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Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Jueves 28 y viernes 29 de mayo de 2015

Auditorio “Alonso Lujambio”, INAIInsurgentes Sur Nº 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530

DÍA 1 09:00 a 10:00 Inauguración del evento

Presídium:

• Mtro. Virgilio Andrade Martínez Secretario de la Función Pública• Dip. Julio César Moreno Rivera Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados• Min. Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal• Dra. Ximena Puente de la Mora Comisionada Presidente del INAI • Dr. Francisco Javier Acuña Llamas Comisionado del INAI• Lic. Areli Cano Guadiana Comisionada del INAI• Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford Comisionado del INAI• Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos Comisionada del INAI• Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov Comisionado del INAI• Mtro. Joel Salas Suárez Comisionado del INAI• Dr. Javier Rascado Pérez Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública• Lic. Mariana Niembro Martínez, Directora de Análisis Político de Borde Político

Intervenciones en la Ceremonia de Inauguración:

• Mtro. Virgilio Andrade Martínez Secretario de la Función Pública• Dip. Julio César Moreno Rivera Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados• Min. Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal• Dra. Ximena Puente de la Mora Comisionada Presidente del INAI

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En el marco de la reciente publicación de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales organiza el “Seminario sobre los Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cuyo objetivo es analizar, discutir e intercambiar puntos de vista sobre la trascendencia y los desafíos que trae consigo dicha Ley, desde la visión de la sociedad civil, legisladores, funcionarios de los sujetos obligados, medios de comunicación y especialistas en la materia.

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Seminario


DÍA 110:00 a 10:15 Receso

10:15 a 11:45 Panel 1 Perspectiva legislativa sobre la armonización de la Ley Federal de Transparencia.

Panelistas:

• Laura Angélica Rojas Hernández, Senadora de la República• Fernando Rodríguez Doval, Diputado Federal• Alejandro Encinas Rodríguez, Senador de la República• Fernando Belaunzarán Méndez, Diputado Federal

Moderador: Doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI.

11:45 a 12:00 Receso

12:00 a 13:25 Panel 2Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Panelistas:

• Lic. Lilia Saúl Rodríguez, Periodista• Dra. Lourdes Morales Canales, Red por la Rendición de Cuentas• Lic. Haydeé Pérez Garrido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.• Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez, Periodista• Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI

Moderador: Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI.

13:25 a 14:30 Panel 3Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información pública de o�cio, plataforma nacional de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.

Panelistas:

• Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI • Dra. Alejandra Ríos Cázares, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.• Lic. Alejandra Rascón Rodríguez, Transparencia Mexicana• Mtro. Ricardo Corona, Instituto Mexicano para la Competitividad

Moderador: Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI

14:30 a 16:30 Receso para comida

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Seminario


DÍA 1

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DÍA 2

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16:30 a 18:15 Panel 4 Nuevos Sujetos Obligados y �guras de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.

Panelistas:

• Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI• Lic. José Ángel Mejía Martínez del Campo, Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público• Dr. Salvador O. Nava Gomar, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI• Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos• Dr. José Alfonso Bouzas Ortíz, Investigador

Moderador: Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI.

09:00 a 10:25 Panel 5Medios de impugnación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Panelistas:

• Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI• Mtro. Rodrigo Espeleta Aladro, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal• Lic. Dante Preisser Rentería, Titular de la Unidad de Apertura Gubernamental de la Procuraduría

General de la República• Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los

Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación• Mtro. Jorge Islas López, Investigador

Moderador: Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI.

10:25 a 10:30 Receso

10:30 a 11:55 Panel 6Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, visión desde los órganos garantes.

Panelistas:

• Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI• Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit y Vicepresidente de la Región Centro Occidente de la COMAIP• Mtro. Andrés Miranda Guerrero, Vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora y Vicepresidente de la Región Norte de la COMAIP• Mtro. David Mondragón Centeno, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Distrito Federal y Vicepresidente de la Región Centro de la COMAIP• Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información y Vicepresidente de la Región Sur de la COMAIP

Moderador: Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI.

11:55 a 12:00 Receso3

Seminario


12:00 a 13:15 Panel 7 Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales.

Panelistas:

• Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI• C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación• Mtro. Mario Palma Rojo, Vicepresidente del INEGI• Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora del Archivo General de la Nación• Dr. Javier Rascado Pérez, Presidente de la COMAIP

Moderador: Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI.

13:15 a 13:30 Receso

13:30 a 14:00 Ceremonia de Clausura

Presídium:

• Mtra. Justine Dupuy, Coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

• Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI• Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI• Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI• Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI• Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI• Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI• Dr. Javier Rascado Pérez, Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública• Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y Vicepresidente de la Región Centro Occidente de la COMAIP

• Mtro. Andrés Miranda Guerrero, Vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y Vicepresidente de la Región Norte de la COMAIP

• Mtro. David Mondragón Centeno, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y Vicepresidente de la Región Centro de la COMAIP

• Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Vicepresidente de la Región Sur de la COMAIP

Intervenciones en la Ceremonia de Clausura:

• Mtra. Justine Dupuy Coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e

Investigación, A.C.• Dr. Javier Rascado Pérez Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública• Dra. Ximena Puente de la Mora Comisionada Presidente del INAI

DÍA 2

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Seminario

Panel 1: Perspectiva legislativa sobre la armonización de la Ley Federal de Transparencia.

Presentador: Vamos a dar inicio con el Panel Número Uno de este Seminario. Queremos aprovechar este momento para saludar a las personas que nos siguen en los estados de la República Mexicana, siguen este Seminario vía internet. Saludamos a las personas que se encuentran en Aguascalientes, en Campeche, en Coahuila, Colima, Durango, en el Estado de México, por supuesto; en Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Son 20 entidades de la República Mexicana que siguen este Seminario vía internet, a través de la página del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Esperemos que como vaya avanzando el Seminario, se vayan sumando otras entidades de la República en estos trabajos. Vamos a dar inicio, en un momento, con este Panel: Perspectiva legislativa sobre la armonización de la Ley Federal de Transparencia. Este panel está encaminado al análisis de los retos que plantean los artículos transitorios y de los aspectos que debe contener la siguiente Ley Federal de Transparencia. Queremos comentarles también que la sesión de preguntas, en cada panel, iniciará una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes, para lo cual se les harán llegar papeletas de preguntas, mismas que serán entregadas al moderador en turno para que haga este intercambio de ideas en la mesa. Aquellas preguntas, esto es muy importante, que por cuestiones de tiempo no puedan ser atendidas durante el lapso destinado para ello, serán respondidas vía electrónica en el apartado de preguntas y respuestas del micrositio del Seminario, ubicado en la página del INAI.

Les queremos reiterar también la petición de mantener sus dispositivos electrónicos en silencio. Les recordamos además que pueden seguir los trabajos de este seminario a través del hashtag “Retos Transparencia”, otra vía para seguir estos trabajos de este Seminario. Se encuentra todo listo para dar inicio a este Panel: Perspectiva legislativa sobre la armonización de la Ley Federal de Transparencia. Modera este panel la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, quien hará la presentación de nuestros invitados. En el uso de la voz, la doctora Ximena Puente de la Mora. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Que gran oportunidad iniciar este Seminario “Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, con representantes del Poder Legislativo. Aquí, antes de dar inicio formalmente a este Panel, que no quiero entretenerme mucho, por las valiosas consideraciones que se plantearán en esta mesa, quiero aprovechar este espacio para refrendar nuestro reconocimiento al Poder Legislativo, la sensibilidad que tuvo el Senado de la República con abrirle siempre las puertas a este Instituto para escuchar las inquietudes que tenemos con el proceso de elaboración de la Ley General de Transparencia, la apertura que tuvieron también con los órganos garantes representados por su presidente Javier Rascado; y también con demás organizaciones de la sociedad civil. Mi reconocimiento, señores senadores, por esta gran apertura con el Instituto y esta gran sensibilidad porque no solamente era en recepción de material, sino también diálogo directo que tuvimos con ustedes y que este proceso de diálogo continuó en la Cámara de Diputados para tener las consideraciones de cada uno de los miembros del colegiado, de cada uno de los miembros del Pleno durante esta importante misión de crear la Ley General de Transparencia.

Les agradezco mucho la presencia del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, al diputado Fernando Rodríguez Doval, a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Sin más por el momento, procederemos en el orden de intervención. Intervendrán primeramente el diputado Fernando Belaunzarán, cada uno de nuestros distinguidos panelistas tendrán 10 minutos para sus valiosas intervenciones, sobre todo en el contexto de los alcances y la interpretación que representan y los retos que representa la implementación de esta Ley General de Transparencia. El diputado Fernando Belaunzarán Méndez es licenciado en filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es diputado federal de la Cámara de Diputados en la cual ocupa el cargo de Secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integra las Comisiones Ordinarias de Transparencia y Anticorrupción, la de Radio y Televisión, así como la Comisión Especial de Agenda Digital Nacional. También es integrante de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos ante el Parlamento Latinoamericano. En junio de 2013 fue nombrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Presidente del Grupo Organizador del Foro Internacional de Política de Drogas, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 29, 30 y 31 de julio. Es autor de varias publicaciones: Tiempos Turbulentos, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, la Guerra de los Herejes, Herejía y Crítica y Parresía, Tomos Uno y Dos. Dentro de su actividad como articulista destacan diversas publicaciones en periódicos de circulación nacional como: La Jornada, Reforma, Milenio, El Día, Excélsior, El Universal, así como en las revistas Letras Libres, Memoria, Coyuntura, Nueva Izquierda, Regeneración Versus, Bien Común, CNN México y El Punto sobre la I.

Sin más por el momento, le doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por su valiosa presencia, diputado, tiene el uso de la voz. Dip. Fernando Belaunzarán Méndez: El flamante nueva INAI con todas sus facultades y la verdad es que creo que un inicio prometedor. Agradezco a la presidenta Ximena Puente de la Mora, además por su gentil presentación. Quiero iniciar antes de entrar a la parte técnica de cuáles son los pendientes legislativos, la homologación que se tiene que hacer, reconocer al INAI. Yo fui un fuerte crítico, acre crítico cuando se tomó aquella decisión de no ir a la Suprema Corte con la Ley de Telecomunicaciones; pero ahora tengo que reconocer el extraordinario trabajo que hizo el INAI para defender la reforma constitucional, que en un momento dado los alcances de la reforma constitucional estuvieron en riesgo, hubo un claro intento de regresión, de retroceso; es más, fue explícito el intento de retroceso. Además, no se ocultó de dónde vino ese intento de retroceso, fue la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, y fue muy grato ver al INAI, entonces IFAI todavía, defender los alcances de la reforma constitucional junto con la sociedad civil y junto con senadores, como Alejandro y como Laura y otros que dieron esa batalla en el Senado para defender los alcances. Ahí el órgano garante estuvo a la altura de las circunstancias, como lo estuvo también el caso Tlatlaya y en otros, ha sido importante. Así como fui crítico de una decisión que no me gustó, que me pareció que se quedó corto, ahora tengo que reconocer al INAI y además agradecerles este evento y que haya sido considerado para estar aquí. ¿Cuáles son las leyes que se tienen que modificar o, más bien, qué es lo que se tiene que homologar en la Ley Federal de Transparencia? Ahí comentando con mi tocayo, al que le tengo gran estima y reconocimiento, hablábamos de cuál es la necesidad de que se

mantuviera la Ley Federal estando la Ley General, como ya lo hicimos en la LEGIPE y se quitó la Ley Federal, quizá debió haber sido autoaplicativa, pero bueno. Finalmente está una Ley Federal y tenemos que homologarla. ¿Qué es lo que se tiene que poner? Uno, establecer lo relativo a la estructura y funciones del Órgano Garante, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimientos de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos organismos garantes, de conformidad con lo que establece la Ley General. Dos, establecer disposiciones generales para los sujetos obligados del sector energético, en congruencia con las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de ingreso sobre hidrocarburos, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección de Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, del servicio púbico de transmisión y distribución de energía eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos. Tres, establecerá lo relativo a los recursos de revisión de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro, establecer los criterios para que el Órgano Garante califique las medidas de apremio conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor, así como la reincidencia. Cinco, establecer los mecanismos y plazos para que el Órgano Garante notifique y ejecute las medidas de apremio.

Seis, establecer los criterios para que el órgano garante califique las sanciones conforme a la gravedad de la falta, condiciones económicas del infractor y reincidencia; asimismo, contemplará el tipo de sanciones, procedimientos y plazos para su ejecución. Del régimen transitorio de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el Congreso de la Unión deberá expedir las siguientes leyes: Uno, la Ley General en Materia de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, muy importante; dos, la Ley General que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal del Distrito Federal y municipal que determinen las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Corresponde al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitir los lineamientos siguientes: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información Reservada y Confidencial; Lineamientos para la Implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia; Lineamientos para Regular la Forma, Término y Plazos en que los Sujetos Obligados deberán cumplir con las Obligaciones de Transparencia. Preguntaba la Presidenta que ¿cuál es el criterio para una correcta interpretación? La máxima publicidad, el interés público. Me parece que eso es lo que tiene que hacer. Por supuesto, el INAI tendrá que escuchar distintas posturas para tomar sus decisiones, pero uno muy importante: En la máxima publicidad el interés público tendrá que ponerse; algo que les va a llegar, evidente que está más que pintado, es un debate eterno que hemos tenido sobre los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son sujetos obligados o no. Hay quienes dicen que ya por lo que dice constitucionalmente unos quisimos que dijera explícitamente que son sujetos obligados; lo que se puso en la Ley General es simplemente que darán a conocer sus informes semestrales.

Pero como el Congreso de la Unión es sujeto obligado, ahí se tendrá que definir y esto llegará al Instituto; no necesito una bola de cristal para saber que de sus primeras cosas que van a tener que determinar es si los grupos parlamentarios tendrán que ser, ojalá que determinen que sí lo son, ayudaría. Pero esa es una decisión que tendrán que tomar porque están las dos interpretaciones. No hace mucho en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción quisieron desechar una propuesta que lo decía, las reservas que pusimos las desecharon. Una última cosa. Está la única excepción en donde ustedes no determinan en última instancia que, en caso de seguridad nacional, el abogado de la Presidencia determina que es un asunto de seguridad nacional y entonces tendrán que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso que a algunos les generó mucho ruido, yo la verdad es que pago por ver. Ojalá que algún día yo vea ese debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre el Poder Ejecutivo y un INAI fuerte, que no se arredre frente al Poder Ejecutivo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta sobre transparencia, eso genera cultura de transparencia, debate público; nada más que la verdad es que dudo, quizá, que se dé esa posibilidad, pero ojalá algún día se dé y podamos estar presenciando este gran debate público sobre el asunto. Gracias. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, diputado Belaunzarán. Creo que nos acaba de compartir varios aspectos muy importantes sobre los retos que tienen como Legislativo para generar instrumentación que deriva también de este gran Sistema Nacional de Transparencia. Áreas muy importantes, que son las subsiguientes en esta materia, son: la Ley General de Datos Personales, que ha habido también un fuerte impulso aquí por la senadora Laura Rojas y el senador Encinas; crea también la Ley General de Archivos y cómo estas tres materias

van a ir de la mano también con todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que surge también con ustedes como cámara de origen. Y creo que quedan claros también estos aspectos de primar el principio de máxima publicidad y el interés público. Me parece que toda esta estructuración de la Ley General está hecha con esa visión, con esa perspectiva de, ante la duda, qué es lo que prima o cuál es el valor predominante, es la máxima publicidad. La interpretación de grupos parlamentarios seguramente no será el único asunto que tengamos de relevancia y de interés público en la determinación ya después de nuestros criterios y de nuestras decisiones que, como todos ustedes saben, son públicas y los razonamientos son públicos, y los casos de excepción por seguridad nacional. En varias solicitudes y en la práctica, aunque no es un tema, porque me parece que eso también ha sido un tema de inquietud, qué porcentaje es de asuntos que tengan que ver específicamente, no con seguridad pública, sino con seguridad nacional, que es realmente menor, pero sí los hay. Esperemos nosotros fundamentar muy bien el sentido de nuestras decisiones, para compartirles cuáles son los criterios de decisión que tiene el propio Instituto. Como siguiente panelistas tenemos al diputado Fernando Rodríguez Doval. Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana. Milita activamente en el Partido Acción Nacional desde 1999, fue coordinación de Formación y Capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, ha formado parte del Consejo Regional de este partido en el Distrito Federal y del Consejo Nacional, en donde presidió la Comisión de Doctrina. Fue el encargado de coordinar el proceso de elaboración de la Plataforma Política 2006 del Partido Acción Nacional, también fue

asesor político de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad y asistente de investigación del Departamento Académica de Ciencia Política en el ITAM, como director de Formación en la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es autor, junto con Alonso Lujambio, del libro: 1939. Documentos Fundacionales del PAN, y ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre las que destacan: Política y Gobierno, Voz y Voto, La Gaceta de Ciencia Política, Enfoque, Bien Común, La Nación y El Portal ADN Político. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Sin más, le dejamos el uso de la voz, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Dip. Fernando Rodríguez Doval: Sí, muchas gracias, Presidenta. Agradezco mucho la invitación a estar aquí con ustedes y saludo también con mucho gusto, por supuesto, en primer lugar, a los compañeros que están aquí en esta misma mesa, al senador Alejandro Encinas, la senadora Laura Rojas, mi compañero y amigo Fernando Belaunzarán, y por supuesto también saludar a todos los invitados de todo el país que aquí nos acompañan, que me da mucho gusto ver a tantas personas reunidas en este auditorio que lleva el nombre de un entrañable maestro mío, Alonso Lujambio. Lo primero que quiero hacer antes de entrar ya en detalle sobre la agenda legislativa pendiente, es un poco regresar al aspecto teórico, así sea de manera muy breve, sobre por qué es importante la transparencia y el acceso a la información, y por qué fue tan relevante esta reforma, primero, constitucional y ahora a la legislación secundaria que se ha llevado a cabo. Creo que ha sido una reforma la que se hizo al artículo 6º en el año 2013-2014, que quizá en una legislatura con tantas reformas, reformas tan mediáticas como pudieron haber sido, en su momento, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma político-electoral, quizás no se ha valorado en su justa dimensión.

Pero creo que la reforma en materia de transparencia es una reforma que fortalece y consolida a la democracia, quizás más que ninguna otra de las reformas que se ha hecho en esta legislatura. ¿Por qué? Porque sabemos bien que una democracia no puede entenderse desde la opacidad, no puede entenderse desde el secreto, así es como operan los regímenes autoritarios y, por el contrario, los regímenes democráticos operan bajo otros principios, entre ellos el de garantizar el derecho humano, así lo definen todas las convenciones internacionales, el derecho humano a la información y, por supuesto, hacer efectivo ese derecho. Por eso esta reforma se inscribe en una larga lucha democrática. La primera vez que se reconoce este derecho al acceso a la información fue precisamente con la reforma política del año 1977, una reforma que abre muchos canales de participación cuando se reforma el artículo 6º. Posteriormente, ya en democracia, una vez que se había llevado a cabo la alternancia en el Poder Ejecutivo, la primera Ley Federal de Transparencia en el año 2002, y justamente en este largo periodo de transición a la democracia, entra esta reforma de transparencia. Muchas veces en México hemos caído en el error de pensar que las únicas reformas que fortalecen a la democracia son las reformas electorales, y no es así, a la democracia hay que dotarla de contenidos y hay que dotarla de condiciones para que se pueda ejercer. La democracia no es nada más cambiar al gobernante mediante el voto, eso es una parte muy importante, pero también la democracia implica un conjunto de normas y de contenidos que la doten de calidad y justamente todas las reformas que se han hecho en materia de transparencia han ido en ese sentido. Por eso creo que es tan importante señalar este reforma del año 2013-2014, que dio como origen a esta nueva Ley General de Transparencia; sabemos muy bien cuales han sido los principales elementos, no quiero abundar en ellos, simplemente quiero destacar dos.

El primero, por supuesto, la autonomía constitucional que se otorga al hoy INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, que deja de estar jerarquizado hacia el Poder Ejecutivo Federal. Y por otro lado también, otro elemento destacable de esta reforma fue que la transparencia se volvió un asunto nacional, no solamente un asunto de la federación. Al igual que en otros muchos temas, en el tema de transparencia había habido avances muy sustantivos a nivel federal, sin embargo, había sido en el orden local donde quizás seguíamos viendo muchos retos, por eso se buscó darle homogeneidad a la transparencia en todo el país. Se fijó la obligación de los estados de establecer en sus constituciones la existencia de organismos autónomos especializados, imparciales y colegiados. Además también se reformó el artículo 73 de la Constitución presente para otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de transparencia y acceso a la información. Y aquí entra un tema bastante interesante; a diferencia de otras reformas, aquí se estableció que la nueva ley general debería de coexistir con una ley federal, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral, donde las nuevas leyes generales de partidos políticos o de instituciones y procedimientos electorales, sustituyeron a las antiguas leyes federales, como era el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En primer lugar, ese es un elemento fundamental para la agenda legislativa pendiente, tiene que coexistir esta nueva ley general con una eventual ley general, que dicho sea de paso se tuvo que haber expedido al mismo tiempo que esta ley general, pero a los legisladores ya no nos dio tiempo de sacarla y será ya quizás tarea de la próxima legislatura.

Los senadores todavía se quedarán, pero los diputados ya nos iremos, pero estoy seguro que los nuevos que lleguen se encargarán de esta tarea. ¿Y qué es lo que tiene que incluir esta nueva ley federal? Si nos vamos al decreto que se expidió cuando se reformó constitucionalmente este artículo 6º, lo único que nos dice, explícitamente es que la ley federal será la que rija el funcionamiento del órgano garante, con base en lo previsto en la ley general. Y en el segundo transitorio de este decreto también se establece que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de transparencia, dispone este segundo transitorio, que el Congreso de la Unión, contará con un plazo de un año para expedir esta ley general y también la ley federal, lo que les decía que ya no nos dio tiempo. Dicho esto, un elemento sin duda que tendrá que considerar la ley federal, es lo relativo al Instituto Nacional de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos, que ya se establecen algunas bases generales en la ley general, sin embargo, la Ley Federal deberá especificar. Primero, la naturaleza del Instituto, como les decía, cambia sustantivamente desde el momento en que se le otorga autonomía constitucional; los principios que gobierna su propio funcionamiento, la certeza, la eficacia, la imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. En segundo lugar, relacionado también con el propio INAI, su estructura orgánica, ya no son cinco, sino siete los comisionados, ya no son nombrados por el Presidente, como decíamos, el pleno debe de integrarse, procurando la equidad de género y la Ley Federal, por lo tanto, deberá profundizar en la estructura orgánica del Instituto. Y otro elemento también relacionado con el INAI, son sus propias atribuciones, que aumentan, derivada de esta reforma constitucional, como todos sabemos.

Otro aspecto importante que la Ley Federal deberá considerar, es lo relacionado con la información a transparentar de oficio, los contenidos a transparentar, que serán comunes a todos los sujetos obligados; algunos de los contenidos que se deberán incorporar son los indicadores de desempeño de los sujetos obligados, a la luz de sus objetivos, los directores de los servidores públicos ampliados, la remuneración de los servidores públicos en todas sus formas, las declaraciones patrimoniales, la información curricular. Ahí yo agregaría, incluso ahora también derivado de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, las declaraciones de intereses para aquellos que la quieran hacer pública, también será materia de esta ley. El listado de los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, los montos destinados por los sujetos obligados a comunicación social y publicidad oficial. Toda la información acerca de las contrataciones por la vía de licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, entre otras cosas. También lo que tendrá que incorporase en esta nueva ley son los contenidos a transparentar de oficio de los sujetos obligados específicos. Aquí entramos, por ejemplo, lo que mencionaba el diputado Belaunzarán, relacionado con el Congreso. Yo creo, leyendo el artículo 72 de la Ley General, creo que no hay mucha duda, a mí me parece, mi querido tocayo, que sí está muy claro que todos los grupos parlamentarios deben transparentar al máximo los ingresos que manejen; pero no solamente los grupos parlamentarios, también muchos otros órganos del Congreso, a donde nadie ha puesto el ojo hasta ahora, pero que también manejan una enorme cantidad de recursos. Porque cuando uno piensa en el Congreso de la Unión, todo mundo piensa en los grupos parlamentarios, que ciertamente ejercemos muchos recursos, pero nadie piensa, por ejemplo, en los institutos de

estudios que existen en la Cámara de Diputados, que reciben un enorme presupuesto anual y que no rinden cuentas de nada, que en muchos casos son centros de estudios que están al servicio de algún grupo parlamentario de algún partido político. Nadie piensa en la Mesa Directiva, que maneja una cantidad importantísima de recursos o nadie piensa en las comisiones, que exactamente lo mismo y que tampoco informan a nadie. Creo que en ese sentido el artículo 72 de la Ley General de Transparencia es muy claro, acerca de las obligaciones, ahora ya del Poder Legislativo. También hay un dicho que dice: “Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir”. Creo que la ley no distingue, pero en todo caso será ya, más bien, la autoridad a la que le tocará garantizar el cumplimiento de este artículo y ahí estamos convencidos que el INAI hará bien su trabajo. Otros aspectos que tendrán también que incorporarse en esta nueva Ley Federal o que deberán de considerarse son los medios de difusión de esta información de oficio, el formato y las características de esta información. También todo lo relativo a la información reservada o confidencial, que este también es un tema que se discutió mucho y que, en su momento, generó mucha polémica, que ya están algunos elementos considerados también en la Ley General de Transparencia, que la Ley Federal deberá, quizá, ahondar en ellos, buscando por supuesto que no haya ahí ninguna antinomia y lo relacionado también con los propios sujetos obligados, que como sabemos, con esta reforma constitucional, aumentan en cantidad y tienen además más obligaciones. En suma, y dejaría aquí esta primera intervención, creo que ha sido una reforma constitucional de muy largo aliento, de muy gran calado y, por supuesto, esperemos que toda la legislación que todavía está pendiente, también la legislación local en esta materia, vaya en el mismo sentido y en el mismo espíritu de lo que supuso esta reforma constitucional, que como les decía al inicio de esta intervención, es

una reforma que va encaminada a fortalecer y a consolidar la democracia, garantizando, nada más y nada menos que un derecho humano, que es el derecho al acceso a la información. Muchas gracias. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, diputado Rodríguez Doval. Creo que nos ha compartido aspectos importantes desde el sentido de democracia que no puede entenderse desde la opacidad, y eso me parece fundamental ante esta coyuntura tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, como del Sistema Nacional de Transparencia. Y que efectivamente la democracia no puede ejercerse y no solamente es una cuestión electoral, sino que se tienen que brindar mecanismos para que todas las personas en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones y actividades la podamos realizar día con día, y me parece que la transparencia es un ejercicio que posibilita la participación ciudadana. Nos obliga como autoridades a hacer nuestras decisiones y nuestro actuar y nuestro uso de recursos públicos, ya no tanto por convicción, sino por una obligación legal clara. Nos habló también del acelerado tránsito que ha tenido desde aquella reforma política tan acotada con la reforma constitucional del 77, cómo pasa el derecho a la información, será garantizado por el Estado; pero cómo se le daba al principio a partidos políticos y ya después se fue definiendo, aterrizando más a la primera Ley Federal de Transparencia, y lo mucho que se ha avanzado en relativamente muy pocos años. La importancia de la independencia de la autonomía constitucional del Instituto, porque muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de intercambiar opiniones con pares de otros países, nos dicen de qué ministerio, secretaría dependen; y esto es muy importante, la autonomía constitucional para las mismas decisiones del Instituto.

La diferencia, claro, y la coexistencia entre Ley Federal, Ley General y también ahora las leyes de los estados, que todas tengan una armonía entre sus disposiciones, para eso hay un gran trabajo por delante, pero la voluntad aquí mostrada también por los órganos garantes es muy importante; los sujetos obligados y las disposiciones puntuales que tienen al respecto. No me quiero extender más en los comentarios porque ya tenemos varias preguntas, incluso antes de que termine el panel, le doy la bienvenida a la senadora Laura Angélica Rojas que nos ha permitido tener un diálogo y un contacto directo en todo este proceso que tiene también un impulso muy especial con el tema de protección de datos personales. La senadora Rojas estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la entonces Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la misma Universidad. Publica cada domingo la columna Ágora en el Diario Excélsior y es autora del libro “Pensar México”, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. Durante la campaña presidencial de Diego Fernández de Cevallos en 1994 decidió participar activamente en Acción Nacional. En el 2013 ocupó su primer cargo de elección como regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Báez, para luego ser electa diputada federal en el año 2006. En esa Legislatura fue Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Equidad y Género, Feminicidios, y de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De 2009 a 2012 fue designada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional como Coordinadora Nacional de Diputados Locales para impulsar una agenda legislativa común a través de las 32 bancadas locales en el país.

En el año 2012 fue candidata de mayoría al Senado de la República por el Estado de México y a la vez candidata de representación proporcional vía por la que fue electa. En el Senado preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integra las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de Europa. Tiene el uso de la voz, senadora Rojas. Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que siempre es un gusto participar en los eventos del INAI, siempre es un gusto trabajar con las y los comisionados y toda la gente que trabaja en esta importante institución para la democracia mexicana. También quiero aprovechar para agradecer la mención que ha hecho la Presidenta del INAI sobre las iniciativas que están pendientes de datos personales, derivadas también de la reforma constitucional que aprobamos recientemente. Y reconocer el acompañamiento y el apoyo del INAI tanto al proceso de dictaminación, de aprobación de la ley, de la reforma constitucional, de la Ley General de Transparencia y de la de Protección de Datos Personales, cuya propuesta de iniciativa nosotros tomamos como base. Fue un insumo muy importante para la iniciativa plural que presentamos poco antes que terminara el periodo ordinario de ese año, varios senadores, entre ellos el senador Encinas –aquí presente– en materia de protección de datos personales. Ya estaremos en algún otro foro, en algún otro espacio hablando de esta iniciativa. Sobre la armonización entre la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública y la Ley Federal, yo quisiera muy brevemente, primero, poner en contexto, recordar qué es lo que buscaba la Ley General de Transparencia, para poder entonces

comprender de mejor manera qué es lo que tendría que verse reflejado y traducido en la Ley Federal. Hay que recordar que el principal problema que intentaba solucionar, tanto la reforma constitucional, como la Ley General sobre todo, era poder homologar el derecho de acceso a la información pública en todo el país porque, como todos sabemos, hay todavía grandes asimetrías entre lo que sucede en los estados y los municipios y entre lo que sucedían en el ámbito federal. Ése era uno de los principales objetivos de la Ley General de Acceso entre otras cosas. Y por ello se facultó, en la reforma constitucional, al Congreso para generar esta propia Ley General. Aquí varios de los compañeros, que me han antecedido en el uso de la voz, han hablado del tema de la coexistencia de una Ley General con una Ley Federal, cuando normalmente cuando se crea una Ley General ahí mismo se regula el ámbito federal. La razón por lo que la Constitución en la reforma constitucional se estableció que iba a haber dos leyes, una general y una federal, fue en primer lugar que tanto en el ámbito federal, como en lo local se deberían ceñir sus normas a los principios y bases que estableciera la Ley General. Si la Ley General que goza de mayor jerarquía normativa incluye la regulación del ámbito federal, las disposiciones federales podrían quedar por encima de las locales. Ése es un argumento muy importante, por el cual sí quisimos que no quedara la regulación de lo federal desde la Ley General. Esa parte me parecía muy importante destacarla. Sobre el contenido de la iniciativa de Ley Federal, ya se ha comentado que, en primer lugar, se tiene que desarrollar las facultades del propio INAI, ya no sólo como órgano nacional, que eso está establecido en la Ley General, sino como órgano federal se tienen que desarrollar las facultades, en tanto a órgano federal, la parte de los recursos de revisión, la parte en la que tiene que conocer y resolver recursos de revisión, la imposición de medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, la emisión de políticas de

transparencia proactiva, la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, la promoción de la participación y colaboración con organismos internacionales para fomentar las mejores prácticas en la garantía del derecho de acceso a la información. Por otro lado también, se tiene que regular el procedimiento de nombramiento de los comisionados, de su Consejo Consultivo, así como la integración del Comité de Transparencia. Estoy hablando también de algunos puntos de la Iniciativa de Ley Federal que ya está presentada. Aquí sí quiero ser muy honesta, yo creo que a esa iniciativa le falta muchísimo trabajo, mucho trabajo de dictaminación; no quisimos dejar pasar más tiempo, que se nos fuera otro periodo. Ya existe una iniciativa de Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública que presentamos también los mismos que hemos estado trabajando el tema; la presentamos con la intención de no dejar pasar más tiempo, sin embargo, sí reconocemos que hace falta muchísimo trabajo de detalle y de desarrollo en esta iniciativa para que se pueda convertir en la ley. Ahora voy a referir solamente a algún ejemplo de lo que nos faltó desarrollar. Pero ya esta iniciativa regula, como les decía, tanto el procedimiento de nombramiento de los comisionados, de su Consejo Consultivo, así como de la integración del Comité de Transparencia. Dota de estructura orgánica al INAI y de las facultades del Pleno, los comisionados, direcciones, secretarías y demás personas que lo integran. Remite a la Ley General para los principios y obligaciones de transparencia, y supuestos de información clasificada y su procedimiento. Retoma otras cosas de la Ley General, como los procedimientos de acceso a la información pública, los recursos de

revisión, etcétera, pero es relevante este desarrollo del INAI en tanto órgano garante a nivel federal. Entro al detalle de lo que creo que hace falta desarrollar de manera muy importante en la Ley Federal, pero que es, a la vez, una definición que está pendiente dentro del propio Legislativo, y tiene que ver con si la Ley Federal va a ser más exhaustiva en materia, por ejemplo, de obligaciones de transparencia proactiva o incluso en las propias obligaciones de transparencia, que la Ley General. En esta Ley Federal, también por la coyuntura lo tengo que decir, había un enorme interés que quedaran en el sector energético obligaciones de transparencia muy claras de la Ley Federa, derivado precisamente de la reforma energética. Tuvimos una discusión y dijimos: “No podemos poner solamente, si vamos a desarrollar un catálogo de obligaciones de transparencia para el sector energético, la Secretaría de Energía y algunos otros órganos relacionados con el sector, no podemos solamente desarrollar la parte del sector energético y dejar el resto de los órganos autónomos, el resto de las secretarías de Estado del gobierno federal sin ser desarrolladas”. Bien, pusimos el capítulo de obligaciones para el sector energético, también desarrollamos ciertas obligaciones más detalladas que las que están en la Ley General para Relaciones Exteriores y ahí nos quedamos. Ya de entrada la iniciativa tiene una deficiencia: O desarrollamos todo o no desarrollamos nada. Eso implica, por supuesto, un reto en términos de investigación muy importante, porque necesitaríamos el apoyo tanto de organizaciones de la sociedad civil como de expertos, por sector, por secretaría. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo presido una Comisión de Relaciones Exteriores y soy peticionaria, por supuesto, directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y más o menos tengo claras las cosas que creo que debería desarrollar más a detalle la Secretaría, pero no tengo idea de qué pedirle a Medio Ambiente, por poner un ejemplo.

Así que para nosotros eso va a implicar un reto, si es que se decide desarrollar un catálogo por secretaría, por órgano autónomo, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo; vamos a tener que necesariamente conseguir gente experta, incluso de la mano con las propias secretarías, peticionarios y demás, para poder desarrollar ese catálogo. A mí me parece que ése es un problema central de definición que tenemos que tomar a la brevedad para poder seguir avanzando en la Ley Federal. En cuanto al Poder Legislativo, sí quiero poner un ejemplo muy concreto. Si bien en el artículo 72, que ya mencionó el diputado Fernando Rodríguez Doval, me parece que vienen cosas…, es un avance muy importante en relación a lo que el Poder Legislativo tiene ya por obligación que publicar. Hubo legisladores que pensaron que aun esa redacción del 72 en la Ley General se quedaba corta y tiene que ver también con la discusión, con lo que les contaba anteriormente de si la Ley Federal tiene que ser aun más detallada y más exhaustiva que la Ley General. Por ejemplo, el senador Corral y el senador Ávila, entre los dos propusieron una serie de obligaciones nuevas. Por ejemplo, los programas de trabajo de las comisiones y de los comités del Congreso, que no están ya establecidas en el 72 de la Ley General; un informe de actividades de las comisiones y comités, que si bien eso se tiene por reglamento que entregar cada año a la Mesa Directiva y la Mesa Directiva comunica al Pleno, no está publicado de manera obligatoria ni en los mocrositios de las comisiones ni en ningún otro lugar de los portales del Congreso; o las versiones estenográficas del Pleno, lo cual podría ser una herramienta muy importante. En fin. En los proceso de licitaciones y contrataciones de servicios personales, el padrón de medios acreditados, en fin; es una lista bastante larga de cosas que se quedaron fuera de la Ley General, precisamente, porque se entendía que una ley general, a la vez, no podía ser tan exhaustiva.

Finalmente quiero concluir diciendo que estos ejemplos que abordé sobre la política exterior y la materia energética, así como este ejemplo del Congreso de la Unión, demuestran claramente que aunque la Ley General sí fue exhaustiva para ser Ley General, hay quienes piensan que no fue lo suficientemente exhaustiva para las necesidades o demandas de información que muchos ciudadanos quisieran tener. Ese es precisamente, me parece, el principal reto y la principal definición que tenemos que tomar frente a la ley federal en cuanto a desarrollarla más ampliamente. Hasta aquí terminaría mi exposición, agradeciendo nuevamente todo el acompañamiento y el trabajo conjunto que hemos hecho en este tiempo. Muchas gracias. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Siempre le aprendemos a la Senadora Laura Angélica. Varios aspectos muy puntuales y cómo este proceso legislativo que viene a dar lugar a la Ley General de Transparencia, siempre aunque sea detallada una ley que quedó, unas obligaciones sensiblemente ampliadas de las que trae la ley federal vigente a la ley general, es un incremento importante, además del doble de 17 a 48. Para que la gente tenga oportunidad de tener a la vista información y no tenga necesidad de hacer una solicitud de la información, sino que la tenga disponible en sus respectivos portales la autoridad. Pero me parece que lo que menciona, Senadora, respecto a los retos también que tiene la ley federal de desarrollar, ciertos aspectos específicos, porque creo que lo que sí quedó muy claro en todo este proceso tan complejo y tan abierto que tuvieron con diferentes actores son que las necesidades del sector energético, las especificidades, tienen un modelo muy particular y tienen una visión muy particular por sectores, me parece doblemente importante el trabajo que se hizo desde el Senado de la República y después con diputados para tratar

de unificar esas diferentes visiones de aspectos tan disímiles como el sector energético. Que fue ahí una parte muy importante, incluso en las discusiones que se tenían, pero que estaremos seguros que también varios de estos aspectos quedarán muy aterrizados en la respectiva ley federal. Le agradecemos mucho, como siempre, Senadora y además quiero hacer hincapié en que todos nuestros panelistas nos hicieron un espacio muy importante en su agenda, porque también tenían diversas actividades y es muy valioso para el INAI que estén el día de hoy con nosotros. Nuestro cuarto panelista es el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senador, muchas gracias, de nuevo también por acompañarnos, muy importante su presencia, siempre con el Instituto. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en desarrollo y planificación. En su desarrollo profesional se desempeñó en el área de formación de profesores como Coordinador de Extensión Universitaria en la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos. Presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Articulista del periódico El Universal, Director de la Revista La Zurda, Coordinador y autor de diversos libros, entre otros: TLC, y sector agropecuario; El Campo Mexicano en el Umbral del Siglo XXI; La larga Marcha por la Autonomía; Reflexiones Desde la Izquierda, edición uno y dos; Ciudad de Ciudades; Lo que todo buen chilango debe saber de la Ciudad de México; Escritura monumental mexicana; Dinero, simulación e impunidad; La gráfica política en México y la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la Cruzada por los Votos.

Dentro de la Función Pública, ha sido Diputado Federal, –a ver si no nos equivocamos– Senador de la LIII, LV y LXI Legislaturas, en donde preside las comisiones y coordinador de la fracción parlamentaria, por supuesto del PRD. Secretario de Medio Ambiente, Secretario de Desarrollo Económico, Secretario de Gobierno y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Senador de la República por el Estado de México, en donde preside las comisiones de estudio legislativo, legislativo segunda y la de cameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión; Secretario de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional e integra la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. Le damos, Senador, nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Adelante. Sen. Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer a la comisionada presidenta, la doctora Ximena Puente y a todas las comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la invitación a este Seminario sobre los alcances y retos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y poder compartir este Panel con la senadora Laura Rojas, con el diputado Fernando Rodríguez y con el diputado Fernando Belaunzarán, que aunque ustedes no lo crean nos llevamos bastante bien. Y quiero empezar justamente con lo que señalaba Fernando Belaunzarán en su primera parte de la intervención, es estar aquí, ya no en el Instituto Federal de Acceso a la Información, sino al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Parece un cambio semántico menor, sin embargo, creo que desde el ámbito conceptual de lo que es la estructura de la administración pública federal y más en estos momentos, el transitar de un instituto federal a un instituto de carácter nacional quita, en primer lugar, esa enorme carga que existe sobre las dependencias federales, que limita en gran medida su autonomía y deja perfectamente delineado que este Instituto no solamente goza de autonomía constitucional, sino que no tiene ninguna otra autoridad, particularmente el Ejecutivo, por encima del mismo. Al mismo tiempo es un órgano que tiene nuevas facultades, que fortalecen tanto el federalismo en nuestro país como el proceso de descentralización de facultades y de competencias. Lo que no sucedió, para que se comprenda mejor, con el Instituto Nacional Electoral, que pasó de ser un instituto federal a un instituto nacional, pero con el objetivo fundamentalmente de centralizar muchas de las facultades y atribuciones de los órganos electorales locales y de los propios gobiernos locales. El objetivo original del INE era centralizar el conjunto de las funciones electorales y que se encargara de la organización de los procesos electorales federales y locales, desde el municipio más pequeño del país, hasta la Presidencia de la República, suplantando, en gran medida, las atribuciones para que los estados regularan su gobierno interior. Creo que vamos a ver la prueba de este modelo electoral el próximo 7 de junio y con toda seguridad volveremos a tener otra reforma política electoral en los próximos años, porque como decía Fernando Rodríguez, la democracia no se ha logrado consolidar con las reformas electorales porque siempre queremos corregir lo que deja inconformidad, pero no resolvemos el problema de fondo, que es el ejercicio pleno de la libertad de los ciudadanos a elegir. Como señalaba también la Senadora, esa es la ventaja de ser el último, ya dijeron lo más importante todos los compañeros y la ventaja es que entonces uno puede hablar con mayor libertad de otras cosas.

Como señala muy bien la senadora Rojas, cómo en las discusiones que tuvimos en el grupo plural, tanto de legisladores como representantes de la sociedad civil y de los órganos garantes, una de las discusiones centrales fue en torno al diseño institucional respecto a que si deberían existir una sola Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información o debería de coexistir una Ley General con la Ley Federal, entendiendo que la Ley Federal incorporaría en lo fundamental las atribuciones, facultades y obligaciones del órgano garante federal, desarrollando además de manera exhaustiva lo que son las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el ámbito federal. Mientras que la Ley General, y creo que eso es lo importante de este diseño, mantendrá los principios en materia de transparencia y acceso a la información, los procedimientos de acceso a la información en cada una de las entidades donde cada entidad podrá o deberá no solamente adoptar las disposiciones mínimas que establece la Ley General, sino incluso adoptar medidas más de fondo; con lo cual justamente se fortalece esta visión federalista en donde si bien hay facultad de atracción o puede recurrirse en segunda instancia al Instituto Nacional de Acceso a la Información en los hechos, hay un fortalecimiento de los órganos garantes locales en primer lugar, porque a todos se les dota de autonomía constitucional, todos van a tener que regirse por la Ley en la materia que expida el Congreso de cada uno de los estados, pero el reto va a estar fundamentalmente en esta coexistencia de dos leyes en hacer un esfuerzo por mantener un diseño armónico y evitar una dispersión normativa o una dicotomía que pudiera presentarse en la interpretación de la ley. Son muchos los avances que se han registrado en esta Ley General y habrá que irlos precisando en el ámbito de la Ley Federal que presentamos el pasado 9 de diciembre de 2014 senadoras y senadores de distintas fracciones parlamentarias, así como también ya presentamos en el mes de abril de este año la Ley General de Protección de Datos Personales. Y esperamos cumplir con el compromiso que durante este receso la Comisión Permanente se haga la presentación de la iniciativa en materia de la Ley General de Archivos para que podamos dictaminar tanto la Ley Federan en Materia de Transparencia y Acceso a la

Información, como la Ley General de Protección de Datos Personales y la de Archivos en el próximo periodo ordinario de sesiones, lo cual va a significar una enorme carga de trabajo; que es lo de menos. Aunque aprovechando la discusión que tuvimos antes de entrar a esta sesión, independientemente de que no se publicara alguna de estas leyes, ya está vigente la reforma constitucional y la Ley General de Acceso a la Información. Y la omisión del legislador no obsta para que estas leyes no se cumplan. De modo tal, y aprovecho porque fue una de las preguntas que me hicieron llegar, que ya todas las disposiciones que se establecieron para los sujetos obligados en la Ley General, los órganos garantes nacional locales están obligados o tienen atribuciones para poder ejercer las funciones en materia de garantizar la transparencia de todos los sujetos obligados, incluidos los partidos políticos, más donde hay elecciones locales, y los sindicatos en cada una de las entidades, por poner sólo un ejemplo. En el ámbito de la Ley Federal, por supuesto en esta iniciativa ya se han destacado algunas de las facultades y las atribuciones que se establecen, pero fundamentalmente destacaría que regula el ejercicio del derecho al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, y eso también quiero destacarlo; no solamente es sobre el Ejecutivo Federal, es sobre el Poder Legislativo, es sobre el Poder Judicial, es sobre los órganos con autonomía constitucional, es sobre los partidos políticos, es sobre los sindicatos y, sobre todo, aquel ente público o privado que reciba, administre cualquier tipo de recurso público. Porque luego incurrimos en el error de que se cree que es una Ley que regula solamente a los sujetos obligados del Gobierno Federal y nos va a obligar a regular a todos. Y aprovechando que están aquí representante de los órganos garantes locales, ya dentro de los sujetos obligados en sus estados, son los congresos estatales del Poder Legislativo y los grupos parlamentarios en cada uno de los estados de la República, y esto ya está en pleno vigor.

La Ley Federal propone el Catálogo de Obligaciones de Transparencia, impone obligaciones. El INAI podrá realizar verificaciones, establecer los procedimientos de denuncia, establecer políticas de transparencia en el ámbito de los órganos garantes federales, garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables –esto es muy importante– pueden acceder en igualdad de circunstancias al derecho a la información; establece la obligación de los sujetos obligados a que documenten todos sus actos; contiene la forma en que los sujetos obligados deben cumplir con las resoluciones del Instituto Nacional, establece las atribuciones de las unidades de transparencia del Comité de Transparencia en el ámbito federal, instituye medidas de apremio, e incluso, el INAI podrá imponer al servidor público o a los miembros de los sindicatos, partidos o personas físicas o morales responsables algunas sanciones. Ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener en la discusión de la Ley Federal. Cuál va a ser el alcance de las facultades del Instituto Nacional y, por consiguiente más adelante en los estados de la República para que el Órgano Garante pueda sancionar a los sujetos obligados. Si se queda solamente en las medidas de apremio, como es la amonestación pública, la multa económica, una sesión de carácter administrativo o puede iniciar procedimientos penales ante la autoridad correspondiente. Hasta donde vamos ahora, y es la propuesta de la Ley, es que retomando la experiencia también del Instituto Nacional Electoral, el INAI pueda aplicar sanciones solamente en el ámbito de las medidas de apremio. Pero vamos a ver –esa es la ventaja de que tenemos elecciones el próximo 7 de junio– como aplica este procedimiento especial sancionatorio donde el INE sustancia y el Tribunal resuelve, más cuando todas las resoluciones del INE han sido prácticamente rectificadas por el Tribunal. Creo que un buen referente para esta Ley Federal que se avecina, va a ser la forma en que se resuelvan estos litigios para ver si le dotamos al Instituto la facultad de establecer sanciones de carácter penal,

aunque la gente de la Procuraduría va a pegar un grito en el cielo, ya que dice que eso es una atribución, una competencia exclusiva del Ministerio Público. Pero son los debates que realmente tenemos que dar en la discusión. ¿Qué nos faltó en esta iniciativa? Yo creo que faltó, en particular, lo de establecer la obligación de hacer públicas la declaración patrimonial y de interés; así como en la reforma del sistema anticorrupción, la reforma constitucional anticorrupción, faltó eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos, empezando por el Presidente de la República; lo que tarde o temprano sucederá en este país. Lástima que solamente escriban artículos y los publiquen en cadena nacional en ocho periódicos, en lugar de asumir una responsabilidad, por ejemplo, con una señal clara de eliminar cualquier fuero para evitar que el Presidente de la República quede impune frente a la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Sin embargo, creo que hay cosas muy importantes, hay un asunto que a mí me da mucho gusto que se haya incluido en esta iniciativa, que es el establecer el concepto de igualdad sustantiva, es la primera ley que reconoce el ejercicio en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el derecho de la igualdad entre hombres y mujeres; pero también nos plantean muchos retos por delante. Y con eso concluyo. Creo que tenemos retos para garantizar la transparencia en el Poder Judicial, porque si en alguna institución hay opacidad es justamente en el Poder Judicial, en todos sus órganos. Vamos a ir un poco más adelante a ello. Por supuesto en el Poder Legislativo, donde la mayor opacidad no está en los grupos parlamentarios, la mayor opacidad y el mayor gasto en el Poder Legislativo está en los órganos administrativos que no están sujetos prácticamente a ningún escrutinio ni control; es más, los administrativos, los aparatos administrativos de los congresos perciben más salario que los propios legisladores y tienen mayores prestaciones que los legisladores.

Pero un tema nodal, por ejemplo, en el Poder Legislativo y que debe ser objeto de revisión de la regulación en esta Ley, es evaluar los mecanismos de asignación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que evitar esta práctica nociva, que es una práctica inmoral, que los legisladores se distribuyen, se prorratean una parte del presupuesto en función de sus grupos de interés y sus intereses corporativos, y que ha derivado en el “moche legislativo” o en esta extorsión a la que se ven sujetos gobernadores o presidentes municipales, que se les condiciona la entrega del presupuesto gestionado por un legislador, a la entrega de un porcentaje del mismo presupuesto o a que las empresas que el diputado, porque aquí los senadores estamos a salvo porque no es competencia nuestra el presupuesto, les propongan qué empresas realizan las obras. El derecho de piso ya no solamente lo cobra el narco, sino el derecho de piso, el derecho de presupuesto lo están cobrando los legisladores, que es el mayor acto de corrupción que nosotros debemos superar en el ámbito del ejercicio de las facultades del Congreso de la Unión. En esto también habrá que ver otra que se entrecruza –porque así como son sujetos obligados los partidos políticos en la ley y somos sujetos obligados los grupos parlamentarios, en función que el Poder Legislativo es sujeto obligado–, transparentar la transferencia de recursos de los grupos parlamentarios a sus partidos, de donde se financian millonarias campañas de comunicación o se financian también transferencias millonarias a las burocracias partidarias. Esos son los verdaderos focos de opacidad, centros de opacidad que tenemos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, tendremos que ir –ahí sí coincido con la senadora Rojas– a ser muy exhaustivos en las obligaciones de transparencia de todos los órganos federales y de los órganos autónomos, porque no se nos puede escapar en la Ley Federal ni el Banco de México ni la Comisión Federal de Competencia, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones ni el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática; ni el Instituto Nacional de Educación Educativa.

Pero en particular tres áreas son las que tenemos que destacar: Una, ya lo dije, las obligaciones en materia de transparencia del Poder Judicial y de todas las instancias de procuración de justicia, que no se trata solamente que nos den información relacionada con estadísticas en cuanto al número de órdenes de presentación, apreciación y carteo emitidas, o que nos den solamente estadísticas sobre incidencia delictiva del país, queremos verdaderos indicadores de procuración de justicia, que sean indicadores de desempeño del ministerio público, de los jueces, del Consejo de la Judicatura; conocer cómo se adoptaron sus resoluciones y sentencias, y cómo actúan desde el Ministerio Públicos los jueces hasta los magistrados y los ministros de la Corte, porque aunque hay un tratamiento especial a la Corte, no dejan de ser sujetos obligados en tanto servidores públicos y espero que podamos avanzar en serio. Otros temas, ya lo refirieron aquí mis compañeros, son los temas vinculados con seguridad nacional, que cobran especial relieve en la situación actual. No solamente es Tlatlaya, Hidalgo, Apatzingán, Ecuandureo, el municipio en donde se presentó este enfrentamiento la semana pasada. Ni siquiera el municipio donde sucedió nos dijeron bien, y ahora resulta que en un enfrentamiento hay disparos a corta distancia, hay cadáveres boca abajo con balazos de frente y otros datos en donde nos dicen que no estemos especulando, entonces que nos informen bien. Y el tercer tema tiene que ver con lo que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas de debate político nacional más importante que es, toda esa instrumentación de la reforma energética. Que, ¿por qué lo incorporamos de manera tan detallada? Ya avanzaba Laura en ello, por una razón muy sencilla, es el área donde más exhaustivo se contempló la ley general; porque en primer lugar, está establecido un artículo 9º transitorio en la reforma constitucional en materia energética que establece obligaciones de transparencia en todas las actividades de exploración, extracción, distribución y refinación de hidrocarburos, contratos, licencias, alianzas o convenios que permitan el escrutinio público.

Y qué bueno que está en una ley general, porque en muchos casos va a haber competencias locales en estos temas, nada más basta ver la reforma constitucional y las leyes secundarias, en donde prácticamente se establece la obligación de los estados y municipios para dar las facilidades para el establecimiento de las inversiones. Y esto puede implicar desde cambios de uso de suelo, recategorización de áreas naturales protegidas, hasta procesos de carácter expropiatorio en los estados. Por eso lo exhaustivo de este tema en la ley general. Que ya, si analizamos ahora la situación en el país, los focos de conflicto son mayores. ¿Por qué? Ahí está el acueducto a Monterrey, está el otro oleoducto en Puebla, están las expropiaciones que están generando ya conflictos con el agua y otros temas. Por eso finalizo con un conjunto de propuestas: Nuestro principal reto en los próximos meses es crear todo el entramado normativo que sea armónico en materia de acceso, información y protección de datos y archivos en toda la República, es decir, hay que garantizar que todas las entidades federativas, los 31 estados y Distrito Federal, adecuen su legislación a la ley general. Al mismo tiempo que tenemos que garantizar que se hagan las leyes federales y generales que tenemos pendientes y para ellos quisiera hacer tres propuestas, aunque en realidad unas ya no son tan propuestas, sino más bien es un anuncio. Esto lo hemos acordado el día de ayer con la presidencia del Senado de la República; el Senado convocará a todos los presidentes de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a un encuentro nacional para avanzar en la adecuación y atención de la ley genera en los estados. Queremos proponerle al INAI, que en coordinación con el Senado, con esta comisión, hagamos un recorrido a las diversas entidades federativas para la promoción de estas adecuaciones.

Finalmente queremos hacer un exhorto para que a la brevedad posible se instale el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, no se necesitan ni leyes secundarias ni nada, está en la Constitución, está en la ley general. Son los órganos garantes nacional y de los estados, el INEGI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, todo ya está constituido, quería decir que es un acto de defunción, pero no lo es, es un acto de transformación de la COMAIP, se convertirá en parte del Sistema Nacional. Pero la verdad qué bueno, porque espero que este sistema garantice en derecho humano fundamental, que es el objetivo fundamental de la reforma, el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a acceder a la información pública. Muchas gracias. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Senador Encinas, qué gran propuesta, la aceptamos a nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados del INAI, no sólo la aceptamos, sino que estamos muy complacidos con esa idea de trabajar conjuntamente con ustedes, en la promoción también y en el intercambio con los órganos garantes, para sensibilizar también en cada estado de la República de la importancia de la adecuación de sus respectivas leyes. Aprovecho este valiosísimo espacio, el auditorio, pero por supuesto los integrantes de esta distinguida mesa de apertura de este Seminario y teniendo aquí al Poder Legislativo para anunciar la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia el próximo 23 de junio, conjuntamente con los órganos garantes de los estados. Insistimos, en el tema de la transparencia avanzamos todos, avanzamos de manera conjunta, avanzamos de manera unida, con todo el respaldo que este Instituto pueda apoyar y conjuntamente con los otros sujetos que también están integrando parte fundamental de este Consejo del Sistema, que son el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación.

También comentarles que estamos trabajando con esta obligación, que es la más cercana, que se estableció en los transitorios 60 días naturales, me complacer anunciar el día 23 de junio para la instalación de este Sistema. Dejaría un espacio de tres a cinco minutos para que nuestros panelistas puedan hacer contestación a las preguntas que amablemente nos hicieron llegar y algún comentario final. Diputado Belaunzarán, tiene el uso de la voz. Dip. Fernando Belaunzarán Méndez: Básicamente son, el asunto de los grupos parlamentario, etcétera. La verdad es que sí hay una revolución en esto de la transparencia, legal. ¿De qué va depender que esta revolución se lleve a la práctica? En gran medida de los órganos garantes y, sobre todo, de este Instituto Nacional de Información, que será, en gran medida, la última palabra. ¿Va haber resistencias? Muchísimas resistencias; es más, nada más espérense a ver las solicitudes de información a los partidos ahora que se inaugure y van a ver lo que se va pedir. Y va haber resistencias, indudablemente. Aquí dependerá de hasta dónde quieran llegar los órganos garantes, porque tienen todos los instrumentos. Pero las resistencias en todos lados las habrá, ¿por qué? Porque las inercias están pesando más que la conciencia de la crisis. Todos, desde el Presidente de la República, hasta otros, han hablado de la crisis de credibilidad del sistema político mexicano; pero al momento de actuar diferente vemos que nadie se atreve a cambiar y a actuar distinto, la inercia pesa más que la conciencia de la crisis.

Pero el instrumento de la transparencia es poderosísimo para hacer esto y para obligar a cambiar. Es más, lo que yo le llamo el transitorio de la confesión de parte, que es este transitorio que el Congreso de la Unión no informará de nada, hasta después, solamente lo que ocurra después de agosto, de septiembre para allá, es el transitorio de la confesión de parte. ¿Qué esconden? Es lo que va decir la gente. Me parece que es inconstitucional, incluso, porque esta es una ley por debajo de la Constitución y debería de poderse informar lo previo y no con este transitorio. Pero esto habla de lo que va ser una fuerte. ¿Dónde va haber otro? Miren, la guerra contra las drogas es nociva para los derechos humanos y, por supuesto que también va ser nociva para la transparencia. Cuando venga el asunto de Tanhuato y otros a pedir información, que ya está, fue uno de los grandes debates, si necesitan el permiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o no para pedir esta información, lo va decidir este órgano garante. Y van a ver las resistencias que va a haber porque para algunos es un asunto, entre comillas, aunque no lo podrán sostener, de seguridad nacional meterse con las fuerzas del orden a pedirles información. Ahí va a ser una cosa fundamental porque el reducto que tenemos que defender, el reducto civilizatorio que tenemos que defender son los derechos humanos frente a cualquier contingencia y cualquier medida. Y por supuesto que esta espiral de violencia en la que estamos metidos no es el mejor clima para defender derechos como el de la transparencia; pero aquí se va a ver. Y del lado de la transparencia, del lado de esto va a estar, me parece, uno de los grandes debates, insisto, sobre qué sociedad estamos peleando frente a una espiral de violencia que está descomponiéndolo

todo; tenemos un Estado debilitado, tenemos policías cooptadas y no sabemos ni siquiera a dónde nos lleva todo esto, no vemos la luz al final del túnel, sólo vemos una tragedia que se sucede a otra tragedia, mientras las cosas se descomponen y ya se nos hace cotidiana este tipo de cosas. Ahí esa va a ser otra batalla frente a la presión de que no se hagan públicos muchas de las cosas que tengan que ver con estos efectos o estos asuntos de la guerra contra las drogas que ha democratizado la violencia de alguna manera o la ha extendido por todos lados, se ha descompuesto, insisto, nuestra vida institucional, esta batalla para transparentar, aquí se va a ver. Y yo estoy convencido, ¿de qué? De que lo pueden hacer, dependerá. Decía Alejandro Gómez Arias que conquistó a la autonomía universitaria, fue uno de los dirigentes, dice: “Para que haya autonomía se debe ejercer”, ese es el gran reto que tendrán y estoy seguro que lo harán. Vaya que va a haber revolución en todos los aspectos. Hablé de los partidos, pero espérense a las universidades también. En las universidades, en todos lados habrá una revolución en muchos sentidos, porque la transparencia obligará a cambiar, a transformarse o si no pagarán un costo público importante, y me parece que es fundamental. Termino con esto. A diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que ayer lo promulgaron, es hoy un bonito adorno constitucional, y digo que es un bonito adorno constitucional porque hay un transitorio explícito que dice que el Sistema Nacional Anticorrupción no entrará en vigor hasta que estén todas las leyes secundarias; aquí no. Aquí ya está, independientemente de que hay que hacer las estatales, homologarlas o armonizarlas con la ley que falta, la Ley Federal, que falta la Ley de Archivos, etcétera, esto ya está funcionando, esto ya está andando, no tiene que esperar a que estén las últimas leyes secundarias para hacerlo.

Digo que tienen un gran carro, úsenlo a máxima velocidad porque esto es lo que necesita esta sociedad. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como sociedad? Le damos una salida institucional al legítimo reclamo social o no, y si no hay esa salida institucional, entonces todo se va a descomponer. Y parte para que haya una salida institucional al justo reclamo social, al justo hartazgo, al justo reclamo hacia la clase política, es que funcionen las instituciones; y una institución clave para esta demanda es el INAI. ¿Por qué? Porque si en los ochentas la batalla que se abrió fue que el voto cuente, ahora la gran batalla es: Dejen de robar. Y para que dejen de robar y para que haya transparencia y se acabe la corrupción. Cuando la corrupción es sistémica, ¿por qué es sistémica la corrupción? Porque la corrupción financia la actividad política y financia también actividad electoral porque la distribución del poder en México se decide en gran medida por dineros no fiscalizados que hacen clientelas para hacer estructuras que se vayan hacia las elecciones. Si eso no lo cambiamos, entonces seguirá descomponiéndose las cosas, porque me parece que el hartazgo es la transformación hacia eso, y la transparencia es una herramienta fundamental para poder cambiar ese sistema en donde la corrupción incluso sirve para financiar la actividad política de grupos, en lo general también en campañas electorales donde se decide la distribución del poder en México. De ese tamaño es el reto que tenemos, el INAI tiene todos los elementos para ejercerlo con fuerza, los estaremos calificando. Así como los vimos muy bien defendiendo la Ley General, así los vamos a querer ver en otras decisiones; decidieron muy bien con Tlatlaya, seguro vendrán otros grandes retos y seguro estarán a la altura de las circunstancias. Por lo menos ése es el deseo que

tenemos. Y vamos a apoyar en eso a esta gran institución que se ha formado. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, diputado Fernando Belauzarán. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Rodríguez Doval. Dip. Fernando Rodríguez Doval: Sí. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de dar respuesta, han llegado varias preguntas. Creo que algunas ya quedaron aclaradas con la participación posterior a la primera que yo tuve de la senadora Rojas y del senador Encinas. De cualquier manera trataré de responder algunas otras y, por supuesto, después dar un comentario final. Me preguntan sobre la coexistencia de la Ley General y de la Ley Federal, el régimen establecido, dice aquí, no es claro sobre la temporalidad del texto actual de la Ley Federal. En este sentido, ¿qué instancia es la facultada para interpretación jurídica? ¿Qué tiempo tiene para hacerlo? Y ¿qué ley debe prevalecer? Yo creo que la autoridad facultada o la instancia facultada es justamente el INAI, así lo infiero de lo que establece el propio artículo 41 de la Ley General, que dice que el Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente, tendrá las siguientes atribuciones, y la primera es justamente es interpretar en el ámbito de sus atribuciones esta ley. Creo que la Ley General, en ese sentido, sería la que nos establecería las bases generales de las cuales se derivarán después la propia Ley Federal y, por supuesto, la Ley local. Algo similar me preguntan después cuando dice que ¿qué ley se debe aplicar hoy, la Ley General o la Ley Federal? Y, en su caso, cuando exista contradicción, ¿cuál prevalece? Yo creo que es la Ley General.

Otra pregunta. Hasta en tanto entre en vigor la nueva Ley Federal, ¿cómo debe integrarse los comités de transparencia de los sujetos obligados. Yo creo que el artículo 43 de la Ley General es muy claro al respecto, ya se habla de cómo se tiene que integrar el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado y ya es una ley vigente, entonces eso es algo que ya se tiene que empezar a llevar a cabo. Otra pregunta relacionada con lo que comentaba ahora mi compañero y tocayo Belaunzarán: ¿En el debate parlamentario cuál fue la razón de que el Congreso no fuera sujeto obligado en la Ley? No, sí es sujeto obligado el Congreso y está clarísimo desde la propia Constitución y se establece, insisto, en el artículo 72. El artículo 72 es clarísimo acerca de cuál es la información que el Congreso tiene que poner a disposición de las personas. No lo leeré porque son muchos aspectos, son 25 incisos, pero van desde la agenda legislativa hasta el padrón de cabilderos, pasando por la Gaceta Parlamentaria, el orden del día, el diario de debates, versiones estenográficas y, por supuesto, todo lo relacionado con el manejo de recursos económicos. Aquí quiero insistir, y ya lo decía también el senador encinas, hay muchos órganos administrativos en el Congreso de la Unión que manejan una enorme cantidad de recursos y que nadie voltea a ver a ellos; todo mundo cuando piensa en el Congreso, piensa en los diputados y en los senadores, incluso, luego las notas que sacan algunos medios de comunicación dan a entender que nosotros recibimos casi, casi mensualmente varios millones de pesos per cápita y cosas así. Eso no es cierto. Los grupos parlamentarios, como lo establece la propia Ley Orgánica del Congreso, reciben subvenciones para realizar de mejor manera su propia función. Sin embargo, la mayor cantidad de recursos en el Congreso no la ejercen los grupos parlamentarios, la ejercen los órganos administrativos que hoy en día no están a la vista de nadie, que ningún medio de comunicación voltea a verlos. Que nadie sabe, por ejemplo, que el Secretario General de la Cámara o el Secretario de Asuntos Administrativos ganan mucho más que

cualquier diputado y, además, tienen muchas mayores prestaciones o los centros de estudios, como les decía, que no le rinden cuenta absolutamente a nadie y ejercen muchos recursos u órganos, como la propia mesa directiva. Ahí es donde también tenemos que ponerla en la mira, echarle el ojo. Creo que con este artículo 72, de la nueva Ley General, es muy claro sobre las obligaciones en materia de transparencia del Congreso de la Unión. Lo que sí es cierto es que se hizo un transitorio, el transitorio 13, que ya hablaba también el diputado Belaunzarán acerca del mismo; que, por cierto, todos los que estamos en esta mesa lo votamos en contra ese artículo 13 transitorio, no solamente eso, sino que un servidor junto con otros diputados de Acción Nacional, presentamos una iniciativa en cuanto fue promulgada la Ley General de Transparencia para derogar ese 13 transitorio de esta ley que, en efecto, dice que: “Cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto, un programa de reorganización administrativa”. Es decir, vamos a poner las cosas en orden y tenemos hasta el 30 de agosto, antes de hacer pública toda la información. Eso, honestamente, a mí también me parece que es una aberración, creo que en eso coincidimos los de esta mesa. Como ya les dijimos en su momento, en el Senado y en la Cámara presentamos reservas para tratar de eliminar ese transitorio, que desagraciadamente no prosperaron. Pero, en todo caso, más allá de ese transitorio, insisto, el Congreso de la Unión es ya un sujeto obligado y ojalá que de esa manera también pueda rendir cuentas de mejor manera de los recursos que recibe, que además no son pocos, la Cámara de Diputados, si no me equivoco, ejerce anualmente alrededor de siete mil millones de pesos y el Senado será un poco menos, pero en cuanto al número de senadores quizá serían, incluso, hasta más. En todo caso –y con esto concluyo–, creo que estas reformas que se han llevado a cabo en esta última legislatura, y obviamente la reforma

que ayer se promulgó, que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, es una reforma fundamental. Es solamente un punto de partida, también hay que decirlo, de ahí se deriva una enorme cantidad de legislación secundaria en materia del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso en materia también de la nueva reforma de transparencia. Hay todavía varias leyes pendientes, y por supuesto ahí es muy importante que todos los actores políticos y sociales estemos muy atentos para que se pueda llegar a buen puerto, y también en la legislación secundaria y en las legislaciones locales, que ahora también tendrán que hacerse, se pueda mantener este espíritu constitucional para fortalecer de esta manera, como les decía en la primera intervención, a nuestra democracia. Muchas gracias. Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, diputado Rodríguez Doval. Senadora Laura Rojas. Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Rápidamente quiero responder algunas preguntas. Una pregunta que me hacen es sobre si la Ley Federal regulará la organización y funcionamiento del INAI o si esto no sería materia de una ley orgánica. Y esta pregunta me va a dar pié para ahondar rápidamente en el contenido de la iniciativa Ley Federal que presentamos y que no lo expliqué a detalle. No, una ley orgánica regula únicamente la estructura organizacional de una dependencia. Así que se necesitaba, por supuesto, una Ley Federal, una Ley General y una Ley Federal, para poder desarrollar los procedimientos, por ejemplo, de acceso al derecho. Como lo comenté, en primer lugar la organización y facultades del Instituto como órgano autónomo federal y de su Consejo Consultivo, que es distinto a lo que establece la Ley General, porque ahí se

regulan las funciones del INAI pero como órgano nacional, su relación con los órganos garantes en el ámbito local y otras cosas, y aquí solamente tiene que ver con su función como órgano garante a nivel federal. También la Ley Federal tendría que regular la organización y facultades de las unidades y comités de transparencia en el ámbito federal, de todos sujetos obligados pero sólo en el ámbito federal; las obligaciones de transparencia, de transparencia proactiva, de verificación del cumplimiento de las mismas y de la denuncia por su incumplimiento. Como ya se dijo, no sólo del gobierno, sino del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, sino también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de todos los órganos constitucionales autónomos de los partidos políticos, de las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. De la clasificación información como reservada y confidencial, la prueba de daño e interés público, los procedimientos del derecho de acceso a la información pública y las medidas de apremio y sanciones a nivel federal. Todo eso es lo que tiene que contener la Ley Federal, desde nuestro punto de vista. Yo hace rato me centré en cuál creo que es el reto más grande que no tenemos todavía definido y que si lo hacemos más exhaustivo, más a detalle, por dependencia, por partidos políticos, por órganos autónomos, etcétera, lo que expliqué hace rato. Bien, otras ya fueron respondidas, ésas me las voy a saltar. ¿Por qué la Ley General de Acceso a la Información Pública no consideró como información reservada el secreto comercial e industrial? No es información reservada, es información confidencial. Una última que me llegó sobre la Ley de Protección de Datos, que insisto, creo que tendremos luego que hacer otro foro sobre este tema. Si estamos considerando disposición específica hacia protección de datos en materia de salud, pues sí, de eso se trata en parte tanto la ley

general que tenemos que aprobar como la Ley Federal de Protección de Datos. Todos los datos que están en posesión del sector salud, del sector educativo a nivel escuelas públicas, etcétera, y por supuesto, claro que tenemos que regular esta parte de Salud. Finalmente, algunos comentarios finales: Ya el senador Encinas anunció esta gira por la transparencia, que ya hasta la podemos bautizar aquí, puede ser la “Gira Nacional por la Transparencia”, que queremos hacer después de las elecciones, ya que acaba este proceso electoral, para poder recorrer el país y promover la homologación en los congresos locales de estas leyes. Pero también quisiera decir, y eso ya es una propuesta personal y los que estamos aquí, tres de los que estamos aquí hemos hecho ya nuestro tres de tres, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales públicas, también el comisionado Oscar Guerra. Y lo ligo con lo dijo el senador Encinas, él dijo que nos había faltado, que un faltante de esta ley, de la Ley General de Transparencia, era precisamente la obligación de hacer públicas estas declaraciones y fue un debate en comisiones y fue un debate en el Pleno, yo soy de las que sostengo que no iba en esta ley, por lo tanto no creo que sea un faltante de esta ley, estoy convencida que va en la Ley General de Responsabilidades. En las leyes de responsabilidades y que ahora a raíz de la aprobación del Sistema, de la reforma anticorrupción que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que nos mandata aprobar una Ley General de Responsabilidades, ahí tiene que ir. Por lo tanto, creo que esta ley, creo que esta gira por la transparencia, algunos aprovecharemos también para ir sumando voluntades en los estados que nos permitan llegar a la discusión de la futura Ley General de Responsabilidades, con un mejor ánimo, con mayor impulso, soporte, apoyo ciudadano para que podamos conseguir una mayoría en el Congreso.

Que sea una obligación por parte de todos los servidores y funcionarios públicos del país, la publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración de intereses y de la declaración fiscal, en todo caso. Finalmente, quiero hacer mención del tema del Congreso; ya lo ha dicho muy bien tanto Fernando Rodríguez Doval como el senador Encinas, el único tema no es ni puede seguir siendo el dinero de los grupos parlamentarios. Si hablamos de dinero, también hay que voltear a ver las contrataciones públicas, compras y contrataciones de las dos cámaras, como es en todos lados, en donde se da el principal problema de corrupción es ahí. Aquí está la OCDE que también ha hecho estudios sobre ese tema, estudios muy útiles que demuestran que donde está realmente la gran corrupción es precisamente en la parte de compras y contrataciones públicas en el gobierno federal y en cualquier institución, ahí es donde se tienen que revisar, además de los grupos parlamentarios. Más allá del dinero, que es algo que siempre he sostenido en estos foros, lo que también debe de importarnos es la información sobre cómo estamos tomando las decisiones en el Congreso y eso pasa por meternos a impulsar de manera ya muy decidida las medidas o las políticas de parlamente abierto que, prácticamente, en nuestro país no existen. Para eso, también acabo de pedir y proponer a la Presidenta del INAI, que podamos hacer a la brevedad un foro nacional y también en los congresos de los estados sobre parlamento abierto, me parece que en términos del Congreso eso es lo que sigue, porque no necesariamente son cosas o medidas que tienen que estar en una ley, sino pueden ser políticas, programas de parlamento abierto que se tienen que tomar por los órganos de gobierno de las cámaras y de los congresos a nivel local. Creo que es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, de nuevo.

Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Una gran propuesta, no sólo también la celebramos, sino que cuenten con toda la colaboración de este Instituto para llevarla a cabo, impulsando los temas de transparencia proactiva y gobierno abierto. Muy importantes en esta agenda. Senador Alejandro Encinas. Sen. Alejandro Encinas Rodríguez: Ahora sí voy a ser breve, nada más como media hora. Me pregunta Mireya Arteaga si ya existen fechas programadas para llevar a cabo las reuniones en las legislaturas estatales. La idea es en el mes de julio hacer la reunión con todos los presidentes de los congresos de los estados en el Senado y a partir de ahí y una vez que estemos en coordinación con el INAI, programar los recorridos; que deberán ser, por supuesto, antes del inicio del periodo de sesiones, el 1 de septiembre, para que podamos tener prácticamente resuelto el dictamen de las leyes que nos faltan. Juan Manuel Veira Calderón me pregunta que con base en qué ley será posible obtener información sobre los recursos asignados del Ramo 33 y su ejercicio. Pues creo que con la actual Ley Federal vigente ya se puede solicitar. Hoy la reforma constitucional, hoy la Ley Federal actual ya da ese derecho para poder acceder a todos los datos e incluso conocer el padrón de beneficiarios de cada uno de los programas sociales del gobierno. Carlos Guerra dice: “Por qué quedó fuera de la Ley el Fondo de Aporte en Apoyo a los 32 Órganos Garantes de los Estados, ya que son demasiadas las atribuciones para las entidades federativas y para su implementación”. Yo sé que cuando aumentan las atribuciones aumenta el sablazo, la demanda de dinero. Esta es una atribución de los congresos de los

estados, queremos autonomía real, tendrán, los estados, que garantizar esos recursos. Y en la Ley General, en la reforma se ha establecido la obligación que se den los recursos suficientes para ejercer su autonomía, aunque sé que ese es un objeto de chantaje y extorsión de los gobernadores para controlar a los órganos locales. Pero aquí la autonomía se ejerce, no se mendiga y espero que los órganos garantes locales la ejerzan plenamente. No hay peor pérdida de autonomía que la autocensura, que la autocontención. Esperemos que ejerzan plenamente sus facultades. Me pregunta Magdalena Castillo: “¿Por qué no crear una sola ley, cuál es la ventaja de la existencia de dos leyes?” Ya lo había señalado, dice: “¿No se presta a confusión? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?” Una Ley General es una ley marco que establece las bases mínimas que deben de regir una materia en específica; tenemos muchas leyes generales en el país, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Población, la Ley General de Asentamientos Humanos, ahora tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establecen normas mínimas, que pueden profundizar y mejorar los estados. Yo estoy convencido que en materia ambiental, por ejemplo, hay leyes ambientales en muchas entidades que están muy por encima de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente. No pongo ejemplos, porque pondría la que hicimos aquí en el Distrito Federal y es de muy mal gusto. Pero en este caso creo que ayuda. Y la Ley Federal regula las competencias exclusivas que la Constitución otorga a la autoridad federal. Hay que tenerlo con toda claridad; la Ley General regula tanto para el ámbito federal como para

el ámbito local, la Ley Federal establece solamente las facultades que son exclusivas del Gobierno Federal. Me preguntan también, no viene el nombre. “A su consideración los estados de la República de acuerdo a lo transitorios de la Ley General donde ya están obligados a observar y aplicar los artículos 709 y 82 de la Ley que establece obligaciones generales y específicas a cargo de los sujetos obligados”. Como lo señalaba, la reforma constitucional y la Ley General ya están vigentes. No se puede conculcar ni permitir un ejercicio a cuentagotas de un derecho que otorga la Constitución a los ciudadanos. La legislación actual, en todo caso, podría ser supletoria de las leyes que falten por publicarse, son 100 días los que se otorgan a los órganos locales en aquellos asuntos que no contravengan las disposiciones de la Ley General. Todo mundo ha leído los transitorios, pero se va concentrado en lo general en el 13 y en el 9º. Pero miren, el artículo 2º transitorio lo dice con toda claridad: “Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente ley sin perjuicio de lo previsto en los siguientes transitorios”. ¿Qué significa esto? Si en la ley de determinada entidad federativa hay alguna disposición que contravenga lo dispuesto en la Ley General, queda derogada o abrogada. Ya está en vigor. El artículo 3º dice: “En tanto no se expida la Ley General en Materia de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia”. Simple y sencillamente. Como es el caso también en tanto sale la nueva Ley Federal, es la vigente la que se aplicaría en tanto no contravengan las disposiciones de la Ley General. “El Congreso de la Unión –ese es el 5º transitorio– las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del DF tendrán un plazo de

hasta un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley para armonizar las leyes relativas…”, etcétera. Pero independientemente de que se cumpla ese plazo o no, ya tenemos las bases fundamentales del ejercicio de este derecho sin discusión alguna. Aunque por supuesto, aquí aprovechando el viaje respecto al 6º transitorio, hay parte de la chamba que le toca al Instituto que tendrá, dice el artículo 6º: “El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y atracción a las que se refiere la ley transcurrido un año, pero tendrá que dictar –dice al final– las nuevas obligaciones establecidas del 70 al 83 –era la que me preguntaban– de la presente ley, no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Política y Gubernamental y la Ley de Transparencia de las entidades, serán aplicables sólo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. Ergo, no tiene que pasar un año, no tiene que pasar la entrada en vigor de la Ley para que el Instituto pueda ejercer esas facultades de atracción. Ya no voy a abundar en el 13; más bien voy a hacerles una propuesta, esto con lo que coincido con los dos Fernandos y con Laura: Es anticonstitucional, absolutamente, en la disposición del artículo 13, en donde se crea un régimen de excepción en el cumplimiento de la Ley para el Poder Legislativo, nadie puede legislar en su propio beneficio. Hagan los requerimientos de información de, por ejemplo, cuánto corren los concesionarios de los restaurantes de cualquiera de las dos cámaras. Las agencias de viaje, ¿por qué ese precio de los boletos de las agencias de viaje? Y que les digan que se los van a contestar el 30 de agosto para que inicien una acción de inconstitucionalidad por la existencia de este artículo 13. Eso nos ayudara mucho a garantizar este derecho de los ciudadanos. Muchas gracias.

Moderadora, Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas: Senadora Laura Rojas, senador Alejandro Encinas, senador Fernando Rodríguez y Fernando Belauzarán. Reciban un pequeño reconocimiento y un pequeño obsequio, como muestra de nuestra gratitud por su valiosa participación. Muchísimas gracias. Presentador: Mientras se hace la entrega de los reconocimientos a nuestros distinguidos invitados, queremos enviar un saludo al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, que sigue este Seminario vía internet; y también a nuestros amigos de Quintana Roo, quienes se ubican en la Casa de la Cultura Jurídica siguiendo los trabajos de este Seminario. Procederíamos en este momento a un receso de 10 minutos, para después continuar con el Panel número dos.

(Receso)

Panel 2: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Presentador: Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Vamos a dar inicio al panel número dos. Aprovechamos este momento también para saludar a todos los funcionarios del Instituto de Transparencia del estado de Tabasco, que también en su sede, allá en Villahermosa, nos siguen vía Internet. Un saludo para todos ellos. Queremos mencionarles también que las preguntas que por cuestiones no han podido ser atendidas durante el lapso destinado para ello, serán respondidas vía electrónica en el apartado de preguntas y respuestas del micrositio del Seminario, ubicado en la página del INAI. Damos inicio, entonces, al panel número dos, denominado: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación, encaminado a conocer la visión y expectativas de la sociedad civil y de los medios de comunicación sobre la implementación y alcances de la Ley General en el desarrollo efectivo del derecho de acceso a la información y su contribución en la formación de ciudadanos más informados, así como en la construcción de un Estado más abierto, incluyente y democrático. Sin mayor preámbulo, les rogamos ocupen sus lugares y tiene el uso de la palabra la moderadora de este panel, la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del INAI. Doctora, adelante. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Vamos a esperar un segundo a ver si terminamos de acomodarnos. Creo que nos dejaron muchas inquietudes todos los comentarios y todo lo que se platicó por los legisladores.

Me parece que es interesantísimo cuando uno puede cuestionar a los legisladores directamente sobre algo. A cuántos de nosotros nos hubiera gustado preguntarles a los diputados constituyentes de 1917 sobre tantos temas de la Constitución, ¿verdad? Estábamos dando unos minutos para que se incorporara nuestro amigo Leonardo Curzio. Vamos a dar inicio y él se incorpora en unos segundos más. Quiero decirles, desde luego, que los comisionados estamos muy contentos de haber tenido esta convocatoria, no esperábamos menos, por supuesto, y creo que es la gran oportunidad para conocer la ley, para explorarla, para apuntar todas las inquietudes que vienen por ahí y qué mejor que con las personalidades que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para acompañarnos durante el día de hoy y el día de mañana. Yo quisiera empezar este panel solamente para señalar que, como parte fundamental del artículo 6º, como ya todos lo sabemos, es elevar el potencial de utilidad del derecho de acceso a la información, creo que ésa es la base, y llevarnos por la transparencia que conlleva el rendir de cuentas. En este precepto se hace referencia a la libertad de expresión, porque su ejercicio significa que toda persona debe tener garantizado el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir, difundir información e ideas de toda índole y por cualquier medio. Por ese motivo, en los objetivos enmarcados en el artículo 2º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encontramos principios rectores para facilitar esa transparencia, entre lo que se destaca lo referente a la rendición de cuentas a través del ejercicio de políticas públicas, de mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa –no hubo más palabras, si no, también se las hubieran agregado–, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región, todo bajo modelos homogéneos.

México es uno, señoras y señores; México tiene una división política, pero la división política no significa dividir derechos ni tampoco obligaciones. Los elementos esenciales para que la sociedad civil y los medios de comunicación accedan a la información que requieran para el ejercicio de sus funciones, de sus objetivos, de los desempeños que busquen, debe privilegiarse el ejercicio responsable de las libertades. Esas preocupaciones se encuentran en la exposición de motivos de la Ley General, que los invito a que la vean y donde se consideraron los alcances del derecho de acceso a la información, que permean directamente en el ejercicio de la libertad de expresión. Por su parte, la sociedad civil no sólo es destinaria de los objetivos de la ley, sino que fue partícipe en un ejercicio plural, responsable e informado en esta construcción del marco jurídico hoy vigente, ahí radica también su importancia. Permítanme que les diga, que el informe del país sobre la calidad de la ciudadanía en México que elaboró el INE y COLMEX, tanto los medios de comunicación como las organizaciones de la sociedad civil están por encima de la media en la confianza institucional. Sin embargo, debemos insistir en trabajar, en elevar todavía esa confianza por un lado y en recuperar la confianza en aquellas instituciones que han ido a la baja, particularmente en algunos sectores como los que se mueven ahora en el sector público. En el INAI se reciben, recibimos y resolvemos recursos de revisión que interponen también las organizaciones civiles y muchos medios de comunicación, además encontramos solicitudes de informaciones que también nos dirigen a nosotros mismos y, por supuesto, que esos ejercicios son válidos y seguiremos colaborando para fortalecer el derecho al acceso a la información como medio para el ejercicio responsable de los demás derechos que se conjuntan con el mismo. Por ese motivo, me voy a permitir hacer algunas preguntas generales con los señores panelistas primero preguntaría: ¿Cuál es el papel de

la sociedad civil y de los medios de comunicación en la construcción de un México más informado y más democrático? ¿Cuáles son los retos de la Ley General de Transparencia para promover la libertad de expresión y la gestión social? ¿Qué espera la sociedad civil y los medios de comunicación del Sistema Nacional de Transparencia? ¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación? Para tal motivo, me voy a permitir darle la palabra en primer lugar a Lourdes Morales Canales, una amiga que ahora es Directora de la Red por rendición de cuentas. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en Paris; maestra en Comunicación Política por la Universidad de Paris y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Que fuera Director de Alianza Cívica y de México Observa; es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde dirige precisamente esta red de rendición de cuentas. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y privadas, ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, transparencia y rendición de cuentas. Se dice muy poco, pero Lourdes es eso y mucho más, como todos ustedes y yo misma lo sabemos. Muchas gracias. Lourdes, por favor. Dra. Lourdes Morales Canales: Dan el voto de confianza previo. Muchas gracias por esta generosa presentación y por esta invitación.

Creo que este debate es muy importante para los tiempos que estamos viviendo actualmente, sin duda es un éxito de muchas organizaciones, de los legisladores, de los órganos de transparencia, el que se haya lograr aprobar esta ley general y el proceso por el cual se transitó para poder llegar a esta ley. Que algunos la ven como maximalista, como excesiva si la comparáramos con otras leyes generales, pero que responde a las necesidades de crisis, de legitimidad y de confianza que se originaron, sin duda, por los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y por los casos de corrupción emblemática que hemos visto los últimos meses. Quizá si no hubiera habido esos detonadores, quizá no tendríamos ley, no podemos saber, pero sin duda ayudaron y también ayudó el contexto electoral, sin duda, los contextos electorales siempre son contextos de oportunismos, pero también de oportunidades. Espero poder contestar todas las preguntas que nos hizo la Comisionada o por menos algunas y darla la palabra también a mis compañeros. Quisiera centrarme en lo que se espera de la ley general y la vinculación de la ciudadanía y la sociedad civil con los órganos de transparencia y con las instituciones públicas. Creo que es una ventaja que venimos de 10 años de ejercicio del derecho a la información, no estamos empezando de ceros, ya hay una experiencia acumulada y en el propio INAI hay una experiencia que se puede retomar para ver cuáles son los pasos siguientes. Quizá los pasos siguientes lo anuncia la propia Ley General, en el cual se dice qué parte de los objetivos es promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia y también la participación ciudadana; hace toda una descripción y también señala que es necesario propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Eso es muy interesante, porque ha habido un debate muy largo en la academia y en las propias instituciones de hasta dónde debe de participar el ciudadano, hasta dónde se deben abrir las decisiones a la participación ciudadana.

Esto lanza el dilema que, por ejemplo, quiénes son los que están en las organizaciones sociales qué tan representativos son, por qué se dan una representación que a lo mejor no tienen, de todo el tejido social; que eso hace los procesos más ineficientes, porque si uno está consultando, hasta dónde está la libertad de mandato, para eso se eligen a los representantes y para eso hay un mandato del funcionario a la administración pública. Quizá no todas las decisiones se deben estar abriendo a la participación ciudadana. Luego es los tiempos que toman los procesos deliberativos. Pero, por el otro lado, hay suficiente evidencia ahora, en la cual se ha visto que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en el camino hacia la rendición de cuentas y en el acceso a la información. Por ejemplo, cuatro cosas que ya están muy documentadas. Primero. ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales? Ayudan a acceder a la información, a interpretarla y a distribuirla en formatos accesibles. Y eso ha sido bastante ventajoso para el ejercicio de otros derechos fundamentales. También han apoyado o activado mecanismos de control formales e informales, al utilizar la información de manera estratégica, han hecho alianzas para fomentar el sistema de pesos y contrapesos y ahí los medios de comunicación son aliados claves y, claro, había que tomar en cuenta el panorama actual que hay en México. Finalmente exigiendo directo rendición de cuentas. Por ejemplo, algunos ejemplos cercanos y recientes, por ejemplo, GESOC, en su última edición del índice de desarrollo al desempeño de programas sociales, mostró que 63 programas sociales, de 182 que evaluó, programas sociales federales, tenían serios problemas de opacidad y exigió mayor transparencia y rendición de cuentas.

Esos programas, no eran tres pesos, estamos hablando de 41 mil 418 millones de pesos. Gracias a esta labor que hizo, sólo con la información que había disponible, pero que sin duda el ciudadano de a pie quizá no había tenido las herramientas para decodificarla, la puso en la mesa y además tuvo interlocución con los legisladores para alertar sobre estas inercias en cómo se dan los presupuestos a programas que de alguna otra forma debían de ser revisados, por lo menos tener reglas de operación para saber si están cumpliendo con su función. Fue México Evalúa, que con insistencia de IMCO y Mexicanos Primero obtuvieron las cifras del censo educativo, realizado por INEGI, que costó 700 millones de pesos y México Evalúa hizo una radiografía del dispendio presupuestal para revelar anomalías en la nómina docente, resistencias en la transparencias en el gasto educativo, desigualdad y las carencias en infraestructura que hay en todo el país. Gracias a esta labor, se puso esto a disposición; han tratado de tener una interlocución con la Secretaría de Educación Pública, que no ha sido siempre fácil, pero se ha tratado de avanzar, aunque ahora han alertado en que parece ser que el gobierno quiere hacer otro censo, ya se tiene una primera radiografía y ahora quieren otra, otro caro que justifiquen. Artículo 19 ha documentado, con la información disponible, la violencia sistemática contra la prensa; ha documentado que esta violencia se comete por parte de autoridades de distintos órdenes de gobierno, ha documentado mil 748 agresiones de 2010 a 2014 y ha dicho que durante la actual administración, cada 26 horas se agrede a un periodista. Fundar logro que en las campañas electorales de 2012 hubiera un poco más de emoción al poner el dedo en la llaga sobre el gasto excesivo en publicidad oficial; logró que al menos hubiera un compromiso público, que aún no ha sido concretado en la regulación de este problema. Esas labores son las que hacen la sociedad civil.

Me voy a casos locales, en donde trabajan con muchísima más adversidad que la que tenemos en el Distrito Federal. Plan Estratégico Juárez, una organización muy chica, de cinco o seis personas, generó un programa que se llama “Regidor 19”. ¿En qué consistió este programa? Ellos dijeron que como ciudadanos querían ser un regidor más en el cabildo y monitorear las acciones de su gobierno local. Tuvieron que pasar una serie de obstáculos, por ejemplo, que ni siquiera los dejaban entrar a las audiencias del cabildo porque decían que no eran públicas, hasta que finalmente monitorearon la cantidad de regidores que no iban a las sesiones de cabildo y que recibían un salario. Entonces, a través de una movilización, a través de las redes sociales, mostraron a los regidores que no cumplían y que debían a la ciudadanía dinero, y lograron que dos reintegraran el sueldo. Esas son algunas acciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esto requiere una nueva política de participación y creo que el INAI está en una oportunidad enorme tanto por el papel que va a tener en el Sistema Nacional de Transparencia como el papel que va a tener en el Sistema Nacional Anticorrupción, de apoyar y motivar que se haga esta nueva política de la participación. Si tomáramos el clásico de Arnstein de la Escalera de la Participación, tenemos que en México muy frecuentemente se confunde participación con necesidad de legitimar acciones. Tenemos que en la escalera más baja está la manipulación, luego viene la terapia, luego viene la información, luego la consulta, les consultamos para que estén contentos y ya, el diálogo si acaso; luego tomar algunas decisiones y lo más difícil es la delegación de poder y el control ciudadano.

En la Red por la Rendición de Cuentas hemos tratado de incentivar políticas que coadyuven al control democrático de lo público, que esto no es más que la capacidad de transformar al gobierno desde la sociedad a través de acciones que puedan influir a la mejor toda de decisiones. Creo que ahí el INAI es uno de los retos que va a tener, esto implica nuevos desafíos en cuanto a la capacidad propia de las organizaciones. Yo sé que muchas veces también está el otro discurso, que en las organizaciones están los buenos, los que no tienen intereses políticos, los que no tienen nada que recriminarse; no, hay que avanzar también a una corresponsabilidad, hay de todo, la sociedad civil es el reflejo de la sociedad mexicana. Así como hay organizaciones muy profesionales, con muchas herramientas, con cierta autonomía, hay otras que no. Radiografías de la ciudadanía como las que menciona la comisionada Kurczyn, como el informe de la calidad de la ciudadanía del INE, nos muestra al ciudadano que tenemos, que está muy lejos de ser este ciudadano ideal, informado, que exige cuentas, que está activo, está todavía muy lejos de ser este ciudadano que necesitamos para la sociedad democrática a la que queremos aspirar. Sin embargo, también tenemos que en los últimos dos años pasamos, según las estadísticas y las cifras de INDESOL, de 18 mil 988 organizaciones a 27 mil 999. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué surgieron? Podría haber tres hipótesis. La primera es: Los cambios en la política, te quedas sin trabajo, crea una OSC, puede ser. ¿Necesidad de empleo? Sí. No se van a hacer ricos de una vez les digo, pero es ocupacional. El clientelismo, las vinculaciones con los partidos o quizá nuevos incentivos para la participación ciudadana. En los ochenta se decía que participar en una organización era o por necedad o por masoquismo; yo creo que por ahora ya vemos que hay

más resultados y que sí hay un poco más de incentivos para la participación. Otro punto que quiero tocar, me quedan tres minutos, es que con la Ley General se crea una instancia formal de interlocución, y esto es muy importante; es el consejo consultivo de los órganos garantes. En la Ley sólo se establece que esto va a ser nombrado por el Senado, uno porque es muy optimista dice consejo consultivo ciudadano, pero la verdad es que nada dice que va a ser un consejo consultivo ciudadano. Esto, primero, podría tener dos vertientes. Un consejo que tenga un componente técnico, especializado, que ayude a debatir algunas de las resoluciones del órgano garante sin quitar atribuciones y sin ser una sombra, cada quien en su cada cual; pero puede ayudar a socializar la información y entender y avanzar los criterios garantistas con los que actuará el órgano garante. La otra vertiente sería de traducción, formación y pedagogía, para lo cual me imagino que algún integrante de los medios de comunicación o algunos sería muy necesario. ¿Cuál es la alerta? Creo que en la selección de comisionados que hubo en este proceso, en la renovación del INAI, se dio un proceso inédito de amplia consulta a la ciudadanía, de criterios preestablecidos y de mucha confianza y legitimidad, y eso es un aval que tiene. No vaya a ser que por la puerta trasera les vayan a poner a personas que no cumplan, mínimo, con estos criterios y que actúen con Acuña –perdón, mi pobre Comisionado de Oaxaca ya estará harto que siempre lo cito– que les pase lo de Oaxaca, que realmente se volvió un alacrán en la oreja ese Comité. Eso es muy importante cuidar cómo se va a dar ese proceso, y potenciar a través de estos consejos que, además, se van a quedar en los estados. Si el INAI logra crear un modelo replicable, creo que sería bastante bueno.

Cierro con lo último. Hay muchas restricciones y retos, hay una agenda pendiente que nos preocupa, una agenda en materia de Ley Federal de Transparencia y leyes estatales, en donde habrá que darle seguimiento y habrá que lograr un marco normativo acordé con lo que ya se aprobó; y una Ley General de Archivos, la cual nos genera mucha preocupación porque después de los foros que se hicieron, sabemos que existe un anteproyecto que deliberadamente se ha escondido al debate público. Yo sé que el grupo de archivólogos no es tan activo, como el grupo de acceso a la información. Pero es necesario que el INAI se haga cargo también en su participación en el Sistema Nacional de Transparencia de la relevancia de los archivos y de la responsabilidad sobre la generación, administración, resguardo de documentos y expedientes. ¿Qué esperaríamos del INAI? Que se blinde y que ejerza su autonomía política, que sea garantista, cercano a los ciudadanos, a pesar de toda la parafernalia que significa estar en este gran edificio y con todas estas herramientas, que no se olvide que está haciendo historia y que, sin duda, coadyuve a la generación de esta política de participación. Muchas gracias. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias, Lourdes. Sí, por supuesto que tomamos muy en serio tus preocupaciones, son también las nuestras. El INAI sabe que tenemos una gran oportunidad, pero más que por oportunidad lo que queremos es trabajar por responsabilidad y por un convencimiento total. Estamos seguros que con el apoyo de todos los mexicanos, con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de la sociedad civil vamos a construir, por supuesto, un modelo que será como su nombre indica: Un modelo.

Yo creo que necesitamos un diálogo social ampliado, en el que participe la academia, la sociedad civil, los sindicatos, las legislaturas y todo esto, en el que hagamos lo que tú mencionas, ése vinculo tan importante entre el ciudadano y el poder político y justamente la sociedad civil lo puede hacer, junto con las legislaturas, por supuesto, que para eso nombramos representantes populares. Muchísimas gracias, Lourdes. Tus palabras muy interesantes. Y ahora me voy a permitir presentar y darle la bienvenida, todos la conocen, pero de todas maneras una formalidad: Haydeé Pérez Garrido, que es directora de Fundar, que es internacionalista con estudios de posgrado en derechos humanos y democracia, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; que ha colaborado como investigadora en el Programa Interdisciplinario y de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Que fue Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar y durante dos años representante de las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Es autora de diversos artículos y ensayos sobre accesos a la información, rendición de cuentas, participación ciudadano y gobierno abierto, y actualmente es Directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis y de Investigación. Muchas gracias, Haydeé. Por favor, tienes la palabra. Lic. Haydeé Pérez Garrido: Muchas gracias, Comisionada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho a los comisionados y las comisionadas del INAI la invitación a participar en este Seminario. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras del Presídium. Creo que muy parecido a la intervención de Lulú, me pareció importante antes de comenzar a hablar de cuáles son los retos y alcances que observamos desde la sociedad civil, con respecto a la Ley General de Transparencia, me pareció importante explicitar qué entendemos por sociedad civil.

Cuando escuchamos este término podemos pensar en un abanico amplio de actores, yo creo que depende de quiénes seamos y de dónde venimos y de nuestra historia y demás. Podemos pensar en grupos empresariales, podemos pensar en instancias académicas, en asociaciones de beneficencia, en organizaciones de la sociedad civil, en activistas, etcétera. En el caso de Fundar, y yo diría de la comunidad de práctica en materia de acceso a la información y transparencia, que incluye muchas de las organizaciones que ya mencionó Lulú en su presentación, nuestras reflexiones sobre la Ley General y en general sobre la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno y el parlamento abierto, parten de tres fuentes principales. Es decir, lo que quiero hacer es explicitar de dónde vienen nuestras reflexiones, nuestras propuestas, nuestras críticas y nuestra participación. La primera fuente es que somos usuarios del derecho de acceso a la información. Es decir, tenemos un ejercicio diario del derecho para la conformación de nuestros proyectos de contraloría social y de investigación aplicada. Ése es uno de los elementos de trabajo de la sociedad civil. También viene de nuestro trabajo como promotores y facilitadores del ejercicio del derecho y el derecho no nada más de acceso a la información, sino también de la participación ciudadana a partir de nuestra vinculación con organizaciones, con comunidades, con movimientos sociales y con periodistas y medios de comunicación. Y, por último, como estudiosos o analistas del derecho de acceso a la información y de las políticas públicas. Nuestro trabajo parte de un enfoque de derechos humanos. Esto implica que entendemos primordialmente al acceso a la información como un derecho humano cuyo ejercicio debe ser garantizado por los estados y como un derecho llave.

Esto implica que ayuda a habilitar el ejercicio de otros derechos. Creemos –y lo hemos comprobado, porque además es algo que hacemos todos los días– que el acceso a la información facilita la participación política y esta participación política, informada, permanente, contribuye a la exigencia, a la evaluación y a la eventual garantía de otros derechos económicos, sociales y culturales. De ahí su importancia. En el caso de Fundar, llevamos 16 años impulsando mejoras a los marcos normativos, a las instituciones y a las prácticas gubernamentales para lograr gobiernos y congresos transparentes qe rindan cuentas, y abiertos a la participación ciudadana. Al igual que nosotros, muchas otras organizaciones hacen este trabajo a partir de la creación de índices y de estudios que analizan el estado que guarda la transparencia y el acceso a la información en el país, y también a partir de plataformas electrónicas. Es decir, hemos incorporado el uso de nuevas tecnologías de la información para hacer accesible información sobre temas de interés público, como ya lo mencionaba Lulú, por ejemplo, los gastos en materia de publicidad oficial, en materia de industrias extractivas, de minera y petróleo, de padrones de beneficiarios de subsidios al campo y otras organizaciones lo han hecho en materia de educación, de programas sociales, etcétera. También nuestro trabajo lo hacemos a partir de estrategias jurídicas o lo que normalmente conocemos como litigio estratégico, a partir de llevar casos que incluso han llegado a ser analizados y discutidos por la Suprema Corte, para abrir información que, desde nuestro punto de vista, debería ser publicada, como es el caso, por ejemplo, de los créditos fiscales, de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos que, desde nuestro punto de vista, deberían abrirse versiones públicas, porque fomentan la rendición de cuentas, acercan el vínculo entre sociedad civil y gobierno, recuperan la confianza, etcétera. Y también temas como fideicomisos y fondos públicos, y averiguaciones previas concluidas. También hacemos nuestro trabajo en plataformas y en alianzas de sociedad civil, pero no solamente con organizaciones o con

contrapartes como nosotros, sino también lo hacemos con plataformas multiactor, en donde participan órganos garantes de la transparencia, comisiones de derechos humanos, funcionarios de gobierno, este es el caso de la alianza para el gobierno abierto; de la alianza para el parlamento abierto, que se ha puesto en pausa o la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas a nivel nacional y a nivel internacional. Así, en este marco de acción colectiva, junto con el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas, participamos en un grupo de trabajo en el Senado de la República, en el que elaboramos de manera conjunta con cuatro grupos parlamentarios la Ley General de Transparencia que hoy nos convoca a este Seminario, en un ejercicio efectivamente inédito y de cocreación legislativa entre sociedad civil y el Congreso. Desde nuestro punto de vista la ley general, como ya decía, es un instrumento para los derechos humanos, fue nuestro objetivo desde la reforma constitucional, desde las campañas electorales, pero no por sí misma, sino teniendo en cuenta todo lo que posibilita y todo lo que ya mencioné anteriormente. La ley general, ahora es un nuevo estándar para la garantía del acceso a la información, pero para que podamos comenzar a ver sus resultados en el ejercicio práctico del derecho hace falta mucho camino por recorrer, estamos en la puerta de entrada. Desde Fundar identificamos cinco retos principales para cumplir con los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 2014. El primero es, justamente, la armonización legislativa en la federación en los estados. Consideramos que a partir del próximo periodo legislativo se debería de aprobar en procesos abiertos y transparentes para continuar con el estándar que ye hemos establecido en esta materia, una reforma a la ley federal y a las 32 leyes estatales para homologar estos instrumentos con base en los principios establecidos en la ley general.

Así como llevar estrategias de sensibilización y de capacitación a los sujetos obligados y, por supuesto, asegurar suficiencia presupuestaria para su adecuada implementación. Pero aquí vale la pena hacer un énfasis, no es suficiente con llevar a cabo procesos de reformas legislativas y esto nos lo muestra la historia reciente. Ya tuvimos una reforma constitucional en 2007 y ya se mandató a los congresos federal y local homologar sus leyes a la reforma constitucional. Con base en datos del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, del IDAIM, que acabamos de sacar recientemente. Observamos que solamente nueve leyes cumplen con la reforma de transparencia de 2007. Pero más preocupante aún es que de las 17 leyes que obtuvieron bajas calificaciones o calificaciones reprobatorias en este índice, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar significativamente las condiciones de transparencia y sobre todo no lograron adecuarse a los principios establecidos en la reforma del 2007. Lo que nos dice esto es que el problema no está en las reformas, sino en la calidad de las mismas. Incluso en algunos de los procesos de reforma, algunos actores la ven como oportunidades para incluir y para colar retrocesos. Creemos que es adecuado que la ley general sea el punto de partida, pero no el de llegada. También hay que decir que ha algunas leyes, por lo menos dos, que se encuentran por encima de los estándares establecidos en la ley general en cuanto a la garantía del derecho. Incluso, la mitad de las leyes federales ofrecen plazos menores de los contenidos en la ley para el procedimiento de acceso y los recursos de revisión; el llamado sería llevar a cabo procesos legislativos de calidad con participación ciudadano, abiertos, transparentes, pero que garanticen la armonización a los principios de la reforma constitucional, hacer leyes sin esto, la verdad, es que no tiene mucho sentido.

Otro de los retos que identificamos y que hemos puesto el dedo en la llaga, ya desde hace mucho tiempo, no solo fundar, sino los colectivos que trabajamos desde sociedad civil en esta materia, es mejorar el proceso de designación de los comisionados y comisionadas de los institutos de transparencia. Para muestra un botón, creo que todas y todos los que estamos aquí hemos escuchado y hemos leído de cómo se está llevado a cabo el proceso en Baja California actualmente, parece que se está revirtiendo, parece que hoy en unas horas se va a trasmitir ya las entrevistas en vivo de los candidatos y candidatas, pero hay que decir que el proceso no comenzó así. Un proceso sin etapas claras, un proceso poco transparente, un proceso que finalmente no genera legitimidad y confianza para la ciudadanía, justamente a órganos que tendrían que fungir como vínculos y que tendrían que llevar a cabo un contrapeso del poder político. Ya se mencionaba que ya hay estándares en materia de los modelos de nombramiento de comisionadas y comisionados, fundamental que existan de manera previa establecidas las etapas del proceso, que haya instrumentos de evaluación y participación de la ciudadanía con criterios claros de qué se necesita evaluar. Y de esta manera avanzar en el nombramiento de personas especializadas, independientes de los poderes públicos y fácticos que realmente estén dispuestos a fungir como un contrapeso del poder. De acuerdo al mismo índice, al IDAIM, los procesos actuales en las leyes no garantizan la transparencia en la inclusión de la participación de la sociedad civil, en términos generales; 17 leyes no contemplan una convocatoria abierta, solamente cuatro cuentan con un instrumento técnico de evaluación y permiten la participación ciudadana y sólo dos establecen que las entrevistas del Congreso sean de carácter público. La pregunta que nos hacemos es de qué sirve reforma constitucional, de qué sirve Ley General, de qué sirve la autonomía ganada en los

marcos normativos cuando seguimos limitando la independencia de los órganos en la práctica. Me queda poco tiempo, señalo brevemente otros tres retos que identificamos. El tercero tiene que ver con la implementación de la ley en los nuevos sujetos obligados y las nuevas obligaciones de transparencia: Poder Legislativo, partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos y, sobre todo, privados que ejerzan actos de autoridad. Aquí decir que hay un pendiente importante en estos sujetos obligados, que se han quedado rezagados en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Hace unas semanas, en abril, 12 organizaciones de la sociedad civil lanzamos el diagnóstico de parlamento abierto, que permite conocer el grado de apertura de los 34 cuerpos legislativos del país. A partir de 10 principios muy básicos y 95 indicadores, se muestran claramente cuáles son las carencias que tienen los congresos en materia de información detallada sobre el monto y el uso del presupuesto y el desempeño legislativo individual, entre muchas otras cosas como conflicto de interés, como justamente declaraciones patrimoniales, públicas, etcétera. Yo me imagino, no alcancé a llegar a la mesa, pero que algo de eso se trató en la mesa anterior, me imagino, y claro que nos hacemos la pregunta: ¿Ese artículo 13 de la Ley a qué responde? A que, efectivamente, el Congreso tiene la intención de hacer de manera seria su trabajo de organización, administrativa, de información, archivos, etcétera o que siguen dilatando su obligación de transparentar y de rendir cuentas. Creo que eso nos lo dirá el tiempo, nosotros estaremos, sin duda, muy al pendiente, porque es una deuda que tiene el Congreso desde hace mucho.

Por supuesto, solamente mencionar que tenemos pendiente la ley de archivos y la ley de protección de datos personales, piezas claves para el adecuado funcionamiento del sistema nacional de transparencia. Por último, todo el reto que representa el tema de lo abierto, gobierno abierto, parlamento abierto, datos abiertos, estado abierto. Me parece que en ese paraguas conceptual se puede colar casi cualquier cosa, se pude entender como gobierno electrónico, se puede entender como obligaciones de transparencia, se pude entender como meros ejercicios de consulta que terminan siendo simulación. Ceo que también ahí el INAI tiene un papel muy relevante de comenzar a poner cuáles son los criterios y cuáles son los estándares para que realmente hablemos de gobierno abierto, de parlamento abierto y de formatos abiertos y no que se utilice como mejor convenga a los intereses de distintos actores. Por último, quiero terminar diciendo que efectivamente creemos que esta ley debe servir para reducir las fallas y las limitaciones que teníamos con los marcos normativos anteriores. Efectivamente subimos el estándar normativo, creemos que esto podría significar o esperamos que signifique menos recursos de revisión que se interpongan por la inexistencia de información o por la clasificación equivocada por parte de los anteriores sujetos obligados. También deberíamos observar una evolución más positiva de los portales de obligaciones de transparencia y ojalá menos amparos por violaciones del derecho al acceso a la información. Pero para que logremos realmente ver, en el día a día, quienes somos usuarios del derecho al acceso a la información todos estos avances, habrá que poner mucha atención en los pasos que necesitamos dar para garantizar efectivamente el acceso a la información. Gracias. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchísimas gracias.

Es muy interesante todo lo que nos ha señalado, en realidad nosotros también tenemos las reflexiones que ustedes nos han platicado, esas tres fuentes de reflexión; los retos, son también unos retos que nosotros tenemos, de manera que nos vamos a sentir muy acompañados como comisionados y como responsables de la creación de este modelo y de la aplicación de la ley. Siempre cuando una ley es nueva, vienen los ajustes y vienen los criterios de interpretación y vienen algunas cosas. Ya aquí los señores legisladores manifestaron algunas situaciones que habían quedado pendientes, falta esa armonización con la legislación, no solamente con las estatales, sino con las leyes federales que nos faltan todavía. Todo esto me parece que estamos caminando juntos. Qué bueno que nosotros tengamos esa especie de contraloría social a que se ha referido Haydeé, y estamos muy conscientes de que formamos parte de las políticas públicas y manejamos o dirigimos la política pública en acceso a la información. Y de acuerdo con la OCDE, por ejemplo, para estas políticas públicas y una buena gobernanza, la eficacia y la eficiencia son los retos y en esas estamos. Muchísimas gracias a la licenciada Haydeé. Ahora me voy a permitir presentar a Leonardo Curzio Gutiérrez, quien es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza en Francia, doctor en historia por la Universidad de Valencia en España. Ha sido catedrático en diversas universidades nacionales y extranjeras, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, investigador titular del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es Director de Enfoque Noticias, conductor de la primera emisión de Enfoque. Es columnista del periódico El Universal, aunque

tiene una amplia trayectoria colaborando en diferentes medios impresos y electrónicos. Nos da muchísimo gusto y le agradecemos su presencia y su participación. Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez: Soy yo quien agradece, Comisionada. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este Seminario, agradezco mucho a las comisionadas, a los comisionados. Me siento muy halagado también por compartir la mesa con tan distinguidos y distinguido ponente. Tengo 13 minutos. Quisiera en términos generales decir que esta Ley que hoy comentamos es vista en perspectiva en una buena historia para el país a pesar de las tribulaciones, los flujos y reflujos que tuvo, todos los problemas de calendario, incluso, jugaron con los nervios de muchos; finalmente tenemos una buena Ley. Hubo preocupaciones también por un juego de sucesivas versiones que desconcertó a quienes seguimos este tema. Ya no se sabía sobre qué asunto o cuál era la redacción que había que seguir o cuáles eran las principales preocupaciones. En suma, fue una historia emocionante y tiene un final razonablemente bueno. Hay unos elementos también importantes, hubo una interlocución inédita entre el Poder Ejecutivo, reuniones con el Consejero Jurídico de Presidencia, el autor de algunas de las versiones, nos enteramos de buena parte de lo que ahí se dijo. Hubo también una interlocución entre comisionados de esta casa, los legisladores, los expertos de la sociedad civil; creo que es en términos generales, amigas y amigos, un ejercicio tremendamente benéfico para la musculatura democrática de la República. El grupo de expertos, interesados, sociedad civil, académicos, periodistas que estaban interesados en este tema, hizo una especie

de ejercicio de Anti Lobbying profundamente impactante; es decir, no fueron a influir en las decisiones de los legisladores por un interés en particular, sino por abrir los temas de una manera muy clara y muy benéfica para la vida del país. Y debo decir también que no es habitual que esto ocurra, hubo receptividad por quienes toman decisiones en el país y finalmente en esta competencia tradicionalmente el Estado o gana en esto que llaman el brain power, o sea, las capacidades intelectuales, en términos no de que sean más listos unos que otros, sino la capacidad de reunir grupos de trabajo, estudios comparado, ir avanzando en argumentos en un sentido y en otro. Todo este grupo que de manera sobresaliente trabajó en esto, compitió y ganó en buena lid en una buena parte de los argumentos; de tal manera que se ganó, déjenme decirlo así, una pequeña gran batalla. Y digo pequeña gran batalla porque tiene efectivamente en su seno un potencial enorme, aunque por supuesto tiene muchísimos pendientes que deben desarrollarse. Y como toda pequeña gran batalla tiene triunfos, plantea cambios de rasante o de dirección y tiene también algunos pendientes. Déjenme reseñar brevemente los triunfos. En primer lugar, es una Ley General, creo que es un avance muy importante. Cuando tuvimos la primera Ley de Transparencia, el ámbito federal era el que se ocupaba o se atendía el ámbito federal y muchísima gente decía: “Oiga, ¿pero de qué me sirve esto si buena parte de los que toman decisiones de manera cercana a mí, no puedo tener los mismos parámetros de acceso a la información”. El hecho de que sean los tres poderes y los tres niveles –no me extiendo en este tema– es un gran tema. El Legislativo, ya lo comentaba Haydeé, se regaló un transitorio para quien más se va a ver regalado un transitorio, salvo para ordenar, supongo, administrativamente todo lo que va a ser público; tienen el mes de septiembre, no veo otra razón por la cual se hubiesen regalado ese transitorio.

¿Qué es otro de los efectos benéficos de la transparencia? Que obliga a ordenar administraciones tradicionalmente caóticas y ponerse al día en por lo menos las obligaciones elementos que deben de tener en sus páginas. Se abren también fideicomisos, se abre la condonación, toda una batalla ahí también muy comentada en medios de comunicación sobre el tema de créditos fiscales, una interesante polémica tuvimos sobre si pueden o no reservarse los delitos de lesa humanidad, si la opinión debía ser del Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o no, creo que se resuelve favorablemente. Me parece particularmente interesante, y volveré sobre este tema, que los órganos de seguridad entran a la Ley y sólo podrán reservar información con prueba de daño. Esto, por supuesto, nos lleva a una discusión que me parece central, el secreto es válido en toda democracia, siempre y cuando proteja a la seguridad nacional un interés constitucional superior, pero no debe afectar nunca el principio general de la máxima publicidad. Ustedes saben que todas las democracias, todos los estados tienen esta dualidad entre ser, efectivamente, estados abiertos y tener que garantizar algunos secretos, finalmente el secreto es la esencia del poder y no todo mundo compite en el ámbito público con los mismos principios abiertos; y, en consecuencia, el Estado tiene los secretos, los arcana imperii, que le permiten, efectivamente, gestionar amenaza, riesgos, etcétera. Pero que tenga plantear la prueba de daño como un elemento fundamental, creo que es un avance, por tanto, un secreto válido sin que el principio de la máxima publicidad se altere. Decía hace un momento, ordenará administrativamente muchas dependencias, lo cual es muy bueno y también inyectará en un principio general de la democracia, que es la visibilidad de todos los actos de gobierno. ¿Por qué subrayo esta obviedad?

Y aquí entro a los cambios de pista, porque hay muchas, por ejemplo, en materia de políticas sociales, compra y coerción de voto y muchos otros temas en la vida del país que nos hablan de un debilitamiento de la vocación democrática del régimen. Esto preocupa y preocupa mucho, porque a partir de las pequeñas grandes construcciones uno manda, efectivamente, la orientación de que el sistema se va abriendo o se va cerrando. Creo que con esta ley se manda la señal de que, efectivamente, el camino, en el cruce de caminos la ruta por la que seguimos es la de la transparencia y, por consiguiente, la ruta de la democratización. Porque aunque no sepamos más que eso de la democracia, todas las ideas ligadas a democracia, del siglo XVIII al siglo XXI, se fundan en la visibilidad de los actos de gobierno. Decía la tradicional definición de democracia de Lincoln que: “Es el gobierno del pueblo por el pueblo”, le faltó agregar “Ante el pueblo”, que muchos otros ya lo han recordado que el gobierno, efectivamente, democrático es un gobierno que hace todos sus actos visibles frente al autoritarismo que es sin el pueblo, con una élite y hace del secreto su norma. Por tanto, que haya secretos en una democracia y en un sistema autoritario puede ser una constante, puede ser una cosa común, la diferencia es que en el autoritarismo el secreto es una constante y en la democracia es una opinión, es decir, el Estado democrático debe ser en principio transparente y omnividente, tiene enormes capacidades para fiscalizarnos y vive Dios que el SAT las tiene para ver absolutamente todo lo que hacemos y otros órganos que no deberían ver lo que hacemos, pero también lo ven. Pero la paradoja de la democracia es que debes estar viendo todo esto y al mismo tiempo ser transparente, el autoritarismo puede ser, efectivamente, omnividente y absolutamente invisible, lo cual le plantea una vida infinitamente más sencilla. ¿Cuáles son los pendientes que a mi juicio se abren?

En primer lugar y el más obvio, que se ponga en práctica todo esto, la normatividad no basta, que tengamos una institución como ésta, confiable, con prestigio, en vías de construcción y fortalecimiento no basta para cambiar un país, hace falta muchísima participación. Tenemos una lectura tremendamente optimista sobre la sociedad civil mexicana, vamos a ver cuántos votamos el día 7 de junio, pero en general tenemos una sociedad que es más bien distante de los temas públicos, nos ha costado mucho que participe, desde la confección de presupuestos, aunque sea una cosa muy limitada, hasta otros temas que, por supuesto, no tengo tiempo de abordar en este momento. Está el tema de la Ley de Archivos, ya también lo comentaban y cómo se clasifican documentos. Esto me mete –lo pongo sobre la mesa por ver si alguien me lo aclara– algunos problemas sobre los archivos electrónicos. ¿Cómo se guarda determinada información, y cuándo y cómo se descarga de los archivos electrónicos? O tendremos una colección de datos infinitos de todos los actos de gobierno o se puede, en algún momento, pensar en qué parte, no del derecho al olvido, porque los estados no lo tienen, pero decir cómo vamos con la nueva tecnología a gestionar todo esto. Yo creo que los que van a discutir la Ley de Archivos, con las nuevas tecnologías, es una tarea que no sé cómo la van a resolver. A mí me preocupa mucho –y con esto quisiera terminar– el tema de los secretos, porque no es una cuestión menor y por supuesto lo ligo a lo de la transparencia. En los tiempos en que vivimos, en los que estamos totalmente observados, pregúntenselo a los directivos de la OHL, no solamente por los gobiernos, sino por absolutamente cualquier tipo de interés, ciertamente el tema de quién tutela los secretos y la privacía, es decir, son los dos ámbitos, aparte de los secretos, porque tradicionalmente suponíamos que los únicos que tenían capacidad de espiar eran los gobiernos y, por tanto, era cómo controlo esa capacidad de los gobiernos de meterse, efectivamente, en la vida de los ciudadanos.

La verdad es que la Ley de Seguridad Nacional que tenemos es una ley que ha quedado absolutamente obsoleta, a pesar que es una ley de este siglo, la tecnología –que creo que habría que activar ese debate de una manera muy clara, sobre todo cuando estamos diciendo que tenemos una buena ley de transparencia–, ¿qué hacemos para proteger las comunicaciones que tenemos los ciudadanos. Hoy es, como digo, “de niños de pecho” el pretender que un juez autorice una intervención telefónica; no solamente es ridículo, se reiría de usted, diría: “Oiga, pero si tenemos duplicadas todas las tarjetas SIM que nos interesan”. ¿Qué derecho tendría? ¿Por qué un juez tendría que venir a autorizarme una intervención telefónica? Por tanto, veo ahí un problema muy grave que simplemente lo dejo sobre la mesa ente esta distinguida audiencia. Y, por último, creo que el que la información circule libremente o que esté en Internet, no basta si efectivamente no conseguimos que el Estado mexicano garantice el derecho a la información de todos los demás, y digo que se abran todos los espacios informativos; un ciudadano tiene que derecho a que la información del Estado sea pública, pero tiene derecho también a que circule libremente por todos los medios, de tal manera que el ciudadano pueda estar informado, tener una adecuada contextualización de la información y proyectar también la información. Por tanto, ligo el derecho a la información con la transparencia y por supuesto con la libertad de expresión. Agradezco muchísimo la invitación y sobre todo su atención. Muchas gracias. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo su participación, que por supuesto ha sido muy puntual también y nos ha planteado los temas que nos hemos planteado, pero con una gran precisión.

Esos pendientes que usted menciona requieren, como lo dice, no solamente a la normatividad, sino la eficacia. Hay un término que dice que cuando la ley no se aplica es nula, y por supuesto si una ley es nula, si es letra muerta, cuando es inviable, cuando son leyes que por su forma de redacción, por el oscurantismo que encierra la propia ley y todo no es aplicable, de verdad es una ley que no es eficaz, una ley que no nos permite realmente eficientar los servicios que queremos. Yo sí creo, también como usted, que es muy complicado el tema de los secretos y que el ponderar hasta dónde debe ser el secreto, ya la ley nos lo señala, nos lo dice, y ésa es una gran ventaja, porque son los parámetros que se tienen que usar para luego aplicar los criterios. Hasta qué punto hay, por ejemplo, peligrosidad; hasta qué punto hay problemas de seguridad nacional, hasta qué punto es descubrir la protección de los datos personales, hasta qué punto se afectarían relaciones internacionales, etcétera. Son temas de mucho sigilo que tenemos que cuidar y que precisamente en este Instituto complica también el tema en que debemos ser muy acuciosos siempre para ponderar, y tener el equilibrio entre ambos derechos sobre la libertad de información, que por supuesto, como usted dice, no es nada más tener la libertad, sino también la circulación de la misma. Estamos completamente de acuerdo. Le agradezco muchísimo su participación, que es tan interesante, que nos viene a complementar las participaciones anteriores. Y ahora tendré el gusto de presentar a mi compañero, también ya conocido por todos. Compañero comisionado Joel Salas, quien es licenciado en comercio internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris Tres, Sorbona Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales también en Paris, Francia.

Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el entonces IFAI y la sociedad civil, la redacción del plan de acción que México presentó en la Alianza para el Gobierno Abierto. Además, para durante el año 2012 fue Presidente del Grupo Anticorrupción del Grupo 20 y actualmente, como ustedes saben, se desempeña en el INAI, tenemos el gusto de compartir con él sus experiencias, sus expresiones y también la mesura siempre de sus reflexiones. Compañero Comisionado, tiene usted la palabra. Mtro. Joel Salas Suárez: El gusto es mío, compañera Comisionada. Diría que hay, en este mesa, en lo personal me genera un triple gusto, el primero es por la audiencia, una audiencia no solo muy nutrida, sino que aquí encontramos colegas, compañeros de los órganos garantes de las distintas entidades federativas; evidentemente también sujetos obligados y actores fundamentales de la sociedad civil, eso de verdad es un primer gusto. El segundo es encontrarse en minoría, estar con tres mujeres talentosas y brillantes, es un verdadero gusto compartir esta mesa con ellas. El tercer gusto tiene que ver con reencuentros. Muy bien decía Leonardo que se acaba de ganar una pequeña gran batalla y con muchos de los actores aquí presentes he tenido la fortuna de coincidir en otras batallas. Y el cuarto gusto es que al compartir con mentes brillantes y con tanta experiencia en estos temas, prácticamente ya todo está dicho, por lo que trataré de esbozar algunas ideas reiterando algunos puntos que considero que son fundamentales y tratando de aportar algunos elementos adicionales para el debate. Me voy a expresar también un poco más hacia el sector de la izquierda, que tuve la fortuna de que me colocaran de este lado.

Un primero punto nodal. De información que teneos en el INAI, podemos decir que sólo el seis por ciento de la población, por el momento ha ejercido uno de los dos derechos: Derecho de acceso a la información y/o el derecho a la protección de datos personales. Cuando hacemos un análisis del perfil de quienes son las personas o qué características tienen para ejercer estos derechos, nos damos cuenta que la mayoría tiene altos estudios académicos. A 12 años de implementación de la ley federal, sabemos que abrir información no es suficiente, el derecho se vuelve efectivo cuando la información es utilizada, como ya se dijo en múltiples ocasiones, detonar procesos reales de rendición de cuentas, intentar mejorar la relación y el vínculo de confianza entre población y autoridad y también intentar cocrear políticas públicas que implementan las autoridades. En ese sentido, creo que es fundamental tener intermediarios que contribuyan a acercar la información pública a la mayoría de la población que por el momento no tiene un contacto real con el pleno ejercicio de este derecho. Creo que al menos podríamos hablar de tres grandes categorías sobre la relevancia del ejercicio que tienen estos intermediarios para potenciar lo que como bien decía Lourdes, es un principio fundamental de la democracia y es un control ciudadano mediante el uso y ejercicio de la información pública. En un primer momento tenemos el que al generar este rol de intermediación, la población en general puede verificar que los objetos obligados están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia, la ley mexicana juega con el doble registro, garantiza el derecho de acceso, pero tienen obligaciones de transparencia. Esta ley pasa de 17 a 48 genéricas, y además contempla la posibilidad de denuncia. Estos intermediarios, al estar observando que la autoridad cumpla con esas obligaciones, van hacer que efectivamente la información esté y si hay incumplimiento, el órgano garante entre a sancionar o establecer medidas de apremio.

Creo que ahí hay un primer rol fundamental que pueden jugar estos intermediarios. El segundo tiene que ver con darle visibilidad a problemas públicos, que están a lo largo del territorio nacional; tanto Haydeé como Lourdes nos hablaban muy bien de ejemplos concretos que organizaciones de la sociedad civil han realizado como para mejorar padrones de beneficiarios, como para hacer que los derechos que están consagrados constitucionalmente, efectivamente se respeten. Al escucharlas me venía una frase célebre de Hannah Arendt, en donde Hannah Arendt solía decir que en democracia las personas tienen el derecho a tener derechos. Estos intermediarios juegan un papel fundamental para que estos derechos se vuelvan efectivos en la práctica. Y un tercer rol, que es medio consustancial al primero, es llamar la atención sobre esos problemas públicos, a los cuales los intermediarios les dan visibilidad. Aquí pensemos un poco en generar indignación sobre ciertas situaciones que en determinado momento se vuelven tolerables y que de repente, gracias a la visibilización que le dan a estos problemas, los intermediarios detonan un proceso posible de acción colectiva que, por lo tanto, obliga a que la autoridad tome una decisión. En ese sentido, creo que un gran ejemplo de ello es precisamente esta ley, una exigencia ciudadana desde hace mucho tiempo, de evitar eliminar las asimetrías que existían o que existen, porque en algunos casos prevalecen, en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Entro concretamente al tema que nos ocupa. Creo que dos intermediarios fundamentales, justamente son sociedad civil y medios de comunicación. Aquí voy hacer eco en lo que señalaba Haydeé de la importancia, más o menos de situarnos conceptualmente en qué entendemos por

sociedad civil y quisiera citar muy rápidamente a “Nira Chandoky” que dice: “El concepto de sociedad civil subrayó una condición básica de la democracia; el poder del Estado tiene que ser controlado, comprometido con la sociedad y obligado a rendir cuentas a través de la acción ciudadana”. Sin duda, en ocasiones los gobiernos son frenados por la sociedad, otras veces, hay que decirlo, la sociedad va por delante, le va marcando la agenda al gobierno; de ahí la importancia de la apertura para que el gobierno pueda escuchar estas demandas y de manera conjunta se puedan presentar soluciones a los problemas públicos. La acción de la sociedad civil, en el caso mexicano, creo que ha sido fundamental y ya entraba muy bien a detalles concretos, lo decía hace un momento tanto Lourdes como Haydeé, gracias al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información nos han permitido identificar distorsiones de la función pública, también los medios nos han permitido identificar abusos de poder. Gracias al Programa de Fundar, por ejemplo, de PROCAMPO, nos dimos cuenta que funcionarios públicos, que no eran elegibles para el programa ejercían una buena cantidad de recursos económicos, a partir de ese programa. También nos han ayudado a identificar cuando hay incumplimiento de responsabilidades y, por lo tanto, a detonar procesos de rendición de cuentas que ante y a propósito de la promulgación de la ley de ayer y hay que darle todo el crédito que se merece a la Red de Rendición de Cuentas, por el impulso de esta propuesta, a tratar de evitar que la impunidad que prevalece en el país, por la fragmentación del sistema, disminuya. Creo fundamental también que los medios de comunicación, ya que hay este trabajo de intermediación por parte de la sociedad civil para traducir información que en muchas ocasiones, nosotros los vemos todos los días al resolver los recursos de revisión, utilizamos en ocasiones un lenguaje muy árido, se judicializa mucho el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Los intermediarios, sociedad civil, información que es fundamental, la traduce, la pone en un lenguaje mucho más accesible para detonar este proceso de involucramiento cívico. Pasemos ahora a ver la importancia que juegan los medios de comunicación en este proceso de intermediación. También con información del IFAI reciente se hizo una encuesta: “¿Qué porcentaje de la población conocía a la institución?”. Y el 41 por ciento decía que la conocía al IFAI. Cuando ya se les pregunta: ¿A partir de qué tienes conocimiento de que es en ese momento el IFAI y qué es lo que hace? El 85 por ciento de la población dijo que conocía qué era el IFAI y lo que hacía gracias a la televisión, a spots, a la difusión de noticias que se daban a través de la televisión. Después, el seis por ciento de la población dijo que gracias al radio y a internet, al uso de las redes sociales, información que ve, un tuit, un Facebook, o bien, noticias pero haciendo uso de la red. Y sólo un uno por ciento se enteró de lo que hace o lo que hacía el IFAI a través de los periódicos. Creo que la tendencia va a ir aumentando hacia el internet, el papel que juega la red, cuántos, quizá si estamos diciendo algo interesante, inmediatamente lo comunican y entonces la brecha de la información se reduce, y por ahí nosotros tenemos una gran posibilidad. Pero desde luego sigue siendo fundamental el papel que juegan los medios de comunicación. Aquí sí quisiera, no sé si es políticamente mal visto, hacer un reconocimiento a Leonardo y a otros medios de comunicación que durante el proceso de construcción de la Ley General no escatimaron ningún espacio para darle visibilidad a los posibles retrocesos o regresiones que podían generarse en la Ley General del espíritu del 6º constitucional. Concluyo para tener un espacio, esperemos de posibles preguntas y respuestas, diciendo, y lo decíamos hace unas semanas, cuando tuvimos un evento justo para conmemorar la promulgación de la Ley,

que será fundamental que medios de comunicación, sociedad civil e INAI generemos un círculo virtuoso, en donde evidentemente sociedad civil y medios nos tienen que controlar a nosotros, tienen que estar viendo y evaluando nuestro desempeño si estamos cumpliendo con lo mandatado en la reforma al 6º con la Ley General y con la Ley Federal. Pero también tienen que ser aliados claves del INAI para hacer que ese porcentaje de población que es mínimo por el momento en ejercer uno de los dos derechos que tutela el Instituto, vaya en un aumento. Y sólo así, para responder a una de las preguntas que nos formulaba la colega Patricia Kurczyn, moderadora de este panel, creo que podremos recuperar la confianza entre sociedad y autoridades. Muchas gracias. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias al comisionado Joel Salas por la participación que ha tenido, en la que hace además una muy buena vinculación exactamente sobre lo que trataba este panel, entre la sociedad civil y los medios de comunicación o la información como tal. Me parece que es muy importante que podamos encontrar cómo vinculamos las funciones, las actividades que finalmente nos interesan a toda la sociedad, y como decía Leonardo Curzio también, en realidad sobre la democracia, que la democracia es un concepto tan antiguo pero que lo hemos ido evolucionando y lo hemos ido cambiando realmente la perspectiva, la fisonomía y demás. Y ahora con lo que ha dicho el comisionado Salas, pues creo que se encuentra la vinculación exactamente de lo que esperamos que sea una auténtica democracia en los términos de la época que nos está ahora ocupando, en la que nos toca vivir y en la que tenemos los grandes retos en lo que llamaría la revolución tecnológica; y así como la Revolución Industrial en algún momento vino a transformar a la sociedad, sobre todo en el mundo del trabajo y, con ello, a la sociedad en general.

También para nosotros la revolución tecnológica ha venido a ser justamente una dinámica que mueve completamente todo, inclusive, hasta las relaciones más intimas, más familiares en las que estamos encontrando cómo la comunicación, inclusive, ahora se habla del día de la comunicación, buscando que no deje de haber diálogo, porque ya estamos muy acostumbrados solamente a los mensajes, a los chats y todo esto, y estamos perdiendo un poco el derecho a la voz, el poder hablar, de poder dirigir. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas; ya no vamos a aceptar más, las que tenemos en este momento. Le rogaría al señor Curzio si es tan amable en dar respuesta a la primera de ellas. Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez: Muchas gracias, Comisionada. Me preguntan si cuando se abre el archivo como parte fundamental de la transparencia, ¿por qué cree entonces que no se le da importancia necesaria? Creo que en términos generales es uno de los tres componentes que tenían la discusión original sobre acceso a la información, que no se siguieron con la misma fuerza, es decir, se hablaba mucho de acceder a la información. Se hizo un gran esfuerzo también en la Ley de Inteligencia y Seguridad Nacional, pero el tema de archivo se fue dejando porque se consideró, creo yo, en su momento que el propio desarrollo de la transparencia y la participación iría llevando a todo mundo a ponerse en orden. Después nos encontramos con el expediente, por ejemplo, de la condonación de créditos fiscales, en donde la autoridad decía: “Miren, no es que no les queramos dar la información –que creo que no la querían dar–, el tema es que tal dispersión de los archivos y tal desorden que no la podemos dar”.

Es evidente que la transparencia, el acceso a la información fomenta, efectivamente, el que las entidades estén ordenadas. El tema es no solamente que se ordenen administrativamente para el aquí y el ahora, sino particularmente con los temas sensibles haya criterios clasificatorios y archivísticos de primer orden, de tal manera que no pasen a la trituradora o se borren los correos electrónicos que se manden. Por tanto, ¿por qué se ha olvidado? No sé. Tampoco hay un grupo, creo que lo decía Lourdes, que tenga el mismo ahínco, el mismo sistema en trabajar este asunto, algunos temas comparados. Entiendo que estamos muy rebasados por la tecnología, pero me queda absolutamente claro que es uno de los componentes, uno de los pilares fundamentales que el modelo tiene y que tenemos que encontrar algo que garantice ciertamente –para esta generación y las que vienen– que toda la información, particularmente la que se clasifique, que no sea pública hoy y lo sea en el futuro, pero es lo que podría agregar. Muchas gracias nuevamente, por la invitación. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: No, con mucho gusto. Gracias. Le pediría ahora la doctora Lourdes Morales, nos haga el favor de dar respuesta a la pregunta que tiene. Dra. Lourdes Morales Canales: Gracias. Me preguntan que si ¿para la designación de comisionados o consejeros de órganos garantes en los estados y de consejos consultivos, si es recomendable que los candidatos cuente con experiencia profesional o académica para llevar a cabo su función? Y ¿cómo incidir en la renovación? La verdad es que ya hay unos criterios que se recomendaron para la renovación de este Órgano Garante que creo pueden ser retomados, como es no sólo el prestigio profesional y el conocimiento sobre la Ley

de Acceso a la Información y sobre los sujetos obligados, sino también la capacidad de trabajar en colegiados. Porque luego hay gente muy brillante, pero trabajar en equipo qué monserga, y sí puede ser un problema, la verdad. Esos criterios ya están, creo que se pueden retomar; evidentemente se pueden adaptar. Y yo sí insistiría en el tema de meter a alguien que tenga vinculación con medios de comunicación, porque a veces entre académicos unos se entienden y también entre la organización de la sociedad civil. Si se necesita como una estrategia de comunicación. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora también, le damos un aplauso. Y le pedimos ahora también a la licenciada Haydeé si nos hace favor de responder a la pregunta que se le formuló. Lic. Haydeé Pérez Garrido: Gracias. A mí me preguntan ¿cuáles son las leyes que a partir del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México tienen algunos criterios más avanzados que la propia Ley General? Lo primero que diría es que son difíciles de comparar las leyes estatales con la Ley General porque, efectivamente, tienen propósitos y objetivos distintos. Sin embargo, sí identificamos que la Ley del D.F. y la Ley de Coahuila tienen en muchos aspectos y, por lo tanto, en términos generales, criterios y elementos de avanzada, comparados con la Ley General. Me preguntan también cuáles son algunos ejemplos de estas variables o criterios que utilizamos. Es un conjunto de casi 100 indicadores que miden el avance normativo en cada una de las leyes del país y que se agrupan en tres variables: Diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso y obligaciones de transparencia. Las calificaciones, la metodología, los estándares internacionales que utilizamos para la conformación metodológica están en la página de Internet: idaim.org.mx. y aunque no me preguntaron, medio minuto

solamente para decir –porque me engancho con el tema de los secretos que se mencionaba– que una de las propuestas que nos parecía más relevante a la hora de la discusión en el grupo de trabajo en el Senado, era justamente el tema de los secretos. Les cuento una cuestión doméstica. En Fundar tenemos un grupo de trabajo que justamente se llama: Secretos de Estado, porque a pesar que se ha avanzado mucho y que en teoría se tendría que hacer una revisión caso por caso para definir si la información tiene características para ser publicable o si impacta algún interés de seguridad nacional, etcétera, la realidad es que siguen prevaleciendo los secretos de Estado en gran cantidad de marcos normativos. Nosotros les denominamos: El secreto minero, el secreto universitario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal, y una de nuestras propuestas en el grupo de trabajo es que uno de los transitorios señalará la derogación de esos artículos que todavía prevén reservas ex ante de cierto tipo de información relacionada con estas materias y que de alguna manera se protegen de tener que hacer el análisis caso por caso. Uno pensaría que los comités de información lo hacen o que los órganos garantes lo hacen, pero ahí ya hay reservas que pueden ser utilizadas para negar la información que por sus características debería ser pública. Ésa, sin duda, es una batalla pendiente que tendremos que estar dando. Moderadora, Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias. La generosidad del comisionado Salas es que me ha cedido una pregunta que se le había formulado, pero es que en realidad tenemos cuatro preguntas que son muy similares y que veo que causa una confusión que desde luego es lógica y es natural, que es en relación a la Ley General y a la Ley Federa, cuál de las dos se aplica o cómo está esto.

Y creo que no tiene la cultura jurídica de un abogado, inclusive para los estudiantes en la propia Facultad de Derecho es una pregunta fenomenal, uno quiere “meterles ahí un cuatro” a la hora del examen. Es muy fácil y es muy entendible. La Ley General, como su nombre lo explica, es un marco general que se da para todo el país, para que en todos los estados y en la federación misma pueda haber una homologación de normas, sin que sea un patrón determinado que afecte la soberanía estatal. Es la diferencia a la Ley Federal, en la que se reservan determinados temas, a que sólo el Congreso de la Unión podrá legislar sobre el mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Hay una coexistencia? Sí la hay, por supuesto. ¿La coexistencia es de la Ley General? Más de la Ley Federal y cada una de las leyes estatales y del Distrito Federal. Quiere decir que las leyes estatales y del Distrito Federal, nos queda muy claro, se aplican solamente en la circunscripción territorial que corresponde. En cuanto a la Ley General, sabemos que es solamente el marco de referencia con el que se debe aplicar, para que todas las leyes estatales y la Ley Federal tengan ese mismo acotamiento, esa misma instrucción o esos mismos principios. ¿Qué va a pasar? ¿Coexisten y se aplican? Sí, por supuesto. ¿Pero qué vamos a hacer ahora cuando hay que leer los artículos transitorios, que es con mucha claridad, y sobre esto platicaron mucho los señores legisladores. En este momento puede haber confusiones, naturalmente nos causa un poco de ruido algo, pero es en el momento en que la Ley Federal quede ya armonizada, quede ya adaptada, que no vamos a tener mayor problema al respecto. Y en cuanto a una pregunta concreta que hablaba de si se iban a afectar los plazos, resulta que los propios transitorios señalan que los plazos que tiene la Ley General no podrán ser modificados en perjuicio

de las personas en las leyes estatales y, por supuesto, tampoco en la ley federal. Por lo pronto seguimos aplicando la ley federal, en tanto va entrando en vigor la ley general, en cuanto la podamos hacer aplicable. Espero no haberlos confundido más de lo que ya podía haber estado la confusión y por supuesto la lectura de la exposición de motivos y la propia lectura de los transitorios nos va a dar exactamente la luz. Seguramente en el curso de este seminario vamos a poder escuchar algunas opiniones al respecto, creo que ese es uno de los temas que en algún momento que tenemos aquí, a un constitucionalista le vamos a poder preguntar, en vez que nos hable de lo que traía preparado, le podemos pedir que nos haga una muy buena explicación entre la diferencia de esas leyes. Muchas gracias. Presentador: Le pediríamos a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos entregue reconocimientos a los panelistas que participaron en esta mesa, por favor.

(Receso)

Panel 3: Innovación en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información púbica de oficio, plataforma

nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva.

Presentador: Damos la bienvenida a los integrantes del panel tres denominado: Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Este panel está encaminado a discutir y analizar los nuevos retos y desafíos de la ley general, respecto a las nuevas obligaciones de transparencia, la implementación de la plataforma única electrónica y en lo referente a las políticas de Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Modera este panel el comisionado del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Doctor, por favor. Adelante. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muy buenas tardes a todos. Continuamos con este seminario que ha tenido, como ustedes lo han podido constatar -hay que decirlo así- un desfile de personalidades que han venido a traer su ciencia, su paciencia y también su conocimiento generoso. Porque precisamente los seminarios son para que se hagan consideraciones, se lancen provocaciones teóricas, también a veces de carácter de activismo y de intervención, porque hemos tenido representantes de la sociedad civil, desde luego legisladores y naturalmente especialistas y académicos.

Todos ellos, los que han estado en estas mesas, han participado activamente en todo este tramo que fue la configuración de la reforma constitucional del artículo 6º, de febrero de 2014 y han participado activamente en los impulsos para la Ley General de Transparencia que hoy ya ha sido promulgado y, como ya dijo el senador Encinas, genera muy interesantes procedimientos de interpretación, seguido de los demás senadores. Para no hacerlo más largo. El panel se llama así: Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Debo decir que tengo el honor de moderar y va a ser una moderación muy escasa para que sea exquisita, es decir, mínima para que los que hablen sean los que más saben y los que más tienen que decir. Empezando, desde luego, por Alejandra Ríos Cázares. Él viene del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Que por consecuencia, Alejandra tiene un cartel, como todos los invitados, -tan grande- que me han concedido ellos que no diga demasiado de ellos, sino que más bien los escuchemos, porque siempre traen ellos muchas cosas que decir y lo que ellos son ya lo sabemos. Alejandra Ríos Cázares, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Ates voy a presentar rápido a Alejandra Rascón Rodríguez, un activista muy destacada de Transparencia Mexicana, que ya dije, todos han sido contribuyentes, han sido forjadores de esta hazaña legislativa y de estas hazañas parlamentarias, legislativas e institucionales. A Ricardo Corona que nos acompaña, del IMCO, perdón Ricardo, perdí, aquí viene la hoja, ahora que te toqué diré dos cosas más de ti para poder compensar el punto de presentación.

Está demás, no se diga, Oscar Guerra Ford, que es quien lleva uno de los temas que es motivo de esta mesa y como parte de su trabajo dentro del INAI como Comisionado, pero además en las comisiones que él participa y encabeza. Así es que, si no hay inconveniente, pedimos que sea Alejandra Ríos, quien nos haga el favor de iniciar con su participación. Dra. Alejandra Ríos Cázares: Antes que nada agradezco mucho la invitación de los comisionados y las comisionadas del INAI y, por supuesto, la oportunidad de compartir esta mesa con mis compañeros. Quiero retomar el motivo del foro, que son los avances y los retos que presenta la legislación, en particular en términos de la información pública de oficio y de las obligaciones de transparencia. Quiero, tal vez, hacer un sesgo no sé si distinto, quiero mencionar tres puntos que me parece que son avances, pero quisiera concentrarme también en lo que corresponde a los retos de esta legislación. Los avances, creo, que como ya se ha mencionado, recupera esta legislación en obligaciones de transparencia, las demandas atávicas de organizaciones de la sociedad civil, que habían batallado para tener acceso a información comprable y homogénea, tales como los gastos de comunicación, viáticos, contratos, etcétera. En eso la legislación coopera con estas demandas de la sociedad civil. Este asunto no es menor, porque, como se mencionaba en el panel anterior, la información que proporcionan las organizaciones públicas, al final son datos, se convierte en información cuando se le da un valor agregado y ese valor agregado casi siempre es la interpretación y la contextualización que otorgan las organizaciones de la sociedad civil, la prensa o la academia. En ese sentido, haber respondido esas demandas es un acierto importante. El propio catálogo de las obligaciones de transparencia, uno puede ir marcando más o menos qué fundación, qué organización estuvo batallando para conseguir esa información.

Otro punto que me parece relevante en estos catálogos es que transforma la heterogeneidad, imperante normatividad y en operación también, porque establece parámetros normativos y de procesos que son vinculantes para todos los sujetos obligados. Dos ejemplos, ya lo mencionaba Haydeé, de fundar, es la dispersión en términos de normatividad y los datos, por ejemplo, de la métrica de transparencia que realizó el CIDE, documentó el incremento que hubo de 2010 a 2014 en los catálogos de información pública de oficio. Todas las entidades incrementaron el número de puntos que tenían que publicarse de manera obligatoria. El punto es que dejaron de tener comparabilidad, en algunos casos entre los estados y el segundo factor es que no necesariamente se trataba de una información que fuera manejable. Aunque la diversidad es una característica de cualquier régimen federal como el nuestro, lo que hace la ley es que resuelve la heterogeneidad del tipo de información, al pedirle al Sistema Nacional de Transparencia que establezca criterios sobre las características de la presentación de la información, pero también sobre las características de la información misma. Este es un punto absolutamente fundamental, que quiero que se tenga en consideración y sobre la mesa. El tercer punto es que ciertamente esta legislación puede ser un inicio para ordenar, como lo mencionaba Leonardo Curzio, las administraciones públicas. La gestión de información de la actividad cotidiana no puede sino incidir en los procesos cotidianos de gestión. Si logramos que la Ley General de Transparencia penetre en las organizaciones, a partir también que se pueda apuntalar con la Ley General de Archivos, probablemente podamos empezar a generar estándares mínimos de organización administrativa, en administraciones en organizaciones que son tan disimiles.

Un punto que me parece que no se ha tocado de manera importante es que esta legislación, entre sus avances sí rescata y le da un nuevo estatus a las unidades de transparencia; tal vez como un efecto colateral, pero como un efecto colateral positivo. No creo que haya sido su intención. Porque al darle a las unidades de transparencia ciertas características que deben tener sus titulares y ciertas características sobre su mandato, lo que también hace es que las posiciona como las unidades estratégicas que siempre han sido, son potencialmente estratégicas. La ley mandata que se tiene que publicar información de interés público y esa información de interés público solamente se puede obtener cuando se reconoce la demanda de información que tienen las organizaciones públicas. Solamente hay una unidad, más bien una de las unidades estratégicas para identificar, no solamente cuando se tiene información recurrentemente solicitada, sino cuál puede ser la información de interés público, son las unidades de transparencia. Ojalá en el largo plazo esto sí se transforme para que las unidades que conocen bien el funcionamiento de las organizaciones puedan participar de manera activa en este apartado. Descanso aquí con la parte de los avances, porque creo que la parte de los retos merece una mención especial. La transparencia requiere leyes, órganos garantes, etcétera, pero también está ligada a procesos y prácticas de gestión de información, como lo mencionaba, y a los procesos internos que han desarrollado las organizaciones públicas para asumir las responsabilidades que implica una política efectiva de transparencia. Tal vez hoy no sabemos con claridad cuál es la organización y los procesos internos más efectivos y eficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia; lo que sí sabemos es que son heterogéneos, lo que también sabemos es que la Ley está mandatando que se homogeneicen esos procesos y esas características dentro de las organizaciones públicas.

Es importante que pasemos del análisis de la legislación y de los órganos garantes del otro lado de la mesa a qué es lo que puede ocurrir con los sujetos obligados porque al final es la operación de lo que mandata esta legislación. Esta nueva legislación y las políticas de transparencia en general buscan vencer la opacidad que desde Max Weber se sabe que es una característica de las burocracias. Y por eso el marco normativo lo que ha buscado es establecer mínimos de cumplimiento como los catálogos, la información pública, que es lo que nos ocupa en este panel, y que son amplios en la Ley General de Transparencia. El punto es que esta norma que protege nuestro derecho de acceso a la información al final de cuentas se convierte también en una norma regulatoria de la actuar de los organismos públicos. Y en tanto se convierta en una norma regulatoria, uno de los objetivos tácitos de la Ley General es transformar el actuar cotidiano de los organismos públicos. Excuso o no tengo que hacer mucha amplitud porque también ya se ha mencionado, sobre la cantidad de retos que esto implica y que me parece se tienen que tomar en consideración para, sobre todo, tener expectativas claras sobre en qué momento se puede encontrar la consolidación de esta Ley General. Déjenme hablar de estos retos, de hecho, la transparencia en la literatura comparada se habla como una nueva ola regulatoria; entonces, hay que considerarla exactamente como eso porque al final protege nuestro derecho, pero también regula o busca regular las organizaciones públicas. Déjenme hablar de los retos en dos sentidos. Los retos para los sujetos obligados y los retos para el sistema de transparencia. El primer reto para los sujetos obligados es sin duda alguna en cuanto a procesos y rutinas. La Ley está mandatando no un proceso

específico, pero ciertas características de la información y de cómo se debe de publicar la información. Esto va a obligar a muchos de los sujetos obligados que ya tenían procesos y rutinas establecidos a transformarlos. En el análisis de la métrica encontrábamos que nueve entidades en Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se identificaba ya un proceso y una estructura interna establecida, con unidades administrativas identificadas; donde las unidades de transparencia no necesariamente estaban descentralizadas. En 15 entidades teníamos una situación preponderante de estructura establecida y en algunas incluso existían sistemas de gestión, sistemas informáticos, plataformas para poder subir la información que es pública de oficio en los plazos específicos y poder mantener control sobre su cumplimiento. Eso va a tener que transformarse y ajustarse a las características que se definan a partir de los lineamientos que se emitan. Implica reventar o tratar de transformar rutinas organizacionales. Es importante tener en consideración que eso va a llevar un tiempo y que probablemente el ajuste de las organizaciones no vaya a ser necesariamente equivalente. Poder Ejecutivo y los municipios, sobre todo los municipios más grandes obviamente, son los que tienen estructuras mucho más sólidas de gestión de información. Lo mencionaban en algún panel anterior, pero Poder Judicial es el que tiene menor estructura para la gestión de información, porque además tiene una carga de trabajo el Poder Judicial impresionante. Tenemos que ser pausados sobre cómo vamos a poder ir implementando esto y poder discernir las estrategias para subsidiar o ayudar, sobre todo a ciertos sujetos obligados que tienen menor capacidad al respecto.

El segundo tema es las características del servicio civil de los organismos públicos. Tenemos una amplia rotación que afecta, sobre todo lo que corresponde a enlaces administrativos y que eso puede afectar el cómo se conforma la información que se va a mandatar. Tercer punto, para irme rapidísimo, tengo 13 minutos; costos administrativos. Hay cuestiones técnicas a considerar, la transparencia en un inicio se pensó cómo ausente de costo para las organizaciones públicas. En la práctica las unidades de transparencia y sus titulares no necesariamente, en algunos casos sí, pero no necesariamente ejercen labores adicionales. El modo como se está planteando las características y las responsabilidades de los titulares de Transparencia, sobre todo en estandarizar, en lograr publicar esta nueva información que va a ser pública de oficio, pero también en estandarizarla de acuerdo a las características que establezca el Sistema Nacional de Transparencia va a demandar una labor específica de un Titular de la Unidad de Transparencia. Hay que considerar que va a haber un costo adicional para los organismos y para los sujetos obligados. Y tenemos que hacer que estos titulares de las unidades de Transparencia no perciban esta función como un castigo, porque en algunos casos se percibe como un castigo el ser titular de estas unidades. Ahora, me gustaría también hablar de cuáles serían los retos para la construcción del sistema de transparencia. La Ley, por la definición que hace de sujeto obligado, estaría proyectando un universo, y estoy especulando, de alrededor de 10 mil sujetos obligados, una cosa realmente amplia de sujetos obligados. Este sistema, y los instrumentos técnicos que se generen, deberá de ser compatible y tener la capacidad para resguardar la información o poder sistematizar la información de un universo tan amplio como esto.

Creo que uno de los retos más importantes va a ser la estandarización de la información para cumplir con las características que sea, obviamente, pública, pero que sea completa, que sea oportuna, que sea accesible. Porque los puntos que están en los catálogos de la información pública de oficio no necesariamente hacen sencillo criterios transversales. Pensemos en ejemplos: Lenguaje ciudadano no puede ser igual, cuando se está hablando de contratos de obra pública, que cuando se está hablando, por ejemplo, del directorio de servidores públicos; no estoy diciendo que sea imposible, sino simplemente estoy planteando los retos que va a implicar la construcción de los lineamientos, la estandarización de la presentación, pero sobre todo la estandarización del contenido. Va a ser una tarea, sin lugar a duda, de filigrana porque estos criterios no siempre van a poder ser transversales. Aquí me importa mencionar que estos catálogos que son muy amplios, que sin lugar a dudas cumplen mucha demanda, tenemos que estar conscientes que lo que hacen es que estandarizan la información, pero no necesariamente van a crear de manera automática una vertiente proactiva de parte de las organizaciones. Eso solamente sucede con estrategias que logran identificar la demanda de información y eso requiere acciones deliberadas por parte de las organizaciones públicas. El otro punto que me gustaría mencionar corresponde a las transiciones tecnológicas. Mencionaba Leonardo Curzio que qué se va a hacer con estas nuevas tecnologías. Hay un debate ya establecido, imperante en la comunidad de archivonomía y biblioteconomía sobre cómo guardamos todos los archivos electrónicos; cómo después esos archivos que guardamos en algún momento en floppys, eventualmente cómo vamos a acceder a ellos, después de 10, 15 años. Tiene que

haber un costo de transición tecnológica que la plataforma debe también de tomar en consideración. El reto sin lugar a dudas no es menor, porque las 44 obligaciones generales de transparencia ya son en sí mismas una demanda importante; adicional a eso, son la serie de obligaciones especificas sobre las cuales se deberán de crear criterios también de evaluación. Repito, es una cuestión de filigrana. A mí me importa terminar esta presentación o esta breve reflexión con una sola cosa: Creo que hemos generado una serie de legislaciones que van en el camino correcto, que tratan de minimizar la opacidad que ha existido en las burocracias, en todos sus niveles de gobierno. Ésta es una legislación que busca ser vigilante del cumplimiento, por eso la importancia de la extensión de los catálogos y la importancia de la definición de los criterios. Eventualmente tendríamos que pensar también en cómo vamos a transitar, a dejar de vigilar para simplemente acompañar; esto quiere decir, cómo podemos hacer que la transparencia se pueda internalizar en las organizaciones públicas como un valor; que estos catálogos dejen de ser un factor estresante para las organizaciones, sino que se incorporen en sesión procesos de gestión cotidiana, de tal suerte que publiquen la información de manera automática. Me parece que necesitamos en todo este proceso tratar de transformarlo a una perspectiva de cooperación y que las organizaciones puedan encontrar en esto el valor estratégico de estas obligaciones de transparencia, que pueden ser la gestión de archivos, que puede ser la identificación de la demanda de información, que puede ser la identificación de las áreas de oportunidad para la propia institución. Creo que el objetivo va a ser aspirar, no sé, en 20, 30 años, a que el INAI, más que ser un órgano vigilante, también pueda ser un órgano acompañante de una administración pública que ha logrado internalizar valores de transparencia, y eso implica poder identificar dentro de las actividades sustantivas y todas las organizaciones públicas lo que debe hacerse efectivamente público.

Me parece que hay retos operativos muy importantes, de los que seguramente hablará Óscar, pero lo que yo quería mencionar es la serie de retos que pueden observarse de parte de los sujetos obligados para la implementación, sobre todo en términos de la heterogeneidad de los sujetos obligados; va a haber dependencias municipales, secretarías de estado, secretarías de estado a nivel estatal, que tienen capacidades técnicas diferenciadas. Así que creo que el mensaje más claro es que la implementación de este sistema y de este catálogo si bien tiene un plazo de un año para generarse y después un plazo de seis meses para implementarse, creo que es muy pertinente poder gestionar plazos o tiempos diferenciados para su implementación, para poder mantener las expectativas bajo control, porque nos vamos a tardar en su implementación. Es una reforma administrativa muy relevante. Me quedo ahí porque son 17 minutos. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Alejandra Ríos Cázares, del CIDE, que nos ha llevado a un planteamiento, a un bosquejo con horizontes de porvenir, que mucho se agradecen en esa predicción de un INAI en el futuro con una serie de nuevas facetas de actuación y ya no tanto de vigilante o de centinela, como lo ha venido siendo en el tiempo. A Óscar Guerra Ford le corresponde explicar, compartir ese reto gigante que tiene el INAI, que es la plataforma nacional y los criterios, naturalmente, además de las obligaciones de transparencia que están inmersas. Habíamos previsto que esta mesa la abriera Óscar para que provocara a los compañeros, a los colegas que nos acompañan, a los panelistas, pero Alejandra ya, como quiera, le adelantó algunas provocaciones y don Óscar Guerra Ford, sin más, por favor. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos los presentes de diversas instituciones, de los sujetos obligados, y obviamente a todos los amigos y compañeros de los diversos órganos garantes arropados hoy en día en la COMAIP; así

como a los compañeros que nos acompañan en el panel, a Alejandra Ríos, a Alejandra Rascón y a Ricardo Corona de IMCO, que ya lo saludé y le dije que me mande saludar al recién papá, Pardinas; y obviamente a Paco, como amigo, el comisionado Francisco Acuña, quien nos está haciendo el favor de moderar. Voy a tratar de irme muy rápido, son dos grandes proyectos, diría, que tiene la Ley General y que hay que desarrollar en el plazo de un año. Y como dirían, el tiempo va corriendo. En ese sentido, dividiría la Ley General en dos grandes cambios, que a lo mejor lo estoy viendo desde el lado de economista: El extensivo, que lo que hizo fue incorporar nuevos sujetos, más sujetos obligados, que ya no lo voy a decir, todos sabemos cuáles son; extender el derecho que ya estaba en todo el país para tratarlo de homologar a través del Sistema Nacional de Transparencia, incorporando a todos los estados y municipios, y también algo que a veces estamos ahí no tomando en cuenta, que establece mecanismos para algo que es fundamental para que esta ley tenga vida, que es la incorporación de todos los sectores o del mayor número de sectores para el uso y disfrute de esta ley temporal. Yo diría que esta es la parte extensiva. Y hay una parte intensiva muy importante en la Ley que tiene que ver –a lo mejor tiene más pero son a las dos a que me voy a referir– con las obligaciones de oficio o lo que se tiene que publicar en los portales de Internet, que ya estaba, pero se hizo más intensiva y a detalle. Algunos dijeron, en su momento, que a lo mejor no era lo más oportuno una Ley General, pero ahí está. La plataforma nacional, que aunque la vemos como un asunto técnico, porque lo es, finalmente el resultado que se espera de ella son dos cosas: Una mejor gestión interna para poder atender los requerimientos de información vía los portales y vía las solicitudes y algo muy importante, poder facilitar a los ciudadanos y a las personas el acceder al derecho a la información tanto en su versión activa como pasiva, ya sea en portales o con solicitudes a través de toda la tecnología moderna y no tan moderna, como los teléfonos tradicionales.

Me refiero a estas dos partes, viéndolo desde acá, diría que la gran reforma de la ley general o el gran cambio está en las obligaciones de transparencia, porque seguimos teniendo solicitudes de información, seguimos teniendo recursos de revisión, ahora hasta un caso va a ser impugnable, siguen siendo definitivos menos en un caso. Tenemos muchas cosas, a lo mejor se mejorarán los tiempos, los procedimientos etcétera, tenemos más sujetos; pero el gran cambio y si vemos el ejercicio en los hechos, viene en las obligaciones de oficio que están en el artículo 70, donde se establecen genéricas y después en el 70 donde se señalan 48 incisos y obligaciones genéricas. Y luego del 71 al 83 vienen las específicas y luego viene un asunto fundamental en el 89 y 90, es la denuncia ciudadana, ese el contralor ciudadano: “No está la información en el portal y por regla tienes que tener y, entonces te denuncio ante el Instituto, el órgano garante estatal, para que me la pongas y si no, vas a sufrir una medida de apremio que puede ser una multa de una cantidad de hasta 200 mil pesos para que hagas lo que la ley de ordena”, eso está en la ley. ¿Por qué digo que es el gran cambio? Porque ahí está; y si vamos a ver cuál era la realidad que había en el país y que son los resultados de la métrica, simplemente el primero resultado a nivel nacional, no me voy a meter, el país sacó 64 de calificación, pasó de panzazo. Pero las entidades que sacaron mejores calificaciones en portales y fue una revisión muy somera, hay que decirlo, y sólo algunos sujetos. El mejor sacó 79, pero el peor 22, nos habla de una variación tremenda, pero lo peor que si uno se mete al mejor estado, entre sujeto y sujeto hay variaciones. Y si uno se mente al mismo sujeto entre la fracción I y la fracción XVI, hay variaciones en la calidad. En la métrica dos pasamos a 86, pero la diferencia se mantuvo, una entidad sacó 97, la menor 550 y la última 982, la menor 63. Hay una tendencia a mejorar la información, pero muy tendencial porque es una muestra, es la información más básica, etcétera. ¿Dónde está el gran cambio? Quiero que vean la siguiente lámina. Pasamos de 48 obligaciones, vamos a tener 48, teníamos 17; la ley federal es la peor ley en materia de obligaciones de transparencia.

Puse otras entidades: Coahuila tiene 44; el Distrito Federal tiene 27; Baja California Sur que más ha tenido problemas en la métrica para cumplir, tienen ya 25. Y específicas, la federación nunca entendió, eso nunca lo tiene, eso nunca reformó, no tienen ni una específica, 17 en total. Coahuila tiene 206, es la ley más nueva, o sea, fue especificando sujeto por sujetos, Comisión de Derechos Humanos, universidad, Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, notarios, etcétera y hoy tiene 206 que suman 205; el DF tiene 89, lo rebasó Coahuila y suma 116. Ahí vemos un cambio, si vamos a pasar a nivel federal de 17 a 170 obligaciones, es un cambio de más del mil por ciento; en ese sentido, ahí tenemos una revolución interesante. Estas 170 van a ser obligatorias para la federación, pero también para todos los estados. Van a decir: “¿Qué va a pasar con Coahuila si tiene 250?”, puede tener 170 mínimas, puede tener 280, no hay problema, ahí no va a haber limitantes en este sentido. ¿Y por qué digo que es la gente como lo ejerce? Simplemente las visitas al POT, a las secciones de transparencia de los órganos obligados federales, que ahora más o menos son 200 y hay sujetos que tienen buenos portales y hay otros que tienen muy malos, pero de todos modos la gente trata de encontrar información. Al año, más o menos en el año 2013 se tuvieron 33 millones de visitas, aquí tenemos 120 mil solicitudes de información anuales, en ese sentido. La gente busca la información en el portal y si está en el portal ya la hice y para qué te espero 10 días y para que voy a ver que me contesten en un papel o no me contesten, etcétera.

Se trata de la gran revolución en ese sentido y más si vamos a poner mecanismos para poder acercar a que la gente tenga información, aunque no tenga internet, obviamente esto le va permitir… El gran reto, ya lo dijo Alejandra, que eso que dice ahí se cumpla y que los sujetos tengan las capacidades. Entiendo la preocupación de Alejandra de decir: “Bueno, es que va haber instituciones que no tienen las capacidades institucionales para poder cumplir con esas obligaciones”. Hay que trabajar conjuntamente con ellos y también hay que tener claro, perdón la palabra, que la transparencia cuesta organización y a veces recursos, también para poderla llevar a cabo, no es milagrosa, llega de un día para otro y se va estar la información, ahí mágicamente, sólo porque la ley lo dice. ¿Cómo estamos pensando trabajar este gran reto? Porque es un gran reto, Alejandra lo conoce bien, nos ha acompañado en el asunto y de cómo le vamos hacer. Lo que vamos hacer, y se los planteo, para que si hay alguna observación, nos las hagan llegar, es que el INAI va construir la metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de las 47 obligaciones, porque son 48, porque en una, la que tiene que ver con la publicación de los indicadores de gestión o indicadores de resultados, nos va ayudar GESOC a hacerla, porque a esa no le puedo decir, estos son tus indicadores, porque no van a ser los mismos que para obras, etcétera. Lo que va hacer GESOC es que no les va hacer, les va hacer la metodología para cómo construir esos indicadores de gestión. Vamos hacer esos 48 indicadores, que nos va quedar una cosa como ésta o un poco más grande, que va decir; o sea, ¿qué entiendo por directorio? Directorio, entiendo que en la celda uno va el funcionario, en la celda dos va el teléfono de la oficina, en la celda tres va su correo electrónico, en la celda cuatro va el domicilio exacto de dónde está el funcionario y en la celda cinco va el vínculo a su currículum vitae.

Eso es y eso así te lo voy a evaluar y no me vas a poner el directorio como Dios te dio a entender. ¿Y por qué? Porque eso me va permitir homologar la información de todas las dependencias y de todas las entidades federativas. Así, como dijo bien Alejandra: “Eso puede ser muy sencillo”, pero cuando vayamos a los contratos, ¿qué va pasar? Aquí también está cómo se van a poner un poco los contratos, es una talacha tremenda hacer, estamos revisando las normatividades de los sujetos obligados y, en su momento, también de las entidades federativas. Pero, bueno, ¿qué el INAI se los va echar solito y si le van a quedar mal, qué va pasar? Estamos con 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por ejemplo, el propio CIDE, que nos va ayudar Alejandra, a que revisen lo que hicimos de esas obligaciones genéricas y va haber de diferentes, como por ejemplo, artículo 19 dice: “Bueno, yo te ayudo, pero me voy a enfocar más a las obligaciones que hay en materia de derechos humanos, me voy a dedicar más a la parte presupuestal, etcétera”, a revisar que los criterios que tú hiciste estén adecuados, sean ad hoc y que sean fácil que la gente pueda entenderlos y que obviamente esa información sea realmente publicable o se pueda publicar, no vamos a pedir lo imposible. Para lo cual, también vamos a tener reuniones con los propios sujetos obligados para que ellos nos opinen si lo que estamos ahí pidiendo lo tienen. Pero si la ley dice que lo deben de tener, tendremos que ver cómo lo van a tener o cómo lo van a generar para que lo puedan publicar. ¿Y qué va pasar con las otras obligaciones, la 122? Vamos a tener a 10 especialistas que nos van ayudar ellos a redactar las obligaciones de PEMEX, unas personas expertas; para las universidades expertos, para partidos políticos expertos, etcétera, que

con una metodología nos van a redactar las obligaciones específicas de cada uno de ellos, en base a lo que dice la ley y en base al conocimiento de la información que detentan esos sujetos obligados. Con eso también las van a recibir después estos grupos de 10 organizaciones y las vamos a comentar, siempre vamos a trabajar con los sujetos obligados, para en su momento llevarlas con los compañeros de los órganos garantes a través del sistema, donde en el Sistema Nacional de Transparencia tendrán que discutirse y, en su momento, afinarse y aprobarse para su utilización. Ese es el mecanismo, las fechas están totalmente porque el año va pasando y si ponen el calendario, con esto termino esta parte; este es el calendario, es la elaboración y las políticas de metodología de los criterios de obligaciones comunes, será entre junio y octubre, se generarán los criterios con los consultores externos para su revisión en esos meses. Tendremos la opinión de instituciones académicas, en ese mismo van a trabajar casi en conjunto las generales con las específicas para estarlos presentando para su aprobación al Sistema Nacional de Transparencia, ya obviamente se darán a conocer antes a los órganos garantes en abril, y poderlas estar en mayo publicando. Ahí en la publicación vamos a especificar, bajo los transitorios, cómo van a ir entrando en operación, porque se va a tener los criterios de publicación y hay que empezar a subir la información en esos momentos. Voy a la segunda cuestión. Sólo quiero terminar con un asunto que es fundamental para lo que es la otra cuestión, es la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia aparte de poder hacer solicitudes, recibir recursos de manera electrónica, etcétera, tendrá lo que hoy se denomina el POT, se podrá llamar el POT de otra forma, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia, y en una sola plataforma debemos de tener todas las obligaciones adicionalmente en que estén en cada entidad federativa, en cada sujeto obligado, se concentrarán en un solo portal y ahí podremos tener las obligaciones

de toda la Federación como están ahora en la administración pública federal y tendremos también las de las entidades federativas en criterios y en formatos similares. Las que están en la Ley General, aquellas que estén en las leyes estatales o federales que sean distintas, cada órgano garante tendrá que desarrollar su metodología de publicación y de evaluación de estos, en los cuales también podremos acompañarnos conjuntamente, pero esos ya no están en la Ley General en ese sentido. Para eso se desarrollará la Plataforma Nacional. Y algo que quiero destacar, que es el artículo 49, que es algo que hay que ir trabajando con las entidades y con los gobiernos, que dice claramente que la plataforma será desarrollada y administrada, porque hoy en muchos estados la tienen los gobiernos y la implementarán y pondrán en funcionamiento los órganos garantes. Esto es cómo está Infomex ahora, que es el antecedente a la plataforma, pero por mucho la plataforma va mucho. ¿Cómo está funcionando? Casi en todo el país hay un Infomex y lo que vamos a hacer es una adecuación de ese Infomex para que lo que ya se tiene sea compatible con lo que se está construyendo con la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero hoy el Infomex sirve para recibir solicitudes, dar respuesta a estas solicitudes y, en algunos casos, para interponer recursos de revisión. Eso es algo, pero hay que multiplicarlo. Esto es cómo está adelante, nos hablaba Alejandra de casi 10 mil sujetos. Ahorita, por ejemplo, Infomex tiene cuatro mil sujetos obligados ya que están en Infomex; hay entidades que no están en Infomex, hay órganos, los autónomos, etcétera, que no están en el Infomex, hay algunos como la UNAM, pero faltan muchísimos. Y además, en ese sentido, se multiplicarán el número de sujetos, es una buena cuenta porque aquí estarán todos los estados, hay muchos, y hay que contar los estados, todos los municipios también que son sujetos obligados.

Finalmente, si tenemos dos mil 500 municipios ese será simplemente un dato que tendrán que estar contenidos en este sistema. Termino con la siguiente lámina. Esta es la idea general de la plataforma. La plataforma tendrá obviamente un módulo que tiene que ver con el POT, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia donde estarán publicadas todas las obligaciones que la Ley General marca de todos los sujetos obligados federales y estatales y la gente podrá hacer análisis comparativo de esa información que estará en ésos. La evaluación la harán los órganos garantes y habrá denuncias en todo el país porque la denuncia está en la Ley General. También tendrán que es un buscador de la información distinto al de ahora, el de ahora es muy complicado, pero utilizaremos para que Zune pueda ayudarle a buscar información en los portales y le pueda ayudar a buscar información en las solicitudes y en las respuestas, obviamente tendrá el mecanismo para hacer solicitudes, pero se le sumará, aparte del medio electrónico o el medio internet, la posibilidad de hacer solicitudes vía teléfonos inteligentes, vía plataformas inteligentes, como las hay para esto, y recibir respuestas tanto en los teléfonos, como en estos instrumentos de las tecnologías. Pero también se establecerá que las personas que no tengan internet podrán llamar por teléfono tradicional a un 01800 y un centro de atención telefónica aquí en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá por el sistema al sujeto obligado, sea federal, estatal o municipal y por el mismo medio telefónico sabremos la forma en que la persona quiere que la información sea. Se podrá interponer los recursos de revisión también a través de electrónica y de telefonía inteligente; estará también conectado con las redes de Twitter y Facebook que permitirán hacer solicitudes vía Twitter y Facebook y recibir respuestas, siempre y cuando éstas, obviamente, estén en archivos electrónicos. Estamos cuidando ahí el asunto de la privacidad de la información en estas redes sociales.

También tendrá un módulo o tendrá un software para sensibilidad a personas con capacidades distintas que la ley marca, con la posibilidad de que este software pueda ver la información, por ejemplo, personas que no pueden ver, hay un software que permite leer la información que está en los portales o que está en una respuesta a través de este software que, obviamente, será gratuito. Éstas son algunas de las cuestiones que tendrán los avisos del sistema que permitirá a los solicitantes saber cómo va su solicitud, poder rastrearla y esto también permitirá a la hora de sustanciar los recursos y en dado caso las vistas a los órganos de control, saber cómo fue la gestión de esa solicitud y dónde se atoró. Y tendrá tableros de control, tendrá también el asunto de graficas o estadísticas sobre el propio portal, pero también sobre el número de solicitudes, número de recursos, número de visitas a las obligaciones, cuáles son las fracciones que más se visitan por los ciudadanos, etcétera. Tendrá un módulo de comunicación entre los sujetos obligados y los órganos garantes, pero también entre los órganos garantes locales y el nacional para poder sustanciar todos los recursos de revisión. Y si en algún momento el INAI tiene un poder de atracción o de segunda instancia, tenga ya en la plataforma toda la documentación con la cual se resolvió un recurso de revisión. Esto ya se aplica aquí en el INAI para los sujetos obligados, es el HCom, la herramienta de comunicación y se trata de hacer lo mismo con los estados y esto agiliza y facilita mucho la sustanciación y la resolución de recursos de revisión. Y término. Para todo esto, igual que para lo otro, tenemos un año para hacerlo; ya hemos avanzado desde el año pasado en la construcción de la plataforma, lo que hemos denominado en ese momento el Infomex 3.0, que ya tiene muchas de estas rutinas como lo de teléfonos inteligentes, como lo del teléfono tradicional, como el software para personas con discapacidades, etcétera. Y estamos haciendo la plataforma.

La gente que hará los criterios de evaluación y de publicación trabajará conjuntamente con el área de tecnologías para ir metiendo a esta plataforma los formatos en los cuales se recibirá la información de los sujetos obligados, a través de lo que se le llama un administrador de contenidos, y la idea es incidir en los procesos para que la gente al momento que esté haciendo la nómina, esa nómina ya sea compatible para poderla estar subiendo al portal y si, obviamente, los datos confidenciales, esos desde esa aplicación o esa interface permita, obviamente, que esos datos no se publiquen. Para esto también tenemos un año y la fecha –y también se aprobará en el Sistema Nacional de Transparencia– en que estamos pensando terminar es el día del niño del próximo año, el 30 de abril, porque el 5 de mayo se vence el plazo para tener la lista y empezar a subir la información y operarla en todas las entidades con los ciudadanos. Vamos ir abriendo tramos también, en ese sentido, para que, por ejemplo, la parte de solicitudes telefónicas, etcétera, ya puede ir operando. La última parte obviamente es el POT, las obligaciones de transparencia, que será la más difícil y después vendrá todo el vaciado. Yo lo dejo hasta aquí y de verdad muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a don Óscar Guerra Ford. Entenderán ustedes por qué mis hermanos me dejaron a mí coordinar esta mesa, porque don Óscar Guerra Ford iba naturalmente a exponer con lujo de detalle la amplitud del reto que tenemos y ya él nos situó. Yo me quise a imaginar, Óscar, cuando hablabas, que esto va a implicar algo así como a la NASA y al Sistema Internacional Espacial, el crear esta famosa construcción espacial. Óscar Guerra Ford es economista, pero es ingeniero y es abogado también, hay que decirlo.

Pero aprovechamos a Alejandra Rascón Rodríguez, de Transparencia Mexicana, para que complemente con la propia visión que esta importante organización de la sociedad civil ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Alejandra. Lic. Alejandra Rascón Rodríguez: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación. Muchísimas gracias, Óscar, Francisco y gracias a ustedes por venir de sus estados, y a toda la gente que está aquí. Hay muchos enfoques desde los cuales se puede analizar la nueva Ley, en este caso yo me voy a enfocar en el punto de Gobierno Abierto, que sin duda es una innovación que presenta esta Ley General respecto a lo que se venía trabajando habitualmente. El artículo 59 de la Ley, me permito citarlo, es el único que se refiere expresamente al tema, aunque a lo largo de toda la Ley se menciona en algunos apartados la palabra Gobierno Abierto, y señala: “Los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental”. Con este pequeño artículo es que tenemos que empezar a impulsar al Gobierno Abierto, desde el Instituto ya se ha venido impulsando a través de la Alianza por el Gobierno Abierto, pero como un concepto de apertura gubernamental. Así que me detengo un poco nada más en decir que la palabra “coadyuvarán” es muy general y nos da mucho espacio para la innovación, como el propio Gobierno Abierto es, y creo que deja claro quiénes son los actores del Gobierno Abierto y los retomo: Indispensable que esté el gobierno, entendiendo como gobierno a cualquier autoridad de los diferentes poderes y la sociedad civil; y por supuesto el Instituto Nacional de Acceso a la Información o los organismos garantes, como ese coadyuvante, ese facilitador, ese que pone la mesa para que se den las negociaciones.

Efectivamente, existen cuatro componentes clásicos de Gobierno Abierto y seguramente todos los que están aquí lo han escuchado: Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información como un habilitador del Gobierno Abierto. Pero en la experiencia mexicana –y compartimos esto desde la sociedad civil con el Instituto– hay dos elementos que queremos que sean una constante en todos los ejercicios de Gobierno Abierto que se lleven a cabo en nuestro país, esto es: Coconstrucción e innovación. Creo que son dos componentes que han destacado la experiencia mexicana y que, a reserva que en la implementación de experiencias de Gobierno Abierto en los diferentes sujetos y en las diversas entidades del país, estos dos elementos tendrán que estar presentes. Ahora nos encontramos en el reto de cómo empezar a implementar Gobierno Abierto, digo, la Alianza por el Gobierno Abierto México la suscribe en el 2011, tenemos cerca de tres, cuatro años en el tema; sin embargo, si ustedes nos preguntan cuál es la receta para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, mi respuesta es: No hay receta. Lamento mucho decírselo a todos los que están ahora en sus estados empezando a promover este tipo de mecanismos de diálogo y negociación, pero no hay receta porque los sujetos obligados son variados y tienen características muy particulares cada uno. No es lo mismo hablar del Ejecutivo como del Legislativo o del Judicial, y menos de un partido político o de un sindicato. Ahora veía la numeraria que señalaba Oscar, son tres mil 764 sujetos obligados y esto nos habla de la pluralidad de los actores y en este sentido, representa un reto. No hay receta para Gobierno Abierto, porque la sociedad civil es heterogénea, no toda la sociedad, hay un espectro, hay organizaciones de base, hay organizaciones que estudian think thanks, hay organizaciones que son más filantrópicas, hay organizaciones empresariales.

Hay un espectro muy grande y eso representa en sí mismo un reto; seguramente estas entidades, en los estados donde han estado empezando a implementar ejercicios de Gobierno Abierto, se han encontrado con esta realidad, hay mucha, es muy variada y tratar con este abanico de sociedad civil representa retos también. El tercer elemento por el que no hay receta única para implementar el Gobierno Abierto, es porque el contexto es cambiante y porque hay un componente político que procesar muy importante también. No es lo mismo sentarnos a la mesa un día en el Secretariado Técnico Tripartita y en periodo electoral y a lo mejor después de las elecciones y a lo mejor desde la experiencia que tuvimos en el Secretariado desde la Alianza por el Gobierno Abierto. Hay temas que afectan a todo el país, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, eso implica también un reto para estos núcleos de gobernanza que se generan para impulsar el Gobierno Abierto. En este sentido, quiero señalar que los lineamientos que en su momento el Instituto elabora en temas de Gobierno Abierto y que se establece, deberán señalar sí la cancha de juego, pero deberán de ser flexibles para que permitan responder a todos estos elementos variables que el Gobierno Abierto tiene de por sí. Si los lineamientos son demasiado rígidos, corremos el riesgo de quitar el componente de innovación que es uno de los componentes sustanciales del Gobierno Abierto. Uno de los retos que hemos identificado muy importantes, es que estos espacios de gobernanza que se construyan, llámese Secretariado Técnico Tripartita o que podrán tener un nombre diverso y que podrán integrar dependiendo del sujeto obligado más de tres actores. Estoy pensando en el tema de parlamento abierto, siempre decimos: “¿Cuántas sillas hay? Están diputados y senadores, pero entonces

cómo entran los congresos locales, dónde entra sociedad civil y dónde entra el Instituto. Estos espacios que se creen deben ser espacios reales de diálogo y negociación donde las partes se reconozcan como pares; si estos espacios no son reales, no van a servir como un espacio de diálogo de negociación y de catalizador de muchos otros procesos. Sí es la mesa donde nos sentamos todos a platicar, a coconstruir, a imaginar, a innovar. Creo que es importante que estos espacios tengan reglas de gobernanza claras, pocas y claras. En la experiencia que hasta ahora se tienen en el país, en tea del Ejecutivo Federal, el Secretariado Técnico Tripartita ha resultado ser un espacio valioso de diálogo y negociación donde se alcanzan muchos acuerdos y se dirimen muchas diferencias entre los diferentes actores. Hablando del tema de parlamento abierto y que lo comentaron el senador Encinas y Haydeé, el tema está en pausa; y en gran medida atribuyo esta pausa a que no hay todavía un espacio de diálogo y negociación como lo hay en el Ejecutivo a través del Secretariado Técnico Tripartita. O nos sentamos a la mesa todos, y ahí dirimimos nuestras diferencias o no hay ese punto de convergencia a partir del cual empiezan a surgir las propuestas y los temas. Lo he dicho varias veces, no son espacios fáciles, quienes crean que por sentarnos todos a la mesa ya está el tema resuelto, está muy equivocado, no es así, no son espacios fáciles. Por ejemplo, en la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto he comentado varios desencuentros y encuentros que han permitido tener estos espacios, sin embargo, son espacios que producen cosas, son espacios que al final resultan provechosos. En la experiencia propia de elaboración de la Ley General de Transparencia, creo que fue otro mecanismo el de gobernanza, pero que igual se sentaron a la mesa todos los actores involucrados y que

al final resultó ser un espacio fértil y constructivo, no un espacio fácil, sí un espacio constructivo. La invitación es que sí pongan todo su esfuerzo en que estos espacios sean genuinos, sean auténticos, se reconozcan a los pares y funcionen. Innovación y retos. Para los órganos garantes que impulsen el Gobierno Abierto, conforme las atribuciones que establece la ley, yo veo tres retos: Uno, y que comentaba Haydeé en su intervención anterior, es que los procesos de nombramiento de los comisionados o de los consejeros les doten de legitimidad. Para que cuando ellos, a su vez, se sienten en estos espacios de negociación y diálogo con otros actores, tengan esa fuerza que necesitan, para ser ese coadyuvante, ese facilitador. Otro punto es que los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción enmarquen los elementos mínimos, pero como les comentaba, el órgano garante va fungir y va tener el gran reto de contribuir a que no se le llame a todo “Gobierno Abierto”. Creo que ahora es una palabra que se usa muy fácil y creo que es un concepto en construcción, efectivamente. Subir información a la página de internet no es per se Gobierno Abierto, sí el acceso a la información es un elemento de, pero no es per se; sentarse una vez a la mesa con la sociedad civil no es participación ciudadana. Es muy importante y creo que ese va ser un gran reto de los órganos garantes, el mantener todo el tiempo el timón hacia un rumbo adecuado en temas de Gobierno Abierto, que no se llame a todo “Gobierno Abierto”, porque es muy fácil, en términos a lo que suena la palabra.

Me paso ahora a los retos que enfrentará el sector gubernamental, llámese, ejecutivo, legislativo o judicial o cualquiera otro de los sujetos obligados. Necesitamos que el liderazgo sea al más alto nivel, el liderazgo de los funcionarios es muy importante y retomo el ejemplo de lo que está pasando en el Ejecutivo y lo que está pasando en el Legislativo en este momento. Tuvimos un liderazgo intermitente con la senadora Arely Gómez y el proyecto está en pausa. Sí es importante que estos liderazgos sean al mayor nivel, pero que también sean continuos; que sean liderazgos que permitan que al interior de las organizaciones se muevan las cosas. Hay un cambio cultural, un cambio organizacional, que no podemos soslayar, sé que este tema se habla desde los noventas, creo o antes; pero está y es una realidad. Al interior de las instituciones tienen que empaparse en este concepto, entender lo que significa coconstruir y entender que es un asunto de gobernanza, que en este momento el gobierno no lo puede necesariamente todo, no tiene todas las soluciones, no ve los problemas desde la misma perspectiva y que trabajando juntos podemos buscar soluciones, conjuntamente a un problema común. El mayor reto, desde mi punto de vista, para el sector gubernamental, va ser la desconfianza ciudadana, pero es también la mayor oportunidad que el Gobierno Abierto ofrece, es una mesa, es un espacio de diálogo para sentarnos a la mesa y creo que actualmente hay muchas experiencias, muy afortunadas, desde la Alianza por el Gobierno Abierto, donde nos hemos podido sentar con extraordinarios funcionarios públicos, que van contra viento y marea y que impulsan efectivamente cambios sustanciales al interior de sus instituciones. Y un tema que no quiero dejar, y citando a Alejandra, que decía que es casi un castigo que te toque la Unidad de Transparencia. El gobierno o las instituciones gubernamentales tendrán que buscar mecanismos de estímulos y recompensas para los funcionarios, que

además de hacer todo lo que tienen que hacer, que es mucho y que están trabajando de 08:00 horas a 20:00 horas muchos de ellos o hasta más tarde, yo sé muchos casos que salen 22:00 o 23:00 horas y no me dejarán mentir, que hacen un extra, que corren la milla adicional y hacen este tipo de cosas como Gobierno Abierto, que no es obligatorio. Ahora comentábamos lo de tres de tres y los candidatos, que si suben su información o no. La verdad es que hay que, como sociedad, empezar a recompensar a aquellos ciudadanos, funcionarios públicos y a aquellos mexicanos que dan el extra para transformar nuestro país. Paso, por último, al rol de la sociedad civil y nosotros también tenemos muchísimos retos para impulsar el Gobierno Abierto; necesitamos que haya una participación efectiva desde la sociedad civil, que logremos organizarnos en las redes, en los núcleos, en lo local, que quien nos represente luego en estos espacios de gobernanza tenga legitimidad, que no sea la organización que se lleve bien con los demás que se sienten en el Secretariado Técnico tripartita necesariamente, sino que sea la organización que la sociedad civil de la entidad le reconoce esa legitimidad y esa vocería, que se den también a sí mismos reglas de organización para que esta representación no sea rotativa o tenga sus propios mecanismos internos. Hay que decirlo, muy importante, mucha tarea todavía de capacitación y formación. Me encantó escuchar ahorita al senador Encinas cuando hablaba de la autonomía, que decía que la autonomía no se mendiga se ejerce; y creo que el derecho a participar funciona exactamente igual, el derecho a participar no se mendiga, se ejerce. Hay un reto de enfoque que no quiero dejar de mencionar y es que estos núcleos de gobernanza, estos secretariados que se constituyan, deberán tener un enfoque muy claro respecto a los retos que como país o como entidad desean afrontar para que den resultados. El Gobierno Abierto si se traduce en puras reuniones y reuniones y no da resultados, es una tendencia que en poco momento pues ya, todo mundo se cansa de estar en un proyecto que no da resultados.

Sí es muy importante que en estos nuevos programas de trabajo que se estén formando en los estados o en los otros sujetos obligados, se tenga este enfoque claro hacia dar resultados. Hay un lema que a mí me gusta mucho y es: “Duro con los problemas, suave con las personas”, no se tratan de encontronazos entre sociedad civil y funcionarios, eso dejaría muy poco; es más, sería hasta destructivo. La idea es encontrar retos comunes que permitan enfocar la energía de los funcionarios y de la sociedad civil para dar resultados. Como reflexiones les señalamos que desde la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto hemos tenido compromisos mal enfocados que al final no se traducen en resultados. Hemos tenido compromisos que se traducen en inquietudes individuales y la idea es que el Gobierno Abierto traduzca inquietudes de la mayoría. También hemos tenido compromisos que pedimos cuestiones que son ya obligatorias por ley y como se cumplían por ley, bueno, pues a ver si por Gobierno Abierto. No está de más, pero creo sí creo que estas son lecciones aprendidas que quisiera compartir con ustedes. Busquen que sus compromisos vayan más allá de estos tres errores que nosotros hemos cometido y den resultados efectivos. Al final una invitación al INAI para que estos lineamientos de Gobierno Abierto apliquen los principios de co-construcción, flexibilidad e innovación que permitan al Gobierno Abierto dar resultados en el país, que se repliquen los ejercicios participativos que se utilizaron en la Ley General y en otros modelos. Hay un debate, no sabemos todavía, hay un dilema si reglamentar o no reglamentar, ese es el debate. No sabemos si el reglamentar va a ayudar al Gobierno Abierto o lo va a paralizar.

De aquí de agarró ya para terminar mi exposición. Creo que la plataforma del Sistema de Transparencia que comentaba Oscar Guerra puede ser un espacio para documentar casos de estudio en materia de Gobierno Abierto y compartirlos con la comunidad en práctica; digo casos de estudio porque creo que hay que documentar los casos de éxito y los casos de fracaso para aprender de esto, y veamos a la larga, veremos cuál sería la mejor forma. Creo que también hay un elemento de dar certeza jurídica a los funcionarios que promueven el Gobierno Abierto y a lo mejor estos lineamientos sí son suficientemente flexibles, pueden dar ese piso. Y aquí termino mi intervención sobre Gobierno Abierto y la nueva Ley. Muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, muchas gracias. A Ricardo Corona yo lo ubicaba siempre desde la Corte, bueno, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación como abogado también, un gran abogado; y yo ahora que tuve la oportunidad de decir su nombre al principio de la mesa tuve un traspié porque me ataranté con la hoja y tenía miedo de no alcanzar a ver con precisión que viene del IMCO. Pero además aprovecho la oportunidad, y se lo quise decir como una licencia a propósito, porque hace rato que la senadora Laura Rojas decía que don Oscar Guerra Ford ya había cumplid con el tres de tres, yo también levantaba la mano; pero entonces me dice: “Sí, pero tú no lo has puesto en el IMCO”. Entonces, necesito ir a ponerlo al IMCO para que ya se sepa. Gracias, Alejandra Rascón, por supuesto; y gracias a Ricardo Corona, por favor tu intervención. Mtro. Ricardo Corona: Me uno al agradecimiento de la invitación a los señores comisionados, a todos los comisionados, al INAI por este gran esfuerzo que indiscutiblemente, si volteáramos unos 10 o 12 años hacia atrás, evidentemente estas discusiones con sociedad civil,

con academia y con gobierno, no había, ni mucho menos sabíamos cuánto ganaba el Presidente o cualquier funcionario, el que ustedes me digan. Son temas que ya están superados. Es un conocimiento, la transparencia, la rendición de cuentas, la transparencia como parte de la rendición de cuentas, tomando el concepto que muchas veces menciona Lourdes, la transparencia como parte de la rendición de cuentas contribuye, evidentemente, en este conocimiento progresivo que indiscutiblemente es necesario para legitimar el quehacer gubernamental. En términos generales vemos que esta ley se está apegando a estas características de mejor manera, se está aterrizando más a la demanda de lo que está requiriéndose en términos de información para esta legitimización. Particularmente por el tema y en lo general por el contenido de la Ley, me parece importante que se alinea a otro eje transversal, aparte de la rendición de cuentas o como parte de la rendición de cuentas, que es el del dinero público; y digo dinero público porque sin dinero público no funciona nada de los programas, de los salarios de gobierno, etcétera, y que ha sido la fuente de muchos problemas que hemos visto de manera reiterada en los últimos meses, los últimos años, vinculados a opacidad, vinculados a corrupción, etcétera. El contenido de esta ley respecto de los sujetos obligados que se han mencionado, ya aborda de manera explícita temas de fideicomisos, qué bueno, porque los fideicomisos era una práctica que todo mundo dice fideicomiso, agarramos el dinero y bloqueamos la información y no hay acceso. Sindicatos. No tengo que decir mucho de los sindicatos, tabuladores salariales, perfecto, también ya sabemos porque hay un contexto de las finanzas públicas, particularmente a nivel subnacional que nos está diciendo que hay un incremento de salarios y no sabemos por qué, no sabemos si es por la presión de las pensiones o si no sabemos si se están subiendo el sueldo de manera discrecional los servidores públicos.

Programas de apoyo, subsidios. Eso de que subsidio, si uno ve los presupuestos que subsidio, pregunta uno ¿qué es un subsidio? Y la respuesta es: “Otros”, pero “¿Qué es otros?”. “Otros”. Este tipo de temas ya comienza a desagregarse a nivel de Ley. La cuenta pública, qué les tengo que decir respecto del ciclo de este dinero público, importantísimo, cosas tan simples que diría uno ahora como el curriculum vitae, que muchos no han cumplido con esta obligación, pero es algo muy sencillo; o el registro de los servidores públicos sancionados. Insisto, todos estos elementos que permitan, evidentemente, al tenor de un lenguaje ciudadano, hacer saber a la ciudadanía qué está pasando con estos ejes transversales, rendición de cuentas, manejo de los recursos públicos para legitimar, para informar y contribuir a este conocimiento progresivo que legitime el quehacer gubernamental. Esto evidentemente va de la mano con una vinculación del día a día con las personas, insisto, lo que la gente ve desde su municipio, desde su estado o en el país. En el IMCO trabajamos actualmente con un poco más de 70 municipios, con 20 estados de la República y vemos que estos son los temas en términos de rendición de cuentas que hacen mucho hincapié la ciudadanía y que, sin duda, este esquema, insisto, desde la ley va a contribuir al cierre de esa brecha, que nos parece uno de los grandes retos del país. ¿Un poco más en lo individual qué vemos? Se ha mencionado la ampliación del margen de aplicación de la Ley, ya mencioné los sujetos obligados, ya explícito, aunque parecería, uno como abogado dice: “Voy a los principios constitucionales…” bueno no, ya está en la Ley explícito, ese margen de ampliación me parece importante. Características sistemáticas de un Sistema Nacional de Transparencia, importantísimo, no ver a la transparencia como un clúster, como un cuadro que se cubre y no coexiste con las demás áreas que deben cubrir, que deben atender las entidades.

Algo importante que, también se mencionó ya desde la participación de Alejandra Ríos, es la actualización de los formatos. Uno habla de floppy, amén de que uno dice qué generación cuando habla de floppys, pero de repente vemos también que, por ejemplo, pido información, me mandan un CD con un archivo que pudo haber sido enviado en un correo. Este tipo de mecanismos ya se está contemplando, valioso también. Los principios, que en términos generales legales ya existían, pero se está haciendo énfasis puntualmente en certeza, eficacia, eficiencia, objetividad, profesionalismo, etcétera. Ahora bien, como novedoso, me parece que uno de los temas importantes es el de la proactividad, que está mencionado en el rubro del panel. ¿Por qué la proactividad? Porque es el detonante de todo lo que debe hacer tras bambalinas el INAI. La proactividad la vemos como el gran reto que refleja la demanda de la ciudadanía; si los sujetos obligados van a transparentar información, van a ser proactivos, esa proactividad debe tener el respaldo de que la entidad, la unidad va a saber qué es lo que la ciudadanía quiere, y esto implica un reto que no es menor. La sociedad civil, demandante de información, es dinámica. Un contexto –se mencionaba aquí el tema de Ayotzinapa– específico puede detonar otra demanda de información, así que esa movilidad, esa dinámica, complica la proactividad en tiempo, como decía Leonardo Curzio, el día a día de la información que se requiere. Me parece que al momento en que se menciona en la Ley como uno de los principales objetivos de este instrumento, ahí se está atendiendo esto que, insisto, lo digo con la cautela de que está en la Ley lo que estamos subrayando, pero implica mucho trabajo dinámico para que, no el INAI, los órganos locales –que ahí está otro gran reto– entiendan cuál es la información que se quiere, tengan los mecanismos, tengan la capacitación, estén en condiciones de cumplir con ese objetivo.

Otro punto novedoso es que se rompe la barrera de lo local. Cuando uno pide información una de las grandes barreras que hemos tenido, una muralla, es: “La Ley Federal no es la ley local. Yo te respondo eso porque mi ley me permite esto”. Creo que ya se rompe esa lógica y qué bueno, hay varias leyes generales, como la de contabilidad, que es general, es para todos, y si esta ley está considerando a la Ley General de Contabilidad también, en términos de la rendición de cuentas, ya se rompe esa barrera que nos ha generado muchas dificultades para acceder a información. Otro tema, las facultades que tiene el INAI, importantísimo papel que va a jugar. A nivel federal hemos trabajado ya cuatro años en Gobierno Abierto y hay un proceso, un antecedente de sensibilización en términos de rendición de cuentas y transparencia; pero en lo local, a nivel estatal y municipal, me parece que es el reto mayor que tiene esta ley, y aquí las facultades que se están dando al Instituto para sensibilizar, para cooperar, para atender el cumplimiento de los principios, incluso para generar herramientas y criterios de cómo se deben determinar las resoluciones, me parece que es un buen impulso que permitiría contribuir en esta armonización que, insisto, no es menor, porque ya hay algunos ejemplos que comentaré más adelante. También atiende a la AGA, no me detengo en eso, ya lo comentó Alejandra, simplemente reiterar los principios y me enfoco en dos: Participación ciudadana y rendición de cuentas. Y la herramienta de prueba de daño es esta garantía que tiene quien solicita información, que si se me niega la información me están dando una justificación en papel, firmada por la autoridad, que me tiene que dar certeza jurídica de por qué no se puede. ¿Cuál es el problema? ¿En la práctica qué hemos visto hace no muchos años? Lo digo a título personal, por los ejercicios que hacemos desde el IMCO, es que cuando uno solicita la información, la obligada me dice que no, me voy a la revisión, la gano en el Pleno del entonces IFAI, voy con la autoridad obligada y me dice: “Sí, tienes razón, pero no te voy a dar la información de todos modos”.

No están los mecanismos que hagan eficaz ese control de que se cumpla con la obligación de la obligada e, insisto, esto hace un par de años exactamente. Insisto aquí también en el tema que esta Ley está contribuyendo, se está alineando a otro eje transversal, que es el de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya expliqué por qué es importante. Ahora bien, ¿qué vemos como mejorable del instrumento? Me enfoco en la Ley, el vínculo con la autoridad de control. Les mencionaba que si la autoridad, si el INAI o el órgano garante resolvía que me tenían que dar la información y no me la daban, y yo iba a reclamarle a la obligada que cumpliera, me ha pasado que me dicen: “Está bien, qué bueno, está bien tu resolución, pero no te la voy a dar”. Bueno, ¿vínculo con la autoridad de control o con las facultades? No que el INAI o que los órganos garantes sancionen, aquí me refiero solamente a esa vinculación. Me parece que dentro del sistema sí hace falta un poco más ese peso o claridad en cómo se va a hacer, porque si de repente un órgano local dice: “Déjame determinar si tu revisión la voy a pasar al INAI”, eso ya me genera cierta incertidumbre de cuál va a ser el criterio con base en el cual se va a determinar esa remisión. Otro tema que se ha mencionado también, Poder Judicial, Poder Legislativo. Sí se menciona la sujeción de estos principios, que evidentemente los principios son unos para toda entidad pública, salvo las reservas que deben estar justificadas. Perfecto. Aquí me parece que sí se tendría que enfatizar más la participación hacia adelante, evidentemente, que se cumpla en un esquema similar al que se hace desde los poderes ejecutivos con quienes hemos trabajado en algunos ejercicios o desde el Poder Ejecutivo Federal, que también sucede lo mismo en el Poder Judicial y en el Legislativo. Mencionaban hace rato el número de acuerdos, número de reformas, perfecto, pero ya a nivel Ejecutivo Federal no vemos número de acuerdos o número de resoluciones, vemos información mucho más sustantiva.

Ya me gustaría ver, por ejemplo, en el Poder Judicial; desglose del Capítulo 1000 y del Capítulo 4000, vamos viendo cosas más sustantivas que nos permita entender cómo funciona y por qué funciona como funciona el Poder Judicial, lo mismo para el Legislativo. Otro tema que sería mejorable, el tema de las cuotas de acceso. No sé cómo una generación de incentivos que impidan que suceda algo, que también me ha pasado a título personal, pido una información me dicen sí, costo de reproducción, uno imaginaría ese CD o ese floppy o no lo que me digan. Resulta que la información cuesta 115 mil pesos u 800 mil pesos, depende las bases de datos de información que ya se generó, pero que le están poniendo un cobro. Una dependencia chica, alguna unidad específica es la que está generando ese concepto de cobro, esa parte me parece y lo digo para las organizaciones que nos dedicamos a esto o bien para la academia que son los insumos a partir de los cuales generan estos productos. Finalmente, en la parte de retos se ha mencionado, no me detengo cuáles son los plazos específicos para cada uno de los lineamientos, para el sistema, para instaurar, hay un plazo; no digo si está bien o está mal, debe tener su respaldo de análisis. Lo que sí me gustaría ver es que se cumplan, que no se deje de cumplir, que no haya una necesidad de prorroguitis como ha pasado, por ejemplo, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que no se cumple. Veremos el próximo año la reforma panal hasta dónde se cumplió y ahí lo que estamos viendo es una indispensable prórroga para que los sujetos obligados cumplan con esta ley. O en el peor de los plazos, ante un incumplimiento se carezca de estos mecanismos de control que en algún momento se han mencionado, que den certeza a las personas que están solicitando la información con base en los principios que igual contiene la ley.

Esto quiero referirlo mucho más a nivel subnacional, porque sabemos que son quienes carecen, les está llegando un mundo nuevo tanto a los servidores públicos, a nivel estructura institucional, al ciudadano municipal, al ciudadano estatal le está llegando un mundo nuevo con esta alineación a los criterios de una ley general. Ya mencioné lo de los mecanismos de control, esto con la finalidad de transformar al actor, al ciudadano, que los servidores públicos también son ciudadanos, transformar al ciudadano y transformar al servidor público, ese balance va a contribuir mucho con la legitimación del quehacer gubernamental. No hay que olvidar que la ley de transparencia, que el INAI está velando por esta garantía, tiene que tocar base con temas específicos, todos los ejercicios que hacemos no es transparencia per se, es vamos a ver finanzas, vamos a ver minería, vamos a ver programas sociales, vamos a ver escuela, vamos a ver candidatos. Que se sensibilice ese nivel de manera equitativa, tanto desde el que solicita la información, el destinatario final, como el ejecutor de esa obligación que es el servidor público. Con esto me parece que se va a contribuir a legitimar el quehacer gubernamental, falta mucho, perfecto, hay mecanismos, ya mencionamos aquí algunas, en todos los paneles cuáles son las áreas de mejora, pero me parece que una gran reflexión es que si volteamos 10 años hacia atrás, nos damos cuenta cuáles eran las condiciones del análisis de este tipo de temas. Muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a Ricardo Corona, del IMCO. Desde luego a la mesa y nada más decir, fíjense qué problema, lo menciono porque es problema tecnológico, dijiste que el floppy, yo me quedé en el fliper, fliper era el símbolo de aquel delfín. Fíjense ustedes que llegaron una cantidad impresionante de preguntas que podrían llamarse solicitudes o requerimientos informativos, pero

qué creen, ninguno trae correo electrónico, no hay manera de constar ahora, porque tendríamos que pedir a don Oscar Guerra Ford que responda con otra exposición tan amplia casi como la que nos hizo en la primera y no. Creo que todos tenemos hambre y muchas cosas también, desde luego a Alejandra Ríos Cáceres del CIDE, desde luego a Alejandra Rascón Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer? Solamente hay una manera, que por favor quienes hicieron preguntas, nos aguanten para que nuestras compañeras edecanes, para poderles mandar al correo la respuesta. O decía Oscar, ustedes a su vez nos envíen al correo, al correo de don Oscar Guerra y de un servidor, para que las turnemos a las compañeras, Alejandra Ríos y Alejandra Rascón y, por supuesto, a Ricardo Corona, del que también llegaron muchas solicitudes, de cada uno; y de esa manera las podamos atender, porque de otra forma, imposible. Agradecemos, este Seminario cumple con esta mesa una faceta más y a cada uno de ustedes, con gratitud, a nombre de todos los compañeros comisionados del INAI, les entregaremos su constancia, muchas gracias. Las presentaciones se subirán al portal, para que todos lo que se interesen conseguirlas, lo puedan hacer. Muchas gracias a todos.

(Receso Comida)

Panel: 4 Nuevos Sujetos Obligados y figuras de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Presentador: Vamos a dar inicio justamente a este panel número 4: “Nuevos sujetos obligados y figuras de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, encaminado al análisis de las obligaciones que la Ley General impone a los nuevos sujetos obligados como fideicomisos, fondos públicos, partidos políticos, sindicatos y organismos constitucionales autónomos. De antemano les ofrecemos una disculpa, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar tuvo un pequeño percance, viene retrasado, pero en un momento más estará con nosotros. Pedimos al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI por favor modere esta mesa. Moderador, Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias, muy buenas tardes, damos continuidad a este Seminario que iniciamos el día de hoy por la mañana. Tendremos la mesa ahora que corresponde el tema, como ustedes saben de este panel que es el número cuatro, es: “Los nuevos sujetos obligados y figuras de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, por eso nos acompañan diversos funcionarios ligados a estos nuevos sujetos obligados o a estas nuevas figuras, como pueden ser los fideicomisos y los fondos públicos, entre otros, los sindicatos, etcétera. Nos acompañan en este panel el licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, quien es titular de la Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaría de Hacienda. Y alguien dirá, ¿y la Secretaría de Hacienda por qué? Porque ya es sujeto obligado desde hace tiempo.

¿Por qué? Porque hay una parte de fideicomisos y fondos que la Secretaría de Hacienda en muchos de ellos tiene relación o los regula, y por eso obedece su presencia, aparte obviamente porque la Secretaría es un sujeto obligado. También nos acompañan en esta mesa Edgar González Corzo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le voy a dar primero la palabra. También está en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una maestría en Derecho Público y es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de la Universidad Panamericana actualmente es profesor de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro del Poder Judicial de la Federación fue asesor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Director General de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y Secretario de Estudio y Cuentas adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte. Él está representando también a un nuevo sujeto obligado que lo regía la Ley Federal de Transparencia, pero no estaba dentro de lo que era el IFAI; y ahora en la Ley General será la Comisión Nacional de Derechos Humanos también un sujeto obligado. Voy a darle la palabra hasta por 10, 12 minutos para que nos exponga desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos cómo están viendo esta Ley General y, en su momento, que también obviamente la Ley Federal que tendrá implicaciones para este sujeto obligado. Si nos haces favor, Edgar. Gracias. Lic. Edgar González Corzo: Con mucho gusto, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer una aclaración que asisto en representación del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien debido a cuestiones de última hora relacionadas por supuesto con la intensa

agenda de los derechos humanos no pudo estar aquí con ustedes como era inicialmente su deseo. Me pidió que les transmitiera un afectuoso saludo, cosa que hago en este momento, en el entendido que seguramente habrá una oportunidad posterior para compartir algunas reflexiones con ustedes. Saludo con afecto a los integrantes de la mesa y también a las personas que están en el auditorio alguna de las cuales conozco y son amistades de hace tiempo. Quisiera aprovechar este tiempo para abordar el tema, el contenido de las reflexiones que traemos en dos partes: Una primera con algunos cuestionamientos, no se puede resolver todo, también es cierto que no debemos echarle más leña al fuego poniendo más reflexiones e inquietudes en un evento que tiene como objetivo aclarar las cosas, pero sí conviene hacer una reflexión o varias reflexiones en el sentido de lo que está sucediendo a diversos niveles de nuestro ordenamiento jurídico. Eso, una primera parte. Y una segunda parte ya con alguna posición que se tiene en cuanto a nuevo sujeto obligado. En lo que a la primera se refiere. Yo creo que hay tres palabras con las cuales yo quisiera hacer esta reflexión, un poco ponerlas en juego. Una es exigibilidad de los derechos humanos; otra es el alcance nacional de los derechos humanos y, una tercera, posición jurídica institucional, relacionado con los derechos humanos. Solamente haré un señalamiento rápido, insisto, no me puedo detener para hacer una exposición más amplia debido al tiempo. En relación con la primera: Exigibilidad de los derechos humanos, ¿cómo hacemos que los derechos humanos tengan efectivamente un resultado? Eso que está previsto en la Constitución. Anteriormente lo teníamos de una forma genérica y esa forma genérica se realizaba a través de una ley que desarrollaba el contenido del texto constitucional, que establecía un derecho humano y, posteriormente, con una revisión, con un control jurisdiccional de lo que las autoridades hacían al aplicar el texto de la ley. Eso es la

exigibilidad tradicional que nosotros hemos tenido hasta recientes fechas. Ya podemos decir que entramos en una segunda etapa, que es la especial. Ya la exigibilidad no depende de una manera tan directa de lo que es la ley y de esa supervisión jurisdiccional. En esta segunda etapa lo que estamos viendo son órganos constitucionales autónomos, que lo que hacen es poner en juego, hacer efectivo el contenido de las normas constitucionales que tienen establecidos derechos humanos. Ha cambiado desde mi punto de vista el desarrollo legislativo a un desarrollo autonomizado e, inclusive, institucionalizado. Al final, debo de aclarar, no obstante, se recurre –porque existe esa posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico, imposible no decirlo– al Poder Judicial. Esa exigibilidad pasa de ser naturalmente legislativa y ahora la tenemos en un desarrollo autonomizado e institucionalizado, si ustedes toman en cuenta todas las instituciones que ahora se han creado y que aquí tenemos al Instituto Nacional de Acceso a la Información y también tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros tantos órganos constitucionales autónomos. El segundo lugar del alcance nacional de los derechos humanos. Donde quiera que esté uno, donde quiera que se encuentre una persona tiene los mismos derechos en nuestro país, o sea, el norte, Tijuana; sea el sur, Tapachula, todos tienen los mismos derechos y para eso tenemos nuestro texto constitucional. Lo que ha sucedido es que al unir esta situación de alcance nacional de los derechos humanos con la forma de Estado federal, hemos tenido una evolución muy particular, nos hemos detenido mucho, lo que le corresponde a la Federación, lo que le corresponde a los estados, pero materia de derechos humanos, e insisto, el alcance es nacional.

Como quiera que sea, en estos momentos, a últimas fechas estamos retomando lo nacional, y ahora lo desarrollamos mediante una Ley General que tiene jerarquía superior a las leyes federales y a las leyes locales. Esa naturaleza nacional de esos derechos humanos parece que va acompañada de una nueva Ley General, que es lo que ahora estamos viendo. Finalmente, sólo para señalar esta primera parte, la posición jurídica en la que se encuentran los derechos humanos debido a su exigibilidad, a través de instituciones o desarrollo autonomizado, como acabamos de indicar. Yo creo que todas las instituciones se conectan y, por supuesto, en algunos casos entra la especialidad. La posición jurídica que pueda tener una institución u otra institución, un órgano constitucional autónomo u otro órgano constitucional autónomo va, en buena medida, en el ámbito propio que tenga cada una de ellas pero, señalo, siempre están conectados; hay una constante que hace que estén en interrelación. La transparencia es uno de los aspectos que desde mi punto de vista conecta transversalmente a todos los órganos constitucionales, como también la protección de los derechos humanos conecta transversalmente a todas las instituciones. Así que lo que hay que buscar en este nuevo check and balance espejos y contrapesos, es el balance que debe haber, el punto medio, la relación mesurada entre instituciones en esta estrecha relación; los puntos de encuentro entre instituciones que tienen el objetivo de desarrollar esos derechos humanos. Entro a la segunda de las partes de esta exposición. Reformas hemos tenido muchas, el texto constitucional ha sido motivo, en esta materia, de una especial actividad. Hemos visto reformas constitucionales y también hemos visto reformas legales, con la última, que es la Ley General.

Sin duda la materialización de estas reformas será fundamental para dar paso a un nuevo modelo en que el trabajo de los organismos garantes se convierta en la base para cumplir cabalmente con las importantes responsabilidades que la Constitución y la Ley están mandatando. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibimos la nueva Ley General de Acceso a la Información Pública con beneplácito y con la mejor disposición para atender sus mandatos. Justo es decir que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es nuevo sujeto obligado, esta institución atiende obligaciones de transparencia y solicitudes de información del público desde hace 12 años, a partir de que su Consejo Consultivo emitiera, el 29 de abril de 2003, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información. Con base en esta normatividad interna se establecieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los órganos responsables de la transparencia, la unidad de enlace, las solidarias responsables y la instancia de revisión. En todo caso, lo novedoso para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consiste en que, al igual que otros organismos autónomos, estará sujeto a los mandamientos derivados de la Constitución y de la Ley General en materia de Transparencia. Hemos tomado nota de manera muy puntual de las nuevas obligaciones de transparencia que son comunes a todo sujeto obligado y de las específicas que corresponden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que está establecido en los artículos 70 y 74 respectivamente de la nueva Ley General que nos ocupa. Actualmente las visitadurías generales y demás áreas involucradas están organizando lo necesario para que la Comisión Nacional, en lo sucesivo, con base en la calificación que haga la autoridad competente, vaya colocando toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, incluyendo, en su

caso, las acciones de reparación del daño, de atención a víctimas y de no repetición. Sobre este asunto reiteramos el pronunciamiento que hemos formulado anteriormente, para que tanto el Poder Judicial como el Legislativo en sus respectivas oportunidades, aquilaten debidamente la trascendencia de una calificación de hechos como violaciones graves de derechos humanos y por tanto, definan cuál será en el futuro la autoridad encargada de tal decisión y su vez reflexionen sobre el riesgo de escindir esa atribución entre dos autoridades para efectos jurídicos diversos. Toda la información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos será colocada en la página web. Previamente se está generando la metodología que permita sistematizar permanentemente esta información, para que además de publicar las acciones correspondientes, esto es: Recomendaciones, informes, acciones de inconstitucionalidad y otra información más, se publique información agregada de carácter estadístico que permita visualizar de conjunto la actuación del Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la defensa, promoción y difusión de estos derechos. Enfrentamos, como todas las instituciones y entes públicos, el desafío de atender adecuadamente los mandatos fundamentales en materia de transparencia. Aunque muchas de las atribuciones actualmente son realizadas, las implementación de otras representa grandes retos en términos presupuestales, humanos y tecnológicos que tendrán que ser solventados para cumplir con las disposiciones de la nueva ley. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este reto es particularmente complejo, ya que se ve en la necesidad de conciliar su misión en defensa y protección de los derechos humanos con las obligaciones de transparencia.

Esta es una institución que tiene que garantizar la eficacia de sus investigaciones y de su acción protectora de los derechos humanos al mismo tiempo que el acceso a la información pública que posee. Tenemos que procesar el hecho que el ombudsman es vigilante de la actuación de todas las dependencias y entidades públicas federales en materia de derechos humanos. En nuestra opinión, en el futuro debemos fortalecer la complementariedad entre ambas instituciones a fin de que cada una cumpla mejor su cometido. Para ello, impulsaremos los mecanismos institucionales que formalicen la colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Instituto Nacional de Acceso a la Información para el cumplimiento de sus respectivas atribuciones de control constitucional en el ámbito de los derechos humanos y del ejercicio y disfrute del derecho a la información. Particularmente, hacemos explícito nuestro compromiso de colaborar activamente con el Instituto Nacional de Acceso a la Información en todo lo concerniente al desahogo de nuestras obligaciones de trasparencia. Estaremos atentos a las orientaciones de esta Institución, tanto para atender lo que nos corresponde de manera directa, como para contribuir con este órgano regulador a impulsar nuevas políticas de trasparencia. En el marco de las atribuciones exclusivas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya estamos trabajando para instrumentar en la práctica, las nuevas disposiciones legales en materia de transparencia y atención al derecho a la información. Al respecto, expresamos nuestra decisión de avanzar en la articulación de las acciones necesarias e incluso, en la reconvención de áreas y estructuras de la institución para estar en condiciones de satisfacer plenamente el derecho a la información de las personas en los términos de la nueva legislación en la materia.

Necesitamos, ciertamente, modernizar los procesos generadores de la información y los relacionados con su trasiego y publicación, para ello, tendremos que mudarnos por completo hacia un manejo digital de la información, por lo que será necesario desarrollar los sistemas correspondientes. Tendremos que estandarizar la metodología e interconectar las bases de datos de las visitadurías generales y de las áreas sustantivas a fin de que la información esté disponible al público que consulte la página web y los solicitantes de información. Iremos decididamente hacia la consolidación de los datos abiertos, accesibles, integrales, gratuitos, oportunos, permanentes, primarios y no discriminatorios, en formatos abiertos, que permitan a la población analizarla y contrastarla. Construiremos la plataforma electrónica que nos permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señalados en la nueva Ley General y habremos de sumarnos, con base en ello, a la Plataforma Nacional de Transparencia, prevista por dicho ordenamiento legal. En nuestra opinión, el trabajo del Poder Legislativo en esta materia ha sido plausible y de la mayor trascendencia, pues se ha dado un renovado impulso con la expedición de esta Ley General a un tema muy relevante, en la construcción y consolidación de toda la democracia, como lo es el de visibilidad del poder público. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las entidades que representa la vanguardia de la administración pública mexicana, en el proceso de construcción de la democracia y de consolidación de un Estado Constitucional de Derecho. En el marco de su misión y de sus objetivos fundamentales, y en seguimiento a su compromiso demostrado durante un cuarto de siglo, aportará todo lo que sea necesario, en el ámbito de sus funciones, para consolidar, de esta manera, el ejercicio del derecho humano a la información. Muchísimas gracias.

Moderador, Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias, Edgar Corzo, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues sí, nos recuerda, obviamente, que muchos de los fiscales obligados o nuevos sujetos, no son nuevos en el tema, sino finalmente desde hace tiempo la Ley Federal los abarcaba a ellos, nada más que había una diferencia entre la administración pública federal y los otros que se llamaban, una palabra que acuñan ni a mí me gusta, pero así les denominaban los OSOS (Los Otros Sujetos Obligados), el IFAI no era competente ante ellos, sino tenían que darle cumplimiento a la Ley Federal y por eso sus reglamentos, como nos indica el visitador y obviamente sus unidades de enlace, contestar las solicitudes, publicar en su portal, etcétera. Por lo cual, eso también nos genera confianza al INAI, que obviamente vamos a colaborar y vamos a estar trabajando con instituciones que ya conocen estos derechos y que han hecho también cosas muy importantes y ejemplares en la materia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los derechos que también tutela es el derecho al acceso a la información y de la protección de datos, como derechos humanos; sólo que al INAI, como órgano especializado, le toca vigilar el cumplimiento de estos derechos y ser el órgano garante, en ese sentido. También felicitamos y qué bueno, aplaudimos esta idea de felicitarse y sumarse a la Ley General, en su momento la Ley Federal, para cumplir con todos los ordenamientos, como las publicaciones de oficio. El propio INAI publicará los criterios para la publicación de la obligación de oficio, tanto genéricas como específicas, obviamente consultando a los propios sujetos para hacer esto y la propia plataforma que se irá mostrando antes de su operación, para que los ciudadanos puedan preguntar a toda la trama de sujetos obligados. Agradecemos y apreciamos esta disposición de la Comisión y sé de los sujetos que están en la mesa, que todos han tenido ya un largo camino en el derecho al acceso a la información.

Ahora voy a darle la palabra a la doctora María Patricia Kurczyn, que como todos sabemos, es comisionada del INAI, nombrada igual que todos nosotros por el Senado en el 2014. Ella es licenciada y doctora en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y aparte orgullosamente universitaria, igual que un servidor y muchos de los de aquí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel tres; fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; se desempeñó también como Jefa de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la propia UNAM y es una académica universitaria de cepa, tanto en el Instituto de Investigaciones como en la propia Facultad. Es autora de distintas publicaciones nacionales y extranjeras, obviamente, como lo dije; y ella, los temas, bueno, todos, pero el que maneja más en este Instituto es la parte de derechos humanos y la parte, en su momento, también, que tendrá a su cargo, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, sindicatos, etcétera, como nuevos sujetos obligados; y también las autoridades laborales que ya lo eran, pero en esta nueva perspectiva de la Ley General. Es un gusto cederle la palabra a nuestra compañera, la comisionada María Patricia Kurczyn. Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos: Gracias, comisionado Guerra por su presentación tan amable, y debo decirles que para mí es un gran gusto y me complace el poder compartir esta mesa con compañeros y con personas de un nivel como el que están ahora tratando el tema que nos interesa a todos, pero en particular en relación a los nuevos sujetos obligados. Como bien ya lo dijo nuestro amigo Oscar, hay nuevos sujetos obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información señala como los nuevos sujetos en el artículo 23 a los sujetos obligados que están obligados, perdón por la redundancia, transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.

Y entre ellos está cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal. En tales circunstancias, la competencia del INAI se extiende a toda entidad que reciba recursos públicos en cualquiera de los casos, y entre ellos podríamos considerar a los órganos autónomos; ya lo hemos visto aquí al representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esas condiciones está también INEGI, el INE, CONEVAL, BANXICO, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Fiscalía General de la República, en su momento; y este propio Instituto es también un sujeto obligado. Se incluyen los partidos políticos y todo fideicomiso y sindicato, y todas las instituciones de educación superior quedan dentro de este mismo apartado, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y como todas las autónomas. En el caso de estas instituciones que están dotadas de autonomía, el artículo 75 de la nueva Ley les impone obligaciones específicas que son adicionales a las genéricas que se señalan en el artículo 70, y eso requiere hacer consideraciones y un análisis muy precavido. Veamos el caso de la UNAM, que con fundamento en la fracción VII del artículo 3º Constitucional se autogobierna en sus actividades de educación, investigación y difusión de la cultura de acuerdo con los principios constitucionales, teniendo como ejes rectores a la propia autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines institucionales encomendados en general. Esta autonomía universitaria a veces ha sido malinterpretada o entendida como un sinónimo de ajenidad estatal, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó precedentes para delimitar su

alcance y la forma en que se llega a ella, lo que también tiene repercusiones en las formas y modalidades del ejercicio de la rendición de cuentas. En ese sentido, la UNAM tiene la posibilidad de contar con un marco normativo que le permite regular los mecanismos de transparencia, de acceso a información, la protección de datos personales, tal y como lo ha venido haciendo. En esos supuestos, cuando algún solicitante de la información se siente agraviado porque la información no corresponde a la petición inicial, su único camino es recurrir la respuesta ante el Consejo de Transparencia Universitaria integrado por funcionarios de la propia Universidad. Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y la construcción de la plataforma nacional, la UNAM, al igual que otras instituciones educativas que gocen de autonomía, deberán forma parte de esta estructura y los recursos de revisión que se interpongan serán del conocimiento de este Instituto. Lo anterior sin lugar a dudas, representa un reto importante, y para ello me permito retomar algunas preocupaciones del extinto jurista Jorge Carpizo, sobre todo a aquella particular de armonizar la transparencia y acceso a la información con la autonomía universitaria. El maestro Carpizo consideró que el derecho a la información y el acceso a la documentación por parte de las universidades públicas autónomas es para las mismas, dijo: “Una obligación constitucional y legal”. Pero hay algo más, que es la responsabilidad ética porque las universidades deben ser y dar ejemplo de transparencia, ya que son parte esencial de la conciencia crítica del país. Estas consideraciones, sin lugar a dudas provenientes del fervor de un gran universitario, sustentaron el pensamiento del constitucionalista Jorge Carpizo, quien buscando en todo momento salvaguardar la autonomía universitaria, nunca la usó como pretexto para soslayar las obligaciones de transparencia que se tiene con los mexicanos; más

aún, lo llevó a preocuparse por otros aspectos, como el relativo a la noción de autonomía universitaria, pues en algunas leyes se identifica organismo autónomo con universidad pública autónoma. Y si bien ambos poseen una serie de atributos similares, también hay diferencias notorias. Una de ellas es que las autoridades académicas en las universidades públicas autónomas son designadas por sus propios órganos de gobierno, en tanto que en los otros organismos se designan por uno o dos de los poderes del Estado. Todos estos elementos fueron parte de la construcción de una verdadera transparencia universitaria y donde debemos considerar que las universidades públicas autónomas, con el desarrollo de las nuevas tecnologías publican o tienen en sus páginas electrónicas abundante información sobre ellas mismas, que incluyen los aspectos más diversos que van desde los datos básicos, como generalidades de las instituciones, hasta aspectos específicos como resultados de investigaciones o proyectos. Notable ejercicio de transparencia proactiva, donde se pone a disposición información aún sin solicitarla. Esto es palpable en muchas de las universidades del país. La información, sin duda, habrá de extenderse respecto de los becarios, que salvaguardando sus datos personales no deben quedar exentos de informar y rendir cuentas sobre el resultado de sus estudios ni tampoco de aquellos proyecto especiales en que la Universidad otorga recursos distintos a los diferentes profesores o investigadores en sus distintos proyectos. Resulta satisfactorio encontrar portales de… Y déjenme que les diga, que en la Universidad de todas maneras, por lo menos en la UNAM, que por fortuna no me tocó a mí y estoy segura que tampoco a los compañeros de la Universidad que aquí me acompañan, pero sí a algunos compañeros cuando tenían que rendir las cuentas del dinero que se les entregaba para hacer algún proyecto de un viaje, un proyecto de investigación, etcétera, luego llegaban y decían: “¿Tú crees? Y me hicieron que les devolviera mil pesos o mil 500” a lo mejor había otras cantidades que no se pudieron comprobar o que simplemente no se habían gastado. La Universidad en esto,

religiosamente, exige la devolución porque lleva las cuentas con mucha transparencia. Resulta satisfactorio encontrar portales de transparencia universitaria que son fiel reflejo de esta intención de proactividad. Basta, y los invito a que consulten las páginas de la UNAM, de la UAP, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la propia Metropolitana, de la de Sinaloa entre otras y darse cuenta que están trabajando en estos temas y que la rendición de cuentas es una política adoptada por las mismas, no como una obligación, sino como un compromiso. Y permítanme retomar las palabras del doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, quien en una conferencia dictada en Guatemala en febrero del año pasado señaló: “Tenemos la obligación como Universidad pública de poner la ciencia al servicio de los demás desprotegidos y a favor de la lucha contra las graves injusticias, contra problemas de hoy y siempre, como el analfabetismo, la pobreza y el deterioro del ambiente entre otros. El carácter público nos obliga –dijo el rector Narro–, además, a tener transparencia y a rendir cuentas a la sociedad, que esa es la parte importante. La conciencia de que la Universidad debe de rendir cuentas”. En cuanto a la experiencia de este Instituto hemos resuelto recursos de revisión que indirectamente son ejercicio de transparencia en casos de solicitudes de información que se formulan a otras instituciones, como el CONACyT, sobre programas, planes o proyectos de las universidades e instituciones de educación superior que son autónomas, cuya respuesta no ha satisfecho a los particulares que recurren ante el INAI. En estos casos, este órgano garante en todo momento ha analizado no sólo la legislación aplicable en materia de transparencia, sino también la legislación universitaria, para no vulnerar el principio de su autonomía, como lo hará también en el caso de los sindicatos. Si bien este ejercicio representa una posibilidad para acceder a información en posesión de las universidades, es insuficiente, pues no en todos los casos se puede acceder vía indirecta, ya que, ejemplo,

CONACyT sólo podrá dar cuenta sobre aquellos supuestos en los que tenga participación, como ocurre en los proyectos de investigación. Por lo anterior, la implementación de una Plataforma Nacional de Transparencia será fundamental en el ejercicio del derecho de acceso a la información en los temas que nos ocupan y, sin lugar a dudas, nuevamente se realizarán ejercicios de ponderación que le permitan a este Instituto dilucidar si una petición de información fue o no cabalmente cumplida, pero sin vulnerar la autonomía de las universidades, cuyo respecto, como dije hace un momento, es un principio institucional. En la práctica podemos ver casos de otras instituciones educativas que ya son sujetos obligados directos en materia de transparencia. Así, en el acuerdo del Pleno mediante el cual se aprueba el padrón de sujetos obligados que conforman el Poder Ejecutivo Federal, un padrón del año 2014, se encuentran diversas instituciones educativas como el COLMEX o el CIDE y el Instituto Politécnico Nacional. Con eso quiero decir que hay experiencia y que el INAI estará atento a que se lleve a cabo un ejercicio responsable pero, sobre todo, eficiente del acceso a la información. Por otra parte, conviene ser claros y reiterar que las obligaciones de transparencia para las universidades e instituciones de educación superior no terminan con el cumplimiento de solicitudes de información. La ley General va más allá y para el fortalecimiento de una efectiva cultura de la transparencia se establecen mecanismos de colaboración entre sujetos obligados, organismos garantes e instituciones educativas y culturales, para procurar esas actividades. Sin lugar a dudas las universidades eran parte fundamental para cumplir con los objetivos que señala la propia Ley en el artículo 55. Por otra parte, según la Encuesta Sobre Confianza en las Instituciones, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 45 por ciento de los encuestados confía mucho en las universidades públicas, sólo por debajo de la familia y los amigos, lo que permite considerar que los

mexicanos tenemos confianza o sentimos tranquilidad en nuestras instituciones de educación superior, que son un referente importante en la vida democrática del país. Las instituciones de educación superior constituyen un espacio de reflexión, son pieza fundamental para el fortalecimiento de la transparencia desde las dos trincheras que hemos mencionado, como sujetos obligados en materia de acceso a la información y como coadyuvantes en la construcción de una cultura por la transparencia. Las reformas legislativas generaron presupuestos legales para brindar mayor fuerza vinculante al INAI y crearon nuevas condiciones jurídicas que benefician a los destinatarios de la información. Sin duda hay nuevos retos operativos y normativos al momento de salvaguardar los derechos contenidos en el mencionado artículo 6º de nuestra Constitución, presupuestos considerados y que el Instituto asume con toda responsabilidad. Muchas gracias. Esto es todo. Moderador, Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Agradecemos a la doctora María Patricia Kurczyn que, como vimos, finalmente lo que ella nos expone está más relacionado con los órganos autónomos, que son las universidades. Ella nos hablaba de la diferencia, entre otras, por ejemplo, el nombramiento de sus autoridades, como es distinto, por ejemplo, entre un órgano como el Banco de México, un órgano autónomo o la UNAM, donde el nombramiento de sus titulares es distinto. Es también un reto de las universidades, es cierto que hay universidades que sí transparentan, pero en el universo, como todo, también hay instituciones educativas que a veces dejan mucho que desear. Hay varios estudios en la materia sobre este tipo y el propio INAI, junto con Jurídicas, hará un seminario para ver la situación que tienen las universidades ahora como sujetos obligados. Y no es, cuando se dice ahora que no lo fueran anteriormente, ellos también han trabajado estos temas, unos de forma muy destacada,

pero la idea es homologar y homogenizar toda la información y todos los procedimientos para acceder a la información. Y qué más que las universidades, en un libro se decía, las universidades deben ser totalmente transparentes, también este artículo del doctor Carpizo hablaba de un órgano autónomo en el cual sus decisiones, desde sus propias autoridades, son dadas por la propia institución y dada su autonomía está doblemente obligado a rendir cuentas, a ser transparente de todas sus actividades dado que ella misma se regula a sí misma. También decía en otro artículo el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que en la casa de las preguntas, también sea la casa de las respuestas. Vamos a dar la palabra ahora al magistrado Salvador Nava, todos sabemos que actualmente es Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra parte de los nuevos sujetos obligados. Vuelvo a decir, no es, el Tribunal también tiene una larga historia en materia de transparencia, era de este tipo, que resolvían ellos mismos a través de su reglamente, etcétera; el propio Magistrado es el encargad de la Comisión de Transparencia en el Tribunal, pero también es importante conocer y sumar las experiencias que hay en estos órganos para potencializar el tema de la transparencia en términos de lo que marca la ley general. Antes de darle la palabra y leer algunos datos curriculares, no voy a leer todo. Les pediría que los que están haciendo preguntas, porque no nos va a dar tiempo, les voy a pasar a lo mejor una para que contesten. Pudieran poner sus correos electrónicos, sé que hay un error nuestro al no poner en la ficha su correo electrónico como un dato, para que en dado caso los ponentes puedan dar las respuestas por este medio, porque el tiempo es limitado en este asunto. Ya decía que el Magistrado es de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial; él es egresado de la Junta de Derecho de

la Universidad Iberoamericana; es doctor en derecho en la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en derecho constitucional y ciencias políticas. Fue Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT. Algo muy importante, él estuvo en la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, donde se ha iniciado formalmente todo el proceso de este tema que hoy nos tienen aquí, 12 o 13 años después del Grupo Oaxaca, en un avance importante. Le tocó redactar la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en aquellos momentos muy novedosa. Ha sido catedrático y conferencista invitado en diversas universidades en todo el país y también en más de 15 países, pone aquí algunos ejemplos y como todos sabemos es autor de diversos libros y publicaciones sobre los temas principales que él se ocupa, que son: Derecho constitucional, derecho electoral, trasparencia y acceso a la información y derecho parlamentario, entre otros. Es un honor que nos acompaña el doctor Salvador Nava, quien siempre ha sido un amigo del IFAI y ahora del INAI y de muchos de los órganos garantes de los estados que aquí nos acompañan, donde ha sido invitado en muchos de ellos. Salvador, estas en el uso de la palabra. Dr. Salvador Nava Gomar: Muchísimas gracias, Oscar. Apreciada, doña Patricia, José Ángel, José Alfonso; muy querido Edgar; Paco, entrañable. Hace dos días estuvieron todos los señores comisionados en el Tribunal Electoral y devuelvo la visita pronto. Muchísimas gracias, Areli y Joel por estar aquí y por la invitación.

Ofrezco una disculpa, hubo un error en mi oficina, nos dijeron que estaba retrasada la mesa media hora, ofrezco una disculpa, por eso llegue tarde. Estuve en la inauguración de este Auditorio, con el nombre de mi entrañable amigo Alonso Lujambio, es un placer estar aquí y agradezco muy sentidamente a mi Presidente, al magistrado Constancio Carrasco, porque me mandó en su representación, lo cual me honra profundamente, les traigo un saludo de ellos. Quiero comentar con ustedes cuatro planos, uno muy general, respecto de los llamados “osos”, uno sobre lo administrativo del Tribunal Electoral, porque ahora somos un sujeto regulado por esta Ley y nos podrá verificar, como lo hará bien el INAI. La segunda parte, respecto del tribunal abierto que estamos construyendo y la tercera, algunos problemas a definir con la ley, hablando de los retos y los alcances de la Nueva Ley Federal de Transparencia. El primer punto, respecto del espantoso nombre de los OSOS, de los otros sujetos obligados. Cuando participamos en la redacción de la primera Ley Federal de Transparencia, los partidos políticos, los de oposición en ese tiempo, PRI, PRD y Convergencia, que hicieron el proyecto que redactamos algunos ciudadanos, proyecto de iniciativa, lo suscriben como iniciativa propia y después en la negociación con el Gobierno Federal, en la bancada de Acción Nacional se convierte en esta Ley Federal de Transparencia. Todos los partidos, por unanimidad, nos dijeron: “No se va regular a los propios partidos, no se entra al Poder Legislativo, no se regularán los sindicatos, los órganos constitucionales autónomos”. Todo lo que se hizo fue una ley prácticamente en términos administrativos para el Ejecutivo Federal o para la administración pública, con una válvula de escape, que se refería a los otros poderes, para que regularan lo conducente.

Creo que el Poder Legislativo es el gran deudor de la materia, ha hecho muy buenas normas, pero cuando uno entra a ver sus cuestiones de transparencia, no están a la par de otros poderes. Me atrevo a presumir que el Poder Judicial sí transparenta sus cuestiones, el Poder Judicial de la Federación, yo lo escribí siendo profesor universitario, antes de integrar el propio Poder Judicial. Creo que la Corte fue la gran revelación. Esta idea de endogamia del Poder Judicial y que imagina a los jueces en un cubículo, con una toga, a puerta cerrada, con las cortinas abajo, redactando las sentencias y después va y las pega en los estrados para que la gente se entere de qué fue lo que resultó, creo que ha quedado atrás, tratamos de tener tribunales con las puertas y las ventanas abiertas. Lo que sí es cierto es que el diseño institucional era endogámico; yo presido una comisión de transparencia en el Tribunal, que antes revisaba nuestras propias negativas de acceso a la información, lo cual es, a todas luces, disfuncional, una endogamia que no tiene cabida en un estado democrático, porque tiene que haber equilibrio de poderes. Y este abuso que tenemos en el texto constitucional de órganos constitucionales autónomos, creo que responde a que la tricotomía clásica de la división de poderes de Montesquieu ya no cabe, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no son suficientes y se necesitan otros órganos en la ingeniería del Estado, como el INAI, para que revise algunas dinámicas que no se concebían cuando se diseñaron los poderes tradicionales y las dinámicas tradicionales del Estado. En este sentido, es un gusto también estar aquí, porque cuando redactamos esa primera ley y queríamos ir por más, parecía impensable estar sentados, hablando en un órgano constitucional autónomo, de un órgano del Estado, que por un lado verifica que se cumpla una obligación toral de un Estado democrático, que esas sean las cosas en públicas, al tiempo que este control y rendición de cuentas configura un derecho fundamental, lo cual es también otro parámetro de una democracia consolidada.

Y hablando de un Tribunal constitucional, como el que integro, tiene que rendir cuentas a todos los ciudadanos y si no se activa ese mecanismo de control individualizado que supone el acceso a la información, para que un órgano constitucional del Estado nos diga si lo hacemos bien o no lo hicimos así y tenemos que cumplir. Todo mi respeto y reconocimiento a la soberanía de este órgano que nos revisa, en su justa dimensión republicana. El segundo punto que quiero comentar con ustedes y en el cual no me detendré es respecto a la información administrativa del Tribunal Electoral. No me detendré porque toda es pública y si no lo fuera, aquí está el órgano garante para garantizar que así sea. Pero tenemos una vocación de transparencia en el propio Tribunal, la agenda de los señores magistrados, por supuesto la de un servidor, está en internet; si ustedes no me creen que estoy aquí, pueden meterse en su teléfono, en la app que tenemos del Tribunal y verificarán en mi agenda que estoy efectivamente aquí. El Comité de Adquisiciones del Tribunal se graba y ese video es accesible por la página de internet. Cada lápiz que se usa en el Tribunal se puede rastrear; las comisiones, las comidas, todo lo que interesa, toda la información, todo el recurso público que se ejerce en el Tribunal es absolutamente público. De más de cinco mil solicitudes de acceso a la información que tenemos sólo ha habido alrededor de 43, aquí está nuestro Director General de Transparencia, al corte de esta semana son 43 recursos de revisión y en más de la mitad de estos recursos han sido infundados porque la información ya era pública o era inexistente, es decir, puedo decir que es un Tribunal transparente. Y si no, repito, este órgano constitucional autónomo lo verificará. Tercera reflexión. Queremos ir hacia la noción de gobierno abierto, hacer un Tribunal abierto, no existen los tribunales abiertos, porque esta dimensión, afortunado concepto que inventó el Presidente

Obama, de gobierno abierto, tiene que ver con la interacción del ciudadano con la autoridad. No hay tribunales abiertos porque no podemos poner a consideración de los ciudadanos cómo quieren que juzguemos, es decir, el debido proceso, las normas constitucionales y las controversias que se plantean a la alta soberanía del Estado que se encarga de juzgar, son los que deben de llevar a una resolución justa; no es algo que esté al arbitrio de la ciudadanía. Por lo demás, hay que decir algo evidente también, y es que la mitad de las personas que van al Tribunal no están de acuerdo con lo que se resuelve, es decir, las partes que pierden el juicio no quedan conformes. Sin embargo, sí puedo decir que tenemos la sentencia, las resoluciones del propio Tribunal en 24 horas en la red. Sesionamos en público y tratamos de hacer un Tribunal cada vez más accesible. ¿Cómo transparentar algo que ya es transparente o hacerlo más transparente, si se me permite la expresión? Creo que sí hay manera, porque aunque es de avanzada tener las sentencias en internet, eso y nada podría ser algo parecido porque si hemos resuelto en esta integración más de 130 mil sentencias, para darles un número, este proceso electoral en marcha ha generado más de 15 mil juicios en el Tribunal, porque los números son impresionantes. Lo que ustedes han escuchado en la radio y visto en la televisión y en el cine es nada junto a los números totales, estamos hablando de más de 26 millones de spots en este proceso electoral, en los 18 procesos electorales, en los locales y en el federal. Esto activa a los partidos políticos que se acusan unos a otros, básicamente son las mismas acusaciones, no así cuando uno es el denunciante a diferencia de cuando es el denunciado; y todo esto está en la red, estamos alimentando las resoluciones sobre ello.

Si tomamos en cuenta que las sentencias suelen ser barrocas, eso creo yo, y que no se entienden absolutamente nada, eso creo también yo; porque la manera de garantizar algunas formalidades esenciales del procedimiento, es decir, de establecer quién demanda, por qué demanda, cuál es el hecho reclamado, cuáles son los agravios, cuáles son las pruebas y demás, hace que cuando se lee la sentencia en plano sea complicado llegar al núcleo esencial o al jamón de la sentencia que establece si se tiene el derecho o no, si se anula la elección o no, si fue violatorio el spot o no, si se traspasó el límite de gastos de campaña, etcétera. Y tenemos un modelo de comunicación judicial en el cual tratamos de hacer más amables las resoluciones. Aun así, esto no basta y la ciudadana es apática a la propia información, le gusta hacer escarnio pero no se mete. Y tenemos que, si se me permite la expresión, seducir a la ciudadanía, creo que es un deber de los órganos públicos para que se acerquen más a la información que generamos o a lo que hacemos, para decirlo en términos lisos y llanos. Y en este sentido, en especial esta administración que está bajo la presidencia del magistrado Constancio Carrasco, ha decidido ir al Tribunal abierto. ¿Cómo hacemos un Tribunal abierto? Vamos a invitar a expertos en temas claves cruzados con las sentencias que elaboramos para que expliquen si lo hacemos bien o lo hacemos mal; es decir, una especie de fiscalización de nuestras propias resoluciones, amicus curiae, es decir, amigos del Tribunal que juzguen nuestras sentencias. Tuvimos una reunión también antier, un día muy afortunado después de la visita de los señores comisionados, estuvo con nosotros la Premio Nobel de La Paz, Rigoberta Menchú, no le pagamos nada, la invitamos a comer, más vale aclarar. Y la invitamos como amicus curiae. Lo que va a hacer, y nos dijo que sí doña Rigoberta, es va a leer las sentencias del Tribunal en materia de derechos indígenas, de

derechos político-electorales que tienen que ver con los propios indígenas o con comunidades indígenas y dará su veredicto. Invitaremos a otros expertos, pensamos ya en tres rubros: Género, equidad de género, que es un tema muy delicado ahora cruzado con la materia electoral y otro con libertad de expresión, para que vengan al Tribunal, evalúen lo que estamos haciendo y lo hagan del conocimiento público, porque también cuando uno habla de sus propios logros es vituperio, alabanza en boca propia, se siente uno vendedor de coches, lote de coches “Chava el honesto, venga usted y mire qué bien funcionan los coches y más”. No, mejor que vengan los expertos, critiquen eso y serán autoridades de tal dimensión y de tal tamaño que me parece que sus nombres por sí mismos avalarán lo que están diciendo respecto de nuestro trabajo y podremos cumplir con un Tribunal abierto. El último punto tiene que ver con los problemas a definir. Y es que creo que el legislador dejó algunos cabos sueltos y sólo me ocuparé, por supuesto, de la materia que nos reúne institucionalmente o que tenemos en común, que es la materia que juzgamos y lo que resolverá el INAI en ese sentido o para decirlo de otra manera: En este sentido, no es que seamos otro sujeto obligado y no quiero pensar en la otra edad a la que se refería Ortega y Gasset: “Somos un sujeto obligado directamente”. Pero creo que sí hay una diferencia entre la información que genera el propio Tribunal, es decir, todo lo administrativo, lo jurisdiccional, lo que se nos pida y el cumplimiento de las obligaciones de la información pública de oficio, por un lado. Y el otro lado, el papel que cumple el Tribunal como un agente constitucional. Que es vehículo garante o rector a la vez de otros sujetos obligados para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Estoy pensando en los sujetos que están bajo la jurisdiccional del Tribunal: Partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, los llamados OPLEs –somos malos para poner nombres a las instituciones–, que son los Organismos Públicos Locales Electorales o los institutos

electorales; las propias salas del Tribunal, las regionales y la especializada y los tribunales locales. Pienso en lo siguiente, primer ejemplo: El acceso a la información o la información es un derecho en sí mismo –no quiero decir una parte doctrinal obvia, pero creo que aquí vale la pena–, la gente tiene derecho a saber, pero también es un derecho que se ejerce para alcanzar la efectividad de otro derecho. ¿Qué va a ocurrir? Y es un ejemplo que ya hemos comentado con los señores comisionados. Cuando un militante de un partido político pida una información a la cúpula del propio partido para ejercer su derecho político de participación. Por ejemplo, que un militante le diga: “¿Cuánto vas a sacar la convocatoria de la elección interna, para los órganos directivos del partido o para ser candidato?”, y que el partido no se lo dé. Si activa el mecanismo de defensa de acceso a la información y viene al INAI, el INAI lo mete en su complicadísima agenda porque resuelve todas las negativas de todos los datos de todas las autoridades del país, en este monstruoso país. Puede ser, puede darse el caso que los tiempos no den para ejercer el derecho político que quiere ejercer aquel solicitante de información. Un apostille, como diría mi gentil amigo el doctor Acuña. En derecho electoral todos los días y horas son hábiles durante el proceso electoral, el Tribunal Electoral no cierra como la Corte o el resto del Poder Judicial; nos turnamos para las vacaciones porque siempre tiene que haber quórum. El derecho electoral se caracteriza también porque los plazos causan definitividad, es decir, una vez que terminan las precampañas se va a intercampañas, una vez que terminan se va a campañas, una vez que terminan los procesos internos hay candidatos, una vez que hay candidatos no hay para atrás, una vez que se vota, no se puede posponer la elección, una vez que se toma posesión, se toma posesión.

¿Podríamos dejar sin efecto el ejercicio de algún derecho fundamental, un derecho político-electoral, por ejemplo, el de participar, porque un partido político no le da información a este militante y los tiempos del INAI podrían no llegar? Es un problema que puede suceder. ¿Qué ocurre? Estoy cómodamente impedido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para pronunciarme sobre asuntos que podrían llegar a mi jurisdicción pero, teorizando, yo pensaría que sí tenemos jurisdicción para garantizar un derecho fundamental de participación, derecho político-electoral, en su vertiente de acceso a la información. Primera problemática. Segunda problemática. Los ciudadanos tienen el derecho o el acceso a la jurisdicción para interponer un juicio de garantías o ir al Poder Judicial de la Federación por alguna resolución de este Instituto Nacional de Acceso a la Información que no sea de su agrado, que crea que les viola algún derecho, tienen el derecho de ir al amparo. ¿Qué pasa con la materia político-electoral? El amparo no procede para la materia política, que fue uno de los grandes vicios del amparo, del que estamos tan orgullosos, pero entre otros grandes defectos era que no procedía para materia política y entonces se consideraba que los derechos políticos no eran derechos fundamentales, o si se consideraba que sí eran derechos fundamentales no tenían un medio de garantía institucional o jurisdiccional, lo cual en cualquier sentido era muy grave. El punto es, si se puede ir al amparo por una negativa en alguna materia, ¿qué ocurrirá con la materia electoral? Vamos a atender a la competencia por autoridad, es decir, porque es un amparo contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información o por materia, y entonces el órgano del Poder Judicial de la Federación encargado, que tiene el monopolio en la materia jurisdiccional constitucional electoral, sería el Tribunal Electoral, pero no se desprende así de la ley, habla de órganos del Poder Judicial de la Federación. Otra problemática ahí que creo que está sin resolver.

Y la otra es que cuando este Instituto Nacional entienda que algún partido político no cumple con las obligaciones de transparencia o de acceso a la información, dará vista al INE o a los OPLEs, a los institutos locales. Tenemos ahí otra problemática jurisdiccional y es que todas las resoluciones del INE y de los OPLEs son tutelables ante el Tribunal. O sea, podría suceder que este Instituto –lo estoy planteando sólo como problemática– diga: “El partido equis no cumplió. INE, resuelve”. El INE diga: “Efectivamente, tenía razón el INAI” o: “Sancionamos en tal o cual medida”, sin que haga valoración y eso se impugne con el Tribunal. O más complicado aun, que el INE haga una valoración de lo resuelto por el INAI y lo contradiga. En ese sentido podríamos tener una contradicción de criterios importantes y es otra problemática, no sabemos si viene al Tribunal en cuanto a que resuelve por materia y por sujeto, hablando del INE o va a la Corte porque todo esto fue resuelto, o inicia una nueva cadena impugnativa por un órgano constitucional límite, que en este caso no sería límite, porque ya organizó toda esa cadena; estoy hablando de lo que puede ofrecer el diseño normativo, que son problemas que podrían definirse o que se tendrán que definir más adelante. Entro a la mejor parte de la charla, que es cuando uno dice: “Para acabar”, debo decir que hay un acervo jurisprudencial importante en el Tribunal respecto de apertura informativa de estos sujetos obligados, me refiero a los partidos políticos y a los órganos electorales, y hay una espléndida noticia, que hay una colaboración ya formal e institucional de este Instituto con el propio Tribunal. Y creo que podríamos enviarles esa jurisprudencia nada más para ver cuál ha sido ya el camino. Se ha avanzado mucho y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la tendencia es de apertura informativa. Es decir, no recuerdo una sola sentencia de un partido político o de un órgano electoral en el que no le hayamos obligado a abrirse. En este sentido es un placer abrir esta plática, poner esto sobre la mesa y espero haber sido transparente y lo suficientemente claro.

Muchísimas gracias. Moderador, Dr. Oscar Mauricio Guerra Ford: Te agradecemos la claridad de tu exposición. Creo que es idea tuya, que aparte de las sentencias del Tribunal Electoral se suba la versión tal como fuero resueltas, a veces en versión pública, en este lenguaje que a veces no entendemos todos los ciudadanos, menos los que no tuvimos la fortuna de haber estudiado derecho. Que se hagan estas versiones ciudadanas, porque en el Info hacíamos lo mismo, alguien me corrigió una vez, ciudadanos somos todos, en lenguaje sencillo, aquí en el INAI algunos comisionados lo hacemos, etnografías de los recursos en lenguaje muy sencillo creo que es importante y que bueno que el Tribunal no está haciendo. Y esta idea que haya ahora opiniones de expertos para ver si esto se está cumpliendo de la forma mejor y más adecuada. Sobre el punto que planteabas, no te voy a contestar como abogado, porque no los soy, pero en el DF tuvimos ya esa posición y se resolvió, en el caso que pones, el solicitante que si no le das esa convocatoria, que hoy es una obligación de oficio. En el artículo 7620, dice: “En las convocatorias que emitan para la…”, pero no se la dan, no la publican, no se la ponen, si no la publican puede denunciarnos, tuvimos que resolver en cinco días, pero entiendo los tiempos electorales. Hay dos derechos, un derecho a proteger, que es el derecho político que tiene, por eso el derecho de acceso permite otros como bien lo dices; se pueden meter las dos y ustedes lo van a sancionar y acá lo vamos a sancionar porque no cumplió con el derecho de informar, de una obligación. Nosotros también le dábamos vista, armábamos el expediente y se lo mandábamos, en este caso, al Instituto Electoral del DF y él puso varias sanciones de las prerrogativas a los partidos, muchas de ellos la acataron, algunos no y se fueron al Tribunal y el Tribunal resolvió.

En algunas confirmó la sanción que había puesta el Instituto y en otras no y no pasó nada, porque finalmente no va a haber una contradicción de criterios, porque no vamos sancionar, no como Instituto sancionábamos, sino simplemente ponemos el expediente para que los órganos de control. En el caso del Instituto Electoral sea el Instituto y después en el Consejo se apruebe o no determinada sanción con prerrogativas, si esta es impugnable ante el Tribunal y el Tribunal tendrá la última palabra, porque finalmente el Instituto de Transparencia, no va a hacer las multas directamente, a armar el expediente. En los hechos se ha hecho, ahora se puede hacer, pero ya hablará Paco Acuña, que le voy a dar la palabra. Que como todos sabemos es comisionado del INAI, licenciado en derecho y por eso él podrá tomar este torito, de hecho hablé en la práctica lo que se habrá hecho. Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Por supuesto que Oscar Guerra Ford ya dio una impresión que además es válida, porque efectivamente la Ley de Transparencia del Distrito Federal es una ley manifiestamente superior y mucho más avanzada que la Ley Federal de Transparencia. Por eso cuando ocurrió el tema de las boletas electorales, en este caso, el Instituto Electoral del Distrito Federal no tenía el conflicto que sí tenía el IFE y que después llegó al Tribunal por la vía de resolución, un asunto que fue paradigmático. Me quedo simplemente con la provocación, pero precisamente el Seminario lo generará. Creo que no podremos, nosotros como instituto, en ningún caso competir, invadir la competencia del Tribunal cuando jurisdiccionalmente se encuentre en su camino o ya en su potestad, un asunto que si bien es de acceso a la información pública, está ligado al derecho de asociación o de reunión o de votar o de ser votado o de afiliación, de cara a un asunto comicial.

De cara a un asunto comicial o, más bien, en cualquiera de los mecanismos o instancias en las que tenga que ver con el ligamen que hace que ese derecho a la información está conectado con ese exclusivo fin; es decir, el derecho de afiliación, el derecho de asociación o el derecho a votar. En cambio, creo que en el campo con los partidos políticos, que es un campo además de escrutar, por eso la pregunta es tan atingente, es una mera impresión. Será muy grande nuestro papel en el escrutinio de casi todas las funciones ordinarias de éstos como instrumentos o como burocracias, hoy lo dijo el senador Alejandro Encinas, porque ellos sí, desvinculados de una pretensión específica de un militante que pudiera estar reclamando una cuestión para los efectos de ir a competir por un encargo o para impugnar la pretensión de otro, va estar abierto a que la ciudadanía, simpatizante o militante exija conocimientos sobre trámites, procedimientos, movimientos de recurso y de muchas otras actividades de los partidos. Pero bueno, yo desde luego que manifiesto absolutamente ajeno a que, desde luego, en su momento, tengamos que merecer mejor el acompañamiento del Tribunal y de sus muy reconocidos y muy capaces asesores de los señores magistrados, para que en un intercambio y en un diálogo profundo, como ya lo hemos propuesto hace poco con los nuevos sujetos obligados del INAI, porque bien se ha dicho, ya lo eran de la ley y, por supuesto, ahora con esta nueva etapa nos permita, además construir los lineamientos, que ese sí es un asunto que en seis meses tendremos que tener. Y será el único mecanismo para comunicar la función regulatoria y eventualmente la potestad supervisora, desde luego, que tendremos al paso de un año, según la interpretación más privilegiada. Yo nada más quería, ahora sí que me tocó bailar con la parte más difícil, porque yo quería evadir esta provocación del magistrado Nava y ahí don Oscar me la pasó.

Pero bueno, decir simplemente que sería muy bueno para esta mesa y desde luego que faltan dos participantes y los de casa hemos de ser, en este caso, más bien permitir que el tránsito de la palabra se dé en quienes vienen a participar. Decir simplemente que ojalá reflexionemos en que cuando hablamos de los nuevos sujetos obligados, no todos son institucionales, los institucionales son una lista muy grande, hemos ya reparado en ellos, ahí está el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral es Tribunal Constitucional en lo Electoral, por esa razón yo decía, menos aún en ese caso; otra cosa sería con el INE, ahí sí creo que puede haber otros regateos de competencia. Pero aparte de la lista enorme de sujetos obligados que pertenecen a los poderes otros, es decir, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y por supuesto a los órganos constitucionales autónomos, a los partidos y a los sindicatos, hay un descomunal número de posibles sujetos obligados, que son personas físicas o morales, que se encuentren en una condición suspensiva, que es la de, para un efecto muy específico, recibir o ejercer recurso público o, caso muy interesante, ejercer funciones de autoridad. Y voy a decir nada más una lista de varios ejemplos, porque no me los pude aprender de memoria y la verdad es que es un peligro que me equivoque, pero nada más por poner un ejemplo de cada uno: Persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Por ejemplo, apoyos, cualquiera a organismos no gubernamentales. Esa cantidad que pudiera llegar a las organizaciones no gubernamentales, antiguamente así conocidas, ahora organizaciones de la sociedad civil, en el pasado se hablaba de OGs, porque decían que muchas de ellas estaban gubernamentalizadas, propio de los regímenes autoritarios, es decir, la cooptación a grupos de la sociedad civil que podrían parecer activistas libres. Beneficiarios de programas sociales, está PROCAMPO, PROSPERA, sociedades cooperativas, que eso ya han sido asuntos que se han venido resolviendo en el tiempo y que despejaron; que el nombre, por

ejemplo, de los beneficiarios de PROCAMPO se tiene que dar, aunque el nombre sea un dato personal. ¿Por qué? Porque por la homonimia por un lado, pero por las chapucerías y las trapacerías que se han dado históricamente, había muchos beneficiarios de algunos de estos programas que cobraban muchas veces, el que les correspondiera. Por poner dos ejemplos más, así que pueden estar menos a la vista quizá: Todos los programas para el mejoramiento tecnológico de la industria de alta tecnología, los de las PyMES, hay una cantidad enorme de listas que se pueden dar. Éstos pertenecen a la Secretaría de Economía, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? La Secretaría de Economía genera estas cuestiones, luego ya se vuelven no sujetos obligados, que nos caen, no por estar directamente inscritos en el ámbito del Poder Ejecutivo y sus 250 instituciones, que es una galaxia inmensa; sino por el hecho de haber recibido recurso o función; programas de apoyo para la productividad, si quieren ustedes los que sean, receptores de recursos públicos en virtud de ser propietarios de algún inmueble que se declare sujeto de protección federal. Por ejemplo, deportistas que reciban subsidios a través de CONADE; por ejemplo, becas para estudiantes de CONACyT o de Secretaría de Relaciones Exteriores; estímulos a creadores de arte, CONACULTA; apoyos a las artes populares, FONART; apoyos derivados al Fondo de Atención a Desastres, FONDEN; Programa Nacional contra la Sequía, CONAGUA; Apoyo a Adultos Mayores, por SEDESOL; subsidio a la vivienda a través de Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI; el Patronato de la UNAM. Y se me ocurre nada más de otros que ejercen autoridad, fíjense nada más: Empresas filiales de Petróleos Mexicanos, corredores públicos, agentes aduanales, Registro Público de Comercio, Procesar S.A. de

C.V. que es una empresa contratada por CONSAR para manejar las bases de datos de las Afores. Sistema Nacional de Investigadores, Consejo de PARES, quien determina el ingreso o no de un nuevo investigador al SNI a cargo del CONACyT; universidades privadas desde luego con registro otorgado para la autoridad federal, por la SEP. Prestadores de servicios de seguridad social derivado de una concesión del Estado, por ejemplo, casa-hogar, asilo, entre otros. Prestadores de servicios médicos derivado de una concesión del Estado: Hospitales, hospitales psiquiátricos, entre otros. Núcleos de población ejidal y comunal, establecimientos mercantiles en virtud del 28 de la Ley General de Antitabaco, por ejemplo; empresas de seguridad privada, éstas me preocupan mucho porque las empresas de seguridad privada reguladas por la Ley Federal de Seguridad Privada prevé la modalidad que presten el servicio tanto personas morales como físicas; cuerpos de defensa rurales que dependen de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea; usos y costumbres en comunidades indígenas, por ejemplo, el Tequio. Y con eso simplemente, así las cosas, nos tocará escrutar un bosque de problemas que tendrá que venir acompañado naturalmente de las mejores soluciones que en concurso, es decir, que en concierto, para estos son estos seminarios, para echar a andar una maquinaria de reflexión; es decir, un campo de comprensión que se va a tener que ampliar y que nos permita saber con precisión de diamantista, en nuestro caso, saber ir hacia esas personas cuando por recibir recurso público, pero sobre todo cuando ejercen funciones de autoridad, aunque sean súbitas o meramente por una sola ocasión. Y ahí, desde luego, que estos nuevos sujetos no tendrán una oficina de unidad de transparencia y por supuesto que serán, por eso dije, sujetos obligados indirectos y su sujeción radicará en una suspensión suspensiva que son los actos o los recursos que ya dijimos hayan ejercido. Realmente quedo aquí para permitir que el maestro Hugo Zas y el maestro Ángeles nos acompañen con su participación.

Moderador, Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias, comisionado Acuña. También nos abre la otra área que comentaba ahorita con el doctor Nava que estamos cada vez sume y sume más sujetos obligados cuando estamos abriendo la ley en toda su extensión, y hoy en la mañana me reportaba el área más o menos ya de más seis mil sujetos obligados. Contando los estados, de esos dos mil 400 son municipios para empezar y todos los sujetos, pero en el ámbito federal salen y lo que ha sido una sorpresa son los fideicomisos y fondos públicos que ya andamos contabilizando 626. Es cierto que hay unos que tienen tres pesos, pero están ahí, y hay otros que tienen cantidades abismales de dinero. La suma que hacíamos simplemente, el otro día, es de más de 550 mil millones de pesos que manejan estos fondos y fideicomisos en el país. Y qué bueno que en la Ley quedaron, fue uno de los temas más controvertidos. Y por eso, así es nuestra introducción, ligando lo que el comisionado Acuña nos exponía, de algunos que él ya nos leía, está con nosotros, como ya lo había anunciado, el titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda, José Ángel Mejía Martínez del Campo, quien estudió economía en el ITAM y se ha desempeñado en diversos cargos en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde jefe de departamento de Potestades Tributarias Locales, en la de Política de Ingresos. En la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal también estuvo, en la Dirección de Política Fiscal del Gobierno del Estado de México y también estuvo a cargo de las direcciones y coordinaciones de la Dirección de Evaluación durante la LXI Legislatura; fue a sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y actualmente se desempeña, como ya dije, como Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, asunto fundamental también con la rendición de cuentas, el desempeño en los resultados de cualquier institución. Hoy nos acompaña, aparte de su cargo, solamente en representación del Secretaría de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, para platicar de esta idea, de esta nueva figura que ya estaban, pero ya ahora como sujetos directos que son los fondos y fideicomisos públicos o aquellos aunque sean privados que manejan recursos públicos. Es un honor y le doy la palabra a José Ángel Mejía para que nos pueda exponer. Lic. José Ángel Mejía Martínez: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por obviedad y premura del tiempo saludo a todos los compañeros panelistas. Y agradezco a nombre del Secretario, de la Secretaría de Hacienda, esta invitación. Me imagino que los demás paneles han resultado lo mismo, pero sí mi sincera felicitación por la organización de estos foros, estos y los otros que nos han vertido una invitación a participar y de otros que no hemos participado. El INAI se ha caracterizado por tener una agenda abierta directamente con la sociedad, platicar de frente los temas que conciernen a su quehacer institucional y constitucional y por eso yo creo que merece una felicitación de manera muy, muy sincera; y, obviamente, también pone el ejemplo a otras instituciones para hacer este tipo de actos con la ciudadanía. Traigo una presentación muy breve. Y quisiera enfocar el tema sobre los nuevos sujetos obligados, como es el tema del panel, y en el tema del Seminario, que es el alcance, pero sobre todo los retos. Creo que coincidimos los que han estado o me han precedido en la palabra, que en la emisión de la norma secundaria van a estar los grandes retos y sobre todo en el proceso de reforma a nivel de las entidades federativas, de los congresos locales en la materia.

¿A qué nos referimos con norma secundaria? Pero obviamente, todas las disposiciones que están concatenadas con la adopción del Sistema Nacional de Transparencia. Este sistema que está conformado por el propio Instituto, por los órganos garantes de los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación, si no me equivoco, tienen una tarea y un papel fundamental para hacer que esta ley, precisamente, que promueve y procura que el derecho a la información sea garantizada, realmente se lleve a cabo, pero más allá de verificar el que se lleve a cabo, el reto está principalmente en que los sujetos obligados por sí mismos hagan transparente toda la información que realizan o que lleven a cabo. Todos los retos van a estar encaminado en el fortalecimiento de políticas de transparencia proactiva, que la propia ley lo contempla, el tema de datos abiertos. Y por supuesto, un tema que también me parece fundamental como un reto, el tema de cultura de promoción del derecho a la información para el ciudadano, pero también de las ventajas que tiene para quien ejerce o quien tiene a su cargo una función pública, en particular todos los sujetos obligados que establece la ley, la ventaja que tiene, y creo que es un cambio de paradigma, esta Ley en hacer nuestros actos, nuestras acciones cotidianas más transparentes y la forma en la que puede impactar también en el desempeño de nuestras propias funciones. Aquí mencionar el tema de los nuevos sujetos obligados. Tenemos una definición formal de la propia Ley de quiénes son los sujetos obligados, ya lo mencionaba anteriormente la Comisionada. Pero también es importante distinguir que todos estos tienen estructuras completamente diferentes, no son homogéneos, y también atribuciones completamente diferentes. Nos hablaba el doctor Corzo de la parte de la exigibilidad obviamente en materia de derechos humanos, pero aquí la exigibilidad es también en la parte de acceso a la información como un derecho, ¿pero hasta qué punto va a ser exigible lo mismo? Mi pregunta va más sobre los

temas comunes que establece el artículo 70, a diferentes sujetos, como lo mencionaba el comisionado Acuña o en particular alguna asociación civil que reciba un beneficio o un recurso público para llevar a cabo alguna acción, si es necesario que se establezca ahí una meta, un indicador, que dé toda su plantilla, todos los recursos que tiene, que no son parte de los recursos públicos. Vaya, ése es el gran reto que creo que tiene el sistema y las leyes que se establezcan, la Ley Federal y las leyes de las entidades federativas, y por el plazo que se tiene me parece que es fundamental que se dé la señal de manera pronta sobre hacia dónde se tiene que estar llevando esta discusión, para que el andamiaje jurídico en las entidades federativas no tenga este tipo de problemáticas a la hora de implementarse. Creo que una de las ventajas importantes que hay y que se tiene que retomar es precisamente el Sistema Nacional de Transparencia. Hago un poco la analogía con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también una ley general aplicable a todos los entes públicos, bueno, también una ley general y, en este caso aplicable a los entes públicos, que nace en 2009, si no me equivoco, se reforma en 2012, pero tiene una peculiaridad, que le da la atribución al Consejo Nacional de Armonización Contable de emitir todas las normas y disposiciones que deben ser de observancia obligatoria para todos; en ese caso, los sujetos obligados son todos los entes públicos, entidades federativas, municipios, organismos de los estados, de la propia federación. Para llevar a cabo toda su homologación contable ¿de qué manera tienen que presentar su información, presupuesto para ingresos, para la administración de los bienes inmuebles, etcétera? Y da una señal muy clara el Consejo de Administración Contable, que de manera dinámica, también integrado por Hacienda, por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, van viendo en el camino que no es un instrumento la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, no da todas las directrices para poder regular en un solo ordenamiento, como es la propia ley, todo lo que tienen que llevar a cabo los entes públicos.

Me parece que en el Sistema Nacional debe tener esa amplitud para poder modelar las cuestiones a que tienen que sujetarse los sujetos obligados, valga la redundancia. En el caso de fideicomisos, como mencionaba, como nuevo sujeto obligado, en realidad por diversas disposiciones, sobre todo en decretos de presupuesto y en la propia Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria se obliga ya a poner la información pública en los informes trimestrales de las finanzas públicas, por lo que aquellos que tienen estructura o que no la tienen, se verifica en estos informes cuál es el monto que tienen estos fideicomisos, en qué se ha ejercido, cuál es el saldo, cuál ha sido el resultado de estos fideicomisos. Sin embargo, la propia Ley establece, en el ´77, si no mal recuerdo, otras características que se deben hacer públicas por parte de los fideicomisos y también representa un grado de oportunidad para hacer también más transparente esta información, que a veces se presenta en formatos que sí son utilizables y que cada vez se está progresando más en hacerlo en formato de datos abiertos, pero hay un reto también, el hacer asequible la información, pero también accesible; que la entienda la mayoría de la gente, que la pueda descargar y que la pueda utilizar. Este es otro de los grandes retos que me permito identificar, que si bien está plasmado en la propia Ley, creo que es una de las herramientas que mayor confianza puede generar una autoridad en la gente y es el tema precisamente de la transparencia proactiva, trabajar en el gobierno abierto sobre todo en temas de transparencia focalizada; no es sólo proporcionar la información, que esté accesible, sino ponerla de tal forma que le genere un valor agregado a las personas que la consultan, sea cual sea la naturaleza o las condiciones de estas personas, ya sean estudiantes académicos, amas de casa, quien sea. Que puedan encontrar información que les pueda permitir genera un mayor uso de la información y me parece que para los sujetos que ya eran obligados de la ley, este ha sido un tema que se ha transitado poco en la propia Secretaría y voy a pecar ahí de lo que criticaba el magistrado Nava de hablar de lo que uno hace.

Pero el Portal de Transparencia Presupuestaria es una herramienta que ha servido desde la administración anterior donde recibió un reconocimiento por parte del instituto en aquel entonces, junto con el Banco Mundial, la propia Auditoría Superior de la Federación. Es un instrumento que permite a la ciudadanía encontrar información muy variada y muy basta sobre el ejercicio de los recursos, pero no sobre el ejercicio, sino también sobre los resultados. Lo saco a colación sin entrar a detalles sobre qué aspectos tiene esta plataforma y a reserva de entrar ahí en un tema de veda electoral, para no hablar de ello y más que está aquí el magistrado. Lo que sí quiero decir es que esa plataforma sí sirve o cualquier plataforma o ejercicio de transparencia focalizada también ha servido a la Secretaría de Hacienda para focalizar las solicitudes de acceso a la información a ese propio portal y no tener que estar generando información cada vez que nos solicitan o nos llega una solicitud de acceso a la información. La gran mayoría de las solicitudes que llegan a la Subsecretaría de Egresos en materia de gasto se está haciendo referencia al Portal de Transparencia en donde vienen aspectos de cómo están ejerciendo los programas o en qué entidad federativa se está gastando, toda la información que pueda imaginar en materia presupuestaria la estamos conteniendo ahí, pero de una forma amigable y de fácil acceso a la población. De tal forma que el acceso, las solicitudes cada vez son encaminadas hacia ese portal y otro aspecto fundamental que de gobierno abierto y transparencia focalizada es recibir la retroalimentación de la gente sobre las plataformas de información que tenemos los sujetos obligados. Espero que este tema lo pueda abordar también el Sistema Nacional de Transparencia, no solo en el sentido de tener un portal en donde vengan enlistados un menú de información al que estamos obligados, sino que también esa información pueda estar presentada de tal forma que genere el valor público a la gente.

Pero también estableciendo menús de intercambio que pueden ser a través de las plataformas de redes sociales de intercambio de información entre la ciudadanía y la autoridad, que le permita a la propia autoridad estar focalizando la información en donde la gente está reclamando o exigiendo mayor información posible. A manera de conclusión estaría refiriendo que si bien la reforma constitucional y la propia ley en sí mismo establecen bases para empoderar a la ciudadanía, el detalle está justamente en cómo se implemente la ley por los sujetos obligados, cómo se garantice por parte de los órganos garantes que se está cumpliendo con esa ley. Pero más allá de las normas o disposiciones que ya existen en la materia constitucional o en la ley general, el día a día que establezca cómo funciona el Sistema Nacional de Transparencia, me parece que es la clave para llevar a cabo el empoderamiento de la ciudadanía en esta vida democrática nacional. Y el último reto, toda la presentación fue hablar de estos retos, es cómo hacer y es un reto que tenemos para poder dar a conocer a la ciudadanía la información que hay en el Portal de Trasparencia presupuestaria, cómo hacer que la ciudadanía conozca el derecho que tiene, cómo lo puede ejercer y a qué información tiene posibilidad de tener acceso. Creo que es un reto que tenemos no sólo el propio Instituto, sino también todas las instituciones y todos quienes estamos a cargo de alguna función pública, cómo hacer que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creo que la difusión masiva del derecho que tiene la ciudadanía y cómo puede ejercerlo, me parece fundamental para que la propia vida democrática pueda prosperar mucho más rápido en nuestro país. Eso sería todo y muchas gracias por la invitación. Moderador, Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford: Muchísimas gracias.

Nos abre, uno de los grandes retos, yo insisto, es el asunto de los fideicomiso; ya se nos daba aquí alguna idea. Decía que una de las grandes discusiones fue aquellos fideicomisos que no tienen estructura y cómo van a, que es el gran reto, y aquí creo que Hacienda, no es en todos, pero en muchos es el fidecomitante y en otros es BANOBRAS, etcétera. Y simplemente para precisar el dato, lo que nosotros encontramos y no simplemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los quinientos y tantos, son 354 los que no tienen estructura y que ahí hay que trasparentar, la propia ley es clara, el artículo 77, tienen obligaciones de oficio, aparte que deben contestar solicitudes. Porque estos 354, aunque no tengan estructura, manejan 482 mil 692 millones de pesos, Presupuesto de Egresos de la Federación del año corriente, es una cantidad altamente significativa, obviamente para que todos conozcamos y podamos acceder. No nos cabe duda que la Secretaría de Hacienda y con toda experiencia, es cierto, ganaron el Premio Innovaciones, que daba en ese momento el IFAI, que continuaremos dando como INAI, está ya la convocatoria, aprovecho para hacer el anuncio. Y todo lo que es de presupuesto ciudadano, toda esta experiencia ojalá pueda abonar y ayudar para que los fideicomisos, en este mismo sentido, primero cumplan con las obligaciones en materia de obligaciones de transparencia, contesten las solicitudes y después podamos pasar a todos esos ejercicios de transparencia focalizada, de datos abiertos, etcétera. Ahí hay un gran reto, porque todos hemos oído o el rumor que ahí lo fideicomisos y que aquí, que es para cuando algo, evadir cuando un gasto no se realiza o hay subejercicio. Hay, yo diría, los 50 mil mitos de los fideicomisos de este país, en el país de los fideicomisos. Hay un reto, que con la transparencia estos mitos queden en eso, en un mito.

Voy a dar la palabra a nuestro último ponente, pero no por eso menos importante, sino al igual que todos, pero bueno, hay que tener un orden en estas cosas y es el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, que es investigador de la UNAM, él tiene su licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, posteriormente tiene su maestría en la UAM y después regresó a estudiar también su doctorado en la Facultad de Derecho en la máxima casa de estudios. Él es investigador y profesor de la UNAM, está en el Instituto de Investigaciones Económicas, pero da clases en la Facultad de Derechos y finalmente tiene hoy lo que creo que es muy importante, esta parte interdisciplinaria, porque también tiene estudios de sociología, que le han permitido, dentro de sus áreas de estudio, ser un conocedor y por eso ha sido invitado a diversos seminarios. Ha escritos diversas publicaciones sobre una cuestión que también fundamental y que es otro hoyo negro, que son los sindicatos, en términos del manejo de los recursos públicos, quedando claro que los recursos al interior y de los trabajadores de los sindicatos es obviamente información que sólo les concierne a ellos, pero toda la información de los diversos recursos públicos que se dan, vía los contratos colectivos, los cuales en muchas ocasiones pueden ser muy válidos, simplemente lo que se trata es saber de cuántos son, para qué se usa y que se compruebe. Para eso lo hemos invitado, al igual que lo estamos invitando –ya le comentaba– para que nos ayude como experto a redactar ya de forma más precisa lo que la ley marca, como sus obligaciones que tendrán que publicarse en materia, tanto laboral, como en materia de los sindicatos. Le doy la palabra al doctor Bouzas para que nos pueda exponer sus ideas. Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz: Estoy consciente que ya estamos agotados, voy a tratar de ser breve; a lo mejor el ejercicio de la docencia me permite mantener, en alguna medida, la atención ya desgastada de ustedes.

Agradezco al INAI la invitación y la posibilidad que me da para venir a hablar con ustedes sobre dos artículos de esta nueva Ley. El artículo 78 y el artículo 79. Gráficamente y así muy esquemáticamente diría, el 78 obliga a las autoridades administrativas y judiciales a publicitar toda la documentación que reciban: Toma de nota, registro de órdenes sindical, padrón de socios, actas de asamblea, etcétera. Este 78, reitero, obliga a las autoridades. El 79, con la salvedad que ya apuntaba el comisionado Guerra, establece también la obligación para con los sindicatos, pero con la salvedad de que reciban y ejerzan recursos públicos. Debo explicitar que la razón por la que pongo los ojos en este tema, tiene que ver con que durante dos décadas éste se ha convertido un objeto de estudio de mi militancia como investigador universitario. ¿Y por qué la preocupación de conocer contratos colectivos, de conocer sindicatos? Para ver cómo funciona esa relación social tan importante como lo es el trabajo, y es tan importante que todos trabajamos. Por lo tanto, no es un dato secundario; cómo opera la contratación colectiva, esa era la inquietud. Las primeras respuestas que recibí de las autoridades al solicitar acceso a los registros de sindicatos y contratos colectivos, fue una negativa rotunda e incluso afirmación de que publicitar esa información traería guerra entre sindicatos. Al tiempo, las autoridades federales y las del Distrito Federal cedieron y me permitieron entrar a los correspondientes registros y realizar análisis sobre tan importantes temas, análisis que se han concretado en tres libros y una serie de publicaciones menores en donde puntualizo las cuestiones relativas. A 20 años, la gravedad de nuestras conclusiones me han permitido afirmar en varios foros, y lo hago en éste, que el 90 por ciento de la contratación colectiva vigente en México es simulada.

Y la mayoría de las tomas de nota se han convertido en patrimonio de líderes para ejercer un poder político y económico, claro está, esto en el contexto de un esquema corporativo que es el esencial de la política nacional. En el proyecto inicial de Ley que finalmente quedó tan brillante como quedó en estos artículos 78 y 79, se planteaba una idea por demás fallida, que confundía información en archivos públicos con información de los sindicatos. A mí me preocupó porque parecía ser que el INAI retrocedería en la materia. Es más, recordaba resoluciones tan importantes como la que se dio en el caso Uniroyal y que fue la proyectista, la doctora María Marván y que, incluso, iluminaron para que reformas a la Ley Federal del Trabajo en los artículos 364 Bis, 365 Bis, 391 Bis y 424 Bis obligaran a las autoridades a publicitar esta información; pero cuando veíamos el proyecto en los términos en que estaba, no podíamos menos que alarmarnos. Y finalmente, creo que el trabajo que se hizo aquí en el entonces IFAI, ahora INAI, el serio trabajo que se realizó, sobre todo en la Cámara de Senadores nos da un artículo 78 con una puerta abierta, que señala algunas de las informaciones que las autoridades deben hacer públicas, pero yo diría de manera ejemplificativa que no limitativa. Y esto es importante porque entre más nos metemos en el escenario de esto, nos damos cuenta, por ejemplo, que hay documentos que nadie revisa o nadie se preocupa por revisar como, por ejemplo, las actas de asambleas sindicales. Ahí nacen los sindicatos, ahí se transforman los sindicatos. Todo esto tiene que ser público y para mi particular interés como estudioso del trabajo, como persona que se ha venido comprometiendo por más de 40 años en el análisis y no nada más en el análisis, sino también en la práctica de estas cuestiones. Creo yo que la transparencia en la información laboral es un requisito sine qua non para que remontemos esta costra que pesa sobre las relaciones laborales y que se teje entre empresarios, entre direcciones

sindicales y, por supuesto, con la anuencia y en muchas ocasiones, promoción por parte del gobierno. Gracias. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Agradecemos al doctor esta felicitación. Creo que es uno también de los grandes retos, comentaba aquí con la doctora Patricia Kurczyn, quien está en la comisión de lo que son autoridades laborales y obviamente sindicatos que, como ya se dijo, está dentro de lo que son los artículos 78 y 79 de la Ley. Nosotros hicimos un padrón inicial que ya depurará el área, que son más de 600 sindicatos federales que tienen relación con entidades públicas. ¿Manejan recursos públicos? No lo sabemos, y el monto mucho menos. Esperamos que podamos…, sí, muchos ya no existen, como dicen bien, pero ahí están, hay que depurar esas cosas porque la fuente es oficial, de la propia Secretaría, hay que depurarlo, pero sobrarán 200, 300; el problema es que no sabemos, primero, si reciben recursos públicos, me imagino que sí, y después, lo más importante es cuánto, la sumatoria, así como de los fideicomisos sí sabemos cuánto manejan, saber cuántos recursos públicos hay. Y vuelvo a insistir, muchos a veces otorgados en contratos colectivos y para fines muy nobles, como pueden ser becas para los hijos de los trabajadores, etcétera; tampoco se trata que no haya recursos públicos en los sindicatos para diversas actividades. Finalmente, muchos de los que estamos aquí en la mesa somos, en este caso, sindicalistas, y defensores de los derechos y mejores condiciones de trabajo, pero el chiste es que el fin es que eso se cumpla con esos recursos públicos. Para eso, creo que la transparencia y el acceso a la información nos pueden ayudar.

De verdad agradezco a todos los panelistas, ha sido una mesa muy interesante, viendo diferentes perspectivas y sujetos obligados, diversos temas, y el reto es importante para este Instituto, simplemente entre fideicomisos y sindicatos ya traemos más de mil sujetos obligados, etcétera; y así súmenle. Pero tendremos que sacarlo adelante con la ayuda de los sujetos obligados, y con la vigilancia y el ejercicio de los ciudadanos. Simplemente quiero agradecerles a todos su asistencia. Nos veremos mañana a las 09:00 horas, también hay mesas muy interesantes y estaremos transmitiendo por Internet. Simplemente voy a entregar a nuestros panelistas su reconocimiento y les deseo la mejor de las tardes.

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Panel 5: Medios de impugnación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Presentador: Buenos días a todos, los invitamos a ocupar sus lugares. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, el INAI, les da la más cordial bienvenida al segundo día del Seminario Sobre Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Enviamos un saludo a quienes nos siguen en línea, invitamos a todo el público que así lo desee, a formular sus preguntas en el micrositio del evento, al cual pueden acceder a través del portal del INAI. A continuación dará inicio el quinto panel de este Seminario denominado: Medios de Impugnación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encaminado al análisis de las disposiciones de la ley general en materia de facultad de atracción, inconformidad; el recurso de revisión y su modalidad en materia de seguridad nacional, así como los asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que la sesión de preguntas en cada panel iniciará una vez finalizadas las intervenciones de nuestros ponentes, para lo cual se les hará llegar las papeletas de preguntas, mismas que serán entregadas al moderador para complementar el intercambio de ideas en la mesa. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no puedan ser atendidas durante el lapso destinado para ello, serán respondidas vía electrónica en el apartado de preguntas y respuestas del micrositio del seminario, ubicado en la página del INAI. Es muy importante, por favor, que en las papeletas pongan su correo electrónico. También se les reitera la petición de mantener sus dispositivos electrónicos en silencio.

Cedemos el uso de la voz al maestro Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI, quien será el moderador de este panel. Maestro, adelante. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto, nuevamente, tenerlos hoy en la continuidad de este Seminario, en un tema que es de suma relevancia. Y creo que, como lo pueden apreciar, el panel pinta para no solo ser atractivo, sino que quizá se generarán momentos de polémica interesantes por los nuevos medios de impugnación que contiene la ley. La metodología va a ser similar a la del día de ayer, cada panelista tendrá hasta 13 minutos y al final abriremos un bloque para poder atender las preguntas y respuestas y en función de la experiencia del día de ayer, sí les sugerimos que por favor pongan su correo electrónico, para si el tiempo no nos da, poder responder por esa vía. Voy a hacer muy rápidamente algunas remarcas introductorias para poner en contexto el panel y luego iré presentando a cada uno de los panelistas a partir de las intervenciones que nos harán. En primera instancia, agradezco a cada uno de ellos el haber aceptado estar con nosotros y la mesa nos convoca, como lo decía, el tema de los medios de impugnación previstos en la nueva ley y creemos que es un tema relevante, porque son los medios de impugnación los que permiten a la población poner en marcha las instancias necesarias para hacer efectivo su derecho de acceso a la información. Y de manera excepcional, como veremos a la autoridad en un tema muy particular. Como todos ustedes saben, un medio de impugnación es la vía procesal que tiene la población para hacer efectivo este derecho, el derecho de acceso a la información, cuando una autoridad, un sujeto

obligado o el órgano garante no satisfacen sus necesidades de información. Pero valdría la pena hacer la pregunta, ¿qué es exactamente un medio de impugnación? De acuerdo con el segundo tomo del diccionario electoral, es un instrumento jurídico previsto legalmente para corregir, modificar, revocar o anular los actos o resoluciones cuando estos adolecen de deficiencias, errores, inconstitucionalidad o ilegalidad. La Ley General que se aprobó el pasado 4 de mayo, prevé nuevos y mejores medios de impugnación, esto se debe, por un lado, al incremento en el número de sujetos obligados y por el otro, al aumento en el número de sus obligaciones al igual a la mejora estructural de los medios de defensa con los que contará la población. En la anterior ley, la población sólo contaba con un medio de impugnación, el recurso de revisión. ¿Cuáles son estos nuevos medios que contempla la reciente ley promulgada? Desde luego, el Recurso de Inconformidad, normado por el artículo 159 y el 180; el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional, normado en los artículos 189 y 193; el Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, normado en los artículos 194 y 195; la denuncia, tanto por incumplimiento de obligaciones de transparencia o el incumplimiento a una resolución, normada en el artículo 63 y el medio de impugnación, derivado de la atracción, normado en el artículo 181 y 188. Con este contexto, quisiera cederle la palabra, en un primer momento y es un gusto poderla moderar, a mi colega Areli Cano, que como todos ustedes saben, tiene una amplia trayectoria, no sólo en materia jurídica, sino también en materia electoral y fue una de las grandes artífices que como pleno nos ayudó y aportó grandes elementos para la elaboración de este decálogo, que en el momento de la discusión de la Ley General hicimos llegar al senado de la República y por el cual se generó un debate, afortunadamente el Senado fue receptivo e

incluso algunos de los panelistas que aquí están presentes participaron en ese momento. Creo que no necesito decir más de la comisionada Cano, todos ustedes la conocen, por lo cual, le cedo la palabra. Lic. Araceli Cano Guadiana: Muchas gracias, comisionado Joel. Buenos días y buenos días también a los invitados a este Panel; igual bienvenidos. Agradezco los comentarios del comisionado Salas, simplemente fue un trabajo colegiado, que llevó –creo yo– a buen puerto, el trabajo de la Ley General de Transparencia. Y sí, efectivamente el tema que hoy nos ocupa en esta mesa son los distintos medios de impugnación y yo agregaría, en el listado que amablemente nos hizo el comisionado Salas, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que ya tenemos previstas, bueno, estaban previstas en la Constitución y ahora se materializan en la Ley General. Yo quisiera abordar los cuatro o cinco medios de impugnación, que es recurso de revisión, el recurso de inconformidad, la facultad de atracción, el recurso de revisión que tiene a su cargo el Consejero Jurídico y brevemente las controversias de acciones de inconstitucionalidad. Por cuanto hace al recurso de revisión, creo que es una de las grandes ventajas que logró precisamente el objetivo de la Ley General, que era estandarizar procedimientos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Todas las entidades federativas y la federación cuenta con este mecanismo de control sobre la legalidad de las respuestas que tienen los sujetos obligados, ante una negativa o ante una inconformidad por parte del solicitante de información y cuenta con este recurso de revisión, que será tramitado ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien, ante los respectivos 32 órganos locales garantes en materia de transparencia.

Para hacer un análisis muy breve, diríamos, y voy a tomar nada más un dato muy específico de 2014, que se presentaron 114 mil solicitudes ante instancias de la administración pública, ¿por qué? Porque es la competencia del Instituto Nacional y de esas solicitudes, cinco mil 622. Quiere decir que fue recurrido el 4.9 por ciento. Si nosotros hacemos un recorrido ante las autoridades federativas vemos que hay infinidad, hay una heterogeneidad en cuanto a la regulación de este mecanismo, desde la forma de presentar, de los requisitos, de forma de resolver la autoridad garante, etcétera. ¿Qué logró esta Ley General? Tratar de homogeneizar los criterios de substanciación, resolución y definitividad, obviamente de resoluciones, para garantizar por parte de los órganos garantes un verdadero derecho homogéneo en toda la República. Creo que es un avance importante de este mecanismo de control, que es el recurso de revisión, que es el que comúnmente tramitan o solicitan los interesados en acceder a la información. Posteriormente viene el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad es el recurso que tienen, a su vez, las personas para inconformarse de las resoluciones que emitan los órganos garantes. Aquí es donde entra el contexto del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no solamente es una cuestión estética, sino que ahora en esas facultades tendrá que revisar la legalidad de las resoluciones de los órganos garantes locales, cuando se vea afectado el solicitante y se requiere de una revisión desde el punto de vista jurisdiccional, materialmente por parte del Instituto. Es un recurso que cuando lo veía decía: “Es crear otra instancia además al solicitante para acceder a la información”. Esto quedó en la Constitución y en la Ley General en forma optativa.

El solicitante de información bien puede acudir a la instancia administrativa como el Instituto Nacional o puede recurrir al juicio de amparo para revisar o que se revise la legalidad o constitucionalidad de la resolución que emitió en su momento el órgano garante. Este es otro mecanismo de control de legalidad que también está a cargo del Instituto. ¿Qué hay con la facultad de atracción? Y yo creo que este es uno de los temas importantísimos que trae también la Ley, es un medio excepcional de control de legalidad para entrar a asuntos, en principio, que no son competencia del Instituto Nacional, pero que revisten un interés y trascendencia para garantizar y proteger el derecho de acceso a la información. ¿Qué implica esto? Que si una entidad federativa a través de su órgano garante emite una resolución y el propio Instituto Nacional o el propio órgano garante determina que por su trascendencia o interés deba conocer el Instituto Nacional, es cuando nosotros atraemos esa competencia; lo podrá hacer el propio Instituto o lo podrá hacer a solicitud del órgano garante. Hay dos vocablos fundamentales para atraer esta facultad: El interés y la trascendencia. Y creo que aquí simplemente hay que tener o tomar como referencia lo que ya otros órganos similares o poderes tienen, y no tengo otra referencia más que la Suprema Corte de Justicia cuando atrae este tipo de asuntos. La Corte ha dado bastantes elementos de carácter de motivación y fundamentación para interpretar de mejor manera qué se entiende por interés y qué se entiende por trascendencia. Por interés, muy breve, es la gravedad del tema, la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o en general de convivencia, de bienestar o que afecten la estabilidad del Estado. Por carácter trascendente es lo excepcional, lo novedoso, que entraña la fijación de un criterio para casos futuros y la complejidad sistémica de los mismos.

¿Qué quiere decir esto? Que el Instituto cuando decida atraer esta facultad o este asunto por su trascendencia o interés tendrá que motivar y fundamentar por qué implica este tema tan complejo; porque es novedoso, porque es trascendente. Seguramente cuando se detalle a nivel federal este mecanismo tendremos que tener en cuenta estas consideraciones. Ha habido casos, evidentemente, que nos ilustran cuáles son las trascendencias, cuál la Corte ha asumido esto y que nos podemos asumir como casos análogos. El caso San Fernando, el de los 72 migrantes, que por cierto involucra al Instituto por una facultad de violación grave a derechos humanos. Ahí lo que está en discusión es que si el Instituto, en primer fase, puede pronunciarse para efectos de acceso a la información, si puede ordenar la publicidad de información, no obstante que se encuentre en una excepción de causal de reserva por causas de averiguación previa. Una comunidad indígena, la Sierra Tarahumara, donde la Corte atrajo el asunto. La discoteca-bar New’s Divine, donde también la Corte atrae el asunto. Son temas de trascendencia social que importan a la comunidad en general. El tema que sí me gustaría tomar mucho énfasis en la facultad del consejero jurídico para resolver o para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia las resoluciones que emita este Instituto. Y quiero decirles que cuando se expidió, se promulgó, ya quedó firme el artículo 6º Constitucional y que yo todavía no iba a ser comisionada, dije: “Este es uno de los puntitos”, y aquí está una representación, la consejera jurídica; pero es uno de los puntitos que habría que discutir y en lo personal no estaba del todo convencida del por qué se otorgaba este mecanismo de control al consejero jurídico o por qué nada más por una causa que era de seguridad nacional. Empezamos, y voy a ser muy breve con los antecedentes que se realizaron para incorporar esta facultad a nivel constitucional.

Fueron tres iniciativas de las tres principales fuerzas del país; la del PRI-Verde, que solicitaba esta facultad diciendo que era una forma de controlar y de contrapeso dentro de los poderes públicos al darle al INAI la máxima jerarquía normativa de reconocimiento porque ya estaba reconocido constitucionalmente como Órgano Garante. Pero había una situación, que esta facultad se la otorgaba al Presidente, al Presidente de la República, al Presidente de la Cámara de Senadores, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los titulares de los órganos autónomos, y decía: “Con relación a la Administración Pública, el Consejero Jurídico”. Después de los debates lo único que quedó fue que esta facultad quedará solamente reservada a la Consejería Jurídica. Así fue el proceso. Aquí está Dante que seguramente vivió muy cerca este Proceso Legislativo Constitucional. Y en el artículo constitucional quedó, de acuerdo a la legislación de la materia, es decir, a la ley de seguridad nacional, que es el enfoque que tenemos. La Ley de Seguridad Nacional define esta materia como las distintas acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y en esa ley se establece un Consejo de Seguridad Nacional, que es una instancias deliberativa, donde enuncia una serie de entidades públicas de secretarías de Estado, que todas están enfocadas en ese momento al Ejecutivo Federal, y tiene que ver con Hacienda, Gobernación, Defensa, Marina, con el CISEN. Son instancias que están dentro de la Administración centralizada, y el CISEN de la Administración Pública Federal. Este Consejo tiene que ver o sus esfuerzos están orientados a preservar la seguridad nacional, el establecimiento de políticas generales, el Programa para la Seguridad Nacional, la cooperación internacional. Pero si uno revisa los objetivos tiene que ver con la defensa en general del Estado mexicano, de la seguridad pública y seguridad nacional.

Y se agrega otro tipo de interpretación por seguridad nacional, aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología, equipo de útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? Que la referencia normativa que tenemos para entender en qué casos el Consejero Jurídico podría acudir ante la Corte cuando considere que hay una afectación en esta materia, por resoluciones del Instituto, tendrá este mecanismo para acudir ante la Corte. Algunos datos para saber qué tanta importancia tiene para los solicitantes o no, no importancia, sino cuánto han hecho uso de este derecho en esta materia de seguridad nacional. Durante 2014, a mayo, se presentaron 212 solicitudes de información relacionadas con el tema de seguridad y, de esas 272, 36 instituciones estuvieron involucradas y son comúnmente Defensa, Marina, Procuraduría, Gobernación, Presidencia de la República. Y de esas solicitudes, el dato de impugnación, el 58.3 fueron impugnadas, algunas se confirmaron, se revocaron y entraron a análisis. El papel de Consejero Jurídico tiene… Y ustedes recordaran, y eso lo tenemos desde la Constitución del 1917, que cuando se hablaba del Consejero Jurídico o del abogado de la nación estaba a cargo del Procurador General de la República y –si no me falla la memoria– es en 1994 cuando se hace una reforma y se estable que el Ejecutivo Federal contará con un Consejero Jurídico, y esto para dividir la facultad que tenía como representante de la sociedad, a través del Procurador y como la defensa de los intereses jurídicos y legales del Presidente de la República. Hubo reformas; el año pasado hubo la reforma político-electoral, se habló del Fiscal General de la República y ahí es cuando se entiende que el Consejero Jurídico no solamente es el Ejecutivo, sino también de la Federación, pero está sujeta a la expedición de leyes generales en la materia.

¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que es importante que el alcance del papel que juega la Consejería Jurídica en esta materia es el único que tiene posibilidad de recurrir las resoluciones del Instituto, ninguna autoridad tienen, son resoluciones definitivas e inatacables para cualquier sujeto obligado, no así para los particulares y tiene la vía del juicio de amparo para que sean revisadas nuestras resoluciones bajo un control de constitucionalidad. Pero sí creo importante que no se quiso entrar a detalle en la Ley General, en cuanto a regular más allá este mecanismo de revisión. Espero que en la Ley Federal se circunscriban y se aclare de mejor manera qué papel va a jugar la Consejería Jurídica cuando decida recurrir a estas resoluciones, qué papel va a tener el Instituto para defender la legalidad de sus resoluciones y qué papel va a jugar el ciudadano que solicitó la información en materia de seguridad nacional. Eso es importante hacerlo, porque aquí en el Instituto hemos tenido recursos en que me parece que se confunde el término de seguridad nacional, y hay un caso muy específico, lo traigo muy brevemente a colación. Pidieron información sobre el hangar presidencial, la remodelación que se hizo del hangar presidencial, y pidieron el contrato, cuánto iba a costar la obra, los planos, etcétera, y se negó la información diciendo que era información clasificada en su modalidad de confidencial y de ser reservada. ¿Por qué? Porque afectaba la seguridad nacional, afectaba la seguridad pública, afectaba la seguridad del Presidente y afectaba la seguridad de los invitados del Presidente. Así que estas formas de responder por parte de los sujetos obligados, en este caso era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí complica un poco la interpretación, porque estamos ciertos que sí debe haber protección sobre temas estratégicos en materia de seguridad nacional, pero también hay temas que tienen que ver con el uso de recursos y los contratos, cuánto cuesta la obra, etcétera.

Evidentemente entra la connotación de un concepto de publicidad, de rendición de cuentas, y en ese recurso específicamente obviamente se entró al estudio para saber que había determinadas circunstancias por las que no podían de ninguna manera acceder a la información, como eran los planos y las instalaciones estratégicas en las cuales se iba a realizar la obra. Evidentemente sí hay que ponderar e interpretar de mejor manera el alcance que tiene la Consejería Jurídica en este papel. Finalmente algo que sí me da muchísimo gusto, los mecanismos de control de constitucionalidad que ya tiene el órgano garante, para presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto tiene que ver con el rango que se le da ahora al Instituto Nacional para ser el órgano de Estado garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Ojalá no sea el caso, pero también se podrán establecer o presentar ante la Suprema Corte las controversias constitucionales que tienen que ver con este mecanismo de contrapesos, por si algún otro órgano autónomo o bien alguno de los poderes por alguna circunstancia invade la competencia del INAI, entonces habrá este mecanismo; o bien, si el Instituto considera que existe una ley que contraviene el texto constitucional, hará uso de este mecanismo de acción de inconstitucionalidad. Otro apunte importante es que, como ya vamos a dar seguimiento a las leyes locales derivadas de esta reforma, el Instituto Nacional estará atento a que no existan retrocesos en las legislaciones locales, porque también ahí se da la facultad para que este Instituto pueda recurrir a la Corte vía acción de inconstitucionalidad. En sí son dos mecanismos que permiten dar supremacía constitucional, que permiten revisar un control sobre los distintos niveles de gobierno, órganos autónomos, que la verdad es extraordinario. Sé que luego no nos gusta hablar de estos temas, pero ya tuve oportunidad de ejercer uno de estos mecanismos, que no se hizo, pero está la facultad ya regulada y esperemos que no la usemos,

esperemos que nos respetemos en los ámbitos de competencia y que las leyes vayan acordes al ejercicio del derecho. Pero, en caso de ser necesario, seguramente el INAI activará la defensa del control de la constitucionalidad en estos casos. Muchas gracias. Muy poco tiempo, pero quería tocar estos puntos. Ojalá puedan lograr abrir la discusión en este tema. Gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Comisionada. Y de manera natural por su exposición, vamos a darle la palabra al segundo participante que es Rodrigo Espeleta. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente se encuentra haciendo estudios de doctorado en la misma institución. Tiene experiencia en el ámbito académico y se ha desempeñado como profesor de las asignaturas de teoría constitucional y derecho constitucional en la misma casa de estudios. Tiene una amplia experiencia profesional, básicamente centrada en estudios legislativos y análisis jurídico en la Secretaría de Gobernación y ha trabajado en la Consejería Jurídica, en donde actualmente se desempeña como Consejero Adjunto de la Legislación y Estudios Normativos de esta oficina en la Presidencia de la República. Como lo anticipaba, fue el propio Rodrigo, quien en su momento en el debate que abrieron los señores legisladores en el momento de la confección de la ley general, quien fue en representación del consejero jurídico para verter la posición y si no tienes inconveniente, Rodrigo, y al ser el Seminario sobre Alcances y Retos, creo que la comisionada Cano ponía muy bien una pregunta de qué papel jugaría la Consejería para hacer uso de este recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

Estoy seguro que en el auditorio hay gran interés por escuchar la perspectiva y la postura de cómo tienen visualizado en un primero momento, hacer uso de este medio de impugnación que ya quedó claramente planteado en el ley general. Tienes la palabra hasta por 13 minutos, Rodrigo. Mtro. Rodrigo Espeleta Aladro: Gracias, Comisionado. Muy buenos días y gracias por la invitación y la oportunidad de seguir platicando de esta reforma que sin duda está cambiando el paradigma en materia de transparencia. Antes de entrar al tema del recurso extraordinario que tiene el Consejero Jurídico para impugnar resoluciones del Instituto, quisiera referirme a dos atribuciones del propio Instituto que me parecen sumamente relevantes. Como ya mencionaban los comisionados, los medios de impugnación son estas herramientas jurídicas que tienen las personas para hacer valer efectivamente sus derechos, es decir, son las garantías que requiere cualquier derecho para hacerlo efectivo. La reforma constitucional establece nuevos sujetos obligados y fortalece al instituto, pero de poco sirve tener muchos sujetos obligados y establecerles muchas obligaciones, si no tenemos mecanismos que permitan a las personas hacer valer en forma efectiva ese derecho. Y me detengo en estos temas, porque considero que es en los medios de impugnación las atribuciones materialmente jurisdiccionales que tiene el instituto donde se le dota de una fortalece sin precedentes en nuestro país. La Constitución convierte al instituto en un órgano garante del derecho al acceso a la información y la transparencia a nivel nacional, es un instituto nacional.

Hace podo me preguntaban si efectivamente el instituto tenía competencia nacional y la pregunta más bien era, ¿por qué ahora se llama Instituto Nacional? Antes se llamaba Instituto Federal. Por qué ahora se llama Instituto Nacional si las entidades federativas conservan atribuciones en materia de transparencia, es decir, hay órganos autónomos locales, la constitución establece obligaciones orgánicas positivas para las entidades federativas, para los estados concretamente. Establecer órganos que garanticen el derecho a la transparencia en el centro de formación en las entidades federativas, la pregunta tiene cierta lógica, por qué ahora es un Instituto Nacional si no se está federalizando o no tiene competencia en todo el territorio nacional. Y la respuesta es, efectivamente, ahora un órgano garante nacional y en buena medida esa competencia nacional se la dan dos medios de impugnación en específico que ya refirió la comisiona y que claramente dejan ver la intención del constituyente de convertir al INAI en el órgano nacional garante que fije, determine la forma en que se va a garantizar el acceso o el derecho al acceso a la información y a la transparencia. El más relevante o el de mejor forma que nos permite ver esta intención del constituyente es el recurso o la facultad de atracción de recursos de revisión. Como ya comentaba la Comisionada, el pleno del Instituto, por mayoría de sus comisionados, puede, de oficio o a petición del organismo garante, atraer un recurso que se esté ventilando en una entidad federativa, en un órgano local. ¿Con qué objeto? Con el objeto, finalmente, de fijar criterios de interpretación respecto al derecho de acceso a la información y la transparencia. Sin duda, esta facultad de atracción lo que hace es establecer o pone al Instituto como la autoridad máxima en materia de interpretación de

los derechos de acceso a la información y la transparencia, sin perjuicio que el sede judicial eventualmente podría llegar a un asunto. Pero esta atribución, interpretada sistemáticamente con la definitividad de las resoluciones del Instituto para los sujetos obligados, que no para los particulares, sin duda colocan al Instituto como una autoridad nacional garante del derecho de la transparencia y, desde luego, al acceso a la información. Nos parece de especial trascendencia y relevancia, porque como ya mencionaba la Comisionada, se emplean conceptos análogos a los que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos, interés y trascendencia. ¿Por qué va traer un recurso el Instituto? Lo va traer, entiendo yo, cuando determine que determinado asunto requiere de la atención del Instituto para fijar un criterio e interpretación y de esta forma ir homologando la actuación, tanto de los sujetos obligados, como incluso de los organismos garantes a nivel local o en el orden local y de esta forma hacer más accesible o más eficiente el derecho del acceso a la información. Lo mismo sucede, en buena medida, con el recurso de inconformidad. Es una segunda instancia que recae en el Instituto, es decir, el Instituto se convierte en un tribunal, por decirlo de alguna forma, de apelación respecto de las resoluciones que emitan los institutos o los órganos locales. Sin duda, esto también le da un carácter de autoridad nacional al Instituto; es decir, aun cuando estamos en presencia de un tipo determinado de concurrencia en materia de transparencia y obligaciones comunes que se establecen para las autoridades en la Constitución, es la propia Constitución la que dota de atribuciones nacionales al Instituto y de esta forma, no nos queda duda, se convierte en un órgano constitucional autónomo, garante del derecho de acceso a la información, sin perjuicio de si tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aborda, es un órgano garante de los derechos humanos y, desde luego, estamos hablando también que la transparencia y acceso a la información es un derecho humano.

Pero en específico, en esta materia, el Instituto se fortalece de forma muy importante y sí, sin duda, es una autoridad nacional en los propios términos que establece la Constitución. Y como ya mencionaba, desde luego es muy relevante hablar de definitividad de las resoluciones del Instituto. Los actos materialmente jurisdiccionales del Instituto son inapelables para los sujetos obligados, lo convierte en la última autoridad o en el máximo intérprete de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados y de los particulares, que insisto, en su caso, sí podrían recurrir la resolución del Instituto, por ser una autoridad, vía el juicio de amparo. La única excepción en esta definitividad, y llegamos al tema que mencionaba la Comisionada, es la facultad que tiene el Consejero Jurídico del Gobierno de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una resolución del Instituto, cuando considere que se pone en peligro la seguridad nacional. Aquí me gustaría hacer algunas aclaraciones: Es una medida excepcional, procede solamente respecto de resoluciones del Instituto, se generó cierta confusión cuando en el proceso de elaboración y dictaminación de la ley, respecto si esta atribución del Consejero Jurídico procedería respecto de resoluciones de los institutos locales, por ejemplo, organismos locales, desde luego que no, la Comisión es muy clara al establecer que son inatacables las resoluciones del Instituto Nacional y solamente respecto de las resoluciones del Instituto Nacional procede la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un solo sujeto legitimado para interponerla, que es el Consejero Jurídico de Gobierno y hay una sola materia por la que procedería este recurso, que es la seguridad nacional. En la Ley General se transcribió prácticamente el texto constitucional, salvo para establecer los siete días de plazo para que el Consejero interponga el recurso, en su caso, y un plazo también adicional para que la Corte se pronuncie sobre la admisión del recurso, no de su resolución.

Efectivamente, no se entró a mayor detalle sobre cuál es el papel de la Consejería Jurídica, cuál es el papel que tendría el Instituto como autoridad recurrida, digámoslo de una forma y cuál sería el papel del particular que solicitó o hizo la solicitud de acceso a la información, que dio pie a la resolución del Instituto y, desde luego, a la eventual interposición de este recurso. Nosotros sí hacemos énfasis en que se trata de un recurso extraordinario, tan es así que, insisto, es un solo sujeto legitimado para hacerlo respecto de una materia en específico. Sabemos que el tema de seguridad nacional ha generado diversas interpretaciones al interior del entonces Instituto Federal y lo hará, sin duda, en el Instituto Nacional porque se conserva incluso como una materia o como una causal de reserva de la información. Pero confiamos en que serán pocas las veces el que el consejero tenga que acudir a este recurso por el nuevo andamiaje legal que se ha construido en la Ley General. Si pensamos en la obligación que tienen las autoridades de hacer la prueba de daño ahora al momento que reservan la información, que sin duda esta obligación existía, pero estaba en lineamientos y no en la ley, y la autoridad podía no hacer una prueba de daños sino hasta que llegara el recurso. Si pensamos que es la autoridad al momento de reservar la información, la que hace la prueba de daño; si pensamos que existe un recurso mucho más efectivo de revisión que teníamos en la legislación anterior, y si pensamos también en la autoridad no solamente jurídica, sino moral que tiene el Instituto, estamos confiados que este recurso de revisión por cuestiones de seguridad nacional será ejercitado atendiendo a la naturaleza del mismo, es decir, de manera excepcional. ¿Qué deberíamos de regular o no en la Ley General? Esa es una pregunta que nos hicimos ahora en la Ley Federal, que nos hicimos cuando estábamos elaborando estos párrafos de la Ley General; pensamos que la Constitución remite a la ley de la materia y se debe

entender que esa ley de la materia es la Ley de Seguridad Nacional; es decir, no incorporar conceptos de seguridad nacional en la Ley General de Transparencia porque no es la ley de la materia. Y se ha dejado cierta libertad para que en la Ley Federal se regule, en todo caso, el procedimiento, los plazos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento resuelva; no así para dotar de contenido material al concepto de seguridad nacional, al menos no desde nuestra perspectiva, en todo caso tendría que hacerse alguna modificación a la Ley de Seguridad Nacional. Pero habrá que revisar y el Poder Legislativo tendrá que determinar en la Ley Federal hasta dónde y en qué medida regula el procedimiento de este recurso, que insisto, la Constitución es muy clara y no permite ir más allá, es solamente el consejero jurídico y respecto de las resoluciones del Instituto. Y hago un énfasis en este tema porque en algún momento se pensó que los demás sujetos obligados podrían interponer este recurso al haber intentado en la Ley General establecer un procedimiento de notificación por parte de los sujetos obligados al consejero jurídico para que considerara si efectivamente se actualizaba una agravante a la seguridad nacional y entonces tendría que interponer el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el Poder Legislativo determinó que no se establecieron mecanismos de notificación porque se prestaba precisamente a una interpretación respecto de si estaban ampliando o no la facultad del consejero jurídico. Tenemos claro que es solamente respecto de resoluciones del Instituto, hay interpretaciones en el sentido de que solamente puede ser respecto de sujetos obligados pertenecientes a la administración pública federal, hay otros sujetos obligados que interpretan que no, que la Constitución establece que es el consejero jurídico respecto de resoluciones del Instituto que afecten la seguridad nacional, con independencia de quién haya sido el sujeto obligado recurrido o que genera una reserva por razones de seguridad nacional.

Sin duda tanto en el Instituto y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, irán fijando los criterios de alcance en el ejercicio de este recurso. Es muy claro el principio de máxima transparencia en la Constitución, estamos seguros que en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretará el ejercicio de este recurso extraordinario en atención a este principio de máxima publicidad. Mantendremos sin duda una posición de transparencia de apertura, lo que quiero decir es que este recurso en ninguna forma demerita, disminuye o hace menos la reforma constitucional y, desde luego, tampoco la Ley General y todas las virtudes que tiene desde el punto de vista de obligaciones de transparencia, desde el punto de vista de fortalecimiento del Instituto y de celeridad en los procesos para garantizar el acceso a la información. Con esto concluiría. Muchas gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Rodrigo. Ahora cedo la palabra al licenciado Dante Preisser, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho; y actualmente se desempeña como Titular de la Unidad de Apertura Gubernamental y, su vez, es Presidente del Comité de Información de la Procuraduría General de la República. Muy brevemente, sí quisiera recordar que Dante, durante el proceso de generación de la Ley General, coordinó un grupo de trabajo de redacción, en el cual de manera inédita y evidente a petición de los senadores, se generó un mecanismo que creo que dio buenos resultados, en términos de poder entregar una propuesta a las comisiones dictaminadoras de una iniciativa de ley que por primera vez tomó en cuenta las consideraciones de la comunidad práctica de transparencia. Digamos que Dante conoce muy bien cómo fue el proceso, porque quedaron estos medios de impugnación y no dudo que va a aportar elementos para la discusión de esta mesa.

Dante, tienes la palabra hasta por 13 minutos. Lic. Dante Preisser Rentería: Muchas gracias, Comisionado Salas. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que emitió la Comisionada Areli Cano a la Procuraduría General de la República para acudir a este Seminario. Por razones de agenda, la Procuradora no pudo asistir, pero me pidió que le transmitiera sus saludos, tanto a los comisionados, a los ponentes y en general al público que nos acompaña el día de hoy. Y me pidió que los acompañara el día de hoy para hacer algunas reflexiones respecto de los temas que se han puesto en la mesa en el Seminario, en específico en esta panel, que son temas que, como comenta el comisionado Salas, fueron de los que más se discutieron en la redacción de la Ley General y en los que la Procuradora, en su calidad de Senadora en ese momento, participó decididamente para lograr los consensos que hicieron posible que la Ley saliera en los términos que salió. En principio, me voy a permitir hacer algunos comentarios, reflexiones sobre los medios de impugnación que se contemplaron en la ley, aclarando que la Ley General tiene justamente la función de ser una Ley modelo que establece principios, bases y procedimientos en materia de acceso a la Información, pero que debe ser replicada de alguna manera en la Ley Federal que falta de expedir y en las leyes locales. Esto es importante aclararlo porque de los medios de impugnación que se señalan en la Ley General, dos son de modelos que se deben replicar en otras leyes y los demás medios de impugnación son los que corresponden al Instituto Nacional en su calidad de Órgano Garante, como lo comentaba Rodrigo Espeleta. Considero que a pesar de que en el título octavo se señalan cinco medios de impugnación, hay en la Ley otro medio de impugnación, pero no para efectos del procedimiento de acceso a la información, sino para efectos de la transparencia de las instituciones y está contenido en el Capítulo Séptimo, que es la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Éste fue un capítulo que en un principio no se entendió, porque se facultaba a los ciudadanos a poder denunciar ante el Instituto cuando los sujetos obligados no tenían publicada la información en los que todos conocemos como los POT, en los portales de Obligación de Transparencia. En un primer momento no se entendió este medio de impugnación porque parecía que los ciudadanos podían denunciar cualquier falta, cualquier obligación de transparencia, incluso si no se constituía el Comité de Información, si no se constituía la Unidad de Transparencia, pero se aclaró señalando que únicamente es para efectos que si el ciudadano en el Portal de Obligaciones de Transparencia, que va a estar contenido en el Sistema Nacional de Transparencia, no encontraba la información que por obligación el sujeto obligado tiene que poner a disposición del particular, se podía hace un medio de impugnación ante el Instituto para que éste verifique si existe la información y, en caso de no existir, pudiera el Instituto obligar al sujeto obligado a poner a disposición esta información en el portal. Esto parte de la idea de que tenemos que distinguir el derecho de acceso a la información y otra cualidad de los sujetos obligados, que es el de ser transparentes, una cosa es el procedimiento que tiene para acceder a información y otra la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición información de manera proactiva, directa en los portales de los sujetos obligados y, en esta medida, ése también se consideraría un medio de impugnación. En total consideramos que hay seis medios de impugnación, como lo han comentado también los comisionados y los demás ponentes. El objetivo de la Ley General de Transparencia justamente era homologar tanto el procedimiento de acceso a la información como el procedimiento de recursos de revisión ante los organismos garantes, como estaba en la federación, con los estados. Era importante porque el nuevo paradigma del derecho a la información implica que debe ser considerado como un derecho humano, y lo que pasaba anteriormente, y sigue sucediendo, hasta que se implemente de manera completa la Ley General, es que había plazos, procedimientos y formas diferentes de acceder a información,

dependiendo del lugar donde vivía la persona, del estado en que vivía y del sujeto obligado al que le pedía la información. Justamente con el procedimiento del recurso de revisión ante organismos garantes, como un recurso modelo, se va a solventar este tema para que la información se deba dar a los solicitantes en los mismos plazos, independientemente del lugar o sujeto obligado a quien se lo pida. Uno de los temas que se tocaron en la redacción de la Ley, justamente para revisar esta homologación de información, era que hay estados, como el Distrito Federal, donde los plazos ya eran menores a lo que consideraba la Ley Federal e incluso a lo que considera la Ley General. Lo que se puso fue un transitorio, en el que se señala que todos los plazos de las leyes que se tienen que adecuar a esta Ley General deben ponerse al máximo o al mínimo, siempre en beneficio del particular. Esto, obviamente atendiendo al principio de progresividad que señala la Constitución, en el que se si ya se ganó un derecho no se puede regresar por una ley posterior en perjuicio de los ciudadanos o de los individuos. Es importante señalarlo porque el legislador local debe estar muy consciente de esta situación para no cambiar los plazos, tratando de adecuarse a la Ley General, pero en realidad yendo en perjuicio de lo que ya estaba en las leyes vigentes al momento de aprobación de la Ley General. Como lo comentaba, los medios que sí son exclusivos de aplicación del Instituto Nacional son justamente: El recurso de inconformidad, que es la segunda instancia y el recurso de atracción. La decisión que esto sucediera así fue justamente para atender que el Instituto Nacional sea la última instancia en la resolución de cualquier tipo de solicitud de información, pero únicamente para poder atraer casos de los estados debe fundar y motivar, con ciertos parámetros que se señalan en la Ley General, cuáles son las razones por las cuales se atrae este caso.

Es importante también señalar que en el artículo 143 se amplían las causales de procedencia del recurso de revisión, que antes estaban un poco limitadas, y también en este artículo, en el 143, se solventa uno de los grandes problemas que sucedían con las resoluciones de los organismos garantes, que cuando resolvían un recurso de revisión en el que se solicitaba al sujeto obligado a dar información, dejaban en indefensión al solicitante respecto que pudiera recurrir a la entrega de esa primera información que no se le había dado en un primer momento. Es decir, en el último párrafo se señalan las causales, que son varias, en las que es susceptible de ser infundada de nueva cuenta la entrega de esa información, justamente para no dejar de lado que el solicitante, al ser entregada esa información que debió haber sido entregada en un primer momento, pudiera no estar de acuerdo con la información que se le está dando. Lo que pasa actualmente es que el INAI resuelve un recurso de revisión en el que se tenía que dar información desde el inicio del procedimiento de acceso y si el solicitante ya no está conforme con esa información, ya no tiene posibilidad de recurrir esa misma solicitud ante el Instituto y, por lo tanto, se declara improcedente un doble recurso sobre esa solicitud. En la etapa de cumplimiento tampoco se verifica que en realidad se haya dado la información, porque el sujeto obligado da la información y con eso cumple el recurso de revisión; pero hay otros elementos que deben ser considerados para señalarse que sí se cumplió en definitiva con este recurso de revisión. Ahora me gustaría nada más complementar un poco lo que dijo el licenciado Espeleta sobre el tema del recurso de revisión, el recurso que se le dio al consejero jurídico. Como lo decía la comisionada Cano, en un principio, en las iniciativas se consideraba más de una excepción para que se pudieran impugnar los recursos ya resueltos por el INAI. Al final quedó que fuera únicamente el Consejero Jurídico y solamente por el tema de seguridad nacional, porque así lo señala la

Constitución, en el artículo 89, fracción VI, se señala que el Ejecutivo Federal tiene la atribución de preservar la seguridad nacional. No es que hubiera habido algún tipo de tema político en la decisión de quien iba a poder ser el que iba a impugnar las resoluciones del INAI, pero sí tenía que haber un control democrático en última instancia, protegiendo un tema sumamente sensible, es una excepción absoluta cuando hay asuntos de seguridad nacional. La decisión que fuera el Consejero Jurídico y no la Suprema Corte o el Congreso, fue justamente porque la atribución de preservar la seguridad nacional la tiene el Ejecutivo Federal y no cualquiera de los otros poderes del estado. Esa es la única razón real final de porque fue el Consejero Jurídico. Sobre la discusión de si puede ser el Consejero Jurídico respecto de cualquier recurso de revisión del Instituto Nacional o incluso de los organismos garantes locales, la respuesta en principio es que sí podría ser, porque la seguridad nacional es un tema que va más allá de una concepción federal o local de los temas. Si por alguna resolución de un recurso de revisión en un estado se llegara a afectar, es difícil, como lo comenta el licenciado Espeleta, es difícil que pueda pasar pero podría ser, se llegara a afectar la seguridad nacional por una resolución que obligara a dar cierta información, es evidente que alguien tiene que tener la atribución para protegerlo. Si al Presidente le está dada esa atribución en el artículo 89 Constitucional, hace lógica que sea el Consejero Jurídico del Ejecutivo el que lo haga. También es importante señalar que en este recurso se acortaron mucho los plazos justamente atendiendo a la excepcionalidad del mismo, es decir, solamente en casos sumamente graves y que son evidentemente riesgos a la seguridad nacional, los plazos para que el Consejero Jurídico pueda interponer este recurso, son muy limitados. Por último, el recurso de revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también fue una discusión que se tuvo desde la reforma

constitucional, en la que se señalaba que podía llegar a haber un momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de última instancia constitucional del país, pudiera llegar a ser juez y parte si el INAI tuviera la atribución de responder ante sus solicitudes de información. Es decir, de decidir respecto de sus solicitudes de información, que se pidieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión que se tomó al final, fue justamente que solamente fuera para asuntos jurisdiccionales y será muy interesante ver como en lo sucesivo, cuando se implemente de manera total la ley y el INAI sea responsable de las solicitudes de acceso a la información que se solicitan al Poder Judicial, en su conjunto, ya sea la Suprema Corte de Justicia o al Consejo de la Judicatura Federal, será interesante ver la forma en que se argumenta en qué casos se trata de información jurisdiccional y en cuáles de otro tipo de información como puede ser administrativa. De cualquier forma, existe siempre la posibilidad de que un último recurso resuelto por el INAI, llegue la Suprema Corte mediante vía de amparo y se dé esta situación de que haya juez y parte, pero la Suprema Corte como última instancia en todo momento tendrá la última palabra sobre el tema. Por último me gustaría tocar un último tema que no es necesariamente sobre los medios de impugnación, pero que sí está relacionada indirectamente, que es el tema de violaciones graves a derechos humanos. Como saben, durante todo el debate de la ley general, uno de los grandes temas fue si permanecía la cláusula de violaciones graves a derechos humanos. Independientemente de que en este momento existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios asuntos para resolver, si debe o no o quien debe ser la instancia encargada de valorar las violaciones graves a derechos humanos, en la ley se mantuvo la redacción original de la ley federal, justamente atendiendo al principio de progresividad

en la Constitución, porque de no haberlo hecho podría haber implicado una regresión en esa materia. Sin embargo, es importante señalar y aquí lo aterrizo un poco a lo que la Procuraduría General de la República ha instruido como una política interna a la Procuraduría, es; sí solventar todos los recursos de revisión, pero también atendiendo y tomando en cuenta que el derecho de acción e información no es un derecho absoluto, sino que convive con otros muchos derechos. Que, en el caso de la Procuraduría, tienen también que ver con la protección de la vida y de la integridad de las personas, tanto de los servidores públicos, pero también respecto de las personas denunciantes víctimas o las personas que declaran ante el mismo. Básicamente me gustaría señalar que la Procuradora ha instruido en que en todos los casos en que el INAI haga una última decisión sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, se atenderá, pero siempre protegiendo, no solamente los datos personales, sino también la posibilidad de reserva que hay de la información, cuando ésta pueda afectar la vida de las personas. Con eso concluiría mi intervención y agradezco mucho por su atención. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Dante. Ahora quisiera cederle la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, quien actualmente se desempeña como directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, tiene una amplia trayectoria, tanto académica como profesional, por lo cual quisiera destacar sólo un par de pinceladas de su biografía. Es licenciada y doctora en derecho por la UNAM, con especialidad en derecho constitucional y administrativo y en 1995 fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Boloña; ha tenido distintos cargos al interior de la

propia UNAM, dentro de los cuales destacaría la Dirección General de Asuntos Jurídicos. También en la administración pública general, trabajó en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, durante 1984 y 1994; fue consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal y también recientemente fue directora, no sé si actualmente es directora del Centro de División de Estudios Jurídicos dentro del CIDE, lo cual combina muy bien la parte práctica, con una gran experiencia académica, pero también la parte docente y de investigación. Por lo cual, de verdad, nos da mucho gusto poderla tener el día de hoy aquí con nosotros. Tienes la voz, Leticia. Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo: Gracias por la invitación; gracias a Areli, Oscar, Joel, por la invitación. Y sí tengo esta parte académica que siempre me gana y además trabajo en una Dirección en la Corte, pero por la Corte sólo hablan 11 ministros, nunca tengo la posición de la Corte, sino más bien la mucho más cómoda de la academia. He escuchado con mucha atención las posiciones de quienes me han precedido y déjenme decirles que en primer lugar, como constitucionalista, situación que seguramente voy a compartir con Jorge Islas, colega y amigo de muchos años, que sí estamos, se dice un cambio de paradigma, yo siento que hay un sisma constitucional muy delicado, lo he dicho en muchos institutos locales y lo digo ahora, y lo he platicado también mucho con el profesor Merino, no sé si soy la última o la penúltima federalista, pero a mí sí me sigue preocupando cada vez que hay injerencia sobre los órganos locales. No sé si al ser chiapaneca me convierto automáticamente en federalista porque sí me preocupan todas estas instituciones que ahora se llaman nacionales, el propio INE, el INAI ahora, porque se da una paradoja muy interesante.

En las exposiciones anteriores se dijo: “Así lo quiso el constituyente” y entonces las nuevas atribuciones y las restricciones de facultades que se le dan a los órganos locales, en mucho son decisión de las legislaturas de los estados que participaron en la decisión de la reforma constitucional. Pero aquí encuentro una paradoja muy interesante: Cuando circula una reforma constitucional para aprobación en las legislaturas de los estados, pareciera un constituyente de adhesión porque no se oponen realmente ni motivan ni dicen todas las razones que pudieran tomar en cuenta para decir estoy o no de acuerdo en la reforma. No son lo suficientemente fuertes las entidades federativas que conforman la federación para decir en qué sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y se convierte en este efecto dominó de aceptación de una reforma. Curiosamente la reforma lleva, ahí está la paradoja, en el fondo, que la intervención de la federación se da por la fuerza que tienen los gobernadores respecto de los órganos locales. Hay un tema debilidad y fortaleza; debilidad porque no se pueden oponer a una reforma constitucional decidida en el centro, y fortaleza porque son muy fuertes frente a los órganos locales. Lo quiero decir así de crudo porque es una realidad más allá de lo que queda en el texto de la Constitución. Este proceso de un federalismo extraño que en un momento se llamó cooperativo y ahora ya no sé qué federalismo es, sí sé que seguimos siendo una República Federal, ¿pero con qué características? Depende qué porciones del artículo 73 leamos para saber qué características tiene esto. Esto es muy relevante por la facultad de atracción de la que se hablaba al inicio, que hay una razón y una justificación.

En segundo término, me llama muchísimo la atención que al hablar de los medios de impugnación se esté centrando tanto la atención sobre la intervención del consejero jurídico. Parece que causa mucho escozor, mucho resquemor y muchas dudas de por qué la disposición quedó así. Y de nuevo ahí no habría un rompimiento del federalismo, pero sí un regreso de un presidencialismo que ya lo considerábamos ido y que regresa, porque desde mi punto de vista en un análisis estricto constitucional de división de poderes, los órganos constitucionales autónomos no podrían quedar subordinados, no es una subordinación directa, pero de alguna manera se le cede una facultad, y me preocupa muchísimo también los otros poderes. Desde mi punto de vista esta posición inicial de que cada uno de los poderes debió mantener sus facultades y no cederlas a un órgano que es eminentemente de la administración pública federal, del Ejecutivo, me preocupa. ¿Qué veo de ventaja en este proceso? Que por fortuna quedó acotado, como ya se dijo quienes me antecedieron; quedó acotado. Y hay otra gran ventaja, que es una facultad que de acuerdo al artículo 189 va a tener que fundar y motivar, esa es una cuestión muy importante porque no sólo va a decir: Sí considero que hay un tema de seguridad nacional, sino estas son mis razones y esta es la fundamentación. Ahí está el primer acotamiento, porque en esta fundamentación y motivación va a poder hacer referencia a la propia Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional especializada en la materia, pero también entra necesariamente al ser este derecho un derecho humano, entra todo el tema de la convencionalidad. Cuando hablamos de seguridad nacional sí ya tiene algo acotado y tendrá que fundar y motivar, son los propios artículos 14 y 16 constitucionales las otras garantías que entran en apoyo. Además hay algo que es muy relevante. Se insistió mucho, va a ser excepcional, si está esa salida, pero es excepcional.

¿Por qué nos inquieta? Porque pareciera una excepción y nosotros queremos reglas y que la transparencia no tenga restricciones. Cuando se dice: Va a ser excepcional, nos deja más o menos tranquilos; pero esta excepcionalidad va a ser que si en alguna ocasión se ejerce esta facultad todo el escrutinio público va a estar sobre el consejero jurídico. La gran lupa de la transparencia va a estar viendo por qué lo promovió, respecto de qué lo promovió y después la lupa sobre la Corte, ¿qué va a resolver la Corte? Nunca va a estar algo en lo oscurito o de alguna manera escondida, porque revisando lo que el propio INAI ha dicho que es la seguridad nacional en los muchos casos que le han tocado, sí hay unos temas muy claros, como lo decía Areli, que tienen que ver con la Defensa, con el CISEN, con la Marina; pero hay otros casos que están en frontera y que son justamente los que en algún momento pudieran ser motivo de duda. Y ahí viene de manera complementaria lo que la propia Suprema Corte ha dicho en qué casos sí hay o no el tema de seguridad nacional. Voy a hacer referencia al segundo párrafo porque no se ha insistido mucho en eso que el consejero si considera que hay razones para promover por razones que está en peligro la seguridad nacional, dice: “El recurso deberá interponerse”, ya se dijo durante qué plazo, y luego dice: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución del resolución”, el “en su caso” es muy porque parecería que siempre se suspende y ese “en su caso” da la posibilidad de que puede haber suspensión o puede no haber una suspensión. Luego dice: “Y dentro de los cinco días siguientes a la interposición de recurso, resolverá sobre su admisión o improcedencia”. Son dos momentos de los que no se había hablado, pero que parecen muy importantes.

En el siguiente artículo es a donde dice: “En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considere que se pone en peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios”. Así que, para nuestra tranquilidad, no está tan abierto como en principio se pudiera considerar, porque es fundar, motivar, e incluso, dar elementos de prueba. Quiero decirles que revisé con mucho cuidado lo que el propio IFAI antes hizo en materia de seguridad nacional y me parece muy interesante la posición, pero también una jurisprudencia de la Suprema Corte que seguramente conocen, en donde pone elementos muy claros de una interpretación coherente de todo el marco normativo, donde pone convencionalidad, los otros artículos relacionados de la propia Constitución y específicamente lo que pudiera entenderse por seguridad nacional, que es llevada a temas que no necesariamente tienen que ver con lo que ahora vemos de combate al narcotráfico, sino a veces hasta en temas de la Ley de Aguas se ha argumentado seguridad nacional, en temas de telecomunicaciones se argumenta con frecuencia seguridad nacional. Es así como este concepto, que a nivel de la teoría del derecho le podríamos llamar un concepto válvula porque no puede nunca estar cerrado del todo; el derecho necesita de ciertos conceptos como el de seguridad nacional para que en casos concretos se pueda decir si aplica o no aplica. Pero eso no significa que no haya reglas claras de aplicación. Para usar el tiempo que me falta, sí quiero insistir en el tema de las violaciones graves a los derechos humanos, porque también aquí el elemento de interpretación puede ser, no que es una violación a los derechos, sino una violación grave a los derechos humanos. Es en la gravedad en donde también hay interpretaciones ya de la Suprema Corte que nos pueden dar luz respecto de cómo puede quedar circunscrito el esquema de interpretación. Ya lo decía Areli en algún momento, el caso de San Fernando es un caso actual, que debe revisarse, donde se pidió el acceso a todo lo que implicó, desde la averiguación previa hasta todo el proceso.

En mi caso, respecto de San Fernando, yo no dudaría en pensar que ahí hay violaciones graves de derechos humanos. Respecto del News Divine ya estaríamos en frontera. Pero sí, respecto de San Fernando yo creo que no nos quedaría con el tamiz internacional ninguna duda respecto de si cabe o no cabe. Y sobre eso, sí quiero leer expresamente lo que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en el amparo en revisión 168/2011, en donde se habló de violaciones graves a derechos humanos, su concepto para efectos de derecho de acceso a la información de la averiguación previa que se investiga. Porque aquí específicamente, la Corte habla de las violaciones graves y dice: “Para comprobar la trascendencia social de las violaciones deberá determinarse a través de criterios cuantitativos o cualitativo. El criterio cuantitativo determinar la gravedad de las violaciones, demostrando que tienen una trascendencia social, en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos”. Es lógico que por el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos, razón por la cual la Suprema Corte también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar mediante un criterio cualitativo, determinando si éstas presentan algunas características o cualidad que les dé una dimensión específica. En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha determinado que la gravedad radica esencialmente en que se presenten las siguientes características: Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados y una participación importante del Estado a ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o el apoyo del Estado.

Yo no dudo que Chilapa, Tanhuato, Tlatlaya y todo lo último en algún momento vaya a llegar al INAI o a la Suprema Corte, dependiendo de la grave violación a los derechos humanos. También hay casos, por ejemplo, de migración, donde la Corte ha combinado en sus interpretaciones tanto temas de seguridad nacional como seguridad de violación a derechos humanos, donde ha quedado mezclado el criterio, porque hay temas de migración que se consideran, por supuesto, de seguridad nacional. Por otro lado, dice en alguna parte, con los criterios de atención a los migrantes: “Conforme a la actual tendencia humanista en los tratados internacionales de lo que México es parte por ser frecuentes las violaciones de sus derechos humanos a manos de traficantes, que incluyan torturas, maltrato, lesiones, abandono antes de alcanzar su destino y que puedan terminar en tragedias, de manera que la conducta desplegada por los traficantes puede equipararse a los delitos de secuestro, trata, delincuencia organizada”, y hace toda una reflexión en esta tesis la Corte respecto de cómo se puede mezclar seguridad nacional con violaciones graves a derechos humanos en casos de migración. Son muchísimos los temas y no va a alcanzar el tiempo, así que sólo quiero referirme, por último, al único artículo que quedó específicamente referido a la Corte, que sería, por ser órgano limite, el órgano límite de todos los límites, cómo quedó separado de lo que sería el Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo o todos los órganos autónomos, y en este caso el 194 dice: “En la aplicación de las disposiciones de la presente ley, relacionadas con la información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en materia de acceso a la información, integrado por tres ministros, para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales; dicho comité atenderá los principios, reglas y procedimientos y tendrá las atribuciones de los organismos garantes”. Se previó qué pasa con la información de la Suprema Corte, no del Poder Judicial, así que nos referimos a los temas que por acciones de

inconstitucionalidad, por controversias o por amparos que fueron atraídos, la propia Corte se revisaría a sí misma, y para eso se crea en esta ley la posibilidad que se constituya esta comisión de tres ministros. Los temas apenas comienzan. Yo felicito que se haya convocado a este Seminario, porque apenas comenzamos a hablar de una Ley, sí, novedosa, y que sin duda refleja el contexto histórico particular en que fue elaborada. Muchas gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Leticia, por tu intervención. Solamente quisiera hacer un pequeño apunte diciendo que, efectivamente, los recursos de revisión que le han tocado a este Pleno y que se ha pronunciado a primera vista haciendo uso de la excepción a la reserva, al tratarse de violaciones graves, hemos utilizado o puesto en práctica los elementos cuantitativos y cualitativos que tanto la Suprema Corte como la Comisión Interamericana nos han establecido y han sido, efectivamente, San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa. Así que estamos en armonía y en sintonía con lo que ha definido la Suprema Corte y en función de San Fernando, justo, una instrucción que dio el juez en ese momento a IFAI para pronunciarse a primera vista, que es lo que quedó en discusión al momento de la Ley General y que los legisladores definieron que hasta que no se pronunciara la Suprema Corte iba a quedar como está ahora la actual Ley Federal. Finalmente, para concluir este panel, también es un gusto darle una vez más la bienvenida al doctor Jorge Islas, quien es un amigo del INAI y como ustedes saben, ha sido un firme precursor del derecho de acceso a la información y la transparencia. El doctor Jorge Islas, es licenciado en derecho por la UNAM, con maestría en leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York y hay que recordar que fue integrante y representante del Grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión al momento de la redacción de la primera Lay Federal de Transparencia.

Por otro lado, también recordar que fue fundador de la primera cátedra de derecho a la información en la Facultad de Derecho de la UNAM en el 2002 y coordinador y editor de un libro pionero: La transparencia en impartición de justicia, que aborda todos temas relativos al derecho al acceso a la información y la transparencia en el Poder Judicial. Fue miembro del Consejo Directivo Internacional de Artículo 19, una organización de la sociedad civil que todos ustedes saben, por defender el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Y ha recibido diversas distinciones, personales y de grupo, dentro de las cuales destaco la que le hizo el propio Pleno del IFAI en el 2012 por la contribución a la promoción y el pleno ejercicio de uno de los derechos que tutela. Concluyo diciendo que al igual que Leticia fue abogado general de la UNAM durante el periodo 2004 y 2008 y es editor y analista, un tema que me gusta mucho destacar, que ha sido traductor de diversas obras de Giovanni Sartori. Con esto concluyo y le doy la voz a Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Mtro. Jorge Islas López: Muchas gracias, Joel, por la generosa introducción. Antes que nada un agradecimiento también con gran afecto a mis amigos los comisionados y por las enormes distinciones y consideraciones de seguirme invitando a platicar y reflexionar este tipo de temas que son muy importantes. También saludo con mucho respeto y con mucho afecto a mis colegas de panel. No pudo ser más preciso el título de este Seminario, luego nos equivocamos y es parte de los procesos de aprendizaje, pero éste es un gran título que tiene este Seminario, llamado: Sobre los alcances y

retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sobre los alcances y retos; y la verdad es que el tiempo y la agenda del día tiene que seguir avanzando, me habría de enfocar fundamentalmente en este recurso con el cual se le dota desde la Constitución y en la ley general a la Consejería Jurídica, me parece muy interesante para analizarse. Pero a mí me gustaría partir de una premisa preliminar y es muy importante destacarlo, porque no nada más es el caso del día de hoy, sino ha sido esto permanentemente discutido, analizado, controvertido y polemizado en todas la leyes de acceso a la información de las que he tenido conocimiento, sea por investigación o en las que me han invitado a participar como observador, concretamente en muchas de ellas en Latinoamérica. La dicotomía: Derecho a la información pública, derecho para reservar información, ha generado siempre controversia y polémica; y es claro, sin transparencia no hay democracia, lugares comunes, pero también sin Estado no hay democracia. Se tienen que buscar los parámetros, las zonas y las fronteras que puedan generar sanos equilibrios institucionales y procedimentales que permitan desahogar una ley con un procedimiento y sobre todo la efectividad de resultados para que tengamos un contundente sistema en favor de la apertura de la información pública, de la transparencia. Esto me lleva, precisamente, al año 2000, cuando junto con un grupo de colegas, preponderantemente académicos y periodistas, discutíamos este tema para establecer una reflexión y posteriormente una propuesta ante el Congreso en un ejercicio inédito ciudadano. Fue, si no mal recuerdo, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, con Sergio López Ayón, estaba yo y tal vez algún colega adicional, en donde identificamos la necesidad porque no avanzábamos mucho en la posibilidad de seguir redactando algunos temas adicionales por el tema de seguridad nacional.

En ese momento hubo esta coincidencia, que era muy importante establecer una definición, aunque fuera genérica, para establecer un parámetro y una base, con el fin de aminorar posibles actos de discrecionalidad. Una ley así tiene que ser ejemplar, porque es una ley que busca no solamente permear, fortalecer las puertas de la apertura a la información, sino porque hay, tal vez, un espíritu aún más importante, que es construir ciudadanía y eventualmente fortalecer otras libertades de las que nosotros somos beneficiarios, ejerciendo este derecho. Y creo que no fue una mala definición, no porque hayamos participado directamente en esa parte, era una definición bastante buena, era porque la borraron y ya no la quisieron incorporar en un nuevo contexto. ¿Por qué? Lo escuchamos hace un momento, porque se creía que técnicamente podría ser motivo de otra ley. Yo en lo personal difiero. Por eso la redacción y la precisión del lenguaje, para efectos de técnica legislativa es muy importante. Si bien es cierto que pueden haber complementos con la Ley Federal de Seguridad Nacional, la propia ley establece, y esto no se ha dicho, que “…para efectos de esta ley se entenderá por:…” Y se hace toda una estructura de criterios y todo un andamiaje institucional, procedimental y de principios para una lógica: La protección de la seguridad nacional. En el caso de la transparencia hay otra lógica. Y ahí es donde la creatividad de los abogados, de los constitucionalistas y de los creadores de normas, creo que puede jugar un puente muy importante de comunicación y de armonía, para establecer también, dentro de la propia ley: “…para efectos de esta ley, se entenderá por seguridad nacional…” Y, entonces, buscar esos complementos. Lo importante es que hoy tenemos una Ley General, producto de una reforma constitucional, a la que no se le puede restar mérito alguno;

mérito alguno yo lo diría por dos razones fundamentalmente: La primera y más importante, porque finalmente hubo un gran consenso de todos los actores políticos relevantes y esto le da legitimidad. También relevante porque incorporaron a diversos sectores de la sociedad civil, especialistas que dieron sus opiniones, que fueron escuchados, que fueron invitados y que también hay reflejo de la sociedad civil especializada en estos temas. Dobles auras porque fue una manera de ser muy sensible para incorporar un nuevo marco normativo. Muy importante porque estamos hablando que hay un tercer marco normativo en menos de 12 años de creación de este derecho, de implementación de este derecho y de la institucionalización de este derecho, en donde creo que tenemos ya una ley, yo diría, bastante sofisticada, muy completa y en lo general, creo que bastante atendible. Como todo en la vida, hay cosas muy positivas, ésta es una de ellas, hay que celebrarlo, y que contamos con una institución garante del acceso a la información pública nacional muy empoderada. Creo que el capital humano que conforma esta institución es de altísimo respeto, credibilidad y de respeto, lo cual, en un principio, da señales que habrá garantías que la ley y su capital humano, con la nueva institucionalización, habrán de redundar en mejores momentos, porque habrá un nuevo criterio de homologación a nivel nacional sobre este tema de la transparencia del acceso a la información pública. Hay, por supuesto, nuevos mecanismos procedimentales, nuevas figuras procesales y dentro de ellas a mí me llama mucho la atención los medios de impugnación que prevé la ley. De manera muy concreta a mí me llamó la atención y yo sí quisiera referirme de manera muy concreta y particular a este mecanismo de revisión que tiene la Consejería Jurídica del gobierno federal para poder interponer el recurso de revisión en materia de lo que se llama de seguridad nacional, directamente ante la Suprema Corte, cuando ésta considere que las resoluciones del Instituto, y concretamente el Instituto es el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ponen en peligro la seguridad nacional.

Esto nos debe invitar a hacer las reflexiones que ya se han comentado en el panel. Seguridad nacional. ¿Cuál es el alcance de la seguridad nacional y qué entenderíamos por seguridad nacional? En alguna ocasión, platicando este tema con unos, en ese momento, altos servidores públicos de la federación, yo les decía: Perdón, pero acotemos el término, seguridad nacional y ellos se sonreían, pero jamás y es la fecha, después de 12 o 14 años, que me han podido establecer los alcances y la precisión de seguridad nacional. En un estado democrático, que busca la certeza jurídica y la contundencia del instrumento para favorecer la conciliación entre derechos y responsabilidades, la seguridad y la certeza jurídica es fundamental. De tal manera que no estaría nada mal que hubiese, en su momento, una referencia ya no, porque la ley ya nos lo da, que nos pueda identificar una definición; pero ante esta ausencia de definiciones y ante esta posible apertura, yo diría un poco ambigua para que se pudiesen presentar estos recursos, ¿qué procedería? Quisiera sugerir algunas referencias que nos ha invitado el derecho comparado a poder identificar y que creo que han resultado; me refiero concretamente al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de seguridad nacional no es un tema de legislación en estricto sentido, sino es un tema de paranoia; y la paranoia de ellos institucionalizada ahora en diversas leyes ha llegado al extremo. Pero no obstante, ellos supieron darle un marco con ciertos criterios para establecer aquellos aspectos en donde no quedara en una abstracción genérica el tema seguridad nacional.

Y en ese sentido, me podría referir al tema muy particular de cómo ellos lo han definido. Ellos no se fueron por legislación, también buscaron la manera de ser muy contundentes y no lo buscaron por legislación, pero sí lo buscaron a través de lo que ellos llaman en una figura que tiene el Ejecutivo Federal como prerrogativa, que le llaman “Acciones Ejecutivas”. En esta acción ejecutiva el Presidente Barack Obama, es la orden ejecutiva 13 mil 526, estableció con precisión cuáles serían los supuestos criterios, sino definición, sí criterios, de en dónde hay información reservada. Conste, ellos tienen legislación, tienen jurisprudencia y el tema es hipersensible, pero sí quisieron darle un arropamiento adicional para que no se prestase tampoco esto a temas en donde pudieran haber interpretaciones muy laxas. Una de ellas, cito textualmente, en la sección 1.4 del instrumento referido: “Bajo ninguna circunstancia podrá liberarse información en donde estén de por medio planes, sistemas de armamento u operaciones militares; información sobre gobiernos de otros países, actividades de inteligencia, incluyendo acciones encubiertas; fuentes o métodos para obtener la inteligencia o criptografía; actividades o relaciones de los Estados Unidos con otros países, incluyendo fuentes confidenciales; asuntos científicos, tecnológicos o económicos relativos a la seguridad nacional; programas de gobierno de los Estados Unidos para salvaguardar materiales e instalaciones nucleares, y vulnerabilidades o capacidad de sistemas, instalaciones, infraestructura, proyectos, planes o servicios de protección relacionados con su seguridad nacional”. Esto ha ayudado muchísimo porque les ha dado un parámetro adicional en lo interno para que sus sistemas de clasificación sean más ágiles, tenga más certeza y le dé más contundencia a una de las acciones más importantes que ellos tienen por cuidar y proteger su información sensible, pero por el otro lado tampoco para encubrir cosas adicionales. Este es un recurso polémico, a veces la legislación por razón de intención o de omisión no legisla determinadas cosas. Aquí da la

impresión que se dejó para que la Suprema Corte sea la que establezca los precedentes y que vaya edificando los alcances y los impactos que pueda tener hacia adelante el tema vis a vis, seguridad nacional, información reservada, derecho a la información y, por supuesto, el tiempo de la periodicidad con la cual se habrá de reservar. Me parece que es muy importante que la Corte tenga los mejores elementos posibles, pero no hay que olvidar que también hay dos elementos adicionales que pueden ayudar a que la Corte tenga un sentido muy asertivo con relación al tema. Me refiero, y con esto concluyo, a dos temas muy importantes. La propia Ley prevé los principios con los cuales se habrá de justificar todo el trabajo de clasificación y, en general, todos los mecanismos con los cuales se habrá de implementar el acceso a la información pública. Entre ellos destaco tal vez lo más importantes que son tres de ellos. Uno, que persigue y fundamenta claramente toda su actividad sobre la base que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, el artículo 1º Constitucional estará siempre presente, y me refiero concretamente a los principios de progresividad y pro persona. En segundo lugar, hablamos del principio que está destacado en el artículo 6º Constitucional que es el principio de máxima publicidad, y concluyo diciendo que es el otro principio que la propia ley establece, que es el principio del interés público. Bajo esta sombrilla o bajo este basamento claramente la Corte tendrá elementos en donde esto esperemos que sea la excepción y que se establezcan precedentes muy importantes para hacer una conciliación armónica respetuosa, con fronteras límite entre lo que tiene que ser reservado, porque a todos nos conviene tener un Estado fuerte democráticamente, que sea muy cuidadoso de la información sensible y, por el otro lado, que también fortalezca los principios y los alcances de un derecho que aspira a hacer más democrática a la sociedad y, sobre todo, a construir una ciudadanía que pueda tener capacidades de deliberación y de decisión sustantivas.

Sin información nada de esto será posible, sino una frustración o una intención malentendida. Muchas gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Jorge. El tiempo apremia, ya estamos mordiendo prácticamente algunos minutos del siguiente panel, que será muy bueno porque tendrá una continuidad, ya que se tratará de la visión de los órganos garantes locales. Sin embargo, no quisiera concluir sin poderles dar la palabra a los panelistas para que seleccionen una o dos preguntas y que en dos minutos máximo cada uno puedan responder algunas de las inquietudes que fueron formuladas por el auditorio. Iniciaría con mi colega, Areli Cano. Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Joel. Voy a tratar de resumir algunos planteamientos. Los sujetos obligados sí pueden inconformarse contra las propias resoluciones de los órganos garantes locales, no también los órganos garantes locales tienen las cualidades de definitividad y de inacatabilidad de sus resoluciones, y pueden solamente ser recurrida por el ciudadano o la persona solicitante de información, no por las propias autoridades. Plazos para resolver recursos de revisión; y que ¿cuándo entrará en vigor la Ley? La Ley General está vigente y lo único que tienen plazos a mediano o largo plazo, es derivado de todos los supuestos que establecen los transitorios y concretamente los medios de impugnación vía recurso de inconformidad o el recurso de revisión a cargo de la Consejería Jurídica, el propio transitorio establece que será un año. Sobre violaciones graves a derechos humanos. El asunto está en la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la interpretación de si el

Órgano Garante Nacional puede acceder a la información o puede pronunciarse para acceder a información y aplicar la causal la excepción a la excepción en materia de averiguaciones previas. Hay una pregunta expresa en el sentido de ¿qué criterios considera que debe de reconocerse para determinar la prueba de interés público? Estos criterios están en la ley, que es: Idoneidad, proporcionalidad y me falta uno, ya lo tenía marcado, son tres aspectos que son los que establece la propia ley para resolver recursos de revisión cuando considere o cuando se tenga que acreditar una prueba de interés público. Y ¿qué controles de legalidad, no de constitucionalidad, quedan ante una eventual actuación indebida del INAI? O sea, olvídense de controversias de acción y es expresa la pregunta. Y las resoluciones en cuanto a su legalidad: La actuación del INAI tiene varios controles en materia de legalidad. Uno de ellos es que las resoluciones que emite este órgano por parte de las solicitantes de información son recurribles vía juicio de amparo, entonces pueden ser revisadas y si hay una falta de motivación o de fundamentación viene de regreso y reconsideramos el recurso. Tenemos también un régimen de responsabilidades, en el cual se vigila la actuación de los funcionarios públicos, entramos en legalidad, todos somos sujetos de responsabilidad, particularmente, administrativa y cualquier falta de diligencia a nuestro servicio público, sea cual sea el funcionario del INAI, estamos sujetos a un régimen de responsabilidad. Estamos sujetos a otro control de legalidad, que es la fiscalización de nuestros recursos, a través de la Contraloría Interna y de la Auditoría Superior de la Federación. Sí estamos supervisados también, aparte del INAI. Finalmente quiero terminar –y creo que va a ser la introducción a la otra mesa– diciendo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene que jugar un papel importantísimo con los órganos

garantes y yo también creo que sí debemos lograr un federalismo eficaz, que eso tiene que ver con el respeto a las atribuciones. Los órganos locales garantes en materia de transparencia lo son en su respectivo ámbito territorial, son autoridades que tienen y que se les dio también el reconocimiento constitucional de su autonomía y de su definitivamente en sus resoluciones. Sí creo que puede haber un riesgo, como creo que ha pasado en la materia electoral, cuando se dio la reforma, donde al Instituto Nacional inclusive se le atribuyeron otro tipo de facultades que en principio estaban reservadas a los institutos electorales. Creo que aquí no puede pasar eso, a los institutos electorales les llegaron ya situaciones de promoción de la cultura cívica, de capacitación, pero las facultades importantes en materia electoral quedaron a cargo del Instituto Nacional. Que esto no pase aquí, pero eso implica no solamente que esté en la norma, sino que en la coordinación que tengamos con los órganos garantes se logra un respeto de atribuciones. Hay algo, fíjense, que no consideró la reforma constitucional, que si se entiende que el órgano garante nacional y los locales tienen un reconocimiento constitucional y con atribuciones específicas, porque los órganos garantes locales quedaron establecidos en el 116 y en el 122, no se pensó que pudiese haber un órgano, inclusive el Instituto Nacional –y “tocamos madera”, –que pudiese invadir competencias, o al revés. ¿Y ahí qué se va a hacer? ¿Qué medios de control tendrían? Porque ya tiene su reconocimiento y atribuciones constitucionales. Es un tema que quedó bien por estos mecanismos de control constitucional, pero qué va a pasar en ese tipo de circunstancias, como creo que hay riesgos en la parte electoral y me parece que aquí hay que trabajar. Es parte de lo que tiene el Sistema Nacional, que incluye no solamente áreas de vinculación, de promoción, de sistemas de obligaciones de oficio, sino lo relevante es cómo nos coordinamos con los órganos locales para lograr esto que tenemos constitucionalmente, que es lograr un eficaz federalismo, por lo menos en la materia de acceso a la información.

Gracias, Joel. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Areli. Le cedería la voz a Rodrigo. Mtro. Rodrigo Espeleta Aladro: Gracias. Rápidamente una pregunta: ¿Puede entonces, de acuerdo con lo comentado por el consejero jurídico, impugnar una resolución de un órgano garante local? Indirectamente, en todo caso. Es decir, si el Instituto Nacional atrae el recurso local o bien lo conoce en revisión. Pero la decisión que se impugna es la del Instituto, porque la Constitución establece que las del Instituto son las definitivas e inatacables, y en ese mismo párrafo establece la excepción. Así que debe entender que de las del Instituto pudiera ser la fuente una resolución local, pero la que se ataca es la del Instituto, no directamente la de uno local. En segundo lugar, ¿qué proceso interno seguirían o decidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recurrir en materia de seguridad nacional? Ya se comentó por todos los panelistas, es una facultad reglada la del consejero jurídico para interponer este recurso, no sé si alguien esté pensando que “se va a ir por la libre”. Es decir, yo lo vi en mi participación, pero desde luego tiene que fundar y motivar en virtud del 14 y 16, pero también la propia ley establece que el Consejero para interponer este recurso, tiene que además de fundar y motivar, allegarle a la Corte de los medios de prueba que considere necesarios para sustentar la procedencia de su recurso. En definiciones en ley, le corresponderá al Congreso determinar si para efectos de esta ley, hacer una definición de seguridad nacional o si en la propia ley de seguridad nacional hace algún ajuste o bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinar los alcances del concepto de seguridad nacional para restringir el acceso a la información.

Consideramos que con lo previsto en la ley general y, en todo caso, lo que se pudiera detallar con mayor precisión en la ley federal, pero con lo que establece la propia ley general, hay normativa suficiente para la interposición del recurso e insisto, es una facultad reglada, está regida por los principios que establece tanto la ley en materia de transparencia como el 1º constitucional. Hay suficiente normatividad y criterios para evitar cualquier discrecionalidad en el ejercicio de este recurso. Agradecer nuevamente su presencia y al Instituto por la invitación. Gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias a ti, Rodrigo, jugaste un papel importante en la mesa en torno a un debate que estuvo muy presente a lo largo de la construcción de la ley. Dante. Lic. Dante Preisser Rentería: Muchas gracias. Muy rápidamente; Edgar Estrada pregunta, si tomando en cuenta que las resoluciones de los organismos garantes pueden ser impugnables ante el Poder Judicial, yo ahí diría, únicamente por los particulares, ¿cómo se tendría por acreditada la personalidad si el nombre no es un requisito indispensable para poner una solicitud? Es una pregunta muy interesante, pero hay que tomar en cuenta que la Ley General de Transparencia, solamente contempla todo lo que es el proceso de acceso y el recurso de revisión ante los organismos y no así ya el trámite que se tendría que llevar ante el Poder Judicial. Que o sea indispensable no quiere decir que no esté contemplado en el formato de acceso, lo que diría es que, en todo caso, el recurrente que puso nombre falso o no puso nombre, tendrá que comprobar ante el Poder Judicial de la Federación mediante alguna prueba documental, que él fue el que hizo la solicitud de información. Esa sería la respuesta.

Luis Maldonado me pregunta: ¿Si la ley federal favorece al particular, aun cuando ello conlleve ir en contra de la ley general, cuál ese aplica, la federal o la general? Evidentemente al federal por el principio propersona que es la ley que beneficie más a los particulares, es la que se tendría que aplicar. Otra persona me pegunta: ¿Qué plazo son los aplicables, si los estipulados en la ley general o en la ley federal? Y me ponen el dato que en la ley federal actualmente se marca en 10 días y en la general cinco días no sé exactamente para qué. La respuesta es que, leyendo los transitorios, actualmente la ley que es vigente a nivel federal es la ley federal, en cuanto se apruebe la nueva ley federal que tiene el Congreso un año para hacerlo, ya entraran en vigor los nuevos plazos de acuerdo a lo que establece la ley federal. Humberto Eduardo Román me pregunta: ¿Con la anterior ley federal y la entrada en vigor de la ley general, quién resuelve recursos de revisión en contra de solicitudes de información de la PGR? Y la respuesta es: Antes lo era el Instituto Federal, ahora lo es el Instituto Nacional y en su momento cuando cambie a fiscalía, si así lo decide el Congreso, seguirá siendo el Instituto Nacional. Y por último, Juan Ruiz me pregunta: ¿Qué opción tiene la ciudadanía ante el sistemático incumplimiento de resoluciones del órgano garante por parte de los sujetos obligados como la Procuraduría? La respuesta sería que, en principio, impugnar la mayor cantidad de solicitudes que no se cumplen, pero me permitiría hacer el comercial que la Procuradora ha instruido, en lo personal a mí, pero a todas las áreas de la Procuraduría a que se entregue toda la información con que no se cuente una causal de clasificación de la misma, así lo hemos hecho desde la entrada de la Procuradora a su cargo. Hasta donde tengo noticias, solamente tenemos incumplimiento de dos recursos de revisión y eso ha sido por la imposibilidad fáctica que hemos tenido, hasta el momento, de entregar las versiones públicas

de la averiguación previa en el caso Ayotzinapa. Pero estamos trabajando de lleno en ese tema, para entregarlo lo antes posible. Muchas gracias. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Muchas gracias a ti, Dante. En función de las preguntas que le hicieron a Dante, me comenta Areli que se omitió hacer un comentario y lo hago a nombre de ella y del pleno, que estamos por emitir un acuerdo en donde el Instituto va clarificar algunas que le han generado a los sujetos obligados y también a algunos ciudadanos, personas que ejercen el derecho en torno a la interpretación de los transitorios. Remito el mensaje que me pidió comentara la comisionada Cano, al hacer transición de la voz a Leticia. Dr. Leticia Bonifaz Alfonzo: Gracias. Alguna persona me pregunta, información sobre igual Ayotzinapa, me dicen que son como siete recursos los que ya se tienen aquí en proceso, ¿verdad? Resueltos. Y que si toda la regulación relacionada con partidos políticos entra en vigor automáticamente con la ley o hay que esperar normatividad secundaria. Ya se puede ejercer lo que dice el artículo 76, plenamente. Moderador, Mtro. Joel Salas Suárez: Para concluir, Jorge. ¿No? ¿No quisieras hacer ningún apunte? Muchísimas gracias, creo que fue un panel muy rico y para concluir, a nombre de mis colegas: Areli Cano, María Patricia Kurczyn, Francisco Acuña, Oscar Guerra Ford, Ximena Puente y Eugenio Monterrey, quisiéramos entregarles un reconocimiento por su participación y, en lo personal, muy honrado de haber tenido la oportunidad de moderar esta mesa.

Muchas gracias a todos ustedes.

(Receso)

Panel 6: Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, visión desde los

Órganos Garantes. Presentador: Damos inicio al Panel número 6 denominado: Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, visión desde los órganos garantes. Este panel está encaminado a conocer la visión y perspectiva de los organismos garantes sobre el desarrollo de la nueva política pública integral, basada en su relación de cooperación y coordinación como integrantes del Sistema Nacional. Les recordamos poner en las boletas de las preguntas su correo electrónico para, de ser el caso, responder los cuestionamientos vía internet. En el uso de la voz la comisionada del INAI, Areli Cano Guadiana, quien modera este interesante panel. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, muy buenos días todavía. Agradecemos que nos continúen acompañando en este panel. Saludar y es un gusto para todos los comisionados del INAI, sus servidores que nos acompañan en este panel. Daré la bienvenida al licenciado Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y vicepresidente de la Región Centro-Occidente de la COMAIP. El maestro Andrés Miranda Guerrero, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y vicepresidente de la Región Norte de la COMAIP. El maestro David Mondragón Centeno, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y vicepresidente de la Región Centro de la COMAIP.

El maestro Fernando Aguilera de Hombre, consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y vicepresidente de la Región Sur de la COMAIP. Y por supuesto, a mi querido amigo y colega, el licenciado Rosendo Eugenio Monterrey, comisionado del INA. También gracias por acompañarnos en este panel. Y de manera muy particular agradecer a los invitados que también nos acompañan vía internet y me voy a permitir, porque creo que el caso lo amerita y el tema obviamente por la representación que tienen diversos órganos garantes que nos están escuchando y siguiendo la transmisión por internet de este tema, que es: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Muchas gracias también por atender este foro. Y la verdad es que evidentemente es un papel fundamental la voz y la presencia de quien integra los órganos garantes y esta conformación que se da por parte de la COMAIP a través de regiones y sus representaciones. Los comisionados que integramos el Pleno del INAI estamos convencidos de que hay que hacer y trabajar en un esfuerzo de coordinación y colaboración con los órganos garantes. México, tal y como lo define nuestra Constitución es una República Federal, lo que significa que existen instituciones de diferentes niveles de gobierno sin que ello signifique que puedan contrariarse mutuamente. Incluso una de las principales características de los sistemas federales es la coexistencia de normas jurídicas de validez nacional y aquellas de validez local. Esa coexistencia se logra mediante una constante y eficaz coordinación entre los integrantes de la federación.

En la experiencia mexicana, uno de los esquemas más factibles para lograr esta cooperación han sido los llamados sistemas nacionales, cuyo objeto es generar y conducir las políticas públicas, según las materias que lo enfocan. En nuestro país los sistemas nacionales están integrados por instituciones de los tres niveles de gobierno y las temáticas en los tres órdenes, en algunos casos, llegan a incorporarse instituciones del sector social y privado. En el caso del Sistema Nacional de Transparencia, como ustedes saben, está conformado por los órganos garantes de las entidades federativas, además de la Auditoría Superior de la Federación, del Archivo General y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este sistema se deberá configurar como un conjunto orgánico y articulado de los organismos e instituciones que lo integran, pero también de procedimientos, de instrumentos y de políticas en el ámbito de transparencia, con el objeto, nos dice la Ley General, de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. En este sentido, sirva la importancia que tiene quien nos acompaña para expresar, desde la visión de los órganos garantes, el alcance y retos que tiene la Ley de Transparencia, previamente aprobada. Daré en principio el uso de la voz a mi compañero Eugenio Monterrey. Les pedí ya una disculpa, estamos muy apremiantes con el tiempo y amablemente me concedieron evitar la referencia curricular, pero el comisionado compañero Eugenio es comisionado del INAI, previamente fue Comisionado del Órgano Garante Local en el Estado de México, Presidente también de la COMAIP, entonces sabe de estos quehaceres y de hacer. Bienvenido, Eugenio. Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, Areli. Un gusto estar en este panel, compartiendo el uso de la voz con mis colegas integrantes de cuatro órganos garantes locales,

vicepresidentes de la COMAIP de las distintas regiones en las que está dividida actualmente dicha conferencia. Por supuesto, a mi compañera y amiga Areli Cano, comisionada del propio INAI; a todos ustedes es un gusto seguirlos teniendo desde el día de ayer por acá, colegas de los distintos órganos garantes locales, colegas del propio Instituto, público en general que nos acompaña con muy, muy buena audiencia desde el día de ayer y, por supuesto, a quienes vía remota también nos hacen favor de acompañarnos. Me permitiré esbozar algunos elementos que se vislumbran hacia la construcción del Sistema Nacional de Transparencia. Y quiero destacar que ante el nuevo esquema jurídico de federalismo cooperativo existe, como bien se ha dicho, la necesidad de armar, de construir dicho Sistema Nacional de Transparencia. Un sistema nacional es una fórmula de coordinación del esfuerzo auténticamente federal entre la unión, los estados, el Distrito Federal y los ayuntamientos, a efecto de generar un política de Estado en cuando menos los siguientes rubros: Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Dicho tema no es una novedad, en la experiencia de federalismo cooperativo en México se ha llevado a cabo en otras materias de naturaleza transversal, como son la salud, la educación pública, la seguridad pública, el medio ambiente entre otros. Por lo tanto, frente a una disonancia disruptiva del ejercicio disparejo del acceso a la información, todas las partes involucradas tendremos una articulación permanente para mantener la tan ansiada homologación y uniformidad de este derecho fundamental. El objeto del Sistema Nacional de Transparencia es garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho de acceso a la información, así como promover y fomentar la educación y una cultura cívica de transparencia y acceso a la información en todo el territorio nacional.

Con dicho Sistema Nacional de Transparencia se busca asentar las bases para construir, organizar y operar política pública con visión nacional en materia de transparencia y acceso a la información. Para poner en marcha el Sistema Nacional de Transparencia deberá, entre otras cosas, generarse una guía que encamine los primeros pasos de esta articulación y esto será, evidentemente, a través de un Programa Nacional de Transparencia, siendo coherentes, por ejemplo, con la Ley de Planeación. Asimismo, un sistema nacional debe contar con una autoridad rectora, obviamente colegiada, y en ello puede pensarse o se pensó y se mandató en un Consejo Nacional de Transparencia, el cual tendrá por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información. Por mandato constitucional se le ha conferido al INAI encabezar dicho sistema, el Sistema Nacional de Transparencia y en él participarán, participaremos, los órganos garantes estatales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía. Para la ejecución y seguimiento de los acuerdos asumidos por este Sistema Nacional de Transparencia deberán preverse, entre otras cosas, figuras como: Una Secretaría Técnica, una Secretaría Ejecutiva, que está también contemplada por mandato legal, quienes serán, sin duda, los responsables de darle efectividad y eficiencia a las decisiones tomadas por los integrantes del Sistema Nacional. El Secretario Ejecutivo deberá ser nombrado por el Instituto, como lo mandata la norma, y será el encargado de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos asumidos por el Sistema Nacional de Transparencia. Las siguientes cinco láminas, presentación que estará, por supuesto, a su disposición, ejemplifican algunas características y atribuciones tanto de las estructuras como del propio Sistema Nacional de Transparencia, mismas que, como estarán a su disposición en la presentación, obviaré en este momento.

Es importante destacar que a efecto de contar con una ventana única que haga honor a la homologación, que busque la reforma del año 2014, se plantea la creación de la Plataforma Nacional de Información, la cual integrará todos los sistemas de acceso, desde el nivel federal hasta el municipal, a efecto que los usuarios con una sola pantalla, con un solo software podrán acceder a la información pública que se genere en el Estado mexicano, en cualquiera de los órdenes de gobierno. Con esta idea institucionalizada de cooperación generamos una única relación Estado-sociedad civil, en materia de acceso a la información, en forma horizontal, sin necesidad de reverberar, por lo menos en 32 versiones distintas equivalentes, a las 32 entidades federativas. La idea de esta plataforma nacional es consecuente con la idea de crear una red que en términos de horizontalidad genere un espacio permanente de interacción y con el Sistema Nacional un ámbito de reflexión y colaboración, así como un intercambio de experiencias que enriquezcan normatividad, procesos e instituciones. Con esta lámina y la siguiente sólo quiero ejemplificar de manera muy breve, de modo gráfico, lo que implicaría darle unicidad a la ventana de acceso a la información mediante los siguientes sistemas: Por un lado, el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, también el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, a su vez el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y finalmente el Sistema de Comunicación entre los Organismos Garantes y los Sujetos Obligados. El Sistema Nacional promueve una red de análisis de experiencias, mismas que se difundirán como parte del seguimiento a os acuerdos y resoluciones asumidas por el Consejo Nacional. Para ello, además del Programa Nacional de Transparencia, habrá una agenda de coordinación y colaboración que no será otra cosa más que la materialización de la suma de esfuerzos y consensos de los organismos garantes. La clave de todo ello, como lo es dentro de un sistema federal, es la colaboración que permite, por un lado, un trato respetuoso de las

competencias de los órdenes de un esquema federalista, eficaz y en materia de transparencia un diálogo como base poderosa para alcanzar acuerdos, un intercambio ordenado y perene de experiencias que enriquezcan la vida institucional en beneficio del acceso a la información y una responsabilidad compartida en la que todos participan y cooperan. La coordinación implica un federalismo más eficiente y eficaz en materia de transparencia, fortalece el diálogo, hay un intercambio ordenado de experiencias y, si se logra consolidar, responsabilidad compartida con las entidades federativas. La lámina siguiente abona más en el sentido de la conveniencia para todos de la colaboración, pero este ejercicio de colaboración no es nuevo, al día de hoy estamos institucionalizando el esfuerzo cooperativo. Sin duda el principal antecedente de esta colaboración entre todos los órdenes de gobierno es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, conocida como COMAIP. Esta instancia de participación entre todos los organismos garantes data de hace 11 años, a propuesta del propio IFAI, en su momento, y tiene una nota característica que le da mayor viabilidad y legitimación, consistente en la adhesión voluntaria. Con énfasis personal cabe mencionar que en buena medida parte del reconocimiento que la COMAIP tiene es que las aportaciones que todos los integrantes de la misma, ahora son ley constitucional, como lo hemos platicado, y ley secundaria. Con orgullo también me permito referir que tuve el privilegio de presidir la misma conferencia y nos correspondió, por ejemplo, entre otros muchos logros que ha alcanzado la COMAIP, en estos más de 10 años de existencia, la confección de una propuesta de reforma constitucional que evitara la perniciosidad del trato y justamente diferenciado de las leyes de transparencia, mediante una homologación que era natural cuando se trata del ejercicio de un mismo derecho en igualdad de circunstancias.

La COMAIP, incluso logró, sin ser una instancia pública, no por lo menos en forma global, aunque sí a título de cada uno de sus integrantes que obtuvo un reconocimiento legislativo o un par de reconocimientos legislativos, dentro de la Ley Federal de Archivos o dentro del propio dictado del Senado para la reforma constitucional. Por ello, sin menoscabo, es posible afirmar que el paso lógico de la COMAIP es su institucionalización en el Sistema Nacional de Transparencia; claro ejemplo que la evolución de las instituciones empieza fácticamente en la realidad mediante un proceso gradual de reconocimiento y aceptación que desemboca en la incorporación dentro del marco jurídico. Para concluir, en este breve tiempo, a lo largo de las láminas restantes, quiero informar a todos ustedes, que la instalación, como aquí se ha venido diciendo del Sistema Nacional de Transparencia, se tiene pensada para el próximo 23 de junio en el Palacio de Minería, en donde estaremos los órganos garantes, los otros tres integrantes a parte del INAI de nivel federal, que son: El INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, el Archivo General de la Nación. Esta es una breve síntesis de que nos corresponderá construir a partir de hace un par de semanas y en breve con esta instalación y a partir de ella hacia adelante, para conseguir lo que hace más de una década se ha venido buscando que es, que este ejercicio de derecho de acceso a la información se pueda ejercer de manera homologa a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Por su atención, mucha gracias. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Muchas gracias, Eugenio. Es importante escuchar la voz de uno de los comisionados del INAI y precisar los alcances y las tareas pendientes que estamos trabajando y que pondremos a consideración dentro del Sistema. Enseguida, dar el uso de la voz al licenciado Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso de Información Pública del estado de Nayarit y Vicepresidente de la región Centro-Occidente de la COMAIP.

Bienvenido, Jesús Ramón. Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez: Muchas gracias. Buenos días. Saludo con afecto a los distinguidos miembros del presídium, de igual manera agradezco al presencia y saludo con respeto a este distinguido auditorio. Debo agradecer la oportunidad que se me otorga de expresar en el marco del presente Seminario algunas consideraciones en torno al tema del Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, pensando un poco en el tema, acude a mi menta aquella frase de Platón que dice: “Al que aprende y no practica lo que sabe es como aquel que ara y simplemente no siembra”. Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Transparencia surge como resultado de las recientes reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y acceso a la información, cuyo objeto general es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Sin perder de vista su finalidad específica, que es la de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia. En este contexto, el sistema multicitado, en el que participamos los 33 órganos garantes de las distintas entidades y las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas en la República Mexicana, se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias, que en razón a su ámbito de competencia, contribuirán a la vigencia de la transparencia a nivel nacional entre los tres órdenes de gobierno.

Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, al procesamiento de la misma, como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de la cultura de la transparencia; así como una fiscalización y rendición de cuentas efectivas, que coadyuve, en consecuencia, en la edificación de un verdadero estado democrático, que privilegie en un contexto de buenas prácticas y en todo momento los principios propersona y de máxima publicidad. Uno de los retos más importantes del sistema nacional será, sin duda alguna, la conformación homogénea de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual, en un eficiente y eficaz uso de las tecnologías de la información, permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita; pues esta plataforma alojará el catalogo total de sujetos obligados por la ley en nuestro país. Para que desde la comodidad de una computadora, habilitada con internet, las personas puedan tener acceso a la información fundamental de su interés, sin importar la entidad federativa donde se encuentra. Esta tarea, definitivamente requerirá no solamente de una fuerte inversión para la adquisición de infraestructura tecnológica, sino también de la voluntad y compromiso de quienes, de manera directa o indirecta, formen parte del sistema nacional. Este esquema, como ya lo sabemos, opera, aunque en menor escala, en la mayoría de los órganos garantes estatales; en lo que respecta a la región Centro-Occidente, el total de los órganos garantes que lo conformamos contamos con nuestra propia página oficial. Esta plataforma estatal de transparencia nos permite el acceso al catálogo de sujetos obligados, identificados por la ley con un portal web de transparencia. Incluso en algunos estados, cualquier persona, con el solo hecho de visitar el portal del órgano garante, tiene acceso a todas las páginas

web de los sujetos obligados de la entidad federativa, facilitando así, en teoría, el ejercicio del derecho constitucional. Y digo en teoría, porque aún se encuentran en algunos casos la presencia de ese sentido de apropiación de la información, la opacidad y malas prácticas por parte de algunos sujetos obligados por la ley; situación que solamente podremos erradicar con compromiso y fomento a la cultura de la transparencia. Ahora bien, uno de los objetivos principales del Sistema Nacional de Transparencia, por medio del Consejo, será la emisión de lineamientos que establezcan instrumentos de medición y evaluación de los sujetos obligados por la ley en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por tanto, considero indispensable incluir la existencia de un cuerpo de monitoreo, que desde el interior de los órganos garantes tenga como finalidad verificar diariamente la existencia y el correcto funcionamiento de los portales de transparencia que se encuentran alojados en la plataforma nacional y que correspondan a su entidad federativa. Lo que permitirá llevar un estricto registro y estar en condiciones de generar reportes de manera periódica a la Unidad General de Monitoreo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, procurando, en todo momento, mantener los niveles óptimos en la calidad y contenido de la información que los portales de la Plataforma Nacional de Transparencia debe contener. En lo personal, considero que el esfuerzo realizado por las personas involucradas en la reforma de gran calado, de febrero de 2014 y en la ley secundaria, que es la Ley General de Transparencia, recientemente promulgada. No rendirán los frutos esperados sin la participación responsable y comprometida de quienes directa o indirectamente participan en este gran cambio que se impulsa en nuestro país. Dicho de otra manera y parafraseando a quienes nos precedieron el día de ayer en las mesas de trabajo, no permitamos que aun cuando

conocemos de algunas malas prácticas o actos de opacidad, la inercia puede más que la cultura y la convicción. Señoras y señores, haremos en el campo fértil de la transparencia y les aseguro que cosecharemos una sociedad que tanto buscamos. Muchas gracias. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Jesús Ramón, muy concreto, pero muy sustantivo, creo que en esta parte trae importantes aportaciones en el sentido que hay que aprovechar también dentro de esta revisión de plataforma del Sistema Nacional las experiencias que tienen los órganos garantes en los respectivos portales y, evidentemente, advertir áreas de oportunidad que se puedan corregir, y eso es llevarles en esta revisión que vamos a hacer sobre la plataforma. Hay una propuesta que hay que tomar nota sobre el monitoreo, y creo que sí lo teníamos ya registrado para incorporar como propuesta de esta mesa. Muchas gracias, Jesús. Enseguida daré el uso de la voz al maestro Andrés Miranda Guerrero, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y vicepresidente de la Región Norte de la COMAIP. Bienvenido Andrés. Mtro. Andrés Miranda Guerrero: Gracias, compañera comisionada. “En este breve espacio”, suena la canción de Pablo Milanés, vamos a tratar de hacer un par de reflexiones, no sin antes agradecer la invitación del INAI, de sus comisionadas y comisionados. Para mí es un señalado honor compartir el panel con nuestros compañeros colegas, coordinadores, vicepresidentes de las regiones, y un servidor hablará de lo que es la región norte, las propuestas que tienen en relación a esto.

La región norte abarca desde Tamaulipas hasta Baja California y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, son nueve estados de la República, Nuevo León aquí está presente también; abarcan no menos del 60 por ciento del territorio nacional. También distingo a la audiencia que nos acompaña, a los colegas comisionados de los órganos garantes de todo el país. Primero quisiera poner en contexto, ¿de dónde viene el Sistema Nacional de Transparencia? Y después ver lo que es la visión a corto plazo de los órganos garantes. Como todos saben, la reforma constitucional que se publicó el 7 de febrero del año pasado contempla en su último párrafo, curiosamente en su último párrafo, en el párrafo 18 del artículo 6º, de la fracción VIII, del Apartado A, y dice: “Que el organismo garante federal, en este caso, coordinará sus acciones con las entidades de fiscalización, con las entidades de INEGI, archivo y con los órganos garantes de todo el país, a fin de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano”. Como ustedes ver el fundamento es muy ambicioso, va mucho más allá, siento, de un Sistema Nacional de Transparencia porque concurren varios sistemas dentro de ese sistema. Es un multisistemático, porque está el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, contempla el Sistema Nacional de Información, Geografía y Estadística y, sobre todo, el Sistema Nacional de Archivos que ya está también en la Constitución y es una asignatura pendiente del Congreso de la Unión. Dentro de esta vorágine que se dio dentro de la reforma constitucional, contempla varios objetivos, y yo me voy a concentrar, porque ya el compañero comisionado Monterrey lo hizo muy hábilmente, y voy a concentrarme en lo que tiene que ver con los estados. Y dice la Ley claramente, la Ley General, que hay una distribución de competencias y dentro de esa distribución de competencias considera al Órgano Garante Nacional y a los órganos garantes de los estados.

Aquí ha habido cierta crítica porque dentro de la Ley General, más que general algunos especialistas la consideran una Ley específica, y yo medio coincido con ellos porque es una ley muy detallada, es una ley que va al grado de la minucia, es una ley que están contemplando las obligaciones de transparencia del último municipio más lejano, fronterizo con el norte o con el sur y hasta la Secretaría de Estado más encumbrada o el poder más encumbrado de este país, entonces sí es muy ambicioso. Y con base en eso, yo quisiera al final hacer una propuesta. Regular también el funcionamiento del sistema nacional es otro objetivo de la Ley General; y también, entre otras cosas, crear las bases de coordinación, que es la tarea que sigue. Pero ¿qué es un sistema? ¿Qué es lo que nos tiene aquí hablando del Sistema Nacional de Transparencia? Un sistema contempla un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Y varía la otra definición, que son ordenados también y contribuyen a un determinado objetivo. En este aspecto, el Diccionario de la Real Academia Española, coincide plenamente, casi literal con lo que realmente el constituyente permanente y el legislador ordinario ha dejado plasmado en esta reforma y en esta ley; porque cuando en el artículo 28 nos encontramos del sistema nacional, se integra por un conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y ahí está precisamente el fundamento legal que les decía, por qué el Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos va a ir mucho más allá por la calidad de sus integrantes, por la composición de su integración. Tiene como finalidad también coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal, es obvio que se tiene que dar una política transversal porque son órganos autónomos los que están participando.

El legislador ordinario contempló también que esas entidades tan importantes que manejan la información, sobre todo el INEGI, el Archivo y la Auditoría Superior de la Federación, que ahora con las nuevas atribuciones que va a tener con el Sistema Nacional de Anticorrupción, que va a haber auditorías en tiempo real. No es cosa menor también para nosotros, como Órgano Garante, para estar al día, sobre todo para que no proceda una denuncia por falta de información de los sujetos obligados en los portales web. El otro aspecto que se considera en el artículo 28 es la parte de establecer criterios y lineamientos, que también eso se tendrá que hacer, en su oportunidad. En la siguiente, en el artículo 30 contempla a los integrantes del sistema nacional y lo traigo a colación, no obstante que hemos sido reiterativos en algunos paneles con esto, pero por lo esencial que es la conjugación que se va a dar de los esfuerzos de estos órganos. El Instituto, por su parte, que lo encabeza, los órganos garantes de los estados, que son 31 más el D.F. que ya próximamente también va a ser estado, son 32; la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo y el INEGI. Estamos hablando de 36 votos, de 36 integrantes del sistema nacional. El sistema nacional considera también establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores como funciones; implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad también para los grupos vulnerables, desarrollar programas comunes, crear los criterios de los indicadores, aquí participará también otro órgano, el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es muy importante también. Coadyuvar en la elaboración y los formatos sobre todo en materia de archivos, establecer los lineamientos es sumamente importante esto, y ayer nos lo comentaba el comisionado Óscar Guerra, la Plataforma Nacional de Transparencia. Creo que esa plataforma va a ser también lo que va a homogenizar realmente la información pública de oficio, sobre todo, y la específica

que ya trae la Ley General en todos los órganos garantes, esa es sustitución del Infomex. Establecer políticas en cuanto a la digitalización también para la información, implementar políticas en materia de generación e información, conservación, difusión y publicación; promover la participación ciudadana, establecer programas de profesionalización, que esto es muy importante para los órganos garantes estatales, para estar actualizados y capacitados, sobre todo los servidores públicos ante los sujetos obligados. Emitir acuerdos y resoluciones dentro del Consejo Nacional, evaluar también, ejecutar, aprobar, el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Ya estamos hablando que nos va a articular un programa nacional, que no existe actualmente la vinculación con ese programa. Eso nos va a dar también un handicap, un plus, para todos los estados de la República. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información en toda la República, promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y su seguimiento. Dentro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en su artículo 32, que eso también ha sido repetido, pero nosotros lo queremos considerar también, será presidido por el Presidente del Instituto; los organismos garantes serán representados por sus titulares o por un representante asignado por el Pleno. Esto le da la autonomía suficiente para tener capacidad de decisión en el momento que tomen los acuerdos dentro del sistema. Los demás integrantes estarán representados por titulares o suplentes y podrá haber invitados también de sujetos obligados que quieran participar en temas específicos y, sobre todo, de la sociedad civil. Del Consejo Nacional también está que podrá funcionar en Pleno o en comisiones, se reunirá por lo menos cada seis meses, a convocatoria del Presidente y será también reglamentado desde la propuesta de los órganos garantes o del Consejo Nacional.

El Sistema Nacional contará con un secretario ejecutivo y, como ya lo dijimos anteriormente también, el Instituto encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia; y el Consejo Nacional lo preside el Presidente. Hay un transitorio que estamos en vías de sacarlo adelante conjuntamente con todos los órganos garantes y todos los entes que estamos en el Consejo Nacional, que es el instalar el Consejo Nacional. Ya dio anteriormente el compañero comisionado que me antecedió las fechas que tienen programadas. ¿Ante este contexto qué es lo que esperamos los estados? ¿Cuál es nuestra visión? Dentro de la región norte hemos compartido algunos cuestionamientos y sobre todo algunas propuestas. Primero, obviamente armonizar, según el transitorio 5º de la reforma constitucional, que se publicó el 7 de febrero del 2014, sobre todo las constituciones locales, y aquí hay una asignatura pendiente, nos falta todavía un tercio de órganos garantes que no han reformado su Constitución local, de manera que somos 20 nada más hasta hoy los órganos autónomos constitucionales localmente, aunque ya sabemos que fuimos creados por el artículo 116, fracción VIII en la Constitución Federal de la República. Tenemos nueve estados que son de autonomía legal y cuatro organismos que son descentralizados. Armonizar también según otro transitorio 5º de la Ley General, a partir de la publicación del 4 de mayo que se dio, las leyes estatales y qué bueno; aquí quiero hacer énfasis también porque ayer se comentó que iban a hacer una gira por toda la República tanto el Instituto, su Presidenta y sus comisionados, y también el Congreso de la Unión, los senadores, los diputados, para que sensibilicen allá a las legislaturas locales y podamos agilizar esta situación. Traemos una propuesta también de una ley modelo tipo de acceso a la información para la federación y las entidades federativas, con alcance en las bases, principios generales y procedimientos. Acuérdense que la parte orgánica cada quien la va a resolver desde su estado, en el caso de los estados a nivel local, y a nivel federal la va a resolver el INAI.

En esta también, ¿por qué una ley modelo? Por lo mismo que les decía, porque creo que nos va a salir más técnicamente, hablando jurídicamente, la técnica jurídica, replicar la ley como está, si la ley está muy bien. Si analizamos artículo por artículo no tiene ningún desperdicio. El sistema de ponencias está muy claro, que es una de las partes, de las debilidades de los órganos garantes de los estados, que todavía nos falta transitar a muchos estados a la ponencia. Todavía estamos resolviendo desde las instancias jurídicas que tenemos. También aquí, como es una ley obesa, como se trata de una ley robusta, que los estados no la pongamos a dieta, porque sería tanto como reducirla. El promedio del articulado de las leyes locales más o menos anda entre 70 y 80 artículos, la Ley General trae 216 artículos más 13 transitorios, no es cosa menor. Participar en el Sistema Nacional de Transparencia de lo local creando también el Sistema Estatal de Transparencia en los estados, considerando las asimetrías presupuestales abismales y fortalecer las estructuras operativas y capacidades institucionales de los órganos garantes locales. Nuestra visión también va en el sentido de materializar el imperativo legal como medida prioritaria con el objeto de lograr un presupuesto adecuado y suficiente para los órganos garantes, para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la ley general. Esto podrá ser indexado al número de habitantes o extensión territorial, a través de un fondo federal. Aquí hay avances, el comisionado Oscar Guerra no me dejará mentir que él fue protagonista en ese sentido y con el apoyo de los órganos garantes locales, desde el DF, cuando era comisionado para presentar esa propuesta. Ayer se la recordamos un poco al senador Alejandro Encinas y le hicimos ver que era una propuesta que venía desde los estados y fue cuando él dijo, vamos a verla con más calma para efectos que el Sistema Nacional de Auditoría, a los órganos auditores de los estados

se les da un fondo participable desde la federación, porque fueron creados en la Constitución. En este caso, nosotros también fuimos creados por la Constitución, parte del presupuesto debe ser federal y parte del presupuesto debe ser local, porque en un constituyente permanente participan tres entes: El Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, hay un fondo mixto ahí. Visualizar el objetivo de garantizar el debido acceso a la información, construir juntos el Sistema Nacional de Transparencia haciendo sinergia; se dijo en el anterior panel, para la implementación de la ley y crear el nuevo paradigma por la transparencia en México. Como ustedes pueden ver, la COMAIP goza de cabal salud; suspira, respira y aspira a trasformase y como decía Pablo Milanes y lo repitió el maestro Merino del CIDE: La ley general “no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”. Muchas gracias. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Andrés. Creo que las personas van a decir: “Sí, que sueñe, pero que se haga efectivo mi derecho”, que eso es lo importante de estas leyes. Andrés nos citas varias preocupaciones de lo que implica el sistema y la posibilidad de que urge ya normar y actualizar los marcos constitucionales locales, eso deriva desde 2014, los transitorios estaban para esos efectos y lo que trae ahora esta ley, pensando el legislador que ya se había cumplido lo primero, pero vemos que todavía están pendientes los marcos constitucionales locales y a partir de ello las legislaciones. Y esto de la ley modelo, sí implica, qué bueno que los órganos garantes trabaje en estos marcos normativos, porque inclusive para entidad federativa puede ser una muy buena práctica en materia de transparencia determinar esa circunstancia, pero para esa entidad a lo mejor pueda ser la mejor, como si lo pueda ser para otro tipo de entidades.

Creo que tenemos una regla primigenia que debemos tener claro, lograr ser aperturistas en todas las aportaciones e innovaciones y obviamente aprovechar toda la experiencia local, que los cambios sustantivos en materia de transparencia y acceso a la información, se han dado de la periferia al centro. Eso hay que tenerlo presente porque la experiencia es muy fructífera. Daría el uso de la voz, de manera muy particular a David Mondragón Centeno, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección Datos Personales del Distrito Federal y Vicepresidente de la Región Centro de la COMAIP. Conozco muy bien su experiencia, porque fuimos compañeros en el InfoDF y evidentemente me da mucho gusto ahora estar los dos como colegas en materia. Gracias, David. Bienvenido. Mtro. David Mondragón Centeno: Muchísimas gracias, comisionada Cano. Muy buenos días a todas y todos, saludo particularmente y con mucho gusto a los compañeros que me acompañan en este panel, denominado: “Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, una Visión desde los Estados”. Menciono el título porque es importante ubicarnos en el tema y ver que lo que aquí estamos viendo es una posición, desde una visión de los órganos locales. Agradecemos mucho a las comisionadas, a los comisionados del INAI por esta invitación, los invitamos por este excelente Seminario y, sobre todo, reconocemos la importante labor que están desempeñando al frente de esta noble institución.

Creemos que desde ya los comisionados del INAI han dado contenido al nombre, al cambio de nombre, que ya no es solamente un Instituto, un órgano de transparencia ante el Ejecutivo Federal, sino que ya es un Instituto con impacto nacional y todo ello es enhorabuena para el INAI, enhorabuena para sus comisionados y, sobre todo, enhorabuena para nuestra sociedad. Como ustedes habrán podido observar, en la riqueza de las presentaciones que se han hecho a lo largo de este Seminario, el arribo al Sistema Nacional de Transparencia involucra muy diversos aspectos, desde su fundamento legal, hasta los requerimientos presupuestales, por supuesto, pasando por la sofisticación técnica de su plataforma nacional para la transparencia, la imprescindible vinculación con la sociedad, la capacitación de los servidores públicos, la difusión de la cultura de la transparencia entre la sociedad, entre otras y un largo etcétera de variables, que además se pueden abordar, como ustedes han visto, desde diversos puntos de vista y con diversas aristas. En el caso de esta breve presentación, me enfocaré en algunas reflexiones y propuestas de organización y procedimientos al interior de la todavía hoy Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), para arribar al Sistema Nacional de Transparencia. La Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, en su título segundo, capítulo primero, instituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El artículo 28 señala que el propósito de este sistema es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano; para ello, deberá coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la Ley General y demás normatividad aplicable. El órgano de dirección de este sistema será el Consejo Nacional, integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los demás órganos de transparencia de las 32 entidades federativas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6º constitucional, apartado A, fracción VIII, último párrafo. Para formalizar el Consejo Nacional, primero que nada se debe establecer un acta constitutiva y un convenio general de colaboración, tipo COMAIP, firmado por todos los integrantes del Sistema Nacional; enseguida, para su operación es necesario elaborar reglamentos, lineamientos o acuerdos, como lo señala el artículo 35 de la Ley General, a efecto de sentar las bases para una mejor coordinación y colaboración entre las instituciones. En estos reglamentos o lineamientos se deberá establecer la forma en que va funcionar el Sistema, ya sea a través de comisiones, coordinaciones generales, regionales u otras divisiones territoriales, tal como se estipuló en las bases de coordinación de la COMAIP; aunque ahora, por supuesto, tomando en cuenta la incorporación de representantes de la Auditoría Superior de la Federación u organismos fiscalizadores, el Archivo General de la Nación o las instancias a cargo de los archivos de la región o entidad y las autoridades regionales o locales, a través del INEGI. Para ello, ya se está avanzando en un consenso al interior de la COMAIP, ya hemos venido platicando desde hace varios días, ayer en lo particular tuvimos una reunión los comisionados, después de la hora de la comida, y la idea es que en su sesión final de la COMAIP, que ya se prevé para el próximo 20 de junio, se designe un grupo de trabajo de 8 integrantes y un coordinador. Esto es para elaborar el reglamento de coordinación, colaboración y operación del Consejo Nacional de Transparencia, con su respectivo programa de trabajo, a fin que este Consejo Nacional de Transparencia los apruebe lo más pronto posible. El artículo 32 de la Ley General determina la conformación del Consejo Nacional de la siguiente manera: El titular del INAI, que presidirá el Consejo Nacional; el INAI tendrá derecho a un solo voto y,

en su momento, al voto de calidad por ser la instancia que preside el Consejo. Los órganos garantes de las entidades federativas estarán representados por su titular, es decir, el presidente o, en su caso, por un comisionado que sea designado por el pleno de la institución garante. Cada órgano tendrá también un derecho a voz y voto. Las demás instituciones: La Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI serán representados por su titular o un suplente que como mínimo deberá tener nivel de director general, tendrán derecho a voz y a un voto por cada institución; así en total estamos hablando de 36 votos. Como lo estipula el artículo 34 de la Ley General, el Consejo Nacional podrá funcionar en pleno o en comisiones. Por lo tanto, tal como venía ocurriendo con la COMAIP, será importante diseñar convenientemente el esquema y el número de comisiones para que todos los integrantes de los plenos de los órganos garantes y los servidores públicos de las instituciones miembros del Sistema Nacional se involucren en los trabajos y coadyuven a la consecución de los objetivos del sistema. Nos queda claro que a estas comisiones se podrá invitar a expertos en temas específicos. Además, será muy importante continuar con la agrupación regional de las instituciones para operar el sistema de manera interestatal, con el espíritu de que la división del trabajo siempre dará mejores resultados. Hasta ahora se ha trabajado bien de esa manera en la COMAIP y, en todo caso, deberán integrarse las representaciones de las instituciones fiscalizadoras correspondientes, las autoridades reguladoras de los archivos y el titular de la Dirección General del INEGI que corresponda. Tanto las comisiones como las coordinaciones regionales deberán estar coordinadas por un comisionado, comisionada, consejero o consejera de algún órgano garante y no necesariamente tendrá que ser el presidente de la institución.

En su caso, la Secretaría Técnica de las comisiones deberá estar a cargo del personal del INAI que será el que dé seguimiento a los acuerdos y a las actividades realizadas. Estos son ejemplos de las comisiones que estimo necesarias, algunas de ellas ya estaban contempladas en la COMAIP, otras considero que deben ser transformadas y readecuadas en sus funciones, y algunas más son de nueva creación conforme a lo señalado en la Ley General y en los objetivos del Sistema Nacional. En todo caso es necesario revisar las funciones de las comisiones existentes para determinar su vigencia o para readecuarlas a la nueva realidad normativa y convenir la creación de las comisiones que sean pertinentes. En este ejercicio que realicé, considero que deben permanecer las comisiones: Jurídica, la de Datos Personales, la de Educación y Cultura de la Transparencia, la de Comunicación Social y la de Vinculación con la Sociedad. Las que podrían ser transformadas o readecuadas en sus funciones son: Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia y de Archivos y Gestión Documental. Y las de nueva creación podrían ser: Criterios de Resoluciones, es una comisión que crearía los lineamientos para tratar de homologar las resoluciones a nivel nacional; la de Archivos y Gestión Documental, en la cual se encargaría de crear, mejorar o dar seguimiento a la aplicación de la normatividad en la materia. Y aquí sería muy importante, como se puede observar, el apoyo del Archivo General de la Nación. Otra comisión también sería la de Criterios, Indicadores y Evaluación de la Información de Obligaciones de Transparencia, este tema tiene una gran relevancia por todas sus implicaciones y merece que una comisión se encargue de los lineamientos, la metodología de evaluación, los formatos para la presentación de la información, entre otras muchas cosas que determina la Ley General.

También sería pertinente crear la Comisión de Gobierno Abierto que es un tema que ha estado y estará presente en el desarrollo de nuestras actividades y proyectos de trabajo como una doctrina permanente, por lo cual es necesario que sea impulsado por una comisión del Sistema Nacional. La siguiente comisión sería la de Capacitación, es una labor indispensable para la consolidación de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en las instituciones públicas. Y finalmente, pero no se limita ahí las propuestas, se pueden enriquecer obviamente con la participación de todos los integrantes de la COMAIP, estaría la de Promoción y Difusión, esta comisión tendrá que conjuntar los esfuerzos de todos los órganos garantes para llevar a cabo una verdadera campaña nacional de promoción y difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que termine por posicionarlos entre la sociedad mexicana. El Sistema Nacional también debe operar a nivel estatal, es decir, la estructura en coordinación debe replicarse a nivel de entidad federativa para asegurar que se cumplan los propósitos de este Sistema Nacional y el o los programas de trabajo determinados por el Consejo Nacional, se materialicen y operen con eficiencia. Estos consejos estatales tendrían que funcionar bajo los lineamientos y acuerdos que, en su caso, aprueben sus propios integrantes a nivel estatal. Reitero y concluyo. El objetivo de estos consejos es que podamos llevar a cabo todas las actividades derivadas del programa de trabajo en nuestras entidades federativas, en coordinación y colaboración con las instituciones locales, con las coordinaciones regionales y con las comisiones de trabajo, a efecto de cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley General y la normatividad derivada de ésta y del sistema nacional. Es cuanto. Muchas gracias.

Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Muchas gracias, David, por estas aportaciones adicionales al trabajo que ya viene haciendo la COMAIP. Y seguramente el comisionado Eugenio en la Comisión con, a su vez, Óscar Guerra y Joel Salas, que tienen a su cargo por parte del INAI este trabajo de conformar y preparar toda la documentación y logística de lo que implica el Sistema Nacional de Transparencia. Enseguida daremos el uso de la voz al maestro Fernando Aguilera de Hombre, consejero del Instituto Veracruzano del Acceso a la Información y Vicepresidente de la región sur de la COMAIP. Bienvenido, Fernando. Mtro. Fernando Aguilera de Hombre: Muchas gracias. Buenos días. De igual forma, agradezco la oportunidad de participar en este panel en el que realmente lo que queremos encontrar aquí es la visión que tenemos las entidades federativas en relación con este Sistema Nacional de Transparencia que ya está dando sus primeros pasos. Para ello, voy a omitir casi el 60 por ciento de mi presentación porque ya lo dijeron Andrés y David muy bien de cómo se conforma, cómo va a funcionar, quiénes lo integran, toda esa parte técnica y que aparte fue muy explicada, la vamos a omitir y vamos a hacer más breve la presentación. Empiezo con una especie de sentencia, por decirlo así, o de un axioma, más bien un axioma, que es que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deriva de un precepto constitucional y determina la concurrencia de estos derechos en toda la nación. Por lo tanto, la tenemos que considerar como Ley Suprema de la Unión. En ese sentido no hay ninguna discusión de que todo lo establecido en la Ley General de Transparencia es un mandato que nos va a regir a todas las entidades federativas en conjunto. Por eso, esta Ley al crear el sistema nacional lo que busca realmente es sumar esfuerzos conjuntos con buenas y claras bases precisas, y

lograr alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en una efectiva rendición de cuentas. Será un sistema integral, articulado, que permitirá al ciudadano, desde el ejercicio del derecho a la información, ejercer un debido control de la gestión pública y sobre todo del ejercicio de los recursos públicos. Debemos recordar, y esto es una realidad que viven todos los países, son evaluados, hay un índice nacional de corrupción y de buen gobierno que con los datos del último estudio del que tengo conocimiento, que las “mordidas”, por ejemplo, que para facilitar o acceder a 35 trámites ascendieron en el 2010 a 32 mil millones de pesos, suma nada despreciable. Y en el mismo año se dieron 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. El Foro Económico Mundial señala que, incluso, la corrupción es uno de los puntos más importantes, incluso, por encima de la seguridad para tomar en cuenta de las empresas que vengan a invertir a México como país. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Perdiendo oportunidades, perdiendo dinero para combatir la pobreza. Por eso, hasta antes de esta Ley General y otras disposiciones que ya establecen otros sistemas, como ya lo habían mencionado los que me precedieron en el panel, como es el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Archivos, que pronto también se estará conformando, la cuestión de la estadística y la información que genera el INEGI y otros sistemas que van a conformar un sistema mayor, que es el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y también, como no mencionar, al Sistema de Anticorrupción, que hace unos días se promulgó la reforma constitucional que hace viable y factible ya la instalación de este sistema, que también, como ya lo decían en otros paneles, a lo mejor ahora queda como una especie de expectativa, porque no tiene, como en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, una Ley General que ya le da vida y que le da viabilidad. ¿Qué es lo que queremos con todos estos sistemas? Que de manera clara se puedan integrar fiscalización, investigación, control, vigilancia,

sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esto es lo que realmente debemos buscar con estos sistemas que van a formar un sistema mayor. Pero este diseño legislativo que se contempla en la Ley General permite que el sistema sea una instancia incluyente en todos los órdenes de gobierno, que incluso permite a las entidades federativas establecer sistemas locales también en este mismo sentido. Ahí tendremos que buscar la conjunción con las entidades de fiscalización de los estados, con los archivos generales de las entidades federativas, y así como tal vez la delegación del INEGI, en su momento, para conformar conjuntamente con el órgano garante de la transparencia sistemas locales de transparencia. Pero esta coordinación de acciones, como ya les decía, busca de manera muy eficiente lograr un objetivo principal, un gobierno honesto, eficiente y transparente, y en la medida de su competencia la prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad pública. Tenía aquí una parte que hablaba precisamente de la integración y funcionamiento, la vamos a dar por vista. Y aquí nada más retomaría la parte sensible, creo, de los que somos consejeros y/o comisionados de los órganos de la transparencia en las entidades federativas, y que es referente a la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información. Ésta, desde un inicio, allá por el 2004, se constituyó como un espacio de diálogo a partir de la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias mediante las cuales se analizaron las problemáticas que se han presentado en la implementación del derecho a la información en la sociedad, fomentando la adopción de una cultura de rendición de cuentas desde y para la ciudadanía, y lo digo así como con sentimiento, porque desde el 2007 que he venido viendo la evolución de la COMAIP, le decía ayer a Eugenio precisamente que veo tres etapas. Una primera etapa que se inició, con quien incluso lleva este nombre el auditorio, Alonso Lujambio; una etapa muy de intercambio y de

intensa actividad con los estados, tan es así que en esa etapa, en el 2008, casi se lograron, de los 32 órganos garantes, que se adoptara en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en la gran mayoría, quiero pensar que casi en un 85 por ciento, que se lograra la adopción del Informex; sólo creo que cuatro o cinco estados no lo adoptaron, pero fue precisamente con esa comunión que había con los integrantes de aquel antiguo IFAI, que se tenía un acercamiento muy importante con las entidades federativas y un trabajo que dio lugar, incluso, al nacimiento de la COMAIP. Posteriormente les decía que hubo un período que todos tenemos que de reconocer, con los anteriores, que precedieron a este Pleno, que se rompe ese diálogo y esta interacción, y realmente las entidades federativas veíamos al IFAI anterior como un ente alejado de los órganos garantes estatales. Y con esta nueva conformación se retoma esa vitalidad y esa energía, esa sinergia de estar intercambiando y coordinando esfuerzos para lograr resultados que impacten a toda la nación y no sólo en lo federal. Así lo vieron los integrantes de la COMAIP desde el inicio, tan es así que se asistió de manera voluntaria a las sesiones de las conferencias, la relación de los mismos se sustentó siempre en la paridad y en la igualdad, tomando sus decisiones siempre por consenso. Sin embargo, éstas no tienen ni podrían tener efectos vinculantes al hacer una asociación, una organización voluntaria que no tiene un reconocimiento legal; lo limitó sobremanera en sus alcances y penetración en la sociedad, así como en el cumplimiento de sus decisiones por parte de los sujetos obligados. Desde esa óptica la iniciativa de crear este Sistema Nacional precisamente, como ya lo han dicho otras intervenciones en este panel, que esta es una especie de transformación y de evolución. Yo lo voy a decir de una manera de alegoría metafórica, sí, diciendo que esta COMAIP es una oruga que se está convirtiendo en un capullo que pronto dará una mariposa; que sería el producto más acabado de lo que queremos y siempre hemos querido desde la COMAIP, y

hemos impulsado que se le reconozca esta validez y esta legalidad para que puedan ser sus decisiones tomadas en consenso, vinculantes con la sociedad y con los sujetos obligados. Como les decía, se vino trabajando muy duro desde la COMAIP y esta evolución, perfección y logro de un mayor alcance, incluso porque en este sistema también se le da cabida a otros actores de suma importancia, como ya lo han dicho, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Incluso en el Consejo Nacional se podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a otras personas e instituciones que representen a los sujetos obligados, también los obligados tienen derecho a voz, porque sí he escuchado muchas de las quejas del sujeto obligado. En el panel anterior alguien formulaba: “¿Y qué otros medios de impugnación hay?, me daba la idea que era un sujeto obligado que está diciendo: “Qué podemos hacer contra las resoluciones de los órganos garantes”, prácticamente nada, pero de todos modos en el Sistema Nacional se les va a escuchar. También aquí, si no son invitados, también los sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados, porque habrá temas en que realmente los expertos sean ellos. Siempre he dicho que los órganos garantes de transparencia nos volvemos una especie de todólogos, porque tenemos que ver de todas las materias, pero nos tenemos que arropar de personas capaces y asesores y abogados y otras materias también. Pero hay que escuchar al que está padeciendo y viviendo en el día a día y en carne propia, los problemas generados de la materia propia de esa institución y, por lo tanto, es importante que ellos mismos puedan solicitar ser invitados a esas reuniones. Hay otra cosa que reconocer muy importante, que la experiencia de los últimos 11 años que ha tenido de vida la COMAIP, antes de esta transformación que está por darse el día 20 de junio, que tengamos la asamblea general en Querétaro, ahí es la parte donde digo que se va

convertir esa oruga en capullo, el día 23 resurgirá esta COMAIP renovada. En este caso lo que queremos es que esta experiencia que nos ha dado la COMAIP estos últimos 11 años, es que el órgano garante con mayor y mejores posibilidades de coordinar sus esfuerzos desde el punto de vista de recursos tanto humanos como materiales, es el ahora INAI, y siempre lo ha sido; tan es así que desde el nacimiento de la COMAIP la impulsó el antiguo IFAI y siempre se constituyó en el Secretario Técnico de esta conferencia. Sin duda, tenemos que reconocer que quien tiene las capacidades más probables para que podamos llegar a buen término en estos casos es el INAI y qué bueno que va a coordinar ya por disposición legal, este Sistema Nacional de Transparencia. Puedo concluir que esta transformación no va a reñir con el contenido o con el sistema que se ha formado de este nuevo federalismo, este nuevo modelo de federalismo, que a lo mejor como decía Eugenio, colaborativo, o como decía en el panel anterior la doctor que no sabía cómo llamarle, no sabía realmente cómo llamarle a este nuevo federalismo. Creo que no podemos encasillar las cosas, los modelos son para irse evolucionando y trasformando, irse adecuando a las necesidades y esto es una prueba clara que este nuevo federalismo se ha venido diseñando, en donde la coordinación debe primar sobre cualquier decisión institucional. Donde el trabajo conjunto, parejo y armonizado de la gestión pública, debe ser garantía de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad. Por ello, creo que a partir de hoy, con toda oportunidad, se inicia el camino hacia la conformación del Sistema Nacional de transparencia. Le corresponde ahora a los 33 órganos garantes de transparencia del país, así como a las instituciones que se suman a este esfuerzo, buscar por todo aquellos que realmente nos interesa lograr un verdadero trabajo de coordinación, encontrar los mecanismos para lograrlo.

Muchas gracias. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Fernando, por tus aportaciones. Evidentemente que la COMAIP, antes que llegue el 23 de junio, cumplirá sus 11 años el día 16, sí hay tiempo para festejar muy bien estos 11 años por parte de la COMAIP. La verdad es que felicidades a todos los consejeros, comisionados que han pasado, todas las generaciones en estos 11 años; porque aun cuando el IFAI, en su momento, y ahora el INAI haya tenido también sus cambios institucionales de miembros como órgano superior de dirección, la verdad es que había mucha riqueza en el ámbito local para contribuir a lograr los objetivos que, en su momento, se hicieron por parte de la COMAIP y se trató, durante su desarrollo, inclusive de formalizarlo a través de acta constitutiva y darle un formalismo legal. Pero creo que lo importante subyace, que era el compromiso que en su momento tuvieron, tienen y tendrán los que conformarán esos espacios de comunicación y de interlocución. Antes de dar, ya para cerrar este panel, daré dos minutos para las preguntas, para desahogar estas preguntas, pero sí están muy insistentes en cuándo se va expedir y se va publicar este acuerdo que se anunció de interpretación, particularmente de los transitorios de la Ley General por parte del INAI. Está en proceso de elaboración, seguramente la próxima sesión o a más tardar la otra, pero estamos trabajando para que sea en esta sesión de miércoles. También va ser propicio, porque derivado de las reflexiones y aportaciones que se dan en este panel, también nos ayudan a nosotros a tener mayores elementos interpretativos o por lo menos para tomar en consideración qué dudas tienen, tanto los panelistas como el público que hace sus preguntas.

Daría, por dos minutos, Eugenio, a ver si se puede. Te llegaron más preguntas a ti, a ver si podemos resumir. Gracias. Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Por supuesto, al contrario, gracias a ti, Areli. Sí, hay una buena cantidad de preguntas, trataré de ser muy breve y contundente en todas ellas. Coinciden algunas en la colaboración, cómo colaborará el Archivo General de la Nación en el Sistema Nacional de Transparencia. Aparte de ser, por mandato legal, un integrante de estos 36, básicamente, entre otras muchas cosas, habremos de apoyarnos en su experiencia y conocimiento para el desarrollo, por ejemplo, de principios, bases, parámetros, estándares, directrices, que adicionales a las normas que, por supuesto, deberán generarse y desarrollarse, tendrán que ser implementadas para una adecuada gestión documental. También, por supuesto, a la vez habremos de apoyarnos en ellos firmemente. En otros aspectos, para la implementación y alcance de los objetivos de esta reforma, me refiero tanto a la constitucional, como a la legal, que es un tema medular y que es la capacitación. Las preguntas son variadas. Queremos entender –me dice– que los portales de transparencia ya no existirán y sólo cargaremos en uno a nivel nacional la información. Infiero que es de un colega de algún órgano garante local o de algún sujeto obligado, por eso de “cargaremos”. Aquí básicamente, como ustedes saben, no sólo queda claro a nivel de ley en el apartado de información pública de oficio, obligaciones de transparencia, en donde, por ejemplo, las genéricas, aquí se ha multicitado, se han incrementado en 50, 48, más las específicas de cada uno de los sujetos obligados por especialización.

Entre mayor cantidad de información exista al alcance del ciudadano, evidentemente mayor información hay para que el ciudadano pueda conocer la gestión pública de toma de decisiones. Evidentemente esta información, publicada con estándares de calidad, de veracidad, de entendimiento, de usabilidad –si me permiten el uso del concepto, que no existe– reutilización, de análisis, de procesamiento, etcétera. Sin embargo, la dirección y el mandato de esta reforma es justamente establecer un portal, lugar, un sitio en donde cualquiera de nosotros, como ciudadanos podamos tener una de las cuatro –ésta es una de las cuatro vertientes que yo señalaba del portal, de la plataforma–, que es poder entrar a los distintos rubros para los fines que sea, por ejemplo, para comparar la deuda del municipio equis, en el estado determinado, respecto de otro municipio de otro estado o incluso respecto del nivel estatal o propiamente el federal. La idea es lograr tener en un solo sitio la información que mandata, cuando menos, la Ley General, esperemos que las leyes estatales, la Federal y las locales vayan incluso más allá. Esa es la idea, en una de estas cuatro aristas encontrar en un solo sitio la información llamada obligaciones de transparencia, con independencia del resto de los sitios en los que todo sujeto obligado tiene a bien subir información de interés de los ciudadanos. ¿Con qué ley se deben de fundamentar las respuestas –me preguntan– a las solicitudes de los sujetos obligados? Ya se ha dicho en distintas mesas, esta Ley General establece los parámetros, los estándares mínimos que habrán de tener las leyes tanto federal como locales y en el plazo que la propia ley ha mandatado, en el plazo de un año. Por supuesto ahorita se tienen fundar los sujetos obligados, tienen que fundamentar las respuestas en sus leyes vigentes tanto a nivel local como a nivel federal, y así se seguirá haciendo cuando éstas mismas se reformen.

¿Cómo ve el INAI la representación de las regiones en el nuevo Sistema Nacional? Éste, incluso lo platicábamos con algunos colegas el día de ayer; ese es uno de los puntos que tendremos que reflexionar una vez que se haya instalado el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. En algún momento y por razones que en su tiempo fueron las adecuadas, se decidió que esta conferencia que fue tomando vigor con el paso de los años, fuerza y con resultados demostrados de trabajo, decidió dividir esta misma conferencia en cuatro regiones que nos han servido como canales, como correos de conducción y de transmisión entre unos y otros. Tendrá que hacerse la pregunta, reflexionar en una mesa si esta es la regionalización adecuada ya dentro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional; o por ejemplo, lo dejo sobre la mesa y lo hemos platicado con algunos colegas, habremos de, en su caso, utilizar la regionalización que tiene establecida el INEGI; el INEGI finalmente como parte, como un integrante más de este Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Este es uno de los temas que tendremos que pensar y resolver a la brevedad posible o en un futuro muy cercano. ¿De quién saldrán los recursos para poner en acción las actividades del Sistema Nacional? Evidentemente con injusticia y una disparidad abismal cada órgano garante del país tiene sus propios recursos; sin embargo, por supuesto hay una responsabilidad no sólo la de coordinación formal, material y legal que tendrá el INAI, sino también la responsabilidad la responsabilidad de aportar en la medida de lo posible recursos en casos, como por ejemplo, el desarrollo de la plataforma nacional, por destacar sólo un ejemplo, ahí se hará cargo el INAI en uno de los aspectos fundamentales, cruciales, torales que derivan de la reforma. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede tener acceso a la información en los municipios como los que cuenta el estado de Oaxaca, los municipios de usos y costumbres?

Estamos en el desarrollo de distintas estrategias. Este es uno de los temas, de los retos que tenemos no sólo el INAI, sino todos y cada uno de nosotros; cómo acceder a estas comunidades en las que, incluso aquí mismo lo señala, no hay posiblemente internet, se dificultan los medios de comunicación. Estamos pensando en todas las estrategias posibles, no sólo se quedará, por ejemplo, las solicitudes, lo ha multicitado mi colega y amigo Oscar Guerra Ford en las solicitudes tanto vía internet, como en in situ; sino estamos tratando de desarrollar solicitudes telefónicas tanto por vía ordinaria, como teléfono celular. Y estamos desarrollando otros mecanismos para llegar a las comunidades con menor cantidad y calidad de recursos. Finalmente, ¿cuál es el alcance de las atribuciones del INAI de establecer y ejecutar las sanciones, así como de los organismos garantes locales? Esta fue una de las grandes discusiones que se tuvieron en el desarrollo legislativo de la Ley General, y platicando con algunos legisladores, los creadores, sobre todo senadores, los creadores de origen, la cámara de origen de esta iniciativa que ahora es Ley General, nos han dado a entender, por lo menos un servidor, así lo he entendido, que dejaron más o menos el camino andado para la opción que determinen, tanto la Ley Federal, como las leyes locales. ¿Qué quiero decir? Si en ésta se tendrá que determinar si efectivamente, con independencia de las medidas de apremio o sanciones de carácter administrativo o multas, etcétera, específicamente en la parte de responsabilidades administrativas, lo que a mí me han dejado ver es que avanzaron en el camino y dejarán que las propias –o ellos mismos a nivel federal– leyes establezcan con contundencia si los órganos garantes serán los responsables de llevar a cabo el desarrollo de todo el procedimiento respecto a responsabilidades administrativas o habrán de establecer que éstos turnarán a los organismos, a las instituciones correspondientes esta parte sancionatoria que se capitula en la Ley General.

Éste fue un gran debate y veremos cómo concluye. Les agradezco mucho. Perdón por la extensión. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Eugenio. Jesús Ramón. Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez: Gracias, Comisionada. Me hacen una pregunta que la trataré de responder lo más acertado posible: ¿Cómo va a ser la participación del Archivo General de la Nación, de conformidad con el artículo 30, fracción IV, en el Sistema Nacional de Transparencia? Es una pregunta de suma importancia y que hacía falta que en este foro también se hablara de esa materia de los archivos. Soy de la idea de que no hay información sin archivos, y hemos ido nadando como el salmón, contra la corriente. Y les digo por qué: Primero nació la Ley General de Transparencia en el 2002 y fue 10 años después que nace la Ley Federal de Archivos, qué incongruencia, ¿no? Recordemos que la información tiene dueño y tiene territorio, la información del municipio de Bacerac que colinda con Chihuahua en Sonora, es de los habitantes de Bacerac, planta de cabildo, todo; que podrá socializarla con todo el mundo, bueno, es otra cosa, pero tiene la obligación de tener su archivo, su archivo municipal, su archivo de Sonora, archivo de todos los estados, el archivo que administra el INAI. El INAI administra la Administración Pública Federal, toda la información federal, que por excepción puede atraer información de los estados, es otra cosa, pero el trabajo fuerte, serio y la columna vertebral del INAI es esa, administrar la Administración Pública Federal de todos los poderes, órganos garantes, etcétera. Igual nosotros en los estados.

En ese sentido, sentimos que también ahora que llega la Ley General, apenas se está cocinando lo que es la Ley General de Archivos, entonces llegó primero también la Ley General de Transparencia; y ni modo, así son las inercias legislativas. Ayer le preguntaba a la Directora, va muy avanzado el trámite para lograr ese objetivo. Obviamente que dentro del Sistema Nacional de Transparencia es muy importante que esté la entidad de archivos porque también ellos tienen un Sistema Nacional de Archivos y que lo van a compartir con nosotros, nos van a enseñar esa cultura archivística que debe prevalecer en los órganos garantes de los estados y sobre todo los sujetos obligados. De hecho, los estados hacemos esfuerzos por hacer colaboración con las entidades similares en los archivos de la nación, en los estados, incluso se invita también a Archivo General de la Nación porque es toda una cultura. Los que están al frente de los órganos garantes entienden perfectamente bien esta situación. Por eso crear una cultura archivística, y sobre todo en alcance de la Ley General, va a ser un reto fundamental para todos nosotros. También dentro de las atribuciones que hay dentro del Sistema Nacional de Transparencia va a haber también la Ley General de Archivos, facultades concurrentes de los órganos garantes, tanto locales como el federal, con el nacional en este caso. Como les digo, la inercia y ayer lo comentábamos también con los legisladores, es mayor, es el reto, es muy grande, son muchas facultades, la ecuación es muy sencilla, la ecuación es: Mayores facultades, mayor presupuesto. Y termino con una frase que tiene que ver con archivos, de Jeremy Rifkin, conocidísimo norteamericano, que dice: “Un gobierno es más democrático mientras más información cierta y sistemática esté dispuesto a otorgar a la sociedad”. Muchas gracias.

Mtro. David Mondragón Centeno: Tengo dos preguntas. La primera es: ¿Se considerará en el Sistema Nacional de Transparencia una comisión que verifique el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y respuestas otorgadas con motivo de una solicitud? La respuesta es que no lo creo. Las atribuciones para evaluar el cumplimiento de obligaciones de oficio en los portales de Internet seguirán estando en manos de cada uno de los órganos garantes, en el ámbito de sus competencias, y las respuestas otorgadas obviamente a través de los recursos de revisión. La segunda pregunta es: ¿Qué estrategias, procedimientos, políticas, normas consideran los organismos garantes para asegurar que las personas que reciban, ejerzan recursos públicos, ejerzan actos de autoridad de los sindicatos del Estado, den a conocer su información pública en todos los sujetos obligados? Hay que recordar que ya desde antes en la gran mayoría de las atribuciones de los órganos garantes, en las leyes de transparencia locales, existe la obligación de oficio para que los entes publiquen un listado de todos aquellos sujetos, personas físicas y morales, a quienes entregan recursos; el motivo y el fundamento por qué lo hacen. Las estrategias, en primer lugar, serían seguir conservando esta obligación de oficio y a través de ello los ciudadanos podrán enterarse qué sujetos reciben estos recursos públicos y podrán hacer solicitudes, se tratará de sujetos obligados indirectos, se hará la solicitud de información al ente público que los tenga en su listado como a quienes se otorgan recursos y, en ese sentido, los ciudadanos tienen todo el acceso a la información. Y nada más, regresando un poco a la anterior pregunta, que también está vinculada, hay que decir que en el Sistema Nacional de Transparencia sí va a haber dos comisiones, pero nada más van a ser de metodología, una comisión que se va a encargar de elaborar criterios y metodología para evaluar, para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y también, como ya lo mencioné en la propuesta que acabo de presentar, va a haber una comisión que revise los criterios de resoluciones de los plenos para que estos sean

homogéneos y de esa forma podamos resolver mejor en todos los estados. Es cuanto. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, David. Fernando, por favor. Mtro. Fernando Aguilera de Hombre: Aquí tengo tres preguntas. Lorena Galindo formula dos, dice: Atendiendo a la vigencia de la Ley General y la Federal, y su coexistencia, la Ley General contempla sanciones no previstas en la Ley General. ¿Dichas sanciones ya pueden ser aplicadas a los sujetos obligados o se aplicarán al momento en que se homologue la Ley Federal? Ayer ya se comentaba en el panel, incluso lo decía el senador Encinas, que hay una parte de la Ley General que es de aplicación inmediata; a partir del 5 de mayo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación esta Ley General entró en vigor, solo tiene algunas vacatio legis o temporalidades para aplicar determinados temas que requerirán de algunas homologaciones, de lineamientos, de alguna metodología, de alguna cuestión relacionada con poder hacer realidad lo que el texto legal ahí dice, porque hay cuestiones que tienen que llevar algunas adecuaciones y eso lleva, en algunos casos, tiempo; tan es así que en los estados se le ha dado el término o el plazo de un año para que hagan la homologación, más bien la armonización de sus leyes locales de transparencia. Específicamente en la pregunta, desde mi óptica, y podrían a lo mejor algunos compañeros no coincidir. Todas aquellas cosas que ya están definidas y que no requieren de una adecuación para su aplicación están vigentes y ya se pueden aplicar. Es decir, incluso tuvimos esa discusión también ahí, al interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, respecto a esto mismo, porque también nos aplica a nosotros. Tenemos una ley estatal que tiene un capítulo de sanciones, un capítulo de medidas de apremio y que por tanto estaríamos pensando, ¿cuándo podremos aplicar estas? Creo que es de inmediato.

Por eso nos dimos a la tarea de encontrar una contradicción de tesis de la corte que se refiere al Código Penal Federal que en sus transitorios se aplicó una serie de diversos periodos para que se hicieran realidad algunas cuestiones relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo, etcétera. Y la Corte dijo: “A ver, todo aquello que sea sustantivo de la ley general, aplica de inmediato a partir de su publicación”. Lo sustantivo ya está, ahora, algunas cuestiones que requieran adecuaciones, tendrán que esperar las vacatio legis que ahí están establecidas de 60 días, seis meses, un año, dependiendo. En el transitorio hay varios casos, varias hipótesis y estaremos a ello. Creo, por lo tanto, que la respuesta es sí, ya se pueden aplicar. La otra pregunta es: Considerando también la vigencia actual de la ley general, la reclasificación de los supuestos de reserva y confidencialidad, como en el caso de los secretos –mencionan aquí- se debe aplicar la ley general para clasificar la información? De igual forma, retomando el principio pro omine de la ley federal, nos señala si al atender a un requerimiento de información adicional, reinicia el cómputo de los sujetos obligados o se retoma a partir del desahogo para atender, situación que resulta en la ley general, cómo se da certeza al solicitante de la actuación del sujeto obligado, es decir, debe comenzar de cero el plazo, atendiendo a los principios generales del derecho al criterio del Poder Judicial, atendiendo a partir del requerimiento de información. Miren, creo también que hay que tomar muy en cuenta lo que dice el transitorio, si mal no estoy es el octavo en su segundo o tercer párrafo, señala que toda aquella obligación de transparencia, es decir, todas aquella información que es de oficio, que ya debe de estar publicada en los portales de internet, en los portales de transparencia. Toda aquella que contemple esta ley general y que no estuviera contemplada en las leyes locales o en la federal, inicia su obligación de publicarse a partir del 5 de mayo, con la que se genere a partir del 5 de mayo, no le da efectos retroactivos.

Esto viene a colación, si algo de lo que se solicite se tenga que clasificar, habrá dos momentos, sin embargo, la ley general es muy clara cuando dice que hay tres hipótesis para empezar el conteo de la clasificación, del periodo de clasificación: Uno. Cuando sea solicitada la información por alguna persona, ahí se podrá emitir el acuerdo de clasificación y decir, a partir de este momento inicia la clasificación de la información por un periodo de tanto. El segundo momento; es cuando asimismo lo determine el sujeto obligado, porque ellos pueden a través de sus áreas, decir: “Esta información que estoy generando debería de clasificarse y ellos podrán emitir el acuerdo y poder determinar lo conducente”. Y tercer momento; cuando tengan que subir información de oficio a los portales de transparencia, habrá muchas y esa pregunta me la acaban de hacer en Veracruz, porque la respuesta la acabo de ver ahora. Cuando se tenga que subir la información de oficio, que tenga cuestiones que se tengan que reservar, se tendrá que emitir una versión pública y es la que se va a subir al portal. A partir de ahí también empiezan los plazos. Creo que con esto queda claro y si no, espero que consulten a alguien que sí sepa. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Fernando. Mtro. Fernando Aguilera de Hombre: Falta una. Perdón, es que no quiero dejar esta, esta me encantó porque viene anónima y es un screwball, para hacer ruido y viene a colación porque ayer como bien decía Eugenio, tuvimos una reunión, estábamos 54 comisionados y consejeros en 23 estados, 24 estados, estaba representada toda la república. Dice: ¿Seguirá algún tipo de representación nacional en el Sistema Nacional?

David lo señalaba, creo, dentro sus propuestas, que efectivamente se pretende que también, aparte de las comisiones, que van a ser cantidad de ellas, qué bueno, porque entre más especializadas se hace un mejor trabajo. También se propone que haya regiones, las ene cantidad de regiones que sean necesarias; y eso se viene a colación, porque también los órganos de fiscalización tienen sus propias regiones, también el INEGI tiene sus propias regiones y no coinciden con las regiones que tiene la todavía COMAIP, no coinciden, y se tendrán que homologar de alguna manera, porque no podremos decir: “Ah, bueno, de acuerdo a la región que trae el INEGI”. No, en este Sistema Nacional de Transparencia tendrá que homologarse y seguir manejando regiones, porque creo que es lo más adecuado porque permite una mejor comunicación. Es muy difícil que los 112 comisionados y consejeros, comisionadas y consejeras se estén reuniendo a cada rato, aparte que es muy criticado luego en nuestros estados, no me dejaran mentir aquí los comisionados, que dicen que nada más andamos haciendo “turismo de transparencia”, lo cual no es cierto, esto es evidente que estamos trabajando. Pero bueno, sí es cierto que movilizarse es complicado. Lo ideal es que se siga manejando por regiones. Y por último preguntan: ¿Cómo se garantiza la pluralidad en el Consejo? El Consejo, desafortunada o afortunadamente ya está establecido en la ley, ya no hay otro esquema, ya no hay otro diseño; lo podemos, a lo mejor robustecer con algún lineamiento, algún acuerdo, alguna metodología que establezcamos para que todos podamos participar y sobre todo, todos los que queramos. Luego sucede que en la dinámica de los trabajos propios de cada región y de cada órgano garante, a veces es muy difícil estar pendiente de todo lo que sucede en lo nacional, porque sí, también tenemos nuestras propias problemáticas.

Pero creo que sí, ya el diseño está dado y, por lo tanto, esta pluralidad ojalá la podamos mejorar con algún lineamiento o alguna metodología, que salga del seno del mismo Consejo Nacional de este sistema. Muchas gracias. Moderadora, Lic. Areli Cano Guadiana: Gracias, Fernando. Sobre todo a ustedes, muchas gracias por su asistencia, por su atención; a nuestros invitados. A nombre de la doctora Ximena Puente, presidenta del Instituto, de la comisionada Patricia Kurczyn, de los comisionados Francisco Acuña, Oscar Guerra, Joel Salas y quien también nos acompañó, no nos acompañó, estuvo presente también aquí en este Panel Eugenio y su servidora. Muchísimas gracias y un reconocimiento en nombre de todos ellos, por parte del INAI. Gracias.

(Receso)

Panel 7: Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Presentador: Iniciamos este Panel denominado: Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene por objeto conocer la visión y expectativa de los integrantes del mencionado Sistema Nacional sobre la nueva política pública integral basada en la relación de cooperación y coordinación con los organismos garantes. Modera este panel el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Adelante, comisionado. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero dar a nombre de mis compañeros, de todos y cada uno de los colegas comisionados del INAI, incluyendo el nombre de la comisionada presidenta que a pesar de tenerla aquí hoy está como ponente, entonces a también a nombre de ella me permito darle la más cordial bienvenida, a todos nuestros invitados, también a ella misma que hoy participará en este panel. Sobra dar un marco muy amplio sobre la relevancia y la importancia de esta mesa, tiene un acento especial ésta, la que hoy me honro en moderar, toda vez que escucharemos nada más y nada menos las visiones o la visión de las cuatro instituciones federales que por mandato legal habrán de sumarse a las 36 totales que constituirán el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero presentar, en primera instancia, al Auditor Superior de la Federación, al contador público Juan Manuel Portal Martínez. Él es contador por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

Profesionalmente se ha desarrollado como auditor general de una de las distintas instituciones financieras y auditor corporativo de las tres más grandes empresas siderúrgicas de México. También fue contralor general de Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Desarrollo Social y en LICONSA; Director de Supervisión y Evaluación en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Coordinador del Programa para el Fortalecimiento de Control Interno en la Administración Pública Federal. En apretadísima síntesis la amplia experiencia del auditor. Muy bienvenido. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiría proponerles un cambio ligero de modalidad. No intervendré en los intermedios de las sesiones, sino me permitiré, si ustedes no tienen inconveniente, hacer una conclusión final destacando las aportaciones de cada uno de los ponentes a la conclusión de la mesa. Bienvenido, auditor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este Primer Seminario sobre la Ley que nos ocupa. Empezaría diciendo que la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el que deben participar distintas instituciones coordinadas, de tal manera en que no afecten o trasgredan las atribuciones de los demás, representa un paso decidido hacia una mayor democratización del poder. Esto en cuanto a que la gestión gubernamental, el diseño de programas y políticas públicas y los resultados obtenidos con acatamiento a las necesarias restricciones referidas a la seguridad nacional y a la custodia de la información sensible de carácter confidencial deben ponerse al alcance de la sociedad. En un Estado democrático, el acceso a la información es, de hecho, la base de la rendición de cuentas; considerar la transparencia como una

obligación onerosa de cumplir o una concesión de la autoridad hacia los gobernados es despojarla de factores que hacen de ella uno de los principales pilares de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública. La Auditoría Superior de la Federación hace uso de la información generada por los entes sujetos al proceso fiscalizador y, por lo tanto, ve en la disponibilidad, confiabilidad y administración de la misma una condición ineludible para llevar a cabo su función revisora de manera eficiente y confiable, ya que no puede haber injerencia directa del sistema en políticas internas, facultades y operación de un ente gubernamental, la labor debe concentrarse en el ejemplo y la oferta de alternativas viables para cumplir las obligaciones que emanen del nuevo marco legal, bajo un esquema de buenas prácticas, control interno y el uso eficiente de tecnologías de la información. Ahora bien, para alcanzar el fin último de un Sistema de Transparencia y Acceso a la Información, o sea, la concepción del gobierno como una caja transparente, resulta indispensable generar un marco estructurado de buenas prácticas en la materia, acompañado de la instrumentación del debido proceso. Cuando habló de debido proceso me refiero a una práctica común en organizaciones internacionales, que con el fin de mantener la normativa aplicable, vigente y operativa cuentan con procedimientos bien definidos para alcanzar el marco aplicable, proponer reformas y modificaciones, así como a copiar información suficiente para fundamentar y validar cualquier cambio. Esto implica que en el contexto del sistema, las guías, los lineamientos y las buenas prácticas no se consideren como inamovibles, sino que éstas deberán modificarse en la medida en que las instituciones enfrenten nuevos retos o surjan adelantos que requieran de ser incorporados en la praxis de los entes gubernamentales. Contar con un proceso de esta naturaleza le dará al sistema la debida flexibilidad y capacidad de respuesta necesarios para mantenerlo vigente.

La institución a mi cargo, dada su naturaleza y mandato, está involucrada en más de una forma al ámbito de la transparencia. Los entes que la ASF revisa generan datos, no sólo financieros y contables, sino vinculados al desempeño de sus funciones, que deben ser comprobados por los equipos auditores. Asimismo, la propia ASF es generadora de información, tanto de trabajo, como aquella que se refleje en su informe general presentado anualmente ante la Cámara de Diputados y a la ciudadanía en su conjunto. Por ello y por el papel que juega la ASF, en el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, existe una gran potencialidad para que la fiscalización superior provea de indicios relevantes a los órganos de vigilar el manejo de la información gubernamental, así como de que aproveche aquellos datos que dichas instituciones le proporcione para hacer más efectiva la planeación y ejecución de auditorías al uso de los recursos públicos. Adicionalmente, creemos necesario que la ASF considere la realización de un número determinado de auditorías específicas sobre el cumplimiento de la Ley en materia de transparencia y acceso a la información. En estos casos, su conjunción con las instituciones competentes en la materia resulta indispensable; como puede verse, la adopción de una concepción sistémica en materia de transparencia y combate a la corrupción, implica la definición de canales adecuados para coordinar efectivamente las acciones de todos los participantes. Por otra parte, existe una serie de acciones de la ASF en cuanto al análisis de riesgos en la gestión del sector público, que se vinculan con el manejo y la disponibilidad de información. En su último informe, referente a la Cuenta Pública 2013, la ASF identificó distintas áreas de riesgo que entrañan la posibilidad de que se presenten deficiencias en el cumplimiento del mandato de una institución, una gestión irregular de los recursos públicos o situaciones de bajo rendimiento o ausencia de resultados de programas y políticas públicas.

Estas áreas pueden ser una primera aproximación sobre temas que podrían formar parte de la atención del Sistema de Transparencia. Entre dichas áreas podríamos mencionar se encuentra la referida a la rendición de cuentas y transparencia, que se refiere a las situaciones en que la falta de exposición pública de información clave no permite una toma de decisiones adecuada o no permite que los distintos actores sociales que estén involucrados con el acto de gobierno en cuestión, puedan dar el seguimiento adecuado. Existen distintos aspectos de la gestión gubernamental en los que podemos ver el impacto que este riesgo se materialice, por ejemplo, la revelación de pasivos y gastos, dar a conocer y publicar oportunamente cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado constituye un elemento de transparencia que genera certidumbre, pero su ausencia puede tener un impacto en cuanto a la percepción de la opinión pública y los agentes económicos respecto al estado que guardan las finanzas públicas. En el caso de los padrones de beneficiarios hay que destacar que la ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a los beneficiarios debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o de un apoyo, que se traduce en un costo para la comunidad al generarse la percepción que los programas sociales no son operados atendiendo a criterios de equidad y eficacia. En cuanto a la integración de la participación ciudadana, puedo señalar que un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y resultados del gasto público es la participación de la población beneficiaria en la gestión de los fondos y programas, especialmente en cuanto al seguimiento del ejercicio de los recursos. La concepción institucional de la participación social está concebida para involucrarla en la ejecución de los propios programas, pero no como un elemento vigilante, empoderado con la información suficiente para evaluar la gestión. La consecuencia de una participación social efectiva debería convertirse en información pública abierta a la sociedad.

Respecto al seguimiento de obras de infraestructura, debido a la importancia de las obras y al monto de recursos requeridos para llevarlas a cabo, resulta indispensable que sean concebidas, ejecutadas y controladas a partir de una perspectiva estratégica sustentada en aspectos como el rigor técnico y el impacto social. Por el contrario, una inadecuada planeación, supervisión y seguimiento de los mismos, ocasionan incrementos en montos de inversión y plazos de ejecución. A este respecto no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin reiterar el proyecto de construcción de la nueva sede de la Auditoría Superior de la Federación. Nos propusimos desde el primer día ofrecer a los legisladores y a la opinión pública una imagen diferente de lo que puede ser una obra pública. La labor que la institución desarrolla la obliga, además, a mantener un elevado nivel de transparencia y exactitud en cuanto a los aspectos técnicos y financieros del proceso. Podemos comunicarles que hasta ahora se ha cumplido en tiempo y forma con las metas que se le han fijado al proyecto, su avance puede ser seguido prácticamente en tiempo real a través de la consulta del micrositio de Internet que fue puesto a disposición de la ciudadanía. Nuestro objetivo es generar una buena práctica que ponga de relieve el seguimiento a la dinámica de la obra, reflejada en una rendición de cuentas oportuna y detallada de este proyecto. En el ámbito de la auditoría gubernamental se dice que no es posible rendir cuentas si no hay cuentas. La información incluida en la cuenta pública es la base del análisis de la fiscalización superior. Por ello, la ASF decidió participar activamente en los esfuerzos llevados a cabo por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para avanzar en distintos aspectos de la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a nivel estatal y municipal. Asimismo, en materia de gasto federalizado, la ASF asumió la responsabilidad de coordinar las medidas necesarias para verificar el adecuado cumplimiento por parte de estados y municipios de la

entrega de reportes trimestrales contemplados por ley sobre el ejercicio, destino y resultados del uso de recursos federales transferidos mediante el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Señoras y señores asistentes a este Seminario, el arranque de un proyecto de este calado es una etapa de gran importancia y de alguna manera determina el futuro del mismo, por consiguiente, considero que las instituciones involucradas hagan un análisis detallado respecto a su contribución al funcionamiento del sistema, así como las maneras más eficientes para establecer una coordinación efectiva. Eventos como el presente nos sirven para contar con distintas perspectivas y con ello poder formar criterios que se basen en un enfoque multidisciplinario, indispensable, para la creación de un sistema que vinculará organismos cuyos mandatos abarcan un amplio espectro de la gestión gubernamental. Finalmente reitero el compromiso de la Auditoría Superior de la Federación con esta importante iniciativa, así como en actuar al límite de nuestras facultades para promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, Auditor, por su visión y por las reflexiones y por compartirnos el papel fundamental que, entre otros, habrá de jugar la Auditoría en este Sistema Nacional de Transparencia. Es también un privilegio tener en esta mesa a la doctora Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Nación. Ella es licenciada en filosofía, maestra en sociología y doctora en historia por el Colegio de México. Se ha desempeñado como Directora General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores; investigadora nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores; Directora del Museo Regional de Guadalupe.

También es profesora en diversas casas de estudio y escritora de varias obras relacionadas con la historia de México y América Latina. Sin más, me permitiría cederle el uso de la palabra y bienvenida una vez más, Mercedes. Dra. Mercedes de la Veja Armijo: A mis interlocutores que participamos en esta mesa, mi agradecimiento al INAI por la invitación a este evento tan importante. Primero que nada permítanme extender una disculpa; los servidores púbicos corremos el riesgo de repetir hasta la náusea algunos conceptos y algunos de los compañeros de esta mesa ya me han escuchado y muy probablemente también algunos de los participantes, de los aquí presentes en este auditorio. Voy a iniciar esta presentación con una reflexión: “Todo parece indicar que el engaño es inherente al comportamiento de la humanidad, pero más preocupante aún es el autoengaño que parece ser consustancial a la naturaleza humana”. Y esto lo dijo un pensador Chino cuatro siglos antes de Cristo y decía, literalmente lo siguiente: “Aquel que quiere tener lo correcto sin lo equivocado y mantener orden sin caos, no entiende los principios del cielo y de la tierra, no sabe cómo están hechas las cosas”. Pero por otro lado, la historia nos demuestra que la libertad no es un regalo que cae del cielo, sino permanente desafío entre la conciencia y las circunstancias, con lo que la afirmación de la libertad comienza con el hábito de responsabilizase de uno mismo. Pero responsabilidad –procuro repetirlo siempre- no es sólo el sentido de compromiso, sino igualmente, habilidad para responder, de entender y actuar a favor de un equilibrio interno y externo, trátese de personas o de instituciones. Y es aquí donde tenemos que encontrar permanentemente ese equilibrio entre el orden y el caos que ha caracterizado a la historia de la humanidad. En este sentido, y tras más de una década de vigencia de la Ley Federal de Transparencia, el balance no es precisamente positivo, ya

que en ese mismo lapso, los índices de corrupción en el país, parece que lejos de disminuir, aumentaron. Si bien se establecieron mecanismos que posibilitaran la transparencia, tanto la prospectiva de las instituciones, como las expectativas de la ciudadanía, no han sido medianamente cubiertas. Así, aunque ha habido responsabilidad gubernamental, es evidente que ha faltado habilidad para responder o, si se prefiere, un manejo más eficiente de información y comunicación entre las instituciones y hacia la sociedad, cada días más a merced de criterios mediáticos y ratings, que de la objetividad. A partir del pasado martes 5 de mayo, con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, y como ya se ha dicho aquí, el INAI, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación integramos el Sistema Nacional de Transparencia. El resto es gigantesco, lo decía ayer la Comisionada Presidenta del INAI, pero particularmente el reto es aún más difícil para un débil sistema de archivos en este país; basta recorrer algunos archivos, ya sean de una secretaría de Estado o de un municipio, sea un municipio pobre, sea un municipio rico, sea urbano, sea rural para corroborarlo. Y quizá en mi caso particular, para seguir documentando mi asombro, aun no me canso de visitar cuanto archivo se me atraviesa en el camino y sigo documentando, por un lado mi optimismo respecto de la archivística nacional, particularmente en este momento en que los archivos se integran a este Sistema Nacional de Transparencia. Pero bien, preguntémonos entonces, porque además fueron preguntas que se plantearon en la mesa anterior, ¿Cuál es el papel que le corresponde a la archivística de México, una vez incluida en este promisorio, pero como lo decía, comprometedor Sistema Nacional de Transparencia? Y a riesgo, nuevamente lo digo, de aburrir a mis interlocutores, que ya conocen algunos de mis planteamientos, creo pertinente recordar aquí preguntas todavía sin respuesta, así como otras de las que hemos obtenido, creemos, alguna ubicadora contestación.

Entre las primeras. ¿Por qué los archivos llegan tarde a la modernidad, si son milenarios y nacen con las sociedades? Si los archivos son esenciales, ¿por qué continúa viéndoseles como hermano menor de la transparencia o más preocupante aun, desvinculados de las funciones de la administración pública? ¿Por qué nos olvidamos de mirar a los archivos en su real dimensión, hasta que se fue gestando el acceso a la información y haciéndose obligatoria la transparencia? ¿Dónde se quedó atorada la archivística nacional, si tenemos uno de los archivos? Por no decir el más importante del continente americano, alojado en el Antiguo Palacio de Lecumberri. ¿A qué atribuir que en la agenda federal, estatal y municipal el archivo esté en el último lugar, no obstante ser invaluable fuente de conocimientos? ¿Cómo detener la desarticulación de los tres poderes, sea nivel federal o estatal en materia de archivos, con la consiguiente falta de transversalidad? Por estas y otras inercias es que hasta ahora las administraciones han dejado pasar la oportunidad de apoyarse en los archivos y de aprovechar los datos duros que ofrecen. A las omisiones citadas hay que añadir una óptica institucional discreta, si no es que nula; así, como una notable diferencia en los recursos asignados a los archivos, siempre insuficientes, con respecto a otras instituciones directamente relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. Quisiera aportar aquí algunos datos reveladores para continuar, no me cansaré de hacerlo, llamando la atención en torno a la archivística nacional. En 2014, fíjese ustedes bien, sólo el cuatro por ciento de la administración federal, de los sujetos obligados por la Ley Federal de

Archivos, dieron cuatro por ciento, reitero, dieron cabal cumplimiento a los indicadores del programa para un gobierno cercano y moderno en donde los archivos tienen un lugar. Otro dato alarmante. De un diagnóstico que enviamos el año pasado a más de 12 mil entidades públicas a nivel nacional, sólo se obtuvo respuesta del siete por ciento, y ese siete por ciento demuestra una acusada debilidad normativa estructural y funcional. Pero ojo, tampoco podríamos afirmar irresponsablemente que los magros resultados son consecuencia de la irresponsabilidad de las instituciones públicas, el problema es mucho más complejo y su solución implicará una revolución administrativa, yo la llamo silenciosa que confiamos ocurrirá con la promulgación y aplicación de la Ley General de Archivos. Desde luego es perentorio asignar mayores presupuestos al desarrollo archivístico en el país, indispensable para el buen gobierno, lo explicó de manera muy claro el auditor y en tanto base informativa del Estado. Una administración pública, transparente exige eficacia en la gestión documental. Con la Ley General de Archivos, que como ustedes saben, se ha venido trabajando desde hace ya algunos meses, estamos ahora en un proceso de consulta muy intenso, el Sistema Nacional de Archivos tendrá una intersección, yo diría, una empatía natural con el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Por qué? Porque su núcleo van a ser los sistemas estatales de archivo, cuya células serán los archivos municipales con objeto de homogeneizar los procedimientos archivísticos. Un Sistema Nacional de Archivos que se traduzca en archivos ordenados, que inviten a que uno se adentre en ellos, lo descubra, los mire, los palpe; que se traduzca en archivos ordenados, limpios, con instrumentos de consulta, inventarios, catálogos, difusión, garantizarán una información, y esto es lo que una buena archivística debe hacer, garantizarán que esa información sea auténtica, que esté disponible, que sea íntegra y tenga institucionalidad, es decir, que sepamos de

dónde viene, quién la produjo y, por ende, los archivos de este país se preserven, difundan y protejan. La importancia de los archivos, también se preguntaba en la mesa anterior, se hacía esta pregunta; la importancia de los archivos radica en que son los depositarios esenciales de la información pública, pero no se ha reflejado esto en una mejor situación de los archivos porque su ubicación en los organigramas no refleja su importancia administrativa y el personal lamentablemente no siempre posee los conocimientos necesarios o actualizados. En consecuencia, la incidencia estratégica de los archivos sigue siendo débil, insuficiente y a veces, incluso, invisible. En este sentido, se requieren acciones concretas y coordinadas que conduzcan al reconocimiento del valor institucional de los archivos y su inaplazable profesionalización a través de la vinculación con instituciones de educación superior y la cooperación internacional. Pero permítanme decirles que hay que derribar otro añejo prejuicio que tiene que ver con la idea de que los archivos son únicamente útiles para los historiadores, cuando el resto de las disciplinas, todas, absolutamente todas, están a la espera, siguen a la espera de fondos, de acervos, de depósitos, de colecciones que son invaluables tesoros desatendidos tanto por organismos públicos, como privados, porque también la iniciativa privada tiene una memoria institucional como la tiene la administración pública y que no aprovechan la utilidad de los conocimientos e información que en ellos mismos se producen. Quisiera regresar porque no quiero ocupar más espacio del debido. Me voy a concentrar en lo que creo que podrían ser los beneficios de una Ley de Archivos. ¿Cómo se va a beneficiar la transparencia y el acceso a la información con esta Ley? De manera enunciativa, más no limitativa, creo que los siguientes serán algunos beneficios: Por un lado, establecer las bases y principios archivísticos, como los que acabo de mencionar; determinar cuáles son los sujetos obligados; algo importantísimo, consolidar una

política pública; definir el valor de los archivos; fomentar la memoria histórica nacional e institucional; hacer más eficaz la toma de decisiones del Estado; garantizar el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información. Y desde luego, la creación del Sistema Nacional de Archivos; establecer reglas claras para la gestión documental y la administración de archivos; vincular –importantísimo– los archivos con las tecnologías de la información; resolver problemas tan importantes como el de la preservación digital; establecer relaciones de coordinación entre instituciones; fomentar la cultura archivística; tener un registro nacional de todos los archivos que hay en este país; establecer –ojo, muy importante– un régimen de responsabilidades y sanciones especializado para que cuando termine una administración, el servidor público saliente se lleve a su casa los archivos, como suele ocurrir con mucha frecuencia. Comparto algunas reflexiones finales. La transparencia no es algo que pueda alcanzarse de un día para otro ni la corrupción ser eliminada como si limpiáramos un vidrio. Hoy, sin embargo, se cuenta con una cantidad de información valiosa que nuestros antepasados jamás imaginaron. El cabal manejo y aprovechamiento de la misma es nuestra responsabilidad. Igualmente, transparencia no es sólo la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información derivada de su actuación, sino además un profundo movimiento endógeno de la Administración Pública de la postmodernidad a sabiendas que el derecho a la información deviene mayor exigencia social y, por ende, reciproco compromiso ético entre gobernantes y gobernados. Lo que fortalece le rendición de cuentas es esa habilidad para responder, ese asumir con sentido e imaginación las respectivas responsabilidades en una sintonía que nos permita percibirnos unos a otros sin prejuicios, confiados en el beneficio de sumar voluntades y esfuerzos que desemboquen en una sinergia continuada. Hoy empieza, pero esto llevará algunos años, le tendremos que dar continuidad.

No se trata de cuidar apariencias o de ocultar información por sentirnos vigilados y acotados, sino sencillamente de hacer bien las cosas, a partir del profesionalismo y la convicción de que sólo unidos podremos seguir construyendo el Estado de Derecho al que aspiramos. Transparencia y rendición de cuentas, en fin, no es únicamente el manejo eficiente de datos, es sobre todo hacer que esas cuentas sean vistas y disfrutadas por la ciudadanía. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias a ti, Mercedes. Es un gusto recibir también en esta mesa a Mario Palma Rojo. Él es uno de los cuatro vicepresidentes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y es responsable de sus Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, cargo que desempeña desde octubre del año 2008. Ha ocupado diversos cargos a lo largo de sus más de 18 años de carrera en el INEGI, como Subdirector de Normatividad y Servicios Técnicos, Coordinador Ejecutivo y Coordinador Administrativo entre otros. Fue Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo y Subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, se desempeño como Oficial Mayor en las secretarías de Economía y de Turismo. Mario Palma estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue profesor de Derecho Internacional Público y tiene una maestría en derecho y política internacional por la London School of Economic and Political Science de la Universidad de Londres. Ha participado en numerosos foros internacionales y ha recibido distinciones que otorga el Instituto Internacional de Estadística, con sede en La Haya, Holanda, por su contribución a la comunidad de

estadística internacional y recientemente fue nombrado presidente electo de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales para el período 2015-2017. Sobra decir también que nos hace el favor de representar a la institución y a su titular, Eduardo Soho, a quien le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto, a nombre de todos mis colegas. Le cedería el uso de la palabra. Mtro. Mario Palma Rojo: Muchas gracias. Muchas gracias al Comisionado de Monterrey. Muchas gracias al INAI por esta gentil invitación y a su presidenta, Ximena Puente, y a todos los demás comisionados, así como a mis distinguidos colegas que estamos el día de hoy acá. Voy a presentarles a continuación cuáles son los fundamentos jurídicos y sobre todo cuál es la operación de la cultura de la transparencia en el INEGI. El INEGI, como las instituciones que representan mis colegas, son instituciones cuya esencia está directamente relacionada con la transparencia; somos instituciones que nuestra primera labor tiene que ver con producir, proporcionar información y esto puede ser intercambiable con el tema de transparencia, pero inevitablemente lo nutre y son parte importante de la transparencia. Un poco el contexto. Platicábamos hace rato cómo era Lecumberri hace 40 años y cómo ha cambiado el país para que ahora tengamos en Lecumberri el Archivo General de la Nación. El país ha mejorado y ha cambiado. En estos más de 30 años empezó la institucionalización, porque diría que antes de eso ya estaban los esfuerzos para el derecho de acceso a la información, en 1977, y voy a decir que hoy lo culminamos, el 4 de mayo, con la publicación de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. México ha creado un andamiaje institucional importante y en el camino se creó el INEGI, en el camino se le dio autonomía. No puse ya las fechas, pero están ahí dentro de estos 35 años.

¿Cuál es el rol y dónde hay que ubicar a las oficinas nacionales de estadística, que es el rol del INEGI en México? La misión es proveer a la sociedad información oportuna y de calidad sobre fenómenos sociales y económicos relevantes. Importante la palabra sociedad hay que entenderla en su sentido más amplio, esto es, proveer a todo mundo, a todo el que puede ser usuario y aquí no hay distinción de si es mexicano, si es extranjero, si es residente en México o si está en el extranjero, si es una institución o un organismo internacional, etcétera, no hay diferencia de edades ni nada. Esto es para todo mundo. Pero de la calidad de esta información veremos si sirve para políticas públicas y a los que hacen políticas públicas, las promueven, las diseñan, las implementan y este grupo hasta ahí podría ser relativamente pequeño, pero también sirve para los que evalúan las políticas públicas. Ahí el grupo se extiende a los académicos y a cualquier persona interesada en un tema. El contexto del INEGI. El INEGI desde el 2008 tiene autonomía. Esto es algo raro a nivel mundial, somos una de las tres, cuatro instituciones, la única que lo tiene en su constitución escrita, y esta autonomía nos pone en una situación interesante como productores de información estadística, pero también como coordinadores de lo que se llama el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. El INEGI no puede ser el único productor de estadística, ahí estarían las otras instituciones que producen información estadística, pero también los usuarios. Es muy importante trabajar con los usuarios. La parte legal. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística, que nos da una serie de principios rectores que coinciden mucho con la Ley General, con accesibilidad, transparencia, objetividad, independencia, que es muy importante y la información del INEGI se rige por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.

Se nos pone desde un principio que la parte de la gestión del INEGI se regía por la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta diferencia no es tan estricta, ¿por qué?, porque la sola producción, la primera parte, que está sujeta a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, nutre necesariamente a las leyes de transparencia. Lo vamos a ver a continuación. Quiero adelantar algunas cosas. Debemos definir metodologías y lo debemos de publicar en Internet y tenemos un servicio público de información que ya lo mencioné, que nos obliga a poner a disposición de todo mundo la totalidad de esta información. En la Ley General de Transparencia, aparecemos como sujeto obligado, somos parte del sistema y están una serie de obligaciones de transparencia comunes que ya mencioné. La información del sistema que les acabo de referir la dividimos en cuatro subsistemas que son los tipos de información que tenemos, es la social y demográfica, la geográfica y del medio ambiente, la económica que son las tres tradicionales y desde la autonomía del INEGI hemos dedicado prioridad a medir estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia. Muchas de las cuales no se medían previamente en México, muchas no se miden en la mayoría de los países del mundo y están muy relacionadas con el tema de la actuación del gobierno y con el tema de la transparencia como veremos más adelante. Un concepto importante que ya mencioné es la de información de interés nacional. Le corresponde al Instituto declarar qué información se considera de interés nacional y esta tiene por ley que es obligatoria y oficial para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, esto es de particular importancia. La información de inflación del INEGI, la información de crecimiento económico o la información del crimen del INEGI es la información oficial para uso de todas las autoridades de este país. Están las características ahí.

Asimismo, se ha creado un catálogo nacional de indicadores, que es un conjunto de indicadores con sus metadatos, el metadato es la explicación de cómo se construye y qué información lleva cada indicador y en el cual participamos. Somos coordinadores de un sistema, no somos los únicos productores, como ya mencioné, hay otras 17 unidades del Estado, en este momento, que ya participan en la producción de catálogo nacional de indicadores. Deben de ser necesarios para sustentar el diseño de políticas públicas, requieren un rigor conceptual y metodológico y deben ser producidos conforme a un calendario de actualización. Muy breve, en la parte demográfica y social hay 87 indicadores, en el siguiente pueden ir viendo de qué tipo son; hay 63 en la parte económica, 25 al medio ambiente y 27 en gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Ochenta y siete de estos indicadores, 43 por ciento del total, están ligados al cumplimiento de compromisos internacionales, desde las declaraciones del milenio que se están revisando actualmente, los que están familiarizados con el tema, se está haciendo en Naciones Unidas la discusión de cuáles serán los indicadores sustentables post 2015. El INEGI participa directamente en estas discusiones en Naciones Unidas, desde la definición de cuáles van a ser y sobre todo cómo se van a poder medir, que esto es la parte más difícil. Pero nos habla de temas muy variados: De la OCDE, la protección de la capa de ozono, Convención para la Protección de la Discriminación para la Mujer, cosas de recursos forestales, diversidad biológica, etcétera. También estamos afiliados a la política de datos abiertos, ¿qué es la política de datos abiertos? Que se pongan a disposición de la sociedad con los atributos que aparecen ahí, que son importantes, que sean públicos, que sean gratuitos, que no haya discriminación, que

sean en formatos abiertos y legibles por máquinas. Esto no es tan fácil de llevarlo a cabo hoy en la práctica, pero esto es una política que estamos ya llevando a la realidad en el Instituto. Asimismo, estamos promoviendo la llamada DBI, iniciativa del Banco Mundial para establecer un estándar internacional para documentar proyectos estadísticos, ya lo adoptamos en la red nacional de metadatos del INEGI y estamos promoviéndolo entre las unidades del Estado mexicano y pronto tendremos una norma para que todas las unidades del Estado de adopten en la presentación de sus datos. Otro punto que es muy importante, no es de esos puntos que a veces hacen mucho ruido, pero son de vital importancia. En diciembre de cada año publicamos la fecha exacta en la que se va a hacer la publicación de cada resultado o de cada proyecto estadístico. Ustedes pueden saber que la encuesta de victimización de hogares cada año se publica el día 30 de septiembre a las 08:00 horas y nunca en la historia ha habido una posposición, ni creo que lo vaya a haber, de eso nos encargamos en la Junta de Gobierno, de este tipo de situaciones. A las 08:00 horas ya está en internet, si hay una reunión de prensa y esto se hace posteriormente, se hace a las 11:00 o 12:00 horas, pero esto es una de las garantías de la transparencia de cómo se debe de producir la información estadística en un país. A continuación, no quiero meterme en muchos detalles, pero voy aprovechar del subsistema que me toca llevar y que tiene mucho que ver con esto, hacer un par de menciones y sobre todo referirme a la encuesta de calidad de servicios gubernamentales. Nosotros estamos haciendo censos de los gobiernos municipales, estatales y algunos federales actualmente. ¿Estos censos a qué se refieren? Y es algo que mencionaba Mercedes hace un rato.

¿Cómo lograr homogeneidad en la calidad de la producción de información y en algunos casos cómo lograr que se nos proporcione la información? Estos censos son de registros administrativos, obviamente, nosotros los hicimos censos, ¿por qué? Porque juntamos a los procuradores de los estados, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados, a los gobiernos estatales, diseñamos un cuestionario y lo llevamos a cabo al mismo tiempo y esto tiene una serie de efectos, entre otros, el de comparabilidad y el que nadie se debe quedar fuera. Tenemos cinco años haciendo estos censos, nada más en la primera ronda tuvimos un problema de alguien que no voy a mencionar, porque después se solucionó, en el que se nos dijo que no se nos podía alguna información de seguridad porque esto era confidencial, conforme a una ley de un estado, que tampoco voy a mencionar. Una vez que lo revisamos, esa ley no decía lo que decía el general que nos dijo que no nos podía dar los datos. ¿Qué hicimos? Muy sencillo, la gente nos preguntaba qué vamos hacer, muy sencillo, recopilen los otros 31, ya que estén listos les volvemos a hablar, ya que estuvieron listos les volvimos a hablar, les dijimos: Oigan, ya están listos, los vamos a publicar, van aparecer 31, el 32, que es el caso de ustedes, y no va en orden alfabético, va aparecer con una señal ahí que va decir, que conforme nos informó el Jefe de la Policía Estatal, con forme al artículo tal, de la ley tal, que él y nosotros sabíamos que era mentira, no nos puede proporcionar la información. La información llegó antes de ocho días y fue la última vez que alguien, en cualquiera de estos censos nos ha negado información. El problema que sigue es mejorar la calidad, ahí sí hay diferencias entre los estados. Ya después de cinco años se ha logrado un avance serio, pero este es un trabajo permanente que hay que seguir haciendo.

Voy a mencionar muy rápido la encuesta de victimización primera, que aparece ahí, que es en hogares, es 95 mil hogares y ahí medimos el crimen que no es reportado en el país y lo medimos cada año, y es la cifra oficial del nivel de crimen que tenemos en México. Para que tengan una idea. Me voy a detener dos minutos en la calidad de servicios gubernamentales, porque ésa va directo al corazón del tema que nos ocupa el día de hoy. Es una encuesta que hacemos en hogares, obviamente probabilística, la hacemos cada dos años, toca este año hacerla, la última es de 2013; 33 mil hogares nos permite dar datos a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Y qué mide? Como dice su nombre, evalúa los servicios públicos, evalúa los problemas al realizar trámites y hace algo que casi nadie hace, lo primero sí, percepción de corrupción en el sector público. Hay muchas encuestas sobre percepción de corrupción, pero lo que casi nadie hace, de hecho hay nada más encuestas a nivel mundial, es la participación de los ciudadanos en experiencias de corrupción. Y esto es lo que le da una diferencia muy interesante a esta encuesta. Estos son unos pequeños datos, todo esto lo pueden consultar en la página del INEGI y es mucho más amplia, esto es realmente una selección muy pequeña. El caso de educación pública en primaria, ustedes pueden ver la respuesta de cumplimiento de días de clase y podemos ver salones que están saturados o no de estudiantes y una serie de datos en el camino. Muy complementable con el censo de escuelas que también hizo el INEGI, que nos permite verlo ya escuela por escuela. Servicios de salud en el IMSS.

El dato de disponibilidad de medicamentos, que pueden ver ustedes en el extremo derecho, es interesante y lo tenemos por estado, y ya lo vio el Director del IMSS, le interesó muchísimo, porque le sirve. Acuérdense bien de esto, esto no es un asunto de denuncia, es un asunto de utilidad para los que hacen políticas públicas. El primer interesado es el Director, el Secretario, que quiere tener estos datos, que normalmente no se los dan o muchas veces no se los dan, porque no lo tienen o por otras razones, sus propios subordinados. Esto les da a ustedes una idea. Tenemos interacción con el gobierno y es un poco diferente, a través de internet. ¿Cómo estamos la gente y cómo está aumentando el uso de internet y para qué cosas se está haciendo? Problemas para realizar un pago o un trámite, y esto está a nivel estatal y está a nivel institucional. Si hubo barreras al trámite, tipo de problemas que se enfrentaron. Primero está el porcentaje de usuarios que enfrentaron algún tipo de problemas, es el 53 por ciento. Si estos fueron en barreras al trámite, fueron asimetrías de información, está en la letra chica la explicación o fueron problemas con las tecnologías de la información. Problemas más importantes por la entidad. Inseguridad y delincuencia, desempleo, corrupción. Corrupción. Esto es interesante y es lo que me había yo referido anteriormente.

En la parte de percepción si ustedes le preguntan a los ciudadanos, le van a decir casi el 48 por ciento que hay corrupción en las instituciones, esto es muy alto, pero no es lo mismo, el siguiente dato en medio, lo que les han referido otras personas si hay corrupción al último dato que es: “¿Cuánto ha sido los hechos, las experiencias de corrupción?”. Baja notablemente, pero no quiere decir que la cifra de abajo sea bonita, es un escándalo. Si lo pusiéramos sólo como delito, sería el segundo delito más común en el país, el número uno es el asalto en la vía pública o en transporte urbano, es ligeramente superior. El 12 por ciento de los ciudadanos han sufrido casos de corrupción en el año de referencia, y lo tenemos por estado también. El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción desgraciadamente es el contacto con las autoridades de seguridad pública. Algo sorprendente a las encuestas de otros países en Los Balcanes hicieron las encuestas, ahí lo que sale más alto es la atención médica de urgencia y la atención médica programada, es el número uno; aquí casualmente es el último lugar. Pero nos permite tener un análisis de una institución autónoma del Estado sobre cuál es la situación de corrupción en el país. Consideraciones finales. Obviamente lo que había dicho al principio, la nueva Ley General culmina un proceso de la creación del andamiaje institucional. Nuestro gran reto, y quiero aquí dejarlo sentado, que el compromiso del INEGI es cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a lograr que esto tenga un efecto en el país. El INEGI obviamente está en la mejor disposición y vamos a colaborar con esto. Está sería la presentación, muchas gracias a todos.

Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Al contrario, muchísimas gracias, Mario, por esta exposición. A continuación me da mucho gusto presentar y también tener con nosotros en esta mesa al doctor Javier Rascado Pérez. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro con especialidad en Administración Pública. Cuenta con maestría en la misma Universidad, cuenta también con una especialidad en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca y maestría en Administración Público por el Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid. Es doctor en derecho por la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor del libro “El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado”. Ha coordinado y participado en los libros: “Pensar el Derecho y Teoría Constitucional”. Es también profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, también conferencista en los cursos que imparte en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente se desempeña como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro y también es el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP. Bienvenido, Javier. Dr. Javier Rascado Pérez: Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer al INAI por este Foro, que es en realidad el primero que se realiza después de la aprobación de la Ley General de Transparencia y que a nosotros concretamente nos obliga a replantearnos temas que son de gran trascendencia hacia el futuro que habremos de enfrentar los órganos garantes con este fortalecimiento que se ha dado al

derecho de acceso a la información y hacia esta intención de establecer una política pública de transparencia que realmente culmine con esta evolución que hemos tenido y finalmente avancemos hacia un Estado democrático basado en la transparencia. El panel concretamente se titula: “Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos”. De la Ley Genera finalmente que deriva de la reforma constitucional se desprende que tiene que existir ahora un Sistema Nacional de Transparencia, se ha venido hablando constantemente de él, pero creo que en términos generales existen más incertidumbres que certezas. Es afortunado la realización de estos paneles para que podamos dirimir esas dudas que se vienen presentando y finalmente poder transitar de manera ordenada, de manera plural y sólida a la construcción de un verdadero sistema que desde el inicio de muestras de la intención que debe de cumplir y que está realmente abonando al sistema democrático mexicano. ¿Por qué es importante el Sistema Nacional de Transparencia? Es importante porque ante todo viene a conformar una política general de rendición de cuentas. ¿Por qué están hoy presentes en este panel representante del INEGI, de la entidad superior, del Archivo General y de los órganos garantes? Porque todos, en conjunto, finalmente tenemos que abonar hacia la construcción de la rendición de cuentas, esa es la importancia del sistema nacional. Pero además el sistema busca coordinar y evaluar acciones relativas a la política pública de la transparencia. Creo que ahí es finalmente donde estará la trascendencia fundamental de los trabajos que nosotros vayamos realizando, es decir, establecer parámetros y lineamientos para que todos los órganos garantes de este país instrumenten políticas públicas y abandonemos finalmente esa visión patrimonialista que no en pocas ocasiones todavía se tiene del Estado y que finalmente todo el actuar gubernamental sea un actuar de cara a la sociedad.

El Sistema Nacional de Transparencia nos dice la Ley General, y además que será instalado el próximo 23 de junio, que será integrado por los consejeros que serán justamente los que se encuentran en esta mesa: El representante del INEGI, el representante de la entidad superior de fiscalización, el representante del Archivo General de la Nación y los representantes de los órganos garantes de cada una de las entidades federativas, todo esto bajo la Presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. De la reforma constitucional se desprenden muchas intenciones, por lo menos en los órganos garantes parece ser que nos hemos enfocado únicamente a dos temas, al tema de la transparencia y al tema de la protección de datos. Pero la verdad es que la reforma constitucional va más allá, habla del derecho de acceso a la información como prerrogativa que tenemos todas las personas para acceder a la información pública. Pero habla también de la transparencia como una política pública, es decir, como un mecanismo, instrumento o acción encaminado a transparentar el ejercicio público; habla también de la protección de datos y habla también del fortalecimiento de los archivos. Ya lo decía Mercedes de Vega, que están trabajando una Ley de Archivos, y desde la COMAIP hemos abonado o trabajado con ellos para que finalmente se pueda fortalecer todo este ejercicio. Sabemos los que estamos metidos en el tema de transparencia que sin archivos, difícilmente se puede garantizar la transparencia como una política pública. Estos ejes que tiene la reforma constitucional, les decía, van encaminados a algo concretamente: Abatir la corrupción en este país, acabar con los espacios de obscuridad y finalmente hacer la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas. Y me atrevería a sumarle que también se va a crear de manera paralela el Sistema Nacional Anticorrupción que de alguna manera

tendrán, en conjunto con este Sistema Nacional de Transparencia, que cerrar la pinza para finalmente fortalecer este sistema democrático. Pero para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia es evidente la importancia que el Archivo General representa, es evidente la importancia de la entidad superior de fiscalización y es evidente la importancia también del INEGI. Pero a mí concretamente, como Presidente de la COMAIP, me corresponde hablar de la importancia que te dan los órganos garantes en la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia. La COMAIP, como saben, es la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública y es el colectivo donde se reúnen los titulares de todos los órganos garantes que hay en el país, y cuando me refiero a titulares me refiero a todas las comisionadas y comisionados que pertenecemos a los órganos garantes. Si bien es cierto el Presidente del órgano garante tiene la representación, la verdad es que como órganos colegiados se constituyen de las voluntades de todos los integrantes del cuerpo colegiado. La COMAIP surge en un inicio de manera muy precaria con solamente cinco institutos. Saben ustedes que la evolución y construcción de los institutos de transparencia en el país fue lenta, fue paulatina y no siguió una lógica o una dinámica igual en todas las entidades federativas. Pero además surge, como se mencionó anteriormente, desde 1977, ya en la Constitución se mencionaba esta posibilidad de la transparencia, sabemos todos que no es sino hasta 2001 que finalmente se comienza a materializar por la emisión de disposiciones normativas y a partir de 2003 con la conformación de los primeros órganos garantes. En el ámbito teórico se tenía algo de conocimiento, pero en el ámbito práctico no teníamos ningún tipo de conocimiento. La COMAIP justamente surge como este espacio de intercambio de experiencias que se da entre los titulares de los órganos garantes, pero también surge como este espacio de apoyo y de respaldo que se le da a los

comisionados y a los órganos garantes de las entidades federativas, que no pocas ocasiones vieron amenazada su existencia, su funcionamiento, por los poderes públicos de las entidades federativas. Es decir, la COMAIP surge a contracorriente, la COMAIP surge de manera precaria en cuanto a recursos, pero surge con una gran intencionalidad, con una gran fuerza y con una gran vitalidad. La COMAIP fue pasando por varios momentos, pero fue creciendo en integrantes, hasta que finalmente están integrados en ellas los órganos garantes de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, y hoy por hoy el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. La COMAIP comienza a ser un actor importante dentro de los temas de transparencia, un actor importante en las entidades federativas donde se hizo respaldo a todos los órganos garantes, pero también un actor importante en la gran transformación que estamos por fin concluyendo en el tema de acceso a la información y protección de datos. Cuando se estaba haciendo la reforma constitucional no fueron pocos los espacios que nos abrieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Federales; se tomó nuestra opinión en cuenta. Para la construcción de una Ley General se presentó una iniciativa por parte de la COMAIP, en conjunto con el INAI y también se nos abrieron los espacios suficientes para tomar en cuenta nuestras opiniones, es decir, la COMAIP hoy por hoy tiene un peso específico, porque hoy la COMAIP está unida y la COMAIP está fuerte. Por supuesto hay dudas en torno a la transformación que se va a tener dentro de la COMAIP y prefiero llamarle transformación, porque no podemos hablar de la desaparición que simple y sencillamente evoluciona, que trasciende hacia otro lugar y que se fortalece dentro del ámbito jurídico. La COMAIP es un espacio de unión y de acuerdo, pero sin naturaleza jurídica y hoy por hoy, desde la Ley General se habla con claridad y precisión de la naturaleza jurídica del Sistema Nacional de

Transparencia. Eso es indudablemente una fortaleza que abona en esta nueva construcción. La COMAIP se transforma porque será parte fundamental en la integración de este Sistema Nacional de Transparencia, porque la COMAIP abonará en la experiencia, abonará en el conocimiento, abonará en la estructura, abonará en los trabajos que ha venido realizando. Seremos una parte más o consejeros más que pertenezcamos al Sistema Nacional de Transparencia, pero indudablemente creo que somos un núcleo unido en el cual tenemos una identidad clara que está encaminada al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en este país. Les diría que no tengamos dudas de lo que va a ser el Sistema Nacional de Transparencia, va a ser un gran sistema el que vamos a tener y se conforma con un gran compromiso que veremos planteado el 23 de junio. En próximos días tendremos la Asamblea Nacional de Transparencia todos los órganos garantes del país y estoy convencido que desde ahí fijaremos ya una postura clara y lineamientos claros, que estén basados en la unidad y que además sean elementos propositivos que ayuden a construir un nuevo modelo democrático en nuestro país. El Sistema Nacional de Transparencia está naciendo bien, porque estos espacios nos permiten ir afinando los detalles hacia la gran transformación que vamos a dar y que insisto, tiene un referente, no solamente desde la ley general, sino desde un referente en el ámbito constitucional. Ello, indudablemente, habla por sí solo de la fortaleza que habremos de tener, pero además con la consolidación y los trabajos constantes y permanentes que los integrantes de la COMAIP, seguro esto y en decirlo, nos vamos a comprometer a realizar, iremos abonando a la construcción de un nuevo México y un mejor futuro democrático de nuestro país. Muchas gracias.

Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias a ti, Javier. Finalmente, me permito cederle el uso de la palabra a la doctora Ximena Puente de la Mora. Ella es abogada, académica e investigadora mexicana, especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas desde hace más de 10 años, investigadora nivel uno del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con licenciatura en derecho por la Universidad de Colima, maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España y doctora en derecho por la Universidad de Guadalajara, grados obtenidos con mención honorifica. Entre el año de 2013 y 2014 se desempeñó como profesora e investigadora de tiempo completo de la facultad de derecho de la Universidad de Colima, donde se incorporó al servicio público como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos del estado de Colima, Infocol; desde agosto de 2011, habiendo ocupado la presidencia en el año 2014. Ha participado como especialista en diversos eventos relacionados con la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y tecnologías de la información en Canadá, Chile, Italia, Perú, Costa Rica, Venezuela, entre otros países. Actualmente es mi colega y Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Ximena. Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, compañero comisionado Monterrey, por esta generosa presentación. En atención al tiempo sí me gustaría ser muy breve, pero dejar muy claro cuáles son estas inquietudes en torno a la creación de este Consejo y de este Sistema Nacional de Transparencia.

Me parece que hemos hablado mucho del gran avance que representa para nuestro país tener por fin una ley general de transparencia, una ley general que se apega a la espíritu de la reforma constitucional del 2014, pero quiero recalcar que para que este engranaje y estas disposiciones verdaderamente funcionen, tiene que incidir en fomentar la partición activa de las y los mexicanos como actores destacados del destino de nuestro país. La cuestión de percepción también, no solamente debemos de tener herramientas normativas para superar esos ambientes de percepción, sino necesitamos que la gente haga uso de esos derechos e insistimos, a nivel nacional solo el seis por ciento de la población ha hecho uso del derecho al acceso a la información. Y me parece que este avance que tenemos como país se tiene que reflejar e incidir en una mayor participación ciudadana, es decir, que la gente conozca estos derechos y que pregunte. Ya tenemos las herramientas jurídicas, se va a dar lugar a la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia. Y lo que necesitamos es hacer un gran esfuerzo para que la gente independiente de cuál sea su condición, independientemente de cuál sea su formación, conozca esos derechos, pero no solamente los conozca, sino también que los ejerza. Recordemos que tenemos también el artículo 1º constitucional, en el que tenemos la obligación como autoridades de: Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así que toda la creación de este sistema va a tender a salvaguardar y no distinguir a las personas por edad, género, raza, religión y siempre proteger la gama de los derechos fundamentales. Aquí incidiría en dos aspectos fundamentales; el Sistema Nacional de Transparencia tiene que ir acorde y de la mano, definitivamente con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Si queremos que esto funcione y vaya de manera, y verdaderamente incida en una transformación positiva para la realidad nacional, tiene que marchar, ya lo decíamos los integrantes de esta mesa, antes de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, tiene que marchar de la mano y de manera coordinada con lo que será próximamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que el legislador estuvo muy claro al señalar cuáles son los integrantes de este Sistema Nacional de Transparencia, por una parte y reiteramos fundamental la participación de los órganos garantes de la República; Javier ya lo decías, tenemos una COMAIP fuerte, tenemos una COMAIP que se transforma, que evoluciona continuamente. Tenemos una COMAIP plural, una COMAIP que hemos venido recibiendo el producto del trabajo de las comisiones dentro de la COMAIP y aquí quiero resaltar, con logros muy concretos, con logros muy puntuales. Me parece que el legislador lo tenía claro, al decir: “Sí se va construir un Sistema Nacional de Transparencia, tiene que ser un sistema incluyente, con todas las voces del país, con toda la participación de los órganos garantes”, pero también en coordinación con un tema fundamental, que es el tema de los archivos y aquí está el Archivo General de la Nación. Definitivamente no se puede tener un efectivo derecho de acceso a la información si no se tiene organizada la información. Para eso es fundamental el tema de los archivos. Si hablamos de cuestiones y de normatividad diferente en los estados en materia de transparencia, me atrevo a decir que lo es aún más el tema de la organización archivística. Todo esto que tenemos que hacer, tenemos que ir unificando y tenemos que ir avanzando en la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos también como integrante el INEGI, el generador de información oficial, el generador de información confiable para la vida

de nuestro país, no solamente para las autoridades en diferentes aspectos, sino para toda la población. Efectivamente cumplen en tiempo y forma, totalmente, exactamente con los plazos que establecen, para publicar la información periódicamente y es lo que nos da pauta, igual para generar la política pública. El Sistema Nacional de Transparencia, no solamente nos tenemos que enfocar a la adecuación de nuestra normatividad, sino también de algo muy importante, generar política pública en materia de transparencia, que permea todos los sectores de la población. La otra cuestión, la Auditoría Superior de la Federación. La lo veíamos, la realización de auditorías de transparencia, que me parece que es un tema muy importante, de cara a la conformación y a la integración de este Sistema Nacional de Transparencia y las áreas de riesgo. Porque para hacer un diagnóstico se necesitan tener todos estos aspectos, para poder tomar y avanzar conjuntamente en la construcción de decisiones. Además hacer hincapié, el nombre completo de todo este sistema y de todo ese engranaje es Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y algo muy importante la protección de los datos personales. Siempre se tiene que ver el derecho de acceso a la información a la luz de otro derecho fundamental, de otro derecho constitucionalmente reconocido por el artículo 16, que es la protección de los datos personales; que como sabemos, ya hay una iniciativa de Ley General, que sólo 11 estados de la República tienen normatividad específica, unas leyes, como la de mi estado, la de Colima, que sólo tiene 23 artículos, otras leyes mucho más avanzadas, pero se trata de lograr también un equilibrio entre estos importantes derechos. Nada más para comentar. En la instalación de este Consejo del Sistema Nacional de Transparencia que se tiene programada, el acta

de instalación, por supuesto fija las bases de coordinación y colaboración con los diferentes actores de este Sistema Nacional y la declaratoria, lo que sería la declaratoria jurídica, formal, que es el acto de intención y compromiso, que se establezca en los diversos actores. Tenemos también una misión muy importante, que el mismo legislador hace y deja muy claro que será el reglamento de coordinación, colaboración, operación y funcionamiento del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, para lo cual la misma ley marca seis meses para su aprobación. Tenemos la intención que en la instalación de este Consejo ya tengamos la primera propuesta, que sirva como punto de partida para el análisis; es decir, estamos trabajando ya en la generación de estos documentos. También comentar que es un proceso que no solamente, porque aquí se ha incidido mucho en la necesaria adecuación de la Ley Federal de Transparencia de las leyes estatales de transparencia, pero también de una serie de normatividad. Y aquí quiero ser muy específica y ya estaría terminando mi intervención, pero para que nos demos cuenta de esta magnitud de lo que significa la creación, unificación de todos estos estándares, voy a mencionar sólo algunos documentos que se tendrán que trabajar. Unos lineamientos para la homogeneidad y estandarización de la información de los sujetos obligados, lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional. Lineamientos generales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, lineamientos para identificar el listado de información que consideren de interés público y de ahí no se preocupen, no voy a seguir con la lista de normatividad. Pero sí quería que tuviéramos en cuenta cómo esta construcción del engranaje de este sistema, primero se va a basar en la colaboración que tengamos cada uno de los actores que estemos involucrados normativamente.

Segundo. No solamente en la adecuación de normatividad, sino en la generación de políticas públicas. Tercero. No se limita este engranaje del Sistema Nacional de Transparencia a modificar leyes estatales, sino también permeen una serie de lineamientos, ¿para qué? Porque ahora estoy viendo caras como de asombro, pero esto incide. ¿En qué va a incidir? Va a incidir en un beneficio para la población, que la gente tenga una oportunidad real en los mismos términos en cada uno de los estados del país. Como INAI insistimos que el reto verdaderamente de esta Ley General de Transparencia va a ser llevar la transparencia y el acceso a la información de una manera fácil a los municipios, a aquellos lugares donde no se tiene banda ancha de internet. Para que este derecho cumpla con el principio que señala el artículo 1º Constitucional, el artículo 6º Constitucional, el artículo 16 Constitucional, pero para darle esas herramientas a la gente, que le permita hacer un seguimiento de los recursos públicos y tener una mayor participación ciudadana. Muchísimas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, Presidenta. A manera de conclusión, antes de pasar a un breve espacio, estamos sobre el tiempo de preguntas y respuestas; a manera de conclusión muy sintética me permitiría esbozar, conclusiones que por supuesto tomé de las valiosas aportaciones de nuestros panelistas, los siguientes puntos: Primero. Construir un Sistema Nacional de Transparencia, no sólo es un mandato constitucional de la reforma 2014; esto es, un esquema de franca colaboración cooperativa entre los distintos órdenes de gobierno para fijar parámetros indiscutibles de cómo debe atenderse adecuadamente el derecho de acceso a la información.

Segundo. Más allá de una colaboración dentro del sistema federal que caracteriza nuestro país, hay una intención que debemos hacer realidad de darle eficacia y eficiencia al derecho fundamental de acceder a la información pública, sin atender especificidades de regionalismos o cualquier otra alternativa basada en regionalismos jurídicos. Tercero. El Sistema Nacional de Transparencia es una responsabilidad conjunta, es decir, no sólo atañe al INAI, sino que compartimos la responsabilidad y creemos que uno de los grandes aliados es justamente la Auditoría Superior de la Federación, la cual con las nuevas atribuciones constitucionales será un pilar esencial en la construcción de un México con mayores herramientas para combatir la corrupción. Cuarto. Coincido con lo aquí dicho, desde siempre he sido un defensor de que la base material que le da eficacia al acceso a la información son los archivos justamente. Ahora con mucha mayor razón la participación sustantiva del Archivo General de la Nación es un ingrediente indispensable para acreditar que sin buenos archivos, que sin una memoria actual e histórica la información sobre las decisiones públicas no pueden ni imaginarse. En conclusión, información, colaboración, fiscalización y memoria histórica son sin duda los pilares de una real, eficiente y efectiva transparencia. Ahora haría dos atentas peticiones. Una a nuestros panelistas, si pudieran en un comentario global, estamos sobre el tiempo, contestar a la mayor cantidad; llegaron una infinidad de preguntas, si pudieran contestar en un comentario global a la mayor parte de ellas. Y la segunda petición es al auditorio, que al término de la mesa, por favor, pudieran continuar con nosotros porque de inmediato entraremos a la ceremonia de clausura. Si gustan comenzar, como fueron participando.

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez: Cómo no, con mucho gusto. Trataré de resumir, son nueve preguntas que recibí. La primera tiene que ver con la armonización, homologación de lo que es la Ley General de Transparencia para cómo se aplicaría en los órganos de fiscalización en los estados. Lo que podría comentar al respecto es que existe una asociación, la ASOFIS, que coordina y preside la Auditoría Superior de la Federación. En esta organización hemos impulsado lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización que, afortunadamente, ha sido reconocido ya dentro de las reformas constitucionales como un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción. Bajo este enfoque, tenemos un mismo código de ética, mismo código de conducta, mismas normas de auditoría profesionales, basadas en las normas internacionales y estamos empezando a actuar bajo unos mismos conceptos. Lo que se pretende es tener una coordinación de acciones para no duplicar intervenciones, pero tampoco para omitir aquellas áreas que deben ser cubiertas. Este sistema, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, nos permitirá tener esta coordinación, no únicamente en la parte de fiscalización; la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información igualmente vincula a los órganos que fueron mencionados y las vamos a hacer, a trabajar esto con base en lo que establece la propia Ley, da las facultades que debe de cubrir este sistema y dentro de esto está las funciones, criterios, metodologías, etcétera, que debemos nosotros adoptar y de aplicar. Así como en la parte de fiscalización, verificar que esto se esté cumpliendo. Una vez que la Auditoría Superior integre su programa, en este sentido, dentro de lo que establece el Sistema Nacional de Transparencia, esto mismo lo transmitiremos a las entidades de fiscalización superior.

Otra de las preguntas señala si la Auditoría Superior, a través del Instituto de Capacitación dará capacitación a los órganos auditores en los estados. Definitivamente lo haremos. Se está trabajando actualmente en teleconferencias, pero se está adquiriendo también una tecnología para poder llevar a cabo instrucción a distancia, como pueden ser las carreras o diplomados virtuales. Se está trabajando ahora en un diplomado sobre contabilidad gubernamental, que será transmitido a todas las entidades federativas, a través de las autoridades superiores para que llegue, inclusive, a los municipios para la capacitación lo que es la contabilidad municipal. Alguien pregunta adicionalmente que ¿por qué separamos transparencia, fiscalización y rendición de cuentas? Yo creo que no las separamos, lo que pasa es que existe una estructura y una organización en donde hay responsables para cada uno de estos enfoques. Sin embargo, como ya lo explicó el doctor Rascado, así como la Presidenta, esto es una gran coordinación que llevaremos a cabo y entre todos estaremos trabajando para que exista un verdadero sistema. Hay algunas preguntas más aisladas que creo que fácilmente se pueden contestar. Preguntan si vamos a evaluar los padrones de beneficiarios. Yo le diría a la persona que hace la pregunta que desde hace muchos años la Auditoría Superior evalúa como están integrados los padrones y la forma como están cumpliendo. Hay auditorías al desempeño desde hace varios años, diría que más de seis, siete años, donde se empezaron a hacer auditorías a los padrones de beneficiarios. En alguna ocasión se hizo una evaluación horizontal de varios padrones y cada año tenemos una participación en este aspecto. Adicionalmente se menciona si es que las auditorías que podríamos llevar a cabo, si alguna invade las funciones del propio INAI.

Creo que no. La Presidenta Comisionada ya mencionó la coordinación que deberíamos de tener y, al contrario, vamos a tener una magnifica corresponsabilidad, igual que con lo que corresponde a las auditorías respecto a los archivos. Creo que de esta manera estoy pudiendo cubrir la mayoría de las preguntas que hicieron. Muchas gracias. Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Al contrario, muchas gracias. Por favor. Dra. Mercedes de Vega Armijo: Creo que con lo que diré enseguida contestaré a una buena parte de las preguntas. Cuáles son los principios que han inspirado los fundamentos esenciales de la Ley General de Archivos, en la que hemos tratado de recoger, desde luego, opiniones de la sociedad civil, a través de una serie de foros que se organizaron el año pasado con este propósito. Son dos. Por un lado, el principio de la homogeneidad en la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad de los archivos de este país, como ya lo dije en mi presentación, es absolutamente heterogénea. Luego entonces, lo que debe propiciar una Ley General de Archivos es el establecimiento de una serie de principios homogéneos para la gestión documental. Esto, por un lado. Por otro, el principio federalista ha sido guía y faro en la elaboración de esta Ley, se ha procurado en todos los sentidos respetar la autonomía de los poderes, la autonomía de los estados y la característica libre de nuestros municipios; es decir, es una propuesta, evidentemente, es un proyecto que responde al espíritu federalista que nuestro país tiene desde 1823, en que empezamos a luchar por el establecimiento de un federalismo en México.

Por otro lado, respecto a la necesidad de socializar el proyecto que hemos estado trabajando, quiero comentar con ustedes que la estrategia que hemos diseñado es la siguiente: Primero que nada, queremos –y es lo que estamos haciendo en este momento– tener la percepción, las observaciones, comentarios de quienes van a estar obligados por esta ley, porque son los que van a tener que aplicarla. De manera que estamos en este momento en un ejercicio de consulta a nivel de los estados, a nivel del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de algunas dependencias de la administración pública federal, con miras a que una vez que hayamos recabado todas esas observaciones y tengamos un proyecto que las recoja, poder socializar con los miembros de la sociedad civil, con otros sectores interesados en esto, lo que hemos estado trabajando de manera muy ardua a lo largo de muchos meses. Por otro lado, hay una pregunta sobre si en este proyecto integraremos el tema de las tecnologías de la información. Sí, la propuesta que nosotros hemos elaborado sí lo incluye, pero de manera muy general, porque las tecnologías de la información evolucionan con una rapidez tan brutal que si establecemos algo, al año esto va a quedar prácticamente anulado. De manera que lo que establecemos son cuestiones muy generales en términos de lo que debe ser el manejo de las tecnologías. Y en relación con esto mismo, el tema de la preservación digital lo comentábamos quienes estamos en esta mesa antes de llegar a este auditorio; el tema de la preservación digital es un problema científico, es un problema que atañe a la ciencia y además no sólo a México, sino que es un problema mundial. ¿Cómo vamos a lograr la preservación a largo plazo de aquellos documentos, por ejemplo, los históricos, que deben permanecer per saecula saeculorum en un repositorio digital? Todavía no lo sabemos. Pero además hay otro problema muy grave y es que las grandes transnacionales de las tecnologías de la información obligan a que

estemos permanentemente comprando nueva tecnología para poder preservar los documentos electrónicos. Este es un problema bastante complejo, no hay respuestas. Por ahí se dice que Noruega ya tiene un sistema para lograr la preservación digital de 500 años; ojalá sea real, pero son 500 años. Si nosotros vamos al Archivo general de la Nación hay documentos que tienen cinco siglos y si vamos al de Gran Bretaña encontraremos documentos que tienen 13 siglos y ahí están. El problema es bastante complejo. Por otro lado, se pregunta –y espero que con esto haya contestado todo, si no, mi correo está publicado en el portal del AGN y me pueden preguntar alguna cuestión adicional– sobre la necesidad de establecer sistemas institucionales de archivo, es lo que va a permitir que los sujetos obligados cumplan con lo que marca, en este momento, la ley federal; ese Sistema institucional va a conformar sistemas más grandes es lo que va a permitir la construcción de un Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos va a ser un Sistema de subsistemas, estatales, municipales, de la administración pública federal, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera. Creo que con esto concluiría, espero haber respondido a las preguntas que me han formulado. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias, Mercedes. Mario. Mtro. Mario Palma Rojo: Gracias. Tengo tres preguntas muy concretas y una general, voy con las concretas, rápidamente.

Me preguntan; ¿por qué los datos de población solo se hacen cada 10 años, cuando la movilidad de personas y la migración es constante? La verdad es que se hace cada cinco años. Desde 1995 hacemos algo que se ha llamado conteo o una encuesta intermedia entre los dos censos, lo recomendable es cada 10 años, pero en México sí tenemos una gran movilidad. Y, por otro lado, medirla a través de ésa sale muy caro, lo ideal sería tener buenos registros administrativos que nos permitieran tenerlo en vivo, esto todavía no es posible, creo que debe ser un tema que debemos de guardar como un tema que hay que mantener en vivo. Todavía le falta mucho en México pero es la solución ideal, la otra es muy cara y es muy complicada hacerla, inclusive cada cinco años, nada más nosotros, Noruega y Japón, creo que lo hacemos cada cinco años, creo que Noruega ya lo dejó de hacer. Y hay muchos países europeos muy avanzados que simplemente ya no hacen censos ni cada 10 años, tienen magníficos registros administrativos, las personas se registran cuando se cambian de lugar o de población y llevan un registro de la población. En México, por diversas causas, la dinámica poblacional, etcétera, no es posible todavía, pero creo que es algo que tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo se atiende en el INEGI el cambio de circunscripciones territoriales que hacen las legislaturas locales y que tienen impacto en el número de población? El problema se presenta de dos maneras. Nos atenemos a lo que diga la ley, obviamente. El problema se puede presentar dentro de un estado, que cambie la circunscripción territorial de un municipio, entonces nos atenemos a la disposición legal que tenga en cada estado su procedimiento, porque éste varía entre estados. Y el otro problema que se presenta es cuando dos estados se pelean por a quien le pertenece un municipio o parte de un municipio y en ese también nos apegamos a la parte legal, pero como la parte legal no

siempre está decidida cuando tenemos un censo o una encuesta, lo hacemos es declararlo –esto es broma, “zona de guerra”, no es cierto-. Que es una zona en la que hay una discusión territorial y damos la población de lo que se encuentra en ese lugar, y eso se presenta, hay algún problema entre Quintana Roo y Campeche y hay otro en las Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas. Lo llevamos con mucho cuidado, porque hay que hablar con el Presidente Municipal, para que nos dejen entrar, porque si nos ponemos de un lado o de otro, tenemos que tener cierta precaución. Otra pregunta muy concreta es: ¿Cuál es la política de divulgación de microdatos en el INEGI? Me la hace Carlos Muñoz, que por lo que veo, es del Banco Central. El INEGI, también está sujeto, desde su ley, a un cuidado muy especial en la divulgación de datos personales, no podemos darlos nominativos, individualizados, etcétera; sin embargo, hay una política de divulgación de microdatos muy estricta, a través de un laboratorio de microdatos que hasta el presente está únicamente abierto a instituciones del sector público. Académicas del sector público, estamos pensando extenderlo a académicas no del sector público en el futuro y obedece a protocolos muy estrictos de seguridad, las personas no pueden entrar ni con celular ni con computadora propia, todos los datos que trabajen los tienen que entregar al INEGI previamente, se cuida mucho y nunca pueden ver nombres. La mayor parte de la información del INEGI ni siquiera se levanta nominativa, aunque alguien quisiera tenerla no la tendría, las encuetas no tienen un nombre de la persona entrevistada, etcétera. ¿Pero está a disposición del BANXICO? Sí está a disposición, es una de las instituciones que puede acudir a este laboratorio. Finalmente la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la información producida por el INEGI y la producida por el Sistema Nacional de Transparencia?

Habría que ver qué tipo de información, primero diría que esto no va a substituir la obligación de ninguna institución de producir su propia información bajo la ley. Creo que esto es la primera. Hay información que sólo produce el INEGI, que obviamente está a disposición del Sistema Nacional de Transparencia, debe ayudar y de enriquecer. Y hay casos en que la información coincide con la que producen otros; bueno, algunas veces nos han dicho que usurpamos el poder de los contralores, pero ya sabrán ustedes cómo lo utilizan en ese caso, creo que puede ser complementaria. Muchas gracias. Sería lo que tengo. Dr. Javier Rascado Pérez: Concretamente preguntan qué política pública en materia de transparencia se debe aplicar para formar una cultura de la transparencia. Mencionan que aparentemente los órganos garantes se enfocan a los sujetos obligados, pero poco a la participación de la población. Yo les diría que no es de esa manera, ceo que los órganos garantes, indudablemente tienen una obligación constitucional de garantizar este derecho fundamental de acceso a la información y, con ello, resuelven procedimientos al interior, ante la negativa o la falta de entrega de información. Pero también estoy seguro de ello, que todos los órganos garantes enfocamos gran parte de nuestro esfuerzo a la promoción y difusión del derecho de acceso a la información. Son distintos los proyectos y programas que maneja cada órgano al interior, pero yo les puedo decir que en Querétaro tenemos incluso una obra de teatro, que está dirigida a niños, para que de manera lúdica se pueda entender este derecho de acceso a la información. Pero todos los órganos garantes nos enfocamos a ello, queremos ser organismos amigables, que finalmente transmitan esta promoción y

además invitan a hacer solicitudes y generar una cultura de la transparencia. Por otra parte, también estamos avanzando y esto ya va ser también casi una obligación, se tienen que generar planes y programas de estudio, se hizo un trabajo muy importante y ahora en los libros de la SEP de primaria ya se habla sobre el tema. También ya tenemos una maestría en línea, me avisaron que también próximamente tendremos una, esas de Jalisco, una maestría en línea de transparencia; en próximos días tendremos una en Yucatán, también como maestría, ya tenemos especialidades, tenemos diplomados. Es decir, sí se está trabajando en ese sentido. También nos enfocamos a la sociedad civil en su conjunto, desde todos los niveles educativos, a organización civil organizada, pero en términos generales nos abocamos a la promoción y difusión. Ahora lo que tendremos que hacer, posiblemente desde el Sistema Nacional de Transparencia, es también construir políticas públicas o ver lineamientos para políticas públicas, que se enfoquen ya concretamente para estructurar adecuadamente esta promoción y al final de cuentas una construcción de la cultura de transparencia. Gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias. Comisionada. Dra. Ximena Puente de la Mora: Muy rápido. Me preguntan cuáles son los criterios de armonización de la Ley Federal de Transparencia con la Ley General. Ayer, en la primera mesa, tuvimos la participación del legislativo y estaremos muy atentos a lo que el legislativo nos marque también.

Recordemos que el INAI, conjuntamente con la COMAIP ya presentó una propuesta también para Ley Federal de Transparencia. Y, bueno, eso le corresponderá también al legislativo. Me preguntan también cuál es el mecanismo de seguimiento, sobre todo preventivo con los nuevos sujetos obligados. El INAI ya está haciendo asesorías, está siempre abierto a hacer el acompañamiento, incluso preventivo o con todos aquellos sujetos, los nuevos y los anteriores, para adecuar sus nuevos portales de transparencia e ir subiendo la nueva información. Siempre estamos abiertos y atentos, y con toda nuestra mejor disposición, así como con los órganos garantes en el proceso de adecuación de sus leyes. Sería todo. Muchísimas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias. Con eso llegamos a la conclusión de la mesa y prácticamente del foro, a reserva de hacer la declaratoria de clausura final; les agradecemos, una vez más mucho, a todos los panelistas. Muchas gracias.

(Receso)

seminario - orfis.gob.mx · seminario vía internet, a través de la página del instituto nacional...

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