sandoval fallos 333 1687

S. 219. XLIV.RECURSO DE HECHOSandoval, David Andrs s/ homicidio agravadopor ensaamiento C3 vctimasC Sandoval,Javier Orlando s/encubrimiento - causa n21.923/02.

Ao del Bicentenario

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Buenos Aires, 31 de agosto de 2010

Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por la de-

fensa de David Andrs Sandoval en la causa Sandoval, David

Andrs s/ homicidio agravado por ensaamiento C3 vctimasC

Sandoval, Javier Orlando s/encubrimiento - causa n 21.923/02@,

para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Pro-

vincia de Ro Negro resolvi anular parcialmente la sentencia

y el correspondiente debate slo con relacin al enjuiciadoDavid Andrs Sandoval, quien haba sido absuelto del delito de

homicidio agravado por ensaamiento Ctres vctimasC (art. 80,inciso 21, del Cdigo Penal); ordenando el reenvo de la causaal tribunal de origen para que, con distinta integracin,

dicte un nuevo pronunciamiento (ver fs. 4587/4609 delexpediente principal).

Para as decidir, dicho rgano jurisdiccional sos-tuvo que ante las contradicciones que el tribunal de juicioadvirti entre los peritajes efectuados en punto a la deter-minacin de un aspecto fundamental del caso Cla presencia del

imputado en el lugar del hecho y en oportunidad de lC no

debi inclinarse por la utilizacin de reglas procesales vin-

culadas con la salvaguarda del estado de inocencia sino que

debi realizar un estudio crtico de cada una de las pruebas y

adems debi disponer un ltimo peritaje a efectos de zanjarla cuestin.

Tales disparidades han consistido en que mientras

para los peritos de Gendarmera Nacional se hallaron huellas

digitales de David Andrs Sandoval en el lugar de los hechos

(fs. 2425/2451), segn el peritaje de la Polica Federal losrastros relevados no resultaban idneos para establecer iden-

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tidad alguna, por carecer de suficiente nitidez e integridad

papiloscpica (fs. 4303).

2) Que como consecuencia de dicho fallo, la Cmara

Segunda en lo Criminal de la II0 Circunscripcin Judicial de la

Provincia de Ro Negro Cintegrada por subrogantesC desarroll

un nuevo juicio al cabo del cual resolvi, en lo pertinente,condenar a David Andrs Sandoval a la pena de prisin

perpetua, accesorias legales del art. 12 del Cdigo Penal y

costas, por considerarlo coautor del delito de homicidio

calificado por alevosa reiterado Ctres hechosC (arts. 45, 79

y 80, inciso 2, del aludido cdigo). En el mismo pro-

nunciamiento se dispuso tambin la revocacin de la excarce-

lacin que se le haba otorgado en el mes de junio de 2006,renovndosele la prisin preventiva oportunamente decretada a

su respecto (ver fs. 5491/5711).Contra dicho pronunciamiento, el condenado interpuso

un recurso de casacin y el mximo tribunal provincial decidi

rechazar la impugnacin, motivando ello la presentacin del

recurso extraordinario cuya denegacin origin esta queja.3) Que, a criterio del apelante y en tales condi-

ciones, el segundo juicio desarrollado en su contra vulner lagaranta constitucional que veda la mltiple persecucin penal

(art. 18 de la Constitucin Nacional, art. 8.4 de laConvencin Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.7 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, en fun-

cin del art. 75, inciso 22 de la Constitucin Nacional).

4) Que, el planteo sometido a consideracin de esta

Corte suscita cuestin federal suficiente, en la medida en que

los argumentos del impugnante revelan que se ha puesto en tela

de juicio la inteligencia de una clusula constitucional y ladecisin del superior tribunal de la causa ha sido contraria


Ao del Bicentenario

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al derecho que el recurrente funda en aqullas (art. 14,

inciso 3 de la ley 48).

5) Que, los defectos sealados por el seor Procu-

rador Fiscal acerca del incumplimiento de determinados recau-

dos previstos en el reglamento aprobado por la acordada 4/07

como as tambin en torno a la oportunidad del planteo federal

trado a conocimiento del Tribunal, carecen de entidad Cen el

casoC a los fines de obstar a la procedencia formal del

recurso.

Que, ello es as, toda vez que ya se ha sostenido

que cabe apartarse de las exigencias formales vinculadas con

la admisibilidad del recurso cuando se adviertan violaciones a

las formas sustanciales que rigen el procedimiento penal

(Fallos: 325:2019, entre otros y lo dispuesto en el art. 11del citado reglamento), por lo que razones de orden pblicodeterminan el tratamiento del agravio en cuestin.

6) Que, entonces, la cuestin planteada en el sub

lite con relacin al ne bis in idem es sustancialmente anloga

a la examinada en Fallos: 321:1173 (disidencia de los juecesPetracchi y Bossert), 329:1447 (considerando 17 del voto deljuez Petracchi), entre otros, a cuyas consideracionescorresponder remitir en lo pertinente.

Por ello, odo el seor Procurador Fiscal, se hace lugar

a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario yse revoca la sentencia apelada. Acumlese al principal y

vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que por

quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento conforme

-//-

-4-

-//-a derecho. Notifquese y, oportunamente, devulvase. RI-

CARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (endisidencia)- CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E. RAUL ZAFFARONI (segnsu voto)- CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).ES COPIA

VO-//-


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-//-TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAL ZAFFARONIConsiderando:

Que el suscripto se remite a los considerandos 1 y

2 del voto de la mayora que se dan por reproducidos en razn

de brevedad.

3) Que si bien el recurrente habra en principio

planteado seis cuestionamientos relacionados con distintas

garantas constitucionales, una detenida examinacin de su

apelacin permite apreciar que han sido abordados tan slo dos

de ellos; especficamente la invocada afectacin al ne bis in

idem y a la garanta de imparcialidad. En cuanto a las

objeciones restantes se advierte que nicamente se circuns-criben a integrar el catlogo plasmado en la copia agregada a

fs. 91/92 de esta queja.A partir de tal constatacin el estudio de la va

federal habr de ceirse al mbito delimitado por aquellos dos

nicos agravios que han sido fundamentados por el recurrente.

4) Que a criterio del apelante, el segundo juiciodesarrollado en su contra no ha sino vulnerado el lmite que

impone el non bis in idem contra la mltiple persecucin pe-

nal, toda vez que dicho proceso ha versado sobre los mismos

hechos por los cuales experiment concretamente el riesgo de

condena en el juicio anterior, en el que haba sido absueltopor aplicacin del favor rei.

5) Que el planteo sometido a estudio de esta Corte

suscita cuestin federal suficiente en la medida en que los

argumentos del apelante estn dirigidos a desentraar el al-

cance del principio del non bis in idem (art. 8.4 de la Con-

vencin Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.7 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos, en funcin del

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art. 75, inciso 22, de la Constitucin Nacional), resultandola sentencia contraria a las pretensiones del recurrente.

A su vez, la apelacin ha sido deducida contra la

sentencia que cierra el caso. Y si bien el asunto pudo haber

sido trado a conocimiento del Tribunal al momento de mate-

rializarse en el proceso la decisin que dispuso la anulacin

de la absolucin y el reenvo a juicio, lo cierto es que estaCorte ha consagrado el principio general segn el cual aque-

llas decisiones cuya consecuencia sea que el imputado contine

sometido a proceso Ccomo las que declaran nulidades pro-

cesalesC no revisten el carcter de sentencia definitiva ni el

de un auto susceptible de ser equiparado a ella (Fallos:249:530 y 408; 308:1667; 313:1491).

Por lo dems, cabe destacar que el indebido riesgo

de condena alegado por el apelante se ha concretado finalmente

en la especie mediante el dictado del fallo que llev a la

formacin de esta queja, lo cual, sin dudas, termin por con-figurar el perjuicio del que se agravia el presentante en estaocasin.

6) Que resulta necesario remarcar que David Andrs

Sandoval haba sido enjuiciado por el triple homicidio en unproceso anterior al trmino del cual el tribunal de juiciodecidi absolverlo, en concordancia con el pedido que a su

respecto haba efectuado el Fiscal General.

El nuevo debate que condujo a la condena que motivla formacin de esta queja, se produjo como consecuencia de unrecurso de casacin presentado por la querella Cquien s haba

formulado acusacin slo con relacin al nombradoC, respecto

del que se expidi el Superior Tribunal de Justicia de la

provincia de Ro Negro en los trminos ya referidos.

7) Que, como se hubo dicho, el apelante ha alegado

la afectacin del non bis in idem por la circunstancia de


Ao del Bicentenario

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haber sido sometido a un segundo juicio por los mismos hechos,a raz del recurso de casacin articulado por la parte

querellante que habilit una nueva posibilidad de condena

finalmente materializada en la especie.

8) Que ms all de la discusin doctrinal originada

a partir de la receptacin legal de una concepcin bilateral

de los recursos Cpor su dificultad para compatibilizar con la

plena efectividad de la garanta que prohbe la persecucin

penal mltipleC, lo cierto es que, en lo que atae al recurso

establecido legalmente en favor de la parte querellante, este

Tribunal ha reconocido el derecho a recurrir de la vctima del

delito o de su representante a partir de las normas

internacionales sobre garantas y proteccin judicialprevistas en el art. 8, apartado 1, y 25 de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 329:5994, conside-

rando 9).

9) Que no obstante, aun cuando el aseguramiento del

recurso a la querella resulta compatible con la garanta que

prohbe la mltiple persecucin penal, este Tribunal no se

halla eximido de la labor de controlar el criterio en virtud

del cual triunf la impugnacin de dicha parte, habida cuenta

de la consecuencia necesaria que de ello justamente se deriva.Sobre el particular no cabe soslayar que esta Corte

ha dicho que tanto el principio de progresividad como el de

preclusin obstan a la posibilidad de retrogradacin del pro-

ceso y "son aplicables en la medida en que, adems de haberse

observado las formas esenciales del juicio, la nulidad decla-rada no sea consecuencia de una conducta atribuible al proce-

sado" (Fallos: 321:2826). A su vez, en el mismo precedente se

afirm que el principio del non bis in idem "no slo veda la

aplicacin de una segunda pena por un mismo hecho penado, sino

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tambin la exposicin al riesgo de que ello ocurra mediante un

nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por elmismo hecho".

10) Que en el sub examine, queda claro que la raznfundamental que llev al mximo tribunal local a anular el

fallo absolutorio dictado oportunamente respecto del apelante

finc en que ante la existencia de peritajes discrepantes,multvocos, dispares, inciertos o contradictorios, el tribunal

de juicio habra incumplido con su deber de ordenar laproduccin de uno nuevo tendiente a superar la incertidumbre

sobre el asunto peritado (ver especialmente fs. 4599, punto5).

En efecto, seal el tribunal a quo que "ante las

discrepancias observadas, la facultad del artculo 246 del

cdigo adjetivo se transforma en una disposicin imperati-va..."; acrecentando luego que "(f)rente a peritajes discre-pantes y en la posibilidad razonable de reiterarlos, la dis-

crecionalidad del juzgador para producir otra prueba pericialno aparece como un mero poder sino como un poder-deber".

11) Que de los propios trminos empleados por elSuperior Tribunal de Justicia local que acaban de transcri-

birse, surge que dicho rgano jurisdiccional ha reconocido lasituacin de incertidumbre derivada de la existencia de peri-

tajes que llegaban a conclusiones dispares o contradictorias,al punto de haber sostenido que la superacin de tal discre-

pancia vendra de la mano de la produccin de un nuevo peri-

taje que fue omitido, omisin cuya existencia derivara delcarcter imperativo que a su criterio asumira la facultad

prevista en el art. 246 del ordenamiento procesal penal pro-

vincial.

Ciertamente, de no haber mediado una hiptesis de

marcada disparidad entre los peritajes efectuados sobre un


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punto tan trascendental para la solucin del caso (la presen-cia del imputado en el lugar de los hechos en ocasin del

triple crimen), no habra sido necesario reconocer de maneratan concluyente la necesidad de realizacin de uno nuevo, por

cuanto la duda podra haber sido despejada a partir de uncorrecto e ntegro examen de las pruebas producidas durante el

debate, lo que hubiera evitado que el fallo absolutorio

mereciera la crtica basada en la doctrina de la arbitrariedad

de sentencias.

12) Que si bien no se desconoce que ste ltimo hasido uno de los argumentos utilizados por el a quo para des-

calificar el fallo absolutorio (la falta de un estudio crticode los peritajes contrapuestos Cver fs. 4598C), nunca deja deperder centralidad la demanda de un ltimo peritaje que no fueordenado y que debi haber sido dispuesto.

13) Que segn la sntesis de los planteos efectuadospor la parte querellante en su recurso de casacin deducido

contra la sentencia absolutoria de los imputados (ver fs.4588), el casacionista adujo que ante la contradiccinexistente entre los peritajes producidos la solucin pasabapor la reapertura del debate y la intervencin de un nuevo

perito. Desde dicha inteligencia, aleg que el pronunciamiento

absolutorio no poda tener fundamento en la disidencia de

opiniones entre los peritos, abdicando de la funcin juris-diccional, sino que debi haberse intentado fundar la prefe-

rencia por alguno conforme a determinados criterios de valo-

racin.

14) Que esta Corte tiene dicho que Juan BautistaAlberdi y los constituyentes de 1853 optaron por el modelo

norteamericano, originariamente opuesto por completo al euro-

peo, su antpoda institucional, y que el Poder Judicial nor-

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teamericano "no era jerarquizado ni corporativo, sino hori-zontal, con el control difuso de constitucionalidad..." (Fa-llos: 328:3399, considerando 11). A su vez, en el mismo pre-cedente esta Corte afirm que "el proceso penal de un sistema

judicial horizontalmente organizado no puede ser otro que elacusatorio, pblico, porque de alguna forma es necesario com-

pensar los inconvenientes de la disparidad interpretativa y

valorativa de las sentencias. De all que nuestra constitucin

previera como meta el juicio criminal por jurados, nece-sariamente oral y, por ende, pblico"; concluyendo que la

circunstancia de que el deber ser no haya llegado a ser por la

va legislativa "no puede ocultar que la Constitucin opt por

un proceso penal abiertamente acusatorio, al que tiende la

lenta progresin de la legislacin argentina a lo largo de un

siglo y medio" (vid. considerando 15).15) Que a partir de lo expresado, queda claro que el

ejercicio de la judicatura debe orientarse hacia la reali-zacin de un Estado constitucional de derecho, debiendo por

ello cuidar que por sobre la ley ordinaria conserve siempre su

imperio la Ley Fundamental.

16) Que en los denominados sistemas mixtos la etapa

del debate materializa claramente principios de puro cuo

acusatorio dada la exigencia de oralidad, continuidad, publi-

cidad y del principio contradictorio, requerimientos que, por

cierto, no slo responden a un reclamo meramente legal sino

que configuran recaudos de orden constitucional (arts. 18 y 24de la Constitucin Nacional; art. 8.5 de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Polticos; art. 26 de la De-

claracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y

art. 11.1 de la Declaracin Universal de los Derechos Huma-

nos).


Ao del Bicentenario

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17) Que acerca de la dicotoma "acusatorio/inquisi-tivo" seala Ferrajoli que ella "es til para designar unadoble alternativa: ante todo, la que se da entre dos modelos

opuestos de organizacin judicial y, en consecuencia, entredos figuras de juez; y, en segundo lugar, la que existe entredos mtodos de averiguacin judicial igualmente contrapuestosy, por tanto, entre dos tipos de juicio. Precisamente, sepuede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al

juez como un sujeto pasivo rgidamente separado de las partesy al juicio como una contienda entre iguales iniciada por laacusacin, a la que compete la larga carga de la prueba,

enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral,pblico y resuelta por el juez segn su libre conviccin. A lainversa, llamar inquisitivo a todo sistema procesal donde el

juez procede de oficio a la bsqueda, recoleccin y valoracinde las pruebas, llegndose al juicio despus de unainstruccin escrita y secreta de la que estn excluidos o, en

cualquier caso, limitados la contradiccin y los derechos de

la defensa" (cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razn, Teoradel garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995, p. 564).

18) Que entonces, la funcin jurisdiccional quecompete al tribunal de juicio se halla limitada por los tr-minos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella quetrascienda el mbito trazado por la propia controversia

jurdica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoriadel modelo de enjuiciamiento penal adoptado por la provinciade Ro Negro; mxime si se tiene en cuenta que en el logro del

propsito de asegurar la administracin de justicia los juecesno deben estar cegados al principio de supremaca

constitucional para que esa funcin sea plena y cabalmente

eficaz (confr. doctrina de Fallos: 308:490 y 311:2478, entre

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otros).19) Que las mximas aludidas en los considerandos

precedentes no han sido precisamente las tenidas en mira por

el tribunal a quo al momento de dirimir la cuestin oportuna-

mente planteada por la parte querellante en su recurso de

casacin deducido contra el fallo absolutorio.

Ello es ciertamente as por cuanto el mximo tribu-

nal provincial, al sealar que la sentencia absolutoria no

debi haberse inclinado por salvaguardar el estado de inocen-

cia sino que debi haber ordenado la produccin de nuevas

pruebas, ha conferido prioridad a la bsqueda de la verdad

sustancial, informada por criterios esencialmente discrecio-

nales que hacen del juez un rgano activo en la investigacinde esa verdad.

Resulta obvio que la iniciativa jurisdiccional en elmbito probatorio y la desigualdad de poder entre la acusacin

y la defensa que de all deriva no son propios de un modelo

acusatorio, dado que configuran rasgos tpicamente

caractersticos del sistema inquisitivo.

20) Que por otra parte Ccabe nuevamente recordarloC,David Andrs Sandoval afront un primer juicio por los hechosde autos, en el que fue acusado nicamente por la parte

querellante Cpuesto que el Fiscal General decidi no formular

acusacinC y del que result absuelto por aplicacin del in

dubio pro reo.

21) Que la anulacin de dicho fallo basada esen-cialmente en la omisin por parte del tribunal de juicio deordenar un nuevo peritaje a efectos de superar la disparidadde criterios existentes entre los dos que haban sido produ-

cidos, importa claramente, adems, una relegacin del princi-

pio constitucional del favor rei y de su corolario in dubio

pro reo.


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Ciertamente, en el propio pronunciamiento que decide

la revocacin de la absolucin se indica en reiteradas

ocasiones que diversas normas de procedimiento permitan o

autorizaban al tribunal de juicio a proponer, en distintasetapas del proceso, la realizacin de un nuevo peritaje ten-diente a acreditar la identidad de las huellas halladas en el

escenario del crimen, contndose incluso con la posibilidad de

reabrir el debate luego de que fuera clausurado.

Sin embargo, el tribunal a quo no parece haber re-

parado en que ni el acusador particular ni tampoco el pblico

solicitaron al tribunal de juicio la realizacin del nuevoperitaje, cuando corresponda precisamente a ellos demostrar,con el grado de certeza que se exige para legitimar una con-

dena penal, la culpabilidad del imputado, siendo que, adems,

el punto a desentraar resultaba de suma trascendencia para la

solucin del litigio.

Sobre el particular, no cabe soslayar que el art.

328 del ordenamiento procesal penal de la Provincia de Ro

Negro (ley 2107) establece que "(a)ntes del debate, con noti-

cia de las partes, el Presidente, de oficio, o a pedido de

parte, podr ordenar los actos de instruccin indispensables

que se hubieren omitido o denegado o fuere imposible cumplir

en la audiencia..." (el resaltado no se corresponde con eltexto original).

No obstante, si bien a fs. 3620/3621 la Cmara Se-

gunda en lo Criminal de General Roca dispuso la citacin a

juicio en los trminos del art. 325 del cdigo de rito, laparte querellante compareci a ofrecer las pruebas de su in-

ters aunque sin solicitar la realizacin de medidas de ins-

truccin suplementaria, segn puede apreciarse de la presen-

tacin agregada a fs. 3667/3677.

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Por lo dems, en la propia sentencia a la postre

anulada se deja constancia expresa de que "(n)o hubo en eltranscurso del debate una propuesta formal de una nueva medida

de prueba concreta y, por ende, no fue planteada su produccin

ni debatida su procedencia, que puede estar referida tanto a

la facultad del tribunal para disponerla de oficio como a si

hubiese respondido a las exigencias legales"; para luego

consignar "...que dicha facultad, que no es una obligacin, es

excepcionalsima y no est destinada a cumplir funciones que

la ley ha confiado a los jueces de instruccin, al MinisterioFiscal o a las partes" (ver fs. 4409).

22) Que fue por tal razn que tampoco el tribunal dejuicio dispuso de oficio la medida omitida a criterio del aquo. Pero si ello ha configurado realmente un error en el que

hubo incurrido aquel rgano jurisdiccional, l de seguro no lees achacable al enjuiciado pues, en todo caso, se tratara deun descuido en el que, como ya se pusiera de relieve, adems

del tribunal tambin habran cado los representantes de la

vindicta pblica y privada.

En consecuencia, la hiptesis de error lleva a re-

cordar que este Tribunal ha dicho en el ya citado caso "Polak"

(Fallos: 321:2826) que "(e)l Estado no tiene derecho a unnuevo juicio cuando es l quien origina esos errores, porquela situacin se equipara al supuesto en que ha fallado al

presentar el caso".

En esta misma lnea se concluy tambin que "co-

rresponde revocar la decisin que anul el debate, pues ella

no respondi a la inobservancia de las formas sustanciales del

proceso, sino ms bien, al intento del representante del

Ministerio Pblico de corregir un error funcional propio a

expensas del derecho del imputado a procurar y obtener un

pronunciamiento que defina su situacin" (voto del juez Pe-


Ao del Bicentenario

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tracchi).23) Que, sin embargo, la caracterizacin del debate

como la etapa del proceso penal acusatoria por excelencia

impide tildar de equvoco al proceder de la Cmara Segunda en

lo Criminal de General Roca, por cuanto su rol en dicha fase

del procedimiento no es proceder de oficio en la bsqueda,

recoleccin y valoracin de las pruebas, sino que consiste en

asumir una actitud pasiva que la separe rgidamente de las

partes, dejando en manos de la acusacin la total carga de laprueba.

24) Que el reconocimiento del carcter determinantede un nuevo peritaje no autorizaba a la parte querellante asolicitar la revocacin del fallo absolutorio por la alegada

omisin del tribunal de juicio, dado que ello, en cualquiercaso, implicara extender en otros sujetos procesales la pro-pia responsabilidad en la presentacin del caso.

25) Que menos an se hallaba habilitado el mximotribunal provincial para suplir la inactividad de los acusa-

dores, sealando la imperiosa necesidad de realizacin de la

nueva prueba para despejar la duda reinante respecto de la tanmedular cuestin como lo fue la determinacin de la identidad

de las huellas digitales encontradas en el lugar del triple

crimen. En este sentido, resulta ms que elocuente el auto

dictado a fs. 4743 por los miembros subrogantes de la cmara

encargada de llevar a cabo el segundo juicio, toda vez que desus trminos es dable advertir con absoluta nitidez que el

nuevo peritaje papiloscpico se dispuso en cumplimiento de loordenado por el mximo tribunal provincial al anular el

pronunciamiento absolutorio.

Sin duda alguna que la decisin del tribunal a quo

de anular la absolucin de David Andrs Sandoval ha importado

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un avance de la jurisdiccin por sobre la propia actividad delos acusadores, temperamento ste que se enfrenta claramente

al modelo de proceso penal abiertamente acusatorio elegido por

los constituyentes de 1853, en el que "las garantas pro-

cesales que circundan la averiguacin de la verdad procesal en

el proceso cognoscitivo aseguran la obtencin de una verdad

mnima en orden a los presupuestos de una sancin, pero

tambin garantizada, gracias al carcter emprico y determi-

nado de las hiptesis acusatorias, por cnones de conocimiento

como la presuncin de inocencia, la carga de la prueba para la

acusacin, el principio in dubio pro reo, la publicidad del

procedimiento probatorio, el principio de contradiccin y el

derecho de defensa mediante la refutacin de la acusacin"

(cfr. Ferrajoli, Luigi, ob. cit., pp. 540-541).26) Que todo lo expresado conduce a deslegitimar

aquellas disposiciones legales que durante la etapa del juicioo plenario autoricen al tribunal a asumir potestades propias

de la acusacin, toda vez que ello se acercara a un modelo de

enjuiciamiento criminal diametralmente opuesto al que surge dela referencia constitucional, en el cual la actividad procesal

asumira un carcter monista que erigira al juez en el nicoprotagonista.

Es precisamente en razn de ello que suele objetr-sele al "paradigma mixto" (o inquisitivo mitigado) el hecho deno responder cabalmente a las exigencias del modelo plasmado

en nuestro diseo constitucional, por cuanto erige en objetivosupremo del proceso el triunfo de la verdad, al que deben

contribuir Cincluso a costa de omitir la distincin sustancial

de rolesC todos los rganos pblicos intervinientes,

reflejando un mtodo de acceso a la verdad de carcterunilateral, a la que se llega, no por medio del esfuerzo de

las partes, sino por la investigacin de un rgano jurisdic-


Ao del Bicentenario

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cional que asume esa clase de protagonismo en todas las etapas

del proceso (cfr. Cafferata Nores, Jos I., Cuestiones

actuales sobre el proceso penal, 20 edicin actualizada, Edi-

tores del Puerto S.R.L., Buenos Aires 1998, pp. 13-14).27) Que en el caso bajo estudio no cabe duda alguna

que la decisin jurisdiccional de imponer la realizacin de unnuevo peritaje ante las contradicciones verificadas entre losdictmenes de los dos que fueron concretamente practicados

Ccuando adems ello fue resuelto a fin de quebrar o romper una

absolucin apoyada en el favor reiC no pudo sino asumir una

tendencia claramente incriminante.

28) Que si la opcin en favor de un Estado consti-tucional de derecho impone la obligacin de velar por la su-

premaca de nuestra Ley Fundamental Cpara cuya concrecin

aporta el sistema de control difuso de constitucionalidadC, la

interpretacin de la legislacin infraconstitucional debe

seguir los lineamientos de aqulla, procurando su compatibi-

lidad en la medida de lo posible.

En consecuencia, la disposicin procesal que faculta

al juez a ordenar prueba que no ha sido solicitada por laspartes se aleja del modelo que sobre la materia ha trazado elconstituyente, pronuncindose significativamente la distancia

cuando, adems, esa facultad puede ser ejercida para la ob-tencin de prueba de cargo.

Resulta ms claro an ese divorcio cuando se afirma

que, en un caso de incertidumbre como el del presente Corigi-

nado en la disparidad de los peritajes producidosC la facultadprevista en el art. 246 del ordenamiento procesal penal local

se transforma en una disposicin que asume un enunciado

imperativo, convirtiendo un mero "poder" en un "poder-deber",

que incluso ha de llegar hasta el extremo de ejercerse en

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perjuicio del inculpado.29) Que, en definitiva, la anulacin del fallo ab-

solutorio a raz del recurso de casacin de la querella obe-

deci fundamentalmente a una actividad jurisdiccional que,distancindose de los postulados propios de un modelo acusa-

torio como el regido por nuestra Constitucin Nacional, oblig

a un tribunal a disponer prueba de oficio que, en el caso,

asumi una tendencia incriminante Cal punto que modific sus-

tancialmente el resultado del proceso, trocando absolucin por

condenaC, con la necesaria confusin de roles entre acusador y

juez, hasta superar el propio lmite que impone el favor reial avance del poder punitivo, en tanto opcin de tutela de la

inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad

de algn culpable.

30) Que, cuanto mucho, si el nuevo juicio se dispusosobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, debi

entonces haber versado exclusivamente sobre la prueba ya

ofrecida y proveda, sin retrogradacin del proceso a la etapa

de citacin a juicio la cual, por cierto, no haba sidoalcanzada por la aludida anulacin.

31) Que el temperamento contrario ha afectado lagaranta de defensa en juicio del imputado al someterlo a unsegundo riesgo de condena por los mismos hechos, en la medida

en que el nuevo proceso result de la vulneracin de los

principios de igualdad y de la divisin de poderes que carac-

terizan a la etapa acusatoria del sistema mixto de enjuicia-miento criminal adoptado por la legislacin provincial, con

mengua del estado de inocencia.

32) Que a partir de todo lo expresado se torna ino-ficiosos el tratamiento del agravio planteado por el apelante

con base en la garanta de imparcialidad del juzgador.Por ello, odo el seor Procurador Fiscal, se hace lugar


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a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario yse revoca la sentencia apelada. Acumlese la queja al princi-pal. Hgase saber y devulvase a fin de que, por quien co-

rresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad

con lo aqu resuelto. E. RAUL ZAFFARONI.

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DISI-//-


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-//-DENCIA DE LA SEORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOA ELENA I.HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que con relacin a la cuestin planteada respecto

del ne bis in idem, resulta aplicable, en lo pertinente, lo

resuleto por el tribunal en Fallos: 329:1447 Cdisidencia de la

jueza Highton de NolascoC, a cuyos fundamentos corresponderemitir en razn de brevedad; y respecto de los dems agra-

vios, la suscripta comparte y hace propias las conclusiones

vertidas por el seor Procurador Fiscal ante esta Corte, en

los acpites IV y V de su dictamen, a las cuales se hace re-

misin.

Por ello, y lo concordemente expresado por el seor Pro-

curador Fiscal, se desestima la queja. Intmese a la parterecurrente a que dentro del quinto da, acompae copia de la

resolucin que concede el beneficio de litigar sin gastos o

efecte el depsito que dispone el art. 286 del Cdigo Proce-

sal Civil y Comercial de la Nacin, en el Banco de la Ciudad

de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibi-miento de ejecucin. Hgase saber, archvese y vuelvan losautos principales al tribunal de origen a sus efectos. ELENA

I. HIGHTON de NOLASCO.

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DISI-//-


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-//-DENCIA DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDAConsiderando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegacin dio

origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del C-digo Procesal Civil y Comercial de la Nacin).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el seor

Procurador Fiscal, se desestima la queja. Intmese a la parterecurrente a que dentro del quinto da, acompae copia de la




de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibi-miento de ejecucin. Hgase saber, archvese, previa devolu-cin de los autos principales. JUAN CARLOS MAQUEDA.

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DISI-//-


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-//-DENCIA DE LA SEORA MINISTRA DOCTORA DOA CARMEN M.ARGIBAY

Considerando:

Que en su oportunidad la defensa no interpuso re-

curso de queja ante esta Corte contra la resolucin del supe-rior tribunal provincial que no haba hecho lugar al recurso

extraordinario interpuesto contra la sentencia del 10 de

agosto de 2005, mediante la cual aquel tribunal resolviera

anular parcialmente la sentencia n 133 de la Cmara Segunda en

lo Criminal de General Roca, y el debate correspondiente, en

relacin a David Andrs Sandoval, y reenviar la causa para que

con distinta integracin se dictase un nuevo pronunciamiento.

Que dicha omisin torna extempornea la introduccin

del agravio atinente a la garanta que prohbe el doble

juzgamiento ahora por la defensa.Respecto de los dems agravios planteados, resultan

inadmisibles (art. 280 del Cdigo Procesal Civil y Comercialde la Nacin).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el seor

Procurador Fiscal, se desestima la queja. Intmese a la parterecurrente a que dentro del quinto da, acompae copia de la




de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibi-miento de ejecucin. Hgase saber, archvese, previa devolu-cin de los autos principales. CARMEN M. ARGIBAY.

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Recurso de hecho interpuesto por David Andrs Sandoval.Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Ro Negro.Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cmara Segunda en lo Criminal de laII1 Circunscripcin Judicial de la Provincia de Ro Negro.

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Para acceder al dictamen de la Procuracin General de laNacin ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/10/s_219_l_xliv_s.pdf

sandoval fallos 333 1687

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