segunda jornada de estudios electorales: desafíos para las elecciones legislativas y municipales de...

Diciembre de 2016

Segunda Jornada de Estudios Electorales: Desafíos para las elecciones legislativas y municipales de 2018

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES 3

Prólogo 5

Biografías expertos internacionales 7

Ponencias internacionales

Procesos de democracia interna en los partidos políticosFlavia Freidenberg - Universidad Nacional Autónoma de México 9

Mecanismos de fiscalización del financiamiento políticoCiro Murayama, Instituto Nacional Electoral (INE) de México 15

La independencia de los integrantes de los organismos electorales temporalesRaúl Ávila, consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos 22

Uso de la tecnología en el conteo de marcas y votos, procesamiento y transmisión de resultados electoralesJuan Manuel Herrero, consultor internacional en temas electorales 28

Panel uno: “Tendencias regionales en los procesos de reforma electoral” 36 Panel dos: “Desafíos para las elecciones legislativas y municipales de 2018” 52

ÍNDICE


4 Departamento de Estudios Políticos - FUSADES



Prólogo


Por segundo año consecutivo, el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, con el respaldo de la Fundación Hanns Seidel y de IDEA Internacional, celebró la Jornada de Estudios Electorales. En esta ocasión se fijaron dos objetivos: 1. Revisar las tendencias de reforma electoral en América Latina sobre los siguientes temas: fiscalización del financiamiento político, procesos de democracia interna de los partidos políticos, la implementación de las listas abiertas y la ciudadanización de los organismos electorales temporales y el uso de la tecnología en el conteo de votos, llenado de actas y en el procesamiento y transmisión de resultados electorales; y 2. Debatir los retos y desafíos de las elecciones legislativas y municipales de 2018 teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentaron en el proceso electoral del mismo tipo en 2015.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de cuatro distinguidos especialistas internacionales: La doctora Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM); y los doctores Ciro Murayama, Consejero Electoral de Instituto Nacional Electoral de México; Raúl Ávila, consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos; y Juan Manuel Herrero, consultor internacional en tecnología electoral. Los cuatro conferencistas incentivaron el debate sobre los temas estratégicos identificados para la segunda Jornada, cuya regulación debe aprobarse e implementarse antes de las próximas elecciones de 2018. Las ponencias abordaron los procesos de democracia interna en los partidos políticos; los mecanismos de fiscalización del financiamiento político: el caso mexicano; la independencia de los integrantes de los organismos Electorales Temporales; y el uso de la tecnología en el conteo de votos, marcas, llenado de actas, procesamiento y transmisión de resultados.

Los expertos internacionales se incorporaron en un panel en el que se discutió sobre las tendencias de reforma electoral en América Latina. La participación conjunta de los ponentes permitió analizar de forma integral los temas de la Segunda Jornada de Estudios



Electorales que son claves para la normal organización y administración de los comicios de 2018.

A la Jornada también asistieron expertos nacionales para compartir sus impresiones acerca de los desafíos que se enfrentarán en las próximas elecciones legislativas y municipales. En este espacio participaron el Dr. Miguel Ángel Cardoza, Magistrado Propietario del Tribunal Supremo Electoral; el Ing. Jorge Villacorta, asesor del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria; el Lic. Roberto Rivera Ocampo, Presidente de Acción Ciudadana; y el Dr. Álvaro Artiga, Docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En la Segunda Jornada de Estudios Electorales se presentaron aportes orientados a superar los problemas de las elecciones de 2015. No es posible enfrentar un nuevo proceso electoral sin una respuesta clara y efectiva ante cada uno de los inconvenientes registrados durante los últimos comicios legislativos y municipales.

Tanto en el panel nacional como en el internacional se señaló que, a pesar de las fallas de las elecciones de 2015, el país no entró en un escenario de ingobernabilidad ni de falta de reconocimiento de los funcionarios electos. Sin embargo, la complejidad del sistema electoral salvadoreño demanda un trabajo integral y comprometido que permita la celebración de una competencia electoral transparente y equitativa en donde el uso de la tecnología para el procesamiento y transmisión de resultados y la fiscalización del financiamiento político, entre otros aspectos, no dejen lugar a dudas sobre la legitimidad de los resultados.

Con la publicación de esta memoria y de próximas investigaciones, y con la realización de otros eventos en materia de estudios electorales, el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES pretende contribuir al debate informado que conduzca al país a la revisión integral del sistema electoral.

Antiguo Cuscatlán, diciembre de 2016



Expertos internacionalesFlavia Freidenberg

Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Profesora de “Política Comparada” del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Editora Asociada de Política & Relaciones Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). Doctora por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudios. Ha impartido docencia y ha realizado investigación en instituciones de Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue Directora del Instituto de Iberoamérica y Directora Académica del Programa de Máster y Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca.

Ciro Murayama

Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor titular nivel A en la Facultad de Economía de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos como Coordinador Ejecutivo de Investigación, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral y actualmente funge como Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Raúl Ávila

Es Doctor en Derecho por la UNAM y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Profesor y tutor de maestría y doctorado durante los últimos 25 años en materias de Derecho Público. Durante su trayectoria profesional ha sido consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos y ha desempeñado cargos públicos como Coordinador del Programa de Cooperación Académica y Asistencia Técnica de IDEA Internacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para México y Centroamérica.

Juan Manuel Herrero

Es consultor internacional en temas electorales, ha colaborado con diversas instituciones públicas y organismos internacionales como la OEA, el PNUD y el Banco Mundial. Ha sido responsable del “Quick Count” en las elecciones Generales de Honduras en 2013. Fue Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores en el Instituto Federal Electoral (IFE) en México. También se desempeña como docente en demografía, estadística, geografía electoral, política y territorialidad.



Quiero comenzar mi intervención comentándoles algunas cuestiones vinculadas a la democracia interna de los partidos políticos. La idea es que trabajemos en torno a cuatro temas que explican por qué las elecciones internas se han convertido en un elemento democratizador de los partidos políticos en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina.

Segundo, ver cuáles son los diversos marcos normativos que encontramos en las diferentes normas de los países de la región, para dar cuenta que no hay una sola manera de encarar la cuestión de, a) cómo democratizar a los partidos y, b) cómo hacer para meterse en esas cajas negras, que es como muchos denominamos que funcionan esos partidos políticos, y para mostrar

que hay diferentes opciones de diseño institucional que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento interno no solo de los partidos políticos en ese país, sino de su cultura política. Hay que tener cuidado con intentar llevar recetas de un contexto a otro, descontextualizadas, siempre tenemos que tener en cuenta que cada sistema político tiene una tradición, es una manera de hacer política, una manera de percibir cómo es la política, eventos que han pasado, que han polarizado o no la sociedad, y eso se traduce en maneras distintas de ejercer la política partidista con sus subculturas políticas internas.

El tercer punto es focalizar fundamentalmente en uno de esos procesos, el de las elecciones internas, y ver la experiencia comparada en

Procesos de democracia interna en los partidos políticosFlavia Freidenberg, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)



América Latina, qué aprendimos y cuáles han sido esas buenas o malas prácticas.

La primera cuestión, entonces, tiene que ver con las elecciones internas como el eje democratizador en América Latina. Los partidos de América Latina seleccionaron candidatos desde el siglo XIX y saben que el proceso central donde se discute el verdadero poder está en cómo se seleccionan candidatos y candidatas. No digo tanto candidatas, porque en el siglo XIX, como en algunos países en la actualidad, las candidatas parece que estaban ausentes; normalmente eran candidatos. Durante muchísimo tiempo a nadie le importó, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, cómo se seleccionaban esos candidatos; eran decisiones de cúpulas.

A nadie le importaba cómo se seleccionaban candidatos, aunque esto fuera un elemento clave de la política partidista. Se hacía de manera común y nadie pensaba que la democracia interna y los procesos internos de los partidos tuvieran una correlación con la calidad de la democracia, posiblemente porque en América Latina no había democracia, entonces, nadie pensaba en cómo funcionaban internamente los partidos, había otras cosas más importantes.

Desde la tercera ola de democratización, ya llevamos 40 años, en algunos países de la región ha habido un proceso de cambio respecto a esta percepción; cada vez importa más qué hacen los partidos internamente. Está claro que cuando instauramos las democracias no era nuestra preocupación fundamental, pero conforme comenzamos a rutinizar las elecciones y las elecciones se

convirtieron en lo que el politólogo español Juan Linz llamaba “el único juego posible en la ciudad”, cada vez más en los países de la región comenzaron a mirar qué era lo que pasaba al interior de esas organizaciones.

En el año 2001 publicamos en Salamanca un libro sobre un estudio de 60 partidos de la región; el capítulo de El Salvador lo tuvo a cargo Álvaro Artiga, y lo interesante de ese libro era que cuando nosotros estudiamos esas organizaciones, en más del 60% de esos partidos la manera de seleccionar candidatos entre 1978 y 2001 eran las convenciones. En la política partidista latinoamericana, las convenciones eran el modelo a partir del cual se seleccionaba candidatos, y nadie discutía esto, nadie cuestionaba que esto fuera una mala práctica, que esto fuera una mala política. Por supuesto, hay convenciones y convenciones; pero, aquellos partidos más estructurados, más institucionalizados, más organizados formalmente en su interior, lo que hacían eran una selección sin elección. Parece un juego de palabras, pero creo que define bastante bien cómo se seleccionaban candidatos, y les digo sinceramente, a mucha gente esto no le preocupaba en realidad, eso les parecía que era la política partidista normal.

A partir de la década del 90 esto cambia, no sé la razón, pero, varios partidos de América Latina empiezan a detectar que hay que cambiar la manera en que se seleccionan candidatos, no obligados por las leyes del sistema nacional, sino más bien por decisiones internas de los partidos. Inicia lo que se llama la crisis de representación, comienzan a haber estrategias de los partidos tradicionales de



intentar adaptarse a los cambios que le está generando el ambiente.

La cuestión está en que partidos que históricamente eran oligárquicos, sin que los sistemas electorales los obligaran, comenzaron a generar cambios internos para adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía. Nuevos partidos que surgían a la palestra política comienzan a decir “hay que hacer una nueva manera de hacer política”, y entonces encuentran en la manera en que se seleccionan candidatos una identidad para decir “yo hago nueva política”, y luego los partidos que están en los gobiernos modifican las reglas del sistema político para introducir esta norma.

La cuestión está en que, influenciados posiblemente por las transformaciones del Partido Laborista inglés, se inició un proceso en el que comienzan a realizarse elecciones internas, donde cada persona es un voto, como una estrategia para sacar el peso de los sindicatos ingleses sobre la vida interna de estos partidos. Empieza a crearse la idea de que hay que hacer el proceso electoral que se hace normalmente en la sociedad, en la elección general, al interior de la organización.

En algunos países a esto le llamamos primarias, pero esto no son primarias; estas son elecciones internas, una persona-un voto, es un proceso muy distinto a lo que son las primarias norteamericanas. Pero es cierto que en Panamá o en Honduras se les llama primarias en la ley a este mecanismo de elecciones internas, por eso me parece que hay una confusión; el espíritu común era decir una persona-un voto.

Y les cuento que en al menos 13 países, Costa Rica, Honduras, Colombia, Paraguay, Chile, Panamá, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Argentina, Perú, República Dominicana, Ecuador, se empezaron a introducir estos mecanismos en el sistema electoral, para decir “no es una decisión interna de los partidos, sino es una decisión que viene dada desde el diseño institucional, por tanto, no es una elección, sino es una obligación”.

Y esas reformas para introducir más competencia y mayor competitividad al interior de las organizaciones como un elemento democratizador, que junto a la transparencia, son los dos pilares que debemos tener en cuenta al momento de intentar mejorar el funcionamiento interno de los partidos, no fueron reformas homogéneas y no respondían todas a los mismos problemas sino que respondían más bien a coyunturas diferentes.

Refirámonos ahora a los marcos normativos que uno encuentra en los países de la región para el proceso de selección de candidaturas como eje de democratización. Los sistemas normativos se pueden estructurar de dos maneras: como aquellos sistemas en donde se obliga a los partidos a hacer elecciones simultáneas organizadas y financiadas por el Estado o aquellos donde las elecciones no son obligatorias.

Las que son obligatorias organizadas por el Estado, un mismo día, simultáneas para todos los partidos, por ejemplo, Argentina, Uruguay y Honduras, son modelos en donde el Estado tiene una intervención altísima sobre el proceso de selección de candidatos, no



porque intervenga en quién resulta ganador, sino porque interviene en la organización, en el financiamiento de ese proceso. Se hace todos el mismo día, está muy regulado en el diseño electoral y están financiadas por el Estado. En este modelo, se trata de poner racionalidad en el proceso, se trata de reducir costos en la política, para que cada partido no tenga que abordar el tema de organizar solo un proceso de esta envergadura. En algunos países, no en estos, pero, en algunos hay incluso financiamiento para la precampaña, para dar dinero a los precandidatos del proceso interno.

En el caso de Argentina se hace con voto obligatorio del electorado, es decir, nosotros como ciudadanos argentinos estamos obligados a votar en al menos uno de esos, por alguno de esos partidos políticos; en el caso del Uruguay no es un voto obligatorio, y en el caso de Honduras, existe la excepción que si solo hay un movimiento político, no se presentan a la elección. En el caso de Argentina y Uruguay sí se tienen que presentar a la elección, aunque sea una sola corriente interna la que presenta candidatos. Este es el modelo, digamos, de alguna manera, más intervencionista del Estado sobre la vida interna de los partidos, repito, elecciones obligatorias, simultáneas, organizadas, simultáneas para todos los partidos, el mismo día, organizadas y financiadas por el Estado.

Dentro de las elecciones obligatorias, es decir, que la ley te dice “tienes que organizar estas elecciones internas”, están las no simultáneas, es decir, que cada partido la pueda hacer en el momento que quiera y que el órgano

electoral pueda ayudar en la organización en el momento en que el partido lo quiera. Esto es Perú, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene que ir a poner las urnas para los procesos internos de los partidos.

Les decía, en algunos países le dan dinero a las precampañas, esto es Panamá, o hay otros países como Paraguay, Costa Rica y Venezuela, que se obliga a hacer elecciones cuando los partidos quieran, pero no se financian ni hay control del órgano electoral.

Donde no se obliga a hacer elecciones internas tenemos aquellos como Colombia y Chile, que le dicen a los partidos “usted puede seleccionar a los candidatos como usted quiera, pero, en el caso de utilizar el mecanismo de elecciones internas, hay una ley específica y usted tiene que hacer esos mecanismos de elecciones internas siguiendo esta ley”, y si es así, bueno, estas son las características que tiene que tener ese proceso para ser válido, incluso en Colombia le dan dinero para organizar esas campañas.

Y hay unos países donde no están reguladas, donde no dice nada la normativa, como Guatemala, Brasil, Nicaragua, Bolivia o República Dominicana, que lleva 16 años discutiendo la Ley de Partidos.

Hay dos casos muy interesantes donde la normativa dice que los partidos tienen que hacer procesos democráticos o tienen que llevar un proceso que sea respetando el voto libre, secreto e igualitario, pero no dice cómo es ese mecanismo: México y El Salvador.



Ahora abordaremos cuáles han sido las experiencias negativas y positivas respecto a hacer primarias. Los aprendizajes positivos han sido varios. Primero, las elecciones internas causan un shock al interior de las organizaciones, hacen que estructuras que estaban estancadas tengan que moverse; hacen que la gente tenga que movilizarse en pos de uno u otro candidato, hacen que la ciudadanía perciba que los partidos están haciendo esfuerzos para mejorar su vida interna y, por tanto, ser externamente democráticos.

Hay un autor norteamericano que solía decir, “por qué les exigimos a los partidos democracia interna cuando en realidad lo que nos importa es cómo son en el exterior, no cómo son internamente”; eso es un poco la famosa hipótesis de Robert Michels, los partidos son oligarquías, tienen la ley de hierro y la oligarquía al interior, es imposible que sean democráticos. Hay otros autores que dicen “no se les puede dejar pasar a los partidos el hecho de que no sean internamente democráticos si no son capaces, democráticos en su interior, cómo van a poder ser democráticos en el exterior”.

La cuestión está en que la ciudadanía latinoamericana en muchos países está convencida que este tipo de procesos supone democracia interna; incluso, en muchos países de la región solo se han utilizado las elecciones internas para elegir al candidato presidencial, no es que para todas las candidaturas se utiliza este proceso; pero, así la gente cree que esto transparenta, que esto genera oxígeno, que esto genera más

visibilidad de lo que está pasando al interior de la organización.

Yo he hecho varios estudios evaluando los diferentes procesos que se han hecho en la región, son más de 240 procesos y lo que he encontrado es que las elecciones han supuesto que el partido es más competitivo, mejora la percepción de los ciudadanos, minimizan y resuelven conflictos cuando los partidos tienen muchas fracciones dentro y permiten que los candidatos de las bases se impongan a las candidaturas.

Ahora, así como hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos, y el principal aspecto negativo de las elecciones internas, es que no hacen ganar elecciones, no hay una correlación positiva. Puede darse que el partido hace elecciones internas competitivas, que se transforma, que hace que todos compitan, que son más transparentes, van a la elección general y ¿qué ocurre?, pierden. Nosotros hemos analizado todos esos procesos y lo que hemos encontrado es que los que ganaron las elecciones no necesariamente hicieron elecciones internas competitivas. Yo no estoy diciendo con esto de que no hay que presionar para la democratización interna de los partidos; lo que estoy diciendo es “no jueguen todas las cartas al mismo caballo ganador, porque puede ser que no ganen”.

Como me enseñó un político dominicano hace muchos años, “el que paga manda en la política dominicana”, me decía él, eso quiere decir el que tiene dinero es el que va a ganar la elección interna, por tanto, lo que usted



está haciendo es que los que tengan más recursos sean los que van a ser los candidatos competitivos, y no siempre los mejores candidatos son los que tienen más recursos.

Y el tercer elemento negativo es que en algunos países, como Panamá, como Dominicana, el hecho de hacer primarias lo que les genera es tener fatiga electoral. Mucho espacio antes de las elecciones generales tienes al partido en movimiento, generando una dinámica de competencia que hace que cuando llegan a la elección general están absolutamente agotados los políticos que participan en el proceso interno y ni les cuento el electorado.

Entonces, hay elementos positivos y hay elementos negativos de estos procesos. Para cerrar, si tuviera que recomendarles hacia dónde ir en un proceso de reforma vinculado al proceso de selección de candidatos, creo que lo que hay que hacer es darle contenido a ese principio que se está diciendo en la norma de que los procedimientos tienen que ser internamente democráticos.

El sistema más equilibrado, más intermedio es aquel en donde hay elecciones simultáneas; con resultados vinculantes; de registro automático; donde las elecciones son obligatorias a todos los cargos de representación popular, no solamente al cargo de presidente, sino también a los cargos de legisladores, también a nivel local y municipal; elecciones cerradas solo a los militantes, y para eso ustedes tienen que

tener un padrón de militantes y que cada partido sepa quiénes son los militantes, porque si no, no hay manera de cerrar esas elecciones internas. Tienen que ser elecciones supervisadas, financiadas y organizadas por el organismo electoral para eliminar el doble costo, o el triple o el cuádruple costo de hacer cada partido una campaña, se elige un día y ese día todos los partidos hacen la elección; si el órgano electoral sabe hacer elecciones generales, puede organizar una elección interna, donde cada partido tenga un órgano fiscalizador interno y un sitio donde se puedan recoger las quejas al interior de la organización.

Las internas tienen que ser realizadas post alianzas partidistas, es decir, no se pueden seleccionar candidatos y después ir a negociar candidatos con otros partidos para armar alianzas, porque generas mal ánimo del candidato interno del partido que ya ganó la interna, así que las alianzas tienen que ser primero y luego tienen que ser los procesos de selección de candidatos, determinando qué escaños van a ser para cada partido de la alianza y de esa manera no generas disputas internas innecesarias.

Y las elecciones internas tendrían que ser parte de la cultura política de la ciudadanía de cada uno de nuestros países; para eso necesitamos organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, pero también el organismo electoral que esté educando en la competencia.



Quisiera iniciar con un breve repaso histórico. México fue durante buena parte del siglo XX un país que tuvo un régimen político de partido hegemónico, donde el partido que se construyó después de la Revolución Mexicana tenía las 31 gobernaturas de los estados, la presidencia de la república; en la ciudad de México no se elegía al gobernante, el 100% de los asientos del Senado pertenecían al mismo partido, más del 85% de diputados, de tal manera que era una sola fuerza política la que ocupaba los puestos de gobierno y de representación.

Poco a poco, el propio desarrollo de la sociedad mexicana rebasó ese molde de partido hegemónico y fue a partir de 1977 que se dio la apertura política, la primera reforma que permitió que distintos partidos, incluso antes prohibidos legalmente, en

particular la izquierda, pudieran incorporarse a la arena electoral.

Así llegamos a 1988, la primera elección presidencial muy competida, y el diseño, entonces, de las reglas y de las instituciones electorales no pudo procesar la pluralidad política que ya se expresó en las urnas, y eso nos llevó a la reconstrucción de nuestro sistema electoral a partir de los años 90, cuando nació el Instituto Federal Electoral, el IFE, como se le conoció en América Latina.

Para 1994 fuimos a una elección, en un año muy complicado, fue cuando se dio el alzamiento zapatista en Chiapas y el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio. Precisamente este último hecho dio lugar a que se hiciera una

Mecanismos de fiscalización del financiamiento políticoCiro Murayama, Instituto Nacional Electoral (INE) de México



reforma electoral que incorporó consejeros ciudadanos al consejo del Instituto Federal Electoral y se tuvieron las elecciones que el propio ganador, el presidente Zedillo, dijo que habían sido unas elecciones limpias, pero inequitativas.

Así que el tema de las condiciones de la competencia, del acceso al dinero y la regulación se puso en el centro de la agenda electoral mexicana a mediados de los años 90. En 1996 avanzamos a un modelo de financiamiento público predominante con acceso permanente a los medios de comunicación, si bien todavía comprando buena parte de la publicidad por parte de los actores políticos en radio y televisión. Se creó una comisión de fiscalización permanente de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y se dotó de autonomía constitucional a la autoridad electoral.

Después de esta reforma se equilibran las condiciones de la competencia y empiezan a producirse lo que eran grandes novedades en la vida política mexicana. Para 1997 se elige por primera vez a los gobernantes de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que ahora está cambiando de nombre y va a ser Ciudad de México, y gana la izquierda por primera vez el gobierno de una entidad federativa en el país.

El presidente y su partido no obtienen la mayoría de los asientos en la Cámara de Diputados, con lo cual se ven obligados a pactar las leyes, los presupuestos, todo cambio con la oposición, de tal manera que la división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo se

vuelve real, porque en el pasado, aunque estaba en la letra constitucional, al tener el propio presidente con su partido la mayoría calificada, pues, no necesitaba pactar, y en los hechos era el presidente el artífice de todo cambio político y el último decisor.

En 2000 se renueva la presidencia y se produce la primera alternancia en siete décadas y en el Senado tampoco el nuevo presidente alcanza la mayoría, de tal manera que tanto las dos cámaras que tenemos en México, Senado y Cámara de Diputados, tienen una integración sin mayorías, lo cual abre otra pista de negociación y de contrapesos de poder.

La alternancia se produce cada vez con mayor intensidad a nivel municipal y en los estados de la república, de forma tal que tenemos una vida con las características propias de una democracia desde el punto de vista de los resultados electorales, de los contrapesos de poder, y esto, por supuesto, porque el voto se respetaba, pero también porque las condiciones de la competencia rompieron la histórica asimetría que daba ventajas al partido hegemónico.

En 2007 se modifica la Constitución, porque si bien habíamos tenido todas estas novedades democráticas, también se empezó a detectar que en términos de equidad en la contienda, había un problema, porque el grueso de los recursos se iban a pagar publicidad en radio y televisión, en una industria altamente concentrada en México, oligopólica, y eran las grandes empresas las que decidían al final cuál era la presencia de los distintos actores políticos, cobraban tarifas diferenciadas y eso



llevó a que se acordara un acceso con cargo a tiempos del Estado y prohibir la compraventa de publicidad en radio y televisión.

En 2014 se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), se trasciende el modelo del Instituto Federal Electoral y al INE se le da la atribución de fiscalizar los recursos en las contiendas electorales, no solo a nivel federal, es decir, las elecciones a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados, sino a nivel local, en las 32 entidades federativas, la elección de los ejecutivos, de todos los presidentes municipales y de la conformación de los congresos locales.

La fiscalización se hace en tiempo real, se revisa el 100% de las operaciones de ingreso y gasto, se audita el financiamiento ordinario, es decir, el que se da todos los años; en México el financiamiento público es permanente y se amplía en años de campaña, se da un 50% más; por ejemplo, en la elección de presidente o gobernador, en el ámbito local, y un 30% si se trata de una elección donde solo se renueve alguno de los poderes, por ejemplo, el Legislativo o los ayuntamientos. Los resultados de esta revisión de cuentas a los partidos tienen que producirse unos cuantos días después de celebrados los comicios, y el rebase en el gasto puede ser causal de nulidad de una elección.

Se fiscaliza a partidos políticos locales y nacionales, a precandidatos, a candidatos, a aspirantes y candidatos independientes -aspirantes se les dice a quienes quieren tener una candidatura independiente y, entonces, deben reunir cierto número de

firmas, generalmente es el uno por ciento del censo electoral de la circunscripción, el espacio donde se quiera competir, y esa búsqueda de apoyo también es fiscalizada por la autoridad electoral -, a las agrupaciones políticas nacionales y también se audita a los observadores electorales que suelen recibir financiamiento público en el caso de México.

¿Qué se verifica en la fiscalización? el origen lícito de las operaciones de ingreso, el que se cumpla con los objetivos del gasto, es decir, que no haya desvíos hacia patrimonios personales de los recursos de los partidos, que se respete los límites y prohibiciones al financiamiento privado y, por supuesto, que no se rebasen los topes que se establecen para cada campaña electoral.

El reporte de todas las operaciones se hace a través del sistema integral de fiscalización, que es un desarrollo tecnológico que realizó el Instituto Nacional Electoral junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y los partidos y candidatos están obligados a ir informando en tiempo real de todos los ingresos que tienen y de los gastos que hacen, y cada candidato debe tener una cuenta bancaria por la que pasen todos sus movimientos. Si el partido va a darle recursos, los debe depositar en esa cuenta bancaria; si el propio candidato hace aportaciones de su bolsillo, ahí aparecen; si los simpatizantes quieren hacer aportaciones, también deben ir a esa cuenta bancaria y deben de quedar las salidas también asentadas. Las operaciones, deben ir respaldadas con facturas, contratos, transferencias bancarias que sustenten la evidencia de todo lo que se recibe y se eroga.



El INE revisa que los recursos no provengan de personas prohibidas ¿quiénes son las personas prohibidas?, las no identificadas, es decir, están prohibidas las donaciones anónimas. Tampoco puede haber aportaciones públicas por fuera de lo que la ley expresamente señala, y lo que la ley señala implica asignación de recursos a través de las autoridades electorales, ya sea del INE a nivel nacional o de la autoridad local en cada entidad, pero ya un municipio, la Cámara de Diputados local no puede estar haciendo aportaciones; tampoco el poder Judicial, por supuesto, ninguna dependencia de la administración gubernamental, empresas paraestatales, etcétera.

Para mantener el principio de laicidad del Estado, está prohibido que las iglesias y los ministros de culto aporten dinero a las campañas políticas; tampoco pueden las empresas, pero también a sindicatos, que en el caso de México hay algunos muy poderosos que han incursionado incluso creando partidos. No se permiten las aportaciones desde el extranjero, incluso si se trata de mexicanos residentes en el extranjero, y de organismos internacionales.

En relación a los egresos, no se puede contratar publicidad en radio y televisión, el acceso es con cargo a los tiempos del Estado. El Estado mexicano tiene un total de 48 minutos en cada canal de televisión y estación de radio concesionados a los radiodifusores, y es ese el tiempo que se ocupa durante las campañas electorales. Además tenemos un registro nacional de proveedores, en donde se inscriben todas las empresas que quieren

hacer algún contrato de prestación de bienes o servicios con los partidos políticos, y están obligados los partidos a contratar con empresas dadas de alta en este sistema.

A partir de este padrón de proveedores nosotros intercambiamos información con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Sistema de Administración Tributaria, para saber que se trata de empresas reales, de empresas que están al corriente de sus obligaciones fiscales y empresas que no han sido reportadas, por ejemplo, por actividades de lavado de dinero.

Lo único que se puede repartir en las campañas ahora son utilitarios textiles, es decir, alguna camiseta, alguna gorra, pero no estar dando cosas que puedan ser entendidas como dádivas a los ciudadanos: aparatos electrodomésticos, etcétera, cosas que, pues, se llegan a entregar en las campañas, está prohibido.

Y si bien el financiamiento privado está permitido, hay límites a las aportaciones que puedan dar los militantes, los simpatizantes y el propio candidato, todo esto en función de los montos de financiamiento que se definen para los partidos o de los límites de gasto.

El tope de gasto que se establece para cada elección, así sea del municipio más pequeño o para la Presidencia de la República, tiene fórmulas legales predeterminadas, y en caso de que se rebase en más de cinco por ciento el tope en una elección donde la diferencia entre primero y segundo lugar pueda ser inferior al cinco por ciento, el Tribunal Electoral



puede, a partir de ahí, decidir la anulación de la elección, en la cual no podrá participar la persona que violó el tope.

¿Cómo es que nosotros fiscalizamos estos recursos? Bueno, tenemos el sistema integral de fiscalización, donde los partidos y los candidatos van cargando su información, pero no se trata solo de quedarnos con el dicho de los actores políticos ni es tampoco solo una fiscalización de gabinete; salimos a las calles, recorremos carreteras, barrios, con los aparatos de geolocalización vamos tomando fotografías de toda la publicidad que encontramos, espectaculares, bardas, vallas, en fin, y eso lo cruzamos con lo dicho por los partidos para ver si lo que están gastando en campo se corresponde con lo que están diciendo. Al mismo tiempo, revisamos todas las publicaciones, las que tenemos identificadas, para ver la publicidad que también se está pagando ahí, y hacemos monitoreos de páginas web y redes sociales.

El tema de las redes sociales es algo novedoso, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Cada vez más los partidos y candidatos invierten en estrategias digitales, lo cual es legítimo; en nuestro caso lo que no es legítimo es que oculten ese gasto. En las campañas que tuvieron lugar entre abril y mayo de este 2016, tuvimos 8,200 candidatos, nosotros solicitamos información a Facebook y la empresa nos informó que un 10% de los aspirantes tenían páginas de Facebook individuales o bien sus equipos de campaña, y de ellos 100 habían pagado a la empresa para potenciar la llegada de sus mensajes, eran montos por varios millones de dólares y era información que los candidatos nos

ocultaron; gracias a lo que nos dio la empresa, pudimos establecer sanciones. Recuerdo los candidatos a la gobernatura de Veracruz, de Tamaulipas, gastaron solo en Facebook arriba de 100 mil dólares. No tuvimos información de Twitter, pero son terrenos nuevos en donde estamos aprendiendo a fiscalizar y esperamos contar con la colaboración de las empresas.

También hacemos visitas de verificación a los eventos de los candidatos y vemos cuántos autobuses transportando simpatizantes aparecen por ahí, si hay equipos de sonido, si se están repartiendo cosas, en fin, visitamos las casas de campaña para ver el material que tienen los partidos políticos y los recorridos.

Después, en la auditoría, revisamos los comprobantes, verificamos las operaciones con los proveedores del registro nacional de proveedores, confrontamos el dicho de los partidos con nuestra evidencia recabada en campo y cruzamos información con fuentes externas, el Sistema de Administración Tributaria y con las propias quejas que vamos nosotros procesando, que interponen los distintos actores políticos. Es decir, a lo largo de las campañas se suele acusar por estar gastando de más, nos informan de dónde están realizando los gastos, nosotros acudimos, hacemos diligencias y, si encontramos cosas que no hubiesen sido detectadas en nuestro trabajo programado de fiscalización, las incorporamos al expediente y, en caso de que resulte cierto, acumulamos esos gastos o esos ingresos al dictamen que hacemos de las campañas. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de invitar a algunos de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de



El Salvador a que nos visitara en México, junto con otras autoridades de América Latina, para presentar este sistema.

Tenemos convenios con distintas autoridades, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El INE no tiene como barrera el secreto bancario, fiduciario y fiscal; esto se consiguió primero en batallas que llegaron a la Suprema Corte a inicios de la década pasada, y ya desde 2007 se introdujo en la Constitución que para fines de fiscalización de los recursos a la política, no puede interponerse el secreto bancario, fiduciario y fiscal para la autoridad electoral. Por supuesto que si nosotros trascendemos estos secretos no es para exponer al contribuyente, pero sí para llegar al fondo de las investigaciones.

Una característica del sistema electoral mexicano en materia de fiscalización es que tiene que ser en muy poco tiempo que se llega a conclusiones. Cuando inicia la campaña, a los partidos les damos una clave de acceso al sistema y ellos a partir de ahí generan otras claves y tienen tantos usuarios como organicen su vida interna, en eso nosotros no nos metemos.

Cada candidato es un centro de costo y ahí van ellos reportando, cargando la información en tiempo real; tres días después de concluida la campaña deben de cerrar sus informes y nosotros tenemos 10 días para hacer lo que se llama un oficio de errores y omisiones, entregárselos al partido con los problemas que encontramos en su contabilidad, ellos a su vez tienen cinco días para resolver, tenemos otros 10 días para hacer el dictamen, llevarlo

a la comisión de fiscalización y al consejo general del Instituto Nacional Electoral y votarlo. De tal manera que estamos hablando de 40-45 días después de realizada la elección cuando se llegan a las conclusiones; este año la elección fue el primer domingo de junio y para el 14 de julio votamos los dictámenes de 8,200 candidatos.

Las sanciones van desde amonestaciones, sanciones económicas, interrupción de propaganda en radio y televisión o incluso la cancelación de registro, estas son las sanciones previstas para las distintas violaciones a las normas electorales en el país.

En este proceso electoral de 2016, donde se renovaron poderes en tres estados y en la capital del país, se hizo una elección atípica, porque se nombró a un Congreso constituyente que va a hacer la Constitución de la Ciudad de México, entonces, fueron 14 procesos electorales; pusimos multas por, ya lo ven ustedes, $23 millones, aunque el financiamiento público rondó los $210 millones.

Permítanme señalar, para terminar, que una cosa es tener una buena norma y otra es tener una buena práctica; nosotros nos enfrentamos con un problema de retraso de los partidos para rendir cuentas, para entregar su contabilidad, para cargar en el sistema la información; afortunadamente, fuimos presentando informes a lo largo de la campaña alertando de esta situación y hubo una opinión pública, digamos, favorable a la exigencia de la autoridad electoral.



Al principio de la campaña, en abril, había muy pocas operaciones informadas, en una semana 67, y la última semana cargaron 53 mil operaciones, en total tuvimos 123 mil operaciones y en cada operación hay contratos, facturas, evidencia de lo que compraron, en fin, no es que haya 123 mil cargas, sino que cada una de estas operaciones tiene cinco o más documentos que las sustentan.

Ya concluida la campaña y después de realizada la jornada electoral, en respuesta al oficio de errores y omisiones, ellos nos entregaron otras 28 mil operaciones, de tal manera que gracias a lo que habíamos encontrado, los forzamos a revelar información que no estaban dando y, por el simple hecho de entregar tardíamente la información, les pusimos una sanción del 30% del monto involucrado y, por fortuna, el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien revisa todas las decisiones de la autoridad administrativa del INE, confirmó estos criterios.

Confiamos en que estas sanciones, que fueron altas por esta conducta de informar hasta el final y no permitirnos hacer de la mejor manera la fiscalización en tiempo real, inhiba esta conducta y nos permita que en 2018, cuando tenemos renovación de la Presidencia de la República, de todo el Congreso de la Unión y elecciones en 29 de las 32 entidades federativas que componen la república mexicana, que los partidos rindan cuentas a tiempo.

Nosotros vemos la fiscalización no como un instrumento punitivo contra los partidos, sino como una herramienta necesaria para la rendición de cuentas y la transparencia, y a estas como condición indispensable para poder revertir el descrédito de la política. La tensión entre dinero y democracia llegó para quedarse y lo adecuado es ir desarrollando los mecanismos que permitan transparentar esta relación y evitar que el dinero se vuelva disruptivo para la credibilidad de las propias elecciones.



Me voy a permitir hacer tres reflexiones en torno al tema que me ocupa: primero, una reflexión en torno al derecho como un sistema de garantías; segundo, una reflexión en torno a las garantías institucionales de los organismos electorales y del proceso electoral, y tercero, en particular, al tema de las mesas electorales, las llamadas mesas receptoras de la votación.

Con esto pretendo presentar a ustedes un conjunto de planteamientos en relación con las condiciones que permiten precisamente asegurar o proteger la integridad y la calidad del acto de votar y de los derechos político-electorales justo en el momento en que se ejerce la soberanía popular, que

es al decidir el voto, acudir a la mesa de votación y depositarlo ahí. De esa magnitud es la importancia del trabajo que realizan los integrantes de las mesas receptoras de los votos.

La primera reflexión: hace 100 años el jurista Hans Kelsen planteó que el derecho no es sino un orden coactivo de la conducta humana; orden coactivo, dijo en su libro de Teoría Pura del Derecho, en el sentido de sistema. El derecho, dijo, es un sistema que contiene normas jurídicas coactivas de la conducta humana y, para asegurar que estas se cumplan, existen fundamentalmente los tribunales. En otro de sus libros Kelsen estableció que el tribunal constitucional debe estar alejado de

La independencia de los integrantes de los organismos electorales temporales

Raúl Ávila, consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos



los partidos, debe ser un órgano técnico en el cual, en última instancia, se pueda controlar desde la jurisdicción la Constitución y hoy decimos que también la democracia. Cien años después, ese planteamiento de Kelsen ha sido superado. Superado no quiere decir negado; superado quiere decir retomado y colocado dentro de un nuevo paradigma que está en construcción y desarrollo.

Hoy el derecho no es solamente un orden coactivo de la industria humana. El derecho es un sistema de garantías para asegurar que se cumple el pacto político escrito en lenguaje jurídico. Otra vez: el derecho no solo es un orden coactivo de la conducta humana; es también un sistema de garantías para asegurar o proteger el cumplimiento de los pactos políticos que se expresan en forma de lenguaje jurídico.

Y el órgano garante no solamente es el tribunal constitucional, o una Sala de lo Constitucional o un órgano de última instancia dentro del país de que se trate, sino que hemos multiplicado, diversificado y estamos en la construcción teórica, doctrinal, institucional y práctica de estos mecanismos de control, porque también los congresos, los poderes legislativos son garantías de la democracia o deben ser así entendidos; los partidos son garantía de la democracia y del orden jurídico; los poderes ejecutivos son garantía de la democracia y desde luego, de los derechos.

Entonces, toda la arquitectura del Estado, que está consagrada en las constituciones y en las leyes, pueden ser vistas como

garantías de la democracia y garantías del propio cumplimiento de lo estipulado; ¿lo estipulado en dónde?, en la Constitución y en los compromisos internacionales.

El Estado constitucional es garantía de la democracia y la democracia garantía del Estado constitucional; los derechos que están estipulados en la Constitución, las leyes y los tratados, pueden ser vistos también como garantías de la propia separación de poderes, porque si los ejercemos, podemos hacer que esa división se preserve.

Al revés: la división y el equilibrio de poderes, entre poderes y hacia dentro de cada uno de los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la forma como están estructurados, organizados, la manera cómo funcionan, también implican técnicas de garantía, porque si no se divide el poder y, al revés, también si no colaboran los poderes entre ellos adecuadamente, entonces, pueden atentar, restringir o negar los derechos.

Todos los sistemas de control administrativo, jurisdiccional, incluso en las comisiones legislativas de los congresos, cuando realizan funciones de control de la administración, cumplen al mismo tiempo con funciones de garantía.

En otras palabras, el sistema jurídico y por supuesto que el sistema electoral es una gran caja con instrumentos de garantía de los derechos, y esto es lo que quiero subrayar, porque hoy, virtud al desarrollo de la civilización, al desarrollo del derecho y de los procesos democráticos, tenemos también



garantías de control de las decisiones de los órganos nacionales en el ámbito supranacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dos ejemplos de esta función de control supranacional, que representan garantías adicionales o complementarias, en nuestro caso o nuestro tema, para proteger y asegurar que lo que está estipulado, que queremos elecciones libres, auténticas y periódicas, como establece la Declaración Universal, el Pacto de San José o la Constitución de El Salvador, pues, efectivamente se cumpla.

El derecho electoral es un sistema de garantías para que se cumplan con los principios y los valores que justifican que construyamos todo el entramado de reglas, que pasa desde la convocatoria a las elecciones hasta la declaratoria del triunfo, la entrega de la constancia y la toma de posesión del electo.

Todo el proceso electoral está pertrechado de un muy tupido pasto de reglas por donde corre o donde se juega, el juego de la competencia electoral, y tiene o responde a problemas tan simples como la integración de una mesa receptora de votos, hasta lo que nos ha reiterado el doctor Ciro Murayama, la necesidad, la obligación de que esas garantías protejan y hagan cumplir el que la cancha no se incline y que haya equidad en la contienda. Dejo ahí la primera reflexión.

La segunda reflexión es que se ha desarrollado en la doctrina el tema de las garantías, precisamente de las garantías

institucionales para los órganos electorales o las autoridades electorales, tanto para los órganos supremos electorales como para los órganos intermedios y los órganos que actúan el día de la jornada, las mesas receptoras de votos. Estamos hablando básicamente de garantías orgánicas, de garantías procesales y de garantías especiales.

Las garantías orgánicas son todas aquellas que tienen que ver con las reglas que aseguran la independencia del órgano o de la autoridad electoral, la forma del nombramiento, la duración en el cargo, la manera en que pueden ser suspendidos, renovados o cancelados esos mandatos, el tema presupuestal, la capacidad de reglamentación del órgano correspondiente, léase el Tribunal Supremo Electoral.

Las garantías procesales son todas las que tienen que ver con la debida diligencia o el debido proceso legal, desde la demanda, la denuncia, la impugnación, la audiencia, las pruebas, los alegatos, las conclusiones, la sentencia, la tutela efectiva; hoy también la transparencia y el acceso a la información pública, que afecta tanto a las garantías procesales como a las garantías orgánicas.

Y luego las garantías especiales, porque cada sistema organiza la autoridad electoral de una o de otra forma de acuerdo con el contexto histórico del país de que se trate. Así, por ejemplo, en la mitad de los países de América Latina, particularmente el Cono Sur, México, República Dominicana, tenemos un sistema electoral con garantías que incluyen una dualidad de organismos electorales, dos o más incluso, una pluralidad de organismos



electorales. En México tenemos el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, tenemos incluso a la Suprema Corte de Justicia en funciones de control de constitucionalidad y a una Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales; en los seis países de América Central sabemos que existe una sola autoridad electoral que cumple las dos funciones, pero en un contexto que, digamos, justifica que hasta ahora así se maneje.

Las garantías orgánicas, procesales y especiales tienen la misión de hacer cumplir, de proteger, de asegurar que ocurra lo que se prevé que deba ocurrir, y que es la pureza y la integridad del sufragio, condiciones equitativas en la contienda y, por lo tanto, una elección de calidad, que sea creíble, legítima y que permita que precisamente emerjan de ahí gobiernos legítimos.

La independencia, que es mi tema, de las autoridades electorales pasa, por lo tanto, por la forma del nombramiento, las características de los integrantes de los órganos electorales, tanto permanentes como temporales, y las inhabilidades, impedimentos, los requisitos, por lo tanto, para integrar estos órganos.

Paso a la tercera y última parte de mi reflexión.Todos sabemos perfectamente que una de estas garantías, de las más importantes, es la que corresponde, en el caso de El Salvador, pero en todos los países de América Latina, en los 18 países continentales de América Latina más República Dominicana, hay reglas establecidas muy precisamente y muy detalladamente para integrar, para poner a funcionar y para hacer que los órganos electorales supremos y no supremos

permanentes y no permanentes, los que funcionan siempre y los que funcionan solo el día de la elección o con algunos meses de antelación y luego desaparecen, puedan mantener la característica de la independencia y la imparcialidad.

No me es ajeno, desde luego, y en particular tengo mucho interés en hacer esta última reflexión en torno al debate que nuestros hermanos salvadoreños han venido sosteniendo en los últimos años en relación con, precisamente las garantías relativas a la independencia de los integrantes de los órganos electorales temporales. Estos organismos electorales temporales que son precisamente las juntas departamentales, las juntas municipales y las mesas en las que se recibe la votación, y me estoy refiriendo a este debate entre el diseño legislativo, en donde se expresa una técnica de garantía que los partidos y los legisladores han definido a través de un acuerdo político escrito con lenguaje jurídico, para poder garantizar al máximo posible la pulcritud en la estructura y el funcionamiento de estos órganos temporales.

Queda claro que el Congreso salvadoreño, desde los Acuerdos de Paz en adelante, estableció que podían los órganos temporales provenir no solo de una postulación de sus miembros por parte de los partidos políticos, con ciertas fórmulas, sino que incluso no hay reserva para que los puedan integrar, es decir, los ciudadanos con afiliación política partidista, de hecho lo hacen con el órgano supremo electoral, es un acuerdo político que tiene una expresión jurídica. Pero, también sabemos que precisamente con el



desarrollo del derecho como un sistema de garantías, los tribunales constitucionales, las salas constitucionales han venido definiendo, matizando e incluso construyendo normas jurídicas a partir de las disposiciones legislativas.

Estas normas jurídicas en el caso de El Salvador, como bien sabemos, virtud a las sentencias de los años pasados de la Sala de lo Constitucional, tiene que ver precisamente con un punto que me parece importantísimo y sobre el cual hay que reflexionar, esto es, si los integrantes de los organismos electorales temporales deban ser obligatoria o necesariamente restringidos en sus derechos de afiliación política o en qué grado, con base en qué ponderación y hasta qué medida es necesario, es idóneo y es proporcional restringir sus derechos de militancia, de pertenencia a un partido o de ejercicio de un cargo de representación o dentro de un partido para ser miembro de una mesa receptora de votos, o para ser miembro en general de un órgano electoral temporal.

A mí me parece que, como en la mayoría de los asuntos más delicados de la vida jurídica, política y pública de nuestros países, este es uno de los ejercicios más sensibles de ponderación y depende no solo de los conceptos en general que guían hoy el lenguaje democrático y la práctica democrática en nuestros países, sino también del contexto, como bien decía hace un momento el consejero Ciro Murayama.

Y para concluir y dejar para una etapa posterior algún otro comentario al respecto, sí quiero mencionar que los garantes de

la democracia y de la Constitución no son solo los tribunales constitucionales, son todos los sujetos que participamos, incluidos centralmente los ciudadanos, en la construcción de la democracia y en el ejercicio y el cumplimiento de la Constitución, que es decir el ejercicio y cumplimiento de nuestros derechos constitucionales, entre otros los derechos políticos.

Qué pasa cuando el órgano garante o controlador, como bien pensaba Kelsen, desde la jurisdicción constitucional, que es el garante de la Constitución, en este caso de la democracia en última instancia, también desproporciona, porque puede no ser perfecto, la medida de la ponderación y restringe algún derecho y provoca una colisión de derechos; me parece que aquí tendríamos que inventar una forma o tratar de presentar alguna acción que permitiera controlar a su vez al controlador.

¿A qué me refiero?, me refiero a que si el órgano garante, desde la perspectiva jurisdiccional, constitucional, restringe el derecho de afiliación política a un partido político para favorecer la independencia de un organismo electoral por la vía del perfil o del estatuto de sus miembros, tendría que justificarlo de una manera especialmente agravada, porque se trata de un derecho que es igualmente fundamental, el derecho a participar en la vida de un partido y que probablemente no por limitarlo, restringirlo o incluso anularlo va a producir automáticamente la independencia de quienes integran el órgano electoral temporal, llámese un tribunal o una junta receptora de votos.



En ningún otro país de América Latina está restringido absolutamente el derecho de un ciudadano a tener una militancia partidista o una filiación partidaria y al mismo tiempo desempeñar un cargo en un organismo electoral; los señores consejeros del INE o los magistrados del Tribunal, el día de la jornada electoral suspenden la sesión y van a votar.

Sí se aceptan restricciones en toda América Latina del tenor de que un integrante de una mesa directiva o una mesa receptora de votos no debe ser, al mismo tiempo, dirigente de un partido o representante popular. Hay un grado

de restricción que es necesario, es además idóneo y es proporcional, pero, lo que a mí me parece que no sería proporcional no está así regulado en la mayoría o en prácticamente todos los 18 países de América Latina, es que el integrante de una mesa receptora de votos no deba tener siquiera una afiliación política partidaria, porque la restricción de ese derecho sería de tal grado que le estaría negando un derecho fundamental. Termino con esto, la tercera reflexión, porque tiene un fondo muy técnico constitucional, que creo que debe ser analizado todavía con más cuidado.



La tarea de organizar elecciones, que al final sus resultados manifiesten fielmente la voluntad de los ciudadanos, implica un esfuerzo que va más allá de aquel propiamente llevado a cabo el día de la jornada electoral.

Actualmente, y en la mayoría de los países, los procesos electorales se integran de una serie de componentes que se interrelacionan entre sí y que a su vez son interdependientes, debido a que una falla en alguno de los procedimientos puede tener un efecto directo sobre todos los demás. En ese contexto, todas las etapas que conforman un proceso electoral son relevantes y requieren de una planeación y ejecución minuciosa y eficiente.

Desde el inicio del periodo electoral, normalmente unos meses previos a la jornada de votación, hasta la calificación de validez de los comicios, cada fase o componente implica un ejercicio de apego a la ley, concertación política y eficiencia administrativa.

Normalmente, esta larga cadena de tareas se va resolviendo de forma lineal con los plazos que marca la norma; así, las que aparecen al principio se atienden primero, el famoso “primeras en entrar, primeras en salir”, como puede ser la definición de recursos asignados a los partidos, prerrogativas, la ubicación de los centros de votación, la definición de las boletas y actas de escrutinio o el registro de candidatos.

Uso de la tecnología en el conteo de marcas y votos, procesamiento y transmisión de resultados electoralesJuan Manuel Herrero, consultor internacional en temas electorales



En esta larga fila de actividades, la organización de los mecanismos de generación y publicidad de resultados suele aparecer cerca del final del proceso y en muchas ocasiones así es atendido, al final, siendo que requiere de grandes recursos humanos, materiales y financieros y sobre todo, y esto va a ser reiterado en toda la ponencia, de tiempo para su preparación y ejecución.

No es extraño que los programas de resultados electorales carezcan de la debida atención de la institución responsable, porque se privilegian otros asuntos y porque el perfil de los funcionarios, en su mayoría, no tiene carácter tecnológico.

Al estudiar la experiencia de América Latina existe una ausencia de personal en los órganos electorales que tenga una formación de carácter técnico o tecnológico, y normalmente se va atendiendo el proceso electoral en etapas, y las últimas etapas son precisamente las de los resultados preliminares.

La falta, tardanza o insuficiencia de datos de la jornada va creando un ambiente negativo a la elección y pone al órgano electoral en entredicho y a la elección misma. Los partidos políticos aprovechan para señalarse como vencedores y los medios de comunicación se suman a la suspicacia dándole más importancia de la que esto tiene. No se puede decir que el no contar con información oportuna provenga de una elección manipulada o fraudulenta, pero eso es lo que los mismos actores provocan sesgando a la opinión pública.

Es por ello que un programa de resultados preliminares debe ser considerado como componente importante en la planeación del proceso electoral. La prontitud con que los resultados lleguen a las regiones y a la capital depende de diversos factores, uno de los cuales, por supuesto, es la tecnología.

Hagamos un ejercicio ficticio acerca de las posibilidades de uso de la tecnología y si ello es o no viable en dos contextos diferentes. Supongamos la situación ideal y a partir de ello revisemos si esta se puede cumplir o no.

Voy a hacer un ejercicio, me voy a apoyar en un país como Holanda, en donde seguramente los problemas que se nos presentan en América Latina ellos los tienen muy rebasados. Me voy a apoyar también en un principio matemático que es el de los modelos de optimización, en donde hay una ecuación que hay que resolver, en este caso lo que hay que resolver es resultados prontos y confiables, sí, pero sujeto a una serie de restricciones. Esos son los modelos de optimización matemática, así se construyen, así construimos el sistema de distritación en México, una ecuación, esa ecuación lo que nos dice es “resuélveme este problema”, y ¿cuál es el problema?, que tengamos resultados preliminares muy rápidos y confiables, y luego vienen las restricciones.

Bueno, pues, evidentemente, en Holanda el problema no existe, o sea, si yo tengo que llegar a votar y hay la exigencia que me identifique, pongo mi dedito en un lector óptico, quedo identificado, viene, hay una pantalla, toco la pantalla, emito mi sufragio y



esa pantalla inmediatamente manda el voto a una base de datos central, y podríamos decir que a los pocos minutos del cierre de la jornada electoral se pueden tener los resultados preliminares; ese, digamos, que es el ideal.

Por supuesto, ese ideal se topa con muchos problemas, pero, es importante decir que la tecnología existe, o sea, no es un problema de ausencia de tecnología, eso lo tenemos sin ningún problema, hoy el elector se puede identificar a partir de medios sencillos y cada vez más accesibles económicamente; en particular, los lectores ópticos y sobre todo estos lectores ópticos tipo escáner cada día existen en muy variadas modalidades y cada vez con precios mucho más bajos.

En Holanda puede pasar esto porque es un país con recursos financieros. No tiene problemas de conectividad, no podemos hablar de regiones inalcanzables, no podemos hablar de problemas de comunicación y suponemos, y este es otro tema fundamental, que existe una cultura que acepta el uso de la tecnología y que confía en sus autoridades. Todo esto puede suceder si todas estas restricciones no existen, y en un país de este tipo ese problema no existe.

De hecho, la tecnología permitiría votar en cualquier lugar y no hacerlo de manera obligada en la circunscripción donde uno vive, a esto se le llama romper la geografía. Imagínense, ustedes pueden estar en cualquier lugar del país, en el momento en que se identifican, la máquina sabe por qué lugar están ustedes votando, dónde están ustedes domiciliados. De alguna manera, se

puede aprovechar ya hoy en día los cajeros automáticos de los bancos o aún, los teléfonos celulares.

Ahora, qué pasa si, por ejemplo, el padrón no contiene elementos biométricos de los electores, estos tendrían que identificarse con el elemento que se les generó, que es una credencial normalmente, la búsqueda del ciudadano se puede hacer en listas impresas del área donde le corresponde sufragar o tener una máquina computadora que contenga el archivo de los que están autorizados para votar en ese centro, es decir, ya entramos en una identificación, en un proceso manual, estamos dejando parcialmente la tecnología.

En los casos donde se cuenta con un padrón con datos biométricos, también es posible poner lectores ópticos de huellas digitales y con ello acreditar la identidad, y esta tecnología, ya lo decía yo, está cada vez más sencilla y cada vez más barata. ¿En dónde está el problema?, es que cada restricción de la que voy a hablar implica una competencia entre el manejo del papel y la electrónica por razones presupuestales.

En cuanto a qué restricciones se pueden presentar en este punto del proceso, hay que considerar, y esto es normal, una mala captación de los datos biométricos que no permitan la lectura, o una falta de actualización del padrón, lo que obligaría a tener un plan alterno para el tratamiento de excepciones. Además, en nuestros países suele haber zonas donde no hay energía eléctrica y el uso de baterías es necesario, la identificación de los votantes la hacemos con credencial y con listas.



A la hora de sufragar, que yo sé que no es el tema de interés particular, pero es un punto importante, hoy hay máquinas electrónicas que permiten el sufragio sin el uso de boletas en papel, ejemplos de ellos encontramos en muchos lugares de la región. En México se han hecho pruebas en votaciones locales, en parte de la geografía, los resultados han sido satisfactorios; el temor que se tenía de que estos instrumentos no fueran aceptados por las fuerzas políticas no se dio.

Y este es otro tema fundamental, el uso de la tecnología requiere la confiabilidad del instrumento, es decir, que las fuerzas políticas estén de acuerdo en que es algo que nos va a ayudar, que nos va a permitir transitar al final de la jornada de una manera adecuada. Siempre es un reto, todo cambio o innovación en procesos electorales que no va acompañado de la presencia de las fuerzas políticas tiene alta probabilidad de ser rechazado.

Desde los estudios de viabilidad técnica, la revisión de la legislación y en su caso adecuación, la investigación de opciones tecnológicas, las pruebas a las mismas, la selección del proveedor o proveedores, las auditorías por entes externos a cada paso, hasta la instalación y prueba de los sistemas, debe haber presencia de los actores políticos.

Una fórmula que ha funcionado bien para desactivar las discusiones que tienen intencionalidad política es nombrar un grupo de apoyo o un grupo consultivo, de preferencia de académicos y de especialistas reconocidos, que sean el amortiguador entre la autoridad electoral y los partidos, y además

que auxilie en el seguimiento de las tareas que el proveedor tenga que realizar tanto en tiempo como en contenidos.

Los equipos electrónicos estarán alimentados por algoritmos que, entre otras cosas, tendrán que identificar el voto, definir la validez o no de las marcas, hacer las sumas que correspondan y enviar los datos a un centro de acopio y difusión de los mismos. Para poder hacer esto, los órganos electorales tienen que definir la boleta y las actas que se utilizarán durante la jornada; este es un tema central en la obtención de resultados, ya sean preliminares o definitivos.

La definición de los instrumentos con los cuales se van a captar el voto y a generar las actas de resultados tiene que ser de las tareas primarias, para que no retrasen todo el sistema de resultados preliminares. Esa definición es uno de los temas fundamentales. De las mayores complicaciones que existen en una elección es diseñar una boleta que sea comprensible para el elector.

En algún momento todos los estudios, las definiciones, las discusiones que se tienen en este foro, sería muy pertinente tomar en consideración lo que piensa el ciudadano y la capacidad del ciudadano, y probar si realmente lo que estamos inventando el ciudadano lo entiende, lo hace práctico, lo puede utilizar. Normalmente se definen cosas en foros en donde el ciudadano no es tomado en cuenta, y cuando lo ponemos en práctica entramos en problemas.

Si la elección tiene alianzas o coaliciones, la presentación de opciones y el recuento



de votos no es simple; el voto cruzado, que entiende muy bien quien se dedica a las tareas electorales, habría que preguntar si el ciudadano lo entiende también de la misma manera. Recordemos que son personas no vinculadas a los temas electorales los que recibirán los votos y los que llenarán las boletas, y que normalmente es en este tema, en ausencia de medios electrónicos, donde los resultados no fluyen con rapidez debido a las horas que implica el conteo, la decisión de qué boletas invalidar y el llenado de las actas, mismas que serán el instrumento de transmisión al sistema de resultados electorales.

En la capacitación se puede reducir esta problemática, pero seguramente habrá problemas. Está comprobado que a los funcionarios de centros de votación no se les debe pedir realizar sumas, pues el porcentaje de error puede llevar a la anulación de los resultados de un centro, una región o hasta niveles geográficos mayores. Imaginen ustedes, si no estamos capacitados para hacer sumas, qué pasa si nos metemos a hacer el conteo de los votos cruzados, o sea, ese es un tema primordial que hay que atender.

Eso también lo resuelve el uso de la tecnología, pero si las condiciones sobre todo económicas no permiten la adquisición de estos materiales, la elección se hará por medios tradicionales, y el uso del papel para el conteo y llenado de actas será manual, teniendo en este punto el primer gran problema de desfase para poder obtener resultados prontos y confiables. Y, además, cuando el escrutinio se hace manual, los resultados electorales seguirán otro rumbo.

Normalmente, en una elección en México, al cierre de la mesa receptora de votos, fácilmente se pueden llevar de dos a cuatro horas en la parte de escrutinio y llenado de actas, y eso, a partir del cierre. Lo normal es que de ahí se trasladen a una oficina distrital, en donde hay un centro de acopio y del centro de acopio la captura y el envío, con lo cual la autoridad electoral entra en un riesgo enorme. Este es el procedimiento más utilizado en América Latina. También hace uso de la tecnología, pero a un nivel menor y asumiendo ciertos riesgos.

La ubicación y número de centros de acopio y captura estará en función de los estudios de simulación de la llegada de las actas y de las distancias y tiempos que se lleva su traslado a estos lugares; esto es una tarea que las áreas de organización de los tribunales y de los órganos electorales tienen que hacer con mucha anticipación, porque desde ahí nace hasta la posible demanda a una empresa de tecnología. Si no tenemos claro en dónde hay que ubicar esos centros de acopio, cuál va a ser la carga de esos centros de acopio, en qué momento puede haber una saturación de actas que están llegando, podemos tener un problema.

Estoy insistiendo mucho en algo que evidentemente es una experiencia de vida, y es ser el responsable de resultados preliminares, en donde es uno “la cola del proceso”. Al ser la cola del proceso, todo lo que les estoy diciendo se agolpa en muy corto tiempo y a final de cuentas provoca errores, y aquí los errores son muy graves, los errores o las tardanzas en dar resultados de una elección generan un ambiente muy difícil.



Estos centros deben garantizar la existencia de energía eléctrica, de conectividad y de medios alternos como baterías o transporte; en algún momento el centro de acopio A puede no tener condiciones e inmediatamente se sabe que se va uno a una alternativa, al centro B. Cada centro de acopio debe tener un remplazo previendo cualquier hecho inesperado; las áreas de organización electoral tendrán que hacer los estudios de la ubicación de cada centro, el volumen de votantes, la hora en la que tradicionalmente culmina la votación, los medios y tiempos de traslado a un posible centro de acopio, la saturación de estos centros de acopio, la definición de un centro alterno, el personal a reclutar, capacitar y contratar, el número de equipos y sus reservas, y todo ello tenerlo listo antes de llevar a cabo la adquisición de equipos de escaneo y captura. Esta información es básica para poder presupuestar la revisión de sitios en el país donde exista la posibilidad de transmitir datos y las opciones secundarias que hay que considerar en casos de fallas o saturación.

También se debe dimensionar las capacidades de los equipos, de los escáneres, de los anchos de banda a contratar. Ya sea el proveedor o la institución tendrá que desarrollar los sistemas de salida de la información y tener preparados los protocolos de auditoría para mostrar que los sistemas hacen lo que se espera de ellos, y que los servidores que almacenarán y procesarán las bases de datos estén vacíos al inicio de la jornada.

En la publicidad o difusión de resultados, las pantallas tienen que mostrar información que no deje dudas a la interpretación. Miren,

hay ejemplos de elecciones en donde una mala presentación de resultados, sobre todo de manejo de porcentajes, generó problemas terribles, porque quien hizo el software para presentar resultados no sabía de porcentajes.

Todo lo mencionado con anterioridad aplica para El Salvador, pero, hay que destacar algunas particularidades; por un lado, la ausencia de una legislación que precise las responsabilidades de un programa de resultados preliminares. Los mexicanos nos fuimos al otro extremo, nuestra ley, más que una ley, parece un manual, o sea, dice todo lo que hay que hacer.

El proceso que se defina para la obtención de resultados preliminares tiene que estar presente en la ley o cuando menos celebrar acuerdos con todos los actores políticos donde conste, paso a paso, el responsable, cómo, quiénes y con qué se va a llevar a cabo este proyecto. No solo se tiene que contemplar la cuestión tecnológica, que es vital, sino las fases de diseño, la relevancia de pruebas y auditorías, pensar en el ciudadano común que será quien participe en el recuento; elaborar un plan ambicioso de capacitación.

Miren, entendiendo cómo funciona el sistema en El Salvador, yo me atrevo a hacerles una recomendación, adelanten lo más que puedan la capacitación. Este es un asunto de repetición, de práctica; si todo se hace al final, seguro no va a salir bien, y más bajo el supuesto de que no hubiera una máquina lectora para el voto cruzado, si eso lo tuvieran que hacer personal en los centros de votación, la probabilidad de que haya un porcentaje de error alto es muy visible.



No solo se tiene que contemplar la cuestión tecnológica, ya lo estaba diciendo, sino la fase de diseño, la relevancia de pruebas y auditorías, pensar en el ciudadano común, que es quien participa en el conteo, un amplio programa de capacitación a los miembros de las juntas receptoras de votos, experimentar cuál sería el nivel de acopio, estudiar las opciones tecnológicas y presupuestales, conocer la infraestructura de comunicaciones del país a detalle, analizar las estrategias de acercamiento de información de lugares poco comunicados a localidades donde sea posible la transmisión, elaborar un plan de riesgo y, como consecuencia, planes alternos de solución. Todo ello desde el inicio del año electoral, no en la cola del proceso.

Por otra parte, ha sido probado que el voto cruzado es complejo de ser reportado de manera fiel sin que en ello se den actos de mala fe, sino falta de entendimiento o capacitación para comprender cómo registrarlo. Si la simple suma de votos lleva a errores no despreciables, es claro que el registro del voto cruzado es mucho más complejo. Es una prioridad definir el tipo de tecnología que acompaña esta actividad, pues en términos de costo-beneficio debe ser vista como una inversión. La tecnología para captar las marcas, para hacer lectura de marcas y de voto cruzado no es un costo; es una inversión, o sea, así debe ser visto.

Contar con la tecnología no disminuye la relevancia de una capacitación mucho más sólida, con ejercicios diversos, pues durante la jornada no es posible confiar en una sola vía; si las comunicaciones, la energía o la

tecnología falla, que no es poco probable, habrá que actuar de manera tradicional.

La tecnología contemplaría los algoritmos que validan marcas y que calculan el voto cruzado, dándole certeza a los resultados de la elección; esta tecnología existe y esta tecnología hoy en día, la de lectura, la de lectoras o escaneo, no es muy costosa. Las propuestas de Fusades van en ese sentido, pero requieren mucha precisión legal y técnica.

Insisto en la necesidad de crear un grupo asesor con personal académico y profesional reconocido que auxilie en la elaboración de normas o acuerdos para dejar claro cómo se debe considerar el uso de la tecnología y que este grupo acompañe al Tribunal durante todos los trabajos que lleve a cabo la empresa o empresas encargadas de dotar la parte tecnológica.

La experiencia que hay al respecto es que ante un órgano electoral que no tiene experiencia en el tema, las empresas hacen lo que quieren y se corre el riesgo, por cuestiones de tiempo, de aceptar condiciones que no corresponden a lo contratado o, aún peor, que no se corresponden con la ley. Hay muchos casos en donde la empresa llegó, se instaló, no tuvo una contraparte en el órgano electoral que pudiera tener una interlocución valiosa y acabó haciendo la empresa lo que quiso.

Para finalizar, habrá que mencionar, y esto es a modo de resumen, existe ya el interés de llevar a cabo la adopción de la tecnología como herramienta eficaz en



el desarrollo de los procesos electorales. Muchos países están investigando o por lo menos contemplando las implicaciones de la tecnología electoral; la tecnología existe. Para facilitar la implementación de nuevos sistemas y procesos, cada organismo electoral deberá desarrollar o adaptar componentes tecnológicos en acuerdo a la idiosincrasia de su país, es decir, en torno a la condición política, nivel de desarrollo, tradición y práctica.

El presupuesto para hacer uso de la tecnología es una restricción fuerte, el órgano electoral debe realizar estudios sobre las distintas opciones de tecnología y desarrollar un estudio de mercado, apoyándose en especialistas que trabajen para la institución, no dejar en manos de las empresas la decisión. Seguramente la experiencia de otras naciones en donde la tecnología ha rendido beneficios servirá de pauta para que en nuestros países se avance en la incorporación de ella, tratando de adaptarla a nuestras realidades.

La transmisión de datos de manera expedita contribuye a la paz social. En algunos países se han tenido conflictos derivados de la falta o retraso en la emisión de resultados.

Resulta conveniente avanzar sobre la forma de transparentar y dar confiabilidad a cada proceso a través del empleo de la tecnología.Es fundamental planear con suficiente anticipación todo el programa de investigación, adquisición y puesta en marcha del programa de resultados preliminares. En todos los pasos del proyecto tiene que existir un plan de riesgos y alternativas. Debe permear en todos los funcionarios electorales que la tecnología es tan solo una herramienta; las grandes decisiones están en el diseño y en la capacitación del personal.

En muchos países se considera llevar a cabo un conteo rápido que de alguna manera sea una especie de seguro de la institución de obtener resultados a buena hora, pero, eso cada quien decide si lo hace o no. El órgano electoral, que evidentemente tiene que hacer una serie de contrataciones para poder hacerse de la tecnología, debe buscar la manera que haya transferencia de conocimiento. Los órganos electorales tienen que irse alimentando de este tipo de cosas y debe existir el personal capacitado para que el día de mañana sea desde el propio órgano electoral que las cosas se puedan llevar a cabo.



Claudia Umaña Araujo- Vicepresidenta de FUSADES

Se acercan las elecciones de 2018, y en la última oportunidad encontramos una serie de desafíos que creemos que si los vemos con tiempo, vamos a poder resolverlos. Desde Fusades, y es una preocupación que compartimos con Aliados por la Democracia, sabemos que no hay tema más importante en la agenda nacional que el construir nuestra joven democracia, y eso pasa por una serie de reformas.

Nosotros hemos hecho recomendaciones de propuestas de reforma legislativa, porque claramente la reforma política en El Salvador ha sido impulsada por los ciudadanos a través de inconstitucionalidades presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y eso ha presionado a los partidos políticos para tratar de interpretar y legislar sobre esas sentencias.

Reconocemos el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, y sabemos que lo quieren hacer con toda la capacidad en las próximas elecciones, así que, que todo esto sirva para

Panel uno: “Tendencias regionales en los procesos de reforma electoral”

Panelistas: Flavia Freidenberg, Ciro Murayama, Rául Ávila y Juan Manuel Herrero

Moderadora: Claudia Umaña Araujo, Vicepresidenta de FUSADES



mejorar, para analizar, para prepararnos, todo en un ambiente de concordia, de armonía y de trabajo conjunto.

Flavia, tú decías algo muy interesante acerca de la democracia interna; para nosotros es muy bueno que se abran espacios en este momento, pero vemos que uno de los retos que no está verdaderamente cristalizado es el del voto secreto, libre, directo e igualitario. Apenas empezamos a transitar desde el “dedazo” a una democracia interna, y todavía no lo vemos como un cambio de aplicación permanente.

Nos preocupa que en ocasiones, como tú lo afirmas, estos procesos más bien generan fisuras internas y no se ganan elecciones, entonces, aquí estamos con unas pretensiones que van en un sentido, pero que tú, a través de tus estudios, has demostrado evidencia que va en otro, así que, bueno, esto genera alguna complejidad.

Por otra parte ¿es posible una candidatura única en los procesos de elección interna?

Flavia Freidenberg – Universidad Autónoma de México

Para mí son desafíos sumamente interesantes, porque supone democratizar la democracia, entonces, claro, cuando tú hablas de profundizar en las prácticas y en la manera en que hacemos política, siempre son desafíos sumamente interesantes. La idea es generar consensos en torno a cómo enfrentamos esos desafíos, y yo creo que un buen desafío adicional es incentivar diálogos que permiten

construir acuerdos en torno a cuáles son los mejores mecanismos.

La historia latinoamericana muestra que normalmente los partidos políticos per se, no ceden poder ni hacen prácticas que en principio supongan democratizar la democracia; cuando lo hacen, lo hacen normalmente porque pasa algo, o porque tuvieron una gran derrota electoral, o porque están viendo un antagonista que parece que les va a ganar en la próxima elección o porque piensan que van a perder cuota de poder en el próximo proceso, entonces, se están inoculando, es decir, que normalmente los partidos políticos per se no hacen estas reformas democratizadoras. También pueden darse porque viene un liderazgo innovador que se está anticipando una crisis de representación, y entonces dicen “tenemos que transformarnos y cambiarlo, porque tenemos que mejorar la manera”.

El hecho de que la Sala de lo Constitucional haya otorgado la razón al demandante en relación con esta reforma, parte de un proceso que está ocurriendo en otros países de América Latina; en México, por ejemplo, toda la cuestión de género tiene un aliado muy importante en las sentencias y en el propio Instituto Nacional Electoral, que están comprometidos con que lo que dice la norma hay que llevarlo a la práctica.

Es decir que yo no me asustaría de que nuevos actores participen en el proceso de democratización, es algo que también ocurrió en Costa Rica, también con temas de democracia interna y con el tema de selección de candidatos, desde los propios organismos



electorales, el Tribunal Superior de Elecciones ha tenido una agenda muy activa también en generar lo que se llama un activismo judicial, en cambiar las reglas de juego.

Esto ha ocurrido así en algunos países de la región debido precisamente a la resistencia de las élites políticas en impulsar ellos desde la legislación los cambios y las transformaciones. Entonces, yo no estaría tan preocupada por este activismo judicial; lo que entendería es que es una nueva etapa en la que nuevos actores participan en la democratización.

Ahora, lo que sí sería interesante es poder especificar qué significa, como tú bien lo señalabas, voto secreto, libre y directo, porque cuando le dejamos a los partidos la libre interpretación, ustedes bien saben que pueden interpretar muchas cosas que no necesariamente sean elecciones internas, puede ser que sí o puede ser que no.

Entonces, creo que un espacio para la agenda de discusión pública de cara a las reformas electorales es precisar qué modelo, qué diseño El Salvador está queriendo tener; está claro que tiene que ser un modelo de regulación obligatorio, está claro que en la legislación tiene que aparecer, porque ya está marcado por la Sala; lo que no está claro es cómo sería ese proceso.

Y, entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren impulsar elecciones internas cerradas, como ya alguno de los partidos salvadoreños lo hizo durante mucho tiempo en su historia anterior, tienen que tomar algunas consideraciones: el tema de que si es obligatorio, que los padrones estén actualizados, definir quién

la organiza, si la organiza cada partido o la organizan conjuntamente y, por último, quién financia las precampañas.

Entonces, creo que ahí hay un desafío sumamente interesante que tiene que ser producto de un consenso de Estado, es decir, que los partidos ahora tienen que empezar a discutir, creo que la sociedad civil puede generar estos espacios de reflexión para que entre todos encuentren el modelo más idóneo.

Lo que no deberían esperar es que en la primera horneada de procesos, los partidos digan, bueno, nosotros hacemos internas y luego tener la expectativa que por seleccionar candidatos van a ganar las elecciones, lo que no es una correlación directa entre el tipo de proceso que tú llevas a cabo y el éxito electoral, pero si lo tienen en cuenta y la ciudadanía lo tiene en cuenta, es cosa de no generar expectativas por encima de lo que las elecciones internas pueden generar.


Iniciamos la primera ronda de preguntas, en esta primera fase me voy a permitir retomar algunas reflexiones para incentivar la conversación, posteriormente tendremos una segunda ronda con las preguntas que ustedes nos hagan llegar.

Doctor Murayama !qué tema tan interesante el del financiamiento de la política! En El Salvador esto ha sido uno de los secretos mejor guardados, de hecho estamos en un punto en el que se prefiere pagar multas y



no entregar la información. El tema es difícil y claramente es la sociedad civil la que lo ha impulsado a través de la Ley de Acceso a la Información.

Otra de las preocupaciones que surge en este contexto es cómo se puede mejorar la labor del Tribunal Supremo Electoral cuando esta autoridad organiza elecciones, aplica justicia y si además se le atribuye la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, cuando se tiene una institucionalidad bastante recargada y hasta cierto punto con algunas áreas internas con altos niveles de politización.

Así que agradeceríamos sus comentarios y además valoramos lo que usted nos expresaba sobre el cruce de información que realizan en México, entre lo otorgado por los partidos y la información verificada en campo. Me parece que esta práctica es muy sana, ya que se verifica, se investiga y luego se cuenta con los elementos para implementar multas, situación que dista mucho de lo que observamos en El Salvador.

Ciro Murayama – Instituto Nacional Electoral

Muchas gracias. Tengo la impresión que el tema de dinero y política, llegó para quedarse en todas las democracias, no es un problema mexicano, ni salvadoreño, ni latinoamericano.

Si ustedes recuerdan al canciller Helmut Kohl, unificador de Alemania, acabó su carrera política en un escándalo de financiamiento electoral a su partido, y estos escándalos se dan en Japón, se dan en democracias jóvenes

y en democracias consolidadas. De tal manera que no estamos libres de esos problemas ni lo estaremos, pero el hecho de reconocer que es un problema universal no quiere decir que no lo enfrentemos.

Esto es como las enfermedades, siempre va a haber retos en materia de salud, pero lo que hay que hacer es estar desarrollando tratamientos, procedimientos, vacunas para ir trascendiendo estas enfermedades, aunque los virus muten y nos enfrentemos a nuevas emergencias epidemiológicas, así es lo del dinero.

Pero a diferencia de la salud, a lo mejor la vacuna se inventa en un país y la importamos, eso no ocurre en materia política; necesitamos nuestros propios instrumentos adecuados a la realidad, porque si queremos por decreto decir que vamos a tener el mismo sistema de fiscalización que otro país y no lo hemos construido, el fracaso va a ser mayor.

En política no hay apariciones, no se nos aparece un sistema político con unas características, un resultado; hay construcciones y lo que hay que tener claro es que se necesita una secuencia de construcción, hay que ser muy realistas, porque en esta materia prometer algo y no hacerlo puede ser peor que no tenerlo, porque contribuye al descrédito de la autoridad electoral.

Ahora ¿debe ser el Tribunal Electoral el encargado, debe ser una agencia especializada, debe ser el organismo que sigue las cuentas en el país? No lo sé. Lo importante no es quién, sino algunas características del fiscalizador.



Una es que tenga plena autonomía, si está capturado por los partidos políticos, por los sujetos regulados, no llegaremos muy lejos. Dos, que cuente con los recursos para hacer su trabajo, humanos, financieros, técnicos y materiales. Les doy un ejemplo, yo ahora les presentaba los datos de las sanciones en México, de la fiscalización que hizo el INE, esta misma fiscalización la hicieron las autoridades electorales locales hasta antes de 2014, es decir, las elecciones de 2016, las anteriores equivalentes a nivel local, la fiscalización la hicieron las autoridades locales y las sanciones equivalieron a cinco millones de pesos mexicanos y ahora a 400 millones de pesos.

Eso quiere decir que el músculo de la autoridad es mucho más fuerte, la capacidad de sancionar, porque las autoridades locales lo que hacían era contratar a un despacho contable que revisara los papeles de los partidos, como si estuviesen auditando una papelería, un taller mecánico. No era una fiscalización especializada en materia electoral y contrataban a estos despachos de contadores porque no tenían la capacidad; entonces, hay que fortalecer las capacidades.

Sí creo que se trata de aprovechar la ola de indignación y de escrutinio hacia la política. En efecto, es difícil que los propios actores pongan estos temas al principio de la agenda o incluso si los llegan a concretar como en el caso de México, no es lo mismo redactar una norma exigente, porque todos los actores políticos redactan normas muy exigentes, pensando que se les va a aplicar a su adversario, pero esa norma, cuando se les

aplica a ellos, la tratan de eludir y les parece excesiva y, la autoridad, odiosa.

De tal manera que la autoridad debe perseverar contra los partidos, porque aquí, a diferencia de otras cosas, en la capacitación electoral para el voto cruzado, en motivar a la gente a participar, autoridad electoral y partidos van de la mano, pero hay un punto en donde autoridad electoral y partidos se van a confrontar, y no pueden ser aliados, que es lo de la fiscalización, ahí yo soy la autoridad que va a chocar contigo, y eso implica cierto desgaste para la autoridad electoral.

Hay que decidir si la autoridad que tiene que organizar la elección y contar los votos es la misma que los va a fiscalizar, porque los partidos la van a atacar, eso queda claro; pero aquí, paradójicamente, es de las pocas veces que los ataques de los partidos, que una confrontación partidos-autoridad electoral fortalece a la autoridad de cara a la ciudadanía, es de las pocas veces y, entonces, hay que aprovechar ese reclamo ciudadano desde la autoridad electoral.

Ahora bien, en el tema de las sanciones, es importante tenerlas, porque si no, no hay desincentivos, pero incluso alimentando esta reflexión de la experiencia mexicana, no hay que perder de vista que al final lo importante que debemos de cuidar y preservar en un proceso electoral es el sufragio, y hay que cuidar que no sean decisiones administrativas por asuntos accesorios, frente a un voto emitido en libertad, lo que comprometa una elección.



Les voy a dar un caso, en México se anuló la elección a presidente municipal de Morelia, la capital del estado de Michoacán. En unos años de mucha inseguridad y crecimiento de la presencia de grupos criminales, aun así salieron a votar 300 mil habitantes de esa ciudad, eligieron con claridad a su alcalde, y fue anulada la elección por el Tribunal, porque creyó que se habían vulnerado las condiciones de la equidad electoral, porque la noche previa a las elecciones hubo una pelea de box en Las Vegas que se transmitió por canales privados y el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez, que nosotros le tenemos mucho aprecio porque derrotó a Pacquiao y demás, pero entonces no lo había derrotado, boxeó y en el calzoncillo llevaba un logo del PRI.

Entonces, el Tribunal, por eso que ocurrió en Las Vegas, en un cuadrilátero de seis por seis metros y que pasó en televisión restringida, anuló la votación de 300 mil electores, al cesto de la basura 300 mil votos. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que ser muy cuidadosos, que no acabemos teniendo remedios que puedan ser peores que la enfermedad, que no acabemos hiperjudicializando y al final abaratando la nulidad de las elecciones y devaluando el valor del sufragio.

Mientras las elecciones sean libres, los ciudadanos voten en libertad y se respete su voto, hay que cuidar la equidad como un piso básico, no como un techo, no como un ideal, no deben de tener todos los mismos recursos, es decir, no vayamos a la sobrerregulación,

porque eso nos puede meter en un problema mayor, que es una extrema litigiosidad alrededor del tema del dinero, que acabe minando la propia credibilidad y legitimidad de los procesos electorales.


Volviendo al tema de ser tan exigentes, nosotros tenemos ahora un gran desafío y es cómo integramos las mesas de votación.

En las pasadas elecciones hubo problemas de transmisión de datos, temas tecnológicos que luego voy a abordar con el doctor Herrero, pero el tema es que ahora hay una regulación que plantea que deben ser ciudadanos sin afiliación partidaria los que integren las mesas el día de la votación.

Esto se deriva de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero quisiéramos saber, doctor Ávila, cómo se trata esta experiencia a nivel latinoamericano. ¿Pueden ser los integrantes militantes de partidos o todos tienen que ser ciudadanos sin afiliación partidaria?

Además ¿cómo los capacitamos si todavía no los hemos identificado, cuánto tiempo antes se debería iniciar esta gran tarea? Esto es sumamente relevante para el caso de El Salvador, porque es uno de los temas que vamos a implementar por primera vez en las próximas elecciones.



Raúl Ávila- consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos

Bueno, efectivamente, en los 18 países de América Latina, 17 de América Latina continental y República Dominicana, existe en esta materia una reglamentación muy detallada, porque no es ocioso recordar que en la mesa de recepción de votos, o sea, las casillas electorales en el caso mexicano, mesas de votación, llamemos así convencionalmente para todos los casos, ahí se ejerce la soberanía popular, el ciudadano deposita su voto.

Y por eso la estructura, la integración y las funciones que los legisladores, los pueblos, le asignan a los integrantes de estos órganos temporales, que funcionan solamente el día de la jornada electoral, son especialmente reguladas.

Entonces, hay varias posibilidades, desde las funciones que realizan, son convencionalmente que se encarguen de toda la preparación, de la recepción de la votación, que efectivamente la reciban, que cuenten los votos, y una función muy relevante, pues, desde luego, es que llevan a cabo el primer escrutinio.

Luego un tema central es cuál es el papel de los partidos políticos y de los organismos electorales permanentes, es decir, el órgano supremo electoral, para seleccionar, para nominar, para nombrar y después también para supervisar, capacitar ciertamente y garantizar que cumplan con sus funciones.

Aquí hay, como la propia legislación salvadoreña y la sentencia de la Sala de lo Constitucional lo determinó en su momento, varias posibilidades. Se pueden ponderar de acuerdo con las tradiciones del país, de acuerdo con el propio contexto, qué es lo más adecuado, lo necesario, lo idóneo y lo proporcional al juego de los derechos, desde el diseño legislativo y luego, por qué no, desde el control jurisdiccional de ese diseño legislativo.

A qué me refiero, pues, es más que de sentido común pensar y diseñar que estas mesas de votación están integradas por ciudadanos químicamente puros, que jamás han participado en una actividad partidaria, que los vamos a extraer, a identificar, a seleccionar y a nominar de algunos espacios institucionales, educativos, sociales, cívicos y que sí vamos a encontrar este tipo de personas químicamente puras. Si es así, entonces, habrá que tener la justificación necesaria, idónea, apropiada, para poder determinar que esas personas existen en un contexto determinado.

La segunda posibilidad es asumir que esas personas no existen y que, por lo tanto, sí es posible aceptar que tengan una afiliación partidaria. Ahora, habrá que examinar el concepto de afiliación partidaria, habría que examinar el concepto de vínculo material relevante de un ciudadano con un partido; si ese vínculo material supone que sea, o implica o significa que sea militante activo, habría que definir qué es un militante activo.



Si la afiliación política supone que aparezca en un padrón partidario y si es autorizado por la legislación y por el órgano de control constitucional, que por el solo hecho de que aparezca en el padrón de un partido, entonces no puede ser nominado ni nombrado integrante de una mesa, habría que considerar, y yo diría, que justificar el por qué vamos a tener que explicar las razones de esa decisión.

Así podríamos seguir graduando las posibilidades y restringiendo los derechos, unos en favor de otros, es decir, restringir el derecho de filiación o afiliación y de participación partidaria, a efecto de garantizar desde el derecho, desde la regla jurídica, la disposición legislativa, la posibilidad de ampliar el ámbito de la independencia del ciudadano que va a gestionar, a recibir y a contar los votos.

Hay muchas consideraciones que ya escapan a lo estrictamente jurídico, porque también la pregunta es si por ese solo hecho, un ciudadano que muestra una conducta absolutamente íntegra podría participar o se requieren otros elementos para que no se vulnere la independencia y la autonomía de su perfil deseado y su función en la mesa receptora de votos.

Es decir, no solamente es por la disposición que establezca la legislación que necesariamente va a ocurrir en la práctica, y, entonces, habría que ver qué tipo de garantías existen desde los representantes de los partidos o los delegados de los partidos en las mesas de votación, como la posibilidad de objetar la conducta y las acciones de los integrantes

de la mesa receptora de votos, que existe por lo general en estas legislaciones, para poder ir purificando, previendo y remediando las conductas que contaminen el acto supremo de sufragar, de votar.

Entonces, a mí me parece que lo que necesitamos, tanto del lado del diseño legislativo como del lado de la decisión judicial, es refinar la justificación, las razones por las cuales se toma una u otra decisión; examinando con lupa las exposiciones de motivos en las iniciativas de reforma legislativa, veremos que, con frecuencia, carecen de este grado de justificación debida para poder ofrecer las razones en favor de una opción o de otra, en términos específicos de la ponderación de los derechos que van a ser restringidos o preferidos para lograr un resultado.

Es decir, en qué medida restringimos el derecho a la afiliación y la participación política, para garantizar desde ahí la independencia del sujeto que va a recibir la votación, a contar los votos, o bien dejamos que sea el órgano de control constitucional, desde el ámbito judicial, como ha ocurrido en El Salvador, porque las palabras también van cambiando en su significado con el tiempo; el uso o el alcance del significado de una palabra, de algunas expresiones, pues, va cambiando.

Me pregunto si es suficiente que se establezca que la ley determinará los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio, y cuidará que estén integrados de modo, y aquí viene, me parece,



el enunciado clave, que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos.

Si la idea es que no predomine en los órganos electorales ningún partido o coalición de partidos, entonces, ahí hay un mensaje del legislador constitucional en el sentido de que los partidos, o los miembros de los partidos, pueden participar, pueden proponer, pueden integrar, estos órganos electorales.

Y también me pregunto, si 20 años después este enunciado sigue siendo suficiente para poder regular una realidad que ha evolucionado. Mi planteamiento es que para tomar una decisión desde el diseño legislativo, los partidos, la pluralidad del legislador, que está obligado también a cuidar las garantías para que el sufragio se proteja y sea íntegro, libre y auténtico, y la función jurisdiccional, el control de constitucionalidad pueda hacer su trabajo en su caso de una manera pulcra y no desproporcionada, si se requiere que primero el legislador y después, en este caso, la Sala de lo Constitucional realice una adecuada justificación de la decisión correspondiente.

Lo que yo encuentro, hasta donde he estudiado, analizado estos documentos, es que no me parece que se hayan ofrecido completas las razones para tomar la decisión de excluir a los ciudadanos que tienen una afiliación política de la integración de los órganos electorales temporales y me parece que sería conveniente hacer ese esfuerzo adicional. Ahí me detengo.


Hay dos temas en los que queremos profundizar; la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) es uno, porque tiene un impacto directo en la elección; y el otro es el uso de la tecnología.

¿Cómo pueden garantizar los partidos políticos la integridad de la elección? ¿Se va a requerir de vigilantes expertos en materia tecnológica si utilizamos mayores niveles de tecnificación?

Debo señalar otra gran preocupación, El Salvador está pasando por una crisis de carácter fiscal muy fuerte, y para nosotros en Fusades no es negociable lo que se gasta en las elecciones y en la tecnología, no podemos descartarlo argumentando que esta no es la prioridad, ciertamente lo es, y el Tribunal Supremo Electoral encontrará en Fusades apoyo dada la importancia de contar con un presupuesto adecuado para las próximas elecciones.

Juan Manuel Herrero- consultor internacional en temas electorales

Bueno, de entrada, yo creo que darle un valor a todas las etapas de un proceso electoral en términos de riesgo es un ejercicio muy importante ¿dónde están en todo el proceso los riesgos más grandes? Eso tendría que ser, en su momento, consecuencia de cómo se asignan los recursos para ese proceso.



Yo voy a hacer caso omiso de que las marcas y el voto cruzado tienen que ver con los resultados preliminares; las marcas y el voto cruzado tienen que ver con la certeza del proceso electoral, entonces, si yo tengo que jerarquizar ¿dónde están las cuestiones más importantes? ese es un tema de altísima jerarquía que se puede resolver a través de dos mecanismos: el mecanismo tradicional o el mecanismo de la tecnología.

El mecanismo tradicional, para que realmente funcione, es más, normalmente, y aquí volvemos otra vez al problema de recursos, las cosas se tienen que probar, o sea, esto hay que llevarlo ante los ciudadanos, hacer que los ciudadanos revisen boletas creadas para ver por dónde se inclinan, ver cómo hacen los conteos de votos cruzados, y se van a dar cuenta que están poniendo en riesgo la elección, que cuando esto lo hacen los ciudadanos y además resulta que la capacitación se da al final y a la carrera, bueno, la probabilidad de que ahí haya elementos para invalidar un proceso electoral es muy alta.

Entonces, todo este ejercicio, a lo largo del proceso, y esta es una parte del proceso, tiene que ver con darle un peso específico a cada una de las actividades en función del riesgo.

Bueno, voto cruzado, el problema de las marcas debe ser visto como un problema de certeza. ¿Tiene efecto sobre los resultados preliminares? sí, y es importante, pero primero es un problema de certeza. Entonces, si tengo que empezar a acomodar recursos,

pues los acomodo en donde tengo mayor riesgo, y ahí hay una fuente fundamental para la ubicación.

La otra, hagan las pruebas y verán que el porcentaje de errores es mucho mayor que el que estaban esperando, y cuál es la única manera de reducir el margen de error, que la gente esté muy bien capacitada, y para que esté muy bien capacitada hay una frase universal, “la práctica hace al maestro”.

O sea, quien vaya a llevar a cabo las tareas en el lugar donde se emite la votación tiene que ser alguien que esté perfectamente entrenado, que haya tenido la posibilidad de revisar actas de distinta naturaleza, que tome realmente decisiones ejecutivas, no por no tener la tecnología, la tecnología yo insisto en que tiene que estar, sino porque es natural que en alguna zona del país ese día no va a haber energía eléctrica o no sirvieron las baterías o ya le pisaron al cable, casualmente, a veces no casualmente, y que entonces tiene que tener el plan B, el famoso plan B, y el plan B es el tradicional, y si la gente no está bien capacitada, se va a tener un problema.

Bueno, ese digamos que es el núcleo del tema. El otro es que si yo tengo una lectora en estos lugares, pues, la reducción en los tiempos para que llegue la información al esquema de resultados preliminares le va a dar un bajón impresionante y, entonces, todo mundo va a estar más tranquilo cuando a ciertas horas de la noche ya haya un cierto volumen de información, suficiente como para que no se generen estas malas expectativas provocadas,



evidentemente, por la lucha de los partidos y acrecentadas porque eso vende por los medios de comunicación.


Tenemos un par de preguntas, así que lo que haría es leérselas y pedirles que las respondan.

Aquí se habla sobre el tema de la cuota del 30% para mujeres en las votaciones internas, ¿cómo se implementan estas cuotas?

¿De verdad hay que democratizar a los partidos políticos o más bien a veces funcionan mejor los mecanismos de selección a puertas cerradas?

Dejemos la pregunta. Más adelante la responde el doctor Herrero.

¿Cuál es el rol de la Corte Suprema de Justicia frente a actuaciones irresponsables, abusivas que puedan existir, realizadas por tribunales o salas?

¿Existe un mecanismo para aceptar donaciones económicas extranjeras o de familiares desde el exterior para gastos de campañas electorales?

En El Salvador aún el Tribunal Supremo Electoral no está vigilando las elecciones internas ¿es necesario que lo hagan?

¿Cómo se controlan a los hackers a la hora de las votaciones y sobre todo con riesgos tecnológicos? ¿Puede esto afectar la transparencia electoral?

Ciro Murayama – Instituto Nacional Electoral

En el caso mexicano está prohibida la aportación desde el extranjero a las campañas, esto está así estipulado desde 1996.

Ahora que los mexicanos en el exterior pueden votar, y de hecho ahora México está instrumentando entregar la credencial para votar sin costo para el elector en todo el mundo, a través de una red muy amplia de consulados, quizá es un tema a revisar, porque van a haber campañas fuera y esta disposición puede inhibir el voto informado.

Pero de momento, para las elecciones, y no todas las elecciones se puede votar desde el exterior, es solo para presidente, para el Senado y, dependiendo de las constituciones locales, para gobernadores.

Hay algún estado, como Chiapas, que tiene un diputado migrante, pero en general está prohibido que haya aportaciones, incluso de mexicanos que viven en el exterior.

Y sobre esto, voy a entrar un poco al tema de la democracia interna de los partidos. Creo que la democracia interna de los partidos es un fin en sí mismo, que no puede estar asociada a si eso vuelve más competitivos a los candidatos en las elecciones interpartidarias. Pero al mismo tiempo, yo soy de la opinión que un sistema de partidos permite al ciudadano tener un conjunto de opciones reales distintas entre las cuales optar, y que si bien debe haber ciertos principios democráticos que no pueden ser vulnerados por ningún partido, también debe preservarse el derecho a la libre



determinación y a la diferenciación en los procedimientos internos, es decir, un partido puede diferenciarse de otros con las normas internas, favoreciendo la participación de los militantes.

Y también creo que puede haber algún riesgo cuando la determinación de las candidaturas de los partidos o de las dirigencias se deja no solo en manos de los militantes, porque puede haber captura del partido por entes externos, y no necesariamente una elección donde participe más gente quiere decir que se vuelva la mejor decisión del partido; puede haber candidatos con mucho arrastre que lleguen y prácticamente se impongan al partido, contra la doctrina del partido y poniendo en riesgo no solo al partido, sino al proceso electoral en su conjunto.

Estamos viendo lo que ocurre en Estados Unidos, los republicanos de Harvard, por primera vez en más de un siglo, no han hecho un llamado a votar por su partido, porque creen que la candidatura compromete los principios democráticos del Partido Republicano.

Bueno, si hubieran sido las tesis de los militantes, si hubiésemos tenido un proceso más de reflexión, pues, quizá la candidatura habría sido otra; ahí también hay un problema de no regulación de los recursos, en fin. Entonces, yo diría, tampoco nos casemos con que un modelo de democracia interna es el más efectivo en todos los lugares. Y no hay en materia electoral una bala de plata, no existe algo que acabe con todos los males de la democracia.

Hay tres temas que llegaron para quedarse y que van a gravitar sobre la calidad de los partidos y sobre la calidad de los temas democráticos: tensión, dinero y política. La calidad de los partidos afecta la calidad del sistema democrático, y también es relevante la relación de los partidos con los medios de comunicación.

Cómo actúan los medios de comunicación tampoco es un asunto que quede resuelto de una vez y para siempre, y cada país debe ir construyendo sus salidas, sus estrategias para mejorar los desafíos que se presentan en estos tres puntos.

Juan Manuel Herrero- consultor internacional en temas electorales

Voy a tratar de interpretar una pregunta, la que hablaba de la importancia de la estadística, asumo que se está refiriendo a resultados preliminares.

Hice énfasis en algo que es muy importante, cuidar el acto de escrutinio y cómputo de la casilla es fundamental y no es un hecho de estadística; es un hecho de certeza, o sea, ayudar a que exista el menor número posible de errores en la contabilidad de los votos es fundamental, y no tiene que ver con la estadística.

El hacerlo al nivel de la casilla o del centro de votación, va a ayudar después a que los resultados lleguen más rápido adonde se concentren, pero no es un asunto de estadística; antes que nada es un asunto de certeza.



Y, por otro lado, no podemos negar que si al cierre de la noche, de la jornada electoral, no hay resultados, se hace un lío fundamental, y además que hay interés, interés de las fuerzas políticas, interés de algunos medios de comunicación de meter ruido, interés de algunos candidatos de darse por ganadores; nosotros cada proceso electoral nos encontramos casi siempre cuando menos dos ganadores al final del día y eso genera también mucha turbulencia.

Es fundamental atenderlo, pero sobre todo yo le daría mucho más peso a la certeza del acto en la casilla para evitar errores y para evitar después impugnaciones y anulación de elecciones en alguna zona.

¿Cómo se controla a los hackers y que si puede afectar la transparencia electoral? empezaría por decir que en toda mi participación he hablado de dos vías, la vía tradicional y la vía del uso de tecnología. No se cancelan, se complementan.

Nunca es bueno tener una sola salida y menos en un proceso electoral, en una jornada electoral, adónde voy ¿es posible que haya hackers? Sí, sí es posible que haya hackers y puede uno poner todas los firewalls y todo lo que uno quiera, la probabilidad de que haya un hackeo existe, no se vale decir mentiras.

Y qué pasa si hay un hackeo, pues, tiene que seguir el método tradicional. ¿Puede afectar la transparencia? No, si existe el método tradicional, si existe la alternativa.

Flavia Freidenberg – Universidad Autónoma de México

Qué interesante. Quiero articular mis tres minutos en dos temas. Voy a empezar por el tema que estábamos hablando, de si es necesario democratizar a los partidos o son mejores los mecanismos a puerta cerrada.

Tengo varias reflexiones, la primera es que evidentemente, como señalaba el consejero Ciro, esto es un principio, es decir, es un principio en sí mismo que los partidos tienen que ser internamente democráticos y que, como fin en sí mismo, si queremos democratizar la democracia, necesitamos instituciones acordes a estas democracias.

Yo coincido también con el consejero Ciro que tenemos que intentar preservar la autonomía de los partidos en el sentido de no hacer fotocopias, que todos los partidos sean iguales en función de lo que dice el diseño institucional.

Pero como me enseñó el magistrado Pinilla, de Panamá, cuando era defensora acérrima de la autonomía de los partidos políticos y estaba en contra de todas las acciones que se hacían en América Latina para limitar la autonomía de los partidos, claramente en ese momento era el caso mexicano y mis discusiones con el doctor Orozco sobre por qué el Tribunal se metía tanto en la vida interna de los partidos, el magistrado Pinilla, en un foro de la democracia, me dijo, “querida Flavia, respeto muchísimo su posición, pero usted sabe que a los partidos políticos, en



este caso panameños y en muchos partidos latinoamericanos, nosotros les damos dinero público, como les damos dinero público y les gusta el dinero que nosotros les damos, nosotros podemos exigirles que sean internamente democráticos”.

Repito, yo coincido con el consejero Ciro que es cierto que hay que preservar la autonomía de los partidos, que cada partido tiene una cultura política, una subcultura política, una manera de hacer política, y que los ciudadanos son plurales y que los partidos tienen que ser plurales; pero la cuestión es que en 40 años de democratización, a los partidos no les ha importado respetar ese pluralismo que luego aducen a la hora de hacer política.

Por tanto, creo que hay una tensión, como tantas tensiones, como la tensión entre dinero y política y demás; aquí está la tensión entre en qué medida el Estado tiene que incidir en la vida interna de los partidos y en qué medida los partidos tienen que acatar las normas de la democracia, y creo que en esa tensión tenemos que manejarlas.

Efectivamente, yo les llamaba la atención de cuidado que determinadas reformas no garantizan el éxito electoral; es porque la democracia interna tiene mala prensa al interior de los partidos, porque a partir de los esfuerzos que se han hecho por impulsar las reformas, los partidos han acatado reformas que los han destrozado internamente, porque los han enfrentado entre sí, porque los han hecho menos competitivos de lo que serían a través de otras decisiones. Efectivamente,

los republicanos, si pierden las elecciones, le van a echar la culpa al resultado de su convención, pero llegaron a esa convención de una manera democrática, según sus reglas, lo que pasa es que el candidato resultante no les gusta a todos.

Si llegan a ganar, los republicanos se van a cuadrar, si llegan a perder, le van a echar la culpa al candidato, pero el proceso por el cual llegaron a esa decisión es un proceso competitivo y democrático según sus reglas. No le puedo dedicar más tiempo a este punto, me voy al siguiente.

Hay dos países que dicen que la cuota se aplica en el proceso de selección de candidaturas y no en la elección general, ellos son Paraguay y Panamá.

En Panamá aprobaron primarias en la anterior reforma electoral, bueno, las aplicaron en diferentes momentos, pero el último modelo es el de la última reforma. Hay una propuesta de reforma electoral para que la primaria, como se hace en los partidos panameños, que es obligatoria para todos, no es simultánea, incluya la vinculación con, en este caso, no la cuota, sino la paridad.

Entonces, se está haciendo una propuesta para que se pongan dos papeletas, una de hombres y otra de mujeres, y entonces, en la precampaña, cada militante vote por un hombre y por una mujer, para que a partir de los más votados, aparezca una sola lista cremallera, uno de un género, otro de un género y así sucesivamente.



Si Panamá llegara a aprobar esto, cosa que lo veo bastante difícil; mi experiencia la semana pasada fue bastante triste, no hay nadie que quiera la paridad en las candidaturas, pero si por alguna cuestión esto pasara, Panamá estaría innovando, buscando conciliar dos dilemas de la democracia, la manera en que seleccionan candidatas y candidatos, y la conformación de las candidaturas, en este caso paritarias.

Ningún país de América Latina, hasta el momento, según tengo entendido, ha podido combinar cuota con proceso de selección de candidatos, o primaron proceso de selección de candidatos o primaron cuota en la elección general. En el caso de Panamá, si llegara a conseguir aprobar esta reforma, por primera vez se estaría generando un modelo para que en las primarias se eligieran los candidatos de manera competitiva, listos para conformar las listas en este caso paritarias. Creo que con estas dos respuestas, contesto.

Raúl Ávila- consultor en temas de reforma electoral y partidos políticos

De manera muy breve, la tendencia a la judicialización de los procesos electorales y de que, desde el punto de vista de los modelos de justicia electoral, tengamos dos organismos electorales, uno que organice las elecciones y otro que resuelva los conflictos o atienda el contencioso-electoral, es un hecho en América Latina; no hay ningún caso en que después de tener dos organismos electorales se hayan reunificado y exista uno solo.

Y luego existen otros datos que permiten evaluar o juzgar en el sentido de que no basta solamente, que haya una definición, digamos, formal institucional para resolver este dilema de uno, dos o más instituciones u organismos electorales, porque me permito recordar que con un solo organismo electoral, la Corte Electoral del Uruguay, este país con ciertas características histórico-sociales y contextuales, es la democracia de mayor calidad de América Latina, en tanto que podemos tener tres organismos electorales incluso, o hasta cuatro, y no por esa razón se tiene la mejor o la mayor calidad de la democracia, lo que confirma la tesis de que depende del contexto y depende de la solución, la tradición institucional-jurídica de cada país.

Simplemente en América Central, en donde los seis países tienen Tribunales Supremos Electorales, una sola autoridad electoral que organiza y juzga, y que desde luego, el sistema prevé los medios de impugnación, que es lo que se preguntaba en primera instancia. En segunda instancia, incluso la posibilidad en los seis países de América Central, de que una Sala de lo Constitucional o una Corte de Constitucionalidad revise la actuación de los Tribunales Supremos Electorales, cuando estos violen presuntamente derechos fundamentales e intervengan en el proceso electoral, representa un modelo que ha funcionado razonablemente bien.

El dilema que está siendo analizado también de manera muy pertinente por la teoría constitucional, la doctrina, el



análisis académico, es que recarguemos la responsabilidad en las Cortes Constitucionales y en la solución jurisdiccional de última instancia; y la otra parte del dilema es el de la partidocracia, como suele ser referida, las fuerzas políticas, los partidos políticos, coagulen el proceso democrático y no permitan o no logren pasar las reformas en el Congreso, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para atender los dos lados de este dilema.

Y esa es mi tesis, el garantismo no es solamente judicial, sino es una corresponsabilidad política, social y ciudadana, o sea, tiene que ver con el diseño legislativo, la ejecución administrativa y de los órganos autónomos y también, en última instancia, el Poder Judicial y las instancias de control. Pero creo que es equivocado, como lo hemos

reiterado o advertido en varias de nuestras intervenciones, el que recarguemos esta responsabilidad en una Corte Constitucional o en una Sala Constitucional, porque también podemos incurrir en el otro extremo, sobrejudicializar los procesos electorales y, ante la falta de reglas en algunos casos, afectar el propio proceso electoral.

Debo recordar que, justamente en El Salvador, la Sala de lo Constitucional alteró las reglas sustanciales del proceso electoral poco tiempo antes del día de la jornada, entonces, ese es un ejemplo, claro que no es el único en América Latina, en que una intervención, una sobrejudicialización o una decisión de un órgano de control constitucional de última instancia puede afectar también el adecuado desarrollo del proceso electoral.



Luis Mario Rodríguez-FUSADES

Las elecciones de marzo de 2015 marcaron un antes y un después en términos de la organización electoral. Actividades que desde la firma de los acuerdos de paz habían sido ejecutadas sin ningún problema, resultaron ser el talón de Aquiles del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No puede obviarse que las reformas electorales que acompañaban a las elecciones de 2015 significaban una mayor responsabilidad para la autoridad electoral; sin embargo, las decisiones administrativas y legislativas tomadas aumentaron la complejidad para el desarrollo del proceso

electoral. Las debilidades evidenciadas en los comicios de 2015 deberán ser corregidas de cara al proceso electoral de 2018, a fin de asegurar el absoluto respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas.

El recuento de los sucesos de las elecciones de 2015 implica un desarrollo de los aspectos positivos y negativos. Pareciera que la magnitud de los fracasos registrados en la organización del proceso electoral abarca todo el balance del evento; no obstante, se reconocen avances significativos en términos de libertad e involucramiento de los electores.

Panel dos: “Desafíos para las elecciones legislativas y municipales de 2018”

Panelistas: Miguel Ángel Cardoza, Roberto Rivera Ocampo, Jorge Villacorta y Álvaro Artiga

Moderador: Luis Mario Rodríguez, FUSADES



La elección de diputados y concejos municipales de 2015 introdujo dos cambios fundamentales para el sistema electoral. Respecto del primero, gracias a una sentencia de la Sala de lo Constitucional1 (SNC), se amplió la libertad del elector al poder elegir candidatos entre los diferentes partidos políticos que compiten en cada circunscripción. Esta reforma, popularmente conocida como “voto cruzado”2 permitió escoger candidatos de diferentes partidos políticos, dándole el poder de elegir al ciudadano. La segunda reforma dio paso a la integración pluripartidista de los concejos municipales. Se abandonó el monopolio partidario y se inició la representación proporcional a nivel de los gobiernos locales. Esta nueva conformación privilegia la transparencia, fortalece el papel de la oposición y podría ser un catalizador de una mayor participación ciudadana.

También debe señalarse que el Tribunal Supremo Electoral logró superar una elección compleja, en donde a pesar de los problemas enfrentados, en actividades claves como el procesamiento y transmisión de resultados preliminares, no se llegó a una crisis de gobernabilidad que impidiera la elección y el reconocimiento de los diputados y alcaldes electos. Todos asumieron sus cargos. Las situaciones adversas, como el corto tiempo con el que se conoció el fallo de la SCN que dio paso al sistema de listas abiertas y la falta de consensos al interior del organismo colegiado, finalmente fueron solventadas. Sin embargo, hubo serias dificultades

1 Sentencia de inconstitucionalidad 48-2014 del 5 de noviembre de 2014.

2 El término académico es voto combinado.

administrativas que deben superarse antes de las elecciones de 2018.

Los problemas enfrentados en las elecciones de 2015 se analizaron de acuerdo con la etapa en la que ocurrieron. La mayoría de estos se concentraron en la etapa pre y post electoral. Durante la fase electoral si bien se registraron algunos incidentes en relación con la apertura tardía de los centros de votación y la reducción del tiempo efectivo para emitir el sufragio, su impacto no fue relevante para el desarrollo de todo el proceso.

De acuerdo con los artículos 42, 63 y 274 del Código Electoral (CE) el TSE tiene la facultad de elaborar el presupuesto especial para las elecciones y el Ministerio de Hacienda, sin modificaciones, hará los trámites necesarios para la aprobación de este instrumento en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Para los comicios de 2015 el Tribunal había solicitado un presupuesto de $36 millones; después de un recorte arbitrario de los fondos, la Asamblea Legislativa solo aprobó $25.6 millones, que representó una disminución de $10.4 millones afectando directamente la calidad de las elecciones. El desenlace de 2015 debe permitir un debate técnico sobre la importancia que la autoridad electoral cuente con un presupuesto acorde con las demandas del proceso electoral y a las reformas que han debido aprobarse en cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Otro factor que afecta negativamente la administración del proceso electoral es la aprobación tardía del presupuesto. Para el evento de 2015, los fondos fueron aprobados



con ocho meses de retraso. De acuerdo con lo programado, el Plan General de Elecciones inició su ejecución en febrero de 2014, el presupuesto se aprobó hasta septiembre de ese año, a cinco meses de celebrar los comicios. La demora de la disponibilidad de fondos, arriesga la calidad de la democracia y no contribuye a enrumbar de forma positiva la aplicación de las reformas. Además, no contar con los recursos a tiempo propicia el uso de instrumentos de contratación poco transparentes por la premura del tiempo.

Los instructivos para las Juntas Receptoras de Votos (JRV) cumplen el propósito de informar y educar a los miembros que las integran sobre el debido proceso al momento de efectuar el conteo de los votos y marcas y el levantamiento de las actas que contienen los resultados. Una capacitación oportuna y adecuada asegura no tener retrasos al momento que los delegados procesan la información de la urna correspondiente. Para las elecciones de 2015, los instructivos que orientarían a los miembros de las JRV fueron aprobados a solo cinco semanas de celebrarse los comicios. En ese período tan corto de tiempo debían capacitarse a 1,025 facilitadores y 102,184 miembros de las 10,621 JRV. La necesidad de contar con un recurso humano bien educado, resultaba evidente ante los cambios introducidos en la elección de diputados. La falta de capacitación fue uno de los factores que derivó en que los resultados electorales no se tuvieran con prontitud; por tanto, es necesario que se invierta el tiempo y los recursos necesarios en la capacitación de las JRV y el resto de organismos electorales temporales.

La campaña de educación cívica realizada por el TSE inició tardíamente. De acuerdo con la publicidad registrada en medios de comunicación y el sitio oficial de Facebook de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica del TSE, la campaña masiva para que la ciudadanía pudiera conocer las distintas formas de votar comenzó el 19 de enero de 2015, a seis semanas que los electores acudieran a las urnas. En esta ocasión el Tribunal no solicitó el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como sucedió en 2012, en donde se masificó la difusión del mensaje con el fin de educar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre las opciones para ejercer el sufragio. En las elecciones de 2015, la educación cívica era un componente vital para asegurar que la población conociera los cambios aprobados en las alternativas de votación para la elección de diputados. Ante la débil labor del TSE en esta área, algunas organizaciones de la sociedad civil debieron asumir como propia la labor de educar a los ciudadanos. Asimismo, el material gráfico utilizado por la autoridad electoral carecía de las causales de nulidad respecto al uso del voto cruzado. Si bien no aumentó significativamente el número de votos nulos, una adecuada orientación ciudadana podría haber incrementado el conocimiento de la población acerca de los efectos del voto cruzado.

Relacionado a la labor de comunicar las nuevas formas válidas de votar en las elecciones legislativas, también debe señalarse el hecho que el TSE no publicó el acuerdo de voto cruzado, ni en su página web ni a través de los medios de comunicación.



Tres fueron los mayores elementos logísticos que presentaron fallas en la gobernanza electoral: 1) el sistema de transmisión de resultados preliminares, 2) el envío de paquetes electorales y 3) los simulacros electorales.

El TSE anunció públicamente que asumirían directamente la labor de transmitir los datos del escrutinio preliminar el día de las elecciones. La autoridad electoral expresó que la organización de los comicios de 2012 y 2014 le permitió adquirir experiencia y conocimiento para poder realizar dicha tarea sin contar con el apoyo de una empresa especializada. Ante la falta de acuerdos al interior del organismo colegiado, los servicios de transmisión y procesamiento de resultados preliminares fueron asignados a diferentes empresas -se habló de la contratación de más de 20 empresas- que además no tenían experiencia en el área electoral. La justificación ante esta situación fue la de generar ahorros y adquirir experiencia. Sin embargo, el desenlace de esta decisión fue perjudicial para el evento electoral y concluyó con la falta de transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares.

En otro orden, acorde con el artículo 187 del CE los paquetes electorales deben ser entregados a más tardar cinco días antes de las elecciones a las Juntas Electorales Departamentales (JED) y estas, a su vez, a las Juntas Electorales Municipales (JEM) a más tardar tres días antes de dichas elecciones. De acuerdo con la información publicada a través de medios escritos, en varios centros de votación los paquetes electorales no fueron entregados de acuerdo con lo programado.

La fecha límite para terminar de repartirlos a la JEM era el miércoles 25 de febrero; sin embargo, se conoció que, en algunos casos, en ciertos centros de votación recibieron el material electoral un día antes.

Respecto a los dos simulacros realizados para la transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares, en ambos se reportaron fallos que no lograron ser corregidos previo a las elecciones. En el primero se registraron graves problemas de conectividad y logísticos y serias deficiencias en el procesamiento y transmisión de resultados. Para el segundo simulacro persistieron los problemas informáticos y de logística, especialmente relacionados con el procesamiento de las actas de resultados y la tardanza en la distribución del equipo y del material electoral. Las deficiencias, a pesar que fueron claramente identificadas, no fueron solventadas a tiempo y derivaron en un caos generalizado durante la etapa postelectoral.

La sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 estableció que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la fuente u origen de los fondos de los partidos políticos. El fallo de la Sala de lo Constitucional estableció una serie de parámetros para regular el financiamiento político que debieron ser tomados en cuenta al momento de emitir la nueva normativa. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma en esta materia, que fue declarada inconstitucional y para las elecciones de 2015, a pesar que no se procedió a realizar las modificaciones respectivas, esta ya era ley de la República. El TSE no inició ninguna investigación por el uso indebido de los



fondos, ya sea de oficio o motivada por terceros. El uso indebido de los recursos del Estado o de “patrocinios” de agencias públicas extranjeras genera inequidades en la contienda electoral. En este mismo sentido, el Tribunal tampoco divulgó ningún tipo de directriz que forzara a los partidos políticos a hacer del conocimiento público el nombre y monto recibido de donantes privados para la campaña electoral.

El padrón electoral es el instrumento que habilita a los ciudadanos a ejercer el sufragio y garantiza la igualdad del mismo. Por tanto, un padrón que no esté depurado facilita la duplicidad del voto. Para el caso de El Salvador, las Misiones de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para las elecciones presidenciales de 2009 y 2014 y las elecciones legislativas y municipales de 2015, han sugerido la necesidad de depurar el padrón electoral. La evidencia más clara de la necesidad de depuración la constituye la brecha que existe entre la población en edad de votar y el número de votantes registrados y que se ha vuelto una constante, elección tras elección. Un padrón limpio no debe incluir a todos aquellos ciudadanos que temporal o permanentemente no están en la capacidad de ejercer el sufragio. Es inaceptable afrontar otros comicios con un padrón electoral plagado de inconsistencias. La articulación de instituciones es clave al momento de limpiar el padrón. De forma complementaria debería trabajarse en un estudio demográfico sobre el comportamiento poblacional.

Se observó desorden y desconocimiento generalizado de parte de los miembros de las JRV sobre la manera correcta de realizar el conteo, dejando en evidencia la inexistente o deficiente capacitación que recibieron estos delegados. La extenuante y prolongada jornada de trabajo, que en algunos casos obligó a los miembros de las JRV a trabajar por más de 24 horas seguidas, dio lugar a imprecisiones.

El llenado de las actas de resultados resultó en un cúmulo de equivocaciones y anomalías, que de cierta forma permiten señalamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales. Entre los errores identificados se encontraron: actas con votos faltantes, con incongruencias aritméticas, con una cantidad de votos superior al máximo establecido para cada JRV, en blanco, sin firmas de los delegados, sin registro de preferencias para diputados, entre otros. De acuerdo con noticias periodísticas, la mayor cantidad de incoherencias se registraron en la circunscripción de San Salvador. Las actas mal completadas no solo evidenciaban la falta de capacitación sino que también dejaron en duda la validez de la distribución de los cargos en disputa.

La subcontratación de más de 20 empresas, sin experiencia en el tema electoral, para proveer bienes y servicios para el programa de transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares resultó en la imposibilidad que los electores conocieran el mismo día de las votaciones, como había sido costumbre, los resultados



obtenidos por cada partido político. Se registró incompatibilidad entre los servicios informáticos de los proveedores contratados. La falta de divulgación de la información también llevó a una incertidumbre política sobre la distribución del poder político.

La instalación del escrutinio final no se escapó de los problemas logísticos e informáticos que caracterizaron al escrutinio preliminar, lo que generó una demora en el inicio del mismo. Después de 22 días de finalizadas las elecciones se completó el escrutinio final y durante el desarrollo de este se registraron dos eventos que merecen especial atención: 1) una “distribución de votos” en las mesas de trabajo pactada entre algunos partidos; y 2) la solicitud de abrir las urnas ante las inconsistencias detectadas. Las denuncias por una supuesta “distribución de votos” consistían en un reparto proporcional de los votos con base en la tendencia registrada por cada partido político; el aval de esta práctica fue negado por el TSE. Los graves errores consignados en las actas de resultados llevaron a que organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos exigieran la apertura de las cajas de votos con el fin de respetar la voluntad del elector manifestada en las urnas. Ante las anomalías detectadas durante el escrutinio final, el organismo colegiado no tuvo una posición unificada que permitiera solventar las dudas y así transparentar el proceso.

El CE, en el artículo 215 establece que los votos impugnados podrán ser revisados si el número de estos puede cambiar el resultado de una elección. En ningún apartado del CE,

de forma expresa, se considera la revisión de las urnas producto de inconsistencias en el llenado de actas. Al momento de redacción del CE vigente, el sistema de votación no incluía el “voto cruzado” y, por tanto, la consideración de actas con anomalías parecía inverosímil. Este vacío legal exhortó la presentación de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que derivó en el recuento de votos correspondiente a la elección de diputados de la Asamblea Legislativa del departamento de San Salvador. Ante el incumplimiento del TSE del plazo otorgado por la SCN para el cumplimento de la medida, se suspendió la toma de posesión de los diputados electos por esa circunscripción, lo cual generó diversas reacciones de parte de los implicados y otros actores políticos. El recuento finalizó con la recuperación de 20,991 votos, y aunque no afectó la asignación de escaños original, demuestra el riesgo de un sistema ineficaz para la realización del escrutinio, el conteo de votos y marcas y el llenado de actas.

Este suceso resalta la necesidad de dotar al TSE de la facultad legal para revisar las actas de resultados en caso de detectarse inconsistencias, sobre todo a partir de la implementación del sistema de listas abiertas y el “voto cruzado”.

Los inconvenientes desarrollados representan una hoja de ruta para que el TSE, en coordinación con las instituciones respectivas, inicie cuanto antes una agenda de trabajo para dar respuesta a todos los problemas presentados. El éxito de las elecciones no solo pasa por tener un evento electoral sin ningún



error, sino que radica en que los resultados electorales sean incuestionables y que gocen de toda legitimidad. Si bien algunos pasos ya se han dado, es importante acelerar la marcha y no desistir de la necesidad de una reforma electoral integral consensuada por todas las fuerzas políticas.

El uso de tecnología para el conteo de votos y marcas, para el llenado de actas y para la transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares y para el escrutinio final es fundamental. También lo será el nombramiento, con suficiente anticipación de los miembros de los Organismos Electorales Temporales, quienes entre otras responsabilidades, deben proceder a realizar el conteo señalado y la consignación de los resultados en las respectivas actas. Sobre este aspecto debe discutirse si únicamente se señalan inhabilidades para ciertas personas propuestas por los partidos para integrar esos organismos, como ser candidato, miembro de un organismo de dirección u ocupar un cargo de elección popular o si se inhabilita a toda persona, únicamente por ser militante del partido.

Los partidos también deben enfrentar el reto de elegir a los candidatos a diputados y alcaldes a través de procesos de elección interna con los requisitos que estableció la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que desarrolló la Ley de Partidos, entre los que destaca que el voto de los militantes debe ser libre, directo y secreto.

Quiero resumir algunos de los aspectos que ya Claudia Umaña señaló de manera muy concreta que se presentaron en 2015,

porque nos pueden servir de base para las intervenciones de los miembros de este panel.

Debemos señalar que los comicios de 2015 no presentaron únicamente obstáculos o inconvenientes; hubo elecciones, se nombraron diputados y alcaldes por voto popular; el Tribunal Supremo Electoral, con todo y los problemas administrativos y de consenso interno, logró administrar una elección, como bien lo dijo el presidente del Tribunal durante reiteradas ocasiones, muy compleja.

Tuvimos, por primera ocasión, la oportunidad de elegir candidatos de diferentes listas debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que cambió, entre la elección de 2012 y la de 2015, de listas cerradas no bloqueadas a listas abiertas y también tuvimos la oportunidad, por primera ocasión, de integrar a los concejos municipales de manera plural. Nos habíamos quedado a la zaga en América Latina, de tal forma que en los concejos municipales, el que ganaba se lo llevaba todo; ahora hay representación de la oposición política, aunque tenemos una cláusula de gobernabilidad donde quien gana tiene la mayoría de concejales.

No obstante esa visión positiva, hubo algunos aspectos que pongo sobre la mesa para que nuestros panelistas se refieran a cómo podemos mejorar en el 2018 este tipo de aspectos.

Hay que mencionar en primer lugar, y Claudia lo señaló de manera muy clara, el retraso en la aprobación del presupuesto que solicitó



el Tribunal Supremo Electoral, lo cual, por supuesto, retrasa a su vez la adquisición de bienes y servicios que necesitan para la organización de los comicios. También afectó la reducción en casi 10 millones de dólares de lo requerido por el Tribunal respecto de lo aprobado por el Ministerio de Hacienda, cuando la ley es clara al señalar que el Ministerio de Hacienda únicamente debe aprobar lo que el Tribunal Supremo Electoral le solicite.

En la etapa preelectoral la capacitación de los miembros de las mesas, de las juntas receptoras de votos, se dio con muy poca anticipación al evento electoral, con apenas cinco semanas, no obstante el enorme reto que tenían los miembros de las juntas receptoras, al ser la primera ocasión en la que tendríamos que enfrentar las listas abiertas.

La campaña de educación cívica, de igual forma, se dio con poca anticipación al evento electoral, inició el 19 de enero de 2015, cuando probablemente debió comenzar unos meses antes, sobre todo para que los electores conociéramos las nuevas formas de votar y también pudiésemos ser conscientes de cuál era el impacto que podía tener en el orden de las candidaturas propuestas por los partidos, el voto cruzado.

De igual manera, la campaña de educación cívica para cambiar de domicilio y aprovecharnos del voto residencial en el 100% del territorio nacional y la campaña para que los jóvenes obtuvieran su documento único de identidad y pudieran sufragar, fue muy pobre.

En cuanto a la transmisión y procesamiento de resultados, sabemos que en el caso de las elecciones de 2012 y 2014, fue todo un éxito, porque se contrató una empresa con reconocida experiencia y los ciudadanos a las seis de la tarde, del día de la elección, en ambos procesos, pudimos acompañar en línea al Tribunal Supremo Electoral para conocer cómo evolucionaban los datos. En 2015 se prescindió, por diversas circunstancias, de la contratación de una empresa con reconocido prestigio nacional o internacional, y sobre todo experiencia, y se contrataron, según los medios de comunicación, aproximadamente 20 empresas que, por supuesto, auguraban que hubiese un fallo, como de hecho lo hubo, y, por tanto, no conocimos los resultados preliminares la misma noche del evento electoral, no obstante haber sido así desde el Acuerdo de Paz.

Por otra parte, los paquetes electorales, que la ley electoral menciona que debían entregarse cinco días antes a las juntas electorales departamentales y por lo menos tres días antes a las juntas electorales municipales, en algunos municipios o en algunas juntas receptoras se entregaron apenas un día antes y en otras incluso hasta el mismo día.

En materia de financiamiento político se hizo muy poco para fiscalizar el financiamiento recibido por los partidos y que también siempre hubo una discusión sobre el tema del padrón electoral, tema que todavía está sobre la mesa, porque creemos que puede enfrentar, por lo menos un debate o un problema, en el sentido que no hemos depurado un padrón que podría presentar algún problema y hubo



acusaciones en su momento de personas no habilitadas para votar que votaron.

En cuanto al conteo, la capacitación y justamente la falta de uso de tecnología complicó el escrutinio preliminar y el definitivo. Y termino con el tema del recuento, porque no había en la legislación electoral una disposición que regulara el recuento cuando se presentaran inconsistencias en las actas; nuestra legislación electoral únicamente permite la apertura de las urnas y el recuento cuando los votos nulos son tales que pueden llegar a cambiar el resultado de la elección en determinada circunscripción electoral.

Hay ahí, entonces, retos que yo pongo sobre la mesa y que, bueno, tienen toda la libertad los panelistas de referirse a ellos, sumar otros o simplemente hablar sobre los desafíos que tenemos para la elección de 2018. Así que iniciaríamos con el doctor Álvaro Artiga.

Álvaro Artiga – Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Creo que vale la pena considerar un poco en perspectiva hacia dónde pareciera estar encaminándose el sistema político salvadoreño, en el que juegan un papel importante el sistema electoral y el sistema de partidos.

Yo creo que la reflexión sobre los desafíos de las elecciones de 2018 y 2019 debe ponerse en esa perspectiva, porque una tendencia posible es que el sistema está caminando en todos sus elementos en una dirección negativa respecto del funcionamiento de la democracia, por mecanismos o dinámicas de

erosión de confianza, de credibilidad en el proceso, pero también en los funcionarios.

Todo el tema actual sobre transparencia y corrupción está afectando al sistema político, está afectando a los partidos políticos y la gran pregunta en este momento es ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ir a votar en 2018?; a lo mejor muchos, porque estamos aquí, somos ciudadanos informados, interesados en esto, pero cuánta de la población que no está aquí, que está percibiendo que los que llegan ahí, lo voy a decir así, con todas las disculpas del caso, pero es la percepción de la gente, uno platica con la gente y lo que le dicen es que ahí solo llegan a robar.

Y como salió el juego de que un partido de los importantes acusaba al otro y resultaron entonces que los dos tenían los mismos comportamientos, o eran funcionarios con comportamientos sospechosos de ser ilícitos, ilegales, entonces, la percepción puede ser que esto está caminando hacia una crisis del sistema de partidos, con todo lo que eso puede implicar. Esa es una corriente que está ahí.

De hecho, hay gente que está preparándose para cuando venga esa crisis, como para ponerse aquí están los salvadores, y hay otros que están empujando justamente porque este sistema de partidos no da espacio y han encontrado la oportunidad en el discurso anticorrupción, para emerger, movilizando el descontento ciudadano y especialmente la desafección hacia el sistema político y hacia la política que tienen los jóvenes, entonces, hay un liderazgo juvenil que está tratando de



esperar la oportunidad para aparecer como la alternativa a un sistema que es percibido como nefasto.

En ese mar, digamos, están estos esfuerzos como en los que estamos ahora, tratando de ir en la dirección contraria, de ver cómo se mejoran los procesos electorales para que quienes salen electos, cuenten con una alta legitimidad, una legitimidad de origen que contrarreste el déficit de legitimidad por resultados que vienen del lado de quienes actualmente están gobernando.

Y en esa tendencia a evitar escenarios peores están todas estas discusiones que a mí me parecen importantes, sobre el financiamiento, elecciones internas, el voto electrónico, transparencia en el financiamiento de los partidos.

Pero me parece que, y con esto termino, es crucial también retomar que la legislación electoral en 2015 permitió que la población, los ciudadanos votaran de manera cruzada. La Sala habló de la plena capacidad de opción, que solo la ejerció el seis por ciento en promedio, y con el seis por ciento en promedio tuvimos todos los problemas que tuvimos.

Entonces, ahí hay un desafío principal que conecta la legitimidad de origen con la legitimidad por resultados, cómo incrementamos el uso de esa capacidad de opción que la legislación nos permite, cómo hacemos para que por lo menos, digamos, el 30% de los salvadoreños vote de manera informada y saque de la Asamblea Legislativa

a todos aquellos diputados que no deben de estar ahí.

Para mí ese es el desafío, es decir, ya no podemos solo pensar en el procedimiento, en la limpieza del procedimiento, en la transparencia, porque de qué nos sirve tener un proceso limpio para legitimar a esos que están haciendo pedazos al país, o sea, yo creo que de lo que se trata es que a través de un proceso limpio generar una legitimidad amplia para nuevos diputados y nuevos concejos municipales.

Y que ese debe ser como el desafío, cómo limpiamos al país de todos estos que nos están arruinando a todos los demás y que están haciendo que día a día mucha gente se vaya del país con los niños, pasando por México, arriesgando todo. Es que no podemos desligar los procesos electorales de los problemas sociales que estamos enfrentando y que terminan desafiando a los mismos procesos electorales.

Jorge Villacorta-Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria

Bueno, con lo que ha dicho aquí el colega, pone en perspectiva otra cosa. Miguel, en su presentación, decía que tenemos ahora una nueva situación, es otro Tribunal, es otro sistema, y es cierto, ha sido a través de lo que la Corte hizo, por demanda de los ciudadanos, no porque se lo haya inventado la Corte o porque esté al servicio de la oligarquía, es absurdo eso, simplemente responde a demanda ciudadana.



Y frente a lo que plantea la Corte por una demanda ciudadana, que más bien considera, en la ruta de tu pensamiento, que hay que normar, que hay que obligar a que la Asamblea norme, pero ¿hasta dónde? el punto no está ahí, sino cómo hacemos para que los partidos políticos, a los que con los Acuerdos de Paz les dimos el artículo 85 y por consiguiente les dimos el monopolio de la acción política, que tuvo como resultado lo que llamamos partidocracia, en lugar de estar con una serie de complejidades como esto del voto cruzado, a todo lo que nos ha llevado, hasta qué punto estaba en que si le diste ese beneficio a los partidos políticos, el error fue no haber construido paralelamente una Ley de Partidos Políticos que regulara ese tremendo poder que le diste a los partidos.

Como no lo hicimos, entonces, caímos en que es la dirección, las cúpulas de los partidos y no los partidos políticos los que han llegado a estos vicios y a este rechazo que la población ha ido permanentemente demandando y ha concluido en estas reformas, que se ve obligadas a hacer la Asamblea, parcialmente, porque no cumplen completamente lo que la Sala Constitucional planteó.

Entonces, muchas de las cosas que hemos complejizado es porque no hicimos la tarea correcta. Financiamiento de los partidos políticos, eso debió haber estado desde el instante en que hicimos y le dimos ese poder a los partidos; como no lo hicimos y ahora hasta con presión y obligados, los partidos toman decisiones. Si la Corte no hubiera dicho esto, nunca hubieran cambiado una letra los partidos políticos, porque a las cúpulas no les interesa.

Entonces, a estas alturas, a una serie de complejidades que ya tenemos, hay que aumentarle lo que tú decías, la conducta de los partidos políticos en el ejercicio de la administración pública, esto ha llevado ahora a una situación en que buena parte de la población cae en esta impresión de decir, “bueno, el llegar a cargo público es simplemente para componerse y aquí se trata de que se componen todos, hoy me toca a mí, mañana te toca a vos y por consiguiente, para qué voy a ir a votar”. Entonces, el problema grave que tenemos ahora, tú tienes toda la razón, es ¿cómo hacemos para entusiasmar a los ciudadanos en esta situación de crisis?

Respecto a los desafíos que tenemos, el Instituto Holandés participó en una excelente actividad que hizo el Tribunal, de hacer una evaluación detallada de lo que sucedió en la última elección y se hizo todo un estudio de dos días con una amplia participación ciudadana y hay un documento que me parece que no se le está dando el uso adecuado, la valoración adecuada, porque los desafíos y qué hacer, perdóneme, ahí está en ese documento.

Y el problema ahora es que como no hemos priorizado, qué de eso debe de implementarse en el orden del tiempo, entonces, vamos a tener tremendas dificultades, no hay ninguna duda que en el proceso electoral, si no tiene apoyo la junta receptora de votos, difícilmente vamos a enfrentar un nuevo proceso que satisfaga a la ciudadanía; pero ese avance tecnológico, hasta ahora, el Tribunal no entiendo que lo haya resuelto, solo para mencionar uno de los elementos.



Entonces, para mí es que el Tribunal pueda priorizar cuáles son aquellas acciones, decisiones que hay que tomar en lo inmediato para poder enfrentar la solución. Creo que el tiempo también es un factor, porque faltan algunas otras cosas.

Roberto Rivera Ocampo-Acción Ciudadana

Yo tengo que decir que nuestro punto de vista es meramente ciudadano y probablemente no tenemos esa reflexión académica como la del doctor Artiga o desde el punto de vista de alguien que ha estado metido en la política como el ingeniero Villacorta, pero creo que esto nos permite, a partir de una experiencia bien concreta, arrojar algunos desafíos.

Y yo traía preparadas varias cosas, pero creo que por el tiempo me voy a centrar en una, y sin haberlo hablado antes con el doctor, coincidimos en que el mayor reto que tenemos, porque también hay que ser realistas, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de aquí al 2018, aunque los retos siguen y seguramente en el documento que menciona el ingeniero Villacorta hay cosas que no las vamos a lograr ni en 10 ni en 20 años.

Pero qué concretamente podemos hacer nosotros los ciudadanos, queremos ciudadanos más informados, que sean electores que tengan claro quién está detrás de la política y de ahí nuestra intención de fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos.

Es una experiencia que, aunque tenemos ya desde febrero de este año, ha arrojado varias

cosas, no la voy a contar porque creo que el tiempo sería muy corto; sin embargo, yo sí creo que, aunque aquí todo lo podemos deducir, detrás de los partidos políticos hay muchos intereses que se mueven y seguramente los ciudadanos como nosotros sabemos que hay algo, pero no sabemos exactamente qué.

Mediante el proceso que hemos llevado de solicitud de información, de audiencias en el Tribunal, de recurrir a la Sala de lo Constitucional, al Instituto de Acceso a la Información, etcétera, poco a poco hemos ido descubriendo quiénes están detrás de la política. Seguramente no nos sorprende mucho quiénes están; sin embargo, quedan todavía algunas zonas grises que los partidos y las instituciones todavía no han querido revelar ¿por qué será?, bueno, creo que también todos nos imaginamos ciertas respuestas.

Pero en todo caso, sí creemos que es importante una fiscalización desde la ciudadanía, precisamente para evitar esos riesgos de financiamiento por parte de grupos ilícitos, de gobiernos extranjeros y que las políticas públicas estén condicionadas y tengan una gran incidencia o participación de personas que tienen unos intereses que no son precisamente los intereses generales.

Yo creo que hay también algunas cosas, algunos retos que plantea esta experiencia de cara a los partidos políticos. Nosotros fuimos a cada uno de los partidos políticos y lo que nos dimos cuenta es que no están preparados para ser transparentes, o no lo quieren ser, no sé, eso habría que preguntárselo a ellos, pero en todo caso, la estructura orgánica, la



infraestructura y la capacidad de respuesta es baja.

Pero más allá de eso, que eso creo que es fácilmente superable, en teoría, más allá de eso, lo que nos llama la atención es el menosprecio al ciudadano, sobre todo a aquel que le exige transparencia y eso lo pudimos ver desde que llegamos a los partidos, pero también en las audiencias y cómo al ciudadano ya no se le ve como el elector, sino que como el enemigo a vencer en una audiencia.

Creo que, luego puedo profundizar un poco sobre las razones por las cuales los partidos políticos argumentan que no pueden dar la información de su financiamiento, porque creo que son interesantes y son razones que, al contrario de desmotivarnos, han hecho que sigamos en esta lucha, que no debería serlo, para poder seguir fiscalizando el financiamiento de los partidos.

Miguel Ángel Cardoza-Tribunal Supremo Electoral

Primero hacer una pequeña reflexión filosófica alrededor de lo que se está planteando, realmente cuando me tocó dar las palabras de inicio al evento, yo planteé que considero agotado el sistema post Acuerdos de Paz. Los errores que se cometieron, las falencias que hubo ya quedaron ahí, o sea, enfrentamos una nueva situación y debemos de construir una nueva institucionalidad en el tema electoral y planteé un nuevo Tribunal Supremo Electoral con esa nueva idea, es un concepto que se ha ido desarrollando, y probablemente aquí,

por las demandas ciudadanas, la Sala de lo Constitucional ha tenido mucho que ver.

Y si estamos preocupados por lo que ya tenemos, habrá que preocuparse un poco más, porque faltan unas cuantas sentencias de la Sala de lo Constitucional, que ya anunciaron que van a tratar de sacarlas antes de que falte un año para las elecciones, ojalá realmente corran con eso, porque uno de los grandes retos es que el marco normativo esté terminado a tiempo, porque lo que ocurrió en el 2015 es que parte del marco normativo no estaba listo y el Tribunal tuvo que aplicar disposiciones internas, normativas internas, instructivos para el voto cruzado.

Que dicho sea de paso, el voto cruzado no es el problema; el problema es el voto fraccionado, que nosotros fraccionamos el voto, para mantener la unidad, cuando se cruza el voto, le damos fracciones, eso es la diferencia grande en otros países donde se vota cruzado, porque en otros países la marca vale uno y no hay ningún problema; aquí la marca vale fracción, eso es una gran dificultad para contar los votos, que es parte de nuestro trabajo, es uno de los retos que tenemos que enfrentar.

Claro, sabemos cuáles son las alternativas, ya Jorge hizo referencia al documento de evaluación que hicimos, realmente el documento ilustró mucho el camino del Tribunal Supremo Electoral y estamos trabajando prioritariamente sobre las cosas que nosotros consideramos que arrojó la evaluación y que nos permiten transitar como Tribunal Supremo Electoral.



Nos hemos reorganizado internamente, el Tribunal así como está estructurado, no es capaz de soportar las elecciones del 2018 con las nuevas reglas; tiene que reestructurarse internamente, sin hablar de la cúpula, porque eso implica reforma constitucional, sino que el funcionamiento institucional, eso nos ha obligado a un sistema de comisiones un poco más dinámicas con conducción de magistrados para operativizar un trabajo coordinado, que tiene que ser con una visión coordinada. Ese es un reto que lo arrojó la evaluación y nos dijo “ustedes tienen que reorganizarse” y esa es una cosa que internamente la hemos venido haciendo.

Casualmente, Luis Mario, los temas que usted planteó, en este muy buen seminario que hemos tenido con la presencia de tan buenos expertos, son parte de los cuatro temas que nos preocupan, que son ya temas en los cuales hemos venido discutiendo.

El financiamiento de los partidos políticos, y quizás ahí especialmente por la denuncia de Acción Ciudadana, porque nos enfrentó a una situación que nos obligó a estudiar más a fondo cuál es la responsabilidad del Tribunal en ese tema. La Ley de Partidos les da obligaciones a los partidos políticos y la misma Ley le obliga al Tribunal a que vigile su cumplimiento.

Entonces, hasta dónde llega esa obligación de vigilancia del Tribunal sobre el trabajo de los partidos en el tema del financiamiento, es algo que las demandas de Acción Ciudadana nos permitió ir definiendo en el camino, producto de esas sentencias que tuvimos,

terminamos sancionando a los partidos y obligando a que entregaran la información; nos obligó a verificar qué es lo que teníamos que hacer nosotros y hemos transitado.

Desde luego, no nos comparen con México, que nos lleva 24 años en ese tema, nosotros estamos como México inició hace 24 años y ojalá podamos más rápidamente recorrer esos trechos hasta llegar al control en línea que tienen ellos de los ingresos y de los gastos de los partidos políticos, eso es un sueño para nosotros en este momento, pero sí, gracias a las demandas ciudadanas, nosotros hemos ido trabajando y construyendo la obligación de vigilar.

El otro tema que también es un reto para nosotros, y digo un reto porque es más para los partidos políticos, pero también para nosotros, es la realización de las primarias o internas, realmente la ley le llama internas, eso está a la vuelta de la esquina, ya deberían de comenzar, los partidos deberían de estarse preparando ya, organizando su comisión nacional electoral.

Nosotros estamos prontos a tener una reunión de trabajo con los partidos políticos para explicarles el artículo 37 de la Ley de Partidos, que dice cuáles son los mecanismos para las internas, pero eso es algo inédito, algo nuevo que va a ocurrir en esta elección.

Ese sí es un reto para nosotros, porque si van a ser internas de todos los candidatos, la ley dice de las autoridades y de los candidatos, si van a ser de todos los candidatos, quiere decir que los partidos van a tener internas,



14 internas para determinar diputados y diputadas, y 262 internas para determinar concejos municipales.

Físicamente es imposible que el Tribunal Supremo Electoral esté presente en cada una de esas primarias si van a participar los 10 partidos políticos, entonces, vamos a crear mecanismos de control de la documentación que se nos presente.

Y la ley permite los espacios, porque donde no hayan primarias o donde los afiliados se quejen de las primarias, ahí sí tendrá que intervenir el Tribunal Supremo Electoral para investigar más a fondo qué ocurrió en esas primarias.

En el Tribunal Supremo Electoral lo tenemos muy claro, no se va a poder inscribir ningún candidato para las elecciones del 2018 si no son producto de una elección interna, eso está clarísimo para nosotros, la ley lo tiene así y seguramente la Sala dará en seguimiento alguna sentencia al respecto y probablemente dará un marco un poco más cerrado de actuación.

Luego, el otro tema en perspectiva para las elecciones es la conformación de los organismos electorales temporales, que es evidente que eso se junta con el tema tecnológico, porque para eso nosotros tenemos dos retos.

Uno es el proceso de selección, que de acuerdo a la sentencia de la Sala, nos obliga a que las propuestas que vienen de los partidos políticos nosotros tengamos que verificar

que no están afiliados, aunque la sentencia dice que tenemos que verificar que no exista relación formal ni material, dice la Sala, le está aplicando a los 94 mil miembros de mesa las mismas reglas que le estamos aplicando al presidente de la Corte Suprema de Justicia o a los magistrados de la Corte de Cuentas o el Consejo Nacional de la Judicatura.

Ese es un tema que ya lo hemos conversado en organismo colegiado, le tendremos que pedir explicación a la Sala si vamos a llegar hasta esos extremos; yo creo que deberíamos de quedarnos en esa línea con verificar la afiliación formal, que significaría cruzar los listados que nos manden los partidos o los candidatos con los listados del padrón de electores, de sus afiliados que están participando en las internas y ahí para nosotros eso facilitaría el proceso.

Pero además, dijo la Sala, hay que profesionalizar a estos miembros y profesionalizar no solo es capacitarlos, lo cual ya de por sí es un trabajo grande, sino que es casi como introducirlos en una especie de carrera administrativa electoral que les permita ir ascendiendo.

Y, desde luego, para fortalecerlos y estar seguros que van a cumplir con esa tarea, debemos de complementarla con la parte informática, con la parte de los sistemas informáticos que se definan que vamos a utilizar, cuál es la tecnología que vamos a utilizar, los miembros de mesa deberían de pasar también esos procesos para que se complete esa fase.



Y, finalmente, el uso de la tecnología, que es el otro reto que estamos trabajando, digo trabajando porque, frente a la situación, que es otra, parte de los graves problemas que tenemos es el financiamiento de las elecciones, un país con la dificultad económica que tiene, yo escucho a muchos comentaristas de la situación que incluso anuncian el 7 de octubre como el 7 negro y me pongo a pensar, el dinero para las elecciones es una preocupación, la tecnología depende mucho de la capacidad económica, y si no, efectivamente, tendríamos que recurrir al conteo manual, como siempre ha sido.

Pero realmente los retos son muy grandes y después puedo ampliar.


Le preguntan directamente, ingeniero Villacorta, si usted cree, por su experiencia como miembro de un partido político, que los institutos políticos deberían pedir a la Sala de lo Constitucional que flexibilizara o aclarara la integración de los organismos electorales temporales, en el sentido que se permitiera su integración por parte de afiliados de los partidos, siempre y cuando estos no sean candidatos, no ocupen un cargo de elección popular o no sean miembros de un órgano de dirección. ¿Qué opina usted al respecto?


Bien, para mí este punto es equivocado de cómo se ha hecho, bastaba con decir que los miembros de las juntas receptoras de votos surgieran de lo que el Tribunal estableciera.

La Corte debió, o el Tribunal, establecer cuáles deberían de ser los requisitos para ser miembros de las JRV, establecido eso de manera aleatoria, con la información de todos los ciudadanos, ahí le van a aparecer todos aquellos que cumplan con esos requisitos que se han pedido.

Entonces, si lo hacen de manera aleatoria, está resuelto el problema, pero venir ahora a decir que no tienen que ser de partidos políticos, genial, pero como ha dicho Miguel, pero ¿qué tipo de relación de partidos?

Ahora, yo entiendo el punto, porque al final, en el sistema nuestro, las JRV, los miembros son jueces, en la práctica administran justicia y lo más importante, porque ahí es donde se da el escrutinio de verdad, por consiguiente son jueces, y si son jueces, no pueden ser, según la jurisdicción que ha establecido la Sala, miembros de partidos políticos los que administran justicia y si ahí se administra justicia, no pueden serlo.

Pero la solución encontrada me parece a mí que no es la mejor, que lo correcto hubiese sido de manera aleatoria, estableciendo los requisitos, y ahí no habría ninguna duda de que no dependían de los partidos como se dijo.

Hoy la cosa es mucho más grave, hoy resulta que los partidos van a mandar listas, todos los partidos, son 90 mil personas, imagínate, vas a mandar listas de 90 mil. Tal vez un par de partidos lo puedan hacer, pero el resto no sé de dónde van a sacar esos nombres en la práctica.



Pero luego viene el Tribunal y va a tener que depurar esos listados, y luego va a tener que entrenar a ese personal, porque como no son de partidos políticos, no tienen disciplina ni responsabilidad política para quedarse tres días o dos días contando votos, no tienen esa disciplina, no tienen esa experiencia; los vas a tener que entrenar.

Cómo vas a entrenar y adónde vas a entrenar a 90 mil personas, físicamente, a mí me parece que estamos llevando las cosas, honestamente, al absurdo, a la impráctica y eso había que resolverlo. Ese es un tema que creo es grave.

Y el otro problema urgente es el conteo de votos en las urnas, esta vez no vamos a tener Parlacen, qué bueno, y en el 2018 solo van a ser de diputados y concejos municipales.

Los concejos municipales, Dios quiera que les ilumine la Sala y los dejen como están y que sea solo por bandera, porque si se meten a hacerlo también de la misma manera que los diputados, imagínate lo que va a significar.

Pero, bueno, en diputados la posibilidad está clara de que se necesita tecnología para poder contar las preferencias, entonces, si no hay aplicación tecnológica y el personal no tiene ninguna experiencia, eso va a ser un caos peor del que tuvimos en la elección pasada.


Doctor Artiga, hay tres preguntas que coincidentemente van hacia usted y que tienen que ver con el uso de la tecnología en el evento electoral.

En primer lugar, su opinión si la legislación debería de manera obligatoria hacer que el Tribunal Supremo Electoral tenga que implementar tecnología en el conteo de votos, marcas, en el escrutinio preliminar y en el escrutinio definitivo, ya que por ahora no hay una obligatoriedad en su uso.

Relacionado con eso, le preguntan sobre los consensos alrededor del uso de la tecnología al interior del Tribunal Supremo Electoral, dada la experiencia que se tuvo en 2015, donde por diversas razones, digamos que esos consensos al interior del Tribunal impidieron que se contratara una empresa con amplia experiencia y por el contrario se contrataron 20 empresas, algunas de ellas sin experiencia.

Y tercera pregunta dirigida a usted es ¿cómo se genera confianza en el uso de la tecnología? ¿Usted como académico cree que debería existir, como lo decía el doctor Juan Manuel Herrero, un grupo de académicos que pudiese dar fe junto con expertos informáticos, acerca de la tecnología que se utilizará para implementar confianza en el uso de esa tecnología?




Las expresiones que yo he escuchado respecto a la tecnología son de cierta suspicacia, trasladan la desconfianza que da origen al mismo Tribunal Supremo Electoral, o sea, el 208 de la Constitución; constituye, valga la redundancia, un Tribunal basado en la desconfianza mutua.

Entonces, eso está llevando a desconfiar también en el uso de la tecnología, sin antes haber acordado o experimentado; ya se antepuso la posibilidad del adversario de controlar la tecnología o de hacer un uso indebido de la tecnología para favorecer determinados resultados, o sea, de entrada ya estamos con desconfianza y habría que desmontar esa desconfianza.

Entiendo que, relacionado con la segunda pregunta, según el boletín del Tribunal, el magistrado está haciendo gestiones con Corea para contar con una donación de esta tecnología, entonces, ahí yo pensaría que estamos marchando por donde habría que marchar. También hay un convenio con otra organización para ir solventando este tema con cierta antelación y ojalá que tengamos resultados positivos en ambas gestiones que está haciendo el Tribunal.

Creo también, y me gustó la propuesta de que el Tribunal debería de apoyarse en un grupo consultivo, asesor, como se le quiera llamar, pues cuando no se tienen los conocimientos internamente, en la sociedad tal vez existen

y entonces hay que crear esa unidad de apoyo, aunque sea con personas de fuera del Tribunal.

Yo eso lo veo bien siempre y cuando no termine siendo, como ocurre con tantos comités de asesorías y cosas por el estilo, que son nada más una figura que no tiene ningún peso a la hora de las cosas. Me gustaría englobar las tres preguntas sobre tecnología con esos grandes desafíos, es que creo que se nos han acumulado demasiados desafíos, demasiados dilemas, cosas que hay que resolver que no se están resolviendo o que el ritmo como se está llevando no es el debido y es preocupante.

Ciertamente, la demanda de que se establezca un sistema de votación como en la Asamblea a los concejos municipales fue admitida por la Sala y a lo mejor es una de estas sentencias que probablemente nos va a sacar la Sala y nos va a meter en el lío que ya tenemos, no sé cómo se va a resolver la elección de los propietarios, más los suplentes, o sea, no vamos a tener el Parlacen, pero vamos a tener doble papeleta entonces ¿adónde estamos llegando?

Y si a eso le agregamos 262 elecciones municipales con lista abierta también, es decir, creo que tenemos que estar claros de que a todas luces estamos sembrando el lío del 2018, es que yo no veo una dirección en sentido contrario, a menos que una crisis financiera del Estado llegue primero, pero si no, en 2018 está planteado el asunto.



Y como ya pasamos el año y medio que teníamos de gracia, hemos entrado a la segunda mitad y todo lo que va de aquí en adelante en las decisiones políticas están supeditadas al cálculo electoral, comenzando por este tema de las elecciones internas que ya tendrían que estarse preparando, es que honestamente no veo un camino que nos dé certidumbre del proceso electoral 2018.

Y hasta que no tomemos conciencia de la gravedad, es que si yo fuera magistrado del Tribunal Supremo Electoral, tendría que estar haciendo muchas cosas, pero también ahí lo veo lento. El organismo institucional, la falta de apoyo y todo está concentrado en este momento en temas de Fiscalía y esas investigaciones.

Esto va por debajo, sabiendo que ahí está 2018, o sea, esa fecha es ineludible y lo único que tenemos es, por no haber hecho, no solo allá en los acuerdos, sino la Asamblea anterior a la que fue electa, una reforma constitucional, este problema de fraccionar el voto.

Entonces, se ha tirado el asunto, estamos emproblemados, honestamente, no sé cómo vamos a salir. El último que salga que apague la luz.


Hay dos preguntas muy claras para el magistrado Cardoza, tienen que ver, una específicamente, con la fiscalización del financiamiento en la política, ¿qué mecanismos concretos van a aplicar en la elección 2018?, no solo para que se cumpla

con la legislación electoral en materia de fiscalización del financiamiento, sino que también para sancionar en su momento y oportunamente a los partidos y para que estos cumplan a cabalidad la sentencia de la Sala.

Y una segunda tiene que ver con el uso de la tecnología, que el magistrado Cardoza ya me había pedido ampliar sobre el tema, ¿hay ya algún consenso acerca del tipo de tecnología que se va a utilizar dadas las empresas que han empezado a venir a El Salvador a mostrar cuáles pueden ser algunas opciones para aplicarlas en el 2018?


Con respecto al tema del financiamiento, esto daría para todo un debate, de hecho ya con Fusades hemos tenido el debate del financiamiento, es un tema que tiene muchas aristas. Si me preguntan a mí como organismo electoral, me preocupa garantizar la equidad en la competencia, garantizar que todos los partidos vayan en las mismas condiciones y por lo tanto mi preocupación sería vigilar que se cumplan los límites, vigilar que el financiamiento no entre más allá.

Desde luego, me preocupa también que se introduzca dinero ilícito a las campañas políticas o dinero en demasía que hipoteca a los candidatos, me preocupa muchísimo, pero también le debe preocupar al señor Fiscal General de la república, al presidente de la Corte de Cuentas, o sea, este problema no lo puede resolver solo el Tribunal Supremo



Electoral, aquí necesitamos sentarnos con otros actores para atacar el tema del financiamiento en la política, que está comprobado que la corrupción comienza con un financiamiento en la campaña política.

Entonces, si hay personas interesadas en la corrupción, pongámosle ojo al financiamiento todos, no solo el Tribunal, ¿qué va a hacer el Tribunal por su parte? el Tribunal ya tiene una obligación de carácter legal, que es para los partidos políticos, ellos deben entregar los balances en los primeros tres meses del año, tienen que llegar al Tribunal Supremo Electoral, tienen que tener oficinas de acceso a la información, para que provea de información a los ciudadanos y eso el Tribunal tiene que vigilar que se esté cumpliendo.

Cuando recibimos los balances, nosotros tenemos que verificar que efectivamente esos balances cumplan con los principios de auditoría internacionalmente aceptados, en principio que estén debidamente auditados y que cumplan con esos requisitos y si luego del análisis que hacemos, surge alguna sospecha de algún dinero mal habido tenemos que informarle a la Fiscalía General de la República.Y habrá que crear una oficina, en ese trabajo estamos en el organismo colegiado, de crear una oficina de gente que audite este tema y que audite también el cumplimiento del resto de las obligaciones que tienen los partidos políticos, que ellos mismos impusieron en la Ley de Partidos Políticos y que ahora no están queriendo cumplir.

Pero tengan la seguridad, como ya lo hemos hecho, que si hay un incumplimiento de las obligaciones, el Tribunal ha sancionado a los

partidos políticos y los seguirá sancionando. Ayer se sancionó a un partido político porque no cumplió presentando sus balances, tuvimos un juicio ayer en el que tuvimos que sancionar a un partido porque ni siquiera presentó balances y a los que no dieron la información también se les sancionó.

Pero eso es lo que le permite la ley, no se les olvide que nosotros como miembros del Tribunal Supremo Electoral somos funcionarios públicos y, como tales, no tenemos más atribuciones que lo que la ley nos da; lo que la ley permite seguramente lo haremos.

En el tema de la tecnología, sí tenemos definiciones ya en el organismo, primero hemos desechado en principio el voto electrónico, no estamos hablando de voto electrónico; estamos hablando, porque esa es la preocupación, de cómo contar los votos, cómo contar las marcas y cómo contar las fracciones.

Entonces, sí estamos hablando de apoyo tecnológico al escrutinio, lo cual, desde luego, viene amarrado a una etapa posterior que es la transmisión del resultado, pero estamos preocupados por el escrutinio, sobre esa base es la que estamos trabajando.

Y hemos diseñado, en principio, la primera ruta que encontramos frente a la dificultad financiera del Estado, la primera ruta es donación y por eso es que hemos andado tocando puertas con la A-WEB y la Comisión Nacional de Corea, la posibilidad de que se nos financie con una asistencia técnica y una donación de equipos; de hecho, el presidente



está pronto a ir a una reunión de la A-WEB para ultimar detalles, porque los tiempos también ya son muy cortos para nosotros.

Entonces, en principio, esa es una aspiración que tenemos y eso implica la posibilidad de que sean donados algunos escáneres cuentavotos, esta es una posibilidad todavía y entonces hemos definido como el plan A; el plan B es definir, utilizando los mecanismos que ya tenemos, porque el Tribunal tiene aproximadamente dos mil computadoras, dos mil escáneres, dos mil impresores que pueden ser utilizados en algunas mesas, y entonces utilizar lo que ya tenemos, más los servidores que ya tenemos, y atacar ese punto del escrutinio.

También estamos por definir los últimos puntos al respecto, si definimos que vamos a utilizar esta tecnología y tenemos acceso a los escáneres, habrá que ver las herramientas que los escáneres necesitan, eso es otra cosa, porque hay que conectarlos a internet.

Actualmente, cuadrillas de empleados del Tribunal Supremo Electoral andan en el trabajo de mantenimiento del voto residencial, andamos verificando si el voto no ha cambiado los sectores de votación y andamos haciendo una tarea especial que es verificar si tenemos posibilidad de sustituir los centros abiertos de votación por centros cerrados, frente a la posibilidad de tener tecnología. Entonces, ese es otro esfuerzo que actualmente estamos realizando.

Entonces, sí hemos llegado a definiciones, sí tenemos claro que vamos a necesitar tecnología, pero para el escrutinio, y desde

luego amarrarlos, y ya tenemos un dispositivo en mesa, para la transmisión de resultados.

Y si esto se viene, ya cuando tengamos definido ese diseño, pues abriremos la posibilidad para un estudio de mercado, como bien decía Juan Manuel, que es fundamental hacer un análisis de este mercado, pero teniendo claro qué es lo que queremos, no estudio de mercado sin saber adónde vamos, sino que teniendo claro, vamos a analizar las posibilidades en el mercado para ver si tenemos una sola empresa o tenemos que coordinar con varias empresas.

Así que en el tema tecnológico sí, en esa línea vamos corriendo y esperamos pronto, al regreso del viaje del presidente, tener algunas noticias con respecto a los escáneres.


Para el licenciado Ocampo, ustedes han sido muy responsables al exigir que se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto de la revelación de los donantes; sin embargo, hay una discusión acerca de si la identidad de los donantes viola o no el secreto bancario, que ha sido puesta sobre la mesa por el Ministro de Hacienda cuando no tiene absolutamente nada que ver, debido a que el interés público en el caso de los donantes por los partidos está por sobre lo que el Ministro de Hacienda señala ¿Cuál es su opinión al respecto?

Y hay una segunda pregunta que tiene que ver con el uso de recursos del Estado en campañas electorales, el tema del financiamiento electoral o el financiamiento



político no tiene que ver exclusivamente con el financiamiento privado o el financiamiento público, sino con el uso o abuso que el partido de gobierno, aquí o en cualquier país, puede hacer para promocionar a los candidatos oficiales ¿Qué piensan hacer ustedes para denunciar el uso de recursos del Estado, ya sea de manera directa o indirecta, por parte del partido oficial?


Sobre lo primero, nosotros solicitamos también al Ministerio de Hacienda la información sobre los donantes de los partidos políticos. Hacienda lo negó. Acudimos al Instituto de Acceso a la Información, el Instituto resolvió a nuestro favor y ordenó al Ministerio de Hacienda que entregara la información.

El Ministerio se ha negado aduciendo que hay un secreto fiscal, que debe respetarse a la gente que dona a un partido político; sin embargo, el Instituto se ha mantenido firme y le pide al Ministerio que entregue la información. Ahora el Ministerio va a acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo precisamente para no revelar la información.

Creo, y esto relacionándolo con la segunda pregunta, que detrás del financiamiento hay varias cosas, varias cosas de las que nos hemos dado cuenta, hay partidos políticos que han revelado únicamente el listado de donantes de sus afiliados. Dentro de sus afiliados, al hacer un cruce de bases de datos y tal, encontramos que hay mucha gente que está trabajando en órganos del Estado, sobre todo la Asamblea y hasta ahí quizás no hay ningún pecado, porque alguien puede decir, yo financio,

aporto a un partido político. El problema está en que sabiendo cómo funcionan las cosas y los pactos que puede haber entre diferentes partidos políticos, podríamos estar inflando el Estado precisamente con la finalidad de autofinanciar los partidos políticos. Y eso para nosotros es preocupante, porque tanto que hablamos de una crisis financiera del Estado y, bueno, ahí tenemos una cantidad importante de militantes de partidos políticos y no solo del partido en el gobierno, eso es importante decirlo, ese es un hallazgo.

Entonces, no hemos todavía definido una acción concreta para fiscalizar el uso de los fondos públicos en momentos de campaña, porque queremos todavía consolidar lo que hemos iniciado, y creo que esta primera etapa nos ha abierto otras que no habíamos imaginado, lo que nos lleva a pensar que deberíamos todos los ciudadanos estar preocupados porque exista una ley de la función pública, que sea una carrera administrativa de verdad y que entonces replanteamos un poco también el rol del Estado.

Y nos lleva a otros temas también de probidad, pero en términos concretos, para responder a la pregunta, creo que no podemos supeditar el secreto fiscal de una persona al interés general.

Así también nos han dicho, es que en este país hay un riesgo, o sea, al dar el nombre, los montos y tal, se puede poner en riesgo la integridad de las personas y le diría a la persona que está donando a un partido político, bueno, ese es un riesgo que existe en este país, pero lamentablemente sigue



poniéndose o debería estar por encima el interés general.

Así que, bueno, quizás habría que repensarse, pero dicho esto, yo todavía no he escuchado de algún caso de los donantes de ARENA, o del PCN, o del PDC, o de GANA, que hayan sido extorsionados por haber aparecido en la lista que ya se hizo pública y que está de libre acceso en El Faro.

Así que creo que sí, puede ser que exista un riesgo, lamentablemente, pero, como digo, no ha pasado nada, gracias a Dios y esperamos que siga así.


Bien, nos queda tiempo para que nuestros panelistas nacionales, en dos minutos cada uno, puedan referirse libremente justo al tema de esta segunda jornada de estudios electorales que se refiere a los desafíos de las elecciones legislativas y municipales de 2018. Así que los dejaría en libertad rogándoles que cumplamos el tiempo asignado, para que hagan su reflexión de cierre.


Bueno, de lo que hemos conversado y con la experiencia de la elección del 2015, donde intencionalmente miembros del Tribunal que son miembros de partidos políticos, porque así está diseñado, hicieron todo para que la gente no fuera a votar por caras y cruzado.

Toda la orientación de votar por bandera, más obstaculizar toda posibilidad de capacitación

eran cosas intencionales, ¿por qué? porque estas medidas de la Sala y de la Asamblea terminan afectando el poder de la dirección de la cúpula del partido y lo digo con propiedad porque he sido miembro de cúpula de partido. Entonces, es una reducción, porque estoy acostumbrado a que los candidatos sean aquella gente de confianza para los miembros de la comisión política del partido, así de simple.

Entonces, con lo que hemos conversado aquí, en un Tribunal donde hay cuatro representantes que siguen orientaciones de los partidos políticos, Miguel no pertenece a ningún partido político y está de otra manera ahí, ante la cantidad de desafíos y dificultades y con el tiempo corto, no lo más conveniente, si yo fuera directivo de partido, es atrasar, atrasar y atrasar, para llegar a un momento en el que no hay dinero, no hay tiempo, no es posible aplicar la nueva normativa y volvemos a lo que teníamos antes, y qué es tener lo que teníamos antes, que la decisión sea de la cúpula. Honestamente me preocupa eso, conociendo y sabiendo de dónde vengo, no me extrañaría que a algunos cerebros brillantes se les haya ocurrido ese tipo de cosas al interior de la dirección de los partidos.

¿Qué hay que hacer entonces? el Tribunal tiene que acelerar y cumplir con su tarea patriótica, a pesar del interés de las cúpulas de los partidos, y lo he dicho en plural, los partidos, las cúpulas de los partidos.

Y por último, quiero dejar una cosa clara, para mí el problema del debate sobre si son los partidos u otras formas de participar o de acción política, no me parece, yo no



encuentro de qué otra manera en un sistema de democracia representativa y plural como la que tenemos nosotros, según la Constitución, pueda participarse de otras instituciones u otros instrumentos distintos a los partidos políticos. Soy de los que creo que los partidos políticos son indispensables en el proceso, en la construcción y en el desarrollo de una democracia representativa.

El problema es qué tipo de partidos políticos y cuál es la función, las tareas y las características de esos partidos políticos. El debate no es sobre si debe de haber partidos o no, creo que eso es un error, igual que el tema de la democracia representativa y participativa; son complementarias, no son opuestas.


Solo quiero retomar mi primera intervención en donde se nos juntan en 2018 dos tendencias que tienen que ver con cómo mejoramos la legitimidad de origen y, por lo tanto, cómo tenemos procedimientos electorales transparentes, justos, competitivos, en un contexto en donde la legitimidad por resultados, es decir, por lo que hacen aquellos que son electos, no favorece nada a la democracia.

Entonces, cómo resolvemos esas tendencias contradictorias, yo creo que enamorando a la ciudadanía para que vaya a votar, pero tiene la responsabilidad el Tribunal de garantizar que si la ciudadanía va a hacer el esfuerzo de que haya un relevo de los diputados, por lo menos de dos tercios de los diputados que se vayan para fuera por el voto cruzado, por

la posibilidad esa, entonces, que haya una buena gestión electoral.

Y creo que ahí, es una lástima que no esté el presidente, por favor le traslada mi mensaje, el Tribunal debe tener más iniciativa en esto, es que creo que el hecho mismo, por ejemplo, que esta jornada la organiza Fusades, es que para mí, si fuera magistrado, sería un golpe en la mejilla, es decir, no es que esté malo, pero quiero decir que ante semejantes desafíos, el Tribunal necesita apoyarse en actores sociales para contrabalancear esas tendencias contrarias que le ponen los partidos.

Si al final de cuentas, si la ciudadanía percibe un Tribunal que quiere hacer bien las cosas, entonces, a lo mejor encuentra apoyo en la ciudadanía y eso puede cambiar la situación, pero si lo que tenemos es la percepción de un Tribunal muy de bajo perfil cuando ya estamos en el preámbulo de las elecciones de 2018, creo que eso debe modificarse.


Bueno, nada más reiterar el reto que tenemos nosotros o que nos hemos autoimpuesto, y es que haya una ciudadanía mucho más informada. Ahí están los listados de donantes. Quisimos tener también o quisimos saber en qué gastan los partidos políticos los fondos que reciben, esa sí es todavía una lucha pendiente.

Creo, señor magistrado, que hay que redefinir qué es una rendición de cuentas, porque lo que no puede ser es que un partido político nos entregue una hojita y dentro de ese balance haya un rubro que se llama colorido.



Colorido puede ser, yo qué sé, piñatas, vejigas, no sé, cosas de colores, pero creo que no es lo que espera el ciudadano.

Por otra parte, a pesar de que creemos todavía que se les trató a los partidos con cierto guante blanco, así como fueron muy condescendientes con ellos porque incumplieron las sentencias. A pesar de eso, creo que algo está pasando en el país, algo está cambiando. Las instituciones, o por lo menos, aunque sea por demanda ciudadana, estamos demostrando que las instituciones funcionan: el Tribunal se mantuvo firme ante los partidos, el Instituto de Acceso a la Información se mantuvo firme ante el Ministerio de Hacienda y la Sala de lo Constitucional por supuesto que ha estado en la misma labor.

Entonces, nosotros creemos que hay un contexto favorable para seguir profundizando no solamente en el tema del financiamiento, que es a lo que nosotros le estamos apostando, pero también para otro tipo de reformas.

Y ahí quisiera no entrar en contradicción con toda esta ola de reformas, o más bien, con la opinión de Jorge Villacorta; sin embargo, lo que creo es que la sociedad salvadoreña está exigiendo innovación política, por favor a los políticos, ya no sigamos haciendo más de lo mismo, porque ya durante tantos años hemos probado lo mismo y miren dónde estamos.

Debemos permitirnos soñar un poquito, creer en que algunas herramientas nos pueden servir para mejorar la calidad de la democracia.


Jorge introduce un elemento fundamental que es un desafío para las próximas elecciones, es el rol que van a desempeñar los partidos políticos y la visión que ellos tengan.

Cuando uno discute estos temas, por ejemplo, el manejo de las internas con los partidos políticos, da la impresión que no conocen muy en detalle lo que debe de ocurrir, entonces, ese es un problema que vamos a enfrentar.

Siempre es un problema, ustedes lo saben, la polarización de los partidos al momento de las elecciones, esa es una dificultad que siempre se enfrenta en los procesos electorales, porque son procesos en los cuales tenemos vigilancia, por disposición constitucional. Los partidos están presentes en el proceso y si los partidos están polarizados, entonces, el mecanismo es todavía más complicado.

Ciertamente, le voy a dar el mensaje, Álvaro, al presidente, sí lo hemos comentado ya en varias ocasiones, un Tribunal más proactivo puede ir generando confianza en la gente y es importante generar la posibilidad de que la gente vaya nuevamente a votar, porque la corriente contraria va en la línea que quizás la gente no vaya a votar. La corriente contraria es generemos esta sensación de incertidumbre que la gente va a decir pero y para qué voy a votar, si al final vuelvo a elegir a los mismos que están ahí, entonces, ese sí es un tema que el Tribunal tiene que tomarlo con alguna preocupación.



Alrededor de los grandes problemas está, yo lo logro englobar en dos aspectos, el aspecto normativo, no hemos finiquitado el aspecto normativo, las reglas no terminan de estar claras, yo esperaría que a diciembre del 2016 tengamos las reglas claras para poder empezar a trabajar y a capacitar con tiempo a la gente, que eso es fundamental, pero hay que definir el marco normativo, y eso lamentablemente no está en manos del Tribunal Supremo Electoral, está en manos de los partidos en la Asamblea Legislativa.

El marco financiero, ese es otro problema grave, no sabemos si el Estado va a tener la posibilidad de financiar y hasta dónde puede financiar las elecciones. Nosotros hemos estado planteando diferentes alternativas, porque estamos pensando ya no solo en 2018, sino que también en 2019 y tirar el paquete electoral de una sola vez hasta el 2019, para lograr que los presupuestos vayan de manera escalonada.

Y hay otros aspectos que no hay que pasar por alto y que pueden generar problemas a la hora de las elecciones. He dicho que nuestra gente anda trabajando allá en el campo y nos estamos encontrando problemas graves

de seguridad en el campo. Si ocurre lo que ocurrió en Caluco, habrá posibilidad de que en algunos centros de votación no tengamos elecciones, ese es otro tema que no debemos pasar por alto. El tema seguridad puede tener también un efecto directo en las elecciones.

Y otras cosas nuevas, como por ejemplo, hoy van a votar los policías y los soldados, cómo vamos a hacer, cuál es el mecanismo; si me preguntan a mí, es fácil, tienen que votar donde les corresponde, donde aparecen en el padrón, ahí tienen que votar. Cómo hace el Ministerio de Seguridad, la PNC, cómo va a hacer la Fuerza Armada, pues, será problema de ellos, no me tire a mí ese otro problema más.

Entonces, sí los desafíos son grandes, estamos en el mejor ánimo para llegar a ese reto. Sabemos que tenemos algunas cosas en el ambiente, como por ejemplo, tenemos que esperar qué dice la Sala en relación con la demanda de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que eso también está pendiente; si lo va a hacer, ojalá que lo hagan rápido para reestructurar rápido el Tribunal y tener ya pronto un Tribunal que enfrente las elecciones. Gracias.

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