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INFORME FINAL DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO ESPECIAL (ESE) DESIGNADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGAR LOS HECHOS

QUE RESULTARON EN EL SECUESTRO Y ASESINATO DE:

JAVIER ORTEGA, PAÚL RIVAS Y EFRAÍN SEGARRA (INTEGRANTES DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL DIARIO “EL COMERCIO”)

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INTRODUCCIÓN 1. El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) presenta su informe final en seguimiento de las

medidas cautelares (MC 309-18 y MC-310-18) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) a favor del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, quienes fueron secuestrados por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, y posteriormente ejecutados.

2. El ESE fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 168º Período

de Sesiones, tras recibir una solicitud del Estado de Ecuador y de los representantes de las familias de los beneficiarios, en la que se requirió la asistencia técnica de la CIDH. Por Resolución 54-2018 la CIDH, de acuerdo con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento, decidió “continuar el seguimiento del componente de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción las medidas cautelares otorgadas MC 309-18”.

3. De acuerdo a la resolución, la CIDH dispuso que el ESE tendría los siguientes objetivos

específicos: a) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega y Paul Rivas Bravo, así como del trabajador Efraín Segarra; b) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares y mantenerlas informadas del proceso; c) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y la verdad de lo sucedido a la sociedad ecuatoriana, así como de los familiares; d) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición. El marco de actuación del ESE fue aceptado por ambos Estados de Ecuador y Colombia involucrados en la investigación de estos hechos.

4. Durante el período de trabajo el ESE realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de

julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. Asimismo, llevó a cabo visitas a la Fiscalía General del Estado de Ecuador para la revisión de las investigaciones bajo reserva del 3 al 5 de septiembre de 2018; del 19 al 21 de noviembre de 2018; y el 20 y 21 de diciembre de 2018. El ESE efectuó una visita al Estado colombiano del 24 al 26 de septiembre de 2018. También realizó diversas solicitudes de información y remitió cuestionarios a organismos de ambos Estados que estuvieron involucrados en las operaciones y acciones destinadas a lograr la liberación de las víctimas, así como la identificación de los cuerpos y las investigaciones realizadas por ambas fiscalías.

5. La Comisión celebró tres reuniones de trabajo y una audiencia pública con cada uno de los

Estados involucrados. Las primeras reuniones de trabajo con cada Estado fueron realizadas el 15 de junio de 2018, en la Washington D.C.; la segunda, en el marco del 169° periodo de sesiones de la CIDH (30 de septiembre - 5 de octubre de 2018) en Boulder, Estados Unidos; y la tercera, en el marco del 170° período de sesiones (3 al 7 de diciembre de 2018) en Washington D.C., Estados Unidos. Las audiencias públicas fueron celebradas en el 170° periodo de sesiones (3 al 7 de diciembre de 2018) en Washington D.C., Estados Unidos.

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6. El objetivo de las visitas, reuniones de trabajo y audiencias, fue entrevistarse con diversas

entidades estatales para conocer los avances en las investigaciones en torno al secuestro y asesinato de los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio y los beneficiarios de las medidas cautelares, así como obtener información necesaria para el cumplimiento del mandato del ESE. El equipo de la CIDH mantuvo reuniones y tuvo acceso a información aportada por las Fiscalías Nacionales de ambos países, en especial de los fiscales a cargo de la investigación; las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas en el contexto del combate a los grupos organizados y armados que operan en la frontera de ambos países; el comité de crisis en Ecuador a cargo del manejo del secuestro; el equipo de ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países; así como periodistas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al monitoreo del caso y la protección de periodistas. Del mismo modo, se sostuvieron reuniones con los representantes de las familias de los tres integrantes del equipo periodístico en cada oportunidad.

7. El presente informe se refiere a los hallazgos del ESE en cumplimiento de las actividades y los cometidos que le fueron encomendadas por la Comisión1. El informe reconstruye en los capítulos primero y segundo el contexto y los hechos relevantes ocurridos antes y durante el secuestro, así como los referidos a la ejecución de los integrantes del equipo periodístico, a partir de la información suministrada por las partes involucradas. En los capítulos tercero y cuarto se realiza el monitoreo de las investigaciones que se han desarrollado tanto en Ecuador como en Colombia, así como la forma en que evoluciona el derecho a la verdad y la garantía de no repetición. Finalmente, el ESE presenta sus conclusiones en punto a esos tres componentes -avance de las investigaciones, derecho a la verdad y garantía de no repetición- y formula de recomendaciones a ese respecto. El ESE también ha incorporado en este informe las observaciones a los proyectos de informe de ambos Estados (Colombia y Ecuador). El Estado de Ecuador manifestó de manera general su “desacuerdo con el contenido del proyecto” y realizó una serie de observaciones a aspectos puntuales, las cuales fueron contempladas o explicitadas en el texto del informe. Por su parte, el Estado de Ecuador solicitó al ESE limitarse al cumplimiento de los objetivos trazados y de su plan de trabajo, y abstenerse “de adelantar criterios sesgados y sin sustento, que estén orientados a direccionar las investigaciones en curso y a establecer la presunta responsabilidad internacional del Estado por los hechos sucedidos con los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio” 2.

1 La asistencia técnica y el monitoreo de las investigaciones penales de los casos abordados en este informe fueron parte

de las misiones que se le encomendó al ESE. El mandato se materializó mediante el análisis de lo actuado y la formulación de recomendaciones en punto a la investigación y sanción de los responsables de los hechos que determinaron la expedición de las medidas cautelares 309 y 310 de 2018. Facultades que se entienden admitidas por los Estados con la aprobación de este tipo de mecanismo de seguimiento, 2 El ESE deja constancia de que el Estado de Ecuador en sus observaciones al presente informe indicó que “dentro de

esas facultades no se encuentran aspectos que constan en el proyecto de Informe Final, tales como: determinar la existencia de posibles violaciones de derechos; individualizar víctimas; sugerir una reparación a las mismas, como si el ESE se tratase de una organismo con las atribuciones convencionales y exclusivas de la CIDH”.

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Al respecto, el ESE deja constancia que, en ocasión del plazo limitado previsto para su funcionamiento -6 meses-, en su diseño y metodología se previó que el presente informe sirviera de instrumento para incluir el análisis y las recomendaciones acerca del avance de las investigaciones penales mediante la identificación de acciones pendientes, el impulso de líneas de investigación no abordadas y la eventual sugerencia de practicar las pruebas necesarias que fueran necesarias para corroborar las hipótesis de trabajo, aspecto que resulta de la esencia del mecanismo. El Estado de Ecuador recuerda que con base a su legislación interna, la Fiscalía General de Ecuador (FGE) es la entidad que tiene competencia para el ejercicio de la acción penal pública, quedando sujeto a su criterio el tipo de diligencias y actuaciones investigativas que correspondería efectuar en cada caso. En ese sentido, la misión de dar asistencia técnica y monitorear las investigaciones penales, se materializa mediante el análisis de lo actuado y la formulación de recomendaciones en tanto la investigación y sanción de los responsables de los hechos que determinaron la expedición de las medidas cautelares 309 y 310 de 2018, aspectos que se entienden admitidos por los Estados con la aprobación de mecanismos de seguimiento como el ESE. A su vez, el ESE presenta la narrativa de los hechos y el monitoreo de las investigaciones basándose en la información obtenida de la documentación desclasificada que fue entregada por el Estado a las víctimas, así como la obtenida en el desarrollo de las tres visitas oficiales a los Estados, las respuestas a los cuestionarios que se formularon a sus autoridades y de la revisión y análisis de las investigaciones penales a las que se tuvo acceso, como es posible corroborar en las citas de pie de página que acompañan el texto, en donde se indica con precisión la fuente de cada afirmación. De igual forma, la información oficial se contrastó con la suministrada al ESE por integrantes del gremio periodístico y las investigaciones abiertas al público. Particularmente, a solicitud de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados, se incluyeron datos del libro “Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?”, aspecto objetado por el Estado de Ecuador bajo la perspectiva de que el ESE debió ceñirse a la información oficial a la que se tuvo acceso, siendo la que, a su juicio, posee las características de relevancia, objetividad, exhaustividad y fiabilidad. En ese sentido, el ESE considera que la investigación realizada por los periodistas Arturo Torres y Ana Belén Arroyo, así como el resto de las publicaciones mencionadas en este informe, aparecen suficientemente documentadas y contienen información que debiera ser tomada en cuenta por quienes dirigen la averiguación penal, a fin de guiar las actividades investigativas necesarias para clarificar la razón de las inconsistencias advertidas. El ESE entiende que el objetivo final de las investigaciones en curso es reconstruir la verdad de lo sucedido -ya sea confirmando o descartando las versiones oficiales o las periodísticas-. El ESE comprende que si bien la investigación del estado de Ecuador no ha superado la fase de averiguación previa, existe información abundante y fiable acerca de las circunstancias que habrían rodeado el secuestro de los periodistas, así como de los hechos jurídicamente relevantes que le antecedieron y la forma en que a éstos se vincularon integrantes del grupo organizado autodenominado Frente Oliver Sinisterra, quienes serían sus probables perpetradores. No obstante, el Estado de Ecuador manifestó su preocupación por la inclusión de una relación pormenorizada de la actuación procesal en el informe, la cual

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podría revelar información y documentación reservada de varios expedientes que se mantienen en la fase de indagación previa. Al respecto, el ESE encuentra atendibles los argumentos expuestos por el Estado de Ecuador, con el fin de que el presente informe no constituya un obstáculo en el desarrollo de la averiguación penal, o se convierta en una fuente de fuga de información que de acuerdo con el diseño procesal penal de Ecuador no puede revelarse a terceros en este momento. En consecuencia, se entregará de forma exclusiva a la Fiscalía del Estado, las víctimas y sus apoderados, un resumen del componente de monitoreo de la investigación en cuanto al seguimiento puntual de las diligencias y actividades llevadas a cabo por la Fiscalía General Nacional (FGN) y el material probatorio, tanto de las actuaciones respecto al secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra (sistematizado en el Anexo 2), como del expediente en el que se investiga al grupo Frente Oliver Sinisterra (FOS) por el atentado con explosivos al Comando de Policía de San Lorenzo (Anexo 1), situaciones que el ESE considera de relevancia para dar luz sobre la investigación del secuestro. Respecto a estos documentos puntuales, en el informe se mantiene un análisis conceptual de los expedientes observados y de las líneas de investigación que se sugiere seguir.

8. La CIDH agradece a los Gobiernos de Colombia y Ecuador por las facilidades brindadas, así como a los familiares de las víctimas, sus representantes y los integrantes del gremio periodístico de ambos estados que estuvieron presentes en las reuniones llevadas a cabo por el ESE y que en todo momento aportaron información relevante para el cumplimiento de su mandato. A la par, reconoce la labor incansable de las familias para acceder a la verdad de lo sucedido y aspira que el presente informe contribuya a la materialización de ese derecho.

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CAPITULO I. CONTEXTO DEL SECUESTRO 9. El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario

El Comercio de Ecuador, no puede abordarse como un hecho aislado, desvinculado de la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y comienzos de 2018. La presencia de equipos periodísticos en el Cantón de San Lorenzo (Provincia de Esmeraldas) estuvo directamente relacionada con la escalada de atentados terroristas que sacudió esa región del país en tal período, particularmente ligada con la aparición de grupos armados ilegales colombianos que no aceptaron desmovilizarse en el marco de los acuerdos de paz entre el Estado de Colombia y las FARC, y buscaron controlar territorios en la frontera colombiana con Ecuador que eran propicios para el cultivo y transporte de drogas. El actuar de estos grupos también impactaba en territorio ecuatoriano, tema que suscitó mayor interés por parte de la prensa nacional y condujo a que los medios de comunicación se volcaran hacia esa región en búsqueda de obtener información de innegable interés público.

10. La respuesta de los Estados dirigida a neutralizar estos grupos armados con fines

delincuenciales (Colombia y Ecuador), determinó una escalada de violencia por parte de uno de estos grupos, que amenazó la estabilidad de la región del río Mataje luego de una serie de actos de extrema violencia que tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y abril de 2018. El secuestro de Javier, Paul y Efraín por parte del grupo FOS respondió a la misma lógica que impulsó la ejecución de dichos actos. En tanto, dicho grupo buscó con todas esas acciones presionar a las autoridades ecuatorianas a que accedieran a dos exigencias que venían efectuando desde enero de 2018: la liberación de tres miembros de su organización -detenidos el 12 de enero de 2018 por autoridades ecuatorianas- y la suspensión del acuerdo de Ecuador con Colombia para adelantar acciones ofensivas coordinadas en la frontera.

11. El análisis del contexto previo al secuestro y asesinato de los periodistas requiere también

una mirada global de la problemática, que permita entender lo que pasaba en Colombia y sus repercusiones en territorio ecuatoriano. En las últimas décadas dos factores han determinado la dinámica de relacionamiento de las poblaciones de la frontera entre Ecuador y Colombia que comprende del lado ecuatoriano a las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, y del lado colombiano a los departamentos de Nariño y Putumayo. Por un lado, la presencia en los departamentos fronterizos del lado colombiano de una creciente y rentable economía ilegal asociada a la producción y procesamiento de cocaína, y por otro, la disputa por el control territorial y, en especial, por el dominio de los centros de acopio y las rutas de distribución de cocaína, que han librado grupos armados ilegales colombianos.

El conflicto armado del lado colombiano: caracterización 12. El movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia ejerció

durante varias décadas un extendido poder territorial en el sur de Colombia, particularmente en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo. En el año 1999 el gobierno colombiano llevó adelante el plan “Conquista II” destinado a retomar el control territorial de esa región del país, e implementó el denominado “Plan Colombia” cuyo objetivo primordial fue la erradicación de cultivos de coca en dichos departamentos. Estas

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acciones produjeron el repliegue de las FARC y de campesinos cocaleros hacia el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador3, lo que produjo consecuencias evidentes en la dinámica social y económica de la región. Así lo revelan las cifras del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI, de acuerdo con las cuales para 1999 Nariño registraba 3.959 hectáreas cultivadas, cifra que habrían sufrido una importante variación para diciembre de 2002 cuando alcanzó las 15.131 hectáreas de cultivos ilícitos4.

13. El municipio de Tumaco ubicado en la costa pacífica nariñense, limítrofe con el Cantón de

San Lorenzo, Ecuador, fue uno de los más afectados con la llegada de estos actores. Aproximadamente en 2002 las FARC hicieron presencia allí a través de la columna móvil Daniel Aldana, lo que coincidió con la llegada de “narcotraficantes, distribuidores de insumos químicos, comerciantes, trabajadoras sexuales, entre otros, que se ubicaron en los corregimientos de Llorente y La Guayacana, conocidos por ser los principales puntos de acopio de droga y de comercialización de insumos, pasta de coca y armamentos. Además, desde el 2003 se tuvo conocimiento de la existencia de una gran cantidad de cocinas para la producción de pasta de coca en la zona sur occidental y sur oriental del municipio y de laboratorios para el procesamiento de cocaína a orillas de los ríos Mira y Mataje”5.

14. Su posicionamiento estratégico convirtió a Tumaco en una zona de constante disputa

territorial, en la que no sólo confluyeron las FARC, sino además grupos paramilitares y bandas criminales involucradas en el negocio del narcotráfico. A finales de 2002 y comienzos de 2003, la bonanza del negocio del narcotráfico atrajo al bloque Libertadores del Sur (BLS), estructura paramilitar “que llegó a disputarle a las FARC los principales centros de acopio y rutas para la salida de drogas, concentrando su accionar en la carretera que conduce de Pasto a Tumaco y en los corregimientos Llorente, La Guayacana y La Espriella... (tras la desmovilización paramilitar en 20056) …en el municipio se formaron diferentes agrupaciones cuyo objetivo era apropiarse de los espacios dejados por el otrora grupo paramilitar. A finales de 2006, estructuras armadas como Nueva Generación, Águilas Negras y Rastrojos, empezaron una serie de disputas con las FARC, incrementando aún más los niveles de violencia. Hasta comienzos de 2012, los Rastrojos fueron la banda con mayor control sobre Tumaco, especialmente en un contexto de repliegue de las FARC”7.

15. En paralelo, las autoridades colombianas desarrollaron distintas campañas de guerra para

neutralizar a las FARC8 y los grupos ilegales que hacían presencia en la región. Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 se instalaron en Tumaco la Fuerza de Tarea Pegaso del

3 Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios más”, 9 de octubre de

2017, P.14, disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdf 4Cfr. Sociedad Geográfica de Colombia, SIMCI, censos marzo de 1999- diciembre de 2002 por departamento, disponible

en https://www.sogeocol.edu.co/documentos/simci.pdf 5 Cfr. Fundación Ideas para la Paz, USAID y Organización Internacional para las Migraciones, “Dinámicas del conflicto

armado en Tumaco y su impacto humanitario”, febrero de 2014, P.3, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf 6Las AUC y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo de cese de operaciones de ese grupo y en desarrollo de él, el 30

de julio de 2005 en la inspección de Policía de El Tablón, en el municipio de Taminiango (Nariño), 677 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovilizaron e hicieron entrega de sus armas. 7 Cfr. Fundación Ideas para la Paz, USAID y Organización Internacional para las Migraciones, “Dinámicas del conflicto

armado en Tumaco y su impacto humanitario”, febrero de 2014, P.3, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf 8 Plan Patriota, Planes Libertad I y II, Operación Marcial y Planes Espada de Honor I y II, entre otros.

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdfhttps://www.sogeocol.edu.co/documentos/simci.pdfhttp://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdfhttp://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf

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Ejército y la Fuerza de tarea “Poseidón” de la Armada Nacional9. La primera, con la misión de desarticular el frente 29 de las FARC y sus columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre, las bandas criminales al servicio del narcotráfico y el Frente Comuneros del Sur del ELN10. La segunda, encargada de la vigilancia de litoral pacífico y de los ríos Mira y Mataje, sector con mayor concentración de cultivos ilícitos11. En el curso de 2013 la banda criminal de Los Rastrojos se debilitó debido a los golpes asestados por la Fuerza Pública de Colombia, escenario que fue aprovechado por las FARC para lograr el reposicionamiento en Tumaco y el corregimiento de Llorente que durante años fue una base paramilitar12.

16. En 2014, mientras avanzaban los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la dirigencia

de las FARC en Tumaco, la columna móvil Daniel Aldana tomó el control del negocio del narcotráfico y generó un cambio en sus dinámicas mediante la introducción de un mayor número de campesinado al cultivo de hoja de coca, el procesamiento de pasta desde sus propias parcelas y el aprovechamiento de redes locales de comercialización y distribución, a través de las ríos que transitan la frontera con Ecuador y llevan al mar pacífico en la provincia de Esmeralda, o por Tumaco mismo, en otros términos, toda la cadena productiva en un mismo lugar, como lo indican investigaciones periodísticas del fenómeno13. Esto se puede corroborar con los resultados de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en cuyo informe de 201714 se mostró el aumento de las hectáreas de coca sembradas en Tumaco que pasó de 5.045 en 2013, a 23.148 en 201615.

17. De acuerdo con uno de los informes de Human Rights Watch16, la columna móvil Daniel Aldana que operó en Tumaco se caracterizó por su menor compromiso ideológico y mayor involucramiento en el negocio del narcotráfico, de allí que sus integrantes fuesen menos

9 Cfr. Webinfomil.com, “La armada activa fuerza contra el narcotráfico”, febrero de 2012, disponible en

http://www.webinfomil.com/2012/02/la-armada-activa-fuerza-de-tarea-contra.html 10

PNUD, “Nariño, análisis de la conflictividad y construcción de paz”, diciembre de 2014, P.24-25, disponible en http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-narinoconflictividades-2015.pdf 11

Universidad del Rosario/Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional III División, “El Conflicto armado en las regiones”, noviembre 30 de 2017, P. 133, disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=y 12

Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios más”, 18 de octubre de 2017, P.14, disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdf 13

En la investigación realizada por el Diario colombiano El País, “Tumaco, un pueblo invadido por la coca”, del 25 de abril de 2016, en la que se exploraron las razones del crecimiento de los cultivos ilícitos en este municipio, varios de los entrevistados, habitantes de la zona más próxima a la frontera con Ecuador, explicaron que durante los últimos tres años guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC se habían dedicado a entregar semillas y a facilitar la producción y el transporte de la hoja de coca y la pasta de coca a los campesinos de las zonas rurales de Tumaco. Una especie de democratización del negocio del narcotráfico, decían. Pero más allá de eso, explicó el diario, todo el proceso de producción de pasta de coca también está siendo realizado por los campesinos, agregando que el mayor negocio en ese momento no era vender la hoja, como había sido tradicionalmente., sino producir pasta de coca o incluso clorhidrato de coca para ser vendido directamente a Estados Unidos o Centroamérica. Disponible en https://www.elpais.com.co/judicial/tumaco-un-pueblo-invadido-por-la-coca.html 14

Universidad del Rosario/FFAA “El Conflicto armado en las regiones”, noviembre 30 de 2017, P. 133, disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=y 15

Cfr. UNODOC Gobierno de Colombia, “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016” Julio de 2017, P.29 y s.s., disponible en www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pd 16

Cfr. Human Rights Watch,” Violencia Reciclada, Abusos de disidentes de las FARC en Tumaco”, 2018, P.15, disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia1218sp_web.pdf

http://www.webinfomil.com/2012/02/la-armada-activa-fuerza-de-tarea-contra.htmlhttp://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-narinoconflictividades-2015.pdfhttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=yhttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=yhttps://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdfhttps://www.elpais.com.co/judicial/tumaco-un-pueblo-invadido-por-la-coca.htmlhttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=yhttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowed=yhttp://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdhttps://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia1218sp_web.pdf

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propensos a la desmovilización y dejación de las armas, tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Operaban, además, “en un ambiente de abundantes oportunidades de lucrarse mediante actividades delictivas, debido a la producción y el tráfico de drogas a gran escala que tiene lugar en la zona”. Esta situación trajo consigo graves violaciones de derechos humanos de la población, debido también a la escasa presencia del Estado, lo que contribuyó a un incremento de la violencia en la que se han visto inmersos los habitantes de esa zona durante décadas.

18. A este respecto, Human Rights Watch reveló a mediados de 2018 que a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los abusos se mantenían inalterados en Tumaco con tendencia a aumentar, aspecto ligado a “las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC (y su reincorporación a la sociedad) q u e contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla”. Según la información a la que accedió el ESE, estos grupos han seguido actuando en la zona y el tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Diversos medios y organizaciones han reportado que los niveles de abusos graves contra habitantes están aumentando en Tumaco 17.

19. En la primera y segunda visita del ESE a Ecuador, sus autoridades expresaron preocupación

por las dinámicas de violencia registradas en el lado colombiano de la frontera, que durante un largo periodo las autoridades colombianas no lograron controlar por a la escasa presencia tanto en lo militar como en lo institucional, lo que a su vez habría facilitado el asentamiento de diversas estructuras criminales y la proliferación de sus actividades delictivas18. Asimismo, refirieron las dificultades que enfrenta Colombia para recuperar el control del territorio luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, lo que ha traído un impacto negativo en las poblaciones fronterizas del lado ecuatoriano.

20. En la primera visita del ESE a Ecuador las organizaciones de la sociedad civil y el gremio de

periodistas expresaron que la situación actual de la frontera norte no sería nueva y que las redes de estos grupos volcados al narcotráfico también habían vinculado a ciudadanos del lado ecuatoriano. Los hechos sucedidos entre enero y marzo en San Lorenzo, incluido el secuestro de Javier, Paúl y Efraín, visibilizaron esta situación. Durante la segunda visita el Estado informó sobre las condiciones de seguridad de la frontera colombo ecuatoriana y destacó la mejora continua en los indicadores de seguridad de la misma. Según el Ministerio del Interior de Ecuador, las estadísticas de muertes violentas reflejarían que la tasa de homicidios correspondiente a la provincia de Esmeraldas decreció exponencialmente en más de un 400%, bajando de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010, a 10 por cada 100 mil habitantes al año 2017. Asimismo, se informó del incremento de la presencia integral en la frontera norte, por parte del Estado de Ecuador en servicios de salud, educación y seguridad ciudadana.

21. Paralelamente, durante su visita al Estado Colombiano, el ESE fue informado por representantes de la cancillería de ese país y de las fuerzas armadas, que el Estado era

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Human Rights Watch,” Violencia Reciclada, Abusos de disidentes de las FARC en Tumaco”, 2018, P.11 y s.s., https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia1218sp_web.pdf 18

El Estado de Ecuador en sus observaciones al proyecto de informe precisó que esta realidad consta en varios documentos de organismos internacionales, como en el Informe Mundial sobre Drogas 2018 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), que daría cuenta del importante crecimiento de cultivos, especialmente en la zona sur de Colombia.

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia1218sp_web.pdf

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consciente de la necesidad de emprender acciones para que su presencia en la zona no se limitara a la fuerza pública, sino que fuera sistemática e integral. Para ello, a la par de la estrategia de retoma del territorio ocupado por las FARC mediante una campaña militar y policial, se han creado fiscalías especializadas, oficina de la Defensoría del Pueblo y otras entidades que apoyan la sustitución de cultivos.

22. Asimismo, periodistas colombianos que se entrevistaron con el ESE en su visita a Colombia,

manifestaron que en Tumaco las condiciones de vida son en extremo precarias, y mencionaron que los habitantes de las zonas veredales se hallan sometidos a la presión de los grupos armados y de las autoridades, pudiendo comprobar a partir de sus visitas al terreno que a la fecha de los hechos apenas cuatro o cinco veredas, de las treinta y dos existentes contaban con presencia militar, y aunque se han instalado algunos retenes del Ejército, en éstos sólo se controlaba el paso; como sucedía en La Variante, La Playa, el Playón y el Ballenato.

El surgimiento del Frente Oliver Sinisterra

23. De acuerdo con la información recibida, los nuevos grupos que luego de los acuerdos de paz pugnaron por el dominio de la región y que protagonizan abusos contra su población, son conocidos bajo las denominaciones de “Gente del Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico”, “Grupo Mario Lata”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo”, “Resistencia Campesina”, “Los de Sábalo” y “Frente Oliver Sinisterra”, entre otros19.

24. En el caso del Frente Oliver Sinisterra (FOS), se estima que surgió en 2016, en medio de un

proceso de reorganización de estructuras armadas y delincuenciales de Tumaco y del avance de otros grupos por hacerse al control de los centros de producción y distribución de cocaína. Su conformación se atribuye a Walter Patricio Arizala Vernaza, más conocido con alias de “Guacho”, de nacionalidad colombo-ecuatoriana20, un ex combatiente de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC a la que ingresó en 2007, experto en explosivos y encargado de finanzas, quien tras abandonar la vereda transitoria de normalización de la Variante (Tumaco) donde se preparaba junto con otros 116 integrantes de esa facción guerrillera para la desmovilización, tomó contacto con antiguos milicianos y todo indica que habría buscado el apoyo financiero y logístico de narcotraficantes colombianos y emisarios de carteles mexicanos en la zona, entre ellos Jefferson Chaves Toro, alias Cachi, persona que fue el segundo al mando del grupo hasta su captura, ocurrida el 16 de marzo de 2018 en Pereira, Colombia21.

25. Actualmente, según la información analizada por el ESE, el FOS es un grupo delictivo que

hace presencia en la región de “Alto Mira y Frontera, veredas el Playón, el Tandil, el Vallenato, El Azúcar, Brisas del Mira, Casas Viejas, La Balsa, Montañitas y Puerto Rico, del municipio de Tumaco, así como en las parroquias de Mataje y El Pan, cantón de San

19

Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “La reconstrucción unilateral del acuerdo de paz”, noviembre de2018, P.57 y s.s. disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/informe-como-va-la-paz.pdf. 20

En sus observaciones al proyecto de informo, el Estado de Ecuador consideró destacar la doble nacionalidad de alias Guacho. 21

Fundación Ideas para la Paz, “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, abril 2018, P.17, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ad26d9a90c6f.pdf

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/informe-como-va-la-paz.pdfhttp://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ad26d9a90c6f.pdf

11

Lorenzo, Ecuador22. Heredó las tácticas empleadas por las FARC de sus últimos años de operaciones, basadas en la economía de fuerzas, esto es, “acciones que requieren de poco esfuerzo militar y movilización de personal”23, tales como activación de artefactos explosivos, hostigamientos, ataques contra la infraestructura económica.

26. Al FOS se le atribuye la comisión de diversos delitos en territorio colombiano, tales como

amenazas, secuestros, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Sus acciones delictivas estarían orientadas a favorecer su posición de control y dominio sobre el negocio de producción y distribución de cocaína. Para ello, sus integrantes ejercieron presión sobre la población campesina para que sirvieran de escudo e impidieran las labores de erradicación de cultivos ilícitos, política que las autoridades colombianas desarrollan actualmente en Tumaco y en otras regiones del país. En este aspecto, el ESE advierte que en período de los hechos, el grupo cometió las acciones delictivas que se les atribuyen en Colombia y Ecuador, particularmente en lo que corresponde a atentados con explosivos dirigidos a la infraestructura eléctrica de ambos Estados, como a vehículos y personal de la policía y fuerzas armadas. Entre las conductas punibles en que probablemente han participado están, entre otras, las siguientes:

1

26-09-2017

15 personas pertenecientes a la junta de acción comunal de Alto Mira y frontera (Túmaco), y 3 habitantes del mismo sector, se vieron obligados a abandonar sus casas con ocasión de las amenazas que recibieron del FOS. en los primeros días de ese mes alias Cachi, segundo al mando, los convocó a una reunión en Mataje, Ecuador, para que reunieran personas de su comunidad y organizaran actos de protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos que adelantan las autoridades. Quien no accediera sería declaraban objetivo militar. ante la amenaza salieron desplazados de sus tierras.

2

05-10-2017

En desarrollo de una protesta campesina precedida de amenazas del FOS y las presiones a campesinos para que se opongan a la sustitución de cultivos ilícitos, perdieron la vida seis campesinos manifestantes. Según la versión oficial inicial, integrantes del FOS lanzaron cilindros y dispararon con armas largas y cortas indiscriminadamente. Los manifestantes insisten en que la policía disparó contra la multitud de manera indiscriminada. La fiscalía este año formulo cargos contra dos oficiales de la policía por estos hechos

3

17-10-2017

José Jair Cortes, miembro de la junta de acción comunal de Alto Mira y Frontera fue asesinado a tiros. Fue uno de los participantes a la reunión de Mataje, en la que le manifestó al segundo al mano del FOS que no acompañaría la iniciativa de oponerse a la sustitución de cultivos de coca.

4

6-03-2018

En horas de la noche se produjo un atentado con explosivos a dos torres eléctricas ubicadas en la vereda la Espriella, Tumaco, que dejó sin energía a todo el municipio. Las labores de reparación se vieron afectadas pues se hallaron minas antipersonales sembradas en terrenos adyacentes a las torres. Ese mismo día, en un sitio no establecido de la frontera, fueron secuestrador Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Su cautiverio se cumpliría desde esa fecha en territorio colombiano.

5

05-04-2018

Se registró un nuevo atentado con explosivos a una torre eléctrica ubicada en la Vereda Las Marías del corregimiento de la Guayacana, Tumaco.

22

Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios más”, 18 de octubre de 2017, P.16, disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdf 23

Fundación Ideas para la Paz, “seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia”, septiembre de 2’14, P.10, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5436b8cdbf6e1.pdf

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdfhttp://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5436b8cdbf6e1.pdf

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Nuevamente la población quedó sin servicio de luz por varios días.

6

11-04-2018

Se conoce el asesinato de los integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de sus captores. Integrantes del FOS hacen circular un “comunicado público” en que culpan a las autoridades colombianas y ecuatorianas, indicando que realizaron operaciones militares en la zona en que se encontraban retenidos. Al día siguiente envían a un medio de comunicación colombiano fotos que dan cuenta de su asesinato.

7

03-06-2018

Margarita Estupiñán Uscátegui, presidenta de una junta de acción comunal de la vereda El Vaquero, Tumaco, fue asesinada a tiros. La fiscalía anunció en agosto que había emitido órdenes de captura contra integrantes del FOS por estos hechos.

8

17-04-2018

En un lugar no determinado de la frontera colombo ecuatoriana, son secuestrados los ciudadanos ecuatorianos Óscar Efrán Villacís y Katty Vanesa Velasco Pinargote.

9

12-06-2018

En la vereda Corriente Larga, del corregimiento de Llorente, Tumaco, se registró la activación de una mina antipersonal, que dejó heridos a cuatro patrulleros de la Policía Antinarcóticos, que realizaban labores de erradicación manual de cultivos de coca.

10

26-06-2018

Fueron hallados en una fosa ubicada zona rural de Tumaco los cadáveres de los ciudadanos ecuatorianos Óscar Efrán Villacís y Katty Vanesa Velasco Pinargote.

11

11-07-2018

En el kilómetro 74 de la vía Tumaco-Pasto fue interceptado por hombres fuertemente armados el vehículo en que se trasportaban 3 investigadores de la FGN quienes fueron asesinados a tiros. Posteriormente el auto fue quemado.

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19-08-2018

Holmes Alberto Niscué, líder de la reserva indígena Awá Gran Rosario, Tumaco, fue asesinado a tiros.

13

17-10-2018

En medio de los operativos adelantados por las autoridades para dar con el paradero de alias Guacho, fue lanzada una granada contra una patrulla de la policía que se desplazaba por el caso urbano de Tumaco. Dos civiles y un policía resultaron heridos.

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28-10-2018

En la vereda Corriente Larga, del corregimiento de Llorente, Tumaco, se registró la activación de una mina antipersonal, que cobró la vida del patrullero de la Policía Narem Daryam Mora de 23 años, quien realizaba labores de erradicación manual de cultivos de coca.

La presencia del FOS en Ecuador

27. El ESE destaca que el periodista Javier Ortega se refirió por primera vez a la presencia del FOS – y a de otros grupos armados irregulares colombianos- en territorio ecuatoriano, así como a sus actividades e intereses en la zona fronteriza, en la edición del diario El Comercio del miércoles 31 de enero de 2018 bajo el titular “Dos grupos de las ex FARC tomaron control de la droga en la frontera”. Cómo se transcribe a continuación, su artículo fue exhaustivo y reveló lo que estaba ocurriendo con estos grupos armados que desafiaban al acuerdo de paz, para mantenerse en el lucrativo negocio del narcotráfico. Cabe destacar que en aquel momento no abundaba la información sobre la naturaleza y alcance de la presencia de este grupo en la frontera.

Escribió Javier Ortega:

13

“Colombia y Ecuador consideran a Walter Patricio Arisala un objetivo prioritario para contrarrestar el narcotráfico en la frontera norte. Los agentes advierten que alias ‘Guacho’ conoce la selva a la perfección y es un nexo estratégico con los carteles de la droga. Actualmente, el paradero del ecuatoriano es desconocido.

La última vez que apareció en público fue en octubre del 2017. El exguerrillero habló desde una zona de Nariño, en la frontera con Esmeraldas y aseguró ser el comandante en jefe del autodenominado frente ‘Oliver Sinisterra’. Este grupo armado opera con 250 hombres en Colombia (60 se mueven en Ecuador). La mayoría son disidentes de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, que no se acogieron al proceso de paz.

El pasado martes 30 de enero de 2018, EL COMERCIO habló vía telefónica con agentes de unidades de la Armada colombiana que combaten el narcotráfico en Tumaco (Nariño). Los investigadores advirtieron que el frente liderado por Arisala no es el único que opera en la frontera norte.

En esa zona también existe otra facción de desertores de la columna Daniel Aldana que maneja el tráfico de drogas bajo el nombre de Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), comandada por alias ‘David’. Las primeras alertas sobre este grupo ya se conocieron el 20 de mayo del 2017, en una carta que Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las FARC, le envió al presidente Juan Manuel Santos. “Con el nombre de Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de un tal David, las bandas armadas que antes eran fuertes en San Sebastián, San Juan, Pital y San Pedro, crecieron repentinamente, tomándose todos los ríos de la frontera con Ecuador, en un plan a todas luces muy bien diseñado”, advertía Londoño. Y aseguraba que tienen presencia en los ríos Chagüí, Rosario y Mejicano, en los caseríos la Guayacana y Llorente o en Puerto Rico, frontera con San Lorenzo, el poblado de Esmeraldas en donde se produjo el ataque terrorista.

Agentes ecuatorianos admiten que el control total de los ríos Mataje y Mira es complejo, sobre todo por la cantidad de afluentes y desembocaduras. Las mafias utilizan estas salidas fluviales, la mayoría cubiertas por espesos manglares, para cargar la cocaína en las lanchas y despacharla hacia Centroamérica.

Alias ‘Guacho’ conoce esas rutas y ahora es la principal amenaza para las autoridades de Ecuador. Sin embargo, el esmeraldeño, en la aparición pública de octubre, dijo que no se dedica al narcotráfico. Y aclaró que abandonó las FARC porque los beneficios de la paz solo los reciben los altos mandos. Según Arisala, el frente ‘Oliver Sinisterra’ continúa con la lucha proletaria en la selva.

Pero en Tumaco, los uniformados dicen que ‘Guacho’ tiene injerencia en al menos 10 poblados de la frontera colombiana con Esmeraldas. Eso significa que controla la producción y las rutas para sacar los cargamentos de droga. De hecho, en Tumaco también hay presencia del Clan del Golfo, un grupo criminal dedicado solo al narcotráfico.

International Crisis Group, una ONG que trabaja para “prevenir guerras”, estudió este fenómeno y aseguró que los disidentes siguen operando como lo hicieron antes del acuerdo de paz: luchan contra los esfuerzos de erradicación de la coca, resuelven disputas. Además,

14

controlan los corredores de tráfico de drogas, llevan a cabo ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y garantizan el orden local24.

28. De acuerdo con la información analizada por el ESE, la presencia del FOS en territorio

ecuatoriano descrita por Javier Ortega, se arrastraba desde meses anteriores y había sido detectada por el gobierno ecuatoriano en desarrollo de una operación interagencial que incluyó la coordinación de esfuerzos entre varios subsistemas de agencias policiales -Subdirección de investigación antidelincuenciales, unidad de investigación de delitos contra armas y municiones, departamento de inteligencia antidelincuencial y unidad de lucha contra el crimen organizado-25.

29. En efecto, en el informe “Actividades generadas en la frontera”26, el Comandante General

de la Policía Nacional de Ecuador había dispuesto “el inicio de actividades para evitar la infiltración desde Colombia a Ecuador”, incluso antes de los hechos registrados el 5 de octubre de 2017 en la vereda El Tandil (Tumaco), en donde resultaron muertos varios campesinos que se oponían a la erradicación forzada de cultivos de coca, tras los cuales se señaló la posible participación del FOS.

30. Como parte de esa estrategia, el 1 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la operación

“Fortaleza 72” que permitió detectar un laboratorio clandestino de conversión de pasta de base a clorhidrato de cocaína, ubicado en el sector de Campanita-San Lorenzo, colindante con Colombia. Según la anotación oficial, este laboratorio “producía una cantidad de 5.000 Kilos de clorhidrato de cocaína de manera quincenal”. El 8 de octubre de 2018, se activó una operación interagencial “para identificar a potenciales infractores que se encuentran generando delitos en el país” y se dispuso como primera labor “recabar información relacionada a la apreciación de la situación general de la frontera norte y relacionada con (a) Guacho y (a) Cachi”.

31. Entre octubre 2017 y enero de 201827 la policía ecuatoriana combatió a la estructura del

FOS, adelantando varias acciones, entre ellas las siguientes:

a) El 23 de octubre de 2018, la aprehensión en San Lorenzo de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que tenía vigente orden de captura por el delito de tenencia de arma de fuego, persona que de acuerdo con la información de inteligencia presumiblemente sería parte de la organización de Guacho.

24

Cfr. Diario El Comercio, “2 grupos de las exFARC tomaron el control de la droga en la frontera”, 31 de enero de 2018, P2, disponible en https://www.elcomercio.com/actualidad/sanlorenzo-grupos-farc-droga-frontera.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 25

Cfr. Memorando N°MDI-VDI-SSC-DCDO-2018-005-M y Anexo 1, Dirección contra la Delincuencia Organizada y Delitos Conexos, 12 de mayo de 2018, Carpeta 1/3, P.004, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 26

Cfr. Dirección General de Operaciones, 6 de febrero de 2018, Anexo 1, Carpeta 1/4, P. 028, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 27

Cfr. Memorando N°MDI-VDI-SSC-DCDO-2018-005-M, Dirección contra la Delincuencia Organizada y Delitos Conexos, 12 de mayo de 2018, Anexo 1, Carpeta 2/4, P.009 en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

https://www.elcomercio.com/actualidad/sanlorenzo-grupos-farc-droga-frontera.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido. ElComercio.comhttps://www.elcomercio.com/actualidad/sanlorenzo-grupos-farc-droga-frontera.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido. ElComercio.comhttps://www.elcomercio.com/actualidad/sanlorenzo-grupos-farc-droga-frontera.html.%20Si%20está%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido. ElComercio.com

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b) El 5 de noviembre de 2018, la aprehensión y posterior deportación de dos ciudadanos colombianos -alias Curandero y alias Cholo- en San Lorenzo, presuntos integrantes del FOS requeridos por la justicia colombiana como “objetivos de alto valor” contra quienes pesaba orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado (conformación de grupos armados) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

c) El 8 de noviembre de 2018, la localización de una infraestructura utilizada como

laboratorio para el procesamiento de pasta base de cocaína en el sector de Campanita, San Lorenzo y la aprehensión de dos ciudadanos ecuatorianos presuntamente relacionados con el FOS.

d) El 8 de enero de 2018, la aprehensión de cuatro ciudadanos ecuatorianos en posesión de

359 rollos de tubo nonel cada uno de 50 metros y 2 cilindros GLP, material presumiblemente utilizado para la fabricación de artefactos explosivos.

e) El 12 de enero de 2018, la aprehensión de dos ciudadanos ecuatorianos -alias Cuco y alias

Diego- y uno colombiano -alias James-, en cuyo poder se hallaron armas de fuego, granadas de diferente tipo, munición de diferentes calibres y material propio para la fabricación casera de artefactos explosivos, en desarrollo de allanamientos llevados a cabo en la parroquia de Mataje, San Lorenzo.

f) El 23 de enero de 2018, el decomiso de siete toneladas de químicos que presumiblemente

corresponderían a insumos para procesamiento de pasta base de cocaína presuntamente direccionados al FOS.

g) El 24 de enero de 2018, la aprehensión de tres ciudadanos ecuatorianos y uno mexicano y

el decomiso 970 kilos de cocaína, 500 galones de combustible, 2 balizas de geoposicionamiento, dinero en efectivo de denominación mexicana y colombiana, elementos hallados en una embarcación con 3 motores fuera bordo.

32. El desarrollo de tales operaciones aparentemente desencadenó la reacción del FOS, mediante ataques a unidades militares y policiales, daños a la infraestructura locativa y eléctrica oficial y el despliegue de atentados contra la población civil. Según la información suministrada al ESE, cronológicamente los actos delictivos consumados en territorio ecuatoriano que serían atribuibles al FOS son, entre otros, los siguientes28:

1 02-11-2017 En una vía de tercer orden del sector de La Cadena, Cantón San Lorenzo, se produjo un atentado armado a un equipo del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos -GEMA- que ocasionó daños materiales al vehículo policial.

2

27-01-2018

En horas de la madrugada explotó un carro bomba en inmediaciones del comando de policía de San Lorenzo causando daños materiales al local, como heridas leves del personal presente y algunos ciudadanos.

28

Cfr. Oficio N°2018-1244-DIAD-DNP, Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones, 13 de mayo de 2018, Carpeta 4/4, P.0371-, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

16

3

16-03-2018

En horas de la madrugada se presentó un atentado explosivo en la capitanía del Puerto de Marina de Borbón, Provincia de Esmeralda

4

18-03-2018

En El Pan, cantón San Lorenzo, una patrulla militar que realizaba patrullajes fue atacada con disparos desde el lado colombiano y el lanzamiento de un mortero, resultando 3 militares heridos leves y un ciudadano aprehendido

5

18-03-2018

En el sector del Alto Tambo, cantón San Lorenzo, un patrullero de la Policía sufrió daños por la detonación de un artefacto explosivo.

6

20-03-2018

En horas de la mañana una patrulla que realizaba operaciones de vigilancia y control de la frontera norte, sector de Mataje, fue afectada por la detonación de un artefacto explosivo colocado a un costado de la carretera. El atentado produjo la muerte de cuatro infantes de marina y varios más heridos.

7

26-03-2018

A las 16H10 un tanquero que regresaba de abastecer de agua potables a unidades militares que patrullaban en el sector de Mataje, fue afectado por la detonación de un artefacto explosivo colocado a un costado de la vía. El atentado no produjo heridos.

8

26-03-2018

A las 17H03, un integrante del FOS informó a un oficial de la policía acerca del secuestro de dos periodistas de Quito y su conductor por parte de integrantes del FOS.

9

04-03-2018

En la parroquia El Viche, Cantón de Quinidé, detonó un artefacto explosivo colocado en la base de una torre de electricidad. No se registraron heridos.

10

17-03-2018

El FOS reportó a las autoridades el secuestro en zona de frontera con Colombia, de los ciudadanos ecuatorianos Óscar Efrán Villacís y Katty Vanesa Velásco Pinargote.

33. En sus observaciones al proyecto de informe, el Estado de Ecuador consideró que es “errado

homologar las situaciones fronterizas de Ecuador y de Colombia, en la región occidental de ambos países”, bajo el entendimiento de que el ESE sugeriría “la existencia de situaciones similares en el lado ecuatoriano y colombiano de la frontera, insinuando que la magnitud de los eventos de criminalidad suscitados en la frontera es comparable y análoga entre Ecuador y Colombia”. El Estado de Ecuador indicó que, según su consideración, el FOS es un “grupo delincuencial”, mientras que para Colombia es un “grupo armado organizado de las FARC”. El Estado de Ecuador indicó que dicho grupo “generó daños irreparables en la sociedad ecuatoriana, especialmente los asesinatos de siete ciudadanos. Sin embargo, estos eventos que han causado conmoción y dolor al interior del Ecuador, no son comparables con la violencia sistemática que ha existido en Colombia durante más de medio siglo”.

34. Al respecto, el ESE considera pertinente aclarar que no equipara ni homologa las situaciones

de violencia que enfrentan o han enfrentado los países de Ecuador y Colombia en su frontera. Por el contrario, se indicó en consonancia con lo manifestado por el Estado de Ecuador en sus observaciones29, que el FOS es una estructura que nace y hace presencia en Colombia, a la

29

El Estado de Ecuador indicó que: “Concretamente, el FOS ha provocado en el sur de Colombia una cantidad innumerable de asesinatos a líderes comunitarios, miembros de la fuerza pública y de servidores del sistema de

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cual se le atribuye la comisión de delitos sumamente graves como amenazas, secuestros, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, entre otros, ocurridos en Colombia, los cuales buscan favorecer su posición de control y dominio sobre el negocio de la producción y distribución de cocaína, siendo que sus acciones delictivas se extendieron hasta Ecuador (ver supra párr. 23-27). Tras dicha presentación, el ESE procede destacar las acciones adoptadas por el Estado de Ecuador (ver supra párr. 31) y a presentar concretamente los hechos más relevantes en torno al presente asunto que ocurrieron en Ecuador (ver supra párr. 32).

35. En línea de lo anterior, el Estado resaltó en sus observaciones que “[d]esde que (…) detectó la intención del FOS de usar al país como corredor logístico para sus actividades criminales, realizó varias acciones para neutralizar judicialmente a esta organización”, así como “las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para impedir que esta estructura criminal utilizara territorio ecuatoriano”, destacando el número de personas detenidas, varias ya sentenciadas, armas y precursores aprehendidos, entre otras acciones. El ESE detalla las medidas adoptadas por el Ecuador para combatir al FOS en el siguiente apartado considerando además las acciones terroristas que desarrollaron en su territorio.

Medidas adoptadas por el Ecuador con ocasión de los actos terroristas en su territorio

36. El mismo día del atentado con explosivos al Comando de la Policía de San Lorenzo -27 de enero de 2018-, el Presidente de la República de Ecuador expidió el Decreto Ejecutivo 296 por cuyo medio decretó el estado de excepción en los Cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, con fundamento en la solicitud que en tal sentido elevó el Ministro del Interior, en su condición de Consejero Sectorial de Seguridad, a través de un oficio en el cual informó que las investigaciones llevadas a cabo indicaban que esa acción criminal al parecer había sido ejecutada por un grupo un armado organizado de Colombia que "busca evitar la intervención policial y militar en el sector fronterizo de San Lorenzo donde opera ese grupo delictivo; así como la liberación de tres integrantes de esta organización recientemente detenidos por parte de la Policía Nacional de Ecuador"30.

37. El 31 de enero siguiente, en la XVII reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado -

en adelante COSEPE- se adoptaron los lineamientos para la implementación del Estado de Excepción, integrado por un modelo de intervención territorial dirigido a afectar la capacidad estructural, influencia territorial, finanzas y comunicaciones de las organizaciones criminales armadas y un mecanismo de articulación sectorial para fortalecer el proceso de conducción política y coordinación, intercambio de información y actuación coordinada en el nivel operacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, orientado al logro de los siguientes objetivos específicos: (i) identificar, neutralizar y desarticular los grupos de delincuencia organizada sobre la base de intercambio de información e inteligencia, investigación antidelincuencial y desarrollo de operaciones de impacto; (ii) fortalecer el control territorial de la frontera; (iii) intensificar las operaciones de vigilancia y control de

investigación colombiano; el desplazamiento de cientos de personas; la destrucción de varias infraestructuras estratégicas; la instalación de minas antipersonales; entre otros hechos calificados por la propia Colombia como actos de terrorismo”. 30

Cfr. Oficio N°MDI-2018-0127-OF, Informe sobre eventos suscitados en Cantón san Lorenzo y recomendación de medidas excepcionales, 27 de enero de 2018, Carpeta 2/4, P. 0018, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

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espacios aéreos y acuáticos; (iv) incrementar las operaciones antinarcóticos en puntos priorizados y control de minería ilegal; (v) garantizar la seguridad de la población, prevenir delitos y la violencia; y (vi) reforzar el control migratorio.31. De acuerdo con la información recibida, luego de decretar el estado de excepción se enviaron 439 efectivos de las fuerzas armadas y 577 de la policía nacional, para realizan patrullajes, retenes, registro de vehículos, y allanamiento32.

38. El 1 de marzo de 2018 los ministros del Interior y Defensa expidieron el Acuerdo

Interministerial 008, a través del cual se creó el Mando Único para la “coordinación de operaciones militares, policiales y de complementariedad” en los Cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, con las siguientes atribuciones: (i) establecer protocolos para la articulación, coordinación y complementariedad de las FA y PN; (ii) elaborar una planificación conjunta y coordinada, encaminada a consolidar la seguridad de la población en la frontera; (iii) evaluar los resultados obtenidos; (iv) designar vocero de comunicaciones; (v) conformar un centro coordinador de inteligencia de los subsistemas militar y policial con la finalidad de elaborar y actualizar periódicamente la apreciación de inteligencia sobre los riesgos y amenazas en el territorio de su competencia33. Se dispuso que asumiera su mando un General de las Fuerzas Armadas designado por el Comando Conjunto, que recayó en el Contralmirante John Fernando Merlo, -en adelante Jefe del Mando Único-.

39. El Ministerio del Interior informó que la estrategia de intervención produjo a nivel investigativo destacables resultados consistentes en veintinueve capturas de presuntos integrantes de esa organización entre el 27 de enero y el 16 de abril de 2018, el decomiso de veinte armas de fuego, ciento cuarenta y cuatro municiones y 1.2 toneladas de “droga”, entre otros resultados operativos34. Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que en el marco del estado de excepción se dispusieron, entre otras, las siguientes medidas: coordinación de acciones con la Policía Nacional; intensificación de operaciones de inteligencia y contrainteligencia; materialización de retenes militares para intensificar los controles y aplicación de medidas restrictivas y prohibitivas, orientado a Corriente Larga, Campanilla, Guadalito, Mataje, así como a los centros poblados de San Lorenzo y Eloy Alfaro; mecanismos efectivos para la suspensión y restricción de derechos, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados35.

40. Estas decisiones habrían tenido también un impacto en la protección de los periodistas que

operaban en la zona. Con ocasión de la solicitud de información efectuada por el ESE acerca

31

Cfr. Oficio N°MDI-MDI-2018-0176-OF, Lineamientos para Implementación del Estado de Excepción, 31 de enero de 2018, Carpeta 2/4, P.0030-0033, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 32

Cfr. Memorando N°MDI-VDI-SSC-DCDO-2018-005-M, “Situación de seguridad fronteriza-Estado de excepción”, 12 de mayo de 2018, Carpeta 2/4, P.0012-0013, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 33

Cfr. Oficio N°MDI-MDI-2018001-O, Informe de acciones realizadas antes y después del secuestro de los periodistas del diario El Comercio, 27 de abril de 2018, Carpeta 1/4, P. 0010, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 34

Cfr. Memorando N°MDI-VDI-SSC-DCDO-2018-005-M, “Situación de seguridad fronteriza-Estado de excepción”, 12 de mayo de 2018, Carpeta 2/4, P.0014, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 35

Cfr. Oficio CCFAAA-JCC-2018, 0181-O-OF, Comando Conjunto de FFAA, 11 de mayo de 2018, Carpeta 1/1, P.3-4, en documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa a familiares de los secuestrados

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de la forma en que operó el Mando Único y las medidas concretas que adoptó para la protección de la población civil que debía circular en la zona de frontera, los delegados del Ministerio de Defensa expusieron que el trabajo conjunto no implicó que las fuerzas armadas asumieran labores propias de la policía y viceversa36, como tampoco que el Mando Único coordinara las labores de seguridad ciudadana que están a cargo de la Policía Nacional37, por lo cual era competencia de esta última disponer y ejecutar las necesarias.

41. En cuanto a las medidas derivadas del estado de excepción, en el curso de la primera y

segunda visita al Estado los representantes del Ministerio de Defensa y jefe del Mando Único informaron que existió un mayor control de la población mediante las instalaciones de puestos de control fijos y móviles, agregando que el puesto de control del DESMAJ, instalado a 1.5 kilómetros de Mataje no operó como un retén en donde se permitiera o no el paso, sino como un punto de control de armas y revisión de todo vehículo que entraba o salía. Particularmente en lo que hace a las restricciones del derecho de circulación, se informó que las medidas implementadas fueron dispuestas por los COE Cantonales de San Lorenzo y Eloy Alfaro el 24 y 26 de marzo de 2018, consistentes en un toque de queda entre las 22H00 y las 5H00, sin que en otros horarios hubiese restricción de circulación38.

42. Acerca del desarrollo de operaciones militares el Ministerio de Defensa informó que en los

primeros meses del año las operaciones dirigidas al control de fronteras mantuvieron un perfil defensivo, concentradas en patrullajes en el límite fronterizo, con énfasis en los pasos informales. Luego del secuestro del equipo periodístico el Ministro de Defensa dispuso “no incrementar las operaciones en la frontera norte”39, operaciones que tuvieron el siguiente comportamiento:

36

Cfr. Información suministrada por el Comandante de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Pérez Rodríguez, en desarrollo de la segunda visita a Ecuador 37

Cfr. Información suministrada por el jefe del mando Único de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en desarrollo de la segunda visita a Ecuador, quien adicionalmente informó que en la práctica el Mando Único se orientó a reforzar las actividades de seguridad, control y vigilancia de la frontera, dotándola a las patrullas militares de capacidad adecuada de reacción, para lo cual se le incorporaron efectivos de la policía, de manera que fuera posible reaccionar adecuadamente frente a una amenaza que implicara el desarrollo de competencias de cada componente: el de seguridad fronteriza y el de seguridad ciudadana. 38

Cfr. Acta de Resolución sin número del 24 de marzo de 2018, adjunta al Oficio N°019925 MC309-18 del 12 de diciembre de 2018 remitido por la Directora Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación de Ecuador al Secretario Ejecutivo de la CIDH 39

Cfr. Ministerio de Defensa, oficio MDN-2018-2285-OF, 20 de diciembre de 2018, P.5

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43. Finalmente, el jefe del Mando Único refirió que la información sobre amenazas, provenientes de los subsistemas de inteligencia, se compartían en las reuniones realizadas a diario, para que cada componente la utilizara en el ámbito de su competencia: las fuerzas armadas en las propias de defensa de la soberanía e integridad territorial y la Policía Nacional en seguridad ciudadana y orden público.

44. En cuanto a la información sobre amenazas, el ESE conoció a través de los reportes oficiales

que previo al secuestro existió un canal de comunicación entre la Policía ecuatoriana y presuntos delegados del FOS. En efecto, tras la captura de tres integrantes del FOS, -alias Cuco, alias Diego y alias James- realizada el 12 de enero de 2018 en Mataje, al día siguiente, 13 de enero de 2018, el Mayor de la Policía Alejandro Zaldumbide Navia -en adelante “Negociador 1”-, adscrito al Comando de Policía de San Lorenzo, recibió un mensaje de un sujeto que se identificó como el alias de “El Tigre”, quien exigió la “liberación de su gente” y profirió la amenaza de atacar a Ecuador con atentados bomba40.

45. La comunicación se reanudó el 20 de febrero de 2018, a través de una llamada que el

“Negociador 1”recibió de un sujeto de acento colombiano que se identificó como integrante de las FARC, quien “me supo indicar que yo hable con el alto mando militar para que dejen en paz las acciones armadas que están efectuando en contra de su organización, que le diga a los señores Generales y gobernantes que retiren las fuerzas armadas de la frontera y que de no cumplir con tal pedido procederá a poner bombas en diferentes lugares del Ecuador, así como también a secuestrar a miembros de la policía”41.. El contacto de voz, grabado por el oficial, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado -en adelante FGE- y desde esa fecha la información se dirigió a alimentar la investigación que desde octubre anterior abrió esa entidad relacionada con el FOS42.

40

Cfr. Oficio N°2018-SN-DGI-PN “Informe del Mayor de la Policía Zaldumbide Navia al comandante de la Policía Nacional”, 13 de mayo de 2018, Carpeta 4/4, P. 0488-0449, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 41

Originadas desde el del teléfono ecuatoriano número 0985043887 42

Cfr. Oficio N°2018-SN-DGI-PN, 13 de mayo de 2018, Carpeta 4/4, P. 0488-0449, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

163

413 369 340

502 424

820

0

200

400

600

800

1000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Fuente: Ministerio de Defensa

Operativos en la frontera

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46. El 25 de febrero, previa coordinación y autorización del Subdirector de Inteligencia de la Policía General, el “Negociador 1” envió un mensaje vía WhatsApp al número que lo había contactado con antelación. Ese mismo día recibió llamada del abonado telefónico que previamente lo había contactado. De esa forma entabló diálogo con presumiblemente alias “Guacho” a quien le dijo estar a la espera de la reunión entre sus Generales para tomar decisiones respecto del pedido que le había hecho. Aquél le contestó que debía ser un trato serio, orientado a que no se metieran con su gente y al retiro de las tropas militares ecuatorianas en la frontera. La comunicación terminó con la solicitud del oficial en el sentido de que desistiera de realizar daños a la población ecuatoriana y el compromiso de su interlocutor de hablar con su gente para que retiraran “sus tropas hasta el día martes”, cuando volverían a hablar para conocer novedades43. En fecha posterior se determinó por técnicas de cotejo de voz que sí fue Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, quien habló con el Mayor Zaldumbide Navia.

47. De acuerdo con la información entregada por el Estado a los familiares de los secuestrados,

las siguientes comunicaciones se recibieron el 27 de febrero: la primera, un mensaje de texto proveniente de un abonado colombiano donde se le inquirió por el estado de las gestiones44. La segunda, una llamada de quien dijo ser delegado de alias “Guacho” para iniciar un proceso de negociación, el “Negociador 1” respondió que posiblemente en unos días habría “resultados positivos”. El delegado de alias “Guacho” aceptó comunicarse el sábado, diciendo que en esa fecha esperaba se encontrara nombrado el delegado para llegar a un acuerdo que favoreciera a las partes45. Esta llamada marcó el inicio de comunicaciones con un segundo integrante del FOS, alias “Andrés Sinisterra”. En el mes siguiente el oficial recibió comunicaciones alternas de esta persona y de alias “Guacho”. Los contactos con alias “Andrés Sinisterra” fueron fluidos entre el 5 y el 28 de marzo. En ellos alias “Andrés” expuso: (i) el interés que tenían de realizar un encuentro personal con delegados de Ecuador. (ii) aunque en principio dijo que las peticiones que tenían sólo las iban a exponer y discutir personalmente, en la sesión del 12 de marzo, precisó que una de las peticiones era la liberación de alias “Cuco” y “los muchachos” capturados con é -detenidos el 12 de enero de 2018-. (iii) Fijó como sitio de encuentro el poblado de El Pan, San Lorenzo. (iv) Refirió se hacían responsables y garantizaban la seguridad de él o los delegados. (v) insistió en varias ocasiones en que era necesario que la reunión se hiciera pronto.

48. Según lo analizó el ESE, el “Negociador 1” explicó la razón por la cual no era posible

programar la reunión con la premura con que se quería, e informó al contacto del FOS lo siguiente: (i) que la decisión la tomaban los altos mandos (5 de marzo) (ii) que estaban haciéndose las coordinaciones para designar al delegado (10 de marzo); (iii) que tenía buenas noticias porque ya habían designado al delegado y sus superiores estaban reunidos en Ipiales finiquitando el problema diplomático, porque al parecer Colombia no quería que tuvieran contacto y se hallaban ultimando detalles para no romper relaciones diplomáticas del todo, (12 de marzo); (iv) que estaba a la espera de que regresaran sus superiores de

43

Cfr. “partes informativos de Mayor de la Policía Zaldumbide Navia del 22 y 25 de febrero de 2018, Carpeta 4/4, P. 457-458, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 44

Originado desde el número colombiano +573106182364 45

Cfr. “partes informativos del Mayor de la Policía Zaldumbide Navia del 22 y 25 de febrero de 2018, Carpeta 4/4, P. 0460-0461, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

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Ipiales, que al día siguiente lo llamara sin falta luego de las 2:00 p.m. que ya le tendría razón, le agradecía la paciencia y solicitó le informara a Guacho (14 de marzo).

49. En horas de la madrugada del 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo un amplio operativo en

los sectores de Guayas y San Lorenzo en desarrollo del cual se allanaron 20 inmuebles46, operativo al que siguió en la madrugada del 16 de marzo un ataque con explosivos en la Base de capitanía del Puerto de Borbón, Provincia de Esmeraldas.

50. El 16 de marzo de 2018 el “Negociador 1” recibió varios mensajes de alias “Guacho”, quien

le reclamó por el ingreso de las “tropas” hasta su casa el día anterior, el maltrato a su familia y la captura de personas inocentes, acción por la que dijo pagarían las consecuencias. Lo requirió para que designara rápido al representante del gobierno o duplicaría sus acciones militares. Aquél le comunicó que el delegado ya había sido designado pero que a raíz del último atentado terrorista que habían realizado ese día, éste desistió de ir a la reunión pretextando falta de garantías. Le pidió un fin de semana para replantear quién iría, obteniendo como respuesta: “vea por cada cosa que se le robaron a mi familia le voy a mandar a hacer un atentado, hasta por lo más mínimo que se hayan llevado. Y píntela como sea, ya estoy perdiendo la paciencia, y civiles que le coja en la frontera se los mato, dígame, que ya estoy perdiendo la paciencia, que le dé un fin de semana”47

51. De otra parte, alias Andrés, no obstante los operativos del día 16 de marzo de 2018, retomó

la comunicación el 18 siguiente indicando al “Negociador 1” que urgía el envío del delegado, que necesitaba una señal clara del gobierno de Ecuador que les indicara que sí existía voluntad de dialogar; el 19 de marzo recibió un nuevo mensaje, pero de alias Guacho, quien le preguntó si le tenía alguna razón y le dijo: “no afectemos nuestra Nación”. Más tarde recibió otro mensaje en que le decía que necesitaba se dieran las condiciones para un cese al fuego, una reunión, o que le dieran una frecuencia de radio para hablar con el encargado, de lo contrario arreciarían los ataques48.

52. El 20 de marzo alias Guacho envió varios mensajes al “Negociador 1”y reiteró con precisión

cuáles eran sus pedidos: liberaran a los detenidos y que Ecuador deshicieran el acuerdo con Colombia -para control de frontera-, indicándole que hasta tanto no escuchara en medios de comunicación que se habían dado la orden a las tropas ecuatorianas de hacer un alto al fuego, él y su gente no dejaría de accionar. El Mayor de la Policía adscrito al Comando de Policía de San Lorenzo, por su parte, replicó que se había complicado el proceso con los ataques del FOS el Ecuador, pero aun persistía en entablar diálogo. Según la información disponible, Guacho, a su vez, pidió un gesto para creer que existían intenciones de dialogar y alertó que ellos no era un “grupito” sino una guerrilla formada de un ejército, con estatutos, normas y disciplina. Ese mismo día esas amenazas se materializaron, en un nuevo atentado terrorista que cobró la vida de cuatro infantes de marina ecuatorianos y dejó a varios más heridos.

46

Cfr. Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Oficio N°0469-ULCO-PN-2018, 13 de mayo de 2018, Carpeta 4/4, P.0441-0445, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 47

Cfr. “partes informativos del Mayor de la Policía Zaldumbide Navia, Carpeta 4/4, P.0469, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados 48

Dirección general de Inteligencia, Oficio N°2018-SN-DGI-PN, Carpeta 4/4, P.0475-0477, en documentos desclasificados por el Ministerio del Interior a familiares de los secuestrados

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53. El 21 de marzo de 2018, a raíz de un falso comunicado que circuló en redes sociales atribuido a las fuerzas armadas ecuatorianas en el que se declaraba la guerra al FOS, Guacho envió mensajes al “Negociador 1” amenazando con arreciar los ataques. La siguiente comunicación que recibiría sería la del 26 de marzo de 2018, anunciando el secuestro del equipo periodístico de El Comercio.

54. En cuanto al manejo de la información derivada de este canal de comunicación entre la

policía y el FOS antes del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio, el Ministerio de Defensa hizo saber que el jefe del Mando Único de San Lorenzo no fue informado de su existencia49, aspecto acerca del cual explicó el Ministerio del Interior que tratándose de información que se hallaba judicializada estaba bajo reserva legal. No obstante “la Dirección de Inteligencia direccionó la información relevante de dicho canal mediante alertas de información a nivel nacional; [adicionalmente] estas alertas fueron socializadas en reuniones del Mando Único a través del delegado permanente de la DGI”50.

55. De todo lo expuesto el ESE puede concluir que las autoridades ecuatorianas conocieron

tempranamente la magnitud del problema y el riesgo para la seguridad que suponía el FOS. Contaron igualmente con información de primera mano que recibía el “Negociador 1”, la cual se canalizó a alimentar el componente investigativo con miras a la desarticulación de la organización criminal. Aunque uno de los objetivos específicos del mecanismo de articulación sectorial que previó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) en la implementación del estado de excepción consistió en garantizar la seguridad de la población, prevenir delitos y la violencia, como se verá, no se constataron protocolos específicos para cumplir con ese mandato. El ESE observó que si bien se mantuvieron las operaciones policiales en la zona, las medidas preventivas para proteger a los grupos que enfrentaban mayor riesgo no parecen haber sido ni suficientes ni adecuadas a la gravedad de la situación.

Medidas adoptadas por Colombia para combatir al FOS

56. En el marco del ESE, la CIDH remitió cuestionario al Estado colombiano (Ministerio de Defensa), con el fin de conocer las medidas adoptadas para la protección de la población51 y para los equipos periodísticos que se desplazan a la zona a efectuar cubrimientos, en la frontera norte en la que operaba el FOS, incluidas las relativas al secuestro de los

49

Cfr, Oficio MDN-2018-2285-OF, Ministerio de Defensa 20 de diciembre de 2018, P.4, en respuesta a cuestionario de la CIDH-ESE 50

Cfr. Oficio MDI-DI-2018-0591-OF, Ministerio del Interior, 18 de diciembre de 2018, P.3, en respuesta a cuestionario de la CIDH-ESE 51

A ese respecto, la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas, emitió la alerta 0043 de octubre de 2017, referida a los hechos registrados en la vereda Tandil del Municipio de Tumaco del 5 de octubre de 2017, señalando, en punto al tema de seguridad, en consonancia con las alertas 0003-18 y 0004 de enero de 2018-, la necesidad de adoptar medidas con ocasión de la presencia de grupos armados de cuya accionar pueden derivar graves consecuencias humanitarias para la población civil, como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados y realizó un llamado a las autoridades para tomar medidas estructurales.

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beneficiarios de la medida cautelar 0310-2018, cuya respuesta se hizo llegar a través de la nota MPC-OEA del 8 de febrero de 2019.

57. Sobre las medidas adoptadas por la operación del FOS en la zona veredal de Tumaco y

frontera norte de Ecuador, el 12 de enero de 2018 el Comando General de las Fuerzas Militares activó la fuerza de tareas conjuntas de estabilización y consolidación Hércules “desplegando más de 9000 hombres y unidades en los 10 municipios del pacífico nariñense, y “durante el primer trimestre del año en el área de frontera de Ecuador, se iniciaron operaciones ofensivas contra el GAOR Oliver Sinisterra”.

58. También se informó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, relacionadas con la función constitucional y legal que cumplía para ese entonces la Fuerza da Tarea Pegaso y sus unidades orgánicas en al sector del municipio de Tumaco. En ese sentido se indicó al ESE que se adoptaron las medidas en aras da mitigar los riesgos de la población civil ante la eventual concurrencia da enfrentamientos armados, extorsión, desplazamientos forzados, amenazas de muerta, homicidios, accidentes con minas antipersonales o restricciones a la movilidad qua pudieran afectar a la población civil del sector. Atendiendo a la recomendación de la alerta de la Defensoría, el MD de Colombia afirmó que participó de manera activa en reuniones con autoridades locales, representantes de juntas de acción comunal, rama judicial y PN en los cuales se trataban temas de seguridad del casco urbano y rural, dispositivos de seguridad por parte de la PN y dispositivos de unidades militares en las áreas asignadas.

59. Con relación a las evaluaciones de riesgo para equipos periodísticos y medidas adoptadas,

se mencionó que desde el 1 de septiembre de 2017 la fuerza de tareas Pegaso ordenó la ejecución N°0093, para el desarrollo del control territorial, seguridad y defensa de las fuerzas en zonas rurales del municipio de Tumaco, consejo comunitario Alto Mira y Frontera, comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, para proteger a la población y sus bienes de esas zonas, donde hace presencia organizaciones criminales y GAO, referidas a operaciones militares en desarrollo de los lineamientos de la política integral de defensa y seguridad para la prosperidad, política integral de DDHH y DIH.

60. Acerca de las medidas adoptadas para salvaguardar las vidas de los secuestrados en

territorio colombiano, se informó al ESE que, “Desde el 26 de marzo de 2018 fecha en que se dio a conocer el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio, considerando las negociaciones que alias Guacho sostenía con el gobierno de Ecuador para la liberación de los secuestrados y con el fin de no poner en riesgo la vida del equipo periodístico del diario El Comercio, se ordenó a las unidades desplegadas hacia la frontera concentrándose únicamente en la búsqueda de información en el sector, para efectos de establecer su ubicación en el sur del municipio de Tumaco hacia la frontera con el vecino país de Ecuador, sin embargo no fue posible para ese momento obtener indicios o informes de inteligencia a través de fuentes humana o técnica, que permitieran identificar la ubicación del equipo periodístico en el área fronteriza”.

61. De acuerdo con la información recibida por el ESE, luego de hacerse pública la noticia del

homicidio de los secuestrados se adelantaron operaciones en contra del GAO Oliver Sinisterra en su área de injerencia en los caseríos y corregimientos de la zona rural de Tumaco, bloqueando los pasos ilegales que se encontraron en la región. “El esfuerzo

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operacional por parte de la Fuerza Pública, dio como resultado el hallazgo de los cuerpos sin vida de los periodistas secuestrados en zona rural del municipio de Tumaco, confirmándose la información el 21 de junio de 2018, igualmente las operaciones militares desarrolladas por la fuerza de tarea conjunta de estabilización Hércules durante el año anterior, dieron como resultado el debilitamiento del GAO Oliver Sinisterra perdiendo su base principal, rutas terrestres y fluviales utilizadas para actividades ilegales de narcotráfico, extorsión y contrabando, así como la neutralización de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho” el 21 de diciembre de 2018”.

Medidas reportadas por ambos Estados para controlar acciones del F