta instancia incluye un mecanismo formal conocido como CONSEA (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional), a través del cual las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participan en deliberaciones con los responsables de formular políticas. El CONSEA es un bastión en la defensa de los intereses de los pobres del campo en el marco del SISAN y desempeña un papel relevante para que las políticas tengan como meta un sistema alimentario más incluyente (Gobierno de Brasil, 2013; Leão y Maluf, 2012).

No obstante los esfuerzos realizados, Brasil sigue enfrentado desafíos para promover un sistema alimentario equitativo e incluyente. Siendo que las intervenciones de política y el crecimiento robusto han logrado res-ponder a los casos de pobreza más extrema y de desnutrición, la población brasileña que vive en zonas rurales -particularmente en la región noreste del país, donde la pobreza y la desigualdad son mayores en comparación con el promedio nacional- experimenta condiciones de vida precarias (IPEA, 2011). El porcentaje de hogares en zonas rurales que viven en condiciones de pobreza es casi el doble en comparación con el promedio nacional; además persisten grandes desigualdades de género en la economía rural, que reducen el poder de las mujeres tanto en el mercado como en la familia. Las mujeres ocupan poco menos de 30% de la fuerza de trabajo en el campo y tan sólo poseen 12% de las propiedad agrícola del país (IBGE, 2006, 2010). Finalmente, ante la ausencia de una reforma agraria seria, prevalece la concentración de la tenencia de la tierra en manos de unos cuantos, lo que deja a muchas familias rurales sin tierra. Terrenos enormes de más de 1 mil hectáreas abarcan apenas 0.9% de las unidades agrícolas del país y, sin embargo, equivalen a 45% de las tierras arables (Nehring y McKay, 2013; Telles, 2013). A pesar de las políticas diseñadas para combatir la pobreza y apoyar la agricultura familiar, persisten enormes desigualdades tanto en la producción como en el consumo de alimentos.

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Políticas sociales

Desde 2002, Brasil aplica varias políticas sociales que permitieron reducir la pobreza y desigualdad. Primero, mediante el programa Bolsa Familiar casi 13 millones de hogares reciben transferencias de efectivo (prácti-camente un cuarto de la población) cuyo ingreso mensual es menor de R$140.00 por persona (Leão y Maluf, 2012). Con el fin de promover mejores resultados en salud y educación, las transferencias sólo se otorgan con la condición que los hijos sean vacunados y asistan a la escuela. Además, el programa contribuye a responder a las desigualdades de género dirigiendo las transferencias primordialmente a las mujeres, que comprenden más de 90% de la población beneficiaria (Lindert et al., 2007). Tanto los brasileños como observadores interna-cionales reconocen la eficiencia del programa Bolsa Familiar; los costos del programa equivalen a 0.3% del PIB (Telles, 2013).

Aun cuando dicho programa redujo la pobreza, la política social más importante para reducir la desigualdad de ingreso en todo Brasil fue el incremento progresivo del salario mínimo (Telles, 2013). El gobierno federal incre-mentó significativamente el salario mínimo, al pasar de menos de R$147.00 mensuales en 2000 a R$724.00 en 2014, esto es, un incremento de más de 400% (Brasil, 2013). Sin embargo, en promedio, dicho incremento benefició más a los hombres que a las mujeres. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo (59%) se encuentra muy rezagada en comparación con los hombres (82%) (IPEA, 2011). Además, las mujeres se ocupan predominantemente en el mercado laboral informal, donde los empleadores no necesariamente cumplen con el mandato del salario mínimo oficial; la OIT (2012) estima que 49% de las trabajadoras se encuentran en em-pleos informales, en comparación con 39% de los hombres, lo que acentúa las desigualdades de género en el mercado laboral brasileño.

Aparte de estos programas que se centran en incrementar el ingreso, el gobierno brasileño instituyó varias po-líticas sociales mediante las cueles se hacen transferencias en especie para combatir la inseguridad alimentaria y desnutrición. Mediante el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), las agencias del gobierno federal pueden comprar alimentos (tanto frescos como procesados) directamente de pequeños productores y utilizarlos como asistencia alimentaria, almacenamiento y aprovisionar las cafeterías en las universidades, barracas mili-tares, etcétera. Además, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) proporciona alimentos nutritivos gratuitos a la población infantil escolarizada. Tanto el PNAE como el PAA están diseñados para crear mercados que permitan y promuevan el desarrollo de capacidades entre las unidades agrícolas familiares.

Políticas estructurales

Como ya señalamos, el sector agrícola brasileño es dual, con un puñado de grandes productores agrícolas con acceso a recursos y un gran número de pequeños productores. Esta dicotomía se refleja en la regulación del sector agrícola. En efecto, por una parte el Ministerio de Agricultura define políticas orientadas a las grandes empresas agroindustriales, mientras que, por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario se encarga de res-ponder específicamente a las necesidades de las unidades agrícolas familiares (Junker y Schutz, 2011).

Las grandes empresas agroindustriales representan 62% del valor de la producción agrícola de Brasil y la vasta mayoría de las exportaciones agrícolas del país (Chmielewska y Sousa, 2011). Son estas empresas las que pue-den cumplir con los certificados y normas necesarias para acceder a las CGV y son las responsables de la vasta mayoría de las exportaciones agrícolas en grandes volúmenes que incluyen soya, azúcar sin refinar, frutas y ver-duras y productos cárnicos. Al mismo tiempo descansan en las CGV para responder ante la demanda constante de productos. Para acceder a las CGV muchas entidades agrícolas grandes han desarrollado una relación estre-cha con las empresas líderes globalizadas en los segmentos de procesado y comercialización de las cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales como Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y COFCO, que es una empresa china de propiedad estatal (Wilkinson, 2009).

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Al mismo tiempo, han surgido algunas empresas nacionales importantes, como Brasil Foods y JBS Agrícola, en los segmentos de procesamiento y comercialización de la cadena, y venden tanto en el mercado nacional como en los internacionales.

Aun cuando dichos patrones de comercio e inversión surgieron en el contexto de la liberalización del sector agrícola con un uso modesto de subsidios y apoyo a precios, el Estado brasileño aplicó políticas para promover los cultivos a gran escala de productos agrícolas comerciales. Por ejemplo, la inversión pública en investigación y desarrollo (I&D) en el sector agrícola permitió el cultivo en suelos ácidos donde no se podía cultivar soya, lo que sentó las bases tecnológicas que dieron lugar a las actuales plantaciones de soya orientadas a la exporta-ción que abracan extensiones enormes de terreno (Deininger y Byerlee, 2011).

Además, las grandes empresas agroindustriales, incluyendo las multinacionales, se han beneficiado del apoyo del gobierno brasileño a la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Por ejemplo, en 2013 decidió es-tablecer exenciones de impuestos y continuar con su política de ofrecer crédito barato a las plantas productoras de etanol (Rabello et al., 2013). Estas políticas tienen el complemento de las actividades de la banca de desa-rrollo del Brasil que es de propiedad estatal, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que ofrece créditos subsidiados para almacenamiento a las plantas productoras de etanol, destilerías y cooperativas productoras de etanol (Valdes, 2011).

En la parte alta de la cadena de valor, en el segmento de la producción, una política como esa beneficia despro-porcionadamente a los grandes terratenientes y en menor medida a los pequeños productores. Desde la década de 1990 éstos últimos han quedado en gran medida excluidos de las cadenas de valor del azúcar (tanto de la refinada como de la producción de etanol) en la medida que las plantas productoras y las destilerías compraron tierras para integrar verticalmente el cultivo de la caña de azúcar, un proceso vinculado con violaciones de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y desplazamiento de campesinos, además de la violación de otros derechos humanos (Oxfam, 2013c). Las plantas productoras de etanol y las destiladoras poseen a la fecha casi dos tercios de las tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar en Brasil (Valdes, 2011).

Mediante IED varias de estas plantas son parcialmente propiedad de multinacionales en el sector de los com-bustibles y de comercializadoras; entre las primeras se encuentran Shell y BP, entre las segundas Louis Dreyfus y ADM, entre otras, que en conjunto representan 23% de la producción de etanol en Brasil (CEPAL, 2012).

No obstante la creciente competitividad a escala mundial del sector productor de etanol, el cambio al cultivo “moderno” y a gran escala de la caña de azúcar no ha tenido repercusiones necesariamente positivas en los medios de vida de los trabajadores del campo ya que, en efecto, las condiciones laborales en los cañaverales siguen siendo malas, con bajos salarios, alta tasa de rotación de mano de obra, reiteradas violaciones en las condiciones de seguridad de los trabajadores y, en ocasiones, condiciones que rayan en la esclavitud (Coslovsky y Locke, 2013; da Silva Filho y Queiroz, 2013).

Las unidades agrícolas familiares representan 4.4 millones de familias y 85% de los establecimientos rurales del Brasil, que equivalen a 70% de la producción alimentaria nacional y 77% del empleo rural (IPC-IG/WFP, 2013; Chmielewska y Sousa, 2011). Es típico que las grandes unidades agrícolas cuenten con canales de ingre-so al mercado dominados por estrictas normas de certificación y programación de la producción; por su parte los pequeños productores enfrentan mercados menos estructurados. Los intermediarios que tienen como práctica generalizada ofrecer precios bajos a los productores constituyen el principal mercado para los pequeños pro-ductores (IPC-IG/WFP, 2013).

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Para promover las capacidades de estos últimos en el contexto de un sistema alimentario que se caracteriza crecientemente por cadenas de valor donde predomina la calidad, el Ministerio de Desarrollo Agrario en coor-dinación con el SISAN estableció varias políticas, en primer lugar los ya mencionados programas PAA y PNAE ofrecen a los pequeños productores acceso a mercados preferenciales vinculados a las adquisiciones públicas. El PAA se surte comprando únicamente a pequeños productores y a organizaciones de agricultores, con el objetivo de generar incentivos para desarrollar capacidades y escalar capacidad. El PNAE que operan más bien los muni-cipios y no el gobierno federal, exige que 30% de los productos que se suministra para alimentar estudiantes provengan de productores locales, si bien esto sólo sucede parcialmente (Saraiva et al., 2013). El programa permite que los productores a pequeña escala se adentren en el tema de las normas de calidad y precios de referencia, constituyéndose en un mecanismo efectivo de aprendizaje para que estos productores negocien en mejores condiciones con los intermediarios y grandes cadenas compradoras encabezadas por procesadoras y comercializadoras privadas (CAISAN, 2014; IPC-IG/WFP, 2013).

Finalmente, mientras el PAA y el PNAE sirven para crear demanda para los pequeños productores, el Programa Nacional de Fortalecimiento de Agricultura Familiar (PRONAF) busca ampliar el acceso a insumos productivos fa-cilitando el crédito. El PRONAF está bajo la supervisión del Ministerio para Desarrollo Agrario (MDA) y distribuye fondos a través de la banca pública para financiar proyectos personales o colectivos que presenten las unidades agrícolas familiares. PRONAF establece tasas de interés de acuerdo con la condición económica del productor (los productores pobres reciben una tasa de interés más baja) así como de las condiciones climáticas que en-frenten. A pesar de estos compromisos financieros importantes de parte del Estado, los pequeños productores tienen poca presencia en los mercados crediticios; en efecto, las agricultura familiar únicamente recibe 25% del crédito agrícola disponible (IPC-IG/WFP, 2013).

Brasil: para avanzar

Para concluir, es importante mencionar que Brasil desarrolló varias políticas innovadoras para combatir la des-igualdad y apoyar a los pequeños productores, gracias a un sistema de formulación y aplicación de políticas en el que participan el gobierno y los actores de las OSC tanto en el ámbito nacional como a nivel de los estados y local. Al establecer políticas particularmente dirigidas a apoyar las capacidades de los pequeños productores y vincularlos con iniciativas basadas en el consumo del sistema de seguridad alimentaria de Brasil, como el PAA y el PNAE, el país apunta hacia un enfoque creativo -aún incipiente y tentativo- para promover un sistema alimentario más justo y equitativo. No obstante ello, queda mucho por hacer. Aun cuando la aplicación decidida de políticas sociales consiguió cerrar la brecha de ingreso, el país sigue siendo uno de los más desiguales en el mundo. A ello hay que agregar que en relación con los pequeños productores, los grandes agricultores gozan de una posición privilegiada en el sistema alimentario, en la medida que pueden cumplir con mayor facilidad los criterios de certificación y normas de calidad que controlan el acceso a los mercados de exportación y que tienen un creciente predominio en las cadenas de valor.

India

En comparación con los otros casos de este estudio, el trabajo agrícola tiene una participación sustancial en el empleo (47%) y en el PIB (18%) de India. No obstante, dicha participación va decayendo conforme el país sigue una tendencia de urbanización y de crecimiento en el sector de los servicios (Achary, 2014; banco Mundial 2013). En contraste con los otros casos, las cadenas de suministro del sector privado presentan una menor con-solidación en India (Reardon, Chen et al., 2012). En los segmentos medios y hacia abajo de las cadenas de valor alimentarias -esto es, las plantas de procesamiento o plantas productoras-, las ventas al mayoreo y al menudeo muestran menos concentración de mercado y reciben menor inversión privada en India, en comparación con los otros países.

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Más aún, el Estado desempeña un mayor papel para estructurar el sistema alimentario indio mediante adqui-sición pública de granos básicos (arroz, trigo y mijo) a través de un sistema público de distribución dirigida (Targeted Public Distribution System o PDS), el programa que constituye la mayor red de seguridad social ali-mentaria en el mundo y el principal instrumento de política con que cuenta el país para combatir la inseguridad alimentaria (Kishore et al., 2014).

Resulta difícil evaluar con precisión el desempeño del país asiático con respecto a la seguridad alimentaria y la desigualdad, debido a la falta de información confiable. No obstante, la información estadística indica que la desigualdad y la pobreza persisten como problemas importantes y que constituyen un obstáculo para alcanzar la seguridad alimentaria. En efecto, al comparar el país asiático con Brasil, México y Sudáfrica, India cuenta con mucha mayor población tanto en términos absolutos como relativos, que vive con menos de dos dólares diarios; lo cual indica una incidencia de pobreza especialmente alta. Las estimaciones de la desigualdad con base en el gasto indican un coeficiente Gini modesto de 0.53, que se encuentra entre los más altos del mundo (Dubochet, 2013). En particular, son ciertos grupos desfavorecidos los que quedan excluidos del desarrollo económico esta-ble de India, debido a la discriminación por cuestiones de pertenencia a una casta, tribu, género o religión. Por ejemplo las tasas de pobreza entre la población musulmana, dalita e integrantes de grupos indígenas tribales son significativamente mayores en comparación con la tasas promedio (Dubochet, 2013; Shaw, 2013). También persisten las desigualdades históricas por razones de género. Por ejemplo en 2006 se revisó la ley de sucesión hindú con el objetivo de exigir la igualdad de género ante la herencia de tierra y propiedades, no obstante su aplicación sigue siendo débil. En términos de producción agrícola las mujeres enfrentan condiciones adversas de empleo en el trabajo agrícola; 92% del trabajo agrícola femenino se desarrolla con base en acuerdos casua-les, en comparación con 80% del trabajo agrícola masculino (Banco Mundial, 2008).

Extraer conclusiones precisas en términos de seguridad alimentaria se ve obstaculizado por la inexistencia de datos recientes, sin embargo, nuevamente las cifras disponibles indican que la seguridad alimentaria es un desafío mayor en India, particularmente entre las mujeres y niñas y niños. Para 2006, fecha más reciente de la encuesta nacional de salud familiar (National Family Health Survey) 79% de los niños entre 6 meses y 3 años de edad estaban anémicos y 45% de los menores de 3 años de edad sufrían de alguna atrofia (NFHS, 2006).

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Políticas sociales

El PDS es el principal instrumento de política mediante el cual el gobierno Indio promueve la seguridad alimen-taria nacional. A través de este programa el gobierno adquiere granos básicos de los productores nacionales y los distribuye a través de tiendas de propiedad estatal, entre las familias que los adquieren con precios altamente subsidiados. Bajo enorme presión de la Campaña de Derecho a la Alimentación, una red de ONG, el parlamento indio aprobó una ley histórica de seguridad alimentaria en 2013 (la Food Security Act, 2013) que amplía el PDS en múltiples formas. En efecto, la ley amplía a 260 millones el número de personas que cubre el PDS, por lo que ahora 67% de la población tiene la posibilidad de recibir granos con precios subsidiados (Sharad Tandon y Lan-des, 2014). Para garantizar que la discriminación por razones de género no socave el derecho de las mujeres a la alimentación se distribuyen tarjetas de racionamiento a las mujeres de mayor edad en los hogares. La ley para la seguridad alimentaria también consolidó y amplió otro puñado de programas destinados a conseguir segu-ridad alimentaria, incluyendo en programa de comidas (Mid-day Meals Program) en las escuelas -para mejorar la nutrición de los escolares- y un programa de prestaciones destinado a mujeres embarazadas (Drèze, 2013).

La ley para la seguridad alimentaria mejora el acceso a alimentos en tanto que un derecho de las personas y no como un beneficio de seguridad social para los hogares (Drèze, 2013). No obstante que los criterios de se-lección se ampliaron y redefinieron a nivel individual, las cantidades de alimentos a las que tienen derecho los beneficiarios a través del PDS podrían reducirse a consecuencia de la nueva ley. Antes los alimentos a los que se tenía derecho eran distribuidos a los hogares, de forma que aquellos que se ubicaban por debajo de la línea de pobreza recibían 35 kg de granos al mes, sin embargo, con la nueva ley de 2013 los alimentos se entregan por persona, a la que le corresponden 5 kg, de forma que la ley podría representar un decremento en alimentos recibidos para muchos hogares (DPFD, 2013).

Además de la ley para seguridad alimentaria, el sistema nacional de garantía de empleo rural (NREGS, por sus siglas en inglés) opera como un programa importante de protección de derechos sociales cuyo objetivo es complementar los ingresos en efectivo de los hogares rurales. El NREGS garantiza 100 días de empleo al año con salario mínimo para cada hogar rural. La mayor parte del trabajo a través de dicha entidad se desarrolla en proyectos de obra pública, como construcción de edificios públicos o proyectos de mejora de servicios públicos de agua y suelos. No obstante, algunos estados como el de Andhra Pradesh experimentan con proyectos que buscan remediar directamente las desigualdades rurales, por ejemplo, poniendo a producir tierras en manos de familias dalitas y adivasi que permanecían ociosas (Reddy y Upendranadh, 2010).

Políticas estructurales

En comparación con los sistemas de Brasil, México y Sudáfrica, el sistema alimentario de India permanece rela-tivamente cerrado al comercio e inversión internacionales. El comercio agrícola como participación de PIB agrí-cola es relativamente bajo y la consolidación en los segmentos de procesamiento y venta al menudeo también permanece baja.

La mayor parte de la venta de alimentos al menudeo se sigue haciendo a pequeña escala en tiendas kirana. La prevalencia de este modo de acceso a los alimentos probablemente está estrechamente vinculada con la regu-lación que pesa sobre la inversión extranjera directa. A pesar de las presiones que desde el exterior ejercen las empresas, el gobierno indio sigue prohibiendo la propiedad extranjera en cadenas de venta minoristas (Sunee-ra Tandon, 2013), aunque no resulta claro hasta qué punto mantendrá esta postura de cara al futuro. Aun cuando se permite la propiedad extranjera de instalaciones procesadoras de alimentos y que empresas agroindustriales extranjeras como Nestlé, Kellogg y Mondelez participan en el mercado indio, conglomerados nacionales como Brittania Industries e ITC han conseguido en años recientes participación en el mercado de ciertos productos (Euromonitor, 2014).

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Si bien la coordinación de las cadenas de valor agroindustriales en manos de grandes corporaciones sigue siendo incipiente, crece en importancia en la medida que los procesadores y los grandes minoristas nacionales comienzan a desarrollar redes de logística para garantizar un flujo estable de insumos agrícolas. La forma espe-cífica como se maneje este proceso a lo largo del tiempo, tanto con respecto a las políticas públicas como con respecto a las estrategias del sector privado para gobernar la cadena de valor, tendrá implicaciones importantes para la inclusión de los pequeños productores al sistema. En relación con el enfoque de las políticas estructura-les dirigidas hacia dichos productores, dicho enfoque no está claro. Aun cuando los gobiernos federal y de los es-tados invierten en irrigación y agricultura, la inversión no va dirigida a los pequeños productores en particular. La intervención estatal más directa en el sistema alimentario se da a través de la gestión del PDS, que representa casi 1% del total del PIB o de 4% a 5% del PIB agrícola (Kishore et al., 2014). La adquisición de granos a través del PSD se hace vía los gobiernos de los estados, que los compran directamente de los productores pagando un precio mínimo de garantía. Así la ley para la seguridad alimentaria garantiza un mercado amplio y estable para los productores de granos (aunque no necesariamente para los productores de otros cultivos). No obstante, el PDS no incorpora mecanismos específicos que faciliten el acceso de los pequeños productores a las cadenas de adquisiciones, de forma que lo más probable es que los grandes productores sean quienes se beneficien con los precios de garantía y no los pequeños productores (De Schutter, 2014).

India: para avanza

Para concluir, la ley para seguridad alimentaria de 2013 marca un paso importante en la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria en India, al ampliar los derechos a los alimentos a través del PDS y reduciendo los riesgos de exclusión. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto permitirá abordar las fuerzas estructurales que originan la desigualdad en el país o hasta qué punto beneficiarán a los pequeños productores. En particular, el PDS y otros mecanismos de adquisición como el programa de comidas escolares no incluyen modalidades para apoyar a dichos productores, que constituyen una porción sustancial de los pobres del campo, a los que se supone que el PDS debería servir. Iniciativas de política subsecuentes deberían incorporar medidas favorables a los pequeños productores, como instrumentos para combatir la pobreza rural. Además, habría que ampliar las iniciativas para garantizar que dichos agricultores tengan acceso a los mercados privados, en la lenta con-solidación de los segmentos de procesamiento y venta al menudeo de la cadena agroalimentaria. Aun cuando los esfuerzos de política en esta área son débiles, algunas ONG de India comenzaron a desarrollar alianzas con grandes cadenas minoristas para que proporcionen el crédito, la logística de adquisiciones y la asistencia técnica necesarias para que los pequeños productores accedan a los mercados en el segmento minorista organizado (Reardon, Timmer et al., 2012).

México

En años recientes, México experimentó ciertos avances en indicadores económicos. Las políticas diseñadas para empoderar a los grupos marginados y su creciente participación en el comercio mundial han permitido crecer a la economía mexicana con un promedio de 2.5% en el periodo de 2003-2013 (Banco Mundial, 2010). No obs-tante el crecimiento económico sostenido, el país sigue enfrentando muchos problemas en su avance. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte incrementó las tasas de pobreza entre la población indígena y rural. De forma que a pesar de las políticas que el gobierno aplicó para reducir la pobreza, México sigue batallando con altos niveles de desigualdad y concentración de riqueza, tierra y poder en manos de un pequeño grupo de actores. Intentos de una reforma agraria y reducción de la desigualdad han hecho muy poco, por lo que se requiere de más intervenciones para mejorar las condiciones de vida de los pequeños propietarios.

A la fecha, la población rural experimenta altos niveles de pobreza y muchos en el país sufren de inseguridad alimentaria y hambre, particularmente en estados como Chiapas que se encuentra muy alejado de los centros urbanizados del país (Juárez y González, 2010).

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La reforma agraria que data de hace 100 años consiguió que creciera el número de pequeños propietarios, sin embargo, la extensión de sus tierras no es suficiente para que puedan sobrevivir o ser competitivos en los mercados contemporáneos. Además el surgimiento de monopolios en el sector de los alimentos, como los que controlan la industria de la tortilla, limita la capacidad de los pequeños productores para obtener precios altos para sus productos. Además, estos productores también enfrentan dificultades para integrarse a los mercados formales. A pesar del conjunto de políticas sociales y estructurales que buscan responder a las preocupaciones en el sistema alimentario, la desigualdad sigue impidiendo que gran parte de la población tenga seguridad alimentaria o mejore sus medios de vida.

Además de los indicadores que señalamos, es importante hacer notar que México sigue afrentando desigualda-des de género -particularmente entre mujeres rurales e indígenas- en los sistemas alimentarios. Los hombres predominan en el sector agrícola, mientras que la participación de las mujeres es poco menos de 13% en la fuerza de trabajo agrícola (FAOSTAT, 2014). Es frecuente que las mujeres que laboran en este sector lo hagan en condiciones vulnerables, sin tierra propia y con pocas posibilidades de mejorar su situación. Esto es una ramificación de acuerdos sociales históricos que privilegian a los hombres como jefes de familia y en quienes recaen los títulos de propiedad. No obstante los cambios en los marcos de las políticas, las mujeres siguen en desventaja con respecto a sus homólogos hombres y son más vulnerables ante la inseguridad alimentaria y/o sus medios de vida son más precarios.

Políticas sociales

Con frecuencia se exalta a México por sus políticas sociales, particularmente por el programa Oportunidades. Quedó establecido en 2006 y hace transferencias de efectivo condicionadas a la asistencia escolar entre los hijos de las familias de ingresos bajos, así como atender medidas preventivas de salud y nutrición (Oportunida-des, 2012). El programa va dirigido a grupos tradicionalmente marginados, siendo mujeres 98% de la pobla-ción beneficiada. Del total de participantes en el programa 68% habita en zonas rurales (BID, 2013).

Reconocido por muchos como un modelo de política para reducción de la pobreza, sus críticos cuestionan el hecho de que no llegue a los grupos más marginados debido a su orientación fuertemente individualista e incapacidad para responder a muchos problemas estructurales, entre los cuales hay que incluir la lejanía de los

6 Aunque oficialmente inició en 2002, emergió de un programa previo (el Progresa) del que mantiene características similares.

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lugares de residencia de las poblaciones indígenas y falta de atención al tema de la calidad de los servicios; lo cual trae como resultado una inscripción desigual al programa (Ulrich y Roelen, 2012).

Además, algunos cuestionan la carga de responsabilidad que Oportunidades coloca sobre los hombros de las mujeres, temiendo que refuerce los estereotipos de género y con ello dificulte los esfuerzos para alcanzar mayor equidad de género (entrevistas de los autores, 2014). Por ejemplo, la carga adicional que el programa coloca en las mujeres pone en riesgo la movilidad social, mientras que otros cuestionan que la autonomía que da el ingreso monetario verdaderamente se transforme en un empoderamiento, especialmente en zonas rurales con estructuras de género que trascienden cualquier consideración económica (Milburn, 2012; Molyneux, 2006). Oras voces críticas cuestionan la sostenibilidad del programa en la medida que avance, argumentando que no queda claramente definido cómo se vincula el programa con mercados más amplios (entrevistas de los autores, 2014). Seguir con intervenciones dirigidas especialmente a sectores altamente representados por grupos mar-ginados, como el agrícola, resulta vital para responder a los problemas de desigualdad en el país. No obstante, también es necesario un mayor diálogo sobre las estrategias para empoderar a dichos grupos y reducir las desigualdades existentes, de forma que se consiga un avance para todos los ciudadanos y permita una partici-pación más benéfica en el sistema alimentario.

En 2013, México inició una segunda campaña de política social, la Cruzada Nacional contra el Hambre. La cam-paña dirigida por la Secretaría de Desarrollo Social o SEDESOL busca alcanzar varios objetivos. En relación con el consumo, el programa busca erradicar el hambre y la desnutrición aguda entre la niñez, aunque también avanza en otros aspectos del sistema alimentario al exhortar reducir pérdidas a lo largo de la cadena de valor, como en los aspectos de almacenamiento y distribución, e incrementar la producción de alimentos y la ren-tabilidad de los productores. La Cruzada Nacional contra el Hambre también promueve la participación de la comunidad para alcanzar sus objetivos, asimismo crea empleo temporal y promueve programas comunitarios, particularmente en zonas rurales (Gobierno de México, s.f.). No obstante, los críticos del programa señalan que las verdaderas soluciones descansan en crear oportunidades económicas para las comunidades y la población marginada, en lugar de darles asistencia social. También cuestionan sus objetivos, citando la poca atención que se pone a la calidad de los alimentos consumidos y centrarse únicamente en el tema del hambre (Torres, 2013).

Políticas estructurales

Oportunidades y otras políticas sociales contribuyen a garantizar los medios de vida de muchos grupos vulne-rables en México al tiempo que el país lidia con muchos problemas estructurales que limitan el desarrollo rural o el crecimiento económico y social y la integración de los grupos marginados. Estas restricciones estructurales son evidentes en el sistema alimentario mexicano.

En efecto, el sistema alimentario mexicano está altamente concentrado en grandes corporaciones -frecuente-mente empresas multinacionales- con enorme participación en el mercado y una fuerte influencia, dictando los precios de compra a los pequeños productores y los precios de venta. Esto da como resultado un sistema que con frecuencia excluye u opera en detrimento de los pequeños productores, reforzando las desigualdades de clase y en muchos casos materializando la desigualdad espacial, en la medida que las grandes empresas agroindustriales son con frecuencia multinacionales.

Investigación realizada por El Barzón, una red de OSC que promueve el interés de los productores en el país, documenta los altos niveles de concentración a lo largo de la cadena de valor, con un pequeño número de empresas controlando gran participación en el mercado. Por ejemplo, estimaciones de El Barzón indican que en México seis empresas controlan 80% de toda la producción de frijol, mientras que diez empresas controlan 70% de la venta al menudeo de dicho grano. El caso del maíz es similar, con dos empresas -Maseca (de Gruma) y Minsa- concentrando 90% de toda la producción de tortilla en el país.

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Siendo la tortilla un alimento básico, es uno de los principales productos finales derivados del maíz (El Barzón, 2013). Altos niveles de concentración dan como resultado grandes unidades de operación agrícola, con gran cantidad de recursos disponibles que les permiten beneficiarse desproporcionadamente del sistema (Oxfam, 2013a).Los precios también dejan ver la desigualdad del sistema, por ejemplo, en el caso del maíz, los produc-tores venden su grano en US$0.015 el kilo, mientras que las empresas tortilleras venden el producto procesado a US$0.93 el kilo, lo que deja ver el valor capturado en el sistema y que beneficia a las grandes empresas pro-cesadoras y minoristas, en detrimento de los pequeños productores (El Barzón, 2013).

México: para avanzar

En el país muchos reconocen la naturaleza problemática de un sistema alimentario altamente concentrado y buscan reformarlo, para empoderar a los pequeños productores. En enero de 2014, el presidente mexicano sentó las bases de nuevas reformas para fortalecer al sector agrícola. Conocida como Reforma del Campo, la iniciativa atiende a cinco preocupaciones centrales: protección social; productividad de las poblaciones rurales; competitividad; sustentabilidad y seguridad alimentaria (Aristegui Noticias, 2014). Aunque todavía es muy pronto para determinar el éxito del programa, esta política puede abrir un espacio donde los pequeños pro-ductores puedan manifestar sus preocupaciones y donde las redes de OSC puedan contribuir a dar forma a las políticas, de manera que reduzcan las desigualdades. A pesar de las promesas hechas, las ambigüedades de las políticas y su puesta en marcha hacen que muchos manifiesten escepticismo con respecto a su posible impacto. En comparación con los otros países del BRICSAM, los pequeños productores en México frecuentemente están a merced del mercado, con pocas intervenciones de política que les ayuden a incrementar sus medios de vida.

Los pequeños productores en México enfrentan los desafíos de la desigualdad en múltiples dimensiones. Como ya mencionamos, la cantidad y disponibilidad de recursos limita que muchos productores capturen ma-yor rentabilidad en la agricultura. Esto crea un sistema desigual que beneficia a los procesadores y minoristas, y no permite que los productores escapen a la pobreza o mejoren sus medios de vida. Las políticas tendrían que centrarse en contribuir a establecer precios de compra justos para los productos agrícolas. Por otra parte, el aislamiento de muchas comunidades agrícolas limita la calidad de los servicios sociales y que la protección social modifique efectivamente las condiciones de vida. Las políticas tienen que trascender el enfoque en la provisión de servicios para abordar el tema de la calidad de los mismos. Que muchas de las políticas vayan dirigidas a las mujeres jefas de familia ha probado ser de ayuda, sin embargo, es crucial que se centren en el empoderamiento de las mujeres para cerrar la brecha en las desigualdades de género.

Sudáfrica

En el periodo 2003-2013, Sudáfrica creció 3.3% (Banco Mundial, 2014). Sin embargo, su crecimiento potencial se ve limitado por una historia de segregación racial y acceso desigual a la tierra y otros recursos, lo cual tiene múltiples ramificaciones que siguen siendo evidentes en el país. No obstante que en 1994 se dio por termina-do el régimen de apartheid con un compromiso hacia mayor igualdad, en el país permanece la desigualdad y enfrenta muchos problemas en términos del sistema alimentario y de seguridad alimentaria. Los datos varían, sin embargo, muchos estudios indican que más de la mitad del país sufre de inseguridad alimentaria y que la población negra sudafricana comprende 90% de quienes están en riesgo de padecer hambre. El problema es particularmente agudo en las zonas rurales donde casi 60% de la población encuestada indicó que sufre inse-guridad alimentaria (Labadarios et al., 2011). Los intentos de aplicar una reforma agraria han tenido resultados mínimos.

En efecto, menos de 7% de la tierra fue redistribuida entre 1994 y 2010, siendo que el objetivo es redistribuir 30% de la tierra para 2015 (CSN-BRICSAM, 2013). El gobierno ha preparado muchas iniciativas de políticas so-ciales y estructurales en un intento por ayudar a incrementar el acceso de la población a alimentos, no obstante muchas de ellas han tenido logros limitados.

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Las cifras anteriores muestran que no obstante los múltiples intentos de reforma, Sudáfrica sigue enfrentando problemas de desigualdad. Esto es más que evidente en el sistema alimentario y el sector agrícola, en especial en relación con el acceso a la tierra. La agricultura equivale a 3.2% del PIB y contribuye a 7% de las exportacio-nes (Palmer y Ainslie, 2006) y emplea a casi 6% del total de la fuerza de trabajo (FAOSTAT, 2014). Las mujeres re-presentan 30% de la fuerza de trabajo en la agricultura. Los principales cultivos son maíz, trigo y caña de azúcar (ibíd.). No obstante poseer un sistema económico sólido e industria agrícola, estimaciones sugieren que mu-cha de la población enfrenta vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria y que entre la población más pobre los costos de alimentación ocupan 80% de su ingreso (WWF, 2012). El país enfrenta múltiples desafíos entre los cuales hay factores externos, como problemas ambientales e incremento en los costos de los alimentos, y problemas internos, entre ellos alta concentración de la tierra y desigualdad en la cadena de valor agrícola.

Políticas sociales

La gran cantidad de población que vive en condiciones precarias, altos niveles de pobreza y desigualdad pro-vocan que 17 millones de sudafricanos dependan de las políticas sociales para mantener sus medios de vida (SANI, 2013). Muchos programas auspiciados por el gobierno, como el programa para ampliar obra pública (Expanded Public Works Programme, EPWP) y su sucesor el EPWP II trataron de responder al problema de la pobreza generando empleos.

EL EPWP que fue establecido en 2004 y posteriormente reemplazado por el EPWP II en 2009 buscaron reducir la pobreza y la desigualdad mediante la generación de empleo dirigido a la población marginada, para lo cual desarrollaron programas de infraestructura y trabajo comunitario, con financiamiento público. Surgieron como una opción a un programa de ingreso básico seguro (Basic Income Grant) que habría proporcionado ayuda financiera para muchos trabajadores pobres, sin embargo, el gobierno optó por otra estrategia enfocada en la generación de empleo (CSN-BRICSAM. 2013). No obstante las criticas en cuanto a que el EPWP no podría generar empleo suficiente para ayudar con el problema de desempleo “masivo”, el gobierno lanzó la segunda iniciativa EPWP II para incrementar el número de puestos de trabajo de tiempo completo a 400 mil a lo largo de cinco años (SANI, 2013).

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Por otra parte, siendo que la protección social satisface las necesidades inmediatas de la población sudafricana no responde al principal problema de acceso a los alimentos.

Programas como el EPWP II enfrentan la crítica de muchos en Sudáfrica, que ante todo señalan que los altos niveles de desempleo hacen poco probable que los programas de empleo en obra pública generen la cantidad de puestos de trabajo que se necesitan para ayudar a que la gente escape de la pobreza, especialmente en las zonas rurales que presentan mayores niveles de pobreza (CSN-BRICSAM, 2013). Por otra parte, aunque el programa fue diseñado para empoderar a los trabajadores pobres, los puestos generados siguen siendo temporales e insuficientes para que sus efectos sean duraderos, lo que impulsó a muchos a cabildear a favor de ingreso básico garantizado o un salario mínimo nacional (ibíd.). Finalmente, si bien las políticas sociales contribuyen a que las personas satisfagan sus necesidades inmediatas, se requiere de mayores intervenciones para empoderar a las personas y ayudarlas a escapar de la pobreza. Pero esto sólo ocurrirá mediante programas que busquen reducir las desigualdades estructurales en el país.

Políticas estructurales

La concentración en la tenencia de la tierra es uno de los principales desafíos que enfrenta Sudáfrica para em-poderar a los pequeños productores y reducir las desigualdades. La historia de segregación racial heredó a la nación niveles “extremos y excepcionales” de población desposeída de tierra, que con mucha frecuencia fue resultado de la expulsión forzada de las tierras (du Toit y Loate, 2014). A ello hay que agregar que los pobres habitan fuera de los centros urbanos, lo cual reduce el acceso a servicios y ocasiona que los pequeños produc-tores enfrenten dificultades para mejorar en el contexto de un sistema compuesto por grandes corporaciones verticalmente integradas. Las iniciativas que han intentado abordar los problemas estructurales que contribu-yen a la desigualdad e inseguridad alimentaria en el país, han sido insuficientes por lo que en Sudáfrica sigue predominando un sistema alimentario altamente concentrado.

En un esfuerzo por reducir la concentración, el Departamento de Asuntos Agrarios (DLA, por sus siglas en inglés) lanzó un proyecto de reforma agraria en 1994. La meta planteada fue redistribuir 30% de la tierra para 2015. Las políticas estaban dirigidas a los productores negros que habían sufrido una larga historia de discriminación y altas tasas de pobreza (SANI, 2013); por ejemplo, la Estrategia Proactiva para Adquisición de Tierra (PLAS, por sus siglas en inglés) fue un programa instituido en 2006 que buscó dotar con pequeñas parcelas a agricultores sin tierra (Hall, 2014) y si, durante su vigencia, el agricultor era productivo se le entregaba una segunda parcela de forma permanente, la cual se aseguraba mediante una transferencia de tierras públicas. No obstante la meta, surgieron varios problemas y muchos funcionarios señalan que pasarán varios años antes que se dé una transferencia permanente de tierras; uno de ellos incluso señaló que no prevé que haya transferencias de tierra en los próximos 50 años. E incluso si se da la transferencia, se dará de forma permanente para las unidades agrícolas medianas y grandes, dando poca oportunidad para los pequeños productores (ibíd.).

También podría darse insuficiencia en la distribución de tierras, debido a la falta de recursos financieros, con-centración de poder en las grandes corporaciones y concentración de minoristas. Las tierras entregadas en el contexto del PLAS siguen subutilizadas en muchos casos debido a que los productores no pueden allegarse crédito bancario para inversión en capital (Hall, 2014).

Quienes pueden invertir en equipamiento y en los recursos necesarios para mantener competitividad son por lo general grandes productores o las empresas que mantienen vínculos con las empresas multinacionales. Algunos analistas incluso consideran que las unidades de tierra van decreciendo en Sudáfrica, lo que sugiere concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos cuantos actores (entrevista de los autores, 2014) y concentración de poder en detrimento de otros actores que van quedando marginados.

Además, el segmento de venta al menudeo de la cadena de valor sudafricana también experimenta concentra-ción, lo que limita oportunidades de mercado para los pequeños productores.

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La concentración entre los minoristas también va en detrimento de dichos productores. En efecto, cuatro cade-nas de supermercados controlan 60% de la venta de alimentos al menudeo en el país (du Toit y Loate, 2014), lo que tiene como consecuencia que pueden definir normas y precios de referencia, limitando la autonomía de los pequeños productores. Además, la separación geográfica entre muchas de estas cadenas ubicadas en centros urbanos y los productores marginados contribuye a las desigualdades que el país enfrenta.

Sudáfrica: para avanzar

Para enfrentar los altos niveles de pobreza y desigualdad, Sudáfrica adoptó el Plan Nacional de Desarrollo. Esta iniciativa busca reducir la pobreza y desigualdad empoderando a los grupos marginados, desarrollando las ca-pacidades necesarias para integrarse a la economía. A pesar de ciertos avances, muchas de las políticas sociales en el país no han conseguido generar el empleo de largo plazo necesario para que las personas escapen de la pobreza.

El Plan Nacional de Desarrollo busca conseguir un crecimiento inclusivo y reducir la pobreza y desigualdad para 2030 (National Planning Commision, 2011b). En el contexto del plan, los programas están dirigidos al sector agrícola y buscan redistribuir la tierra y mejorar las capacidades de los pequeños productores (National Plan-ning Commision, 2011a). En mucho, la creación de empleo va dirigida a los grupos menos favorecidos como mujeres y población negra (CSN-BRICSAM, 2013). Las opiniones con respecto al Plan Nacional de Desarrollo varían. En efecto, algunos lo ven como una posible solución a muchos de los problemas que enfrenta esta na-ción, otros concuerdan al señalar que primero se tienen que saldar ciertos desafíos antes que se pueda efectuar una verdadera reforma. Asimismo, antes de que haya una reducción significativa de la desigualdad se requiere que haya una redistribución de tierras en manos de grandes empresas controladas por blancos sudafricanos y pasen a manos de pequeños propietarios, que son en su gran mayoría negros que han sufrido de una larga historia de exclusión.

Para avanzar es claro que son necesarias políticas con programas que contribuyan a empoderar a la población de grupos marginados, sacándolos de la pobreza y reduciendo las desigualdades. En Sudáfrica hay varios pro-gramas activos diseñados para cumplir con estos objetivos, sin embargo, se requiere enfocarse más en las restricciones estructurales y cómo afectan la aplicación de los programas para que sean exitosos. El Programa Nacional de Desarrollo necesita mayor claridad y enfocarse más en problemas que trascienden a las políticas sociales.

6. Evaluación de las políticas de seguridad alimentaria: Un enfoque comparativo

Los sistemas agrícolas de Brasil, India, México y Sudáfrica atraviesan por un cambio vertiginoso que genera crecientes desigualdades en el acceso a los alimentos, al mismo tiempo que socava el papel productivo que desempeñan los pequeños productores. Estas tendencias se aceleraron en los cuatro países, debido a las po-líticas impulsadas por el consenso de Washington en las décadas de 1990 y 2000, incluidas la liberalización, desregulación y privatización de la producción, procesado y comercialización de alimentos. Reglas de IED per-misivas consolidaron los segmentos hacia abajo de la cadena de valor, con el ingreso de grandes empresas multinacionales y nacionales en los segmentos de procesado y venta al menudeo de las cadenas de valor agro-alimentariasde cada uno de los países.

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Además, la introducción de normas que favorecieron las operaciones a gran escala en combinación con una dé-bil protección de la tenencia de la tierra no sólo implicó que los pequeños productores tengan acceso desigual a los mercados, en comparación con las operaciones comerciales a gran escala, sino que la continua consolida-ción en los segmentos hacia abajo de la cadena de valor amenazan su acceso a tierra y recursos.

Sin embargo, con el surgimiento de la reciente crisis económica mundial es posible que el mundo ingrese a un “consenso pos-Washington”, donde los gobiernos -especialmente en los grandes países denominados econo-mías emergentes, como los aquí estudiados- disfruten de mayor autonomía para perseguir de forma decidida políticas sociales y económicas (Gereffi, 2013).

En particular, en años recientes ha habido desviaciones importantes con respecto a la ortodoxia neoliberal, ya que los responsables de formular políticas en los cuatro países plantean iniciativas para que sus sistemas alimentarios sean más equitativos. En este sentido, Brasil ha desarrollado el conjunto más amplio de políticas para combatir la desigualdad y promover la agricultura familiar. Mediante iniciativas de política multisectorial -como el SISAN- en las que participen diversos ministerios y las organizaciones de la sociedad civil, Brasil no sólo ha instituido un conjunto de programas de transferencia de efectivo y en especie para responder a la inse-guridad alimentaria en el lado del consumo, sino que los utiliza de forma innovadora para apoyar el posiciona-miento económico de la agricultura familiar mediante mecanismos de adquisición pública dirigida.

A través del Ministerio de Desarrollo Agrario, Brasil también reconoce que los desafíos que enfrentan los pe-queños y los grandes productores de cultivos comerciales son distintos en naturaleza, por lo que desarrolló instituciones que apoyan la agricultura a pequeña escala, como una opción económica sostenible.

Es importante destacar el papel crucial que desempeña el CONSEA, el foro en el contexto del SISAN, donde las OSC participan en las deliberaciones sobre política y en la formulación de políticas agrícolas y sociales en be-neficio de los pobres del campo. No obstante lo anterior, Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales en el mundo, con agudas diferencias de género y entre zonas urbanas y rurales, particularmente en la región noreste. Aún queda mucho por hacer.

India, México y Sudáfrica también desarrollaron programas sociales para apoyar el consumo de alimentos entre la población pobre y combatir otros síntomas de la desigualdad de ingresos. Sin embargo, ninguno de ellos ha incorporado modalidades sólidas que reconozcan y apoyen el papel que desempeñan los pequeños producto-res en el sistema alimentario. Las reformas al PDS en India representan un paso importante hacia la expansión del derecho de los pobres a los alimentos, no obstante ello, el país carece de políticas públicas sustanciales dirigidas a los pequeños productores.

México experimentó con cierto éxito programas como Oportunidades, sin embargo, ha sido criticado por re-crear sistemas de desigualdades de género que se supone buscó reducir. En Sudáfrica los intentos por fomentar la productividad de los pequeños productores resultan limitados debido a problemas operativos y una herencia de ausencia de derechos que sigue afectando a esa nación.

Finalmente, las políticas en los cuatro países carecen de mecanismos que respondan a las implicaciones negati-vas que trae consigo la consolidación y cambios en las dinámicas de dirección de la agricultura, especialmente para el sector de los pequeños propietarios. La intensidad del poder de mercado oligopólico y de monopsonio que los compradores en estas industrias ejercen sobre los productores agrícolas crea enormes desafíos con respecto al acceso de los pequeños productores al mercado, socavando la sustentabilidad económica de los modelos de agricultura a pequeña escala.

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Esta amenaza sistémica a la agricultura a pequeña escala implica una seria amenaza a la agricultura familiar, con la que incluso no pueden lidiar enfoques duales como los que aplica el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil a la política agrícola, en la medida que son problemas gobernados por procesos hacia abajo de la cadena de valor y que trascienden las actividades agrícolas. Abordar la consolidación y concentración del mercado y las presiones que esto implica para los sistemas alimentarios requiere fuertes respuestas de política en los ámbitos nacional e internacional.

En el nivel nacional, los responsables de formular políticas deben reconocer que la estructura actual de los sis-temas alimentarios -que giran en torno a cadenas de valor altamente consolidadas- crean presiones específicas para los pequeños productores, y que requieren soluciones innovadoras de política que vayan más allá de las políticas agrícolas vigentes que fomentan la agricultura a gran escala, altamente capitalizada. De esta forma, las políticas deben fomentar acceso al mercado para los pequeños productores locales mediante una combinación de desarrollo de capacidades y creación de incentivos para establecer arreglos preferenciales de aprovisiona-miento entre compradores privados y gubernamentales.

Asimismo, tendrían que aplicarse mejores políticas a la competencia en el ámbito nacional, que instauren lími-tes razonables al poder de mercado que gozan los monopolios y oligopolios a lo largo de la cadena alimentaria. Formular políticas efectivas en esta área requerirá de mayor conocimiento empírico con respecto a cómo se go-biernan exactamente las cadenas agroalimentarias de productos clave para cada uno de los países y los desafíos que ello genera para los modelos de agricultura a pequeña escala sustentables. La sociedad civil puede desem-peñar un papel crucial en la generación y difusión de conocimiento de estas tendencias entre los responsables de formular políticas y la población en general.

Ahora bien las desigualdades en el sistema alimentario y los desafíos que enfrentan los modelos de agricultu-ra a pequeña escala también recienten el impacto de los procesos de globalización. Muchas de las empresas que gozan de los privilegios de la concentración del mercado son corporaciones multinacionales o grandes empresas nacionales bien financiadas con acceso a los mercados de capital mundial para financiar su creciente participación en el mercado. Además, el enfoque de “no intervención” que ha predominado en la reforma de la política agrícola en los últimos treinta años ha quedado institucionalizado mediante instrumentos internacio-nales como el Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura.

En años recientes hubo un incremento en el uso de “acuerdos comerciales preferenciales profundos” que no sólo reducen barreras arancelarias sino que incluyen reglas que norman otras áreas como inversión, normas industriales, políticas de competencia, propiedad intelectual y normas laborales y de medioambiente (Bruhn, 2014). Si bien la inclusión de estas disposiciones en los acuerdos comerciales puede abrir mercados inter-nacionales para productores nacionales con capacidad, también atan las manos a los gobiernos que desean perseguir estrategias de desarrollo nacional. Futuras negociaciones en torno a acuerdos comerciales preferen-ciales deben permitir mayor flexibilidad para los países en desarrollo. Con una mejor comprensión de cómo las CGVreorganizaron los sistemas alimentarios mundiales y nacionales, las OSC y los responsables de formular políticas pueden desarrollar capacidades más sólidas para identificar y, si es el caso, participar en negociaciones comerciales específicas.

Con el fin de evaluar sistemáticamente las políticas de seguridad alimentaria de estos países comparamos su desempeño a lo largo de cuatro categorías, de acuerdo con múltiples dimensiones (véase la tabla 2). Con respecto a las dos primeras categorías, consideramos hasta qué punto las políticas mejoran los términos de los encadenamientos hacia arriba y hacia abajo que enfrentan los pequeños propietarios en las cadenas de valor agroalimentarias.

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Esto es, ¿operan políticas que garantizan que los pequeños propietarios accedan con mayor facilidad a los cana-les de compra de los compradores privados y gubernamentales? Y, ¿hasta qué punto las políticas proporcionan recursos para el sector de los productores a pequeña escala mediante crédito, asistencia técnica e inversión en infraestructura? Enseguida comparamos la aplicación de políticas sociales que han devenido en importantes instrumentos en los cuatro países para ampliar las posibilidades de consumo de quienes están en riesgo de inseguridad alimentaria tanto en contextos rurales como urbanos.

Finalmente, analizamos qué tan institucionalizadas está la formulación de políticas para la seguridad alimen-taria y a favor de los pequeños propietarios en cada país. Como lo demuestra el caso de Brasil en particular, un proceso de formulación de políticas bien organizado donde participan las OSC, es transversal a múltiples niveles de gobierno y formalmente reconoce que los pequeños propietarios y los grupos tradicionalmente mal representados desempeñan un papel crucial para garantizar que las políticas respondan, en efecto, a las necesidades de la ciudadanía. Un ambiente bien institucionalizado para las políticas es importante para que los responsables de formularlas y las OSC puedan supervisar y evaluar el avance de dichas políticas y ajustar prioridades a lo largo del tiempo, en la medida que aprenden qué opera bien y qué hay que mejorar.

La tabla 2 muestra la fortaleza y debilidad de los países en relación con cuatro áreas de política. Un círculo completo indica que hay una política y que se aplica con eficacia. La mitad de un círculo indica que hay una política pero que carece de un marco de aplicación o está mal dirigida. Un círculo vacío indica que el tema ha sido ampliamente ignorado por los responsables de formular políticas.

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Esta tabla ayuda a explicar múltiples obstáculos que impiden superar la pobreza rural y la desigualdad. Si bien en cada país se busca proporcionar diversa asistencia a los pequeños propietarios, es frecuente que sean for-mas de asistencia social temporal o programas que no proporcionan estabilidad económica en el largo plazo. En los cuatro países se protege con deficiencia la tenencia de la tierra y su redistribución también es deficiente y, en algunos casos, su definición es vaga. Es frecuente que también haya ausencia de capacitación técnica y asistencia, y es difícil garantizar crédito. Por otra parte, los enfoques gubernamentales actuales en las áreas de investigación y desarrollo agrícola y de negociaciones comerciales internacionales crean ventajas económicas para los grandes terratenientes y para los intereses de las grandes empresas agroindustriales, pero pocos bene-ficios para los pequeños agricultores. El efecto combinado de este estilo de política, más o menos presente en cada uno de los cuatro países, es ampliar la brecha entre quienes viven en el segundo y tercer mundo rural y los terratenientes que forman parte de los mercados formales y se ubican en el primer mundo rural.

En general se reconoce que ampliar la participación de las mujeres es crucial, sin embargo, es normal que queden integradas a los programas de asistencia social que de alguna forma permite que accedan a ingresos económicos y alimentos básicos, lo mismo que a programas de escolaridad para las niñas. Si bien son iniciativas importantes, no necesariamente son suficientes para responder a las realidades que implican las desigualda-des de género. Se requiere promover más la tenencia de la tierra y fomentar mayor autonomía económica y política en las comunidades rurales, si se quiere reducir la desigualdad. En efecto, mientras varios de estos programas de asistencia social sirven más o menos para quienes habitan en centros urbanos, su ampliación a contextos locales se ve obstaculizada por infraestructura deficiente, distancias geográficas y capacidad limitada del Estado. El ejemplo de Brasil demuestra que es posible si se realizan esfuerzos conjuntos Estado-sociedad civil para formular políticas que respondan a las realidades y causas profundas de la pobreza rural, en particular cuando afecta a las mujeres.

La globalización de los sistemas agroalimentarios abrió oportunidades para unos cuantos -por lo general terra-tenientes o quienes tienen acceso a capital-, aunque también incrementó desigualdades de género, espaciales y económicas, particularmente en términos de creciente marginación de los pequeños propietarios. Al mismo tiempo abrió la discusión política que trascendió el ámbito del Estado nación para instaurarse en la palestra de las discusiones internacionales, como es el caso de la OMC o las negociaciones comerciales multilaterales.

Para crear un sistema que empodere al gran número de pequeños propietarios, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel activo en las discusiones de política en todos los ámbitos: local, nacional, regional e internacional, ya que probablemente sería el único canal para que los pequeños propietarios hagan escuchar su voz y presenten sus puntos de vista.

Asimismo, los actores de la sociedad civil deberían continuar el diálogo con sus colegas en todo el mundo, con respecto a las mejores prácticas y otras lecciones aprendidas que resulten pertinentes para responder a desafíos compartidos, como el surgimiento de los grandes minoristas y la consolidación de la tierra. Mediante la colaboración y el intercambio de información, las redes de las organizaciones de la sociedad civil pueden pro-mover políticas en los ámbitos nacional y mundial que respondan a los desafíos contemporáneos que implica la consolidación y globalización de las cadenas de valor alimentarias y los obstáculos a las iniciativas que buscan producir un sistema alimentario más justo e inclusivo.

La historia nos ha mostrado que ni las políticas de mercado ni las políticas favorables a la estatización por sí mis-mas pueden garantizar de manera efectiva el acceso equitativo a alimentos inocuos y nutritivos; no obstante, el equilibrio en este momento se inclina demasiado en dirección al control privado del sistema alimentario. Las OSC tienen un papel importante que desempeñar tanto en la formulación como en la promoción de políticas públicas programáticas e innovadoras que hagan realidad la promesa de un sistema alimentario equitativo e inclusivo para todos.

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7. Referencias

Acharya, Nilachala (2014). Growth Performance of Agriculture Sector, Employment News Weekly, 14 de junio, 2014, p. 1.Aristegui Noticias (2014). 5 objetivos de la reforma al campo que impulsara Pena Nieto. Aristegui Noticias, última consulta 1 de junio, 2014, en: http://aris teguinoticias.com/0701/mexico/5-objetivos-de-la- reforma-al- campo-que-impulsara-pena-nieto/Banco Mundial (2001). Rural Poverty Alleviaiton in Brazil: Toward an Integrated Str tegy, Washington D.C.: Banco Mundial. (2008). Módulo 8: Gender Issues in Agricultural Labor. En: T. W. Bank (ed.), Gender in Agr culture, Washington, D.C.: World Bank, IFAD, FAO. (2013). World Development Indicators, en: http://data.worl bank.org/indicator/ Bernstein, Henry (1996). “South Africa’s agrarian question: Extreme and exceptional?”, The Journal of Peasant Studies, 23(2-3), pp. 1-52.%,'���������0H[LFR�WR�UHFHLYH������PLOOLRQ�LQ�,'%�ÀQDQFLQJ�IRU�2SRUWXQLGDGHV�SU gram. Última consulta 13 de junio de 2014, en: http://www.iadb.org en/news/news-releases/2013-09-05/oportunidades-program-for- mexico,10557.htmlBrasil, Portal (2013). Entra em vigor novo salario minimo de R$724. En: http://www.br sil.gov.br/economia-e-emprego/2013/12/entra-em-vigor-novo-salario- minmo-de-r-724Bruera, Hernán Gómez (2013). Desafíos para garantizar el derecho de la alimentación: Las experiencias contrastantes de México y Brasil. México D.F., C misión Económica para América Latina y el Caribe.Bruhn, Dominique (2014). Global Value Chains and Deep Preferential Trade Agrments. Bonn.Development Institute (2014). http://www.die-gdi.de/discussion-paper/article/global value-chains-and-deep-preferential-trade-agreements-promoting- trade-at-the cost-of-domestic-policy-autonomy/CAISAN (2014). Balanço das Ações do plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutr cional - PLANSAN 2012- 2015. Brasilia: Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, MDS.CEPAL (2012). Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: United Nations. Comisión Económica para America Latina y el Caribe.

Christian, Michelle, Barbara Evers y Stephanie Barrientos (2013). Women in value chains: making a difference, Manchester, Reino Unido, pp. 1-6.�������������������������������3XHGH�FRQVXOWDUVH�HQ�OtQHD�HQ��KWWS���U�G�GÀG�JRY�XN�3')�2XWSXWV�������������������������������WUDGHSROLF\�FWJBEULHÀQJBQRWHB����SGI�

35

&KULVWLDQ��0LFKHOOH�\�*DU\�*HUHIÀ���������7KH�0DUNHWLQJ�DQG�'LVWULEXWLRQ�RI�)DVW��� Food. En: M. Freemark (ed.), Contemporary Endocrinology: Pediatric Obesity: Etiology, Pathogenesis, and Treatment: Springer Science+B siness Media. Clapp, Jennifer (2014). “Financialization, Distance and Global Food Politics”. The Journal of Peasant Studies, 41.

Coslovsky, Salo y Richard Locke (2013). “Parallel paths to enforcement: Private co pliance, public regulation and labor standards in the Brazilian sugar sector”. Politics & Society, 41(4).

CSN-BRICSAM. (2013). Reforming Inequality in Post-Apartheid South Africa. En: Oxfam (ed.).da Silva Filho, Luis Abel y Silvana Nunes Queiroz (2013). “Trabalhadores agricolas: A face oculta da producao canavieira no brasil”, Revista da ABET.

De Schutter, Olivier (2014). The Power of Procurement: United Nations Special R pporteur on the Right to Food. Puede consultarse en línea en: http:/ www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20140514_ procurament_en.pdf.

Deininger, Klaus y Derek Byerlee. (2011). The Rise of Large Farms in Land Abundant Countries: Do They Have A Future?, Washington DC: The World Bank Agriculture and Rural Development Team. Puede consultarse en línea en: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5588.

Dolan, Catherine y John Humphrey (2004). “Changing Governance Patterns in the Trade in Fresh Vegetables between Africa and the United Kingdom”, Environment and Planning, 36, pp. 491-509.

Drèze, Jean. (2013). The Food Security Debate in India, India Ink, Nueva York: TheNew York Times.du Toit, Andries y Lesego Loate (2014). Food and Nutritional Security in South Africa: An Agro-Food Systems Perspective. En: Oxfam & South Africa Network on Inequalty at EJN (eds.).

Dubochet, Lucy (2013). India: Moving Towards Equal Opportunities for All?, Nueva Delhi: Oxfam India. El Barzón. (2013). Boletín, octubre, México: El Barzón.

El Barzón y Oxfam México (2013). Poverty and Inequality Report: Mexico. México: Oxfam México. Puede consultarse en línea en: http://csnbric sam.org/wp-content/uploads/2013/08/Mexico-Inequality-Report.pdf.

36

Ericksen, Polly J. (2008). “Conceptualizing food systems for global environmental change research”, Global Environmental Change, 18(1), pp. 234-245.

Euromonitor (2014). Euromonitor Passport, Chicago: Euromonitor International.

FAO (2007). Right to Food: Lessons Learned in Brazil, Roma: Food and Agriculture Organization. Puede consultarse en línea en: ftp://ftp.fao.org/docrep fao/010/a1331e/a1331e.pdf (2011). The State of Food and Agriculture 2010-2011. Rome: Food and Agricutlure Organization of the United Nations. La versión en español puede consultarse en línea en: http:/ www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s00.htm

)$267$7����������&RXQWU\�3URÀOH��6RXWK�$IULFD��ÔOWLPD�FRQVXOWD���GH�MXQLR�GH����������������������������������������HQ�KWWS���IDRVWDW�IDR�RUJ�&RXQWU\3URÀOHV�&RXQWU\B3URÀOH�'LUHFW�DVS[" lag=en&rea=202

Farina, Elizabeth M. M. Q., Graciela E. Gutman, Pablo J. Lavarello, Rubens Nunes y T. Reardon. (2005). “Private and public milk standards in Argentina and Brazil”, Food Policy, 30(3), pp. 302-315.

*HUHIÀ��*DU\����������´*OREDO�YDOXH�FKDLQV�LQ�D�SRVW�:DVKLQJWRQ�&RQVHQVXV�ZRUOGµ� Review of International Political Economy, 21(1), pp. 9-37.

*HUHIÀ��*DU\�\�0LFKHOOH�&KULVWLDQ���������7UDGH��7UDQVQDWLRQDO�&RUSRUDWLRQV�DQG�)RRG Consumption: A Global Value Chain Approach. En: C. Hawkes, C. Blouin,S. Henson, N. Drager y L. Dube (eds.). Trade, Food, Diet and Health,Wiley-Blackwell, pp. 91-110.

Godfray, H. Charles J., Ian R. Crute, Lawrence Haddad, David Lawrence, James F. Muir, Nicholas Nisbett, Jules Pretty, Sherman Robinson, Camilla Toulmin y Rosalind Whiteley (2010). “The Future of the Global Food System”.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), pp. 2769- 2777.

Gobierno de Brazil. (2013, 02/01/2013). Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Úlima consulta 28 de agosto de 2014, en: http://www3. planalto.gov.br/consea/o-conselho

Gobierno de México. (s.f.). Sin Hambre Cruzada National. Última consulta 28 de septiembre de 2014, en: http://sinhambre.gob.mx/transparencia/

Groenewald, J. A. (2000). “The Agricultural Marketing Act: A Post - Mortem”, South African Journal of Economics, 68(3), pp. 161-176.

37

Hall, Ruth (2014). Land Redistribution: The politics of not making policy. En: T. Meyiwa, M. Nkondo, M. Chitiga-Mabugu, M. Sithole y F. Nyamnjoh (eds.), State of the Nation 2014: South Africa 1994-2004 A twe ty-year review of freedom and democracy, Cape Town: HSRC Press.

HANCI (2014). Key data for South Africa. Última consulta 2 de agosto de2014, en: http://www.hancindex.org/countries/south-africa/

Heard, Gregor y Colin Bettles. (2014). ADM still ‘not welcome’. Ultima consulta el 8 de septiembre, 2014, en: http://www.theland.com.au/news/agriculture/ agrobusiness/general-news/adm-still-not-welcome/2709889.aspx

,%*(���������&HQVR�$JURSHFXDULR��%UDVLOLD��,QVWLWXWR�%UDVLOHLUR�GH�*HRJUDÀD�H� Esta distica. Puede consultarse en línea en: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Agropecuario_2006/Segunda_ Apuracao/censoagro2006_2aapuracao. pdf (2010). ������������������������������&HQVR�'HPRJUiÀFR��%UDVLOLD��,QVWLWXWR�%UDVLOHLUR�GH�*HRJUDÀD�H�(VW distica. Puede consultarse en: http://censo2010.ibge.gov.br/

IFPRI (2013). Statistics of Public Expenditure for Economic Development (SPEED). Puede consultarse en línea en: http://www.ifpri.org/tools/ speedIPC-IG/WFP (2013). Structured Demand and Smallholder Farmers in Brazil: The Case of PAA and PNAE. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth / WFP Center Excellence Against Hunger.

IPEA (2011). Retrato das Desigualdades. Brasilia: Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. Puede consultarse en línea en: http://www.ipea.gov.br/ retrato/pdf/revista.pdf

Juárez, Benjamin y Carlos González (2010). Food Security and Nutrition in Mexico, Washington, D.C.: EE.UU. Department of Agriculture. Puede consultarse en línea en: http://gain.fas.usda.gov/ Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Security%20and%20 Nutrition%20in%20Mexico_Mexico_Mexico_7-9-2010.pdf Junker, Franziska y Kai Schutz (2011). How Brazilian agricultural policy is promoting family farms: Rural 21. Puede consultarse en línea en: http://www.rural21.com/uploads/media/rural_2011_4_36-39 _01.pdf

Kaplinksy, Raphael (2010). The role of standards in global value chains and their impact on economic and social upgrading: Banco Mundial.

Kishore, Avinash, P.K. Joshi y John Hoddinott (2014). India’s Right to Food Act: A Novel Approach to Food Security. En: A. Marble y H. Fritschel (eds.), 2013 Global Food Policy Report. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

38

Kloppenburg, Jack, John Hendrickson y George W Stevenson (1996). “Coming in to the foodshed”, Agriculture and human values, 13(3), pp. 33-42.

Kumar, Anjani, Iain A. Wright y Dhiraj K Singh (2011). “Adoption of food safety practices in milk production: Implications for dairy farmers in India”, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 23(4), pp. 330-344.

Labadarios, Demetre, Zandile June-Rose Mchiza, Nelia Patricia Steyn, Gerda Gericke, Eleni Maria Winifred Maunder, Yul Derek Davids y Whadi-ah Paker (2011). “Food security in South Africa: a review of national surveys”, Bulletin of the World Health Organization, 89, pp. 891-899.

Lawrence, Felicity (2011). Argentina accuses world’s largest grain traders of huge tax evasion, The Guardian, 1 de junio, 2011. Última consulta 8 de septiembre de 2014, en: http://www.theguardian. com/business/2011/jun/01/argentina-accuses-grain-traders- tax-evasion

Leão, Marília Mendonça y Renato S. Maluf (2012). Effective Public Policies and Active Citizenship: Brazil is experience of building a Food and Nutrition Security System. Brasilia: Abrandh.

/HH��-RRQNRR��*DU\�*HUHIÀ�\�-DQHW�%HDXYDLV���������´*OREDO�9DOXH�&KDLQV�DQG� Agrifoods Standards: Challenges and Possibilities for Smallholders in Developing Countries”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31).

Lindert, Kathy, Anja Linder, Jason Hobbs y Bénédicte de la Brière (2007). The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context, Washington, D.C.: The World Bank Human Development Network. Puede consultarse en línea en: http://josiah.berkeley.edu /2008Fall/ARE253/PN3%20Services%20for%20Poor/ Brazil_Bolsa Familia.pdf

Masilela, T. (2013). Policy-relevant indicators to monitor household food security. Pretoria, South Africa: Human Sciences Research Council. Puede consultarse en línea en: http://www.hsrc.ac.za/en/research-ou tputs/view/6664McMichael, Philip. (2009). “A Food Regime Genealogy”, The Journal of Peasant Studies, 36(1), PP. 139-169.

Memedovic, Olga y Andrew Shepherd (2009). Agri-food value chains and poverty reduction: overview of main issues, trends and experiences, Vienna: UNIDO. Puede consultarse en línea en: http://www.unido.org/������������������������������ÀOHDGPLQ�XVHUBPHGLD�3XEOLFDWLRQV�3XEBIUHH�$JULIRRGBYDOXHBFKDLQV and_poverty _reduction.pdf

39

Milburn, Jaqueline Berumen (2012). Oportunidades: Assessing its Effect on Gender Empowerment and Gender Relations in Mexico.

Molyneux, Maxine (2006). “Mothers at the service of the new poverty agenda: progresa/oportunidades, Mexico’s conditional transfer programme”, Social Policy & Administration, 40(4), pp. 425-449.

Morarji, Karuna (2010). Where does the Rural Educated Person Fit? Development and Social Reproduction in Comtemporary India. En: P. McMichael (ed.), Contesting Fevelopment: Critical Struggles for Social Change, Nueva York:Routledge, pp. 50-63.

Mukherji, Biman (2013). How to Solve India’s Huge Food Wasteage, The Wall Street Journal, 2 de diciembre, en: http://blogs.wsj.com/indiarealtime /2013/12/02/how-to-solve-indias-huge-food-wastage/

National Planning Commision (2011a). Capítulo VI: An integrated and inclusive rural economy. En: National Development Plan: Vission for 2030: Department of the Presidency, Sudáfrica.

(2011b). National Development Plan: Vission for 2030: Department of the Presidency, Sudáfrica.

Nehring, Ryan y Ben McKay (2013). Scaling up Local Development Initiatives: Brazil’s Food Acquisition Programme. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth.

NFHS (2006). National Family Health Survey. Mumbai: International Institute for Population Sciences. Puede consultarse en línea en: http:// www.rchiips.org/nfhs/factsheet.shtml

OIT (2012). Statistical update on employment in the informal economy. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Puede consultarse en línea en: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/INFORMAL_ECONOMY /2012-06- Statistical%20update%20-%20v2.pdf.

Oportunidades (2012). Oportunidades, a Human Development Program. Última consulta 16 de junio de 2014, en: http://www.oportunidades.gob.mx/ Portal/wb/Web/oportunidades_a_human_development_program Oxfam (2010). Fighting Hunger in Brazil: Much Achieved, More to Do. Londres: Oxfam International. Puede consultarse en línea en: ������������������������������KWWS���ZZZ�R[IDP�RUJ�VLWHV�ZZZ�R[IDP�RUJ�ÀOHV�FV�ÀJKWLQJ�KXQJHU� brazil-090611-en.pdf

40

(2013a). De Promesas a Prioridades. Oxford, RU: Oxfam International. Puede consultarse línea en: http://www.oxfam.org/sites/�������������������������������ZZZ�R[IDPRUJ�ÀOHV�EQ�SURPLVHV�SULRULWLHV�IDLU�IRRG�ODF��������HV pdf

(2013b). Power, Rights, and Inclusive Markets: Public Policies that support small- scale agriculture. Oxford, RU: Oxfam Internatioanl. 5 de junio, 2013.

(2013c). Sugar Rush: Land rights and the supply chains of the biggest food and beverage companies. Oxford: Oxfam GB. Puede consultarse en�������������������������������OtQHD�HQ��KWWS���ZZZ�R[IDP�RUJ�VLWHV�ZZZ�R[IDP�RUJ�ÀOHV�ÀOHBDWWD chments/bn-sugar-rush- land-supply-chains-food-beverage- companies-021013-en_1_0.pdf

Palmer, Tony y Andrew Ainslie (2006 ). South Africa Country Pasture/Forage ������������������������������5HVRXUFH�3URÀOH��ÔOWLPD�FRQVXOWD���GH�MXQLR�GH�������HQ�� http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/southafrica/ southafrica.htm Philip, Kate (2010). “Inequality and economic marginalisation: How the structure of the economy impacts on opportunities on the margins”, Law, Democracy & Development, 14(1).

Rabello, Maria Luiza, Raymond Colitt y Lucia Kassai (2013). Ethanol Mills Get Tax Breaks as Brazil Seeks Output Lift, Bloomberg News. 4/23/2014 en: http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/ethanol- mills-get- tax-breaks-as-brazil-seeks-output-lift.html

Reardon, Thomas (2011). “The global rise and impact of supermarkets: an international perspective”, trabajo presentado en The Supermarket Revolution In Food: Good, bad or ugly for the world’s farmers, consumers and retailers? Canberra, Australia, en: http://agecon search.umn.edu/bitstream/125312/1/Reardon2011.pdf

Reardon, Thomas, Christopher B. Barrett, Julio Berdegué y Johan F.M. Swinnen (2009). “Agrifood Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries”, World Development, 37(11).

Reardon, Thomas, Kevin Chen, Bart Minten y Lourdes Adriano (2012). The Quiet R volution in Staple Food Value Chains: Enter the Dragon, the Elephant and the Tiger, Manila: Asian Development Bank y International Food Policy Research Institute.

Reardon, Thomas, C. Peter Timmer y Bart Minten (2012). “Supermarket revolution in Asia and emerging development strategies to include small farmers”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31), pp. 12332-12337.

41

Reddy, D. Narasimha y C. Upendranadh (2010). National Rural Employment Guarantee: Issues, Concerns and Prospects, Nueva Delhi: Oxfam India. Puede consultarse en línea en: http://www.oxfamindia.org/�����������������������������VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�9����1DWLRQDO���5XUDO���(PSOR\PHQW��� Guarantee -Issues,%20Concerns%20and%20Prospects.pdf

SANI (2013). Mind the Gap: Assessing nature of trends and analysis of national policies to address inequality in South Africa, Economic Justice Network representing the South Africa Network on Inequality (SANI).Puede consultarse en línea en: http://csnbricsam.org/ wp-content/uploads/2013/08/Proof-5_Mind-the-Gap-report.pdf

Saraiva, Elisa Braga, Ana Paula Ferreira da Silva, Anete Araújo de Sousa, Gabrielle Fernandes Cerqueira, Carolina Martins dos Santos Chagas y Natacha Toral (2013). “Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar”, Ciência & Saúde Coletiva, 18(4), pp. 927-936.

Shaw, Abhishek (2013). “Employment Trends in India: An Overview of NSSO’s 68th Round”, Economic & Political Weekly, 48(42), pp. 23-25.

6PLWK��*DUU\���������´7RZDUGV�HIÀFLHQF\�LQ�%UD]LOLDQ�DJULFXOWXUHµ�� OECD OBSERVER, pp. 28-30.

Staritz, Cornelia y José Guilherme Reis (2013). Global Value Chains, Economic Upgrading, and Gender: Case Studies of the Horticulture, Tourism, and Call Center Industries, Washington, D.C.: Banco Mundial.

Statistics South Africa (2014). Poverty Trends in South Africa: An exa. Pretoria: Statistics South Africa, p. 80. Puede consultarse en línea en: http://beta2.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-06/Report- 03-10-06March2014.pdf

Talbot, John M. (1997). “Where Does Your Coffee Dollar Go?: The Division of Income and Surplus along the Coffee Commodity Chain”, Studies in Comparative International Development, 32(1), pp. 56-91.

Tandon, Sharad y Maurice Landes. (2014). India Continues to Grapple with Food Insecurity, Washington, D.C.: USDA ERS. Puede consultarse en línea en: http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2014-january february/india-continues-to-grapple-with-food-insecurity.aspx

Tandon, Suneera (2013). Clarity eludes govt’s plans for FDI in retail, LiveMint, 18 de septiembre, 2013, en: http://www.livemint.com/Politics/ rYYX1nAiUDt2yI1qj1GCKO/Clarity-eludes-govts-plans-for-FDI-in- retail.html?utm_source=copy

42

Telles, Pedro (2013). Brazil: Poverty and Inequality. Where to next?, Brasilia: Oxfam. Torres, Mauricio (2013). El Coneval advierte de las limitaciones de la Cruzada contra el Hambre. Última consulta 25 de septiembre de 2014, en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/04/03/el- coneval-advierte-de-las-limitaciónes-de-la-cruzada-contra-el- hambre

Ulrichs, Martina y Keetie Roelen (2012). Equal Opportunities for All? A Critical Analysis of Mexico’s Oportunidades, Brighton, Reino Unido: Instittute for Development Studies.

UNHRC (2014). Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter, Nueva York: United Nations Human Rights Council. Puede consultarse en línea en: http://www.srfood.org/images/�������������������������������VWRULHV�SGI�RIÀFLDOUHSRUWV���������ÀQDOUHSRUWBHQ�SGI�

Valdes, Constanza (2011). Brazil’s Ethanol Industry: Looking Forward, Washinton, D.C.: United States Department of Agriculture. Puede consultarse en línea en: http://www.ers.usda.gov/media/126865/bio02.pdf

von Braun, Joachim y Eugenio Díaz-Bonilla (2008). Capítulo 1: Globalization of Agriculture and Food: Causes, Consequences, and Policy Implications. En: J. von Braun y E. Díaz-Bonilla (eds.), Globalization of food and agriculture and the poor, Nueva Delhi: Oxford University Press.

Wilkinson, John (2009). “The Globalization of Agribusiness and Developing World Food Systems”, Monthly Review, 61(4).

WWF (2012). The Food Energy Water Nexus: Understanding South Africa’s most urgent sustainability challenge, Cape Town: World Wildlife Fund for Nature, marzo.

Yunez-Naude, Antonion (2003). “The Dismantling of CONASUPO, a Mexican State Trader in Agriculture”, The World Economy, 26 de enero, pp. 97- 122.

43