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3 ISSN 2339 -4889

Será un espacio de expresión e intercambio en el que académicos e investigadores de diversa procedencia podrán presentar avances o resultados de sus trabajos, en un campo relativamente amplio, no sólo en cuanto a su epistemología, también respecto de sus delimitaciones espaciales. En él, se pondrán a disposición – en forma especial - los resultados de investigación del programa de maestría, con los trabajos de sus profesores y estudiantes.

Beatriz StolowiczModesto Guerrero

Efraín León HernándezNapoleón Saltos Galarza

Antonio ElíasMaria Ceci MisoczkyJuan Bustos Troncoso

Josefina MoralesCarolina Jiménez M.

José Francisco Puello-SocarrásLuis Suárez Salazar

Pablo Guadarrama GonzálezJorge Andrés Bernal Castro

Shameel Thahir Silva

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesDepartamento de Ciencia PolíticaÁrea Curricular

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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNTatianna Castillo Reyes / [email protected]

PORTADARómulo Macció. Sin título, 1962.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en Bogotá, ColombiaMarzo de 2017

ANUARIO EN ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS 3

© 2017 Universidad Nacional de ColombiaFacultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Departamento de Ciencia PolíticaÁrea Curricular de Ciencia Política

Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

ISSN: 2339 - 4889

DIRECTORACarolina Jiménez Martin

COMITÉ EDITORIALBeatriz Stolowicz

Universidad Autónoma Metropolitana, México

Sergio de Zubiría SamperUniversidad de los Andes

Alejo Vargas VelásquezGermán Palacio Castañeda

Jairo Estrada ÁlvarezJosé Honorio Martínez

Universidad Nacional de ColombiaJose Francisco Puello-Socarrás

Escuela Superior de Administración Pública

COMITÉ CIENTÍFICO

Atilio BorónArgentinaAaron TaussAustriaFrancois HoutartBélgicaRicardo AntunesBrasilLucio OliverMéxicoRodolfo Arango RivadeneiraDarío Fajardo MontañaCésar Giraldo GiraldoColombia

ÍNDICE

Índice

5 ÍNDICE

7 PRESENTACIÓNCarolina Jiménez

EL SIGNIFICADO DE LOS PROYECTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS EN NUESTRA AMÉRICA

13 Gobiernos progresistas. Una crisis más allá del “ciclo”Beatriz Stolowicz

25 Determinaciones del avance y retroceso de los gobiernos progresistas en América LatinaModesto Guerrero

45 Unidad económico-política de América Latina: Pasado, presente y futuroEfraín León Hernández

¿HACIA DÓNDE VA AMÉRICA LATINA? BALANCES DESDE LAS EXPERIENCIAS POLÍTICAS CONCRETAS

57 ¿Reforma o revolución? ¿Es posible el cambio?Napoleón Saltos Galarza

75 Uruguay: el proyecto del capital transnacional se impuso al programa de cambio socialAntonio Elías

89 Brasil: crisis del pacto de clases y la difícil construcción de alternativasMaria Ceci Misoczky

109 Claves de lectura del progresismo postdictatorial en América LatinaJuan Bustos Troncoso

131 Las transformaciones del Estado bajo los tratados de libre comercio. El caso de MéxicoJosefina Morales

147 La paz como un escenario en disputaCarolina Jiménez M.

NEOLIBERALISMOS Y AMÉRICA LATINA EN LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL

171 Problemas en el saber convencional críticoBeatriz Stolowicz

179 Las críticas neoliberales al neoliberalismo. El Dogma de mercado y las Herejías que nunca llegan a convertirse en BlasfemiasJosé Francisco Puello-Socarrás

205 El Gobierno temporal de Donald Trump: Una redoblada amenaza para nuestra AméricaLuis Suárez Salazar

235 El neoliberalismo ante los derechos humanos y la democraciaPablo Guadarrama González

TESIS DE POSGRADO: MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS

277 Estudio del Socialismo del Siglo XXI en VenezuelaJorge Andrés Bernal Castro

299 Geopolítica de la construcción de la unidad bolivarianaShameel Thahir Silva

PRESENTACIÓN

Los acontecimientos político-electorales de los años 2015 y 2016 marcaron un quiebre en la trayectoria político-institucional vivida en la región durante lo corrido del presente siglo. La victoria –aunque ajustada– de Mauricio Macri en la disputa presidencial de la Argentina en noviembre de 2015; el triunfo de la coalición oposito-ra en Venezuela en las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre del mismo año; la derrota de Evo Morales en el referendo para su reelección en febrero de 2016; el “golpe blando” sufrido en agosto por la presidenta Dilma Rousseff, elegida demo-cráticamente por el pueblo brasilero, y las dificultades que enfrenta el candidato del correismo, Lenín Moreno, para obtener el triunfo presidencial en Ecuador, denotan la difícil situación por la que atraviesan las proyectos políticos que se presentaron como alternativos y que lograron la conducción de los gobiernos latinoamericanos durante lo que va corrido del siglo XXI.

Este fenómeno ha generado un interesante debate sobre si se asiste a un “fin del ciclo” o a un “cierre del giro a la izquierda” en la región. Las interpretaciones son diversas; algunas más próximas a las denominadas experiencias progresistas conside-ran, como lo diría el Vicepresidente boliviano, que se trata de una “derrota táctica en medio de una ofensiva y victoria estratégica del proceso de cambio”; otras problema-tizan la idea del ciclo en tanto no permite pensar las características estructurales que explican la situación político-electoral que se vive en la región y que, como lo señala Beatriz Stolowicz, “corresponden a tiempos más largos que el ciclo electoral”. Ciertas lecturas, como las de Eduardo Gudynas, sugieren que esta coyuntura se explica por el agotamiento de las “capacidades de innovación, de buscar alternativas y de radi-calizar la democracia”, lo cual guarda una estrecha relación con la alta dependencia de estos gobiernos de los precios y la mercantilización de las comoditties. Y algunos análisis, como los de Isabel Rauber, alertan sobre los riesgos que encarna “instalar y

“naturalizar” en la opinión publica” la idea del fin de los gobiernos populares y “su reemplazo ‘inevitable’ por gobiernos de derecha”.

Atendiendo a esta discusión, la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos organizó en noviembre de 2016 el Seminario Internacional “América Latina en dis-puta: ¿cierre del giro a la izquierda en la región?”, el cual convocó a un numero im-portante de académicos de diferentes nacionalidades a nutrir la reflexión sobre estos asuntos. La discusión permitió elaborar interpretaciones más claras sobre los espacios abiertos, los límites y las posibilidades de estas experiencias, así como las dificultades analíticas y políticas que encarnan caracterizaciones del fin del ciclo.

Al decir del grueso de los panelistas, hablar del cierre del giro a la izquierda condu-ce, entre otras, a dos interpretaciones equivocadas. Por una parte, genera explicacio-nes limitadas sobre los alcances reales de transformación, en tanto no logran desvelar la incapacidad que tuvieron las experiencias que se recogieron bajo la sombrilla del “progresismo” para construir un horizonte social anticapitalista y avanzar decidida-mente en una disputa hegemónica. La estrategia de conciliación de clases que operó en Argentina, Brasil y Uruguay es ilustrativa de esta cuestión.

Por otra parte, hablar del cierre del giro implica un desconocimiento de las ex-periencias sociales organizativas y de resistencias que no quedarían inmovilizadas bajo el nuevo escenario político-institucional. Estas caracterizaciones desmovilizan, niegan y pretenden desactivar procesos de lucha, de rebeldía, que caminan en un horizonte transformador y que constituyen ese extenso campo de resistencias sociales que no encuentran un punto final con lo que está aconteciendo en términos de los procesos electorales. Las luchas de los maestros mexicanos en contra de la reforma educativa, la movilización de las mujeres argentinas bajo el lema NI UNA MÁS, el movimiento de paz en Colombia, los conflictos territoriales en contra de la minería extractiva a lo largo de la región, el movimiento estudiantil en Brasil, los procesos comunitarios y de autogestión en Bolivia, la disputa del pueblo chileno en contra del sistema pensional, el proceso organizativo de las comunas bolivarianas en Venezuela, entre otras expresiones de resistencia, son ilustrativas de esta cuestión.

Este tercer numero del Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos recoge esta discusión en tres secciones. La primera, El significado de los proyectos políti-cos alternativos en Nuestra América, propone elementos generales de análisis para la caracterización de estos procesos. La segunda, ¿Hacia dónde va América Latina? Balances desde las experiencias políticas concretas, presenta estudios de realidad

nacionales concretas: Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, México y Colombia. Y, final-mente, la sección Neoliberalismos y América Latina en la geopolítica mundial expone algunas críticas al proyecto político-económico neoliberal y las amenazas que se tejen para la región con los recientes resultados electorales en los Estados Unidos. El anuario tiene una cuarta sección Tesis de posgrado: Maestría en estudios po-líticos latinoamericanos, en la cual se presentan los resultados de dos trabajos de investigación de estudiantes del programa.

Una vez más, esperamos que las que las contribuciones aquí propuestas contribu-yan en el camino de la consolidación del pensamiento latinoamericano y caribeño. Entendemos que recuperar el reconocimiento de Nuestra América como objeto de estudio y problema teórico y su constante reconstrucción en perspectiva político-histórica resulta una tarea fundamental para avanzar en la construcción y materiali-zación de una mejor organización social.

Las páginas de este Anuario quedan abiertas a la crítica y a las contribuciones de la comunidad académica e investigativa.

Carolina Jiménez Martín

Directora académicaMaestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS | 3

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EL SIGNIFICADO DE LOS PROYECTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS EN NUESTRA AMÉRICA

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Beatriz StolowiczProfesora- Investigadora del Departamento de Política y Cultura en el área problemas de América Latina de la Universidad Autónoma

Metropolitana- Unidad Xochimilco, en la ciudad de México.

Gobiernos progresistas. Una crisis más allá del “ciclo”.

El desconcierto que hay actualmente sobre el devenir político-electoral de los go-biernos de izquierda y centroizquierda es en buena medida resultado de la falta de seriedad que han tenido los análisis en estos años sobre esas experiencias.

Sobre todo los que han circulado internacionalmente, muchos de los cuales han sido piezas de propaganda. Porque cuando acudimos a los análisis internos en cada país, encontramos elementos de explicación que no permiten tantas sorpresas. Basta compa-rar lo que decían hace algunos años ciertos analistas de impacto internacional, con lo que dicen ahora: en el mejor de los casos, algunos hacen ahora algunas críticas, que no hicieron antes; otros dan argumentos que niegan sus propios dichos previos, sin siquiera admitir que cambiaron de parecer. A esto yo lo llamo oportunismo. También se obser-van simplificaciones en los que han mantenido congruencia en sus análisis.

Revertir esta gran confusión exige un trabajo de fondo, empezando por replantear el enfoque.

Cuando se habla del “ciclo”, se está haciendo referencia a la manifestación de un fenómeno comun, que es la pérdida de apoyo político y electoral a esos gobiernos. Este es el dato. Esto emerge en un mismo tiempo por el impacto de la crisis capitalista


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sobre el modelo neodesarrollista basado en las exportaciones del sector primario. Es este contexto económico comun el que da simultaneidad a la emergencia de fenó-menos críticos, a la agudización de contradicciones sociales y políticas. Pero no son iguales las crisis, no es igual la de Venezuela que la de Brasil, o las circunstancias de Uruguay y Argentina, o las de Bolivia y Ecuador.

Para entender esta situación político-electoral actual se necesita un análisis que integre adecuadamente la relación entre economía y política, entre economía y re-configuración de lo social, entre esta reconfiguración social y sus efectos político-ideológicos.

Cada proceso surge de historias sociopolíticas distintas, de sujetos y alianzas dis-tintas, de definiciones y proyectos distintos. Ahí habría una casuística particular. El riesgo es que puede quedar encerrada en sí misma si se piensa de manera autorrefe-rida, si no se piensan estos procesos en el marco de las estrategias dominantes del capital, para reproducir su poder económico y político en nuestra región. Porque estos gobiernos se instauran donde domina el capital y comanda la reproducción del sistema. Por la investigación que he hecho sobre el llamado posneoliberalismo1, la estrategia dominante aparece mimetizada como el “nuevo desarrollo inclusivo”. Los gobiernos denominados progresistas, sus intelectuales, no operan en el vacío. Desde mi punto de vista, las diferencias entre gobiernos, que hoy podemos observar, tienen mucho que ver con cuánto han influido sobre ellos las concepciones y componentes de la estrategia dominante. El mayor o menor grado de influencia se explica por el liderazgo político, pero también por el grado de independencia de las organizaciones sociales, el peso de estas organizaciones en las decisiones de los partidos, y el peso de los partidos en las decisiones de los gobiernos. En esto hay diferencias. Tomemos el caso de Uruguay, por ejemplo, en el que buena parte del gobierno adhiere a los principios de la estrategia posneoliberal, pero el peso de las organizaciones sociales, particularmente del movimiento sindical, es grande; lograron incidir sobre el Frente Amplio, y todavía éste tiene influencia sobre las decisiones de gobierno. Algunas deci-siones gubernamentales fueron revertidas. No es el caso de Brasil, donde la adhesión

1 Véase, por ejemplo, “El `posneoliberalismo´ para una reforzada hegemonía del capital”, Conferencia magistral presentada el 10 de septiembre de 2015 en el Seminario Internacional Marx Vive “Economías alternativas en nuestra América en medio de la crisis capitalista”, organizado en La Paz por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y el Colectivo Espacio Crítico de Colombia. Publicada en Revista Espacio Crítico núm. 23, Bogotá, segundo semestre de 2015.

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El significado de los proyectos políticos alternativos en Nuestra América

Beatriz Stolowicz, Gobiernos progresistas. Una crisis más allá del “ciclo”

a esa estrategia es hegemónica también en el PT, y progresivamente fue subordinando a las organizaciones sociales.

Al comienzo de este siglo las diferencias entre gobiernos eran muy pronunciadas, pero a partir de esta segunda década las líneas maestras de la estrategia del capital han ido ganando terreno en casi todos los procesos, y hay mayores convergencias entre los gobiernos. No obstante, en las diferencias de historias y de proyectos hay una expli-cación de por qué no han influido igual, o no han podido aplicarse de igual manera. Yo considero que de esas diferencias de historias en la constitución de actores y en sus capacidades actuales para actuar con independencia, para influir en los partidos y gobiernos, dependen en buena medida las posibilidades de remontar los problemas.

Si nos quedamos en la idea del “ciclo”, esta complejidad queda subsumida a los tiempos y resultados electorales de corto plazo, que puede ser de 4 a 6 años segun los casos. No nos permite pensar en los problemas que son más estructurantes, que corresponden a tiempos más largos que el ciclo electoral. Ni nos permite pensar hasta dónde estas experiencias pueden o podrían producir cambios más de fondo y más permanentes.

Porque si nos quedamos en los ciclos electorales exclusivamente, podría ocurrir lo de Chile, donde Michelle Bachelet perdió frente a Sebastián Piñera en 2010 y volvió a ganar en 2014, está de nuevo. Sin embargo, ese regreso no ha representado cambios en las líneas adoptadas por la Concertación desde hace 26 años. La brutalidad del ajuste de Macri podría facilitar el regreso de Cristina Fernández en 2019. Así como la brutalidad de Michel Temer podría facilitar un triunfo del PT en 2018. En Uruguay, donde el Frente Amplio en el gobierno ha perdido peso político en la sociedad, lo que ocurre en Argentina y Brasil puede operar como una vacuna, y que la gente vuelva a votar por el Frente Amplio “apanicada”, como decimos en México. En Argentina y Brasil podría haber fenómenos de alternancia, con todo el sufrimiento incluido, lo que es criminal; pero esto no nos dice si el regreso de las fuerzas políticas desplazadas hoy podría dar lugar a cambios verdaderos y perdurables. Por eso, la idea de movi-mientos pendulares no da cuenta de la realidad ni permite pensar en las tendencias en la región.

De partida, además, rechazo tajantemente las explicaciones de las crisis políticas por acciones conspirativas de ultima hora del imperialismo. Primero, porque el imperialis-mo nunca está de vacaciones. Segundo, porque el fortalecimiento de la derecha en va-rios países es fruto de la aplicación de la estrategia “posneoliberal” del “nuevo desarrollo


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inclusivo”. Donde se aplica se fortalece materialmente el capital, y por lo tanto también se fortalece políticamente. Además, donde se aplica, hay transformaciones sociales muy importantes, que también generan una masa disponible para la derecha.

Tenemos que estudiar la complejidad que incluye todo esto que he mencionado. Voy a subrayar algunos aspectos de esa complejidad, de manera indicativa. No dan respuestas a lo que está pendiente por estudiar, ni aportan prospectiva, sólo ilustran. Espero que dentro de unos pocos meses pueda estar publicado mi libro, donde anali-zo y documento extensamente toda esta historia de la estrategia “posneoliberal” para estabilizar la reestructuración capitalista y profundizarla, y cómo se ejecuta donde gobierna la izquierda.

Como decía, tenemos que contemplar diferencias entre los países, pero también cómo pese a esas diferencias aparecen similitudes. No se resuelve haciendo un cua-dro de doble entrada, porque en las diferencias hay similitudes, y en las similitudes hay diferencias.

Si nos referimos a la dimensión económica, todos son primario-exportadores y ex-tractivistas. En esto se han basado algunas críticas importantes a los gobiernos. Pero hay que decir, primero, que el llamado “nuevo desarrollo” no se limita al extractivis-mo. Incluso el extractivismo es diferente, pues son distintas las condiciones locales en términos de las riquezas naturales que busca apropiarse el capital. Y es distinto el peso específico de la gran burguesía en el bloque de poder, su fuerza expansiva, que en países como Brasil es una potencia transnacional de vocación imperialista. No basta con hablar de extractivismo, hay que caracterizarlo.

Todos los gobiernos han impulsado una modernización capitalista. No sólo en términos de modernización de infraestructura o de uso de tecnologías en la produc-ción y los servicios, sino en el aspecto clave de la modernización tal como se la ha pensado en el capitalismo, como la ha pensado Rostow en 1960: la “inclusión”masiva al mercado como individuos consumidores. Esta ampliación del consumo de los más pobres ha sido presentada como el indicador principal de las mejorías sociales, como el signo característico para calificar de progresistas a esos gobiernos.

La modernización capitalista representa cambios culturales fundamentales en los valores y prácticas sociales. Lo cierto es que, en los años 50 y 60, las teorías de la modernización en boga en América Latina –como la de Gino Germani– diferían de la conceptualización de Rostow. Planteaban la modernización como adopción de los patrones conductuales del capitalismo desarrollado, pero que se haría con la

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expansión de la disciplina del trabajo industrial y la expansión de la educación, así como en el desarrollo de la ciudadanía política demoliberal. Es decir, presuponían la ampliación de derechos sociales colectivos y sus correspondientes obligaciones. Son dos concepciones de modernización capitalista. ¿Cuál de esas concepciones predomi-na hoy? En esto hay diferencias.

Uruguay y Argentina son países de modernización muy temprana, con gran ex-pansión de derechos sociales colectivos. En Uruguay, las luchas y resistencias permi-tieron preservar o restaurar esos derechos, y, por lo tanto, la expansión del consumo individual de las banalidades que ofrece hoy el capitalismo se superpone a aquellas pautas culturales sobre la ciudadanía, que todavía resisten de alguna manera al emba-te del consumismo inducido. En Brasil, por el contrario, predomina la idea rostowia-na. En 2013, en una entrevista de Emir Sader y Pablo Gentili a Lula, éste dijo: “Ya no somos tratados como ciudadanía de segunda clase. Hoy tenemos el derecho de viajar en avión, de entrar en un shopping y comprar cosas que todo el mundo siempre quiso com-prar”. Así es como define la ciudadanía, con eje en el ciudadano como consumidor. Sus efectos conservadores son de gran magnitud.

En Venezuela, la revolución bolivariana buscó construir una concepción de ciuda-danía basada en derechos, que fue abriéndose paso en medio de la cultura consumista frívola de la clase media y la burguesía. Amplió el horizonte, no derrotó esa cultura; y, lamentablemente, el propio gobierno en los ultimos años la ha fortalecido.

En Bolivia, la modernización comienza recién con el gobierno de Evo, y tiene mu-cho camino para recorrer todavía. La idea de derechos ciudadanos se centró en la in-clusión étnica, en el acceso de los indígenas a la educación y la salud, a la ciudadanía política.Y esto es revolucionario en sí. Pero desde el gobierno se mide ese esfuerzo de inclusión étnica por el acceso al consumo de lo que hoy ofrece el capitalismo: compra de la ultima generación de celulares, acceso a restaurantes y centros comerciales, igual que en Brasil. Así ha sido presentado en los discursos de Evo y resaltado por infor-mes gubernamentales. El resultado cultural es complejo, con una nueva burguesía aymara exhibicionista que se constituye como grupo de referencia de la movilidad social. Una vez superada la marginación de lo indígena, lo que pasa a predominar es el acceso al consumo occidental, más allá de la retórica pachamámica. Resulta que en el censo poblacional de 2001 un 62 por ciento de la población se auto-reconocía como indígena, en tanto que en el de 2012 descendió a 41 por ciento. Este es todo


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un campo de reflexión de por qué la modernización capitalista puede generar efectos socioculturalesy políticos diferentes.

Otro asunto: está claro que la carta de presentación de los gobiernos de izquierda y centroizquierda han sido las políticas sociales para reducir la pobreza. En esto no podemos dejar de reconocer su impacto en una mejoría social. Mejoró en términos relativos a lo que había antes, y esto la gente lo vive como mejoría absoluta. No po-demos omitir esta diferenciación respecto a nuestros países (Colombia y México), gobernados por la derecha, donde estamos viviendo masacres sociales. Pero en este campo también hay que hacer precisiones.

Primero, sobre cuál es el peso de la extrema pobreza en cada país, pues esas políticas son mejor valoradas donde es mayor, y eso proporciona clientelas electorales, que no necesariamente son la base social organizada y politizada de un gobierno de izquierda.

En segundo lugar, hay que hacer precisiones sobre cuánto de las políticas sociales apuntan al ejercicio de derechos colectivos permanentes y cuánto son asistencialistas, condicionadas, definidas discrecionalmente por cada gobierno.

En tercer lugar, y muy importante, es necesario tener claro si las políticas socia-les reducen efectivamente la desigualdad social, si limitan la práctica desigualitaria del capital. Porque hay políticas sociales que reducen en una pequeña proporción la desigualdad de ingresos, pero amplían muchísimo la desigualdad de riqueza. Es de-cir, que la política social, el gasto publico, es un medio para aumentar las ganancias capitalistas. En Colombia no es necesario explicar esto, lo conocen muy bien. Saben muy bien en qué consiste el llamado “universalismo” de las políticas sociales, con transferencias de recursos publicos para la provisión privada de los llamados “ser-vicios” de salud, de educación, etcétera. Y saben muy bien cómo ha ido a fortalecer al capital financiero directamente. El asunto es que la combinación o proporción de unas y otras concepciones y políticas sociales es muy distinta entre países, no basta con comparar porcentajes.

En cuarto lugar, hay que tener claro quién financia al Estado, quiénes son los que pagan impuestos. Porque si se exonera al capital de pagar impuestos para que tenga “incentivos para invertir”, y al Estado lo financian los asalariados y los consumidores más pobres que no deducen IVA, entonces la mentada “distribución” es sólo de los menos pobres a los más pobres. En la mayoría de los países, la mayor recaudación fiscal viene del impuesto a los asalariados y por el IVA. En Uruguay, que es el país de mayor igualdad social y más amplios derechos sociales, la recaudación fiscal corres-

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ponde en 63 por ciento a impuestos al consumo, 17.7 por ciento de impuestos sobre la renta y 6 por ciento de impuestos a la propiedad. Este es un asunto fundamental. Es necesario distinguir entre políticas sociales que devuelven plusvalía a quienes la gene-ran, de aquellas que son mediaciones que terminan en el fortalecimiento del capital. Mediaciones que dan legitimidad a los gobiernos, pero que en el famoso esquema “ganar-ganar”, más hacen ganar al capital. Y esto tiene efectos políticos.

También se ha dicho, con razón, que bajo los gobiernos progresistas han mejorado los salarios, a diferencia de donde gobierna la derecha. Esto significa que el empresa-rio reduce la enajenación de plusvalía en la relación salarial directa, y es muy impor-tante. Pero no necesariamente esto ha significado un debilitamiento del gran capital. No sólo por la razón keynesiana del aumento de la demanda efectiva –que favorece sobre todo a los importadores y grandes comercios– sino, porque donde se aplican las políticas de la llamada Inclusión Financiera, la masa salarial incrementada pasa directamente al capital financiero antes de que llegue a manos de los trabajadores. Es el fondo de consumo de los trabajadores usado por el capital financiero como si fuera capital propio. Y esto se hace de manera coercitiva por leyes y decisiones guber-namentales, además de que el Estado financia esa enajenación temporal usando otra parte del fondo de consumo de los trabajadores. Y sin dejar de subrayar que la mayor proporción del crecimiento del consumo es vía crédito, que también da ganancias in-mensas al capital financiero. Además, con los fondos de pensiones, que son fondo de consumo diferido, se financia la llamada inversión productiva en infraestructura, en minería, en monocultivo agrícola con todo y transgénicos, y en muchos otros nego-cios de las grandes empresas. Hay diferencias entre los países, aunque estas políticas se están aplicando en la mayoría.Como se observa, lo social es un componente central de lo económico y de lo político.

Por otro lado, la modernización, como “inclusión al mercado”, no sólo contempla el consumo sino también la producción. El mundo campesino ha sido incorporado a las ganancias de las transnacionales en los llamados Negocios Inclusivos. Con el argumento de que se les asegura la compra de toda su producción y que se les da ase-soría técnica, se los induce a producir lo que quieren las transnacionales, transforman sus métodos de producción. Se les hace creer que son productores modernizados, cuando en realidad son jornaleros para las transnacionales, ponen la tierra, y corren con todos los riesgos. El Estado subsidia esos negocios. El mundo campesino-indíge-na del buen vivir está siendo subsumido a la lógica capitalista occidental, a la lógica


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de la rentabilidad capitalista, y esto transforma al sujeto social y político. Por cierto, Ecuador destaca en esto, también los hay en Bolivia, en Nicaragua, en Brasil. Y los Negocios Inclusivos encadenan con las grandes empresas también a la llamada eco-nomía social urbana (recolectores de reciclado, limpieza, etc.), que les abarata costos y les abre mercados, como en Argentina y Uruguay.

Todas estas nuevas formas de obtención de ganancias para el gran capital –muy novedosas, que se presentan como inclusión, que son impuestas y financiadas por el Estado– vienen acompañadas de formas organizativas ad hoc, de tipo comunitario o cooperativo, que son organizadas por las grandes empresas y con el concurso de asociaciones civiles, en lo que entran profesionales de clase media. Esto está transfor-mando a la comunidad allí donde existe.

En la organización popular, los gobiernos progresistas apoyan a los sindicatos y la negociación colectiva, esto es muy positivo. Pero se reclama que los sindicatos sean “responsables”, que velen por la productividad, que ajusten sus demandas salariales a la inflación, a las coyunturas del comercio exterior, etcétera. Los que se ajustan a esta lógica tienen el apoyo del gobierno y hasta miembros de esas centrales sindicales son incorporados a los equipos gubernamentales. Cuando los sindicatos no aceptan esta domesticación, los conflictos laborales dejan de ser vistos como un enfrentamiento de los trabajadores con el capital, sino como un enfrentamiento contra el gobierno; no sólo los conflictos laborales en el sector publico, también en el privado.

Así lo piensan los gobiernos, porque como promotores del “nuevo desarrollo inclusivo” asumen el papel de garantes de la buena marcha de los negocios capi-talistas. Les dan seguridad jurídica hasta por medio siglo con leyes de asociación publico-privadas, les financian los negocios, les garantizan estabilidad política. En eso han fincado su propia estabilidad como gobierno, en neutralizar la oposición de los empresarios y de sus representantes políticos, es decir, la derecha. Un ejemplo: en diciembre de 2014, Álvaro García Linera decía en una entrevista de La Jornada, en México, lo siguiente: “En las elecciones pasadas ya no se discutió con la oposición qué proyecto de país elegir, sino quién puede realizar mejor nuestro proyecto de país. Por eso ganamos por primera vez en Santa Cruz, la región más pujante, más conservado-ra. Se rompió la polaridad que tensionaba la vida política del país”. ¿Quién convenció a quién del proyecto de país? Y eso que en Bolivia, debo decir, el modelo económico se parece más al viejo desarrollismo, con un intento de industrialización de algunas materias primas, aunque, claro está, se hace con capital extranjero. En Bolivia se han

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puesto restricciones al gran capital, por eso tiene más estabilidad económica, pero el capital tiene allí condiciones óptimas para ganar, y mucho. Desde 2013 hay políticas de “inclusión financiera”, de “educación financiera”, y el que más ha ganado ha sido, precisamente, el capital financiero.

De modo que no puede haber análisis político riguroso sin contemplar todos estos mecanismos económicos que, a nombre de la inclusión social, fortalecen al capital. Y otros más. Porque están produciendo cambios sociales, en las prácticas, de carácter ideológico, que se expresan en los comportamientos políticos de vastos sectores po-pulares. Apoyarán a quienes les garanticen su aspiración de movilidad en el mercado, no por definiciones políticas. Por eso la derecha siempre hace campaña diciendo que mantendrá las políticas de inclusión de los gobiernos de izquierda y que hasta las mejorará. Jamás reniega de ellas, sobre todo de las que le dan ganancias.

Todo esto nos lleva al tema central del Estado. En todos los países son Estados capitalistas. Garantizan la propiedad capitalista que permite enajenar el plusvalor del plustrabajo, y garantizan jurídicamente la relación asalariada misma. Hay que estudiar en cada país en qué medida ese Estado capitalista representa también los intereses de los no-propietarios con una autonomía relativa respecto de la clase que tiene el poder económico. Cuando se miran las políticas sociales se da por hecho que ese es ya otro Estado, que no representa los intereses exclusivos del capital, sino los intereses populares. Como decía, hay que estudiar muy bien en qué consisten esas políticas sociales, porque pueden ser mediaciones que fortalezcan el interés del capi-tal. Hay que estudiar qué tanto el Estado transfiere riqueza social comun y fondo de consumo de los trabajadores a las ganancias del capital. No basta con atender a quién es el personal que ocupa el aparato del Estado, que puede ser reclutado incluso entre trabajadores o indígenas. Es la orientación del Estado lo más importante.

Porque, por razones políticas, el gran capital puede considerar hasta conveniente que temporalmente el aparato estatal no esté ocupado directamente por los miembros de su clase, si esto da legitimidad a estas formas de obtención de inmensas ganancias y con suficiente estabilidad social, política y jurídica.

Si esto no se cumple, entonces ese otro personal del aparato del Estado debe ser expulsado y eliminadas las mediaciones. Y este es el cuadro que muestra la crisis bra-sileña. El caso de Brasil es paradigmático. Es el país que más tempranamente y más ampliamente ha puesto en práctica los lineamientos de la estrategia del gran capital del llamado nuevo desarrollo posneoliberal. El gobierno no lo hizo por estar obligado


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por circunstancias coyunturales, porque lo ha hecho mediante el uso intenso del de-recho para que esas acciones perduraran en el tiempo. Lo hizo, además, poniendo en cargos estratégicos del gobierno a representantes del gran capital. Ha sido el gobierno el que financió con fondos de pensiones publicos buena parte de las inversiones trans-nacionales de las grandes empresas brasileñasa las que les abrió mercados usando sus vínculos políticos regionales y también en África. Sus políticas sociales fortalecieron al capital y a los sectores de mayores ingresos y cumplieron con el sueño de Lula de ser ciudadanía por el consumo. Fue desde Brasil que se hizo la operación propagan-dística de la “nueva clase media”, que es bastante escandalosa. Ha sido el gobierno el que fortaleció al gran capital y a la derecha, el que despolitizó a su base clientelar que ha sido usada como masa operativa por la derecha, el que controló a las organizacio-nes sociales haciéndoles perder independencia y perder capacidad de convocatoria de movilización de masas. No debe sorprender que esas bases clientelares, que no son su base social ni política, no se hayan movilizado para frenar el proceso destituyente de Dilma, claramente golpista.

Mientras las ganancias fluían a los exportadores, a las grandes constructoras, a los importadores, al gran comercio, a la banca e incluso a las grandes industrias locales que sobreviven, todos elogiaban el liderazgo de Lula y su política internacional que les abría mercados. Las asociaciones publico-privadas para infraestructura, promovi-das por Dilma con ganancias garantizadas por el Estado, eran el “kit de la felicidad” segun dijo en 2015 Eike Batista, el empresario más rico de Brasil. Cuando las ganan-cias dejan de fluir en los montos a los que estaban acostumbrados, deciden sacarlos del gobierno y hacer el escarnio publico de Lula para bloquear su candidatura en 2018. Porque ese gobierno, pese a todo, es permeable a ciertas presiones sociales. Por-que decidió hacer un ajuste más gradual y quieren que sea de shock. Y, por cierto, esa poderosísima derecha no necesita que la instruyan desde afuera: da cátedra.

Claro, si sólo se toma en cuenta la retórica y la propaganda, sin tener los elementos de estudio de fondo, las conclusiones serían distintas, como las que hoy circulan. Aun si el PT volviera a ganar las elecciones en 2018, a menos que se transforme a fondo no produciría un cambio profundo y perdurable. Por eso yo estoy muy enojada, porque dilapidaron inmensas energías sociales de las luchas desde los años setenta, debilitaron las importantes organizaciones sociales, convirtieron al PT en la farsa de su historia fundacional. Y porque todo esto significará más sufrimiento para mucha gente. Estoy enojada porque ha sido el gran capital brasileño el que hizo languidecer

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los esfuerzos de integración regional más autónoma de los intereses transnacionales, como el ALBA o el Banco del Sur. Habría sido la posibilidad de preservar más a los gobiernos de esas influencias y presiones en la crisis, habría dado más aire para que pesaran más las posturas más críticas y verdaderamente antiimperialistas. Pero esto no empezó ahora con la Operación Lava Jato. Las concepciones que dominan en el PT se gestaron en los noventa, cuando definieron el “estilo petista de gobernar”. Lle-vamos muchos años discutiendo esto. Los invito a releer el libro azul que publicamos aquí en 2007, en Ediciones Aurora (Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político) planteando los problemas no sólo de Brasil.

Insisto, pues, en que no hay análisis político serio si sólo nos quedamos con la noción del “ciclo”, y que tampoco lo hay sin integrar las multiples dimensiones que configuran a las fuerzas, su potencia, sus relaciones.

Muchas gracias.

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Modesto GuerreroVenezolano, periodista y escritor. Diputado nacional, 1983. Premio Nacional de

Literatura Mención Crónica 2012 por Reportaje con la Muerte. Director de adn.info

Determinaciones del avance y retroceso de los gobiernos progresistas en América Latina

Los gobiernos progresistas, de centroizquierda, populistas o de carácter “nacional y popular” son parte de las variadas experiencias o aproximaciones que los despo-seídos se dan a sí mismos para buscar una salida, a veces desesperada y sin des-

tino, del despojo social en que son convertidos por el insoportable sistema del capital.Sus formas institucionales, orígenes y expresiones de liderazgo pueden variar; lo

que no cambia es esa matriz histórica de la que surgen todos: síntomas de la descom-posición de la civilización burguesa en su fase imperialista, tan globalizada como depredadora. Depredación de la vida de los oprimidos que ya no se limita a los asa-lariados más pobres, sino que también alcanza a capas enteras de las “clases medias”,

“La fe ciega de estos políticos en el progreso, la confianza en su ‘base de masas’ y, por último, su servil inserción en un aparato incontrolable no han sido más que tres aspectos de la misma cosa”.

Walter Benjamin, Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes.

“El arte de vencer se aprende en las derrotas”

Simón Bolívar


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hundidas bajo el mismo peso de la ultrajante concentración de la riqueza producida por los que trabajan.

Esa depredación de clase no se limita a la explotación del trabajo humano, la exacción de plusvalía y la reducción del consumo. Su naturaleza insaciable e ilimitada comenzó a romper desde hace décadas las propias bases naturales de la sobrevivencia humana, alterando todos los equilibrios y estructuras internas y externas al planeta, de los que depende la sobrevivencia de la especie. Ese fue uno de los orígenes del “po-pulismo” boliviano, con las rebeliones del Agua y el Gas, representado desde el año 2002 por Evo Morales y el MAS.

Con sus formas y tradiciones locales, esos fueron el zapatismo en México, la in-surgencia de los pueblos de la CONAIE en Ecuador, la rebelión violenta de los barrios pobres durante el Caracazo y la conformación del chavismo como movimiento políti-co, o la de los piqueteros y caceroleros organizados en asambleas barriales que quebró al sistema político argentino y condujo, casi dos años más tarde, al kirchnerismo.

Los tiempos de la conciencia política casi nunca no coinciden con los tiempos de la necesidad material. Esta contradicción dramática no tiene solución sobre la paciencia resignada de los oprimidos, como pretende la burguesía y suponen algunos gobernantes progresistas, proponiendo ilusorias “economías basada en el consumo y derrame”. La norma histórica es que los oprimidos se rebelen y adopten como direc-ción política y programa lo que encuentran en el camino de su rebelión.

El hilo histórico suele romperse, pero existe. Los gobiernos progresistas repre-sentan uno de sus nudos temporales. Esa es la historia que hemos presenciado desde la Revolución Mexicana de 1910, continuada a partir de 1999 como “nuevo ciclo populista”, segun la incorrecta expresión periodística. Se trata de la emergencia de expresiones políticas que resuelven aspectos urgentes de la necesidad material y de los derechos democráticos, sin superar el estado de miseria y explotación y menos la conciencia política, dejando intactas las raíces que siempre conducirán a nuevos estados de miseria y rebeliones.

Brasil y Argentina demuestran que de muy poco les sirven a los explotados y opri-midos los avances sociales y derechos ganados con los gobiernos progresistas. Al ser desplazados por el voto (Argentina) o por alguna forma de golpe institucional (Brasil, antes fue Paraguay), los renovados gobiernos neoliberales desmontan con curiosa fa-cilidad los avances y reformas alcanzados durante los gobiernos progresistas.

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Modesto Guerrero, Determinaciones del avance y retroceso de los gobiernos progresistas

Para completar una tarea emancipadora se requieren gobiernos con programas ra-dicales en correspondencia con la cerrada radicalidad de los programas neoliberales.

Este estudio sobre los resultados de las experiencias gubernamentales progresistas de América Latina, que algunos autores definen como “fin de ciclo”, no se basa en que consideremos a esa experiencia política como la opción que permite la emanci-pación nacional y la superación del modo social basado en la dominación de clases para solucionar los problemas sociales y evitar los desastres humanos del capitalismo.

Las entendemos como experiencias progresivas de los pueblos trabajadores, en algu-nos casos heroicas experiencias sociales, como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que buscan una salida desesperada a sus terribles situaciones de miseria, opresión y explota-ción y para ello acuden a lo que encuentran en el camino de sus existencias y luchas. No siempre encuentran la mejor opción. Pero nadie escoge el terreno de la lucha.

Este trabajo está basado en el análisis de las propias políticas publicas de esos gobiernos pero sin separarlos de la dinámica de sus procesos sociales, sin separarlos de las condiciones internacionales que impone el sistema imperialista, que son las determinaciones básicas de las conductas de los gobiernos y dirigentes progresistas.

No los sometemos a pruebas que no correspondan a sus propios propósitos y per-files de gobierno. Hemos evaluado los resultados sobre la base de lo que han hecho o dejado de hacer dentro de sus propios programas, en el tiempo en que gobernaron, como en Argentina (12 años), o el transcurso de lo que desarrollan en su actual decli-nación en Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

¿Fin de ciclo o proceso de derrota?

Partimos de la tesis de que no estamos ante una derrota general o un “ciclo ce-rrado”, como prefieren los amantes del mecanicismo y las determinaciones econo-micistas. Hasta ahora se limitan a derrotas de tipo electoral en un país, Argentina, el retroceso parcial del voto favorable al chavismo en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, mientras que en Brasil se observa la complejidad de un desastre político del tamaño de su geografía continental.

Pero en ambas experiencias de derrota, Argentina y Brasil, la resistencia social a los nuevos gobiernos supera a la capacidad de éstos para estabilizar sus nuevos regí-menes políticos. En Argentina, las luchas sindicales suman más de 80 paros entre


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enero y septiembre de 2016, tres movilizaciones nacionales, una Marcha Federal, variadas acciones de movimientos sociales con impactos mediáticos en la opinión publica internacional, como el Frutazo, el Verdurazo y las “100 Ollas Populares” de alimentación para humildes, que han ocupado en dos ocasiones los espacios de la lujosa capital de Argentina. Se organizaron dos marchas masivas de carácter demo-crático a la Plaza de Mayo, una contra el despido de un periodista popular; la otra ocurrió el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la cual registró una asistencia cuatro veces mayor y combinó, por primera vez desde 1983, dos contenidos sociales diferen-tes: repudiar en la misma acción la ultima dictadura militar y las brutales medidas económicas de Macri.

Un fenómeno similar de resistencia popular hemos presenciado en Brasil, desde que fue depuesta la presidenta Dilma Rousseff. Basta citar del diario adnagencia.info la información de que en las más de 48 horas que pasaron desde el jueves 29 de septiembre hasta el sábado 1.º de octubre, ocurrieron en ese país un poco más de 50 acciones rebeldes de calle (“BRASIL: más de 50 ACCIONES contra Temer en sólo dos días”, http://adnagencia.info/latinoamerica/item/7907-brasil-más-de-50-acciones-contra-temer-en-s%C3%B3)

La realidad ha resultado más compleja y dinámica que afirmar con el deseo que se ha cerrado el ciclo de los gobiernos progresistas, o lo contrario, que las derrotas conoci-das hasta ahora son apenas “pequeñas caídas”, tropezones o apenas “batallas perdidas”.

La suma de derrotas todavía es menor a la suma de gobiernos progresistas en pie, y sólo en dos casos, Argentina y Brasil, se trata de derrotas completas a escala del poder político nacional.

Pero la política y la lucha de clases no se definen por la suma y resta de avances y retrocesos parciales, sino por su dinámica de conjunto sobre las determinaciones que las condicionan. Aquí nace el estado de riesgo para los gobiernos progresistas y los procesos sociales que contienen o representan.

Algunos intelectuales de la derecha internacional, con cierta sensatez intelectual, se han atrevido a alertar sobre el peligro de entusiasmarse con un exceso de triunfalis-mo, sobre avances tan modestos. El catedrático conservador Carlos Malamud, una de las espadas intelectuales de la derecha antiprogresista, acepta, con cierta resignación, que “Ciertamente que en los tres casos hubo derrotas, pero éstas no implican el fin del “populismo” en América Latina y menos el del populismo bolivariano. Comen-zando por lo obvio, sólo en Argentina se produjo un cambio de gobierno. Mientras

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las elecciones venezolanas fueron legislativas, el referéndum boliviano fue una con-sulta para reformar la Constitución”, http://adnagencia.info/latinoamerica/item/5339-la-derecha-piensa-que-el-populismo-sigue-fuerte-en-am%C3%A9rica-latina.html.

Un análisis riguroso del retroceso nos impone estudiar el conjunto de los factores en curso, pero en su dinámica, no como una suma estadística de casos o de cosas, y dentro de ese conjunto identificar cuál es el factor o elemento que sintetiza al resto y cuál es la combinación que puede facilitar al progresismo mantenerse, reconstituirse y volver a avanzar por sobre las derrotas “tácticas”, o lo contrario: seguir retrocedien-do hasta su derrota completa.

En este punto es clave lo que hagan y dejen de hacer los gobiernos y los movimien-tos, allí donde quedan movimientos sociales activos que no hayan sido esclerotizados por el clientelismo estatal. Pero la prueba no será lo que prometan hacer tras alguna derrota parcial, sino la capacidad que tengan para comprender que no existe otra for-ma de salvar el proceso en su conjunto y evitar una derrota final, que no sea llevarlo hasta el final, completando las tareas económicas, sociales y político-culturales que se dejaron en el camino o fueron pervertidas por la burocratización concentrada del poder, las alianzas de clase equivocadas y la corrupción clientelar.

Avanzar o retroceder

“Profundizar el modelo”, proclamaron desde el gobierno de Cristina de Kirchner algunos de sus dirigentes, en 2010, cuando fueron duramente derrotados en las par-lamentarias. Nicolás Maduro gritó: “La revolución bolivariana se repotencia en sus caídas, ahora vamos por más revolución”, cuando se enteró de la sostenida derrota parlamentaria de diciembre de 2015. Algo similar ha proclamado Evo Morales desde el 25 de febrero cuando salió mal parado del Referéndum que perdió por poco.

En los dos primeros casos, la promesa de profundizar y repotenciar se quedó en proclamas y discursos, y el resultado, muy poco tiempo después, fue simple y previ-sible: nuevas derrotas.

En Bolivia hay que esperar y evaluar lo que hagan Evo Morales y el MAS, para verificar si repiten las conductas de Buenos Aires y Caracas o se apartan de ellas y completan el proceso de cambios y empoderamiento popular iniciado en 2005. No hay señales de ello a los dos meses de la derrota de febrero, pero lo aconsejable en todo


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proceso vivo es esperar la dinámica de los acontecimientos, las presiones externas, las contradicciones en el partido gobernante y la presión de los de abajo, una confluencia de factores que no ha dicho todo lo que puede en ninguno de los casos.

Los gobiernos progresistas se entusiasmaron con tantas victorias electorales jun-tas en tan poco tiempo, algo inédito en la historia electoral del hemisferio, que se habituaron a confiar en victorias sin peligro. De esa manera se acostumbraron y adaptaron al poder por el poder mismo en su lógica e instrumentos y terminaron mimetizándose con ambas cosas, convirtiéndose en víctimas propiciatorias de sus propias debilidades y derrotas.

Este fenómeno ha sido tratado por diversos autores del siglo XX, un tratamiento iniciado en 1928 bajo un título por demás sugestivo: Los peligros profesionales del poder. El autor fue uno de los más brillantes dirigentes de la Revolución Rusa, Chris-tian Rakovski, preso en una mazmorra del régimen de Stalin, donde escribió aquel pequeño texto precursor. Antes de él, Rosa Luxemburgo, el propio Lenin y León Trotsky habían hecho aportes parciales al tema, pero fue Rakovski quien llegó más lejos en el concepto, como lo aceptó su amigo, Trotsky, ya expulsado en Turquía. Rakovski escribe:

Y no me refiero aquí a las dificultades objetivas, inherentes al conjunto de condiciones históricas, al cerco capitalista en el exterior ni a la presión pequeño-burguesa en el interior del país. No, se trata de las dificultades inherentes a toda nueva clase dirigente, que son consecuencia de la toma y del ejercicio del propio poder, de la capacidad o de la incapacidad de servirse del mismo.

Estas dificultades podrían ser denominadas los “peligros profesionales” del poder. En realidad, la situación de una clase que lucha por la toma del poder y la de una clase que tiene ya el poder en sus manos, son diferentes. Repito que cuando hablo de riesgos, no estoy pensando en las relaciones con las demás clases, sino más bien en los que tienen su origen en las propias filas de la clase victoriosa. (http://inter-rev.foroactivo.com/t4628-chris-tian-rakovsky-los-peligros-profesionales-del-poder-1928)

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Al mismo tiempo que los gobiernos progresistas quedaron atrapados de los Peli-gros profesionales del poder, tampoco tuvieron una visión sistémica y científica del me-canismo capitalista de los precios en el mercado mundial. Olvidaron la condición de países oprimidos frente a monopolios marcadores y controladores de la tecnología y la productividad global, dando por permanente lo que es, por su naturaleza, transitorio y pasajero. Creyeron que el gracioso incremento de precios en las materias primas y los altos superávits primarios acumulados por sus gobiernos serían estables.

Esa idealización frente al espejo de un sistema de precios que no manejaban, los indujo a una suma de errores políticos, basados en una concepción equivocada de la política, el poder, la sociedad y el mundo. Creyeron que podían engañar al sistema mundial de poder construido en trecientos años por el sistema del capital y, lo peor, supusieron que eran capaces de esquivar la lógica de clases de la sociedad capitalista y sus multiples expresiones de disputa. En vez de aprovechar el buen momento (de precios y superávits comerciales) para construir plataformas de emancipación inte-grados, escogieron el camino más fácil y terminaron con los finales más difíciles. Así se abrieron los proceso de derrotas que eran evitables. Pensaron que podían evadir la férrea lógica del capital con algunos cambios, mayores o menores, pero no eman-cipatorios, o sea no revolucionarios en sus Estados y sus economías, en la conciencia social de los más oprimidos y sectores de clase media. Olvidaron que el sistema del capital tiene raíces y actua a largo plazo en forma sistémica sobre los oprimidos, los explotados y las naciones.

Si el cambio social, como el comenzado por los gobiernos progresistas desde 1999, no es capaz de profundizar sus reformas iniciales con un desarraigamiento de los mecanismos del capital en los centros medulares de la economía, el sistema poder y lo que tiene la gente trabajadora en su cabeza como acumulación de creencias, muy poco podrán hacer esos gobiernos contra un sistema que no juega al gato y al ratón cuando tiene el mando de una nación.

En el abordaje de la declinación de los gobiernos llamados progresistas se pueden verificar dos tipo de causas, unas de carácter exógeno, otras, endógeno. La combina-ción de ambas ha resultado fatal para un proceso regional de autonomización vivido en varios países.

Nunca en 200 años de historia republicana de nuestro continente, se combina-ron tantos factores favorables para la emancipación nacional y social. Cuando Esta-dos Unidos aun seguía atrapado entre su déficit energético estructural, los estertores


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dejados por la crisis financiera mundial de 2008 y el avance de China en el poder global, o sea, alrededor del año 2010, en América Latina coincidían nueve gobiernos progresistas, incluyendo a Cuba, aunque el Estado y la sociedad cubana superan lo que se define como “progresista”. En medio siglo, Cuba sólo había podido mantener relaciones temporales y limitadas con distintos gobiernos nacionalistas o progresistas.

Ese nuevo arco geopolítico regional de nueve países gobernados por gente que se reclamaba de izquierda, era la primera condición. Aunque no todos sean o hayan sido izquierdistas del mismo tipo ni con proyectos similares.

Gobiernos progresistas aparecieron en forma recurrente en nuestra historia de despojos, por lo menos desde la Revolución Mexicana de 1910. Pero nunca habían coincidido tantos en el mismo espacio/tiempo histórico.

La novedad histórica de los nuevos gobiernos progresistas radica en que fueron bastantes al mismo tiempo. En orden de aparición cronológica nos referimos a Vene-zuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Cuba, aislada a partir 1959, se integró a este proceso latinoamericano de nuevos gobiernos de izquierda. Siendo más que un gobierno “progresista”, pasó a ser una parte dinámica desde el ALBA, Petrocaribe, la CELAC y, sobre todo, en su estrecha relación con Venezuela, que alentó ilusiones unionistas en la izquierda y serios temo-res del Departamento de Estado.

La segunda condición exógena fue la crisis mundial del sistema financiero inicia-da en diciembre de 2008, con centro en Estados Unidos y Europa, conjugada con un avance inédito de la potencia global de China en las economías de nuestro continen-te. 10 años después, China es el inversor más dinámico y creciente en casi la mitad de los países latinoamericanos. En 2016 cumple un rol decisivo para la sobrevivencia de la economía venezolana.

La condición económica externa más favorable en términos de capacidad de ac-ción estatal fueron los casi siete años de altos precios internacionales en las materias primas, lo que permitió otra novedad convertida en una condición favorable para desarrollar procesos de integración subregional que ayudaran a independizar zonas enteras del continente. Se trató de los superávits positivos en material fiscal, de co-mercio externo y presupuestario. Jamás nuestras economías tuvieron superávits en esas tres áreas en el mismo tiempo/espacio.

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Habría que agregarle a esta relación el dolor de cabeza geopolítico que le produje-ron al imperialismo las “revoluciones árabes”, que, aunque hayan sido todas devueltas y derrotadas, asaltaron el sueño del Departamento de Estado y las cancillerías de Francia, Gran Bretaña y Alemania.

Esa combinación de factores positivos generó una relación de fuerzas de los países progresistas con Estados Unidos y Europa, que fue creciendo a favor de procesos libe-radores o de emancipación. Pero una relación de fuerzas por muy favorable que sea, no basta por si sola para alcanzar los objetivos emancipatorios de los pueblos oprimidos. Ella sólo constituye la primera condición, el resto lo deciden los programas, proyec-tos, tipos de gobierno y regímenes, las alianzas de clase para ello, el cambio en la cultura política instalada en la cabeza de las clases trabajadoras y la capacidad política de las direcciones de los procesos.

Los gobiernos progresistas cometieron dos errores de estrategia, cuya causa está en la concepción predominante en sus principales dirigentes. El primero es haber apos-tado a un tiempo largo de precios altos en las materias primas, olvidando una lección de la historia del sistema del capital. Desde el siglo XVIII, cada vez que la economía internacional se alteró por sus propios desequilibrios y contradicciones y produjo alza temporales en los precios relativos de las materias primas, afectando la tasa comercial de las potencias, los capitalistas se las arreglaron para bajarlos mediante un manual de maniobras que incluyeron guerras, chantajes, extorsiones comerciales, bloqueos, amenazas, acuerdos secretos con algun sector contra otros, o con gobiernos contra los comerciantes.

Eso fue visibilizado por Marx y otros investigadores de la economía mundial. El historiador económico francés Maurice Niveau relata en su obra Historia de los hechos económicos contemporáneos este aspecto oculto de la vida de las naciones. En el capítulo primero del libro, el autor dedica 40 páginas a historiar los ciclos largos de alza y de baja de los precios en relación con la producción internacional, registrando el uso que hicieron Inglaterra, Estados Unidos, Francia y, luego, Alemania de los re-cursos del mismo ciclo, todos basados en la desigualdad estructural de las economías nacionales, para convertir en beneficio los “buenos” y los “malos” momentos de la economía mundial. (Niveau, Maurice, Historia de los hechos económicos contemporá-neos, Capítulo Primero, pp. 126 a 142, editado por Ariel Económica, pp. 129 a 142, Barcelona 1983).


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En el mismo sentido, el historiador, sociólogo y economista colombiano Renán Vega Cantor aporta datos fundamentales de este mecanismo de exacción en su libro Capitalismo y Despojo, dedicado a relatar y analizar orgánicamente los diversos me-canismos utilizados por los dueños del capital en los ultimos cuatro siglos para apro-vechar su condición de dominantes y trasladar los costos siempre a los asalariados, sobre todo cuando el colonialismo, primero, y el imperialismo que le continuó, es-tructuraron el mundo del siglo XX entre países oprimidos y metrópolis dominantes.

La llegada masiva y repentina de oro y plata a Europa generó un proceso inflacionario que elevó los precios de los productos básicos y deprimió los salarios, o más precisamente, los precios crecieron mucho más que los sa-larios. Esto fue un resultado del abaratamiento del costo de los metales, como consecuencia de la explotación intensiva y gratuita de los indígenas y africanos en las minas de América. En este sentido, la revolución de los precios en Europa también estaba relacionada con el pillaje, porque la «la intensidad de la acumulación monetaria en Europa, condición para la instalación del capitalismo, dependió del grado de explotación del trabaja-dor americano» (Cantor, Renán Vega, Capitalismo y Despojo. Perspec-tiva histórica sobre la expropiación de los bienes y saberes. Impresol Ediciones/Periferia, p. 29, Bogotá 2013.)

El segundo error fue (y sigue siendo) limitar sus proyectos nacionales al desarrollo de una economía primaria, multiplicada o no, pero basada en productos primarios, y como advierte el investigador Claudio Katz en su trabajo Desenlaces del ciclo pro-gresista, un escrito sistémico sobre el tema, “El resultado ha sido un aumento de la primarización sudamericana” (Katz, C., CONICET, Buenos Aires 2016).

La privilegiada relación con una potencia global como China no supo aprovechar-se al servicio de una estrategia regional de desarrollo. Sin embargo, América Latina estaba (y sigue estando) mejor preparada que las sociedades africanas para aprovechar esa posibilidad.

¿Fue aprovechada esa relación de fuerzas general favorable e inédita para modificar las relaciones de nuestras economías en la división internacional

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del trabajo, por un lado, y para insertar a nuestros países de una manera segura en el sistema mundial de Estados?

La respuesta es no. Aunque la respuesta no debe descuidar una compleja relación donde se pueden verificar algunos avances y novedades en la dirección de un objetivo emancipatorio, el resultado de conjunto es negativo, escaso y deficiente cuando lo comparamos con las posibilidades que brindaban las buenas relaciones de fuerza.

El tipo de sistema político y el modelo de economías anclado en la producción y la exportación de productos primarios, condicionó, inevitablemente, a políticas en-dógenas tan regresivas como las exógenas.

El primer efecto de esa combinación peligrosa fue la multiplicación o concentra-ción de nuevas burocracias administrativas en las instituciones, generando un tipo de Estado, o aparatos de poder, basado en el derroche social de bienes y recursos.

El caso más grave es el de Venezuela. En menos de una década triplicó su aparato administrativo y administró, segun el propio gobierno, un ingreso mayor a los 800 mil millones de dólares. En 1999 el gobierno de Chávez comenzó la administración del Estado con unos 800.000 empleados publicos, los cuales sumaban siete años más tarde 2 millones 200 mil, sobre un crecimiento de sólo tres millones de habitantes y la misma estructura en la economía. Sólo el desarrollo exponencial en los servicios de salud, educación y arte en los barrios, justifican una parte de ese casi millón de nue-vos funcionarios. (Guerrero, Modesto Emilio, 12 dilemas de la revolución bolivariana. El Perro y la Rana, Caracas 2009).

Una parte de esa masa de funcionarios incorporada al aparado de Estado fue ne-cesaria para realizar las políticas publicas de inclusión, contención y desarrollo social nuevo, las conocidas Misiones (más de 20 en 2012), que tuvieron un rol decisivo para modificar el desastre social acumulado. Sin embargo, cuando las Misiones redujeron sus actividades y algunas fueron desactivas desde 2011 en adelante por la reducción del presupuesto, el total de empleados publicos se mantuvo intacto, develando que el argumento, segun el cual la cantidad de funcionarios correspondía a la transforma-ción, no era cierto.

Pero lo más importante, en términos de emancipación y cambio revolucionario, es que se optó por fortalecer el aparato administrativo del Estado en vez de potenciar la capacidad política de gestión de los movimientos sociales, dejando en sus cuadros el


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control de una parte de la cosa publica, como recomendó Itzvan Mészáros al gobier-no en sus escritos y conversaciones.

Hacer eso implicaba modificar el concepto dominante de una burocracia política concentrada y clientelizada por el opuesto, esto es, el de transformar a los trabajado-res en sujetos de su propio Estado. La otra fuente de derroche social es la corrupción convertida en mecanismo sistémico funcional de la administración, una de las formas perversas de acumulación originaria de capital, junto con el saqueo, la explotación, la evasión impositiva en “paraísos fiscales” y el despojo de bienes y saberes.

Brasil aporta un caso ilustrativo de relación directa entre modelo económico aplicado, socio estratégico elegido para gobernar (sujeto social histórico) y efecto en clientelismo y corruptela dentro del gobierno.

El escándalo de la detención de Lula Da Silva para llevarlo amarrado a una comi-saría a declarar, significa una persecución política, facilitado por el colapso institucio-nal del gobierno de Dilma Rousseff. Esa vejación despreciable no impide comprender que debajo de ese abuso policial contra el líder del PT bulle un sistema de corrupción entre empresarios, por un lado, y políticos progresistas, por el otro.

En Brasil, ese derroche no se cuantificó en un crecimiento exponencial del trabajo de la burocracia porque fue disimulado mediante la tercerización laboral, una de las formas privilegiadas de reducir el salario frente al capital durante los gobiernos de Lula y Dilma. Casi en un 40% aumentaron los recursos por parte del gobierno para contratar al personal mediante honorarios (destruyendo el salario y la organización sindical) en el sector publico. Más aun, el proyecto de presupuesto para el año 2016 plantea que los recursos destinados a contratar personal por honorarios aumentan en 39,1% en comparación con 2015. Esto es casi nueve veces el incremento total del gasto publico, de 4,4% respecto de este año. Con esto, el gasto autorizado máximo en honorarios superará por primera vez los $300.000 millones. Los mayores incremen-tos porcentuales en trabajadores contratados por honorarios entre 2013 y 2016 esta-rán en los ministerios de Defensa (407%), Segpres (188%) y Energía (82%). (http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/10/12/754014/Gobierno-aumenta-casi-40-los-recursos-para-contratar-personal-a-honorarios-en-2016.html))

El investigador brasileño Ricardo Antunes registra semejante perversión de esta manera: “Un ejemplo de nuestros días es la crisis de Petrobras, cuya corrupción no fue creada por los trabajadores, sino que deriva de una simbiosis nefasta entre el gran empresariado y algunos sectores de la alta burocracia estatal que aceptaron ser

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corrompidos. O sea, los trabajadores están fuera de eso, sin embargo el resultado es la dimisión de en torno de 200 mil trabajadores y trabajadoras tercerizados, que esta-ban en empresas tercerizadas que prestaban contratos para trabajar en los canteros de las obras de Petrobras.” (http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-17/entrevista-ricardo-antunes-el-trabajo-que-estructura-al-capital-desestructura-la-)

En Ecuador, segun el Ministerio de Finanzas, el total de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del sector publico se ubica hoy en 454.034 activos contra 356.120 empleados que había en el año 2006, o sea, casi 100.000 fun-cionarios más en cuatro años. Pero a diferencia de Venezuela, en Ecuador no hubo Misiones o entidades militantes similares. Los cambios progresistas fueron realizados desde las instituciones tradicionales. Los $ 6.400 millones que se gastarían en sueldos de todo el sector publico representan el 102% más de lo pagado por ese rubro en 2006, que fue de $3.162 millones. No es tan escandaloso como en Venezuela, tenien-do en cuenta la necesidad funcional del Estado para atender tareas y programas so-ciales en montañas y valles alejados, pero habla de un proyecto que decidió apoyarse más en la burocracia estatal que en los movimientos sociales para realizar los cambios progresivos que se hicieron. Además de la cantidad de funcionarios que se agregan al aparato, buena parte de los cuales se convertirán en derroche social acumulado, lo más importante es que el gobierno de Correa no tuvo la estrategia de empoderar a los movimientos, dándoles la capacidad de gestionar y aprender a gobernar a partir de sus movimientos.

Datos aportados por un economista boliviano afecto al gobierno de Evo Morales, F. Xavier Iturralde, permiten confirmar que el Estado Plurinacional basado en los movimientos sociales padece del mismo cáncer de arribismo clientelar que el resto de los gobiernos progresistas. Iturralde contabilizó alrededor de medio millón de funcionarios publicos en 2015, contra 350.000 en 2011 y 255.928 en 2005. Este cre-cimiento hasta el doble no corresponde al crecimiento de la población. Aunque una parte importante, alrededor del 70% de esos funcionarios, son servidores utiles en la salud, la educación y otros servicios publicos, el resto debe evaluarse como derroche de capacidad de transformación social.

Basados en informes publicados en el portal www.elauditor.info de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) ‒el sindicato de auditores‒, sobre la base de los datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía se puede apreciar el mismo problema en Argentina. Allí solo varía la


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modalidad: en vez de crecimiento de la burocracia hubo concentración. Se acudió a una combinación de lo hecho en Venezuela y Brasil: incremento con tercerización.

Desde el año 2007 hasta los primeros meses de 2014, se incorporaron 80.994 empleados publicos en la Administración Publica Nacional. El crecimiento es apenas del 27% de la planta permanente, la transitoria y de los contratos temporarios, y es menor si se le midiera como promedio anual, comparado con Venezuela y Bolivia. Siete años antes de 2014, el Estado nacional registraba 295.151 agentes publicos.

Al comenzar el año 2015, la dotación de personal había trepado a 376.145 em-pleados. El reclutamiento se concentró en los militantes, familiares y amigos de altos y medianos funcionarios del poder. Las agrupaciones más beneficiadas fueron La Cámpora, MILES, Kolina y JP Evita, entre otras.

En Argentina no se dio una expansión cuantitativa de este fenómeno, sino más bien se verifica una concentración política de tipo sectaria.

Este error conceptual de concentrar en el aparato burocrático de Estado lo que se debe invertir en la capacidad social reproductiva de los propios productores or-ganizados en movimientos, ha definido la estrategia comun en todos los gobiernos progresistas. Todos partieron del supuesto falso de que con más burocracia se hace progresar a una sociedad.

Sólo en el caso de Venezuela el gobierno ha traspasado algunos niveles de capa-cidad operativa y financiera a las Comunas, sindicatos y otras organizaciones del llamado “poder popular”. Ese mérito relativo no impidió el crecimiento desaforado de la burocracia estatal de funcionarios, buena parte de ellos convertidos en clientela política parasitaria y conservadora, visible en cualquier ministerio y en algunas Mi-siones, como las de Barrio Adentro, Sucre, la de Vivienda y Cultura.

Esta concentración burocrática del aparato de administración condujo a las per-versiones del clientelismo endémico, la corrupción convertida en sistema funcional entre el gobierno y la economía privada, con la desgracia del verticalismo instalado en las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad, el partido y sus bases, el mo-vimiento y sus seguidores, el presidente o presidenta y los medios, y de la política en general con la vida social.

Otro de los efectos endógenos que contribuyeron a las derrotas de los gobiernos progresistas es la política tributaria regresiva, el debilitamiento del salario promedio nacional frente a la tasa de ganancia empresarial promedio, que en el caso argentino significó un impuesto adicional a los salarios altos, que reduce el ingreso laboral en

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un 35%, mediante el tratamiento reaccionario de considerar ganancia capitalista lo que es salario devengado de la explotación del trabajo. De hecho, se aplican impues-tos regresivos a los trabajadores como si fueran “consumidores” iguales que los capi-talistas y las familias burguesas. El impuesto al salario fue uno de los elementos que horadó el voto por el gobierno kirchnerista entre 2011 y 2015. Basta recordar que los tres paros nacionales contra Cristina de Kirchner tuvieron como demanda derogar el impuesto al salario.

Ese divorcio general acumuló buena parte del malestar en las poblaciones, refleja-do en los tres resultados electorales negativos del progresismo en 2015.

TRIUNFOS Y DERROTAS ELECTORALES DEL PROGRESISMO ENTRE 1999 Y 2015

PAÍS MANDATOS PERÍODO TOTAL AÑOS EN EL PODER

Argentina 3 2003 - 2015 12

Brasil 4 2002 - 2016 14

Bolivia 3 2005 - 2020 14

Ecuador 2 2007 - 2016 13

Nicaragua 2 2007 - 2017 10

Uruguay 3 2006 - 2020 14

Venezuela 5 1999 - 2019 20

Elaboración propia sobre información de prensa, Buenos Aires 2016.


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VSA y las em

presas brasileñas sobre el monto

de las comisiones (coim

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Refinería con Ecuador

Venezuela (PDVSA)

con Ecuador (Petroecuador)

2007

Abandonado en 2012. En 2015

China aportó 30%

al capital de 12.000 m

/dls. Refinación planeada: 300.000 barriles/día

Al com

ienzo, Correa planteó diferencias

sobre el control de la propiedad. Estimada

en 2 años, lleva 8 años de retraso.

Planta de gasificación en Bahía Blanca

Venezuela (PDVSA)

con Argentina

(ENA

RSA)2006

50 millones de dólares

Plan: 10 millones de m

3 hasta 20 m

illones de m3. En 2014, C

ristina y M

aduro quisieron reflotarlo, pero ya era tarde: no había dinero.

Gasoducto del Sur

Venezuela con A

rgentina, Brasil, Ecuador y Bolivia m

ás Uruguay, Perú y C

olombia

Enero 2006

8.000 millones de dólares

La red recorrería 8.000 km hasta M

on-tevideo. Brasil, A

rgentina y Uruguay propusieron inversores privados

Gasoducto

Centroam

ericano

Venezuela con los 5 Estados de A

mérica C

entral m

ás Belice

2002

Inversión inicial 1.550 mill/

dls. En 2007 sólo se terminó

el tramo “A

ntonio Ricaurte” entre Venezuela y C

olombia

Un año después, el gobierno de Álvaro

Uribe denuncia a Chávez por su relación

con la FARC

/ELN. D

esde 2011, Colom

bia y M

éxico (Alianza del Pacífico) intentan

reemplazar a Venezuela com

o proveedor.

Fuentes: Cancillería República Bolivariana de Venezuela, Econom

ía Internacional. ALBA, página w

eb. UN

ASUR, página w

eb. Presidencia M

iraflores, página web.

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Modesto Guerrero, Determinaciones del avance y retroceso de los gobiernos progresistasM

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pletaron 7:1.-A

lbamed. 2.-A

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lfabetización. 3.-Alba-

Cultura: intercam

bio de saberes. 4.-A

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entos: 50 m

illones de dls. Agrícolas y pecuarios en Suram

érica

Am

érica Central y C

aribe: 14 millones

de dls. 5.-Alba- desarrollo alim

entario sin biocom

bustibles. 6.-Alba-Forestal:

Madera Bolivia y Venezuela. 7.-A

lba-Tel: Telem

edicina y teleeducación con Satélite Sim

ón Bolívar y cable submarino

de fibra óptica entre Venezuela y Cuba

Canal de N

avega-ción Suram

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Venezuela países de la C

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2005Q

uedó en la carpetaH

ubo oposición de empresas navieras. Los

gobiernos de UN

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Empresa A

rgen-tina-Venezuela para intercam

bio por la H

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Venezuela con A

rgentina2009

Frustrado como proyecto

de integración de Estados

Fue obstaculizada por la diputada C

arrió. Luego derivó a negocios de em

presas privadas

Proyecto de pro-ducción de soya con G

robocopatel

Venezuela con A

rgentina2008

El Presidente Chávez

suspendió el proyecto, G

robocopatel se fue en 2009

La empresa argentina quiso utilizar al

Estado venezolano para exportar

Fuentes: Cancillería República Bolivariana de Venezuela, Econom

ía Internacional. ALBA, página w

eb. UN

ASUR, página w

eb. Presidencia M

iraflores, página web.

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Modesto Guerrero, Determinaciones del avance y retroceso de los gobiernos progresistasM

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Efraín León HernándezFacultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México.

Unidad económico-política de América Latina:Pasado, presente y futuro*

Reflexiones introductorias

Ponemos sobre la mesa algunos aspectos que considero indispensables para una caracterización sociopolítica de la época que vivimos en América Latina; un periodo de transición histórica que algunos consideran de “cierre de ciclo de la izquierda en América Latina”. Este trabajo se centra en resaltar algunos rasgos de la unidad económica y política en la región, que se aprecian como elementos comunes tanto al interior de los llamados gobiernos progresistas como en los Estados, en los que el neoliberalismo no ha dejado de profundizarse como política económica ni de mostrar sus tendencias más agresivas y depredadoras. La intensión política central de este ejercicio es identificar las nuevas condiciones compartidas que las prácticas políticas de izquierda enfrentan en América Latina y que muy probablemente lo seguirán ha-ciendo en el futuro inmediato.

* Este escrito fue realizado en el marco del Proyecto PAPIIT (IN301115) Geopolítica y discurso crítico. Se agradece el apoyo prestado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM.


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Insistir en esta perspectiva trae consigo el reto de no caer en la tentación estructu-ralista de oponerlos rasgos comunes vigentes en toda la región a las particularidades históricas de cada uno de los Estados, naciones y pueblos latinoamericanos, y menos aun de no caer en la tentación de establecer una jerarquía entre ellos. Advertimos de entrada sobre este riesgo, porque la excesiva valoración de los rasgos comunes de corte estructuralista ya mostró en el pasado sus límites explicativos y sus desvíos políticos. Fue esta una perspectiva de análisis que no sólo impidió arrojar luz sobre las comple-jas realidades sociohistóricas latinoamericanas, sino que generó prácticas políticas en las izquierdas que homogeneizaron diagnósticos, tácticas y estrategias.

En su lugar, en primer lugar, se trata por el contrario de un convencimiento teó-rico sobre la necesidad de identificar los rasgos comunes vigentes en América Latina como momento necesario para completar un diagnóstico complejo de sus multiples y diversas realidades sociohistóricas. Y, sobre todo, se trata además de un ejercicio indispensable para dar una respuesta unitaria, que no homogénea, a la pregunta que nos ha convocado en este seminario; ¿estamos realmente ante un cierre del giro a la izquierda en la región? Y, de ser así, ¿qué lo caracteriza? y ¿qué nuevos retos pone a las prácticas de la izquierda?

Mi participación está organizada en dos secciones. En la primera se proponen elementos para pensar la unidad económico-política de América Latina al identificar algunos rasgos comunes en las experiencias de gobiernos progresistas en la región, en primer orden entre ellas y, después, con los gobiernos donde se continuó al pie de la letra con las reformas neoliberales. En la segunda sección de este ejercicio, y a manera conclusiva, se propone la lectura del presente latinoamericano de acuerdo a las condi-ciones comunes que establecen un nuevo escenario que las diferentes fuerzas políticas de izquierda tendrán que enfrentar en toda la región.

La primera etapa está organizada en seis tesis básicas sobre la unidad económico-política del pasado con el presente, mientras que la segunda presenta algunas re-flexiones del vínculo del presente con el futuro. Nuestra conclusión será que no es conveniente hablar de un cierre del giro a la izquierda en América Latina, si no de un cambio de época que trae consigo una nueva correlación de fuerzas, así como nuevas condiciones y retos comunes para las izquierdas y, especialmente, para la posibilidad de concreción de la unidad de sus fuerzas políticas populares.

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Efraín León Hernández, Unidad económico-política de América Latina: Pasado, presente y futuro

Seis tesis sobre el cambio de época en América Latina

Tesis uno. Fragilidad estructural de las formas económico-políticas progresistas

Esta primera tesis parte de la evaluación inicial de que los proyectos de los gobier-nos progresistas en América Latina son ‒y en algunos casos fueron‒ estructuralmente frágiles en lo económico y político.

En el ámbito económico no podemos olvidar que pervive una herencia colonial de 500 años, la vigencia de un capitalismo dependiente exportador desde hace 200 años y, sobre todo, su especificidad en el actual orden económico mundial neoliberal. Por lo que estas condiciones, que provienen de las distintas temporalidades y escalas espaciales en las que opera el propio capitalismo, constituyen el escenario económico que enfrentan los esfuerzos por transformar el orden económico interno y la puesta en marcha de los proyectos de acumulación de cada gobierno progresista. En este plano, se trata de reconocer que el patrón de acumulación de una economía nacio-nal no se cambia sólo por la voluntad del movimiento popular o de los gobiernos y que tampoco se trata de un proceso interno que implique una ruptura total con el exterior y con su pasado, sino que se trata de proyectos que enfrentan y buscan trans-formar órdenes económicos extractivistas y rentistas, de escaso o nulo desarrollo de capacidades técnicas nacionales y con mercados internos desligados de la producción nacional. En eso radica lo que desde mi perspectiva es la fragilidad económica de los esfuerzos progresistas. No por el proyecto progresista en sí, sino por complejidad de enfrentar la reconfiguración de un orden económico tan profundo como el capitalis-ta dependiente. Por supuesto, éste es un rasgo que las economías progresistas tienen en comun con las economías neoliberales.

En segundo lugar, la fragilidad política que resulta de un tipo de alianzas políticas que no se fundamentan en la democratización del gobierno y, menos aun, en la defi-nición del proyecto de nación. Esta fragilidad de los Estados progresistas se definió, aun sin tener las mismas determinaciones externas de aquella dimensión económica y sin importar si existieron esfuerzos reales por revertir los órdenes antidemocráticos, por no haber instaurado un grado de democratización suficiente para que los gobier-nos se legitimaran en sí mismos como proyectos populares. La fragilidad de estos proyectos políticos surge por la falta de democratización profunda de los gobiernos


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respecto a las fuerzas populares, no sólo abrirles espacios en la gestión gubernamental sino, sobre todo, en la definición del proyecto de nación con participación popular. A lo que abría que sumar, además, la ausencia de una ideología suficientemente eficaz para mantener dicho propósito y que no emane de los aparatos de estado sino de la propia fuerza popular. Este aspecto evidencia además un límite histórico: la falta de unidad política estructural entre los gobiernos progresistas y las fuerzas políticas po-pulares que permitieron disputar a la derecha el ejercicio del gobierno.

Por lo que en mucho menor grado que el orden económico dependiente y ha-ciendo a un lado importantes diferencias que ahora no nos ocupan, como el grado de violencia, criminalización e impunidad de orden político neoliberal, la falta de democratización en la definición del proyecto nacional ha sido también un rasgo comun entre los gobiernos progresistas y los neoliberales.

Tesis dos. La crisis económica y el fin de ciclo de la expansión del capital

La segunda tesis implica pensar la tesis anterior pasándola por el tamiz de las crisis económicas y, sobre todo, de su comportamiento tendencial y repetitivo en periodos de expansión y contracción del capital. Aquí quiero subrayar que me refiero puntual-mente a la crisis económica capitalista que genera la tendencia general a la caída de la tasa de ganancia como comportamiento histórico del capital, que hasta ahora se ha acompañado de una incesante intervención política de las clases dominantes para reactivar los ciclos de acumulación de capital.

Para hablar de crisis económica del capitalismo me gustaría exponer algunas ad-vertencias que nos ayuden a colocarla como una determinante del movimiento siem-pre abierto de la historia y, como tal, que nos prevengan de sus lecturas mecanicistas y fatalismos que invitan a la inmovilidad política. En primer lugar, la crisis económica no es un accidente del orden económico capitalista que provenga del exterior, sino uno de sus rasgos contradictorios constitutivos, por lo que serán inevitables mientras el capitalismo perviva. En segundo lugar, ésta puede estallar en multiples formas e intensidades, por lo que también son muy diversas sus manifestaciones sociopolíticas en combinación con los procesos particulares de cada economía nacional. En tercer lugar, las crisis económicas no imprimen determinaciones mecánicas en la historia, sino que se trata de condiciones del comportamiento estructural de la producción ca-

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pitalista de la riqueza, que hasta ahora ha sido repetitivo por la incesante intervención política de las clases dominantes a partir de estrategias tecnológicas, productivas, mercantiles y financieras de diversa índole, para reactivar los ciclos de acumulación de capital. Por lo que, en cuarto lugar, conviene establecer que el comportamiento “cíclico” de la crisis en periodos de expansión y de contracción del capital, que la tra-dición marxista ha explicado con mucha claridad, no refiere a un comportamiento mecánico ni exclusivamente económico independiente de lo político o, como dijimos arriba, que invite a la inacción política por reconocer ciclicidad en el comportamiento histórico de la crisis, sino a la unidad económico-política de la crisis que amalgama el comportamiento tendencial a la disminución de la acumulación del capital y la in-tervención política de las clases dominantes. Finalmente, conviene insistir de manera sintética que el horizonte político es constitutivo del comportamiento de las crisis económicas capitalistas: se trata de prácticas políticas de intervención sistemática sobre el comportamiento tendencial de la economía, que hasta ahora han alcanzado para sostener la acumulación de capital por más de dos siglos, si tomamos como ini-cio la emergencia del capitalismo industrial.

Me parece necesaria esta aclaración porque no es ningun azar que justamente los momentos de la crisis hayan enmarcado la emergencia de las propuestas de izquier-da de los gobiernos progresistas en América Latina y que sea la crisis actual la que nuevamente enmarca el término de algunos de estos procesos y las dificultades que enfrentan los que se mantienen. Y es que pensamos que los periodos de expansión y contracción del capital no sólo plantean retos a las clases dominantes para continuar la acumulación de capital, sino que también establecen concisiones diferenciadas de posibilidad para mantener o vigorizar la fuerza popular y su unidad política, así como para establecer una alianza popular que dispute el ejercicio del gobierno. Dicho de manera sintética, en términos políticos, las crisis ponen momentos de bonanza económica que hacen posible un conjunto de alianzas políticas entre gobiernos, clases populares e incluso clases dominantes fundadas en la redistribución de la riqueza, pero también impone momentos de austeridad de los que emerge el reto político de fundamentar las alianzas desde otros lugares.

La pertinencia de mantener la crisis económica como marco de análisis para expli-car la emergencia y el debilitamiento de los gobiernos progresistas en América Latina no es para sentenciar algun mecanicismo histórico o fatalismos políticos, sino para reconocer algunas de las trasformaciones del campo de batalla en el que se dirime la


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lucha de clases en esta región. Cambios que históricamente se registraron hace muy poco tiempo, apenas en el tránsito de la década pasada a la presente.

En ese sentido, quisiera dar una primera respuesta a la pregunta respecto a si efec-tivamente nos encontramos frente al cierre del giro a la izquierda en América Latina. La respuesta en este primer plano expuesto es que efectivamente se ha cerrado la eta-pa de expansión del capital que posibilitó el tipo de alianzas políticasque permitieron la llegada de gobiernos progresistas en América Latina. Un tipo de alianza política sustentada en la bonanza económica.

Tesis tres. Fin de la estabilidad de las alianzas de bonanza económica

La tercera tesis, enunciada en su fundamento en el cierre de la tesis anterior, afir-ma que los rasgos comunes de las alianzas de los gobiernos progresistas de América Latina con sus sectores populares se fundamentaron en mayor medida en la redis-tribución de riqueza y en mucha menor proporción en la democratización de sus gobiernos y definición de proyectos de nación.

Elevar los niveles de consumo de los sectores populares ‒y en algunos casos man-tener tranquilas a sus burguesías locales y oligarquías exportadoras a partir de políti-cas económicas de conciliación‒, se convirtió así en la fórmula política que dio esta-bilidad a estos gobiernos durante la década pasada. El problema fue que de manera paralela a la alianza para el consumo, desde los gobiernos progresistas, no se procuró la fuerza popular que años atrás les permitiría disputar y ganar la dirección del país. Al demeritar estas fuerzas, y en algunos casos incluso oponerse a ellas, la estabilidad de los gobiernos dependió unicamente de la bonanza económica y no de una unidad política comun que los preparara para enfrentar la contracción económica y la aus-teridad por llegar. La sincronización histórica del fin de la bonanza económica y el abandono de las fuerzas políticas de las clases populares volvió sumamente frágiles estas alianzas en los periodos de austeridad económica y espacialmente vulnerables a los esfuerzos desestabilizadores que llegaron desde fuera. Fundados, estos ultimos, en la alianza política de las clases dominantes domésticas con las del imperio nortea-mericano.

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Tesis cuatro. Caída de gobiernos progresistas no es el fin de la disputa electoral por el gobierno

La actual condición de austeridad, como nuevo escenario político en el cual se dirime la lucha de clases, enmarca la caída de los gobiernos progresistas en lo que va de la segunda década de este siglo. La disminución de la redistribución de riqueza en un periodo de contracción del capital, además, por supuesto, de la falta de de-mocratización del gobierno, vino a profundizar el descontento popular. Este factor, sumado a errores graves como corrupción y alianzas conciliatorias desventajosas para los sectores populares, ayuda a entender por qué en Brasil el descontento popular se manifestó en la indiferencia frente a la destitución de la presidenta del Partido de los Trabajadores y, en Argentina, en la decisión de no dar continuidad al kirchnerismo en las recientes elecciones presidenciales.

Desde este proceso, innegable en América Latina, quisiera aproximarme por se-gunda vez a la pregunta respecto a si efectivamente nos encontramos ante un cierre del giro a la izquierda. La respuesta evidente es que efectivamente han caído dos gobiernos, uno por vía electoral y otro con un golpe de Estado “blando”, lo que sin duda alguna representa un cambio en la correlación de fuerzas políticas de la región con clara inclinación a favor de la derecha. Por otro lado, la caída de estos gobiernos de ninguna manera supone el cierre de época de la lucha democrática ni que sus fuerzas progresistas hayan sido derrotadas. Puesto que, aun con la destitución de Dilma Rousseff y la victoria electoral de Mauricio Macri, los gobiernos de estos Es-tados ‒como los del resto de América Latina‒ continuarán siendo espacios políticos en disputa.

El reto para las clases políticas de izquierda implica restablecer un tipo de alianza con los sectores populares que les permita volver a disputar el gobierno en condi-ciones económicas de austeridad, así como enfrentar el principal elemento interno de inconformidad y malestar popular: la falta de democratización efectiva. En este escenario, las experiencias de gobiernos progresistas que han llegado a su fin empatan con los esfuerzos políticos vigentes en las economías neoliberales de America Latina, que mantienen el impulso para articular la fuerza popular de unidad suficiente para disputarle el gobierno a las fuerzas de derecha.


52

Tesis cinco. Los gobiernos progresistas tienen el reto de reconstruir su alianza con los sectores populares

El reto de los gobiernos progresistas que aun se mantienen es renovar sus alianzas con los sectores populares en un contexto en el que la bonanza económica ha que-dado atrás y la austeridad pasa a ser una constante comun. Por lo que parece que el nuevo escenario de la lucha de clases empuja a los gobiernos progresistas a renovar las alianzas desde lugares distintos a la promesa de consumo.

Si está tesis es correcta, pensamos que un tercer momento de aproximación a la pregunta sobre el fin de ciclo de la izquierda implicaría reconocer que efectivamente nos hallamos en un periodo de transición que se encuentra en el parteaguas de una época que se caracterizó por la estabilidad de una alianza política entre gobiernos y sectores populares fundada en el consumo y otra que de continuar esta alianza ten-dría que sostenerse desde otro lugar.

Tesis seis. De ninguna manera nos encontramos ante el fin de la fuerza popular

La tesis seis refiere a que de ninguna manera los periodos de contracción de ca-pital, la falta de democratización política de las experiencias progresistas o el fin de algunos de sus gobiernos implica el fin de la izquierda y la fuerza popular. Ésta es la ultima aproximación a la pregunta que nos convoca en seminario sobre el cierre del giro a la izquierda en América Latina.

El cambio de época que vivimos en América Latina no se caracteriza por la dismi-nución de la fuerza social organizada ni del poder popular, sino por su reconfigura-ción y en algunos casos revitalización. Al contrario de la ideología que decreta el fin de la historia y la inmovilidad política con el fortalecimiento del neoliberalismo en América Latina, la profundización de estas reformas económicas de libre mercado no ha hecho otra cosa que incrementar el malestar y la indignación sociales conforme se profundizan las desigualdades y las injusticias sociales en nuestros pueblos. Esto es visible sobre todo en los Estados en los que el neoliberalismo no ha dejado de profun-dizarse, pero también donde han resurgido gobiernos de neoliberales, apenas recién instaladas las reformas. Por lo que no es casual que de manera paralela haya emergido también un sinnumero de procesos de organización social que hoy día se encuentran

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en América Latina; en unos casos denunciado la devastación social y ambiental de décadas continuadas de neoliberalismo, en otros, evitando la vuelta de estas políticas económicas y sus potenciales impactos en las clases populares.

Lo importante para la izquierda es percibir también que con los gobiernos neo-liberales se han vuelto más complejas las estrategias de dominio que han madurado por todos flancos en que se dirime la guerra entre clases sociales. En esto también consiste el encuentro de los neoliberalismos en América Latina: en la capacidad de las clases dominantes de generar gobernabilidad a partir de la violencia y el miedo, en le-gitimarse “democráticamente” sin políticas redistributivas de riqueza y en mantener la organización social atomizada para evitar una fuerza política unitaria que pueda disputarle el gobierno.

El nuevo escenario político en América Latina y la lucha social

Dirijamos nuestros esfuerzos por caracterizar el presente a su conexión política con el futuro. Estoy convencido de que las tesis anteriormente presentadas pueden ayudarnos a definir el nuevo escenario económico-político que enfrenta la izquierda en nuestra región en una nueva correlación de fuerzas políticas.

En suma, vivimos una franca reconfiguración del escenario político en el que en los próximos años se dirimirán las luchas populares en América Latina y, por supues-to, la lucha de clases, la cual, de ninguna manera ha implicado un fin de ciclo de la izquierda en nuestra región. Este nuevo escenario se caracteriza por la continuidad de un orden capitalista dependiente en franco proceso de contracción del capital y de un orden político poco democrático, en algunos casos abiertamente autoritario, pero, bajo una nueva correlación de fuerzas aun más desventajosa para los sectores populares que se ha definido por el encuentro de las clases dominantes en América Latina y el fortalecimiento comun de sus estrategias de dominio.

Como la austeridad económica que trae consigo la contracción del capital ha vuelto todavía más complicado articular una fuerza política que dispute el gobierno y que se sostenga exclusivamente en la promesa de redistribución de riqueza, en de-finitiva, para no repetir errores del pasado, uno de los principales retos que afrontan las izquierdas consiste en enfrentar la falta de democratización efectiva al interior de ellas mismas y en reconocer su ausencia como uno de los principales elementos de in-


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conformidad y malestar popular con los gobiernos progresistas. Este ultimo aspecto nos pone frente a un reto crucial para la izquierda en el presente: la falta de democra-tización no es un problema que enfrenten sólo las clases políticas progresistas, sino los propios movimientos sociales y del poder popular. Pienso que la disputa por la democratización no es un momento que sólo competa a los gobiernos y se resuelva simplemente como una política de gobierno, porque, además, es necesario mantener esa lucha al interior de las formas vigentes de organización política del mismo poder popular.

Desde esta perspectiva creemos que el principal reto que enfrenta la izquierda para el futuro inmediato y de largo plazo es superar su falta de democratización interna. En lo inmediato, para restaurar o construir el horizonte político de articulación de una fuerza popular comun que le permita disputar el gobierno como medio de conso-lidación nacional de su poder político en franco periodo de austeridad económica y, en el largo plazo, para prepararse ante la inevitable vuelta de las contracciones econó-micas futuras y las dificultades que acarrearán para mantener las alianzas populares.

¿HACIA DÓNDE VA AMÉRICA LATINA?BALANCES DESDE LAS EXPERIENCIAS POLÍTICAS CONCRETAS

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Napoleón Saltos GalarzaDirector de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador.

Dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Ex legislador.

¿Reforma o revolución? ¿Es posible el cambio?

El porvenir depende de la actividad de la enorme mayoría de los seres humanos. (…) toda la población, salvo el 3% de privilegiados en la cima, posee un interés personal en la transformación radical de la sociedad en la cual vive.

(Castoriadis, 1997)

¿Cierre de ciclo?

El mapa político de América Latina se ha modificado. Después de diez y seis años del período de gobiernos “progresistas”, iniciado con el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, hay signos de agotamiento. Al mismo tiempo

hay una recomposición del bloque alineado, con el triunfo de Macri en Argentina, el triunfo de la oposición que logra la mayoría en el Parlamento de Venezuela y el impeachment a Dilma en Brasil. Se ha “posicionado de nuevo al paradigma del libre


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comercio. (…) La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos. Diversos países están participando en las negociaciones del TISA. (…) México, Peru y Chile participan en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)” (Latindadd, 2016).

Los Acuerdos Estados Unidos-Cuba y las negociaciones Gobierno-FARC en Co-lombia, modifican en América las ultimas fronteras heredadas de la Guerra Fría. Aunque una y otra vez regresan los fantasmas del conflicto no resuelto. El bloqueo y la ocupación de Guantánamo continuan, mientras se abre en Cuba el debate sobre los efectos de la apertura al mercado global y los límites del socialismo realizado. La derrota del plebiscito en Colombia vuelve a abrir las preguntas sobre los caminos y las estrategias de la paz.

La pregunta versa sobre la naturaleza de los cambios impulsados en este período por los gobiernos “progresistas”; ¿se trata de cambios cíclicos? ¿O hay gérmenes de cambios estructurales? Aun más, la pregunta versa sobre la posibilidad misma del cambio del sistema.

En este texto el análisis se centra en los procesos de la Revolución Bolivariana en Venezuela y de la Revolución Ciudadana en Ecuador.

Los debates teórico-políticos

En las ciencias sociales hay un debate clásico entre los dos principales representan-tes contemporáneos de la sociología alemana, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann.

Ambos advierten un fenómeno comun, “la crisis de la Ilustración y de sus catego-rías racionalistas así como el inacabamiento del proyecto ilustrado”, pero divergen en la respuesta. “El empeño de Habermas es reivindicar las exigencias de la vida frente al sistema: el de Luhmann, en cambio, es registrar el efectivo progreso de ese sistema en el mundo actual, y el consiguiente retroceso de la dimensión vital”. La salida a la cri-sis en Habermas “reclama una ampliación del paradigma, una superación de su uni-lateralidad. Se trata de acoger lo que la razón científica ha excluido: el mundo vital. Para Luhmann, en cambio, ese mundo vital, efectivamente excluido por la técnica, no puede ser acogido en ella. Pues la unica manera de acoger la complejidad vital es situarse en un nuevo nivel de racionalidad, lo cual supone un progresivo alejamiento de aquello que Habermas quiere recuperar”. Habermas propone una utopía, Luhman describe el fenómeno y su proyección (Suhrkamp, 1971).

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¿Hacia dónde va América Latina? Balances desde las experiencias políticas concretas

Napoleón Saltos Galarza, ¿Reforma o revolución? ¿Es posible el cambio?

En el centro está el debate sobre la posibilidad del cambio. Para Luhmann ésta se agota en la reproducción autopoiética del sistema. Habermas da un paso en el retorno del mundo de la vida en los momentos de crisis del sistema, pero termina en la incor-poración mediante la ampliación del juego sistémico. De un lado, el aprendizaje ante la complejidad y, de otro, la posibilidad de la reforma para ampliar el juego sistémico.

En la historia del pensamiento crítico hay un debate clásico entre Rosa Luxem-burgo y Eduardo Bernstein. Ambos parten de la necesidad del cambio y pasan a la disyuntiva ¿reforma o revolución? Las respuestas son divergentes, aunque la discre-pancia empieza en el objeto de partida: Rosa se refiere al capitalismo como sistema mundial, “muestra el ultimo florecimiento del capitalismo (...) los caracteres de una siniestra danza de la muerte, una marcha de Edipo hacia el destino final inevitable” (Lukács). Bernstein se refiere al capitalismo nacional.

La tesis central de Bernstein es que el capitalismo es reformable a través de las instituciones del capitalismo y del parlamentarismo. “Para él, el desarrollo monopo-lístico del capital, con la aparición de los trusts y los cárteles, supone la superación de la anarquía de la producción capitalista, de la misma forma que las sociedades por acciones facilitaban la democratización del capital. De esta manera, el socialismo perdía su justificación científica, pues si el propio capital era capaz de superar sus contradicciones y garantizar el equilibrio en la producción, no había necesidad de luchar por una subversión del orden capitalista.” Produce una fractura entre reforma y revolución, bajo el axioma de que “el objetivo ultimo, sea cual sea, no es nada; el movimiento lo es todo” (Luxemburgo, 2008, pp. 15 y 23).

Rosa Luxemburgo responde: “Para la socialdemocracia, existe un vínculo indi-soluble entre reforma y revolución: la lucha por las reformas sociales es el medio, mientras que la lucha por la revolución social es el fin”.

El realismo señala que “ahora” no hay condiciones para plantearse el objetivo del socialismo: estamos en la etapa “democrática”, el tiempo de las reformas, crear con-diciones para el paso mañana hacia el socialismo. Hay un juego sobre el tiempo: al producir una fractura en “etapas” en realidad lo que se produce es una continuidad evolutiva, un tiempo homogéneo, el paradigma del progreso bajo ropaje “revolucio-nario”. “La idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío” (Benjamin, 1942, 2005). La ruptura se condensa en la designación del sujeto del cambio.


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El problema

El punto de partida es volver a plantear las preguntas más allá del marco nacional, en referencia a la reproducción ampliada del capital. O, en términos de Cueva, ubicar el proceso de cada país en la cadena imperialista (Cueva, 2012). Esto implica formular la pregunta no sólo en el campo de postneoliberalismo, sino del postcapitalismo. Y, en segundo lugar, analizar los procesos “progresistas” como la lucha por la hegemonía, por el poder en la sociedad política y en la sociedad civil, y no como un tema que reproduce el viejo debate sobre las formas de lucha como el aspecto central de las estrategias. Y entonces el debate retorna a la vieja pregunta sobre reforma o revolución, al debate sobre las “dos estrategias de la socialdemocracia” (Lenin, 1973). Un debate entre las fuerzas democráticas. No hay fórmulas: “las tareas políticas concretas deben plantearse en una situación concreta. Todo es relativo, todo fluye, todo se modifica.”

Después de un estudio del tiempo largo del sistema-mundo capitalista, Fernando Braudel llega a la conclusión de que “el capitalismo es de naturaleza coyuntural. Incluso hoy en día, uno de sus grandes valores es su facilidad de adaptación y de reconversión. (…)El capitalismo los conoce todos (los medios, procedimientos y astucias del dinero) y, tanto ayer como hoy, su característica principal y su fuerza consisten en poder pasar de un ardid a otro, de una manera de actuar a otra, en recargar diez veces sus baterías segun las circunstancias coyunturales y en seguir permaneciendo al mismo tiempo suficientemente fiel y semejante a sí mismo (Braudel, 2002).

El capitalismo actua “parasitariamente” respecto a los procesos diferentes que se dan por abajo, la producción de bienes materiales y el funcionamiento del mercado en que rige la competencia; y también respecto a las potencialidades de transformación abiertas por la humanidad más allá de los juegos del sistema. Esta capacidad de absor-ción parte de dos procesos metabólicos: el capitalismo se constituye en el locus en que la economía se combina con la política, con el funcionamiento estructural del Estado, deviene capitalismo de Estado; “el capitalismo nunca ha sido liberal, siempre ha sido capitalismo de Estado” (Deleuze, 2005, p. 45). Y en el revolucionamiento periódico de las fuerzas productivas, mientras en las relaciones sociales se produce una creciente concentración de la riqueza: pasa por momentos progresivos y momentos de retroceso.

También en la política, el Estado capitalista tiene una alta capacidad de absor-ción de las luchas que se emprenden desde abajo. En la historia, los derechos han sido conquistados por las luchas de los excluidos. Chomsky señala que “el activismo

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político organizado es el responsable del grado de democracia que tenemos hoy, del sufragio universal de los adultos, de los derechos de la mujer, de los sindicatos, de los derechos civiles y de las libertades de que disfrutamos” (Toledano, 2000). Pero allí está la cuestión: las luchas que son emprendidas en contra del sistema, terminan siendo absorbidas por la lógica del capital y convertidas en soporte de su ampliación autopoiética, a menos que la resistencia se transforme de poder contrahegemónico en poder constituyente.

“Una sociedad solo le teme a una cosa: al diluvio. No le teme al vacío. No le teme a la penuria ni a la escasez. Sobre ella, sobre su cuerpo social, algo chorrea, y no se sabe qué es, no está codificado y aparece como no codificable en relación a esa socie-dad. Algo que chorrea y arrastra a esa sociedad a una especie de desterritorialización, algo que derrite la tierra sobre la que se instala” (Deleuze, 2005, p. 20). Allí está la cuestión, en su primer momento, el exceso no codificable; los puntos de ruptura.

En particular, en los procesos de América Latina, la pregunta se centra en la relación entre poder constituyente y poder constituido, entre poder destituyente y poder institu-yente. ¿Qué formas adoptó el paso de las luchas sociales de resistencia al neoliberalismo a la construcción de imaginarios constituyentes, el paso del imaginario constituyente a las asambleas constituyentes, a la representación instituyente, y el paso a los gobiernos? Una pregunta angustiante se refiere a los límites de los procesos, de los actores, colec-tivos e individuales, locales y regionales, sociales y políticos, en el momento del salto antisistémico. La pregunta sobre el poder del capitalismo y sus sepultureros1.

“Todo esto es verdad también para el capitalismo. (…) Se trata de la fa-mosa potencia de recuperación del capitalismo: cada vez que algo pare-ce escapársele, pasar por debajo de esos símil-códigos, vuelve a taponarlo todo, añade un axioma demás y la máquina vuelve a partir.” Pero aquí se presenta una paradoja: el capitalismo, a diferencia de las formaciones precapitalistas, se constituye “sobre la existencia y la realidad de flujos descodificados” (Deleuze, 2005, pp. 20 y 21).

1 Allí está el límite de la crítica de Borón a Modonesi, se centra en las formas de lucha, la relación externa de sujetos y Estado, la oposición movimientos sociales-partidos políticos (Borón & Klachko, 2016).


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Ante las resistencias se produce un doble movimiento de control, un proceso de extrañamiento y exclusión para desgajarlas de las tentaciones-potencialidades antisisté-micas y un movimiento de aceptación-absorción incluyéndolas en un sentido general de ampliación del juego sistémico. Las crisis tienden a ser momentos de recomposición del capitalismo; su desenlace es político, aunque allí pueden surgir posibilidades contrahe-gemónicas, momentos de busqueda para los oprimidos y subalternos.

“El capitalismo no cesa de desterritorializar. Y a través de su axiomática, (… vuel-ve a) reterritorializar” (Deleuze, 2005, p. 85). El capitalismo tardío lleva la subjeti-vación y el poder a formas extremas: vacía las cualidades, las diferencias, las identi-dades, en representaciones abstractas, homogeneizadas –la ciudadanía disciplinada–; aísla la representación de su contenido material –la democracia representativa queda vaciada de su contenido material, la participación con capacidad de decisión de la sociedad civil, de los actores sociales; los derechos humanos, de su vínculo con el poder–; las descodifica y desterritorializa. Y luego las reterritorializa bajo el nomos de “campos de concentración” (Aganbem, 2006, p. 149), en donde cada categoría social encuentra su sitio de seguridad, como ciudades-territorios amurallados o como guetos de segregación. Las acumulaciones por desposesión, como carácter del “nue-vo imperialismo”, van precedidas de formas violentas de expulsión de poblaciones, expropiadas no sólo de sus tierras, sino de su forma de vida y lanzadas a territorios extraños2. Aunque en este doble juego está también la posibilidad de abrir alternati-vas, encontrar una nueva tierra.

No se trata de un tiempo lineal, ni progresivo: “… el movimiento del capitalismo debe verse como discontinuo pero expansivo. Con cada crisis, sufre una mutación para pasar a una esfera más amplia de actividad y un campo más vasto de penetra-ción, control, inversión y transformación. (…) El sistema tiene su propia lógica, que socava y destruye enérgicamente la de las sociedades y economías más tradicionales o precapitalistas: Deleuze la llama axiomática, en oposición a los códigos precapitalis-tas, tribales o imperiales, más antiguos”. Y allí está la pregunta para ubicar los puntos de ruptura y ampliarlos hasta convertirlos en gérmenes de cambios estructurales.

2 En Colombia, la guerra civil ha producido más de 6 millones de desplazados internos.

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Hegemonía global

La hegemonía no se resuelve unicamente al interior de una formación econó-mico-social, se articula también a la ubicación de esta formación social dentro del sistema-mundo-capitalista. Particularmente en las formaciones periféricas, el Estado se sobrecarga de funciones al tener que responder a los juegos internos de poder y a las dinámicas globales del capital (Cueva, 2012). Ese fue el aspecto fundamental del debate entre Luxemburgo y Bernstein.

El capitalismo global ha logrado contener temporalmente las voces críticas y alter-nativas. Después de una ofensiva general desde abajo, que tuvo como referentes a las movilizaciones sociales de América Latina y a la presencia del “progresismo”, a la pro-testa de los indignados en Europa e incluso a los intentos de rebeliones democráticas en Medio Oriente, el poder del nuevo imperialismo ha logrado retomar la iniciativa.

Los puntos de quiebre fueron sucesivos: las rebeliones democráticas de Medio Oriente se transformaron en las “primaveras árabes”, bajo el control del viejo poder imperial, de las monarquías petroleras y de los fundamentalismos religiosos, hasta desembocar en la profecía fabricada de los Estado fallidos de Afganistán, Irak y Li-bia, o en el conflicto perpetuo de Siria. Allí se traza las nuevas fronteras del conflicto geopolítico entre las viejas potencias capitalistas y las potencias emergentes, al borde de una Tercera Guerra Mundial.

En Europa, el quiebre se concentró en Grecia. Todavía fue posible ver la batalla de Syriza ante las imposiciones de la Troika, hasta la aceptación del plan de austeridad en medio de la persistencia melancólica del discurso de izquierda. En el paso de la calle a la representación el poder de las movilizaciones sociales volvió a ser colocado como minoría, bajo la conducción del Partido de la reforma.

Un aspecto central de esta modificación está en el giro cultural de las masas hacia la disolución de las diversas formas de lazos comunales, solidarios, colectivos, y la constitución de un individualismo atomista que limita las posibilidades de auto-representación y busca delegar la representación a actores autoritarios.

También en nuestra América se reproduce el ciclo: la masiva resistencia social al neoliberalismo hasta crear el imaginario de cambios constituyentes; la institucionali-zación del poder constituyente en la representación de asambleas constituyentes y en Constituciones abigarradas que llegan hasta el discurso de la democracia participa-tiva; la emergencia electoral de gobiernos “progresistas” que se colocan en el espacio


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entre las demandas sociales y la modernización capitalista; el realineamiento del pro-gresismo hacia salidas de austeridad y nuevas formas de autoritarismo; la constitución de empates políticos entre los gobiernos “progresistas” y la restauración conservadora; la recuperación de la autonomía de las resistencias sociales ante las contrarreformas conservadoras y las fronteras de los “progresismos”.

El poder desde abajo choca con un doble muro: el restablecimiento del poder conservador y los límites de las fuerzas “progresistas” que intentaron reformas neo-liberales sin asumir las transformaciones postcapitalistas. Los impactos de la crisis económica global, con el paso a un período de escasez, ha abierto el campo para una confluencia de esas dos fuerzas en torno a programas de austeridad y estabilización y a políticas de contención de las luchas sociales.

Estas convergencias y choques pueden tomar diversas formas: la derrota estrecha del plebiscito sobre la paz pactada entre el Gobierno de Santos y las FARC en Colom-bia, los triunfos de la oposición conservadora en Argentina y Venezuela, la derrota del plebiscito por la reelección en Bolivia, la diferenciación de la oposición conservadora y la oposición democrática en Ecuador.

Reforma o revolución

La pregunta regresa a la relación entre reforma y revolución, las luchas dentro de las condiciones concretas y las posibilidades de ruptura sistémica. La propuesta de Rosa Luxemburgo se mueve en dos direcciones: marca las diferencias, pero también las ligazones.

“Es absolutamente falso y completamente ahistórico considerar las reformas como una revolución ampliada y, a su vez, la revolución como una serie de reformas concentradas. La reforma y la revolución no se distinguen por su duración, sino por su esencia. (...) Por lo tanto, quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en contraposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente” (Luxemburgo, 2008, p. 14).

La diferencia entre reforma y revolución está allí. O quizás la diferencia está dentro de la revolución misma, porque ha habido también revoluciones burguesas. Como dice el viejo Marx, las revoluciones proletarias vuelven una y otra vez sobre

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sí mismas, vacilan, retroceden, enfrentan a un enemigo mítico que está vencido cuando flota en los aires, pero vuelve a fortalecerse apenas tiene la oportunidad de topar nuevamente la tierra.

“Las revoluciones burguesas (…) avanzan arrolladoramente de éxito en éxito, (…) pero son de corta vida. (…) En cambio, las revoluciones proletarias (…) se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nuevo, (…) parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuer-zas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: ¡Hic Rhodus, hic salta! ¡Aquí está la rosa, baila aquí!” (Marx, 1981, p. 10).

El capitalismo funciona diferenciadamente para los de arriba y los de abajo. Arrighi distingue tres esferas de funcionamiento del capitalismo: la esfera de la vida comun, de la producción de los bienes materiales, que opera por debajo de las re-laciones capitalistas, como formas de vida y de subsistencia; la esfera del mercado, en que opera la competencia, y una esfera de supramercado, el reino de los grandes capitales, en que opera la economía política como una acción metabólica desde el poder, una región obscura que está por encima de la competencia y se mueve más bien en el campo del monopolio, la especulación, la corrupción y el arreglo de las normas para acelerar las acumulaciones (Arrighi, 1999).

El funcionamiento metabólico del capitalismo se impone desde el reino del su-pramercado para el conjunto de la sociedad, como reordenamientos flexibles y pro-cesos de desterritorialización-descodificación/reterritorialización-recodificación de las relaciones sociales económicas, políticas y culturales. A partir de esta función general, el Estado capitalista favorece la convergencia y el acuerdo de los de arriba; mientras desorganiza y dispersa las luchas y las identidades de los de abajo.

“La historia de los grupos subalternos es necesariamente disgregada y episódica. Es indudable que, en la actividad histórica de estos grupos, hay una tendencia a la unificación aunque sea en planos provisionales, pero esta tendencia es continuamente quebrada por la iniciativa de los grupos dominantes y puede por lo tanto ser demostrada solo a ciclo histórico terminado, si se concluye con un éxito” (Gramsci, 1975).

La cuestión se complejiza en nuestra América, pues hay una superposición es-tructural de tiempos y geografías, que operan permanentemente como excesos no-


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codificables por el sistema. Aquí es donde Luhmann se queda en off-side y Haber-mas se queda corto.

El Estado capitalista se sobrecarga al tener que responder a las funciones “in-ternas” propias de todo Estado capitalista en una determinada formación social y, al mismo tiempo, a la regulación de los procesos “externos”, por su ubicación en la periferia. La tendencia va a ser momentos cortos de realización de la hegemonía y la normalización de los Estados de excepción (Cueva, Ensayos sociológicos y políticos, 2012, pp. 145-146). Se presenta un funcionamiento “abigarrado”, en la combinación superpuesta de bonapartismo-populismo-autoritarismo (Zavaleta, 2006).

Las respuestas alternativas van a tener que responder a esta complejidad median-te estrategias superpuestas. Mariátegui se planteó esta cuestión bajo el principio de la originalidad del socialismo en nuestra América. “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva” (Mariátegui, 1971, p. 249). Y el argumento era la presencia de un camino diferente, a partir del aprendizaje de la comunidad. O, como dice Bolívar Echeverría, de la presencia de un ethos barroco, por la superposición de la civilización occidental y la civilización oriental-andina, como una forma alternativa de modernidad. Aquí están la posi-bilidad y el reto: las luchas para rebasar la recodificación del capitalismo, tienen que moverse al mismo tiempo en el campo antiimperialista, carácter democrático-nacional; en el campo postcapitalista, carácter socialista, y en el campo civilizatorio, carácter comunista.

Las preguntas del progresismo

Desde una visión autocrítica, Gilberto Carvalho3, ante el derrumbe del régimen de Dilma Rouseff, se pregunta: ¿El problema está en el programa o en las condicio-nes? ¿En la genealogía o en el proceso?

Ante esta cuestión, las vías de la Revolución Bolivariana y de la Revolución Ciu-dadana son diferenciadas. En 2005, Chávez plantea como horizonte “el socialismo

3 Gilberto Carvalho, Secretario personal del Presidente Lula. Intervención en la Clausura de la Cátedra François Houtart, IAEN, 14 de julio de 2016.

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del siglo XXI” y el “Estado comunal”. Correa en diversas oportunidades aclara, el fin no es cambiar el capitalismo, sino hacerlo mejor, modernizarlo.

La revolución bolivariana

La Revolución Bolivariana inicia en 1998 con un programa democrático; en la Constitución de 1999 no se menciona el socialismo, la propuesta más avanzada está en la “democracia protagónica”. El imaginario dominante en el paso a la V Republi-ca, después del fracaso y agotamiento del Pacto del Punto Fijo y la resistencia al neo-liberalismo, gira en torno al bolivarismo, en clave de un desarrollismo nacionalista y de un discurso antiimperialista y de integración latinoamericana.

La radicalización viene después del control del golpe de abril de 2002 y del paro petrolero. La ola alcista del precio internacional del petróleo abre un período de abundancia y fortalece el poder del “Estado mágico”, apuntalado en el control de la renta petrolera. Con ello la Revolución Bolivariana puede impulsar un Estado para-lelo en torno a las Misiones y la constitución de formas organizativas, inicialmente cooperativas y luego comunales, bajo tutela del Estado.

El anuncio del “socialismo del siglo XXI” se realiza en el Foro Social Mundial de 2005. Luego, en 2007, Chávez busca el respaldo del pronunciamiento plebiscitario en Venezuela. Más que por el poder de la oposición que mantiene su masa electoral, la derrota se produce por la abstención de la masa bolivariana: de 7 millones y medio de afiliados al PSUV, la mitad se abstiene ante el llamado para reconocer la revolución como “socialista” y aprobar la reelección.

En lugar de una lectura del mensaje desde abajo, Chávez orienta a una salida desde arriba: el carácter socialista y la reelección son aprobadas por la mayoría parla-mentaria. Se impone una vía junker en la acción del Estado. Los procesos se aceleran: entre 2007 y 2010 se realiza un masivo proceso de nacionalizaciones-estatizaciones de alrededor de mil empresas, como base de un capitalismo monopolista del Estado; se intenta una reforma agraria desde arriba con la entrega de tierras, créditos y tecno-logías a sectores campesinos; se impulsa la organización del “poder comunal”, bajo tutela del Estado y del Partido.

Este momento de auge se cierra con un nuevo empate-derrota electoral en 2010, que es resuelto mediante maniobras de “ingeniería electoral”, manejo de cocientes y


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fórmulas distribuidoras, para mantener la mayoría parlamentaria. El empate electoral a raíz de 2010 refuerza el carácter carismático del proceso. La figura del líder logra superar el empate, sobre todo en la elección de 2012.

En el tiempo de abundancia, todavía algunos hechos podían confirmar una parte del imaginario de cambio, sobre todo, en la redistribución interna y en la expansión integracionista por el reparto de la renta petrolera. Como en la tragedia griega de Edipo, los dioses enceguecen a quienes quieren condenar.

Al final, la agonía de Chávez será la constatación de la persistencia del capita-lismo. Intenta un viraje hacia una visión autocrítica y la necesidad de asumir una política de transición, ya no el salto voluntarista. Sin embargo el piso material se ha modificado: el período de escasez se proyecta en una crisis económica creciente. La muerte de Chávez rompe el punto de equilibrio interno y externo al bloque bolivaria-no. Y se inicia un período de empate catastrófico que apunta a un desenlace cargado de violencias.

La V Republica desemboca no en la transición hacia el anunciado socialismo del siglo XXI sino en un doble fracaso. La tragedia de la Revolución bolivariana es la combinación de dos límites: un proceso trunco y derrotado de cambios bajo el imaginario del socialismo del siglo XXI y la desconstitución de las bases de la moder-nización capitalista. La base material es la persistencia del rentismo petrolero como sustento de un “Estado mágico” ampliado, y el límite político es la falta de resolu-ción del tema de la democracia y la instauración de un populismo autoritario como sucedáneo. No puede cosechar ni de la fuerza de los cambios de transición hacia el “socialismo” ni de las fortalezas de los procesos de modernización del capitalismo.

En forma cíclica se presenta una versión de “socialismo de Estado” bajo la forma de capitalismo monopolista de Estado con algunos elementos de capitalismo popular.

La revolución ciudadana

La Revolución ciudadana en Ecuador es más simple; se presenta como un proceso de modernización funcional del Estado y la economía para una rearticulación a las nuevas condiciones del ordenamiento mundial. Allí están su fortaleza y su límite.

El imaginario del cambio se sustenta en la fractura de la etapa democrática y la etapa socialista. Con ello, puede impulsar una modernización radical y, al mismo tiempo,

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legitimarla con las ofertas de futuro: el pasado se ha vuelto el lastre que hay que superar; la nueva utopía no tiene raíz, se presenta como el inicio de un nuevo tiempo, la refun-dación. No tiene que rendir cuentas al pasado, la novedad es el cambio.

En el discurso de la modernización el cambio se vuelve autopoiético; hay que enfrentar todo rezago tradicional, las formas patrimoniales-oligárquicas y las formas gremiales-corporativas. “La cuestión central se ha vuelto evidente en sí misma: ‘hay dos tipos de compañías: las que cambian, y las que quiebran’. El cambio se ha vuelto imperativo, y un fin en sí mismo que no necesita justificación ulterior” (Bauman, 2008, p. 53).

La genealogía de Alianza País parte de un doble vacío. Arriba son derrotados los sucesivos intentos de salida a la crisis de hegemonía del viejo bloque financiero-ex-portador, liderado por el Partido Social Cristiano, aunque persisten en forma larvada.

Primero, en 1992-1996, el intento de Sixto-Dahik, que representa un proyecto de modernización aperturista radical de articulación al capital financiero mundial, sin los bloqueos de los intereses oligárquicos sobre todo de las viejas castas exportadoras y sobre la base de las concepciones del “Consenso de Washington”. En 1996-1997, el intento del sector financiero-importador, representado por Abdalá Bucaram. Y el intento de los sectores modernizadores de la Costa, diferenciados del dominio social-cristiano, representados por Gustavo Noboa.

En los 90, la resistencia social al neoliberalismo abre un imaginario constituyente y llega a su punto más alto en la insurrección indígena-militar del 21 de enero de 2000, como un intento de asumir el gobierno. La derrota fue el inicio de la crisis del bloque social liderado por el movimiento indígena.

Este doble vacío abre condiciones para formas bonapartistas y populistas. El pri-mer intento con Lucio Gutiérrez no cuaja por los límites de representación. La pre-sencia de Rafael Correa en el cruce de relaciones con los grupos modernizadores de la Costa y con los movimientos sociales, amplía el campo de representación.

El recorrido del ciclo del pacto burgués-oligárquico (Cueva, 1988) se reproduce en un nivel superior. En una primera fase, Alianza País representa un proyecto de modernización en alianza con propuestas de los movimientos sociales. Se expresa en la realización de la Asamblea Constituyente.

El desenlace de esta fase es la Constitución de 2008, en que se superponen cuatro Constituciones: en la parte dogmática predomina la visión del neoconstitucionalis-mo-garantismo, se instituye el paso al Estado de derechos y justicia. La parte orgáni-


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ca plantea un modelo desarrollista con una economía mixta y un Estado subsidiario: modernización y nacionalismo transnacional; bajo la predominancia de las visiones del neoinstitucionalismo: democracia disciplinaria, con ciudadanos como consumi-dores de servicios y órdenes estatales. El reconocimiento de la plurinacionalidad ope-ra en un doble movimiento de vaciamiento y de legitimación del proyecto global. Queda abierto el camino para el paso a la concentración autoritaria de poderes.

La hegemonía es un equilibrio inestable, se construye en ajustes sucesivos. El punto de quiebre se presenta en el 30S4, como oportunidad creada para un reor-denamiento del Estado en una doble dirección: el paso al Estado de seguridad y la licuefacción de las formas de poder, en un desplazamiento del eje de la disciplina al del control. La reforma afecta al “monopolio de la violencia física legitimada”: “las instituciones de la soberanía, incluidas las FF.AA., son empujadas a un lado, bajo diversas formas, la policiación, el desplazamiento del centro estratégico hacia los or-ganismos de inteligencia, la privatización de la guerra y la contratación de ejércitos mercenarios, como correlato de la privatización de las otras funciones del Estado, las violencias tribales y la mafiación de la política” (Saltos, 2016).

El paso necesario es la disolución de las identidades colectivas en la homogeneidad de los ciudadanos, necesitados de un centro referencial en el líder carismático y de una garantía de seguridad en el Estado fuerte. La flecha vira de la orientación auto-ritarismo-democracia a la orientación democracia-autoritarismo, con nuevas formas de exclusión y control. En forma superpuesta, el Estado funciona bajo la forma bona-partista en la producción de la hegemonía 1 (H1), el acuerdo arriba; como populismo en la producción de la hegemonía 2 (H2), el consenso activo de los de abajo, y como autoritarismo para el control de la hegemonía 3 (H3), las luchas contrahegemónicas.

La violencia adopta nuevas formas: pasa de las estrategias directas del tiempo de la soberanía a estrategias líquidas, del tiempo del control. Ya no es suficiente la metáfora de la Mátrix o del Gran Hermano, la ampliación global de la mirada panóptica desde afuera; pasamos a una forma de control desde adentro: es el individuo, bajo perma-nente sospecha, el que tiene que rendir cuentas permanentes de inocencia. El Estado de seguridad es la sociedad del temor.

4 El 30 de septiembre de 2010 se produce una insubordinación policial como reclamo a las reformas de la LOSEP. El acontecimiento se complejiza hasta el enfrentamiento entre militares y policías para el rescate del Presidente. Alianza País interpreta el hecho como un intento frustrado de golpe de Estado.

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El ajuste decisivo adviene con el paso de la abundancia a la escasez; trae a la super-ficie los procesos profundos. Aceleradamente el régimen de Alianza País, después de un corto período de desvinculación con discursos soberanos y de relación privilegia-da con el eje Este-Oeste, retorna a los mercados financieros tradicionales y busca la salida en la apertura al capital transnacional y en el endeudamiento externo. Se trata de un retorno soft, intención sin cartas, sin grandes virajes, con paquetazos sociales indirectos. El signo es la propaganda oficial sobre la firma del Acuerdo Económico con la UE, una versión de los Tratados de Libre Comercio de tercera generación, en los que ya no está en juego sólo el mercado de mercancías, sino de servicios; el paso de la apropiación de la renta tradicional y de los procesos de producción a la apropiación de la nueva renta biotecnológica y de los circuitos de circulación. Mientras anuncia el distanciamiento con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Un retorno hacia un consenso arriba: la salida a la crisis es el Plan de austeridad.

Desde el control de la institucionalidad del Estado, el régimen puede modificar las reglas y su aplicación para acelerar la acumulación originaria de los nuevos grupos económicos, a la vez brókeres y socios menores del capital transnacional y consoli-dar a los antiguos grupos vinculados; el paso desde un bloque histórico financiero agro-exportador, liderado por el Partido Social Cristiano, a un bloque financiero-importador-rentista. La condición es el control y la pacificación de cualquier intento contrahegemónico desde abajo.

Regímenes de período

Estamos ante regímenes que han superado la duración tradicional. No se trata de regímenes coyunturales; sino de regímenes de período. En el tiempo corto impulsan proyectos postneoliberales con el retorno del “Estado mágico”, sustentado éste en un neorentismo petrolero, y procesos de redistribución en el combate a la pobreza. En el tiempo largo, afrontan la reforma del Estado-nacional-liberal, constituido a inicios del siglo pasado y asediado actualmente por procesos supranacionales y subnacio-nales, y representan procesos de modernización para reubicarse en el nuevo orden global. Y en esta nueva hegemonía, las potencialidades de los imaginarios constitu-yentes construidos por las luchas de los movimientos sociales y los pueblos, han sido asumidas como legitimación para la desconstitución de las formas oligárquicas de


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dominio y también de las formas colectivas de resistencia, a fin de implantar la idea del progreso y la modernidad.

La diferencia principal está en la proyección: la Revolución bolivariana intenta el paso a un socialismo de Estado y fracasa; la Revolución ciudadana apunta a una modernización directa, y allí encuentra su fuerza y su límite.

¿Es posible el cambio estructural?

No hay caminos preconcebidos. Estamos en un período caótico de transición, marcado por dos procesos: los signos de decadencia del sistema capitalista que ha do-minado los ultimos siglos de la humanidad y la emergencia de signos postcapitalistas, sin sujeto.

Desde el pensamiento crítico podemos denunciar las fronteras del sistema y mirar esperanzados los intentos de reformas, podemos alinearnos con la paz y con la de-mocracia, respaldar las luchas de los pueblos contra el extractivismo y en defensa de la vida, participar en las nuevas visiones por los derechos de género, pero todavía es borroso el futuro anunciado. No son suficientes las viejas utopías del período román-tico ni los paradigmas del progreso y la modernización. Por esa vía podemos llegar a la absorción del poder constituyente de los pueblos en experimentos destituyentes, sin sentar las bases contrahegemónicas del cambio del sistema. Otra vez podemos partir de la vinculación entre reforma y revolución, proclamar que las luchas antineolibera-les son reabsorbidas por el sistema, reterritorializadas, si no se articulan en un mismo movimiento a las luchas postcapitalistas y postpatriarcalistas.

Una y otra vez vemos que las revoluciones transformadoras retroceden sobre sus pasos, vuelven a empezar el camino. No pueden quedarse en el lamento o la queja de los caídos o de los ídolos derribados. Y volvemos la mirada abajo, a los momentos cor-tos de otro poder, para convertirlos en acontecimiento que puede realinear las fuerzas en una nueva política. Quizás en ese camino el límite está en el Estado, como punto de condensación del dominio, y regresa la palabra a la sociedad, a la comunidad, a los movimientos sociales con proyección política.

La cuestión teórica se ubica en la relación entre sistema y mundo de la vida, entre estructuras y prácticas. Si miramos unicamente del lado del sistema las puertas se cierran, el capitalismo ha mostrado alta capacidad de adaptación y flexibilidad; la

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relación con las luchas políticas, locales y globales, señala algunas luces. El sistema llega a momentos de crisis en que se abren las puertas para la irrupción de salidas a partir de las prácticas de los actores subalternos. Y allí se coloca la disyuntiva entre dos estrategias: el realismo de lo posible, para moverse en la reforma progresiva y en-contrarse con el muro de la reabsorción sistémica de la energía social, o la busqueda contrahegemónica de vincular la reforma al horizonte de la revolución, una política de los gérmenes postcapitalistas y postpatriarcalistas.

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Antonio ElíasMaster en Economía, docente de la Universidad de la República, Uruguay; Director

del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez; integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, Vicepresidente de la Sociedad

Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Es miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial EDEM, de la Red de artistas e intelectuales

en Defensa de la Humanidad y del Grupo de Economía Mundial de CLACSO.

Uruguay: el proyecto del capital transnacional se impuso al programa de cambio social

1.- ¿Cuáles son los principales cambios realizados por estos gobiernos?

La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales no implicó una capi-tulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento unico. Por lo contrario, el Frente Amplio (FA) desdibujó su programa histórico de cambios

en el marco de una estrategia “realista” que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político y la designación de un ministro de economía, el Cr. Danilo Astori, que daba garantías al capital nacional y transnacional.

Bajo la egida de Astori se constituyó un equipo económico que rige la economía del país hasta el día de hoy, el cual mantiene la iniciativa e impulsa los cambios institucionales que favorecen la penetración transnacional, tiene el respaldo de los partidos de centro y de derecha, de los medios de comunicación y de buena parte de las cámaras empresariales. Para este equipo, dominante en los tres gobiernos, las relaciones con los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial implican garantizar el predominio de las reglas del mercado en el marco de una inserción capitalista subordinada.


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El “país productivo” que impulsaba el Frente Amplio como alternativa al llamado neoliberalismo, se transformó radicalmente cuando dicha fuerza política alcanzó el gobierno en 2005. La potencial alternativa por izquierda se transformó en continui-dad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). La concepción del equipo económico, que en los hechos es asumida por el Gobierno, es que los partidos Nacional y Colorado fracasaron en la “implementación” de un modelo eco-nómico que, en lo esencial, era adecuado para nuestro país.

Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las ventajas otorga-das por el Gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranje-rización de los principales recursos del país, en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estraté-gicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.

La agenda de los gobiernos del Frente Amplio estuvo marcada desde un principio por los objetivos macroeconómicos, que se transformaron en el fiel de la balanza de las decisiones de todas las políticas, ya que la busqueda del equilibrio fiscal y de cier-to nivel de superávit fiscal primario ‒exigencia de los acreedores y sus representan-tes‒ generan una restricción presupuestal muy dura que impidió atender en tiempo y forma las demandas sociales. Pero, fundamentalmente, no permitió implementar políticas de desarrollo productivo que se constituyeran en un cambio estructural de largo plazo.

Han existido, ciertamente, contradicciones en el Gobierno y en la fuerza política –en el FA se expresan intereses socioeconómicos contrapuestos–, pero la iniciativa respecto al modelo económico y la inserción internacional estuvo desde el princi-pio en manos de quienes propugnan una profundización del modelo centrado en el mercado, atraer inversiones extranjeras y el mayor nivel de apertura externa posible. Los sectores que han resistido ese modelo económico, han carecido de una propuesta alternativa comun, limitándose, en muchos casos, a la defensa del Mercosur.

La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo que impulsa desde hace doce años la conducción económica asume como premisas que: a) el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscu-tible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para realizar esas inversiones; c) se requiere inversión

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Antonio Elías, Uruguay: el proyecto del capital transnacional se impuso al programa de cambio social

extranjera, la cual vendrá al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de juego y aval de los organismos multilaterales.

La agenda de cambios estructurales acordada con el Fondo Monetario Internacio-nal, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cumplida a lo largo de los tres gobiernos, ha sido profundizar las reformas institucionales de “segunda generación”, buscando eliminar la “interferencia” de la política en la economía.

A partir del supuesto de que cualquier modificación de las reglas establecidas generará incertidumbre entre los potenciales inversores (supuestamente imprescin-dibles para ampliar la capacidad productiva), se asumen los siguientes “mandamien-tos”: cumplirás los contratos; no tocarás las Administradoras Financieras de Ahorro Previsional; firmarás Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con quien sea (se empezó en 2005 con los Estados Unidos); eliminarás o reducirás al mínimo los monopolios publicos; honrarás la deuda externa.

Dentro de la lógica del pensamiento dominante figura un argumento “decisivo”: en el país no hay capital para llevar adelante una política de desarrollo. Sin embargo, podría analizarse lo que hace el Banco de la Republica (BROU) con sus tenencias de activos líquidos, depositados en Nueva York, o los varios miles de millones de dólares de “activos sin contrapartida” que el Banco Central del Uruguay tiene en forma de títulos de deuda publica extranjera, en su mayoría norteamericana. Las Adminis-tradoras de Fondos de Ahorro Previsional actualmente pueden depositar el ahorro uruguayo en el exterior, lo que anteriormente estaba prohibido. Con esos recursos se está financiando el desarrollo de otros países y la economía-casino internacional.

Parte de esa masa de recursos podría perfectamente destinarse a financiar inver-siones industriales, investigación y desarrollo, y otros aspectos claves para la econo-mía del país. Pero, en el marco de una opción política por el capital, se presenta está opción económica como inevitable.

El sector dominante continua impulsando cambios institucionales que apunten al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, en particular en los as-pectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado, a la vez que aprueba políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, los cuales reducen los impuestos a un mínimo absoluto.

La reforma tributaria “dual” del primer gobierno de Tabaré Vázquez, tuvo como objetivo fundamental favorecer al capital: redujo el impuesto a la renta de los empre-


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sarios (antes IRIC, ahora IRAE) de 30% a 25%; eliminó en forma gradual el impues-to al patrimonio y desgravó a las grandes inversiones, básicamente extranjeras, en forma prácticamente indiscriminada, transformando al país en una gran zona franca. La recaudación del IRPF no fue pagada por el capital, sino que fue una transferencia de ingresos de los trabajadores con salarios altos y medianos hacia el Estado.

Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amiga-ble para la inversión extranjera, los gobiernos del FA buscaron su legitimación a través de una estrategia que combinó la contención de las situaciones de máxima pobreza con políticas asistencialistas, y un conjunto de cambios institucionales y políticas que favorecieron al movimiento sindical.

Desde este punto de vista consideramos que los gobiernos del Frente Amplio han realizado una estrategia de profundización del capitalismo basada en una política asi-métrica de conciliación de clases que brinda ciertos beneficios a los capitalistas y a los trabajadores, a la vez que está acompañado de asistencialismo a los sectores más pobres.

El problema fundamental es que los beneficios legales recibidos por los trabaja-dores, en base a su lucha, pueden ser reversibles por cualquier gobierno, en tanto se pueden modificar o derogar leyes, decretos y resoluciones. Se trata de avances tan importantes como la reimplantación de los Consejos de Salarios ‒ampliados a los tra-bajadores rurales y a las empleadas domésticas‒; los fueros sindicales; la eliminación del decreto que impedía las ocupaciones; la ley que garantiza los cobros de derechos laborales cuando una empresa tercerizada no cumple; la ley de ocho horas al sector rural, y las leyes de negociación colectiva publica y privada.

De la misma forma debe señalarse que en el caso de los trabajadores publicos se han tomado medidas legales que precarizan el trabajo (desde los contratos de dere-cho privado a una serie de medidas en el estatuto que degradan el Servicio Civil de Carrera); penalizan las medidas gremiales (decreto 401, que sanciona duramente los paros perlados y las medidas parciales); decretos de esencialidad que no se corres-ponden con los acuerdos de la OIT, al tiempo que se ha incumplido con la Ley de Negociación Colectiva.

En lo que tiene que ver con los trabajadores pasivos, el nuevo sistema mixto los desprotege y empobrece a través de un sistema de ahorro individual que fue creado para liberar parcialmente al Estado de sus responsabilidades sociales y económicas de garantizar una pasividad digna. Las AFAP son organizaciones con fines de lucro, que especulan con el dinero de los trabajadores y generan rentas vitalicias cuyo valor es

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indefinido. El caso de los llamados “cincuentones” –trabajadores que están a punto de jubilarse y que con el nuevo sistema cobrarán hasta 30% menos que con el sistema de reparto‒ es una muestra, generalizable en el futuro, de lo que le espera a los traba-jadores cuando se jubilen.

Se observa, además, que los valores de las rentas vitalicias que cobraran los pasivos son modificadas arbitrariamente por el Banco Central que resuelve las tasas de interés técnico (que ya fue reducida en 2012 de 3% a 1,5%) y la tabla de mortalidad que determina la expectativa de vida (se aumentaría este año el tiempo de sobrevivencia). Con ambas medidas se reduce en forma muy importante la renta vitalicia que recibi-rán de las AFAF los trabajadores que hoy aportan a ese sistema.

Los capitalistas, en cambio, tienen beneficios y privilegios, tales como la ampliación del numero de Zonas Francas, las que se otorgan a Empresas Transnacionales (ET) que instalan grandes plantas pasteras y/o en edificios en la ciudad, al igual que la amplia-ción de los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones y de la Ley de Asociación Publico Privada que beneficia tanto al capital extranjero como al nacional.

Estos beneficios del capital transnacional están fuertemente protegidos por trata-dos de protección de inversiones y de libre comercio que garantizan que en caso de incumplimiento del Estado este debe enfrentar demandas internacionales y pagar enormes indemnizaciones. Tampoco los subsidios ya otorgados a las empresas nacio-nales pueden ser revocados porque enfrentaría juicios con costos muy altos.

Téngase en cuenta que este situación de asimetría entre el capital y el trabajo aumentará exponencialmente si el gobierno sigue adelante con su política de firmar tratados de libre comercio y de protección de inversiones con países de enorme poder económico mundial, como China y los países agrupados en el Transpacífico con Estados Unidos a la cabeza.

Esta desigualdad jurídica entre el trabajo y el capital se expresa con meridiana cla-ridad en los momentos de crisis económica cuando se producen reducciones del nivel de actividad, devaluación, inflación y déficit fiscal que hacen que el Estado aplique políticas de ajuste.

En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas publicas, llamado “moderación y prudencia”, que impactará muy negativamente en el nivel de vida de los trabajadores y pasivos, tanto en el ingreso directo ‒salarios y pasividades– como en el indirecto ‒reducción y pérdida de calidad de servicios básicos, tales como la


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educación y la salud‒. Los capitalistas, en cambio, no serán afectados porque, como hemos señalado anteriormente, están en gran medida “blindados”.

2.- ¿Cuáles son los principales impactos y tendencias de los cambios realizados sobre la economía, la sociedad y el sistema político?

El modelo de acumulación en nuestro país está basado, en gran medida, en los agronegocios, con algunas características importantes: (i) lógica de extracción con el unico propósito de apropiarse de la renta de los recursos naturales; (ii) proceso ampliado de reprimarización de las exportaciones; (iii) el creciente proceso de mer-cantilización de la tierra, incluso con el papel del capital ficticio (especulativo, sin intención de producir), profundiza la concentración de la propiedad; (iv) incremento del papel de las empresas transnacionales como el agente fundamental de la lógica extractivista, explotadora y depredadora.

Los gobiernos del FA profundizaron el capitalismo captando Inversión Extranjera Directa (IED). El “éxito” en atraer estas inversiones fue muy alto. Téngase en cuenta que de 1999 a 2004 el promedio anual de IED ingresada al país fue de US$ 292 mi-llones. A partir de 2005 y hasta 2015, período de gobiernos frenteamplistas, tuvo un salto enorme, llegando a U$S 1.954 millones.

Los montos acumulados de inversión extranjera implican un cambio estructural en las relaciones económicas del país con el exterior, que se ven reflejados en una incrementada presencia de ET en la actividad productiva y, en consecuencia, con efectos de más largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo económicos.

La IED se concentra en los sectores industriales que recurren con intensidad a la extracción de recursos naturales para cadenas de valor transnacionales integradas por redes de empresas que tienden a generar enclaves en los lugares donde se instalan, administran el comercio internacional entre las filiales y, en la práctica, controlan los procesos económicos nacionales.

Tanto a nivel microeconómico (transferencia de tecnología, generación de empleo, apertura de mercados) como macroeconómico (inversión, crecimiento), es incontras-table que la IED no cumple los requisitos que debieran estipularse como necesarios para un desarrollo productivo con justicia social.

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La presencia creciente de las ET implica que controlan una parte significativa del ahorro generado localmente, por lo que cobra particular relevancia la política de reinversión de utilidades que apliquen estas empresas en los próximos años. La uti-lización de los excedentes por parte de las ET tendrá un impacto significativo en las futuras tasas de crecimiento, la estructura productiva, la inserción internacional y la distribución del ingreso, del cual puede adelantarse que no será positivo.

Debe concluirse que el proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias ‒que subsisten‒ a capitales extranje-ros fortalece y consolida el capitalismo dependiente.

El capitalismo está en crisis, pero las ET siguen teniendo capacidad para comprar tierras, inmuebles y medios de producción en la periferia, ampliando la desnaciona-lización de nuestras economías.

El modelo dominante continua impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, en particular en los as-pectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado. La mayoría de las reformas se caracterizan por la creación y/o perfeccionamiento de instituciones y agencias favorables al “libre” mercado, a la inversión extranjera direc-ta, a la circulación más abierta de capitales. Supuesto básico de todas ellas es que la política debe ser sustituida por el “saber técnico” en aquellas partes del Estado que, de acuerdo con ese criterio, no debe interferir con las decisiones “libres” del mercado.

Lo anteriormente señalado demuestra que el neoliberalismo –que es a la vez una concepción ideológica, una forma de hacer política y el modelo económico que ex-presa los intereses de los capitalistas– sigue vigente. Lo que se explica, simple y llana-mente, porque el capital sigue siendo el sector dominante y ha crecido enormemente en esta etapa en relación a las clases subordinadas. O, dicho de manera más directa, hay una profundización del dominio del capital sobre el trabajo en la etapa actual.

Los gobiernos del FA cortan sus raíces con el programa histórico cuando asumen que el Estado no tiene recursos para invertir, que no existe ahorro en el sector privado nacional y que la unica fuente de recursos para el crecimiento es la inversión extran-jera. De ahí en adelante el problema es cómo atraer a los inversores foráneos, lo cual exige poner a “disposición” de su capital los recursos naturales potencialmente más rentables y, complementariamente, garantizar los derechos de propiedad y los meno-res costos fiscales y salariales posibles. El neodesarrollismo es la fórmula progresista para profundizar el capitalismo.


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Debe señalarse, también, que la clase trabajadora tiene contradicciones internas importantes entre la lucha por objetivos programáticos históricos y la preservación de beneficios –a veces no menores‒ obtenidos de estos gobiernos (derechos laborales, condiciones de trabajo y mejoras salariales). Como contrapartida, la lucha por el so-cialismo ha quedado como una rémora retórica que acompaña y convive con la lucha cotidiana por mantener lo obtenido dentro del sistema capitalista.

3.- ¿Cuáles fueron las dificultades y restricciones que tuvieron las fuerzas políticas progresistas para aplicar políticas efectivamente alternativas al capitalismo?

Luego de la caída del Muro de Berlín y del colapso del socialismo real, sectores importantes del Frente Amplio abandonaron la concepción de la lucha de clases. La propuesta socialista fue sustituida por un discurso «izquierdista» que se declaraba huérfano de proyecto, por lo que terminó, sin cuestionar el capitalismo, privilegiando la conciliación de clases expresada en las políticas de Estado y en la alternancia de partidos en el gobierno.

La lucha por una «democracia social y económica» que resumía y sintetizaba esta perspectiva “izquierdista” respecto a una democracia política burguesa que se limi-taba, en el mejor de los casos, a garantizar el derecho al voto, se transformó, para muchos, en mejorar el nivel de vida de la población –sin redistribuir la riqueza acu-mulada‒ a través de una profundización del modelo del capital.

La conquista del poder y una salida anticapitalista ‒que suponen una ruptura del statu quo‒ quedaron de lado, no solo como práctica sociopolítico limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico del gobierno.

En los caminos de acceso al gobierno fueron cayendo y quedando de lado muchas banderas del programa histórico, bajo el supuesto, nunca demostrado, de que no eran convenientes para la acumulación electoral de fuerzas. Se asumía así el axioma “politológico” de que las elecciones se ganan captando el centro del espectro político.

Las definiciones programáticas se fueron morigerando: primero, en forma ambi-gua, para acercar a sectores moderados; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado». Con ese objetivo se aceptaron cuatro principios: a) el man-tenimiento y profundización de un orden constitucional y legal favorable al capital; b) la «política» no debe interferir las decisiones libres del mercado; c) la primacía de

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la democracia representativa sobre la participativa; d) el compromiso de garantizar la alternancia política, renunciando a los procesos de transición al socialismo.

Cuando los gobiernos del FA asumen en su práctica, a partir de 2005, dichos «principios» e impulsan la humanización gradual del capitalismo renuncian ‒en los hechos‒ a los objetivos históricos de la izquierda. Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucio-nalidad capitalista para administrar la crisis. Renuncian a sus objetivos fundacionales y asumen las reformas de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y tratan de atenuar los males del capitalis-mo sin enfrentarlo como sistema.

Los cambios son fuertes en el plano electoral ‒con reiteradas victorias nacionales y departamentales‒, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e insti-tucional se profundiza el capitalismo.

Como consecuencia, no se produjeron cambios significativos en el sistema de dominación, ni siquiera se avanzó en esa dirección.

Durante casi una década, las materias primas que exporta nuestro país tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento sig-nificativo de los recursos de que disponía el progresismo para financiar la conciliación de clases asimétrica.

La caída de los precios de las materias primas, la recuperación del valor relativo del dólar ‒con las consiguientes devaluaciones‒ y el retraimiento de la entrada de capitales afectan económicamente y pueden desestabilizar políticamente al actual gobierno del FA.

Hay una tendencia al descenso de la actividad económica: primero desaceleración, ahora estancamiento y, sí no se toman las medidas adecuadas, recesión. En contextos críticos, como los señalados, pueden caer los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios publicos y a políticas asistenciales dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva en-tre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de subsidios del Estado.

Lo anterior genera condiciones objetivas para la agudización de la lucha de clases, pero no existen condiciones subjetivas, tales como conciencia, organización y direc-ción, para poner en cuestión el dominio del capital.


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Hay que tener muy en cuenta que en este proceso de retroceso económico otros países progresistas han tenido reveses importantes: triunfó Mauricio Macri en Ar-gentina (22/11/2015); en Venezuela obtuvo mayorías parlamentarias la oposición (06/12/2015) y obtuvo las firmas necesarias para cumplir con la primera etapa del Referéndum revocatorio; en Bolivia fue derrotada la propuesta de reforma consti-tucional para posibilitar la reelección de Evo Morales (21/02/2016); en Brasil, luego de la aplicación forzada de los mecanismos constitucionales para destituir sin causas legítimas a Dilma Rousseff, su partido sufre una fuerte derrota en las recientes elec-ciones municipales (02/10/2016).

En cualquier caso, no puede ignorarse que las derrotas electorales, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por insuficiencias internas, tales como el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y, fundamentalmente, por profundas desviaciones ideológicas. Tampoco puede desconocerse que no se ha logrado la transformación de la base productiva y que aumentó la primarización, la extranjerización y la vulnerabilidad de nuestras economías.

Todo este proceso se encuadra dentro de una ofensiva estratégica del capital ‒que lleva décadas‒ por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la decaída tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los trabajadores de los países periféricos. Para ello necesitan: a) reducir al mínimo las fronteras y las regulaciones económicas a través de Tratados de Libre Comercio y de Protección de Inversiones cada vez más invasivos y lesivos para la soberanía nacional; b) aplicar políticas de ajuste para bajar los costos del Estado y de la mano de obra con políticas restrictivas de diverso tipo.

Los límites del progresismo y de las condiciones para su desplazamiento quedaron establecidos cuando se aceptaron las instituciones políticas y económicas del sistema capitalista. La ofensiva actual para sustituirlos por fuerzas políticas totalmente some-tidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones internas importantes y no garantizan el cumpli-miento de los objetivos económicos y geopolíticos de los Estados Unidos.

El acceso al gobierno, para los sectores de izquierda, era un camino que permitiría acumular fuerzas para avanzar hacia un horizonte socialista. Lo cual no fue así, segu-ramente, porque las clases dominantes mantuvieron el poder que deviene de la pro-piedad de los medios de producción y de la hegemonía mundial del neoliberalismo.

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Cabe preguntarse, entonces, en qué medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan a las clases dominadas de la posibilidad de realizar transformaciones estructurales a favor del trabajo y en contra del capital. Esa es la cuestión que juzgara la historia.

4.- ¿Cuáles serían los cambios necesarios para crear condiciones para el desarrollo de políticas y procesos tendientes a la creación de un nuevo orden social productivo, inclusivo, democrático y de reafirmación de la soberanía e independencia nacionales?

Si se reconoce que la caracterización de los gobiernos del FA es correcta, se vuelve necesario evaluar cuáles son los desafíos y límites actuales.

Un desafío, es, sin duda, la crisis mundial que sigue profundizándose. Vale la pena recordar que las dictaduras militares fueron desplazadas en los años ochenta en el marco de una gran crisis internacional, la de la deuda; los gobiernos que implemen-taron el Consenso de Washington fueron derrotados políticamente en el marco de la crisis de comienzo del milenio.

El progresismo, por su parte, enfrenta una reducción de las cantidades y de los precios de sus exportaciones, la caída de la IED en un 46% entre 2015 y 2013 y un probable aumento de la tasa de interés internacional. Las contradicciones entre el capital y el trabajo se van a agudizar porque los empresarios reivindicarán y exigirán recortes en el gasto publico, reducción de impuestos y flexibilización laboral.

No se puede olvidar que la profundización de la crisis no es sólo una destrucción de capital, es también, un aumento de la sobreexplotación de los trabajadores para poder evitar o minimizar en lo posible la caída de la tasa de ganancia.

Al FA le será muy difícil demostrar que los resultados de la crisis son independien-tes de su política económica; exagerando se podría afirmar que para una buena parte de la población vale el dicho italiano: “piove, porco governo”. En este caso, además, la crisis encuentra al país en un proceso de profundización de la dependencia y de la vulnerabilidad social, lo que no es nada menor.

Decimos profundización de la vulnerabilidad social, porque estos gobiernos han gastado muchos recursos en políticas asistencialistas que, como tales, no pueden sos-tenerse cuando la crisis reduzca los ingresos del estado. Las personas beneficiadas por


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el asistencialismo seguirán siendo tan vulnerables como antes, es poco probable que hubieran cambiado al carecer de formación, y sin oportunidades de trabajo generadas por el desarrollo de matrices productivas incluyentes no hay una nueva inserción so-cial. Hoy sólo superan la línea de indigencia o de pobreza por un subsidio económico que en nada cambia lo esencial de sus vidas.

Un segundo desafío, es la política agresiva de los Estados Unidos que bajo la presi-dencia del “democrático” Obama impulsó “golpes blandos”. Veamos varios ejemplos: Honduras (la destitución de Zelaya); Paraguay (la destitución de Lugo); Brasil (la destitución de Rousseff); la ofensiva desestabilizadora contra el gobierno de Venezue-la y, en su momento, contra Bolivia y Ecuador.

Estados Unidos busca el control de América Latina a través de gobiernos total-mente confiables y permeables a sus decisiones. Los gobiernos progresistas como el FA ‒con sus contradicciones internas y sus discursos internacionalistas ambiguos‒ no garantizan la estabilidad que requiere el capital transnacional ni los objetivos geopo-líticos de los Estados Unidos.

Un límite fundamental puede ser el actual agotamiento del FA, una fuerza polí-tica que se ha quedado sin programa de cambios para poder avanzar en un proceso redistributivo, en una nueva matriz productiva, en una propuesta de organización social que consolide su base popular. Para cambiar esta situación debería dar un giro a la izquierda, asumiendo un nuevo programa que necesariamente lo llevaría a una confrontación con el capital que se ha evitado de multiple maneras.

En efecto, los gobiernos del FA se han caracterizado por una política de concilia-ción de clases, que permitió mejorar los ingresos reales de los trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital y se acrecentó la concen-tración de la riqueza acumulada.

Con la agudización de la crisis el FA ha perdido posibilidades reales de mantener esa política y, por ahora, hace caer la carga del ajuste estructural sobre los trabajadores –pauta salarial nominal, reducción del gasto publico social ya presupuestado y au-mento del IRPF al factor trabajo– e impulsa una apertura total de la economía –TLC de nueva generación con Chile (4/10/2016), propuesta de TLC a China, declaracio-nes a favor de la integración a la Alianza del Pacífico y al Transpacífico–.

Probablemente, esto condene al FA a ser derrotado electoralmente porque las polí-ticas que aplique golpearán directamente a su base social: los trabajadores, los pasivos

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y aquellas familias que reciben asistencia económica del Estado para paliar la pobreza y la indigencia.

La otra alternativa, más improbable, es asumir la crisis como una oportunidad para realizar una política de defensa de la soberanía nacional y de los intereses de los trabajadores –activos y pasivos, del campo y la ciudad– que haga pagar los costos de la crisis a los grandes capitalistas.

Para cambiar esta situación es necesario un programa que no subordine el desa-rrollo económico nacional a la inversión extranjera, que no favorezca los intereses del capital y el libre mercado, que no pretenda compensar los efectos de la explotación mediante políticas sociales focalizadas y asistencialistas. Por el contrario, debería pro-ponerse el control nacional del proceso productivo y la reestructuración sectorial de la economía para lograr una redistribución radical de la riqueza y de la renta, nucleo fundamental de un modelo económico de izquierda.

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Maria Ceci MisoczkyDocente e investigadora – Escuela de Administración y Programa de Post-Grado en Administración – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre –

Brasil). Maestría en Planeamiento Urbano y Regional, Doctorado en Administración. Coordinadora del Grupo de Investigación “Organización y Praxis Libertadora”.

Brasil: crisis del pacto de clases y la difícil construcción de alternativas

¿Se puede hablar de un giro a la izquierda en el caso de Brasil?

Para contestar esa pregunta es necesario aclarar de qué hablo al decir izquierda. Para hacerlo tomo las reflexiones de Chasin (2000) y las de Vaisman y As-sunção (2016). Las autoras nos recuerdan que derecha e izquierda designan,

en su sentido original, campos políticos de naturaleza divergente con relación a las lógicas del capital y del trabajo y a las respectivas formas sociales. O sea, lo que dis-tingue la izquierda como campo político es “su adhesión a la lógica humano-social del trabajo”. Ser de izquierda implica tener un estatuto propositivo que “reconoce y critica las leyes de desarrollo del capital” (p. 3) y, desde esa apropiación, articula prác-ticas defensivas (guiadas por la teoría y nunca confundidas con un fin en sí mismas) con esclarecimientos y proposiciones. “Solamente se puede hablar de izquierda desde una plataforma positiva: la alternativa sistémica del trabajo o de la sociabilidad del trabajo” (Chasin, 2000, p. 26). Sin la perspectiva de transformación social más allá del capital prevalece el politicismo. Veamos su significado.


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El politicismo1 es intrínseco al orden del capital porque naturaliza el ámbito eco-nómico. Si el orden económico es natural, solamente queda la posibilidad de confi-gurar el orden político, que es presentado como amoldable, como la esfera decisiva en la cual se podría realizar la justicia (Chasin, 2000). Así, “la economía es considerada como una especie de telón de fondo amorfo, como una plataforma virtual con varias posibilidades que serán definidas por la política – correlación de fuerzas constitutiva de alianzas” (p. 17).

El carácter estructurante de la esfera productiva es reducido a una posición secundaria, o sea, no se sabe cuál es la fuerza determinativa del ‘ factor’ económico. En la medida en que no es la economía la esfera estructurante de la sociabilidad, porque convertida en mero factor, la política pasa a ser la última instancia. Si la economía –el complejo productivo material, la base material de la existencia humana– es reducida a factor, ocurre la desnaturalización ontológica de la actividad vital o esencial de los seres humanos. El politicismo transgrede los lineamentos ontológicos marxianos en dos puntos fundamentales: (1) reduce el complejo fundante a factor, empobrece y estrecha su manifestación, irradiación y responsabilidad sobre el conjunto de la formación; (2) se pierde la línea consistente de determi-nación, las relaciones determinativas pasan a ser volátiles, arbitrarias y fortuitas, tendiendo siempre a predominar, en último análisis, la política como determinación decisiva (p. 18).

1 Así como el economicismo. Economicismo y politicismo bajo la apariencia de ser opuestos, son, en verdad, simétricos; son degeneraciones teóricas y prácticas de la lucha económica y de la lucha política, respectivamente. “La economía es el complejo de producción y reproducción material de la existencia humana, la actividad vital/esencial del hombre, de la cual no es posible separar la interactividad de los productores. En la economía hay una interdeterminación entre hombre (sujeto), actividad (su predicado) e interactividad (el ejercicio de su capacidad). El economicismo es la separación de esa interrelación, el establecimiento del primado unilateral, automatizado, determinista, de la economía tomada como uno entre otros factores estáticos y aislados. En paralelo, se reduce la amplitud y la intensidad de las reverberaciones de la praxis humana, de manera que el orden económico es naturalizado. Su paralelo en términos políticos es el politicismo, o sea, la concepción que deshace la complejidad de lo real exclusivamente en la dimensión política, apenas una de las especificidades que componen el todo, hipertrofiada e indeterminada” (Vaisman y Assunção, 2016, p. 6).

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Maria Ceci Misoczky, Brasil: crisis del pacto de clases y la difícil construcción de alternativas

Esa separación de lo que es ontológicamente inseparable hace posible que la po-lítica adquiera el estatuto formal de ‘cosa publica’, mientras la economía permanece vinculada a la esfera privada. Así, “fundada en la contradicción entre la vida publica y la vida privada, la politicidad solo puede tener, ante la sociedad, una posición ad-ministrativa. Sin solucionar los problemas de los cuales ella propia desciende, “su ley es la impotencia” (Vaisman y Assunção, 2016, p. 7). Cuando eso se aplica al juego político partidario, es prácticamente imposible separar las posiciones de los distintos partidos porque las bases teóricas de sus concepciones son estructuralmente las mis-mas: tienen que extraer de la práctica gubernamental las consecuencias lógicas de sus postulaciones.

En ese texto que menciono, escrito antes de la elección de Lula, Chasin (2000, p. 24) prevé los límites de la oposición petista ‒“el fracaso previsto”‒ al gobierno de Fernando Henrique Cardoso del PSDB, anunciando lo que sería la marca del partido cuando accediera al gobierno:

Los partidos de oposición están igualmente en el orden del capital por sus discursos y por su actuación efectiva. No hay proyecto a partir del trabajo, y sin la perspectiva de transformación social más allá del capital no puede haber proyecto. […] sin el proyecto de una reedificación de la estructura so-cial no puede haber objetivo intermedio a alcanzar, vínculos a constituir, pues no hay configuración de ruta hasta la revolución. Por lo tanto, como izquierda abstracta, quieren el dominio del Estado para perfeccionarlo (profundización democrática), y con eso caen en el vacío […]. En ese vacío, aún con millones de votos, son inertes política e históricamente (p. 23).

Para concluir esa introducción, comparto con Chasin (2000) la comprensión de que la izquierda de izquierda (no la izquierda que oculta su derechismo, como decía Nelson Rodrigues: “tengo horror a la izquierda que esconde su derechismo”) tendría que representar la crítica al sistema del capital –poniendo la revolución social en el horizonte, aun reconociendo su imposibilidad presente‒ y ser una fuerza política representativa de las mayorías compuestas por el complejo del trabajo. La ambición de ser alternativa viable del poder por la vía tradicional resulta (como resultó en el caso del Partido de los Trabajadores - PT) en un actuar oportunista que fortalece


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y amplia el contexto desfavorable a las transformaciones estructurales y desarma la clase trabajadora2.

PT: metamorfosis y crisis

La referencia al politicismo ayuda a comprender lo que Iasi (2012) define como metamorfosis de la consciencia de clase en la trayectoria del Partido de los Traba-jadores a lo largo de poco más de dos décadas (1980-2002). Para hacerlo, recupera las contribuciones de dos clásicos del pensamiento social brasileño: Caio Prado Jr. (2000) y Florestan Fernandes (1976). Del primero, Iasi (2012, 2013) toma el análisis y anticipación de los equívocos de hoy por la creencia en el mito de un ‘capitalismo progresista’ o de un ‘desarrollo con carácter social’, y por la consecuencia política de tal concepción: la alianza de clase con una supuesta burguesía nacional. Del segun-do viene la especificidad de la burguesía nacional como un aglomerado de sectores diferentes (una congiérie social), un encuentro del talento empresarial y de la orga-nización de grandes emprendimientos con las viejas oligarquías en el seno de un Estado también oligárquico. Fernandes (1976, p. 217) define ese proceso como una contrarrevolución preventiva en la cual lo nacional y lo democrático no se encuentran articulados porque lo que ocurre es una alianza de un sector oligárquico aburguesado con el propio orden arcaico. Lo que se constituye es, por lo tanto, una autocracia, “un poder que se impone sin disfraz desde arriba, recurriendo a cualquier medio para prevalecer, erigiéndose a sí mismo como fuente de su propia legitimidad y convir-tiendo, al fin, el Estado nacional y democrático en instrumento puro y simple de una dictadura preventiva de clase” (p. 297).

Analizando el contexto específico que antecede el fin del periodo dictatorial, Fer-nandes (1976) encuentra dos escenarios posibles: la auto-reforma de la autocracia por la incorporación de sectores externos al círculo del poder burgués o la continuidad y fortalecimiento de la autocracia burguesa dado el carácter estructural de sus bases.

2 Hablar en términos de clase trabajadora no significa, por un lado, ignorar que “el capitalismo tiene un carácter histórico-estructural complejo no definible sólo en términos de lucha de clases (aunque tampoco con prescindencia de las clases sociales). Por lo tanto, “la crítica de la sociedad burguesa […] exige la crítica de las formas de mediación social que el capital acarrea en todos sus planos” (Martin, 2014, p. 144). Por otro, reafirma que “el trabajo abstracto, expresado en valor, constituye el fundamento estructural de las relaciones sociales capitalistas” (p. 19).

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De hecho, la transición al final de la dictadura fue para una democratización tutelada y pactada (Arturi, 2001) que preservó el aparato político y jurídico de la dictadura y postergó la atención a las demandas populares, o sea, ocurrió el fortalecimiento de la autocracia. Su auto-reforma y el significado práctico de la categoría propuesta por Fernandes (1976) para analizarla –democracia de cooptación‒ solamente serían com-prendidos con las transformaciones internas al PT y con su llegada al gobierno federal.

El surgimiento del PT, en el inicio de los años 1980, fue considerado por muchos como una importante novedad porque representaría una organización de trabajado-res sin la tutela de las élites (como en el populismo3) o de vanguardias políticas (como en los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas4).Sin embargo, para Iasi (2012, p. 361), el aspecto novedoso es menos la forma (que al final no se confirma original) y más el proceso por el cual

[…] una clase, en el centro estratégico del proceso de valorización del valor, se confronta con el capital, primero por motivos inmediatos y puntuales (ritmo y condiciones de trabajo, salarios, derecho de organización, etc.) y después da un paso en el sentido de buscar una representación política para intervenir en el escenario nacional […], convirtiéndose en un polo agluti-nador de diferentes sectores de clase y segmentos sociales que se unifican en la lucha contra la dictadura militar y por la democratización con un corte inicialmente clasista y anticapitalista.

Un breve recorrido por las transformaciones graduales e incrementales por que pasa el PT desde su creación puede ser presentado con el apoyo de Iasi (2012, 2013). La década de 1980 es marcada por la denominada Estrategia Democrática Popular, expresada en la combinación de dos movimientos en pinza: la construcción de un movimiento socialista de base, por un lado, y asegurar las expresiones de esas luchas en la conquista de espacios institucionales, por otro. El objetivo era llegar al gobierno federal para implementar un programa antilatifundista, antiimperialista y antimono-polista hegemonizado por los trabajadores y sin alianzas estratégicas con la burguesía (distinguiéndose de la estrategia de Revolución Democrática Nacional defendida por

3 Ver: Ianni, O. (1998). O colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

4 Ver: Dulles, J. F. (1977). Anarquistas e comunistas no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.


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el Partido Comunista Brasileño antes del golpe de 1964). En el texto del V Encuentro Nacional del PT (1987) se encuentra la afirmación de que “la superación del capi-talismo y el inicio de la construcción socialista representan una ruptura radical que presupone la necesidad de que los trabajadores se tornen clase hegemónica y domi-nante en el poder del Estado, eliminando el poder político ejercido por la burguesía” (Iasi, 2016a, p. 2). En el VII Encuentro (1990) ya se puede identificar el camino de la metamorfosis en lo que puede parecer una diferencia sutil: “los trabajadores deben ser hegemónicos en la sociedad civil y en el Estado, dejando otros aspectos del proyecto socialista como desafíos en abierto” (p. 3). En el I Congreso (1991), el significado de socialismo es definido como “un Estado de derecho en el cual prevalezcan las más amplias libertades civiles y políticas”, donde “los mecanismos de democracia representativa, libertos de la coacción del capital, deben ser conjugados con formas de participación directa de los ciudadanos en las decisiones económicas, políticas y sociales”. Aquí se reconocen las definiciones del Estado burgués en su forma de-mocrática, con los principios tornados universales y con el respecto a las reglas del juego. La diferencia “es que esa máquina política sería, ahora, liberta de la coacción del capital” (Iasi, 2016a, p. 3). Pero, cuando se presenta la posibilidad concreta de llegar al gobierno del Estado burgués, pero sin que el trabajo de pinza hubiese avan-zado lo suficiente, se colocan cuestiones concretas: “¿es posible llegar al gobierno?”, “¿es deseable”? “¿llegando, como mantenerse?”. “El sentido general de la ecuación fue resuelto así: es posible llegar al gobierno incluso sin la correlación de fuerzas nece-saria, pero eso implica que no sea posible implementar el programa antilatifundio, antiimperialismo y antimonopolio, lo que implicaría proseguir la acumulación de fuerzas en un nuevo nivel, ahora en la situación privilegiada de poder por estar en el gobierno”. Claro, para buscar ese desenlace sería imprescindible permanecer en el go-bierno. “La fórmula propuesta y los términos del dilema se resuelven en una inflexión moderada: rebajar el programa, ampliar alianzas, ganar las elecciones y garantizar la gobernabilidad” (p. 4).

Esa inflexión ‒entre 1995 y 2002‒ ocurre a lo largo del periodo de los dos go-biernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), marcados por medidas neolibera-les (apertura comercial indiscriminada, privatizaciones, énfasis en el superávit como ancla de la estabilidad monetaria, reducción del gasto publico y precarización de las políticas sociales, etc.) y por sucesivas derrotas impuestas a las luchas sociales y, principalmente, sindicales. También es el periodo de administración por el PT

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de numerosas alcaldías municipales y algunas gobernaciones en estados, desde la primera conquista electoral ocurrida en Porto Alegre (en 1989), con el consecuente crecimiento del poder de una base institucional y parlamentaria que se impone a la base partidaria anterior.

Se conjuga, así, una pauta defensiva de resistencia a la envestida neoliberal, por un lado, y el creciente abismo entre las direcciones y la base, por otro. En ese contexto, la nueva orientación estratégica expresada en las resoluciones de los Encuentros X y XI (1995 y 1997, respectivamente) pasa a ser definida “como la busqueda de una alterna-tiva al neoliberalismo para construir proyectos viables”, actualizando y reelaborando “el programa democrático y popular, articulando fuerzas sociales amplias en torno de un proyecto para la sociedad brasileña, alternativo al neoliberalismo vigente y al nacional-desarrollismo caduco” (Iasi, 2012, p. 507). Por lo tanto, sería necesario “ree-laborar la estrategia de poder del partido” con base en la moderación de un programa en que desaparece cualquier mención al socialismo, ahora sustituido por un proyecto nacional de desarrollo. El proyecto “alternativo” se aproxima del nacional-desarrollis-mo de los años 1950 y afirma expresamente su distancia de la etapa democrática de la revolución socialista preconizado por el PCB.

En el conjunto de medidas propuestas para una ‘nueva política econó-mica con reformas sociales’ no hay una sola palabra sobre alteraciones en las formas de propiedad o en las relaciones sociales de producción, sino un conjunto de medidas que ‘eviten la recesión, defiendan el salario y el empleo, reduzcan los intereses y articulen la estabilidad económica con la retoma del crecimiento’. La ‘ defensa’ del salario debería ser realizada, en los términos de la resolución del X Encuentro, por una ‘política salarial negociada’ que asegure una ‘gradual y permanente’ elevación de los rendi-mientos de los trabajadores’, en especial del salario mínimo, para inducir el consumo de masas (Iasi, 2012, p. 509).

De manera radicalmente diferente de las resoluciones de pocos años antes (V Encuentro - 1987), el carácter nacional pasa a ocupar el lugar que antes era de la polarización de clase, y el embate pasa a ser entre dos proyectos para la sociedad brasileña: “el neoliberal, restrictivo, privatista y comprometido con la especulación y el capital internacional, y el proyecto democrático (el calificativo popular también


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empieza a desaparecer) que interesa a toda la nación” (Iasi, 2012, p. 510-511). El paso siguiente viene en el XII Encuentro (2002), cuando queda claro el significado de “toda la nación”, con la inclusión de los “empresarios productivos de cualquier porte” como “beneficiarios de la ampliación del mercado de consumo de masa”. El Partido que rechazaba pactos sociales y alianzas estratégicas con la burguesía pasa a defender un nuevo contrato social, desde luego que con la parte buena de la burguesía, los empresarios productivos. Los enemigos son, quizás, los terratenientes improductivos y los especuladores (p. 512).

El año de 2002 tiene otro documento clave, la denominada Carta ao Povo Brasi-leiro (Lula, 2002), en la cual Lula promete “combinar el incremento de la actividad económica con políticas sociales consistentes y creativas”; reformas estructurales que democraticen y modernicen el país […] y “lo conviertan en más justo, más eficiente y más competitivo en el mercado internacional”; reducir los impuestos a la produc-ción; asegurar la paz en el campo; reformar la seguridad social; priorizar el combate al hambre. Además, asegura que el “nuevo modelo” será fruto de una “amplia nego-ciación nacional, que debe conducir a una auténtica alianza por el país, a un nuevo contrato social capaz de asegurar crecimiento con estabilidad”. Promete superar la crisis de confianza del mercado y garantiza que los “inversores no especulativos” pueden quedarse tranquilos, que las exportaciones serán priorizadas junto con una substitución competitiva de importaciones, que los contratos serán honrados y “el superávit primario preservado para evitar la pérdida de confianza en el gobierno para honrar sus compromisos”.

Neodesarrollismo y pacto de clases

Al frente del gobierno federal, el PT amplió enormemente el poder del capital financiero, del agronegocio, de la minería, del sector energético y de la construcción civil; fortaleció el monocultivo, la producción de commodities y de bienes manufactu-rados para exportación: cortes animales, etanol, celulosa, resina; actualizó el modelo agrícola basado en la gran unidad productiva y en la larga utilización de tecnologías (máquinas, en semillas transgénicas, insumos químicos). Además, construyó un am-biente políticamente propicio a las desregulaciones exigidas por el avance de la acu-mulación neoliberal, desmontando la estructura jurídica e institucional forjada en las

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luchas de las décadas anteriores (Pinassi, 2015a). Véase, por ejemplo, la reforma de jubilaciones, el rigor en la aplicación del ajuste fiscal, la ley antiterrorismo que crimi-naliza las luchas sociales, la entrega de la pré-sal (subsuelo marino) a empresas extran-jeras, el abandono de la reforma agraria, el código forestal y el código de minería, la liberación de los transgénicos (Iasi, 2016a). Así, “el PT atiende democráticamente las necesidades del capital destructivo y, democráticamente, ataca cada una de las con-quistas históricas de la clase trabajadora. El vacío es completado por una amplia gama de políticas sociales con carácter efímero, individualista y asistencial a los desterrados y desocupados precarizados que él ayuda a crear”5 (Pinassi, 2015a, p.5).

Y lo hace con base en un frente heterogéneo y plagado de contradicciones, que re-une a la gran burguesía ‒distribuida por diversos sectores de la economía (industria, minería, construcción pesada, agronegocio exportador) y unificada bajo la reivindi-cación de favorecimiento y protección del Estado en la competencia con el capital internacional–, las clases populares, trabajadores urbanos y el campesinado. El frente incorpora, además, un amplio sector social compuesto por desempleados, subem-pleados, trabajadores por cuenta propia, campesinos en situación de penuria y otros sectores que la sociología suele llamar de masa marginal (Boito Jr. y Berringer, 2013). Claro que ese frente funciona mientras la burguesía desea que funcione (Iasi, 2015), y su deseo se alimentó por el contexto del alza del precio de las materias primas y el

5 En nuestro Grupo de Investigación analizamos el Programa Bolsa Familia (PBF) por medio de un estudio junto a los beneficiarios, cuestionándoles sobre su realidad laboral, las condiciones de sus viviendas y sus perspectivas de superación de la pobreza más allá de los ingresos ofrecidos por el programa. Los resultados apuntaron hacia un mejoramiento puntual en algunas condiciones de vida, pues el ingreso ofrecido por el programa complementa el obtenido en trabajos estacionales o en negro. Asociándose con las condiciones generales de vida de la clase trabajadora, el programa opera como mecanismo complementario de un trabajo que es estructuralmente superexplotado (Dornelas Camara y Misoczky, 2012). En otro estudio, argumentamos que la idea de la aparición de una Nueva Clase Media (NCM) fue una estratagema para la organización de una agenda positiva. Ofrecemos la posibilidad de análisis del fenómeno de ampliación del mercado interno desde el punto de vista de las proposiciones teóricas de Álvaro Vieira Pinto (2008) y Ruy Mauro Marini (1991), articulando consumo, clases sociales, trabajo y producción como relaciones inseparables, insertadas en las contradicciones del capitalismo dependiente. A partir de estos autores, fue posible entender que la expansión del consumo, la base de la estratagema de la NCM brasileña, temporalmente mejoró las condiciones de vida de las personas a expensas del endeudamiento y de la profundización de la sobreexplotación del trabajo (Abdala y Misoczky, 2012).


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aumento de los volumenes exportados. Ese “viento de cola”, en las palabras de Salama (2016, p. 3) favoreció:

1) un crecimiento más elevado que el de los años 1990; 2) una desindus-trialización; 3) una inserción en la división internacional del trabajo que involucra productos de una intensidad tecnológica crecientemente débil (con la excepción de algunos sectores como la aeronáutica) y conduce a un déficit de la balanza comercial de productos industriales desde 2008, el que rápidamente se transformó en abismo, cada vez menos capaz de cubrir el excedente proveniente de la venta de materias primas; 4) finalmente, con un desfase en la industria entre la demanda y la oferta de mano de obra, las demandas de trabajo calificado de las empresas bajan relativa-mente mientras las ofertas de trabajo calificado aumentan gracias a los esfuerzos realizados en materia de educación (extensión del número de años educativos).

Ese “viento de cola” ha permitido, a la vez, un consecuente aumento del salario mínimo y de los salarios de manera general, y también un incremento de las políticas sociales. Pero, cuando viene la desaceleración económica y se anuncia una crisis laten-te, la burguesía presiente las dificultades y decide atacar, comprobando, una vez más lo que la historia ya enseñó tantas veces: “en determinados momentos los intereses de las fracciones de la clase dominante parecen coincidir con los de los trabajadores”, pero en situaciones límites, las bases sobre las cuales se asienta esa alianza “manifiesta toda su imposibilidad” (Marques y Andrade, 2016, p. 16).

Las contradicciones del frente político dirigido por la gran burguesía interna con apoyo instrumentalizado de sectores populares atendidos por los programas socia-les ganaron visibilidad desde el final de 2014 (pero mostraba indicios desde 2012), cuando el impacto de la crisis internacional y del bajo crecimiento de la economía nacional ya indicaba las tendencias que se concretizarían en el segundo mandato de Dilma. Además, la relación promiscua entre empresarios del grupo de las llama-das campeonas nacionales6 y componentes de la estructura político-partidaria en el

6 Empresas con una sólida posición en el mercado que tenían una relación privilegiada con el gobierno y con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ver Tautz, Pinto y Fainguelernt, 2012 y Misoczky e Imasato, 2014.

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ámbito de la Operação Lava-Jato se tornó escandalosamente visible (diversos autores analizaban esa estrategia y señalaban sus problemas, desde diferentes perspectivas, como por ejemplo Garcia, 2011; Misoczky y Imasato, 2014; Novoa, 2009; Tautz, Pinto y Fainguelernt, 2012).

Sin embargo, para usurpar el poder era imprescindible crear una amplia insatis-facción contra el gobierno y el PT. El movimiento articulado de acciones judiciales y mediáticas con demonstraciones callejeras intensificadas en las redes sociales dise-minó el estigma de corrupción, desmando e incompetencia, además extendiéndose a todo lo que pueda ser llamado de izquierda (Iasi, 2016b).

Esa estrategia se encuentra con la imposibilidad de una resistencia consecuente en defensa del gobierno y del PT, como consecuencia del apaciguamiento y de la “contención de las fuerzas populares en los marcos estrictos de la institucionalidad” (Pinassi, 2015a, p. 4) conducidas por los gobiernos de Lula y Dilma. La Central Única de los Trabajadores (CUT) capituló juntamente con el PT, abandonando la combatividad y adoptando un sindicalismo de resultados7. El MST es, quizás, el caso más emblemático, pasando por importantes transformaciones que imponen una larga distancia entre sus objetivos y características en las décadas de 1980 y 1990 y la organización en que se transformó desde el primer gobierno de Lula. El MST8 abandonó la lucha por la reforma agraria clásica y pasó a denominar su demanda de reforma agraria popular como parte del proyecto de desarrollo del gobierno. El contenido de esa nueva actitud es la “busqueda de inclusión por medio de políticas publicas y alianzas, incluso privadas, de las familias asentadas”. Así, lo que era crítica al capitalismo en la organización de la lucha por la tierra, se trasformó en “una irre-mediable lucha por inclusión social y económica” (Corrêa, 2015, p. 6), optando por amoldarse al orden.

7 Bringel y Falero (2016, p. 39) usan la relación del gobierno con la CUT para ejemplificar el concepto de “conexión negociada”, en la cual “se observa un control puntual sobre miembros de los movimientos, aunque no del agente colectivo como un todo”; “se constituye un canal privilegiado con el gobierno, pero el costo sigue siendo alto en lo que se refiere a la autonomía”.

8 El MST es el ejemplo de lo que Bringel y Falero (2016, p. 39) denominan de “conexión descontinuada”, en la cual se alternan contextos de compromiso y contextos de movilizaciones; casos en que “hay un horizonte (práctico y discursivo) de autonomía, pero, por diferentes causas, incluyendo lazos personales, afinidades y trayectorias comunes, no se renuncia a la conexión con el gobierno”.


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De una manera general, la estrategia del PT fue la institucionalización de las reivindicaciones históricas de los movimientos populares y de las demandas por de-rechos de ciudadanía, al mismo tiempo que sustraían derechos de los trabajadores. O sea, el PT operó su relación con las masas, con los sectores populares, organizados o no, por medio de tutelas y de una amplia gama de planes, proyectos y programas de reducción de la miseria. De esa manera, “calló su voz combativa, tornándolos dependientes de políticas y de burocracias estatales”. Los trabajadores “se convirtie-ron en colaboradores y emprendedores fustigados por el fetichismo de la mercancía e invadidos por la lógica del enemigo” (Pinassi, 2015b, p. 7), alejándose cada vez más de cualquier proximidad con lo que se pueda llamar de consciencia de clase. La educación de las masas y capas medias se quedó a cargo de los grupos monopolistas mediáticos y de las iglesias evangélicas, manipulando exhaustivamente lo que Alves (2016, p. 1) denomina las “teologías del neodesarrollismo (teología de la prosperidad, teología del consumo de marcas y teología del emprendimiento)”.

Tiempos de usurpación y la difícil construcción de alternativas

Es necesario aclarar que reconocer la usurpación del poder por el golpe parla-mentario-judicial no implica considerar la democracia formalista burguesa como un valor universal9. No implica desconsiderar las prácticas del PT (que se presentaba como palatino de la honestidad y de la moralidad) y sus aliados en el submundo de la política, con la constitución de grupos criminales diseminados en el interior del aparato jurídico-político en una radicalización de lo que, hace mucho tiempo, el so-ciólogo Fernando Henrique Cardoso (1975, p. 38) denominó “anillos burocráticos de Estado” para referirse a “círculos de información y presión (por lo tanto de poder) que se constituyen en mecanismos para permitir la articulación entre sectores del Estado y sectores de las clases sociales”. Además, no implica ignorar que la operación Lava Jato es parte de la crisis institucional. Con el debilitamiento del Congreso y del poder ejecutivo, el poder judicial y la Policía Federal pasaron, cada vez más, a arbitrar y

9 En el contexto de Brasil, hablar de legitimidad relacionado con procesos electorales es aún más complicado por la legislación que permite donaciones millonarias para los partidos del orden y la disposición de tiempos muy distintos obligatorios en radio y televisión.

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protagonizar la vida política del país. De modo que el poder judicial brasileño, bajo el manto de la imparcialidad y defensa de la ley, asume poderes especiales y autoritarios.

En el contexto inmediato al golpe, ocurrieron manifestaciones por todo el país. Todavía, esas manifestaciones fueron organizadas por frentes que incluían organi-zaciones vinculadas a la institucionalidad, razón por la cual movilizaron segmentos sociales puntuales, bases de partidos, sindicatos y algunos movimientos sociales. Sin tener el apoyo de los trabajadores como clase o la posibilidad de ampliar ese apoyo para bases de masa (Iasi, 2016b, p. 4), terminaron por caer en el cansancio y vacia-miento progresivo. Sin hablar de la dificultad para entender las denuncias contra golpistas de los mismos partidos con los cuales el PT mantiene alianzas en ciudades y estados. Además, para muchos militantes de izquierda (de la izquierda de izquierda), nos es aceptable confundir las acciones de oposición a los usurpadores con la defensa de Dilma10 y ahora de Lula.

Siguieron las elecciones municipales en el inicio de octubre. Aun sin solucionar las disputas en el segundo turno, el PT cae de la tercera a la décima posición en numero de alcaldías; en numero de votos sufre una disminución de 60% (de 17.2 millones a 6.8 millones)11. Aun así, la falta de autocrítica por parte del PT es asombrosa12. De la misma forma que lo hizo en el gobierno, sigue optando por una gobernabilidad por lo alto (Iasi, 2016c), obstruyendo intentos de renovación desarrollados por algunos grupos al interior del partido y diseñando alianzas para mantener el acceso al poder del Estado, aunque por medio de otros líderes personalistas (quizás Ciro Gomes, hoy en el PDT).

10 No está de más recordar que la senadora escogida para hacer la primera intervención cuando Dilma fue al Senado para su defensa, fue Katia Abreu, líder del agrobusiness, expresidenta de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), exministra de Agricultura del Gobierno de Dilma. Presenciar su discurso fue un recordatorio de una entre tantas razones por las cuales no se puede definir ese gobierno como de izquierda (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=01ihvS-o8-A).

11 El PMDB se mantuvo en primero lugar, el PSDB creció de 686 alcaldías a 791. Las demás se distribuyen por los partidos de ocasión, creados para accionar en el mercado político negociando apoyos (PSC, PHS, PTN, por ejemplo). La Rede, de Marina Silva, y el PSB, tuvieron un desempeño insignificante.

12 En 10 de octubre de 2016, Aloizio Mercadante, ministro de la Casa Civil y de Educación en el Gobierno de Dilma, reiteró los hechos del neodesarrolismo petista sin ninguna reflexividad. Ver: http://www.brasil247.com/pt/247/poder/259635/PEC-241-do-novo-desenvolvimentismo-ao-neoliberalismo-tardio.htm


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En ese momento se encuentra en trámite el PEC (Proyecto de Enmienda Cons-titucional) 241, aprobado en la Cámara de Diputados y esperando votación en el Senado (prevista para la primera quincena de diciembre). El PEC 241 congela por 20 años el gasto publico primario (excluye intereses) del gobierno federal, de la misma manera que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)13 ya lo hace. O sea, sacrifica los gastos en educación, salud, seguridad social, pero protege los gastos destinados al pago de intereses, que hoy compromete R$ 1 trillón del presupuesto federal: la pérdi-da estimada en el presupuesto de la salud con el PEC 241 es de R$ 63 billones (Alves, 2016). Por más grave que sea el PEC 241 ‒“el PEC del fin del mundo”, como lo lla-mamos‒, hay que tener en cuenta que es apenas el principio de la envestida contra la clase trabajadora. Las reformas de la legislación del trabajo y del sistema de pensiones intentarán provocar una caída histórica del valor de la fuerza de trabajo. Hay también que considerar la reforma política que busca eliminar parte de los partidos políticos, especialmente los de izquierda, bajo el pretexto de su multiplicación: 35 hoy contra 27 en 2008 (Coggiola, 2016).

El PEC es tan grave que, junto con la reforma de la enseñanza secundaria14, de-flagra un movimiento popular mayoritariamente juvenil. Hoy (escribo el 27 de octu-bre), hay 1022 escuelas, 51 universidades y 82 institutos federales ocupados por es-tudiantes en 21 estados. La potencialidad de vivir esas experiencias y el contenido de la lucha, además de profesar el derecho a la rebelión y a la desobediencia, dejan muy evidentes los límites de los movimientos meramente en defesa del gobierno usurpado o de la institucionalidad democrática. Se abre un periodo de retoma de la iniciativa por activistas y organizaciones que redescubren su fuerza y se atreven a luchar por su futuro. A su vez, las organizaciones de los trabajadores, impulsadas por las 8 centrales sindicales15, finalmente se movilizan (contra el PEC 241, las reformas del trabajo y de las pensiones, la reforma de la enseñanza secundaria y la entrega de la pre-sal a petro-leras extranjeras) y convocan una huelga general para el 11 de noviembre16.

13 Ouriques (2016) define la LRF como la principal ley de bronce en uso en la sociedad brasileña, parte de la cruzada por la austeridad y el recorte del gasto público. La LRF fue la base legal para el impeachment de Dilma.

14 Ver: http://www.ebc.com.br/educacao/2016/10/entenda-reforma-do-ensino-medio15 Ver: https://www.brasildefato.com.br/2016/10/20/centrais-sindicais-convocam-

greve-geral-para-11-de-novembro/16 Ver:http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2016/10/dez-motivos-para-as-

mobizacoes-populares-contra-o-goveerno-temer-9125.html

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Sin embargo, cualquier alternativa para ser alternativa no puede restringirse a escoger a otras personas o partidos por la misma política sistemática que nos condujo a ese callejón sin salida. Para abrir la posibilidad de alternativas hay que empezar por cuestionar ese orden y esa democracia, y buscar otras formas de expresión de la voluntad colectiva (Iasi, 2016d). Además, hay que recuperar la autonomía de la clase trabajadora. En ese sentido, la organización de la huelga general puede ser un paso para retomar el proceso de reorganización de una consciencia de clase y disminuir el espacio hoy ocupado por el conservadurismo.

Para concluir…

La conciliación de clases siempre desarma a los trabajadores. La implementación de políticas sociales y la actuación de los gobiernos de Lula y Dilma como gestores del capital, sumadas a la negativa a ejercer el papel pedagógico que un partido de la clase trabajadora debería tener, promovieron la desorganización y desmovilización (ideológica y política) de la mayor parte del sindicalismo y de los movimientos socia-les, apostando a que la burguesía permanecería fiel en su apoyo (Contrin, 2016). Por supuesto que esas organizaciones autodenominadas de izquierda se metamorfosearon junto con el PT.

La crítica al PT y el reconocimiento de su responsabilidad por la situación que vivimos no significa afirmar que todo es consecuencia de sus acciones. Tampoco significa desconocer que su metamorfosis ocurrió en un momento histórico marcado por el proceso de reestructuración productiva y de derrota de la lucha de clases en el plano internacional (Iasi, 2016e). Significa que es indispensable reconocer sus errores para reafirmar la posibilidad de alternativas y para evitar caer otra vez donde ya caí-mos. Sin intentar transformación estructural alguna en la economía o en la forma del Estado, dominado por el politicismo y bajo la continuada transferencia de excedentes desde la periferia hacia los centros de acumulación, el discurso del (neo)desarrollo operó, una vez más, como un mecanismo de contención de lo social.

Un nuevo ciclo de luchas, de producción de consciencia, de resistencias a los re-trocesos, de desarrollo de nuevas formas de organización, de abrir perspectivas para un futuro exige también la crítica del politicismo, recolocando el horizonte de supe-


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ración del capital desde la sociabilidad del trabajo y, desde ahí, construir las media-ciones necesarias para la configuración de rutas efectivas en el presente.

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Juan Bustos TroncosoSociólogo, Magíster en Historia, Docente Escuela Latinoamericana

de Postgrado, ELAP, Universidad ARCIS

Claves de lectura del progresismo postdictatorial en América Latina

Este trabajo parte de la evaluación de que entrada la década de los 90 la sociedad chilena se encuentra en una crisis en sus formas de organización e institucionalidad política. Que a pesar del horizonte democrático que inspiró el fin de la dictadura, la ruta principal que siguió el denominado proceso de transición en los 90, más bien fue la de adecuar las formas de organización e institucionalidad política en crisis, segun la formulación estratégica de la gobernabilidad democrática y la emergencia de enunciados liberales. Se sostiene que dicha gobernabilidad democrática en los 90 comprendería dos etapas: la primera que sigue las exigencias de la economía y regulación del mercado, pero en base a la transformación productiva con equidad y la globalización, mientras la “sociedad civil” deriva en una referencia compensatoria sustentada en la equidad y los derechos humanos, postulados fundamentales de orientación ante la desigualdad social y atropellos a las personas, heredados del régimen anterior. En una segunda etapa, la estrategia de gobernabilidad democrática busca su legitimidad segun la ampliación y extensión de determinados postulados del liberalismo, recurriendo a una de sus vertientes, el liberalismo igualitarista, inspiración y fundamento del progresismo: la igualdad de oportunidades, la equidad, el reconocimiento de derechos, la participación ciudadana, la tolerancia son sus valores principales. No obstante, este progresismo se encuentra entrampado en su propio origen y promesa, su pecado original es el reconocimiento del modelo económico neoliberal y la Constitución dictatorial del 80, fraguada en el pacto del 89 y la “democracia de los acuerdos” con los grupos de derecha. Su segundo aliento con los postulados liberales, no conduce ni a la profundización de la democracia ni a la aproximación de una teoría democrática sino a la legitimidad de los mecanismos de regulación del mercado, vaciando dichos postulados de la teoría democrática original para situarlos como defensa de los derechos individuales del consumidor.


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La gobernabilidad democrática

Entre 1989-1990, en medio de la emergencia1 de la nueva situación histórica y del cambio del régimen político2 en Chile se produce una gran expectativa en el imaginario democrático en torno a la constitución de una nueva forma de conviven-cia social y política; sin embargo, una serie de presiones, omisiones y ausencias, así como la conservación de elementos estructurales heredados del régimen anterior, no obstante las precisiones que se han hecho por distintos autores acerca del carácter de la denominada transición, la trayectoria de este proceso no sería la democracia sino la gobernabilidad democrática, la que se constituiría en una clave estratégica del nuevo régimen político postdictatorial.

La gobernabilidad democrática en las ciencias políticas y sociales en los ultimos 30 años se ha transformado en un tópico obligado de reflexión, materia importante de elaboración y debate, y ha tenido particular relevancia la discusión sobre su propio significado y las implicancias de su uso en las practicas discursiva políticas (Prats, 2001 y 2003; Coppedge, 1996; FLACSO, 2004; Frei, 1997; Boeninger, 1994 y 1997).

En América Latina, el tema de la gobernabilidad democrática no es nuevo. Tiene relación con determinados momentos históricos y ha sufrido también transformacio-nes en su uso y significado. En efecto, en un momento histórico distinto se ha hecho presente en cuanto a su formulación, y ha sido un punto recurrente de preocupación

1 Se entiende aquí por “emergencia histórica” “la irrupción del sentido histórico”. Según Foucault, “la emergencia se produce siempre en un determinado estado de fuerzas”;…”las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha”;… “Este es el significado que la emergencia se constituya como constelación, apareciendo siempre como conjunto aleatorio y singular, no recogiéndose a un centro… sino desplegada en un espacio disperso”;… “La emergencia histórica es la configuración de la irrupción del suceso, presentándose cortante y único”;…..”la emergencia es, pues, la entrada en escena de las fuerzas, es la irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las bambalinas al teatro, cada uno con el vigor y la juventud que le es propia” (Foucault: 1975: 15 ss.).

2 Siguiendo a O’Donnel se entiende aquí, por régimen, “los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de ese acceso, los recursos y las estrategias que les son permitidos para ganar tal acceso, y las instituciones a través de la cuales el acceso es procesado y, una vez obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales” (O’Donnel, 2004: 13-14).

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Juan Bustos Troncoso, Claves de lectura del progresismo postdictatorial en América Latina

de la estabilidad política de los países de la región y de Chile en particular3. En rigor, la gobernabilidad democrática retrotrae a la inspiración hegemónica de la Trilateral en los 70, bajo control de David Rockefeller que, precisamente, encarga su elaboración a Michel Crozier, Huntington y Watanuki. Más tarde, el mandato del Consenso de Washington ha hecho de dicha fórmula el eje del orden fundamental para los países de la región. Situada históricamente, a la gobernabilidad democrática le corresponde resolver la cuestión del orden político como condición de gobernabilidad en la post-guerra, en las transiciones democráticas de América Latina y de los países en la crisis final del socialismo del ex bloque soviético, segun recomendaciones y programas del politólogo conservador norteamericano Samuel Huntington (1991).

En Chile, en la emergente gobernabilidad postdictatorial en los 90 ‒no obstante ciertas diferencias entre el mandato ortodoxo del Consenso de Washington4 y los Go-biernos de la Concertación5‒, la articulación entre instituciones y prácticas discursi-vas de actores políticos e intelectuales del pensamiento democrático operaría en base a una nueva modalidad y forma de relación política sistémica: la de la gobernabilidad democrática. En este contexto, como ejes del periodo postdictatorial se precisarán al menos dos cuestiones cruciales: En primer lugar, con el primer gobierno de los par-tidos de la Concertación (1990-1994), se insinuaría un perfil liberal con el temprano

3 Abordar el tema de la “gobernabilidad democrática” implica, en primer lugar, dar cuenta del concepto de gobernabilidad. Sin embargo, aun sin el ánimo de desarrollar el concepto, adelantamos la apreciación de Joan Prats: En rigor, la gobernabilidad se puede entender hoy tanto en su acepción más amplia como en la restringida, desde la construcción de sistemas de consenso hasta el ámbito de las situaciones de corrupción de algunos dirigentes políticos (Prats, 2003).

4 En relación con este punto, Frei precisa lo siguiente: “En la época de la Trilateral, el concepto de gobernabilidad adquiría un amargo sabor ante la hegemonía sin contrapeso del régimen autoritario de la región”… ¿Cómo, entonces, el concepto de gobernabilidad pasó a integrar el leguaje político y académico en nuestros países? Simplemente, por la transición de los regímenes autoritarios hacia sistemas democráticos. Al intentar pasar de uno a otro, los actores políticos, tanto en América del Sur como en Centroamérica, muy pronto descubrieron que el fundamento sobre el cual se intentaba validar las autocracias era que tal modo de gobierno ponía fin al conflicto social y político generalizado global. En otras palabras, la dictadura ponía orden ante la anarquía del conflicto. Las sociedades de la región eran ingobernables democráticamente y podrían llegar a ser gobernables si disminuía el grado de conflictividad” (Frei: 52-53, 1997).

5 La Concertación de Partidos por la Democracia es una agrupación compuesta por los partidos de la Democracia Cristiana (DC), Por la Democracia (PPD), Radical Socialdemócrata (PRSD), Socialista (PS).


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anuncio de la “transformación productiva con equidad” (CEPAL, 1990), pero en el contexto del reconocimiento y funcionamiento del modelo económico neoliberal, lo cual marcaría el horizonte de la gobernabilidad democrática, así como el primado del orden político para asegurar la relación privilegiada entre mercado y Estado. Hacia la segunda mitad de los 90, el mandato del Consenso de Washington tiene su traduc-ción latinoamericana en la llamada Declaración de Santiago, o el “Neoconsenso de Washington” (Santiso, 2001). La reinserción de este nuevo perfil de gobernabilidad democrática, tiene su consolidación y corolario regional en la VI Cumbre Iberoame-ricana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en nuestro país. En lo sustantivo, dicha Cumbre plantearía postulados claves para la direccionalidad política del país y la región: la primacía del orden sobre la práctica de la confrontación, la primacía del enunciado de un buen gobierno para lograr democracias estables, la reconstrucción institucional, la adaptación del régimen político a las nuevas circunstancias, la efica-cia y logros en el desarrollo6.

En segundo lugar, en el contexto del nuevo orden político y de gobernabilidad, la “sociedad civil” se desplaza como categoría política complementaria. El ámbito de la “sociedad civil” ‒no obstante constituir un horizonte y referente fundamental en el proceso de transformaciones sociopolíticas en los 80 por su rescate de los clásicos de la filosofía política en tanto reformulación teórica en la relación “sociedad civil-estado autoritario” y referente crítico para las movilizaciones sociales (Flisfich, 1982)‒, es en los 90 el referente de las políticas sociales compensatorias, de los derechos humanos y la modernización del Estado, pero ahora bajo el sentido y recomendaciones de los bancos multilaterales de desarrollo (Rabotnikf, 2001), del mundo de la organización de empresas y microempresas, de la colonización del emprendimiento y del mercado.

6 La consideración del tema de la Gobernabilidad Democrática en dicha Cumbre se puede considerar como un triunfo de Frei y la Concertación. En torno a ello, en 1996 Frei afirmaba lo siguiente: “En toda Iberoamérica se asiste a un debate de reconstrucción institucional de la democracia. El régimen político, las constituciones, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los partidos políticos, son sometidos a un exigente examen para adaptarlos a las nuevas circunstancias y articularlos entre sí. Este resurgimiento institucional es genuino y profundo y rompe el modo clásico de nuestra historia... Para decirlo en el... (nuevo)... lenguaje, son cada vez más los dirigentes y los ciudadanos de nuestros países que comprenden que la gobernabilidad se alcanza con la doble exigencia de la legitimidad y eficacia... No hay verdadera gobernabilidad sin legitimidad democrática, pero tampoco sin eficacia en los logros del desarrollo” (Frei, 1997: 234).

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En síntesis, durante todo el periodo postdictatorial en la década del 90, la ten-dencia articuladora de la gobernabilidad democrática reemplazará el imaginario de la democracia sustentada en los 807. Y la orientación originaria principal de dicha formulación no será tanto la de conducir los postulados de la democracia, como la de refundar nuevos procesos de gobernabilidad para un orden político estable en correspondencia al funcionamiento del mercado y su legitimidad. En este contexto, la gobernabilidad democrática se legitima políticamente y encontraría su sentido en base a dos grandes procesos: asegurar la estabilidad del orden político y la economía de mercado; el control del desorden (de los grupos antisistémicos que han quedado de la resistencia al régimen anterior) y los desafíos que plantean para las políticas sociales en la sociedad civil, la economía de mercado y la globalización económica, comercial, tecnológica y cultural. En consecuencia, la gobernabilidad democrática será sintetizada por las instituciones y organismos internacionales que operan en Amé-rica Latina en tanto “eficiencia institucional”…, …“como articulación de intereses sociales” (FLACSO, 2004). Como “eficiencia institucional”, se entenderá “la capa-cidad que tiene un Estado de atender y resolver demandas sociales… (con)… énfasis en las capacidades institucionales de la maquinaria gubernamental para formular y llevar a cabo sus políticas”.… “Como articulación de intereses sociales… a juicio del PNUD… el “‘conjunto de mecanismos, procesos, y relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias”’ (PNUD, 1997 citado por FLAC-SO, 2004).

7 El tópico de la gobernabilidad democrática y la democracia en este periodo adquiere particular importancia en la reflexión de las ciencias sociales, Universidades y Centros privados de reflexión: entre otras iniciativas más relevantes, en 1996 se realiza el Seminario de Gobernabilidad Democrática y su influencia en la región por la Universidad de Chile. A fines de 2003, los Centros vinculados a la concertación realizan el Seminario “Nuestros Desafíos Democráticos”. Los Informes del PNUD han seguido insistentemente el tema de la democracia y la gobernabilidad. Y, particularmente, el PNUD, ha levantado toda una reflexión latinoamericana sobre el estado de la democracia; por ejemplo, se puede ver el informe sobre “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas” (2004). En el ámbito de la agenda pública, la celebración de la VI Cumbre Regional, cuyo eje es la gobernabilidad democrática de los Estados en la Región, es fundamental. Y el MIDEPLAN, por su parte, desarrolla el proyecto “Las bases filosóficas, sociológicas e históricas de la Equidad”. Igualmente, se pueden consignar otros centros privados, como la Corporación Tiempo 2000: “Desafección y eticidad en la acción política. Elementos para un nuevo imaginario democrático” (2002).


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Las fuentes teóricas del progresismo liberal para la gobernabilidad de una sociedad de mercado

Entre 1997 y 2002 se crean nuevas circunstancias sociopolíticas después de dos gobiernos de Concertación (1990-1994 y 1994-2000). Algunas de las circunstancias que cooperarían en la generación de una nueva situación en el cuadro político-social sería la persistencia de la desigualdad social, la caída del crecimiento económico, la cada vez más evidente desprotección social, la inseguridad, la incertidumbre, el desafío del Estado ante la exigencia de la globalización y las expectativas de nuevas inversiones por parte del empresariado (PNUD, 1998-2000-2002; Tironi, 2002). En efecto, distintos autores han caracterizado esta coyuntura como una “crisis socioló-gica” o crisis “de subjetividad” en la sociedad chilena (Tironi, 2002, PNUD, 1998; Lechner, 2002), pero también se ha hablado de crisis de sentido, de “desafección de la política” y crisis del Estado (Lechner, 2002; Santibáñez, 2001)8.

En esta nueva coyuntura, por primera vez se siente la deuda de las promesas de la primera etapa y, entonces, se amplía el debate en torno a las limitaciones de la de-nominada transición. Nuevamente aparece en el debate la pregunta sobre el proceso de democratización, y, en particular, qué ha pasado con la democracia. Se da paso a un malestar respecto de las formas de representación y legitimidad política de las instituciones (Moulián, 1997; Squella, 2000; Bruner, 1998; Lechner, 1998; Portales, 2000 y 2003).

8 Respecto a la crisis del Estado, que se menciona aquí como una característica del periodo, se inscribe en un debate más amplio y de fondo. Luis Carlos Bresser Pereira, plantea que la crisis en los 80 y la reconstrucción del Estado en América Latina ha sido “ante todo una crisis del Estado, y no una crisis de mercado, como la gran depresión de los años 30: una crisis fiscal, una crisis del modo de intervención y una crisis de la forma burocrática de administrar el Estado. Fue, asimismo, una crisis estructural del proceso de desarrollo anterior. No fue una mera consecuencia del proteccionismo, del estatismo y del populismo que prevalecían en América Latina, como pretende la interpretación neoliberal. Ni fue tampoco una crisis causada por políticas de los países desarrollados que provocaron y que enfrentaron la crisis de la deuda de los años 80, como pretende la interpretación populista”, (Bresser Pereira:1, 1998). Para una visión indispensable sobre las tendencias de cambio del Estado, “Burocrático-Autoritario”, véase O’Donnel (1976 y 1983). Así también es útil el trabajo de Enzo Faletto (1989) sobre la especificidad del Estado y sus relaciones en el campo de la economía, las relaciones sociales, el sistema político y el aparato estatal. Igualmente, ver el análisis de Ricardo Lagos respecto al tipo de Estado que se requiere para la nueva época de la globalización (Lagos, 1993).

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Así, en dicho cuadro de crisis e incertidumbre en el ámbito económico, social, político y cultural, en particular, dado el impacto del déficit social y las deficiencias del funcionamiento político de la gobernabilidad9 se va a presentar de manera más articulada y definida, con mayor claridad y marcada intencionalidad política, una línea de orientación nucleada y reconocida en torno al denominado “progresismo”. En efecto, si bien es cierto que esta inspiración se inicia en los 90 con la tesis de la trasformación productiva con equidad, ahora, en el nuevo cuadro sociopolítico del cambio de década, pareciera presentarse como el horizonte político de los partidos de gobierno de la Concertación. En tal sentido, un conjunto de enunciados se pronun-ciarán sobre el momento político, entre otros, afirmando que “Al respecto…parece oportuno traer a colación la “Teoría de la justicia” de John Rawls, porque ella, sin apartarse del liberalismo político, da un paso en esa dirección y porque ha marcado la reflexión política de las ultimas tres décadas… Esta teoría… establece dos principios complementarios: el primero, la igualdad de las libertades (cada persona debe gozar de derechos y libertades iguales lo más amplios posibles); y el segundo, segun el cual las desigualdades deben ser organizadas de tal manera que razonablemente se pueda afirmar que a todos beneficia y que correspondan a funciones abiertas a todos. Rawls abre así una puerta para repensar las bases morales y políticas de la sociedad reintro-duciendo el problema de las desigualdades en la tradición liberal del régimen consti-tucional. Lo que me interesa destacar –dice Viera Gallo– es el vínculo entre libertad de todos, diferencias justas e igualdad de oportunidades” (2001). Por su parte, Bitar sostiene: “entre liberalismo y progresismo hay un espacio de coincidencia para abor-dar una agenda comun a favor de la democracia y la modernización de Chile” (2002). En fin, un conjunto de pronunciamientos y afirmaciones en tal sentido marcarán la connotación de esta tendencia10, la que irá construyendo una constelación de enun-ciados, conceptos, principios, valores e ideas que se pueden reconocer en una de las

9 Entre otras distorsiones, lo que comprende el sistema binominal.10 Pare efectos de este trabajo, como tendencia también se puede reconocer como

“estilo de producción”, o “practica discursiva” o “formación discursiva”, cada una de las cuales adquiere connotaciones complementarias para una articulación entre un enfoque teórico-práctico, es decir, un discurso que se busca imponer en la realidad y busca cambios en medio de determinadas relaciones de fuerzas (De la Garza, 1988; Foucault, 1975; Bourdieu, 1985 ; Van Dijk, 1992 y 1980)


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variantes del liberalismo, el liberalismo igualitarista11. En concreto, entre las claves de sentido y significación de dicha tendencia estaría el planteamiento ya formulado de la equidad, lo que se complementará con los enunciados de la igualdad de oportuni-dades, la participación ciudadana, el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, la ciudadanía12, la tolerancia, etc. (Brunner, 1998-2001; Lagos, 1993; Tironi, 2002; Halpern, 2002; Bitar, 2002; Flisfisch, 2002; Viera Gallo, 2001).

Sin embargo, a pesar de esta reproyección discursiva más articulada del progre-sismo, dos situaciones dejarán en evidencia nuevos problemas y pondrán dudas sobre el curso de la gobernabilidad de la Concertación. En primer lugar, la profundidad y expansión económica del modelo neoliberal –entre otras, la continua aplicación de medidas privatizadoras– dejará en evidencia no sólo el déficit social sino también su impacto en la desigualdad social. Mientras en 1990 el coeficiente Gini marcaba un 0.52, en 2000 lo hacía con 0.5413. Entre los países de la OCDE, Chile ocupa el lugar numero uno en el ranking de desigualdad (Larrañaga y Rodríguez, 2014). Y “si se aplican los umbrales de ingresos usados por el Banco Mundial resulta que en Chile en el año 2000 un 33,0% de la población clasificaba como pobre, un 40,3% como

11 Para Castels (2005:58), en la experiencia chilena habrían dos modelos de desarrollo bien distintos: “el que denominaré autoritario liberal excluyente y el que, a falta de un mejor término, llamaré democrático liberal incluyente. El calificativo de liberal se funda en el énfasis que ambos modelos ponen en el mercado y en la apertura económica internacional como elementos esenciales del crecimiento económico. Pero, naturalmente, las otras dos dicotomías que caracterizan los modelos (autoritario/democrático y excluyente/incluyente), los hacen profundamente distintos, no sólo política y éticamente, sino también económicamente y operativamente… Por modelo democrático liberal incluyente, entiendo el modelo de desarrollo gestionado a partir de un Estado democrático resultante de la libre elección de los ciudadanos y que, aun manteniendo los mecanismos de mercado como forma esencial de asignación de recursos, implementa políticas públicas encaminadas a la inclusión del conjunto de la población en los beneficios del crecimiento… El modelo también es incluyente porque establece mecanismos de negociación y consulta con los actores sociales”.

12 Siguiendo a Pocock, cabe señalar, entre otros aspectos, que el lenguaje de los derechos no es el mismo que el lenguaje de la virtud (cit. por Cohn). Según Cohn, “En nuestro momento actual nos cabe una exigencia difícil, la de articular esos lenguajes… En realidad, ambos se entrelazan en la cuestión de la ciudadanía. Podemos leer, claro está, la ciudadanía en dos registros. Primero, como participación activa, considerando el cuerpo constitutivo de la sociedad –en el registro de las virtudes republicanas, digamos. Después, como ejercicio de derechos –en el registro de las libertades liberales” (Cohn, 2003: 16).

13 El coeficiente Gini toma la desigualdad de ingresos y sus valores son 0 para máxima igualdad y 1 para máxima desigualdad (Larrañaga y Rodríguez, 2014).

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vulnerable14, un 23,0% en clase media y un 3,7% de altos ingresos” (Larrañaga y Ro-dríguez, 2014:20). En segundo lugar, de la mano de la desigualdad social, la institu-cionalidad no daría cuenta de las nuevas exigencias del mercado y el comercio mun-dial, es decir, su imprescindible modernización para el despliegue pleno del desarrollo del capital y su inserción en el marco de la expansión del capital y la globalización.

En conjunto, esta situación plantea una nueva tensión: por una parte, la exigencia al Estado por parte de las empresas para operar por una adecuada inserción en el orden global y, por otra, la urgencia de instituciones democráticas para el buen fun-cionamiento del orden político local y respecto a los compromisos internacionales.

Es por ello que en el tercer gobierno de la Concertación, entre 2000 y 2006, se plantearía un hecho crucial: en términos prácticos trazar una direccionalidad política que potencie el proceso de desarrollo. Este proceso seguiría una proyección en base a dos inflexiones estratégicas: en primer lugar, la definición y convivencia con actores estratégicos de modo de hacer posible la continuidad de la gobernabilidad del progre-sismo con actores estratégicos desde arriba15, consolidando y desplegando en plenitud una economía liberal abierta segun los nuevos términos de la expansión de la glo-

14 “Los grupos vulnerables están constituidos por los hogares cuyo ingreso monetario ha superado la línea de pobreza, pero que es insuficiente en cuanto a su nivel y estabilidad para asegurar una situación económica consolidada. Estos hogares presentan una situación de vulnerabilidad económica en la medida que no disponen de recursos suficientes para prevenir o paliar las consecuencias de eventos adversos como desempleo, enfermedad invalidante y similares” (Larrañaga y Rodríguez: 2014: 20).

15 Entendemos aquí por actores estratégicos la precisión dada por Prats: “Los actores estratégicos o relevantes son aquellos que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos” (Coppedge, 1996, citado por Joan Prats, 2003). Para efectos de este trabajo, se puede aceptar parcial y provisoriamente que “son actores con poder de veto sobre una determinada política. Los recursos de poder pueden proceder del control de determinados cargos o funciones públicas (ejército, legislativo, presidencia, política económico-financiera, sistema judicial, gobiernos estadales o municipales claves...), o del control de factores de producción (capital, trabajo, materias primas, tecnología...), o del control de la información y las ideas (medios de comunicación social principalmente...), o de la pretendida autoridad moral (iglesias), (Prats, 2003: 15); sin aceptar una pretendida presencia de actores con capacidad de movilización social, que no son parte ni de las características ni de la inspiración liberal igualitarista en que descansaría dicha gobernabilidad democrática. Ello significa además, que en este caso, la gobernabilidad no se agota en el funcionamiento de reglas o procedimientos de toma de decisiones, sino también en el soporte de determinados intereses, beneficios, postulados y principios


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balización; una inflexión cuya palanca y corolario será la Agenda Pro-Crecimiento, alianza entre Ricardo Lagos y el empresariado agrupado en la SOFOFA. En segundo lugar, revestir y dar legitimidad democrática urgente a un proceso que mostraba signos de agotamiento con la llamada estrategia de transformación productiva con equidad. Por ende –y por presión y orientación de las agencias internacionales y del primer malestar del mundo social– estará la urgencia por incorporar o completar un ideario político que reordene la legitimidad del orden político, es decir, la insistencia en reformas políticas. Así, se agilizan los postulados y valores liberales como promesa, de modo de inspirar el orden político a nivel nacional con proyección internacional. En este contexto, tanto el tercero como el cuarto gobierno de la Concertación se revitalizan con algunos enunciados del progresismo liberal, por una parte, buscando distanciarse del neoliberalismo y, por otra, ampliar su base de apoyo electoral.

En términos específicos, veamos cómo se hace participar al Estado en este proce-so. Aunque la preocupación por el carácter del Estado viene del primer gobierno de la Concertación, es en el segundo gobierno de dicha coalición que se traza un Plan de Modernización del Estado. En Chile, la modernización del Estado se convertirá en parte de reformas estructurales e institucionales que dan inicio a lo que en Amé-rica Latina se llamará reformas de segunda generación, segun los nuevos dictámenes del “Neoconsenso de Washington”. Este Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Publica es coincidente con las propuestas técnicas más características del enfoque de administración empresarial. En tal sentido, dicho Plan, “se presentó, en-tonces, como una política de segunda generación articuladora del programa de trans-formación de la administración del Estado” (Orrego, 1998), (Santibañez, 2000: s/n). ”La expectativa es que la gestión publica alcance mayores grados de eficiencia y efica-cia, a través de impulsos de desburocratización y adopción de las técnicas de gestión de la empresa privada, que permitan que las fuerzas privadas del mercado actuen para suministrar la mayor parte de los bienes y servicios (Haddad,1995; Sarmiento, 1995). En consecuencia, las estrategias de modernización de la gestión publica se conciben como un conjunto de reformas orientadas a posibilitar el despliegue de la capacidad emprendedora de la empresa privada” (Santibáñez, 2000: s/n).

que pueden ser horizontales, pero cerrados a sus redes, situación que nos puede conducir a otro tipo de preguntas que no es posible responder aquí: ¿estamos en presencia de la configuración de una nueva elite política que recrea un nuevo modo de dominación?

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Dichas reformas comprenderá la reforma del Estado, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la gobernabilidad, todo lo cual tomará su fuerza bajo el tercer gobierno de la Concertación, de Ricardo Lagos. En particular, las exigencias de las denominadas reformas de segunda generación incluyeron en nuestro país, sobre todo, reformas a la administración publica y judicial, y tendrían como objetivo suministrar y abarcar mayores servicios a la población. Pero también, se plantearía la considera-ción y necesidad de reformas de fondo al sistema político.

Sin embargo, en este aspecto crucial de reformas al sistema político, el tema prin-cipal pendiente, vale decir, la reforma de la Constitución del 80, apenas se toca. Como se sabe, lo que define la gobernabilidad en los primeros años de la Concerta-ción es la gobernabilidad de un sistema político en el marco del reconocimiento de un “Estado de Derecho”. Pues bien, el reconocimiento por los partidos de la Concer-tación de un “Estado de Derecho” en sí mismo ya es discutible, pues el “Estado de Derecho” no es un caso aparte de la teoría democrática. Por sí solo el imperio de la ley no es garantía de un Estado democrático. Y recordemos que en nuestro país el im-perio de la ley vigente es una herencia de la dictadura, es decir, de una Constitución pensada y ejecutada en dictadura. Pues bien, desde el pacto de 1989 hasta hoy no ha habido ninguna reforma política sustantiva16, por una parte, y, por otra, no ha habi-do ninguna teoría democrática consecuente de alcance medio o fuerza con vocación democrática consecuente que situe al Derecho heredado en su sitio.

Este punto que es tan fundamental hoy, está dado porque en rigor, la elite gober-nante de la Concertación en nuestro país no sólo ha sido cooptada para los negocios y la sociedad de mercado17, sino que ha sufrido una transformación y ruptura con la tradición del pensamiento democrático. Por ello es que, en el contexto de fondo del cuarto y quinto gobiernos del progresismo (2006-2010 y 2014-2016…), la apuesta liberal de conceder mayor oportunidad y derechos a los ciudadanos se sostiene sin cuestionar la regulación del mercado, sino se hace parte de dicha regulación, inspi-rando así un nuevo ciclo de consolidación de la institucionalidad para un desarrollo sustentable18, segun los designios de las agencias internacionales del BID, el PNUD y

16 Desde el pacto de 1989, cada cierto tiempo, hasta hoy, se revisen algunas leyes, pero sustantivamente se mantiene tal cual como fue concebida en 1980.

17 Lo que no debiera ser novedad, ya que una de las exigencias del pacto de 1989 lleva explícito el reconocimiento del modelo económico neoliberal.

18 En este contexto, desde la década de los 90 toman mayor énfasis los estudios del “neoinstitucionalismo” (Prats, 2003). Pero, además, a propósito del tipo de análisis


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la CEPAL19, que encarnan la nueva inspiración de principios y valores liberales para la presente década.

Como se puede apreciar, en rigor, estamos en presencia de una inspiración de algunos valores liberales, pero sin teoría democrática. Es la inspiración de un libe-ralismo de corte igualitarista, más definido y fundamentado en el tercer20 y cuarto gobiernos de la Concertación, aunque también en el actual de la Nueva Mayoría, pero en tanto derechos individuales para la defensa de la vorágine del mercado. Este progresismo, a pesar de sostenerse segun postulados como la igualdad de oportunida-des, la ciudadanía, la participación ciudadana, el reconocimiento de los derechos y la tolerancia21, se inscribe en un sentido y significado no tanto como teoría democrática cuanto como urgencia de gobernabilidad de una sociedad de mercado, cuyos estragos demandan y requieren en forma urgente perfeccionar y mejorar su regulación para toda la población ‒llámese créditos de consumo; llámese CAE (Crédito con Aval

y evaluación que se hace del tema institucional, se asiste a toda una situación de “‘autosubversiones’ de numerosas disciplinas en las ciencias sociales, tales como la economía neo-institucional, el neo-institucionalismo o la economía política. Esta nueva sabiduría se basa en la premisa fundamental de que las instituciones son cruciales para el desarrollo sostenible con equidad y que el Estado debe ser reconstituido para poder desempeñar sus responsabilidades… El problema que plantea esta nueva visión es que la debilidad institucional constituye un cuello de botella importante para las transformaciones económicas fundamentales. Como lo indicó Miles Kahler (1990), la paradoja ortodoxa reside en el hecho que para reducir su rol en la economía y expandir las fuerzas del mercado, el Estado debe ser fortalecido. En otras palabras, para ser reformado, el Estado debe ser reforzado” (Santiso, 2001:9).

19 Dichos organismos y ciertos autores han venido acuñando el concepto de gobernanza, “governance” en vez de gobernabilidad, lo que motiva un nuevo debate acerca del curso de la gobernabilidad en América Latina (Prats, 2003)

20 Al respecto, Tironi afirma lo siguiente de Lagos. “El gobierno constituido por Lagos, ya en la presidencia, ha estado integrado por personas provenientes de las diferentes corrientes políticas al interior de la Concertación, siguiendo la costumbre de los Gobiernos anteriores de Alwin y Frei. Con todo, sus prioridades, y especialmente el estilo, han puesto en evidencia la impronta distintiva de la Concertación y del Gobierno con un liderazgo como el de Lagos, de tradición laica y orientación liberal y socialdemócrata” (Tironi, 2002).

21 El tema de la tolerancia, dada su importancia, motiva la creación del Programa Tolerancia y No Discriminación en 1998, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S), cuyo objetivo es “fortalecer el dialogo con las Organizaciones Sociales emergentes”, a propósito de las encuestas e informes sobre los graves niveles de intolerancia y discriminación en el país (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2001: 13).

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del Estado) en educación; llámese AFP en el sistema previsional, etc. Todo lo cual, en estricto rigor, constituye los derechos individuales del consumidor, el derecho individual de participación, el derecho individual a las oportunidades del sistema de mercado, etc.

El fracaso de las reformas

De cara a las demandas y presión de los movimientos sociales en la presente déca-da, del nuevo ciclo de luchas sociales que tiene como punto de inflexión la moviliza-ción de los estudiantes secundarios en 2005 –la llamada revolución pingüina‒, más la pérdida del control político del Estado a manos del piñerismo neoliberal en 2010, en el año 2014 el progresismo se embarca en una nueva proyección de sus postulados liberales para un quinto gobierno, pero ahora con una oferta de maniobrabilidad política mucho mayor que en las campañas electorales anteriores y una ampliación de las fuerzas políticas que se aglutinarán en la Nueva Mayoría con la incorporación del Partido Comunista. Se acuerda la estructuración de una serie de reformas en el campo laboral, educacional, de salud y en la tributación, para hacer posible dichas reformas, en especial, la de la oferta de educación gratuita. Con base en dicha plata-forma política, el progresismo obtiene su quinto periodo de gobernabilidad.

La serie de reformas impulsadas en este ultimo gobierno, sin embargo, lejos de construir expectativas de mejorar las condiciones sociales y políticas de la sociedad, ha tendido un nuevo manto de dudas e incertidumbre.

En efecto, la irrupción del nuevo ciclo de luchas sociales y estudiantiles que se prolonga desde 2011 hasta 2016, paralelo a la resistencia y bloqueo de dichas re-formas por la derecha, muestra un progresismo nuevamente entrampado entre sus propias promesas electorales y la eventual aplicación de medidas que socavarían las cuotas de poder adquiridas en el mercado, sobre todo, en el campo educacional. A modo de ilustración, sin mencionar el fracaso de la reforma laboral y las condiciones finales de la reforma tributaria, en ambos casos, tanto por los propios desacuerdos en el progresismo como por la resistencia de la derecha neoliberal, tenemos que el proyecto actual de reforma a la educación superior no es otra cosa que un intento de regulación de la educación en el mercado, la conservación de la permisividad del lu-cro y la ausencia de compromiso con la educación gratuita exigida por el movimiento


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estudiantil. Como sostiene Roxana Pey, “hay una defensa férrea, desvergonzada, del Crédito con Aval del Estado,… (creado por el gobierno de Ricardo Lagos)… que es el instrumento de mantención de la lógica de mercado y es el causante del lucro en la Educación Superior y la crisis de endeudamiento y la baja calidad. Personeros de la ex Concertación son beneficiados con este instrumento. Hay que ir a ver quiénes com-ponen las universidades de mercado. Recordemos que el CAE no es solamente con aval del Estado, sino que con dinero del Estado. La mitad del presupuesto anual de Educación Superior está destinado a financiar el CAE, directamente a instituciones que han sido muy cuestionadas y en ellas resulta que hay grandes figuras de partidos políticos de la ex Concertación” (2016).

Por otra parte, respecto de la reforma política, ni hablar del proceso constituyente no vinculante, el cual ha cerrado su convocatoria con apenas el “1% de los potencia-les participantes” (Grez, 2016), demostrando así la nula credibilidad de un proceso sin participación sustantiva de la población y que terminará en las deliberaciones del parlamento. Finalmente, a este cuadro habrá que sumar el descredito y falta de legi-timidad de la clase política, involucrada de manera transversal en su modo de hacer política, y cuyas redes de financiamiento, negociaciones y comisiones ejecutadas para favorecer los intereses de las grandes empresas han sido develadas, como ha quedado demostrado con los casos Penta, Soquimich y Caval. Corrupción política que final-mente evidencia el fracaso de la supuesta modernización institucional.

Los límites del progresismo

En resumen, la experiencia de los postulados del progresismo, en sus distintas versiones de gobernabilidad del sistema político, nos lleva a sostener las siguientes precisiones:

En primer lugar, que en la base de su inspiración liberal progresista se encon-traría una formulación restrictiva, cuyos cinco programas de gobernabilidad y sus fundamentos sustantivamente no alcanzan a la formulación de una teoría y práctica democrática como horizonte político que supere las condiciones postdictatoriales y la primacía de la regulación del mercado en la sociedad chilena.

En segundo lugar, que a falta de una teoría democrática y, sobre todo, de una fuerza con vocación democrática y consecuente, la sociedad de mercado pervive por

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el imperio de la ley, de un Estado de Derecho cimentado por una Constitución dise-ñada en dictadura.

En tercer lugar, que la relación entre Estado de Derecho ‒léase Constitución del 80‒ y sociedad de mercado, amarradas por “el derecho a elegir” (y la erradicación de los derechos sociales fundamentales para la concepción de una sociedad democrática), no ha sido alterada en lo más mínimo en ninguno de los gobiernos del progresismo.

En cuarto lugar, los principios y valores, como la equidad, la igualdad de opor-tunidades, la tolerancia y los derechos de los ciudadanos, se sostienen por una con-cepción de individuos cuyo reconocimiento de derechos se inscribe y se limita al universo de legitimidad en el mercado. Esta concepción implica que dichos derechos se inclinarían claramente a situar al individuo libre para elegir en el mercado, a cuya acepción se relacionaría el concepto de ciudadanía, el reconocimiento y participación del ciudadano en relación a sus derechos como ciudadano consumidor, etc.

En quinto lugar, el supuesto de base del reconocimiento de la desigualdad social no es una apuesta por eliminar todas las desigualdades ‒mucho menos las desigual-dades de bases‒, sino solo de aquellas que provoquen desigualdades que perjudiquen a los más desfavorecidos22.

En sexto lugar, un requisito básico para materializar lo que debiera ser igual para todos y los valores proclamados por el liberalismo progresista inspirados en el iguali-tarismo estaría en el sistema institucional del Estado, es decir, instituciones estables ajustadas al derecho democrático, por lo cual cabria aquí la siguiente pregunta: ¿Es-taría Chile dotado de una institucionalidad que responda al principio de igualdad de oportunidades o del conjunto de dichos principios y valores?

En séptimo lugar, el punto confuso de esta formulación no lo daría tanto la exis-tencia o no de un liberalismo de corte igualitarista en forma, ni la presencia o no de una elite que proclame dicho tipo de liberalismo23, puesto que la traducción pro-gramática de sus enunciados principales, como la equidad, la igualdad de oportu-nidades, la ciudadanía, la participación ciudadana, la tolerancia, etc., está sujeta a significaciones pragmáticas, estratégicas y tecnocráticas para la regularización de la vida social del mercado, la globalización capitalista como expectativa, el reemplazo

22 Según Macpherson, la teoría de la justicia de Rawls se situaría directamente en el plano de la producción de las diferencias de clase (Macpherson, 1991).

23 Incluyendo en ello la propia autodefinición de algún intelectual como “liberal igualitarista”. Véase al respecto las interrogantes de Cortéz Terzi (2001).


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de la política por la técnica, la eficacia por la deliberación y los expertos por la parti-cipación.

Este conjunto de enunciados como promesa y práctica del progresismo, presenta-dos como idea básica de gobernabilidad del sistema político neoliberal, constituyen en sí mismos los límites de su propia formulación, en tanto su esencia se agota en su intento por articular un orden mínimo político estable para y en coherencia con el funcionamiento del mercado; en otros términos, en su incoherencia por el modo de concebir y regular el orden político segun la equidad, la igualdad de oportunida-des, la ciudadanía, etc., en cuanto soporte –también instrumental‒ de legitimidad y ordenamiento de la sociedad para una administración exitosa del mercado, que sea aceptada por todos.

Es por ello que la promesa de una proyección de sociedad como expectativa de país, en base a un puro cálculo de gobernabilidad con inspiración liberal, circuns-crita a la reivindicación fundamental de derechos individuales, si no amenaza pone en duda la puesta efectiva de una democracia para una convivencia social como ho-rizonte para todos. En otras palabras, al proponer y hacer ejercicio de una goberna-bilidad como puro cálculo estratégico, medio, o planificación estratégica para una estabilidad política, no bastaría para alcanzar una convivencia en democracia, pues, en rigor, la idea de convivencia en democracia, trasciende una posición inmediatista y estratégica, y, sobre todo, trasciende la sujeción de las relaciones sociales al mercado.

Desafíos de hoy y mañana

En el escenario actual de colusión y transversalidad de la gobernabilidad del siste-ma político por las elites políticas ¿cómo podría mantenerse o configurarse un nuevo orden democrático? Si, en rigor, presenciamos la ausencia de una teoría y práctica de-mocrática o una fuerza democrática consecuente, a lo que se debe agregar la presión y exigencias de las empresas, de la acción global del capital y del mercado internacio-nal, ¿cómo plantear la democracia en un contexto de expansión de la globalización y cuando las élites gobernantes optan por esta conducción, dejando las reformas políticas y sociales sólo como demandas instrumentales de negociación?

Y una pregunta ya reiterativa, pero imprescindible de formular: ¿Es la democracia aún una alternativa a la crisis? Dadas las condiciones estructurales sociales y políticas

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profundamente dañadas por procesos dictatoriales, el neoliberalismo y las inconse-cuencias del progresismo, la democracia por sí misma es y sigue siendo una alternativa a la crisis. En tal sentido, se haría ineludible mantener y abordar las siguientes ideas y tareas:

• En primer lugar, avanzar y profundizar en el eje estratégico de las reformas políticas; que dichas reformas políticas vayan de la mano de un amplio movi-miento social que, al mismo tiempo, haga de sus derechos políticos específi-cos, como el derecho social a la educación, la salud, el reconocimiento de los pueblos originarios, las diversidades culturales y opciones sexuales, etc., una plataforma básica para un programa de concreción de los derechos políticos y sociales.

• La efectiva realización de los derechos políticos y sociales universales son im-prescindibles para la construcción de una sociedad democrática.

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Josefina MoralesInvestigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,

miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, Secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico y coordinadora

con Gabriela Roffinelli del GT de CLACSO, Crisis y Economía Mundial.

Las transformaciones del Estado bajo los tratados de libre comercio. El caso de México

La etapa actual de internacionalización del capitalismo, del imperialismo, en la crisis de fase que se inicia desde los años setenta, está impulsada, entre otros ejes del proceso, por el neoliberalismo globalizador que centra sus objetivos en

el cambio de funciones del Estado, restringiendo su participación en la actividad pro-ductiva con las privatizaciones, mercantilizando los servicios publicos, como salud y educación, y abriéndolos al capital monopolista trasnacional (nacional y extranjero); al mismo tiempo que mantiene su hegemonía con crecientes funciones coercitivas y represoras. Políticas todas profundamente antidemocráticas que han arrojado a millones de seres humanos a la pobreza y precarizado las condiciones de vida y de trabajo de millones de trabajadores en el mundo, han llevado asimismo a un cuestio-namiento del sistema representativo electoral de los partidos políticos y, en un sentido más amplio, a crisis de distinto alcance de los regímenes políticos nacionales.

Otro de los procesos estratégicos de la globalización, a partir de la financieriza-ción y la reestructuración productiva, es la formación de áreas supranacionales para el libre comercio y los tratados bilaterales de inversión que desplazan, matizan o distorsionan los antiguos procesos de integración, restringiendo el campo de acción


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de las políticas publicas. En este mismo sentido, las políticas del FMI, del BM o del Banco Central Europeo imponen sobre los gobiernos de los países periféricos en crisis las políticas draconianas del ajuste neoliberal, que ya en los ochenta del siglo pasado definieron la década perdida en Nuestra América y que en esta segunda década del siglo XXI, en la crisis abierta desde 2008-2009, vuelven por sus fueros a imponerse sobre los pueblos del mundo, después del rescate del capital monopolista financiero trasnacional. Ajustes y procesos que restringen la soberanía estatal en los ámbitos de la política económica, monetaria, financiera y social; y en este siglo, en el ámbito de la seguridad nacional, subordinando a los Estados nacionales a los intereses geopolíticos del imperialismo, particularmente estadounidense.

En esta larga crisis, en la que se registra la desintegración del mundo socialista y de la Unión Soviética, los intentos de reorganización de las instancias internacionales multilaterales, como la ONU, el FMI y la misma OMC que surge después del fracaso del GATT, no se consolidan.

Estados Unidos, después del 11 de septiembre de 2001 impone su agenda de seguridad nacional transcontinental con guerras por doquier por los recursos natu-rales, particularmente el energético, y contra el narcotráfico; así como su agenda de liberalización económica-comercial con nuevos tratados bilaterales e internacionales como el Acuerdo internacional sobre servicios, el Acuerdo transpacífico de coopera-ción económica y el Acuerdo trasatlántico de Comercio e Inversiones, conocidos por sus respectivas siglas en inglés como TISA, TPP y TTIP. A partir de la crisis 2008-2009 se han generalizado las protestas y el descontento popular contra los tratados con el predominio de alternativas por la derecha en las que predomina el racismo y la xenofobia, como lo mostraron el Brexit y la elección presidencial en Estados Uni-dos, a diferencia de las grandes manifestaciones antiglobalización impulsadas por la izquierda que surgieron desde Seattle y el Foro Social Mundial.

La profunda crisis del sistema político estadounidense se mostró en las elecciones de noviembre de 2016, las cuales ‒ante la pérdida de legitimidad de los partidos po-líticos y de su dirigencia y de la precarización de las condiciones de vida y de empleo de la mayor parte de la población frente a la concentración inconmensurable de la ri-queza por el 1% de la población que resume Wall Street‒ registraron el triunfo oficial del innombrable y abominable racista, machista, sexista y fascistoide que gobernará ese país los próximos cuatro años, a pesar de que no obtuvo la mayoría de los votos, pero sí la designación por el sistema de cuotas del poder regional, que además otorga

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Josefina Morales, Las transformaciones del Estado bajo los tratados de libre comercio.

sobrerrepresentación al Partido Republicano en la Cámara de Representantes, como señala Jorge Eduardo Navarrete (2016): “La Cámara de Representantes se elige por mayoría distrital simple, no corregida… Cada uno de los representantes republicanos fue electo, como media, por 254 mil votos, y cada uno de los 193 demócratas precisó de 318 mil”.

Investigadores críticos del régimen imperialista han señalado que en Estados Unidos se ha conformado un Estado profundo que, al margen de las instituciones gubernamentales, lleva las riendas del poder1. Se trata del bloque en el poder del capital monopolista financiero que muestra en estos tiempos contradicciones internas que llevaron a una fracción a crear las condiciones para desplazar a Hilary Clinton, representante del fracasado globalismo, e impulsar otra estra-tegia, igualmente reaccionaria, neoconservadora y militarista, con nuevas y viejas modalidades proteccionistas y ultranacionalistas imperialistas2, al mis-mo tiempo que arrastra consigo a la derecha profunda, xénofoba y racista que tiene en esta etapa histórica como blanco principal a los millones de migrantes mexicanos sin documentos, fuerza de trabajo que bajo el TLC ha demandado la economía estadounidense y para la que la mexicana ‒con su raquítico e inestable crecimiento‒ no ha sido capaz de generar empleos.

En esta recomposición de la clase dominante, del bloque de poder, es de-terminante la crisis financiera internacional en curso que agudiza las contra-dicciones entre las élites imperialistas. En Estados Unidos este bloque integra a las élites del 1% de Wall Street, a los poderosos grupos trasnacionales de los medios de comunicación, cuya influencia social y política es innegable, a los grandes monopolios industriales, energéticos y del complejo militar industrial, todos estrechamente entrelazados y en conflicto entre sí por la mayor apropia-ción de la riqueza social mundial. Es necesario ubicar ahí a Donad Trump, magnate inmobiliario, integrante del rentista sector inmobiliario-financiero que se ha vuelto dominante en la estructura económica del capitalismo mun-

1 Recuérdese el clásico libro de C. Wright Mills sobre la élite del poder en Estados Unidos, escrito en los años cincuenta, en la cual se entrelazaban en los altos círculos los 400 de Nueva York, los ricos corporativos, los señores de la guerra y el directorio político, entre otros (Wright, 1957).

2 Véase, entre otros, los trabajos de John Saxe-Fernández, Michel Chossudovsky, Win Dierckxsens y Charles Hugh Smith, así como el sitio www.globalresearch.ca, dirigido por el segundo.


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dial y que fue responsable de la crisis en curso desde 20083, quien es también miembro rutilante de los reality shows de los medios de comunicación. Otra característica del sector inmobiliario es su carácter depredador del espacio ur-bano que está reestructurando las ciudades en función de sus intereses.

En el caso de México, el Estado que surge de la Revolución mexicana (1910-1917) expresa la correlación de fuerzas resultantes en la Constitución de 1917, incorporando a importantes sectores populares (campesino y trabajadores), y consolida un pacto social hacia el cardenismo (1934-1940) que, bajo un capitalismo de Estado, sienta las bases de una nueva etapa del capitalismo mexicano.

El Estado mexicano desarrolla a partir de la década de los cuarenta un régimen político de omnipotente presidencialismo y partido unico4, el Partido Revoluciona-rio Institucional (PRI), que en 1946 redefinió las funciones del partido que se venía formando desde los años veinte cuando el Partido Nacional Revolucionario integró a las diversas fuerzas político-militares regionales.

Elemento constitutivo de la formación del Estado mexicano desde los cuarenta fue el control corporativo de la clase obrera y del campesinado que se llevó a cabo con los históricos charrazos, toma de las direcciones sindicales por grupos subordinados al gobierno y al capital, así como con las represiones que requirieron para ello. Al tiem-po que se desarrollaba la industrialización dependiente bajo la política de sustitución de importaciones y el capital nacional con una fuerte participación del gobierno (in-versiones, infraestructura, créditos, subsidios…), desde el Estado se formaban nuevos capitales, burgueses y oligarcas, y se entreveraba la corrupción como parte estructural del proceso de acumulación hacia la concentración monopolista. A partir de los años cincuenta la presencia del capital extranjero, fundamentalmente estadounidense, se-ría determinante en el desenvolvimiento del capitalismo es este país.

Agotándose el proceso desarrollista, en la década de los sesenta, el régimen polí-tico enfrenta crecientes contradicciones; se crean otras organizaciones empresariales y surgen movimientos de nuevos y tradicionales sectores sociales que son reprimidos mayoritariamente, como los médicos, la guerrilla y los estudiantes; desde luego con-tinua la dominación de los obreros y campesinos con represión, coerción e incluso asesinatos. Este proceso que desemboca en el movimiento estudiantil de 1968 que

3 En Estados Unidos, el sector inmobiliario representó en 2015 13.1% del valor agregado del PIB, participación superior a la del sector financiero y de seguros que fue de 7.4 % y a la de la manufactura que alcanzó el 12 % (BEA, 2016).

4 Dictadura perfecta, la llamó Vargas Llosa en los años ochenta.

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termina en la masacre del 2 de octubre ‒¡no se olvida!‒ y con ello se inicia una lar-ga descomposición del régimen político de partido unico, que a lo largo de más de cuatro décadas intenta una y otra vez renovarse, terminando cada vez en mayores fracasos.

Es importante señalar que ya en los setenta afloraban las contradicciones entre el gobierno y los grandes grupos empresariales y neolatifundistas, al grado tal que en el debate electoral de 1976, en medio de un proceso devaluatorio e inflacionario, no se registró candidato del Partido Acción Nacional (PAN), organismo de la derecha confesional, y sólo se registró oficialmente al candidato del PRI, mientras Valentín Campa, dirigente ferrocarrilero, fue el candidato no registrado del Partido Comu-nista Mexicano.

La recomposición-descomposición del Estado bajo el TLC

Entre las transformaciones del capitalismo mexicano bajo el TLC, que han con-formado una nueva etapa neocolonial en su desarrollo histórico, destaca la recom-posición-descomposición de la oligarquía y del Estado, del bloque histórico formado después de la revolución mexicana, desplazando a los sectores populares y a cierta fracción de la burguesía nacionalista, proceso que se inicia, con el neoliberalismo, desde la crisis de la deuda de 1982.

Las transformaciones y crisis del Estado bajo el TLC comienzan el primero de enero de 1994, cuando se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Na-cional (EZLN), y la descomposición del PRI llevó a los asesinatos de su candidato presidencial en marzo y al de su secretario general en septiembre del mismo año.

Antecedentes inmediatos en el ámbito social y político en el transcurso del inicio del ajuste económico neoliberal, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la crisis de la deuda en 1982, fueron la participación social en el terre-moto de la ciudad de México de 1985 ante la parálisis gubernamental, el movimiento estudiantil de 1986-1987, el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones pre-sidenciales de 1988 y el descabezamiento, en enero de 1989, de la dirección charra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana –más de 170 000 trabajadores– con la detención de su principal dirigente y la toma de las instalaciones por el ejército.


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A lo largo de las décadas neoliberales, con un proceso que pasó de la privatiza-ción a la desnacionalización, el Estado dejó de ser uno de los sujetos directos de la acumulación de capital y se convirtió en un fiel promotor garante de la inversión mo-nopolista, nacional y extranjera; particularmente del capital monopolista financiero trasnacional.

Las transformaciones del Estado van de la pérdida de su poder económico en el proceso de acumulación ‒los activos publicos pasaron de representar el 66% de los activos nacionales en 1981 a cerca del 15% en 2015‒ a una grave pérdida de soberanía alimentaria, energética y nacional y, con ello, de legitimidad y hegemonía.

El TLC conlleva también políticas de seguridad nacional. En 2002, después de los atentados en las torres gemelas, se impulsó la formación de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), que se firmó tres años después, y en 2008 entró en vigor la Iniciativa Mérida, inscrita en la “guerra” contra el narcotráfico impuesta por Estados Unidos, que ha llevado a una masacre incalcu-lable. El gobierno mexicano es hoy guardián de la seguridad de Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país para detener a migrantes centroamericanos.

En el vigésimo aniversario del TLCAN en el Mexican Moment del régimen y bajo el denominado Pacto por México5 se realizaron los más violentos cambios cons-titucionales, contrarrevolucionarios, para profundizar las políticas neoliberales y el TLC. Entre las nuevas contrarreformas estructurales destacan, por sus alcances en las transformaciones del Estado, la reforma educativa y la energética.

Desde la crítica de la economía política, es necesario destacar la descomposición del régimen que sostiene este proceso desnacionalizador y neocolonial. El Estado mexicano no sólo dejó de lado sus raíces históricas revolucionarias, sino que la ideo-logía nacionalista ‒ya devenida desde la sustitución de importaciones en un discurso hueco‒ fue sustituida en el neoliberalismo por el discurso del libre mercado, la com-petitividad, el dependiente encadenamiento productivo global, el individualismo, el consumismo globalista y una estrecha democracia electoral que ni siquiera se cumple con un creciente autoritarismo antidemocrático.

5 Acuerdo político entre el presidente Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos (PRI, PAN y el de supuesta izquierda, Partido de la Revolución Democrática –PRD–) para imponer las reformas estructurales de tercera generación del neoliberalismo, firmado el 2 de diciembre de 2012, el segundo día del retorno del PRI a la presidencia.

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El fraude, siempre presente a escalas regionales, se institucionalizó nacionalmen-te con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Jorge Carrión6 reconocía que

Desde que el pueblo de México, en las más recientes elecciones federales (1988), manifestó su voluntad de cambio en una forma en que las auto-ridades mismas se confesaron asombradas, empezaron a manifestarse dos fenómenos paralelos, coetáneos: uno, la necesidad de la clase en el poder de consolidar su fuerza mediante la institucionalización del fraude, y dos, la de reformar, desde el punto de vista de los intereses de la burguesía, el capital nacional y extranjero, la oligarquía, el gobierno y el estado, los mecanismos electorales (…) El fraude está acompañado también del auto-ritarismo despótico (Carrión, 1989 y 1991).

El Estado fue abandonando su responsabilidad social, mientras la mercantiliza-ción de la educación, la seguridad social y la salud se acompañó de una campaña de desprestigio y desvalorización de los trabajadores del Estado. La supuesta des-centralización de la actividad publica no se basó en una distribución de los recursos financieros, y los estados y municipios se vieron enfrentados desfavorablemente al gran capital trasnacional y a la creciente delincuencia organizada, con la consecuente dependencia del financiamiento del gobierno federal.

La pretendida transición política reducida al cambio de partido político en el gobierno, del PRI al PAN en el año 2000, no pasó la prueba, y a lo largo de los dos primeros sexenios panistas de este siglo la descomposición del régimen se aceleró con la corrupción ‒elemento congénito en el proceso de acumulación‒, la impunidad y la creciente penetración de la delincuencia organizada en las estructuras políticas y sociales. El sistema judicial colapsó como consecuencia de una política militarista contra el narcotráfico, impuesta por los Estados Unidos.

Acerca de la corrupción7, que ha adquirido niveles inimaginables en este siglo, Jorge Carrión advertía hace décadas, al recordar que Bacon la consideraba uno de los cuatro vicios de autoridad, que hay que tomar conciencia de su carácter político,

6 Me permito citar en este trabajo a Jorge Carrión, quien fue uno de los más lúcidos analistas del sistema político mexicano entre 1950 y 1994. Véase el tomo II de su antología.

7 Esta apreciación sobre la corrupción la recojo de la presentación que realicé junto con Marta Quezada y Oscar Alzaga acerca del segundo tomo de la antología de Jorge Carrión.


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estructural, que en la economía encuentra en las licitaciones, permisos y trámites su “verdadero tejido conjuntivo”, aceite, cemento y tuétano, en “la cohesión del bloque en el poder”.

México exhibe hoy una crisis de régimen, como la caracteriza Alejandro Nadal, una crisis orgánica del Estado, como la define Lucio Oliver, o “una crisis de la demo-cracia en su sentido integral, en sus dos vertientes fundamentales, de representación y de participación”, segun Massimo Modonesi.

Una crisis sin precedente en nuestra historia contemporánea: una profunda des-composición política, de los partidos mayoritarios que fracasaron en su propuesta de transición democrática; una creciente dependencia económica y pérdida de soberanía nacional, que se ha transformado en un capitalismo neocolonial; una crisis de segu-ridad nacional con el desbordamiento del narcotráfico y la acumulación criminal de capital; una crisis de derechos humanos, un colapso de la justicia y una criminalidad reforzada que se entrevera con frecuentes crímenes de Estado, desapariciones for-zadas, violación de derechos, presos políticos, etc., y una crisis social con los datos más estrujantes de precarización laboral, pobreza, descomposición social y miseria creciente, que inutilmente el gobierno intenta maquillar: 185 000 asesinatos, 28 000 desaparecidos, 300 000 desplazados y uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, que a mediados de noviembre, con la acelerada devaluación, apenas si sería equivalente a poco más de 100 dls. mensuales.

Acaso las palabras de Jorge Carrión sobre Andronicus de Shakespeare nos ilustren mejor la situación:

Las víctimas del horror que impregna la vida del general romano Tito no lo son únicamente para espeluznar al público que atestaba los teatros de aquel tiempo, sino para mostrar de manera horripilante cómo el horror que impregna la escena sirve para ver que la conservación del mando no se detiene ante ningún crimen (Carrión, 1991).

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Cinco procesos en la descomposición-recomposición del Estado mexicano bajo el TLC

1. La desarticulación del partido de Estado, PRI, y del aparato estatal de dominación todo, tanto por las políticas privatizadoras como por la pretendi-da federalización de los servicios publicos, particularmente de la educación, sin los suficientes recursos financieros, que a la vez que debilitan el control central desde la presidencia, reproducen el viejo cacicazgo en los gobiernos regionales, los cuales dis-ponen de mayores recursos durante el auge del precio del petróleo. Este proceso lleva a una fractura con el cambio de partido gobernante entre 2000 y 2012, la cual da mayor fuerza a los gobernadores locales que encuentran en la administración publica sin rendimiento de cuentas una fuente inagotable de riqueza mal habida, en varios casos a través del endeudamiento estatal y municipal vía la bolsa de valores, así como mediante la apropiación indebida de los impuestos federales (renta, pago patronal y de trabajadores a la seguridad social) y del pago de las deudas de los trabajadores publicos que son descontados automáticamente por las nóminas salariales, como es el caso de los créditos inmobiliarios. Otra fuente de la escandalosa corrupción la cons-tituye el contratismo publico de servicios e infraestructura con empresas de amigos, parientes o propias, al mismo tiempo que surgen con mayor fuerza nuevas presencias partidarias de juniors de viejos políticos priístas y de destacados miembros de la es-tructura de poder.

Otro elemento que incide en la desarticulación del régimen político es la creación de nuevas instancias de control y dirección del gobierno al margen de las estructuras tradicionales y, sobre todo, al margen del control del poder legislativo, so pretexto de la autonomía: Banco de México, autónomo; instancias autónomas de la energía (fideicomisos, fondos, etc.), entre otras.

2. La formación desde los años ochenta, como señala Alejandra Salas Po-rras, de un nuevo grupo de poder que surge entre los altos funcionarios publicos, conocidos como los tecnócratas, que en cierta forma recuerdan a los científicos del porfiriato. Estos funcionarios se concentran en los sectores financieros (Secretaría de Hacienda, Banco de México) y económicos (Secretaría de Economía y sus predece-soras, como la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Programación y Presupuesto; Pemex, Secretaría de Energía) que implementan las reformas estruc-turales, el ajuste y el TLC y son parte de los grupos de negociadores internacionales


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con el FMI, el BM, el BID, la OCDE o el gobierno estadounidense. Ya en las ultimas décadas del desarrollismo se registraba el salto de funcionarios de la embajada mexi-cana en Washington a los sectores de hacienda y Banco de México. Grupo compacto que ha desplazado por completo a las instancias gubernamentales del desarrollismo.

Alejandra Salas-Porras comprueba que “el poder político de las nuevas élites se deriva en gran medida de su papel de intermediarias entre los campos nacionales y globales y los espacios e intereses publicos y privados.” (Salas-Porras, 2014, p. 284). Esta investigadora encuentra a 122 destacados funcionarios del neoliberalismo, de los cuales a 22 que han concentrado el poder decisorio en la reinserción subordinada del país: personajes que van de lo publico a lo privado y de lo privado ‒su privado‒ a lo publico, pues al dejar el sector publico forman consultorías, empresas financieras o de servicios (por ejemplo, para contratar y renegociar la deuda estatal y municipal), y hasta han creado empresas energéticas y de infraestructura amparados bajo el esque-ma de asociaciones publico-privadas. A diferencia, por ejemplo, de la directa incorpo-ración de los CEO de empresas extranjeras al sector publico en el gobierno de Macri.

“Los 22 funcionarios en los que se ha sostenido el cambio estructural de la econo-mía política mexicana se han entrecruzado y traslapado con redes y campos de poder transnacional y han adquirido por esta vía una fuerza y proyección que trasciende las fronteras nacionales”. Muchos de ellos provienen de importantes y poderosas familias priístas del viejo régimen y también han estudiado en universidades privadas, nacio-nales y estadounidenses, de reconocido prestigio neoliberal. Ejemplos de estos exfun-cionarios publicos y hoy flamantes miembros de la alta burocracia internacional y de los consejos de administración de los grupos y empresas del capital trasnacional son Ángel Gurría, exsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Salinas de Gortari, que preside la OCDE dese junio de 2006; Ernesto Zedillo, expresiden-te, es ahora importante funcionario de trasnacionales y de influyentes think thanks trasnacionales; también son miembros del consejo directivo de grandes grupos de capital mexicano, como Jaime Serra Puche, negociador del TLC y secretario efímero de Comercio en el gobierno de Zedillo, que está en el del Grupo México, y Adrian Lajous, exdirector de Pemex, que, como registra Alejandra Salas-Porras, “actualmen-te es miembro de cinco grandes corporaciones con intereses en el sector” (Ídem: 299).

3.- El narcotráfico y el crimen organizado. La más dramática descomposición y recomposición del régimen mexicano está en el entrecruzamiento ‒colusión‒ de los

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intereses privados de funcionarios publicos de todos los niveles con el narcotráfico y el crimen organizado, como es el caso de presidentes municipales y gobernadores e, incluso, de altos niveles del gobierno federal, y, a través de la estructura del poder policíaco y de seguridad nacional, de policías de todos los rangos y ámbitos hasta militares y altos mandos del ejército8. Miles de gobiernos municipales, la más frágil estructura local de poder, se encuentran colapsados. Estos grupos criminales, mafio-sos también se cruzan con empresas y con el gran capital financiero trasnacional en el lavado de dinero. Todas estas prácticas conforman un nuevo patrón de acumulación criminal, en el que se entreveran con las prácticas mafiosas (de la extorsión y el se-cuestro al cobro de piso), la trata de personas y la extorsión creciente de los migrantes a lo largo del país, y también con actividades lícitas del entretenimiento, como los casinos ‒que se han multiplicado y crecido como hongos por todo la ciudades del país‒, los concursos de belleza, el turismo y hasta el futbol. Diversos autores estiman que el peso de esta actividad criminal alcanza entre dos y hasta ocho por ciento en la economía nacional. Es, además, no hay que dejar de señalarlo, una actividad que también incide en la descomposición más amplia de la sociedad, particularmente entre los jóvenes.

4.- Cambios en el papel de las fuerzas armadas y una mayor relación con las estructuras de seguridad nacional de Estados Unidos. Al declarar la guerra contra el narcotráfico el panista Felipe Calderón, que arribó al poder con un fraude históri-co implantado después del fracaso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que pretendió impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2006, el ejército y la marina adquirieron nuevas funciones para combatir el narcotráfico y reforzaron su preparación de élite en Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 incluyó aspectos de seguridad, y la Iniciativa Mérida, con recursos militares y financieros, confirmó la subordinación nacional a los intereses de seguridad del imperialismo. Hoy, por ejemplo, se ha autorizado en México la presencia de agentes estadounidenses armados en las aduanas interiores del país.

8 Entre los trabajos sobre el tema léase, entre otros, Vacíos de Poder en México de Edgardo Buscaglia y los trabajos de excelentes periodistas como Anabel Hernández, Ricardo Ravelo y la revista Proceso.


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5.- Cambios en la oligarquía, en el bloque de poder y en el PRI. Los cambios más sensibles en el bloque histórico de dominación se advierten en la crisis a partir de la estatización-privatización de la banca 1982-1993 que desplaza al sector financiero desarrollista. Las privatizaciones facilitaron la formación y consolidación de viejos y nuevos grupos, como el de Carlos Slim, que surge con la privatización de Telmex, y el desplazamiento de los sectores sociales en el PRI e incluso de la vieja estructura do-minante del PRI a favor de los tecnócratas. Los presidentes del PRI entre 1976 y 2000 surgen de las áreas financieras o económicas de la administración publica. Se trata de un proceso en el que participan el capital extranjero y financiero trasnacional, así como una nueva oligarquía transnacionalizada, y en el que el poder del capital mediá-tico es fundamental ‒Televisa y TV Azteca‒, así como el de sus organizaciones no gu-bernamentales, como Mexicanos Primero, Fundación Teletón, Fundación Azteca, etc.

Desde los años veinte, los empresarios disponen de organizaciones sectoriales: de la industria de la transformación, de comercio, de la construcción, etc. Entre ellas se destacan la patronal Coparmex, una de las más conservadoras y con mayor presencia publica; el poderoso Consejo Mexicano de Negocios (CMN), formado desde los años sesenta, y el Consejo Coordinador Empresarial en los setenta, que van adquiriendo mayor presencia y desplazando a la tradicional Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (Canacintra) y a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, principales interlocutoras en el desarrollismo.

En 1962 fue fundada por 12 prominentes empresarios una discreta ‒que no se-creta‒ organización empresarial bajo el nombre de Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), en respuesta, entre otras cosas, a las tendencias nacionalistas y hasta “socialistas” que veían en el presidente López Mateos, quien nacionalizó la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, industria eléctrica, y no rompió relaciones con Cuba (Velasco y Román, 2013; Ortiz Rivera, 2002). Entre sus fundadores se encon-traban tres prominentes banqueros, cinco de la siderurgia y minería, uno de los pro-pietarios de Televisa, el presidente del Grupo Modelo y otros. En 1976 impulsaron la formación del Consejo Coordinador Empresarial para enfrentar el populismo de Echeverría con siete agrupaciones empresariales asociadas y cinco invitadas perma-nentes. En la crisis de la deuda, con la estatización de la banca salió Espinosa Yglesias, el principal banquero del país hasta 1982.

El Consejo Mexicano de Negocios, cambió su nombre al incorporar a mujeres; está presidido actualmente por Claudio X. González de Kimberly Clark, estrecha-

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mente relacionado con Televisa9 y cuenta hoy, entre sus cincuenta miembros, con los presidentes de América Móvil, Grupo México, Televisa, Bimbo, Peñoles, FEMSA, entre otros. Casi todos miembros de las lista de Forbes de los hombre más ricos del mundo: Carlos Slim, con una fortuna de 72 000 millones de dólares (América Móvil, banca, seguros, industria, infraestructura, Samborns); Gemán Larrea (minas, ferrocarriles) con 14 700; Alberto Bailleres González (minería, PH, Peñoles, seguros); Ricardo Salinas Pliego (tv azteca, electra); Eva Gonda Rivera y familia, viuda de Eugenio Garza Lagüera, FEMSA, 6 400 millones; María Asunción Aranburuzavala, principal accionista del Grupo Modelo, que se vendió a una empresa holandesa, hoy solo inversionista con 5 200 millones de dólares; Antonio de Valle y Familia (Mexi-chen, plástico, química), 5 000 millones de dólares y banca; Servitje, Bimbo, 4 800 millones; González Moreno (Gruma y -banorte); Azcárraga Jean (Televisa), y Hank Ronk, hijo de Hank González, prominente miembro del Grupo Atlacomulco fuerza política del PRI.

En otras palabras, salieron los antiguos oligarcas de la banca, se han transfor-mado fuertes grupos industriales de los años sesenta-setenta, como el denominado Grupo Monterrey, y se han formado poderosos capitales monopolistas financieros diversificados y transnacionalizados; Televisa adquiere un mayor poder, se formaron nuevas fortunas y en los ultimos diez años hay cambios generacionales y es creciente su participación en infraestructura urbana e industrial. Y con ello, es creciente el ca-rácter rentista de estos grupos. En este siglo grandes grupos monopolistas nacionales se vendieron al capital trasnacional: hoy la mayor parte de los bancos y seguros son extranjeros; también lo son las empresas siderurgicas, las cerveceras y aumenta su peso en el comercio al detalle con el peso de Walmart; asimismo, el capital extranjero realiza la mayor parte del comercio exterior de México.

¿Y las masas, los movimientos sociales y populares dónde están?

El primero de enero de 1994, los indígenas del México Profundo del sur del país dijeron ¡BASTA! y, en septiembre de 2014, desde Ayotzinapa se escuchó el grito na-cional: ¡FUE EL ESTADO!

9 Uno de sus hijos, homónimo, preside Mexicanos Primero, asociación civil, ariete de la reforma educativa en curso.


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Las movilizaciones y conflictos se han multiplicado en permanente confrontación con el Estado, ya por la criminalidad, la impunidad y las desapariciones forzadas; ya por el criminal despojo del extractivismo minero o la apropiación de los bienes co-munes y la contaminación, en lo que se destacan las comunidades indígenas y cam-pesinas; ya por la represión contra las autodefensas populares en diversas regiones del país frente al narcotráfico, o ya por la nefasta, autoritaria y represiva reforma laboral en el magisterio.

Son innumerables y diversos estos movimientos sociales de los que hay un recuen-to en el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que a lo largo de tres años registró 500 testimonios populares.

Se han multiplicado las oenegés, se fortalece la organización indígena y autóno-ma; avanzan, en medio de una feroz ofensiva, la resistencia y organización de los tra-bajadores desde una Unión Nacional de Trabajadores, más reformista y subordinada, que incluye, entre otros, a sindicatos universitarios y telefonistas, y la formación de una Nueva Central de Trabajadores impulsada por el SME; resiste y se fortalece el sindicato nacional de los mineros a pesar de la tenaz ofensiva patronal; surge el movimiento de los jornaleros agrícolas de Baja California que trabajan en el sector agroexportador, y se multiplican los movimientos urbano populares, de sectores me-dios, inclusive, contra el voraz capital inmobiliario.

En el ámbito de la lucha electoral se han registrado dos grandes movimientos nacionales contra el fraude en elecciones presidenciales de 1988 y 2006 y numerosos movimientos regionales y locales.

La defensa frente a la violencia del crimen organizado llevó en Guerrero y Mi-choacán a la creación de la policía comunitaria, en el primer caso, y a la de las au-todefensas, grupos armados desde hace varios años, en el segundo. Las autodefensas se enfrentaron a un fuerte control del Estado que intentó recuperar el monopolio institucional de la fuerza, que incluyó la cooptación y la represión; uno de sus princi-pales dirigentes, el Dr. José Manuel Mireles, está en prisión desde junio de 2014. Las policías comunitarias también han enfrentado la represión gubernamental y una de sus principales dirigentes, Nestora Salgado, estuvo presa más de dos años10.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente sindical democrática dentro del sindicato nacional de maestros, ha presentado, desde 2014, la mayor resistencia frente a la denominada reforma educativa, que funda-

10 Véase el trabajo de Luis Hernández Navarro sobre el tema.

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mentalmente es una contrarreforma laboral para el sector, que conlleva, además, tendencias privatizadoras. La aplicación de la pseudoreforma ha enfrentado tal resis-tencia, que el Estado ha recurrido a la violencia para imponerla, violencia que va de la presencia de policías y ejércitos en los exámenes de evaluación a la represión física que ha llevado al asesinato de maestros en Nochixtlan, Oaxaca, en junio de 2016, y a la prisión a decenas de ellos.

Una de las prácticas de la violencia de Estado que hay que tener presente es la prisión de dirigentes y su confinamiento penitenciario en cárceles lejanas a sus locali-dades. Práctica porfiriana registrada contra los pueblos yaqui y mayo de Sonora, que fueron enviados a cárceles en Yucatán.

Sin embargo, la conciencia y la organización es incipiente cara al poder que te-nemos enfrente y las nuevas formas de dominación, más autoritarias, coercitivas y represivas, con una relativa hegemonía (hegemonía negativa la llama Massimo Mo-donessi (2016), a pesar de que “entró en crisis también la compleja cultura política del viejo Estado nacional de represión-negociación-convenio”, como señala Lucio Oliver (2016).

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Carolina Jiménez M.Docente del Departamento de Ciencia Política y Directora

académica del programa de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia..

La paz como un escenario en disputa

Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar. Fue-ron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de circunstancias en las que el matar ya no sea provechoso para nadie. Lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. No vacilaron en oponer violencia a la violencia.

(Bertolt Brecht (1965). Me-TI. El libro de las mutaciones.)

Presentación

La solución negociada del conflicto interno armado pone sobre el escenario po-lítico una serie de cuestiones que requieren ser tramitadas por el conjunto del movimiento social y el pensamiento crítico para que ésta abra caminos trans-

formadores del orden social vigente. En efecto, poner fin a una confrontación armada de más de cinco décadas se constituye en un acontecimiento político de la mayor envergadura para el país, razón por la cual es un asunto estratégico que no puede ser competencia exclusiva de los actores sentados en las mesas de negociación.


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Así las cosas, pese a que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Juan Ma-nuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP, así como los eventuales que se logren con el ELN, no recojan y representen el conjunto de apuestas y horizontes de sentido de la izquierda política del país, estos abren caminos de posibilidad para la materia-lización de puntos fundamentales de las luchas sociales y populares. De ahí, que de los acuerdos de paz se puedan desprender contextos más favorables para el despliegue de la intensificación de la conflictividad social en el escenario de los postacuerdos.

Y es justamente, atendiendo a esta cuestiones que este artículo propone una dis-cusión en torno a la siguiente pregunta: ¿Por qué los acuerdos de paz alcanzados con las insurgencias armadas deben ser apropiados por los movimientos sociales para dinamizar sus luchas y caminar en un horizonte emancipatorio y contrahegemónico? Esta pregunta no tiene la pretensión de proponer que las agendas del movimiento social deban su-bordinarse a los acuerdos logrados por las insurgencias. Tan solo busca aportar una serie de ideas que permitan reconocer la importancia de este escenario para alimentar el proceso constituyente en curso.

1. Las negociaciones con las insurgencias y la lucha anticapitalista

La rebeldía y la resistencia son condiciones fundamentales para la transformación social. Ellas desatan una serie de fuerzas emancipadoras que persiguen una organiza-ción social para la vida digna y justa de los individuos y sus comunidades; en contra-vía a la establecida por el modo de vida del capital. Por tanto, negarlas, perseguirlas, criminalizarlas y eliminarlas son acciones criminales que recuerrentemente ejercen las clases dominantes para preservar su dominio sobre la sociedad.

(…) En el origen y en la base del ser de izquierda se encuentra esta actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civiliza-da. Esta actitud y la coherencia práctica con ella, que es siempre detectable en la toma de partido por el “valor de uso” del mundo de la vida y por la “ forma natural” de la vida humana, y en contra de la valorización capitalista de ese mundo y esa vida, es lo que distingue, a mi ver, al ser de izquierda (…) (Bolívar Echeverría, 2011:250-251).

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Carolina Jiménez M., La paz como un escenario en disputa

Las acciones de las insurgencias armadas colombianas por más de 5 décadas son una expresión de esa actitud rebelde y de resistencia anticapitalista. Estas se constitu-yeron como una forma de lucha, principalmente campesina, frente a una estructura social excluyente, despojadora, militarista y antidemocrática que negaba todas las po-sibilidades de reproducción de una vida digna para la gente del común1. La persistencia histórica de esta expresión armada del conflicto se explica, entre otras cosas, por el afianzamiento de dicha estructura social, por la emergencia de unas nuevas formas de explotación y dominación en la sociedad, así como por la firmeza de la utopía insurgente de subvertir el orden existente.

La subversión no es concepto blanco, ni tampoco es negro. Surge del pro-ceso de la vida colectiva como un hecho que no puede negarse y al que es mucho mejor mirar de frente para entenderlo en lo que realmente es. No es moral ni inmoral, porque su naturaleza no proviene sólo de la dinámica histórica del pasado, sino de la proyección utópica que tiene la acción sub-versiva hacia el futuro (Fals Borda, 2009:388. En: Moncayo, 2015:19).

Ahora bien, los procesos subversivos no son estáticos. Estos se mueven y transfor-man de acuerdo con las condiciones del proceso social. Por tanto, sus acciones y es-trategias cambian en consonancia con el movimiento de la sociedad. Y es justamente esta cuestión la que nos permite comprender por qué un grupo insurgente en armas construye condiciones para encontrar una salida negociada al conflicto armado. No

1 “Entre tanto y como resultado de la aplicación de la guerra contrainsurgente, las regiones en donde habían surgido organizaciones campesinas fueron arrasadas y el campesinado sometido a muy difíciles condiciones de existencia. En esas circunstancias, círculos político-militares norteamericanos diseñaron la iniciativa contrainsurgente de carácter “preventivo”, para aplicarla contra las comunidades campesinas refugiadas en las montañas, las llamadas “repúblicas independientes”: sería el acompañante militar de la ley de reforma agraria. En prosecución de este propósito, el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional contemplaba la articulación y movilización de todo el “poder nacional”, incluyendo las formas institucionales: en primer lugar las fuerzas armadas, las demás entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad (gremios, medios de comunicación, iglesias) y “no institucionales” representados en particular por los grupos paramilitares. No obstante, la aplicación del Plan tuvo como respuesta el surgimiento de distintas expresiones de insurgencia armada, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)” (Fajardo, 2015:121).


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se trata de un abandono del horizonte subversivo, ni mucho menos de una victoria del bloque en el poder. Todo lo contrario, expresa la posibilidad de avanzar en la construcción de una nueva organización social atendiendo a circunstancias distintas.

Por lo tanto, los acuerdos de paz con la insurgencia de las FARC-EP y los que se lleguen con el ELN no son una renuncia a su proyecto político. Son escenarios de posibilidad que generan condiciones más favorables para el desarrollo de la rebelión social sin la mediación del uso de las armas. El reconocimiento de los logros que se han desprendido de los acuerdos de paz para el movimiento social y popular no implica ni desconocer los límites y el carácter acotado de lo allí acordado, ni asumir que el conjunto de los procesos que componen la izquierda colombiana se sienten recogidos en los proyectos políticos de las insurgencias armadas. Aquí de lo que se trata es de aprovechar y potenciar los espacios que se abren y de valorar los multiples cerrojos puestos por las clases dominantes para el camino de la transformación social.

En este escenario se vislumbra un nucleo de problemas que requieren ser trami-tados por el movimiento social y político para poder construir y materializar el hori-zonte anticapitalista de sus luchas. Entre otras, se destacan tres cuestiones:

La solución negociada del conflicto armado NO elimina el uso de la violen-cia destructiva como herramienta de dominación de clase. La guerra es un factor indispensable para el desarrollo capitalista (Luxemburg, 1899). Ésta contribuye a dinamizar los procesos moleculares de acumulación de capital y es un instrumento fundamental para la dominación de clase. El bloque en el poder apela al uso de la violencia destructiva2 cuando las condiciones “normales” de la reproducción de la “lógica” de la valorización del valor están puestas en cuestión.

2 En este apartado reconocemos la diferencia entre la violencia destructiva y la dialéctica. “Esencialmente diferente de la violencia destructiva ‒que es la que persigue la abolición o eliminación del otro como sujeto libre, la que construye al otro como enemigo, como alguien que sólo puede ser aniquilado o rebajado a la animalidad‒, la violencia dialéctica es la que subyace en todas las construcciones de mundo social levantadas por el ser humano en las épocas arcaicas que sucedieron a la llamada “revolución neolítica” y que en muchos aspectos esenciales han perdurado hasta nuestros días, a través incluso de toda la historia de la modernidad. Una “violencia benigna”, que saca de su naturalidad al ser humano, reprimiendo o fortaleciendo desmesuradamente determinados aspectos de su sustancia animal, para adecuarla sistemáticamente en una figura de humanidad; una violencia que convierte en virtud, en un hecho armónico o “amable”, la necesidad estratégica de sacrificar ciertas posibilidades de vida en favor de otras, reconocidas como las únicas indispensables para la supervivencia comunitaria en medio de la escasez

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En Colombia las clases dominantes han recurrido a la guerra contrainsurgente y a la figura del enemigo interno para contener todas las formas de rebelión social, incluí-das las no armadas, que pudieran poner en cuestión su dominio de clase. La doctrina de seguridad nacional y la estrategia paramilitar así lo demuestran.

Por tanto, aunque las negociaciones de paz con las FARC-EP y el ELN son pri-mordiales para tramitar procesos de desmilitarización de la vida social en los territo-rios, son insuficientes para desactivar todos los órdenes de la guerra. De ahí que los acuerdos alcanzados sobre el fin del conflicto, referidos al desmonte del paramilita-rismo, al combate contra las estructuras criminales y la transformación de la doctrina militar del Estado, resultan fundamentales para poner freno al desarrollo de la vio-lencia destructiva en los territorios.

Ahora bien, recogiendo lo señalado por Bolívar Echeverría, es claro que el tipo de violencia dialéctica constitutiva de la formación social capitalista no tiene condicio-nes de resolución dentro del régimen. El fin de todas las formas de violencia solo se puede alcanzar en una organización social de carácter anticapitalista.

La búsqueda de una sociedad justa, la erradicación de la violen-cia destructiva, la conquista de la “paz perpetua” no se encuentran dentro de los planes de la modernidad capitalista. Por esta razón, el retorno tan festejado a la figura ortodoxa del estado liberal, que más que “posmoderno” debería llamarse “ultra-moderno”; la reconstrucción de la política como política “pura” o como pura supraestructura de la sociedad civil burguesa ‒sin “ruido” de ningún tipo, ni “natural” ni “ciudadano”‒, no parecen anunciar tiempos de menor barbarie, sino más bien de lo con-trario (Bolívar Echeverría, 2011:194. Las cursivas son nuestras).

de oportunidades de vida o la hostilidad de lo extrahumano (….) La violencia fundamental en la época de la modernidad capitalista ‒aquella en la que se apoyan todas las otras, heredadas, reactivadas o inventadas‒ es la que resuelve día a día la contradicción que hay entre la coherencia “natural” del mundo de la vida, la “lógica” del valor de uso, y la coherencia capitalista del mismo, la “lógica” de la valorización del valor; la violencia que somete o subordina sistemáticamente la primera de estas dos coherencias o “lógicas” a la segunda. Es la violencia represiva elemental que no permite que lo que en los objetos del mundo hay de creación, por un lado, y de promesa de disfrute, por otro, se realice efectivamente, si no es como soporte o pretexto de la valorización del valor.”(Bolívar Echeverría, 2011:188 y 192).


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Por tanto, aunque desistir del empleo de la armas para dinamizar la acción po-lítica es un camino necesario para la desmilitarización de la vida, la eliminación de la violencia como forma de control social es una disputa que debe encarnar el mo-vimiento social. La unica posibilidad de quebrar esas lógicas del poder radica en la fuerza de la lucha popular.

La construcción de la paz debe tener un carácter anticapitalista. De lo con-trario genera condiciones de estabilización del régimen: De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, el capitalismo es un orden de la barbarie. Este sacrifica la posi-bilidad de una buena vida para la gente del comun a nombre de la acumulación del capital. Por tanto, aunque puede generar condiciones para suspender el uso de la vio-lencia destructiva, ello no implica poner fin a un orden violento que se edifica sobre la injusticia y la naturalización de la desigualdad social. En este sentido, la construcción de una paz que no ponga en cuestión el orden del capital resulta en un mero ejercicio de estabilización del régimen.

La paz generalizada es imposible dentro de una sociedad construida a partir de las condiciones históricas de la escasez; ésta tiene que ser in-teriorizada y funcionalizada en la reproducción de la sociedad y la única manera que tiene de hacerlo es a través de la imposición de una injusticia distributiva sistemática, la misma que convierte a la violencia en el modo de comportamiento necesario de la parte más favorecida de la sociedad con la parte más perjudicada. La creación de la zona pacificada (el simu-lacro de paz interna generalizada) sólo puede darse, por lo tanto, cuando ‒además de los aparatos de represión‒ aparece un dispositi-vo no violento de disuasión capaz de provocar en el comportamiento de los explotados una reacción de autobloqueo de la respuesta violenta a la que están siendo provocados sistemáticamente. Gracias a él, la violencia de los explotadores no sólo resulta soportable, sino incluso aceptable por parte de los explotados” (Bolívar Echeverría, 2011b:100. Las cursivas son nuestras).

En definitiva la paz debe tener un carácter anticapitalista. O, como lo señalaba Marx, el significado de paz es la ausencia de oposición al socialismo. Para el caso nuestroamericano podríamos decir la ausencia de oposición al eco-socialismo, al

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buen vivir, al vivir bien. Es por eso, que la lucha de clases sigue constituyéndose en el motor para caminar en esa dirección.

En este orden de la discusión, los acuerdos alcanzados con las FARC-EP y las negociaciones que se desarrollan con el ELN representan un momento de la disputa social. Por tanto, no agotan el camino de la busqueda de la paz. Los acuerdos alcan-zados con las FARC-EP y los que se alcancen con el ELN, esto es, entre las insurgen-cias y el Gobierno colombiano, deben abrir escenarios más favorables para la lucha y la materialización de algunos puntos de las agendas de los movimientos sociales, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y los pueblos. De ahí el carácter estratégico que encarnan3.

Sin embargo, estos acuerdos, por la naturaleza misma de las mesas de negocia-ción, no logran poner en cuestión los cimientos del orden capitalista. En ese sentido, aunque generan condiciones propicias para un proceso de transición, no son en sí mismos la encarnación de dicho proceso. Transitar en una ruta anticapitalista es una tarea compleja a la que se enfrenta el movimiento social. En relación con la transición se puede afirmar que

Se trata evidentemente de procesos largos, no lineares, más o menos violen-tos de acuerdo con las resistencias de los grupos sociales involucrados (…) no se debe olvidar que un tal cambio será el resultado de un proceso social y que no puede realizarse sin luchas ni una transformación de las relaciones de fuerza. En otras palabras, el capitalismo no caerá por sí solo y la convergencia de todas las luchas sociales y políticas es un requisito para llegar a un resultado (Houtart, 2016. Las cursivas son nuestras).

Así las cosas, la solución negociada del conflicto armado encarna un potencial transformativo para encauzarnos en el camino de la paz. Genera condiciones para la profundización de la disputa social con un horizonte anticapitalista. Como lo sugiere Jairo Estrada (2016),

3 El acuerdo final alcanzado entre el Gobierno y las FAR-EP en temas de tierras, participación política, cultivos de uso ilícito y narcotráfico y victimas denotan el potencial transformativo que encarna. Los puntos de la Agenda con el ELN también muestran horizontes interesantes para impulsar procesos de cambio.


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(…) estamos frente al hecho más importante de la historia política reciente de nuestro país, aún no suficientemente comprendido y aprehendido en el conjunto de la sociedad, debido a la normalización e integración en la cotidianidad, especialmente en los grandes centros urbanos, de que ha sido objeto la guerra (…) Así es que la perspectiva real de su culminación nos sitúa en el cierre de un arco histórico y, al mismo tiempo, en el inicio de otro ‒probablemente plagado de múltiples dificultades‒ consistente en la tramitación de la conflictividad que es inherente al orden social a través de los recursos que brinda la posibilidad del ejercicio pleno de la política.

Si reconocemos esta cuestión entendemos la importancia política que tiene la refrendación de los acuerdos.

El proceso constituyente en curso NO logra superar las tensiones que difi-cultan la convergencia de todas las luchas sociales: La vitalidad de las luchas y las dinámicas de la movilización social que han estado liderando en años recientes las clases y los sectores sociales populares en Colombia ‒y que se expresan tanto en la diversidad de movimientos indígenas, campesinos, urbanos, de mujeres, de afro-descendientes, de estudiantes, de jóvenes, de mineros artesanales, de trabajadores sindicalizados, de pescadores, entre otros, como en los procesos de articulación que han emergido y que han permitido definir unos elementos comunes de la resistencia social y que se pueden apreciar con claridad en las apuestas políticas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC-, en la Minga Social Indígena, en Ríos Vivos, entre otros‒, muestran un nuevo momento del proceso social y plantean unos novedosos horizon-tes políticos para la reconstrucción democrática.

Este proceso de resistencia social expresa tanto un rechazo a las formas autori-tarias de ordenar y dinamizar la acción política, como una apuesta por avanzar en la construcción de un proyecto contrahegemónico que realmente permita sentar las bases para la construcción de la democracia popular en Colombia. Ahora bien, la po-sibilidad de fortalecer esa apuesta radica en la capacidad que tengan los movimientos sociales de superar las distancias y fragmentaciones existentes. Esto es, de avanzar en procesos de articulación de sus luchas, de tender puentes y construir convergencias sobre elementos estratégicos comunes de la disputa, de reconocer la diversidad y plu-

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ralidad existente de los actores de la resistencia, entre otros elementos. Así, como lo señala Isabel Rauber:

Constituir el actor colectivo (sujeto plural) es mucho más que la reunión cuantitativa de diversos actores, con sus propuestas reivindicativo-sectoria-les. Supone, en primer lugar, ampliar los contenidos de tales luchas y, en segundo, ampliar las dimensiones de las mismas, orientando el cuestiona-miento social hacia los fundamentos mismos del sistema de dominación del capital, y replantear dicho cuestionamiento de un modo positivo, es decir, conformando un proyecto alternativo integral y raizalmente superador (Rauber, 2010:167).

Por lo tanto, las distancias al interior de las diversas expresiones del movimiento social colombiano, referidas, entre otras cosas, a las formas de organización comuni-taria y étnica de los territorios, al lugar del Estado en el proyecto de la transformación social, a las estrategias de lucha y formas de construcción del poder popular, al lugar de las negociaciones de paz en la dinámica de la conflictividad social, al peso diferen-ciado de las agendas sectoriales en una agenda de articulación nacional, a las catego-rías orientadoras de la gramática política y al lugar de una Asamblea Nacional Consti-tuyente en el fortalecimiento del proceso constituyente en curso, deben ser discutidas y tramitadas, reconociendo que el pensamiento y las alternativas emancipadores se nutren de estos ejercicios y que todos estos procesos de luchas y resistencia apuntan a un horizonte comun: la definición y construcción del proyecto contrahegemónico.

Este nucleo de problemas deja entrever una serie de cuestiones que han emergido en esta coyuntura de los postacuerdos. Muestran posibilidades y tensiones que re-quiere tramitar el movimiento social y popular para que los escenarios que se abren en el actual contexto, tanto los de los acuerdos y diálogos con las insurgencias arma-das, como los de otras mesas del movimiento social, generen elementos favorables para la disputa social. De ahí la importancia de que los procesos sociales apropien los acuerdos de paz ya alcanzados y los resultantes de la Mesa de Quito.


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2. Los acuerdos de paz y las agendas de los movimientos sociales

Al interior del movimiento social existe una interesante discusión sobre las con-vergencias y divergencias existentes entre sus agendas y las acordadas por las guerri-llas para encontrar una salida política al conflicto armado. Algunos procesos orga-nizativos consideran que las negociaciones de paz recogen aportes y acumulados de las luchas populares. Por tanto, todo lo que allí se discuta resulta fundamental para el movimiento social. Para otros sectores, es necesario reconocer que las insurgencias son una de las expresiones de la rebelión social y que sus combatientes son hombres y mujeres de sectores subalternos. En este sentido, todo lo allí acordado sería un logro hacia la transformación de la sociedad. Existen posiciones que se distancian de las an-teriores y plantean que las insurgencias no representan al movimiento social. De ahí que sus agendas de paz no se correspondan con las agendas del mundo popular. Por eso, problematizan el alcance que pueda tener lo allí acordado. Hay interpretaciones que, aunque reconocen la importancia de la solución negociada de la confrontación armada, critican la escueta participación del movimiento social en la Mesa de La Habana.

Como se puede apreciar, las lecturas son diversas y dan cuenta de los tratamientos diferenciados que existen al interior del movimiento social sobre el proceso de paz adelantado con la insurgencia de las FARC-EP y el que se adelanta con el ELN. En este artículo compartimos las lecturas que reconocen la negociación del conflicto armado como una conquista del movimiento social. Ya que estas representan, por una parte, una derrota del proyecto contrainsurgente de las clases dominantes para eliminar la rebelión a través de la confrontación militar y, por la otra, la posibilidad de alcanzar unos mínimos que generen unas condiciones más favorables para la dis-puta social y para el desarrollo de la vida cotidiana de los pueblos.

Así las cosas, la consigna dos mesas un solo proceso no representa un asunto que involucra solamente a los actores que hacen parte de las delegaciones. Unas y otro recogen un acumulado de las luchas históricas por la paz y, por tanto, también son un asunto de las organizaciones y procesos sociales que trabajan y luchan incansable-mente en sus territorios por una buena vida, por una vida digna para todas y todos. Al respecto señalan los comandantes insurgentes:

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Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los gue-rrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad (…) la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. (…) es el pueblo don-de reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo (Iván Márquez, 2012).

Si reconocemos que el conflicto que vivimos es de naturaleza política, que es el fruto de la antidemocracia, la pobreza, la miseria, la actitud violenta desde el Estado a los reclamos de las mayorías, es apenas lógico que esos problemas requieran abordarse y solucionarse en un proceso de paz (…) el problema no es firmar papeles y tener buenas intenciones. Si el proceso de paz no encara a profundidad estos asuntos, dentro de un plan concreto, la paz no tiene futuro y será un cuento (Nicolás Rodríguez, 2015).

Por esas y otras razones, las dos mesas un solo proceso no deben ser leídas como un momento exclusivo de la lucha armada. Son una expresión de la rebelión y del proce-so social insurgente que se vive en Colombia y que ha cobrado nuevas significaciones en el ultimo lustro. De ahí que los acuerdos alcanzados permitan tramitar algunos asuntos relevantes para el conjunto de la sociedad.

En este horizonte es importante diferenciar entre conflicto armado y conflicto so-cial. Ya que desde las orillas dominantes se pretende asociar la solución del conflicto armado con el fin de la conflictividad social. La categoría de postconflicto que se ha pretendido instalar en el imaginario social es ilustrativa de esta cuestión.

Es preciso señalar que cuando se habla del “Fin del conflicto” no se está haciendo referencia a que tras la firma de un acuerdo final y su imple-mentación se asistirá a una superación de la naturaleza contradictoria y conflictiva propia del orden social vigente. Sin duda ésta continuará y tendrá múltiples expresiones y manifestaciones, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia del país. El “Fin del conflicto” en los términos de la Agenda se refiere más bien a la terminación de su expresión armada en


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el caso de la organización rebelde de las FARC-EP, que aspiramos pueda concretarse también con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, una vez se puedan iniciar los diálogos y negociaciones de esa guerrilla con el actual Gobierno (Estrada, 2016).

En este orden de ideas es posible señalar que un escenario de postacuerdos puede generar unas condiciones propicias para la intensificación de la conflictividad social. Una vez alcanzado el cese al fuego bilateral y desplegadas una serie de acciones por parte del gobierno nacional para desestructurar el paramilitarismo y desmontar la doctina contrainsurgente y del enemigo interno de las FF.MM., las condiciones de seguridad en los territorios pueden resultar favorables para la acción social.

Al respecto, es bastante ilustrativo el mejoramiento de algunas condiciones socio-territoriales en las comunidades rurales, derivadas del cumplimiento del cese al fuego unilateral declarado por las FARC-EP, así como de las iniciativas de desescalamiento militar impulsadas por las FF.MM.:

La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha podido observar que hasta el momento la guerrilla de las Farc ha cumplido con el cese al fuego unilateral, que ya completó ocho meses. Según el monitoreo que realiza la Entidad defensora de los derechos hu-manos, durante este periodo no se registraron hostigamientos, ni ataques armados contra estaciones de Policía y guarniciones militares, como tam-poco atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica del país. Ello, destaca el informe del SAT, ha contribuido al desescalamiento del conflicto armado interno, en una muy buena parte del país (Defensoría del Pueblo, Marzo 2016).

Este periodo continúa siendo el de menor intensidad del conflicto en sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y acciones violentas. A la fecha, no registramos acciones violatorias de los com-promisos de desescalamiento por parte del Estado durante estos ocho meses

(CERAC, Marzo 2016).

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La siguiente gráfica construida por el CERAC muestra el comportamiento del cese al fuego unilateral y las medidas bilaterales de desescalamiento entre las FARC y la Fuerza Publica.

Acciones ofensivas de las FARC y acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra las FARC de dic. 2014 - mar. 2016

Recuperado en: http://productos.cerac.org.co/wp-content/uploads/2016/03/AU-FARC-y-AU-FP-A-FARC-mensual.jpg

La gráfica muestra con mucha claridad como se consolidó un cese al fuego bi-lateral de manera informal. El decrecimiento de las acciones ofensivas entre agosto de 2015 y marzo de 2016 así lo evidencia. Ahora con la firma del acuerdo final las condiciones están dadas para avanzar de una manera clara en su implementación. El compromiso y seriedad del Gobierno de Juan Manuel Santos son fundamentales para que esto se haga efectivo.

Como se ha mostrado existe una correlación importante entre las negociaciones de paz y las luchas del movimiento popular. Así las cosas, podemos decir que estos acuerdos permiten, aunque no agotan, la apertura de espacios institucionales para el desarrollo de temas estratégicos de la disputa social, esto es, potencian elemen-tos de carácter antineoliberal, pero no resuelven el despliegue del neoliberalismo en


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Colombia.Y es justamente esta cuestión la que ha generado diversas tensiones entre procesos sociales y los acuerdos de La Habana.

Para algunos sectores del movimiento social, los temas pendientes, las denomina-das salvedades4, así como los desarrollo institucionales impulsados por el gabinete de Santos5, denotan las limitaciones de lo allí acordado y los frenos para la paz, lo cual ha generado escepticismo frente a los procesos en cuestión y no ha permitido que se reconozcan las intersecciones entre las luchas del movimiento social y las que lograron

4 Las FARC-EP han dado a conocer una serie de temas pendientes en la Mesa de conversaciones. Entre otros señalan: Latifundio y delimitación de la propiedad; Freno a la extranjerización del territorio; Extracción minero-energética y conflictos de uso de la tierra; Regulación de la explotación del territorio para la generación de agro-combustibles; Revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía; Ajustes al Ordenamiento Territorial; Financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral; Cuantificación del Fondo de Tierras; Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio; Definiciones sobre el derecho real de superficie; Reestructuración democrática del Estado y la reforma política en función de la expansión democrática; Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral; Revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana; Proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta; Elección popular de los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; Participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional, tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia; Democratización del acceso al espacio radioeléctrico, la información y la comunicación, que impida la monopolización de los medios masivos de comunicación; Ordenamiento territorial y estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios; Participación y control social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica, en los niveles nacional, regional, departamental y municipal; Participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República; Democratización y garantías de participación, reordenamiento territorial y descentralización para la justicia social urbana; Reconocimiento de derechos políticos que garanticen la participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, así como de otros sectores sociales excluidos, extendiendo la consulta previa y estableciendo del Poder Popular; Participación social y popular en procesos de integración de Nuestra América, especialmente en la CELAC y la UNASUR; Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano; Nueva política criminal en materia antidrogas. Recogidos de: Tony López (2014). “Los puntos pendientes de la negociación de paz”. Consultado en: http://www.las2orillas.co/la-verdad-lo-que-esta-ocurriendo-en-la-mesa-de-la-habana/

5 Entre los desarrollos legislativos más problematizados por el movimiento social se destacan la ley de ZIDRES y el Plan Nacional de Desarrollo.

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poner las insurgencias en las mesas. Semejante situación podría configurarse como un error estratégico para avanzar en el fortalecimiento de la lucha social en su conjunto.

Sin embargo, las limitaciones de La Habana no deben restarle reconocimiento a lo allí acordado ni dificultar su apropiación. Las ausencias y los inamovibles del Gobier-no deben ser leídos como ejes centrales de la disputa que deben seguir encarnando los movimientos sociales en unas condiciones político-institucionales más favorables. Recordemos, como lo señaló insistentemente Rosa Luxemburg a propósito del debate entre reforma y revolución, que las reformas pueden contribuir a cambiar cualitativa-mente el orden social existente y generar condiciones para el despliegue de proyectos realmente transformadores. Así las cosas, los acuerdos de La Habana, aunque no son revolucionarios, pueden ayudar a caminar en esta dirección. De ahí la importancia política que cobra la refrendación.

3. Algunos asuntos importantes que se abren en los postacuerdos

Los elementos señalados en el apartado anterior denotan el valor político que tienen las negociaciones de paz con las insurgencias para el fortalecimiento de la lucha social. De ahí la importancia de que los acuerdos puedan ser apropiados por el conjunto del movimiento social, de tal suerte que la implementación de los mismos permita que se desate el potencial disruptivo que estos encarnan. De lo contrario, las clases dominantes pueden funcionalizar la paz de acuerdo con sus intereses. Las intervenciones de distintos representantes de las elites en el poder son ilustrativas de esta cuestión:

Nosotros vemos que las discusiones que se han planteado sobre la agricul-tura en el proceso de paz es [sic] una gran oportunidad de fortalecer en su totalidad al sector rural y específicamente al sector agropecuario (Rafael Mejía, 2012).

(…) las negociaciones con la guerrilla hacen parte de un proyecto políti-co más amplio, que busca entre otros elementos, encarrilar el país por la sendas del “desarrollo” a través de la estimulación de la inversión, tanto nacional como extranjera (Villegas, 2013).


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La paz es el mejor negocio para la economía (Bruce Mac Master, 2015).

(…) ¿por qué negociar? No porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República. En lo esencial, las razones son humanitarias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales. También se negocia para evitar los daños que, mediante atenta-dos terroristas, estos grupos siguen ocasionando al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y, en general, a la economía nacional (ANDI, 2015).

Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acce-der. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo (Juan Carlos Echeverry, 2016).

El entendimiento de la paz como un espacio de disputa resulta entonces fun-damental en el escenario de los postacuerdos. Una implementación asumida por el movimiento social pueden generar margenes importantes para que la paz asuma un carácter popular. De lo contrario la paz territorial termina eclipsada por la lógica regulacionista que promueve el gobierno6. La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha sido muy clara al respecto. De lo que se trata es de generar una serie de pro-cesos de rediseño institucional que permitan la emergencia de unas nuevas prácticas que regulen la vida publica de las zonas más afectadas por el conflicto y permitan el

6 La paz territorial desde la perspectiva del Alto Comisionado para la Paz involucra la articulación: enfoque de derechos y enfoque territorial. El enfoque de derechos que se propone hace referencia a un restablecimiento de derechos a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. Y debe estar orientado por una perspectiva diferencial. El enfoque territorial supone reconocer que han existido unos territorios más afectados por la guerra que otros. Y que estos territorios son heterogéneos y diversos.

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impulso del desarrollo territorial. Esto es, de generar unos modos de regulación en los territorios para el despliegue de procesos que la guerra no ha permitido.

Así las cosas no se trataría de resolver los asuntos históricos que explican y ali-mentan el conflicto, sino, todo lo contrario, de generar unas condiciones para el afianzamiento de los procesos moleculares de acumulación de capital y de poder político bajo el manto de la paz territorial. Cuando visualizamos estos problemas reconocemos la importancia de la disputa que se perfila socialmente por quién llena de contenido la paz territorial y asume un carácter protagónico en la implementación de los acuerdos. La construcción de la paz territorial es un asunto estratégico.

Los elementos señalados a lo largo del texto permiten abordar el interrogante pro-puesto: ¿Por qué los acuerdos de paz que se alcancen con las insurgencias armadas deben ser apropiados por los movimientos sociales para dinamizar sus luchas y caminar en un horizonte emancipatorio y contrahegemónico? Esta discusión claramente es un asunto que interpela de manera fundamental a las organizaciones populares y los movimien-tos sociales que caminan en una ruta destituyente-constituyente.

Este momento político parece mostrar las condiciones para actualizar y recobrar el verdadero sentido de lo político, esto es, y siguiendo a Bolívar Echevarria,

Lo político, la dimensión característica de la vida humana, se actualiza de manera privilegiada cuanto ésta debe reafirmarse en su propia esencia, allí donde entra en una situación límite: en los momentos extraordinarios o de fundación y re-fundación por los que atraviesa la sociedad; en las épocas de guerra, cuando la comunidad está en peligro, o de revolución, cuando la comunidad se reencuentra a sí misma (Bolívar Echeverría, 2006).

Por tanto, el horizonte constituyente en que caminan los procesos políticos popu-lares en Colombia abre caminos de esperanza para reinventar el mundo y construir un nuevo orden social basado en el bien común, el buen vivir y la vida digna para los pueblos.


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Proceso de Comunidades Negras: https://renacientes.net

NEOLIBERALISMOS Y AMÉRICA LATINA EN LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL

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Beatriz Stolowicz Profesora- Investigadora del Departamento de Política y Cultura en el área problemas de América Latina de la Universidad Autónoma

Metropolitana- Unidad Xochimilco, en la ciudad de México.

Problemas en el saber convencional crítico

Estuve aquí hace 5 meses intercambiando ideas sobre el tema de este encuentro. En aquella oportunidad di mis pareceres sobre la crisis político-electoral de los gobiernos llamados progresistas. No voy a repetir esos argumentos pues

aquella intervención será incluida en las memorias de este seminario.También manifesté que el desconcierto que se observa actualmente es, en buena

medida, resultado de que durante varios años los análisis serios fueron desplazados u opacados por la propaganda. Podemos admitir que, en algunos casos, se busca-ban apoyos a esos procesos o se quería generar un contagio de entusiasmo entre los pueblos gobernados por la derecha. Pero condujeron a la perplejidad del presente. También en muchas opiniones actuales sobre las crisis político-electorales hay bas-tante superficialidad. Y observamos cómo algunos analistas critican hoy lo que antes exaltaron, en giros de 180 grados, sin hacer explícito ese cambio de opinión, como debería ser en honor a la seriedad intelectual, lo que tendría un alto valor didáctico.

Los momentos candentes del cambio de coyunturas políticas son propicios para el predominio en los análisis del tiempo muy corto, el de los acontecimientos. La acción política lo requiere, sin duda, pero a condición de no perderse en el anecdotario.


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Desde hace mucho tiempo vengo manifestando mi preocupación por lo que considero insuficiencias y errores en el autodenominado pensamiento crítico. Lo expresé aquí en Bogotá en 2007, en el 40 aniversario de CLACSO. La investigación de estos años me ha dado mayor certeza al respecto. He llegado a la conclusión de que se ha generado un saber convencional en las ciencias sociales autodenominadas críticas que está basado en fundamentos equivocados. Este “mainstream de izquier-da” en las ciencias sociales opera como una zona de confort, con algunas ideas de las que se echa mano para todo, usadas casi como consigna. Es cómodo para mante-nerse en el candelero de la “opinología”, pero no explica adecuadamente la realidad, y particularmente no explica las importantes transformaciones ocurridas en este nuevo siglo en la reproducción del capitalismo en América Latina. Lo que ha tenido, y tiene, efectos prácticos.

Esto vuelve a hacer eclosión en el modo de pensar esta coyuntura. Es muy sor-prendente cómo ahora se hacen afirmaciones sobre el neoliberalismo en los mismos términos de comienzos de la década de los noventa, como si nada hubiera ocurrido desde entonces y, para peor, como si nada se hubiera aprendido en todo este tiempo.

Esto confirma que hay un “pecado original” en ese saber convencional, que es el haber aceptado como válida la retórica de los dominantes en la caracterización del neoliberalismo. Que hicieron que se pensara al neoliberalismo como una política económica: el monetarismo recesivo; como Estado “mínimo”; como desinterés por lo “social”. Tomando esa caracterización como válida, se asumió por contraposición que si se aplican políticas económicas no recesivas, si se aumentan las funciones del Estado, o se desarrollan políticas sociales que contemplan formas de organización colectiva, se ha salido del neoliberalismo. Es así como se ha planteado el “posneoli-beralismo”, y con esas falacias es que se dice ahora que “se vuelve” al neoliberalismo.

Y así se ha perdido de vista que el objetivo de la reestructuración capitalista deno-minada neoliberal es la restauración del poder irrestricto del capital y sus ganancias, y que para alcanzarlo la estrategia contempló, desde sus inicios, su ejecución mediante distintos medios, con distintas tácticas. Aquella caracterización del neoliberalismo, que fue aceptada por el llamado pensamiento crítico, fue impuesta retóricamente por los intelectuales sistémicos para justificar la fase de demolición del régimen de acumulación anterior y de sus instituciones, particularmente las que reconocían de-rechos colectivos que restringieran la apropiación empresarial de plusvalor. Esa es la función primordial de las políticas monetaristas recesivas, que mediante el desempleo

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Neoliberalismos y América Latina en la geopolítica mundial

Beatriz Stolowicz, Problemas en el saber convencional crítico

buscan hacer arrodillar a los trabajadores para reducir sus salarios directos e indirec-tos e imponerles relaciones laborales que garanticen una mayor apropiación de valor de trabajo impago. Con este propósito es que sólo se reduce el gasto publico que solventa derechos colectivos que devuelven valor a sus productores y sus familias, no así el gasto publico destinado a fortalecer económicamente al capital y su seguridad. Una vez logrado esto, la estrategia siempre contempló una siguiente fase de estabili-zación, cambiando las políticas económicas y procurando nuevos consensos sociales y políticos.

Lo que aprendimos con la investigación es que la reestructuración del capitalis-mo no se hizo en un solo acto, que se fue ejecutando con distintos medios para ir controlando políticamente los efectos de su aplicación. Ha habido varios momentos de demolición y estabilización para hacer avanzar a estadios superiores la reestruc-turación del capitalismo en América Latina. Buscando siempre construir consensos más sólidos. Todos y cada uno de esos momentos de demolición-estabilización han sido en sentido estricto ajustes. El saber convencional identifica “ajuste” sólo como “ajuste fiscal”, sólo ahí ve “neoliberalismo”. Pero ha habido ajustes que han producido transformaciones permanentes para fortalecer al capital, en estadios superiores, que se han hecho con expansión del gasto publico.

Los ajustes se llevan a cabo montados en las crisis. Las crisis económicas son usa-das como excusa para justificar nuevas acciones de demolición, como peldaños para ascender en la reestructuración, por eso el capital las ve como “oportunidad”. Cuan-do provocan acciones de protesta que puedan llegar a afectar la dominación, buscan nuevos medios para estabilizarla, cambian las tácticas.

El Estado es un instrumento central tanto para la demolición como para la esta-bilización. Para la estabilización las funciones del Estado son más sofisticadas en la reconfiguración de la sociedad, en la construcción de nuevas mediaciones, en el uso de la retórica. Su eficacia es directamente proporcional a las falencias del “mainstream crítico”.

En cada momento de cambio táctico pareciera haber fuertes debates al interior de la clase dominante, al menos son muy estentóreos. Los promotores del cambio de táctica para estabilizar presentan sus propuestas como “alternativas”. Con un ejerci-cio supremo de retórica nominalista, a la táctica anterior, de demolición, la presentan como “el neoliberalismo”; a la nueva táctica de estabilización la presentan como la “superación del neoliberalismo”. Hace muchos años yo llegué a pensar que de verdad


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era un debate fuerte para convencer a ciertas fracciones dominantes de que la nueva táctica es la más eficaz. Pero estudiando más a fondo cómo elaboran de manera colec-tiva los personeros de la táctica anterior junto con los personeros del cambio táctico, llegué a la conclusión de que en esos aparentes enfrentamientos hay, sobre todo, un manejo político: mientras unos aparecen como una derecha neoliberal rancia, los no-minalmente críticos del neoliberalismo se presentan como una oposición de “tercera vía”, de modo tal que la izquierda vea en ellos a posibles aliados en una lucha viable contra aquellos “neoliberales”. Para ello se juega con el recurso de la tríada.

No es que no existan enfoques doctrinarios o teoréticos diferentes entre unos y otros, de hecho eso es lo que hace a la tríada creíble. Pero comparten el objetivo, que es la elevación de las ganancias del capital como condición sine qua non de la esta-bilidad del sistema. Los dominantes piensan estratégicamente, son flexibles en los medios e inflexibles en los objetivos. No es irrelevante para la vida de la gente que se adopten unos medios u otros, pero eso no debería conducir a confusiones políticas: los estabilizadores no pueden ser vistos como aliados. Muchos de los que en determi-nadas coyunturas son ejecutores de la estabilización, fueron ejecutores de demolicio-nes en otras coyunturas; o a la inversa. En cada una han ocupado un lugar distinto en la geometría del espectro político, jugando más a la derecha o más al centro. No es que sean fuerzas políticas “nuevas”, sino que ejecutan tácticas diferentes. Ahora desde filas de la izquierda se dice que hay una “nueva derecha” en Brasil, en Chile, y lo que siga. ¿Es “nueva” por poner en marcha un cambio táctico?

En Chile, cuando el régimen dictatorial aseguró su proyecto refundacional me-diante la Constitución de 1980, que era parte del cronograma para estabilizar la reestructuración con un régimen de concertación, de las filas pinochetistas surgió un sector que se llamó a sí mismo “nueva derecha” para legitimarse como actor de la negociación. Se presentó como una derecha liberal, o demoliberal, aunque había sido ejecutora de la fase anterior que se hizo con dura represión.

Hoy día, en Brasil, para mantener los niveles de ganancia a los que estaban habi-tuados los grandes empresarios con los gobiernos petistas, exigen acelerar el “ajuste” para aumentar las transferencias estatales al capital. No es sólo un ajuste fiscal, tam-bién plantea reformas constitucionales contra derechos laborales. Pero se presentó como ajuste fiscal desde un comienzo (junio) con la Propuesta de Enmienda Cons-titucional (PEC) 241 de Temer. Que plantea congelar el gasto corriente durante 20 años, sólo actualizado por inflación pasada, lo que supone congelamiento de plazas y

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salarios publicos y del presupuesto en salud y educación hasta el año 2037, sin afectar pagos al capital financiero y financiamiento a asociaciones publico-privadas, entre otros. Es una propuesta maximalista para marcar la cancha de la reconfiguración del escenario de partidos. Al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) le tocó ejecutar la tarea, y aparece ahora como a la cabeza de la mentada “nueva derecha”. ¿Ahora son neoliberales y antes no? Siempre fueron misóginos, racistas, clasistas, unos más que otros. Pero también fueron el nucleo de la oposición oficial a la dictadura en el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), desde donde dirigie-ron la transición entre regímenes. Son el origen del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Aprobaron la Constitución de 1988, tan celebrada por la izquier-da por sus cláusulas garantistas. A finales de los noventa desempeñaron el papel de centro político frente a los gobiernos del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, y viabilizaron que gobernara la izquierda para que, con mediaciones sociales y épica, diera legitimidad al modelo con el que los grandes empresarios ganaron como nunca, tal como se los recordaba Lula en la campaña electoral de 2010. Han organizado junto con el PSDB el golpe institucional contra Dilma.

Pero ya se está perfilando una táctica de estabilización. No obstante que el PSDB aprobó la PEC 241 en primera instancia en la Cámara de Diputados, antes de las elecciones municipales del 2 de octubre Geraldo Alckmin, el gobernador paulista del PSDB, le reclama (19 de septiembre) a Temer que debe flexibilizar el ajuste fiscal, con lo que ya se perfila como “crítico de los neoliberales”. En las elecciones municipales el PT y el PMDB son duramente castigados, pero el PSDB aumenta su votación en casi 30 por ciento. Una vez que van creciendo significativamente las movilizaciones estudiantiles y del sector salud contra la PEC 241, Fernando Henrique Cardoso le plantea a Temer (12 de octubre) que debe atemperarla. Al día siguiente (13 de oc-tubre) Temer afirma que no se reducirán los programas asistenciales como Bolsa Familia, y que la PEC 241 podría modificarse en 4 o 5 años, antes de los 10 años que establece el proyecto. En esta nueva fase táctica sacrifican políticamente a Eduardo Cunha del PMDB, el operador del impeachment, al que apresan en octubre y que amenaza con hacer caer también a Temer; con esto cubren al poder judicial golpista con la apariencia de ser equitativo en el trato al PT y al PMDB. Y Geraldo Alckmin se va proyectando de nuevo como candidato presidencial, pero buscando serlo de una alianza de partidos más amplia colocada como nuevo centro político. ¿Se presentará


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como la “tercera vía crítica” que seduzca a la izquierda para hacer una alianza, tal como ocurrió antes con el PMDB?

En Argentina, Mauricio Macri ejecuta el “ajuste” siguiendo el manual: que dice que es mejor hacerlo al comienzo, cuando el nuevo gobierno tiene legitimidad; que debe ser rápido para tomar por sorpresa a los posibles opositores. Así lo hizo. Pero como las movilizaciones sociales han crecido considerablemente, ya hay señales tácti-cas para estabilizar. Por un lado, Macri convoca a las tres ramas de la CGT justicia-lista para negociar algunas concesiones económicas, a condición de que conjuren un paro general anunciado. Por otro lado, la Radical Elisa Carrió, muy conservadora y que integra la alianza de gobierno, ya formula críticas y propone regulaciones. ¿Pre-tenderá encabezar una “tercera vía”, como hizo la Alianza a fines de los noventa frente al neoliberal Menem, aunque continuó con sus políticas?

Se está pagando un precio político por pensar al neoliberalismo sobre funda-mentos equivocados. No sólo por caracterizarlo como una política económica, espe-cíficamente la monetarista, sino también por haber aceptado la retórica dominante sobre el “Estado mínimo”. El saber convencional de izquierda ha asumido la lógica binaria del doctrinarismo liberal. La impusieron retóricamentelos intelectuales sis-témicos, aunque no creen en ella. Sirvió para que justificaran la demolición de las anteriores funciones sociales del Estado negando al Estado en general. Pero no están constreñidos a la dicotomía entre titularidad jurídica publica o titularidad jurídica privada para usar intensamente al Estado como su Estado. La idea de privatización a secas ya había sido abandonada a mediados de los noventa y sustituida por la idea de “posprivatización”. La formularon en primer lugar por razones políticas debido a los rechazos a las privatizaciones. Y porque para los objetivos del capital, la titularidad jurídica estatal de bienes y servicios llega a ser mucho más util porque garantiza que el presupuesto publico sea el vehículo para transferirle riqueza social. Esto se aplicó primero en las políticas sociales, financiadas con presupuesto publico y de provisión y ganancias privadas. Fue la manera, además, de construir mediaciones sociales. Hoy esto está potenciado con las asociaciones publico-privadas, garantizadas por ley hasta por un siglo, y financiadas con leyes plurianuales de presupuesto publico. Y que bajo la excusa de cláusulas fiscales que prohíben elevar el déficit, obligan a aumentar la recaudación impositiva a los asalariados y consumidores pobres que no deducen im-puestos, mientras exoneran al gran capital para “incentivarlo a invertir”, justificado todavía más por la crisis. O que para cumplir con la disciplina fiscal le aseguran al

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capital niveles permanentes de ganancia con fondos de garantía estatales, que son alimentados con fondos de pensiones y acciones de empresas publicas, como ocurre con la ley de asociaciones publico-privadas promovida por Lula en 2003.

Entonces, si se mantiene la titularidad jurídica en el Estado, ¿no es privatización aunque sea el medio para transferirle al capital inmensos montos de riqueza social? Considerando esa transferencia, ¿que la titularidad jurídica sea estatal permite decir que es “superación del neoliberalismo”? Esta mirada binaria del mainstream de izquierda bloqueó la comprensión de cómo se estaba fortaleciendo al gran capital con el activo Estado “posneoliberal”, y que eso significaba fortalecer políticamente a la derecha.

Los intelectuales de la reestructuración capitalista no se creen el fetichismo de la forma jurídica de la propiedad contraponiendo ontológicamente publico o privado. Tampoco se creen el fetichismo de la forma jurídica de la propiedad en el ámbito privado: sostienen que no tiene por qué ser sólo la propiedad individual clásica, y que bien pueden ser otras formas de propiedad como cooperativas, empresas de usuarios, de trabajadores, etcétera. Lo fundamental para ellos no es la forma jurídica de la propiedad, sino el dominio sobre la materialidad de las relaciones sociales. Es decir: lo fundamental es la subsunción real al capital de todas las formas de organización económica, bajo distintas formas jurídicas. En su concepción, el derecho debe ser lo suficientemente flexible para contemplar distintas formas de propiedad. Lo que no es negociable es la función ordenadora del derecho, su fuerza coercitiva para garantizar de manera perdurable un Orden económico, social y político al servicio del capital. Es decir: flexibilidad en las formas e inflexibilidad en los cometidos.

Y es desde este principio que el capital ha ido construyendo un entramado de apoyo y de creación de diversas formas de economía comunitaria, economía social, de economía solidaria, subsumiéndolas al proceso de acumulación global del capital. A eso lo llaman Negocios Inclusivos, tan atractivos que son para muchos progresis-tas… Lejos de la retórica doctrinaria liberal del mero individualismo, la estrategia dominante pasa por la construcción de un nuevo microcorporativismo, incluidos los sindicatos, que fortalezca el dominio económico, social e ideológico del capital. Con sus consabidos efectos políticos.

Esta es una de las bases materiales de la nueva hegemonía burguesa construida a lomo de las crisis y “criticando” al “neoliberalismo” en los términos en que hicieron que se pensara. Apenas se está prestando atención crítica al efecto hegemónico de la construcción de la ciudadanía patrimonialista, de la construcción de la idea de ciuda-


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dano como consumidor-deudor. Esta ideología instrumental que alimenta conductas conservadoras es ya de una penetración vastísima. Pero no se ha prestado atención a aquellas formas de construcción hegemónica burguesa en el ámbito de la produc-ción, subsumiendo las formas colectivas o sociales de procurar la subsistencia; y sigue presuponiéndose, como axioma, que siempre son mecanismos de resistencia social y cultural al “neoliberalismo” e, incluso, al capitalismo como tal. Este es un campo de disputa hegemónica que muy excepcionalmente entra en el horizonte analítico del mainstream de izquierda. Que piensa más en la morfología de las experiencias populares y en su discurso, que en la materialidad de las relaciones sociales que las constituyen. Incluso sin que muchas de esas organizaciones tengan claridad sobre ello, y que por eso pueden sucumbir, en indefensión, a ser convertidas en eslabones de una reconfiguración social que refuerza su condición oprimida. Que refuerza su subalternidad, dado que esta reconfiguración de la reproducción capitalista aporta, al menos, consenso pasivo; es decir: disponibilidad para que la prédica ideológica de la derecha tenga eficacia.

Hay otros aspectos que podríamos comentar en los que el saber convencional de izquierda en las ciencias sociales tiene fundamentos equivocados, y que genera con-secuencias prácticas. No hay tiempo ahora para ello. Estos problemas no se detectan con la mirada de corto plazo que sólo ve la ultima crisis política o electoral, la ultima declaración en la prensa. Hay que tener una mirada más larga que capte las lógicas de la estrategia dominante y sus adecuaciones tácticas en las ultimas cuatro décadas. No se trata de una mirada de larga duración que diluya la dimensión política, como la de cierto estructuralismo que sólo ve tendencias sobredeterminantes y que conduce al fa-talismo. Al contrario. La aprehensión de la estrategia dominante y de sus tácticas cam-biantes es condición necesaria para detectar qué es retórica, para no sucumbir a ella. Es una condición necesaria para no perderse en la coyuntura, y para detectar más detalles en el acontecimiento. Es decir: para hacer más eficaz la acción política independiente.

Se necesita investigación. Y menos “rollo”, como decimos en México. Esta es una responsabilidad que tenemos en las ciencias sociales, y más en las que se presumen críticas. Y hay que subrayar que las formas actuales de institucionalización de las ciencias sociales obstaculizan esas miradas necesarias.

Bueno, está en nuestras manos hacernos cargo de estos problemas, sin complacen-cia, y trabajar por su superación.

Muchas gracias.

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José Francisco Puello-SocarrásPolitólogo, MA Administración Pública, Doctorante en Ciencia Política. Docente

de planta de la Escuela Superior de Administración Pública (Colombia).

Las críticas neoliberales al neoliberalismoEl Dogma de mercado y las Herejías que nunca

llegan a convertirse en Blasfemias*

El artículo analiza los cambios y las continuidades ideológicas en los procesos de alienación en el marco de la crisis del capitalismo neoliberal actual, ponderando este plano a partir de la activación de las capacidades hegemónicas para renovarse (resiliencia). Mantiene como clave de argumentación el giro en las prácticas discursivas al interior del pensamiento neoliberal. Este movimiento registra un desplazamiento discursivo (también de los lugares de enunciación) desde las corrientes ortodoxas (posiciones consideradas “dogmáticas” y “fundamentalistas” de mercado) hacia expresiones heterodoxas del neoliberalismo (perspectivas en las cuales el mercado continua siendo el eje fundamental para la producción y reproducción de las relaciones sociales). Los cambios intra-hegemónicos se caracterizan por el tránsito desde una primera versión de neoliberalismo tendiente a la “desregulación” (1970-2000) hacia una nueva síntesis o versión de nuevo cuño: el neoliberalismo regulado o nuevo neoliberalismo (2000-actual). Este acontecimiento garantiza relegitimar ideológicamente la doxa de mercado (hoy en crisis) reforzando la continuidad del statu quo para el capitalismo de época. Una manera para aproximar este hecho, histórica y actualmente, parte de la reflexión sobre las críticas neoliberales al neoliberalismo, conceptualizándolas como herejías frente a este pensamiento en su faceta dogmática.

Palabras clave: neoliberalismo, desregulación, nuevo neoliberalismo, regulación, economía social de mercado.

* Agradezco a Carolina Jiménez y Lucas Castiglioni quienes me suministraron distintas informaciones en torno a la controversia generada por el artículo de Ostry, et alter (2016).


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La herejía es indispensable para comprobar la salud del dogma

José Carlos Mariátegui

1. Neoliberalismo… ¿sobrevendido? Preliminares

La ultima edición de la revista oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI): Finance & Development (junio de 2016), incluye un artículo, titulado suspi-cazmente: “Neoliberalism: oversold?” (traducido al español como: Neolibera-

lismo… ¿un espejismo?). Ostry, Loungani y Furceri (2016), tres economistas pertene-cientes a ese organismo, reconocen algunos secretos a voces que estratégicamente han sido omitidos por la ideología dominante.

Por ejemplo, la emergencia de la agenda neoliberal, la cual varios analistas han venido ubicando alrededor de la década de 1980 asociada a los gobiernos conserva-dores de Reagan y Thatcher había evitado vincular al neoliberalismo ab origine con el “milagro chileno”. A su manera, estos autores desmienten la pretendida epifanía planteada en su oportunidad por Milton Friedman.

Esta primera alusión resulta importante puesto que si bien no se reconoce explíci-tamente, permite seguir subrayando que la plataforma neoliberal irrumpió temprana-mente en América Latina a través de los golpes de Estado, empezando por el asestado al gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende, y la dictadura cívico-militar que impuso Pinochet en el marco del Plan Cóndor auspiciado por los Estados Unidos, segun lo han ratificado los documentos desclasificados por este mismo gobierno. Este “modelo” después de haber sido decretado manu militari en la región, fue imitado en Inglaterra y los Estados Unidos, y más tarde desplegado a nivel global, en varias ocasiones siguiendo su mecanismo inaugural: a sangre y fuego (cuestión crucial que se omite nuevamente).

En todo caso, esta declaración fondomonetarista abre de nuevo la oportunidad para seguir subrayando la naturaleza inherentemente autoritaria y antidemocrática del neoliberalismo desde su mismo estreno, hasta los tiempos presentes. El documen-to destaca además que, si bien la agenda neoliberal habría traído “beneficios” para el mundo contemporáneo ‒segun los autores, mayores tasas de crecimiento y compe-tencia internacionales; limitaciones a los Estados que desgobernaban sus sociedades

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José Francisco Puello-Socarrás, Las críticas neoliberales al neoliberalismo

abusando del déficit fiscal; la expansión del comercio global, de la cual afirman los autores “rescató” a millones de personas de la pobreza (¡nunca lo demuestran!); la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, y mejoras en la eficiencia en la provisión de servicios, entre otras tantas virtudes‒, existirían tres promesas incum-plidas por el neoliberalismo que pueden resumirse así:

• Los beneficios en términos del crecimiento económico son bastante difíciles de establecer cuando se observa un numero amplio de países.

• Los costos en términos de una creciente desigualdad son prominentes. Tales costos reflejan la ‘contrapartida’ entre los efectos del crecimiento y la desigual-dad de varios aspectos de la agenda neoliberal.

• La creciente desigualdad a su vez afecta (negativamente) el nivel y la susten-tabilidad del crecimiento. Incluso si el crecimiento es el unico o el principal propósito de la agenda neoliberal, la defensa de tal agenda aun necesita prestar atención a los efectos distributivos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Para el Financial Times la publicación ha sido un “inapropiado mea culpa del neoliberalismo” ‒así se lee literalmente en un editorial dedicada a este artículo‒, puesto que esas ideas auxilian “(…) regímenes opresivos en todo el mundo que se posicionan como cruzados con-tra el neoliberalismo, subyugando a su población con medidas económicas ineficaces”. Otros comentaristas, en cambio, dicen estar sorprendidos de que desde las entrañas del FMI se haya criticado la orientación ideológica, política y económica defendida dogmáticamente por ese organismo durante décadas: el neoliberalismo.

Entre el calidoscopio de las reacciones, por ejemplo, Dani Rodrik afirmó: “¿Qué demonios está pasando?… El FMI se une a las críticas al neoliberalismo”. Por su par-te, Naomi Klein (autora del best seller: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, 2008), se preguntó: “el FMI admite que el neoliberalismo es un fracaso, ahora todos los multimillonarios que ha ayudado a crear van a devolver su dinero,


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¿verdad?”1. Pero, ¿qué tan cierto es que el FMI “se une” a las críticas al neoliberalis-mo? ¿Cuáles son los alcances y el significado ideológico y práctico de estas “críticas”?

De entrada hay que matizar las extrañezas advirtiendo que situaciones como las propiciadas por el artículo de Ostry et alter y algunos comentaristas, no son nuevas ni inéditas. Hacen parte de la tendencia más reciente y actual del discurso hegemónico, el cual pretende seguir reforzando la continuidad del capitalismo neoliberal aunque bajo una “nueva síntesis”, una versión de nuevo cuño. Este giro en las prácticas dis-cursivas hegemónicas desde posiciones consideradas “dogmáticas” y “fundamenta-listas” de mercado hacia otras perspectivas neoliberales en las cuales el mercado es fundamental, ha sido recientemente denominado de varias maneras: (neo)liberalismo regulado (Watkins, 2010), nuevo neoliberalismo (Puello-Socarrás, 2008a y Puello-Socarrás et al., 2015)2.

Aunque estos acontecimientos no son signos que alertan sobre un cambio de épo-ca y de rupturas, sí evidencian una época de cambios al interior del neoliberalismo que debe ser subrayada, teórica y políticamente con el objetivo de reorganizar las fuerzas social-populares y retomar las praxis auténticamente contra el neoliberalismo.

Después de varios años de ser demostrativas ‒en frecuencias e intensidades‒, es-pecialmente en NuestrAmérica, las resistencias sociales y populares lograron posicio-nar regionalmente una perspectiva de contestación política frente al neoliberalismo. Incluso, los primeros años del siglo XXI llegaron a elevar tanto horizontes antica-pitalistas como formas alternas-y-nativas, alternativas al desarrollo neoliberal: v.gr.

1 Las referencias sobre el Financial Times, Rodrik y Klein fueron tomadas del artículo: “La crítica del FMI al neoliberalismo levanta polvareda” del blog Jaque al Neoliberalismo (visita del lunes 6 de junio de 2016).

2 Mientras que autores como Lazzarato (2013, 102) observan que el viraje neoliberal consiste en el “paso del ordoliberalismo al neoliberalismo norteamericano”, el tránsito al cual aquí aludimos recorre precisamente un itinerario inverso: desde las visiones ortodoxas (angloamericanas) hacia las heterodoxas (austroalemanas) del neoliberalismo. Además de registrar el desplazamiento de las prácticas discursivas en ese sentido (Fukuyama, Stiglitz, etc.), análisis recientes confirman nuestra interpretación (Mirowski 2013, 83-84). Por ejemplo, Blyth (2014, 203), explicando el ‘disputado presente’ en la idea de austeridad anota:

“(…) la austeridad acabaría consolidándose como una forma peculiarmente germana de organizar la economía, hasta terminar convertida en el principio rector del diseño sobre el que habría de estructurarse el proyecto europeo… La escuela austriaca también vendría a transformarse en una especie de cabeza de playa para los estadounidenses deseosos de recargar sus baterías con nuevos argumentos a favor de la austeridad” [énfasis propio].

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post-desarrollismos (véase Escobar, 2005 y Quijano, 2014); paradigmas civilizatorios del Buen-vivir-Bien como suma qamaña, summa kawsay, ñande reko (véase Yampara & Temple, 2008); “socialismos raizales” (véase Fals-Borda, 2013). Sin embargo, este movimiento de alternativas parece hoy ponerse entre paréntesis, entre varias razones, por inadvertir las influencias que ejercen esta clase de operaciones ideológicas hege-mónicas.

2. Críticas neoliberales al Neoliberalismo: tesis y evidencias

Tesis #1. Lejos de verificar el “final de sus finales”, como fue anticipado errónea y precipitadamente –al decir de Harvey (2004)– por “agoreras predicciones” des-de distintos oráculos entusiastas realizados por distintos sectores, hoy nuevamente exacerbados con ocasión del artículo de Ostry et alter3, y a pesar de debatirse en una crisis sin precedentes que cuestiona fuertemente sus fundamentos históricos en diferentes dimensiones (una de ellas: la ideológica), el neoliberalismo ni se desvanece ni se debilita. En contraste: el neoliberalismo continua profundizándose globalmente y se consolida como el proyecto económico político del capitalismo tardío, hoy ac-tualmente vigente.

3 La centro-izquierda política, europea y suramericana ha enarbolado la hipótesis de la “inminencia”. Resulta, en todo caso, de una tesis insostenible a partir de las tendencias que muestran los hechos históricos empíricos, aún ideológico-políticos, de este esperado suceso. El “neoliberalismo sobrevendido” ha propiciado todo tipo de oportunismos. The Guardian, por ejemplo, ha interpretado instantáneamente (¿ingenuamente?) que hoy “estamos presenciando la muerte del neoliberalismo – desde adentro” (Chakrabortty 2016). Otra declaración, firmada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), resulta igualmente llamativa; animada por la sorpresa (“increíble pero cierto”), aprovecha la polvareda levantada por la posición fondomonetarista para convencer que:

“A partir del año 2003, otro rumbo tomó Argentina. Esencialmente, una política opuesta a las ‘recomendaciones’ del FMI… En el año 2015, los avatares de la política dieron la victoria electoral a Mauricio Macri y con ello vuelve a la arena el ideario neoliberal (…)” [énfasis propio] (IADE 2016, 2).

Esta declaración omite deliberadamente que varias ‘políticas’ de la era Kirchner (los expresidentes Néstor y Cristina Fernández, entre 2003-2015), estuvieron evidentemente alineadas y en consonancia con los postulados neoliberales del fondomonetarismo. Seguramente, uno de los ejemplos paradigmáticos fue la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) (véase Gambina, Puello-Socarrás & Castiglioni 2012).


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La construcción de una sociedad de mercado (no sólo de una “economía”, dos cosas distintas) a nivel planetario continua siendo la (contra)utopía de las élites mundiales. Como muestra Mirowski (2013), la crisis capitalista mundial en curso y los ulti-mos shocks (v.gr. financiero, socio-ambiental, trayendo a colación unicamente dos de ellos), antes que servir para debilitar socialmente o falsear en lo ideológico la vigencia del neoliberalismo, paradójicamente han reforzado su persistencia.

Le asiste la razón a Slavoj Žižek (2003, 7) cuando señala que para la mayoría de la gente comun: “Hoy... parece más fácil imaginar el ‘fin del Mundo’ que un cambio mucho más modesto en el modo de producción, como si el capitalismo liberal fuera lo ‘real’ que de algun modo sobrevivirá, incluso bajo una catástrofe ecológica global”.

Esta (contra)utopía se encuentra hoy en firme y proyectándose. Varios dispositivos concretos como los Tratados de Libre Comercio de ultima generación: Trans-Atlánti-co (EE.UU. + Unión Europea) o Trans-Pacífico (EE.UU. + 11 países pertenecientes a la Cuenca del Océano Pacífico) o, instancias subordinadas a estos acuerdos como la Alianza del Pacífico, son ilustrativos de este hecho.

Tesis #2. Hoy y ayer, las (supuestas) críticas al neoliberalismo, sobre todo aquellas que provienen desde lugares de enunciación indudablemente hegemónicos, como el FMI (el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, más recientemente, el Foro Económico Mundial), no son críticas en el sentido de pretender modificar, menos aun intentar superar, el actual estado de cosas. Ciertamente, este neoliberalis-mo crítico del neoliberalismo ni siquiera pretende impugnar los efectos que él mismo ha causado en el pasado, acertadamente descritos como holocausto social (Max-Neef, 2015). Este tipo de sagaces diatribas hay que interpretarlas como estrategias discur-sivas resilientes desde el interior del neoliberalismo, una forma de regenerar ‒al decir de F. Bergsten (2011)‒ su “maltrecha imagen”, tanto en el sentido ideológico como práctico4.

4 Esta sugerencia fue hecha hace poco por el fundador del Institute for International Economics (hoy: Peterson Institute), cuna del Consenso de Washington en 1989. A través de “recomendaciones de política” dispuestas ante el Congreso de los Estados Unidos, el Peterson Institute propuso cuál debería ser el “nuevo” papel del FMI en medio de la crisis, entre otros:

“(…) proveer consejos expeditos y persuasivos de política y ayudar a diseñar e implementar programas de reforma económica” anticipando que tales programas de reforma involucrarían “un balance entre dolorosos ajustes de política que necesariamente afectan el crecimiento económico en el corto plazo y el transitorio y

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Tres argumentos claves permiten confirmar la tendencia comentada en la anterior tesis.

2.1 Desde el shock financiero global (2007-2008) se han exacerbado las críticas al libre mercado. ¡Incluyendo las “críticas” al neoliberalismo hechas por los mismos neoliberales!

En tiempos recientes, no hay líder en el mundo que pertenezca a las potencias globales, norteamericanas o europeas, o provenga de las élites desde los mal llama-dos países emergentes o las naciones consideradas subdesarrolladas, que no se haya pronunciado “en contra” del neoliberalismo. Por supuesto, esta astucia ha sido carac-terística entre aquellos que han promovido dogmática y obedientemente la agenda económica y el proyecto sociopolítico neoliberales en el pasado. Algunos ejemplos sobre este particular resultan paradigmáticos.

Para Peer Steinbrück, Ministro de Finanzas de Alemania (2005-2009): “El capi-talismo de laissez faire” y la idea de que “los mercados deberían ser liberados de la regulación tanto como fuera posible son argumentos errados y peligrosos” (EUOb-server, 26 septiembre de 2008). Los mercados financieros globales se habían conver-tido en “monstruos”, proponía Steinbrück, siguiendo un apelativo antes enunciado por Horst Köhler, antiguo ¡director gerente del FMI! (2000-2004), cuando oficiaba como Presidente de la Republica Federal Alemana. Ante ello, se precisaba “civilizar” a los mercados, a través de “la decidida acción de los gobiernos” o, en palabras de Köhler (Financial Times, mayo 15 de 2008), mediante “una mayor regulación”.

La idea de un mercado libre pero “civilizado” fue replicada en simultáneo por otro alemán: Joseph Ratzinger (papa Benedicto XVI) en la Carta Encíclica Caritas in Veritate (2009). Hoy es un pronunciamiento insistente en las exhortaciones supuesta-mente contra el neoliberalismo, por parte del argentino Jorge Bergoglio, actual papa Francisco. Las controversias, en este sentido, han tenido que ser aclaradas publica-mente por el Vaticano, a través de su mano derecha, el cardenal Reinhard Marx. Esta línea discursiva, el cato- neoliberalismo (véase Puello-Socarrás 2015 y 2014a) resulta ser una de las expresiones más diáfanas sobre las pretensiones del neoliberalismo críti-co del neoliberalismo: recrear una Economía Social de Mercado (ESM) a nivel global,

necesario apoyo financiero” (Truman citado por Puello-Socarrás, 2010).


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derrotero en cual coinciden contemporáneamente el Vaticano y la canciller alemana Ángela Merkel e, históricamente, con Milton Friedman y Augusto Pinochet.

Gordon Brown, Ex primer ministro británico, proponía que el año 2008 “final-mente marcaba el final de la vieja época del dogma del libre mercado desenfrenado”. Nicolás Sarkozy, reconocido promotor de las ideas neoliberales, fungiendo como Presidente de Francia sentenciaba también: “(…) la idea del mercado omnipotente sin reglas ni intervención política es descabellada. La autorregulación se acabó. El laissez faire se acabó. La omnipotencia del mercado que siempre tiene la razón, se acabó” (Liberation, 26 septiembre de 2008). Mientras que su compatriota, Domi-nique Strauss-Kahn (2011), en la época en que servía como ¡Director Gerente del FMI!, durante una conferencia en Washington, silenciaba un auditorio sosteniendo que la bitácora fondomonetarista desde los años 1990: “El Consenso de Washington pertenec[ía] al pasado”.

Barack Obama inauguró su mandato presidencial en los EE.UU., diciendo:

La pregunta que hay ante nosotros no es si el mercado es una fuerza benéfi-ca o enferma. Su poder para generar riqueza y ampliar la libertad resulta incomparable. Pero esta crisis nos ha recordado que sin un ojo vigilante, el mercado puede salirse de control (Discurso de posesión presidencial, 2008).

Al mismo tiempo que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, aseguraba:

El programa de la globalización ha estado estrechamente ligado a los fun-damentalistas del mercado: la ideología de los mercados libres y de la liberalización financiera. En esta crisis, observamos que las instituciones más basadas en el mercado de la economía más basada en el mercado se vienen abajo y corren a pedir la ayuda del Estado. Todo el mundo dirá ahora que éste es el final del fundamentalismo del mercado. En este senti-do, la crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo: le dice al mundo que este modo de organización económica resulta insostenible. Al final, dicen todos, ese modelo no funciona [énfasis propio] (El País, 21 de septiembre de 2008).

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El cientista político norteamericano Francis Fukuyama, quien un par de décadas atrás había sentenciado El fin de la Historia (¡de la humanidad!) bajo el capitalismo neoliberal y sus instituciones, proponía taxativamente, ese mismo año:

(…) cierta versión de capitalismo ha colapsado… Entre 2002 y 2007 mientras el mundo disfrutaba un período de crecimiento económico sin precedentes, era fácil ignorar a esos socialistas europeos y populistas lati-noamericanosv que denunciaban el modelo usamericano como “capitalis-mo de vaqueros“. Pero ahora el motor de ese crecimiento, la economía nor-teamericana, se ha descarrilado y amenaza hundir al resto del mundo con ello. Peor, el culpable es el modelo Americano mismo: bajo el mantra de menos gobierno…” [énfasis propio; cursivas no pertenecen al texto]. (‘The End of American Inc.’, The Economist, 3 de octubre de 2008).

En este itinerario de relatos, no hay que dejar de señalar que desde América Latina y el Caribe, laboratorio de resistencias donde se desplegaron las luchas más determi-nantes contra el neoliberalismo durante el cambio de milenio, varios gobiernos se hicieron al mote del “capitalismo (en) serio”, convergiendo con la impronta de las prácticas discursivas de los países centrales que antes consignábamos.

Precozmente, en 2003, el extinto presidente de Argentina, Néstor Kirchner, expli-caba ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires:

El plan es construir en nuestra patria un capitalismo en serio, con reglas claras en las que el Estado juegue su rol inteligentemente para regular, para controlar, para hacerse presente donde haga falta mitigar los males que el mercado no repara, poniendo un equilibrio en la sociedad que permita el normal funcionamiento del país (Kirchner, 2003).

Como antesala a las reuniones del G-20 en 2011, en la Cumbre paralela al G-20, llamada B-20 (congreso de empresarios), realizado en Cannes (Francia), su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta en ejercicio, insistía por enésima vez:

Lo que estoy proponiendo es volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarco-capitalismo


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financiero total, donde nadie controla a nadie” [énfasis propio] (Clarín, 3/11/2011).

Este lema encontró afinidades tanto con la versión uruguaya, muchas veces re-marcada por el expresidente de la Republica José ‘Pepe’ Mujica (véase Percy, 2015)5; como con el neo-liberal-desarrollismo del Partido de los Trabajadores brasileño du-rante los gobiernos de Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva y Dilma Rousseff (véase Iasi, 2012).

En esos momentos, muchas personas pudieron reaccionar desprevenidamente de la misma manera en que lo hizo Rodrik y decir: “¿Qué diablos está pasando? Recono-cidos neoliberales ¡se critican a sí mismos!”. Y de ahí pudieron surgir las más variadas especulaciones sobre hipotéticos mea culpa, arrepentimientos o supuestos actos de contrición.

Todas estas declaraciones, no obstante, se entienden en su justa proporción y real dimensión cuando se revelan los auténticos propósitos que las animan:

a) Regenerar la “maltrecha imagen” del capitalismo neoliberal, presentándo-lo ahora en una versión menos fundamentalista (dogmática). Para ello ha sido preciso realizar una crítica al mercado “desenfrenado”, “anárquico”, “desregulado”, “monstruoso”, pero al mismo tiempo, avalando la existen-cia de otra (supuesta) cara del Mercado “con límites”, “serio”, “regulado”, “civilizado”,etc.

b) Alejarse del perfil ab origine del neoliberalismo promoviendo su conti-nuidad bajo una versión de “tercera vía”, en la cual los llamados a la re-gulación estatal (o gubernamental) resultan cruciales. Estas invocaciones niegan firmemente toda posibilidad de convalidar el intervencionismo de Estado (a la Keynes) o las modalidades de Planificación estatal (socialista), reafirmando también el reconocimiento neoliberal, segun el cual, el Mer-cado ni es omnipotente ni perfecto; no obstante, sigue intacta la convic-ción de que el Mercado debe ser el criterio ordenador omnipresente y (re)productor de la totalidad de las dinámicas sociales ‒no sólo en cuestiones

5 “En la campaña se garantizó la continuidad del equipo de gobierno y las políticas económicas del antecesor Tabaré Vásquez. Para Mujica estas políticas se resumen en la idea de alcanzar un ‘capitalismo en serio’ basado en el presupuesto de ‘sociedades decentes’ en lo económico para desarrollar al máximo las fuerzas productivas. Muchas veces ha manifestado que rechaza el consumismo pero asume que es el motor de la economía y el crecimiento” [énfasis propio] (Percy, 2015).

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de economía, como suele pensarse‒, a pesar de la competencia imperfecta que hoy se acepta en las lógicas de mercado6.

Ambas situaciones, ultimamente, han sido reiteradas tanto en los discursos como en las prácticas en medio del tránsito global, desde el neoliberalismo desregulado del pasado (el modelo angloamericano) hacia el (nuevo) neoliberalismo regulado del pre-sente7.

Este giro se encuentra respaldado ideológica y teóricamente por versiones menos fundamentalistas del neoliberalismo histórico, alejadas precisamente del “modelo (anglo)americano” ‒tal y como lo sugiere Fukuyama y también lo recalca Stiglitz, como se verá más adelante‒, más próximos a los fundamentos heterodoxos de rai-gambre austro- alemana, entre ellos la economía social de mercado, los cuales podrían resumirse sintéticamente alrededor de dos lemas básicos: i) Freie Wirtschaft, starker Staat (“Economía libre, Estado fuerte”); y, ii) So viel Markt wie möglich; so viel Staat wie nötig (“tanto Mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”) (véase Puello- Socarrás, 2008a y 2015a).

Y es que no hay que olvidar que el proyecto neoliberal de largo plazo, es decir, más allá de las coyunturas propias de su auge y evolución tempranas ‒si se quiere, las fases de ‘choque’, identificadas con aquella versión fundamentalista más dogmática, a la cual Klein (2007) llamó: la doctrina del shock‒, se concibió alrededor de una Economía Social de Mercado (ESM), la cual tuvo como laboratorio in vivo ab origine ¡Chile en tiempos de Pinochet!, como quedó registrado en uno de los tantos inter-cambios epistolares entre el dictador austral y el pater putative del neoliberalismo, Milton Friedman:

6 Existen múltiples ejemplos. Exactamente hace un año, en la edición de junio de 2015, Finance & Development, el FMI publica el artículo: “What’s capitalism” (Jahan & Mahmud, 2015), donde se acepta: “Puede que los mercados libres no sean perfectos pero son probablemente la mejor manera de organizar una economía”.

7 Este cambio tiene poderosos efectos, por ejemplo, en el ámbito estructural y funcional de la (vieja) administración pública estatal (aparatos, organizaciones e instituciones). La idea de un Estado regulador viene siendo promocionada acríticamente desde los años 1970 bajo nociones como el Estado modesto (Crozier, 1992), el post-burocratismo (Barzelay & Armajani, 1998) de los 1980-1990 y hoy, de la mano de teorías y fenómenos reformistas como la (Nueva) Gestión Pública (véase Bozeman, 1998, 21). Estas expresiones son, en lo fundamental y como bien las ha calificado entre otros O. Guerrero (2004), el neoliberalismo en la “administración pública” contemporánea (véase Puello-Socarrás, 2008b y Miroswski, 2013, 87).


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El problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aris-tas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado (…) El mayor error, en mi opinión –plantea Friedman‒, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno. [énfasis propio; cursivas no pertenecen al texto] (Friedman 1998, 591: Carta al “Excmo. Sr. Augusto Pinochet Ugarte”, 21 de abril de 1975).

2.2 Operadores (intelectuales) en construcción (del nuevo neoliberalismo)

Al día de hoy, existe un contingente emergente, pero relativamente consolidado de neoliberales críticos del neoliberalismo. Desde variados locus individuales y colecti-vos: organizaciones multilaterales (¡entre ellas, el Fondo Monetario Internacional!), centros de investigación, universidades, think tanks y, especialmente, personalidades mundialmente publicitadas, los denominados (nuevos) money-doctors ‒o “profetas de la economía”; aunque aquí preferimos seguir la caracterización hecha por John Perkins: Economic hit-men (2006)‒, las operaciones para la regeneración ideológica del neoliberalismo tardío avanzan sin titubeos.

El análisis sobre los ámbitos académicos e intelectuales, hoy (progresivamente) he-gemónicos, es una oportunidad para comprender y explicar este acontecimiento. Es-tos lugares de enunciación y producción inmateriales se constituyen en piezas claves dentro de la alienación ideológica, es decir: los procesos de ocultamiento sistemático de las contradicciones del capitalismo de época. En su fase actual: la neoliberal, en la cual los desajustes y conflictos socioeconómicos se exacerban (v.gr. los niveles de desigualdad, pobreza, pauperización, etc.), la mistificación y el fetichismo ideológicos resultan conditio sine qua non para la reproducción del sistema como un todo.

La alienación actual puede ser ejemplificada a partir de los roles que han venido jugando contemporáneamente ciertos perfiles intelectuales, especialmente, los pre-mios Nobel en economía contemporáneos. Sus actuaciones no sólo influyen sobre los campos de pensamiento en abstracto en las universidades, comunidades epistémicas o en los imaginarios de la opinión publica. Son una de las mediaciones ideológicas cruciales con efectos reales y concretos en distintas orientaciones institucionales: re-ferenciales e instrumentos en el terreno de las políticas publicas, económicas; diseños organizacionales, etc.

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Algunos casos son demostrativos de lo que hemos venido argumentando. Elinor Ostrom, primer mujer en ganar el premio Nobel en economía en 2009 y politóloga usamericana crítica de la ortodoxia neoclásica (especialmente del homo economicus) es, a su vez, una de las principales promotoras de las teorías del emprendimiento y el homo redemptoris, ¡argumentos desarrollados originalmente por los neoliberales austriacos!

El Gobierno de los bienes comunes (Ostrom, 2011), inspirado en las teorías de F.A. Hayek –recordemos, bautizado como el padre del neoliberalismo–, ha ganado difu-sión y gran aceptación, incluso entre sectores de la izquierda académica en América Latina. Esto aun cuando los planteamientos de Ostrom proponen una forma tan inédita como velada de gobernanza o “gestión privada de lo comun” (es decir, la mercantilización de los territorios y bienes comunitarios), a través de la construcción de (nuevas) esferas “publico-privadas”: espacios sociales que funcionan a partir de lógicas de mercado, pero respaldados y, sobre todo, “regulados” por el Estado.

Por esta razón, varios autores no han dudado en destacar que la propuesta teórica de Ostrom insiste en desarrollar una concepción de “lo comun” sin comunidad, es decir: sin lazos comunales (Federici & Caffentzis, 2013). Sea vía negación o destruc-ción de lo comunal, esta clase de gobernanza para los bienes comunes reforzaría un tipo de neoliberalismo contemporáneo aplicado a estos ámbitos8 (véase Harvey, 2013, 28 y 131; Puello-Socarrás, 2012, 2015c).

Por otra parte, el francés Jean Tirole, doctor en economía del Massachusetts Ins-titute of Technology (MIT) estadunidense y galardonado en 2014, refuerza en otros temas la misma línea discursiva de Ostrom. Tirole ha venido convocando la cons-trucción de un neoliberalismo “regulado” como forma para regenerar la dinámica neoliberal de los mercados en medio de la crisis capitalista hoy vigente:

La economía de mercado ha sido y será el motor de crecimiento y de bienes-tar de las naciones. Pero para funcionar bien, la economía de mercado necesita de regulación para paliar ciertas fallas de mercado y restablecer

8 Otro ejemplo sobre este tipo emergente de dispositivos e instrumentos de política pública son las Alianzas público-privadas que promueve el Grupo del Banco Mundial, a pesar de que los balances técnicos, de política y político, muestran un éxito (o fracaso) relativo, por cierto bastante limitado, después de varios años de aplicación a nivel global (véase Engel, Fischer & Galetovic, 2014).


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una buena responsabilización [sic] de los actores económicos (La Dépêche, diciembre de 2008).

Para que la competencia florezca ‒plantea Tirole– resulta fundamental que exis-tan reglas de juego claras y reguladores independientes pues “sin un regulador fuerte, no hay liberalización eficaz” (Tirole, 2005), advirtiendo que las acciones estatales o gubernamentales sobre los mercados (la regulación) deben evitar ser permanentes. Solo se justifican momentáneamente, y “en caso” que los mercados fallen, es decir: no funcionen correctamente.

Por su parte, el académico-tecnócrata Joseph Stiglitz –también premio Nobel de economía en 2001– personifica paradigmáticamente el tipo de operativos ideoló-gicos a los cuales nos estamos refiriendo. Desde hace varios años, Stiglitz ha sido posicionado entre la opinión publica estadounidense y mundial como un “crítico del neoliberalismo”.

Autor del Consenso Post-Washington (Stiglitz, 1998), propuesta que publicita-riamente se postuló a contracorriente del Consenso de Washington (decálogo de políticas que simplemente es una de las tantas expresiones del proyecto neoliberal, cuestiones distintas en grado y magnitud), Stiglitz en realidad continuó reafirmando, con algunos matices, la preeminencia de las lógicas de mercado, en la misma línea argumentativa de sus pensamientos y actuaciones más recientes. Hay que reconocer que el zigzagueo discursivo de Stiglitz y su manera para presentar ciertos temas ante publicos no especializados tienden a confundir.

Por ejemplo, Stiglitz es reconocido como uno de los más crudos opositores de los Acuerdos de libre comercio: Trans-Atlántico y Trans-Pacífico que adelanta el go-bierno de su país, los cuales no duda de calificar como “farsa”, porque en su opinión estos acuerdos comerciales “(…) colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores… [que] no deben ser negociables” (Stiglitz, J. “La farsa del libre comercio”, El Espectador, 13 de julio de 2013).

A primera vista, esta posición podría parecer justamente una crítica; sin embargo, el mismo autor, aclara:

Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al me-nos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales,

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podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los inte-reses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente [énfasis propio] (Stiglitz, J. “La farsa del libre comercio”, El Espectador, 13 de julio de 2013).

Tal y como reza un refrán anglosajón: el diablo está en los detalles. Aquí las crí-ticas realizadas al régimen de libre comercio “dirigido”, la farsa, son para reclamar la necesidad de una versión “auténtica”, un libre mercado puro. Stiglitz en otras opor-tunidades ha reafirmado esta cofradía con los postulados del neoliberalismo hetero-doxo (“la segunda escuela”, segun sus palabras), a través de sus críticas a la ortodoxia neoliberal (“la primera escuela” que él considera heredera de Adam Smith), pero exclusivamente para relegitimar el proyecto neoliberal del capitalismo de mercado:

Durante 200 años, ha habido dos escuelas de pensamiento sobre qué es lo que determina la distribución de los ingresos –y sobre cómo funciona la economía. Una, que surge de los pensamientos de Adam Smith y los eco-nomistas liberales del siglo XIX, se centra en los mercados competitivos. La otra ‒consciente de la forma como el liberalismo de Smith conduce a una rápida concentración de la riqueza y el ingreso‒ toma como punto de partida la tendencia sin restricciones que tienen los mercados para dirigir-se hacia el monopolio. Es importante entender ambas escuelas debido a que nuestros puntos de vista sobre las políticas gubernamentales y las desigual-dades existentes se moldean según cuál de las dos escuelas de pensamiento cada uno de nosotros cree que es la que proporciona una mejor descripción de la realidad [énfasis propio] (Stiglitz, J. “La nueva era del monopolio”, El Espectador, 27 de mayo de 2016).

Precisamente, en una entrevista concedida al Nuevo Herald, Stiglitz testificó, en una línea ideológica idéntica a la registrada anteriormente en Francis Fukuyama:

Soy un crítico de la manera en que se han implementado ciertas versiones del capitalismo... Creo que el capitalismo irrestricto, la desregulación


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que fue uno de los ejes del capitalismo norteamericano desde el principio de la presidencia de Reagan, es una era que ha llegado a su fin... (El Nuevo Herald entrevista reproducida por El Colombiano, “Los consejos de Jo-seph Stiglitz”, 22 de agosto de 2009).

Complementando enseguida:

En rigor, Estados Unidos no tiene lo que podría llamarse un sistema ca-pitalista puro: hemos estado socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Tenemos toda clase de intervención gubernamental, pero desa-fortunadamente, se trata en general de una intervención destinada a ayu-dar al sector bancario, a las empresas farmacéuticas, a diversos intereses especiales. Es una suerte de sistema de beneficencia para las corporaciones. De manera que lo que realmente he defendido es una forma más pura de economía de mercado, que no centre su protección en las empresas, sino en la gente. [énfasis propio] (El Nuevo Herald entrevista reproducida por El Colombiano, “Los consejos de Joseph Stiglitz”, 22 de agosto de 2009).

En síntesis, convergiendo con el Vaticano, Merkel, Friedman y Pinochet, Stiglitz se inscribe también en la misma línea de argumentación propia de las corrientes neoliberales heterodoxas, las cuales han criticado férreamente la desregulación y el libertinaje de los mercados ‒recordemos los adjetivos: monstruoso, desenfrenado, sin límites‒, tanto como el poder de los monopolios. Este pensamiento neoliberal crítico del neoliberalismo defiende la presencia estatal en función de una economía “regu-lada” (aunque no dirigida, dos cuestiones distintas), como presupuesto económico político para garantizar la máxima libertad (“genuina”) de los mercados9.

9 Se trata de los fundamentos presentes en la definición que A. Müller-Armack le otorga a la Economía Social de Mercado en 1956, en la que reconoce como cofundadores a W. Eucken, F.A. von Hayek y W. Röpke (éste último acuño por primera vez la voz: “neoliberalismo”). La cita es larga pero ilustrativa:

“(…) Los representantes de la economía social de mercado comparten con el neoliberalismo la convicción de que el antiguo liberalismo, si bien reconoció correctamente la importancia funcional de la competencia, dejó de lado los problemas sociales y sociológicos. A diferencia del antiguo liberalismo, su finalidad no es la reinstauración de una economía de laissez faire; su objetivo es más bien una síntesis novedosa. Asimismo, el concepto de la economía social de mercado se diferencia de manera precisa de una política económica intervencionista

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Estos discursos han encontrado su correlativo en expresiones cada vez más sofis-ticadas en las teorías económicas contemporáneas, más puntualmente: las corrientes de la nueva síntesis neoclásica-keynesiana (véase Puello-Socarrás, 2008a), también autoproclamados: los nuevos keynesianos.

El rol intelectual, ideológico y tecnocrático que vienen jugando teorías emergen-tes de este tipo ha sido fundamental para reforzar –esta vez en el campo acadé-mico– las críticas neoliberales al neoliberalismo. Esta ultima denominación y las abusivas alusiones a Keynes no deben confundir. Las verdaderas convicciones de este Frankenstein teórico – “keynesianismo bastardo”, como alguna vez Joan Robinson (1962) calificó la primera síntesis neoclásica del premio Nobel en economía, J. Hicks, en los 1930, difundida a la postre por P. Samuelson– comparecen plenamente y se refuerzan con el nuevo ideario neoliberal:

(…) lo que diferencia a esta síntesis de la síntesis neoclásica de la primera posguerra es que sus rasgos neoclásicos son todavía más acentuados, debido a que incorporan la mayor parte de los desarrollos teóricos moneta-ristas y nuevos clásicos… [citando a Argadoña, Gamez y Mochón, se aña-de] “ los nuevos keynesianos no tienen diferencias a fondo con los nuevos clásicos… en cuanto que el origen de las rigideces se busca no en factores institucionales o sociológicos, sino en la competencia imperfecta de los mercados…”. (Astarita, 2008, p. 199).

que mezcle elementos de dirigismo centralizado con otros de economía de mercado, hasta llegar a un bloqueo mutuo de aquellos elementos contradictorios entre sí, interfiriendo con el redimiendo económico. La economía social de mercado es un ordenamiento global de economía de mercado, conformado concientemente [sic]. La competencia debe ser el principio fundamental de coordinación (…) De este modo se distingue al socialismo, el cual desea lograr la reforma social a través de un dirigismo centralizado… Por consiguiente se puede definir el concepto de economía social de mercado como una idea de ordenamiento económico que persigue el objetivo de combinar, sobre la base de una economía competitiva, la libre iniciativa con el avance social, asegurado a su vez por el rendimiento de la economía de mercado”. [énfasis propio] (Müller-Armack, 1956: 17).


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2.3 ¿Hasta ahora se extrañan de las críticas neoliberales al neoliberalismo? ¡Si desde hace varios años es la visión política oficial del FMI!

Extrañarse por el contenido del artículo de los fondomonetaristas Ostry et alter, como pretende simular D. Rodrik –quien es otro ejemplo de los operadores neolibe-rales críticos del neoliberalismo– resulta al final simplemente un acto de entusiasta suspicacia.

Desde febrero de 2010, a través de una Nota del FMI: Repensar la política macro-económica, documento que abriga las posiciones de su staff, liderado por los nuevos keynesianos, principalmente Oliver Blanchard, se establecieron los principios genera-les del “nuevo marco” para la política macroeconómica con el objetivo de enfrentar la crisis en el corto, el mediano y el largo plazos.

Allí se inauguraron y oficializaron las nuevas críticas fondomonetaristas al hoy considerado “viejo neoliberalismo”, en la forma en que ya hemos comentado este tránsito10.

Intentando presentarlos como un acto de contrición respecto al pensamiento con-vencional mantenido hasta ese momento por el FMI, esta nota proponía la “revisión” de sus axiomas centrales, la conocida dogmática neoliberal y el “consenso (intelectual y práctico) pre-crisis”, en el cual el entusiasmo orientador había sido la desregulación.

El FMI seguía sosteniendo que, sin embargo, el pensamiento y el conjunto de axiomas previos a la crisis habían sido “efectivos y correctos”, puesto que, desde mediados de la década de 2000, “no era insensato pensar que una mejor política macroeconómica podría llevar (…) hacia una mayor estabilidad macroeconómica”. Pero “entonces llegó la crisis”, haciendo que esas opciones de política ‒plantean‒ se mostraron inefectivas e incapaces de gestionar los desafíos emergentes (Blanchard et al., 2010).

10 Esta discusión fue desarrollada en el marco de la Conferencia: “Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis” (marzo de 2011), llevada al libro editado por Blanchard, Romer, Spence y Stiglitz: In the Wake of the Crisis (véase Blanchard et al., 2012).

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Desde ahora la palabra clave y salvadora sería: regulación11 (recordemos a J. Tiro-le); subsidiariamente su correlato: gobernanza12 (no olvidemos a E. Ostrom). Este re-visionismo fondomonetarista se ha intentado difundir y consolidar a partir de varias publicaciones y eventos auspiciados por y desde el FMI.

Entre los principales se destacan: a) Staff discussion note (abril 2013) a cargo de Olivier Blanchard, Giovanni Dell’Ariccia y Paolo Mauro: “Rethinking Macro Policy II: Getting Granular” (Blanchard et al., 2013), publicación que continua con las con-ferencias inauguradas en 2011 (Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis) y que serán tituladas con el mismo objetivo de “repensar” la política macroeconómica: i) First steps and early lessons (2013)13 y ii) Progress or confusion (2015), lugares donde asisten habitualmente, desde luego, los directores del Fondo Monetario Internacional (en su momento Dominique Strauss-Kahn; hoy: Christine Lagarde), el Consejero Económico y director de investigaciones del FMI, Olivier Blanchard, al lado de per-sonalidades de los mundos tecnocrático y académico ‒en su absoluta mayoría estadu-nidenses–, comprometidos directa o indirectamente con el Fondo14.

11 El académico tecnócrata colombiano, José Antonio Ocampo, uno de los ponentes de la conferencia fondomonetarista a la que hacemos mención y quien históricamente se ha identificado con las posturas heterodoxas del neoliberalismo, ofrece una buena noción sobre qué significa la “regulación”. Refiriéndose a la cuenta de capitales, indica que las regulaciones deben ser concebidas: “(…) as speed bumps rather than permanent restrictions… This is true for any prudential regulation. Authorities always have to see how the market is evolving and adjust regulations to make them more effective” (Ocampo, 2011, 5), es decir: “intervenciones” de ‘golpe’, de ‘topeteo’, nunca permanentes y siempre en función de los mercados. Oliver Blanchard inauguraba esta misma conferencia diciendo: “The crisis has clearly shown both the limits of markets and the limits of government intervention...” [énfasis propio], frase que refirma en qué consiste exactamente concepto de “regulación”.

12 Stiglitz (2012) insiste en good governance, “buena gobernanza”.13 Después llevada al libro editado por Akerlof, Blanchard, Romer y, una vez más,

Stiglitz, titulado: What Have We Learned?: Macroeconomic Policy after the Crisis (véase Akerlof et al., 2014).

14 La lista resulta extensa, sin embargo, varios nombres llaman la atención por la frecuencia habitual en las conferencias fondomonetaristas y el rol que vienen jugando en las críticas neoliberales al neoliberalismo: John Williamson (relator del Consenso de Washington en 1989) y Adam Posen (ambos por el Instituto Peterson para la Economía Internacional), George Akerlof (Universidades de California y Berkeley, y FMI), David Romer (Universidades de California y Berkeley), Stanley Fischer, Nouriel Roubini, José De Gregorio, José Antonio Ocampo, Dani Rodrik y los premios Nobel en economía: Michael Spence, Jean Tirole y, desde luego, Joseph Stiglitz.


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Todos estos lugares de enunciación han sido claves para el reforzamiento del giro ideológico en materia de política macroeconómica en el pensamiento neoliberal y que, en lo fundamental, desarrollan las principales ideas e instrumentos presentados tempranamente en Rethinking macroeconomic policy (Blanchard et al., 2010).

El antiguo credo fondomonetarista entonces ha visto la necesidad de aprender de esta crisis –la más espectacular en la historia del capitalismo–, y revisar sus presupues-tos teóricos y prácticos en lo que se considera ahora una primicia. Este giro empero no pretende extralimitar el statu quo neoliberal, hoy vigente, pero sí propone una ver-sión de nuevo cuño, una síntesis supuestamente novedosa, léase: un neoliberalismo regulado por el Estado15.

Este cambio obliga a matizar algunos elementos pertenecientes al programa es-pecífico de políticas (nivel instrumental en lo económico y/o social), pero nunca se propone transformar el proyecto político neoliberal –horizonte articulado en torno a la (contra)utopía sobre una futura sociedad de mercado y que se ha materializado a través del paradigma del desarrollo)–, dos cuestiones diferentes.

Si se interpreta que el neoliberalismo-ortodoxo-fondomonetarista del pasado re-ciente se transforma en alguna otra cosa distinta por el simple acto de “paliar” –como proponía Tirole– la utilización de los instrumentos de la política macroeconómica (como es el caso de los estabilizadores automáticos), no se puede aludir ni mucho me-nos justificar metamorfosis alguna que no sea al interior del neoliberalismo mismo16.

15 Como Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn (2011) reforzaba esta idea: “Al formular un marco macroeconómico nuevo para un mundo nuevo, el péndulo se desplazará —por lo menos un poco— del mercado hacia el Estado, y de un entorno relativamente simple hacia uno relativamente más complejo… también debe dedicar[se] más atención a la cohesión social” [énfasis propio].

16 “Repensar” el “nuevo marco” para la política macroeconómica debe interpretarse al interior del neoliberalismo fondomonetarista. Ello no implica que las ideas fundamentales hayan cambiado; únicamente se matizaron algunas líneas e instrumentos de política. Por ejemplo, la mal-llamada estabilización económica”, corazón de la estrategia neoliberal de desarrollo desde mediados de siglo y llevada a cabo en la época de las reformas estructurales, continúa hoy intacta:

“(…) Yendo hacia adelante, el nivel de ajuste fiscal requerido… será formidable (…) Las implicaciones de política para la próxima o próximas dos décadas es que, cuando las condiciones cíclicas lo permitan, es necesario un gran ajuste fiscal, y si el crecimiento económico se recupera rápidamente, éste debería ser utilizado para reducir sustancialmente las proporciones de deuda/PIB en vez de financiar incrementos en el gasto o recortes en los impuestos” [énfasis propio] (Blanchard et alt2010).

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Al final de cuentas y a propósito de las herejías de Ostry et alter, el propio FMI, a través de su economista jefe, Maury Obstfeld, ha salido a aclarar esta situación en un boletín titulado con cuidadosa precisión: “Evolución, no revolución: replanteamiento de la política en el FMI”:

El FMI desde hace mucho tiempo procura aprovechar las experiencias con-cretas en el terreno y las nuevas investigaciones para hacer más eficaz su supervisión económica, su asistencia técnica y la forma en que responde a las crisis. (...) Ese proceso no ha alterado fundamentalmente la esencia de nuestro enfoque, que se basa en mercados abiertos y competitivos, marcos robustos de política macroeconómica, estabilidad financiera e ins-tituciones sólidas. Pero sí ha aportado importante información sobre cuál es la mejor forma de alcanzar esos resultados de una manera sostenible. [énfasis propio] (Obstfeld, 2016).

3. Las Herejías neoliberales, no son blasfemias (contra el neoliberalismo). Liminar

Pierre Bourdieu, tanto como José Carlos Mariátegui, ha contribuido en la inter-pretación correcta del significado de la herejía, la crítica hereje. Esta rectificación es util a la hora de dar cuenta de los cambios en el neoliberalismo y fundamental para interpretar su versión de nuevo cuño que se pretende consolidar hoy:

(…) La herejía, la heterodoxia, como ruptura crítica, que está a me-nudo ligada a la crisis, junto con la doxa, es la que obliga a los do-minantes a salir de su silencio y les impone la obligación de producir el discurso defensivo de la ortodoxia, un pensamiento derecho y de derechas que trata de restaurar un equivalente de la adhesión si-lenciosa de la doxa (…) la subversión herética afirma ser un retorno a los orig enes, al espir itu, a la verdad del juego, en contra de la banalización y degradación de que ha sido objeto [énfasis propio; las cursivas no pertenecen al texto] (Bourdieu, 2002,121-122).


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Así se entiende y se clarifica que la doxa del mercado, el neoliberalismo, existe en su versión orto-doxa: el fundamentalismo de mercado, dogmática que defiende a limine el libertinaje –hoy casi desahuciado, ¡por los mismos neoliberales!– pero, al mismo tiempo, se consolida una nueva versión: la hetero-doxa, donde el mercado es fundamental, defensora de las libertades “auténticas” de mercado, operación que pretende renovar la fe en el neoliberalismo y actualizarlo.

Esa es la función para la cual está dispuesta la herejía (neoliberal) y las críticas herejes. Lo que se necesita, sin embargo, para superar esta doxa, son blasfemias.

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Luis Suárez SalazarLicenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor

en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior

de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, al igual que de las cátedras Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y de Estudios sobre el Caribe “Norman

Girvan” de la Universidad de La Habana. Actualmente integra los Grupos de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y sobre el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Consultivo de

expresidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

El Gobierno temporal de Donald Trump: Una redoblada amenaza para nuestra América*

Introducción

Como se indica en su título, este ensayo va dirigido a realizar una primera y seguramente incompleta aproximación a las redobladas amenazas que les planteará la recién inaugurada administración de Donald Trump a los pue-

blos, las naciones y a ciertos gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales ubicados al sur del rio Bravo y de la península de Florida. Asimismo, a los de algunos de los territorios de esa región aun sometidos a diferentes formas de dominación co-lonial por parte de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda.

* Este artículo actualiza y en algunos aspectos amplía la ponencia que, con el titulo “El resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos: implicaciones para América Latina y el Caribe” presenté en el XV Taller Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: “Tendencias y Perspectivas de las relaciones Cuba-Estados Unidos después de las elecciones de noviembre de 2016”, convocado por el Centro de Investigaciones de la Política Internacional (CIPI) de La Habana, Cuba, entre el 14 y el 16 de diciembre de ese año.


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Para cumplir ese propósito, las páginas que siguen se dividirán en tres acápites. En el primero me referiré a los que he denominado objetivos estratégicos, generales y, en determinados casos, específicos que guiaron las “estrategias inteligentes” hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré varias referencias a los enunciados sobre “la familia de las Américas” plasmados en la reaccionaría Plataforma del Partido Repu-blicano (PPR) aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a fines de julio de 2016. Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegarán los grupos de poder y los poderes fácticos de los Estados Unidos, al menos, en los dos pri-meros años del gobierno temporal del controvertido, racista, misógino, homofóbico y xenofóbico magnate inmobiliario y “miembro de la clase capitalista transnacional” Donald Trump (Robinson, 2016), quien, siguiendo sus peores prácticas empresaria-les y a causa de los “conflictos de intereses” que se crearán entre éstas y sus altas res-ponsabilidades estatales, parece decidido a llevar “la corrupción” a un “nuevo nivel” en la conformación y el funcionamiento de su gabinete (Baker, 2017)1.

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los principales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Esta parte del criterio de que el futuro es “más construible que previsible”. Por tanto, “no es unico, ni lineal”. Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está prede-terminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del “hombre colectivo”. En consecuencia, el porvenir es un campo de bata-

1 En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrática-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a los que en ese texto llamaban “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término “gobierno temporal” para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en los Estados Unidos y a otros gobiernos del continente americano.

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Luis Suárez Salazar, El Gobierno temporal de Donald Trump

lla (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estata-les, que “pungan por imponer su poder para defender sus intereses” (Mojica, 2000).

En mi consideración, sin negar la impronta y los márgenes de decisión de cual-quier mandatario, la utilización de esos conceptoses necesaria; ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la actual administración republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de cualquier presidente (por muy “atí-pico”, “imprevisible”, “errático”,“volátil”, “egocéntrico” o “megalómano” que sea)2, la política interna y externa que desarrollará esa potencia imperialista durante el gobier-no temporal de Donald Trump será la resultante de los consensos previamente exis-tentes o que se reelaboren entre los representantes políticos, militares, intelectuales e ideológico-culturales de los diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participan en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y ju-dicial. Igualmente de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder, como para la preservación de la que he denominado “seguridad imperial” de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones (Suárez, 2003, 2006 y 2010), lo antes dicho contribuye a explicar las continuidades de los objetivos estraté-gicos, generales y, en ciertos casos, específicos, al igual que de muchas de las estrata-gemas desplegadas y las herramientas utilizadas por las diferentes administraciones estadounidenses, aun cuando estas hayan sido controladas por diferentes sectores de los partidos demócrata o republicano. También los cambios de conceptos, estrategias o en el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra admi-nistración e, incluso, durante los sucesivos mandatos de algunas de ellas.

Esas continuidades y esos cambios igualmente han estado influidos y en algunos casos determinados por sus consideraciones acerca de la correlación internacional de fuerzas existentes, así como, en menor medida, por las reacciones de las clases y grupos subalternos estadounidenses frente a las políticas internas o externas desple-gadas por cada uno de esos gobiernos temporales. Asimismo por la calidad de las

2 Esos y otros calificativos (algunos de ellos, más fuertes) han sido empleados por diferentes autores para caracterizar los comportamientos de Donald Trump, antes y después de su elección como presidente de los Estados Unidos.


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resistencias que les hayan ofrecido a estas ultimas otros actores sociales y políticos, gubernamentales y no gubernamentales, de otros Estados del mundo.

Los objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama

Como indiqué en una ponencia que presenté en un evento internacional efectua-do en noviembre del pasado año en la Universidad Nacional de Colombia (Suárez, 2016), entre 2009 y 2016 la maquinaria de la política exterior, de defensa y de segu-ridad estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagan-dísticos e ideológico-culturales, emprendieron diversas acciones publicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas –segun indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores– a “renovar” y a “pro-longar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas” (Obama, 2008).

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus “amigos”, “socios” o “aliados”, estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo y, en las ocasiones ne-cesarias, del poder judicial)3, emprendió diversas acciones orientadas a cumplir, al menos, los siguientes objetivos generales o específicos intervinculados:

1. Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios pre-dominantemente “institucionales” a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como “anti-estadounidenses”4. En particular, aunque no

3 Al respecto debe recordarse el nefasto papel que desempeñaron algunos jueces y tribunales estadounidenses en la defensa de los intereses de los llamado “fondos buitres” poseedores de títulos de la deuda argentina, así como en la denegación de las indemnizaciones reclamadas por Ecuador para compensar los desastres socio-ambientales provocados en algunas zonas y comunidades de ese país por la empresa petrolera Chevron.

4 Como ha demostrado el historiador estadounidense Max Paul Friedman en su obra Repensando el antiamericanismo: la historia de un concepto excepcional en las relaciones internacionales estadounidenses (Antonio Machado Libros, Madrid, 2015), ese mito siempre ha estado presente en la narrativa de diversos gobiernos y de los intelectuales orgánicos a las clases dominantes estadounidenses orientadas a estigmatizar a aquellos gobiernos de otros países que defienden sus propios

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unicamente (como se demostró en Paraguay), a los gobiernos que eran (cual fue el caso de Honduras hasta mediados de 2009) o todavía son miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecua-dor, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la Republica Bolivariana de Venezuela.

Contra los gobiernos de este ultimo país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se desplegaron y se siguen desplegando diversas accio-nes contrarrevolucionarias bajo el supuesto de que su derrocamiento produciría un negativo “efecto dominó” sobre los gobiernos de los demás Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían desple-gado con otros gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de PETRO-CARIBE y del fondo ALBA-Caribe.

2. Restaurar o fortalecer, segun el caso, su multifacética dominación neocolo-nial sobre México, sobre todos los Estados nacionales ubicados en el istmo centroa-mericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la Republica Coo-perativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes publicos (como el agua y la biodiversidad), al igual que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el Gran Caribe: el Golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el Paso de los Vientos, el Canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el sur y el norte del continente americano, así como entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos, a la administración de Barack Oba-ma le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los gobiernos europeos integrantes de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, así como el fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense

intereses nacionales o que expresan disensos con algunas de las políticas interna o externa impulsadas por uno u otro gobierno estadounidense. Siguiendo esa tradición, ese antojadizo calificativo fue empleado públicamente por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, por el exasesor del Consejo Nacional de Seguridad de la segunda administración de Barack Obama, Benjamin (Ben) Rhodes, e incluso, en algunas ocasiones, por ese mandatario estadounidense.


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sobre Puerto Rico. Esta registró un nuevo salto de calidad con la aprobación de las denomina Ley PROMESA signada en 20l6 por Barack Obama, la cual estableció una Junta Fiscal orientada a garantizar, primero que todo, que los gobiernos de ese mal llamado Estado Libre Asociado paguen la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos “fondos bui-tres” (Torres, 2016).

3. Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil –con contenidos de liberación nacional y social– que hasta mediados de 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológico-ambien-tales provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron di-versas administraciones demócratas y republicanas estadounidense (Higuita, 2016), los “éxitos” de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, al igual que por las represivas fuerzas militares colombianas en su cruenta guerra “contra la insurgencia y el narco-terrorismo” fueron presentados por la administra-ción de Barack Obama y por el Pentágono como “el modelo” a seguir por los gobier-nos y las fuerzas armadas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Es-tados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Peru y Paraguay (Tickner, 2014, Kinosian et al., 2015).

4. Subordinar a los gobiernos de todos los Estados nacionales del hemisferio occi-dental ubicados en el “arco del Pacífico” ‒Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Peru y Chile‒ a los intereses geoestratégicos estadounidenses. Funcional a ese propósito fueron las exi-tosas negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP), impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de su llamado “pilar asiático” (orientado a contener la creciente proyección externa de la Republica Popular China), al igual que su constan-te respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en 2011 entre los gobiernos de México, Colombia, Peru y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente. Sus antecesores, previamente, habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y ellos o sus sucesores (cual fue caso del mandatario peruano Ollanta

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Humala y de la presidenta chilena Michelle Bachelet) firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a “compartir responsabilidades y costos” con la maquinaria militar esta-dounidense en la “defensa del hemisferio Occidental” (Suárez, [2014] 2016).

5. Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la hegemonía estadounidense en el sur político del continente americano, y en particular en Suramérica, la paulati-na e inconclusa transformación de la Republica Federativa de Brasil en una “potencia global”, al igual que aquellas posturas “populistas radicales” o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que hasta 2012 apoyaron al gobierno paraguayo presidido por Fernando Lugo, y que, hasta 2015 y 2016, habían sustentado los gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Igualmente, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez.

Lo antes dicho y otros elementos que veremos en el numeral siguiente contribuyen a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri, así como, aun antes de que se consumara totalmente, al “golpe de estado parlamentario-mediático y judicial” que en 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitu-cional brasileña Dilma Rousseff. Esta fue sustituida por su corrupto vicepresidente Michel Temer, quien de inmediato comenzó a subordinar sus políticas internas y externas a algunos de los objetivos de la política global y hemisférica estadounidense.

6. Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Comun del Sur (MERCO-SUR) impulsada por los derrocados gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay antes mencionados, al igual que por sucesivos gobiernos uruguayos, así como la profundi-zación de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR); en especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos (incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes publicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos domi-nantes en Estados Unidos, cuales son las estratégicas Cuencas de los ríos Orinoco,


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Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní, al igual que los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur (entre ellos, las Islas Malvinas) y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico Sur y con la Antártida (Borón, 2012).

7. Entorpecer las acciones de los diversos gobiernos de América Latina y el Caribe que, entre fines de 2008 y de 2011, condujeron a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y 2015, al igual que por los principales ór-ganos político-militares, financieros y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese ultimo propósito fueron la acérrima defensa por parte de los re-presentantes de los Estados Unidos de las parcializadas labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH (Aportes, 2014); el apoyo que –modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la Ley al respecto firmada por Barack Obama a fines de 2013– el Departamento de Estado comenzó a ofrecerle a “la reforma” de esa organización propuesta por su exsecretario general, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido y pro-panamericanista sus-tituto, el excanciller uruguayo Luis Almagro.

Paralelamente, en correspondencia con la “nueva etapa” de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) “régimen cubano”(Obama, 2016), la administra-ción de Barack Obama finalmente aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CCEM) de la Republica de Cuba, Raul Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas reali-zada en Panamá en abril de 2015. Segun el criterio del antes mencionado presidente estadounidense, con tal acción y con el restablecimiento posterior de sus relaciones diplomáticas con Cuba se eliminó un factor irritante en el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y se fortaleció “el liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio occidental” (Ibídem).

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Cualquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la decisión de admitir la participación del presidente cubano en la antes menciona-da Cumbre de las Américas tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su VI Cumbre efectuada en 2012 en Cartagena, Colombia, al igual que relegitimar a la OEA, en su conjunción con el BID, como “la entidad diplomática multilateral primordial” en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas Cumbres destinados al “fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representati-va, la resolución de conflictos regionales, el fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos” (Congress of The United of America, 2013).

Esos propósitos coincidieron con el interés del Pentágono, expresado en La polí-tica de defensa para el hemisferio occidental hasta 2023 difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa, Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó: “Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos ínter militares, promoverán un férreo sistema de coope-ración en materia de defensa que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. […] Nos esmeraremos por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio” (Panetta, 2012, la cursivas fueron incorpo-radas por el autor de esta ponencia).

Con esos y otros fines, a partir de 2014, la diplomacia político-militar estadou-nidense, en consuno con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al obsoleto e inoperante Trata-do Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de Ejércitos, Marina y Aviación, así como de los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental (JID, 2014); incluido el subsistema del norte de América, sustentado en las estrechas relaciones establecidas entre las fuerzas mili-tares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el


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espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos (incluida Alaska), de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estratégico estrecho de La Florida.

En el criterio del Jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, esa arti-culación está orientada a enfrentar las “amenazas tradicionales” y “no tradicionales” que les plantea a los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la Republica Popular China en el norte del hemisferio occidental. Asi-mismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Igualmente, las actividades diplomá-ticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que está desarrollando Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio es-tadounidense que, en el futuro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa ida (Gortney, 2016).

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio para plasmar mis consideraciones acerca de los logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (y, en particular, durante su segundo mandato) en el cumplimien-to total o parcial de cada uno de los objetivos generalesy específicos señalados en el acápite anterior. Tampoco para referirme a los que no pudo cumplir. No obstante, en mi apreciación, unos y otros serán retomados por la administración de Donald Trump, ya que este se comprometió, entre otras cosas que veremos después, a de-fender el presunto “excepcionalismo” de su país, a “hacerlo más grande otra vez”, a mantener su “posición natural como líder del mundo libre”, a fortalecer la supremacía de sus fuerzas armadas en todo el mundo, a “restablecer la ley y el orden”, así como a superar “la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense” (PPR, 2016: 3).

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el ahora presidente Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe previamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama no estuvieron en el centro de la campaña electoral. Esto me indu-

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jo a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos, así como a continuar la mayor parte de las estrategias elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante los ocho años de esa administración, entre otras razones, porque casi todas esas estratagemas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fueron el rechazo que encontraron en el Senado o en la Cáma-ra de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas “leyes del embargo” contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre de 2014, incluido un proyecto de ley dirigido a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).

De ahí que los dos unicos problemas vinculados directamente a las políticas hacia el Hemisferio Occidental que se abordaron en los diferentes discursos del entonces candidato republicano fueron los relacionados con los negativos efectos que, segun sus reiteradas opiniones xenófobas, racistas y “proteccionistas”, estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense (en especial, en la industria manufacturera y en los niveles de empleo de los trabajadores blancos con bajos niveles educacionales) algunas de las políticas migratorias y comerciales pre-viamente desplegadas por la administración de Barack Obama. Y, dentro de estas ultimas, la aprobación del TPP (negociado, entre otros, por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Peru) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, había sido respaldado por todas las adminis-traciones demócratas y republicanas.

Tal vez por ello, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle con-tinuidad, con escasos cambios, a todas la estrategias en los campos comercial, ener-gético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Barack Obama se han venido desplegando en consuno con los grupos de poder, los poderes fácticos y los sucesivos gobiernos temporales de Canadá y México, respectivamente encabe-zados por sus primeros Ministros, Stephen Harper y Justin Trudeau, así como por los presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de los degradantes ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump,


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de sus reiteradas exigencias de renegociar el TLCAN como condición necesaria para permanecer en el mismo, así como de su amenaza de que, si ganaba las elecciones, el gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde más de 20 años se viene construyendo en la extensa frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencio-nada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribui-rá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos en México y Canadá que hayan sido nues-tros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millo-nes de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independen-cia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo (PPR, 2016: 50).

Por otra parte, con el lenguaje antediluviano empleado en muchas de sus páginas, en esa plataforma se indicó: “Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un Estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanece a América Central, así como que Vene-zuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah”. Y añadió: “Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como se-guramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas” (Ibídem).

Sin dudas, tales sintagmas expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administra-

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ción de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse desde abril de 2015; pero, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados se corresponde con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en par-ticular, con los agresivos planes que, desde los primeros meses de 2015, ha venido organizando el SOUTHCOM (las llamadas Venezuela Freedom 1 y 2 Operations) después que el antes mencionado presidente estadounidense diera a conocer su Orden Ejecutiva de marzo de 2015 en la que calificó al actual gobierno venezolano como “una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacio-nal estadounidense” (Weisbrot, 2015).

En esa misa tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desple-gadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los acuerdos de paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana entre los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Gobierno de ese país, la antes mencionada PPR señaló: “Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su soli-daridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas” (PPR, 2016: 50).

Llama la atención que ese ultimo enunciado formó parte de los pretextos em-pleados por el reaccionario expresidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Centro Democrático, Álvaro Uribe, estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses que apoyaron la candidatura de Donald Trump, cual es el caso de Mario Díaz Balart, para movilizar votos contra los acuer-dos de paz firmados en La Habana en el desfavorable plebiscito para tratar de “blin-darlos” que se efectuó en Colombia 2 de octubre de 2016. Posteriormente, durante la ratificación de la segunda versión de esos acuerdos aprobada por el Senado y en la Cámara de Representantes colombiana en diciembre de ese año, los parlamentarios del Centro Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a fines de noviembre entre el Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.


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Pero mucho antes de que eso ocurriera, Donald Trump, como es su costum-bre, comenzó a modificar las declaraciones anuentes que previamente había realiza-do acerca de las políticas hacia Cuba desarrolladas por la administración de Barack Obama después del 17 de diciembre de 2014. En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a las ordenes ejecutivas y a la Directiva Presidencial de Barack Obama del 14 de octubre de 2016, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos con esas políticas y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia he-misférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exte-rior estadounidense. La “apertura hacia Cuba” de la actual administra-ción fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo forta-lecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa indepen-diente y elecciones libres con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las trasmisiones de Radio y TV Martí y la promo-ción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento pro-democracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre [institucionalizada por la administración de George W. Bush y disuelta por la de Barack Obama] y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconocien-do el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo” (PPR, 2016: 50).

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el empleado por Donald Trump en el exabrupto que difundió inmediatamente después que conoció la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al historiador cubano Elier Ramírez Ca-

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ñedo a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del “poder inteligente” (smart-power) empleadas por Barack Obama, por las del “poder estupido” (stupidpower), previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadouni-denses. Acto seguido agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cuba-no, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiri-tualidad, del orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya ha sembrado un precedente nefasto (Ramírez, 2016).

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina que desplegará la administración de Donald Trump

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras opiniones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior dejan plantea-das varias interrogantes que trascienden con mucho, aunque en mi opinión incluyen, las políticas hacia Cuba que emprenderá el actual gobierno temporal estadounidense. En lo que tiene que ver con los contenidos de este ensayo, ¿abandonará esa adminis-tración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados hard y softpowers (smartpower) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o espe-cíficos planteados o no en el primer acápite de este ensayo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las propias del que Elier Ramírez denomina stupidpower?

A mi modo de ver, esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consi-guiente, considero que para realizar anticipaciones acerca de las estrategias y las he-


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rramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración de Donald Trump resulta imprescindible realizar un análisis caso a caso que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará en las próximas semanas, tome en cuenta las percepciones que tienen los diferentes grupos de poder y los poderes fácticos de ese país (incluida su poderosa maquinaria burocrático-militar) sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos que tuvieron las estrategias hacia el hemis-ferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Ya indiqué que en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre sus desiguales resultados. Sin embargo, para cumplir los propósitos que planteé en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, el actual gobierno temporal mantendrá la mayor parte de las estratagemas desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideoló-gica, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama para garantizar la subordinación de los actuales gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos; incluidas las definidas en la otrora llamada Alianza para la Prosperidad y la Seguri-dad de América del Norte (ASPAN) impulsada por la administración de George W. Bush en consuno con el gobierno neoconservador del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2005-2011).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Har-per, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos ulti-mos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando “la in-tegración de América del Norte” (Vascós, 2016). Como ya se indicó, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las actualmente vi-gentes estuvo incluida en la PPR.

Por consiguiente, con independencia de si acelera la ampliación del muro que existe en la frontera entre ambos países, así como del desenlace de la renegociación del TLCAN que se desarrolle con los actuales gobiernos de Canadá y de México anunciada por Donald Trump como parte de las prioridades de sus “primeros cien

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días en la presidencia”, no se abandonará ese propósito largamente perseguido por los representantes políticos, militares e ideológico-culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses, incluidos los dueños y gerentes de las principales corporaciones transnacionales (entre ellas, las dedicadas a la producción de auto-móviles que se “exportan” al mercado estadounidense), que ya tienen incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes “cadenas de valor” y como una de sus principales fuentes de ganancias.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre todos los Estados-nacionales ubi-cados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental. Entre ellas, todas las acciones desplegadas por el Departamento de Estado, por el NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en ingles) dirigidas a “bajar” la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice. Igualmente, las acciones emprendidas por esas y otras estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las “amenazas no tradicionales a su seguridad nacional” en los co-rrespondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica, al igual que de Costa Rica, Panamá, de Republica Domi-nicana y de los 14 Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Lo antes dicho ‒junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM, de la IV Flota de la Marina de Guerra y de los guardacostas estadounidenses de controlar los es-pacios marítimos y las rutas aéreas del Mar Caribe y del Golfo de México– seguirá teniendo multiples implicaciones negativas para los actuales gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega, respectivamente, ya que en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadores de los partidos demócrata y republicano –el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por su acrónimo en inglés) y el Instituto Internacional Republicano (IRI)– ampliarán el apoyo que directamente o a través de la bipartidista Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la administración de Donad Trump fortalezca los condicionamientos que ya se le han venido imponiendo al gobierno salvadoreño para


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recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto de 2016-2017 por el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año fiscal la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde 2010 por el gobierno tem-poral de Barack Obama.

También es de esperar que la recién inaugurada administración de Donald Trump le entregue al actual gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda mi-litar que en agosto de 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su “cooperación” para contener las migraciones incontroladas y el tráfico de drogas y otros delitos conexos que se siguen produciendo en Centroamérica, así como para continuar edificando las instalaciones del cada vez más militarizado Servicio Nacio-nal de Guardacostas costarricense que el SOUTHCOM está equipando con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales en las costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe de ese país.

Asimismo, el nuevo mandatario estadounidense refrendará, tan pronto la aprue-be el Congreso (controlado por el Partido Republicano), la llamada Nicaragua Act que se presentó en ambas cámaras en los meses previos y posteriores a la reelección de Daniel Ortega. Para los senadores y representantes promotores de las sanciones incluidas en esa Ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua (en los que resultó reelecto por más del 70% de los votantes su presidente Daniel Ortega) fueron fraudulentos. Entre otras razones, porque no fue-ron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el gobierno nicara-güense aceptó que ese organismo supervise las próximas elecciones municipales que se efectuarán en el presente año.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la actual administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo político-diplomático a la ALPA y a todos los acuerdos en el campo político, económico, militar y vinculados a la “seguridad hemisférica” previa-mente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Peru y Chile, incluido su multimillonario apoyo al denominado Colombia Peace Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para “ayudar” al actual y al gobierno colombiano que resulte electo en

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2018 a “ganar la paz”, tanto como los ayudaron a “ganar la guerra” diferentes admi-nistraciones demócratas y republicanas estadounidenses (Isacson, 2016).

Paralelamente, la administración de Donald Trump continuará las diversas accio-nes publicas, discretas, encubiertas o secretas que había venido desplegando el gobier-no temporal de Barack Obama con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y a favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha y de la centro-derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios que se efectuarán en febrero de 2017. Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las rela-ciones de los partidos Demócrata y Republicano y de otras instituciones integrantes o vinculadas con la NED (como el Centro Internacional para la Empresa Privada y el Centro Estadounidense para la Solidaridad Sindical Internacional, CIPE y ACILS, por sus correspondientes siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuato-riana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena.

Contando con ese apoyo y con los resultados favorables a sus candidatos en las elecciones municipales que se efectuaron en 2016, los partidos que la integran redo-blarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la hetero-génea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría (en la que participa el Partido Comunista Chileno) en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del presente año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Miche-lle Bachelet.

Asimismo, el gobierno temporal de Donald Trump fortalecerá el ostensible res-paldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos dere-chistas y “neoliberales” actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y, si le fuera posible, derrocar al Gobierno boliviano presidido por Evo Morales, artífice de la Revolución Democrática y Cultural que se ha venido desarrollando en ese país desde 2005. También a debilitar aun más a los sectores “populistas radicales” y “antiestadounidenses” que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el Gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vazquez. Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demó-crata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones


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presidenciales de 2018. Asimismo, al que seleccione la derecha brasileña para compe-tir con el candidato que finalmente presente la debilitada izquierda de ese país en los comicios de igual carácter que se efectuarán el mismo año.

Como ya venía ocurriendo durante el ultimo año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato todas esas acciones tendrán por objetivo la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, el debilita-miento de la UNASUR y de la CELAC, así como de la influencia que han tenido y tienen en el funcionamiento de esa ultima organización de concertación política los gobiernos de los Estados suramericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP. Por consiguiente, la administración de Donald Trump redoblará las acciones que ya venía desplegando diversas instancias de la administración de Barack Obama (con el apoyo del Congreso) para lograr “el cerco y la asfixia”, así como “la implosión” de Venezuela, previstas en la diferentes fases de las Venezuela Freedom 1 y 2 Operations que, como se indicó, desde hace dos años, ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack Obama de 2015, ratificada en marzo de 2016 y en enero de 2017, con el pretexto de darle tiempo a la administración de Trump a que elabore sus propias directivas al respecto.

Con tal fin esta ultima administración descontinuará los canales de diálogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual gobierno venezolano que se habían habilitado desde la unica reunión que sostuvieron los presidentes de am-bos países durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de 2015. De manera convergente, la actual administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que, bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando con el que la PPR denomi-nó “dictador marxista” que ha permitido que Venezuela “se haya convertido en un estado narco-terrorista”, en “una avanzada iraní en América Central” y en “un cielo seguro para los agentes de Hezbollah” (PPR, 2016: 50).

Hay que resaltar que esos ultimos elementos habían sido incluidos entre los “com-plejos desafíos no tradicionales a la seguridad nacional estadounidense” listados por el actual Jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo de 2016 ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadouni-dense. Entre esos desafíos incluyó la existencia “de redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas”, y

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las migraciones de “extranjeros de interés especial”, entre los que pudieran incluir-se “luchadores terroristas extranjeros” vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus “naciones aliadas” (Tidd, 2016). Igualmente, “las intenciones del actual gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas”, así como en el mantenimiento de “una infraestructura capacitada para em-prender o apoyar actos terroristas” (Ibídem).

En esa ocasión Tidd también expresó su preocupación por los vínculos económi-cos, políticos y militares de Rusia con varios gobiernos latinoamericanos, así como por las diversas acciones en el terreno económico, político y cultural que –“violando las reglas establecidas”– ha venido desarrollando el gobierno de la Republica Popular China en diversos países latinoamericanos y caribeños. De modo que esos enunciados seguramente encontrarán continuidad en las que algunos analistas estadounidenses han calificado como “escasamente realistas” políticas hacia esa potencia asiática em-prendidas por Donald Trump.

En cualquier caso, y acorde con esos conceptos, es de esperar que durante su go-bierno la maquinaria de la política exterior y de defensa y seguridad de los Estados Unidos continue respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por su sigla en inglés), previamente impulsada por la administración de Barack Obama. Al par, los partidos Demócrata y Republicano y las otras instituciones integrantes de la NED redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actuan en todos los Estados del Caribe insular y continental integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la CARICOM y del Sistema de Integración Centroame-ricano (SICA) signatarios de los acuerdos de PETROCARIBE.

Con esas y otras acciones ‒como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energéti-ca de Centroamericana y el Caribe, impulsada desde fines de 2014 por la administra-ción de Barack Obama y, en particular, por su vicepresidente Joe Biden‒ se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los gobiernos de los Estados integrantes de la CARICOM y del SICA a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas por su actual


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Secretario General, Luis Almagro, comprometido con el Departamento de Estado a impulsar “la reforma” de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada Ley al respecto firmada a fines de 2013 por el presidente Barack Obama y con los propósitos político-militares de esa organización impulsada por el Pentágono. Asi-mismo, con algunas tareas de la ya mencionada Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM.

Sin dudas, en caso de que resulten exitosas las principales acciones hacia el sur del continente americano que –segun mis anticipaciones– desplegará la actual admi-nistración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual gobierno cubano, presidido por Raul Castro, así como al nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de ese país que resulte electo por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular, previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero de 2018.

Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desa-rrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso a que levante “el embargo” contra Cuba. Adicionalmente, se ralentizaran (sin abandonarlos totalmente) buena parte de los demás componentes de la “nueva política” hacia ese archipiélago, defini-da por Barack Obama en su ya mencionada Directiva del 14 de octubre de 2016, par-ticularmente aquellos vinculados a los legítimos y multidimensionales intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos: la lucha contra el terrorismo, el narcotrá-fico y otros conexos, así como las migraciones incontroladas y el tráfico de personas.

Lo antes dicho no evitará que la actual administración republicana fortalezca las acciones dirigidas a “cambiar el régimen cubano” con la consiguiente complicación en la ejecución de algunos de los 20 acuerdos que finalmente se lograron concluir entre los funcionarios de alto nivel de la administración demócrata y del gobierno cubano antes del 19 de enero de 2017. Asimismo, el condicionamiento a cambios en las políticas internas y externas cubanas de cualquier negociación que se desarrolle entre ambos gobiernos en el futuro previsible. Por ende, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y de respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre de 2014, por Barack Obama y por los Secretarios y funcionarios de diferentes secretarías y del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (en especial, por Benjamin Rhodes), que han participado

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en las intensas y, por lo general, fructíferas negociaciones que desde esa fecha se han desarrollado con sus correspondientes contrapartes del gobierno cubano.

Además de los enunciados de la PPR y de los exabruptos de Trump en ocasión de la desaparición física de Fidel Castro ya mencionados en el acápite anterior, así pare-cen confirmarlo tanto la incorporación a su “equipo de transición” de varios cubano-estadounidenses extremadamente críticos a “la nueva política” hacia Cuba desple-gada por la administración de Barack Obama, como los planteamientos realizados por el Secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, el exgerente general de la poderosa empresa petrolera EXXON-Mobil Oil, Rex Tillerson, en la prolongada audiencia (duró nueve horas) orientada a obtener su ratificación que sostuvo el pasado 18 de enero con los 20 integrantes demócratas y republicanos del Comité de Relacio-nes Exteriores del Senado.

Ante los tendenciosos comentarios y las incisivas preguntas vinculadas a sus po-siciones acerca del futuro de las relaciones oficiales con Cuba que le formularon el senador demócrata Bob Menéndez y el senador republicano Marcos Rubio (ambos radicalmente opuestos a las políticas hacia ese país desarrolladas por el ahora expresi-dente Barack Obama), Tillerson afirmó, entre otras cosas que veremos en el próximo párrafo, que en caso de ser aprobado como Secretario de Estado él “le recomenda-ría” al presidente Trump que vetara cualquier decisión del Congreso estadounidense orientada a eliminar “el embargo” contra Cuba.

Reiterando con sus propias palabras lo previamente planteando por el actual mandatario estadounidense, así como por otros adversarios de la política de Obama hacia la mayor de las Antillas, Tillerson también indicó que, en su opinión, “[n]ues-tros recientes compromisos con el gobierno de Cuba no han sido acompañados por ninguna concesión significativa de su parte en el campo de los derechos humanos. No hemos logrado que [ese gobierno] sea considerado responsable por sus conductas. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco. Eso no sirve ni a los intereses de los cubanos, ni de los estadounidenses” (Tillerson en Yepe, 2017).

Acto seguido señaló de manera reiterada que creía que el presidente Donald Trump había sido “bastante claro” en indicar que le iba a pedir a todas las agencias del gobierno estadounidense que realizaran una revisión completa de todas las orde-nes ejecutivas del presidente Barack Obama, incluidas las vinculadas a las autoriza-ciones de las 12 categorías de viajes que los ciudadanos estadounidenses ya pueden realizar a Cuba sin autorización de la OFAC y las “diversas actividades de negocios”


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que se pueden realizar en ese país. A decir de Tillerson, esa revisión también inclui-rá “las razones que llevaron al Departamento de Estado y a diversas agencias del gobierno estadounidense a excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo” (Ibídem). Merece recordar que esa exclusión fue una de las condiciones imprescindibles que en la primera reunión bilateral que sostuvieron en Panamá en abril de 2015 le planteó a Obama su homólogo cubano Raul Castro para restablecer las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos.

Adicionalmente, creo conveniente resaltar que –segun la información que he podi-do revisar– los asuntos vinculados al porvenir de las relaciones con Cuba fueron uno de los pocos temas vinculados a las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe que ocuparon los diferentes y no siempre coincidentes comentarios y preguntas que le realizaron a Tillerson los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si mi información fuera completa, se ratificaría el criterio previamente expre-sado en este ensayo acerca de la existencia de un consenso bipartidista favorable a buena parte de los objetivos generales y específicos, así como a las principales estrategias em-pleadas por la administración de Barack Obama para tratar de “renovar” y“prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas”.

Seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones históricas, las discrepancia que se presentarán en el futuro previsible tanto en el seno de los diversos órganos del poder ejecutivo, como del poder legislativo y de los cada vez más monopolizados medios privados de desinformación masiva estadounidenses, estarán vinculadas a las diferentes percepciones existentes acerca de la eficacia de los conceptos e instrumen-tos empleados por la administración de Barack Obama para garantizar la seguridad imperial de los Estados Unidos y, estrechamente vinculados a ella, los importantes intereses geopolíticos y geoeconómicos de sus clases y sus grupos dominante en el que la exasesora para la Seguridad Nacional del expresidente Barack Obama, Susan Rice, denominó “crucial hemisferio [occidental]” (Rice en Yepe, 2017).

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe (incluida Cuba) que desarrollará el recién inaugurado gobierno temporal

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estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de conti-nuidad con relación a los objetivos generales y específicos, así como a las estrategias desplegadas por su antecesor demócrata. Pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado hardpower (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza, incluso con algunos de sus “socios” y “aliados”, cual es el caso del actual gobierno de México), que el que tuvieron en el gobierno temporal precedente.

Así parecen indicarlo los diversos multimillonarios y exmilitares de alto rango que el actual mandatario ha seleccionado para conformar buena parte de su gabinete. No tengo espacio para mencionarlos y caracterizarlos a todos. Pero me parece importante resaltar los seleccionados para conducir la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, al menos durante el período que abarcan mis anticipaciones. Como ya se indicó, la Secretaría del Departamento Estado le fue encargada a un ex alto ejecutivo de la EXXOM-Mobil Oil Company, empresa petrolera que tuvo varios conflictos con los sucesivos gobiernos de la Republica Bolivariana de Venezuela. En-tre ellos, los causados por sus exploraciones en la zona económica marítima que aun está en litigio entre ese país y la Republica Cooperativa de Guyana.

A su vez, como Consejero de Seguridad Nacional, Trump designó al “islamfóbi-co” y prosionista teniente general retirado Michael Flynn. Si finalmente el Senado le concede la licencia necesaria, la secretaría del Departamento de Defensa será ocupa-da por el general retirado James Mattis, quien –luego de su participación destacada en las sangrientas Guerras del Golfo (1991), de Afganistán (2001) y de Irak (a partir de 2003)– fue separado de las Fuerzas Armadas estadounidenses por oponerse a los cambios que había introducido la administración de Barack Obama en su proyección político-militar hacia el Medio Oriente y el Golfo arábigo-pérsico.

Por otra parte, la Secretaría del HSD (también si el Senado lo autoriza) será asu-mida por el exjefe del SOUTHCOM (2011-2015), el almirante retirado John Kelly, quien, entre otras acciones desplegadas contra los pueblos y las naciones de Nuestra América, fue uno de los coordinadores de toda la ayuda militar que le ofreció Estados Unidos a las represivas fuerzas militares colombianas durante los ultimos años de la primera y los primeros de la segunda administración de Barack Obama. Asimismo, uno de los instigadores de la ya referida directiva de Barack Obama que calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y a


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la seguridad nacional de los Estados Unidos”, así como el organizador de la también mencionada Venezuela Freedom 1 Operation iniciada en 2015.

Adicionalmente, la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) le fue encomendada al exmilitar y exintegrante del Comité de Inte-ligencia del Congreso, Mike Pompeo, miembro destacado del ultraconservador Tea Party y, por tanto, hostil al incumplido propósito de Barack Obama de cerrar la pri-sión enclavada en la mal llamada Base Naval de Guantánamo y partidario de derogar los acuerdos establecidos entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, en 2015.

No obstante, como indiqué en la introducción de este ensayo, el escenario reseña-do al comienzo de estas conclusiones no es el unico posible. Por consiguiente, podrían configurarse otros escenarios alternos a partir de las acciones reactivas, pre-activas y proactivas que emprenderán los diversos actores sociales y políticos, estatales y no es-tatales, canadienses, estadounidenses, latinoamericanos y caribeños que han recibido con una enorme preocupación la elección de Donald Trump, así como rechazado sus posiciones racistas, xenofóbicas, misóginas, homofóbicas, reacias a cumplir los acuer-dos adoptados en la Cumbre de Paris para contener el cambio climático, al igual que los adelantos que ese mandatario ha realizado sobre algunos de los componentes de las políticas internas y externas que desarrollará durante su administración.

Sin embargo, en mi consideración, todos esos actores sociales, políticos e intelec-tuales, gubernamentales o no gubernamentales, deben prepararse para enfrentar “los peores escenarios” y, por tanto, para contrarrestar –mediante acciones proactivas y, en lo posible, concertadas– las redobladas amenazas que ese gobierno temporal esta-dounidense les planteará a los pueblos, las naciones y a algunos de los gobiernos de Nuestra América. En ese contexto recobra toda su vigencia y nuevos significados lo planteado en 1891 por José Martí:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tunden y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes (Martí [1891], 1974: 22).

La Habana, 20 de enero de 2017

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Pablo Guadarrama González Doctor en Filosofía de la Universidad de Leipzig. Doctor en Ciencias,

Cuba. Doctor Honoris Causa en Educación, Perú. Profesor de Mérito de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba. Actual-mente es profesor en la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos y

en la Maestría Internacional en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Colombia en convenio con la Università degli Studi di Salerno.

El neoliberalismo ante los derechos humanos y la democracia

A la hora de estudiar las posturas del neoliberalismo ante los derechos huma-nos y la democracia resulta imprescindible partir del análisis sobre sus raíces filosóficas e ideológicas construidas durante la modernidad a partir del libe-

ralismo, pero sin que esto signifique que mantengan todos y cada uno de los rasgos que caracterizan a este ultimo.

Aunque la idea de libertad aparece entre las más ancestrales expresiones de la civilización humana, del mismo modo que existen pruebas del antiquísimo conflic-to desde las primeras reflexiones filosóficas que surgieron en diversas culturas del mundo entre las concepciones humanistas y las alienantes, no hay dudas de que la elaboración teórica ‒especialmente en su expresión jurídica y política‒ más profunda del concepto de libertad y sus mayores pretensiones de realización práctica han sido una conquista de la modernidad.

Del mismo modo, las conquistas democráticas han sido paulatinamente alcan-zadas desde las primeras manifestaciones de la civilización hasta nuestros días, y en distintas regiones del orbe, pero nadie debe negar que la aceleración que le imprime la cultura occidental al proceso civilizatorio ha sido tan significativa que en ocasio-


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nes se le hiperboliza1 y se ha llegado también a considerar incorrectamente que la democracia, lo mismo en su realización práctica que en su desarrollo teórico, ha sido patrimonio exclusivo del capitalismo y de la sociedad burguesa. Lo que hoy se conoce como derechos humanos fueron, y siguen siendo, los derechos reconocidos al ciuda-dano por las revoluciones modernas.

Hace apenas medio siglo más de la mitad de los habitantes del planeta carecía formalmente de derechos humanos, o sólo los poseía de manera limitada. Los ha-bitantes de las colonias, que entonces se extendían por casi toda África y partes de América y Asia, estaban someti dos a un estatus de dominación y, por lo tanto, eran apolides. Pero en las propias metrópolis grandes seg mentos de la población se veían despojados de los más importantes derechos, sólo reconocidos a grupos privilegia-dos. La discriminación por motivos econó micos, raciales, de sexo, religiosos o de otra índole operaba así al interior de los poderosos Estados nacionales, limitando los derechos de sus propios ciudadanos. Los derechos humanos, como sostenía Hannah Arendt, se constituyen, y se destruyen, políticamen te: “unicamente la pérdida de la comunidad política es lo que puede expulsar al hombre de la humanidad”2. Claro que los derechos humanos no pueden ser limitados al “imperio de la ley”, ni a ningun tipo de formalismo jurídico: La ciudadanía misma es, ante todo, una condición po-lítica. De ahí que cuando se habla de las revoluciones modernas no se debe restringir este concepto a las tres o cuatro revoluciones burguesas clásicas, como suele hacerse. Muchos países accedieron a la modernidad por caminos muy diferentes a los de los casos paradig máticos que cuenta la historia europea y nortea mericana. Los ideales y valores que se forjaron en aquellos procesos históricos no pueden ser descono cidos

1 “En realidad, asumir que desde 1500 Europa tiene que civilizar el mundo es un gesto paradójico y altamente etnocéntrico, cuando otras civilizaciones (como la china, india, islámica, india, azteca, maya) habían permanecido, por decirlo, durante siglos, antes de que un grupo de comunidades de bárbaros venidos a más empezara a postularse a sí mismo como un nuevo centro del mundo, en nombre del cristianismo y de Europa”. W. Mignolo (1999). “Pensar en los intersticios. Teoría y práctica de la crítica postcolonial”. Castro-Gómez, S. y otros. (Editores). Pensar. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, p. 54.

2 Véase: N. Lechner (1988). “Los derechos humanos como catego ría política”. En: Derechos humanos en América Latina, temas y debates. Quito: Ediciones Culturales LJNP-ALDIU, p. 85. Este punto fue discutido en el suplemento de El País: “Temas de nuestra época”, Madrid, 15 de julio de 1993, por Diorgio Agam tiem, Jürgen Habermas y Fernando Savater, tomando como base el problema que representa para la identidad política la intensifi cación de los procesos migratorios y de refugio y exilio de los últimos años.

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Pablo Guadarrama González, El neoliberalismo ante los derechos humanos y la democracia

en aras de una definición unívoca y restrictiva de lo moderno. ¿Es que acaso no fue moderna la Revolu ción de Octubre en la Rusia de 1917? ¿No lo fue también la Revo-lución China de 1949?

No se debe impugnar el concepto mismo de universalidad de los derechos hu-manos, sino la manera metafísica de entenderlos, esto es, las interpretaciones supra-empíricas y especulativas. En rigor, la polémica internacional acerca de los derechos humanos no gira sobre la letra de los pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas, sino alrededor de su interpretación por las grandes potencias y su uso como instrumento de confrontación y extorsión. Quizás nada muestre con más claridad la esencia política de los derechos hu manos que la dinámica de su uso manipulado en la escena internacional.

Al referirse al carácter formal y, en definitiva, utópico que posee el modo en que se plantean los derechos humanos, Miguel Giusti sostiene: “Por el carácter formal que poseen, los derechos humanos son como los principios del liberalismo: tienen vigen-cia plena sólo en condiciones ideales de igualdad y bajo el supuesto de que las reglas de juego sean compartidas por todos. Por eso justamente los teóricos de los derechos humanos han sostenido siempre que es preciso, ya que no partir de, al menos llegar a, una situación utópica de ciudadanía mundial o cosmopolita, en la que todos los seres humanos puedan ajustarse a un mismo sistema de reglas de acción. Pero ésa es natu-ralmente sólo una utopía. En el mundo real, en el que se produce por lo demás aque-lla contradicción entre la moralidad y la positividad de los derechos fundamentales, las condiciones de partida han sido y siguen siendo de desigualdad, de asimetría. La distribución de los bienes, de la riqueza, de las oportunidades y, sobre todo, de las decisiones económicas y políticas, es asimismo notoriamente desigual, y las reglas de juego vigentes no parecen sino perpetuar este orden, o este desorden, internacional”3.

Ahora bien el hecho de que los derechos humanos y la democracia puedan ser considerados una utopía, no abstracta, sino concreta, no debe en modo algunos sig-nificar que se debe subestimar la lucha por alcanzarles. En definitiva, al igual que otros horizontes físicos o espirituales, la circunstancia de que se alejen en la misma medida en que nos dirigimos hacia ellos, no significa que no se avance en relación con el punto de partida. El humanismo práctico puede parecer también algo utópico para muchos, pero todo dependerá del punto de partida. En el caso de la historia

3 M. Giusti. “Los derechos humanos en un contexto intercultural”. http://www.oei.es/valores2/giusti2.htm


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sociopolítica latinoamericana, si se toma como referencia el despiadado proceso de la conquista y colonización tan distante de cualquier forma de humanismo, los logros alcanzados en la dignificación de los indígenas y africanos esclavizados durante la lu-cha independentista y la posterior vida republicana sin duda que son extraordinarios pasos de avances en el proceso civilizatorio y de tránsito hacia formas superiores de humanismo práctico.

En el mundo de hoy, como en todos los tiempos pasados, sólo la pertenencia a una comunidad política libre e independiente puede garantizar la aspira ción a una sociedad mejor, a la busqueda intermi nable de lo imposible: la sociedad perfecta.

En verdad, cuando se pretende circunscribir el ejercicio de la democracia y de las libertades político-sociales que plantean los derechos humanos a la modernidad y fundamentalmente a la época de las luchas de la burguesía frente al feudalismo, se es injusto con algunas expresiones culturales de otras épocas y regiones del mundo, que también desarrollaron valiosas prácticas e ideas democráticas.

Tales interpretaciones maniqueas de la historia han pretendido concebir el triun-fo del capitalismo respecto a las sociedades anteriores en términos de blanco y negro, sin prestar debida atención a las distintas tonalidades de grises que median entre esta sociedad y las formaciones socioeconómicas anteriores.

Se ignora o subestima que la proclamada sociedad “moderna” y “civilizada” restableció las formas más crueles de esclavitud, y discriminación racial, poniendo de ese modo en entredicho la proclamada democracia y las libertades burguesas para una considerable parte de la población esclavizada, que incluso en algunos países y momentos llegó a constituir peligrosamente mayoría. También usualmente se opaca que en el feudalismo, con relación a la sociedad esclavista anterior, se alcanzaron algunas prerrogativas para los campesinos, siervos, artesanos, funcionarios, etc.

La burguesía en su ascenso vertiginoso necesitaba forjar con solidez las bases ideo-lógicas de sus transformaciones y posteriormente de su triunfo revolucionario, y mu-chos pensadores de la nueva época se dedicaron a lograr la consolidación del aparato teórico y filosófico del liberalismo que debía sustentarle. Algo muy distinto sucede en la actualidad respecto al papel de la filosofía en tiempos de globalización posmo-derna. A juicio de Paul Ravelo: “Así las cosas en la media en que la densa y plural red del capitalismo contemporáneo se autoafirma como historicidad del desastre, de ella se dice que no es ya pensable por la filosofía pues ya no funciona ni con capacidad de

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argumentación de cognición, ni con criterio regulativo de prescripción ética. Hay ya factibilidad pero no criterios universales de validez de tipo cognitivo-moral”4.

Ahora bien, la filosofía moderna había ido gestando en el plano epistemológico y ético una serie de concepciones que facilitarían el posterior desarrollo de los crite-rios sociopolíticos e ideológicos del liberalismo. En ese proceso, la intelectualidad latinoamericana también contribuyó activamente, y en modo alguno fue una pasiva receptora de las concepciones que gestaban en Europa. Las demandas de transforma-ciones políticas y sociales que el dominio colonial ibérico al igual que el británico, para el caso de las colonias norteamericanas, exigían, lograron que se cultivaran ideas democráticas y de los derechos humanos acordes a las urgencias del proceso indepen-dentista de este continente.

Si no se hubiera producido con antelación los descubrimientos de la trascendencia de la subjetividad, de la capacidad racional humana, de la relativa igualdad entre los hombres, del culto a la libertad en todos los planos de la actividad humana, inclu-yendo lógicamente hasta la libertad de creencias religiosas, etc., difícilmente hubiese podido el liberalismo cristalizar en un coherente aparato de sustentación ideológica de las bases económicas y políticas de la sociedad capitalista.

Cuando Descartes sostenía que “nunca he creído que mi espíritu es más perfecto que el del vulgo y con frecuencia he llegado a desear para mi espíritu cualidades que en otros he observado: rapidez en el pensamiento, imaginación clara y distinta, memoria firme y extensa”5, estaba sentando en el siglo XVII algunas de las bases para la consideración, en algun modo, de la igualdad humana y de las posibilidades que debían otorgárseles a todos, especialmente a través de la educación, para el libre desarrollo de sus potencialidades personales.

En esa misma temprana época de la sociedad burguesa, los fundamentos polí-ticos del liberalismo encontrarían un fuerte antecedente en la concepción sobre los fines del Estado de Spinoza6. Era lógico que sus ideas tan precoces en una época tan

4 P. Ravelo (2004). La filosofía en la era del capitalismo mundial. La Habana: Ciencias Sociales, p. 47.

5 R. Descartes (1971). “Discurso del método”. En: Obras de Renato Descartes. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, p. 4.

6 “De los fundamentos del Estado, anteriormente explicados se sigue, con toda evidencia, que su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino, por el contrario, liberarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado,


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temprana del desarrollo del capitalismo resultaran para el poder dominante muy peligrosas y por tal consideración fueran censuradas.

Del mismo modo, cuando Rousseau planteaba que “no es, pues, tanto el entendi-miento lo que establece entre los animales y el hombre la distinción específica, sino su calidad de agente libre”7, establecía la condición de la libertad como condición básica de la existencia humana. Aunque en otro momento se lamentaba de que “el hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás”8. Con esta decla-ración, el liberalismo podría alimentarse posteriormente, sin percatarse del doble filo de la misma. Por esa razón en él se alimentó el espíritu revolucionario jacobino y el ilustrado se tornó ideológicamente revoltoso.

Las bases filosóficas e ideológicas del neoliberalismo lógicamente descansan sobre los pilares del liberalismo ‒pero, como sostiene Ricardo Sánchez Ángel, “El neoliberalismo nuestro no es un retorno al liberalismo clásico. En verdad, cumple una vigorosa función intervencionista a favor de la acumulación privada nacional y transnacional”9‒, que se fue consolidando tanto política como jurídicamente du-rante la irrupción de la modernidad, segun las cuales el eje central y primordial de la sociedad es el individuo, el cual debe salvaguardarse por encima de cualquier otra entidad, aun cuando esta presuma representarlo como Estado, partido, clase social, Iglesia, etc. Se parte del presupuesto de que la libertad individual debe ser protegida esencialmente para salvaguardar el derecho a la propiedad privada y que esta pueda someterse a las “libres” relaciones de la economía de mercado10.

repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma (mens) y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad”. B. P. Spinoza (1986). Tratado teológico político. Madrid: Alianza editorial, pp. 410-411.

7 J.J. Rousseau (1973). “¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? ¿Ella está autorizada por la ley natural? En: Obras escogidas de Juan Jacobo Rousseau. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, p. 538.

8 J.J. Rousseau. “El contrato social o principios de derecho político”. Ibíd., p. 605.9 R. Sánchez Ángel (2001). Crítica y alternativa. Las izquierdas en Colombia, Bogotá:

Editorial La Rosa Roja, p. 41.10 “Los neoliberales totalizan el mercado y lo ven como “societas perfectas” sin

restricciones. Reproducen toda política a una aplicación de técnicas de mercado y renuncian a la búsqueda de compromisos. Dejan de negociar para imponer. El

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Entre los presupuestos filosóficos básicos del neoliberalismo está el controvertido individualismo11 ‒que se encuentra en indisoluble conflicto con la condición huma-na por el carácter eminentemente social de este ultimo concepto12‒ y el darwinismo social que ha intentado justificar el dominio de unos pueblos sobre otros, unas cla-ses sociales sobre otras, unas etnias sobre otras. Aun cuando estas teorías racistas y

lema central se puede resumir así: a fallas del mercado, más mercado. Las fallas nunca son del mercado, sino son resultados de distorsiones que el mercado sufre. En consecuencia en la visión neoliberal las fallas del mercado se corrigen con más mercado”. F. Hinkelammert. “La publicidad neoliberal está impidiendo formar opinión pública en la sociedad”. Arellano Ortiz, F. Editor (2005). Las fronteras no existen. Por la integración latinoamericana. Quito: Editorial Aya-yala, p. 43.

11 “Si es difícil definir el liberalismo, incluso ateniéndose únicamente al liberalismo político, hay al menos una propiedad que le es constitutiva: el individualismo, entendido como una posición según la cual juzgar sobre la legitimidad del poder y determinar su extensión pertenece en última instancia a los individuos. Que los individuos sean los jue ces, e incluso quienes instituyen el poder que se ejerce sobre ellos, presupone el abandono de toda referencia a un poder espiritual imponiendo la norma de lo que se debe creer; este abandono no es posible en sí mismo, sino porque la razón individual se considera como idéntica a la razón pura. El individuo no puede en efecto verse dotado de carga más pesada que la de instituir la sociedad conforme a sus exigencias y a su destino, ya que es considerado como un portador de la razón, única instancia indisociablemente singular en su ubicación y universal en su naturaleza, única instancia, entonces, susceptible de fundar el acuerdo entre los hombres haciendo abstracción de sus particulares lazos de pertenencia. El liberalismo no reconoce el poder sino en la medida en que éste garan tiza un derecho, en el que la igualdad y la libertad son los elementos constitutivos por que formulan jurídicamente la identidad de todos los individuos. También el liberalis mo es por esencia igualitarista, con tal de que la igualdad sea aquella de las libertades individuales, y por ello tiende, espontáneamente, a la eliminación del Estado. El libe-ralismo político sueña con una sociedad sin poder, y para asegurar el cumplimiento de los deberes basta en teoría la combinación de los derechos, puesto que el deber resulta automáticamente de la pura reciprocidad de los derechos. También su minimalismo estatal expresa un principio que es en el fondo anarquista, en el sentido de que instituye la soberanía máxima de cada uno sobre sí. Es decir, que desde el punto de vista político el liberalismo articula al individuo, y al pueblo entendido como la suma total de los individuos, operándose la relación de uno con otro a través de la voluntad. Desde un punto de vista social el liberalismo piensa el todo como el resultado de los intereses de cada uno; lo político y lo social se piensan entonces como la forma del derecho. Si uno se atiene a estos rasgos elementales, es manifiesto que la tesis contrarrevolucionaria afirma contra el liberalismo no solamente que en su teoría faltan el individuo, la sociedad y, en este sentido, la política, sino también que su puesta en práctica los destruye a todos”. Gerardo López y Vicente Vidarte (2010). Cosmopolitismo y nacionalismo. Valencia: Universitat de Valencia, p. 126.

12 Véase: O. Guadarrama (Coordinador General). “El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana”. www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/


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elitistas han sido debidamente criticadas, no solo por marxistas o intelectuales de izquierda, sino también desde otras perspectivas filosóficas e ideológicas mucho más racionales y humanistas, el neoliberalismo parece quedarse rezagado en sus argumen-taciones13, pues se avienen mejor tales teorías a sus intereses.

Segun Marcos de Roio: “El llama do neoliberalismo se refiere particular mente a la reorganización del mundo de la producción y a la mundialización de los indivi-duos en lucha en el mercado, que pasa a ser la unica representación universalizante. El resultado de esa reor ganización de la producción del capital es no solo colocar en crisis la “escolástica” marxista, sino también dejar a la defensi va y sin sustentación a la teoría liberal de la democracia, ambas concepciones posi tivas del Estado. La rever-sión negativa del Estado dentro de la tradición liberal su giere un mundo de regreso al hobbesiano estado de naturaleza. Dentro de la tradi ción marxista, sin embargo, debe signifi car un renacimiento del marxismo clásico, teniendo en vista el abatimiento de este mundo que realiza, bajo la envoltura de la ideología liberal, el imperio universal del Occidente y del capital”14.

Por el hecho de que llevar a la práctica consecuentemente los postulados neolibe-rales conduciría a establecer en la sociedad leyes propias de la jungla es que algunos autores consideran que nunca se ha podido ni se podrá implantar el neoliberalismo de manera completa, ya que las enormes explosiones sociales obligarían a los gober-nantes a retroceder en sus antisociales medidas. Este es el criterio de Helio Jaguaribe: “El neoliberalismo radical es una formu lación ideológica que no ha sido aplicada integralmente por ningun país y en la práctica tampoco es completa mente aplicable. Las sociedades requieren una interven ción estatal significativamente superior a la que admite la ideología neoliberal, tanto para mantener el equilibrio del mercado evitando las crisis cíclicas, como para impedir intolerables desigualdades sociales y

13 “Los neoliberales viven en el siglo XIX, pues creen en la supervivencia del más fuerte y están convencidos de las ventajas de la competencia y la guerra. Los neoliberales se horrorizarían de ser tildados de marxistas, pero sus políticas provocan que la lucha de clases sea crucial e inevitable. De hecho, el futuro que están creando para todos no está basado tanto en sobrevivir a la explotación, sino en tratar de sobrevivir y punto.” S. George. “Otro mundo es posible. El movimiento de los ciudadanos del mundo”. En: S. George, S. Nair, I. Ramonet y T. Todorov (2005). Frente a la razón del más fuerte. Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 26-27.

14 Marcos de Roio (2001). “Estado y democracia en el marxismo”. En: Marx ahora. Revista internacional, La Habana, N.° 12, p. 67.

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la pobreza extrema de amplios sectores”15. Sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado en las ultimas décadas que aunque no ha sido aplicado en una forma totalmente radical ‒nada más parecido a tal tipo de aplicación se apreció desde las políticas de Thatcher y Reagan, o desde las que se implantaron en Chile por parte de la dictadura de Pinochet, o las que se han mantenido en Peru, México y Colombia, entre otros países, y ahora parecen regresar a Argentina y Venezuela‒, resulta paradó-jico que lo hayan hecho gobiernos proteccionistas actuando desde el Estado a favor de las empresas privadas16.

Las contradicciones que existen en el discurso neoliberal y la práctica real son marcadas. “Todo esto nos hace pensar que el llamado neoliberalismo actual es en rea-lidad poco liberal, no en la doctrina pero si en los resultados prácticos y, más allá de esto, que el debate entre neoliberalismo e intervencionismo estatal está mal encarado, pues se deja llevar más por los discursos filosóficos que por una observación de lo que realmente está sucediendo. Si esta observación del acontecer empírico se lleva a cabo, no hay duda de que se ha producido un empuje liberal evidenciado por el desmante-lamiento de buena parte de las regulaciones estatales antes existentes y por la apertura de las economías nacionales al mercado mundial. Pero, como contrapartida, muchas de las modalidades con cretas de estas aperturas no coinciden con una visión estricta-mente liberal o neoliberal, que preconizaría la fórmula del mercado como mecanismo preferencial regulatorio de la asignación de recursos. En la práctica de los gobiernos latinoamericanos que se han adherido a las llamadas políticas neoliberales, las regu-laciones estatales de la economía han seguido siendo muy importantes ‒con relativas excepciones, como la de Chile bajo el gobierno de Pinochet. Para un neoliberal que se precie, la mejor solución para el intercambio no sería un tratado de libre comercio, sino la apertura comercial unilateral; no sería hacer un programa gubernamental de

15 Helio Jaguaribe. “Experiencias y perspectivas del desarrollo”. En: Colectivo de autores (1992). Los grandes cambios de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina y México. Vol. II. Las Américas en el horizonte del cambio. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, p. 51.

16 “Casi todas las sociedades industriales se han vuelto más proteccionistas en los últimos años, casi nadie supera a los reaganistas”. Noam Chomsky (1996). Como se reparte la tarta. Políticas USA al final del milenio. Barcelona: Icaria Mas Madera, pp. 38-39.


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asistencia a los pobres, sino dejar que la sociedad, por la vía de mecanismos empresa-riales o de otro tipo, se encargara de la filantropía17”.

Por otro lado, el excesivo individualismo conduce al neoliberalismo a la postura de tratar de desconocer el papel de la solidaridad humana. Ante esa postura, Spencer convocaría a un egoaltruismo que permitiese a la especie humana sobrevivir y evolu-cionar en lugar de que unos individuos devoren a los demás, como en ciertas especies animales.

El neoliberalismo trata por lo regular de salvaguardar los intereses individuales en detrimento de los colectivos. Al respecto Ana Luisa Guerrero plantea que: “Por ello, las propuestas neoliberales sostienen que los derechos humanos tienen asignado un sujeto facultado para ejercerlos jurídicamente, y que éste es además depositario de la dignidad humana, al asumir que este concepto jurídico es compatible con todas las formas de derechos humanos, y de este modo no se tiene que apelar a la clase social, sino al individuo pobre o rico, proletario o burgués. De igual modo, no se considera al colectivo o minorías, sino al individuo indio, se asegura así que la unica vía de entrada a los derechos humanos sea siempre el individuo”18.

Prácticamente desde que a mediados del siglo XVIII algunos ilustrados france-ses consideraron que en la historia la lucha de clases constituía uno de los móviles principales del desarrollo histórico y, posteriormente, Marx y Engels hicieron suya esta significativa tesis, ha sido considerada en el mejor de los casos inexacta, mesiá-nica o falsa. Cuando se ha hiperbolizado su papel, ignorando o subestimando el de otros factores, esto ha dado lugar a tergiversaciones en los análisis, oportunamente criticados por Lenin con la calificación de sociologismo vulgar. Pero el otro extremo del asunto es cuando inutilmente se pretende ignorar la significación del papel de la lucha de clases en cualquier análisis social, al postularse propuestas de corte román-tico, voluntarista o elitista.

Sostener que la lucha de clases ha desempeñado un protagónico papel en la con-formación y perfeccionamiento de la democracia y los derechos humanos puede pa-recer para algunos una nimiedad, pero en verdad no debe serlo.

17 G. Varela. “Liberalismo e intervencionismo estatal”. En: Silvia Dutrenit, Leonardo Valdés (coordinadores) (1994). El fin de siglo y los partidos políticos en América latina. Iztapalapa: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, p. 120.

18 A. L. Guerrero. “Derechos humanos y ciudadanía en América Latina”. Latinoamérica. México: UNAM. N.° 51, 2010/2, p. 121.

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La investigadora mexicana plantea posteriormente sobre el mismo asunto: “Por lo tanto, el individualismo en el sentido anterior puede dar sustento a la proclama-ción de que los derechos humanos son un bloque sagrado de principios universales y fundados en una ética individualista. Tesis que conduce a actitudes teórico-políticas que generalizan una situación humana, para esencializarla y proponerla como una condición universal de todos los humanos. Por mi parte, no comparto la perspectiva de una teoría de los derechos humanos sin realidad circunstancial, pienso que las filo-sofías éticas sin moral, o en términos absolutos o, bien, la teoría política sin contexto histórico son estériles elucubraciones para comprenderlas e interpretarlas, por ejem-plo, se ven impedidas para observar que no todos los individuos o grupos comparten por igual las mismas cualidades de ciudadanía en el sentido más amplio; tampoco se puede acceder al hecho de que la ciudadanía no es adscrita a un gran sector de la humanidad, y que no por ello los derechos humanos le deben ser negados”19.

La ideología neoliberal mantiene una contradictoria relación entre el mercado y el Estado, pues si bien por una parte aspira a que el Estado no interfiera en el “libre” desarrollo de la economía, a la vez presupone y propugna una necesaria protección estatal a las actividades mercantiles. “En la visión más restringida el neoliberalismo ‒segun Jaime Osorio‒ es una política económica, es decir, un conjunto de instru-mentos que maneja el Estado para intervenir en la economía. La política económica neoliberal descansa en dos supuestos elementales: el dinamismo intrínseco del sector privado como agente de desarrollo y la incuestionable eficacia del mercado, en tanto funcione libre de controles estatales”20. Pero este ultimo hecho no significa que el Estado no proteja el desarrollo del mercado; por el contrario, el neoliberalismo no puede en modo alguno prescindir del Estado pues este le permite camuflajear como universales los intereses particulares de unas minorías económicamente dominantes.

Como sugiere Ernesto Molina: “Los teóricos neoliberales han cues tionado el papel positivo del Estado en el desarrollo de la propiedad capitalista, cuando sabe-mos que es solo retórica, pues en los hechos, argumentan a favor de la regulación económica estatal. Llama la atención que de una supuesta “izquierda” surja también

19 Ibíd., p. 124.20 J. Osorio. “Neoliberalismo y globalización: notas para una demarcación de fronteras

y de políticas alternativas”. En: H. Dilla, H., M. Monereo, M. y Juan Valdés Paz (1995). Alternativas de izquierda al neoliberalismo. Madrid: Ediciones CEA, pp. 87-88.


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el ataque al papel del Estado en la realización de la propiedad socialista”21. De manera que resulta impensable el desarrollo del capitalismo de una forma u otra al margen de un fortalecimiento del papel del Estado.

Si en verdad la ley de la oferta y la demanda hubiera funcionado de una forma absolutamente libre, sin algun tipo de protección, mediación o incluso intervención del Estado, la omnipotente maquinaria del mercado hubiese destrozado a tirios y troyanos.

Es algo reconocido fehacientemente que, como plantea Julio Carranza, “De he-cho, el capitalismo ha sido viable, a pesar de sus contradicciones, precisamente por-que no ha funcionado a partir de la regulación exclusiva del mercado. La hege monía del mercado ha sido indiscutible, pero la historia de la economía capitalista revela la existencia de un papel activo del Estado en los asuntos económicos para corregir y complementar la acción del mercado, incluyendo el te rreno de la redistribución del ingreso. La existencia de «grados de reemplazo» entre la acción estatal y el mercado es una característica evidente y sufi cientemente documentada del funcionamiento de la economía capitalista”22.

En relación a este tema, Elvira Concheiro argumenta que: “El neoliberalismo es un ajuste de cuentas con el estatismo y también con el cooperativismo y otras formas de economía social, así como mecanismos que podríamos denominar duros de la re-distribución del ingreso. Los objetivos del neoliberalismo son, en esencia, los mismos que los de viejo liberalismo, pero el problema ya no es el de liquidar los privilegios, alcabalas internas, fueros, propiedades en manos muertas y otras instituciones del viejo régimen feudal y de los Estados-nación que de aquel se heredaron; la cuestión es ahora derrotar al Estado social, en cualquier forma en que se presente y funcione”23.

En el caso de México esta investigadora argumenta de qué modo se ha establecido una fusión entre el Estado y el Partido Revolucionario Institucional que ha goberna-do el país la mayor parte de las ultimas décadas24.

21 E. Molina (2012). “Estado, violencia y socialismo: una aproximación”. En: Marx ahora. Revista internacional, La Habana, N.° 33, p. 75.

22 J. Carranza, Luis Gutiérrez, Pedro Monreal (1995). “Cuba: Reestructuración económica, socialismo y mercado”. En: Temas. Cultura ideología y sociedad, número 1, p. 30.

23 E. Concheiro Bórquez. “Neoliberalismo: reestructuración del dominio”. En: H. Dilla, M. Monereo y J. Valdés Paz (1995). Alternativas de izquierda al neoliberalismo, Madrid: Ediciones CEA, p. 124.

24 “El programa neoliberal aplicado se ha basado en el predominio de sistema de partido-Estado, (en México) en el cual el Estado es un partido político, no obstante la

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Mientras que a Eduardo Álvarez Puga no le faltan razones para sostener que: “La libertad para los políticos neoliberales, es la libertad primaria de elegir dentro de un sistema de mercado: libertad de los empresarios para competir en la producción de bienes y servicios, libertad de los consumidores de optar entre las mercancías ofre-cidas, libertad de los trabajadores para contratar con sus empleadores las condicio-nes laborales, libertad de las entidades financieras para conceder préstamos y cobrar intereses, en realidad, libertad para vender, enriquecerse y explotar los más fuertes económicamente a los más débiles”25. Tal juicio lo fundamenta en el criterio segun el cual: “(…) la libertad política dentro de un sistema democrático trasciende de los valores mercantiles ya que persigue elevar al subdito a la condición de ciudadano capaz de decidir el destino colectivo de la colectividad a la que pertenece. La pala-bra «libertad» tiene también una dimensión esencialmente personal e individual que afecta a nuestra propia identidad. Libertad, en síntesis, consiste en la capacidad del ser humano para la elección autónoma de los fines y de los medios que considera más adecuados para alcanzarlos. Toda persona lucha en la vida por su autorrealización plena, tanto material como espiritual. Persigue su liberación económica, política y social. Solamente somos responsables de nuestros actos en cuanto somos libres en nuestras decisiones”26.

Los conceptos y derechos de igualdad y libertad son bien manipulados en el neoliberalismo, pues todos tratan de hacer creer que todos están protegidos en sus “libres” posibilidades de enriquecerse, y en particular los bancos con sus ofertas de préstamos seducen a muchos ingenuos que caen en sus cautivadoras redes de endeu-damiento perenne, que muchas veces terminan con la pérdida de los bienes hipoteca-dos en beneficio de los acreedores.

El problema radica en que el poder de convicción que utilizan permite cautivar a muchos para los que, cuando se percatan de su lamentable situación, ya es tarde para salir de sus deudas. Así funciona el totalitarismo financiero, por un lado, y el totali-tarismo político que trata de imponer el criterio, segun el cual fuera de los partidos

existencia de otros partidos. Basta con que la jefatura del partido-Estado cambie de manos y la buena burocracia admita el cartabón neoliberal para que éste se aplique tan profundamente como la vaya decidiendo el presidente de la República”. Ibíd., p. 130.

25 Eduardo Álvarez Puga (2005). Abajo la democracia. Barcelona: Ediciones B, p. 366.26 Ibíd., p. 367.


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tradicionales, conservadores o liberales, resulta imposible realizar cualquier tipo de cambio social.

Tanto uno como otro poder, el financiero y el politiquero, al cual no se le debe considerar seriamente político, utilizan más los instrumentos de cooptación sublimi-nales que los propiamente científicos y racionales. Saben muy bien que los sectores populares son fácilmente manipulables cuando se saben utilizar en el nivel de sus voluntades, deseos y aspiraciones, en el cual son más efectivos los instrumentos irra-cionales que los racionales.

La mayoría de los que analizan el tema de la democracia consideran que esta pre-supone la inclusión y no la exclusión, pero para lograrlo debe existir un elemental nivel de igualdad, aun cuando esta sea en cierto modo formal. Es muy difícil que pueda considerarse a una sociedad como democrática cuando existen mendigos, analfabe-tos y marginados en general, que son rechazados por algunos miembros de sectores elitistas de la población, pero también por parte de miembros de la clase media. De manera que resulta válido el planteamiento de Carlos Vilas, segun el cual: “Es sabido que la reestructuración económica emprendida en años recientes, el crecimiento de la pobreza y la agudización de las de sigualdades sociales han tenido fuerte impacto en la política de la re gión y, en particular, en la consolidación de regímenes democráticos. Como quiera que se la defina, la democracia es un conjunto de in clusión. Sea que se la conceptualice mínimamente como competencia electoral por las posiciones de go-bierno; de manera más amplia como un régimen de garantías y derechos políticos que incluye el procedimiento electoral; o como un conjunto de “derechos sociales” además de los de tipo político, la democracia implica siempre un sistema de integración. Esa integración se apoya en formas variadas de participación en algo que se considera comun, de todos: la re publica, en su acepción más literal de res publica o “cosa de todos”, el commonwealth de los británicos. Al contrario, la pobreza implica exclusión y desigualdad. La idea de que la patria es de todos ‒y de todas‒ no funciona cuando existe la evidencia de que tiene dueños. Cuanto mayor la polarización so cial, menor el sentimiento de comunidad”27.

27 C. Vilas. “Entre la democracia y el neoliberalismo: los caudillos electorales de la postmodernidad”. Silvia Dutrenit, Leonardo Valdés (coord.) (1994). El fin de siglo y los partidos políticos en América latina. Iztapalapa: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, p.326.

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Si la sociedad contemporánea continua abriendo el abismo de las desigualdades sociales, como parece suceder en algunos países, difícilmente la democracia podrá en-contrar un terreno favorable para su cultivo. La democracia solo puede hacerse efectiva en aquellas sociedades que experimenten formas prácticas de humanismo concreto, especialmente en el acceso al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la alimen-tación, etc., como derechos fundamentales; los demás derechos, como elegir o ser elegido, reunirse, expresarse publicamente, etc., solo son posibles si los anteriores están asegurados.

Otra cuestión de suma importancia en la valoración del alcance y la limitaciones que tienen los derechos humanos y la democracia es la relación con los mecanismos de su divulgación y promoción, que les posibilita tratar de convertir a los presupuestos de la democracia liberal, a sus ideólogos, como la unica forma genuina de democracia y, por tanto, la que definitivamente debe eternizarse al final de la historia. Esta tesis hace algunos años la proponía Francis Fukuyama, aunque finalmente reconsideraría sus planteamientos al respecto.

Segun Rafael Miranda López, “El pensamiento neoliberal es heurísticamente im-potente. Re curre al dogma y al mito y lo impone por la fuerza del poder financiero. Justifica, en nombre del pragmatismo, lo que no está en capacidad de explicar científi-camente. Manda al sepulcro a la historia en nombre del futuro justo, no igualitario. La igualdad, cuando se requiere, aparece en el discurso, pero como aspiración clásica de igualdad y de oportunidades no de propiedades y satisfactores. La libertad se postula como una recuperación en contra de las experiencias totalitarias, pero en la práctica se ejerce el autoritarismo abierto o simulado. Sólo el que simula se mueve como pez en el agua”28.

Una interpretación forzada de los fundamentos filosóficos tanto del liberalismo como de su renovación contemporánea podría llevar a pensar que su proclamado indi-vidualismo implica necesariamente desatender cualquier tipo de compromiso y obli-gación social o colectiva. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Los más preclaros pensadores de todos los tiempos, desde Aristóteles con su consideración del hombre como zoon politikon hasta los ilustrados modernos, han insistido siempre en que el

28 R. Miranda López. “Entre mitos te veas: Marx y el neoliberalismo ante el siglo XXI”. En: Camilo Valqui Cachi (coord.) (1995). El pensamiento de Marx en los umbrales del siglo XXI. México: Editorial Comuna, p. 31.


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hombre no es un ser aislado o absolutamente independiente de los demás seres hu-manos29 ni de las distintas formas de organización social que existen en la historia.

Si para algunos ha sido beneficioso estimular la idea de la crisis del humanismo para sentir cierta justificación ante sus actitudes explotadoras y misantrópicas, no toman conciencia de que el cultivo de tales ideas se convierte en un poderoso boome-rang que puede poner en peligro su propia tranquilidad al estimular los actos delicti-vos, el terrorismo y la violencia como “vía” de solución de conflictos.

Nadie puede negar que es un hecho real que algunas de las conquistas en materia de derechos laborales han sido más fácilmente logradas tras largas luchas en los países desarrollados que en los atrasados y que, en muchas ocasiones, fueron producto de las presiones de sindicatos y otras instituciones representativas de los sectores populares a los partidos de derecha que en sus campañas electorales han utilizado y continuan uti-lizando el discurso populista, aunque pretendan atribuírselo solamente a la izquierda30.

Resulta fácil demostrar que muchos derechos a pensión por accidente, enfer-medad, edad, vacaciones, etc., fueron conquistados mucho antes en Europa, y no precisamente en época de gobiernos de izquierda, sino por el contrario en los de Bis-marck en Alemania, Churchill en Inglaterra o Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, con el solo objetivo de evitar mayores explosiones sociales. Y, por supuesto, estas conquistas laborales y sociales se alcanzaron mucho antes que en América Lati-na, África o Asia, en donde aun hay países donde no se han conquistado plenamente.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidos el 16 de diciembre de 1966 protege el derecho de trabajar en condiciones dignas, el derecho a fundar sindicatos, el dere-cho fundamental a estar protegido contra el hambre, y el derecho a la educación. No es difícil percatarse de que tales protecciones, en verdad, ni siquiera son cumplidas

29 “Pero la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es en realidad, el conjunto de las relaciones sociales”. “Tesis sobre Feuerbach.” En: K. Marx y F. Engels (1966). La ideología alemana. La Habana: Editora Revolucionaria, p. 635.

30 “(…) la prédica de la derecha liberal oculta que el populismo ha sido una política burguesa de alianzas policlasistas con las cuales encaró la lucha antioligárquica de las primeras décadas del siglo XX y la modernización capitalista desarrollista que le siguió. El capitalismo actual no admite dichas alianzas con fracciones populares y por eso los neoliberales construyen la leyenda negra del populismo como el horror plebeyo de izquierda al cual anatemizar, como su alter ego, cuando en realidad fueron ellos sus protagonistas directos. Nunca fue una política de izquierda en la región”. B. A. Stolowiccz (2012). A contracorriente de la hegemonía conservadora. Bogotá: Espacio Critico Ediciones, p. 156.

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en los países desarrollados, por lo que mucho menos puede esperarse que se observen entre los de América Latina.

Ya desde el siglo XVIII, en la “Declaración de los derechos del hombre y del ciu-dadano”, proclamada por la Asamblea Nacional de Francia, se expresaba claramente la preocupación porque la realización de tales derechos no implicara una absolutiza-ción de lo individual y, por tanto, algun tipo de indiferencia por las consecuencias sociales de los mismos. Así se plantea en su epígrafe IV: “La libertad política consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los de-rechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que aquellos necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la ley”31. El excesivo individualismo preco-nizado por el neoliberalismo contemporáneo si bien tiene vasos comunicantes con la defensa de la individualidad planteada por el pensamiento liberal anterior, constituye en verdad una extralimitación peligrosa que atenta ideológicamente contra la necesa-ria cohesión social que exige cualquier sociedad civilizada.

Posteriormente, uno de los padres del liberalismo decimonónico, John Stuart Mill, declaraba que “La unica parte de la conducta de todo hombre de que es res-ponsable ante la sociedad, es aquella que se relaciona con los demás. En lo que sólo concierne a él mismo, su independencia debe ser absoluta. Todo individuo es sobera-no sobre sí mismo, así como su cuerpo y su mente”32. O sea, que si bien por un lado establece una soberanía sobre la persona, toma precauciones en que la realización de la misma no implique en modo alguno la afectación de otros. La preocupación por lo social es permanente en este y otros ideólogos del liberalismo33.

Tal vez uno de los rasgos que diferencian al neoliberalismo de su precursor es brindar mucha menor atención a la interdependencia social de los individuos en un

31 “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano por la Asamblea Nacional de Francia”. En: T. Paine (1986). Los derechos del hombre. San José de Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, p. 104.

32 J. Stuart Mill (1965). Sobre la libertad. San José de Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, p. 32.

33 “La propia defensa es el único fin que autoriza a la humanidad, ya sea individual o colectivamente, a intervenir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros; que el poder solo puede ejercerse con todo derecho contra la voluntad de cualquier miembro de una comunidad civilizada, cuando se trata de evitar daños a los demás”. Ibíd. Por supuesto que aunque esta formulación resulta muy abstracta, al menos existe la manifiesta intención de que el individualismo exacerbado no atente contra el conjunto de la colectividad en que se desenvuelve la persona.


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régimen democrático y al valor de los derechos humanos, al pensar de manera ilu-soria que la resultante de la lucha aislada por la supervivencia de los individuos de manera espontánea siempre redundaría en beneficio social, algo que la experiencia histórica en lugar de confirmar ha desmentido y que ha sido reconocido por muchos investigadores.

Debe destacarse que incluso ideólogos del liberalismo decimonónico y cultiva-dores del socialdarwinismo, como Spencer, trataron de encontrar en el meliorismo una fórmula que contribuyera a conformar confianza en la posibilidad de un mejora-miento de las condiciones de vida de los más infortunados a través de la educación, de la atención de las empresas a sus obreros y de los gobiernos a los ciudadanos, aun cuando el filósofo inglés fuese un defensor de las prerrogativas del individuo frente al Estado.

Spencer consideraba que en los primeros estadios de la evolución humana se jus-tificaba el enfrentamiento por la supervivencia entre los individuos, tanto animales como humanos. Mas este hecho era solo comprensible durante una primera etapa ‒pero no de manera permanente en la evolución social‒, y mucho menos lógico resul-taba que debía tender a incrementarse en el futuro. En su lugar, el autor consideraba que la solidaridad y la cooperación caracterizarían el rumbo del progreso humano34. Todo lo contrario propugnan los ideólogos actuales del neoliberalismo, quienes va-ticinan la futura guerra de todos contra todos en la que el cavernícola principio de “sálvese quien pueda” debe encabezar las nuevas constituciones neoliberales.

El neoliberalismo estimula el sentimiento de inseguridad y especialmente enfren-tamiento a todo aquel que pueda constituir un potencial peligro a nuestro bienestar, promueve el odio racial, contra los inmigrantes, los mendigos, los desempleados, etc. y todos aquellos que puedan convertirse en competidores en el mercado laboral. Por esa razón, el neoliberalismo es hostil a cualquier tipo de humanismo, aunque por supuesto a unos más que a otros. Los ideólogos del neoliberalismo pueden utilizar incluso un discurso humanista abstracto que se diluye en etéreas promesas de futuro

34 “Pero el que la lucha –sostenía Spencer, con su optimismo característico– haya sido necesaria, incluso en los seres dotados de sentimiento, no significa que deba existir en todos los tiempos y entre todos los seres. (...) Pero podemos suponer que una vez producidas estas sociedades, (la de las cavernas P.G.) la brutalidad, condición necesaria para su producción desaparecerá y la lucha intersocial, factor indispensable de la evolución de las sociedades, no desempeñará en el porvenir un papel semejante al que tuvo en el pasado”. H. Spencer. Principios de sociología. Revista de Occidente Argentina. Buenos Aires. 1948. T. II, p. 11.

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bienestar cuando la riqueza desborde la copa y lo que sobre caiga sobre los sectores populares. Pero son enemigos de cualquier tipo de humanismo práctico, que impli-que alguna forma de peligro para sus privilegios. Por eso prefieren inculcar el terror y el miedo ante cualquier posible enemigo, para que incluso los sectores pobres vean a otros pobres como sus rivales.

En ese sentido, Ana María Rivadeo plantea: “El terror neoliberal de nuestros días apunta a quebrar la medida comun de lo humano que había logrado construir la hu-manidad a través de organizaciones, derechos, valores, instituciones, prácticas, todo lo que podríamos condensar en los conceptos, las obras y los sueños colectivos de la democracia como soberanía popular efectiva. Por eso, si no elaboramos, pensamos, gritamos, cantamos; si no sancionamos simbólica y prácticamente ese despeñadero, la guerra será tal vez irreversi ble: la guerra contra los pobres, en primer término. Pero también la guerra de los pobres contra otros más pobres. La guerra de los asustados contra los que sobran. Las xenofobias y la multiplicación de los enjaulamientos de to-dos los que sienten que tienen algo que perder, aunque sea nada. La extranjerización, el fuera-de-lugar masivo de todos los otros, que por supuesto somos todos”35.

Por tal motivo caracterizan a los que confían en el humanismo como románticos o ilusos que no se percatan de la naturaleza egoísta y malvada del ser humano. Los sicólogos llaman proyección al proceso segun el cual una persona ve sus propias cualidades y defectos como inherentes a todos los demás. Algo así sucede con los ideólogos del neoliberalismo.

Sin embargo, la historia es testaruda y la trayectoria universal del pensamiento desde la Antigüedad hasta nuestros días36 pone de manifiesto que ha habido una mayor tendencia hacia el humanismo, las ideas democráticas y de defensa de los dere-chos humanos que hacia las concepciones misantrópicas. La mayoría de las ideologías políticas, religiosas, concepciones filosóficas, éticas, jurídicas, han incrementado más su proyección hacia la consideración de lo humano como lo supremo, en lugar de de-nigrar de tal condición. Por supuesto, no dejan de existir excepciones que confirman la regla y no simplemente en el plano de las ideas, pues los campos de concentración nazis constituyeron una prueba muy práctica y real de hasta dónde puede llegar la

35 Ana María Rivadeo. “Violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del terror”. En: Dialéctica, Nueva Época, Año 22, número 31, primavera de 1998, p. 68.

36 Véase: P. Guadarrama (1998). Humanismo, marxismo y postmodernidad. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.


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barbarie de algunas ideologías misantrópicas, elitistas y racistas, como las que en la actualidad parecen reanimarse.

El espíritu de la modernidad tendió mucho más hacia la concepción de que el hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo y, a la vez, merecedor de todos las libertades y los derechos posibles, hasta el punto que su enfoque unilateral condujo a un antropocentrismo cerrado y hostil a la naturaleza, amenazada hoy por la posibilidad de la hecatombe del ecocidio brutal, que la puede conducir al suicidio universal.

El pensamiento ilustrado que sirvió de base al liberalismo se caracterizó por su versatilidad y pluralismo en cuanto a corrientes de pensamiento y posiciones ideoló-gicas. Por tal motivo el liberalismo también propugnó ‒a tono con ese ideal‒ el culto a la individualidad, a la libertad personal, a la creatividad, la diversidad y la riqueza de ideas políticas y jurídicas y, especialmente, a la confianza en el progreso humano37, etc.

Durante mucho tiempo se esgrimió la acusación de que los regímenes socialistas habían aniquilado esa creatividad y pluralismo ideológico e implantaban de forma totalitaria, del mismo modo que los regímenes fascistas, una ideología unica y oficial. Ahora lo contraproducente es que los ideólogos del neoliberalismo se asusten ante el pluralismo ideológico e intentan establecer de forma universal un “pensamiento uni-co”, que no admita la posibilidad de la construcción de un pensamiento alternativo frente a sus concepciones.

El pensamiento clásico del liberalismo intentó fundamentarse en los principios de los derechos humanos, considerados conquistas de la modernidad. Estos derechos ‒además de su carácter político, como libertad de reunión, de palabra, elección, etc.‒, implicaban también otros de carácter económico y social, como el respeto a la pro-piedad privada e, igualmente, los derechos a la educación, la salud, la seguridad, etc.

En este ultimo aspecto se les presentó a los ideólogos del neoliberalismo un serio conflicto. Si bien, por una parte, el Estado benefactor lo había intentado después de las experiencias del socialismo del siglo XX, en las que se dieron pasos significativos

37 “...hay otro aspecto del liberalismo que afianzó mucho la doctrina de la evolución: la creencia en el progreso. Mientras el estado del mundo permitía el optimismo, la evolución fue acogida con entusiasmo por los liberales, tanto por ese motivo como porque daba nuevos argumentos contra la teología ortodoxa. El mismo Marx, aunque sus doctrinas son en algunos aspectos predarwinianas, deseaba dedicar su libro a Darwin”. B. Russell (1995). Historia de la filosofía occidental. Madrid: Espasa Calpe. T.II, p. 344

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en la realización de los principales derechos sociales ‒aun cuando no siempre fuesen debidamente acompañados, por multiples circunstancias, del desarrollo mayor de derechos civiles y políticos‒, ya desde mucho antes de que comenzara a resquebrajarse el Muro de Berlín algunos ideólogos del neoliberalismo habían comenzado a cuestio-narse la pertinencia de los derechos sociales.

Donde mayor impacto han tenido los efectos de las oleadas privatizadora de los servicios publicos, a partir de la concepción de lograr el Estado mínimo, segun Ro-bert Nocik38, ha sido en los países de menor desarrollo, como en de América Latina, con cifras impactantes de deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la pobla-ción39, así como en el incremento en el grado de explotación de sectores marginales y usualmente discriminados, como mujeres, niños e inmigrantes40.

A la hora de analizar el porqué de tales giros ‒significativos y no solo en cuanto a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores‒ entre el liberalismo decimonó-nico y el neoliberalismo contemporáneo no se pueden desconocer las transformacio-nes operadas en el capitalismo en los dos ultimos siglos.

Era lógico que en tiempos del capitalismo premonopolista la mayor parte de las concepciones filosóficas e ideológicas incubadas durante la gestación, nacimiento y desarrollo inicial de la sociedad burguesa se correspondieran con criterios de libertad,

38 “Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se justifica; que cual quier Estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica; que el Estado mínimo es inspirador, así como correcto. Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de ha cer que algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección”. R. Nozick (1988). Anarquía, Estado y utopía. México: Fondo de Cultura Económica, p. 7.

39 Véase: M. Fisk. “Neoliberalism and the slow death of public healthcare in Mexico”. En: Socialism and democracy. New York. V. 14, N.° 1, Spring-Summer 2000, pp. 63-84.

40 “Las consecuencias de la globalización –en el marco de la ideología neoliberal– y la flexibilización o descentralización de los sistemas productivos, son ya evidentes en la configuración de nuevos modelos de relaciones laborales que, con el desmantelamiento progresivo de la estructura jurídica protectora del trabajo, como derecho individual y bien social, pretende la mercantilización –sin maquillaje de ningún tipo– de la mano de obra, y afectan tanto la entrada (sistemas de contratación) como a la estancia (precariedad, desregulación, movilidad, pérdida de derechos colectivos) y la salida (sistemas de protección), del llamado –nunca más apropiado– mercado de trabajo”. S. López. “Las migraciones y la globalización económica neoliberal”. Nuestra bandera. Revista de debate político. Madrid. N.° 187. Vol. 1, 2001, p. 171.


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igualdad y hasta fraternidad, proclamados, independientemente de su carácter for-mal, desde el siglo XVIII. De tal forma, en una época en que los grandes monopolios industriales, financieros y comerciales no habían desplegado aun su praxis totalitaria se podían seguir cultivando las utopías abstractas, de acuerdo a la caracterización de Ernst Bloch, proclamadas por el liberalismo en aquella etapa premonopolista.

Muy distinta sería la situación cuando apareció el imperialismo y todas sus con-secuencias monopólicas que pusieron en crisis incluso a muchos pensadores forjados en el espíritu liberal anterior, como Bertrand Russel o Enrique José Varona41, para solo nombrar un relevante filósofo latinoamericano que transitó por similar crisis ideológica a la del pensador inglés.

Las tesis ideológicas que se acoplaban a las transformaciones operadas en el capi-talismo a principios del siglo XX ya no podían nutrirse fácilmente del racionalismo ni del positivismo, porque chocaban violentamente con la realidad socioeconómica y político-social que se iba tornando cada vez más irracional y totalitaria.

El espíritu laico, y en ocasiones hasta ateo, que se había desarrollado desde la Ilustración, comenzó a entrar en desuso y nuevas formas de fideísmo comenzaron a tomar fuerza, al punto que algunas han fortalecido el fundamentalismo religio-so. Pareciera que la historia diera marcha atrás, resultando contraproducente que a principios del tercer milenio cristiano y del presunto triunfo de la posmodernidad se escuchen convocatorias a “cruzadas” y a “guerras santas”.

Es algo así como que la humanidad de pronto cultivara una amnesia total de algunas de las conquistas básicas de la modernidad, entre ellas, la secularización de la política, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el derecho a ser juzgado debidamente con todas las garantías procesales, etc., y se regresara a la cavernícola época en que las normas de vida o muerte las imponía el más fuerte.

41 “Las ideas sociopolíticas de Varona se encontraban en estrecha relación con su concepción filosófica general, que tenía su base en el positivismo por lo que se formaron bajo la influencia también del liberalismo decimonónico que apologizaba la sociedad capitalista en su fase premonopolista. Varona admiró la sociedad burguesa por el proclamado respeto a la democracia y a la libertad. Por esta razón se enfrentó al imperialismo y a todo lo que significase coacción sobre las libertades individuales, ya que el liberalismo estuvo presente en la mayor parte de su trayectoria ideológica”. P. Guadarrama (2012). Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia. Bogotá: Planeta-Universidad de Salerno-Universidad Católica. Tomo II, p. 167.

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El carácter demagógico de los postulados de las constituciones burguesas fue reve-lado con “honestidad” increíble por los propios propulsores del nuevo orden neolibe-ral que se iría imponiendo. Así, Friedrich von Hayek, desde un presunto liberalismo radical que se distingue por ser muy radical en su pretensión de eliminar algunas de las conquistas de la sociedad burguesa en cuanto a derechos que benefician a amplios sectores de la población, se planteó el cuestionamiento de la validez de los “derechos auténticos”, que, a su juicio, debían ser reducidos solo a los políticos y jurídicos. En tanto los que él consideraba como “derechos falsos” ‒es decir, los económicos y so-ciales, erróneamente acogidos, a su juicio, por la Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos Humanos‒ debían ser suprimidos. Esto pone en evidencia los niveles de cinismo que están manifiestamente expresados en la ideología neoliberal, que llega a renegar hasta de propuestas elaboradas en épocas anteriores por la propia sociedad burguesa42.

Todo parece indicar que Jesus Albarracín tiene razón al plantear que “Para el neoliberalismo, la excesiva legislación laboral es la causa fundamental de que los mercados de trabajo no funcionan eficientemente. Impide que los empresarios pue-dan utilizar eficientemente la mano de obra y, lo que es peor, desincentiva a los trabajadores. Los parados cuentan con tal grado de protección contra el desempleo que prefieren permanecer en el paro a aceptar un puesto de trabajo con un salario más bajo, una cualificación distinta que la que tenían antes o en una ciudad diferente a la que viven. Esto crea enormes bolsas de paro en unas ocupaciones mientras que en otras los puestos de trabajo no se cubren. (…) Como se puede ver, para los neo-liberales, si los trabajadores están parados es por su culpa y no porque el sistema sea incapaz de darles un empleo. Los argumentos anteriores son utilizados para justificar una desregulación del mercado de trabajo que convierte a las relaciones laborales en ley de la selva”43.

42 “Si bien el neoliberalismo toma algunos de los principios de la tradición liberal, las formulaciones de Hayek y la especificad de las propuestas actuales se distancian significativamente de algunos ideales del liberalismo y se acercan más a perspectivas conservaduristas”. D. Botero Restrepo (2003). La falacia neoliberal. Crítica y alternativas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p.286.

43 J. Albarracín. “Del «Estado de bienestar» a la «ley de la selva»”. En: Haroldo Dilla, Manuel Monereo y Juan Valdés Paz (1995). Alternativas de izquierda al neoliberalismo. Madrid: Ediciones CEA, p. 199.


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Indudablemente si no se hubieran producido las revoluciones socialistas del siglo XX y el logro de las conquistas sociales44 que obligaron a gobiernos socialdemócratas y hasta algunos conservadores a tomar algunas medidas de beneficio social, a ensayar el keynesianismo y el Estado benefactor, ante el inminente peligro de que la llama roja se extendiera más allá de la “cortina de hierro”, seguramente el cinismo neolibe-ral se hubiera manifestado mucho antes y la historia del siglo XX hubiese sido mucho más cruel de lo que fue, al menos para grandes sectores de la población en los países desarrollados y peor aun para los más atrasados.

En relación con tales medidas de beneficio social, Héctor Moncayo plantea: “La perspectiva neoliberal se ha enfrentado repetidas veces contra ese principio (el Estado está obligado a garantizar que toda la población tenga acceso a los derechos económi-cos y sociales P.G.) y ha llegado a una solución neoliberal segun la cual esos derechos se consiguen dentro del Mercado. El Banco Mundial, por ejemplo, en uno de los capítulos de su informe de hace años, lo llama “trabajando por el acceso de los pobres al Mercado”, esto solo de manera compensatoria. Si el Mercado no provee todas las condiciones sociales y económicas para la población se podría proveer a la satisfacción de esos derechos económicos y sociales, es decir, está justificando lo que llamamos las políticas de focalización, se está refiriendo a los más pobres entre los pobres, para los cuales funciona el subsidio a la demanda, vale decir, el Estado interviene dentro del mercado subsidiando a las personas para que puedan pagar el precio del Mercado. El punto de la garantía de los derechos económicos y sociales ha sido el más contro-vertido en toda la historia de los derechos humanos, sobre todo después de que se estableció el principio de la integridad y la invisibilidad. La tecnocracia neoliberal, por supuesto, es enemiga de todo eso”45.

Las demandas sociales no son en lo esencial preocupación básica de los gobernan-tes neoliberales, a quienes les preocupa mucho más el aseguramiento de las prerro-

44 “El neoliberalismo es una ofensiva contra todas las conquistas que aun dentro del capitalismo habían logrado las masas, la clase obrera, los trabajadores, y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque existían países socialistas y tenían miedo, estaban en una lucha desesperada contra los cambios revolucionarios. Cuando desaparecieron el campo socialista y la URSS, ellos perdieron su miedo, ¡y de qué manera lo han perdido! Quieren arrasar con cuantas conquistas sociales habían logrado los pueblos”. F. Castro (1999. Globalización neoliberal y crisis económica global. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado de la República de Cuba, p. 22.

45 H. Moncayo (2004). “ALCA y derechos humanos: dos visones incompatibles”. En: Memorias del IV Seminario de formación en DESC. Caracas: Edición Provea, p. 124.

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gativas individuales de los dueños de empresas, por lo que Pablo González Casanova plantea: “El neoliberalismo, como forma de organización del capitalismo a partir de sus módulos y redes más poderosas, logra la hegemonía ideológica con una democra-cia en que lo social es adjetivo. Esa hegemonía es tanto más fuerte cuanto más débil es el Estado-Nación y más débiles las redes y mó dulos que a su amparo controlan un territorio o un espacio socioeconómico del ex mercado nacional, o del ex mercado protegido del trabajo y la segu ridad social”46.

Sin embargo, siempre resulta algo paradójico que muchos de los propugnadores del neoliberalismo y de la reducción al máximo de los beneficios sociales propiciados por el Estado, muy frecuentemente, envían a sus hijos a estudiar a universidades estatales europeas o en sus propios países y tampoco dudan de recibir los beneficios de hospitales y otros servicios de salud del Estado para sus familiares, cuando estos aseguran la calidad requerida. Pero la inconsecuencia entre el discurso publico y la vida privada de estos ejecutivos del neoliberalismo, no constituye un obstáculo para que continuen su apología de la omniprivatización.

A juicio de Angelo Papachini: “los derechos sociales son cuestionados por los exponentes de la corriente neo-liberal con base en estos argumentos: a) carecen de justificación racional; b) presuponen de manera equivocada que el poder estatal tiene en sus manos la posibilidad de adecuar el orden del mercado a las necesidades de los miembros del cuerpo social; c) acaban por producir el efecto opuesto al que se pro-ponen, porque obstaculizan el crecimiento armónico de la economía, que es el unico instrumento aficaz para aumentar los recursos y disminuir la miseria; d) los fracasos o limitaciones con las que se enfrentan quienes reivindican los derechos sociales y económicos hacen que se difunda la convicción de que los derechos humanos, inclu-yendo los relativos a las libertades básicas, no son nada serio y que se reducen a mera retórica, a simple aspiración poética; e) las demandas ligadas con la satisfacción de necesidades abonan el terreno para el despotismo y el terror”47. De todo lo anterior se puede extraer la conclusión de que los derechos humanos se han convertido en un boomerang que golpea en la actualidad a la ideología neoliberal emanada de las ideas liberales de la burguesía.

46 P. González Casanova. “Prólogo. La trama del neoliberalismo: una introducción”. En: E. Sader, P. Gentili (comp.) (2003). La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, p. 14

47 A. Papacchini (1994). Filosofía y derechos humanos. Cali: Universidad del Valle, p. 88.


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Bien es sabido que la burguesía es demócrata en tanto le conviene para mantener un status quo favorable a sus intereses, pero cuando la democracia se convierte en un peligro para estos, entonces rápidamente se convierte en pinochetista.

No debe resultar extraño que el neoliberalismo se haya desarrollado mejor en regímenes dictatoriales que en los democráticos, pues en definitiva algunos ideólogos del fascismo, como Leo Strauss, han considerado a la democracia como una ilusión de los sectores populares que no desean someterse al orden48; por supuesto que ese orden no siempre es el del mercado, pues también ha sido el de las bayonetas y los campos de concentración.

La historia ha demostrado que aunque el neoliberalismo se nutrió filosófica e ideológicamente del liberalismo, finalmente se ha visto precisado a renunciar a mu-chas de sus fundamentos y formulaciones por el carácter “revolucionario” de sus propuestas. Al final ha ido a parar a la confluencia con las posiciones del conserva-durismo. Como plantea Pablo González Casanova: “El pensamiento conservador y neo-conservador de nuestro tiempo se apropia del pensamiento liberal y neoliberal para forjar una democracia elitista y excluyente, que acaba con las concesiones socia-les a que la burguesía se vio obligada durante el ascenso de las luchas obreras en las metró polis y de las luchas de liberación nacional en las colonias”49.

La confusión de términos al respecto es tal, que ahora los neoliberales resultan, en verdad, neoconservadores50, en el mejor de los casos, pues paradójicamente la demo-

48 “Para Leo Strauss la democracia no es sino el capricho arbitrario del pueblo, expresión de la libertad de individuos indiferentes a cualquier orden colectivo y cuya única ley son sus cambios de humor y de gustos”. M. Contreras (2011). Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: La filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, p.197.

49 P. González Casanova. “La democracia no excluyente”. En: Contracorriente. Revista cubana de pensamiento. Fondo de Desarrollo de la Educación y la Cultura, La Habana, N.° 7, 1997, p. 76.

50 “En este terreno, el neoliberalismo es también un proyecto de refundación societal. Aquí, a los aspectos de política económica y modelo, la noción de neoliberalismo asume ‒al menos‒ las propuestas políticas de lo que se ha dado en llamar el pensamiento neoconservador. (…) En este nivel el neoliberalismo pone en discusión desde las alianzas de clase que sostuvieron a los Estados de Bienestar o simplemente las democracias liberales, hasta los espacios institucionales para realizar acuerdos y dirimir conflictos”. Jaime Osorio. “Neoliberalismo y globalización: notas para una demarcación de fronteras y de políticas alternativas”. En: H. Dilla, M. Monereo y J. Valdés Paz (1995). Alternativas de izquierda al neoliberalismo. Madrid: Ediciones CEA, p. 89.

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cracia realmente no es muy del agrado de los defensores del neoliberalismo, por eso el dramaturgo norteamericano Gore Vidal ha planteado que: “en Estados Unidos, los mercados secuestraron a la democracia”51. Es por ello que Álvarez Puga sostiene que “La democracia, como ciertas especies biológicas protegidas, está en peligro de extin-ción. Nuestro ecosistema político sufre un grave deterioro debido a la contaminación originada por fuerzas anónimas y poderosas”52.

América Latina ha sido uno de los laboratorios por excelencia donde primero se implantaron regímenes neoliberales, como lo fue la dictadura de Augusto Pinochet, la cual demostró que los derechos humanos y la democracia parecen incompatibles con esta ideología del capitalismo contemporáneo53, pues “El neoliberalismo chileno, bien entendido, presuponía la abolición de la democracia y la instalación de una de las más crueles dictaduras de la posguerra. Pero la democracia en sí misma, como expli-caba incansablemente Hayek, jamás había sido un valor central del neoliberalismo”54.

El Estado “democrático” en el capitalismo dispone de innumerables instrumen-tos de poder, por supuesto nada democráticos, que le permiten apuntalar aquellos mecanismos formales de la representatividad política que a su vez se reviertan en so-portes seguros para desplegar su actividad económica. De ahí que hayan aparecido en la nomenclatura de la ciencia y la filosofía política varios adjetivos que ponen límites precisos a la democracia y por tanto también a los derechos humanos. Es por ello que Marta Harnecker plantea que “Estos regímenes de democracia tutelada, limitada,

51 A. Borón (2012). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, p.233.

52 Eduardo Álvarez Puga (2005). Abajo la democracia. Barcelona: Ediciones B, p. 7.53 “Lo que el neoliberalismo pone en peligro no es ya únicamente la idea más o menos

social de una sociedad más justa, más igualitaria ‒idea que indudablemente pone en peli gro, al hacer, como estamos viendo, que exista el riesgo brutal de un retorno hacia sociedades que evolucionan cada vez más hacia situaciones de una mayor injusticia‒, sino que además lo que el neoliberalismo pone en juego, y de eso somos quizás menos conscientes, es el concepto mismo de democracia, el propio concepto clásico de la participación de los ciudadanos en el poder político. Y la tendencia puede llegar a ser tan acusada, tan radical, que se ter mine por afirmar que esa democracia es prácticamente imposible, pues al mantener esa especie de cáscara externa, de representación teatral, la democracia poder ser vaciada de todo contenido”. Juan Francisco Martín Seco. “Economía y política: la democracia en peligro”. En: F. Álvarez Uria, A. García Santesmases, J. Muguerza, Pastor J. Rendueles G. y J. Varela (1998). Neoliberalismo versus democracia. Madrid: Ediciones La Piqueta, p. 432.

54 B. Anderson (1998). Qué es el neoliberalismo. Bogotá: Editorial Tiempo Presente Ltda., pp. 33-34


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restringida, controlada o de baja intensidad ‒segun las denominaciones de los diversos autores‒ concentran el poder en órganos de carácter permanente no electivos y, por lo tanto, no sujetos a cambios producto de los resulta dos electorales. Entre ellos po-demos nombrar los siguientes: el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central, las instancias económicas asesoras, la Corte Suprema, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y otros órga nos como éstos limitan drásticamente la capacidad efectiva de las autori dades electas democráticamente”55. Quien ignore el papel de estas funda-mentales instancias del poder establecidas de forma generalmente autoritaria, como fachadas de representatividad democrática, no podrá comprender jamás el intríngulis del funcionamiento de la democracia burguesa, independientemente del calificativo mediante el cual se le denomine.

La socialdemocracia, cuando apareció en el ultimo tercio del siglo XIX, induda-blemente conformaba una alternativa posible de desarrollo frente a un capitalismo que con la Revolución Industrial había demostrado de qué forma se podía explotar no solo hombres y mujeres en edad laboral, sino también a niños y ancianos, como lo denunciaría Engels en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Los pri-meros partidos socialdemócratas contaron con la simpatía y apoyo de Marx y Engels desde la Internacional, pero paulatinamente el reformismo fue carcomiendo sus bases ideológicas hasta convertirla en una especie de taller de reparaciones del capitalismo.

Indudablemente, la socialdemocracia ha desempeñado, por lo regular, un papel progresista especialmente frente a las dictaduras fascistas y ha tratado de representar los intereses de trabajadores y clases media frente a las arbitrariedades del gran capi-tal. Sin embargo, en los ultimos años con el auge del neoliberalismo no ha mantenido su postura contestataria y de defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en-tre otros derechos humanos, con la misma vehemencia que en la primera etapa de su desarrollo. En relación con esta involución Pablo González Casanova ha planteado: “La democracia también ha sido defi nida por la socialdemocracia. La contribución principal de la socialdemocracia con siste en luchar por el sufragio universal y por la participación de los obreros organi zados en los gobiernos, con incrementos en el gasto publico y en la acumulación de capital social y estatal. La socialdemocra cia acepta pactar con los complejos empre sariales, políticos y militares dominantes, para limitar la democracia y la justicia so cial principalmente a los países metropolitanos, industriales y posindustriales, muchas veces a expensas de los dependientes y colo-

55 M. Harnecker (2007). Reconstruyendo la izquierda. Caracas: Monte Ávila Editores, p. 19.

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niales. Tras el triunfo mundial del neoliberalismo en los años 70 y 80, la pre sencia de la socialdemocracia se ha visto seriamente mermada. Importantes organizaciones, líderes y gobernantes socialdemócratas han aceptado aplicar las políticas neolibera-les de ajuste y «adelgazamiento» del Estado, en las actividades y responsabi lidades sociales”56.

La democracia, si es llevada hasta sus ultimas consecuencias, se debe convertir en un poderoso boomerang contra todo tipo de poder elitista y, en este caso, contra la propia burguesía que la enarboló como aspiración en lucha contra la nobleza y las monarquías absolutas. Antonio García Nosa, quien le dedicó especial atención al tema consideraba que: “La organización corporativa del capitalismo ‒lo mismo en Colombia que en otros países latinoamericanos‒ ha puesto en definitiva el poder político en manos del poder económico. Por eso la democracia política se ha ido ba-rriendo del escenario latinoamericano: porque la libertad –aun en sus formas más ele-mentales– es siempre un régimen que amenaza la seguridad presenta y futura de los privilegiados”57. Para este destacado intelectual colombiano: “(…) podemos afirmar que la derrota militar del fascismo no resolvió la crisis de la democracia capitalista, simplemente porque el capitalismo ha dejado de ser un sistema económico favora ble a la democracia. No se trata ni de negar que el capi talismo estimuló históricamente el desarrollo del prin cipio democrático ‒dándole una categoría universal y definida en el progreso humano‒ ni de afirmar que la crisis de la democracia en el capitalismo es la crisis to tal de la democracia. ¿Cómo confundir los árboles con el bosque? Una cosa es la democracia como forma política dentro del capitalismo, otra cosa la democracia como principio, como sistema de vida y de superación humana”58.

En verdad la democracia es asfixiada por el neoliberalismo, pues las instituciones financieras manejan a su antojo las diversas instancias del poder político y no permi-ten que estas desplieguen a plenitud sus potencialidades. “Pero ni siquiera de las na-ciones en donde la democracia ha llegado más lejos ‒plantean Vicente Navarro y Juan Torres‒ se puede decir que sus instituciones representativas pueden ejercer el poder

56 P. González Casanova. “La democracia no excluyente”. En: Contracorriente. Revista cubana de pensamiento, Fondo de Desarrollo de la Educación y la Cultura, La Habana, N.° 7, 1997, p. 76-77.

57 A. García Nosa (1951). La democracia en la teoría y en la práctica. Bogotá: Editorial Iqueima, p. 25.

58 A. García (1957). La democracia en la teoría y en la práctica. Bogotá: Cooperativa Colombiana de Editores, p. 112.


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libremente, sin injerencias perversas; o que sean verdaderamente autónomas respecto de otros poderes opacos, no representativos de los intereses sociales mayoritarios, o mucho más fuertes y decisivos. De hecho, lo que viene pasando en los ultimos años es que las democracias se debilitan gradualmente porque las grandes empresas los bancos, los inversores especulativos, etc. han alcanzado un poder tan gigantesco que les permite imponer constantemente sus intereses sobre los del resto de la sociedad”59.

Todo parece indicar que es correcto considerar que “No es por azar que la cons-trucción de la democracia política, esto es, el conjunto de instituciones a través de las cuales se puede llegar a decisiones legítimas, válidas para toda una comunidad, es vista por muchos latinoamericanos como un camino no solo para la reconstrucción del Estado sino también para la reconstrucción de las sociedades nacionales. O, en su caso, para la creación de nuevas sociedades nacionales”60.

De ahí que los pueblos europeos en cierto modo atisbaron su futuro, que se puso de manifiesto fundamentalmente a partir de la crisis financiera iniciada en 2008 en las calles de Atenas, Madrid o Roma, cuando miles de desempleados, jubilados, inmigrantes, etc. son agredidos brutalmente por protestar en justo reclamo de sus de-rechos pisoteados y donde aun la democracia puede demostrar sus posibilidades para enfrentarse a tales injusticias. “Efectivamente, no ha sido ahora en Europa la primera vez que hemos podido comprobar que la democracia, por limitada que sea, es un escollo a veces insalvable para poner en marcha las medidas que aseguren beneficios a las grandes empresas y a los financieros. Las políticas neoliberales que ahora sufrimos en Europa con toda su crudeza fueron aplicadas inicialmente en diversos países de América Latina tras golpes de Estado militares que sirvieron como laboratorios para experimentar la naturaleza y el tempo de las necesidades de represión social y econó-mica que iban a ser necesarias para consolidar el nuevo régimen de competencia y beneficio en las economías capitalistas”61.

59 V. Navarro, J. Torres López (2012). Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Barcelona: Espasa, p. 19.

60 F. Weffort. “La América equivocada. Apuntes sobre la democracia y la modernidad en la crisis de América Latina”. En: Julio Cotler (comp.) (1990). Estrategias para el desarrollo de la democracia en el Perú y América Latina. Lima: IEP Ediciones, p. 65.

61 V. Navarro, J. Torres López. Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero, ed. cit., pp. 20-21.

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Pero luchar contra el neoliberalismo, como considera Antonio Bedin Gilmar62, resulta algo difícil porque, aunque económicamente haya fracasado como política, nadie puede dudar que ha ganado batallas en la conciencia de algunos sectores, sien-do lo peor que en ocasiones ha generado actitudes neofascistas y xenofóbicas, como las que en la actualidad se aprecian en Europa, pues “El aparato ideológico neoliberal tiene toda la fuerza que le da el protagonismo del dinero para defender el conserva-durismo reaccionario. El mensaje económico se trasmite en un lenguaje técnico fuera del alcance del lector comun”63.

Segun Gaetano Mosca: “En todos los países llegados a un nivel medio de cultura, la clase política justifica su poder apoyándolo en una creencia o en un sentimiento generalmente aceptados en aquella época y en aquel pueblo”64.

Ya no es tiempo de sectarismos en la lucha contra el capitalismo y, en especial, contra su modalidad neoliberal, pues en definitiva todas los sectores sociales que se vean afectados por él están en la obligación de unirse en bloques comunes de lucha contra este sistema, si se aspira a una democracia plural como la que plantea Pablo González Casanova: “Una democracia plural con poder del pueblo no puede limitar-se a las etnias; debe incluir a la etnias sin exclusión de mestizos, blancos, amarillos o negros. Debe ir más allá de las etnias con ellas. Una democracia plural no se limita a las naciones, debe incluirlas e ir más allá, también con ellas; no se limita a los Países del Sur o a los tricontinentales de Asia, África y América Latina; debe incluirlos y convocar también a Europa, Norteamérica, Oceanía. Combinar y no excluir es la lógica. La lucha contra el neoliberalismo tiene que ser una lucha efectiva de la Hu-manidad y no sólo de los trabajadores y pueblos oprimidos aunque éstos sigan siendo actores principales en el Norte y el Sur, en Oriente y Occidente”65.

62 “El neoliberalismo representa, ya sea como propuesta teórica, o bien como experiencia concreta, una gran amenaza para los derechos humanos, en especial para los derechos económicos y sociales, pues reivindica y conduce a una concepción de derechos humanos típica del periodo histórico que llamamos peyorativamente capitalismo neolítico”. A. Bedin Gilmar (2000). Los derechos humanos y el neoliberalismo. Bogotá: Editorial Magisterio, p. 136.

63 E. Álvarez Puga (2005). Abajo la democracia. Barcelona: Ediciones B, Barcelona, p. 361.

64 G. Mosca. Storia delle dottrine politiche. Bari: Laterza, 8ª Edición, p. 297.65 P. González Casanova. “La teoría de la selva contra el neoliberalismo y por la

humanidad (proyecto de intertexto)”. En: Marx ahora. Revista internacional. La Habana, N.° 2, 1996, p. 89.


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Comentando un informe del PNUD en el que se criticaba las insuficiencias de la democracia, Atilio Borón afirma lo siguiente: “Claro, yo creo que lo que le falta decir a ese estudio del PNUD es que la democracia neoliberal le ha fallado a los pueblos. Acá el problema no es la de mocracia, el problema es el neoliberalismo. En esto hay que ser contundentes: es el neoliberalismo el que ha impedido y distorsionado el ejer-cicio de la demo cracia en América Latina”66.

Segun Víctor Martin Fiorino: “Más allá de la limitación que tales concepciones de los acuer dos democráticos y las rupturas pactadas establecen al accionar de los sectores populares, aparece como condición indispensable para la consolidación de-mocrática, en el sentido de profundización de la democracia, una reforma del Estado. Pero después de todo lo dicho, el Estado capaz de promover el desarrollo y el bien-estar, de consolidar la democracia y de canalizar propuestas alternativas de sociedad diferentes a las que él mismo expresa, no puede ser el Estado eficiente y tecnocrático del discurso neoliberal, que tiene su correlato en los planes de ajustes económicos a los que la deuda externa sirve de pretexto. En la misma línea, tampoco representa una alternativa el tipo de reforma del Estado que surge del mismo discurso neoliberal. Por el contrario, la reforma del Estado requeri da por las democracias latinoamericanas para su consolidación ne cesita ser capaz de crear las condiciones materiales que per-mita una amplia participación social en un proceso que lo coloque en condiciones de servir eficientemente a las perentorias y graves necesida des de los sectores populares y de canalizar el proyecto alternativo de sociedad que éstos expresen”67.

Uno de las batallas victoriosas del neoliberalismo ha sido propugnar la fatalista idea de que no hay nada que hacer antes este pensamiento unico, y solo cabe su fatal aceptación. Por lo que, segun José Luis Calva, se considera que: “Dados los resulta-dos objetivos del modelo neoliberal, la disyuntiva de los mexicanos parece estribar en si nos resignamos a este modelo económico como una realidad inamovible; o si hacemos un esfuerzo serio (ergo realista, consciente de las restricciones infranqueables pero también de los márgenes de libertad disponibles) para escapar de esta realidad”68.

66 A. Borón. “En Latinoamérica el problema no es la democracia es el neoliberalismo”. Fernando Arellano Ortiz (ed.) (2005). Las fronteras no existen. Por la integración latinoamericana. Quito: Editorial Aya-yala, p. 43.

67 V. Martin Fiorino (1999). Historia, comunicación y política en América Latina. Maracaibo: Editorial Sinamaica, p. 24.

68 J. L. Calva (2000). México más allá del neoliberalismo. México: Plaza y Janes, p. 12.

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Sin embargo, como plantea este autor la experiencia real indica todo lo contrario. Sí existen salidas y soluciones, pues “La palanca primordial para elevar el ahorro interno consiste, al revés de la estrategia neoliberal, no en incentivar el ahorro finan-ciero y la especulación financiera, sino en incentivar la inversión física (y, eo ipso, el crecimiento económico), subordinando la esfera financiera a los intereses superiores de la economía real. En consecuencia, el despliegue de una verdadera política indus-trial es herramienta fundamental para elevar sostenidamente el ahorro interno y la inversión”69.

En esas batallas no solo contra el socialismo, sino contra el propio liberalismo moderno, “La propagación del neoliberalismo conservador también ha contagiado y dañado seriamente el nucleo ético central del tradicionalismo liberal: la naturaleza y alcance de la palabra «libertad». Si bien han mantenido el objetivo de promover un mini Estado e incluso lo han despojado de competencias políticas en nombre de la eficacia económica, han abandonado la tradición humanista y liberadora que ha ca-racterizado la irrupción de dicha ideología en el debate político. Han copiado lo peor de un pensamiento que en sus inicios fue progresista”70.

Uno de los objetivos principales en su lucha contra la democracia y las conquis-tas alcanzadas por los sectores populares en cuanto a los derechos humanos ha sido también el Estado de bienestar y las políticas keynesianas. “Pero el Estado de bienestar ‒plantea Jesus Camarero Santamaría‒ es mucho más que un sistema de seguridad y de protección social; es un modelo de organización social (equitativa), política (de-mocrática y participativa) y económica (economía mixta de mercado) que no ha sido superado por otros modelos actuales de Estado”71.

El neoliberalismo no solo se ha enfrentado críticamente al socialismo, sino tam-bién a este tipo de Estado de bienestar con el cual se ha sentido decepcionado, porque no satisface las apetencias del gran capital. “De esta decepción ‒plantea Claudio Katz‒ emergió con fuerza la segunda teoría que acompañó el ascenso neoliberal de los años noventa. Este enfoque concibe a la democracia como un mecanismo de se-lección de gobernantes para administrar el sistema político con criterios de mercado y mediante el sostén pasivo de la ciudadanía. Presenta este camino como un destino

69 Ibíd., p. 281.70 E. Álvarez Puga (2005). Abajo la democracia. Barcelona: Ediciones B, p. 365.71 J. Camarero Santamaría (1998). El déficit social neoliberal. Del estado de bienestar a

la sociedad de exclusión, Santander: Editorial Sal Terrae, p.269.


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inexorable de la globalización y sostiene que el ensanchamiento de la desigualdad social es el precio del progreso”72.

Con suficiente fundamento sostiene Luis Suárez Martín al respecto: “Curiosa-mente las categorías económico-políticas, jurídicas, éticas y filosóficas que concibió y construyó la praxis capitalista desde el siglo XVI en Europa, para extenderse a todo espacio de rotación hegemónica del capital en las naciones-estado desarrolladas y subdesarrolladas, hoy día van resultando estrechas al punto de ser trabas para la expansión del capital bajo égida neoliberal. Hasta la propia democracia representati-va no puede impedir, in crescendo, que los gobiernos debatidos entre los reclamos de beneficencia publica y las exigencias de los organismos financieros internacionales y su oligarquía (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano para el desarrollo, etc.), entren en contradicción su carácter capitalista, por lo que tal tipo de democracia va cediendo espacio a la constitución de gobiernos (apenas aun como tendencia) que radicalizan un nacionalismo de nuevo tipo y revolucionan desde dentro las relacio-nes sociales de producción y la institucionalidad burguesa, en aras de satisfacer los ancestrales reclamos populares por el empleo, la educación, la salud, la alimentación, la participación activa, consciente, autoral en el redimensionamiento de su propio destino ganando hegemonía”73.

Otra razón poderosa que ha estimulado a los neoliberales es que la inversión de capitales en el sector financiero en lugar de en el sector industrial, no solo asegura mayores dividendos sino también menos compromisos con la satisfacciones de dere-chos laborales de los trabajadores74, pues estos se reducen numéricamente de modo

72 C. Katz (2010). Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, p. 151.

73 L. Suárez Martín. “El método de Marx y el imperativo teórico de la izquierda revolucionaria”. En: Marx ahora. Revista internacional, La Habana, N.° 21, 2006, p. 129.

74 “Ahora bien, el neoliberalismo se introduce en el justo momen to en que el interés privado abandona al sector productivo, al bajar la tasa de beneficio en este ámbito económico. Ese aban dono y el repentino traslado de la inversión hacia el ámbito financiero y especulativo restan dinámica a la expansión de la economía y con ello a la generación del empleo. El sector fi nanciero absorbe, además, relativamente menos fuerza labo ral que la industria. El neoliberalismo deja la pauta del pleno empleo y, por el contrario, lanza el credo de flexibilizar el tra bajo, lo que significa menor seguridad económica y social, pérdida de derechos económicos y sociales, y desmantelamiento del Estado Benefactor. En esencia, el neoliberalismo des mantela la ciudadanía desarrollada desde Keynes. El neoliberalismo defiende los derechos de las personerías jurí dicas (las transnacionales) a costa de los de las personas natu-rales. Las transnacionales aparecen como únicos sujetos con ciudadanía plena. Los

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considerable. Poco importa que la producción de bienes materiales disminuya o sea trasladada a otros países donde la fuerza de trajo sea menos costosa, como en China, lo importante es reducir el máximo el riesgo de pérdidas e incrementar el máximo las posibilidades de ganancias. De ese modo la cuestión de la democracia y los derechos humanos queda relegada a un segundo plano, en el mejor de los casos.

Tal vez aquella idea del Manifiesto Comunista de que los obreros no tienen patria es más apropiada para los empresarios capitalistas, pues estos trasladan sus capitales a cualquier país donde las ganancias resulten más provechosas, importándoles un bledo la economía de su patria.

El problema crucial ha sido y será mientras se mantengan activas las políticas neoliberales en detrimento de la democracia y los derechos humanos que: “El reco-nocimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales ‒segun Win Dierckxsens‒ servirá para basar las políticas sociales tendentes a cumplir estos obje-tivos, lo que distinguirá a los países socialmente desarrollados de otros que, si bien pueden ser avanzados tecnológicamente, permiten el dualismo radical y estructural entre los ciudadanos (nada que ver con la diferencia cualitativa entre ellos) y lo man-tienen permanentemente. Por ello, como conclusión final, no es defendible un creci-miento económico que no vaya acompañado de un desarrollo social del que participe el mayor numero de ciudadanos, como ha ocurrido históricamente en el desarrollo de los estados de bienestar”75.

En tanto prevalezca la confusión de que desarrollo económico es igual a desarrollo social el neoliberalismo no constituirá ninguna promesa segura para la democracia y los derechos humanos, ni en Latinoamérica ni en ninguna otra parte del mundo. Se debe tener presente los planteado por Oscar Mejía Quintana cuando considera que: “En general, podemos concluir que frente al paradigma sistémico auto-poiético de la política que, en sus diferentes variantes funcional, neoliberal o poliárquica, concibe la democracia como un sistema clausurado, autorreferencial y excluyente, cuyo impe-rativo es la adaptación a su propia complejidad, en ultimas la del mercado y sus cir-cuitos globales, supeditando a su lógica restrictiva las necesidades del entorno social, se opone una concepción abierta, antisistémica e incluyente de democracia, represen-

ciudadanos reales dejan de ser sujetos de derecho pleno En esencia, el neoliberalismo convierte al mundo en humanidad sin ciudadanía”. W. Dierckxsens (2003). El ocaso del capitalismo y la utopía reencontrada. Bogotá: FMA-Ediciones desde abajo-DEI, pp. 171-172.

75 Ibíd., p. 271.


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tada en la tercera generación de la Escuela de Frankfurt que desborda el talante sisté-mico de la propuesta luhmanniana y, acercándose sustancialmente al planteamiento disputatorio del republicanismo, reivindica el carácter contestatario que debe asumir un sistema político”76. De lo que se puede inferir que existen y deben existir aun más conceptos y prácticas de democracia y derechos humanos, especialmente aquellos que se propongan por diferentes vías el logro de formas superiores de humanismo práctico, consciente de que no existe una unica receta para lograrlo.

Existe pleno consenso en que “El examen de la relación entre la democracia y los derechos humanos no deben restringirse a la vigencia tan solo de los derechos políticos: es lo que nos recomienda la concepción, hoy universalmente aceptada, de la interrelación o indivisibilidad de todos los derechos humanos. Las elecciones son un componente de la democracia, que en ellas no se agota por cuanto esta requiere prácticas democráticas subsecuentes y, en resumen, el Estado de Derecho, el gober-nar por el bien comun, con la participación de la sociedad civil y con leyes justas. El derecho de participación hay que fortalecerlo sobre todo mediante la educación y la auto-organización de la sociedad civil con diversas formas de desarrollo y actuación de comunidades locales”77.

Algunos intelectuales buscan afanosamente alguna propuesta de solución. Tal es el caso de Albert Noguera, quien considera que: “En la coyuntura presente, caracte-rizada por la existencia de tres monismos (monismo de las instituciones estatales y la forma Ley; monismo de la legitimidad del Estado; y, monismos de escenarios y socie-dades-capitalistas-posibles), el restablecimiento de la democracia solo puede pasar por una estrategia rupturista constituyente”78. Y, por supuesto, bienvenidas sean todas las elaboraciones teóricas que busquen fundamento en las investigaciones sociales para elaborar propuestas de cambio democráticas, aunque si estas no encuentran efectivas poleas de transmisión hacia los sectores populares y sus representantes en las diversas esferas del Estado y los gobiernos resultarán inutiles.

76 O. Mejía Quintana (2013). Curso de filosofía política. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p. 403.

77 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1993). La protección internacional de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. San José de Costa Rica: IIDH, pp. 41-42.

78 A. Noguera (2012). Utopía y poder constituyente. Los ciudadanos ante los tres monismos del Estado neoliberal. Madrid: Sequitur, p. 44.

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Ahora bien alcanzar tales soluciones solo es posible si se perfeccionan los mecanis-mos democráticos y todos los pueblos comparten las mejores experiencias en cuanto a la construcción de formas superiores de democracia y de realización de los derechos humanos, a partir del criterio de que ningun país posee el “democratómetro” perfec-to para enjuiciar a otros, sino que todos y cada uno pueden aportar sus respectivas experiencias y conquistas para convertirlas en bien comun de los ciudadanos del mundo al que debemos aspirar.

La lucha contra el neoliberalismo parece que debe romper los cánones tradicio-nales que caracterizan a la lucha de clases y por tanto de los partidos políticos que históricamente han desempeñado papeles protagónicos en las luchas políticas. De ahí que Marta Harnecker sostenga que: “Aun en aquellos países donde el papel de los partidos políticos de izquierda fue importante, podemos decir que no fueron los par-tidos políticos los que estuvieron a la vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo, sino los movimientos populares. Éstos surgen en el marco de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal y de sus instituciones políticas, y parten de dinámicas de resis-tencia presentes en su comunidad o espacio local. Se trata de movimientos pluralistas donde coexisten componentes de la teología de la liberación, del nacionalismo revo-lucionario, del marxismo, del indigenismo, del anarquismo, entre otros”79.

Es muy frecuente encontrar entre los intelectuales de izquierda la idea de que el capitalismo y el neoliberalismo están en crisis. Con relación al primero, es sabido que ya Marx consideraba que este siempre tiene algunas formas de superarlas, aun cuan-do las altas cuotas de sacrificio recaigan sobre los menos favorecidos. En relación al segundo, se observó una extraordinaria euforia triunfalista por parte de los ideólogos del neoliberalismo después de la caída del Muro de Berlín, que duró hasta la caída del otro muro, el de Wall Street.

Lo cierto es que todo depende del momento y desde donde se observe la evolución de ambos. A nadie se le hubiera ocurrido proclamar en los años de recrudecimiento de la crisis financiera del capitalismo, lo mismo en Estados Unidos de América que en Europa ‒especialmente ante los desocupados, los desalojados de sus viviendas, los nini (los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y no por simple voluntad sino porque el sistema no se lo permite), los jubilados que han visto descender sus pensiones, los inmigrantes rechazados, etc.‒ que esa sociedad era el mejor de los mundos posibles.

79 M. Harnecker (2010). América Latina y el socialismo del siglo XXI. Inventando para no errar. Guatemala CA.: Secretaria de la Paz Presidencia de la República, p. 20.


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Sin embargo, en los momentos actuales, utilizando los diversos mecanismos de que dispone, especialmente haciendo recaer el mayor peso sobre los países subdesarrolla-dos y dependientes, el capitalismo se ha recuperado relativamente.

Todo parece indicar que el futuro del capitalismo obligará a los gobernantes y empresarios a ensayar nuevas formas de explotación de los recursos naturales, cuyo agotamiento ya se avizora, como de los recursos humanos, que presentan la contra-dictoria situación de estar generalmente mejor capacitados en profesiones que no pueden desempeñar, por lo que se ven obligados a aceptar, en el mejor de los casos, empleos más simples y mal remunerados.

Ante el triunfalismo de algunos ideólogos del neoliberalismo, lo que no significa que todos lo compartan, pues hay algunos muy realistas que no atisban el futuro de forma tan radiante, o del triunfalismo de algunos de sus críticos que teleológicamente solo prestan atención a su necesaria destrucción, otros intentan lograr una explica-ción que no por ambigua deja de ser en cierto modo acertada, como la de Marco Antonio Gandásegui, para quien: “Ahora bien, volviendo a la crisis del capitalismo y el neoliberalismo, efectivamente, el neoliberalismo esta ya pasando a la historia. El problema es que no sabemos hacia dónde se dirige el mundo y las relaciones entre los distintos países, y la solución a este problema de la tasa de ganancia. Mientras que algunos teóricos plantean que el capitalismo no tiene futuro, otros dicen que sí: tiene futuro, aunque no bajo las condiciones actuales”80.

Resulta algo difícil pensar que el capitalismo no ha aprendido de sus errores, mu-cho mejor que el socialismo, pues al menos se ha planteado desmontarlo todo y volver atrás para empezar de cero, como pensaron los que destruyeron la Unión Soviética y demás experimentos socialistas en Europa oriental.

Tampoco es sostenible la tesis de Roberto Aruj segun la cual “La globalización no es más que un nue vo rótulo que asume la ya tan conocida transnacionalización de la economía que hoy somete a la política y a la cultura en todos sus matices”81. Pues basta un somero análisis de las transformaciones que se han operado en todos los órdenes de la vida económica, productiva, financiera, tecnológica, informática, comunicativa y, especialmente, ideológica para percatarse de que el capitalismo ha

80 M. A. Gandásegui. “El neoliberalismo ha muerto pero no lo hemos enterrado”. En: Julio César Guanche, Ailynn Torres Santana (2013). Por la izquierda. ICAIC: La Habana, T.III, p. 302.

81 R. Aruj. “Posmodernismo y neoliberalismo”. En: Marx ahora. Revista internacional. La Habana, N.° 10, 2000, p. 172.

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puesto en funcionamiento dispositivos ‒nunca antes concebidos‒ de todo tipo para tratar de eternizarse, y estos se han producido en los actuales tiempos de globaliza-ción y presunta posmodernidad82.

Tal vez esté lejos aun esa utopía concreta de lograr formas superiores de demo-cracia y respeto de los derechos humanos, pero una muestra de que se va logrando es que los regímenes autoritarios83 y violadores de los derechos humanos84 son cada vez menos, y encuentran la repulsa mundial. Como le expresaba el Quijote a Sancho Panza, “los perros ladran, luego avanzamos”.

82 Véase: P. Guadarrama (2006). Cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna. Bogotá: Editorial Magisterio.

83 “Las conclusiones obtenidas en el informe de la Comisión en el caso Argentina, demostraron ante la opinión pública internacional la gravedad de la situación creada en nuestro país por las citadas transgresiones cometidas con ocasión de la represión de las actividades subversivas. Por primera vez y antes de que tuviera lugar la intervención efectiva de la justicia del país, se demostró de manera incontrovertible, con la necesaria intervención del gobierno denunciado, que en el curso de esa actividad represiva se había incurrido en el pecado capital de adoptar métodos de lucha asimilables a los torpes y sangrientos desmanes subversivos que se procuraba erradicar. En lugar de emplear los recursos legítimos del Estado se había prescindido del accionar de los órganos jurisdiccionales para reemplazarlos por la adopción de métodos clandestinos que incluían la “desaparición” masiva de miles de personas”. Genaro Carrió (1987). El sistema americano de derechos humanos. Buenos Aires: Eudeba, p. 21.

84 “Este reverdecer de la conciencia democrática universal es consecuencia de un proceso político y social de gran significación, potenciado en la última década frente a una humanidad conmovida por las atrocidades cometidas por los norteamericanos en Vietnam y luego por la masacre de Pinochet en Chile”. B.B. Delar (1980). Manual de derechos humanos. Lima: CELADEC, p. 7.

TESIS DE POSGRADO: MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS

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Jorge Andrés Bernal CastroPolitólogo y Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia, profesional asesor en temas de niñez y Juventud de la

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas del conflicto armado colombiano, miembro de SINTRAUARIV (Sindicato de Trabajadores de la Unidad

para las Victimas) y de los procesos urbanos del Congreso de los Pueblos.

Estudio del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela

ResumenDesde 2005 el proyecto político representado en el presidente Chávez se plantea de forma directa una transición al socialismo, siendo una oportunidad para preguntarse sobre la aplicación o revalidación de este como una verdadera alternativa postcapitalista, es más, preguntarse por su validación como un proyecto socialista. La busqueda de respuesta a esas inquietudes se desarrolla en tres capítulos y unas conclusiones para el diálogo y el debate. En el primer capítulo se realiza una mirada introductoria a la historia reciente de América Latina y Venezuela. En el segundo capítulo se realiza análisis teórico-ideológico sobre el socialismo del siglo XXI, haciendo evidente el interés por adentrarse en un diálogo crítico sobre la teoría. El tercer capítulo se encamina a estudiar el desarrollo concreto del “socialismo bolivariano del siglo XXI” con la intención de caracterizar y analizar las herramientas utilizadas por el proyecto bolivariano en Venezuela.


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Introducción

El siguiente estudio se compone de tres capítulos, en el primer capítulo ser rea-liza una mirada introductoria a la historia reciente de América Latina y Vene-zuela, caracterizando algunos acontecimientos de la historia contemporánea

latinoamericana en su relación con las dinámicas del capitalismo, como también, los hechos más relevantes de la historia actual venezolana.

En el segundo capítulo se realiza análisis teórico-ideológico sobre el socialismo del siglo XXI, haciendo evidente el interés por adentrarse en un diálogo crítico sobre la teoría socialista, su relación con el denominado socialismo del siglo XXI y su cone-xión con el proyecto bolivariano en Venezuela. Surgiendo de esto algunas preguntas: ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? y ¿son lo mismo el socialismo del siglo XXI y el socialismo?

Responder estas preguntas nos ha llevado a indagar fundamentos ideológicos, estudiando los desarrollos teóricos de Istvan Meszaros, Marta Harnecker, Heinz Die-terich, Tomas Moulian, Michael Lebowitz, Francios Houtart, Juan Carlos Monedero y Hugo Chávez, tratando de recoger en líneas generales lo que propone el socialismo del siglo XXI y, así mismo, evidenciar las similitudes y diferencias con los plantea-mientos del socialismo clásico.

El tercer capítulo se encamina a estudiar el desarrollo concreto del “socialismo bolivariano del siglo XXI” con la intención de caracterizar y analizar las herra-mientas utilizadas por el proyecto bolivariano en Venezuela, queriendo con ello encontrar en la realización concreta de la política de dicho proyecto la respuesta a la pregunta: ¿Es el proyecto bolivariano en Venezuela una alternativa concreta al ca-pitalismo? Las respuestas a esta pregunta se dirigen a tratar tres puntos. El proceso de estatización, el proceso de democratización y la política internacional y exterior del proyecto bolivariano.

Desde la perspectiva histórica

El régimen y sistema político venezolano que desde el pacto de Punto Fijo a co-mienzos de los años sesenta dejó en manos de AD y COPEI la legitimidad y legalidad de impulsar las tendencias políticas dentro de la democracia representativa venezo-

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Tesis de posgrado: Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

Jorge Andrés Bernal Castro, Estudio del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela

lana, se sustentaba en la cómoda base de la renta petrolera para desarrollar aparentes políticas redistributivas, para lo cual la socialdemocracia y la democracia cristiana se apoyaban en las grandes utilidades de la industria petrolera para mantener una relación de asistencialismo con la sociedad venezolana, reproduciendo sobre ella una legitimidad basada en el interés individual. A comienzos de la década de los años ochenta se evidencia el resquebrajamiento de la relación entre los partidos, el régi-men y la sociedad venezolana, cayendo de manera inmediata la base legitimadora del sistema político venezolano para dar paso a un periodo neoliberal de profunda crisis económica y política.

La relación intensa entre el incremento de la inestabilidad económica y po-lítica con la intención de aplicación del modelo neoliberal como respuesta, es el reflejo de un momento histórico de tensión representado en la década del 80 con el Viernes negro y el Caracazo o Sacudón. A partir de allí se produjo una ruptura crítica en cuanto a la idea de reproducción vital de la sociedad venezolana y fue ese el combustible propicio para la protesta social, dando paso en 1998 a una con-tienda electoral que sirvió como plataforma de alianzas y articuladora de diversos movimientos en apoyo a Hugo Chávez como candidato. Se caracterizó por ser una organización con heterogéneos intereses e ideologías: multiclasista, cívico-militar, partidista-movimientista, que pretendía, en lo económico, reafirmar la soberanía del Estado como empresarial capitalista y, en lo político, distanciarse del pun-tofijismo. Consiguiendo En 1999 consigue construir un marco jurídico político, reflejado en la Constitución de ese año, la cual sirvió como instrumento para mo-dificar la correlación de fuerzas institucionales a favor del gobierno, disolviendo el Congreso, conformando la Asamblea Nacional, reformando las Fuerzas Armadas y, en general, el aparato burocrático del Estado.

El nuevo gobierno comienza en firme con el logro de proclamar la nueva Cons-titución. De allí empieza a encaminar sus políticas publicas, destacándose dentro de estas las escuelas bolivarianas y el manejo soberano de la renta petrolera, lo que generó un panorama de tensión que produjo de 2002 a 2004 una lucha por la hege-monía política con la burguesía nacional, abriendo un nuevo periodo de inestabilidad producido por la violencia reaccionaria impulsada desde un sector gremial y corpo-rativo que no gobernaba, pero que gozaba de legitimidad entre algunas facciones de la clase media.


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A partir de 2005 la victoria jurídico-política expresada en la derrota política de la oposición en sus fracasados intentos por ahogar la economía y propiciar un golpe de Estado, se refuerza por la victoria electoral del presidente Chávez en 2006 con el 62,84% de los votos, afirmándose como la victoria electoral con más ventaja del go-bierno bolivariano sobre el sector opositor. Este resultado, además de reflejar fuerza en las urnas, tiene un matiz adicional ya que evidencia el desarrollo de una tendencia política nacionalista y latinoamericanista que en esta contienda se autodenomina como socialista.

Luego con el resultado logrado en el referendo de 2009 se adelantaran intensos cambios institucionales, que en coherencia con el Primer Plan socialista (Programa de Gobierno 2007-2012) pretenderán abonar el terreno de la transformación del Estado hacia el socialismo. Sin embargo, al compás de ello, la crisis económica mundial que emerge en 2008 y que se desatará con mayor fuerza en 2010, la existencia de malestar social de un sector considerable de la sociedad venezolana que se resiste a transitar del todo hacia el socialismo, la burocratización encontrada en cuadros políticos difusos y el inicio en 2011 de la enfermedad del presidente Chávez, evidenciaran retos muy complicados para el avance de la proyección bolivariana hacia el socialismo.

Dentro de ese marco de luchas, las victorias parciales pero crecientes de ese sec-tor popular cercano al antiimperialismo, desde 1999 hasta 2005, exigían que las promesas generadas por el nuevo régimen y gobierno se concretaran, llegando a ser importante, llevar a cabo una política publica que por lo menos hiciera realidad lo planteado en la Constitución de 1999. En gran parte de la sociedad se evidenció un apoyo inclinado por la profundización de las transformaciones planteadas. Sin embargo, la concreción de esto condujo a definir una proyección que impulsara más decididamente la soberanía nacional y latinoamericana sobre el intervencionismo estadounidense, convirtiéndose en una forma organizativa que aglutinara esas pers-pectivas y diversas fuerzas sociales cercanas a la transformación de las condiciones y lejanas al neoliberalismo. Ello hizo necesario el desprendimiento de burócratas y mi-litares pronorteamericanos cercanos a la oposición golpista. En definitiva, se buscaba construir una propuesta renovada, distante del neoliberalismo, el imperialismo y del desprestigiado régimen corrupto del puntofijismo, acogiendo de forma novedosa las alternativas propuestas en el pasado, acopladas a la realidad venezolana actual, para permitir retomar dentro de ellas las del socialismo, para este caso denominado boli-variano del siglo XXI.

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¿Qué es el socialismo del siglo XXI?

Lo denominado como socialismo del siglo XXI es un intento por explicar, cons-truir y realizar el socialismo para y desde las condiciones históricas actuales, muy relacionado con la evidencia de una crisis vital y la emergencia de fuerzas sociales que impulsan proyectos alternativos al neoliberalismo. Dentro de su desarrollo teórico trata temas como la democracia participativa, el Estado, la emergencia de un nuevo sujeto histórico, las dinámicas económicas y la propiedad, el instrumento político y la construcción internacional del socialismo.

Algunos teóricos del socialismo del siglo XXI descartan las ideas marxistas para el desarrollo de sus argumentos; sin embargo, la mayoría de ellos las retoman para argumentar la necesidad de no cometer los errores de las experiencias socialistas pasa-das. En ese sentido, sus ideas tienen el objetivo de reconocer los “productos defectuo-sos” de estas. En gran medida, las criticas planteadas se realizan de manera gaseosa, dejando más espacio a la suposición sin un argumento; no obstante, dentro de las críticas realizadas se valoran las relacionadas con el principio de la revolución social planteada por Marx, diciendo con ello que las experiencias anteriores adelantaron sobre todo transformaciones políticas, dejando a un lado la emancipación económica y en gran medida cultural.

La democracia participativa no es abordada de manera consistente por los teóricos del socialismo del siglo XXI, ya que algunos la fundamentan en la transferencia de la decisión al pueblo organizado, desde arriba y dentro del Estado, inclusive plan-teándola como una señal de irreversibilidad del proceso revolucionario. En cambio, otros teóricos desarrollan la idea desde el autogobierno del pueblo, planteando que el socialismo del siglo XXI no puede ser impuesto por medio de una vanguardia y espacios cerrados de decisión, es decir, que se debe implementar sin verticalismos, de manera que el control popular de los medios de producción y el territorio se lleve a cabo de forma protagónica. Sin embargo, existe un punto de encuentro relacionado con la diferencia planteada entre la democracia formal o representativa y la democra-cia participativa, siendo en este punto importante resaltar la relación entre democra-cia participativa y socialización o ampliación del poder político, en otras palabas, la toma de decisiones en los distintos espacios sociales y no solo en el Estado o el Parti-do. Este punto de encuentro sobre la democracia lo expone Biardeau (2015) cuando plantea: “Un cuarto hito es la conjunción entre democracia, socialismo y revolución.


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Cualquier separación de estos tres términos torna imposible el nuevo socialismo del siglo XXI. La socialización y democratización de la riqueza económica, del poder político y del saber técnico en función de un socialismo a escala humana y ambiental implicaría revalorizar la democracia…” (pp. 514-515)

Ahora, los teóricos estudiados realizan el abordaje del Estado de una manera poco coherente ya que plantean un proceso de desestatización sin su extinción, criticán-dolo como el instrumento de la burguesía más tecnificado para mantener la domi-nación, pero prolongando su existencia. De tal manera, en este punto es importante retomar la discusión sobre reforma y revolución, sobre todo porque Moulian al abor-tarla, olvida que la revolución plantea un cambio en la naturaleza del Estado y no un acoplamiento a este, ya que al plantearse un proceso de desestatización sin extinguir el Estado se está realizando un planteamiento bastante confuso y definitivamente se está dejando de reconocer un objetivo socialista básico, la desaparición del Estado.

La gestación de la emergencia de un nuevo sujeto histórico se plantea a partir del protagonismo de los productores asociados y los trabajadores en su conjunto, resaltando el compromiso solidario, ético y moral de este, sin realizar una caracteri-zación concreta del mismo. Este punto de encuentro se evidencia en el planteamiento relacionado con la necesidad de analizar y construir dicho sujeto teniendo en cuenta la gran diversidad de reivindicaciones que nutrirían la emancipación a las diversas maneras de dominación. En ese sentido, parece oportuno resaltar la necesidad de entender el sujeto socialista revolucionario como un sujeto diverso donde caben las distintas luchas por la emancipación, las cuales dado el desarrollo del capital, se han agudizado al mismo tiempo, complejizado y emergido como dominaciones con las cuales el socialismo debe romper.

En relación con las dinámicas económicas y la propiedad, plantean la necesaria reconstrucción de la economía capitalista, proponiendo nuevas relaciones de pro-ducción basadas en la propiedad de los medios de producción en manos del pueblo, siendo importante la relación entre esta propuesta y la ampliación de la política y los espacios de decisión. Las nuevas relaciones de producción planteadas en el socialismo del siglo XXI se apoyan en una planificación económica que debe ser llevada a cabo de manera autogestionada por los productores o trabajadores asociados, y no por la centralidad burocrática del Estado. El objetivo es el control y límite del mercado ca-pitalista, siendo oportuno resaltar la propuesta de la propiedad mixta compleja, en la que exista la coexistencia de empresas estatales, cooperativas o asociativas y privadas,

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planteando allí la inversión privada como requerimiento de la transición al socialis-mo. Estas propuestas económicas se concretarán en:

1. La realización de las comunas como espacio donde se privilegia la propiedad social sobre la privada y la constitución de las empresas de producción social, en cuyo marco se buscan a partir de la participación comunitaria las soluciones económicas y productivas a las necesidades colectivas.

2. Construir organizativamente la confluencia entre el partido y el movimiento, asignándole al movimiento de masas, más que al partido, el protagonismo de arti-cular las diversas agendas de las distintas reivindicaciones sociales para la toma de decisiones y la construcción de un programa más allá del partido y el Estado. La importancia dada al movimiento, incluso sobre el partido, se encuentra argumentada por la distancia del partido como unico detentor de la verdad.

3. Concretar a nivel internacional redes de apoyo que vayan de lo local a lo global, y así mismo, puedan hacer confluir las distintas reivindicaciones sectoriales a nivel internacional, insistiendo en su aterrizaje a la realidad de cada país. De tal manera, el socialismo del siglo XXI plantea que, si bien debe desarrollarse internacionalmente como orden sistémico alternativo, la experiencia de uno u otro lugar puede servir como referente mas no como copia a llevar a las distintas realidades, en las distintas sociedades. Resumiendo, plantean que las revoluciones no se exportan, sino que sur-gen en las condiciones específicas de cada sociedad en medio del proceso determina-do por las tensiones y conflictos entre los proyectos políticos en lucha. En ese sentido, el socialismo en el siglo XXI no plantea desarrollarse de manera homogeneizante ni imperial, más bien propone la conformación de un sistema global de emancipación que lleve a los proyectos socialistas alrededor del mundo a construir ese internacio-nalismo que desde el siglo anterior se ha tenido la intención de consolidar. Esta pers-pectiva es bastante defendible, sobre todo en una región como la latinoamericana.

En conclusión, el socialismo del siglo XXI ha revivido la discusión sobre la posibi-lidad de construir el socialismo para las condiciones históricas actuales; sin embargo, este no logra consolidar teóricamente un campo definido de discusión y argumen-tación. Vale entonces la pena mencionar que el socialismo del siglo XXI es bastante confuso, planteándose más en la oportunidad del momento que en una elaboración teórica, lo cual ha terminado resultando en un efecto convergente de distintas ini-ciativas. En ese sentido, vale la pena mencionar a Biardeau (2015) cuando menciona:


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Todas estas consideraciones nos permiten concluir que no existe un único “ambiente geo-cultural de referencia, ni un autor de referencia exclusi-vo; que el debate sobre el “Nuevo Socialismo del Siglo XXI” es un efecto convergente de diferentes iniciativas intelectuales, sociales y políticas que pretenden cuestionar la hegemonía de la globalización neoliberal a escala mundial, y que han definido en su agenda temática la tarea de indicar vías deseables, posibles y factibles de transición hacia un “Nuevo Socialis-mo” que se define como una opción para rebasar históricamente el modo de vida de la civilización capitalista para el siglo XXI (p. 498).

De tal manera, se plantea el socialismo del siglo XXI como un intento por recoger desordenadamente ideas hibridas (teología de la liberación, socialismo utópico, socia-lismo científico, liberalismo, entro otros), olvidando en algunos casos la importancia del marxismo como base ideológica y filosófica del mismo. En ese sentido, dentro de las ideas de los teóricos vistos, no logra ubicarse un nucleo compartido que permita consolidar de manera conjunta unas bases o fundamentos lo suficientemente sólidos para considerar el socialismo del siglo XXI como un aporte concreto a la construc-ción del socialismo.

¿El socialismo del siglo XXI y el socialismo son lo mismo?

Es acertado hablar del socialismo del siglo XXI como una intención de renova-ción del socialismo desde las características históricas actuales, mas no como algo nuevo en el desarrollo de la teoría y la práctica socialista. De tal manera, en la pro-puesta de encontrar para nuestro momento histórico una estrategia de transición que pueda “emparentar” la revolución y la reforma, sobre todo en el aparato Estatal, parece que olvidara por momentos que el punto nodal de la transformación socialista es la revolución, nunca la reforma.

Por otro lado, querer abandonar categorías del marxismo con el objetivo de supe-rar dicha discusión es precisamente abandonar la posibilidad de superar ese debate, ya que el marxismo supera por mucho la discusión entre reforma y revolución al plantear el antagonismo entre capital y trabajo. En otras palabras, si bien las expe-riencias socialistas pasadas han cometido errores en el camino de su construcción y

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consolidación, este tipo de afirmaciones entran en contradicción cuando sirven para descartar de tajo los desarrollos científicos, ya que para no volver a ellos se requiere de una discusión experiencial pero también científica. En ese sentido, entre la poca concreción teórica hallada en el socialismo del siglo XXI se encuentra, por ejemplo: “… una negación a hacer la revolución socialista, hay una negación del proletariado, hay una serie de dispersiones y de falacias que atrasan al proletariado y lo desvían de su lucha” (Sutherland; 2014; p. 1).

El socialismo del siglo XXI plantea la democracia participativa como un proyecto de futuro más allá de lo electoral, pero de todas maneras reducido al liberalismo y limitado en libertad política a la convivencia con la dominación económica del capi-talismo. Es más, tal es la confusión que se argumenta como limitante y fracaso de las experiencias socialistas anteriores el no haber desarrollado la democracia participati-va. Ante ello vale la pena plantearse una pregunta: ¿En qué momento la teoría y las experiencias socialistas tuvieron como uno de sus objetivos alcanzar la democracia liberal? De esta manera, la democracia participativa reseñada relaciona la democracia con un papel veedor y de cogestión del sector popular, distinto del protagonismo que este sector debe tener al participar de manera determinante en las decisiones económicas, políticas y culturales en el territorio. En ese sentido, como lo plantea Hernández (2010): “Habría que intentar la planificación verdaderamente popular, que planifique la sociedad, no el Estado. El problema del socialismo en la Unión Soviética y en Cuba, y en todas partes, es que estatiza en lugar de socializar. Se trata de que la sociedad lo planifique todo, no el Estado ni el líder” (p. 136).

La propuesta del socialismo del siglo XXI relacionada con el Estado, sugiere una aclaración, ya que, si bien el este es un instrumento bastante importante para im-pulsar los objetivos de cualquier orden sistémico, por ser una herramienta creada por la burguesía para el mantenimiento hegemónico de su régimen y su dinámica económica, es decir, de su dominación sistémica, el socialismo plantea su necesaria transformación, destrucción y extinción, lo cual no es claro en las ideas del socialis-mo del siglo XXI y constituye un vacío importante si se quiere hablar de alternativa al sistema capitalista.

Ahora bien. Un aporte interesante del socialismo del siglo XXI es el relacionado con el sujeto socialista, ya que lo reconoce como un sujeto pluralizado social de emancipación que emerge en todas las dimensiones, en las diversas reivindicaciones populares de indignación, rebeldía y transformación, siendo fundamental compren-


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der y valorar al sujeto socialista en el trabajador, pero también en la mujer, en el joven, en el indígena, etc. Así mismo el sujeto socialista es un reflejo de lo más cons-tructivo y humanista de lo popular, impulsando su cultura propia y socialista desde el reencuentro con el saber, el conocimiento, la experiencia y la praxis popular como potencial significativo a consolidar por medio del diálogo con otros saberes, que interactuan como acumulados de luchas y reivindicaciones a partir de su potencial revolucionario, de la emancipación de todas las formas de dominación.

Por otro lado, al mencionar la reconstrucción, mas no la sustitución o destrucción de la economía capitalista, junto a la innecesaria implantación de una dictadura, ge-nera distancias con los planteamientos socialistas del siglo XX, ya que precisamente el socialismo tiene vida en cuanto va destruyendo y no reconstruyendo el capitalismo. En ese sentido, al rechazar la posibilidad de una dictadura se distancia del plantea-miento leninista de la dictadura del proletariado, planteando a cambio la transforma-ción como una estrategia política distinta a la forma revolucionaria o reformista. Sin embargo, como lo menciona Sutherland (2014):

Luego de la experiencia de la Comuna de París en 1870, Marx se da cuen-ta que inmediatamente que se tome el poder va a haber una resistencia brutal de la burguesía, que va a tratar de restaurar a sangre y fuego el régimen capitalista, entonces en esa etapa se necesita una dictadura revo-lucionaria del proletariado que aplaste los intentos burgueses que quieran restaurar el régimen de explotación y que puedan empezar a construir des-de un país el proceso que pueda llevar hacia el socialismo a todo el mundo, porque el socialismo tiene que ser internacional, no se puede realizar en un solo país aunque se puede empezar a construir, por eso es que trato de rescatar el concepto de “dictadura revolucionaria del proletariado”, para reivindicar una necesidad histórica de la clase obrera (p. 3).

Ahora, al abordar lo relacionado con el instrumento político como vanguardia, se encuentran en los planteamientos del socialismo del siglo XXI vacíos importantes, pues no se aborda la discusión de manera profunda y algunas veces se afirma o ataca la idea de la vanguardia sin muchos argumentos, sobre todo en un momento históri-co donde la definición entre movimiento, partido y vanguardia es fundamental para las opciones políticas que plantean superar el capitalismo y para superar los errores

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cometidos en las experiencias socialistas del pasado. Alli es importante el aporte de Sutherland (2014) cuando plantea ante este vacío, la necesidad de: “(…) que la clase obrera protagonice la revolución socialista a través de un partido, una unión de par-tidos, un frente, y que fundamentalmente destruya el poder económico y político de la clase capitalista para construir una economía alternativa” (p. 1).

¿El proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela es una concreta alternativa al capitalismo?

Esta pregunta ha sido resuelta anteriormente de alguna manera; sin embargo, dado que este estudio no solo se concentra en los postulados teóricos para resolver sus interrogantes, es oportuno concluir algunas ideas sobre la experiencia del proyecto bolivariano del siglo XXI en Venezuela para evidenciar en la práctica por qué hasta el momento no es una concreta alternativa al capitalismo. El desenvolvimiento del llamado socialismo bolivariano en Venezuela se ha impulsado en gran medida, desde arriba, desde el Estado: en ese sentido se resaltan el proceso de estatización, el proceso de democratización y la política internacional o exterior. Para comenzar, es oportuno citar el texto del Partido Comunista Venezolano, El PCV y la construcción del socialis-mo en Venezuela, cuando plantea:

(…) el proceso de liberación nacional bolivariano está avanzando en el rescate de la soberanía “pero aún no hay las condiciones, ni subjetivas de conciencia y organización social, ni de transformación de la base productiva y relaciones de producción, es decir, no tenemos un plan estratégico para la construcción de la base económico-social de una sociedad socialista”. A la par de ello se debe tener en cuenta que “ la di-rección del Estado se encuentran en manos de la pequeña burguesía, y ésta por sí sola, como se ha demostrado históricamente, no está interesada en desarrollar las tareas propias del periodo de transición (PCV; 2014; p. 4).


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Proceso de Estatización

Teóricamente el socialismo del siglo XXI plantea un proceso de desestatización, en el que el Estado no desaparece, presentándose una falta de claridad teórica refle-jada en lo concreto. El proyecto bolivariano ha profundizado el protagonismo del Estado por medio de la preponderancia de este en el desarrollo de sus programas sociales y su dependencia de la renta petrolera, mientras mantiene un discurso del po-der popular cercano a las nuevas relaciones de producción planteadas en el socialismo del siglo XXI, relacionadas con una planificación económica que debe ser llevada a cabo de manera autogestionada por los productores o trabajadores asociados, mas no por la centralidad burocrática del Estado. En ultimas, esto no se evidencia de forma contundente en la administración o decisión de los trabajadores y sectores populares organizados en las dinámicas productivas y las políticas desarrolladas por el Estado bolivariano.

Aquellas incoherencias teóricas en su reflejo concreto han propiciado en relación con este proceso de estatización tres efectos: 1. Dependencia de las dinámicas de la renta y los precios del petróleo, lo cual ha generado desestabilización económica en el momento de bajas y un sector productivo aun muy precario que da espacio para que sectores privados aun con bastante margen de maniobra dentro de la economía puedan poner en riesgo la hegemonía política ganada por el proyecto; 2. la emer-gencia de un sector burocrático (militar y civil) anclado al Estado que no facilita el empoderamiento de los sectores populares, y 3. una respuesta aun no victoriosa ante las dinámicas políticas, culturales y económicas de la burguesía venezolana y mun-dial, a pesar de la conciencia y organización ganada por la garantía de unas mejores condiciones de vida dadas las políticas sociales. Lo anterior pone en riesgo alto la posibilidad de construir un sistema alternativo al capitalista; sin embargo, hay que reconocer como alternativa una potencialidad nada despreciable ya ganada en los sectores populares afines al proyecto bolivariano.

Concluyendo algunas ideas sobre el proceso de estatizaciòn del proyecto boliva-riano, vale la pena realizar ciertas consideraciones sobre el gasto social y el proceso de nacionalizaciones. En relaciòn con el gasto publico vale la pena anotar su directa relación con la renta petrolera y las decisiones centralizadas en el Gobierno nacio-nal, lo cual genera: 1. Dependencia negativa de la política publica y del proceso de construcción del “socialismo bolivariano” de las dinámicas mundiales del precio del

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petroleo; 2. falta de participación popular en la planeación de tales políticas, lo cual refuerza la dinamización del proyecto bolivariano desde arriba y el Estado.

El rasgo positivo de potenciar la garantía de los derechos del conjunto de los vene-zolanos y la recuperaciòn del Estado como garante de estos, se ha reflejado en el pro-gresivo cumplimiento de los objetivos del milenio. Sin embargo, es oportuno resaltar que estos logros no han impactado la transformación productiva y la socialización de la propiedad. Ejemplo de ello se evidencia en que, además de haber un proceso de nacionalización marginal, el sector petrolero y lo nacionalizado ha pasado a ser administrado por el Estado, siendo allí que los protagonistas militares y burócratas se han aprovechado de estos recursos en detrimento de los trabajadores y del sector popular organizado, en general. Para apoyar esta afirmación vale la pena citar a Terán (2014) cuando menciona: “(…) a partir de 2006-2007, la expansión de las tramas corporativas que componen el Petroestado, terminan de ocupar el chavismo, despla-zando progresivamente sus potencialidades salvajes, ralentizando su movimiento de (re)apropiación” (p. 4).

Proceso de democratización

Teóricamente el proceso de democratización está ligado a la idea de la democracia participativa. Vale la pena volver a recordar que la democracia participativa no es abordada de forma consistente, encontrando dos perspectivas dentro del socialismo del siglo XXI. La primera, caracterizada por la transferencia de decisiones desde el Estado al pueblo organizado, y la segunda, más cercana a la idea del control popular de los medios de producción y del territorio por fuera de vanguardias y espacios ce-rrados de decisión.

El proceso de democratización se encuentra relacionado con la primera perspec-tiva, pues la experiencia organizativa en el desarrollo del proyecto bolivariano has-ta 2012 es dinamizada en espacios comunitarios por fuera de lugares tradicionales como el partido o el Estado, pero fuertemente apoyada por la transferencia de poder que centralizadamente realiza el Gobierno bolivariano. Esto ha permitido la existen-cia de formas participativas alternas a la democracia representativa por medio de una plataforma estatal de apoyo organizativo para el acceso a servicios con la perspectiva de garantía de derechos y apropiación comunitaria del territorio, sobre todo urbano.


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Sin embargo, esta concepción de democracia participativa, planteada en lo teórico y desarrollada en lo concreto por medio de las MTA, MTT, los CTU, Consejo Co-munales y Comunas, tiene límites importantes para la construcción concreta de un poder popular que vaya cimentando alternativas a las dinámicas del capital.

Las problemáticas relacionadas con estos límites son las siguientes: 1. Procesos organizativos aun dependientes del recurso económico proveniente de la renta pe-trolera administrada por el Gobierno bolivariano; 2. burocracia limitada, hermética, en casos corrupta y aun conservadora, que pone trabas al desarrollo de estos espacios organizativos; 3. marginalidad de las decisiones políticas y económicas estructurales. Estas se presentan como serias falencias en la posibilidad de administrar y apropiar socialmente los medios de producción y el territorio por parte del pueblo organizado, convirtiéndose en talanqueras para la realización de una democracia de transición que pueda ir concretando las bases de un fortalecido poder popular. De esta manera, es necesario que las tendencias revolucionarias presentes dentro y fuera del Estado asuman su papel protagónico en términos de ir inclinando la correlación de fuerzas hacia la construcción del poder popular. De lo contrario, puede que el proceso entre en un desgaste que haga reversible lo conseguido en términos de organización social y garantía de derechos.

De todas formas, en relación con el proceso de democratización se mencionará que son valiosos los avances en educación y democratización cultural. En efecto, es oportuno mencionar que el proyecto bolivariano ha adelantado un proceso de politi-zación de la sociedad, sobre todo de los sectores populares. Sin embargo es necesaria una profundización de una cultura socialista y revolucionaria que no quede limitada al voto electoral sino que dinamice el proceso de transformación económico y políti-co. En este punto es vital ir consolidando organizativamente dichos valores-practicas desde las bases sociales y de manera cotidiana. Allí también es importante que el Es-tado se asuma políticas más certeras para impactar de forma determinante los medios de comunicación y de consumo cultural fetichista que benefician la reproducción de los valores del capitalismo, con lo cual hasta ahora está en deuda, sobre todo, en relación con los medios de consumo.

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Política internacional y exterior del proyecto bolivariano

El socialismo del siglo XXI plantea la construcción internacional del socialismo por medio de redes de apoyo que vayan de lo local a lo global, haciendo confluir, así mismo, las distintas reivindicaciones sectoriales a nivel internacional de acuerdo con la realidad de cada país. En relación con la política internacional o exterior del pro-yecto bolivariano, resaltamos que este ha sido protagonista en la constitución de es-pacios alternos, sobre todo regionales, a los dominados por Estados Unidos, buscan-do configurar un orden geopolíticamente paralelo al impuesto por el imperialismo norteamericano, con la finalidad de consolidar relaciones solidarias entre naciones en diversos aspectos y en multiples direcciones. No obstante, dentro de estos espacios regionales se han visto dos tendencias que han marcado un aparente equilibrio en el marco de estas disputas de carácter político y económico, las cuales han contribuido al estancamiento de propuestas surgidas desde la mirada bolivariana, al tiempo que han obstaculizado el proceso de integración. Estas tendencias se han manifestado en el esfuerzo por consolidar espacios como Mercosur, en el caso de Brasil, y el Alba o la CELAC, en el caso de Venezuela.

Resumiendo los distintos espacios creados regionalmente resaltamos que la UNA-SUR además de ser una plataforma de disputa política con los EEUU y la UE, ha sido un ámbito que acoge las diferencias entre distintas tendencias políticas lideradas por Venezuela y Brasil. Ello ha convertido a la UNASUR en una especie de bala de oxí-geno para aquellas propuestas regionales neoliberales de los noventa que reconcilian las concepciones del mercado y el Estado como promotor del desarrollo económico.

El ALBA es el espacio más concreto de desarrollo de la política internacional y exterior del proyecto bolivariano, y ha sido la respuesta más separada de los designios del BM y el FMI, caracterizándose también como la dimensión de integración opor-tuna para la tendencia bolivariana en la región. Esta, en conjunto con la utilización de la renta petrolera, le ha dado poder de veto a las intenciones de la tendencia brasi-leña dentro de la región. No obstante, sus proyectos y programas, aunque han con-solidado la tendencia bolivariana a nivel latinoamericano, aun tienen una relevancia marginal en el panorama regional y mundial.

A partir de la proyección bolivariana, la CELAC ha sido una oportunidad para incluir a Cuba dentro de la disputa regional, legitimando un poco más sus plantea-mientos sobre todo en la relación con el Caribe y Centro América. Por otro lado, la


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existencia de la CELAC refuerza políticamente el distanciamiento de EE.UU. y la OEA como espacio de integración. En efecto, este ha caído cada vez más en desuso. Sin embargo, es oportuno resaltar que ante algun tipo de autonomía política ganada, la disputa entre la tendencia bolivariana y la brasileña encontrada en los espacios regionales ya descritos se ha visto complementada por la conformación de la Alianza del Pacífico.

El gobierno bolivariano ha visto su ingreso a MERCOSUR como una oportuni-dad para dinamizar proyectos económicos estancados en otros lugares de integración de talante más político, obtener productos importados de países productores como Brasil y Argentina, tener la posibilidad de impulsar el sector productivo por medio de intercambios de tecnología y expertos, también fortalecerse en los espacios dina-mizados por la tendencia brasileña disputándole con el recurso petrolero proyectos de inversión energética. Sin embargo, la presencia de Venezuela en MERCOSUR no ha cumplido de manera satisfactoria ninguno de los objetivos anteriormente planteados, por otro lado, vale la pena mencionar que MERCOSUR ha perdido protagonismo cediendo hasta el momento espacio a la Alianza del Pacifico y los TLC como es-trategia de reinvención regional del neoliberalismo. Este espacio es el nicho de la tendencia brasileña.

Además de la política exterior del Gobierno enfocada en el apoyo a la conforma-ción del regionalismo antes mencionado, el proyecto bolivariano ha impulsado una política internacional donde los protagonistas son los movimientos sociales, allí se han ido constituyendo redes de solidaridad internacional con los procesos, proyectos y gobiernos latinoamericanos que plantean alternativas al neoliberalismo.

Vale la pena resaltar algunos puntos en relación con la política internacional y exterior del proyecto bolivariano: 1. Sostenimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos, a pesar de la política exterior caracterizada anteriormente; 2. polí-tica exterior basada en la renta petrolera, por lo tanto dependiente de las dinámicas internacionales del precio del hidrocarburo; 3. política internacional o exterior del proyecto bolivariano que no responde a la busqueda internacionalista del socialismo.

De todas maneras, a pesar de no ser una política exterior e internacional dirigida a la construcción internacional del socialismo, si parte de una estrategia geopolíti-ca que pretende construir espacios alternos a los dominados por Estados Unidos, enalteciendo una idea de soberanía regional, comenzando a articular perspectivas económicas, políticas y culturales de distintos procesos a nivel latinoamericano y del

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Caribe, que aunque no precisamente son socialistas sí contribuyen a una redefinición política de la región, a pesar de que en términos económicos, las grandes decisiones aun se tomen en organismos dominados por la burguesía internacional, la división internacional del trabajo y la crisis vital impulsada por las dinámicas del capitalismo.

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Shameel Thahir SilvaPolitólogo y Magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la

Universidad Nacional de Colombia. Profesor universitario.

Geopolítica de la construcción de la unidad bolivariana

ResumenEste artículo es uno de los capítulos de mi tesis de Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos, cuyo objeto de investigación fue la unidad continental en el pensamiento político de Simón Bolívar o unidad bolivariana. El marco histórico del análisis se ubica entre la Carta de Jamaica (1815) y el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826). En el documento se reconoce la unidad bolivariana como un proceso político, económico, social y cultural que es tanto medio como fin para alcanzar la independencia y garantizar la libertad continental. El medio es la Patria Grande y el fin es la confederación continental de Estados americanos. Las variables de trabajo fueron la territorial, la cultural, la política y la militar, y se llegó a conclusiones que son formuladas como herramientas para entender lo que significa la unidad bolivariana en el contexto de Nuestra América hoy en día.

Palabras clave: Teoría Política, Pensamiento Político Latinoamericano, Simón Bolívar, Unidad Continental, Patria Grande, Confederación de Estados, Unidad Bolivariana


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1. Introducción

Simón Bolívar plantea su idea de unidad continental sobre la práctica. Por lo tan-to, es importante destacar en términos territoriales que significó para Bolívar este continente y, a partir de lo que observó y las relaciones políticas y sociales

que se iban tejiendo, cómo se lo imaginó, ya que ahí radica una de las variables que le dan la fuerza política a la unidad bolivariana en la actualidad.

Dos años antes de escribir la Carta de Jamaica, Bolívar dice:

Un continente, separado de la España por mares inmensos, más poblado y más rico que ella, sometido tres siglos a una dependencia degradante y tiránica, al saber el año de 1810 la disolución de los gobiernos de España por la ocupación de los ejércitos franceses, se pone en movimiento para pre-servarse de igual suerte y escapar a la anarquía y confusión que la amenaza (Bolívar, Documento 415. Contestación de Bolívar al Gobernador de Cu-razao, J. Hodgson, fechada en Valencia, el 2 de Octubre de 1813, 1813).

En su análisis constante y articulado con su práctica política, Simón Bolívar ob-serva los intereses políticos y económicos de carácter imperial sobre nuestro conti-nente (Estados Unidos, la Santa Alianza e Inglaterra) y cómo estos van en contravía de los de España.

Este escenario lo superpone a esas iniciativas desarticuladas que se levantaban en el territorio en contra de los intereses de España. Pero es precisamente ese levanta-miento lo que facilitaba que se tejieran entre ellas mismas iniciativas de consolidación con la necesidad que tenían de fijarse objetivos comunes, lo cual finalmente facilitó Bolívar con su liderazgo1.

Si se tiene en cuenta lo que significó destruir un régimen colonial y monárquico de dominación en este territorio, y al mismo tiempo construir una serie de republicas independientes y buscar su confederación, fue necesario para él buscar cómo utilizar

1 Montaruli sigue esta idea cuando analiza el concepto de integración en el discurso de Simón Bolívar: “A pesar de sus peculiaridades, todas estaban enlazadas, no solo por la lucha común contra la opresión económica y política de las metrópolis europeas y la aparición de un progresivo sentimiento nacional en los pueblos sublevados, sino también por objetivos similares, que en general tenían que ver con la destrucción de las trabas al avance capitalista” (Montaruli, 2008, pp. 190-191).

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Shameel Thahir Silva, Geopolítica de la construcción de la unidad bolivariana

esos intereses en pugna, en función de la independencia y la libertad de los pueblos que buscaba empoderar. La independencia era una necesidad que debía ser alcanza-da, tal como aparece una y otra vez en sus documentos y cartas:

La cosa de América no es un problema ni un hecho siquiera, es un decreto soberano, irrevocable del destino: este mundo no se puede ligar a nada, porque los dos grandes océanos del mundo lo rodean y el corazón de los americanos es absolutamente independiente” (Bolívar, Documento 7730. Carta de Bolívar para Santander, fechada en Guayaquil el 6 de Agosto de 1823, en la cual le informa estar a punto de partir al Perú, le recuerda su oferta del envío de 3000 hombres que utilizaría en el Perú, refiriéndose también (…), 1823).

En cuanto a los intereses en pugna, servirse de Inglaterra en nuestro continente, por ejemplo, es confundida por algunos autores como una inclinación hacia lo inglés, como si Bolívar buscara cambiar la dominación española por la dominación inglesa. Semejante interpretación del empleo táctico que él hace de Inglaterra, confundién-dole, no tiene sentido ni base documental2. Por lo anterior se resalta el siguiente fragmento de carta de Bolívar a Santander:

2 “Enunció, en mayo de 1815, las pérdidas comerciales sufridas por los comerciantes ingleses al no poder negociar con Venezuela y la Nueva Granada y el amplio mercado que podrían perder en el futuro esos mismos comerciantes, especialmente en el tráfico de metales preciosos, mencionó el contraste de ello con el muy bajo costo que significaría “dar la libertad a la mitad del mundo y poner al universo en equilibrio, es decir, impedir el refuerzo del poderío español con la reconquista de América”. Ese costo mínimo era de 20 o 30 000 fusiles, un millón de libras esterlinas, 15 o 20 buques de guerra, municiones y algunos agentes y voluntarios británicos. El argumento, adecuado a la mente inglesa, fue entendido a título particular por los comerciantes ingleses que, en Jamaica, apoyaban a Bolívar. Ellos veían con toda claridad, el extenso campo de operaciones mercantiles y de ganancias que podían serles posibles al darse un libre comercio sostenible con Tierra Firme (…) La situación internacional había cambiado. En Londres el gobierno español protestaba ante el inglés por la protección dada constantemente a los “insurgentes de América”. El gobierno británico, quizá en estudio de lo que pasaba en Cartagena, se mantuvo aparentemente indiferente ante esas protestas y se limitó a contestar que toda persona que llegase a la isla de Jamaica tenía derecho a protección, sin que ello signifique que las autoridades británicas aprobasen sus intenciones e ideas, “ni que se les permita residir allí con el fin de que realicen con mayor seguridad sus principios revolucionarios contra la Madre Patria”” (Alcántara, s.f., p. 262).


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Yo creo que se puede salvar la América con estos cuatro elementos: primero, un grande ejército para imponer y defendernos; segundo, política europea para quitar los primeros golpes; tercero, con la Inglaterra; y cuarto, con los Estados Unidos. Pero todo muy bien manejado y muy bien combina-do, porque sin buena dirección, no hay elemento bueno. Además insto sobre el congreso del Istmo de todos los estados americanos, que es el quinto elemento (Bolívar, Documento 10189. Carta de Simón Bolívar para el General de División Francisco de Paula Santander, fechada en Lima el 11 de Marzo de 1825, 1825).

Paralelo a esos intereses ingleses y como nación emergente, con una orientación claramente definida en el marco de la Doctrina Monroe, Estados Unidos justificó su injerencia activa en el proceso de unidad bolivariana bajo la supuesta idea de “seguri-dad continental”, que finalmente fue el embrión de su política exterior hacia el conti-nente en los doscientos años siguientes, hasta la actualidad (Casanueva de Diego, s.f.).

En el esfuerzo de caracterizar a los pueblos que viven en nuestro continente, a los que buscaba empoderar en medio de esos intereses en pugna de carácter imperial que moldeaban el proceso de unidad, Simón Bolívar establece la diferencia con otros pueblos del mundo, resaltando que no somos ni europeos, ni americanos del norte y que somos más bien en parte africanos, en parte americanos y algo de europeos.

España es importante en nuestra caracterización como pueblos, pero no somos españoles, y eso es determinante políticamente, ya que es otra de las justificaciones de la independencia3. Si ello, además, se liga al hecho de que nuestro continente posee el potencial de ser libre por sus recursos y riquezas, teniendo en cuenta el tiempo que

3 “Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia” (Bolívar, Documento 3589. Discurso de Angostura, pronunciado por el Libertador Simón Bolívar el 15 de Febrero de 1819, en el acto de instalación del segundo congreso de Venezuela, 1819).

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este territorio se ha configurado desde el inicio de la dominación española ‒trescien-tos años para el momento de Bolívar‒ y que este periodo ha sido prueba de diversos hechos que caracterizan su potencial como Patria Grande, nuevamente se justifica la libertad. Podemos decir que la diversidad implícita en todo este proceso hizo de la idea de unidad una necesidad4.

Es por esto que ‒a partir de la realidad del dominio colonial‒ Simón Bolívar re-laciona en el proceso de unidad bolivariana las riquezas continentales con la libertad.

Paralelo a lo anterior se destaca que el despliegue militar del proceso de unidad bolivariana por el continente nunca tuvo un enfoque conquistador sino, por el con-trario, el de la construcción de un territorio que, en términos políticos, al inicio de su campaña político-militar, era un proyecto llamado Colombia, el cual se iba concre-tando con cada victoria sobre el ejército invasor español.

Simón Bolívar imagina, a manera de proyección política sobre el territorio concre-to que es nuestro continente, los valores de la libertad, la justicia, la gloria y la moder-nidad como principios básicos de la consolidación del proceso de unidad5. Estos valo-res de carácter republicano solo podían operarse en una comunidad continental y con una serie de mecanismos e instrumentos que se analizan en los siguientes acápites.

2. Lo común y sus cruces: la Patria Grande como medio para expulsar a los invasores

En el caso de la unidad bolivariana, lo comun no implica uniformidad y, por lo tanto, no es una generalización, aunque seguramente la visión de Bolívar de lo comun estuvo cruzada de manera trasversal por la perspectiva de la clase criolla a la que pertenecía.

La no uniformidad de lo comun se desarrolla a partir de lo que denomino “cru-ces”. Estos son el momento en que lo comun se potencia. En otras palabras, el poten-

4 “Que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos: conoce sus ventajas naturales y medios de defensa, y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para ligarla otra vez a la España” (Bolívar, Declaración de Independencia dirigida a la Santa Alianza, 2010).

5 “Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad empuñando el cetro de la justicia; coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno” (Bolívar, Documento 3589. Discurso de Angostura, pronunciado por el Libertador Simón Bolívar el 15 de Febrero de 1819, en el acto de instalación del segundo congreso de Venezuela, 1819).


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cial de lo comun está donde se cruzan el lenguaje, la religión, la raza y, por lo tanto, la cultura, en el territorio6. Lo comun y sus cruces son las articulaciones de la Patria Grande.

La Patria Grande es síntesis que recoge todo lo necesario para expulsar a los inva-sores del continente. No es la Patria Grande en sí la que lo hace; es ella a través de una serie de mecanismos como la republica, de herramientas como el ejército libertador y producciones jurídicas (tratados y constituciones), puesto que finalmente nada de lo anterior sería posible sin el desarrollo y la consolidación de una Patria Grande como fundamento de lo que hoy podríamos considerar una nación continental.

La organización de las colonias españolas estaba cruzada por un riguroso cen-tralismo, ya que todo lo significativo tenía que pasar por la Península y se vinculaba con la monarquía como símbolo de una autoridad que se mantuvo tres siglos, con la religión católica impuesta durante la colonización, con la lengua castellana que trató de imponerse en medio de todo ese proceso de invasión y exterminio y con los años de historia compartida entre pueblos colonizados y pueblo colonizador. Estos son los elementos que Bolívar recogió positivamente hacia la unidad bolivariana.

Los cruces propios de lo comun posibilitaron lo que Bolívar en la Carta de Ja-maica consideró imposible, y que en el documento en mención se evidencia como un “deseo racional”:

(…) no obstante que es una especie de adivinación indicar cuál será el re-sultado de la línea de política que la América siga, me atrevo a aventurar algunas conjeturas, que, desde luego, caracterizo de arbitrarias, dictadas por un deseo racional y no por un raciocinio probable (Bolívar, Documen-to 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profética Carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipa-ción americana, 1815).

El “deseo racional” en contraposición al “raciocinio probable” es el que dirige a la Patria Grande hacia el objetivo de la unidad continental. Es por esto que la potencia de lo comun en el proceso de unidad bolivariana llevó a Bolívar a proyectar un con-

6 “El contacto de las culturas y sus hablantes en el territorio americano fue entonces profundo e intenso. En efecto, los españoles no solo adaptaron voces indígenas a su lengua, sino que adoptaron rápidamente costumbres amerindias” (Parodi & Luján, 2014).

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tinente con un papel decisivo en el futuro de la humanidad, sin marcar diferencias claras entre lo soñado y lo que había de hacerse para así construir sobre la marcha la unidad necesaria y los mecanismos e instrumentos que la harían real.

Es a partir de la consolidación de una Patria Grande orientada por ese “deseo racional” que el logro de la independencia se justifica como algo natural. Por lo tanto, la comunidad-nación ‒o Patria Grande‒ debía ser liberada, lo cual también se justificaba, segun Bolívar, por la respuesta que dio la Corona a esa primera oleada au-tonómica, verdadera detonación del acumulado de los años de resistencia a la colonia, que se produjo gracias a la invasión francesa a la península española.

A esa comunidad-nación que hoy conocemos como Patria Grande, Bolívar le dio un nombre a partir de la reedición del proyecto político que Miranda había conce-bido durante sus años de militancia en pro de la independencia de Venezuela entre las cortes reales de Europa. Para Bolívar, la Patria Grande se llamaba Colombia (hoy Colombia es un país, pero la Patria Grande sigue vigente, es por esto que Venezuela, Ecuador y Colombia compartimos los colores de la bandera) y el mecanismo que la desarrollaría sería la republica.

El cruce más significativo que nos articulaba como comunidad-nación era el he-cho de nacer en este continente. Eso era lo que hasta la misma España señalaba como rasgo diferenciador, al discriminarnos, sin importar si éramos hijos de españoles o de esclavos, reforzando la necesidad de desligarnos y construyendo el deseo racional de independencia.

El hecho de nacer en el territorio significaba que éramos al tiempo americanos ‒colombianos, venezolanos o neogranadinos‒ y no importaba si éramos indígenas, negros o criollos ya que todos éramos ciudadanos y compatriotas de la Patria Grande. Ese fue el punto de partida de los apoyos materiales a la independencia, de su justi-ficación y su realización.

Así, esta comunidad-nación tenía como base los cruces articuladores en los que se potencia la unidad bolivariana a manera de pilares, haciendo posible esa necesidad de Patria Grande por el “deseo racional” de la misma, con lo que la Patria Grande era comunidad-nación continental que tomaba conciencia de sí misma para alcanzar su independencia y asegurar su libertad.

Por lo tanto, la Patria Grande es la comunidad-nación en la que se plantan los pilares articuladores del proceso de unidad bolivariana. Esta Patria Grande va en contravía de los intereses imperialistas en nuestro continente y es al mismo tiempo


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un producto de esos intereses operando sobre el mismo. No debe ser confundida con el ideal ciudadano de la teoría republicana sino que, por el contrario, involucra el potencial que implica lo que nos une como pueblos, esto es, es el hecho concreto de haber nacido en el continente, fundamentando nuestra soberanía en la transfor-mación del orden establecido por los invasores. El “deseo racional” que orienta a la Patria Grande es la síntesis de lo soñado-proyectado con lo racional y moderno, sien-do así vital la constitución de la Republica de Colombia como herramienta reeditada del proyecto mirandino de liberación, en función de lo que debía ser una republica desde lo comun.

La Patria Grande es la comunidad que hizo posible la Republica. Esta comunidad y prototipo embrionario de nación pone el bien comun y lo publico como prioridad. Es esta priorización, entonces, la que explica que se tengan los valores republicanos como horizonte de movilización de la Patria Grande, y a partir de ahí es que se en-tiende que para Bolívar la Patria Grande era Colombia, y Colombia era todo lo que se necesitaba para expulsar a los invasores del continente. Sin confundir a Colombia con el mecanismo republicano que la concretó sobre el territorio.

3. La dialéctica política de la unidad bolivariana en función del espacio liberado

Teniendo en cuenta la caracterización territorial ya definida, la unidad boliva-riana se construye alrededor de una serie de contradicciones políticas constitutivas del mismo proceso de unidad sobre ese territorio continental.

En primera lugar, las contradicciones territoriales se enmarcan ante todo en la tensión entre el modelo federalista de gestión del proceso político revolucionario y el modelo centralista que Simón Bolívar impuso en una primera fase del mismo. Trasversal a la misma, existió la contradicción entre el régimen republicano de ga-rantía de libertades y el régimen monárquico de consolidación de autoridades sobre un espacio de reacomodación de poderes imperiales marcado principalmente por la decadencia del imperio español y la concepción de la Doctrina Monroe, con una Inglaterra enfocada en desarrollar su potencial comercial y una Santa Alianza que se alzaba amenazante en defensa del Antiguo Régimen.

La contradicción fundamental que caracterizó el proceso de unidad bolivaria-na fue la de los revolucionarios que lideraban el proceso, con Simón Bolívar a la

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cabeza, quien actuaba como vocero de las clases populares, y los terratenientes, esclavistas, mineros, comerciantes y militares, que intentaban consolidar los espa-cios de poder que heredaron del modelo colonial de dominación española y/o que ocuparon gracias a la guerra de independencia7. De ese lado de la contradicción es que se destacaba Francisco de Paula Santander como vocero de esos intereses.

Esa constitución contradictoria se da, entre otras cosas, por la dificultad que implicó destruir un régimen monárquico y de dominación imperial sobre el conti-nente y al mismo tiempo constituir un régimen republicano y libertario de iguales dimensiones, en reconocimiento simultáneo de la diversidad territorial existente, al recoger los procesos de resistencia cultivados en los años de colonia e influencias como la de la Ilustración. Todo lo anterior, en medio de los intereses de España y la Santa Alianza, de Estados Unidos, de los terratenientes, comerciantes y militares, sin que existiera consenso frente al proyecto mismo.

En este disenso fue determinante el liderazgo de Bolívar para empujar el proce-so de unidad hasta el espacio del Congreso de Panamá, siendo él, como personaje histórico, el titular de ese “deseo racional” descrito en el acápite anterior, que im-pulsó a la Patria Grande durante el proceso de unidad.

Al abordar en primera instancia la contradicción entre federalismo y centra-lismo, encontramos que, por ejemplo, ya antes de 1815, en el balance que hace Bolívar en el Manifiesto de Cartagena de su experiencia en la primera republica de Venezuela, liderada por Francisco Miranda, argumentó que el federalismo no es el sistema de gobierno ideal para expulsar a los invasores del continente.

De manera pragmática, Bolívar entiende que en un principio no es conveniente poner en práctica el ideal federalista, pero siempre resalta el hecho de que hacia ese ideal se dirige, lo cual indica que las realidades que iba leyendo están sobre sus ideales, ocupando el liderazgo del proceso de unidad.

Mientras no expulsara los invasores, no consideraba gestionar el proceso en una forma federalista. Esto chocó contra intereses de clase que, bajo el manto del

7 Ana María Lorandi explora en un ensayo desde una perspectiva trasnacional la relación entre guerra de independencia y construcción de la ciudadanía: “La otra herencia importante de la larga guerra fue la creciente militarización de los gobernantes, que a fuerza de abusos y exacciones económicas fueron minando no sólo la autoridad del Rey, sino desdibujando la preeminencia de ciertas ciudades para ejercer el control de las provincias. «Lembryon d´État centralisateur mis en place par les premiers révolutionnaires s´écroula sous le pois de l´escalade militaire» produciendo un proceso de fragmentación político-territorial” (Lorandi, 2014).


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federalismo, solo buscaban proteger el poder que habían construido con lógicas coloniales que dividían a nuestros pueblos.

Por lo tanto, siendo Simón Bolívar fiel al señalamiento de idealistas que hizo de los defensores del federalismo desde el Manifiesto de Cartagena, en el inicio del proceso de unidad bolivariana, deja claro que esta debe orientarse a través de lo que denomina “esfuerzos bien dirigidos”, algo contrario a los principios federalistas en términos teóricos, pero en la vía orientada por Bolívar de construirlo como un proceso desde lo concreto8. Esos esfuerzos bien dirigidos solo se lograrán a partir del deseo racional que orienta la Patria Grande ya caracterizada.

Para responder la pregunta acerca de cómo construir una republica federal cer-cada por amenazas militares, políticas, económicas y sociales, hay que comenzar por tener en cuenta el hecho de que Bolívar entendía el modelo federalista como articulación central de la unidad continental a partir de la comprensión de la difi-cultad que implica la diversidad de la región y, por lo tanto, entendía que mientras la prioridad fuera la expulsión de los invasores debía centralizar el proceso, redu-ciendo los márgenes de error o el umbral de incertidumbre, y así, garantizando el camino más seguro hacia la independencia. Como consecuencia de esto, el desa-rrollo de la libertad era posible a través del federalismo, en el modelo confederativo propuesto en el Congreso de Panamá, no antes de ese momento.

De esta manera, Bolívar, fiel a los ideales teóricos modernos, especialmente a lo formulado por los intelectuales de la revolución francesa, reclamaba en la primera fase del proceso de unidad bolivariana regularidad, consistencia y un modelo de unidad que era contrario al sistema de gobierno federalista, el cual falló a la hora de responder la agresión invasora de 1812 en Venezuela. Es por esto que Bolívar afirma en 1817:

Tal ha de ser el efecto necesario de la regularidad y consistencia del Go-bierno, y del carácter de unidad que lo distingue. Débase este beneficio a la experiencia de los funestos efectos que ha producido entre nosotros el

8 Bolívar lo llamaba “efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos”: “Yo diré a Vd. Lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre: es la unión, ciertamente; mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos” (Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profética Carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipación americana, 1815).

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sistema federativo, exaltando el espíritu de provincia que forzosamente debilita y entorpece el de Nación (Bolívar, Documento 2428. Comu-nicación de Bolívar a Luis López Méndez, agente de la República de Venezuela en Londres, fechada en Angostura el 21 de Noviembre de 1817, con amplio informe acerca de los acontecimientos de la campaña hasta el momento, 1817).

A partir de lo anterior fue que Bolívar tenía que resolver el problema político de decidirse por un modelo de gestión centralista o uno federalista, ya que, por ejem-plo, en términos prácticos la republica como mecanismo podía ser o centralizada o federada.

Ese dilema que problematizó el desarrollo de la unidad bolivariana, en tanto constituyó una de las tensiones que terminaron definiéndola como proceso, fue el que permitió entender cómo la unidad bolivariana en su flujo entre 1815 y 1826 se movió de un centralismo total (representado en la jefatura unica del ejercito liber-tador que podía ser confundido con una monarquía) hacia un desarrollo de lo que debería ser el federalismo a nivel continental y que debía legalizarse en el Congreso de Panamá. Por lo tanto, el nivel de esta contradicción aumenta en función del espacio liberado9.

Se puede afirmar que cuando el espacio liberado era solo Venezuela, y estaba amenazada por un ejército español en directa conexión con Europa que cercaba al ejército libertador y patriota, era necesario un modelo centralista de gestión del proceso de unidad bolivariana. Mientras el proceso avanzaba y, al mismo tiempo, se complejizaba la relación dialéctica de esta medida centralista con la necesidad, en el marco de los principios políticos y del ideal republicano del federalismo,

9 Por ejemplo, en el siguiente fragmento de esta carta de Bolívar a Santander, se resalta que el espacio liberado estaba cruzado por la experiencia de ser colombiano; en un lugar ya era costumbre, mientras que donde él se encontraba todavía era algo nuevo: “Diré a usted en sustancia la conclusión de mis meditaciones; allá marcha bien todo sin mí, acá no sé cómo irá todo sin mí, porque aún la máquina no está montada para que marche sola. Esta niña colombiana no tiene más que seis meses de recién nacida; allá estamos cansados de ser colombianos y hay gente veterana en el oficio. El incentivo de la gloria me habría llevado a participar con usted de la suya” (Bolívar, Documento 7134. Carta de Bolívar para Santander, fechada en Pasto el 14 de Enero de 1823, en la cual se refiere a correspondencia del vicepresidente, se queja de ciertas gestiones de Zea, le dicta instrucciones para mejorar el “Correo de Bogotá” (...), 1823).


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expuesta en el Manifiesto de Cartagena, se fue avanzando hacia un modelo más federalista que centralista, sin llegar a convertirlo en una copia exacta de lo formu-lado por los teóricos de la época, sino, por el contrario, apuntando a un modelo en función de las necesidades del proceso político, con la carta de navegación de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad.

Es por esto que se debe entender cómo el flujo de la unidad bolivariana está marcado por unas fases, las cuales, en una primera instancia, están determinadas por la unidad como condición necesaria para expulsar a los invasores, mientras que el cambio cualitativo hacia la consolidación de la libertad ocurre cuando aquellos ya han sido expulsados. Ello explica por qué el proceso de unidad bolivariana es flexible en cuanto a su modelo de gestión (del centralismo al federalismo), el cual depende de la capacidad real que exista de desarrollar la libertad y consolidar la independencia, a partir de la posición que ocupen en el tablero del poder (el terri-torio) los invasores del continente.

Paralelo al federalismo, la necesidad de que en el continente se impusiera el régi-men republicano se mantuvo incuestionable para Bolívar, en contraposición a todo lo que representara el absolutismo monárquico y sus formas coloniales en nuestro territorio. En efecto, en su discurso, la repetida idea de la necesidad de implementar un régimen republicano fue una constante, no como un fin en sí mismo sino como medio de garantía de libertad en el desarrollo del proceso de unidad.

La ruta más simple para Bolívar como jefe máximo del ejército libertador hubie-ra sido imponer una monarquía sobre el continente antes que construir una con-federación republicana10. La unidad política se hubiera podido lograr fácilmente bajo el símbolo del monarca, como garantía de autoridad, tal cual como había fun-cionado durante la Colonia: ¿y quién mejor que Bolívar para ocupar ese cargo en

10 Era una pregunta que se hacía en la Carta de Jamaica: “¿No es la unión todo lo que se necesita para ponerlos en estado de expulsar a los españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida España para hacerlos capaces de establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y leyes benévolas?” (Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profética Carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipación americana, 1815).

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territorio continental?11 No lo hizo Bolívar, pero sí lo hizo, por ejemplo, Iturbide en México, y también en Brasil se solucionó esa tensión con el modelo monárquico12.

Lo que no se puede perder de vista es que para Bolívar la republica era ‒por enci-ma de la monarquía‒ el mecanismo que ‒ya con el poder‒ constituiría la garantía de operatividad de los valores de libertad, igualdad y fraternidad sobre el territorio con-tinental, mostrándose así fiel discípulo de la Ilustración en su versión radical francesa.

De la misma manera que existió una relación dialéctica de desplazamiento del centralismo al federalismo, como modelo de gestión del espacio liberado, en este marco se configuró una relación similar entre el régimen republicano que se cons-truía y el régimen monárquico de dominación colonial que se destruía de manera simultánea13. Por esto, en términos sociales, el proceso político de unidad bolivariana tiene sus flujos y contraflujos, pero avanzado con fuerza hacia un horizonte definido,

11 El ocupar el cargo de jefe único del ejercito libertador le abría la posibilidad a Bolívar de imponerse como monarca sobre nuestro continente: “Como elementos integradores del Estado, los ejércitos desarrollan un “espíritu de cuerpo” dentro del cuerpo social, que es una especie de adecuación física de las partes al todo en una visión jerárquica que abarca todo el edificio social. Al igual que en el cuerpo individual, las extremidades (la función ejecutiva) deben obedecer a la cabeza (el mando). Por eso el ejército se identifica, ante todo, con la obediencia y la disciplina (…)” (Hernández López, s.f.).

12 En carta a Santander, Bolívar formula su opinión sobre Iturbide en su posición de emperador de México: “Mé jico lo mismo porque Iturbide tiene el pueblo sobre sus brazos, es decir, contra él. Mando a usted un impreso de Méjico que com plica a Santamaría en la conspiración contra el imperio. Yo he es crito a Itúrbide contestándole a su magnífica carta porque es de decencia y de justicia. Nadie detesta más que yo la conducta de Itúrbide; pero no tengo derecho a juzgar de su conducta. Pocos soberanos de Europa son más legítimos que él y puede ser que no sean tanto” (Bolívar, Documento 7310. Carta de Bolívar para Santander, fechada en Guayaquil el 29 de Marzo de 1823, en la cual se refiere a las tropas enviadas al Perú, a disposición de salir para ese país, a la comunicación recibida de Iturbide, juicio sobre este (…), 1823).

13 “Este doble acercamiento pretende asentar la imprecisa idea de “cambio” en el terreno teórico de la relación entre estructura y agencia, es decir la relación entre transformaciones estructurales de la forma de dominación y la acción transformadora que impulsa u orienta esta modificación. En este sentido, el “cambio” relevante corresponde a una crisis de una forma de dominación, entendiendo por crisis un proceso de transformación ‒revocado y orientado por un conflicto político‒ que tensiona y modifica una relación de poder, reestructurándola o superándola según el saldo entre continuidad y de ruptura. La noción de época se asienta, por lo tanto, en la permanencia de una forma específica de la estructura de dominación, la crisis se relaciona con el cambio y la agencia remite a los protagonistas del conflicto social y político y al resultado de su enfrentamiento” (Modonesi, 2008).


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el de la confederación. Solo hasta el Congreso de Panamá se abrió la posibilidad concreta, a partir de la realidad de la expulsión de los invasores del continente, de construir una confederación continental, tal cual como la soñó Bolívar en Jamaica.

Por tanto, se puede afirmar que la republica no se estableció de forma improvi-sada, sino que en cambio fue creciendo a la par de la amplitud y complejidad que iba adquiriendo la unidad bolivariana como proceso sobre el continente: hacer algo diferente era considerado por Bolívar como “precipitado”. Y precisamente por con-siderar “precipitado” todo lo que no se hiciera en su debido momento, en términos contextuales, y por fuera de “los esfuerzos bien dirigidos”, es que en la Carta de Ja-maica Bolívar preveía lo problemático que sería una sola republica continental, pero se mantenía en la idea firme de negar cualquier posibilidad a la monarquía14.

El dilema de la republica sobre la monarquía, al igual que la traslación del cen-tralismo al federalismo, hacía parte del mismo problema que, como proceso, plan-teaba la unidad desde su gestación en 1815. Si entendemos la republica como un mecanismo de desarrollo de valores políticos a través de un modelo de gestión que está en movimiento del centralismo al federalismo, sin ser ni lo uno ni lo otro, ella comportaba para Bolívar un carácter dinámico y respondía al contexto en el que se encontraba el proceso mayor en el que se inscribía como mecanismo ‒creciendo y consolidándose‒, que era la unidad bolivariana.

En términos históricos es importante que, en 1819, Bolívar, concretando en una reedición muy particular suya el proyecto de Miranda, orientara la fundación de Colombia, con lo cual profundizó la complejidad de la republica que venía constru-yéndose sobre las acciones del ejercito libertador y su jefatura unica, en esa línea que avanzaba en busqueda de la ampliación de lo que definía el proceso de unidad. Para Bolívar la republica como mecanismo le daba estabilidad al proceso de unidad, y así lo afirmó en el Congreso de Angostura.

Siguiendo la idea anterior, y en ese proceso de traslación hacia el federalismo, es significativo que Bolívar en el mismo discurso de Angostura aclarara que para continuar con esos “esfuerzos bien dirigidos” el federalismo no tenía cabida todavía

14 Esto es analizado por Alcántara en su interpretación biográfica de los textos de Bolívar: “Bolívar no cree en la posibilidad de un “Estado demasiado extenso” que, tal como enseña Montesquieu en el Espíritu de las Leyes sería decadente, ingobernable salvo por una tiranía que llega al despotismo. Aprecia, con De Pradt que serán posibles una diez y siete naciones. No es partidario de regímenes monárquicos ni federales” (Alcántara, s.f., p. 276).

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en el proceso de unidad. Por lo tanto, la republica, como mecanismo del proceso de unidad bolivariana, era la que la articulaba en términos políticos, al darle sentido de complementariedad a las estructuras territoriales que se iban liberando en el proceso por ser éstas comunidades diversas. Ello establece una diferencia entre la republica como mecanismo y la confederación como fin y fase simultánea del proceso de uni-dad bolivariana.

El nucleo del complejo dilema político anteriormente expuesto, definido por Cac-ciatore y Scocozza como conciliación de irreconciliables, estaba en los intereses de clase que chocaban en el proceso de unidad bolivariana15. Este choque tiene como principal manifestación lo que para algunos era una diferencia personal entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pero que finalmente respondía a los intereses de los que eran voceros16.

El principal choque de esas clases en disputa se daba entre el deber republicano para con el valor de la libertad, que significaba la necesidad y el compromiso de Bo-lívar en el proceso de unidad de liberar a los esclavos del continente ‒el cual es expli-cado históricamente como un compromiso con el gobierno de la republica de Haití, pero que finalmente hace parte del concepto bolivariano de republica‒ y la necesidad que tenían sobre todo terratenientes, mineros y militares a su servicio de mantener el sistema esclavista como garantía de su posición en la sociedad17.

15 “Quizás Bolívar trata de cumplir un esfuerzo de conciliación entre elementos institucionales que estructuralmente son inconciliables: monarquía, república, federalismo, centralismo, libertades democráticas y estrecho control político; todo esto, sin embargo, no sin un motivo claro, que era el de sentar las bases jurídicas para realizar su verdadero proyecto político, es decir, la unidad latinoamericana” (Cacciatore & Scocozza, 2010, p. 67).

16 “Quienes apoyaban a Santander provenían de regiones donde el modelo de la hacienda, como ha mostrado también Nieto Arteta, no fructificó como en el centro del país, es decir, de regiones procapitalistas como Santander y Antioquia. Esto no quiere decir que Santander no defendiera intereses de algunos hacendados que querían ingresar a la dinámica del capitalismo (…)” (Pachón Soto, 2010, p. 228).

17 Es por eso que Bolívar le envía este mensaje a Petion en la incursión sobre Venezuela, inmediatamente posterior a su paso por Haití: “Declaro a V.E., señor Presidente, y bajo mi palabra de honor, que yo he hecho el mejor uso posible de la ayuda con que me favoreció para mis conciudadanos, y sobre todo en favor de aquella desgraciada porción que gemía en las cadenas. La libertad general de los esclavos fue proclamada sin la menor restricción, y en todas partes donde han penetrado nuestras armas, el yugo ha sido roto, la naturaleza y la humanidad han recobrado sus derechos. Aun cuando nuestra expedición no hubiera producido más que esta obra eminentemente benéfica, merecería los elogios más justos, y los sacrificios que le hemos consagrado


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Por lo tanto, es claro que entre 1815 y 1826, desde la Carta de Jamaica hasta el Congreso de Panamá, el proceso de unidad bolivariana fluyó sobre el territorio conti-nental a partir de un modelo de gestión que se movió del centralismo al federalismo, utilizando el mecanismo republicano con la fundación de Colombia y la integración concreta de Venezuela y la Nueva Granada que esto significó, al lado de la anexión de la Capitanía de Quito, que se mantenía junto a la Nueva Granada en el momento de la fundación de Colombia. Con ello se era consecuente con la ruta del “deseo ra-cional” y los “esfuerzos bien dirigidos” en la busqueda de operar una serie de valores (libertad, igualdad, fraternidad) que contradecían el orden colonial español y que, al mismo tiempo, iban en contravía de un conjunto de intereses de clase que se expre-saron en la discusión concreta sobre la libertad de los esclavos, la cual adquirió un carácter “personalista” al ser Bolívar el líder del proceso revolucionario y Santander el vocero de los intereses reaccionarios contrarios a los valores republicanos que se pretendían desarrollar en nuestro continente.

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no estarían del todo perdidos. Hemos dado un grande ejemplo a la América del Sur. Este ejemplo será seguido por todos los pueblos que combaten por la independencia. Haití ya no permanecerá aislado entre sus hermanos. Se encontrarán la liberalidad y los principios de Haití en todas las regiones del Nuevo Mundo. En el estado en que me hallo ¿podré aspirar a la protección de V.E.? ¡sí, señor Presidente! Confío en que V.E. no me abandonará al destino que me abruma” (Bolívar, Documento 1710. Carta de Bolívar al General Alejandro Petion, presidente de Haití, fechada a bordo del Bergantín Indio Libre en Jacmel el 4 de Septiembre de 1816, anunciándole su llegada a esa isla y haciéndole amplio relato de los sucesos en Costa Firme, 1816).

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Bolívar, S. (14 de Enero de 1823). Documento 7134. Carta de Bolívar para Santander, fechada en Pasto el 14 de Enero de 1823, en la cual se refiere a correspondencia del vicepresidente, se queja de ciertas gestiones de Zea, le dicta instrucciones para mejorar el “Correo de Bogotá” (…). Obtenido de Archivo del Libertador: http://goo.gl/D884kc

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ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS · EDICIÓN Nº 3Universidad Nacional de ColombiaMaestría en Estudios Políticos LatinoamericanosMarzo, 2017

3 ISSN 2339 -4889

Será un espacio de expresión e intercambio en el que académicos e investigadores de diversa procedencia podrán presentar avances o resultados de sus trabajos, en un campo relativamente amplio, no sólo en cuanto a su epistemología, también respecto de sus delimitaciones espaciales. En él, se pondrán a disposición – en forma especial - los resultados de investigación del programa de maestría, con los trabajos de sus profesores y estudiantes.

Beatriz StolowiczModesto Guerrero

Efraín León HernándezNapoleón Saltos Galarza

Antonio ElíasMaria Ceci MisoczkyJuan Bustos Troncoso

Josefina MoralesCarolina Jiménez M.

José Francisco Puello-SocarrásLuis Suárez Salazar

Pablo Guadarrama GonzálezJorge Andrés Bernal Castro

Shameel Thahir Silva

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesDepartamento de Ciencia PolíticaÁrea Curricular

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