segob debió emitir alerta de género
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Si el gobierno de Guanajuato evitó que se le declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG) fue gracias a un “evidente acuerdo político” y no por su actuación a favor de las mujeres, denunciaron Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, así como la doctora Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, expertas en materia de género e integrantes del Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Guanajuato.TRANSCRIPT
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTAN
Quienes suscriben, Mtra. Cynthia Galicia Mendoza, Mtra. Rosalba Vázquez
Valenzuela y Dra. Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, emiten su voto a favor
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de
Guanajuato en razón del no cumplimiento de las 13 recomendaciones
emitidas por el Grupo de trabajo del Estado de Guanajuato.
Utilizamos el mecanismo de voto razonado como el único medio para dar a
conocer y hacer públicas las dinámicas al interior del Grupo de Trabajo que realizó
la investigación sobre la procedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género en el Estado de Guanajuato. Formar parte del mismo, nos permitió
observar, en la práctica, la falta de voluntad para emitir Alertas de Violencia de
Género por parte de todas las autoridades en todos los niveles; y nos ha hecho
reflexionar sobre la política gubernamental en materia de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia contenida en la LGAMVLV (Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de Violencia), que a más de ocho años de su
publicación es, en muchos de sus apartados, inaplicable.
El grupo de trabajo quedó integrado por tres académicas, un académico y cuatro
representantes del Estado, quienes después de realizar una investigación,
emitieron 13 recomendaciones, cada una con un conjunto de indicadores de
cumplimiento al estado de Guanajuato, en un hecho sin precedentes. Por su parte,
en julio de 2014 el gobierno del estado de Guanajuato admitió y aceptó dichas
recomendaciones asumiendo el compromiso de cumplirlas, esto en virtud de que
de no aceptarlas, se debía dictar la AVG de manera inmediata. Las
recomendaciones debían ser cumplidas en su totalidad en enero de 2015.
Finalmente, después analizar el Informe que el estado de Guanajuato proporcionó
al Grupo de trabajo, y a pesar de que varias de las recomendaciones se
consideraron como no cumplidas por todas y todos los integrantes del grupo de
trabajo, las y los funcionarios públicos junto con el académico, votaron en contra
de la emisión de la AVG.
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Cada una de estas personas emitieron votos individuales sin fundamentación. Los
votos estuvieron basados en, lo que pareciera, la búsqueda de beneficios
individuales a través de la “protección” al Estado o a sus instituciones; es decir, la
base de la votación no se centró en cuestionar si el Estado cumplió o no con su
deber de proteger el derecho de las mujeres guanajuatenses a vivir una vida libre
de violencia. Dicho proceso de votación reproduce de manera burda las
votaciones que se daban al interior del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia, al simplemente levantar la mano para votar, sin
la debida fundamentación y motivación; privando así a las mujeres de sus
derechos, en virtud de un evidente acuerdo político de no emitir las Alertas.
Las representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional
de Violencia, de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de las Mujeres
Guanajuatenses, hicieron visible que sus intereses no están del lado de las
mujeres, fungiendo solo como funcionarias y funcionarios públicos que avalan o
legitiman un proceso; sus intereses están en el funcionamiento de una burocracia
que no ha comprendido su nivel de responsabilidad en la defensa, promoción y
salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres en el país. Por lo anterior,
estas instituciones deberían ser repensadas, pues no cumplen las funciones de
emitir políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres y detener la violencia
en su contra.
Creemos, que emitir un voto para no declarar la AVG envía a los gobiernos, sus
instituciones y a las propias mujeres el mensaje de que este mecanismo de
protección de los derechos de las mujeres es una ficción, y que, en las omisiones
y su pasividad se perpetúa la impunidad y violencia, reiterando la inacción del
estado frente a la violencia de género y feminicida.
En este proceso de investigación y revisión de cumplimiento de la solicitud de
AVG fue visible que la autoridad interpreta la ley de tal forma que no sea
responsable del propio problema que investiga, que no tenga una obligación de
proporcionar información, ni de poner sobre la mesa, los datos del tema que es su
obligación atender y tener. La CONAVIM, en el ámbito económico argumentó que
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el dinero etiquetado para las Alertas de Violencia de Género, no era para la
investigación, según su interpretación de la ley, por lo que no se sabe en qué se
gastó, y por lo menos el que corresponde al periodo de 2014 y 2015 tiene un
destino incierto. Fuimos testigas de que el presupuesto destinado a la
investigación de la situación de violencia feminicida en Guanajuato, no fue
aplicado para que el trabajo se llevara a cabo en las mejores condiciones. No se
invirtió en procurar condiciones mínimas de trabajo y las investigadoras y el
investigador, hicimos el trabajo metodológico invirtiendo recursos propios, sin
apoyo alguno adicional, por ejemplo de otras u otros especialistas importantes
como antropólogos/gas forenses y peritos/tas, por decir lo mínimo en una
investigación de esta magnitud.
En este proceso, también el problema político fue administrado por la CONAVIM,
que ha mostrado que es una institución obsoleta, que no sabe qué hacer para
cumplir con el objeto para la que fue creada, que no muestra acciones
contundentes ni diseño de políticas ni conocimiento especializado; en una muestra
de su ineptitud, indiferencia y simulación, esta institución junto con el Instituto
Nacional de las Mujeres cargó parte del trabajo a las solicitantes. La actitud de
indiferencia de la CONAVIM llegó al grado de que las dos representantes de esta
institución nombradas para formar parte del grupo de trabajo, desconocían
completamente el tema de violencia hacia las mujeres y de género.
Las organizaciones solicitantes son llamadas no sólo a demostrar y documentar la
existencia de violencia feminicida en un territorio determinado, también deben
como en el caso de Guanajuato, invitar a otras ONGS a participar como testigas,
reunir a víctimas para presentarlas, dar información estadística y datos concretos,
participar dando propuestas, dar seguimiento, ello sin recurso alguno en un
proceso como el presente que lleva más de un año, y les ha implicado un gran
esfuerzo. Paralelamente siguen haciendo el trabajo de documentar el fenómeno,
ratificando que este persiste en la entidad y el gobierno de Guanajuato no se
asume como responsable en una actitud marcadamente indiferente.
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Resulta absurdo que dentro del grupo de trabajo se tuvo que argumentar por parte
de las firmantes, la urgencia de que se dictara la AVG de la misma forma que en
cada documento que suscribió el grupo de trabajo, se tuvo que justificar que las
acciones de los gobiernos debían basarse en derechos humanos de las mujeres y
en la perspectiva de género, cuando esto es una obligación incluso constitucional.
Y que en lugar de exigir al estado que cumpla con sus obligaciones, se
“reconozca” el interés y voluntad por cumplir, y no por tener y mantener un
compromiso firme en las políticas de prevención, atención y sanción de la
violencia contra las mujeres. Aun cuando no haya cumplido, no habrá AVG.
Creemos y estamos convencidas que esta decisión vulnera los derechos de las
mujeres y perpetúa la violencia en su contra.
Evaluación
En el proceso de evaluación se pueden señalar como poco éticas e irresponsables
las siguientes decisiones, formas y actitudes de una parte del grupo:
1. La evaluación de la AVG no puede estar sujeta a la muestra de “voluntad”
de los gobiernos, lo que se evalúan son las acciones concretas que tengan
como fin disminuir la violencia feminicida. Lo concreto es que en
Guanajuato las mujeres siguen desapareciendo; siguen siendo asesinadas;
no se les garantiza el acceso a la justicia; las y los funcionarios no son
cesados por obstruirla y se sigue ignorando y o culpabilizando a las
víctimas. Proteger a las mujeres de ser víctimas de un feminicidio en el
Estado de Guanajuato no fue prioridad en el proceso de evaluación del
cumplimiento de las recomendaciones y sus indicadores, a algunas y
algunos integrantes no les interesó detener de manera urgente el
feminicidio y votaron contra la Alerta.
2. La evaluación y seguimiento a cada recomendación y a sus indicadores se
hizo por parte de quienes votaron en contra desde una lectura literal y poco
analítica de procesos vinculados a su cumplimiento, se negó la posibilidad
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de generar una metodología para la evaluación de políticas públicas en
materia de violencia o aplicar alguna de las existentes. Una constante
también fue la falta de “voluntad” para hacer una interpretación integral de
las recomendaciones. Y por ello, muchas de las argumentaciones respecto
a la carencia de perspectiva de género en las leyes, campañas,
presupuestos, consultorías y demás se sustentaban en el dicho de que,
como grupo de trabajo no habíamos especificado qué se requería,
particularmente la perspectiva de género, como si no fuese esto una
obligación mínima.
3. En el mismo sentido no se consideró que los votos no podían consistir en
simplemente levantar la mano, usando su mayoría y su voto de calidad, por
lo que presenciamos la negación flagrante a las mujeres de su derecho a la
AVG, por razones políticas.
4. Se tuvo por parte de las y los representantes de los gobiernos, la mayor
parte de las veces, una visión reduccionista, que predominó en la discusión
y que no permitió evaluar al estado como una entidad de gobierno ni de
responsabilidad, es de nuestro interés destacar que es el gobierno tanto
federal como estatal, el que tiene el deber de protección en primer término,
y cuenta con toda una infraestructura, recursos y personal para cumplir con
este deber.
5. En el caso del aumento del presupuesto al IMUG, si bien se elevó el
recurso destinado a esta institución, no se consideró ni se utilizó la
metodología para generar presupuestos con perspectiva de género. No
hubo una preocupación por asegurar que se priorizaran las necesidades de
las mujeres y mucho menos establecer alguna acción tendiente a disminuir
la violencia feminicida en la que el estado es el principal responsable, y de
hecho el propio IMUG no cuenta con metas que permitan medir y evaluar
sus políticas y no están basadas en metodología alguna por lo que no se
les puede dar seguimiento puntual.
6. Se nos invitó como académicas a participar de este proceso pero se negó
la posibilidad de hacer un trabajo que partiera de la experiencia en materia
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de derechos humanos de las mujeres, género y violencia feminicida,
negándose la oportunidad de plantear soluciones y políticas públicas, pues
las mismas eran votadas o desechadas por no convenir a los intereses del
gobierno del estado de Guanajuato, y sólo aportando como gobierno lo
mínimo, demostrando lo obsoleto de las instituciones que deberían pugnar
y ser las principales críticas del estado de Guanajuato y mostrarse como
instituciones defensoras incansables de los derechos humanos de las
mujeres.
7. El proceso de Alerta de Violencia de Género fue desvirtuado por un sin
número de actos por las formas de interpretar la Ley, formas que se
transformaron en fondo y que fueron la base para realizar acciones legales
sí, pero ilegítimas; un ejemplo claro y contundente es el nombramiento de la
Licenciada Anabel Pulido como titular del Instituto de las Mujeres, que
habiendo sido quien coordinó el informe presentado por el gobierno, haya
tenido este nombramiento con el fin de insertarla en el grupo de trabajo
constituyéndose como juez y parte, en un claro conflicto de intereses. Lo
que se evidenció en sus argumentaciones, al interior del grupo, a favor de
las posturas del gobernador sin ningún tipo de autonomía; así como su
actitud agresiva hacia las académicas, siendo la representante del IMUG, al
grado de decirnos que nuestra evaluación en algunas de las
recomendaciones eran por “contentillos”.
8. Las instituciones responsables de la política pública en materia de violencia
contra las mujeres y de derechos humanos de las mujeres, no tienen
herramientas metodológicas ni tampoco se les nombra en virtud de su
experiencia en estas materias, asisten a las reuniones del grupo de trabajo
con una postura institucional que no les permite realizar la investigación,
emitir recomendaciones y/o realizar la evaluación a los estados, pues sus
decisiones no se basan en lo que observan o en los resultado de la
investigación sino en el mandato político que cada uno/una tiene.
9. Destaca también la falta de compromiso del estado tanto a nivel local como
a nivel federal, la CNDH con los cambios de representante, con su decisión
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de no votar en el primer informe elaborado por el grupo de trabajo, mientras
que para el informe de evaluación, el nuevo representante que no estuvo
presente durante la investigación y que no conocía la situación del estado,
decidió votar en contra de la AVG.
Conclusiones
Desde el punto de vista de las que suscriben, el documento que contiene el
dictamen respecto a la evaluación del cumplimento de las 13 recomendaciones,
en su mayoría, reproduce información presentada por el Estado. La evaluación del
cumplimiento de las propuestas, además de ser mínimo, queda prácticamente
invisibilizada por lo que es necesario destacar algunas cuestiones en el mismo
que reflejan el incumplimiento por parte del Estado.
Es evidente que en todo el documento existió un afán por ocultar el no
cumplimiento de las propuestas con frases retóricas como: “el grupo de trabajo
consideró que la misma se encuentra en proceso de cumplimiento” (pág. 6); “se
deben establecer criterios claros para la selección de la sentencia que se
consideran como realizadas bajo una perspectiva de género, y que serán
difundidas como tales” (pág.. 12); “El grupo considera que el Diagnóstico sobre los
Tipos y Modalidades de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de
Guanajuato incluye información muy general y que no necesariamente se
relaciona directamente con la situación de violencia en el estado de Guanajuato”
(pág.. 23); “El grupo considera importante transparentar los procesos de elección
de las personas representantes tanto del sector académico como de las
organizaciones de la sociedad civil y se garantice que éstas respondan al perfil
establecido en la propuesta correspondiente” (pág.. 35); “Si bien el grupo de
trabajo reconoce los esfuerzos realizados por el estado, considera que de las
cuatro etapas señaladas, únicamente la primera cuenta con un plan estratégico
con plazo de difusión y claridad en el uso de los recursos” (pág.. 59); solo por citar
algunas.
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Dichas afirmaciones buscan en la retórica tener un proceso gestionado en la
complacencia pues es claro, que se ocultan hechos tan graves y criticables como
que no hubo un diagnóstico bien hecho, que lo que se presentó fue una simulación
mayúscula con el dispendio de los recursos públicos pagados al PNUD; que no
existió nunca un grupo de seguimiento con las características especificadas en las
recomendaciones, pues “se armó a modo” para integrar a personas poco críticas,
complacientes y afines a la ideología del estado; y que la cero tolerancia a las
mujeres se limitó a la firma de un desplegado, y a acciones que sólo se quedan en
el nivel discursivo y no en la acción contundente del aparato gubernamental para
salvaguardar la vida e integridad de las mujeres.
La alerta de violencia de género debió emitirse por el Secretario de Gobernación,
porque por una parte las solicitantes lograron evidenciar la situación de violencia
feminicida en el Estado de Guanajuato frente a un escenario de omisión,
negligencia, indiferencia, e incluso complicidad del gobierno, la falta de acciones
para enfrentar el problema y erradicarlo es evidente cuando se contabilizan el
número de mujeres que ha sido asesinadas en ese territorio por razones de
género desde la fecha en que se presentó la solicitud y hasta el día de hoy.
Desde nuestro análisis y evaluación, la AVG debe dictarse porque en este proceso
se pudo ver:
1. Que la investigación de la solicitud de AVG, que obligada y necesariamente
se trasladó al estado, fue vista y recibida por un sistema poco aceitado y
poco convencido de la política de atención prioritaria a los derechos
humanos de las mujeres, a la prevención de la violencia y a la atención
urgente de la violencia feminicida.
2. Que había un gobierno que no trabajaba en conjunto como les mandata la
LGAMVLV para proteger a las mujeres de la violencia en su contra y en
especial de la violencia feminicida y porque el procedimiento de AVG es de
las mujeres, surgió del movimiento de las mujeres y es un mecanismo que
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debe ser activado para proteger la vida de las mujeres, no para cumplir
trámites burocráticos y poco sensibles, con los tiempos de las instituciones
federales y estatales.
3. Que en este proceso se evidencia que los prejuicios siguen vivos y que la
famosa transformación cultural, para llegar a una cultura de la igualdad y no
violencia, debe ser trabajada con los gobernantes y quienes tienen distintos
tipos de responsabilidades en instituciones como la Conavim o el
Inmujeres, y no sólo entre la población, como receptora de las políticas
públicas.
4. Que debemos mirar a los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Porque si bien muchos los servicios de prevención y atención
corresponden al poder ejecutivo, no debe olvidarse que la violencia
feminicida pasa también por un amplio espacio de impunidad que atañe a
los otros poderes, en ausencias de normas y de la impartición de justicia. Y
todos los poderes han fallado en la prevención de los feminicidios.
5. Que en la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia
contra las mujeres se encontró y permanece hoy, un IMUG que no tiene, ni
procesa, ni dispone de información relevante para conocer la situación de
violencia que se ejerce contra las mujeres en el los distintos territorios del
estado de Guanajuato. Un instituto que no tiene acciones contundentes que
muestren el cumplimiento de su responsabilidad en la generación de
acciones tendientes a transversalizar la igualdad y la no violencia contra las
mujeres. Un Imug, que llegó al grupo sin información al respecto, contando
solo con la brindada por las peticionarias, de tal suerte que parecería que
no tienen responsabilidad en el tema y que tampoco lo conocen a fondo.
6. Que hay un gobierno que da muestras de trabajo posible y alcanzable sólo
en condiciones de “presión” social y mediática. Que esto no es aceptable
cuando este gobierno tiene por decisión del pueblo la responsabilidad de
cuidar a las mujeres y procurar el cumplimiento de las Leyes que así lo
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señalan. Por ello y para que se obligue a cumplir lo que por mandato
corresponde es necesario que la AVG sea una realidad y que las mujeres
sientan en su vida la certeza de la acción de las instituciones federal y
estatales.
Martes 9 de junio de 2015
Mtra. Cynthia Galicia Mendoza
Académica
Mtra. Rosalba Vázquez Valenzuela
Especialista de la Universidad de Guanajuato
Dra. Yessica Ivet Cienfuegos Martínez
Especialista de la Universidad de Guanajuato