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8/13/2019 Sistema penal y derechos humanos- la eliminacin de los -delincuentes-. Una mirada sobre las prctic

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Alcira Daroqui, Mercedes Calzado, Nicols Maggio, Carlos MottoSistema penal y derechos humanos: la eliminacin de los "delincuentes". Una mirada sobre las prcticas y los

discursos de la polica, la justicia y los medios de comunicacinEspacio Abierto, vol. 16, nm. 3, julio-septiembre, 2007, pp. 457-486,

Universidad del ZuliaVenezuela

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Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de SociologaISSN 1315-0006 / Depsito legal pp 199202ZU44

Vol. 16 No. 3 (julio-septiembre, 2007): 457 - 486

Sistema penal y derechos humanos:la eliminacin de los delincuentes.Una mirada sobre las prcticas y losdiscursos de la polica, la justicia

y los medios de comunicacin*

Alcira Daroqui, Mercedes Calzado, Nicols Maggio

y Carlos Motto**

ResumenEl artculo parte de una evidencia: el Estado argentino mata y lohace regularmente, evidencia que no slo surge de un pasado do-minado por el terrorismo de Estado si no que se planta ante noso-tros enel presente Estadode derecho, concifras alarmantes. A par-tir de este dato el trabajo avanza y profundiza, cuantifica y cualificasobre las prcticas violentas del sistema penal sobre aquellos co-lectivos sociales como los delincuentes, que en tanto etiqueta-doscomolo otro, sondespojadosde todos losderechos y en par-ticular del derecho fundamental a la vida, dentro a su vez de uncontexto queapela a estrategias y polticasrespaldadasen las tradi-cionales demandas de ley y orden y tolerancia cero apelando almiedo urbano y a un restringida construccin poltico-meditica dela llamada inseguridad. Desde este marco el trabajo aborda el fe-nmeno de los delincuentes muertos en enfrentamientos con la

Recibido: 06-04-07 / Aceptado: 21-05-07

* Este artculo se basa en la ponencia presentada en el ALAS 2005 y fue elaborado en base alos resultados de la investigacin Laeliminacinde los delincuentes. Unamiradahacialas prcticas y los discursos de los medios de comunicacin, la polica y la justicia,inscrita en el Departamento de Poltica y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperacin(Buenos Aires, Argentina).Estainvestigacincuentacon lossiguientes integrantes quese suman a losautores:del campode la sociologa, Luciana Cepeda, Ana Laura Lpez y Luz Damone; del derecho: VivianaReinoso, Gabriela Magistris y Luca Canavesio; y de la psicologa social, Silvia Vias.

** Instituto Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, Argentina.


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polica desde tres ejes: la polica, los medios de comunicacin y la justicia. En primer lugar se produce una cuantificacin relativa delfenmeno para luego abordar cualitativamente cada uno de losejes estudiados. Dicho anlisis cualitativo as como la produccinde datos y conceptos propios se alcanza tanto mediante entrevis-tas en profundidad con funcionarios e informantes relevantes,como por medio de anlisis de artculos periodsticos, normas, le-gislaciones, fallos, sentencias, etc.

Palabras clave: Estado, polica, justicia, medios, muerte, delin-cuentes.

The Penal System and Human Rights:the Elimination of Delinquents a Look

at the Practices and Discourse of the Police,the Justice System and the Media

Abstract This article starts looking at a piece of evidence: the Argentine statekills, and it does it regularly. This evidence is not only part of former times in which state terrorism ruled, but stands in front of us withinthe present democratic state, showing shocking figures. Based onthis records, the article continues to deepen, quantify and qualify violent practices which penal system applies to those social groupssuch as delinquents which, as long as are labeled as others, aredeprived of every right and particularly the fundamental right of life.

This takes place within a context which appeals to strategies and po-licies founded on the traditional law and order and zero toleran-ce, to urban fear and a (mass media and political) restricted cons-truction of the so called insecurity. From this framework, the arti-cleapproaches the phenomena of delinquents killed in encounterswith police from three axes: police, mass media and justice. In thefirst place, it produces a relative quantification of the phenomena;then it produces a qualita tive approach to each of the axes studied.

The former analysis as well as the production of own data and con-cepts are reached by means of interviews with relevant governmentofficials (police and justice) and journalists, the analysis of journalnews, norms, rules, legislations, sentences, verdicts, etc.

Key words: State, police, justice, media, death, delinquents.

en foco: violencia y construccin de subjetividades458 / espacio abierto vol. 16 n 3 (julio-septiembre, 2007): 457 - 486


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La enseanza del miedo

En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, haycada vez ms gente que aplaude el sacrificio de la justiciaen los altares de la seguridad.

En las calles de las ciudades, se celebranlas ceremonias.Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedadsiente alivio ante la enfermedad que la acosa.

La muerte de cada malviviente surte efectos farmacuti- cos sobre los bienvivientes.

La palabra farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos a las vctimas humanas de lossacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis

Eduardo Galeano, Patas arriba, 1999.

Introduccin

La investigacin que sirve de base a este artculo concluy en octubredel ao 2006 y desde entonces hemos trabajado en la edicin de un libroque publicar el Centro Cultural de la Cooperacin.

Partimos de una evidencia: el Estado mata y lo hace regularmente, unaevidencia que no slo surge de un pasado dominadopor el terrorismo de Esta-do si no que se planta ante nosotros en el presente Estado de derecho: al me-nos 1945 civiles murieron en hechos de violencia con participacin de fun-cionarios policiales y de seguridad entre 1996 y el primer semestre de 2005,slo en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense 1 ,esto es una razn de un muerto cada 42 horas y media. La mayor parte de es-tas muertes se producen en el marcode lo que se denominacombate del deli-to 2 y, por ello, nos propusimos entonces abordar el uso letal de la fuerza poli-cial contra los delincuentes en circunstancias que son presentadas bajo lamodalidad de enfrentamientos. Fuimos interpelados por la actualidad as

que elegimos estudiar un perodo de tiempo que diera cuenta de ella, toma-mos entonces el primer semestre del ao 2004, inmediatamente anterior alcomienzo de nuestro trabajo. En cuanto a la institucin a estudiar no quera-

sistema penal y derechos humanos: la eliminacin de los delincuentes a. daroqui, m. calzado, n. maggio y c. motto 459

1 Clculosrealizadosen basea la informacin del Centrode EstudiosLega-les y Sociales (CELS) Informe anual 2005, pg. 224-Esta cifra, obtenidapor relevamiento en la prensa escrita, est por debajo de las muertesefectivamente producidas debido a que la prensa no cubre exhaustiva-mente estos hechos.

2 El CELS releva, junto con las muertes en enfrentamientos, las que produ-cen en el mbito privado los funcionarios de fuerzas de seguridad.


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mos concentrarnos en una fuerza particularmente cuestionada por violacio-

nes a los derechos humanos o casos de corrupcin, y aunque es totalmenteimposible en Argentina encontrar una fuerza de seguridad ajena a estas cues-tiones, nos focalizamos en la Polica Federal Argentina (PFA) porque hay alre-dedor de ella un halo de profesionalismo que la pone por sobre las otrasfuerzas pero sin embargo parece ser, segn los pocos datos oficiales, que lamisma registra un accionar ms letal que su par bonaerense 3 . As mientras laPolica de la Provincia de Buenos Aires produjo una muerte cada 8 enfrenta-mientos en 2003, cada 10 en el 2004 (primer semestre) y cada 14 en el 2005(entre enero y septiembre), la Polica Federal produjo una muerte cada 4 en-frentamientos en 2002, cada 6 en 2003 y nuevamente cada 4 en 2004 4 .

Limitamos entonces el espacio a la Ciudad Autnoma de Buenos Airespor ser donde la Polica Federal tiene jurisdiccin, y en funcin de ello elegi-mos los mbitos judiciales competentes y los medios de comunicacin aabordar.

Una ltima limitacin nos hizo optar por los casos en que participenagentes en actividad, de franco o servicio. La inclusin de estos ltimos estmotivada en que la propia institucin policial aunque modific sus reglamen-tos conmina a los agentes de franco a usar sus armas ante un hecho delicti-vo, esta afirmacin que fue un supuesto al inicio de la investigacin se fueconfirmando en el transcurso de ella. Esta decisin metodolgica deja delado, sin embargo, a los policas retirados debido a que puede argirse quesu accin es como la de un civil ms, y de hecho en el relevamiento encon-tramos varios casos donde policas retirados intervienen en enfrentamien-tos en tanto custodios privados. En todo caso, nuestro objetivo era atener-nos a un ncleo duro de actividad estatal, donde no hubiera dudas sobre suresponsabilidad.

Nos propusimos conocer si esos enfrentamientos son investigados por

la propia polica, si la justicia y el ministerio pblico en particular investigantodos y cada uno de esos hechos o al menos algunos, y bajo qu motivacio-nes, y por ltimo qu papel juega la prensa: si se constituye en un medio por el cual la sociedad civil establece algn tipo de control sobre ese poder le-tal o por el contrario, favorece el proceso de naturalizacin de estas muer-


3 Nos referimos a la Polica de la provincia de Buenos Aires, pertenecienteal estado ms importante de Argentina. Entre sus apodos ms famososfiguran: la bonaerense y maldita polica.

4 Datos oficiales,de las policasrespectivas,obtenidos por elCELSy repro-ducidos en los informes de los aos 2004 (pgs. 216-217) y 2005(pgs. 226-228).


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tes, atento a estar presente en esta sociedad una clara eleccin por la segu-

ridad por sobre la justicia.Seguir este camino nos permiti avanzar y profundizar, cuan-

tificar y cualificar las prcticas violentas del sistema penal sobre aquellos colectivos sociales, como los delincuentes, que en tantoetiquetados como lo otro, son despojados de todos los dere-chos y en particular del derecho fundamental a la vida.

Presentamos este artculo como un breve resumen de los resultadosde nuestro trabajo, para ello hemos pensado en su estructura teniendo encuenta, bsicamente, la contenida en la investigacin y la que hemos traba-

jado en el libro. En este sentido, podemos afirmar que este artculo se consti-tuye en un adelanto de lo que se publicar hacia f in de este ao en formatode libro.

La primera parte da cuenta de los ejes terico-metodolgicos sobre los

que hemos sustentado nuestra hiptesis de trabajo, una segunda parte re-gistra en forma cuantitativa los hechos-casos que componen nuestro univer-so, es decir: cantidad de enfrentamientos entre policas y delincuentes y cantidad de muertos y heridos producto de los mismos durante el perodoenero a junio del ao 2004 en la Ciudad de Buenos Aires. Una tercera partede carcter cualitativa se centra en los resultados obtenidos en cada una delas reas-problemas, es decir, medios de comunicacin, polica y justicia,destacando especialmente el anlisis de lo expresado en las entrevistas rea-lizadas a periodistas, fiscales, jueces y comisarios.

Por qu investigar

En Argentina investigar sobre problemticas que traten acerca de lasagencias de control social penal y en particular las fuerzas de seguridad y jus-ticiase ha planteado siempre comoun desafoquedebe ocuparse ms de re-solver los obstculos que se presentan en el proceso de investigacin que enproducir los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Ms an, en lamayora de las propuestas, los resultados se refieren especficamente a enu-merar y analizar esos obstculos y dar cuenta de ciertas lgicas, nunca trans-parentes, que se definen por presentarse sinuosas, variadas y complejas.Esta produccin de des-conocimientos sobre las prcticas y sus resultados,amparada en los limitados anlisis cualitativos acerca de las normas, regla-mentos y disposiciones burocrticas, como as tambin en la cuantificacindislocada de los hechos, habilita y legitima el ejercicio de los ms variadosdespotismos por parte de lasinstituciones del Estado, que tiene a su cargo lagestin de la seguridad y la justicia.



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No obstante lo expresado (o especial y fundamentalmente debido a

ello), las trayectorias, las prcticas, los ordenamientos burocrticos, loscuestionamientos y los discursos que dan cuenta de instituciones como lapolicial y la judicial, hacen justamente a las mismas objetos indispensablesde investigacin y estudio.

Nuestra preocupacin como investigadores es que estas problemti-cas se problematicen tal como lo sugiere Robert Castel (1995): que setransformen en acontecimientos que planteen interrogantes que en la bs-queda de sus respuestas obliguen a develar el ocultamiento y el oscuran- tismo que justifican y sostienen las prcticas y los discursos de distintas y complejas tramas burocrticas de las distintas fuerzas de seguridad y de la

justicia.

Para ello, es indispensable que la investigacin se considere una ins-tancia de produccin de conocimiento, pero fundamentalmente de partici-pacin, que convoque a la interaccin entre los integrantes de un grupo detrabajo con el compromiso de hacer de la produccin de conocimiento uncamino hacia la construccin de un pensamiento crtico que produzca, a suvez, discursos y prcticas contra- hegemnicas en el campo de la seguridad y la justicia.

Algunas reflexiones tericas

En la ltima dcada, el aspecto ms convocante sobre la seguridadha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a lacuestin de la criminalidad; poltica criminal ha sido casi sinnimo de polti-ca de seguridad (Baratta, 1997; Sozzo, 2000; Pegoraro, 2001). La cuestinseguridad en estos trminos ha recorrido al mundo globalizado, globali-zando por tanto diagnsticos, respuestas, estrategias y fundamentalmentela construccin de un discurso hegemonizante que si no excluye, al menosdeposita en los mrgenes otras lecturas conceptuales y fcticas de la cues-

tin seguridad en sentido ms amplio. Esta mirada reduccionista no esproducto ingenuo de una miopa analtica, sino que es un recorte que procu-ra darle sentido al tratamiento de la seguridad slo en trminos de poner de-lante de ella a su oponente, la inseguridad. Lo correcto es pensar y pro-ducir discursos en trminos de inseguridad y sta, a su vez, en clave de cri-minalidad y mecnicamente asimilada a ello.

El par seguridad-inseguridad se circunscribe al campo de las polticaspenales que en los ltimos aos han pretendido no solamente actuar en tr-minos de la represin del delito sino que han avanzado sobre nuevas estrate-gias en la prevencin (Baratta, 1997).



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Esta suerte de problematizacin (Castel, 1995) de lo delictual ha pues-

to su acento en la seguridad ciudadana, concibindola siempre y solamente en relacin a los lugares pblicos y de visibilidad pblica o en relacin a un pequeo nmero de delitos que entran en la as llamadacriminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia fsica a la

persona y al patrimonio), que estn en el sentido comn y son dominan- tes en la alarma social y en el miedo a la criminalidad (Baratta, 1997: 9).Esta afirmacin de Baratta, remite a reconocer cmo se fue abandonandouna concepcin de la seguridad que tenga en cuenta la provisin de garan-tas de derechos y de reaseguros sociales a la poblacin, a toda persona queviva en un territorio, cualquiera sea, y por supuesto tambin de la posibili-dad de transitar sin riesgos de ser vctimas de diferentes expresiones de laviolencia en los espacios urbanos. Esta reduccin de la concepcin de segu-ridad habilit a asimilar la seguridad ciudadana y la seguridad urbana,convirtindolos casi en sinnimos (aunque la abundante bibliografa exis-

tente pretenda diferenciarlos). As, a la hora de disear estrategias de accinen el marco conceptual de seguridad-inseguridad, seguridad ciudadana y seguridad urbana aparecen como intercambiables.

En este contexto, se confiere a la cuestin de la peligrosidad no sola-mente la del lugar social del enemigo en cuanto integrante de un colectivosocial:el de los excluidos, los que estn afuera de lo social,sinoadems, enclave de espacio territorial, los que deben estar fuera de nuestro espaciosocial-urbano porque su espacio , no es el espacio de nosotros , su circula-cin, su visibilidad se convierte en una amenaza en tanto seguros ofenso-res, seguros delincuentes, alimentando la obsesin securitaria de aque-llos que reducen el problema de las seguridades al problema del delito, deldelito de los pobres-excluidos, alimentando propuestas polticas y de ges-tin de lo social fundadas en la incapacitacin, neutralizacin y si es necesa-rio la eliminacin de esos otros amenazantes.

La configuracin de este escenario reconoce los aportes claves delos formadores de opinin, los juristas, los polticos y otros tantos, queconstruyen discursos y prcticas que circulan alimentando y realimentn-dose en el pensamiento del sentido comn del comn de la gente, de losciudadanos y an de los no ciudadanos, proponiendo visualizar la cues-tin de la criminalidadcomo el problema a resolver ya no slo porel Estadosino tambin por parte de los que son considerados ciudadanos-potencia- les vctimas .

Este sentido de la defensa social asume principalmente dos carriles:por un lado aumento y consolidacin del sistema penal conforme a su capa-cidad represiva y, por otro, la incorporacin de estrategias vinculadas a laprevencin del delito, ya no en cuanto a la reaccin penal posterior a la in -



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fraccin (prevencin especial y prevencin general) sino en formas de la pre-

vencin anteriores a la infraccin, porlo tanto no penales(Crawford, 1998)5

.Nos encontramos con una sociedad que delega en el Estado su res-

guardo, y en este sentido otorga el consenso necesario para legitimar anen el marco de una dudosa legalidad las acciones represivas para combatir a la criminalidad y con ello, claro est, a los delincuentes quienes desde laideologa de la defensa social son visualizados como individuos peligro-sos, a los que se les otorga a la vez de individualizacin tambin, s ingulari-dad en cuanto a la capacidad de definir lacriminalidad que nos preocupa,es decir , la criminalidad de la cual son responsables, solamente, determinados individuos.

Esos otros, en tanto enemigos sociales (Zaffaroni, 2006), portado-res de una identidad, casi siempre vinculada a la mala vida, a la delincuen-cia no registran otra atencin que aquella que el sistema penal les presta atravs de sus distintas agencias: la polica, la justicia y la crcel. La malavida

y la delincuencia estarn siempre ubicadas en los mrgenes sociales peroen este siglo XXI se ha profundizado, en el marco de las sociedades de con-trol (Deleuze, 2005, Foucault, 2006) la necesidad de gestionar el espacio so-cial de manera que cada vez menos, aquellos considerados malvivientes ydelincuentes traspasen las barreras securitarias levantadas por quienes seencuentran del otro lado, en ese otro lugar que deber ser protegido y de-

fendido con alarmas, rejas, policas y balas.

La ideologa de la Defensa Social operacionalizada a travs de sus dis-tintas personificaciones (operadores polticos, judiciales, juristas, crimin-logos, periodistas, formadores de opinin, etc.), se ha instalado en las sensi-bilidades de las mayoras produciendo discursos y prcticas que han po-sibilitado, hace ya ms de dos siglos, que el sistema penal se haya constitui-do en operador fundamental e instrumento de la reproduccin de la desi-

gualdad social, no obstante se ampare y se legitime en el principio de igual-dad . Esta sugestiva contradiccin no es considerada siquiera como unacuestin a resolver.

La construccin del delincuente

Delincuente, individuo peligroso, desviado, no ser aquel que cometadelitos; ser slo aquel que el sistema de justicia penal encierre en la cr-


5 Valgacomo ejemplo el cercamiento producidopor fuerzas de seguridadcomo Gendarmera en barrios de alto riesgo como Fuerte Apache, ubi-cado en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.


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cel 6 , o la polica seale con gestos de ejemplaridad sancionatoria a travs de

la detencin en la va pblica o su aniquilamiento en mediticos enfrenta-mientos. Suele confundirse delincuente con detenido (Pavarini, 1983) omuerto y/o herido en hechos delictivos y ello brinda, en una suerte de profe-ca auto-cumplida, el resultado previsto, quines son los que el sistema pe-nal, en primera instancia a travs de la cacera policial y posteriormente atravs de las prcticas de la justicia penal, etiqueta (Matza, 1969) como de-lincuentes? Quines nutren, en este presente como hace un siglo, da a dala poblacin carcelaria? Quines caen bajo las balas de la polica? Qui -nes son los malvivientes?, Qu deli tos son ms amenazantes A qui-nes llamamos delincuentes y a quines no? En este sentido, Baratta sostie-ne que en la opinin pblica y en los medios de comunicacin de masa,estos delitos son caracterizados por una regular reparticin de papelesde la vctima y del agresor, respectivamente: en los grupos sociales ga- rantizados y respetables y en aquellos marginales y peligrosos, extran-

jeros, jvenes, toxico-dependientes, pobres, sin familia, sin trabajo o sinuna calificacin profesional 7 (Baratta, 1997: 11).


6 En Saber y Verdad , precisamente en la entrevista titulada De los suplicios a las celdas (1991), Michel Foucault establece una relacin directaen la produccin del delincuente al internamiento carcelario del SigloXIX, es decir, la crcel produce a ese sujeto que denominaremos delin-cuente. Asimismo, resulta interesante la relacin que sugiere Lila Caimari(2004) en Apenas un delincuente entre los medios de comunicacin,especialmente grficos,y la polica en cuantoal proceso de designaciny definicin del sujeto delincuente, en particular hacia fines del siglo XIX

y principios del Siglo XX en nuestro pas.7 Este colectivo se encuentra ciertamente privilegiado cuando nos refe-

rimos a productores de inseguridad y por ello los jvenes y adoles-

centes se hacen portadores de todos los atributos negativos imagina - bles: peligrosos-violentos-enfermos-drogadictos-incurables e incorre- gibles (al respecto,ver Daroqui-Guemureman: La droga en losjvenes:un viaje de ida:desdeuna poltica socialde neutralizacinhastauna po-ltica criminal de exclusin sin retorno , 2001). Se dice que cmo aumen- t la cantidad de delitos cometidos por jvenes, y baj la edad de losautores de accionesdelictivas, hayque bajarla edadde imputabilidad,aumentar las penas, construir ms instituciones de encierro, o formu- lar programas que ayudena los otros (a los buenos vecinos)a prote-

gerse de ellos, ms que a ellos mismos. El aumento de la participacinde adolescentes y jvenes en hechos presuntamente delictuosos expli- ca tambin la reactivacin de la persecucin policial que a su vez se


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En este marco, no es difcil imaginar una sociedad dividida entre ban-

dos, los unos y los otros, en la cual la ideologa de la Defensa Social apare-ce, obviamente, como hegemnica aunque con algunas particularidades.

En este contexto, se apela a estrategias y polticas respaldadas en lastradicionales demandas de ley y orden cuya expresin ms reconocida hasido la de tolerancia cero, un claro instrumento de legitimacin de la ges-tin policial y judicial de la pobrezaque molesta laque se ve, la que provocaincidentes y desagrados en el espacio pblico y alimenta por lo tanto un sen-timiento difuso de inseguridad () (Wacquant, 2000, 32). Polticas que secomplementan fortaleciendo y expandiendo el sistema penal con el encar-celamiento masivo de estas poblaciones, se crean nuevos cuerpos policia-les, se aumenta el nmero de efectivos, se amplan las facultades policialessin control jurisdiccional, se elevan los presupuestos de las distintas fuerzasde seguridad interna, se crean nuevos juzgados, fiscalas, se aumenta el per-sonal judicial, se votan leyes incrementando las penas, se promueve me-

diante fallos judiciales el mayor tiempo de permanencia de presos y presasen las crceles, no se otorgan excarcelaciones y se construyen ms crcelescon modernos sistemas de mxima seguridad.

En Argentina hemos presenciado a partir de la dcada de 1990 unafuerte irrupcin de esta temtica, desde la produccin acadmica-cientfica,desde el discurso y prcticas del campo poltico, tanto legislativo como eje-cutivo y, en particular, desde aquellos formadores de opinin, periodistas

y/o comuniclogos. En este contexto, el tema de la seguridad como temaagendado por el Estado se instal como cuestin social, es decir, como pro-blema acerca del cual hay consenso que se debe hacer algo. La seguridadque se instal en agenda es la seguridad ciudadana recortada a la preven-cin y represin del delito; es decirque del amplio espectro de lasdemandasde aquello que peda la gente, se eligi escuchar las demandas de seguridadante la violencia y el delito.

Estas demandas no slo estn vinculadas a un aumento evidente deldelito plasmado en las estadsticas que elaboraba la Direccin Nacional deEstadstica y Reincidencia Criminal sino a la sensacin subjetiva de inseguri-dad que tenaun fuerte anclaje en el discurso de los medios de comunica-cin acerca de una suerte de estado de guerra en el cual cualquieradeba considerarse potencialmente vctima.


traduce en una mayor cantidad de detenciones (al respecto ver Gue- mureman-Daroqui, 2001).


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Este contexto y los sucesos acontecidos en el ao 2004 en los que la

cuestin seguridad fue plesbicitada8

por los discursos y prcticas de los re-presentantes de la derecha armada, reafirm la necesidad y la exigenciaha-cia el Estado de ejercer diferentes tipos de violencias para resolver y ponerlefin a la inseguridad. Esta derecha armada se sostuvo en diferentes pilaresque le dieron sustento para construir consenso sumando a muchos otrosms all de sus seguidores de siempre.

En este sentido, es clave la articulacin de acciones y discursosentre medios de comunicacin, hechos emblemticos vinculados a de-litos que producen pnico social, como los secuestros extorsivos, y las producciones legislativas, los discursos y las prcticas policiales y

judiciales.

Fundamentos de nuestra investigacin

En el trabajo de investigacin nos interes detectar y analizar el impac-to de esta habilitacin al ejercicio de la violencia armada hacia las fuerzasde seguridad, en particular a la polica, que en clave de defensa social se na-turaliza, cuando no, se valora positivamente, en un doble sentido: comocombate exitoso al delito y como demostracin de la eficacia y eficien-cia policial.

Es decir, nos referimos a la denominada: eliminacin fsica de losdelincuentes en aquellos enfrentamientos con la polica, producidos,sea en el lugar de los hechos delictuosos y/o en la persecucin de los mismos en su huida ante la intervencin policial 9 .


8 Nos referimos a la intensa campaa en los medios de comunicacin,

grficos, televisivos y radiales sobre la cuestin inseguridad desdeel ao 2003 y en particular a partir de recrudecimiento de una expresin delictiva como la de los secuestros extorsivos durante el ao

2004 que en su punto culminante tuvo entre sus vctimas fatales a Axel Blumberg, originando una cruzada por parte de su padre exi- giendo un endurecimiento exponencial del sistema penal en su con- junto acompaado por representantes de la denominada mano dura que aglutina a polticos, periodistas, comuniclogos y empresarios.

9 Para esta investigacin registramos trayectorias y producciones funda-mentales tales como la del Programa de Violencia Institucional del CELSen su relevamiento sistemtico anualde los muertos por enfrentamientosen clave de gatillo fcil, comparando cantidad de policas muertos enesos mismos enfrentamientosy tambin civiles involucrados como vc-


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Somos plenamente concientes que estos temas no ingresan habitual-

mente en las agendas de investigacin ya que son hechos o circunstanciasque no suelen problematizarse, sea porque se ubican en los mrgenes deotras cuestiones vinculadas al uso letal de la fuerza policial como aquelloshechos vinculados a muertes y heridos vctimas del denominado gatillo f-cil o a aquellos hechos que dancuenta de ejercicios de violencia organizadapor parte de las fuerzas policiales en los denominados escuadrones de lamuerte.

Esta otra forma de legitimacin, ms invisibilizada, ms silenciada, am-parada en la defensa de nosotros, legitimando la eliminacin fsica deesos otros, los delincuentes, encuentra claros voceros en los medios decomunicacin que reproducen y realimentan esta forma de resolucin delconflicto en el marco del combate al delito, sea por avalarlaso seapor nun-ca cuestionarlas. Ello,a su vez, presenta su correlato en cuanto a la ausenciade interpelacin sobre las prcticas y los discursos de las dos instituciones

claves en relacin al tratamiento hacia los delincuentes, como son la poli-ca y la justicia- Ministerio Pblico.

En sntesis, nuestra propuesta es problematizar estos hechos desdeuna perspectiva que contemple e indague sobre la relacin Sistema Penal y Derechos Humanos .

Problematizar implica interrogarse, des-naturalizar determinados he-chos o formas de abordaje de los mismos y, por lo tanto, interpelar los dis-cursos y las prcticas que se consideran legtimos y legitimantes . Como sos-tiene Zygmunt Bauman (2001:14) haciendo referencia a una afirmacin deCornelius Castoriadis el problema de nuestra civilizacin es que ha de-

jado de interrogarse , y contina Bauman ninguna sociedad que olvidael arte de plantear preguntas o que permite que ese arte caiga en desuso

puede encontrar respuestas a los problemas que la aquejan, al menos an-

tes de que sea demasiado tarde y las respuestas, aun las correctas, se ha- yan vuelto irrelevantes. Y, an ms, el problema ms serio es cuando deja-mos que las preguntas las formulen aquellos que pretenden construir res-


timas sin vinculacin con los hechos. Asimismo, reconocemos comoaporte las denuncias, seguimientos, proyectos de investigacin y la asis-tencia jurdica de la Coordinadora Contra la Represin Policial e Institu-cional(CORREPI) a lasvctimas de la violencia institucional policial y a lasinvestigaciones y producciones acadmicas de los distintos equipos quetrabajan en el Programa de Estudiosdel Control Social que dirigeJuan Pe-goraroy delEquipode AntropologaJurdica a cargo deSofaTiscornia.


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puestas desde un discurso de verdad unvoco y excluyente, consolidndose,

una vez ms, la relacin entre saber y poder.Por ello, en el marco de nuestra investigacin nos planteamos unaserie

de interrogantes que orientaron y otorgaron sentido a los supuestos que fun-damentan nuestro trabajo.

Un primer interrogante que ha orientado y conducido nuestra propues-ta hace referencia a cmo se expresala relacinde los sistemas penales conlos Derechos Humanos (Zaffaroni, 1993) en clave de tensin, contradiccin

y conflicto entre ambos trminos.

Un segundo interrogante hizo referencia a cmo se problematiza la re-lacin sistema penal, prcticas policiales y judiciales con el derecho huma-no a la vida de los delincuentes cuando nos referimos a su eliminacinproducto de los denominados enfrentamientos bajo la justificacin institu-cional amparada y legitimada, tambin por amplios sectores sociales, en elmarco del combate contra el delito.

Por lo tanto, un tercer interrogante que incluye otra serie de problema-tizaciones, surgi en los distintos encuentros de intercambio y se refiere acmo se construye un discurso desde los medios de comunicacin que pro-mueve la naturalizacin de estos acontecimientos.

Dicha naturalizacin, reconoce un dilema clave en materia de dere-chos humanos en nuestra historia: aquellas personas consideradas respon-sables o culpables de un acto que supone una sancin legal y/o moral care-cen de derechos a la hora de tomar contacto con las agencias de control so-cial estatal, es decir, los autores de supuestas acciones delictivas nunca sonvctimas en el marco de las consecuencias de esas acciones. Para ser consi-derado vctima de la violencia institucional-estatal hay que demostrar inocencia.

Por ltimo, el cuarto interrogante apel a integrar los diferentes cam-pos en los que se desarrolla la investigacin y se respalda en los fundamen-tos del proyecto de investigacin: hace referencia a cules son y cmo se ex-presan los mecanismos que articulan las prcticas y los discursos en mbitode la justicia, de la polica y de los medios de comunicacin, en cuanto a lahabilitacin al ejercicio de la violenciaarmada en un tema que en clave dedefensa social, naturaliza y hasta en algn sentido valora positivamenteesas prcticas en un doble sentido: como combate exitoso del delito ycomo demostracin de la eficacia y eficiencia policial.



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Propuesta metodolgica y resultados

Mencionbamos al comienzo de este trabajo las dificultades y obstcu-los que se presentan en Argentina para investigar las prcticas y discursos delas agencias de control social penal. Por ello, y a partir de nuestra experienciacomo investigadores en estas reas temticas, es que diseamos este pro-

yecto con el propsito de elaborar estrategias metodolgicas que nos permi-tan arribar a respuestas acerca de los interrogantes planteados.

Rastreamos informacin estadstica y podemos afirmar que no se re-gistra informacin sistematizada y mucho menos confiable por parte de lasagencias estatales sobre cantidad y caractersticas de los enfrentamientosentre policas y delincuentes y los resultados sobre los mismos. Menos anexiste informacin que cualifique esa modalidad de combate del delito,que de cuenta sobre el comportamiento policial y las formas de regulacin,control y fiscalizacin que hacen (si los hacen) del mismo, la propia institu-

cin policial y especialmente la judicial-Ministerio Pblico.Para el abordaje realizado en los medios de comunicacin diseamos

fundamentalmente dos clases de herramientas: en primer lugar, se desarro-ll un anlisis desde el cual se cuantificaron las noticias publicadas en losdos medios grficos. En segundo lugar, se utilizaron herramientas cualita ti-vas: por un lado, para el anlisis en profundidad de los artculos, se produjouna matriz que caracteriza la forma de presentacin de los mismos (tamao,tipo de ttulo, subttulo, fotos); por otro lado, se realizaron una serie de entre-vistas en profundidad con redactores y jefes de las secciones de policialesde los dos medios grficos analizados y de las principales agencias de noti-cias argentinas ( DyN y Tlam ). El abordaje cualitativo de los medios de co-municacin tiene como objetivo la relativizacin del trabajo cuantitativo dela investigacin: sostenemos que una cuantificacin del fenmeno estudia-do realizada a partir de los medios de comunicacin es presa de las estructu-ras, las prcticas y las lgicas de los medios, y da cuenta de ellos tanto comodel fenmeno que se pretende cuantif icar.

Como producto del abordaje cuantitativo encontramos, para el primer semestre de 2004, 34 enfrentamientos, de los que participaron unos 90 de-lincuentes y al menos (el nmero de policas no se registra en todos los art-culos, as que estimamos un mnimo de 3 para esos casos) 130 policas. Deesos 34 enfrentamientos en 21 se produjeron hechos de sangre, con el re-sultado de 15 (16,7 por ciento) delincuentes muertos, 16 (17,8 por ciento)heridos y otros 20 (22,2 por ciento) detenidos, 1 (0,8 por ciento) policamuerto y 3 (2,3 por ciento) heridos, y f inalmente 8 terceros heridos a conse-cuencia del enfrentamiento y la persecucin segn el caso (los porcentajes



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estn calculados sobre el total de delincuentes y policas participantes res-

pectivamente).Por otro lado, la noticia se transform tanto en unafuente de informa-

cin fundamental para conocer las caractersticas de los hechos, como enuna usina de datos sobre los actores involucrados. A partir de esto, la pes-quisa continu con el cruce de otras fuentes como la base de datos de laCORREPI y el CELS e informacin sobre casos emblemticos a travs de con-tactos con abogados/as que patrocinan a familiares de las vctimas.

El acceso a los expedientes judiciales y a los posibles sumarios poli-ciales estuvo obstaculizado por normativas internas e impedimentos proce-sales, lo que implic no acceder a alguna informacin sobre los mismos. Es-tas circunstancias atentan contra la transparencia que debera ser requisitoindispensable en cuanto al desempeo de la institucin judicial y policial enun marco de estado de derecho. Por eso mismo se tuvieron en cuenta comofuentes de informacin algunos expedientes judiciales (aunque no respon-dieran a la totalidad de los casos) por medio de contactos con informantesclaves 10 . A esta informacin, le sumamos fallos sobre casos judiciales simi-lares a los estudiados aunque fuera del perodo de anlisis, para poder anali-zar las distintas etapas de los procesos judiciales.

Por ltimo, las tres reas de trabajo formadas para realizar el procesode investigacin medios de comunicacin, polica y justicia realizaron untotal de 20 entrevistas a periodistas, comisarios de la Polica Federal Argenti-na, fiscales y jueces. Estas entrevistas fueron elegidas a partir de la constitu-


10 La forma de acceder a losexpedientes judiciales (ello no es posibleconrelacin a las actuaciones administrativas policiales vinculados a hechos de esta naturaleza) es a travs delcontactocon abogados quepa-

trocinen a los familiares de los delincuentes cados, tanto particulares como pertenecientesa organismos de derechos humanos como laCORREPI y el CELS. Porsupuesto, el contacto con algunos expedientes

judiciales nos convoc a elaborar este proyecto ante la ausencia en laetapa de instruccinde la causa de medidas judiciales que tiendan aesclarecer el caso y que slo se implementaron ante la requisitoriade los abogados de parte. Es interesante analizar la implicancia enestos casos de losDefensores Oficiales, hacia ellos tambin nosdirigi- mos, de todas maneras estos expedientes son lo que denominamoscasos testigos ya no se corresponden con loscasosdel perodo queto- mamos en la investigacin, pero s han sido fundamentales para nu- trirnos de informacin la caractersticas que adoptan las prcticas ylos discursos judiciales en los mismos.


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cin de 6 casos testigos obtenidos de nuestro relevamiento periodstico y de

informantes claves.La hiptesis que fundament este trabajo es la siguiente: la elimina-

cin literal de la amenaza del delito es ejercida directamente mediante prc-ticas policiales que incluyen (entreotras) acciones sistemticas (inapelables

y nunca interpeladas) para la eliminacin fsica de los delincuentes (parafra-seando a: matando pobres eliminamos la pobreza), y se legitima y naturali-za a travs de la fundamental articulacin entre los discursos mediticos, losdiscursos y prcticas judiciales, los discursos y prcticas policiales y sus or-denamientos burocrticos normativos y reglamentarios.

Para ello, relevamos, a travs de la informacin periodstica construi-da por los medios grficos, la cantidad de muertos en enfrentamientos y ca-racterizamos el discurso plasmado en la noticia en relacin a la actuacinpolicial y la forma de entender la propia prctica policial.

Por ltimo, es destacable mencionar que en nuestra investigacin he-mos relevado copiosa informacin sobre la estructura y organizacin institu-cional y marco normativo-legal y reglamentario tanto de los organismos

judiciales-Ministerio Pblico como de la Polica Federal.

A partir de esta breve caracterizacin de nuestra muestra y los resulta-dos en la primera etapa de la investigacin, nos interesa desarrollar algunosaspectos trabajados, tanto en sus especificidades como en sus articulacio-nes, de los tres campos-problema, es decir, medios de comunicacin, justi-cia y polica.

Medios de comunicacin

El primer elemento a anal izar en relacin al modo en que los mediosde comunicacin analizan estas muertes fue el origen de las noticias : dednde surgen, cules son los principales actores encargados de su com-posicin y cules son las fuentes utilizadas. Sobre este aspecto, es un im-portante result ado del trabajo la comprobacin de que en el caso de losdiarios la fuente de informacin privilegiada son las agencias de noticias,mientras que para estas ltimas la fuente de informacin es casi exclusi-vamente la polica. Dichos hallazgos surgieron de las entrevistas con re-dactores y editores de los diarios estudiados y de las agencias de noticias,

y fueron consolidados luego con el anli sis de la /s fuente/s en el corpusde los 92 artculos sobre enfrentamientos con la polica relevados cualita-tivamente. En este proceso, confirmamos que entre los diarios Clarn y Crnica hay ms similitudes que diferencias en cuanto al uso de las f uen-tes y que en ambos casos prima la unicidad de la misma (la polica) por so-bre la pluralidad. Solamente en casos muyparticulares se consultan diver-sas fuentes para componer la informacin del hecho.



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Respecto de la noticiabilidad y los criterios que convierten a un he-

cho en noticia , hemos destacado ciertas caractersticas estructurales de losmedios en trminos de censura estructural (Bourdieu, 1995). En primer lu-gar, el tiempo como determinante de formas y contenidos de las noticias ( acada minutoun cierre fue el concepto que tomamos de uno de los entrevis-tados para graficar esto): comprobamos que el escaso tiempo con que traba -

jan los medios estudiados hace que los hechos que demandan ms tiempopara ser construidos en trminos informativos (ya que suceden a mayor dis-tancia de los medios que suelen estaren el centro de la ciudad o porque esms complejo encontrartestigos, o porque requiere el desplazamiento de unperiodista al lugar) quedan fuera de la agenda y nuncalleguen a ser noticia.

El segundode los factores de la censura estructural se refiere a las exi- gencias del mercado como determinante de la construccin de la noticiapor parte de los medios estudiados. Entendiendo a los medios de comunica-cin como empresas que responden a intereses comerciales, apreciamos

que tanto los lineamientos generales en cuantoa los temas noticiables comolos contenidos de las notas son influenciados por las estrategias de venta delos distintos medios. En este sentido, destacamos la medida en que, segnlos periodistas, las opiniones de los consumidores/lectores determinan elcontenido del medio (los medios buscan publicar noticias acordes a lo queentienden que son las opiniones, los intereses o los nimos reinantes entresus clientes). Tambin comprobamos que la necesidad de optimizar los re-cursos para lograr mayor rentabilidad empresaria se traduce en los me-dios en falta de recursos vitales para la produccin de informacin (falta depersonal o falta de mviles para el traslado de los cronistas). Por ltimo, co-menzamos a comprender de qu manera la relacin existente entre los dosmedios estudiados (diarios y agencias de noticias) tambin es un factor es-tructural que determina los temas y contenidos noticiosos: para las agenciasde noticias, los principales diarios(por ejemplo, Clarn ) funcionan como unavara de medida de aquello que es noticiable.

Sobre los criterios generales de noticiabilidad , buscamos identificar los elementos que hacen que un hecho se convierta en noticia (publicadapor los medios estudiados). En este sentido, la particularidad de la historia(espectacularidad, originalidad, excentricidad, fama de los involucrados) esuno de los primeros aspectos que pueden hacer que unhecho de este tipo seconvierta en noticia. Esto implica que aquellos sucesos interpretados por losperiodistas como corrientes, comunes o normales (o naturales ) nose conviertan en noticia. Aqu aparece siempre presente el inters comercialde los medios, por lo que aquello que mayor impacto, rating o rebotepueda tener, que ms venda (siempre segn la percepcin de los propiosperiodistas), ser privilegiado informativamente.



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En segundo lugar, surge de nuestro trabajo que la relacin particular

del medio con determinado tema o hecho determina su noticiabilidad (por ejemplo, que el medio tome un determinado tema como propio 11 o que ten-ga la exclusividad sobre una noticia). Creemos necesario resaltar que se tra-ta de factores que son independientes de la relevancia social del tema o delhecho: pueden estar relacionados con estrategias comerciales, competen-cia con otros medios o relaciones coyunturales con diversos actores oficia-les o privados.

A partir de la informacin recabada y procesada sobre las noticias enlos medios estudiados en general, nos hemos centrado en nuestro objeto deestudio en particular: el tratamiento que hacen los medios de comunicacin de los delincuentes muertos en enfrentamientos con la polica . Aqu,a partir de los conceptos que surgen del anlisis de las entrevistas con los pe-riodistas hemos comenzado por analizar cada uno de los artculos relevados(entre otros temas, tamaos de los artculos, seguimiento de los casos) y a

partir de esto hemos producido informacin acerca de qu hace noticiablela muerte de un delincuente . En primer trmino, destacamos la espectacu-laridad del procedimiento como uno de los elementos que convertir un he-cho de este tipo en noticia. El segundo elemento que lleva a un enfrenta-miento con la polica a los medios son las caractersticas del delincuente(que sea una figura pblica, meditica, un funcionario o un polica). En algu-nos de estos casos (por ejemplo, cuando el muerto es polica)tambin regis-tramos la particularidad de que el muerto es humanizado por los medios,le dan identidad: se lo identifica con nombre y apellido, se hace alguna refe-rencia a su historia personal y su vida familiar. Finalmente, se convierten ennoticia con mayor facilidad los hechos en los que el muerto no estaba come-tiendo un delito durante el hecho;los casos catalogados como gatillofcil.

Por otro lado, a partir de nuestro trabajo tambin estamos en condi-ciones de afirmar cules son las condiciones para que una muerte nosea convertida en noticia . Se trata de casos en los que las circunstanciasson exclusivamente delictivas, en los que si no se cuenta con alguno delos adicionales mencionados arriba, la muerte de un delincuente pasadesapercibida; se trata de aquello que hemos denominado como lasmuertes invisibilizadas . Lo que destacamos acerca de este punto es quelamuerte deun delincuente no le aporta ningn valora la noticia en trmi-


11 Aqu creemos vlido el empleo del concepto de empresarios moralesde Howard Becker para interpretar a dichos medios en los casos en queenarbolan determinada bandera (moral, poltica) y as fomentan o influ-

yen en la creacin de nuevas normas y leyes.


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nos del tratamiento que le da el medio ( No sale de lo comn, digamos.

Por lo tanto no se hace noticia, sostiene un redactor del diario Clarndurante la entrevista). Adems, notamos que esto es similar en los dosdiarios estudiados. Creemos necesario afirmar nuevamente que identifi-camos como una de las principales condiciones de posibilidad de este fe-nmeno al contexto de miedo urbano producido por la restringida cons-truccin poltico-meditica de la inseguridad.

Lo ms interesante acerca de dicha invisibilizacin es que no se tratade una operacin meditada por parte de los medios o los periodistas respon-sables. Lo que destacamos es la imposibilidad de ver en la muerte de undelincuente un problemao siquiera un tema. Se trata de muertes naturali-

zadas : forman parte del paisaje dado y aceptado, sobre lo que no hay nadaque pensar ni decir (segn uno de los periodistas entrevistados a veces

pasa como uno dijera llueve ); ni siquiera logran ingresar al discurso. Se tra-ta de un paisaje dado policialmente , una perspectiva sobre la realidad quecuadra perfectamente con el accionar de aquella institucin estatal quemata: la polica.

Destacamos en nuestro trabajo que el hecho de que el muerto hayasido exitosamente etiquetado como delincuente es un requisito funda-mental para dicha naturalizacin, as como la particular construccin poli-cial-meditica de la figura del delincuente como otro ajeno a la sociedad yespecialmente peligroso 12 (construccin de hecho bien diferente de la quese hace de la figura del polica).

Finalmente, hemos investigado las diferencias entre la muerte de undelincuente y la muerte de alguien que no ha sido identificado como tal(aquello que denominamos escala de jerarquas en las muertes provo- cadas por nuestro estado actual ). Puntualmente, trabajamos sobre la dife-rencia de los delincuentes muertos con los casos que son catalogados

como de gatillo fcil. Sobre este punto, de las entrevistas con redactores y editores de los medios estudiados ha surgido la distincin entre las muertes justas y las muertes injustas, los bien muertos y los muertos por error . Es importante destacar nuevamente que la lnea que las separa de-pende principalmente de la aplicacin o no de la def inicin de delincuentesobre la vctima de la muerte. Del mismo modo, aquello que determinar ladefinicin de delincuente o de vctima , como categoras mutuamente exclu-


12 Recordamos como ejemplo sobre este aspecto las etiquetas general-mente utilizadas por Crnica: malvivientes, pandilleros, pistoleros, ma-landras, forajidos, hampones o incluso chacales.


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yentes, ya que slo demostrando inocencia se puede acceder al status de

vctima, ser bsicamente la pertenencia social del muerto.En conclusin, acerca del fenmeno de los delincuentes muertos en

enfrentamientos con la polica en los medios de comunicacin grficos po-demos afirmar que la utilizacin de stos como fuente de relevamientocuantitativo no garantiza exhaustividad en ningn modo. Podemos afirmar que para que un delincuente muerto en un enfrentamiento con la policasea convertido en noticia deben darse varias circunstancias adicionales a lamuerte. Si stas no se dan, es probable que dicha muerte sea invisibilizadapor los medios. Por otro lado, cuando algunas de estas circunstancias tienenlugar, la muerte de un delincuente ingresa en los medios, naturalizada

y nunca problematizada. Finalmente, slo se convertirn en un temaen los medios aquellas muertes de personas que no son catalogadas comodelincuentes, y esto se da principalmente por su pertenencia social (a secto-res medios o acomodados y no a sectores marginados o excluidos).

Polica

En los enfrentamientos desplegados en el marco del combate al de-lito el accionar policial se encuentra legitimado, incluso cuando se produ-cenmuertes de delincuentes o de terceros en defensa de la seguridad.

Este tipo de prcticas policiales responden a lgicas institucionalesque exceden la individualidad de sus actores pero se reproduce en y a travsde sus acciones. En este sentido, la Polica Federal Argentina a pesar de ser definida como una institucin civil armada, posee una estructura institu-cional que se corresponde a un modelo militar altamente jerarquizado y ver-ticalista. En este marco no se promueve y mucho menos se establece comonecesaria la investigacin interna de las circunstancias en que un agente po-licial da muerte a una persona. Por el contrario, los actos de arrojo induda-

blemente unidos a las acciones en las que se da muerte a delincuentes, soncausa de promocin en la carrera de los agentes policiales. Si se inicia un su-mario interno por alguna inconducta de un agente, este sumario es restringi-do y no puede ser consultado ni por aquellos perjudicados. Adems, en losreglamentos no se establece la separacin del cargo de aquellos que estnbajo investigacin judicial aunque esta sea por homicidio. En definitiva, todala normativa tiende a producir un espritu de cuerpo y una mstica del com-bate. Hay que destacar que la normativa de la PFA fue elaborada durante lasdictaduras militares argentinas y actualmente son los marcos que siguen re-gulando su estructura, funcionamiento y las obligaciones y deberes de sus



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integrantes 13 . Estas normativas son herramientas que permiten conformar

democracias sitiadas, es decir, son instrumentos heredados de gobiernosde facto para la gobernabilidad democrtica.

Estas reglamentaciones explican porqu el discurso policial identif icaa la fuerza (policial) como una institucin armada ms que como una insti-tucin civil. En esta lnea uno de los comisarios entrevistados durante la in-vestigacin sostuvo que la democracia no implica aguantar a los ladro- nes, soportar a los violadores, la prostitucin en la puerta de tu casa, lostravestis adentro, con tu hijo en un colegio. Si les decs algo, lo discrimi- nas y te procesan. () Me parece que tanta modernidad hace dao. Tieneque haber un orden. Tal vez antes era demasiado estricto pero ahora yaestamos para el otro lado. La democracia se presenta como un obstculopara el accionar policial al ser identificada con el plano del no orden, delno castigo y la falta de facultades para actuar y por lo tanto se la percibeen el discurso policial como una falta de justicia.

Tanto la normativa que regula el accionar policial como el modo de en-tender su rol dentro del sistema democrtico estimulan una exhortacin a ladureza policial. Los resultados obtenidos a travs del relevamiento cuanti-tativo realizado en esta investigacin sealan un panorama donde el uso delas armas de fuego resulta una medida no excepcional ya que para un totalde 34 casos de enfrentamientos se registraron 15 delincuentes muertos, 16delincuentes heridos y 8 terceros heridos.

El esquema policial que gua la aplicacin de la fuerza fsica, el uso dearmas y la naturalizacin de la muerte de los delincuentes tiene como resul-tado una ecuacin elementalmente letal: es delincuente y, por lo tanto,muy probablemente, sea abatido. Este hecho, a la vez, nunca representa enla percepcin policial un homicidio en trminos de tipificacin legal, ni tam-poco un asesinato en trminos de representacin social.

Esta ecuacin letal habilita la naturalizacin de la muerte de los delincuentes en enfrentamientos as como la ausencia de consideracionesacerca del derecho a la vida, en tanto derecho humano elemental para quie-


13 Estas normassonla Ley para el Personal de la Polica Federal Argentinaque fue sancionada en 1979 durante el llamado Proceso de Reorganiza-cin Nacional (dictadura 1976-1983) y tanto la Ley Orgnica de la Poli- ca Federal (Decreto Ley N 333/de marzo de 1958) como el Decreto Re-

glamentario de la Ley para el Personal de la Polica (dec. 1.866 de1983), fueron sancionados pocos meses antes de asumir gobiernos de-mocrticos electos.


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nes cometen delitos. Es una ecuacin que naturaliza y escenifica el encasi-

llamiento de los delincuentes siempre en la vereda de los victimarios y nunca como posibles vctimas del accionar policial.

Los entrevistados describen al delincuente como un sujeto peligrosoal que debe orientarse el despliegue del accionar policial: Yo veo punguistas caminando por la vereda de enfrente, y yo se que son punguistas, ten-

go olfato como un mdico si ve a un paciente veinte veces no va a ser lomismo que un paciente que vea por primera vez, le conoces los snto- mas, sostiene otro de los comisarios entrevistados.

Adems, las caractersticas que estructuran el perfil del delincuentepara la fuerza policial sealan un nuevo tipo de delincuente cuyos atribu-tos lo convierten en un sujeto cada vez menos confiable y en consecuencia,ms peligroso: El delincuente antes no te pegaba, no te mataba, haba c- digos. () te robaba, si la polica lo agarraba quedaba detenido, salvo al-

gunos que se la jugaban y empezaban a tirar, pero ahora no, no hay ningn cdigo, no hay lmites en nada .

Este modo de entender al sujeto peligroso resulta clave para compren-der el marco de representaciones donde la muerte no se cuestiona en trmi-nos del derecho a la vida de quiencomete un acto ilcito. Esta naturalizacinsupone para el delincuente la posibilidad de morir y para el polica la posibi-lidad de prevenir o resolver un hecho delictivo sin demasiadas consideracio-nes sobre el lmite de la aplicacin del uso de la fuerza letal. Se genera asuna imagen de restitucin de la seguridad perdida, aunque el delito o elriesgo a terceros no se eviten.

El combate al delito y el mantenimiento del orden significa no slo quela muerte de los delincuentes nunca se considere homicidio, sino que es unresultado lgico y natural en la defensa social: El delincuente abatido no esvctima, nosotros tenemos como vctima a la persona que es vctima deldelito, plantea uno de los entrevistados.

La categora de delincuente lo transforma en eliminable y por tanto ca-rente de cualquier derecho o garanta que pueden tener las vctimas inocen-tes (terceros, policas o vctimas del acto delictivo inicial): por enfrentamiento armado se entiende que son policas y ladronespuede no haber muertos...la cantidad de delincuentes muertos yo calculo que es la misma...pero s han aumentado las muertes de las personas (Entrevista a co-misario). A partir de la doble etiquetacin de personas, por un lado, y de -lincuentes, por otro, se abren caminos interpretativos y discursivos que in-visibilizanla aplicacin de la fuerza fsica estatal en su mxima expresin, esdecir, en su uso letal.



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En conclusin, el modo en que se estructuraran las prcticas policia-

les,desde su normativa hasta la interpretacin policial de su propio accionar y el imaginario de su adversario, legitiman prcticas ilegales de exterminiode delincuentes , necesarias, segn la visin policial, para combatir al delito

y restaurar la seguridad perdida.

Justicia

Tras un enfrentamiento entre la Polica Federal y delincuentes , elpri-mer actor en tomar contacto con el hecho es la propia fuerza policial queest facultada para iniciar la investigacin y producir pruebas urgentes 14 .La polica debe poner en conocimiento del hecho al juez y al fiscal de turno.Este primer contacto entre los operadores judiciales y la institucin policial,que es el que determina si se inicia una investigacin judicial, en la mayorade los casos no pasa de un llamado telefnico, dado que l a norma no esta-

blece que el funcionario judicial deba concurrir al lugar del hecho. Unavezen conocimiento de los hechos, el juez y el fiscal deben indicar las medidasconcretas de investigacin.

Estas directivas debieran tender a preservar la prueba para poder ejer-cer un control sobre el uso de la fuerza que efectu la polica,sin embargo esobvio que no hay agentes judiciales actuando en el lugar de los hechos, sinola propia polica en calidad de auxiliar de la justicia 15 .

Se constituye as el sumario policial que debe ser enviado a la justiciaentre las 48hs y 72 hs. de ocurrido el hecho. Este se constituye en un umbralpor el que difcilmente pasan las muertes de delincuentes como homicidiosdolosos, pues los sumarios se caratulan porel delito atribuido al delincuentemuerto y de ese modo es asumido por la justicia: Porque siempre cuandose produce un enfrentamiento, y hay unapersona muerta,un delincuentemuerto, el delincuente es el imputado (Entrevista a un fiscal) o Se investi-

gan las circunstancias del robo y de la muerte. Si la persona muere como


14 En forma particularizada, el art. 184 del Cdigo Procesal Penal de la Na-cin (CPPN) enumera las tareas iniciales que son propias de la polica, ta-lescomodar iniciodel sumario, darnoticiadel delitoal juez competentey fiscal, preservar el lugar de los hechos, interrogar a los testigos, resguar-dar las pruebas, etc.

15 Resulta elocuente una entrevista realizada a un polica en donde este re-fiere que la comisara es la que le enva al magistrado los elementosde juicio como para que el magistrado apruebe la prosecucin investi-

gativa .


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consecuencia del enfrentamiento. La investigacin empieza por robo se-

guido de muerte. Primero se investiga si se va a procesar a los delincuentes (Juez de instruccin).

Este ser el punto de partida del expediente judicial, y el sumario poli-cial su fuente fundamental de informacin. En el mbito judicial tampocohabr un control interno, por parte del Fiscal, de las investigaciones y de laproduccin de pruebas adicionales que, ocasionalmente pudiera requerir el

juez instructor. Sin embargo, a travs de las entrevistas realizadas a fiscales y jueces y el anlisis de expedientes judiciales, observamos una fuerte ten-dencia a convalidar y legitimar las medidas realizadas por la propia polica. Sibien el sistema judicial no prev medios de investigacin alternativos alos suministrados por la polica, s es posible recurrir a otras fuerzas de se-guridad para que realicen informes tcnicos y pericias, pero este recurso esmuy poco utilizado.

El juez de instruccin decidir segn su propia investigacin, al encon-trarse ms comprometido con las evidencias o la falta de stas y la funcindel fiscal, se ver limitada a solicitar la revisin de la decisin final del caso.Pero el Ministerio Pblico tampoco tiene un particular celo en los casos dedelincuentes muertos, no hay unadireccionalidad de su poltica institucionalque tienda al control de el uso letal de la fuerza policial; se han constituidofiscalas especiales sobre crimen organizado, trfico de drogas, secuestrosextorsivos, etc. pero ninguna que apunte a esta temtica. Pero adems de lasentrevistas surge claramente que la muerte de los delincuentes no es proble-matizada en la prctica judicial de los fiscales: Pero si los dos estaban conarmas y el delincuente tuvo la mala suerte de que le pusieran un tiro y

bueno se va a sobreseer al polica (Fiscal de instruccin).Cules son entonces las condiciones que deben darse para que un

funcionario judicial investigue las circunstancias en que es muerto un de-

lincuente? Si el episodio presenta otros matices, resulta que el cadver tiene 23tiros, nose sabe mucho y yono s si este era el seor que vinoarobarme porque el tipo estaba con una mscara, dos o tres tiros por laespalda, la cuestin es otra cosa, ah se adoptan otro tipo de medidas (Fiscal).

En definitiva, slo cuando la versin policial cae en el absurdo entra enel horizonte del entendimiento judicial la posibilidad de que haya existido al-gn tipo de delito imputable a los agentes policiales. Pero slo piensan en lafigura del exceso, la cual presupone que la accin, en su inicio, fue legal: S iel delincuente estaba conuna birome y el polica le puso tres tiros podrser legtima defensa, pero hay un exceso (Fiscal de instruccin).



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La comisin del delito es considerada el hecho desencadenante, de la

muerte del rehn, pues indujo al polica a error :Segn la sentencia en primera instancia, ms all de la responsabi-

lidad que le cabe al acusado en la muerte de Mariano Wittis (el rehn) nocomparto que l mismo haya sido el que puso las condiciones para queello ocurriera () el robo estaba todava en curso de ejecucin, los autoresse hallaban cometiendo el delito de privacin de la libertad y de tenenciade armas.

Y, por si quedan dudas, se agrega en el voto disidente de este fallo quela agresin la estaba cometiendo Riquelme, desencadenante de toda latragedia y hoy, desde la tumba, constituido fantasmagrico acusador yno ces hasta el momento de ste ltimo fallecer.

En conclusin, la construccin del objeto de investigacin judicial larealiza la propia polica,lo que hace que, en la mayora de los casos, la muer-

te del delincuente no pase de ser un dato accesorio de la investigacin deldelito que se le imputa al propio muerto. Noexiste una prctica regular de re-visin de la produccin de las pruebas ofrecidas por la polica y mucho me-nos de lascircunstanciasen que se produce la muerte. Slo ante una versinpolicial manifiestamente absurda o cuando se constituya una querella emer-gern como cuestin a investigar las circunstancias en que los policas danmuerte. Pero an as, e incluso ante evidencias de la arbitrariedad policial, laconstitucin del muerto como delincuente tiende a convertirse en un justifi-cativo para descriminalizar a los policas.

Eplogo

Thomas Hobbes construy un origen mtico del Estado: los hombrestemerosos de la violencia sinlmite,de una guerra de todos contra todos, ce-

dieron su derecho natural a la libertad y al ejercicio de la violencia a un sobe-rano, Hobbes titul su obra: Leviatn, o la materia, la formay el poder de unEstado eclesistico y civil. El leviatn es un monstruo marino fantstico, deorigen bblico, pero stas no fueron simples metforas para l, sino la mane-ra de sostener un poder que previniese las consecuencias de rumores y tu-multos populares. Leviatn que pronto se mostr como incontrolable paralos mismos que lo haban convocado, pero no por ello menos provechosopara sus intereses.

Y para limitar al monstruo, al leviatn incontrolable, se alzaron vo-ces, algunas desde la fundacin misma del derecho liberal, otras desde lasresistencias polticas encarnadas en las luchas sociales de los siglos XVIII y XIX. Y fue quiz desde la propuesta basada en la formulacin de la Declara-cin Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que la



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cuestin de los derechos para algunos, la mayora de los humanos, se mos-

tr claramente restrictiva y poco universal, obviamente porque levantabaunaclara barrera de gnero, mencionando sloal hombre; pero adems por-que sus dos trminos entraban en contradiccin. El concepto de Hombreampliaba la ciudadana a todos los miembros del gnero humano? O el deCiudadana restringa la humanidad a los miembros del Estado?

Ms all de cualquier duda sobre su semntica originaria, la historia seencarg de aclarar las dudas, inmediatamente la revolucin haitiana forzuna definicin: todos eran hombres libres menos los que ya haban sido es-clavizados. Pero, adems, la misma humanidad de los ciudadanos era res-tringida. Esto fue dilucidado tericamente por Carlos Marx en La Cuestin

Juda; humano s pero en tanto ciudadano, ciudadano s, pero en tanto bur-gus, o sea hombre blanco y propietario.

Esa distancia entre una promesa universal y una vida cotidiana de ex-plotacin fue el espacio sobre el que se desplegaron las luchas de los despo-sedos y fue desde el Estado el campo de formulacinde la Cuestin Socialcomo esa fisura que le permita tratar a los sujetos universales de derechocomo objetos particulares de polticas pblicas. Un dispositivo complejo deconstruccin del otro an dentro de la ciudadana: el loco, el invlido, elenfermo, el anormal, el pobre, la mujer, el nio, el anciano, el extranjero, eldelincuente...

Cien aos despus, uno de los tantos genocidios sistemticos, la solu-cin final nazi,se sustent en la negacin sistemtica de los derechos de ciu-dadana; la maquinaria estatal haba creado otro eliminable. Esto llevara aintentar recapturar a los otros bajo un concepto que ahora s pareca ser uni-versal: Humanidad. Bajo el concepto de Derechos Humanos no habra ya ca-rencia de ciudadana que pudiera legitimar un genocidio.

A 30 aos del golpe de Estado que dio inicio a la ltima dictadura mili-

tar argentina parece haberse oficializado el repudio a las violaciones a losDerechos Humanos cometidas durante aquellos aos. Sin embargo, el pro-cesamiento judicial de los asesinos, que es un logro de la tesonera lucha delmovimiento por los Derechos Humanos, muestra sus limitaciones apenasnoscorremos de la matriz jurdica en que se encuadraron aquellos hechos.

En un principio, la reivindicacin de los Derechos Humanos de las vcti-mas implicaba una apelacin a la conciencia tica, territorio lmite de la re-sistencia. Movimiento necesario para salirse del campo de las institucionesdel Estado de Derecho subsumidas al aparato militar y enfrentar el algo ha-brn hecho tejido por la complicidad silenciosa, o abiertamente colabora-cionista, de polticos, eclesisticos y periodistas. La idea misma de DerechosHumanos tiene siempre un plus respecto a su enunciacin jurdica positivaque desplaza el debate del Derecho y sus instituciones a la tica.



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Y este es el sentido con el que abordamos esta investigacin ya que

nuestra pretensin ha sido darcuenta, unavez ms, de la relacin entre sis-tema penal y derechos humanos, registrando la continuidad de prcticas y discursos que posibilitan que esa relacin se legitime en el plano de laviolacin sistemtica del derecho a la vida. En este sentido, hoy (comoayer) los medios de comunicacin juegan un papel fundamental en cuantoa produccin de un discurso hegemonizante facilitador de esa produccinde prcticas y discursos por parte de la violencia estatal, que anclada en lasupuesta cuestin dilemtica: inseguridad-seguridad, se considera convo-cada a un deber hacer para modificar una realidad incontrovertible quenos pone en riesgo, una violencia ilimitada que es imperioso controlar. Elproblema es que el miedo alimenta monstruos y, por ello, si bien nuestrotrabajo no indaga sobre las muertes que se produjeron hace tres dcadas,procura a llamar la atencin sobre las muertes que provoca actualmente lacontinuidad de ese dispositivo de muerte. Dispositivo que no slo asesina

sino que construye sus vctimas como un otro eliminable, convirtiendo hoy la Cuestin Social en un captulo de la Cuestin Criminal. Dispositivo quese revitaliza con la profusin del miedo, miedo que legitima el accionar dela fuerzas de seguridad , mas all de la legalidad, en defini tiva, lo de ayer,lo de hoy, lo de siempre. En palabras de Zaffaroni (2003,33) el ejerciciodepoder del sistema penal no respeta ni puede respetar la legalidad, es nece-sario tener en cuenta en forma abierta y extrema si viola la legalidad en laoperatividad social de nuestros sistemas penales, con el altsimo nmerode hechos violentos y de corrupcin practicados por las propias agenciasdel sistema penal, sin dejar de tener en cuenta, claro, tambin en palabrasde Zaffaroni que que el principal y ms importante ejercicio del po-der del sistema penal se realiza dentro de un marco de arbitrarie-dad concedido por la misma ley.

En este sentido, y para concluir este trabajo, nos parece importanteplantear una propuesta sugerente y al mismo tiempo representativa de laproposicin de nuestra investigacin, plasmar en palabras de Foucault aque-llo que expresa en el ttulo de uno de los captulos de La vida de los hom-bres infames: Frente a los gobiernos, los Derechos Humanos , encuyo inicio cita lo siguiente : El sufrimiento de los hombres nunca debeser un mudo residuo de la poltica, sino que, por el contrario constitu-

ye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse aaquellos que detentan el poder (Foucault, 1996:121).



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sistema penal y derechos humanos- la eliminación de los -delincuentes-. una mirada sobre las...

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