CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010 1

SEMANARIO DE INFORMACION Y A

NALISIS • AÑO 14 • No. 685• De

l 06 al 12 de junio de 2010

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Se dispara valor de El Orientaln El costo del metro

cuadrado oscila entre US$1,200 y US$5,000

n Tramos de 20 mts2 se “ceden” por sumas de hasta US$120,000

n Para los comerciantes, un tramo equivale a su “fondo de retiro”

n ALMA se propone legalizar todos los mercados: inician plan piloto

Roberto FonsecaEspecial para Confidencial

La cifra suena escandalosa, pero es real. Un tramo en el mercado Oriental, de 20 metros cuadra-dos, con sus mejoras, puede “cederse” a otra persona interesada por la bicoca de US$100,000 ó US$120,000, según la ubica-ción. “Lo que vale una residencia de lujo en carretera a Masaya, increíble, ¿ver-dad?”, dice Augusto Rivera, gerente de la sucursal de la Corporación de Mercados Municipales de Managua (COMMEMA).

Continúa en la página 6

Continúa en la página 13

AN no reformará ley de tarjetas de crédito…por ahora

Polémica sobre rebaja del 10%

n Usuarios dicen que medidas de ASOBANP son insuficientes; banqueros esperan que normativa SIB sea suficiente

Iván Olivares

La banca parece haber conjurado, por ahora, la posibilidad de que la Asamblea Nacional se decidiera a legislar en materia de tarjetas de crédi-to, especialmente en el tema que la ciu-dadanía ha venido insistiendo durante la mayor parte de la última década: las altas tasas de interés, que llegan hasta el 60% anual.

Un precedente para Venezuela…¿se mantendrá en el 2011?

Donación rusa al presupuesto

n ¿El problema con los buses? “transportistas no quieren pagar”

Iván Olivares

Aunque llegar a firmar un TLC con Rusia puede ser una tarea titánica -básicamente por razones comer-ciales- Nicaragua ya tiene la posibilidad de exportar casi cualquier cosa a ese país, (les interesa mariscos, carne de res, ron, café, maní, cacao y marañón), que la semana pa-sada donó U$10 millones para apoyo pre-supuestario.

Solís hace 20 años: “Un artículo transitorio”

El ardid legal del artículo Cn. 201

n Asesor jurídico de la Asamblea explica cómo descubrió la disposición constitucional que puso en jaque a la oposición.

Carlos Salinas Maldonado

Fue como la presentación de un pres-tidigitador. A finales de abril, en plena crisis política, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista René Núñez, convocó a la prensa nacional para anunciar que había encontrado una dis-posición constitucional que legitimaba el “decretazo” emitido en enero por el presi-dente Daniel Ortega.

Continúa en la página 16

ESPECIAL: EL MEGAMERCADO DE MANAGUA

Juan Carlos Ampié

Hermanas en Alta Costura

Joseph E. Stiglitz Guillermo Rothschuh V.

La TV: un mapa inconcluso

Re-regulación financiera y democracia

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ConfidenCial es una publicación de inversiones Multimedia, S.a.Se autoriza su reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente en el contexto apropiado.revista@confidencial.com.ni www.confidencial.com.ni

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CONFIDENCIAL Semanario de Información y Análisis

EDITOR: Carlos F. Chamorro

Julio Francisco Báez C.

En el reciente encuentro del INCAE, titulado por el Eje-cutivo “Sesión de Trabajo entre Gobierno, Empresa Privada y Trabajadores”, el Presidente de la República advirtió a la cúpula empresarial en cuatro ocasiones consecuti-vas: “Donde está la batalla dura es en el paquete de las reformas tributarias, de las exoneraciones, en lo que es el INSS”. Y si por cualquier cosa aún no ha-bían escuchado los personajes sutilmente aludidos –quienes inclinaban rostro y mirada como regaña-dos por la profesora de primeras letras–, el manda-tario volvía a la carga: “La batalla más grande que tenemos frente al Fondo Monetario Internacional, yo se los digo con toda franqueza, no es el bono, es la reforma tributaria, son las exoneraciones”. La reiterada fijación no era gratuita ni despistada. El dardo llamado “exoneraciones” debía quedar muy bien clavado en ojos y oídos del “mejor CPC del país”, como ha bautizado a estos encuentros el presidente Ortega.

La “Reformita” del 2010Antes de abordar el tema de la inminente reforma tributaria que

sorpresivamente anunció el titular del Ejecutivo, recordemos que a fina-les del segundo semestre del 2009 éste sometió una reforma impositiva que la Asamblea Nacional dócilmente aprobó el 3 de diciembre del mis-mo año. Todo comenzó en agosto del 2009 con un primer proyecto que supuestamente aportaría 140 millones de dólares. Luego, complicado por la natural resistencia que toda improvisación fiscal genera, la Pre-sidencia mutiló contenidos y en una segunda propuesta bajó la parada a 100 millones de dólares. Más presionado aún por el gran capital –sus acompañantes a la memorable cita de Washington para “luchar a brazo partido contra el FMI”–, el gobierno se consolaba al final con un apre-surado proyecto para salvar el honor, que ofrecía recaudar apenas 45 mi-llones de dólares. Así quedó plasmado en la Ley 712 y así está vigente.

Por eso en el INCAE, con toda la razón del mundo, el presidente Ortega calificaba de “Reformita” (así de chiquita y técnicamente des-arrapada la pobrecita) su primera y única reforma tributaria. Ahora bien, si la “Reformita” tiene apenas 5 meses de vida, ninguna persona, institución o gobierno sensato se atrevería a cambiarla para embarcar al país en otro desgastante proceso legislativo. De ahí que nuestro orador central haya sido categórico negando toda posibilidad de aplicar refor-mas tributarias y de seguridad social en el 2010 y 2011, sentencia política que extrañamente ha pasado desapercibida: “… hemos acordado cerrar filas y decirle al Fondo: déjennos primero ver el impacto que tienen este año las medidas que se tomaron, que recién se aprobaron el año pasado, y que apenas vamos a ver su impacto este (2010) y el otro año (2011). Y ya en el siguiente año (2012) empezar a considerar lo que sería una revisión del tema tributario y lo que tiene que ver con el INSS y con las exoneraciones”. ¡Le tomo la palabra, Comandante Ortega!

¿Quién oculta la verdad? Pero la cuestión viene más torcida que alambre de púas y el

Ejecutivo se niega a exponerla con transparencia. Hace falta diluci-dar si podrá atreverse a limpiar exoneraciones porque se lo ordena el FMI, o por un elemental sentido de coherencia ética. ¿Cómo ha-cemos para creer la fábula que los bandidos del FMI ordenan elimi-

nar incentivos fiscales porque son unos desalmados que pretenden hundir al país? Como si las exoneraciones fueran una bendición que el demonio pretende arre-batarnos. Podrán existir tecnócratas insensibles y orto-doxos en esos organismos (no lo dudo), pero sería muy difícil encontrar tontos. No nos engañemos, la cosa es diferente. Una de dos: o la eventual amenaza de supri-mir exoneraciones a los grandes intereses creados será en adelante una filosa herramienta de presión política, o la humilde “Reformita” avizora un inesperado colapso que obligará a pegar carreras para tapar nuevos huecos. Sólo bajo amenaza de muerte me tragaría la píldora de

la supuesta perversidad del FMI exigiendo otra reforma tributaria porque le roncó la gana. La cosa es sencillísima, si la “Reformita” está funcionando con éxito, como lo proclama el gobierno, entonces ¿para qué hacer otra reforma?

La madre del corderoCuando aquel rayo láser de la mirada presidencial partía en

dos la congelada sonrisa de conspicuos representantes del gran ca-pital, que hipnotizados escuchaban hablar de soga en casa del ahor-cable exonerado, simultáneamente estaba rayándose el cuadro con razones ajenas a la objetividad. ¿Por qué el gobierno no informa a industriales, cooperativas, estudiantes, productores, sindicatos, académicos, MIPYMES, ONG, sociedad civil y partidos políticos, el balance completo de las exoneraciones y tratamientos especiales otorgados durante los últimos veinte años? ¿Qué le impide publicar nombres y apellidos de los felices ganadores? ¿En qué casos es ren-table para Nicaragua lo no recaudado por causa de exoneraciones (gasto tributario), al compararlo con lo retornado a la economía por dichos incentivos? ¿Cuáles exoneraciones se justifican y cuáles no? Estas respuestas lapidarias con base estrictamente técnica, trascen-derían maniobras políticas y bulla artificial.

Torquemada al ataque

Ahora bien, si el estudio –que desde hace años debieron reali-zar los poderes Legislativo y Ejecutivo– demuestra que el FMI es el bárbaro enemigo de las “sacrosantas exoneraciones redentoras de los oprimidos”, pues ni modo, ¡a la hoguera el FMI!… y de pasadita se iría en la colada el grupo de profesionales independientes que desde hace años venimos señalando este escandaloso parasitismo fiscal apadrina-do por los gobiernos de turno. Absurda paradoja en Nicaragua: ¿por qué en este caso la verdad pareciera más cercana al FMI que a nuestro propio gobierno?

¡Ahí viene el mono!

Julio Francisco Báez C.

COLUMNISTA INVITADO

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Cualquier pronóstico sobre la manera que viene configurándose el mapa televisivo en Nicara-gua podría resultar fallido. En los cambios en la legislación vigente, el Poder Ejecutivo lleva la de-lantera. Mientras la Asamblea Nacional se mantiene paralizada, el ente regulador continúa creando, me-diante resoluciones administrativas, el marco legal que le permita actuar sin tener que enviar el anteproyecto de ley que ha venido estructurando, ni esperar a que los parlamentarios discutan y aprueben una nueva Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

Si partimos del axioma que en Nicaragua lo provisio-nal es eterno, no existe prisa de parte de los personeros del gobierno por aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones. Mien-tras los legisladores están atrapados en su propio juego político, la recomposición del mapa televisivo continúa indeclinable. La más importante determinación de las auto-ridades de Telcor fue modificar la normati-va contenida en el Acuerdo Administrativo No. 07-97, que prohibía el funcionamiento de canales impares en la capital. Dadas las discrecionalidades que goza el ente regulador, así como diez años atrás su presidente decidió congelar la entrega de licen-cias impares en Managua, bajo el argumento técnico de evitar interferencias innecesarias, su actual responsable, Orlando Castillo, emitió un nuevo Acuerdo Administrativo (No. 007-2008), reformando el Artículo 26 de Reglamento del Servicio de Radiodifusión Televisiva y el Acuerdo 07-97. Mediante simple resolución administrativa, “autoriza la habilitación de todos y cada uno de los canales, pares e impares, en la Banda de VHF en todo el territorio nacional, debiendo los operado-res autorizados operar sus transmisores principales y secun-darios en las debidas medidas y equipos que garanticen la no interferencia perjudicial en canales adyacentes o vecinos”.

Con la aceleración de los cambios tecnológicos nada de malo tendría la resolución, si no fuese porque ha sido realiza-da con la intención de favorecer a los dueños de los Canales 4, 8 y 10. Los dos primeros vinculados con la familia presiden-cial y el tercero con el omnipresente Ángel González. La asig-nación de un nuevo título habilitante ya se realizó. El primer favorecido con la Resolución Administrativa No. 132-2010, fue González. Castillo asignó el Canal 11 de televisión abierta a la TV Red, S. A. vinculada con la empresa Radio Televisión Nicaragüense, S. A. propiedad de González. La oposición de Nicavisión, S. A. para que esto no ocurriera, no prosperó. La ventaja de la televisión abierta radica en su alcance, tampoco necesita para operar estar metida en el cable, esta limitación queda superada en vista que la actual Ley de Telecomunica-ciones y Servicios Postales (Ley 200), impone la obligatorie-dad a los dueños de estaciones de cable, de transmitir las se-ñales en VHF, respetando su ubicación numérica, (Art. 51).

Si Telcor otorga a Canal 4 el Canal 9 y a Canal 8 el Canal 13, el cambio en la correlación de fuerzas mediáticas sería drástico. El dominio que ejercerían la familia presidencial y grupos afines, les permitiría un control casi absoluto en la te-levisión abierta. La entrega de Canal 13 a los dueños de Canal

8, una sociedad mixta uno de cuyos accionistas es Albanisa, supondría negar el otorgamiento de Canal 13 a la familia Pellas, quien solicitó esta frecuencia en noviembre de 2009. ¿Era o no sabedora la familia Pellas de estos cambios en el tinglado televisivo? ¿Su solicitud obedeció a que estaban cla-ros que jamás contaron con una frecuencia que legalizara la existencia de Canal 11 de TV cable? Canal 11 nació directa-mente del cable, cuando la familia Pellas decidió incursionar en el mundo de la televisión y era accionista mayoritaria de Estaciones Terrenas de Satélite, S.A. (ESTESA).

El hecho que Canal 6 funcione cada vez que el Presi-dente Ortega llama a los medios audiovisuales a encadenarse,

para transmitir sus comparecencias, permite constatar que ese canal continúa siendo del gobierno nicaragüense. Desde que ocurrió el affaire de Canal 6, origen del juicio contra el expresidente Alemán de parte del presidente Enrique Bolaños, nuestra propuesta fue cla-ra. La situación planteada abría en Nicara-gua la oportunidad para que Canal 6 fuese convertido en una televisora pública. Ante los cambios de mano que están ocurriendo, la frecuencia de Canal 6 debe preservarse

para ser convertida en una televisora de servicio público.Estos movimientos dejan todavía libres las frecuencias

de los Canales 5 y 7. En la actualidad funcionan como repe-tidoras de los Canales 12 y 2. ¿Podríamos esperar que Telcor las entregue a sus actuales operadores? ¿Pujará la familia Pellas para evitar que sus inversiones queden en el aire? ¿De-sistirá que les sea concedida una frecuencia en VHF y más bien optará por obtener de Telcor una frecuencia en UHF? ¿De qué manera afectará en el futuro este nuevo reparto las transmisiones de los Canales 2 y 12? ¿Ante la situación pre-caria que mantiene frente al gobierno, Canal 2 se contentará con la sola renovación de su licencia una vez que se apruebe la nueva Ley de Telecomunicaciones? ¿Nada tienen que decir las organizaciones empresariales? ¿Ya pidieron una reunión para conocer la nueva situación planteada?

Todavía no escucho la voz de los parlamentarios deman-dando una explicación. ¿Acaso no están sabidos que al ritmo que van las cosas, cuando se apruebe la nueva Ley de Teleco-municaciones, al menos en el campo televisivo, no habrá nada que hacer? ¿Los miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del parlamento nacional no tienen nada que decir? ¿Los miembros y directivos de las organizaciones de pe-riodistas y comunicadores, están o no convencidos que la propie-dad de los medios está íntimamente relacionada con la libertad de expresión? Hoy en día es impensable el ejercicio del perio-dismo sin la existencia de los medios. El reparto de licencias dentro del actual esquema debe variar. Cuanto más se retarde la discusión y aprobación de la nueva Ley de Telecomunicacio-nes menores son las probabilidades de la creación de un sistema mixto de comunicación. La concentración de medios repercute en el funcionamiento del sistema político. El pluralismo para ser verdadero requiere de multiplicidad de voces. Su existencia es vital para la democracia. Lo que está haciendo Telcor inclina la balanza hacia una visión monocromática, sesgada, parcial y em-pobrecida de la realidad.

La TV: un mapa inconcluso

MEDIOS Y SOCIEDAD

Guillermo Rothschuh Villanueva

n Si Telcor otorga a Canal 4 el Canal 9 y a Canal 8 el Canal 13, el cambio en la correlación de fuerzas mediáticas sería drástico.

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POLÍTICA

Encuesta de M&R-CEAP sobre organizaciones civiles

“Hay temor a organizarse”

n ONG son “muy importantes”, pero sólo un tercio reconoce su incidencia y el 68% teme participar en organizaciones que puedan considerarse opositoras

Carlos Salinas Maldonado

Una reciente encuesta de la firma M&R Consultores, encargada por el Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP), revela que más del 70% de la población nicaragüense considera que las organizaciones de la sociedad civil son importantes para el desarrollo de sus municipios. Sin embargo, el 35.2% de los encuestados afirmó que el trabajo de las ONG no ha tenido ninguna contribución en el desarrollo del municipio donde habitan, frente a un 29. 3% que afirma lo contrario.

Las estadísticas varían dependiendo de la preferencia política de los encuestados. Según el estudio, el 38.4% de los entrevistados que se defi-nen de “oposición” considera que el trabajo de las ONG no ha contribui-do en el desarrollo municipal, mientras que la cantidad cae al 29.2% entre los simpatizantes del Frente Sandinista.

Cuando se analiza las áreas de trabajo en las que LAS ONG tienen más éxito o reconocimiento de la población, el 37% dijo que “no sabe”, mientras que el 17.6% mencionó los programas de salud, un 15.2% los de educación y el 10.4% los programas creados en apoyo a la mujer y la niñez.

Roberto Stuart Almendárez, responsable de proyectos del CEAP, dijo que los bajos números se deben a la falta de conocimiento que en general tiene la población sobre el trabajo que desarrollan las ONG, por lo que, agregó, la encuesta es una lección clara para estas organizaciones. “Las ONG tienen que contar más lo que hacemos. Esta es una llamada para que expliquemos a la gente en qué invertimos el dinero”, afirmó.

ONG de “suma importancia”A pesar de la opinión desfavorable o la falta de conocimiento que

sobre el trabajo de estas organizaciones expresaron los encuestados, el 72.4% de los mismos dijo que está de acuerdo con que las organizaciones civiles son “de suma importancia” para el desarrollo de sus municipios y del país.

La cantidad también es alta entre los encuestados que simpatizan con el FSLN, 66%, aunque un 22% de éstos dijo que las ONG son inne-cesarias y su trabajo debe realizarlo el Gobierno.

Además, la mayoría de los encuestados (32%) considera negativa la relación entre las ONG y las instituciones del Gobierno representadas en el municipio donde habitan. Mientras, el 48.6% cree que el Gobierno del presidente Ortega no respeta y ataca a las ONG que no son políticamente afines a su Administración.

Desde que asumió el poder en enero de 2007, Ortega y su Gobierno desataron una política de ataques y persecución contra organizaciones civiles críticas, llegando incluso a acusarlas por lavado de dinero y cues-tionar la transparencia de su trabajo. La justicia, que controla el oficialis-ta FSLN, ha estado presta a desarrollar investigaciones contra aquellas ONG que no se han sometido a los dictámenes del Gobierno, a tal nivel que la periodista y socióloga Sofía Montenegro afirmó que el “Estado se comporta como mara”.

Para Roberto Stuart, del CEAP, toda esa campaña de desprestigio desatada por el Gobierno no ha calado en la población, lo que, dice, se ve reflejado en los resultados de la encuesta de M&R. “Considerando el nivel de la campaña de desprestigio, el porcentaje de aceptación de la población sobre nuestro trabajo es alto. A pesar de que la gente no

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POLÍTICA

participe, están viendo positivamente las actividades de las ONG”, dice Stuart.

Baja participación y miedoEl estudio encargado por el CEAP muestra que un altísimo

porcentaje de los encuestados (80%) dijo no participar en organi-zaciones civiles, aunque la cantidad baja hasta el 69% en el caso de los que se definen sandinistas.

A la baja participación se suma el miedo a organizarse por parte de la población, que incluso afecta a los simpatizantes del ofi-cialista FSLN. La encuesta revela que el 43.3% de la gente que se considera partidaria del Frente dice tener ahora más temor en par-ticipar en actividades que puedan ser catalogadas como contrarias a Ortega.

El temor es mayor entre la población que, según el estudio, se declara independiente: 68% de ellos tienen miedo a organizarse o que los tachen de opositores por participar en actividades con las que el Gobierno no simpatiza.

“A pesar de que la campaña del miedo la ejerce con naturali-dad el Gobierno, hay un sector importante dentro del Frente Sandi-nista que está diciendo que la gente tiene miedo de expresarse, algo que no se veía desde hace más de 16 años”, explicó Stuart.

Baja participación afecta a CPCLa encuesta también revela que hay un alto porcentaje de la

población que se presenta como simpatizante del FSLN, que no participa en organizaciones civiles, a pesar de que por décadas se ha tenido la percepción de un dominio del Frente en el sector de las ONG y que desde 2007 el oficialismo lanzó una nueva forma de “participación”, los controvertidos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), un cuestionado proyecto político del presidente Ortega.

El estudio de M&R muestra que un alto 69% de los encuesta-dos sandinistas dicen no participar en organizaciones comunitarias, frente a un 30.6% que sí lo hace. Esta última cifra sigue siendo alta si se compara con los encuestados independientes: apenas el 16.6% dijo que participa en organizaciones, mientras que el 83.4% no lo hace. Sin embargo, para los organizadores de la encuesta, la baja participación de simpatizantes del FSLN en este tipo de organiza-ciones representa un fracaso de la política oficialista de reunir a un millón de personas dentro de los CPC.

“La encuesta no refleja la cantidad de miembros que el oficia-lismo pretendía aglutinar alrededor de los CPC. No han logrado involucrar a toda la base electoral del FSLN”, concluyó Stuart Al-mendárez.

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POLÍTICA

Núñez desempolvaba de esta forma el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, ante la perplejidad de di-putados opositores y juristas que desde entonces se han devanado la cabeza para interpretar la vigencia de una disposición creada en el crítico contexto político de fi-nales de los ochenta. Fue un golpe de efec-to rotundo.

Pero no fue Núñez ni un sesudo gru-po de abogados a las órdenes del Frente Sandinista quienes dieron con ese párra-fo salvador. En una oficina del segundo piso del edificio de comisiones del Par-lamento, el experto Pablo Ferrey, sub-director de Asuntos Legislativos de la Asamblea, preparaba una nueva edición de la Constitución Política cuando notó que, sin autorización de la Asamblea Na-cional, había sido eliminado el segundo párrafo del artículo 201, que facultaba a los magistrados de la Corte, del Consejo Supremo Electoral (CSE) y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores.

“Estamos preparando una nueva edición de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. En la revisión normal de las leyes encon-tré ese brinco. Yo dije que ese párrafo había sido eliminado de la Constitución de 1995 sin autorización, si no hay auto-rización de la Asamblea por medio del Plenario, es como que no haya sido eli-minado”, cuenta Ferrey a Confidencial en su oficina, las manos apoyadas en un escritorio tapizado de leyes, documen-tos legales y varias ediciones de la Cons-titución.

Ferrey dice que comentó el hallazgo con diputados de varias bancadas. “Evi-dentemente, una de esas personas le hizo el comentario al presidente Núñez”. ¡Eureka! Seguramente Núñez se frotó las manos ante lo que le contaban, por lo que ordenó a Ferrey a que se presentara en su despacho. “Me preguntó cómo era eso que había mencionado”. A partir de ahí, el oficialismo se hizo de un ardid le-gal para apoyar el decreto 3-2010, el que Ortega emitió en enero para desarmar a la oposición.

Un artículo transitorioComo era de esperarse, la oposición

reaccionó a la defensiva. El diputado li-beral Wilfredo Navarro convocó a los medios a su oficin, en el mismo edificio de la Asamblea, y dijo rotundo que el

hallazgo de Núñez no tenía validez por-que había sido derogado, y que él tenía las pruebas para demostrarlo. Hasta fi-nales de mayo, esas pruebas brillan por su ausencia.

Entonces vino el análisis de aseso-res legales de las bancadas opositoras, catedráticos y expertos en temas consti-tucionales. La conclusión fue unánime. El segundo párrafo del artículo 201 for-ma parte de las Disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política de 1987. Fue creado para un periodo determinado y una vez cumplida su fun-ción dejaba de tener vigencia.

“Se trata de una disposición transi-toria porque en 1987 fue pensado para regular la situación de los poderes del Estado”, explica el catedrático Omar García, experto en Derecho Constitucio-nal. García explica que esa disposición fue creada para permitir una transición de la situación anterior a la reforma del 87 y las nuevas disposiciones constitu-cionales: los funcionarios permanece-rían en sus cargos hasta que no se pusie-ra en marcha el mecanismo establecido en la nueva Constitución. “Se deduce que el párrafo segundo no tiene razón de ser, porque el nuevo mecanismo ya se ha activado y ese párrafo ha perdido vigencia, ya se agotó el objetivo por el que fue creado. Es una derogación táci-ta”, afirma.

El consultor jurídico Oscar Carrión explica que la vigencia de la disposición la da su ubicación en la Constitución Política, y para explicarlo Carrión echa mano de literatura de consulta para los juristas. Con tono pedagógico explica:

“El maestro Guillermo Cavanela, en su Diccionario Jurídico Elemental, dice que una disposición transitoria es aquella intermedia entre dos momentos diversos de un régimen o de una insti-tución. Sirve para amoldar la situación jurídica precedente a las nuevas normas para causar los menores trastornos a la vida jurídica, concediendo un plazo para que las situaciones anteriores puedan adaptarse a las modificaciones. La tran-sitoriedad configura la condicionada supervivencia del derecho derogado. Si nos vamos a la definición que nos hace la Real Academia Española en su De-cimosexta Edición, dice que la palabra transitorio proviene del latín ‘transito-rius’ y significa pasajero, temporal, ca-duco, perecedero, fugaz, algo que nunca permanece en el tiempo”.

El alegato, por muy lúcido que fue-ra, no desmoralizó al oficialismo, que valiéndose de su supremacía en la Corte

Suprema de Justicia, inmediatamente presentó un contragolpe: los magistra-dos Francisco Rosales, Rafael Solís, Ligia Molina, Armengol Cuadra, Juana Méndez y Yadira Centeno, emitieron una resolución que establece que “las reformas constitucionales del año 1990, 1995, 2000 y 2005 no han contemplado en ningún momento ni la reforma ni la derogación del párrafo segundo del artí-culo 201Cn”, por lo que los funcionarios de la Corte, del CSE y de otras institu-ciones “continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos, de acuerdo a la Constitución”, según el fallo.

Pablo Ferrey, el hombre cuyo descu-brimiento armó todo este jaleo, comparte la opinión de los magistrados. “Uno tiene que respetar lo que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional”, dice.

“No fue tocado”Ferrey es un hombre bajito, pero

ágil. Después de cada afirmación hace una pausa para buscar entre la monta-ña de papeles que pueblan su escritorio, el documento que respalde esa opinión: una ley, un diario, una copia de la Cons-titución. Entre el ring ring del teléfono de su escritorio y el celular, que apenas lo dejan conversar tranquilo, el guardián de los asuntos legales del parlamento explica:

“En la reforma de 1990 hicieron una modificación al primer párrafo del artí-culo 201. El segundo no se modificó. En 1995 se hizo una edición de la Constitu-ción, que se tituló como ‘oficial’, en la que eliminaron el segundo párrafo. Pero esa edición no fue publicada en La Gaceta. Si se hubiera publicado en el diario oficial, todo el mundo estaría claro que se había eliminado ese segundo párrafo. La ver-dad es que como no se hizo, debemos de tomarlo como que no hay un documento oficial en el que la AN manda hacer esas modificaciones”.

--Pero algunos juritas explican que al ser un artículo transitorio ya perdió vigencia.

--La verdad es que todos podemos sa-car una opinión de lo que dice la Constitu-ción, pero solo hay dos instituciones cuya opinión tiene valor real: la interpretación autentica que hace la Asamblea Nacional y la que hace la Corte Suprema de Justicia a la hora que llega un recurso de amparo o de inconstitucionalidad. Ellos hacen un análisis y sacan su conclusión.

Ferrey (“como asesor de la Asam-blea”, advierte) defiende la vigencia del artículo 2001 y su segundo párrafo. Dice que para que éste perdiera su vigencia

El ardid legal...

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POLÍTICA

debieron cumplirse una serie de requisi-tos a lo interno de la Asamblea, que los legisladores pasaron por alto. El exper-to explica que cada vez que el Plenario aprueba una ley o una reforma de ley, se emite lo que en terminología parlamen-taria llaman autógrafo, un documento que recoge la ley aprobada o reformada con la firma del presidente y secretario de la Asamblea. Ese documento luego es enviado al Presidente de la Repúbli-ca para que la firme y “constate que lo

que ahí se dijo es cierto y llena todos los requisitos”. Es el Presidente quien envía el autógrafo a La Gaceta para que sea conocido por toda la población.

Por lo tanto, explica Ferrey, la vigen-cia del segundo párrafo del artículo 201 es un “asunto de interpretación”. Así lo explica él:

“Los artículos transitorios efecti-vamente no necesitan derogarse, por-que una vez que se aplica, ya no se puede aplicar de nuevo. En el artículo

201 queda claro que el primer párrafo es un artículo transitorio, porque deja establecida una fecha de vencimien-to de funciones: el 4 de noviembre de 1984. El segundo párrafo no habla de vencimiento, sino de toma de posesión. Es un asunto de interpretación, que lo tiene que hacer la Asamblea con todos lo requisitos de una reforma, o la Corte Suprema de Justicia”.

Fue la corte la que dijo la última pa-labra.

Como parece ser ya su costumbre, los magistrados sandinistas (inclu-yendo a suplentes) constituyeron el 14 de abril, a corridas, la Sala Constitu-cional de la Corte para emitir un fallo a la medida del oficialismo: establecie-ron la vigencia del artículo 201 y orde-naron a los funcionarios públicos a los que ya se les había vencido su periodo a permanecer en sus cargos. Uno de los que firmó el fallo fue Rafael Solís, a quien según lo establecido en la ley ya se le venció su periodo como magis-trado de la Corte. “Me mantendré en mi cargo obedeciendo la Constitución y el decreto presidencial que es legal”, había dicho Solís.

Lo paradójico es que fue So-lís quien hace 20 años, en un debate parlamentario, afirmó que el artículo 201 era transitorio. El consultor jurí-dico Óscar Carrión encontró el Diario Debate de lo que se discutió en aquel entonces en el Plenario, donde la cita de Solís es clara:

“Aquí se está tocando un artículo transitorio de la Constitución; la Consti-tución no se está tocando, no hay viola-ción, no hay ningún artículo de la cons-titución que se esté afectado aquí; se está afectando el 201, que es un artículo transitorio que se hizo únicamente para efecto de este periodo, del periodo que comenzó el 9 de enero del 85”.

Dos décadas después de aquella in-tervención, Solís, sentado cómodamente en el sofá de su igualmente cómoda ofici-na en la sede central de la Corte, da una rara explicación de lo que “quiso” decir aquel día en el Plenario:

“Yo en mis intervenciones de 1990 me refería exclusivamente al primer pá-rrafo del artículo 201, nunca mencioné el segundo. Era parte de una moción que

había presentado porque había estado en los Acuerdos de Esquipulas con el Presi-dente, había quedado con él que íbamos a presentar la redacción del artículo de manera que los periodos se acortaran, tanto del Presidente, del Vicepresidente como de los diputados, una vez que se firmaran los acuerdos. Y eso fue lo que se hizo. Todo fue legal. Sólo reformamos el primer párrafo, no el segundo. Que no la hayan impreso en las otras Constitucio-nes son otros cien pesos. En la Constitu-ción original el artículo nunca se derogó y eso significa que está vigente”.

Pero en aquella intervención, el ma-gistrado Solís fue bastante claro al asegurar que el artículo 201 es “apenas un artículo transitorio para esta situación; y los transi-torios desaparecen; los aprobamos ahora,

el 25 de abril, y hasta ahí llegaron; se acaba-ron los transitorios. No tenían más vigencia que para ahora y para el completamiento de este periodo”.

Para Carrión, las declaraciones de Solís no dejan espacio a dudas. Carrión dice que la contradicción de Solís tiene un claro interés:

“Rafael Solís Cerda ha sido el prin-cipal impulsor de esto porque él es el interesado principal en mantenerse afe-rrado a la cuota de poder que le significa el cargo en la Corte Suprema de Justicia con todas las influencias y tráficos de in-fluencias que se generan a partir de ello. En segundo lugar, porque él es el eslabón principal en esta lucha forzada por pre-tender instaurar a Daniel Ortega a per-petuidad en el poder”.

Lo que dijo “Payo” en el debate parlamentario hace 20 años:

Solís: “es un artículo transitorio”

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ESPECIAL: EL MEGAMERCADO DE MANAGUA

Sonríe. “Aquí ya no tenemos espacio, eso provoca un comercio de tramos terri-ble, como un producto más. He llegado a calcular que el metro cuadrado puede llegar a tener un valor comercial entre US$2,000 a US$5,000, según su ubicación. Por eso, el que tiene un tramo aquí, tiene un capital en sus manos”, repite.

El mercado Oriental, cuando surgió a inicios de los años 40, cubría apenas 2 ó 3 manzanas de extensión. Hoy se extiende en 92 manzanas de superficie. Crece a tal ve-locidad que Rivera planeaba semanas atrás reunirse con las autoridades y especialistas de la Alcaldía de Managua, para propo-nerles una nueva delimitación del mercado capitalino.

El funcionario municipal desenrolla un mapa hecho a mano y lo extiende sobre su escritorio. Al sur, refiere que el mercado Oriental ya devoró el barrio Campo Bruce; al oeste, se ha extendido hasta las inme-diaciones del edificio de Petronic; hacia el este, llega al barrio la Tenderí, y hacia el lago, salió a Carretera Norte.

“Es el centro comercial más grande de Nicaragua, de Centroamérica y probable-mente de América Latina. Todos quieren estar aquí, en el Oriental, hasta las grandes empresas, porque aquí viene a comprar gente de toda Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica”, señala.

Rivera calcula que el Oriental repre-senta entre el 25% al 30% de la actividad comercial del país. Calcula que circulan alrededor de C$3000 millones mensuales, cifra equivalente a unos US$150 millones. Y que cada año lo visitan más de nueve millones de clientes. Además, se estima que trabajan alrededor de 60,000 perso-nas en unos 15,000 tramos y se elaboran alrededor de 50,000 servicios de comida a diario Esos indicadores le brindan un atractivo sex appeal comercial, que se tra-duce en esa altísima plusvalía, de la cual se benefician también los barrios aleda-ños al gigante.

Propiedades viejas, megavaloradas

La casa de Ciudad Jardín donde fun-ciona la sucursal de COMMEMA en el Oriental, luce bastante deteriorada y vieja. Las paredes están descoloridas, la cocina perdió el look de antaño, el pasillo es estre-cho y oscuro y las habitaciones, donde aho-ra despachan los funcionarios municipales, son talla pequeña.

Sin embargo, por estar ubicada a po-cos metros de una de las principales arte-rias del mercado Oriental, detrás de donde se levantan los grandes almacenes árabes, tiene que pagar un alquiler de US$1,000 mensuales.

Rivera, gerente de COMMEMA Oriental, relata que en una ocasión sondeó al propietario de la vivienda, para averiguar en cuánto la vende y éste le dijo: “Te la voy a dar barata, dame US$150 mil y es tuya”.

No es el único que pide cifras astro-nómicas por viviendas con más de 30 años de antigüedad. Muy cerca de allí, del su-permercado Punto 99 hacia abajo, también venden dos casas juntas. Piden US$250 mil por cada una, es decir, medio millón de dó-lares por ambas propiedades urbanas.

Más allá, en la calle principal de Ciu-dad Jardín, donde funcionó la sucursal de una microfinanciera, hay un rótulo de “Se renta” o “Se vende”. La vivienda, de seis habitaciones y cuatro baños, con acabados de poca calidad, la ofrecen en US$180.000 negociables.

Asimismo, una vieja casa en el barrio Campo Bruce, muy cerca de la zona del llamado Gancho de Camino, donde se ven-den electrodomésticos, muebles y camas, piden US$120.000 al cash (de contado). Tiene una sala, una habitación, un garaje transformado en un espacio bajo techo y un baño. Eso es todo.

“Esas propiedades han agarrado una plusvalía enorme, más alta que algunos re-sidenciales de Managua, gracias al Orien-tal”, dijo Rivera, gerente de COMMEMA Oriental.

Se dispara valor de El OrientalSe dispara valor de El Oriental

Casa en Ciudad Jardín, se vende en US$180 mil negociables

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ALMA pasará a ser dueña de mercados

Tras el terremoto de 1972, Anastasio Somoza Debayle emitió un decreto que determina que el Gobierno asumiría el control del Oriental. Años después, en di-ciembre de 1981, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional promulgó el De-creto 903, a través del cual se expropian los terrenos baldíos de una amplia zona del centro de Managua, entre és-tos el Oriental. Estos se inscribieron a favor del Estado.

“Teóricamente, los terrenos del Oriental pertenecen al Estado, éste es su verdadero dueño. Pero el Oriental es una torre de Babel en términos jurídicos, hay gente que posee pedazos de títulos y otros documentos su-pletorios. Lo que va resolver este desorden, es un proceso de lega-lización del Oriental, que empezó a dar sus primeros pasos”, expli-có Fernando Cedeño, Asesor Legal de COM-MEMA Central.

Cedeño, con una amplia trayectoria en esa institución mu-nicipal, refirió que la Alcaldía de Managua es dueña o propietaria de tres de los ocho mercados de la capital, siendo éstos: el Ma-yoreo, el Periférico y el mercado Candela-ria (barrio Monseñor Lezcano). También posee la sede central de COMMEMA, en el barrio Altagracia.

De los otros cinco, hay un proceso de legalización en marcha, coordinado por la Procuraduría General de la Repú-blica (PGR) y la Alcaldía de Managua. Para impulsar esta iniciativa, se han montado en un proyecto del Gobierno de la República de China Taiwán, que ha donado frigoríficos para fortalecer la capacidad de almacenamiento de los mercados capitalinos, con la única con-dición de que éstos deben ser propiedad de la Municipalidad. Aprovechando esa coyuntura, se desarrolló un proyecto pi-loto de legalización en el mercado Iván Montenegro.

Luego, según Cedeño, el proceso de legalización se extenderá al mercado Ro-

berto Huembes, al mercado de San Ju-das, hasta culminar con el Oriental, que quedará de último por su envergadura y complejidad.

“La idea es que finalizando el año, la Alcaldía sea dueña de todos los mercados de la capital. La Dirección Legal de ALMA está manejando esto. La legalización es

un paso extraordinario”, señaló Cedeño, quien refirió que después vendrá el proce-so de ordenamiento y finalmente, fondos para mejorarlos.

Para conocer más detalles de este pro-ceso de legalización, que desconocen inclu-so los concejales opositores (ver entrevista con Leonel Téller), solicitamos entrevistas a la alcaldesa de Managua, Daisy Torres; y al Secretario del Concejo Municipal, Enri-que Armas, sin embargo ninguno respon-dió a la solicitud periodística.

Venden una cesión de derechos

Las transacciones de los tramos del Oriental, tanto entre personas naturales o jurídicas, se llevan a cabo bajo los términos de la Ordenanza 01-2006, promulgada por el Concejo Municipal de Managua, en enero del 2006, durante la administración edilicia de Dionisio ‘Nicho’ Marenco. En su artículo 5 se define la figura de la cesión de derechos

para el arriendo o locación en los mercados de la capital, incluyendo el Oriental.

Según este artículo, la cesión de de-rechos descansa en el cumplimiento de una serie de requisitos, que deben obser-var quien cede y quien compra. Entre es-tos requisitos están: primero, que no debe existir mora ante COMMEMA y si la hay,

debe solventarse en su totalidad. Segundo, la cesión debe hacerse por medio de Escritura Pú-blica, describiendo la ubicación, el número del módulo, tramo, espacio o terreno, asimismo las medidas y el monto en córdobas.

Tercero, la cesión se somete a la aprobación del gerente general del mer-cado respectivo, y cuar-to, el nuevo arrendatario debe efectuar el pago del arancel por legalización para gozar de un contrato prorrogable. El pago de legalización oscila entre un máximo de C$2.500 y un mínimo de C$150, se-gún las dimensiones.

Sin embargo, se-gún Rivera, gerente de COMMEMA Oriental, muchos prefieren no reportar la cesión de derechos, ni completar el procedimiento de le-galización, para evitar el pago de esas tarifas que

resultan ridículas frente a las sumas altísi-mas que se registran en la compra-venta.

“Prefieren dejarlo así, a nombre del comerciante anterior, con tal de no pagar las tarifas de legalización. Temen que si llegan (a COMMEMA), vamos a subirle el canon de arrendamiento”, dijo Rivera.

Cedeño, de la Asesoría Legal de COMMEMA Central, también ha cono-cido de disputas jurídicas por esos tramos comerciales. “La mayoría de los conflictos son entre familiares, entre parejas que se separan, o por personas que fallecen y no dejan claro a quien otorgaron la cesión de derecho. Nosotros no somos jueces para dilucidar esos conflictos”, señaló el jurista municipalista.

“Hay tramos que se han cedido por US$50,000 ó más, lo he visto en las escri-turas públicas; el valor que han adquirido esos tramos del Oriental es increíble”, afirmó el Director de la Asesoría Legal de COMMEMA Central.

ESPECIAL: EL MEGAMERCADO DE MANAGUA

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ESPECIAL: EL MEGAMERCADO DE MANAGUA

n Altísima rentabilidad comercial, pero muchos están en mora con CONMEMA

A Oscar Danilo Reyes, importador y comerciante de pacas de ropa usa-da por volumen y a granel, no le resultan exorbitantes los montos que se pagan en esas transacciones por la cesión de dere-chos de tramos del Oriental.

“Se pagan esas sumas, es cierto”, dijo Reyes, líder de la Asociación de Co-merciantes Unidos del Mercado Oriental (ACUMON), “pero es comprensible, ese tramo representa su patrimonio, su fon-do de retiro, después de 30 ó 40 años de sacrificios, de sufrir penalidades, porque aquí la gente siempre ha estado enjara-nada, ya sea con los panameños o con los bancos”, refirió.

Reyes, un hombre de baja estatura y de complexión fuerte, dirige ACUMON, una de las asociaciones de comerciantes que trabaja en el Oriental. Asegura que agrupa entre 300 a 500 comerciantes.

Posee dos tramos o locales, uno donde vende pacas de ropa por docena y otro, donde se vende a granel. “He teni-do caídas, pero me he levantado. Somos tenaces”, indicó Reyes.

Testigo del poder económico

Otro testigo de esas transacciones de compra-venta es Alejandro Padilla, ex Gerente General del Banco del Éxito (BANEX), quien concedió una entrevista para este reportaje semanas antes de re-nunciar a esa posición.

“He visto casos donde el valor co-mercial de un tramo en el Oriental ha sido superior a los US$1,400 por metro cuadrado. No hay lugar residencial o co-mercial en Managua que alcance ese va-lor”, señaló Padilla.

“La primera vez que oí de esos mon-tos no lo creía, pero he visto transaccio-nes, papeles, escrituras; es una inversión, apuestan al potencial del negocio, a la rentabilidad que van a obtener”, añadió.

Sin mencionar detalles, el ahora ex Gerente General del BANEX relató que en una oportunidad se presentó un buen cliente que necesitaba comprar cinco tra-mos, con un altísimo valor comercial. Le

concedieron el préstamo, cuyo monto no reveló. Sin embargo, indicó que esas tran-sacciones sólo las hacen las empresas más prósperas del Oriental. Aquellas que tie-nen alrededor de US$5 ó US$6 millones en inventarios.

En el Oriental también están presen-tes las filiales de todos los bancos, finan-cieras y microfinancieras que operan en el país. En el caso del BANEX funcionan dos sucursales, de un total de 30 en todo el país, para atender a más de 3,500 clien-tes, de los cuales 70% corresponden al mercado capitalino. Muy similar a la can-tidad de clientes de Estelí, por ejemplo, una de las ciudades con más actividad co-mercial y productiva en el país.

A estos clientes les ofrecen un abani-co de productos. Desde créditos para im-portar mercadería, hasta hipotecarios o de vehículos. El crédito promedio ronda los US$5,000 pero hay préstamos especializa-dos que superan los US$200,000. Incluso, hay clientes que han crecido tanto que pa-san a ser atendidos por la banca tradicional, corporativa, ya que “pasaron a otra liga”.

“Hay gente que comenzó con un pe-queño tramo, pero luego adquirieron tres ó cinco; o que comenzaron en un garaje y hoy tienen edificios de cinco pisos, más

grandes que Siman, donde la tienda está en el primer piso, y en los demás están las bo-degas, la mercadería. Son historias de éxito extraordinarias, que han llegado hasta allí con nuestra ayuda, pero que pasan a la ban-ca corporativa, tradicional”, dijo Padilla.

Morosos con COMMEMAAl caer la tarde, al despacho de Au-

gusto Rivera, gerente de COMMEMA Oriental, llega una dirigente de otra aso-ciación a interceder por un comerciante vecino, que tiene una mora desde 2009 con esa entidad municipal y solicita que le hagan un descuento mayor al 30% que ya le han ofrecido. Rivera analiza el caso, observa que se trata de un vendedor de electrodomésticos, que viene arrastrando esa deuda desde el año pasado, así que decide mantenerle intacto el cobro.

“Esta es la única empresa del plane-ta, donde a los morosos, a la vuelta de dos ó tres años, se les rebaja hasta el 30% de la deuda, en lugar de ser al revés, debe-rían pagar aunque sea el deslizamiento de la moneda. Ese comportamiento, que se viene arrastrando de otras administra-ciones, ha provocado una cultura de no pago y por eso, COMMEMA es una em-presa deficitaria”, afirmó Rivera.

Banca compite por otorgar préstamos desde US$ 5,000 hasta US$200,000

Un tramo en el Oriental: capital de retiro

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ESPECIAL: EL MEGAMERCADO DE MANAGUA

El mercado Oriental está dividido en tres zonas. La zona 1 corres-ponde al sector comercial, de tiendas, donde ocurrió el terrible incendio del 2008. Tienen registrados alrededor de 3.500 tramos e igual número de con-tribuyentes. La zona 2 es donde están los dos galerones originales donde na-ció el mercado, en 1943-1944. También contabilizan 3,500 contribuyentes. Y, finalmente la zona 3, la más grande y pobre, donde se venden verduras, frutas, legumbres y abarrotes. Calcu-lan que tiene 6.000 comerciantes. Por tanto, en el Oriental hay alrededor de 13.000 tramos registrados en el sistema de COMMEMA.

Además, estiman que se mueve una gran masa de ambulantes –unos 5,000—que se mueven con carretones, a los cuales dice que no les cobran ningún canon o ta-rifa, para “no darles derecho de vía”.

En el Oriental hay día a día una fe-roz lucha por tomarse las calles, por salir afuera, más cerca de donde circulan los

clientes, lo cual ha provocado la emigra-ción a esos puntos y el cierre de tramos o establecimientos adentro. En un sector, donde privan comedores y ventas de za-patos, hay dos tramos en renta. Uno lo ofrecen en US$250 mensuales, otro más grande en US$400.

En el Oriental funciona un sistema de recaudación muy artesanal, organi-zado por rutas y que se lleva de forma manual. Día a día, entre 60 a 70 recau-dadores salen a la calle a cubrir sus rutas. Cobran lo correspondiente a COMME-MA y a la Alcaldía de Managua.

“Aquí se recauda sólo entre el 25% al 30% de la cartera”, valoró Rivera. Es decir, de cada córdoba que debería recaudar, sólo recibe 25 ó 30 centavos. Según sus estimaciones, la sucursal del Oriental debería registrar recaudaciones mensuales por el orden de los C$5 mi-llones, pero en marzo la recaudación fue de sólo $2 millones. Y, fue récord. En administraciones anteriores, calcula que no llegaban ni al millón recaudado.

Planes para mejorar infraestructura

Para mejorar y modernizar el sis-tema de recaudación, están impulsando un levantamiento planimétrico, para determinar cuántos tramos hay, me-didas de los mismos, tipo de comercio que se desarrolla, etc. El propósito final es determinar y proponer cánones de arrendamiento más justos, más actuali-zados, sin que prive el deseo de afectar a la gente, si no, que paguen más quie-nes tengan capacidad de pagar más.

“Hay grandes importadores que pa-gan apenas C$120 ó C$150 córdobas de arriendo por los tramos”, dijo Rivera, mientras en el mercado Periférico, por un tramo pequeño pagan hasta C$400 mensuales por arriendo.

Fuentes de COMMEMA indicaron que recientemente tomaron la decisión de “congelar” el canon de arriendo en los mercados Israel Lewites, Candela-ria, Periférico y Róger Deshon, de San Judas.

Funcionarios de COMMEMA Central y de la Alcaldía refieren que en los mercados capitalinos, que no son propie-dad de ALMA, se emprenderá un proce-so de legalización y que el proyecto piloto es en el Iván Montenegro, a partir de una donación de Taiwán.

¿Conoce detalles de ese proceso de legalización, ha visto algún documento borrador?

Es la primera noticia que tengo como miembro del Concejo Municipal de la capital. Sin embargo, comparto la opinión de que todos los mercados ne-cesitan de un reordenamiento. Hemos visto pérdida de vidas y daños materiales altísimos como resultado del desorden que hay, por ejemplo, en el mercado Oriental.

COMMEMA, por mucho esfuerzo que haga ahorita, no ha sido suficiente, están invadiendo vía pública y hemos de-

tectado que hay tráfico de tramos. Hemos estado vien-do en el Concejo Municipal estos problemas y la filosofía del Partido Liberal Constitu-cionalista es que la Alcaldía es dueña de todos los tramos.

Pero aquí hay mucha gente que tiene varios tramos y los renta a US$500, US$800 ó US$1,000 y eso es ilegal, aquí el que tiene un tramo y no lo puede trabajar, la Alcaldía debe quitárselo y otorgárselo a otra persona. No debe haber sub-arriendo de tramos, usu-fructo, eso es corrupción.

Y, ¿han visto alguna iniciativa para reformar los cánones de arrendamiento de los mercados capitalinos?

Eso ya pasó. Nosotros votamos en contra porque la propuesta del Frente Sandinista fue elevarlos y dolarizarlos.

Les dijimos que no vamos a aprobar un incremento en el costo de los cánones y mucho menos a dolari-zarlos, porque la moneda oficial es el córdoba. Noso-tros votamos en contra y el Frente Sandinista que ha-bla de los pobres del mun-do y arriba los pobres del mundo, como decimos en buen nicaragüense, se los clavaron, se los rempuja-

ron, porque les subieron a los cánones.

Sobre este último señalamiento, Alcides Altamirano, Gerente General de COMMEMA, lo calificó de “poli-tiquería barata”, ya que afirmó que en ningún momento, el Concejo Municipal ha discutido y aprobado alguna pro-puesta de incremento en el canon de arriendo y menos en dólares.

13,000 tramos y 5,000 ambulantes

Una lucha feroz por las calles

Leonel Téller, Concejal PLC en Managua

“Hemos detectado que hay tráfico de tramos”

Leonel Téller

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Michael Shifter

Las elecciones del domingo pasado demostraron que, aunque puede que haya algo de “fatiga de Uribe”, el man-datario sigue siendo extremadamente popular.

La nación puede estar cansada de la polarización y el escándalo, pero también está eternamente agradecida con un líder que logró devolver al país del borde del abismo. El uribismo se aseguró casi el 63 por ciento de los votos.

Quien salió beneficiado por este sentimien-to, claro, fue Juan Manuel Santos, del Partido de la U, quien está ahora en una posición formidable para asumir la presidencia el 7 de agosto.

Encuestas y comentaristas que proyectaban un empate entre Santos y Antanas Mockus, del Partido Verde, se equivocaron. Será casi imposible repuntar antes de la segunda ronda el 20 de junio. Colombianos, como todo el mundo, prefieren irse con un ganador claro, y en este caso es Santos.

¿Cómo hizo Santos para desafiar las predic-ciones y ganar con un margen tan sustancial?

Hay varias razones, incluyendo la baja repre-sentación de los sectores rurales (uribistas en su mayoría) en las encuestas y las metidas de pata de Mockus en los debates y entrevistas.

La mayor razón, sin embargo, es simple-mente que muchos colombianos, después de hacerle ojos a la candidatura de Mockus y el llamativo mensaje que éste quiso transmitir, se asustaron de votar por alguien tan novato en asun-tos de seguridad y política exterior.

Al final de cuentas, las excentricidades de Mockus no fue-ron suficientemente reconfortantes para una nación que, a pesar de mucho progreso, permanece preocupada por amenazas inter-nas y externas.

Santos prometió que, con él a cargo, los colombianos podrán dormir tranquilos, y esta promesa demostró ser bien efectiva.

Las elecciones demostraron no sólo la fuerza del uribismo, sino también otros dos hechos que Santos debe tener en cuenta mientras se prepara para asumir la Presidencia. El primero es que aunque puede que Mockus no llegue a la Casa de Nariño, es un

verdadero fenómeno y tocó la sensibilidad nacional en favor de un gobierno limpio, adherencia a la normatividad de la ley y cooperación política.

En su discurso de la noche del do-mingo Santos pareció reconocer lo que Mockus representó y sabiamente hizo un llamado a la unidad nacional.

Lo segundo son los pésimos resulta-dos que presentaron los dos partidos polí-ticos tradicionales: Liberal y Conservador.

En este sentido, Colombia entra en la tendencia regional hacia el debilitamiento

de los partidos tradicionales, pero es incierto cómo será la nueva estructura de los parti-dos.

Nadie duda de la inteligencia de Santos. Es ampliamente reconocido por su manejo efectivo de tres ministerios claves bajo tres presidentes distintos.

Más que Uribe, él es sensible ante la opi-nión pública internacional, ha viajado exten-samente y desempeñado cargos importantes fuera del país. A pesar de algunas dudas en cuanto a un posible aumento de tensiones con Ecuador y Venezuela, una Presidencia de Santos, consciente de cuánto está en juego, en especial económicamente (caso Venezuela), probablemente hará un esfuerzo por reducir confrontaciones y manejar a los vecinos con

pragmatismo.Santos es conocido en Washington, donde ha pasado mucho

tiempo y tiene amplios contactos. Al presentar su caso a favor de relaciones bilaterales más estrechas entre Colombia y los Estados Unidos (incluyendo la aprobación del aún pendiente Tratado de Libre Comercio), tendrá que responder a las preocupaciones, espe-cialmente de algunos congresistas demócratas, sobre las controver-sias que han marcado la administración de Uribe.

Pero el éxito en el refortalecimiento de las relaciones tendrá mucho más que ver con los resultados de las elecciones legislativas en los Estados Unidos el próximo noviembre y la salud de la econo-mía estadounidense, que con el poder de persuasión de Santos.

Director del Diálogo Interamericano. Publicado en El Colombiano

AMÉRICA LATINA

Uribe y Santos son los ganadores

Juan Manuel Santos

n Después de hacerle ojos a la candidatura de Mockus y el llamativo mensaje que éste quiso transmitir, muchos colombianos se asustaron de votar por alguien tan novato en asuntos de seguridad y política exterior. Santos prometió que, con él a cargo, los colombianos podrán dormir tranquilos, y esta promesa demostró ser bien efectiva

CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010 13

NEGOCIOS

Konstantin Potyng, Agregado Co-mercial ruso, explicó a Confidencial que el Vicecanciller Serguei Riabkov llegó al país como parte del proceso de reactiva-ción de la “Comisión Intergubernamen-tal Rusa Nicaragüense de Cooperación Económico-Comercial y Científico-Téc-nica, encargada de velar por el tema de cooperación en todos los ámbitos, excep-to el de policía”.

Además de los U$10 millones en ayuda presupuestaria, al final de la re-unión se confirmó la donación de 250 buses ‘tropicalizados’, posiblemente más grandes que los que fueron donados el año pasado, y siempre del mismo mode-lo, así como el interés de empresas rusas por entrar al negocio de la energía, sea geotérmica o hidroeléctrica.

La donación de U$10 para apoyo pre-supuestario ¿es iniciativa rusa o una peti-ción de Nicaragua?

Es una donación directamente al Pre-supuesto, porque Nicaragua tiene dificulta-des en ese campo, después que el Grupo de Apoyo Presupuestario cambiara su política y decidiera destinar sus recursos para pro-yectos específicos, pero se requiere tener dinero en el Presupuesto para pagar a los profesores, a los médicos, para entregar medicina gratuita, para obras públicas, etc., y si no hay apoyo presupuestario, quien su-fre es el maestro, el médico, y eso no es bueno.

Nosotros le preguntamos a Nicaragua qué es lo que necesita. Fue nuestra inicia-tiva ofrecer ayuda, pero Nicaragua definió cual era su prioridad, y en este caso fue el Presupuesto, para minimizar el déficit, y para evitarse problemas con el FMI.

¿Habrá apoyo presupuestario garan-tizado en 2011?

Depende de la Comisión. Por este año no, pero no sé si lo habrá en 2011, porque depende de cómo quede el Presupuesto de

ese año, y hasta cuándo se apruebe. De-pende también de si existe la necesidad.

¿Por qué aparece ahora Rusia hacien-do este donativo y estos anuncios?

La Comisión Intergubernamental fue creada mediante un convenio en los años 80, pero después de 1989, los gobiernos de Nicaragua no mostraron ningún interés en activar la Comisión, (aunque el convenio siguió vigente todo este tiempo), lo que es una lástima, por-que a través de la Comisión habríamos podido ayudarle más al pueblo de Nica-ragua, pero la postura de los gobiernos liberales no lo permitió.

¿Les habría interesado activar la Comisión si se los hubiera pedido otro gobierno que no fuera el sandinista?

Siempre. Siempre. Porque nosotros no tenemos preferencias por los gobiernos. Stalin dijo que “los Hitler se van –que se vayan- pero el pueblo alemán permane-cerá en la historia”. Lo mismo podemos decir en cualquier caso. Entendemos que los gobiernos duran un periodo de tiempo, pero los pueblos siempre van a existir, y el pueblo de Nicaragua es amigo del pueblo ruso.

Nosotros hubiéramos acudido si nos hubieran llamado, así como estuvimos lis-tos cuando nos llamó el gobierno actual.

Donación rusa...

n Los transportistas dicen que no entienden por qué tienen que pagar por buses que fueron donados

Así como la Comisión Intergubernamen-tal no ofreció apoyo en temas policia-les ni de seguridad, si lo hizo en lo técnico-militar.

“No en entrega de armas, pues no hay necesidad de traer más armas al país, porque ustedes ya tienen bastante para sus necesidades, pero sí para reparar la técni-ca existente, porque es más práctico hacer mantenimientos que reparaciones totales”, dijo el agregado comercial ruso, Konstantin Poting, añadiendo que “Nicaragua necesita helicópteros y naves militares para combatir al narcotráfico”.

En donde si hubo respuesta positiva fue en el tema del transporte, con la promesa de donar 250 buses más a pesar de las quejas de los transportistas.

El diplomático ruso asegura que las quejas de los buseros están motivadas porque “los transportistas no quieren pagar por bu-ses que fueron parte de una donación, pero

entiendo que ALBA-CARUNA les dijo que el pago era para crear una base técnica (talle-res), y les dio varios meses de gracia, así que si ellos ellos hablan de problemas técnicos es para presionar”.

Nosotros no hemos recibido ningún dinero por esos buses, eso es asunto entre ALBA CARUNA y los transportistas y no podemos hacer nada por eso.

¿La información proviene de la empre-sa o de los transportistas?

De ambos. Los transportistas dicen que no entienden por que tienen que pagar en este caso.

Yo tampocoBueno… no… no sé, yo tampoco sé [por

qué deben pagar por los buses si fueron dona-dos]. El problema es que ya no podemos invo-lucrarnos en eso, y acerca de los problemas me-cánicos, todos los vehículos los tienen, hasta los Toyotas nuevos, pero los problemas mecánicos de nuestros buses no son del tipo que impiden que la flota salga a trabajar. De todas formas, en las próximas semanas llegara a Nicaragua un barco con repuestos para los buses.

El problema con los buses

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NEGOCIOS

¿Cómo valora el intercambio comer-cial existente entre Rusia y Nicaragua?

Estamos trabajando algunos pro-yectos que pueden fortalecer nuestro intercambio comercial, que no es un in-tercambio digno en estos momentos, por-que no supera los U$50 millones, cuando el intercambio comercial total de Rusia es de un billón de dólares, de modo que Nicaragua podría mejorar mucho, pero necesitan atraer algunas empresas ru-sas a Nicaragua, y necesitamos atraer la atención de los empresarios nicaragüen-se hacia Rusia.

Ya se hicieron las inspecciones, ya se tienen los certificados fitosanitarios, así que Nicaragua ya puede exportar mariscos a Rusia: ya no hay ningún rubro de exporta-ción nica que no pueda entrar a Rusia. Sólo falta que las empresas nicas tomen la ini-ciativa y busquen a nuestros importadores, que no son muchos, porque son empresas muy grandes que casi no conocen nada de Nicaragua y cuando tratamos de conven-cerles, nos dicen: si los nicaragüenses tie-nen mercadería interesante para nosotros, ¿por qué ellos no vienen a nuestro país?

¿Además de mariscos, que mas po-dríamos venderles?

La carne de res es un rubro que no-sotros importamos cada vez en mayores cantidades: compramos al año más carne de res que la que Nicaragua puede pro-ducir, y aunque también la importamos de Argentina y Uruguay, un barco desde Ni-caragua tiene que viajar 10,000 kilómetros para llegar hasta Rusia, mientras que desde Argentina o Uruguay, debe viajar 20,000 kilómetros: está clarísimo que Nicaragua tiene una ventaja.

Café. Es muy extraño que no impor-temos mayores cantidades de café nicara-güense, que es de muy buena calidad. Ru-sia consume casi la misma cantidad de café por persona al año que Nicaragua, pero mucho de nuestro café viene de Colombia y no puedo decir que el café colombiano sea mejor que el café nicaragüense. Hay diferentes marcas, pero en general, en mi opinión, el café nicaragüense es mejor.

En 2008, fuimos el séptimo impor-tador mundial de café, pero aún es insu-ficiente. En Rusia sólo se puede comprar

café nica en tiendas especializadas. 100 gra-mos de café nica cuestan 300 rublos, (unos C$200) y eso es una locura, pero esa dife-rencia de precios puede representar una buena oportunidad de negocios.

¿Qué otros rubros tienen oportuni-dad en el mercado ruso?

Necesitamos marañón y maní, y aun-que ya lo importamos desde Nicaragua, se trata de cantidades muy pequeñas.

Nosotros le pedimos a Casa Pellas poner una representación comercial en Moscú. Ellos cubren Europa desde Espa-ña, pero hay 2,000 kilómetros de distancia entre España y Rusia, y es muy difícil pro-mover un producto desde esa distancia.

En Rusia hay rones de otros países, pero no ron nicaragüense, apenas si hay Bacardí, pero ese ron no es de mayor cali-dad que el ron nicaragüense. Nuestro mer-cado paga precios razonables.

¿Será posible llegar a firmar un TLC con Rusia?

Es difícil, porque si Nicaragua está en un bloque comercial con EE.UU., y Rusia no, habría que garantizar que la mercadería estadounidense no será exportada a Rusia a través de Nicaragua, y viceversa.

Es verdad que hay reglas de origen, pero no pueden protegernos en todos los casos. Ya tuvimos una experiencia muy negativa con Polonia que nos vendió carne india, que tiene infecciones que no estamos acostumbrados a enfrentar, y no podemos analizar 10,000 contenedores al mes de car-ne de res que importamos.

De todos modos, para negociar un TLC debemos convencer al ministerio de Finanzas y al de Economía, pero ellos nos dirán: sólo tenemos intercambio comercial por U$50 millones, así que firmar un acuer-do será muy caro, porque el intercambio no va a crecer en más de U$20 millones…

¿Sería más atractivo que fuera con Centro América como bloque?

Eso resulta más atractivo, aunque re-quiere pasos previos en la región, comen-zando por incrementar el volumen comer-cial, y después buscar un TLC, que requiere mucho trabajo preventivo.

Firmar TLC con Rusia será muy difícil

Intercambio comercial es de U$50 millones anuales

n Si no pueden aprobar casi ninguna ley, ¿cómo iban a ponerse de acuerdo para aprobar una ley tan importante como esta?”

La construcción de un canal inte-roceánico es un tema que de for-ma recurrente el presidente Ortega siempre menciona en las pláticas con los rusos.

“Noso-tros siem-pre pensa-mos en ese p r o y e c t o , porque es un proyecto demasiado importante para Nica-ragua (aun-que no lo es tanto para Rusia, por-que no te-nemos necesidad de transportar algo de un océano a otro), pero si es im-portante para el resto del mundo”.

“Si ahora Nicaragua es pobre, con el canal dejaría de serlo, pero Nicaragua es un país soberano, y debe tomar una decisión acerca del marco jurídico para construir el ca-nal, pero vemos que no hay entendi-miento entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Si no pueden aprobar casi ninguna ley, ¿cómo iban a po-nerse de acuerdo para aprobar una ley tan importante como esta?”, se-ñala al observar la inmovilidad que ha afectado a ese poder del Estado.

“Rusia ha realizado algunos es-tudios cortos y muy tentativos en este campo, porque para realizar estudios por la ruta del canal, hay que tener una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Hemos ofrecido informa-ción al gobierno sobre temas como la ruta del canal y su precio, porque tenemos mucha experiencia en cana-les, incluso entre ríos y entre mares: unos 30 a 40 grandes canales”.

¿Y el canal interoceánico de Ortega?

Konstantin Potyng

CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010 15

ECONOMÍA

n Promesas de Chávez ascienden a U$7,764 millones durante el periodo de Ortega

Iván Olivares

Nicaragua es el tercer gran receptor de las inacabables promesas que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha hecho a los países del ALBA a lo largo de los últimos cinco años, las que en su conjunto representan U$62,427 mi-llones, de las que un 12,44% (equivalente a U$7,764 millones), están supuestos a ser invertidos en nuestro país.

Cuba (U$34,379 millones, ó 55,07% del to-tal) y Bolivia (U$8,230 millones, ó 13.18%), son los dos primeros beneficiados por las promesas venezolanas, que también ofrece U$7,291 mi-llones ó 11,68% a Ecuador, con Haití, Hondu-ras y Dominica a prudente distancia.

Los U$62,427 millones ofrecidos a los países del ALBA representan apenas un 15.8% de los U$393,952 millones que Chávez ha ofrecido por todo el planeta (89 naciones en total), lo que es imposible de cumplir, toda vez que representa un 94.08% del total de los ingresos fiscales de Venezuela en el mismo periodo.

Nicaragua ocupa el decimosexto lugar en la sobreextendida agenda global del ve-nezolano, ranking que resulta de evaluar las constantes promesas que hace a cada país al que llega, según un estudio que cu-bre el periodo 2005-2010, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela, (CIECA).

En ese lapso de tiempo, Chávez le ha ofrecido a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, cooperación por U$7,764 millones, lo que representa el 1.97% de los U$393,952 millones que el venezolano ha prometido durante sus constantes periplos globales.

Para cumplir sus promesas, Chávez requeriría disponer libremente del 94.08% de los ingresos fiscales del estado venezola-no, que sumaron U$418,727 millones, en el periodo observado.

Rusia, China y CubaLa megalomanía del sudamericano le

ha llevado a hacer ofertas a países de los cinco continentes, donde los más benefi-ciados no son pequeñas naciones pobres, o paupérrimas sociedades del tercer mundo a punto de colapsar por el peso del hambre y la pobreza, sino grandes economías asiá-ticas o europeas, con una amplia represen-

tación americana en la que no faltan EE. UU. y Canadá, mientras las naciones afri-canas y las oceánicas se ven minimizadas.

El estudio demuestra que Chávez prefiere ofrecer y prometer a los más grandes, comen-zando por el otrora poderoso imperio ruso, que encabeza la lista con U$56,885 millones, equi-valentes al 14,44% del total prometido por el mundo, en este caso, destinados a financiar el gasto en petróleo y defensa.

El segundo lugar lo ocupa China con U$37,509 millones (9,52%), también para gastos en el sector petrolero, con Cuba en tercero, con U$34,379 millones (8,73%), “derivados de gastos pagados a ese país por concepto de haber delegado el gobierno de Venezuela al gobierno de Cuba la adminis-tración del sector público de Venezuela”, asegura el informe.

La lista de los grandes beneficiados la continúa Japón, en el cuarto lugar, con $29,631 millones (7,52%), principalmente en concepto de la explotación de la Faja del Orinoco, mientras en quinto lugar, hay anuncios que no especifican país con U$28,216 millones (7,16%).

Argentina, (U$27,224 millones y 6,91%), para los sectores industrial, agríco-la y por compra de bonos de deuda; Brasil (U$25,539 millones y 6,48%), para ejecu-tar importantes obras civiles, además del monto para la refinería de Pernambuco y la compra de alimentos, y cierra Irán con U$15,426 millones (3,92%), derivados de acuerdos energéticos, industrial, agrícola y vivienda.

Nicaragua por su parte, ocupa el lu-gar número 16 del ranking mundial de los grandes receptores de promesas de Chávez, con U$7.764 ó 12,44% entre el 2007 y abril del 2010, aunque mejora hasta la tercera posición cuando sólo se cuentan los países del ALBA, o hasta el primero, si sólo se computan las naciones firmantes del acuerdo de cooperación petrolera PE-TROCARIBE.

Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela revela

Nicaragua: Número 3 en promesas del ALBA

Más que con el pueblo de Nicaragua, la generosa repartición de prome-sas del presidente Hugo Chávez es para con el FSLN, o más estricto aún, para con Daniel Ortega, como lo muestra el hecho que el venezolano comenzó a hacer promesas a Nicaragua, hasta que encontró una caja de resonancia en Ma-nagua.

En el caso hondureño, las promesas comenzaron a sonar hasta que el ex pre-

sidente Mel Zelaya decidió comenzar a escuchar los cantos de sirena; para el caso salvadoreño, la lluvia de promesas co-menzó en la medida en que se acercaba el proceso electoral, y mermó luego que el presidente Funes se declarara admirador de Lula, en detrimento de Chávez. Costa Rica nunca llegaría a recibir nada, pese a un coqueteo inicial de Oscar Arias con la iniciativa ALBA, aunque al final el Nobel se decantaría por mantener la distancia.

‘P’ de ‘promesas’ para los amigos

16 CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010

“La tasa no es del 60% para todo el mundo: oscila entre el 18% y el 60%”, corrigió Luis Rivas, Gerente General del BANPRO.

Con el anuncio hecho por la Asocia-ción de Bancos Privados de Nicaragua, (ASOBANP), ese porcentaje se redujo en diez puntos porcentuales, lo que represen-ta “el 18% de la tasa más alta, y beneficia al 60% de nuestros clientes”, detalló por su parte Juan Carlos Argüello, Presidente de ASOBANP.

Pero si alguno esperó que los usua-rios saltaran de júbilo se equivocó, por-que las reacciones al anuncio de los ban-queros se fueron más bien por el lado de reclamar un corte mayor a la tasa de in-terés; por darle fuerza de ley, “de modo que no vayan a retractarse dentro de tres meses”, y hasta a cuestionarlos porque no lo hicieron antes.

Rivas dijo a Confidencial que “es-perábamos que la gente reaccionara de manera positiva, porque también tenía-mos entendido que la Superintendencia estaba preparando una nueva norma, y nosotros queríamos presentar propuestas que fueran factibles, tanto para los tar-jetahabientes, como para nosotros como instituciones que nos fondeamos con de-pósitos del público”.

Aunque ha tenido que convivir es-tos días con el reclamo de “insuficiente”, Rivas asegura que ese 10%, es lo que se podía hacer. “Lo importante no es sólo lo que querés hacer, sino lo que es factible hacer. Toma en cuenta que algunos ban-cos tuvieron ganancias y otros no. Tenía-mos que tomar una decisión que ayudara a aliviar el problema, sin causar un nuevo problema”, detalló.

El banquero defendió la decisión to-mada por el sector, contrastando dos he-chos: las altas cantidades de información que ellos poseen, versus las opiniones de la gente, que se basan en opiniones de terceros.

“Los bancos analizamos todas las propuestas de ley, y decidimos que noso-tros debíamos tomar la iniciativa en tra-tar de colaborar con los problemas que hay con las tarjetas de crédito, que son consecuencia de una crisis externa que ha afectado no sólo al tarjetahabiente, sino al consumo en general, en Nicaragua y en todo el mundo”.

Siendo que “nosotros… manejamos las cifras de este negocio bancario, era más apropiado que nosotros hiciéramos los cálculos para ver cómo se podía ali-

viar a algunos deudores para que pudie-ran salir de estos problemas temporales de flujo y poder reinsertarse en el siste-ma financiero, tener un buen récord cre-diticio y volver a ser sujetos de crédito”, añadió.

Tasa no es 60% para todosPero lo que ha pasado fue distinto,

y Rivas lo explica en virtud que es difícil cambiar una opinión “cuando ya colecti-vamente la gente tiene una creencia sobre algo, que se la ha formado a través de lo que la gente, los políticos o los de la de-fensa del consumidor le dicen. Por ejem-plo, que la tasa de interés es del 60%. La tasa no es del 60% para todo el mundo: hay un rango en el 18% y el 60%”.

Desde luego, no es verdad que todos los usuarios tengan acceso a tan cómodas tasas de interés: la mayoría paga el 60%

que se le reclama a los bancos. “Precisa-mente ese fue uno de los criterios de por qué elegimos reducir la tasa mayor, que es la del 60%, porque no queremos reducir la tasa de los clien-tes que tienen gran capacidad de pago”, admitió Rivas.

El banquero contraatacó citando “todo el andamiaje que existe alrededor

de las tarjetas de crédito, que tiene un gran costo operativo: gente llamando por teléfono, software de llamadas por telé-fono; E-1 con capacidad para ‘x’ canti-dad de líneas para hacer las llamadas; un sistema telefónico especializado; costo mensual de procesamiento de entre U$5 y U$7 por tarjeta, además de tratarse de créditos que no tienen una garantía real, como los hipotecarios, que tienen garan-tías prendarias. Son operaciones costo-sas, y así como generan ingresos, también generan altos gastos”.

De todos modos, queda la opción a futuro de que los bancos disminuyan se-lectivamente las tasas de interés, en base al historial crediticio de sus clientes, en la medida en que se regularice y amplíe el trabajo de las centrales de riesgo, de modo que los bancos puedan saber con mayor certeza con quien están tratando.

ECONOMÍA

Polémica sobre...

La normativa preparada por la Super-intendencia de Bancos “viene a cam-biar el marco regulatorio del producto, al hacerle más de 120 cambios, práctica-mente desde la ‘A’ hasta la ‘Z’, porque re-gula desde a quien le podés entregar una tarjeta, hasta en qué horario le podés cobrar”, detalló Juan Carlos Argüello, Presidente de ASOBANP.

Por su parte, el superintendente Víctor Urcuyo la definió como “moder-na, apegada a principios básicos funda-mentales, que garantiza la transparencia, determina que no se pueden variar (muy seguido) las tasas fijas; y detalla qué de-ben hacer (el banco y el cliente) en caso de pérdida del plástico”, explicó.

Con ese instrumento, deberían aca-barse las llamadas de los ejecutivos de

venta ofreciendo tarjetas no solicitadas ‘por su buen historial crediticio’, porque “obliga a los bancos a hacer un análisis completo” de las posibilidades financie-ras del cliente potencial, “antes de dár-sela”. A partir de ahora, los bancos ten-drán que actuar “con cautela, previsión y responsabilidad, para proteger el dinero de los depositantes”, añadió.

Urcuyo se comprometió a escuchar las propuestas de los diputados, a pesar que cuando éstas le lleguen ya la normativa estará en vigencia, y a “reformarla si hace falta”, después de leer esas sugerencias.

El diputado liberal Francisco Agui-rre Sacasa, prometió comparar esta nor-mativa con la chilena y la estadouniden-se, “para ver si es de vanguardia, como dijo el superintendente”.

Una normativa con muchas expectativas

Luis RivasVíctor Urcuyo

CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010 17

Joseph E. Stiglitz

Nueva York – Han pasado casi dos años desde el colapso de Lehman Brothers, y más de tres años desde el comienzo de la re-cesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.

Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy –y que probablemente siga enfrentando durante años- es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Re-agan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficientes ni estables.

Sin embargo, la batalla –y hasta la victoria- han dejado un sa-bor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores –ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Tesoro de Esta-dos Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales- no se han hecho car-go de sus fracasos.

Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han reci-bido respaldo de la Fed, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los ban-cos que supuestamente debía regular.

Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y res-ponsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual nece-sitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual –delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles- no será suficiente.

Y eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas, se había depositado la con-fianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dine-ro, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los aconteci-mientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales, y al mismo tiempo socavar la economía e imponerle cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.

Los banqueros también han demostrado tener una “ética cues-tionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs –apostar contra productos que la propia empresa creaba- fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha pre-sentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios” mientras su firma ven-día productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.

Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobistas del sector financiero han trabajo arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus emplea-dores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.

Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global, y reorien-tar el sistema financiero hacia sus tareas apropiadas –gestio-nar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmen-te a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficiente.

Deberíamos brindar por los probables logros: se es-tablecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada

vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las bolsas y las cámaras com-pensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipo-tecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito –una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos.

Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accio-nistas y bonistas –todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico-. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.

No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque son “de-masiado grandes para quebrar”.

La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Fed, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales, y las fuerzas democráticas sobre los lobistas adinerados.

Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas res-tricciones, será un día triste para la democracia –y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa.

Profesor en la Univesidad de Columbia y premio Nobel de Economía. Su último libro. Freefall: Free Markets and the

Sinking of the Global Economy, ya está disponible en francés, alemán, japonés y español. Copyright: Project Syndicate, 2010.

www.project-syndicate.org

Re-regulación financiera y democraciaANÁLISIS

Joseph E. Stiglitz

18 CONFIDENCIAL • No. 685 • Del 06 al 12 de junio de 2010

EN PANTALLA

Juan Carlos Ampié

Parte del éxito de la serie de televisión “Sex & the City” tenía que ver con su calidad aspiracional. Las aventuras de la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus tres amigas se de-sarrollaban en un Nueva York de fantasía donde recurrían al consumo conspicuo de artículos de lujo para compensar los tragos amargos que las políticas de género les lanzaban en la cama, el trabajo o la vida cotidiana. Esta desechable secuela sigue la senda trazada por la primera película, abrazando la frivolidad latente en el producto original y descartando todo lo demás. Dos años después de su matrimonio, Carrie y Big (Chris Noth) experimentan con incomodidad la rutina matrimonial, y cierto os-tracismo por su decisión de no tener hijos. Samantha (Kim Catrall) lucha por mantenerse deseable y lozana a pesar de los embates de la menopau-sia. Charlotte (Kristin Davis) trata de mantener la cordura mientra cría a sus hijas con la ayuda de una niñera de amenazantes pechos frondosos, y Miranda (Cynthia Nixon) sigue enfrentándose contra el machismo en su oficina. La tiranía del instinto procreador y los cambios hormonales de l